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DS. Senado, Pleno, núm. 88, de 20/05/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1998 VI Legislatura Núm. 88

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 20 de mayo de 1998

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000518).


--De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se esperan obtener de la participación del laboratorio de El Cabril (Córdoba), perteneciente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), en el proyecto europeo de armonización de técnicas de medición de residuos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000519).


--De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que presenta el programa de apoyo a inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5% de la tarifa eléctrica establecida en la Orden de 16 de febrero de 1996, sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón, a los dos años de su puesta en práctica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000523).


--De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de casos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) durante el año 1997 (publicada en el «Boletín

Página 3972


Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000520).


--De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados paliativos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000521).


--De don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede explicar el Gobierno los objetivos del Plan Estratégico de Consumo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000522).


--De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a cerrar el Gobierno la Clínica Puerta de Hierro de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000526).


--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si se corresponde con las previsiones del Gobierno el gasto farmacéutico realizado en el mes de marzo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000529).


--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno del resultado de la entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la Ministra de Justicia con el director de un periódico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000524).


--De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, respecto a los depósitos municipales de detenidos tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a costear los gastos reales de dicho servicio, incluidos los de inversión (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000525).


--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si en la visita oficial realizada por el Presidente del Gobierno a Marruecos se estudió o acordó algún asunto de interés para el Archipiélago Canario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000503).


--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval de Las Palmas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000517).


--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la Junta de Galicia a Libia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000527).


Segundo

Interpelaciones:

--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la atención de los ciudadanos españoles internados en prisiones extranjeras, así como la de sus familiares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 670/000085).


--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o parámetros a aplicar por el Gobierno en la nueva reforma de reparto de los Fondos Estructurales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 670/000087).


--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el Gobierno en la adjudicación de las ayudas de extraordinaria y urgente necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 670/000088).


Página 3973


--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan normativas similares, referentes a la información previa a las Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 670/000086).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 78, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S.
621/000078) (Número de expediente C. D. 121/000037).


--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 79, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S. 621/000079) (Número de expediente C. D. 121/000093).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 21, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S.
605/000004) (Número de expediente C. D. 127/000004).


SUMARIO

Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 3977)

De don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998 (Página 3977)

El señor Contín Pellicer formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Contín Pellicer.


De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se esperan obtener de la participación del laboratorio de El Cabril (Córdoba), perteneciente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), en el proyecto europeo de armonización de técnicas de medición de residuos (Página 3978)

El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).


De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que presenta el programa de apoyo a inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5% de la tarifa eléctrica establecida en la Orden de 16 de febrero de 1996, sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón, a los dos años de su puesta en práctica (Página 3979)

El señor Lamalfa Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lamalfa Díaz.


De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de casos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) durante el año 1997 (Página 3980)

El señor Martín Iglesias formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


Página 3974


De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados paliativos (Página 3982)

El señor Vázquez Portomeñe formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vázquez Portomeñe.


De don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede explicar el Gobierno los objetivos del Plan Estratégico de Consumo (Página 3983)

El señor López Borderías formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor López Borderías.


De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a cerrar el Gobierno la Clínica Puerta de Hierro de Madrid (Página 3984)

El señor Lissavetzky Díez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lissavetzky Díez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si se corresponde con las previsiones del Gobierno el gasto farmacéutico realizado en el mes de marzo (Página 3986)

El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno del resultado de la entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la Ministra de Justicia con el director de un periódico (Página 3988)

El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, respecto a los depósitos municipales de detenidos tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a costear los gastos reales de dicho servicio, incluidos los de inversión (Página 3989)

El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si en la visita oficial realizada por el Presidente del Gobierno a Marruecos se estudió o acordó algún asunto de interés para el Archipiélago Canario.


Esta pregunta ha sido retirada.


De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval de Las Palmas.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la Junta de Galicia a Libia.


Esta pregunta ha sido aplazada

INTERPELACIONES (Página 3990)

De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la atención de los ciudadanos españoles internados en prisiones extranjeras, así como la de sus familiares (Página 3990)

Página 3975


El señor Díez González realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Díez González, por el Grupo Socialista, y Jaén Palacios, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o parámetros a aplicar por el Gobierno en la nueva reforma de reparto de los Fondos Estructurales (Página 3999)

El señor Gangoiti Llaguno realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Laxe, por el Grupo Socialista, y Rabanera Rivacoba, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).


De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el Gobierno en la adjudicación de las ayudas de extraordinaria y urgente necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña.


Esta interpelación ha sido aplazada.


De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan normativas similares, referentes a la información previa a las Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos.


Esta interpelación ha sido aplazada.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4004)

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado

El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de la propuesta de veto.


El señor Armet i Coma defiende la propuesta de veto del Grupo Socialista.
El señor Mera Rodríguez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Armet i Coma, por el Grupo Socialista, y Mera Rodríguez, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 85 votos a favor, 131 en contra y 2 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 11. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 13 a 26 y retira la número 12, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Armet i Coma defiende las enmiendas números 27 a 37, del Grupo Socialista. El señor Mera Rodríguez defiende las enmiendas números 43 y 44, del Grupo Popular, y al mismo tiempo consume un turno en contra de las enmiendas defendidas con anterioridad. El señor Armet i Coma consume un turno en contra de las dos enmiendas del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Armet i Coma, por el Grupo Socialista, y Mera Rodríguez, por el Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


Se procede a votar.


Página 3976


Se rechazan las enmiendas números 1 a 9, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 119 en contra y 83 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 14 y 25, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 109 en contra y 84 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 15 a 23, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 119 votos a favor, 85 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 13, 24 y 26, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor y 195 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 27 a 37, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las enmiendas números 43 y 44, del Grupo Popular, por 112 votos a favor, 83 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición transitoria y preámbulo, con las modificaciones introducidas, por 122 votos a favor y 82 en contra.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (Página 4018)

El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1.
El señor García Millán consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Armet i Coma, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y García Millán, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 121 en contra y 85 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1 a 3, disposiciones finales primera y segunda y preámbulo, según el texto del dictamen, por 209 votos a favor de los 209 emitidos.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (Página 4021)

El señor Bascuñana García, Secretario Tercero de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Bascuñana García consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto; la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Bascuñana García, por el Grupo Popular.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 14. La señora Martínez García defiende la enmienda número 15, del Grupo Socialista. El señor Bascuñana García consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Bascuñana García, por el Grupo Popular.
El señor Cardona i Vila interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 9 y 14, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 111 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 8 y 10 a 13, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor, 108 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 110 en contra y 5 abstenciones.


Página 3977


Se aprueban el artículo único, la disposición final y la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 199 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta minutos.


Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON SEBASTIAN CONTIN PELLICER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL ESFUERZO INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON PARA EL AÑO 1998 (680/000518).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la primera pregunta, de don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998.
Tiene la palabra el Senador Contín Pellicer.


El señor CONTIN PELLICER: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, los Presupuestos de 1998 abren caminos muy esperanzadores de cara a las inversiones para los años siguientes, en los que pediremos a la señora Ministra más inversiones en educación y cultura, más esfuerzo, que es lo que el Ministerio, estamos seguros, contemplará para Aragón.
Estamos en un delicado momento de negociación de transferencias en educación, y todo lo que antes haga el Ministerio, además de la propia negociación, nos abre o nos cierra esperanzas. Valoramos mucho las inversiones en educación, en nuevos centros, rehabilitaciones, en deporte en general, y con unas cifras que nos gustaría ver cada vez más ampliadas. Pero, señora Ministra, permítame hablar de actuaciones concretas en San Juan de la Peña, Montearagón, murallas de Teruel, retabalo de La Seo, Catedral de Tarazona en especial, que es muy importante para nosotros, porque es una joya mudéjar que clama desde hace años una pronta restauración. No obstante, Aragón ha vivido en lo cultural --y la señora Ministra lo sabe-- unos años muy importantes, los últimos, con las primeras fases de restauración de la Catedral de La Seo, los proyectos en Veruela y en el Monasterio de Rueda, el gran proyecto de parques culturales que está acometiendo la Diputación General de Aragón, que ha sido alabado al máximo por nuestros socios europeos, el siempre vivo e importante Albarracín y, por último, la Alfajería, cuya restauración, como todas sus señorías saben, ha sido culminada en fechas muy recientes y que es un hito para la cultura española y para la europea en general que marca prácticamente todo el final del siglo.
El actual Ministerio no ha sido ajeno a estos trabajos, pero esté segura, señora Ministra, de que vamos a pedirle cada vez más. Gracias por todo lo que ha realizado en Aragón, pero muchas gracias --todavía más intensas-- por lo que estamos seguros va a continuar realizando.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín Pellicer.
Señora Ministra de Educación y Cultura, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
El esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1998 asciende a un total de 4.019 millones de pesetas, a los que hay que sumar los 1.487 millones de pesetas que conjuntamente con el Ministerio de Fomento invertimos a través del llamado 1 por ciento cultural. Dentro de los 4.000 del Ministerio, 2.772 corresponden a educación.
Las inversiones educativas previstas en la provincia de Zaragoza ascienden este año a 1.644 millones de pesetas. Con ellas se va a iniciar la construcción de tres nuevos colegios y un nuevo instituto y se continúa la construcción de todos los colegios e institutos que comenzamos el año pasado; se realizan obras de reparación en 10 colegios y en ocho institutos, un centro de educación especial y un centro nuevo de enseñanzas artísticas.
En la provincia de Huesca se invierten 549 millones, con lo que se inicia la construcción de dos institutos nuevos --en Aínsa y en Binéfar-- y se amplían y se adaptan cinco colegios y tres institutos más. Asimismo, se van a realizar obras de mantenimiento en cinco colegios y en cinco institutos y un centro nuevo de enseñanzas artísticas.
En la provincia de Teruel, en Alcañiz, en Alcorisa, en Calanda, en Híjar, en Mora de Rubielos y en Monreal del Campo se hacen institutos de Educación Secundaria y de Formación Profesional, y también colegios nuevos en Alcañiz y en Teruel (La Fuenfresca).
En el ámbito de cultura se llevan a cabo diversas actuaciones. Yo creo que hay que destacar por su importancia las obras del Monasterio de San Juan de la Peña, en Jaca, la restauración del castillo de Montearagón, la reparación de las murallas de Teruel, las obras de la Catedral de Tarazona --la más deteriorada de España--, la restauración del retablo mayor de La Seo, en Zaragoza; esto con cargo a las inversiones del Ministerio de Cultura. Y con cargo al 1 por ciento cultural también hay obras importantes, entre las

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que quizá convenga destacar el Teatro romano de Zaragoza, el castillo de Alcañiz, el castillo de Ateca, el Museo de Huesca, el Albergue de Peregrinos de Jaca, la rehabilitación de la Ermita de Santa Bárbara y la de San Cristóbal en Balbona, Teruel, y la restauración de la Sinagoga y de la Plaza de la Judería.
También hay que hacer referencia a las inversiones en materia deportiva.
Desde el Ministerio hacemos importantes esfuerzos para fomentar el deporte escolar y en la Comunidad de Aragón las inversiones en infraestructuras deportivas tienen este año un importe de 413 millones de pesetas. Con ellas se van a construir cuatro módulos deportivos que van a dar servicio a cuatro colegios y, además, se conceden 115 millones en concepto de subvenciones para construcción o remodelación de instalaciones deportivas de uso público e interés federativo.
Por último, las inversiones en universidades e investigación. Para 1998 lo previsto en la Comunidad de Aragón son 421 millones, entre los que merecen especial mención los 123 millones que se destinan al Instituto de la Ciencia de Materiales, 25 millones al equipamiento del Instituto de Carboquímica y 25 millones al equipamiento del Campus «Aula Dei». Todo ello son las inversiones, por supuesto; los gastos corrientes van por otro lado.
Por tanto, señorías, quería reiterar aquí que la educación, la cultura, la investigación y el deporte constituyen una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno, por eso el Ministerio ha incrementado este año nada menos que en un 6,8 por ciento su presupuesto y esto ha supuesto importantísimas inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra, Senador Contín.


El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero dar las gracias a la señora Ministra por su respuesta, que confirma todo el optimismo vigilante, pero optimismo al fin y al cabo, de las actuaciones que en el campo de educación y cultura el Ministerio está realizando en este momento.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín.


--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE ESPERAN OBTENER DE LA PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE EL CABRIL (CORDOBA), PERTENECIENTE A LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A. (ENRESA), EN EL PROYECTO EUROPEO DE ARMONIZACION DE TECNICAS DE MEDICION DE RESIDUOS (680/000519).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se esperan obtener de la participación del laboratorio de El Cabril, en Córdoba, perteneciente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.
(ENRESA), en el proyecto europeo de armonización de técnicas de medición de residuos.
Tiene la palabra, Senador Bellido.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como bien conoce, el almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, en la provincia de Córdoba, ha pasado por distintas vicisitudes, de cara a la opinión pública. Desde el rechazo frontal por parte de distintos colectivos sociales hasta la aceptación del mismo, han sido diferentes las ocasiones en las que ha estado en el punto de mira del debate.
Entiendo, señor Ministro, que Córdoba ha asumido su cuota de solidaridad en el reparto de beneficios y cargas que el desarrollo y el uso de sustancias radiactivas conlleva, pero siempre sobre la base de la garantía de las instalaciones y de los productos que se almacenan en El Cabril. Garantía que exigíamos, lógicamente, cuando éramos oposición y a la que no vamos a renunciar ahora que somos partido que sustenta al Gobierno.
Preocupado por la mejora de las instalaciones de El Cabril, me interesé por una reciente noticia, creo que publicada en la revista que edita ENRESA, en la que pude leer que el laboratorio de El Cabril iba a participar en un proyecto europeo de armonización de técnicas de medición de residuos. Dicha noticia no explicitaba, al menos en esa revista, los objetivos de tal participación, de ahí que, esperando que sean siempre positivos, le pregunte por esta cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, además de compartir las reflexiones previas a la pregunta, en relación al interés y la preocupación que nos debe merecer todo lo relacionado con El Cabril, quiero decirle que el laboratorio de verificación de la calidad de los residuos de el Cabril forma parte de una red de laboratorios, a nivel europeo, que se creó en el año 1992, y que es una red de la que son miembros laboratorios de países como Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Italia o Reino Unido, así como el centro de ISPRA, que está asociado a la propia Comisión Europea y, además, el CIEMAT español que, como usted sabe, es un organismo adscrito al Ministerio de Industria y Energía.
Creo que se puede decir con rotundidad que el laboratorio de El Cabril se encuentra entre los mejores del mundo en su especialidad, estando equipado con las más avanzadas tecnologías para el análisis de los residuos radiactivos

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de baja y media actividad que, como sabe, son los que se depositan en El Cabril.
En la actualidad, al frente del laboratorio se encuentra un equipo humano, que es interdisciplinar, integrado por una docena de especialistas químicos, analistas, personal administrativo, que desarrollan su actividad fundamentalmente en los dos edificios del laboratorio: el llamado de inactivos, con probetas y muestras simuladas, y el de activos, que son bultos reales.
El móvil de esta organización --y me refiero ahora a la red de laboratorios europeos-- es colaborar en el desarrollo de métodos comunes de ensayos y medidas sobre residuos radiactivos de baja y media, mejorando las técnicas de análisis y compartiendo las experiencias entre los laboratorios, con un objetivo común: garantizar el control de las actividades de almacenamiento en los diferentes países europeos. Pues bien, el proyecto llamado «Round Robin Test», es el primer proyecto europeo en el que participa el laboratorio de El Cabril, y es un paso previo para poder comparar las técnicas de medidas que se utilizan en los diferentes laboratorios europeos participantes.
El proyecto se inició en el mes de diciembre, se prolongará por espacio de un año, se encuadra dentro del IV Programa marco comunitario, correspondiente al período 1994-1998 y, básicamente, consiste en la medición por los laboratorios participantes de una serie de muestras de residuos de baja y media actividad.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene diferentes fases, entre las que destacaría la definición y selección de las muestras, la modificación de los equipos y procedimientos existentes actualmente en los laboratorios, el transporte y la medida de los bultos, el análisis de los resultados, y, como fase final del trabajo, la propuesta de una guía común para las medidas.
Una de las características significativas de este proyecto es que los ensayos utilizan técnicas no destructivas, es decir, las muestras de referencia que van a ser objeto de análisis se mantienen intactas tras su paso por los distintos centros de verificación.
El objetivo de las técnicas que llevará a cabo el laboratorio de verificación de la calidad de los residuos de El Cabril es identificar y cuantificar los radionucleidos presentes en las muestras, así como analizar el grado de homogeneidad radiológica de las mismas. Son unas técnicas --me permitirá usted un lenguaje une poco abstruso-- que suponen medir la espectrometría gamma total y por segmentos, así como la tasa de dosis de las diferentes muestras que se van a utilizar.
En resumen --y con esto acabo, Presidente--, a través de esta iniciativa de análisis e investigación las autoridades de la Unión Europea buscan que los distintos países participantes dispongan de datos que sean comparables, que sean obtenidos sobre las mismas muestras y contribuir así a una armonización de los procedimientos y técnicas de medición de los residuos radiactivos de baja y media actividad.
Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria.
--DE DON ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES EMPRESARIALES EN COMARCAS MINERAS CON CARGO AL 0,5 POR CIENTO DE LA TARIFA ELECTRICA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE 16 DE FEBRERO DE 1996, SOBRE AYUDAS DESTINADAS A IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBON, A LOS DOS AÑOS DE SU PUESTA EN PRACTICA (680/000523).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que presenta el programa de apoyo a inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica establecida en la Orden de 16 de febrero de 1996, sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón, a los dos años de su puesta en práctica.
Tiene la palabra el Senador Lamalfa.


El señor LAMALFA DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ahora hace poco más de dos años se establecía una Orden del Ministerio de Industria y Energía por la que se regulaban las ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica en las comarcas mineras.
En dicha Orden se especificaban una serie de principios básicos para su puesta en marcha y funcionamiento: disponibilidad financiera por un montante total equivalente al 0,5 por ciento de la facturación eléctrica del año correspondiente, el objeto y actividades susceptibles de ayudas en el que se especifica que los fondos así obtenidos se aplicarán a la financiación de toda clase de actividades y proyectos que se realicen en las áreas de implantación de la minería del carbón o su entorno, tendentes a conseguir unos objetivos concretos, como favorecer la localización y generación de inversiones empresariales mejorando las condiciones de todo tipo, impulsar las iniciativas locales de formación empresarial, satisfacer necesidades de equipamiento social que incidan sobre el bienestar social de la población, compensar las reducciones de empleo producidas por la reestructuración del sector de minería del carbón y diversificar la estructura del sistema productivo de las comarcas mineras, su ámbito territorial, los beneficios que se dan a empresas privadas o públicas, clase y cuantía de las ayudas, inversiones y puestos de trabajo a considerar a efectos de ayuda, procedimiento, órgano de instrucción --que lo será la Dirección General de Minas--, estudio y valoración de los proyectos, siendo la mencionada Dirección quien solicite a los organismos territoriales o cualquier otro competente los informes que considere necesarios para la valoración de los proyectos, cómo se llevarán a cabo la concesión de las ayudas e incumplimientos y, por último, cómo se realizará el pago de las mismas.
Por todo lo anteriormente expuesto, formulo al señor Ministro de Industria y Energía la siguiente pregunta:

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¿Cuáles son los resultados que presenta el programa de apoyo a inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica establecida en la orden de 16 de febrero de 1996 sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica en las comarcas mineras de carbón a los dos años de su puesta en funcionamiento?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también, señoría, por su pregunta. Creo que se la puedo responder con rotundidad en el sentido de que el programa ha tenido un balance francamente positivo. De hecho, ha habido 693 proyectos aprobados, de los cuales 474 son empresariales y el resto dotacionales, que suponen algo más de 80.000 millones de pesetas de inversión prevista y del orden de casi 24.000 millones de pesetas de subvenciones concedidas, y sobre todo hay algo que me gustaría destacar, y es que se van a crear, en virtud de esos proyectos, 3.709 nuevos empleos. El programa, dotado anualmente con un 0,5 por ciento de la facturación eléctrica correspondiente, más o menos unos 10.000 millones de pesetas anuales, tiene dos etapas claramente diferenciadas: Una etapa inicial durante la cual estábamos esperando un limitado número de proyectos, en torno a unos 100 al año, y en la que se aceptaban todos aquellos que generasen empleo. Y también una segunda etapa, que se inicia a principios de 1997, en la que, ante el éxito del programa --de hecho se han presentado en dos años prácticamente unos 1.800 proyectos-- y la existencia, como es natural, de unos fondos limitados, se ha empezado a ser más selectivo liberando recursos para financiar proyectos tractor con mayor capacidad de inducción de otras actividades de tal modo que ninguna de ellas quedase fuera.
En paralelo, con la aplicación de este programa, y aprovechando su experiencia, el Gobierno, como su señoría sabe, ha diseñado y puesto en marcha el Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras 1998-2005, que prescinde de mecanismos extrapresupuestarios que no sea justaban a los criterios exigidos por la normativa europea, lo que supone, por tanto, un importante cambio, tanto cualitativo en el enfoque de la problemática de las zonas mineras, como también cuantitativo debido a la muy superior dotación de recursos. Estamos hablando de 65.000 millones de pesetas anuales en este Plan frente a los 10.000 millones de pesetas con que se contaba hasta ahora.
Por primera vez, por tanto, se ataca la raíz del problema, es decir, se atacan las desventajas comparativas de estas zonas como destino de inversión por su aislamiento geográfico y su excesiva dependencia de la minería del carbón, lo que genera, a su vez, carencia de tradición empresarial e inadecuación de la mano de obra a las necesidades de cualificación de una estructura industrial moderna.
Así, el Plan 1998-2005 adopta un enfoque global y contempla tres líneas de ayuda: Programas de infraestructura dotados con 50.000 millones de pesetas anuales durante ocho años. (Hay que decir que en este programa se incluyen los proyectos dotacionales que antes iban con cargo a la Orden a la que usted hacía referencia.) Un programa de formación dotado con 5.000 millones de pesetas anuales. Un sistema de ayudas al desarrollo de proyectos de inversión empresarial generadores de empleo en las zonas mineras que concentrará los esfuerzos poniendo un mayor énfasis en el apoyo a los proyectos de mayor entidad y con un mayor contenido industrial.
Esto es así porque, por una parte, atraen más inversión y tienen más probabilidades de permanecer, con lo que el empleo creado, en definitiva el objetivo último, es también más estable. Al mismo tiempo, se trata de proyectos tractor con importante capacidad de inducción de otras actividades y creación indirecta de empleo.
No cabe, pues --y con esto termino, sino confiar en el éxito del Plan y en la consecución del objetivo que persigue que a lo largo del período contemplado, el número de nuevos puestos de trabajo creados en sectores ajenos a la minería del carbón supere el número de empleos perdidos en este sector, sentándose así las bases de un verdadero desarrollo alternativo de estas zonas.
Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lamalfa.


El señor LAMALFA DIAZ: Gracias, señor Ministro, por sus clarificadoras palabras.
Le animamos a continuar por el camino emprendido, ya que las comarcas mineras, que conozco bien por ser Alcalde de un pueblo enclavado en ellas, precisan de medidas como las expuestas a fin de corregir las deficiencias que en materia de infraestructuras, formación y empleo presentan en este momento. Por tanto, ese camino que se ha emprendido mejora y amplía de manera importante lo realizado por Gobiernos anteriores.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa.


--DE DON PEDRO MARTIN IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DEL NUMERO DE CASOS DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) DURANTE EL AÑO 1997 (680/000520).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida durante el año 1997.
Tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.


El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, lamentablemente, el VIH-sida, conocido también por unos como síndrome de inmunodeficiencia

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adquirida y por otros como la epidemia del sida, quizá queriéndola denominar como la epidemia del siglo XX, afecta al mundo entero, y a pesar de que la enfermedad está presente desde principios de los años 80, el VIH-sida sigue siendo un problema que desconocemos, aunque, ciertamente, se ha realizado un considerable progreso para comprender cómo prevenir esta epidemia.
Sabemos que la vía parenteral es la fuente principal de contagio; sabemos también que la vía de transmisión es una vía importantísima, y sabemos también de otras vías, pero desde el punto de vista científico, todavía queda mucho camino por recorrer. Es decir, sabemos mucho sobre su prevención, pero todavía somos incapaces de contener su expansión, razón por la cual hay que incidir en la formación e información como medidas preventivas.
Con más de veintidós millones de personas viviendo en todo el mundo con el VIH-sida, de los que algo más de nueve millones son mujeres y casi un millón son niños, y teniendo en cuenta que hay más de seis millones de personas que ya han fallecido por esta enfermedad, sin duda, nos hallamos, como dicen algunos, ante un desastre humano sin precedentes. Es probable que estas cifras tan altas sobre el número de enfermos hayan podido influir en usted, señor Ministro, pero lo cierto es que su señoría está profundamente sensibilizado por este tema; y eso lo prueba el hecho de que en los dos últimos años se haya producido un incremento presupuestario del 300 por cien para las políticas contra el sida, una inversión jamás conocida en nuestro país.
No se me oculta que estas cifras económicas todavía pueden resultar insuficientes, a pesar de que en España se gasten más de 110.000 millones de pesetas en la lucha contra el sida, tanto en recursos sanitarios directos para el tratamiento del mismo, como en recursos asistenciales; y de ellos, se dedican 35.000 millones exclusivamente para el tratamiento de esta enfermedad. Por tanto, no se puede negar que el Gobierno está haciendo un esfuerzo considerable en materia presupuestaria.
También conviene recordar que cada tratamiento antirretroviral cuesta nada menos que 100.000 pesetas mensuales por enfermo, o lo que es lo mismo: un millón 250.000 pesetas anuales por cada paciente tratado. Pues bien, es de todos conocido que por primera vez desde 1981 se ha producido en España un descenso del número de casos de sida. Esto, señor Ministro, abre una puerta a la esperanza en la lucha contra esa epidemia que es el sida.
Por ello, señor Ministro de Sanidad y Consumo, le pregunto lo siguiente.
¿Puede explicar cuál ha sido la evolución del número de casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, durante 1997? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Martín Iglesias.
Señor Ministro de Sanidad, su señoría tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, comparto con usted su diagnóstico acerca de la situación que afrontamos con esta enfermedad, así como sus juicios sobre lo que puede ser el futuro de la misma si todos nos empeñamos en poner de nuestra parte todo lo que se pueda para evitarla. Porque, siendo como es, una enfermedad muy grave desde el punto de vista sanitario y social, también es cierto que es una enfermedad evitable. Por tanto, entre todos podemos conseguir que no se propague y que se reduzcan los casos de nueva aparición, lo que es un motivo de preocupación en todo el mundo.
En contestación a su pregunta, le diré que desde 1981 se han diagnosticado en España un total de 50.155 casos de sida, de los cuales se ha notificado el fallecimiento en un 54 por ciento. Como puede comprobar, señoría, el sida sigue siendo un problema importante para la salud pública española. No obstante, los esfuerzos que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad y Consumo --junto con algunas organizaciones sociales y otras Administraciones-- están haciendo para el control de esta epidemia comienzan a dar resultados. Así, en 1997 los casos de sida han descendido un 25 por ciento respecto de 1996. La reducción se ha producido en todas las categorías, incluyendo la transmisión heterosexual, y esta disminución se constata en todas las Comunidades Autónomas.
Como bien ha dicho su señoría, los usuarios de drogas por vía parenteral siguen siendo el colectivo más afectado. En el 62 por ciento de los casos diagnosticados en 1997 la infección se había contraído por compartir jeringuillas o material de inyección; el 18 por ciento de los casos corresponde a la transmisión heterosexual como consecuencia de relaciones sexuales no protegidas; el 11 por ciento se refiere a prácticas sexuales no protegidas entre hombres, y el 9 por ciento, el resto de las causas: contagio madre-hijo, transfusiones, hemoderivados, etcétera. Vuelvo a repetir: el 62 por ciento de las causas de contagio se debe a compartir jeringuillas o material de inyección; el 18 por ciento, a la transmisión heterosexual por prácticas sexuales no protegidas, el 11 por ciento, a la transmisión homosexual por prácticas sexuales no protegidas, y el 9 por ciento, corresponde al resto de las causas.
Este descenso en los nuevos diagnósticos de sida en el año 1997 y en los dos anteriores, se debe, por un lado, a la eficacia de las estrategias de prevención, desarrolladas en años anteriores e intensificadas en los últimos cuatro años y, por otro, a la incorporación desde 1996 de los tratamientos antirretrovirales combinados.
Además, la incorporación de los inhibidores de la proteasa y de las nuevas pautas de tres fármacos, no sólo han retrasado la aparición de sida entre las personas infectadas, sino que han aumentado su calidad de vida y supervivencia. Así, en tan sólo dos años de experiencia en el uso clínico de estos medicamentos, el descenso de mortalidad en diferentes Comunidades Autónomas se cifra en un 60 por ciento.
Las nuevas pautas de tratamiento también se han traducido en una disminución de ingresos hospitalarios en grandes centros, con valores en torno al 40 por ciento, lo que supone una mejora sustancial de la calidad de vida de estos pacientes.


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El Ministerio de Sanidad y Consumo valora muy positivamente la reducción de los casos de sida, lo que le anima a mantener e incrementar los esfuerzos en la lucha contra la enfermedad.
Para finalizar, señoría, quiero hacer unas consideraciones que van a marcar nuestra estrategia para el futuro. No se debe cometer el error de interpretar la disminución de los casos de sida como un triunfo contra la infección por VIH. Aunque las estrategias de prevención del Ministerio, de las Comunidades Autónomas y el trabajo con las ONGs han hecho disminuir su ritmo de crecimiento, todavía se producen nuevos casos.
Seguimos sin disponer de una vacuna eficaz. Sólo disponemos de la prevención. Por tanto, las autoridades sanitarias deben proporcionar las herramientas para que ciudadanos y ONGs puedan hacer frente a la epidemia. A eso responde nuestra decisión de incrementar en 2.000 millones de pesetas los presupuestos de la Sanidad para luchar contra el sida, lo que supone un incremento del 300 por ciento en el presupuesto de 1998.
Señoría, estamos convencidos de que nos encontramos en el buen camino para afrontar con éxito esta epidemia, cuya evolución depende del esfuerzo en materia de prevención de las administraciones sanitarias y sociales y de la colaboración de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN RELACION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS (680/000521).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados paliativos.
Tiene la palabra el Senador Vázquez Portomeñe.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado figuraron en 1997 y persisten en 1998 como principios inspiradores de la acción de su Ministerio, entre otros, la equidad, la flexibilidad de los servicios a los ciudadanos y la mejora de la eficiencia de los recursos del Sistema Nacional de Salud. Sobre esta base, su Departamento ha establecido una serie de objetivos, entre los que destaca por su importancia, la potenciación de alternativas a la hospitalización que, sin duda, señor Ministro, son bien recibidas por la población y, especialmente, por ese amplio grupo de pacientes integrado por los enfermos crónicos, los de sida o cáncer o el colectivo de nuestros mayores. Para todos ellos supone, sin duda, una notable mejoría física y psicológica, al encontrarse en su medio familiar.
Al mismo tiempo, estas alternativas generan la liberalización de camas en el sistema, su disponibilidad para enfermos agudos y la consecuente reducción de las listas de espera. Entre dichas alternativas se encuentra el establecimiento de unidades asistenciales, denominadas de cuidados paliativos. Por eso, señor Ministro, le pregunto, ¿qué actuaciones está desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados paliativos? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Como muy bien señala su señoría, Senador Vázquez Portomeñe, las modernas políticas sanitarias en todos los países desarrollados están fomentando, como una estrategia muy importante, para un mejor aprovechamiento de los recursos y, al mismo tiempo, para una mejor atención a los ciudadanos, el desarrollo de lo que usted, con razón, ha llamado las alternativas a la hospitalización.
Es decir, siempre que se pueda dar a los enfermos una asistencia en su domicilio o en centros no necesariamente hospitalarios, estaremos consiguiendo, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la asistencia a esos enfermos y liberar recursos para atender a otras necesidades, que inexcusablemente se tienen que atender en los hospitales.
En esa línea se inscriben todas las acciones tendentes a incrementar la cirugía ambulatoria, la que se puede hacer sin ingreso, sin ocupar camas; las unidades de cuidados paliativos, que consisten en tratar a los enfermos en sus domicilios sin necesidad de que estén internados en los hospitales, con toda la ventaja que eso representa desde el punto de vista humano y sin ningún inconveniente en cuanto a la calidad de la asistencia que reciben; y, por último, los centros de día, aquellas unidades que pueden estar en los hospitales o fuera y en las que, sin hospitalización u ocupación de camas, se puede atender a personas durante el día pero que pernoctan en sus domicilios atendidos por sus familias y en mejores condiciones de satisfacción para todos.
En relación con las unidades de cuidados paliativos, a las que se refiere su señoría en la pregunta formulada, puedo decirle que precisamente éste es uno de los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Sanidad en ese contexto del desarrollo de las alternativas a la hospitalización convencional. Puedo informarle de que el programa de cuidados paliativos es desarrollado por unidades asistenciales, las cuales prestan servicio en el propio domicilio del paciente y están integradas por personal médico, profesionales de enfermería y psicólogos. A nadie se le escapa

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que el establecimiento de estas unidades hace imprescindible una perfecta coordinación entre los servicios de atención especializada y primaria, al ser esta última donde se continúan los cuidados iniciados en el hospital.
Las unidades de cuidados paliativos están orientadas, principalmente, a pacientes oncológicos y con sida, si bien también pueden ser atendidos por las mismas enfermos crónicos y otros que requieran una larga convalecencia no hospitalaria. No hay que olvidar que los enfermos asistidos por estas unidades presentan un estado físico y psíquico tan especial que es necesario que las familias que conviven con ellos cuenten con el apoyo permanente de profesionales o de personas con amplia experiencia en este tipo de pacientes, de modo que en ningún momento se vean solos o desasistidos.
Para facilitar la puesta en marcha de unidades de cuidados paliativos, el INSALUD suscribió en septiembre de 1997 un acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer para la colaboración coordinada en la atención a enfermos terminales en sus propios domicilios, en lugar de hacerlo en los hospitales. A partir de este acuerdo marco se están formalizando localmente convenios para la puesta en marcha de estas unidades en todos los centros hospitalarios. Esta iniciativa mejora ostensiblemente la calidad de vida de los pacientes, por cuanto durante la última fase de la enfermedad les permite pasar el mayor tiempo posible en su propio entorno con plenas garantías asistenciales.
Durante el año 1997, y mediante el acuerdo marco al que antes me he referido, se han puesto en funcionamiento doce unidades, que han sido distribuidas en los hospitales de Son Dureta, Valdecilla, Ciudad Real, Río Ortega de Valladolid, Clínica de Valladolid, León, General Yagüe de Burgos, Arrixaca de Murcia, Doce de Octubre, Princesa, La Paz y Móstoles de Madrid. Para el año 1998 el INSALUD se ha propuesto como objetivo implantar diez unidades de cuidados paliativos más, que serán ubicadas en los hospitales con mayor número de enfermos susceptibles de este tipo de tratamiento.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Senador Vázquez Portomeñe.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo que la eficacia de que hizo gala en la Galicia común sigue siendo su norte. Muchas gracias por ello.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vázquez Portomeñe.


--DE DON JOSE IGNACIO LOPEZ BORDERIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE CONSUMO (680/000522).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede explicar el Gobierno los objetivos del Plan Estratégico de Consumo.
Senador López Borderías.


El señor LOPEZ BORDERIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, desde mi punto de vista, una política de consumo sólo puede ser desarrollada con eficacia si está basada en la colaboración institucional. En caso contrario, la descoordinación nos llevaría a asumir riesgos que afectarían a la salud de los ciudadanos, a la protección de sus legítimos intereses como consumidores, a la propia competitividad de las empresas y, en definitiva, a la transparencia del mercado.
La existencia de un Plan Estratégico de protección al consumidor para el período 1998-2001, que ha sido elaborado por su Departamento, resulta imprescindible, debiendo acreditar el rigor y la seriedad que los diferentes responsables en materia de consumo deben asumir.
Evidentemente, todo plan estratégico, y máxime en materia tan delicada como ésta, debe ser elaborado teniendo muy claros los objetivos que se desean alcanzar. Esa, señor Ministro, es mi pregunta concreta: ¿Puede usted explicarnos los objetivos del Plan Estratégico de Consumo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Comparto también con su señoría sus apreciaciones sobre las orientaciones básicas que debe tener la política de consumo y, en particular, su referencia a la necesidad de colaboración interinstitucional en esta materia, especialmente necesaria en nuestro país donde es conocido el alto grado de descentralización que se ha operado y el reparto de competencias y responsabilidades que ha resultado del desarrollo de nuestro modelo autonómico, lo cual hace especialmente necesaria esta tarea de colaboración entre las distintas instituciones implicadas al servicio de los ciudadanos.
Contestando más concretamente a su pregunta, puedo decir que el Plan Estratégico de Protección al Consumidor para el período 1998/2001 fue aprobado por unanimidad por la Administración General del Estado y por todas las administraciones autonómicas en la Novena Conferencia Sectorial del Consumo celebrada el día 10 de noviembre de 1997. Incluye los objetivos y las líneas de actuación de las administraciones de consumo para el próximo cuatrienio, con el objetivo general de mejorar y reforzar la protección de los consumidores y usuarios.
Como no podía ser de otra forma, el plan mantiene una cierta línea de continuidad con el anterior, presentando novedades que permiten calificarlo de más ambicioso, ya que

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supera la mera constatación de las necesidades actuales y asume actuaciones ante los retos del futuro.
Así, el Plan Estratégico considera de manera especial la posición de los consumidores en un mercado liberalizado más abierto y competitivo; las innovaciones tecnológicas en los diversos sectores y bienes, desde las comunicaciones a la banca; la especial repercusión que tendrá la introducción del euro como moneda única y los nuevos hábitos del consumidor.
En este marco, el Plan incluye una serie de acciones referidas al área normativa, dirigida a colaborar en el estudio y diseño de la normativa de carácter nacional y autonómico, además de reforzar la posición de los consumidores y su participación en la elaboración de las directivas comunitarias; un área de control de mercado que pretende potenciar la colaboración y coordinación de las Administraciones públicas competentes a fin de mejorar la defensa del consumidor y la actuación administrativa en este campo; un área de fomento del movimiento asociativo, fundamental en esta materia, haciendo hincapié en la atención al consumidor joven como presente y futuro del asociacionismo; un área de acceso a la Justicia, en la que el Plan establece la necesidad de trabajar en dos vías: la extrajudicial, potenciando el sistema arbitral de consumo, y la judicial, potenciando la actuación de las asociaciones de consumidores y usuarios ante los tribunales de justicia; un área de información, en la que se pretende fomentar la realización de análisis comparativos de productos, así como la coordinación entre organizaciones para la realización de campañas informativas institucionales, la colaboración con los medios de comunicación y la potenciación de las oficinas municipales de información al consumidor; un área de formación y educación, a través de la cual se pretende mejorar la formación de las organizaciones de consumidores y usuarios, de los profesionales de la enseñanza y del Derecho, de los técnicos de consumo de las Administraciones públicas; un área de cooperación institucional e integración en otras políticas dirigida a reforzar los mecanismos existentes: conferencia sectorial de consumo, comisión de cooperación de consumo, grupos de trabajo específicos. Además, se ha reforzado la cooperación institucional con la formalización de los diversos convenios de colaboración entre los que se incluyen en el Convenio marco firmado por la Comunidad de Cantabria, el actualmente en trámite con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento, o el protocolo anual de desarrollo del acuerdo marco suscrito con el Instituto de la Mujer.
Por último, en materia de cooperación internacional, un objetivo básico es la colaboración con los países de Iberoamérica y de Europa central y oriental.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador López Borderías.


El señor LOPEZ BORDERIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dar las gracias al señor Ministro de Sanidad y Consumo por su contestación y congratularme de algo que ha dicho al principio y que es lo más importante: que este Plan se esté realizando bajo la colaboración, el diálogo y el consenso de todos los que el día de mañana tendrán que aplicarlo y, además, controlarlo.
En cuanto a los objetivos, permítame, señor Ministro, que los podamos examinar con más tranquilidad y, si usted me lo permite, quisiera trasladarlos también al Gobierno de UPN, en Navarra, para ver qué opinión tiene sobre ellos.
Señor Ministro, muchas gracias por su contestación. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.


--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI VA A CERRAR EL GOBIERNO LA CLINICA PUERTA DE HIERRO DE MADRID (680/000526).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a cerrar el Gobierno la Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante la alarma social creada por las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, la pregunta es muy concreta: ¿Van ustedes a cerrar la Clínica Puerta de Hierro? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
La contestación, señor Senador, también es muy concreta: el Gobierno no va a cerrar la Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esta contestación no ayuda mucho a mi segunda réplica, con lo cual algunos argumentos que voy a utilizar, no sé si duros o no, me los podía haber ahorrado si hubiera sido usted un poco más expansivo en su contestación. Porque yo no me invento nada, ahí están los medios de comunicación, ahí hay un debate en la sociedad, en la que se habla claramente de que la Clínica Puerta de Hierro puede cerrarse en función de que es necesario que haya

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otro centro en el noroeste de Madrid, concretamente se hablaba de la zona de Majadahonda.
A mi modo de ver, hay diversas razones para impedir el cierre o traslado de la Clínica Puerta de Hierro. En primer lugar, los intereses sanitarios de los ciudadanos de Madrid. Madrid lo que necesita es tener más camas y, por lo tanto, no está contrapuesto que haya un hospital comarcal en esa zona de Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Boadilla, Villalba, etcétera, con que se mantenga esta Clínica Puerta de Hierro. En segundo lugar, porque es un centro de excelencia, es aproximadamente un cinco por ciento más eficiente que la media; que atiende a un número muy importante de ciudadanos y tiene 2.100 trabajadores; que tiene una masa crítica, y ahora mismo a mí me parece irrenunciable su mantenimiento; que es un hospital, si me permite, señor Ministro, con solera, y yo le pediría que no lo desmantelase. Los experimentos, señor Ministro, se hacen con gaseosa, no cambiando o cerrando hospitales. En tercer lugar, porque es un hospital de referencia para otras Comunidades Autónomas, tiene aproximadamente el 35 por ciento de pacientes que, en función de su alto nivel de especialización, vienen de otras Comunidades Autónomas. En cuarto lugar, señor Ministro, porque en los últimos años se ha venido gastando bastante dinero en esta Clínica Puerta de Hierro y no hay que tirar por la borda esas inversiones. Hay un plan funcional de abril de 1995, hay un proyecto arquitectónico para su reforma, que tiene usted desde diciembre de 1996, hay un plan director del hospital. Se ha gastado mucho dinero para que este centro se refuerce como hospital de excelencia, y todo lo que sea traslado es, sinceramente, tirar por la borda la inversión de más de 5.000 millones de pesetas en los últimos años y los 180 millones del proyecto.
Señor Ministro, para llevar a cabo una acción política no es únicamente necesario tener el «Boletín Oficial del Estado»; hay que escuchar también a la sociedad y, por supuesto, a los grupos de la oposición. Usted ha conseguido casi la unanimidad, pero la unanimidad en contra del traslado de la Clínica Puerta de Hierro. Usted tiene en contra a los trabajadores del centro. Usted tiene en contra y ha conseguido crear una plataforma en defensa de la Clínica Puerta de Hierro, que valora que la destrucción de equipos técnicos y humanos en esa clínica es una mala noticia para la sanidad madrileña y española. Usted, señor Ministro, sabe que existen problemas reales de traslado de algunas técnicas que, si se trasladan al otro hospital, podría no hacerse bien, como en el caso del acelerador lineal. Usted sabe que están en contra los pacientes, que han presentado más de 2.000 firmas para que no se traslade. Usted sabe que la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública está en contra del traslado y a favor, como este Grupo Parlamentario Socialista, de que haya un nuevo hospital en Majadahonda, pero que se mantenga la Clínica Puerta de Hierro. Usted ha conseguido, incluso, que el Alcalde de Madrid esté en contra del traslado de ese hospital.
Señor Ministro, por favor, rectifique o rectifíqueme, este hospital tiene que seguir adelante, no genere esta alarma social, tómese usted una Viagra inversora porque son dos los hospitales que necesita Madrid.
(Rumores.) No haga esta agresión a la sanidad pública. Señor Ministro, he leído unas declaraciones suyas en las que decía: si se cierra algún hospital público, dimitiré. No le deseo a usted esa dimisión, por lo tanto, señor Ministro, no cierre la Clínica Puerta de Hierro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky Díez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, después de mi primera contestación, comprenderá que la alarma social no está nada justificada y sólo se puede explicar con posiciones como la que su señoría acaba de exponer, dando por hecho realidades que no se sostienen.
Al margen de consideraciones de tipo histórico, que también son importantes, en este momento la Clínica Puerta de Hierro es el hospital de referencia del área 6 y tiene asignados directamente 280.847 habitantes. Por tanto, señoría, como usted comprenderá, es imposible plantearse el cierre de un hospital que presta una función imprescindible a una población determinada.
Además, hay que tener en cuenta el valor añadido que tiene la Clínica Puerta de Hierro, como es el hecho de que fue el primer centro hospitalario de la Seguridad Social donde se realizaba la triple función asistencial, docente e investigadora que tanto ha tenido que ver, una vez que se generalizó ese modelo, con la excelente calidad de la medicina española y la excelente formación de nuestros médicos y enfermería en hospitales diseñados de acuerdo con este modelo de Puerta de Hierro y extendido después al conjunto de la red española. Fue un centro pionero en materia de investigación y el primer hospital donde se instituyeron las relaciones con la atención primaria.
No obstante, reconocer la importancia de este hospital, además de reconocer su excelencia, no debe llevarnos a perpetuar una serie de inconvenientes o dificultades que este centro tiene en la actualidad, porque, de la misma forma que cerrarlo sería un disparate, no aportar soluciones a sus problemas sería una irresponsabilidad.
Este hospital se inauguró el 18 de julio de 1964, lo que quiere decir que tiene una antigüedad de más de 30 años. Este tiempo ha puesto en evidencia importantes problemas estructurales, de instalaciones y de ordenamiento asistencial: antigüedad de instalaciones, cuestión agravada por incendios, inadecuada estructura física para su actual función como hospital de área y hospital de referencia, inadecuada organización funcional del edificio, graves problemas de accesibilidad y de aparcamiento, insuficiente superficie disponible para su actual cartera de servicios.
Como consecuencia, desde el año 1994 se han venido desarrollando diferentes trabajos intentando buscar soluciones

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a los problemas detectados. En la actualidad, el proyecto se encuentra entregado y supervisado. No obstante, ante el importante esfuerzo inversor, 10.000 millones de pesetas, que implica la reforma integral del hospital y la oportunidad histórica que representa asumir la solución de los problemas estructurales de la Clínica, cabe reconsiderar la decisión y se plantean dos opciones distintas: la reforma del hospital actual y la construcción de un nuevo hospital. Este segundo planteamiento obedece a dos hechos fundamentales: el incremento poblacional de más de 70.000 habitantes en dos ayuntamientos del área y una similar inversión económica de las dos opciones. La reforma supondría aproximadamente unos 10.000 millones de pesetas, y la construcción de una nueva planta unos 12.000 ó 13.000 millones de pesetas.
Los aspectos comunes a ambas alternativas son los siguientes: que la Clínica Puerta de Hierro siga siendo un hospital de excelencia, que en su cartera de servicios se incluyan, en coherencia con la historia y presente del centro, especialidades técnicas y de referencia, manteniendo la compatibilidad con las funciones de hospital del área, y que se mantenga la forma de gestión del hospital y la misma vinculación de la plantilla al centro.
En la actualidad, señoría, se están estudiando los pros y los contras de cada una de dichas opciones. No obstante, me gustaría señalar, además, la importancia que en la decisión que se adopte tendrá el pronunciamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid --naturalmente, escuchamos también con toda atención a cada ayuntamiento--, en función de que es la administración sanitaria competente en materia de ordenación y planificación sanitaria.
Por el contrario, sí le puedo anticipar que la solución que se adopte será la mejor para la población que asiste a este hospital, permitiendo que la Clínica Puerta de Hierro siga manteniendo y desarrollando sus funciones como el hospital de excelencia que ha sido siempre. Por tanto, señoría, sería un disparate plantearse el cierre de la Clínica Puerta de Hierro y esto es algo que este Gobierno no tiene intención de hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI SE CORRESPONDE CON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EL GASTO FARMACEUTICO REALIZADO EN EL MES DE MARZO (680/000529).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Francisco Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si se corresponde con las previsiones del Gobierno el gasto farmacéutico realizado en el mes de marzo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el gasto farmacéutico se incrementó el pasado mes de marzo en más de un 25 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior. ¿Se corresponde este incremento con las previsiones del Gobierno? Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano Vázquez.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, los objetivos del Gobierno y, por tanto, las previsiones del Departamento en cuanto a la evolución de los indicadores sanitarios no se establecen para un mes concreto, sino para todo el ejercicio presupuestario, máxime en una cuestión como el gasto farmacéutico que está influida por múltiples factores, entre los que se incluyen medidas estructurales, coyunturales o de gestión que adopta el Gobierno, o las variaciones en la propia demanda existencial. Por esta misma razón, el Ministerio de Sanidad y Consumo mantiene las previsiones que hizo al comienzo del ejercicio y considera que no hay ninguna razón para pensar que no se va a cumplir el objetivo de mantener la desaceleración del crecimiento del gasto farmacéutico.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me ha sorprendido nada su respuesta y casi la conocía ya. Digo esto no porque tenga mejores dotes adivinatorias (Rumores.) que las que frustradamente ejerce el señor don Miguel Angel Rodríguez, sino porque usted me ha dado respuesta de manual que ha distribuido y que es este «argumentario» que el mismo día del debate sobre el estado de la Nación el INSALUD ha distribuido por todos sus centros, y voy a leer, por lo menos, la primera hoja para que se conozca.
Dice así: Nota interior, INSALUD, de Dirección a Dirección, etcétera: «El Gabinete de comunicación del INSALUD nos envía un argumentario por si es necesario rebatir las críticas surgidas en el debate sobre el estado de la Nación en materia sanitaria.» Tiene una coletilla que, aunque afecta más a una Comunidad Autónoma, creo que es interesante que también se conozca. «Aunque suponemos que en Castilla y León esta polémica no va a tener resonancia periodística de ninguna clase (Risas.), os enviamos los doce folios para vuestro conocimiento general y se añaden doce folios de un denominado Gabinete de Comunicación del INSALUD.
Esa es la razón, señor Ministro, por la que conocía cuál iba a ser su respuesta, ya que este «argumentario» no es

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más que una interpretación torticera, partidista y, la mayoría de las veces, falsa de lo que es la situación del INSALUD y de la política de su Gobierno. No tiene ninguna validez técnica y simplemente se trata de instrumentalizar partidariamente la Administración sanitaria en beneficio de su Partido.
Ustedes hablaban de la profesionalización de la Administración, y lo único que han realizado es su apropiación, un intento de adoctrinamiento y, desde luego, instrumentalizarla para la defensa de las disposiciones de su partido, que no de la Sanidad española.
Pero, señor Ministro, no existe ni un solo «argumentario» que pueda ocultar la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos es que el gasto sanitario en el mes de marzo creció un 25,56 por ciento, es decir, cerca de 16.000 millones, probablemente menos de lo necesario para arreglar Puerta de Hierro y abrir Majadahonda. Pero ese incremento en un solo mes es debido a su irresponsabilidad, ya que en un solo mes usted se ha gastado lo que, además, se va a aportar a la industria farmacéutica, según el acuerdo que usted firmó. Este incremento tiene un perjudicado, que es el Sistema Nacional de Salud, y también tiene un beneficiario, que es esa industria farmacéutica a la cual tanto protege, señor Ministro, pero también tiene consecuencias políticas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Las consecuencias políticas son que el modelo de financiación de la sanidad a los cinco meses de su aplicación ya es un modelo fracasado. Nosotros se lo decíamos constantemente: ligar la financiación a unos fondos condicionados al ahorro significaba que si esos ahorros no se cumplían, se iba a incrementar el déficit. Y éste es el caso, señor Ministro, ya que ustedes con ese modelo están incrementando el déficit de la sanidad. Este incremento también tiene un responsable que es usted, tanto por la alarma social que ha generado con el recetazo que nos quiso aplicar, como por la poca credibilidad que de usted tienen ya los ciudadanos, que conociendo que les iba a quitar prestaciones farmacéuticas de utilidad terapéutica, tuvieron que hacer acopio en el mes de marzo para hacer frente a lo que se les venía, que era una reducción en las prestaciones farmacéuticas.
Señor Ministro, usted tiene una responsabilidad que incluso va mucho más allá de lo que he dicho, porque usted está dinamitando las bases de nuestro Sistema Nacional de Salud y está utilizando la Administración sanitaria en exclusivo uso de sus posiciones partidarias, como demuestra este «argumentario» que han repartido por los centros del INSALUD.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
No sé cómo le sorprende a su señoría que el INSALUD diga lo mismo que le voy a decir yo. No debería sorprenderle nada, porque es lo más natural que el INSALUD salga al paso, dando las mismas explicaciones que yo.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Los señores Zamorano Vázquez y Rojo García pronuncian palabras que no se perciben.) Es absolutamente normal. (Continúan los rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Antes de entrar en el fondo de esta cuestión, quiero decirle dos o tres cosas.
En primer lugar, los que protegieron la industria farmacéutica fueron ustedes. (Protestas en el Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): La industria farmacéutica nunca conoció una edad de oro como la que tuvo con ustedes, con crecimientos anuales acumulativos del gasto farmacéutico del 14 por ciento. Ustedes llevaron el gasto farmacéutico al 25 por ciento. (Fuertes protestas en los escasos del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (El señor Zamorano Vázquez y otros señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Aumento acumulativo anual del 14 por ciento. En ningún país europeo. La edad de oro. Llegamos nosotros y bajamos el gasto farmacéutico ya en el año 1996 (El señor Zamorano Vázquez muestra un documento desde su escaño, señalando su contenido.) --un punto y pico en medio año--, y aumentamos la aportación de Farmaindustria al sistema nacional de salud (El señor Zamorano Vázquez continúa señalando repetidas veces el contenido del documento, haciendo signos negativos.), y en el año 1997 conseguimos bajar el gasto farmacéutico del once y pico por ciento de 1996 y del doce y pico por ciento de 1995, al 5,6 por ciento, y aumentamos la aportación de Farmaindustria. Esa es nuestra política en relación con la industria farmacéutica de corrección de los excesos que habían cometido ustedes. Y las bases del sistema nacional de salud las estamos defendiendo más que ustedes, porque estamos mejorando la gestión y estamos mejorando la financiación. Recogimos un sistema nacional de salud lleno de deudas y de déficit. Aumentamos la financiación este año en 386.000 millones de pesetas, que es lo más que se puede hacer para sustentar y consolidar ese sistema, y eso supone 200.000 millones de pesetas más de lo que hubiera

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crecido según el modelo de financiación que tenían ustedes. Eso es lo que estamos haciendo por el sistema nacional de salud, en cuyos valores creemos tanto como ustedes, y al que servimos con más eficiencia y con más eficacia. (Rumores y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Zamorano, no se puede hablar con esa ligereza. El gasto farmacéutico no se puede medir por meses. ¿Sabe usted cuánto subió en el mes de febrero? El 0,7 por ciento, y yo no vine aquí a decir (El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no se perciben.) que éramos maravillosos porque habíamos bajado el crecimiento del gasto farmacéutico al 0,7 por ciento.
¿Pero sabe usted cuánto ha subido al final de abril (El señor Zamorano Vázquez, mostrando un documento, pronuncia desde su escaño palabras que no se perciben.)...


El señor PRESIDENTE: Silencio. Senador Zamorano. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): ... sabe usted en cuánto está el gasto farmacéutico a 30 de abril? Pues está en un crecimiento del 8 por ciento. Si tiene usted en cuenta que este año la aportación de Farmaindustria --sólo la aportación de Farmaindustria, sin entrar en vigor la lista negativa, que lo hará a mediados de año--, sólo la aportación de la industria farmacéutica va a representar 39.000 millones de pesetas (El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no se perciben.), es decir, tres puntos más que el año pasado, ya puede usted hacer una cuenta muy fácil, y verá que ese 8 por ciento que llevamos de gasto a finales de abril se transforma en el 5 por ciento de coste efectivo para el sistema, con lo cual mantenemos la previsión de que el crecimiento del gasto presupuestario farmacéutico de este año sea del orden del 6 por ciento y no del 14 por ciento, que era el que había con ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.


--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI ESTA SATISFECHO EL GOBIERNO DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA QUE MANTUVO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1997 LA MINISTRA DE JUSTICIA CON EL DIRECTOR DE UN PERIODICO (680/000524).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno del resultado de la entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la Ministra de Justicia con el director de un periódico.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores del Gobierno, la Ministra de Justicia dijo: Mantuve una reunión en mi despacho con don Pedro José Ramírez con luz y taquígrafos.
¿Está satisfecho el Gobierno del resultado de esa entrevista? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, cuando la Ministra de Justicia mantiene entrevistas con representantes de medios de comunicación lo único que pretende es favorecer el derecho a la información de los ciudadanos. En ese sentido, todas las entrevistas que mantengo con medios de comunicación favorecen esa información y, por supuesto, estoy satisfecha. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.


El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Comprendo que le molesten mis preguntas porque quien la hace la teme. Si hubiera respondido usted con la verdad desde el principio se habría evitado el trago de hoy. Hacia las ocho de la tarde del día 13 de noviembre de 1997 usted recibió en el Ministerio al ínclito amigo y confidente de Aznar. (Rumores.) El coche del visitante fue aparcado en un lugar reservado a los coches oficiales. (Risas y rumores.) No se cumplieron las normas habituales y, por si fuera poco, las cámaras fijas habían sido desconectadas. (Rumores.) El sigilo se llevó a sus extremos, por lo que ya sabemos lo que significa para usted luz y taquígrafos. (Risas.) ¿Por qué tanto secreto para una entrevista periodística sobre las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial? Su explicación del 22 de abril ante este Pleno fue, además de falsa, ridícula.
(Rumores.) Al día siguiente de la visita, salió en el periódico que dirige Ramírez una información normal sobre el Pleno del Congreso que rechazó aquellas enmiendas, elaborada por el redactor correspondiente. No llevaba firma. No había ninguna entrevista. Tampoco en los días siguientes hay ninguna información sobre la entrevista entre la señora Ministra de Justicia y el director del periódico. Sencillamente, esa entrevista no era publicable.


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¿Alguien puede imaginarse el interés de Ramírez por las enmiendas de la Ley Orgánica en los días más calientes del vídeo por él protagonizado? (Rumores.--Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor AREVALO SANTIAGO: A los cuatro días, Gómez de Liaño se hace cargo del asunto. Se quiso transformar un posible delito privado en una rama tierna del caso GAL. (Rumores.) La Ministra no ocultó su conformidad con la irrupción de Gómez de Liaño y tampoco ocultó su conformidad el Fiscal General del Estado. El Gobierno mostraba así su complacencia con el cambio de rumbo del sucio asunto del repugnante vídeo aprovechándole para la guerra política. Este es el Gobierno que tenemos. (Risas.) Señora Ministra, la he desmontado todas las afirmaciones que usted hizo aquí... (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor AREVALO SANTIAGO: ... el 22 de abril. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.


El señor AREVALO SANTIAGO: La he desmontado todas las afirmaciones que hizo usted aquí el 2 de abril. (Rumores.) La señora Ministra de Justicia, notario mayor del Reino, que se decía antes, no puede seguir saltando por encima de la verdad. Lo digo con toda seriedad. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, termine.


El señor AREVALO SANTIAGO: Acabo, señor Presidente.
Rompa la costumbre del Gobierno y responda o descargue su conciencia y diga la verdad. (Rumores.) Pregunto ahora simplemente: ¿por qué se hizo cargo del caso del vídeo el juez Gómez de Liaño? ¿En todo este asunto, cumplió usted instrucciones del Presidente del Gobierno? ¿Cuál es la relación del Gobierno con algunos periodistas y con algunos jueces? ¿Qué papel hizo usted en la entrevista con don Pedro José? ¿Abogado asesor?

El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: ¿Confidente político? ¿Intermediario? Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, realmente no me gusta utilizar determinados vocablos pero tengo que decirle que está empezando a ser patético que su única forma de preguntar al Gobierno a través de la Ministra de Justicia sea hacer continuas referencias a invenciones que usted quiere mantener vivas exclusivamente por lo que va a ocurrir dentro de muy pocos días.
(Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Creo, señoría, que todo lo que usted ha dicho en esta Cámara respecto a que no se entró por la puerta de costumbre, etcétera, va a poder ser desmentido punto por punto porque usted tiene la costumbre de mentir y ampararse en la buena educación de esta Ministra para que no le llame mentiroso en el Pleno de esta Cámara. (Protestas en los escaños del Grupo Socialista.--Aplausos en los del Grupo Popular.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Silencio, por favor.


--DE DON JUAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, RESPECTO A LOS DEPOSITOS MUNICIPALES DE DETENIDOS TRAS LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, POR LA QUE SE OBLIGA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA A COSTEAR LOS GASTOS REALES DE DICHO SERVICIO, INCLUIDOS LOS DE INVERSION (680/000525).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, respecto a los depósitos municipales de detenidos tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a costear los gastos reales de dicho servicio, incluidos los de inversión.
Tiene la palabra el señor Oliart Pons.


El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, sobre los depósitos municipales de detenidos a disposición judicial, usted sabrá de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo, muy reciente, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a sufragar todos los costes y gastos que origina este servicio.
Es verdad que la sentencia obliga solamente a la Generalidad de Cataluña y no a la Administración del Estado, pero no es menos cierto que una situación semejante se vive en el ámbito de la Administración del Estado en esa materia. Son 1.325 pesetas lo que paga la Administración penitenciaria al Estado por detenido y día, cantidad claramente

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insuficiente para sufragar los costes reales que este servicio origina.
Por tanto, creemos que el Gobierno ha de actuar políticamente en esta materia y no esperar recursos de otros Ayuntamientos o de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, usted sabe que se ha modificado el Código Penal y que existe la pena de arresto de fin de semana y que los depósitos municipales podrían cumplir perfectamente con esa nueva función. Nos permitiría disponer de una red muy importante de instalaciones para ese cumplimiento, ya que creo que sería muy conveniente y oportuno que en cada distrito, en cada municipio que sea cabeza de partido judicial, existiese una instalación de ese tipo.
Esas son las razones, señora Ministra, por las que le formulo esta pregunta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted ha relatado, la sentencia hace referencia exclusivamente al ámbito de la Generalidad catalana, que es a la que se le estiman los recursos en contra promovidos por dos ayuntamientos. Pero, como su señoría también ha puesto de relieve, tiene trascendencia, es un referente para el resto del Estado. El Gobierno es consciente de la problemática que plantea a los diferentes municipios, y a lo largo de este año se ha formado un grupo de trabajo entre los Ministerios de Administraciones Públicas, Interior, Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar unos módulos que hagan posible el cumplimiento de los arrestos de fin de semana a los que su señoría se ha referido, sin grave detrimento para los municipios afectados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.


El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Celebro, señora Ministra, que usted lo tenga en cuenta. Sin embargo, he de recordarle que en preguntas escritas --y de esto hace casi un año-- su Ministerio contestaba diciendo que existía ya una resolución a punto entre la Federación de Municipios y Provincias y su Ministerio. Pero ha pasado este año y todavía no sabemos nada de este asunto.
Pienso que una vez se ha resuelto quién ha de pagar estos costes --algo que indudablemente es histórico, y de cuya no resolución no les hago a ustedes responsables-- en estos momentos, una vez que existe esa sentencia que resuelve definitivamente quién ha de costear esos gastos y habida cuenta también de la reforma del Código Penal, en la que, como he dicho anteriormente, estos depósitos habrían de cumplir esa función para los arrestados, es indudable que es muy oportuno que el Gobierno emprenda de inmediato, con urgencia, las conversaciones pertinentes con la Federación de Municipios y Provincias para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Un acuerdo que tendría que situarse de inmediato sobre la cantidad necesaria para costear realmente estos gastos; a la vez, debería efectuarse, conjuntamente con los municipios, una diagnosis de la situación actual de estos depósitos municipales --pues, como su señoría sabrá, algunos de ellos no están todavía en condiciones ni habilitados para ejercer esta función-- y posteriormente se debería emprender un plan de rehabilitación con las inversiones que fueran pertinentes.
Si ustedes llegan rápidamente a un acuerdo, incluso se podrían ahorrar una cosa a que la sentencia también obliga: a pagar con efectos retroactivos desde 1985 --momento en que fue aprobada la Ley de Bases de Régimen Local-- todos estos atrasos. Si ustedes se dan prisa y tienen voluntad política, seguramente que llegarán a un acuerdo inmediato con la Federación de Municipios y Provincias.
Nada más, señora Ministra. Señor Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, se está trabajando conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias fundamentalmente para hacer la evaluación de esos depósitos a los que su señoría ha hecho referencia, en el bien entendido que estamos en trance de la reposición de la mayoría de esos depósitos municipales. Igualmente, se está procediendo a elaborar los módulos unitarios de funcionamiento de los servicios del depósito municipal, contemplando, además de los gastos de alimentación y mantenimiento, los de reposición de las inversiones.
Creemos que se está avanzando de forma rápida en las negociaciones y que su señoría podrá tener cumplida respuesta a una necesidad puesta de manifiesto no sólo por la sentencia, sino por las necesidades efectivas de los diversos municipios en un período de tiempo razonable.
Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.


INTERPELACIONES:

--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA ATENCION DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES EXTRANJERAS, ASI COMO LA DE SUS FAMILIARES (670/000085).


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El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. La primera, de don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, es sobre las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la atención de los ciudadanos españoles internados en prisiones extranjeras, así como la de sus familiares.
Senador Díez González, tiene la palabra.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, las condiciones de vida en las que se encuentran los ciudadanos españoles que están cumpliendo condena o a la espera de juicio en cárceles en el extranjero deben merecer una atención permanente de los servicios consulares españoles, ya que de esta forma la Administración estaría al servicio de los intereses de todos los ciudadanos y protegiendo, evidentemente, los derechos humanos que nuestra Constitución establece con nitidez. Además, la Constitución Española, como sus señorías conocen --y la señora Ministra mucho mejor, porque tiene que hacerla cumplir y desarrollarla--, dedica su Capítulo II a los derechos y libertades, y en el artículo 25.2 establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado --continúa el artículo 25.2-- a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo --es decir, los derechos amparados en los artículos 14 a 28 de la Constitución.
Por lo tanto, todos estamos de acuerdo, y creo que el Gobierno el primero --esperamos--, en cumplir y hacer cumplir estas premisas, no solamente porque se contienen en nuestra Carta Magna, sino porque el Reino de España viene estableciendo una serie de convenios y tratados internacionales de distinto nivel sobre el traslado de personas condenadas para cumplir su condena en el país de origen.
¿Cuál es la dimensión del problema que queremos transmitir a sus señorías, y fundamentalmente al Gobierno, con esta interpelación? La dimensión del problema cada vez tiene mayor importancia, a nuestro juicio. En este momento existen aproximadamente 1.350 reclusos en prisión, tanto condenados como en espera de juicio. Tenemos por tanto 1.350 familias --y ésta es otra dimensión importante del problema-- que están atravesando un drama, no solamente por tener a sus familiares en prisión, con condena o en espera de juicio, sino también porque las condiciones de lejanía establecen dificultades enormes, que creo que todos comprendemos, especialmente el Gobierno.
No vamos a hablar de las condiciones de las prisiones homologables a las nuestras, que pueden ser las de la Unión Europea y países equivalentes al nuestro, sino que vamos a hablar de muchos países, de la mayoría de los países en que las condiciones de estas prisiones son verdaderamente lamentables, como todos conocemos. No voy a entrar en la casuística de muchas de ellas, que son perfectamente conocidas y que este Senador conoce a través de los testimonios de los reclusos, de los ciudadanos españoles en prisión o de sus propias familias. Además de eso, en muchos casos están las distancias geográficas y también las diferencias culturales. Al simple hecho de estar en prisión, con unas condiciones de vida tremendas, se suma la dificultad de estar en Nueva Delhi, en Islamabad, en Bangkok, o en alguna prisión del cono sur americano, con las diferencias culturales que existen, lo que puede hacer pensar que las situaciones son verdaderamente dramáticas. De ahí que estos testimonios no sólo los conozcamos a través de las familias, sino por la propia experiencia de nuestro servicio exterior que transmite esas situaciones.
En la joven democracia española, a los gobiernos socialistas les culpo la responsabilidad de articular políticas para mejorar la asistencia a los españoles detenidos en el extranjero. Tenía que ser así, evidentemente, y se articularon una serie de medidas combinadas, como el establecimiento de tratados y convenios internacionales, que propiciasen la oportunidad de un traslado, con el acuerdo de las tres partes: del país de condena, del interno, del ciudadano español que solicita el traslado, y del Gobierno español que tiene que hacerse eco de esta petición y, por acuerdo de Consejo de Ministros, proceder a la solicitud correspondiente; cuando concurren esas tres voluntades --digo-- esos ciudadanos españoles pueden venir. Estos tratados y convenios internacionales han hecho posible que en los últimos diez u once años hayan sido 388 los traslados que se han producido, y por lo tanto creemos que es una medida inteligente, dinámica, importante, y que esperamos que el Gobierno siga impulsando en este momento.
Además de ello, hay una serie de medidas que se han venido articulando en los últimos quince años por los gobiernos para establecer ayudas que permitan que esa circunstancia de estar en prisión se vaya suavizando para los ciudadanos españoles en la medida de lo posible; acercando, en una palabra, las condiciones de vida que tienen en esas prisiones a las condiciones de vida reales que tienen los ciudadanos españoles que están en prisión en España, y evidentemente tratando de equiparar, de hacer posible que la justicia que nuestra Constitución establece, en lo que se refiere a las condiciones de vida de los ciudadanos que están en prisión, actúe también desde la discriminación de estos ciudadanos que están fuera de España.
La atención por lo tanto de los presos a través de esas circulares, de esas órdenes ministeriales tiene distintos grados: en lo que se refiere a la salud, a la alimentación, a la educación, al vestuario. En lo que se refiere a la salud, con un seguimiento por parte de nuestras autoridades consulares, que se hace visible con la presencia física, las visitas que al menos una vez cada dos meses tienen que hacerse; con el registro en los libros de visitas; con un seguimiento de la atención sanitaria. La atención educativa tiene un apartado muy especial, estableciendo mecanismos a través del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, y los propios organismos que, tanto el INBAD como la Universidad a distancia, establecen para aquellos ciudadanos españoles en prisión que quieran mantener y seguir estudios.


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Estos mecanismos están establecidos, y de ahí que la interpelación trate de impulsar y de hacer una crítica a la acción del Gobierno en el sentido de mejorar el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, para compensar la situación de estos españoles en prisión se establecen y se asignan ayudas económicas de hasta cien dólares USA que los cónsules, en cada caso, pueden aplicar discrecionalmente. Creo, señora Ministra, que convendrá conmigo en que la distribución y la discrecionalidad con que se aplican estas ayudas generan mecanismos de discriminación. Esa es la realidad. Se dan casos --y conozco bastantes-- en los que en un mismo país, en función de los lugares donde están los cónsules y las prisiones correspondientes, las ayudas económicas son distintas en igualdad de trato que reciben en esas prisiones y por tanto de demandas para cubrir esas necesidades mínimas para las que están establecidas ese tipo de ayudas.
Se da la paradoja y la circunstancia de que en ciudades como Bangkok las ayudas llegan hasta 125.000 pesetas/año, que son las máximas --datos del Gobierno recibidos por este Senador--, mientras que en Islamabad no llegan a 48.000 pesetas/año por persona, teniendo en cuenta que los parámetros y las circunstancias de las prisiones tanto de Islamabad como de Bangkok son las mismas. Otro caso es el de Nueva Delhi, que no ha recibido ningún tipo de ayuda económica, es decir, esa discrecionalidad que se viene utilizando por parte de nuestra representación consular genera discriminación, lo que se traduce en que este tipo de ayudas no sean justas.
Las ayudas van creciendo pero yo creo que de una forma insuficiente. En el año 1996 eran 51 millones de pesetas, en el año 1997 han sido 74 millones de pesetas y creemos que sigue siendo insuficiente, toda vez que el gasto medio por recluso durante 1997 en España en mantenimiento, atención sanitaria, vestido, educación y servicios sociales ha sido de 255.379 pesetas recluso/año.
Creemos, por lo tanto, que tenemos que hacer un esfuerzo por equiparar las condiciones de vida de los reclusos españoles en el extranjero, tanto de los que estén en situación preventiva como de los que estén condenados, esfuerzo al que, evidentemente, esperamos que contribuya el Gobierno. Creemos que ese esfuerzo, iniciado en los últimos 15 años, debemos seguir perfeccionándolo. Tenemos que seguir avanzando en esa dirección.
Hay otro aspecto que también creemos que es discriminatorio y por el que tenemos que seguir avanzando. Nuestra Constitución establece, en el artículo 119, la posibilidad de la Justicia gratuita. Es un derecho amparado por nuestra Constitución y recogido posteriormente por las leyes que la han desarrollado y que su señoría conoce perfectamente. Creemos que es el momento de establecer mecanismos que permitan que la justicia gratuita llegue efectivamente a aquellos ciudadanos españoles necesitados de la misma, que son aquellos que no tienen recursos económicos, ni ellos ni sus familias, y en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre, que no hay recursos económicos. Además, le voy a citar dos precedentes que incluso el Gobierno que representa su señoría ha tenido ocasión muy recientemente de poner en marcha. Recuerdo una reciente carta del Ministro de Asuntos Exteriores --el ámbito más adecuado de esta interpelación, evidentemente, sería el del Ministro de Asuntos Exteriores, pero creo que su señoría va a tener la suficiente comprensión para entender lo que estamos discutiendo-- en la que me decía, en relación a una preocupación que manifestaba sobre cuatro ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, lo siguiente: No se preocupe, señoría, porque, además, nuestros servicios consulares se van a ocupar de la defensa jurídica de estos ciudadanos españoles. Ese es un precedente importante, como el que conozco de hace dos años y medio en el consulado de Salvador de Bahía en Brasil. También el consulado se encargó de la defensa jurídica. Son precedentes, son excepciones que confirman una dirección que debe ser correcta y que evidentemente tiene un coste económico y un coste de preocupación por parte del Gobierno, pero si queremos equiparar correctamente los derechos de los ciudadanos españoles que están en prisión fuera de España y necesitan defensa jurídica cuando no tienen recursos económicos, el Estado español, los poderes públicos entre los que me incluyo, tenemos que responder a esa demanda y establecer mecanismos de apoyo en la dirección correcta.
Hay otro ámbito que también nos preocupa y que consideramos que necesita en este momento ser perfeccionado, y que, desde luego, está necesitado de que se le apliquen las medidas adecuadas. Este ámbito es el referido a la información y atención permanente a las familias.
A este respecto, no existe una acción coordinada en los mecanismos que el Gobierno de la nación tiene establecidos en las distintas áreas. Creemos que el Departamento de Asuntos Exteriores es el competente, al igual que consideramos que en él deberían existir mecanismos interdisciplinares --en los que deberían participar Justicia, Educación, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales-- que diesen respuesta a las necesidades de los ciudadanos que están en prisión y así como a las familias que demandan información sobre sus familiares presos.
No es de recibo que una familia española tenga que conocer la situación real en que se encuentra su familia en prisión, ese conciudadano nuestro que está detenido llamando por teléfono al consulado de turno, llamando a Nueva Delhi, a La Habana, a Rabat o a Tánger. Creemos, por tanto, que la Administración española en su conjunto, y particularmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, tienen que impulsar estas acciones con mayores medidas presupuestarias, evidentemente, pero también con mejores medios materiales y humanos.
Señora Ministra, yo le puedo decir que he discutido y he hablado de estas cuestiones con funcionarios y con el propio Ministro de Asuntos Exteriores, y todos ellos reconocen la necesidad de seguir avanzando en esa dirección. Considero, además, que éste es el momento portuno para hacerlo ya que el problema va adquiriendo cada vez mayores dimensiones.
Es verdad que hace diez años no existía el mismo número de españoles detenidos en el extranjero y que en este momento hay más, pero ¿por qué? Pues por una serie de

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razones evidentes. Todos estamos apostando por que España tenga una proyección exterior mucho mayor, proyección que, lógicamente, conlleva el que los ciudadanos españoles tengamos más problemas fuera y que los tengamos también con la justicia de los países que vamos a visitar. Son casi 60 los países en que hay españoles en prisión, en prisión preventiva muchos de ellos y con condena otros muchos.
Los mecanismos están establecidos. Ya digo que en los últimos quince años se han venido estableciendo, pero lo cierto es que tenemos que seguir avanzando en ello. Esto lo hemos discutido en ámbitos parlamentarios, en esta Casa tanto en Comisión como en Pleno. Precisamente en el mes de octubre aprobamos por unanimidad una moción con una respuesta muy positiva por parte de todos los grupos parlamentarios, moción que, curiosamente, como otras --y tengo que hacer una crítica aprovechando este momento--, como sus señorías saben, también tuvo que ser respondida por el Gobierno para informar sobre su cumplimiento. El día 30 de marzo se registró, concretamente en esta Cámara, el cumplimiento de esa moción, pero, tengo que decir que, lamentablemente, el informe del Gobierno ha sido muy penoso; ha sido de tan bajo tono, de un nivel tan bajo, que parece que ni se han detenido a conocer aquello que deberían haber incluido en el mismo. Es decir, el Gobierno ha hecho caso omiso del avance referido a los convenios y tratados internacionales que se han seguido firmando, de lo que tampoco da cuenta el Gobierno en este informe al que hago referencia. Se hace exclusivamente un informe sobre el papel que en materia educativa realizan el INBAD y la Universidad a Distancia, pero los datos que en él se dan son verdaderamente de muy bajo tono y, repito, muy penosos. Unicamente cinco reclusos españoles se han acogido a los estudios que tiene establecidos el Ministerio de Educación y Cultura.
Este número es ridículo. Y buena prueba de que los mecanismos no funcionan adecuadamente es el propio informe, este informe pacato que el Gobierno ha remitido al Senado. Creemos que hay que intensificar los esfuerzos, dar una mayor información y hacer realidad esa demanda necesaria.
Señora Ministra, señorías, creemos que las decisiones políticas que implican la puesta en marcha de actuaciones de interés social deben actualizarse progresivamente. De lo contrario, se anquilosan, no sirven para conseguir y mantener un principio de equidad social, que es lo que pedimos en este momento. La interpelación al Gobierno y a usted, señora Ministra, de este Senador, del Grupo Parlamentario Socialista, es constructiva. Con ella queremos impulsar la acción de Gobierno. Todos los que formamos parte de los poderes públicos tenemos responsabilidades --lo he dicho antes--, y yo me incluyo en ellas. Y en esa responsabilidad que tengo en este momento, debo tratar de impulsar la acción de Gobierno en un ámbito en el que ésta es precisa.
Queremos seguir avanzando en el camino que hemos iniciado, porque si nos paramos no podremos cumplir con la necesidad de justicia social que demandan esos ciudadanos y sus familias. Y no podemos olvidar a las familias, porque si lo hacemos estaremos olvidando a más de 15.000 personas que también están padeciendo esa situación.


El señor PRESIDENTE: Senador Díez, le ruego que vaya terminando.


El señor DIEZ GONZALEZ: Sí, señor Presidente.
Señora Ministra, éste es el motivo de esta interpelación. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere que la marginación o el sectarismo sean calificativos que se puedan atribuir a los poderes públicos, pero si no cubrimos estas expectativas eso podría hacerse por parte de esos conciudadanos y sus familiares, así como por la sociedad en general. En cualquier caso, creo que va a ocurrir todo lo contrario; es decir, que vamos a hacer un esfuerzo real para seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos que proclama nuestra Constitución, en la defensa de los derechos y libertades que también poseen esos ciudadanos españoles que se encuentran fuera de España, y que lo vamos a hacer desde la perspectiva de un principio que todos compartimos, como es el de la reeducación y la reinserción social.
Por tanto, el motivo de esta interpelación es buscar el acuerdo parlamentario con los grupos aquí representados, y que dicho acuerdo tenga como consecuencia la presentación de una moción constructiva que impulse la acción del Gobierno en la dirección correcta que todos esperamos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el contenido de su interpelación pone de manifiesto la preocupación que siente su Grupo por un problema que afecta a 1.335 españoles --y a todas sus familias-- que se encuentran detenidos en el extranjero, el 75 por ciento de los cuales lo está por delitos relacionados con el narcotráfico.
La asistencia a estos connacionales constituye una de las prioridades del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuenta para su ejecución con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares y con la red de consulados y secciones consulares de las embajadas de España en el exterior.
La protección a los detenidos españoles es uno de los aspectos más importantes de la labor consular, y se basa fundamentalmente en una serie de actuaciones que los cónsules realizan siempre que un español es detenido fuera de nuestras fronteras. Entre ellas, quisiera destacar ante sus señorías las siguientes. En primer lugar, la información al Ministerio de Asuntos Exteriores y, en su caso, a los familiares del detenido. Así, las oficinas consulares comunican a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares todas las detenciones de nacionales españoles que se producen en su demarcación consular y que, a su vez, les han sido comunicadas por las autoridades locales. Esta información

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se introduce en una base de datos protegida en cuanto a su difusión se refiere por la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
Una vez recibida la información, y siempre que el detenido lo autorice, la Dirección General de asuntos Jurídicos y Consulares se pone en contacto con sus familiares. Además, la oficina consular notifica a los servicios centrales todo cambio relevante que afecte a la situación personal o procesal del detenido. Estos cambios o novedades son puestos en conocimiento de los familiares de forma inmediata.
Igualmente, se realizan visitas a los detenidos en aplicación del artículo 36.1 del Convenio de Viena, de 1963, que reconoce a los funcionarios consulares el derecho a visitar a sus connacionales en prisión. Este es uno de los instrumentos más valiosos con que cuenta la oficina consular para evaluar la situación de los españoles que cumplen condena en el extranjero.
Dichas visitas se realizan con una frecuencia aproximada de un mes, según las circunstancias y las características de la demarcación consular. Así, tanto las oficinas consulares como la Dirección General de Asuntos jurídicos y Consulares tienen un conocimiento preciso de las necesidades de los reclusos, y a tal efecto se lleva en cada consulado un libro de visitas a detenidos en el que los internos dejan constancia de sus peticiones, observaciones y sugerencias.
Por otro lado, su señoría ha hecho referencia a las ayudas económicas. En este sentido, las condiciones de vida en los centros penitenciarios de determinados países son sensiblemente inferiores a las existentes en España y a las de los países de nuestro entorno. Por esa razón, y con el fin de suplir las carencias alimentarias o sanitarias de dichos centros, está previsto que en ciertos casos se concedan ayudas económicas a los detenidos.
Si existe la posibilidad de adquirir artículos de primera necesidad en el propio centro, los detenidos reciben una cantidad de dinero en metálico con ese fin. Sin embargo, cuando esa posibilidad no existe, son los propios funcionarios consulares los que compran los productos que les piden los reclusos y se los hacen llegar.
Las oficinas consulares pueden también proponer la concesión de una ayuda económica extraordinaria, normalmente por motivos de salud, elevando a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares la correspondiente solicitud de ayuda, destinada a la compra de medicamentos, a la realización de análisis o a sufragar los gastos originados por visitas médicas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dedicado a lo largo de 1997 74.260.217 pesetas en ayudas jurídicas y alimenticias, otorgadas a los españoles que cumplen condena en el extranjero, lo que supone un notable incremento sobre los 510 anteriores de 1996 para las mismas atenciones.
Respecto al asesoramiento jurídico, las oficinas consulares cuidan de que ningún español en el exterior quede en situación de indefensión ante una acusación criminal y, a tal fin, se realizan diversas actuaciones.
En primer lugar, para evitar que los detenidos sean víctimas de posibles engaños, les proporcionan una lista de abogados locales de reconocida solvencia.
Igualmente, las oficinas consulares prestan especial atención a las necesidades de traducción e interpretación que afecten a los detenidos en países de habla no hispana, poniendo a disposición de los mismos, si es preciso, al intérprete de la propia oficina consular.
En circunstancias excepcionales y cuando no hay un sistema apropiado de abogados de oficio en el país en cuestión, el Ministerio de Asuntos Exteriores puede contribuir a los gastos de defensa jurídica del detenido. Su señoría ha puesto de manifiesto un ejemplo concreto acaecido recientemente.
Como complemento al trabajo desempeñado por las oficinas consulares y secciones consulares de las embajadas de España en el exterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares realiza una labor dirigida a los familiares de los detenidos. Se les mantiene informados de cualquier cambio en relación con los mismos y se canalizan los envíos de dinero, correspondencia o, incluso, medicinas, cuando éstas son de difícil adquisición en la demarcación consular correspondiente.
Estas son en grandes líneas las actuaciones en que se basa la asistencia a los detenidos españoles en el extranjero.
En todo caso, sí quisiera señalar que la actividad consular en esta materia no se presta a una excesiva reglamentación, ya que cada país y, dentro de cada uno, cada caso individual, puede exigir, siempre en el marco descrito, una mayor o menor dedicación.
Además de la asistencia consular en sentido estricto, es necesario aludir a la política de traslados de personas condenadas, tendente a posibilitar que los españoles condenados en el extranjero cumplan su pena en nuestro país.
Como bien sabe su señoría, España tiene una red de tratados bilaterales de ese tipo muy superior a la del resto de los países de la Unión Europea u otros cercanos. Existen convenios bilaterales, en vigor o en aplicación provisional, con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Hungría, Marruecos, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Tailandia y Venezuela.
Creo, señoría, que con la información que he aportado en este momento y dando por supuesto que su interpelación tenía todo el espíritu constructivo, podemos ponernos a trabajar todos para mejorar las condiciones de vida de aquellos que no pueden cumplir la pena impuesta en España, en el bien entendido que la Ministra de Justicia trabaja intensamente para suscribir los tratados bilaterales para traslado de personas condenadas, para solventar problemas que pueden surgir a lo largo de esa aplicación; que, en este año, señoría, han sido trasladadas 42 personas; y que en el mes de junio viajo nuevamente a Marruecos para tratar de solventar el problema de las personas insolventes.
Por último, quiero poner de relieve ante la Cámara que la preocupación de su señoría es absolutamente compartida

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por el Gobierno y, muy en concreto, por la Ministra de Justicia.
Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Díez González, por tiempo de cinco minutos.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señora Ministra.
Reconozco que el informe del Gobierno tiene una concreción ubicada en el Ministerio de Asuntos Exteriores que usted se limita a relatar. Lo que a este Senador más le ha satisfecho es la parte final de su intervención, y lo digo sinceramente, porque la parte anterior da la sensación de que lo que estamos haciendo está bien y que no hay nada que mejorar. Señoría, hay mucho que mejorar, si no no tiene razón de ser ni la interpelación ni sus últimas palabras. Es decir, estamos en un momento en el que debemos hacer esfuerzos para mejorar la acción de nuestra Administración.
En el ámbito de los convenios y tratados internacionales estamos siguiendo la política correcta. Lo decía el pasado miércoles en la Comisión de Interior cuando comparecía el Secretario de Estado de Seguridad, el señor Martí Fluxá. Mantuvimos un debate sobre la aplicación de los convenios y tratados internacionales y se comentó cuál era el número de reclusos españoles que en los últimos diez u once años habían venido a España por mor de la aplicación de estos convenios. Llegábamos a una misma conclusión, estábamos de acuerdo. Continuamos en esa política que se inició y que es correcta, con la que España está dando ejemplo del cumplimiento de una política que da buenos resultados. Sigamos en esa dirección.
Me alegra que su señoría diga que va a visitar Marruecos porque le consta que con ese país existe algún problema. Hemos de felicitarnos de que el convenio con Marruecos esté funcionando correctamente en este momento, sin embargo, tenemos problemas; hay del orden de 60 connacionales nuestros recluidos en prisiones marroquíes, con sanciones económicas que impiden la aplicación del convenio bilateral y, por lo tanto, tenemos que resolver ese problema. Hay que hacer un esfuerzo por resolverlo, toda vez que imagino que se habló de ese tema en la reciente cumbre celebrada al más alto nivel en Marruecos hace tres semanas; si no fue así, debe tocarse ese tema para resolver el problema. Además, en este caso, tenemos la posibilidad de discutir con un Gobierno que acaba de entrar en el Reino alahuita y de mejorar esas condiciones.
Considero que en el ámbito de los convenios y tratados internacionales estamos siguiendo la dirección correcta, pero no lo estamos en lo que se refiere a la ayuda directa a los españoles que se encuentran en prisión fuera de nuestro país.
Creemos que resolver la defensa jurídica gratuita, en definitiva, la justicia gratuita es justo, razonable y necesario que se haga en este momento. Tenemos que hacer un esfuerzo, no tiene que ser excepcional. En este caso, la excepción es la que confirma la regla. Es una excepción. Le citaré dos casos de los muchos que conozco. Tenemos que resolver y mejorar la actuación en lo que se refiere a aquellos internos españoles que quieren seguir estudiando a través del INBAD o de la UNED, es decir de los organismos establecidos por la universidad a distancia. Y no tiene que darse la circunstancia de que el cónsul --y estamos hablando de una ciudad muy cercana como es Rabat-- tenga que pedir libros de texto y unidades didácticas a las editoriales para dotar de una biblioteca a los españoles internos en la prisión de Rabat. Debe ser el propio Ministerio de Educación y Cultura el que facilite y ponga al alcance de nuestros conciudadanos esa serie de medidas que hacen posible la reeducación y reinserción, puesto que ésta es la política por la que estamos apostando.
Tenemos que establecer mecanismos, y su señoría también lo decía, que proporcionen un vínculo mejor del que existe en este momento entre las familias y los reclusos. El drama no es solamente de los reclusos, sino que fundamentalmente es de las familias. En muchas ocasiones me escriben cartas, concretamente anteayer recibí una de la esposa de un camionero español que está en prisión en Tánger y es madre de tres hijos de 12, 9 y 7 años, que se ve en la obligación de visitar a su marido todos los meses para llevarle alimentos y animarle. Esa es otra dimensión del problema, y tenemos que analizarla y ofrecer alternativas desde el Gobierno.
Creo --y con esto termino--que en este momento existe una buena sintonía en la Cámara, como la hubo el 29 de octubre. Asimismo, espero que haya una sintonía por parte del Gobierno que haga posible que la moción consecuencia de esta interpelación sea aprobada por toda la Cámara, incluso el Gobierno, porque tenemos que avanzar. Si no se continúan estas políticas sociales de progreso --lo decía anteriormente-- se anquilosan y no sirven para los objetivos para los que se pusieron en marcha. Los objetivos son de igualdad y de justicia, y en esa dimensión y coincidencia con este problema, su señoría, el Gobierno, va a tener de acuerdo al Grupo Parlamentario Socialista y a este portavoz que le habla.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Creemos que es el momento de dar un paso adelante y no quedarse con el discurso que le han preparado a usted, señora Ministra, desde el Ministerio de Exteriores: «Estamos haciendo; estamos haciendo...» No es suficiente lo que estamos haciendo, tenemos que dar pasos más avanzados en la dirección de la solución del problema.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez González.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? No hacen uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador don Imanol Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, en la Carta a los Hebreos se dice: «Acordaos de los presos como si estuvierais con ellos encarcelados.» Este buen consejo Paulino me induce a estimar la sensibilidad que rezuma hacia aquéllos la presente interpelación con la que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sintoniza plenamente en todos sus términos por el gran sentido positivo que en ella se transmite.
Por otra parte, la señora Ministra ha explicado muy bien la temática actual y la política que se sigue al respecto pero, sin duda, puede ser mejorable y, por lo tanto, mejorada. Estamos en esa sintonía.
Es por ello por lo que prácticamente nada tenemos que corregir con respecto a lo tratado hasta el presente y prácticamente nada que añadir.
Sin embargo, sí nos sentimos obligados a hacer algunas consideraciones con la idea de que ilustre modestamente los deberes humanos y humanitarios de la sociedad hacia los que padecen penas de prisión.
Es evidente que la situación anímica y material de los presos no debe ser ajena a la preocupación parlamentaria ni a la consideración de los ciudadanos. Tampoco debe ser ajena al sentido de responsabilidad del Gobierno sobre el particular en su condición de máximo garante sobre la salud y condiciones de los presos, dicho sea en su más extensa medida.
Señorías, no cabe duda de que la situación humana de los presos y el respeto debido a todos y a cada uno de sus derechos humanos debe ser parte integrante de la labor parlamentaria, sabiendo expresarles nuestra disposición de ayuda en las dolorosas situaciones que pueden atravesar y buscando su proximidad con sus familiares en todo lo posible. Todos, absolutamente todos los encarcelados, independientemente de las razones de su prisión, son merecedores de una atención humana acorde con su condición de personas. Son personas que sufren y son ciudadanos nuestros.
Son seres humanos en situación y condiciones harto difíciles. Quienes sustentamos la representación ciudadana no podemos ser ajenos a este sufrimiento humano, de manera que ni la naturaleza de los delitos imputados ni cualquier otra consideración del orden que sea puede ser razón suficiente para desvirtuar esta apreciación fundamental.
Apreciación fundamental que, si bien en esta interpelación se refiere concretamente a ciudadanos de este país internados en cárceles extranjeras, debe ser aplicable, por pura analogía y plenitud lógica, a los internados en las prisiones del propio Estado.
En todo caso y sin excepciones, es nuestro deber abogar por la defensa de los derechos humanos y del trato exquisitamente humano que les deben ser reconocidos y aplicados en todo momento a tenor de su misma dignidad humana, la misma dignidad humana que configura la igualdad de todos los seres humanos en su condición de tales. Trato y derechos humanos dispuestos desde una normativa legal y resueltos desde la perspectiva exclusiva de los derechos individuales de las personas implicadas, al margen siempre de toda politización o interés de parte, y sin otra mira que la de su reinserción o reincorporación a la sociedad en condiciones deseables y noblemente compartidas. Axioma incuestionable es que todo preso es inalienablemente portador de derechos humanos inherentes a toda persona, los cuales deben ser respetados si no se quiere que sufra un grave deterioro la dignidad humana, que siempre le acompaña en cuanto persona que es. Reiterarnos una y mil veces en el aspecto de la dignidad humana no nos produce fatiga alguna.
Por consiguiente, señorías, con voluntad firme y serena decisión en pro de un tratamiento eficaz que redunde en alivio de los conciudadanos encarcelados en el extranjero y su acercamiento al país de su origen es cuanto, en definitiva, trata de introducir en nuestras conciencias el contenido esencial de esta interpelación.
Estas breves consideraciones nos conducen a las tres siguientes conclusiones aplicables a todos los presos, sin excepción, y cuando decimos sin excepción, nos referimos en los términos más absolutos a los de allí, en el extranjero, y a los de aquí, en nuestra propia casa.
Primero, exigencia en todo momento y lugar de la observancia rigurosa de las normas que garantizan la tutela de los derechos personales de los vascos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya terminando.


El señor BOLINAGA BENGOA: Voy terminando, señor Presidente.
Segundo, la justa y equitativa aplicación de las facultades discrecionales relativas a los presos por parte de las autoridades pertinentes en consideración a cada uno de ellos y al margen de planteamientos colectivos, como por ejemplo, su liberación al cumplir los tres cuartos de la pena impuesta, enfermedades incurables, etcétera.
Tercero, la progresiva aplicación de los principios inspiradores de la política de humanización de la propia política penitenciaria, en particular, en lo que se refiere a la aproximación de los presos a sus lugares de procedencia y de su entorno familiar, a pesar de que el alejamiento, hipotéticamente, pudiera caber dentro de las reglamentaciones vigentes.
Entendemos también, y voy terminando, señor Presidente, que el móvil fundamental de la interpelación es el de primar la sensibilidad general con el sufrimiento de los familiares de los presos. Familia y familiares que son inocentes y ajenos a los delitos cometidos por el preso, que le han sido imputados como causa de su internamiento penal. Familia de padre, madre, hermano, mujer, hijos e hijas, todos ellos inocentes y que no tienen por qué penar, que no tienen por qué añadir a su inmensa pena por la separación en prisión de un ser querido, el dolor y el gran coste económico que supone un alejamiento geográfico forzoso y, a veces, desconsiderado, que en sí mismo es la antítesis del enorme significado de la aproximación para la noble y debida política de reinserción de todo internado en prisión.
Nuestro grupo agradece y acoge el interés mostrado por su señoría, Senador Díez.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga Bengoa.


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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra don Salvador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La interpelación que ha presentado el Senador Ignacio Díez González, por el Grupo Parlamentario Socialista, ha esbozado a grandes rasgos su preocupación y la dimensión del problema, en primer lugar, por la necesidad de unas ayudas que precisa este contingente de españoles que están en situación preventiva o bien cumpliendo condenas en cárceles extranjeras.
Dice que hay que mejorar los mecanismos arbitrados, evitar las discriminaciones, hacer una mayor esfuerzo para equiparar las condiciones de los presos españoles respecto de los españoles que están cumpliendo condena en cárceles en países extranjeros, implantar la justicia gratuita y, por último, potenciar estas atenciones familiares, esta información permanente, tanto al preso como a los familiares.
Nuestro Grupo ya tuvo ocasión, con motivo de la presentación de la moción el 21 de octubre de 1997, de dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de nuestra sensibilidad ante este problema, un problema que no sólo queda incardinado en esas deficiencias de masificación o hacinamiento, alimentación y condiciones higiénicas, sino también en reiterados ataques a los derechos humanos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por otra parte, con motivo de la presentación del informe del Defensor del Pueblo, este Senador que les habla también tuvo la oportunidad de dejar constancia de esta sensibilidad y puso de relieve la necesidad de no escatimar esfuerzos a fin de conseguir paliar dicha situación, bien a través de los convenios o tratados bilaterales, al aprobarse la moción presentada por su señoría que instaba al Gobierno a agilizar estas negociaciones de los convenios pendientes de firmar, bien extremando estos esfuerzos a través de las oficinas consulares.
Ciertamente, no podemos relajarnos ante este tipo de preocupaciones, pero, en honor a la verdad, debemos puntualizar que, tal y como ya lo hizo también el Defensor del Pueblo, la Administración pública española no es responsable de las carencias que presentan las prisiones en el extranjero ni puede supervisar la actuación de las autoridades penitenciarias de otros países, lo que, evidentemente, depende de la soberanía de los Estados y la vigencia territorial de las leyes penales.
Creo que hoy día nos sigue preocupando a todos los grupos parlamentarios, al igual que al Gobierno, la precaria situación y condiciones de vida de dichos ciudadanos españoles durante su permanencia en las prisiones extranjeras, en especial, en las situaciones contempladas, tal como ha dicho su señoría, en el Magreb y en los países iberoamericanos y asiáticos.
Evidentemente, sin perjuicio de las cláusulas estipuladas en los diversos convenios o tratados bilaterales suscritos por España y al amparo del Convenio de Estrasburgo y relativo al tratado de Personas Condenadas, consideramos necesario que se respeten las garantías que la Constitución Española otorga a los ciudadanos españoles que se encuentran detenidos o procesados en el extranjero. Ante dicha situación, no se puede obviar que, tal como se ha expuesto en muchas ocasiones, se hace difícil que al ciudadano español involucrado en un proceso penal le sean respetados íntegramente los derechos que la Constitución Española concede a sus nacionales, dado que en la mayoría de estos países que ha mencionado su señoría, de ámbitos culturales diferentes al nuestro, el reclamar el ejercicio de esos derechos constitucionales probablemente supondría inmiscuirse en la soberanía de dichos países.
Por consiguiente, frente a tal situación, debería arbitrarse una serie de medidas que básicamente deberían llevar a cabo las diversas embajadas u oficinas consulares españolas. En primer lugar, sería necesario que desde el primer momento de la detención del ciudadano español éste dispusiera de ayuda y apoyo de la oficina consular, facilitándole, por ejemplo, un intérprete y un abogado que le prestasen la correspondiente asistencia jurídica, así como la posibilidad de poder contactar con sus familiares.
En este sentido --y ligo con la pretensión de su señoría--, las oficinas consulares deberían dar el primer paso, a fin de que los ciudadanos españoles fueran asistidos y tuvieran la posibilidad de acceder a esta asistencia gratuita, tal y como preceptúa la Ley 1/1996, de 10 de enero, si bien habría que modificarla en el sentido de poder habilitar las correspondientes partidas presupuestarias que habrían de gestionar las embajadas o consulados a tal fin.
En definitiva, el Gobierno, a través de la señora Ministra, nos ha dado puntual explicación de la situación en que se halla en estos momentos el cumplimiento de los convenios y tratados bilaterales. Evidentemente, estamos avanzando, pero no podemos ni debemos permitir ninguna rebaja en este orden de cosas. Por el contrario, debemos impulsar, en este despliegue de medidas complementarias, la articulación de estos convenios.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez González.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la posición de los Grupos que me han precedido en el uso de la palabra, incluida la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que me consta que está en la misma dimensión y, desde luego, decir al Gobierno, una vez más, que tenemos la oportunidad de impulsar una política en la que coincidimos en lo básico. Eso es lo más importante en un debate político cuando tenemos que responder a expectativas de la sociedad y cumplir mandatos que la Constitución establece. Creo que en este debate este ámbito de acuerdo va a propiciar que en el próximo Pleno la moción consecuencia de interpelación sea una moción de todos los Grupos de la Cámara, incluida también la participación del Grupo que sustenta al Gobierno, y evidentemente ello va a posibilitar que se avance en ese ámbito de

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la justicia donde creemos que las injusticias y la discriminación existen, siendo positivo no solamente para estos ciudadanos y sus familias, sino para hacer frente a las demandas de la sociedad que así lo requieren.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Jaén.


El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presiente.
Señoras y señores Senadores, acudo a la tribuna no sólo por cortesía parlamentaria, que creo que corresponde, sino muy especialmente por la importancia que tiene el tema que hoy se debate en esta interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No es un tema nuevo, ya que en otras ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de él.
El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha hecho referencia al informe del Defensor del Pueblo del año 1996. En ese informe hay una referencia expresa a la situación de los presos españoles en el extranjero. Esta preocupación me consta que el alto comisionado de las Cortes Generales la sigue manteniendo. Tuve la oportunidad de entrevistarme con él hace tres meses, el 10 de febrero concretamente, le pude exponer la singularidad de un caso, y comprobé que tiene esta preocupación y que también se plasmará en el informe correspondiente al año 1997.
Hay quejas de los familiares de estos detenidos porque son personas que en muchas circunstancias, no en todas, viven en situación extrema. No voy a citar cárceles que sus señorías conocen por esas condiciones infrahumanas y que en la mente de todos están, pero hay que tener en cuenta las condiciones de vida, de higiene, de salubridad e incluso de seguridad, pues la vida misma corre peligro en algunas prisiones.
Desde el año ochenta los gobiernos del Reino de España han desarrollado una política positiva, que se ha acentuado en los últimos tiempos con la firma de nuevos tratados de cooperación bilateral, de asistencia jurídica. En concreto, convendría referirse a uno de los más recientes, al de Marruecos, para felicitar al Gobierno de forma muy sincera. También se pueden mencionar otros convenios con Ecuador, con Panamá, con Costa Rica --este último fue tratado en un Pleno de esta Cámara hace un par de semanas-- y con Rusia, firmado no hace mucho tiempo.
Lo que viene haciendo el Gobierno, lo ha explicado la señora Ministra y sus representantes. También el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha hecho una referencia expresa a las limitaciones existentes: por una parte, la soberanía del propio Estado y, por otra, la imposibilidad de que el Gobierno pueda supervisar actuaciones fuera de territorios que no corresponden a los límites del Estado.
La situación actual también la han descrito sus señorías y yo no la voy a reiterar. A una pregunta de este Senador, en el mes de enero, el Gobierno me contesta que había 1.406 presos en diversos sitios de la geografía mundial y que estaban agrupados fundamentalmente en torno a tres países (la mayoría, casi el 40 por ciento, entre Francia, Marruecos y Alemania) y que los delitos más habituales --también se ha citado--, en torno al 75 por ciento, corresponden a temas de tráfico de drogas y en cuanto a delitos comunes, el robo, la violación y el homicidio son los más corrientes.
Antes de concluir mi intervención, señorías, quiero hacer una referencia a un preso singular. Evidentemente, las personas son todas singulares; la misma palabra personal ya significa singularidad, y comparto aquí toda la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en cuanto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos.
Este preso singular es un compatriota nuestro que fue detenido incumpliendo el artículo 36 del Convenio de Viena, porque Estados Unidos, en concreto el Estado de Florida, no comunicó al Consulado su detención.
Este preso, Joaquín José Martínez, que está en la prisión de Sparks, al norte de Florida, está a la espera de una apelación ante la Corte de este Estado, porque fue condenado a muerte. En este momento, cuando estamos a punto de conmemorar el L Aniversario de la Declaración de la ONU de los Derechos Humanos, de 1948, no quiero --y creo que sus señorías estarán de acuerdo conmigo-- hacer un alegato contra la pena de muerte, porque ése no es el debate en este momento, pero sí mostrar nuestra solidaridad con todos los compatriotas y muy especialmente con este que se encuentra en circunstancias tan adversas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Jaén. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente, señorías.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer el tono de todas las intervenciones, fundamentalmente el del interpelante, porque él es el que establece el que va a ser el general en las siguientes intervenciones.
Su señoría ha dicho que le ha gustado más la última parte de mi intervención que la lectura de los datos aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero comprenderá que en la segunda parte estaba hablando de lo mío, y en la primera lo estaba haciendo por sustitución.
Por eso me tenía que atener estrictamente al guión.
Sí quisiera poner de manifiesto, ante sus señorías, que la preocupación manifestada por los distintos portavoces es compartida por esta Ministra de Justicia, que no ha dejado de trabajar ni un solo momento por conseguir unas condiciones más adecuadas para los presos, por lograr que los presos que puedan ser trasladados lo sean y por obviar una serie de problemas que surgen de forma inevitable.
Si en el año 1990 se consiguieron sólo 38 traslados de presos, en el año 1997, el de 161 condenados, y en este año, como he mencionado antes, 42, creo que vamos por el

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buen camino, pero creo que hay que seguir propugnando esta serie de convenios para traernos a nuestros condenados para que cumplan la pena en España.
Como es evidente, todo lo que sus señorías puedan aportar de positivo para que este problema que existe sea solucionado a más corto plazo bienvenido sea en beneficio de la ciudadanía que, al fin y al cabo, es a la que tenemos que servir todos nosotros.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON JON GANGOITI LLAGUNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS CRITERIOS O PARAMETROS A APLICAR POR EL GOBIERNO EN LA NUEVA REFORMA DE REPARTO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES (670/000087).


El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o parámetros a aplicar por el Gobierno en la nueva reforma del reparto de los Fondos Estructurales.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente, señor Ministro, señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario presenta esta interpelación con vistas al gran debate que va a tener lugar en Bruselas de aquí al 31 de diciembre de 1999, con motivo de lo que ha sido denominada Agenda 2000, que presentó el presidente de la Comisión Europea, señor Santer. Una Agenda 2000 en la que prácticamente hay tres puntos fundamentales. En primer lugar, las perspectivas financieras del 2000-2006. En segundo lugar, el tema de la ampliación que --como saben sus señorías-- ha arrancado ya esta primavera. Y, en tercer lugar, la reforma de los Fondos Estructurales.
En concreto, habría que abordar esta reforma de los Fondos Estructurales, sólo de los estructurales y no de los de cohesión, porque nuestro Grupo --y esto queremos que quede claro ya desde este momento-- piensa que no deben ser tocados por mucho que nuestro Estado haya entrado en el euro.
El Tratado de Maastricht a este respecto era muy claro. Decía que los Fondos de Cohesión eran un instrumento para logar una mayor convergencia de los Estados del sur de Europa y de Irlanda y no citaba para nada la desaparición de los mismos en el caso de que se accediese al euro. Se decía que estos fondos seguirían existiendo mientras no se alcanzase el 90 por ciento del PIB de la media comunitaria. En nuestro caso, desde luego, todavía no hemos alcanzado ese 90 por ciento, con lo cual queda fuera de toda duda y de toda discusión, como ha tratado de recalcar algún Estado, que los Fondos de Cohesión deban ser renovados y que debemos ser sus beneficiarios.
Me centraré, por lo tanto, tal y como decía, en el tema de los Fondos Estructurales. Si repasamos un poco la historia de los Fondos Estructurales y, sobre todo, la de los vigentes en estos momentos, basándonos en lo que en 1993 se denominó como «el paquete Delors II», comprobaremos que los Fondos Estructurales tienen un parámetro básico, que es la renta per cápita, el PIB de los diferentes Estados de la Unión Europea y de las diferentes regiones, Comunidades Autónomas, nacionalidades, etcétera.
Es cierto que nuestro Estado tiene una participación importante en los Fondos Estructurales. Ahora bien, en estos momentos y desde el pasado año, sobre todo a raíz de las elecciones francesas y del nuevo Gobierno francés, su señoría sabrá que un nuevo concepto ha cogido fuerza en la Unión Europea, el del empleo, un concepto al que el Presidente anterior de la Comisión, el Presidente Delors, le dio una gran importancia. Hubo un Libro Blanco del Presidente Delors a este respecto que no fue aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno. Posteriormente, el actual Presidente de la Comisión, Jacques Santer, publicó un documento para hacer frente a esta gran lacra que sufre la sociedad europea que quizás sea la mayor que tenemos: el desempleo.
Desgraciadamente, el Consejo Europeo no hizo caso en su momento al Presidente Delors ni posteriormente al Presidente Santer. Y el año pasado, por las circunstancias que he citado, el tema del empleo ha tomado de nuevo fuerza, por lo que dentro de unos días va a haber una cumbre en Cardiff para la cual todos los Estados han presentado su programa al respecto con el «avis», con el dictamen de la Comisión Europea que todos conocemos y de acuerdo con el plan de cada uno de los Estados.
El desempleo es, por lo tanto, el problema más importante que tienen hoy en día las sociedades europeas. Como por primera vez el Consejo, que no la Comisión Europea, se ha tomado en serio el tema del desempleo, nosotros pensamos que, de cara a la reforma de los Fondos Estructurales para el horizonte 2000-2006, debería introducirse el parámetro «desempleo» en la distribución de los fondos; un parámetro que, obviamente, significa ante todo y sobre todo solidaridad. Introducir el parámetro «desempleo» en el reparto de los Fondos Estructurales y en el acceso a los mismos significaría que estamos caminando hacia una Unión Europea más cohesionada socialmente desde un punto de vista social.
Evidentemente, el Estado español sería el más beneficiado al respecto.
Hay que tener en cuenta cuál es la media comunitaria de desempleo y cuál es nuestra media de desempleo, que es casi el doble de la comunitaria.
Pero, desde luego, ésa es la realidad. Si se introdujese ese parámetro nos veríamos, desde nuestro punto de vista, más beneficiados, pero qué más quisiéramos que tener un índice de desempleo por debajo de la media comunitaria; qué más quisiéramos que tener regiones como Lombardía, como la zona de París, o como la de Baden-Württemberg con un alto nivel de renta per cápita y con un bajo índice de desempleo.
Si observamos las últimas estadísticas de que dispongo, del Eurostat, de la Comisión, de la Unión Europea, vemos

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que entre las 25 últimas regiones europeas en cuanto a PIB, existen sólo tres regiones del Estado español: Extremadura, Andalucía y Galicia. Y, en cambio, si vemos cuáles son las 25 regiones con mayor desempleo a nivel de toda la Unión Europea, comprobaremos que, entre esas 25, existen, según los datos que poseo del Eurostat, 11 Comunidades Autónomas.
Por tanto, como vemos, hay un problema de PIB, de renta per cápita, ya que no alcanzamos la media comunitaria. Eso es una realidad. Pero existe, sobre todo, un problema mayor: el tema del desempleo. Entre las 25 últimas regiones en cuanto a riqueza, vuelvo a insistir, se encuentran tres regiones españolas, pero en cuanto a las 25 regiones con mayor índice de desempleo, existen, señorías, no tres, sino once.
Por ello, nuestro Grupo ha traído aquí esta interpelación, porque nos parecería oportuno que el parámetro desempleo fuese incluido de cara a la adjudicación a los diversos Estados de los Fondos Estructurales.
Evidentemente, como he dicho, nos beneficiaríamos de esa situación, pero creemos también que en una Europa que empieza a hablar del desempleo, en una Europa que va a tener una cumbre especial en Cardiff al respecto, donde se presentan unos planes pero donde, en cambio, no hay más medios económicos para hacer frente al desempleo, ello daría realmente credibilidad de cara a los ciudadanos europeos.
Con ello, señorías, acabo la interpelación que presenta nuestro Grupo a expensas de lo que diga, en su respuesta, el señor Ministro.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti Llaguno.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a contestar en nombre del Gobierno a la interpelación que formula el Senador Gangoiti en relación con las perspectivas financieras, la Agenda 2000 y su vinculación con el empleo.
En primer lugar, quería agradecer al Senador su interpelación, por el tono en que ha sido formulada y también porque creo que la sociedad española en su conjunto agradece siempre cualquier tipo de iniciativa que, sobre empleo, se pueda presentar en las Cámaras. Como ha dicho su señoría, el empleo constituye hoy la primera preocupación no sólo de los españoles sino del conjunto de la sociedad europea. Me parece que es muy importante que esa preocupación se vea respondida desde el ámbito parlamentario tocando los temas fundamentales que afectan al empleo y también las preocupaciones que tienen los ciudadanos.
De alguna forma, no nos ha sorprendido esta interpelación porque ya cuando tuvo lugar el debate sobre los planes de empleo, su señoría anticipó una preocupación singular sobre este asunto y yo también, en nombre del Gobierno, le dije que contestaríamos encantados a esa preocupación singular. La verdad es que en su intervención se han expuesto varios asuntos de suma importancia.
El primero de ellos, en el que me gustaría hacer hincapié, es que sería enormemente positivo para el futuro que tuviéramos sistemas de medición de empleo idénticos en el ámbito de la Unión Europea. Sabe usted que, en ocasiones, sobre todo tienen aceptabilidad los que están más cercanos a las encuestas de población activa, pero todavía no hemos conseguido un indicador idéntico en materia de medición de empleo. Aprovecho este debate para decir que me parecería muy oportuno, porque voy a coincidir con su señoría en la necesidad de que en el futuro en los Fondos Estructurales el elemento desempleo tenga mayor influencia de la que tiene hasta este momento.
Ha hecho una reflexión correcta sobre la posición de las regiones españolas según los datos de Eurostat en términos renta per cápita y en términos de empleo, pero al amparo de esa reflexión quería añadirle que sería muy positivo unificar los sistemas de medición de empleo y que yo soy bastante más partidario de que sigamos el camino de la unificación de la medición del empleo por encima de lo que significan los registros de medición de paro.
Su señoría lo ha dicho muy correctamente. Ha hecho alusión al Documento Delors referido a Fondos Estructurales y ha dicho que básicamente --ha dicho su señoría «básicamente»-- el criterio que se tiene en cuenta es el de la renta per cápita. Me parece muy correcto que haya dicho «básicamente», porque, como conoce su señoría, no es el único criterio que se tiene en cuenta; de hecho, en el artículo 12 del Reglamento 2.081/1993 se viene a decir que la Comisión, con arreglo a procedimientos transparentes, establecerá distribuciones indicativas por Estado miembro para cada uno de los compromisos de los Fondos Estructurales teniendo plenamente en cuenta los siguientes criterios objetivos: prosperidad nacional, prosperidad regional, población de las regiones y gravedad de problemas estructurales, incluido el nivel de paro. Luego en este momento nos encontramos con que el nivel de desempleo se tiene en cuenta a la hora de la aplicación de los Fondos Estructurales, pero yo entiendo de su interpelación que cree que debe coger más peso y que no debe ser el criterio preferencial el de la renta per cápita. Y el Gobierno tiene que compartir eso en unos momentos en que se han producido dos elementos claves: en primer lugar, la firma del Tratado de Amsterdam, en lo que significa la incorporación del nuevo título sobre el empleo como antesala de un compromiso común de una política comunitaria de empleo, y, en segundo lugar --como también ha señalado su señoría--, la presentación de los distintos planes de empleo por los países de la Unión Europea ante la Comisión.
Actualmente, en el Objetivo 1 el criterio de desempleo se utiliza en dos momentos: en primer lugar, cuando la Comisión decide el reparto de fondos entre los diferentes países que tienen territorios que están incluidos dentro de los elegibles --ahí se produce una primera intervención-- y, en segundo lugar, una vez que se han fijado las cantidades que corresponden a cada uno de los países, la tasa de paro es un criterio corrector del reparto entre las distintas Comunidades Autónomas. Luego en el Objetivo 1, en este momento, independientemente del documento de modificación que se ha producido de cara al futuro y de reglamentación,

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se produce ya la presencia del criterio desempleo.
También en el Objetivo 2 el paro es un criterio, que viene establecido en el artículo 9, para determinar en este caso qué zonas son las exigibles, y más concretamente se exige una tasa media de paro superior a la media comunitaria registrada en el transcurso de los últimos tres años.
En lo que se refiere al Objetivo 3 --que, como sabe, está dirigido sobre todo a combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción profesional de los jóvenes--, el paro de larga duración y el desempleo juvenil han sido utilizados por la Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 --que he mencionado al principio de esta intervención--, como un elemento también definitivo para el reparto de los recursos en los Objetivos 3 y 4. En este caso no estamos hablando de media de paro en los últimos tres años, sino de la cuantificación del paro de larga duración y del desempleo juvenil.
El Objetivo 4 está íntegramente concebido en este momento para preparar a los trabajadores a afrontar con la debida cualificación las mutaciones industriales que se produzcan, todo ello con una filosofía preventiva para evitar la pérdida de los empleos.
Luego, señoría, ésa es la situación de la que partimos. Elementos fundamentales: el Tratado de Amsterdam --al que he hecho referencia-- y también la Cumbre de Empleo de Luxemburgo y los nuevos planes de empleo.
Sí quiero decirle que el Gobierno español, en ese proceso de negociaciones complejo --que, tal como ha anticipado usted, finalizará a finales de 1999--, tiene como objetivo claro que el Objetivo 3 --y perdón por la redundancia--, que está orientado a apoyar la adaptación y la organización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo, sea de cara al futuro un objetivo horizontal y que tenga capacidad de actuación en todo lo que significa el territorio.
Ese me parece un elemento central en este Objetivo 3, que es el que tiene mayor capacidad de coordinación, mayor capacidad de políticas horizontales de cara al futuro, y en este sentido nosotros vamos a dar esa batalla política en la negociación. Quiero garantizarle que la posición del Gobierno con respecto a los Fondos Estructurales 2000-2006 está clarísimamente vinculada al factor desempleo, por dos razones: porque, como ha dicho usted, ése es un criterio beneficioso para España en sus actuales condiciones de empleo o desempleo; ojalá que en el futuro no tengamos que hablar de 11 Comunidades Autónomas que estén en las 25 que ha citado su señoría; y, en segundo lugar, porque nos parece que la Unión Económica y Monetaria tiene todo el sentido si se acompaña con la Europa del empleo. Luego tiene todo el sentido histórico, todo el sentido práctico e interesa, en la defensa de los intereses generales de España, que el factor desempleo sea determinante en la negociación de los Fondos Estructurales y de la Agenda 2000.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra, Senador Gangoiti, por cinco minutos.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir que, en aras de la brevedad del debate --porque ha sido muy claro--, anuncio que renunciaré al turno de portavoces.
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ministro de que es necesario unificar los indicadores de empleo.
Ese es un problema con el que llevamos largo tiempo a nivel comunitario y que exige una solución. Ha hablado el señor Ministro de que en el actual Reglamento de los Fondos Estructurales, el del Paquete Delors II, el Objetivo 1, el paro, actúa como un elemento corrector --de acuerdo-- y que lo mismo ocurre en el Objetivo 2. Ahora bien, en el proyecto que ha presentado la Comisión Europea, dentro de la Agenda 2000, nosotros vemos algunas cosas preocupantes. Por ejemplo, que se fusionan una serie de objetivos: el Objetivo 2, el de las regiones en declive industrial, con el Objetivo 5.A, de estructuras agrarias y pesqueras. Yo, desde luego, no veo mucha relación lógica para fusionar regiones en declive industrial con estructuras agrarias y con regiones de desarrollo rural y pesquero.
Pero es que además, en esa reducción de los objetivos, hay, como sabe el señor Ministro, otra fusión, que es la de los Objetivos 3 y 4 actuales: el de la lucha contra el paro y el de las mutaciones industriales. En el documento que ha presentado la Comisión Europea --y esto nos preocupa-- hasta ahora las regiones que se beneficiaban del Objetivo 3, lucha contra el paro, también podían ser Objetivo 2, regiones industrializadas en reconversión. En cambio, según el proyecto que presenta en estos momentos la Comisión Europea, las regiones Objetivo 2 no podrán beneficiarse del nuevo Objetivo 3. Nos parece un planteamiento muy poco lógico el que hace la Comisión Europea, ya que las grandes bolsas de paro, desgraciadamente, como todos sabemos, están o en las regiones subdesarrolladas o en antiguas regiones industrializadas en reconversión. Eso lo vemos a nivel del Estado español; lo vemos en Bélgica, por ejemplo en toda la zona de Lieja; lo vemos en Francia, en Nord Pas de Calais, por lo que nos parece absurdo que la Comisión introducta este nuevo criterio, es decir, que las regiones que sean Objetivo 2 no puedan beneficiarse del nuevo Objetivo 3, teniendo en cuenta además otra cosa que reconoce la Comisión Europea: la capacidad endógena de las antiguas regiones industrializadas en reconversión, de cara a poder generar empleo, si hay unas inversiones adecuadas en industrias de futuro y no en industrias obsoletas; término este, capacidad endógena, acuñado precisamente por la propia Comisión Europea. Por tanto, señor Ministro, quiero decirle que nos preocupa este planteamiento que hace la Comisión Europea en el plan que ha presentado, en este proyecto de arranque que va a ser discutido por todos los Ministros de los 15 Estados europeos.
Por último, señor Ministro, me alegro de que en toda la discusión de los Fondos Estructurales, en la política del Gobierno el concepto de desempleo vaya a jugar un papel importante.


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Cuando presentamos esta interpelación preguntábamos por el factor de desempleo y si no tenía que jugar un papel más importante en la vida comunitaria, y me alegro de lo que ha dicho el señor Ministro. También me alegro por la frase con la que ha acabado, en la que ha dicho, más o menos, que caminamos hacia una Europa del euro, pero que esa Europa unida, esa Europa del euro, si no hacemos también una Europa del empleo, no será posible.
Hace mucho tiempo, en la época del Presidente Delors, cuando se aprobó el Acta Unica Europea, la Europa sin fronteras, me acuerdo que ya se hacía hincapié en el tema de la cohesión social. Cuando se aprobó el Tratado de Maastricht aún más, y por ahí vino todo el tema del Fondo de Cohesión. En este sentido nosotros, que hemos pensado y seguimos pensando siempre en el proyecto europeo como un proyecto político, consideramos que si no atacamos el tema del desempleo estaremos dando la razón a quienes en los años cincuenta eran contrarios a la creación de la CECA y del Mercado Común y hablaban de la Europa de los mercaderes. Hemos conseguido la Europa sin fronteras, hemos conseguido la Europa del euro, pero tenemos que hacer una Europa social y una Europa de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el Senador Vidal.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, hoy también estamos hablando, queramos o no, de creación de empleo o desempleo. En estas dos últimas sesiones, concretamente el día cinco, también se debatió en esta Cámara una moción que hacía referencia a la creación de empleo en el mundo rural. Ayer también debatimos otra moción que hacía referencia al gran desequilibrio que existía en Aragón sobre la ocupación del hombre con relación a la mujer. Si en estos últimos años hemos hecho un gran esfuerzo para que España pudiese formar parte de la Unión Monetaria, como aquí se ha dicho también, y hemos cumplido todo y cada uno de los criterios de Maastricht, podríamos llamar al año 1998 el año del euro. Ahora hemos de conseguir que los próximos años sean los años del empleo, y pienso que ésta es la voluntad del Gobierno y de todos los que estamos en esta Cámara. Debemos hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlo, con políticas activas de empleo, eficaces, implicando lógicamente a todos los agentes sociales y en colaboración y con la participación de todas las administraciones locales, autonómicas y, lo más importante, destinar todos los recursos necesarios para llevarla a cabo desde los diferentes ámbitos.
Hoy precisamente, con la interpelación que presenta el Senador Gangoiti, del Grupo Nacionalista Vasco, se trata de plantear a la Comisión de la Unión Europea, y precisamente ante una reforma ya anunciada que se va a producir para la elaboración y reparto de los Fondos Estructurales, que se tenga en cuenta no solamente la renta per cápita sino el parámetro desempleo. Yo desde aquí no digo ninguna novedad, salvo incidir en el importante papel desarrollado por los Fondos Estructurales en la adecuación de las estructuras e infraestructuras españolas a las nuevas necesidades en estos últimos años, así como su contribución a la mejora del empleo de las personas, cuya distribución se está haciendo sobre la base de una normativa que ahora no voy a repetir, porque ya la ha mencionado el señor Ministro.
Aunque en los criterios objetivos para la distribución de los créditos está incluido el nivel de paro cuando se fija la gravedad relativa de los problemas estructurales --como aquí también se ha dicho--, sería conveniente exponer y demostrar que España exige un esfuerzo económico muy superior al que debe realizar los otros Estados para lograr su corrección de manera concreta.
Por los datos que yo tengo, se estima que, al asumirse literalmente el compromiso de la Cumbre de Luxemburgo, el gasto anual destinado en España a políticas de empleo debería aumentarse en un 200 por ciento, ya que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo en su población activa. Por tanto, creo que sería conveniente que un porcentaje importante de los recursos, ya sean del Gobierno central, ya sean de las Comunidades Autónomas, provinieran de estos Fondos Estructurales para sumar esfuerzos y poder complementar o sumar todo lo que es necesario para luchar contra el desempleo.
Por eso, al introducir el parámetro desempleo en los Fondos Estructurales debería hacerse a través de palabras mayores y bien remarcadas, tal y como se indica en la interpelación. Seguro que sería beneficioso para algunas Comunidades Autónomas que hoy padecen tasas de paro elevadas, del mismo modo que sería beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas en general.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador González Laxe.


El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Como bien saben sus señorías y el señor Ministro, el artículo 130B del Tratado de la Unión Europea exige que todas las políticas de la Unión Europea contribuyan a la cohesión económica y social. De ahí que aunque el día 1º de enero del año 2000 --como dice el Senador Gangoiti en su interpelación-- se ponga en funcionamiento el nuevo marco de las nuevas perspectivas financieras y empiece un nuevo período de promoción de los Fondos Estructurales, es evidente que hoy debíamos abrir un gran debate, que tiene que concordar con todas las posiciones unánimes de

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los grupos parlamentarios, para que esa perspectiva financiera del período 2000-2006, para que las nuevas ampliaciones, así como la reforma de los Fondos Estructurales, sirvan para coadyuvar a una mejora de la cohesión económica y social, no solamente en Europa, sino también en España.
Con dichas reformas se intenta, cuando menos, una modificación de los fondos de cohesión y también de los Objetivos 1, 2 y 3 y de las iniciativas comunitarias, y afectan, sin duda alguna, a las repercusiones en nuestras Comunidades Autónomas. Si la Unión Europea se amplía, va a suponer que con los nuevos países que están solicitando su entrada en esa institución y que poseen una renta media que está por debajo de la media comunitaria en un 32 por ciento Europa tenga un 29 por ciento más de población, un 34 por ciento más de superficie, aunque el Producto Interior Bruto sólo va a sumar un 9 por ciento más. Si se mantienen los Fondos Estructurales definidos en la propuesta de la Comisión, el dinero que hay para corregir los desequilibrios regionales en Europa se va a ver menoscabado, se verá disminuido en una cantidad significativa para ayudar a los nuevos países a que pasen a formar parte de esa Unión Europea. Y, consiguientemente, al bajar la media comunitaria del Producto Interior Bruto per cápita, determinadas Comunidades Autónomas españolas sobrepasarían el 75 por ciento, con lo cual, podrían quedar fuera de las ayudas procedentes de los fondos estructurales. Asimismo, podría ocurrir que al quedar fuera de las ayudas de los Fondos Estructurales disminuyera la capacidad inversora pública y privada en esas Comunidades Autónomas, y eso podría afectar a la infraestructura y los servicios para el desarrollo económico y social de dichas Comunidades. Incluso podría verse menoscabada esa capacidad endógena que las Comunidades Autónomas poseen para avanzar.
Con todo esto quiero decir que las nuevas perspectivas para el período 2000-2006 van a poner de manifiesto que estamos en una nueva Europa, en una Europa con muchos más socios, en la que España tiene que afrontar con un gran desafío y contundencia las acciones en el futuro.
Si bien es cierto que España es el país europeo en el que han tenido lugar los mayores efectos de redistribución y donde, por encima de países como el Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania o Francia, se producen los efectos de igualación de rentas entre Comunidades Autónomas, los socialistas también pensamos, de acuerdo con Jacques Delors --como ha comentado el Senador Gangoiti--, que hay que reconvertir las ayudas y las iniciativas del Fondo Social Europeo, que hay que vincular las ayudas y políticas sociales con la recuperación de las zonas competitivas y buscar la eficiencia, y que hay que situar la tasa de desempleo en niveles más bajos que los actuales.
Ya el ponente socialista, Juan de Dios Izquierdo, en un documento preparado para la adopción de una resolución aprobada por el Parlamento europeo el 19 de noviembre de 1997, afirmaba que, si bien las políticas estructurales no han optimizado las posibilidades de creación de empleo, han estado correctamente orientadas para buscar elementos que corrijan las situaciones de desequilibrio social.
En consecuencia, el desempleo está generando marginación, pobreza, delincuencia, etcétera. Por tanto, en nuestra opinión, es fundamental no sólo mantener las políticas de los Fondos Estructurales, sino entender que el desempleo y su afectación a zonas territoriales concretas tiene que ser una de las preocupaciones básicas de cualquier política que tenga por objeto una Europa basada en la cohesión.
Por eso, cuando ya está en marcha la Unión Económica y Monetaria, en la que los criterios económicos están predominando, y ya están en marcha los procesos de convergencia entre todos los Estados miembros, es obvio que en Europa tiene que haber políticas de empleo que traten de reducir las altas tasas de paro que existen. Y dichas tasas sólo se pueden corregir con políticas activas. Por consiguiente, los objetivos cifrados en el marco de la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales de cohesión deben buscar elementos que actúen de forma decidida sobre la educación, la formación y el empleo; deben ser de carácter horizontal y aplicarse en aquellas zonas en las que exista la posibilidad de dar un impulso para estimular su capacidad endógena.
En este sentido, la posición de los socialistas no hace más que reforzar la política, iniciada ya hace años, de la cohesión económica y social.
Perseguimos que este gran debate sirva para que entre todos unamos esfuerzos y desde ahora hasta 1999, y a partir del año 2000 en adelante, el desempleo deje de ser una lacra y se considere como un elemento a olvidar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Rabanera.


El señor RABANERA RIVACOBA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a intervenir con la mayor brevedad para no reiterar los argumentos de otros portavoces y, sobre todo, las explicaciones que ha dado su señoría en su exposición.
Creo que todos estaremos de acuerdo --y estoy seguro de que también lo estará el interpelante, señor Gangoiti-- con que esta interpelación es un hito fundamental en el reto que tiene la Unión Europea para hacer frente al último objetivo, es decir, la ampliación, cuestión en la que todos --y así lo ha dicho también el señor González Laxe-- debemos actuar con la mayor de las responsabilidades.
En todo caso, debemos decir que las líneas de actuación deben ser constantes --sobre todo, en temas de empleo-- de ahora en adelante. Y esas directrices deben ser las de un país serio, que asume sus responsabilidades y que está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a que el proyecto de construcción comunitaria sea para los demás lo mismo que, desde un principio, hemos pedido que sea para nosotros. En este deseo no hay que ver ningún tipo de egoísmo por nuestra parte, como creo que no se percibe en esta interpelación. Dicho esto,

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con lo que creo que todos estaremos de acuerdo, voy a referirme brevemente a los aspectos técnicos de su interpelación; ya lo ha hecho el señor Ministro de forma extensa y amplia.
Le diré, señor Gangoiti, que la preocupación que emana de su interpelación respecto a que el problema del empleo no tenga la suficiente trascendencia en la regulación de los Fondos Estructurales, parte de un equívoco expresado en su interpelación --creo que se lo ha dicho el señor Ministro--, al afirmar que en el paquete Delors tan sólo intervenía el parámetro renta per cápita. No voy a entrar en debate porque no creo que sea el momento. No es así, ya le ha dicho el señor Ministro que el índice de desempleo ya estaba contenido en el Objetivo 1, también lo estuvo en el Objetivo 2 y era específico en el Objetivo 3, dirigido éste, sobre todo, a combatir el paro de larga duración y facilitar el acceso de los jóvenes al marco laboral. Lo mismo podemos decir del Objetivo 4.
En todo caso, referente a lo que nos interesa en estos momentos, a los nuevos reglamentos derivados de la Agenda 2000 que es lo que auténticamente --lo vuelvo a decir-- nos importa y que actualmente se encuentra en fase de negociación, se vuelve a contemplar, tanto en el Objetivo 1 como en el 2, la tasa de desempleo como factor ponderador y no digamos en el Objetivo 3, en donde por parte del Gobierno --a Dios gracias, nos lo acaba de explicar el Ministro señor Arenas-- se tiene una clara disposición de hacerlo compatible tanto con el Objetivo 1 como con el 2; es decir, un Objetivo 3, horizontal, con actuación en todo el territorio nacional.
Muchas gracias, señor Ministro, por sus explicaciones y por su compromiso en la defensa de los intereses españoles, que debería, y creo que va a ir, acompañado por un gran consenso de todas las fuerzas políticas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rabanera.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, intervengo simplemente por cortesía parlamentaria para agradecer el conjunto de las intervenciones, especialmente de la del Senador Gangoiti, que ha tenido la iniciativa de traer este tema al Parlamento.
Como aquí se ha dicho, se abre un gran debate y a mí me parece que es muy importante que se aborde bajo el prisma de la superación de los afanes partidistas o concretos, bajo el prisma de los intereses generales.
Se han puesto encima de la mesa cuestiones importantes, como cuál es el futuro de los Fondos Estructurales con la ampliación. Es muy importante significar que, como sabe, hay dos paquetes en este momento en negociación, uno que se refiere a los países de la ampliación y, otro, a los Estados miembros actuales. Es importante porque, efectivamente, estamos hablando de un proceso muy complejo, en el que intervienen muchos factores y yo creo que el avance de que ya tengamos la separación de los dos paquetes es alentador para que la ampliación no suponga ningún menoscabo para los fondos que actualmente venía recibiendo España.
En cualquier caso, señorías, coincido con las intervenciones de todos en que si al final hablamos de verdad de la cohesión económica y social, es que estamos hablando de la Europa del empleo, porque el elemento básico de esa cohesión económica y social es, sin duda, el empleo, que hoy constituye la primera preocupación de las europeas y de los europeos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO Y FISCAL DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA DE NATURALEZA INMOBILIARIA Y SOBRE CESION DE DETERMINADOS DERECHOS DE CREDITO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (S. 621/000078) (C. D. 121/000037).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
Tiene la palabra el Senador Soravilla, para la presentación del dictamen.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar ante ustedes, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda, el dictamen sobre este proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre la cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
Tuvo entrada en el Senado el pasado 16 de abril y enviado con la misma fecha por la Mesa de la Cámara a la Comisión que me honro en presidir, para su debate y votación con aplicación del procedimiento ordinario.


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Abierto el plazo reglamentario de enmiendas, se amplió hasta el pasado día 6 de mayo. Fueron registradas una propuesta de veto y 44 enmiendas.
El proyecto contiene, por una parte, diversas medidas que tratan de favorecer el desarrollo de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria, con la intención de contribuir al desarrollo del mercado de alquiler de viviendas. Por otra parte, según reza también el título del proyecto de ley, autoriza la enajenación por parte de la Administración del Estado de los derechos de crédito de los préstamos sin interés, otorgados en su momento por el Instituto Nacional de la Vivienda, y después por el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, para facilitar el acceso a viviendas sociales y de protección oficial, cuyo actual titular es el Estado.
El 12 de mayo pasado la Comisión dictaminó este proyecto de ley, acordando la inclusión de cinco de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Existe una propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz, el Senador Armet, tiene la palabra en este momento.


El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señorías, estamos ante un proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
El Grupo Socialista quiere hacer un conjunto de matizaciones previas antes de entrar en el fondo de los temas. Los fondos de inversión requieren tutelas, garantías, una voluntad inequívoca de diversificar los riesgos y una defensa a ultranza de los partícipes, si realmente se quiere que estas instituciones tengan el vigor y la fuerza que han tenido en otros países. La naturaleza mobiliaria permite, dado que las inversiones se realizan fundamentalmente en renta fija o variable, establecer sistemas de control simples y sencillos, porque las cotizaciones son indicativos permanentes y diarios que hacen posible la actualización de los activos. En todo momento existe una defensa del partícipe por la vía de la transparencia y de la clarificación.
Los fondos de naturaleza inmobiliaria, por sus características, requieren, más que ningunos otros, una voluntad de transparencia, dada la dificultad en el cálculo económico de los activos y la dificultad de establecer una correcta diversificación de éstos en base a bienes inmobiliarios. A partir de aquí surge, lógicamente, el recuerdo de los primeros fondos inmobiliarios, que en su inmensa mayoría acabaron en los tribunales porque se dieron políticas que favorecían la liquidez inmediata por parte de los partícipes cuando los activos estaban colocados en un inmovilizado que difícilmente podía realizarse. Esta es la trayectoria histórica de nuestro país. Luego empiezan las regulaciones, dándose un primer paso con las efectuadas en los años 1984 y 1992 en cuanto a fondos inmobiliarios. Y hoy en día asistimos a una voluntad de cambio, que se dice que es de mejora y de flexibilización.
Desde nuestro punto de vista, no es una mejora y una flexibilización, sino que se trata de una permisividad que permite un tipo de combinatorias alejadas de lo que sería una lógica prudente en la administración de estos fondos de naturaleza inmobiliaria.
A título de ejemplo me gustaría comentarles que cuado en nuestro país se hicieron fondos de arte algunos partícipes entraron a formar parte del fondo con toda su buena fe, pero si los que seleccionaban los fondos de arte se encontraban alguna «perlilla» ésta no iba directamente al fondo, sino a las arcas personales de los interesados en el tema. Es decir, este tipo de fondos requieren cautelas muy claras si queremos defender a los partícipes. ¿Y por qué queremos defenderlos? Por una razón muy simple.
Actualmente en nuestro país los fondos de inversión mobiliaria han superado los 30 billones de pesetas. Todo el mundo, de una forma o de otra, juega en función de estos activos que han dado una rentabilidad muy alta a corto plazo, pero difícilmente podemos pensar que a medio plazo vayan a dar esta misma rentabilidad. Hemos quedado absolutamente desequilibrados en favor de unos fondos de inversión inmobiliaria que requieren una buena estructuración financiera para permitir que a corto, medio o a largo plazo tengan un peso importante en nuestro país. Este es el planteamiento fundamental si queremos fortalecer esta situación.
Vemos con gran preocupación que todo lo que era un proceso de diversificación de riesgos que intentaba establecer la legislación de 1984 a 1992, empieza a caer por la vía de que se produce un conjunto de beneficios de todo tipo. Hay una preocupación obsesiva para producir beneficios fiscales, introduciendo a través de cláusulas el concepto de que el Impuesto de Sociedades a partir de unos criterios, que son mínimos, puede pasar a ser del 1 por ciento, criterio que no deja de significar una bonificación fiscal muy sustantiva. Podría ser planteable mejorar la anterior fiscalidad para pasar a unas cotas más bajas, pero pasar a este 1 por ciento nos parece un planteamiento absolutamente desmesurado.
Todo lo que son las cautelas y garantías para proteger a los propios partícipes va desapareciendo, y nos encontramos con la voluntad de la ley de permitir que un partícipe pueda ser en el mismo momento el beneficiario del bien inmueble que es objeto del activo del fondo inmobiliario, por lo que se produce una situación que puede inducir a determinadas prácticas de perversidad que pueden ir en contra del vigor, la neutralidad y la transparencia del propio fondo inmobiliario.
Este tipo de consideraciones están más pensadas para aquellos actores o agentes económicos que utilizarían los fondos de inversión inmobiliaria para dar una salida concreta a necesidades muy propias y específicas, en función de una fiscalidad baja, no en función de querer hacer un fondo de inversión inmobiliaria con potencia, con fuerza, con muchos partícipes, con mucha inversión y ésta lo más diversificada posible para permitir una rentabilidad razonable.
Me gustaría señalar que estoy absolutamente convencido de que con la bajada de tipos de interés una buena

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gestión de fondos inmobiliarios permite dar una rentabilidad razonable a quien no desea las aventuras derivadas de los mercados de Bolsa, que a veces intranquilizan a los inversores, con toda la razón, que quieren tener una renta fija razonable. Comparándolos con los fondos de inversión especializados en renta fija, también podría tener un gran interés un fondo de inversión inmobiliaria.
Este proyecto de ley también introduce la enajenación por la Administración del Estado de los derechos que tenía el Instituto Nacional de la Vivienda. Este planteamiento nos preocupa. No está en la Memoria, no está cuantificado y no sabemos la importancia del mismo. Se requiere transparencia, información y conocimiento de cómo se va a hacer ese proceso, porque de otra forma este planteamiento oscurantista no es otra cosa que un cheque en blanco para que la Administración del Estado haga lo que considere oportuno en relación a unos derechos que son de muchísimos ciudadanos españoles que están viviendo gracias al esfuerzo que realizó en su momento el Instituto Nacional de la Vivienda o el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda hacia un conjunto de capas sociales que en su momento fueron las más necesitadas de esta ayuda.
Debo decir que este proyecto de ley sitúa todos los temas conflictivos o que significan un cambio importante o una flexibilización --que podría ser realmente peligrosa si se utilizara mal y desnaturalizaría el concepto de fondo de inversión inmobiliaria-- en el terreno del reglamento. Aquí aparece una crítica de fondo. Es decir, que el nervio sustancial de la modificación legislativa se pase al terreno reglamentario, dando un cheque en blanco al Gobierno y que esto lo haga un Gobierno que no tiene una mayoría consolidada en las Cámaras, me parece un acto de irresponsabilidad muy grave. Tiene que ser materia de ley por dos motivos: por la importancia del tema y para no dejar que el Ejecutivo pueda hacer una interpretación de la ley en función de sus intereses o de su legítima visión política.
Desde este punto de vista, podemos observar cómo todos los supuestos delicados, que habría que contemplarlos sólo como grandes excepciones, están trasladados al terreno reglamentario; por ejemplo, el tema de los partícipes, en el caso de que puedan ser también arrendatarios. Piensen ustedes que ello puede poner en crisis profunda la naturaleza misma del fondo. Imagínense ustedes un fondo con pocos partícipes y que alguno de ellos pudiera ser arrendatario. Aquí se estaría utilizando el fondo para encontrar bonificaciones fiscales claras en una actividad inmobiliaria que forma parte de una rama de las actividades de una empresa, que tiene unos niveles de complejidad y que actúa en varios sectores. Podríamos citar ejemplos muy concretos: todo lo que puedan ser operaciones inmobiliarias de agentes, especialmente del mundo comercial, que utilizan grandes espacios y con costes muy elevados, en las que por estas vías se podrían establecer mecanismos realmente preocupantes. Todo el tema de las aportaciones originarias o derivadas en especie, que es delicadísimo, porque aquí estamos en el terreno de las valoraciones, ¿qué valor tiene la aportación de este terreno o de este edificio, en función de la naturaleza del propio edificio, de la antigüedad, de las cargas u ocupaciones parciales que pueda tener? Los criterios en este campo son delicadísimos y deberían ser fijados por ley, nunca por Reglamento. Todo lo que hace referencia a exceptuar plazos mínimos para alcanzar los porcentajes de inversión en inmuebles en los que dichos porcentajes dan lugar a bonificaciones fiscales muy importantes, y así sucesivamente.
Es decir, nos encontramos con una situación que viene presidida por la voluntad de dejar las decisiones importantes en el plano reglamentario. Y nuestra sorpresa es ver qué grupos que dan apoyo al Gobierno no encuentran negativo este cheque en blanco, cosa que, sinceramente, a nosotros nos ha sorprendido. Podemos entender que exista una coincidencia profunda en la filosofía del planteamiento de este instrumento que se quiere potenciar, pero no entendemos que se dé un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que se considere conveniente.
Ante este proyecto, nosotros hemos querido hacer la reflexión de si con él se potencian, o no, los fondos de inversión inmobiliaria. Nosotros decimos, no; se potencian determinadas actuaciones que serán objeto de beneficios fiscales, pero en nuestro país hacen falta viviendas de alquiler razonables, hace falta tener la seguridad de que se mantendrán en el tiempo, pensando en los jóvenes que no tienen vivienda en este momento, pensando en la revitalización de los cascos urbanos de las grandes ciudades de España, que necesitan operaciones singulares. Todos los planes especiales de reforma interior deberían ser objeto de especial atención. Y aquí nosotros sí estamos dispuestos a dar todo el apoyo posible, porque significa el esfuerzo de un inversor que juega en un terreno difícil, que a veces tiene que rehabilitar, tiene que expropiar parcialmente o está en un proceso de expropiación, y asume un riesgo.
Demos todo tipo de facilidades ante esta situación.
Por tanto, cuando un fondo de inversión inmobiliaria juega claramente en favor de viviendas de alquiler, juega claramente a figuras, como pueden ser la rehabilitación de viviendas en cascos históricos, que tan importante puede ser en nuestro país, o los casos de residencias de estudiantes o de tercera edad en los que podría ser interesante encontrar soluciones operativas. Pero hemos de fortalecer el carácter y la naturaleza de lo que es un fondo. Partícipes: lo más diversificado posible, la mayor potencia del propio fondo. Los activos del fondo: intentar que un inmueble tenga el mínimo peso posible o que no exista lo que se llama la acumulación de riesgos, que es lo que realmente siempre introduce problemas en el propio fondo. Por tanto, diversificación de los activos jugando con esos dos parámetros. En ese sentido, nosotros los podríamos fortalecer. Aquí lo que se ha hecho es: vamos a encontrar ventajas fiscales para que quien quiera jugar un poco en el terreno inmobiliario las pueda tener y para que empresas que tienen divisiones inmobiliarias puedan jugar en este tema y tener estos beneficios.
Por estas razones, no vamos a fortalecer unos fondos de inversión inmobiliaria que puedan tener el peso que tienen en otros países de Europa. Hay quien dice que los fondos de inversión inmobiliaria requieren empresas de seguros potentes, tradiciones, una lealtad muy fuerte y una confianza en las leyes, un sentido ético de la vida económica,

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y que esto sólo lo puede hacer la ética protestante, porque sabe perfectamente que no puede cometer errores. Yo diría que esto es una exageración, pero ello comporta que debemos hacer las cosas bien hechas, no pensar en la picaresca de la ley, en los beneficios fiscales que se derivan de ella, en la utilización del instrumento como estrategia empresarial, sino en su utilización para fortalecerlo.
Y me gustaría recordar que esta reflexión se hizo hace un año y en un contexto muy distinto al actual. Entraremos en una etapa de rentabilidades razonables. Obtener una rentabilidad del seis, del siete, del ocho por ciento será razonable y mucha gente estará dispuesta a asumirla. Esto significa que, si creamos un instrumento de participación popular en el mercado inmobiliario bien gestionado y bien diversificados los riesgos, este instrumento puede ser poderoso en nuestro país. Pero dejamos un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera, para que desnaturalice el tema. Permitimos una fiscalidad de bajísimo nivel, sin ningún tipo de contrapartida, sin ningún tipo de análisis y permitimos que se pueda reglamentar absolutamente todo para lograr la cobertura de los objetivos.
Finalmente, me gustaría poner dos ejemplos muy concretos de lo que quiero indicar. Si esta reglamentación no se hace escrupulosa y cuidadosamente, lo que se proyecte, por ejemplo, como residencia de tercera edad puede acabar siendo una residencia de los nietos de la tercera edad, al desnaturalizarse absolutamente el origen, es decir, lo que permite su catalogación. Ustedes saben que, si este tema no se regula en el derecho urbanístico, nos vamos a encontrar con impresionantes abusos, dado que éstas, las residencias para la tercera edad, pueden considerarse, en principio, como equipamientos y, posteriormente, por la vía privada, desnaturalizar su propia finalidad. Y quien dice esto puede suceder exactamente igual, por ejemplo, en cuanto a las residencias para estudiantes, si no encontramos vías, acomodos y condicionantes sólidos para definir lo que es una residencia de estudiantes y a quién debe estar sometida desde el punto de vista de la gestión, porque, automáticamente, para esta misma residencia también podría encontrarse su propia naturaleza de transformación.
La Ley sólo tiene un sentido en los temas de propiedad y urbanismo, que es intentar evitar que todo el mundo saque el máximo rendimiento, que es lo que miles de actores y agentes están esperando en cada uno de los momentos. Por tanto, la consideración de lo que es un fondo inmobiliario, qué activos puede formar, cómo se diversifica, qué son y cómo van a ser tratados los partícipes, cómo se va a evitar que exista relación entre éstos y la inversión del propio fondo es un conjunto de elementos que configuran lo que es un planteamiento correcto y, desde nuestro punto de vista, en la situación actual de los mercados de futuro es perfectamente posible pensar en rentabilidades razonables para el partícipe en el terreno inmobiliario.
Sinceramente, creo que este proyecto de ley introduce confusión, da un cheque en blanco, habla de otros temas y, concretamente --y ésta es una cuestión sobre la que profundizaremos con posterioridad--, cuando esta cuestión llega al Senado, el Grupo Popular aprovecha para colocar dos enmiendas que no tienen nada que ver con el texto y hacer una reflexión complementaria, una de las cuales tiene más importancia que todo el conjunto de texto y enmiendas, como después ya podremos ver.
Es por esto que nosotros pedimos el retorno del proyecto, porque es un proyecto de reflexión precipitada, que ha estado un año en el congelador, que se ha meditado poco, respecto del que no se ha valorado exactamente el régimen de excepcionalidades y en el que se deja cínicamente al terreno reglamentario lo que debería ser objeto de ley. Desde este punto de vista, sinceramente, pedimos el apoyo a nuestra propuesta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armet.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Mera.


El señor MERA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, evidentemente, el Grupo Popular va a votar en contra de este veto, por varias razones.
Es obvio que el proyecto de ley que hoy se presenta en esta Cámara de reforma del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado proviene de un mandato de las Cortes Generales al Gobierno. La disposición adicional decimoséptima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, conocida en el argot parlamentario como Ley de acompañamiento, establecía que el Gobierno presentaría en el plazo de 60 días un proyecto de ley que modificase el régimen jurídico y fiscal de las sociedades y los fondos de inversión de naturaleza inmobiliaria con la finalidad de incentivar en mayor medida la inversión en viviendas dedicadas al arrendamiento.
En base a lo anterior, el Gobierno elaboró un proyecto de ley, que tuvo su entrada en el Congreso de los Diputados en el mes de abril de 1997 y que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso el día 10 de abril del mismo año. Dicho proyecto de ley modifica la legislación vigente que regula las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria, contenida en las siguientes disposiciones: Ley 46/1984 de Instituciones de Inversión Colectiva; Real Decreto de 2 de noviembre de 1990 por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley citada; Ley 19/1992, de 7 de julio, que es precisamente la que dio origen a este tipo de fondos, por la que se desarrollan las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulación hipotecaria; Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo, por el que se modifica también el Reglamento anteriormente citado de la Ley 46/1984; Orden Ministerial, de 24 de septiembre, de 1993, sobre fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, y la Orden del 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras.
Existe también una legislación complementaria, pero no la voy a citar debido a que cuando se presentó este proyecto de ley esas medidas no estaban en vigor todavía.


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El proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso modifica determinados aspectos de la Ley 19/1992, del 7 de julio, sobre el régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y regulación de los fondos de titulación hipotecaria, ya que, en nuestra opinión, ha sido precisamente esta regulación la que ha frenado el desarrollo de estas instituciones y, por lo tanto, no ha cumplido el objetivo que se les atribuía.
La Ley 19/1992 y las disposiciones reglamentarias que la desarrollaron pretendían que nuestro país se lanzase al mercado de las viviendas en alquiler para dar una respuesta a una de las necesidades existentes dentro de la política de vivienda, pero desafortunadamente no fue así.
Los datos existentes nos permiten confirmar que ha sido un auténtico fracaso, quizá debido a las excesivas cautelas --citadas ya por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, prohibiciones y limitaciones establecidas con el fin de ofrecer una mayor garantía a los socios o a los partícipes. No sólo no ha supuesto en la práctica una garantía real, sino que, a nuestro juicio, éste ha sido el auténtico freno que ha motivado que este tipo de mercado no pudiera desarrollarse en la práctica.
Con el fin de ilustrar a sus señorías hasta qué punto la legislación vigente constituyó un auténtico fracaso, voy a dar unos datos de cuyo análisis se deduce claramente lo expuesto.
En nuestro país, en aproximadamente siete años de vigencia de esta ley, sólo se han constituido cuatro fondos, cuyo patrimonio apenas supera los 80 millones de ecus --unos 15.000 millones de pesetas-- y el número de partícipes ascendía solamente a 2.174. Estas cifras contrastan con las de los países de nuestro entorno miembros de la Unión Europea, y me voy a referir a alguno de ellos. En la misma fecha de este análisis, comparando la cifra de los 80 millones de ecus de nuestro país, por ejemplo, en Alemania es de 37.000 millones de ecus; en Francia es de 13.000 millones de ecus; en un país tan pequeño como Holanda es de 7.600 millones de ecus; pero hasta en Portugal, que tiene la cuarta parte aproximadamente de la población española y que tampoco existía tradición en este tipo de fondos, éstos ascendían a unos 2.200 millones de ecus.
Por lo tanto, es evidente que la legislación existente hasta este momento, como mínimo y haciendo una calificación suave, no dio los frutos apetecidos en la Ley 19/1992.
De ahí es por lo que nosotros tengamos una preocupación por potenciar este tipo de mercados. Pero es más, la propia Comisión Nacional de Valores, en su Memoria del año 1996, coincidía en señalar el escaso interés que estos fondos han despertado en el mercado. Parece pues evidente que era necesario modificar la legislación vigente de este tipo de instituciones de inversión colectiva, al contrastar los resultados negativos de su aplicación.
Por tanto, este proyecto de ley tiene como objetivo fundamental dinamizar el mercado de la vivienda de alquiler, ya que cumple un doble objetivo tanto en el plano económico como en el plano social, pues desde este último punto de vista es necesario que un sector importante de nuestra población, pero concretamente nuestra juventud, pueda emanciparse y, al mismo tiempo, una de las formas es poder tener acceso a una vivienda.
Dado que es mucho más fácil conseguir una en alquiler, de ahí que se pretenda estimular este tipo de mercado.
Reitero que lo que pretendemos es impulsar el mercado de viviendas en alquiler pero, al mismo tiempo, aprovechando esta reforma, pretendemos incluir también otros conceptos como puede ser el de residencias universitarias --del que hablaremos más adelante y respecto al cual vamos a aceptar unas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a las que me referiré en este momento y con las que vamos a estar de acuerdo, en las cuales se pretende que, en vez de residencias universitarias, se denominen residencias estudiantiles-- y el de residencias de la tercera edad. En una sociedad como la española, en la que el bienestar social es una de las cuestiones que más se reivindican, es lógico que pretendamos que también se potencie este tipo de instituciones, tanto las unas como las otras. Aprovechando, por lo tanto, esta modificación de la Ley 19/1992, pretendemos que se permita que esos fondos se puedan dirigir a ese tipo de instituciones que acabo de citar hace un momento.
Pero es más, tenemos que citar también como dato que España tiene la tasa más baja de viviendas de alquiler de la Unión Europea. Está claro, señorías, que de esta forma no se puede seguir y que hay que modificar la legislación vigente. Intentamos acertar con esta ley, que este mercado se anime, que se pueda disponer de una gran cantidad de viviendas de alquiler y, por supuesto, que estos fondos tengan también un atractivo económico para socios o partícipes.
Tengo que resaltar que no es que el Grupo Parlamentario Socialista esté en contra de esta filosofía: lo que más le preocupa, según hemos deducido, ha sido precisamente que parezca que las garantías de los socios o partícipes estaban mucho mejor recogidas en la Ley 19/1992 de lo que lo están ahora. Pero nosotros consideramos --y ése es un poco el motivo de la presentación de este proyecto de ley-- que esa regulación y que esa cautela excesiva intentando regular la garantía real de los socios o partícipes es lo que nos ha llevado a la conclusión de que eso era lo que habría que variar.
Este proyecto de ley modifica una serie de aspectos en dos ámbitos concretos: el ámbito financiero y el ámbito económico. La primera modificación afecta a la regulación de las aportaciones en especie. Se admite ahora la posibilidad --antes, como es evidente, no se admitía-- de que, en algunos casos y con las garantías que se puedan establecer reglamentariamente --aquí tampoco estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista ni con algunas enmiendas de Izquierda Unida, que pretenden que esta regulación se haga por ley, cuando nosotros pensamos que con hacerla mediante un reglamento es suficiente--, se introduzca como novedad que se puedan hacer aportaciones en especie. Es cierto que esta cuestión estaba ya prevista en el texto vigente, sin embargo, el carácter excepcional que se atribuye a las aportaciones en especie y su posterior desarrollo reglamentario aconsejan esta modificación.
La segunda modificación que introduce el proyecto de ley se refiere a la posibilidad de que una misma persona

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sea accionista o partícipe y, al mismo tiempo, también arrendatario.
La tercera modificación que se pretende introducir afecta a la flexibilización de los plazos para alcanzar los coeficientes de inversión.
La cuarta modificación se refiere a la adquisición de inmuebles en diversas fases de construcción. El proyecto de ley admite la posibilidad, además, de incorporar al activo de estas instituciones inmuebles cuya construcción todavía no haya concluido, con las cautelas y garantías que sean necesarias, como es lógico, y que se desarrollarán reglamentariamente.
La quinta modificación se refiere a la reducción del plazo de permanencia de los inmuebles en el patrimonio: de cuatro a tres años, tiempo en el que estos inmuebles deben permanecer en el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva para beneficiarse de un régimen fiscal específico.
La sexta modificación que introduce el proyecto de ley contempla inversiones en residencias --como antes decíamos-- para ancianos y para estudiantes. Se amplía el objetivo de esta inversión y, por tanto, creemos que vamos a dar la respuesta adecuada a una demanda que la sociedad requiere en estos momentos.
En el plano fiscal, las modificaciones introducidas en el proyecto tratan de aproximar la tributación de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria a la del resto de las instituciones de carácter financiero.
Por último, la disposición adicional primera del proyecto de ley contiene una autorización al Ministerio de Fomento para la cesión de créditos hipotecarios de los que es titular la Administración del Estado, dimanantes de los apoyos financieros y ayudas económicas personales por el Instituto Nacional de la Vivienda y por el Instituto Nacional de la Promoción Pública.
Estos préstamos consistían en el abono por ambos Institutos de determinados porcentajes de las cuotas de amortización públicas. Por lo tanto, creemos, señorías, que las modificaciones que se presentan en ese proyecto de ley van a intentar dinamizar este mercado de viviendas en alquiler, haciendo, al mismo tiempo, posible que se construyan residencias estudiantiles y para la tercera edad. Esto --lo creo sinceramente-- no afecta a las garantías de los socios o partícipes que es la mayor preocupación que tiene el Partido Socialista. Así lo hizo ver en el debate de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que allí no veía demasiados inconvenientes en la modificación del régimen fiscal, aunque parece que en esta Cámara el portavoz socialista tiene, quizás, un concepto un poco distinto.
Para finalizar mi intervención quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de este veto porque estamos convencidos de que con esta ley vamos a potenciar el mercado de viviendas en alquiler y a intentar reducir --como acabamos de ver por los datos expuestos-- la gran diferencia que existe con otros países del entorno.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a manifestar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en referencia a la propuesta de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser contrario a la misma. Nosotros compartimos las reflexiones que ha hecho el Senador Armet al principio de su intervención sobre las cautelas necesarias en lo que hace referencia al mercado de valores inmobiliarios, etcétera. Las compartimos, pero en contrapartida no aceptamos la valoración que el Senador Armet ha hecho del actual texto de este proyecto de ley en referencia a estos conceptos y a estas medidas cautelares que se contemplan suficientemente.
Nosotros entendemos que esta ley es necesaria. Lo creemos así porque somos coherentes con el hecho de que hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa para que se incorporara la disposición adicional a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 1997 en los cuales se comprometía el Gobierno a elaborar este proyecto de ley. Y ello lo hacíamos en coherencia con la intención de nuestro Grupo de impulsar un conjunto de medidas en el trámite presupuestario, como viene haciéndolo en los dos últimos años, que favorezcan el mercado de la vivienda y su promoción y, en este caso, la promoción de la vivienda en alquiler.
Creemos que esta ley es necesaria porque la reforma es necesaria, ya que el marco existente actual ha sido, en la práctica, un fracaso. Las leyes de los años 1984 a 1992 no han generado la dinámica necesaria para que se hayan desarrollado instrumentos de captación de ahorro, sean fondos o sociedades de inversión inmobiliaria y, por tanto, para que se haya desarrollado la promoción de viviendas de alquiler.
Este es un instrumento, como se ha demostrado en otros países europeos muy eficaz cuando realmente está activo para promover este tipo de vivienda. Por lo tanto, nosotros, al apoyar esta ley lo que hacemos es favorecer el desarrollo de este tipo de inversiones y potenciar que este ahorro se materialice en la promoción de viviendas de alquiler. Es decir, en definitiva, lo que pretendemos es que se active el mercado de bienes de alquiler como un elemento importante para potenciar el mercado de la vivienda y el acceso a la misma a colectivos jóvenes o a cualquier otro tipo de colectivo que realmente demande una mayor amplitud en el mercado de viviendas de alquiler.
Por tanto, reiteramos con nuestra intervención nuestro voto contrario al veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet.


El señor ARMET I COMA: Quería intervenir muy brevemente para ratificar el elemento básico que da soporte a nuestro veto, en el sentido de que esta disposición no va a significar una mejora de las sociedades ni de los fondos de inversión inmobiliaria sino una confusión, una desnaturalización de sus objetivos, una posibilidad de uso y abuso de un instrumento financiero para otras finalidades inversoras legítimas que aprovechándose de la baja fiscalidad se derivarán a través de este instrumento. Realmente estamos ante la obligación de darnos todos una respuesta muy clara diciendo: si los fondos de inversión inmobiliaria han triunfado en Europa --porque han triunfado ya que había sociedades de seguros importantes, había una tradición de inversión a largo plazo, había una voluntad y una presencia en el mercado de alquiler muy significativa-- si en nuestro país ello no ha sido posible en los últimos años es porque realmente han emergido otros mercados con fuerza. Y ahora ha llegado el momento de encontrar el cauce adecuado. ¿Cuáles eran las vías? Dar confianza a los partícipes, diversificar a los mismos, saber que hay un mercado de ciudadanos en nuestro país que quieren inversiones seguras en bienes raíces aunque les dé una rentabilidad más baja, alimentar y dar seguridad a esos partícipes y no introducir la confusión de que éstos pueden ser los beneficiarios del propio inmueble, que tiene, como activo, el fondo. Creo, sinceramente, que no hacemos un favor.
Por último, quiero decir que nos parece lamentable que se aproveche esta ley para que unos activos, que son de la Administración del Estado, tan importantes, simbólicos y sentimentales como los que han efectuado en su momento los institutos de la vivienda en nuestro país y que corresponden a capas populares, se dé el permiso para que la Administración del Estado, sin ninguna Memoria explicativa, pueda enajenarlos a quien quiera y como quiera. Esto, evidentemente, exige un debate, un análisis, una sensibilidad social para dar respuesta a este tipo de cuestiones.
Por ello, nos mantenemos en nuestras posiciones. Creemos sinceramente que el veto permitiría la reflexión necesaria para potenciar los fondos de inversión inmobiliaria y lo que ello significa. Nuevamente nos encontramos con un texto que va dirigido a mejorar las cosas pensando en casos concretos, no en el conjunto de la ciudadanía. Por desgracia ha sido así, y esperamos que nuestra postura algún día se verá ratificada por posiciones políticas propias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Mera.


El señor MERA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero decir simplemente que es evidente que desde que está en vigor la Ley, que es desde hace prácticamente seis años, el fruto ha sido el que hemos acabado de relatar, es decir, 80 millones de ecus, aproximadamente, 2.147 partícipes. No podíamos seguir de esta forma. En algún momento el propio Ministro de Fomento contestaba al portavoz del Partido Socialista en el Congreso diciendo que si pretendía que esperáramos otros seis años más para ver si, evidentemente, la Ley tenía mejores resultados.
Por tanto, creemos que ha llegado el momento de hacer modificaciones puntuales, que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tenga la conciencia tranquila de que los socios partícipes no van a sufrir en cuanto a sus garantías y que, por tanto, creemos que estamos intentando realizar y aprobar una ley en la que podamos dar una respuesta positiva a una serie de demandas que nuestro mercado de la vivienda, en este momento, tiene en nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mera.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación del veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 85; en contra, 131; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Entramos en el debate del articulado, aunque votaremos a las cuatro de la tarde.
Voto particular número 2, del Senador Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 1 a 11. Tiene la palabra su señoría.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida hemos presentado once enmiendas al Proyecto de Ley de reforma del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva, de naturaleza inmobiliaria, y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
Señorías, paso a justificar la presentación de estas enmiendas. La enmienda número 1 es de modificación al artículo 1.6; esta enmienda viene referida a que, en los supuestos de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, en todo caso se regularán, mediante ley aprobada por las Cortes Generales, las materias que se relacionan.
Señorías, lo que pretendemos con esta enmienda es que sea el Parlamento quien discuta y apruebe temas de tanta importancia como puede ser el grado de liquidez de estos fondos o bien las fórmulas de participación.
No nos parece, señorías, que deba ser el Gobierno quien, de forma reglamentaria, regule estas materias. Insistimos en que creemos más adecuado que lo haga el Parlamento.
La enmienda número 2 es de modificación del artículo 2.1. Se propone una modificación de la totalidad del citado artículo, con lo que pretendemos que las sociedades de inversión inmobiliaria se dediquen en exclusiva a la gestión de fondos destinados a la compra de viviendas para su posterior arrendamiento.


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La enmienda número 3 es de supresión del artículo 2.2. La enmienda número 4 es de modificación del artículo 2.3, y sustituimos «que no hayan transcurrido tres años» por el siguiente texto: «que no hayan transcurrido cinco años». Con esta enmienda pretendemos evitar inversiones que tengan carácter especulativo, sobre todo en este caso en que se utilizan este tipo de instrumentos de inversión colectiva; y, por otra parte, lo que pretendemos es garantizar el fin social que se persigue con la norma, o sea, fomentar especialmente el arrendamiento de viviendas.
La enmienda número 5 es también de modificación al artículo 2.5, y como hemos dicho anteriormente, creemos que se debe de regular mediante ley la posibilitad de que en determinados casos los socios puedan aportar inmuebles a estas instituciones.
Con la enmienda número 6 al artículo 3.1 pretendemos modificar la totalidad del texto, argumento muy parecido al de enmiendas anteriores: dedicar estos fondos en exclusiva al arrendamiento de viviendas.
La enmienda número 7 es de supresión del artículo 3.2. La enmienda número 8 es de modificación del artículo 3.3, y, tal y como antes he expuesto, sustituimos el texto de no más de tres años» por «no hayan transcurrido más de cinco años». La justificación es la misma: evitar inversiones que tengan carácter especulativo y garantizar el fin social que persigue la norma, o sea, el de fomentar el arrendamiento de viviendas.
Con la enmienda número 9, al artículo 3.5, pretendemos modificar este artículo y, una vez más, introducir que será mediante ley la posibilidad de que en determinados casos los partícipes puedan aportar inmuebles a estas instituciones.
La enmienda número 10, de supresión, se presenta a la disposición adicional primera. Justificamos esta enmienda porque entendemos, desde nuestro punto de vista, que el texto de la disposición se inscribe en una estrategia de liquidación de las participaciones públicas o, dicho de otra forma, privatizaciones. Desde nuestro punto de vista se trata de una liquidación de los activos financieros en manos del sector público con la finalidad de obtener recursos para reducir el déficit. Por otra parte, consideramos que tiene una orientación social regresiva, por cuanto va en detrimento de la situación de personas y familias de reducida capacidad económica, que son las que mayoritariamente han podido acceder a viviendas de carácter social. Estas familias van a pasar de tener una deuda con el sector público a tener una deuda con el sector privado, y ya sabemos cómo se actúa en este sector ante algunas situaciones, impedimentos o problemas de impago.
Para finalizar, con la enmienda número 11 se pretende proponer una nueva disposición adicional. Señorías, a la motivación que recoge esta enmienda me remito.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Corresponde a las enmiendas números 12 a 26.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra para defender las enmiendas que mantiene nuestro Grupo a este proyecto de ley. De hecho, este conjunto de enmiendas van todas en la dirección de potenciar la captación del ahorro y canalizarlo hacia la promoción de viviendas de alquiler, que ha sido en todo momento en la tramitación de este proyecto de ley el objetivo que ha perseguido nuestro Grupo, tanto aquí como en el Congreso de los Diputados. De hecho, en el texto actual se recogen varias de nuestras enmiendas en el Congreso que creemos que han mejorado mucho el proyecto de ley en este sentido.
Anuncio que la primera de las enmiendas, la número 12, dado que se ha incorporado ya al texto la enmienda número 38 del Grupo Popular, que va en el mismo sentido que la nuestra en cuanto a adaptar la exposición de motivos a los cambios introducidos en el Congreso de los Diputados, la retiramos en este momento.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 13, en la que proponemos modificar el artículo 1.6 en su punto a), lo que se pretende es que los socios o partícipes de los fondos o sociedades puedan adquirir la vivienda al propio fondo o sociedad de inversión inmobiliaria de la que son partícipes. Con ello creemos que añadimos un nuevo estímulo al ahorro a través de los fondos y a la inversión en adquisición de vivienda a través del acceso previo al arrendamiento.
La enmienda número 14 tiene por objeto introducir, dentro de los temas a precisar reglamentariamente que prevé el artículo 1.6, la posibilidad de comprar solares para que puedan ser edificados. Con ello ampliamos también las posibles actividades de los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.
La enmienda número 15 hace referencia al artículo 1.6. Pretendemos que se introduzca como tema a contemplar en esta disposición reglamentaria prevista los criterios de valoración, ya que entendemos que esos criterios deben precisarse para las operaciones que efectúan las instituciones de inversión colectiva, ya que de lo contrario, en su defecto, se están aplicando criterios contemplados por la Ley hipotecaria que se demuestran inviables para este tipo de instituciones de inversión colectiva.
Las enmiendas números 16, 19 y 22, haciendo referencia a aspectos distintos, tienen prácticamente el mismo contenido. La número 16 hace referencia a las sociedades de inversión, la número 19 se refiere a los fondos, y la número 22 a la tributación. Las tres tienen por objeto precisar que las inversiones de las instituciones de inversión colectiva puedan llevarse a cabo en cualquier tipo de inmueble, siempre que se cumplan los requisitos previstos en relación con la aplicación de la inversión al menos en un 50 por ciento. Esta es simplemente una precisión, pero creemos que con ellas se mejora el texto.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 17, cuyo contenido también es prácticamente el mismo que el de las enmiendas números 20 y 23 en relación a los tres aspectos que acabo de citar, sociedades, fondos y tributación, en este caso, y como ya ha anticipado el portavoz del

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Grupo Parlamentario Popular, Senador Mera, nosotros proponemos que se sustituya el concepto «residencias universitarias» por «residencias estudiantiles». Con esta terminología más amplia permitimos que también se pueda considerar como afectadas por este concepto otro tipo de residencias, por ejemplo, las residencias para estudiantes de formación profesional, etcétera. Por tanto, hacemos esta precisión tanto para sociedades como para fondos, es decir, para todo aquello que se contempla en el artículo que hace referencia a la tributación prevista para estas instituciones.
En cuanto a la enmienda número 18, cuyo texto es idéntico al de la número 21 --en la primera se hace referencia a las sociedades de inversión y en la segunda se hace referencia a los fondos--, su objetivo es fortalecer y favorecer de forma abierta la aportación de inmuebles por parte de los socios o partícipes a los propios fondos o sociedades, así como clarificar el sistema de valoración de estas aportaciones. De no ser así, consideraríamos que se favorecería la venta de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal y su desaparición como viviendas en régimen de arrendamiento.
La enmienda número 24 es igual a otra que presentó también nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados y que fue prácticamente la única que no fue aprobada en el correspondiente trámite. Pretendemos con ella crear un marco jurídico y fiscal para las sociedades promotoras de inversión en inmuebles de viviendas de alquiler. El objetivo de esta enmienda reside en la potenciación de la oferta, ya que entendemos que hay una gran demanda de viviendas de alquiler no satisfecha. Creemos que una medida que favoreciera el que se produjera un número importante de promociones de viviendas de alquiler, y que podría perfectamente limitarse en el tiempo, solucionaría el déficit de oferta que existe en este mercado.
La enmienda número 25 es alternativa a la que acabo de defender, la número 24. En este caso proponemos que se introduzca en la próxima ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 un estímulo en el Impuesto sobre Sociedades, es decir, la promoción de inmuebles de viviendas de alquiler, ello también para el año 2000, con lo cual introducimos ya en el tiempo este condicionante, que va orientado a activar el mercado de viviendas de alquiler favoreciendo así la canalización del ahorro hacia ese tipo de inversiones.
Por último, con la enmienda número 26 pretendemos que se modifique el artículo 78 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con esta modificación, los fondos podrían ser receptores temporales de ahorros vinculados a la adquisición de viviendas; con ello, los particulares, a través de los fondos, invertirían en viviendas destinadas a alquiler. Por eso pretendemos que a estos fondos se les dé el mismo tratamiento que el que se les da actualmente cuando se depositan en entidades de crédito, siendo invertidos posteriormente en adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Pasamos al voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 27 a 37.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Armet.


El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré realizar una defensa sucinta de estas enmiendas, porque en el debate correspondiente al veto ya hemos podido explicar ampliamente nuestra filosofía crítica en relación con este proyecto de ley.
En primer lugar, presentamos una emienda para la supresión de un párrafo del preámbulo que se refiere a uno de los objetivos o motivaciones de la ley, y que comienza así: Las cautelas y garantías establecidas en el referido grupo normativo con la finalidad, fundamentalmente de proteger a los partícipes de los mismos, han impedido un adecuado desarrollo de estas instituciones...
Como se puede comprobar, se dice que la voluntad de proteger a los partícipes ha impedido el adecuado desarrollo de esas instituciones. Sin embargo, nosotros pensamos que reconocer el papel, las garantías y la transparencia en el procedimiento de los partícipes, es un elemento fundamental o condición «sine qua non» para que pueda existir un fondo de inversión inmobiliaria. Por tanto, con nuestra enmienda pedimos la supresión de dicho párrafo.
Por otro lado, proponemos que se introduzca en esta ley un elemento muy importante en nuestra opinión, como es reconocer que los planes especiales de reforma interior constituyen una referencia en la planificación urbanística, lo que tiene su enlace con los centros históricos y conlleva, como es lógico, una complejidad de primera magnitud en la gestión urbanística.
Por tanto, hay que incentivar la inversión en los planes especiales de reforma interior, que necesitan de la colaboración del sector público y del sector privado --aunque, especialmente, del sector público en lo relativo al planeamiento urbanístico, la gestión y, en muchos casos, la expropiación--, por lo que es beneficioso que existan unos beneficios fiscales en una actuación de esta naturaleza. Decimos esto, pensando también que las actuaciones en esos centros contribuyan a incrementar el parque de viviendas en alquiler, las cuales, por ser objeto de remodelación, se corresponden con prototipos más pequeños, más adaptados a las demandas actuales. Para nuestro Grupo es de gran interés que se establezca este criterio, lo que además pienso que estaría bien visto desde el punto de vista social y de su repercusión.
Hay un grupo de enmiendas que proponen la supresión de lo que en nuestra opinión supone dar un cheque en blanco a la Administración del Estado para que lo que en su momento fueron las ayudas personales otorgadas por el Instituto Nacional de la Vivienda --posteriormente, Instituto de Promoción Pública de la Vivienda-- puedan ser objeto de enajenación sin ningún tipo de condiciones, sin conocer su cuantía e importancia, y sin que se sepa la voluntad directora de la política existente en relación con ese tema. Aunque éste no es un elemento característico de esta ley, sí es un elemento complementario fundamental que

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nosotros rechazamos, por lo cual, hemos presentado una enmienda para su supresión.
Otro bloque de enmiendas propone que se regule por ley lo que es sustantivo, es decir, aquello que podría alterar la naturaleza de fondo de hacerse una interpretación reglamentaria absolutamente abusiva.
Estamos pensando en unos actores privados que pueden ver cómo su carácter de partícipe se convierte también en el de arrendatario. Este tipo de situaciones siempre se ha evitado en la regulación de los fondos, por lo cual, dejar este tema a la vía reglamentaria es un acto de irresponsabilidad por parte del Gobierno; sobre todo, por parte de un Gobierno que siempre tiende a buscar fórmulas jurídicas para favorecer a sectores específicos de la sociedad. En este sentido, no entendemos cómo los grupos que le prestan apoyos externos no solicitan que una cuestión como ésta, de naturaleza tan importante, se regule por ley.
Asimismo, hay otras enmiendas que se refieren a nuestro criterio sobre la fiscalidad que deben tener estas entidades. Así, admitimos que debe existir una fiscalidad más interesante --aunque no llegamos al 1 por ciento, como se pide en el proyecto porque eso nos parece abusivo, exagerado, e injustificado--, proponiendo el 3 por ciento, y dejando el 1 por ciento para el caso de que se trate de planes especiales de reforma interior. Creemos que nuestro enfoque es absolutamente correcto y que se ajusta a lo que supondría una mejora de la fiscalidad, sin alterar sustancialmente el esquema anterior, que es precisamente lo que propone este proyecto de ley. El proyecto se inspira en la voluntad de ampliar la capacidad operativa de estos fondos, pero no se sitúa en el contexto político y económico actual. Hacerlo quiere decir dar seriedad al fondo, incrementar el número de partícipes, intentar que entidades de tipo financiero desarrollen actividades complementarias a través de sociedades de inversión inmobiliaria o fondos de inversión inmobiliaria. Por tanto, empezar lo que se llamaría una etapa de crecimiento exponencial de estos fondos que, lógicamente, pasa por garantías en cuanto a partícipes y en cuanto a la composición de los activos.
Tenemos enmiendas derivadas del concepto que nosotros defendemos, que es el 3 por ciento del Impuesto de Sociedades, siempre y cuando el alquiler de viviendas, más residencia de estudiantes, más residencia de tercera edad, supere el 50 por ciento. Es decir, este planteamiento comporta todo el conjunto de enmiendas que dan lugar a la necesaria adaptación, tanto en la exposición de motivos como en aspectos de desarrollo legislativo.
Para terminar, me gustaría decir que, curiosamente, si con nuestro planteamiento se hubiera avanzado, hubiéramos obtenido los siguientes beneficios por parte de todos: en primer lugar, un tema que precisa de un análisis particular hubiera sido tramitado de forma particular, como lo que hace referencia a que la Administración del Estado pueda enajenar todos los derechos históricos derivados de todas las políticas de vivienda. Esto tendría que haberse reflejado, como es lógico.
En segundo lugar, hubiéramos situado una fiscalidad más razonable; hubiéramos situado todo el conjunto de temas delicados y que necesitan regulación legal, lo cual otorgaría las garantías jurídicas para ir avanzando de forma positiva. Y creo, sinceramente, que nuestras enmiendas hubieran protegido a los partícipes, potenciando a los fondos de inversión inmobiliaria y, lógicamente, hubiéramos alcanzado también un consenso en un tema, que si no sale con la ilusión, la fuerza, el empuje necesarios, difícilmente alcanzará las cuotas mínimas que otros países han alcanzado.
No deja de ser un absurdo que si nosotros analizamos todos los activos financieros, en el concepto más amplio de la palabra, vemos que el único activo financiero que está muy por debajo de sus potencialidades son los fondos de inversión inmobiliaria. Esto puede obedecer a que el 80 por ciento de nuestras viviendas son, como saben ustedes, de compra, pero aparece en estos momentos una gran cantidad de inversiones inmobiliarias en los núcleos urbanos, que son de viviendas o de locales comerciales, que permitiría pensar en una potenciación de los fondos de inversión inmobiliaria. Hacerlo significa no pensar en el fondo como un instrumento complementario de otras políticas, significa partir de la idea de lo que son los propios fondos, partir de su fuerza, mejorar, obviamente, la fiscalidad, lo cual permite mejorar unas rentabilidades, pero sabiendo que estamos en una senda, la del Euro. Con rentabilidades razonables nosotros podemos vivir y potenciar nuevas realidades. Y, curiosamente, estamos potenciando otras de forma exagerada, creando demandas potenciales irreales muy fuertes, como la de los fondos mobiliarios, con lo que esto comporta de indefinición en otros campos.
Si estamos en un momento de calma, lógicamente todos estableceremos que conviene la potenciación de estos fondos. Lo que se ha hecho con esta ley ha sido abrir incertidumbres, interrogantes y políticas torticeras posibles en relación a los temas más delicados que hacen referencia al fondo; no hacemos nada más que crear una nueva dificultad y, posiblemente, estaremos enterrando una esperanza porque no damos salida alguna a la posibilidad y el deseo de muchos de nuestros ahorradores de dirigir parte de sus ahorros a unas rentas fijas razonables y estables en el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
Pasamos al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Popular, que corresponde a las enmiendas números 43 y 44.
Tiene la palabra el Senador Mera.
Le ofrezco la posibilidad de que acumule el turno en contra, si lo va a hacer.


El señor MERA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, vamos a intentar defender nuestras dos enmiendas, las números 43 y 44.


El señor PRESIDENTE: Senador Mera, le ofrezco la posibilidad de que acumule el turno a favor y el turno en contra, si tiene previsto utilizarlo.


El señor MERA RODRIGUEZ: Sí, así lo haré.


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De acuerdo con las indicaciones del señor Presidente, voy a utilizar, en primer lugar, el turno a favor de estas dos enmiendas para, a continuación, hacer uso del turno en contra de las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos.
En cuanto a la enmienda número 43, que evidentemente no voy a leer porque es muy larga y porque está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, voy a intentar justificar el porqué de la misma. El apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda, en virtud del cual se establece una regla para favorecer y potenciar las inversiones de los fondos de inversión mobiliaria en valores del mercado hipotecario, se ampara en lo siguiente: Primero, es una previsión contenida en la Directiva 85/611 de la Comunidad Europea, sobre armonización a nivel comunitario del régimen de instituciones de inversión colectiva, que no había sido incorporada con anterioridad a nuestro ordenamiento jurídico.
Con la incorporación que se efectúa a través de esta enmienda se favorece una mayor posibilidad inversora en valores del mercado hipotecario, lo cual redunda en una mejora de la financiación hipotecaria a nivel general.
En segundo lugar, se consigue otro objetivo, que es el establecimiento de una pauta que posibilite, conforme a los planteamientos que seguirá el Sistema Europeo de Bancos Centrales en el ejercicio de la política monetaria, dar entrada a estos títulos, como valores que sirvan como colaterales o garantía en las operaciones de política monetaria. Esto es así, porque para calificar los valores susceptibles de ser utilizados en dichas operaciones es necesario que se sigan los criterios amparados en dicha Directiva.
En tercer lugar, y conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, concretamente en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/1994, del 14 de abril, dado que los bonos de titularización hipotecaria tienen la consideración de valores de mercado hipotecario, se extiende a este tipo de valores la flexibilización en materia de inversiones de las instituciones de inversión colectiva, impulsándose y mejorándose de igual modo la financiación hipotecaria por esta vía.
En conclusión, creemos que la enmienda está sobradamente justificada porque cada vez que se da un espaldarazo a la financiación hipotecaria se logra, al mismo tiempo, el objetivo de que los valores del mercado hipotecario sean utilizados a los efectos de garantía en política monetaria, lo cual refuerza el objetivo básico anteriormente citado.
En cuanto a la segunda enmienda que se ha quedado viva después del debate en Comisión, la número 44, he de decir lo siguiente. Al excluir a los Fondos de Garantía de Depósitos de entidades de crédito del ámbito de aplicación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración Civil del Estado, lo que se persigue, al igual que sucede con el Banco de España, es someter, especialmente en materia de contratación y de personal, a la legislación específica de dichos entes, aunque no se ajusten a la legislación general de contratos o de personal de carácter público. La justificación de ello reside, por una parte, en las particulares funciones de intervención en casos de insolvencia de las entidades de crédito; y, por otra parte, en el carácter mixto entre lo público y lo privado, que caracteriza dichos fondos desde el año 1995.
Por ello, con carácter general su financiación es sufragada con recursos privados. Asimismo, en sus órganos participan también representantes de las entidades de crédito privadas.
Como conclusión, diré que tanto por las funciones que cumplen, por su propia organización y, en general, por su alejamiento de lo que son las premisas básicas en cuanto entidades públicas recogidas en la citada LOFAGE, las posibilidades de exclusión de su régimen que dicho texto legal prevé son sobradamente ajustadas y fundamentadas en el caso que nos ocupa.
Aprovechando este turno en contra, voy a dar respuesta a las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Mixto, a través de Izquierda Unida, ha presentado once enmiendas. Inicialmente debo señalar que vamos a rechazar todas las enmiendas de este Grupo.
La número 1 se rechaza porque supone una modificación del preámbulo, en coherencia con las enmiendas del mismo Grupo a este proyecto de ley.
La número 2 también se rechaza por estar en franca contradicción con la filosofía fiscal del proyecto y su aceptación supondría modificar prácticamente todo lo acordado en el debate realizado en el Congreso de los Diputados.
La número 3 es una enmienda de supresión consecuencia de la anterior. Por lo tanto, en coherencia, se rechaza.
En la número 4 se pretende ampliar el plazo a cinco años. Nosotros consideramos que el plazo de tres años que marca el proyecto de ley --que anteriormente estaba en cuatro-- es suficiente. Por lo tanto, no entendemos esta propuesta de modificación.
La número 5 se rechaza porque consideramos excesivo que la potestad para los supuestos en que los socios puedan aportar inmuebles en instituciones de inversión colectiva se regule mediante una disposición de rango de ley. Consideramos suficiente que se haga mediante una disposición reglamentaria.
La número 6 la rechazamos puesto que va en contra de la filosofía general del proyecto e introduce una rigidez excesiva en la regulación de la política de inversión de estas instituciones.
La número 7 es una enmienda de supresión, consecuencia de la anterior, por lo que, evidentemente, seguirá el mismo camino.
La número 8 mantiene los mismos argumentos que la número 4, por lo que también se rechaza.
En la número 9 los argumentos utilizados en su defensa son los utilizados en la número 5. Por lo tanto, por coherencia también queda rechazada.
La número 10 es coincidente con la número 11 que presentó el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso. Evidentemente, fue rechazada y también va a serlo en esta Cámara.
La número 11 está en plena contradicción con la doctrina de este proyecto de ley en cuanto a la posibilidad de retenciones o ingresos a cuenta por incrementos de patrimonio.


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El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta quince enmiendas, de la número 12 a la 26. Vamos a votar a favor de las números 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y votaremos en contra de las números 13, 14, 24, 25 y 26.
Vamos a dar una explicación de esta decisión.
La número 12 ha sido retirada puesto que era una enmienda prácticamente similar a la número 38 de nuestro Grupo.
Rechazamos la número 13 por implicar una notable distorsión del objeto de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria, que ha de consistir en la inversión en viviendas y otros inmuebles para su alquiler y no para su venta. Por lo tanto, no parece admisible establecer supuestos de venta en los inmuebles de los partícipes o socios.
En cuanto a la número 14, que también rechazamos, entendemos que se modifica la naturaleza del objeto social que se pretende dar a las sociedades y fondos de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria. Si se permitiese la adquisición de solares, las instituciones quedarían implicadas en el proceso de construcción; es decir, ampliarían su objeto a la promoción de viviendas, implicándose en una actividad como la construcción, ajena al mundo financiero. Por lo tanto, creemos que se podría deducir de aquí alguna especulación. Incluso podría dar lugar --como señaló el Partido Socialista en alguna de sus manifestaciones-- a que las garantías no estuvieran lo suficientemente protegidas y se pudiera poner en peligro este tipo de fondos.
Respecto a la enmienda número 15, aunque los criterios de evaluación ya están fijados para las instituciones de inversión colectiva por vía reglamentaria, creemos que lo que abunda no daña y, por lo tanto, se acepta.
La enmienda número 16 contiene simplemente una diferencia de matiz. En el proyecto dice la «inversión en inmuebles» y la enmienda propone «la inversión en cualquier tipo de inmuebles». Por tanto, aceptamos esta modificación.
La enmienda número 17, como dije al hablar del veto, la vamos a aceptar porque consideramos que es más amplio el concepto de residencias estudiantiles y, al mismo tiempo, es más preciso y adecuado que la redacción que sugiere el proyecto de ley. Por lo tanto, admitimos este cambio de nomenclatura y a partir de ahora las residencias universitarias, que es como consta en el proyecto de ley, se denominarán residencias estudiantiles.
La enmienda número 18 creemos que no aporta demasiado, pero tampoco está en contradicción con las anteriores. Por supuesto, hemos hablado con el portavoz y se acepta.
La enmienda número 19 tiene algunos argumentos similares a los de la número 16 y, por ello, igual que la anterior se acepta.
La enmienda número 20 contiene los mismos argumentos que la número 17; la número 21 los mismos argumentos que la número 18; la número 22 los mismos argumentos que la número 19 y la 23 los mismos argumentos que la número 17. Por tanto, como ya dije inicialmente, se aceptan.
En cuanto a la enmienda número 24, se rechaza, ya que afecta a materias que, evidentemente, no es el momento de regular en este proyecto de ley.
Por tanto, creemos que no es el momento procesal oportuno para introducir este tipo de enmienda.
Respecto a la enmienda número 25 que, como decía el Senador Cambra, es una alternativa a la enmienda número 24, por la misma razón también la rechazamos.
La enmienda número 26 plantea una serie de problemas técnicos y de filosofía fiscal, puesto que incluso pretende modificar algunos artículos de la Ley del IRPF, cuya modificación todo el mundo sabe que se está intentando llevar a buen término en estos momentos. Creo que es el momento oportuno de que, tanto un grupo como otro, puedan negociar si es viable que se vierta alguna cautela en este sentido.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que incluyen desde la número 27 a la 37, ambas inclusive, es decir, once, voy a ir desgranando algunas de ellas. En general, debo decir que el Grupo Parlamentario Socialista, como es obvio, ha presentado un veto a este proyecto de ley y, por tanto, sus enmiendas van en consonancia con el espíritu de devolver el proyecto de ley al Gobierno. Por consiguiente, es evidente que las vamos a rechazar, puesto que ellos no comparten este proyecto de ley.
Por expresar algunas cuestiones puntuales, hay algunas enmiendas a través de las que, igual que Izquierda Unida, consideran que las garantías en cuanto a los socios y partícipes, deben establecerse en una ley y no en un reglamento. Por lo tanto, las vamos a rechazar del mismo modo que las enmiendas de Izquierda Unida.
Existen algunas enmiendas, como, por ejemplo, la número 32, que está en contra de la filosofía del proyecto, tal como ha sido aprobado en el trámite del Congreso de los Diputados.
La enmienda número 33, es una consecuencia de la enmienda del mismo grupo al artículo 33.6 del proyecto de ley.
La enmienda número 34 es consecuencia de su enmienda número 32.
La número 35 es una consecuencia de la número 36. Por lo tanto, seguimos en la misma línea.
La enmienda 37 afecta a materias que creemos que no deben regularse en este texto y, por tanto, no la vamos a aceptar.
Las enmiendas números 31 y 32 son relativas a la flexibilización del cómputo suficiente de inversión. Es evidente que este aspecto ya se modificó en el Congreso de los Diputados y, por tanto, por coherencia, no se aceptarán.
En definitiva, creemos que este proyecto de ley persigue impulsar el mercado de viviendas en alquiler, que es, sobre todo, el objetivo fundamental, teniendo en cuenta que durante los seis años que ha estado la Ley en vigor no ha dado los frutos esperados, como explicamos anteriormente en un análisis comparativo con los países de la Unión Europea.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Nuestro Grupo quiere consumir un turno en contra de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene derecho a hacerlo.


El señor ARMET I COMA: Muy brevemente, señor Presidente, señorías.
Curiosamente, con respecto a esta ley, que es una ley atípica, que habla de un tema y también habla de otro, a partir de estas dos enmiendas, las números 43 y 44, el Grupo Parlamentario Popular introduce dos temas que no tienen nada que ver con la misma. No es la primera vez que ocurre, es una práctica habitual, pero esta práctica introduce una especie de surrealismo legislativo que, llevado a sus últimas consecuencias, puede dar lugar a que el tema más importante de la ley se desarrolle gracias a una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Senado, digamos que con una cierta nocturnidad, puesto que es una Cámara de segunda reflexión, una Cámara que intenta perfeccionar, pero no sacar las novedades. Las novedades se sacan cuando se tienen que sacar, con todas las cautelas jurídicas que deben comportar, los dictámenes preceptivos y el análisis previo que conlleva cualquier proceso legislativo. Pero es el caso de que a través de una enmienda, con nocturnidad y clara alevosía, se intentan introducir temas de gran importancia.
Una de las enmiendas se refiere a un olvido, un error en la LOFAGE, donde se decía que el Banco de España se regirá por sus propios mecanismos reglamentarios. Ahora lo que se pretende es incluir todo el conjunto de entidades correspondientes a los fondos de garantía de las cajas y bancos, cuestión que no se había pensado en su momento. En este caso, pues, es un error.
En el otro caso no es un error, se trata de un tema muy importante, el cual hace referencia a los fondos de inversión mobiliarios. A partir de esta enmienda se crea un mecanismo por el que se pueden fusionar los fondos mobiliarios que se desee. La importancia de esto es básica, por una razón muy simple: Cuando una persona entra en un fondo mobiliario, la sociedad gestora tiene una cierta vocación en el fondo; le indica qué composición tiene el fondo, cuál es su voluntad, si es un fondo de mayor o de menor riesgo, si es de renta fija o tiene naturaleza de fondo mixto, qué rentabilidad potencial se espera, con lo cual el partícipe va mínimamente orientado sobre cuáles son las expectativas de dicho fondo.
Muchas veces va mal orientado porque le dicen que lo que ha sucedido durante los dos años anteriores va a suceder en los dos posteriores, pero en ese caso se trata del engaño habitual que se produce en nuestro país por parte de muchos agentes financieros. No obstante, existe, lógicamente, una voluntad de objetivar el fondo, de darle una naturaleza propia.
En esta enmienda se dice que se podrán fusionar fondos de inversión, ya sea mediante absorción, ya sea con la creación de un nuevo fondo. La iniciación del procedimiento requerirá el previo acuerdo de la sociedad gestora --obvio-- y del depositario de los fondos que vayan a fusionarse.
La fusión será previamente autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los procesos de fusión deberán ser objeto de comunicación a los partícipes, quienes, en su caso, ante el aviso del fondo, podrán pedir el reembolso, lo cual es un derecho, si bien, no obstante, se les sitúa en la posición de tener que aceptar o no aceptar.
Pero la enmienda añade en otra cláusula lo siguiente: «No obstante lo anterior, no procederá el derecho de reembolso a que hace mención en el párrafo anterior cuando la sustitución de la sociedad gestora se efectúe por otra sociedad gestora del mismo grupo.» Supongamos un grupo bancario, un grupo de cajas importante que tiene un conjunto de fondos con distintas sociedades gestoras y establecen la fusión de determinados fondos. A partir de este hecho, el pobre partícipe no puede ni pedir el derecho que le correspondería, como es obvio, cuando se produce una alteración de ese tipo.
Una cuestión de esta naturaleza e importancia, cuando los fondos de inversión mobiliaria en nuestro país son de 30 billones de pesetas, cuando no ha existido una rentabilidad realmente fuerte y existe por parte de los comentaristas inteligentes, sensibles y conocedores del tema el concepto de «burbuja especulativa» o de preocupación en relación a lo que puede suceder en el futuro, que un tema de éstos aparezca en una enmienda presentada hoy con este ambiente, con este entusiasmo y con esta motivación colectiva, sin mayor trascendencia, no es que sea un abuso de ley, sino que es un mal abuso del concepto parlamentario. Sobre este concepto no existe ninguna reflexión, ningún dictamen, ninguna puesta en común de las cosas. Da la sensación de que es una enmienda de encargo de las que van a los buzones de determinados Grupos Parlamentarios y que normalmente tienen sustanciales beneficios para los que han sido los auténticos transportadores de la enmienda, ya que, suponiendo que nadie se lea mucho los papeles, puede colar de una forma o de otra.
Nosotros les decimos claramente y con indignación institucional que no hagan este tipo de planteamientos. Si legítimamente quieren plantear este tema, háganlo, pero de forma abierta, con todo el procedimiento, con todas las garantías, tanto democráticas como institucionales. No hacerlo así es una forma de entender la democracia que nosotros no participamos.
A partir de ahora situaciones de este tipo las iremos condenando cuando se produzcan para bien de todos, no sólo de nuestro Grupo, porque es un tema institucional.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
¿Algún Grupo quiere intervenir? ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? El Senador Cambra tiene la palabra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular la aceptación de las nueve enmiendas que ha anunciado que van a votar favorablemente. Quiero lamentar que el sentido del voto no sea el mismo respecto de las otras enmiendas, ya que consideramos que son modificaciones que favorecerían el gran objetivo que tiene este proyecto de ley, que es fomentar la inversión en vivienda para alquiler. También quiero manifestar que vamos a abstenernos en las dos enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular fundamentalmente por un concepto de forma, y la posición legítima de nuestro Grupo quedará postergada hasta que el proyecto vuelva al Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? El señor Armet tiene la palabra.


El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra posición a esta ley ha sido constructiva y creo que damos fórmulas operativas con el fin de encontrar soluciones viables. Nuestro comportamiento creo que se inscribía en esta voluntad de potenciar los fondos, de defender los partícipes y de encontrar puntos de diálogo. Esto no ha sido posible y lo lamentamos profundamente porque creemos sinceramente que cuando hay que dotar de potencialidad un activo financiero, como pueden ser las sociedades inmobiliarias de los fondos de inversión inmobiliaria, con el futuro y el presente que tiene en muchos países, es una lástima que no hayamos encontrado los puntos de coincidencia.
Desde este punto de vista, nuestro Grupo ha mantenido las posiciones que ha considerado oportunas en defensa de la naturaleza específica que la ley dice defender.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Mera tiene la palabra.


El señor MERA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diciéndole que, evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el trámite de la Ponencia como en el de la Comisión, no ha querido intentar forzar para que estas enmiendas viniesen dentro del contenido de la Ponencia y, por tanto, en el informe de la Comisión, sino en un acto quizá de transparencia ha querido, de alguna forma, que las enmiendas números 43 y 44 se debatieran hoy aquí en el Pleno. Por lo tanto, no es un acto, como dice su señoría, de premeditación y alevosía, con el agravante de nocturnidad, sino todo lo contrario.
Evidentemente creemos que estas dos enmiendas, que son completamente distintas, tienen un cierto contenido. La número 44 es una enmienda de tipo técnico porque en la aplicación real de la LOFAGE se ha encontrado un lapsus y hay que intentar corregirlo. La número 43 que, como dice su señoría, tiene más calado, hemos intentado que viniese al Pleno y que no se aprobara el informe de la Comisión. Por lo tanto, ha habido tiempo suficiente para su estudio por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Es cierto que esta enmienda nace, como dije hace un momento en la tribuna, de lo siguiente: la Directiva de la Comunidad Europea, número 85/611, sobre armonización a nivel comunitario y de régimen de instituciones y de inversión colectiva todavía no ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Consideramos que éste es el momento procesal oportuno, aunque evidentemente pudiese plantearse en otra ocasión, pero rechazamos el planteamiento de oportunismo. Estamos plenamente convencidos de que con esta introducción estamos intentando incluirlo aquí, ya que estamos regulando fondos de inversión colectiva y algunas cuestiones son realmente similares.
Rechazamos, en consecuencia, la acusación de oportunismo y, en cambio, agradecemos el tono que ha utilizado en su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
También deseo decir que lamentamos no poder aprobar todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Suspendemos el debate hasta las cuatro de la tarde, que iniciaremos con la votación del articulado de esta ley.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a iniciar las votaciones al articulado de la ley.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Román Clemente. Lo haremos en dos bloques. El primero comprende desde la enmienda 1 a la 9, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, tres; en contra, 119; abstenciones, 83.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 10 y 11, del mismo Senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 84; en contra, 118; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, votamos las enmiendas números 14 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 11; en contra, 109; abstenciones, 84.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Corresponde someter a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, desearíamos votación separada de las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en un bloque, y el resto de enmiendas en otro. También querríamos que nos confirmara si la enmienda número 12 ha sido retirada.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido retirada.
En primer término, votamos las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 119; en contra, 85; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 13, 24 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 10; en contra, 195.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 27 a 37, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 86; en contra, 116; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 43 y 44.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 112; en contra, 83; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición transitoria y preámbulo del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 122; en contra, 82.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA SEXTA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO ASIATICO DE DESARROLLO (S.
621/000079) (C. D. 121/000093).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo.
Para presentar el dictamen tiene la palabra el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo el honor de presentar ante sus señorías, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda, el dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo. El pasado 16 de abril tuvo entrada en esta Cámara, cuya Mesa lo remitió, con la misma fecha, a la Comisión de Economía y Hacienda para su trámite por el procedimiento ordinario.
Como sus señorías saben, el Fondo Asiático de Desarrollo es el núcleo de recursos que el Banco Asiático de Desarrollo provee en condiciones concesionales a aquellos países que, siendo miembros, son elegibles dadas sus condiciones de desarrollo.
España ingresó en este Banco en 1986 y ésta es nuestra contribución a la Sexta Reposición de Recursos que se sufragará con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo por un importe de casi 1.700 millones de pesetas para el período 1997-2000.
A este Proyecto de Ley se presentó una enmienda, y la Comisión lo dictaminó el pasado 12 de mayo manteniendo en sus mismos términos el texto que nos fue remitido por el Congreso de los Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
Entramos en el debate de totalidad.


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¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Entramos en el debate de las enmiendas.
Voto particular número 1 del señor Román Clemente que corresponde a la enmienda número 1. El señor Román Clemente tiene la palabra.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Izquierda Unida presenta al Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo una enmienda de adición, por la que pretendemos introducir un nuevo artículo 4. Señorías, quisiera analizar el contenido de esta enmienda y las motivaciones por las que presentamos la misma.
La enmienda --como digo-- es de adición y titulamos dicho artículo 4 nuevo de la siguiente manera: «Artículo 4. Cooperación para un desarrollo social y sostenible.» Y el contenido de este artículo sería el siguiente: «En su participación en los órganos del Fondo, el Gobierno promoverá, defenderá y apoyará los acuerdos que se refieran a una utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, oponiéndose a aquellas iniciativas que, directa o indirectamente, impliquen una alteración de las condiciones medioambientales en términos que sean inadmisibles según la normativa de la Unión Europea o del Estado español.
»Con el fin de propiciar acuerdos que promuevan un desarrollo justo en la región, el Gobierno sólo adoptará iniciativas ante los órganos del Fondo o, en su caso, apoyará las de terceros, cuando de ellas resulte una mejora directamente perceptible en las condiciones de vida de los pueblos a los que se dirigen. A este fin, se entenderán como mejoras que debe incluir todo proyecto susceptible de financiación la creación de empleo, el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, la exclusión terminante de la utilización en el trabajo de la población infantil, el impulso de actividades favorecedoras de un desarrollo endógeno en la región y no exclusivamente ligadas a la actividad importadora-exportadora de las empresas trasnacionales, así como la aplicación de tecnologías adecuadas a la dotación de los recursos existentes.» Señorías, del análisis de la enmienda que proponemos se pueden extraer varias conclusiones. Izquierda Unida considera que se debe potenciar la cooperación multinacional para el desarrollo y que esto debe implicar, además de la necesidad de incrementar sustancialmente los fondos generales para este fin, un control en el uso de los mismos que garantice la existencia de beneficios a largo plazo para los pueblos que se esfuerzan por salir del subdesarrollo.
Señorías, con esta enmienda pretendemos que la contribución de España al Fondo Asiático de Desarrollo no se limite a un simple acto de reposición de recursos sino que, además, se apliquen los mismos efectivamente a apoyar el desarrollo en los países de la región.
Señorías, nos parece ésta una magnífica oportunidad para recordar lo que en este momento puede estar siendo de actualidad: la Marcha mundial contra la explotación infantil en el trabajo, iniciativa que va a concluir ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, entre los días 2 y 4 de junio, que nos debería mover a la reflexión.
Decimos que se deben incrementar los fondos, pero también decimos, señorías, que se debe controlar el uso de los mismos. Nos parece imprescindible resaltar, como explicamos en el texto de nuestra enmienda, que se produzca una mejora perceptible en las condiciones de vida de los pueblos, y vamos un poco más allá. Entendemos como mejora que se debe garantizar, señorías, el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. Este es un buen momento para manifestar igualmente la repulsa, el rechazo contra la explotación infantil en el trabajo. Y, señorías, también debemos apostar porque el uso de estos fondos contribuya a un desarrollo endógeno en la región.
Por tanto, está suficientemente explicado tanto en el contenido de la enmienda como en la motivación, el porqué de la presentación de la misma.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor García Millán.


El señor GARCIA MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con toda brevedad subo a esta tribuna para fijar la posición de mi Grupo en relación con la enmienda presentada por don José Fermín Román Clemente, por Izquierda Unida; enmienda de adición que trata de incorporar un nuevo artículo 4 al texto del proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo y que pretende autorizar la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo.
Señor Presidente, nuestro Grupo entiende que esta enmienda pretende, unilateralmente, distribuir los recursos, motivo de la reposición, acotando los usos de los mismos, modificar sus objetivos, así como regular las actividades ligadas a la importación y exportación.
Con lo expresado, creo haber recogido el espíritu de lo que la enmienda pretende incorporar al texto, así como la forma de su incorporación.
Dicho esto, señor Presidente, trataré de expresar los motivos por los cuales no vamos a aceptar esta enmienda.
España ingresó en el Banco Asiático de Desarrollo en 1986, con la Ley 44/1985, asumiendo desde este momento los objetivos y compromisos que tienen fijados estas instituciones multilateralmente dentro de su campo de acción.


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En este contexto, España no puede modificar los objetivos y funciones de un organismo multilateral.
Por otro lado, en estos acuerdos quedan suficientemente garantizados el sentido y fines del Fondo Asiático de Desarrollo, centrados en la ayuda a los países más necesitados de la región. Estos objetivos quedan claramente marcados en su programa operativo para el período 1995-1998: promoción del crecimiento económico, reducción de la pobreza, apoyo del desarrollo humano, mejora de la situación de las mujeres y protección del medio ambiente. Objetivos que se encuentran claramente en la línea de los que se apuntan en la enmienda.
Por ello, señor Presidente, entendemos que dicha enmienda es reiterativa con los objetivos contemplados en los acuerdos que multilateralmente sostienen los 57 miembros que componen dicho Organismo.
Asimismo entendemos que acordar algo unilateralmente conculcaría los derechos y acuerdos que sostiene dicha institución, y por ello creemos, repito, que no es procedente la modificación pretendida. En todo caso, lo que procedería sería la creación de un Fondo nuevo, y para ello éste no es el momento oportuno.
Dicho esto y para terminar, señor Presidente, nuestro grupo votará en contra de dicha enmienda y apoyará el dictamen de la Comisión, así como el proyecto de ley en los términos que contempla la pertinente publicación en el Boletín de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Millán.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, con brevedad, para decir que no se trata de insistir, una vez más, en el contenido de la enmienda, pero sí he de decir que nuestra posición, que viene siendo la de incrementar sustancialmente estos fondos, también es la del control de los mismos y, bien sea en este marco, bien sea en otro, que pueda considerarse más adecuado, lo que sí es conveniente es que se puedan ir introduciendo criterios para este control, y los que aquí exponemos, señoría --y éste es buen momento porque la actualidad así lo demanda--, se traducen en una oposición, en un rechazo hacia la explotación infantil; en un rechazo a no tener en cuenta los derechos sindicales de los trabajadores, y es también una posición para fomentar un desarrollo endógeno de la región apostando hacia el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Armet.


El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, simplemente quiero afirmar que esta enmienda de Izquierda Unida seguramente es premonitoria de un próximo futuro; es una enmienda que, de aquí a cinco o diez años, hará de obligado cumplimiento que las políticas de cooperación vengan enmarcas dentro de conceptos como el desarrollo sostenible, en este caso, para que no exista una competencia desleal. Es decir, que las ayudas puedan dar lugar a prácticas que nosotros no reconocemos desde la perspectiva de los derechos humanos o desde la perspectiva ecológica, que es el tema que se plantea.
Pero, lógicamente, a corto plazo lo que sí debemos tener presente es que cuando defendemos el principio del desarrollo sostenible lo hacemos porque países que representan el 80 por ciento de la población sólo tienen el 20 por ciento del PIB mundial. Si nosotros estableciéramos dificultades como las que nos autorregulan a escala de la Unión Europea, estaríamos basando la ayuda en unos condicionamientos que les impediría llevar adelante sus políticas. Por tanto, a corto plazo debemos entender que la posibilidad de una misma regulación no es posible para los países en vías de desarrollo, que consumen el 20 por ciento de la energía, mientras que nosotros consumimos el 80 por ciento; debemos ser ligeramente permisivos y entender que parte de su desarrollo debe realizarse en unas condiciones más favorables, desde el punto de visita negativo, es decir, que puedan llevar a cabo sus actividades de desarrollo bajo una lógica ecológica que no es la misma que nos autorregula.
En consecuencia, nos mantendremos en una posición de abstención frente a esta enmienda, reconociendo que enmiendas de estas características serán las enmiendas del futuro. Piensen ustedes que deberíamos tratar ese tema como debemos tratar los temas de la ampliación de la Unión Europea; no podemos exigir los mismos requisitos a los países que van a entrar que a los que estamos dentro, y, por tanto, las políticas de desarrollo deben basarse en esta sutil diferencia, en esta sutileza de enfoque que permita que su desarrollo no se base en las mismas autolimitaciones con que nosotros nos vamos a desarrollar.
Por eso me ha gustado establecer esta diferencia, porque desde el punto de vista de la sensibilidad del presente y del futuro esta enmienda queda justificada, pero desde el punto de vista de políticas de ayuda al desarrollo es bueno que contemplemos esta enmienda como un elemento de abstención y con la potencialidad de futuro que tiene.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador García Millán.


El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.


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Hago uso de la palabra sólo y exclusivamente para reconocer la preocupación que el portavoz de Izquierda Unida tiene sobre temas tan importantes como la explotación infantil y otros temas apuntados en el transcurso de su intervención.
No dejamos de reconocerla, y entendemos que estos temas están perfectamente recogidos dentro de la voluntad de las personas que integran dicha institución. Otra cosa diferente es la modificación en sí del proyecto de ley que, como quedó también reflejado en mi intervención, supondría tomar decisiones unilateralmente, lo que conculcaría los derechos y acuerdos adoptados multilateralmente, y creo que en este momento no nos corresponde.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Millán.
Terminado el debate, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos el voto particular número 1, del Senador Román Clemente, que corresponde a la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, dos; en contra, 121; abstenciones, 85.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos los artículos 1 a 3, disposiciones finales primera y segunda y preámbulo, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 209.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Aplausos.) Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA (S.
605/000004) (C. D. 127/000004).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador que haya designado la Comisión. Tiene la palabra el Senador Bascuñana García.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, señorías, el texto remitido por el Congreso de los Diputados de Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, Proposición de Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, tuvo entrada en esta Cámara el día 22 de abril de 1998.
(Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senador Bascuñana, por favor, ¿puede interrumpir su intervención para ver si logramos que se callen los Senadores? (Pausa.) Puede continuar, señoría.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que esta Propuesta de reforma tuvo entrada en esta Cámara el día 22 de abril de 1998, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III B, número 21 (a) el mismo día.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de esta Propuesta de reforma a la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, ese mismo día se abrió el plazo de enmiendas, que finalizaba el 6 de mayo. En dicho plazo se presentaron 15 enmiendas.
El pasado 12 de mayo informó la Ponencia, no incorporando ninguna de ellas al texto de la Proposición de Ley Orgánica remitida por el Congreso de los Diputados, informe que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III B, número 21 (c), el 14 de mayo, fecha ésta en que la Comisión General de las Comunidades Autónomas dictaminó la Propuesta, formulándose los siguientes votos particulares: primero, por el Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo su enmienda número 15. Segundo, por el Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo todas sus enmiendas, de la número 1 a la 14.
Señorías, es preciso señalar que en el Boletín Oficial del Senado de 22 de abril, referente a la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el número 5 del artículo 27 se dice lo siguiente: « ... tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura ordinaria.» Pues bien, debería aparecer la expresión que figura en el Boletín Oficial del Congreso de 16 de septiembre de 1997: legislatura originaria. Se trata, pues, de un error de copia que se ha deslizado en la tramitación del Congreso de los Diputados.
Asimismo, en la disposición final se dice: «La presente reforma del Estatuto de Autonomía entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.» Y debe decir: «La presente reforma del Estatuto de Autonomía entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.» Esto es todo cuanto debo informar.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
Pasamos al debate de totalidad, debate que es seguido desde la tribuna de invitados por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia acompañado por el Presidente

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de su Parlamento y por una representación de todos los grupos parlamentarios. (Fuertes aplausos.) ¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bascuñana.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, señorías, al igual que ha hecho el Presidente del Senado, antes de comenzar mi intervención deseo dar la bienvenida a esta Cámara al Presidente del Consejo de Gobierno de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel, así como también a la Delegación de la Asamblea Regional, nuestro Parlamento autonómico, encabezada por su Presidente, don Francisco Celdrán.
En segundo lugar, señor Presidente, también quisiera felicitar al Parlamento murciano por el gran trabajo que ha realizado en la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, así como por el alto grado de consenso conseguido.
Permítanme, señorías, que exprese mi satisfacción y el honor que para mí supone, como Senador por la Comunidad de Murcia y miembro de su Asamblea regional, intervenir durante esta tarde en esta Cámara, en la que va a quedar aprobada definitivamente la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
En estos momentos es justo hacer una breve reseña histórica.
Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la Asamblea regional acordó por unanimidad, en sesión plenaria celebrada el 11 de julio de 1996, proponer una reforma del Estatuto de Autonomía. Es preciso señalar que el nuevo Gobierno de España --que había quedado constituido el 4 de mayo-- se ofreció, concretamente desde el Ministerio de Administraciones Públicas, y así lo hizo el propio Ministro, a un acuerdo global para establecer un nuevo marco dentro de los Estatutos de Autonomía, y especialmente para las Comunidades Autónomas reguladas por el artículo 143 de la Constitución, que supusiera profundizar en la capacidad de autogobierno de nuestras instituciones, asumiendo un mayor número de competencias y avanzando hacia la consolidación definitiva que mandata la Constitución española.
Lamentamos que este pacto nacional no se llevara a cabo, pero ello no fue impedimento para que el Parlamento regional de Murcia, nuestra Asamblea regional, elaborara, terminara y aprobara su trabajo el 22 de julio de 1997. Trabajo que, aun teniendo una amplia mayoría el Grupo Parlamentario Popular, siempre estuvo presidido por un clima de consenso, y así se ratificó con la aprobación unánime por la Cámara.
El 11 de noviembre de 1997 se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados el debate de totalidad de Propuesta de reforma del Estatuto, que fue aprobada por unanimidad. El texto ha sido posteriormente mejorado y enriquecido con modificaciones --todas ellas, con un grado de consenso muy importante-- en el Congreso de los Diputados. Así, el texto que se nos remitió, y que tuvo entrada en esta Cámara el pasado 22 de abril, implica una profundización en la autonomía de nuestra región, tanto en temas competenciales, como en temas institucionales.
En lo que se refiere a la materia competencial, es conveniente resaltar que se amplía la capacidad de autogobierno, destacando la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y reservándose el Estado la alta inspección. Y por lo que respecta a la materia institucional, es importante la ampliación del período de sesiones, período similar al de cualquier Cámara legislativa. Por otro lado, asumir más competencias conlleva una mayor acción de control al Gobierno y más participación en la labor legislativa. Ello supone también una ampliación del número de Diputados que, de un máximo actual de 45, pasaría a ser de un máximo de 55.
Hay un hecho muy importante que se recoge en este Estatuto: la disolución anticipada parcial, sin que ello implique que no se tenga el proceso electoral correspondiente. También es interesante lo relativo a la designación de los Senadores autonómicos, cuyo mandato no será por el período legislativo de las Cortes Generales, sino por cada período legislativo de la Asamblea regional de Murcia.
Hablaba al principio de mi intervención del gran consenso conseguido en el Parlamento autonómico murciano. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular hubiéramos deseado llegar a esta sesión sin votos particulares, ya que ha habido otros foros donde esas enmiendas han sido ampliamente debatidas. No ha podido ser así, pero ello no significa que no estemos todos conformes, y consensuado el texto de la ley.
Hoy esta Cámara cumple con un antiguo y siempre vivo deseo: que, como Cámara territorial, pueda ser de primera lectura y aprobación final.
Aunque no haya sido de primera lectura, sí que es de resaltar que sea el Senado quien hoy, y de forma definitiva, apruebe el Estatuto de Murcia.
Quisiera dejar constancia del gran esfuerzo realizado por esta Cámara, donde en menos de un mes se ha tramitado esta proposición de reforma de Ley Orgánica.
Deseo felicitar al Gobierno, concretamente, al Ministerio de Administraciones Públicas y, personalmente, al Ministro, que en todo momento han estado dispuestos al diálogo e intentando conseguir el mejor acuerdo para nuestra región.
Señorías, al igual que el 9 de junio de 1982 se aprobó nuestro Estatuto por unanimidad, me atrevo a pedir hoy, casi 16 años después, que hagamos lo mismo.
Permítanme, señor Presidente, señorías, antes de terminar, transmitir desde esta Cámara con vocación territorial, su felicitación al pueblo murciano por este importante logro en sus aspiraciones a mayores cotas de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional y de la unidad de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Román Clemente.


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El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En nuestra primera intervención quiero saludar al Presidente de la Asamblea, a la Mesa, a los portavoces y al Presidente de la Comunidad Autónoma.
A este Senador le gustaría que esta Cámara de representación territorial lo fuese más y se hubiera podido debatir y tomar decisiones, pero no que, por el hecho de que no se modifique aquí lo que viene del Congreso de los Diputados, la aprobación definitiva sea en ella.
De todas formas, quiero resaltar en este turno de portavoces que desde Izquierda Unida apoyamos el consenso. Lo dijimos en el trámite de debate en Comisión. Nosotros mantenemos el consenso que se alcanzó en la Asamblea, cuando fue aprobada por unanimidad la proposición de ley, pero, señorías, también decíamos --tendré oportunidad de volver a decirlo cuando pase a defender las enmiendas-- que en el trámite de debate en el Congreso de los Diputados se introducen algunas modificaciones que a Izquierda Unida le llevan a plantear ese techo competencial al que se había llegado por consenso, por acuerdo cuando se debatió la proposición de ley en la Asamblea.
Señorías, valga, por tanto, como argumento, que estamos de acuerdo en que esta reforma se haga con el mayor consenso, con la aprobación de todos los grupos que componen esta Cámara, pero también, señorías, valga una reflexión: quizá es el momento de apelar al Grupo mayoritario en esta Cámara para que haga un esfuerzo por aceptar algunas de las enmiendas que planteamos.
Tuvimos la oportunidad de exponer en la Comisión el porqué planteábamos las enmiendas, que su señoría decía que hubiera sido necesario que no se hubieran presentado para reforzar el consenso. No, señoría, no. Esas enmiendas no rompen el consenso, lo refuerzan y hacen también una llamada a que el techo competencial que se alcanza no pueda verse mermado con alguna ausencia porque en un momento determinado en el debate que se tuvo en la Asamblea se recogieran o no, por iniciativa también del Grupo Parlamentario Popular, algunas de estas propuestas.
Eso no quiere decir, señorías, que otros Grupos no formularan otros planteamientos, otras iniciativas. Eso quiere decir que en su momento --como tendré oportunidad de reiterar después con la presentación de nuestras enmiendas-- no se aceptaron porque el Grupo Popular no quiso, manteniendo un criterio desigual al que se va a utilizar en la reforma de otros Estatutos. Se utilizan, pues, criterios diferentes. Sería bueno que en este momento se hiciera el esfuerzo de recoger todo lo que en su momento se expuso en la Asamblea y que no se impida que sean necesarias posteriores reformas.
Voy a detenerme expresamente en la cuestión de la creación de la figura del Defensor del Pueblo. Sabe su señoría que cuando debatíamos en Comisión decíamos que con esta figura no pretendíamos restar valor a la reforma que se había hecho en la Comisión de Peticiones, así como a la mejora de su funcionamiento. Reconocemos la mejora de su funcionamiento, pero el hecho de mantener criterios diferentes sobre esta figura, que ya se contempla en otros Estatutos que han entrado con posterioridad en las Cortes Generales, no quiere decir que rompamos el consenso. Se podría entender que se rompería más este consenso si no se recogiera la opinión de una parte importante de la Asamblea, lo que supuso en su momento el voto de Izquierda Unida y del Partido Socialista, cuando no se mantiene el mismo criterio para otros Estatutos.
Asimismo, tuvimos oportunidad de debatir también cómo la figura del Defensor del Pueblo controla la acción de gobierno cuando se asume un techo competencial importante (competencias en educación, en sanidad, etcétera) y como saben sus señorías, se disparan las quejas de los ciudadanos, quienes tienen en él un importante referente en la defensa de sus derechos.
Por eso, señorías, quiero resaltar en este turno de intervención que Izquierda Unida respeta aquella proposición de ley que aprobó la Asamblea por unanimidad y mantiene el consenso. Aquella proposición de ley que dio paso a esta reforma es apoyada por Izquierda Unida. Las enmiendas que hemos presentado pretenden reforzar --y tendré ocasión de decirlo una y otra vez-- aquel consenso. Lo que manifestamos esta tarde es que, aunque no fuese el Senado el que lo aprobara y tuviera que volver al trámite del Congreso, pudieran ser recogidas aquellas cuestiones que fueron motivo de ese consenso en la Asamblea.
Señorías --con esto termino--, quiero resaltar la importancia de la aprobación de esta reforma, la importancia de la elevación del techo competencial que se logra, la importancia que supone para la Región de Murcia esta reforma, y quiero resaltar también, especialmente, la importancia que supone el hecho de que todos los Grupos que componen la Asamblea puedan sentirse partícipes de la misma, con todas sus iniciativas, las que fueron aceptadas, las que han sido modificadas en el trámite del Congreso o las que podríamos modificar esta tarde en el Senado, para lograr una reforma que satisfaga a todos los planteamientos.
Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez García.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es para mí una gran satisfacción intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar su posición en relación a la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contenida en el dictamen remitido por la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Y lo es para mí por una doble circunstancia. En primer lugar, porque a mi condición de Senadora autonómica se suma el hecho de que soy Diputada de la Asamblea de la Región de Murcia --cuya delegación nos acompaña, encabezada por nuestro Presidente de la Comunidad y el Presidente

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de la Asamblea, a quien también transmito un cordial saludo--, que ha sido la artífice principal de la reforma. Y, en segundo lugar y lo más importante, por el alto grado de consenso que se ha conseguido en dicha Asamblea entre el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el de Izquierda Unida.
Ese consenso que hemos mantenido en la tramitación en las Cortes Generales con algunos matices, como acaba de exponer el señor Román Clemente, alcanza en esta ocasión, y para mí como murciana, un valor muy especial. En primer lugar, porque ha sido posible a pesar de las graves diferencias que en esta legislatura separan al Grupo Parlamentario Socialista a nivel regional y a nivel nacional del Popular en materia de política autonómica, en segundo lugar, porque este valor en Murcia es un bien escaso, diría casi tan escaso como el agua. Deben saber sus señorías que el consenso alcanzado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista para la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido el único acuerdo alcanzado en estos últimos tres años de Gobierno Popular en la región de Murcia. De ahí su valor. Su importancia trasciende a esa rareza y se concreta, sin duda, en que la reforma del Estatuto de Autonomía que hoy debatimos es la mejor reforma posible que en estos momentos cabe hacer, pues creo que no hay un paso más firme, más acertado y más perdurable en materia de política autonómica que aquel que se da desde el más alto grado de consenso, tanto político como parlamentario.
Para el Grupo Parlamentario Socialista el paso que hoy damos aquí supone un decidido avance en el proceso de autogobierno que los murcianos iniciamos en el año 1979 gozando de un régimen preautonómico y, a partir del 9 de junio de 1982, con la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, cuyo contenido hoy ampliamos, tanto desde el punto de vista competencial como institucional.
No puedo pasar sin hacer aunque sea una breve referencia a algunos de los contenidos que en materia competencial e institucional con toda seguridad aprobaremos en la tarde de hoy.
En el ámbito competencial, junto a algunas precisiones relativas a la clarificación de títulos competenciales ya existentes, se asignan nuevas e importantes competencias: unas con carácter exclusivo, como son la de transporte marítimo, puertos, aeropuertos y helipuertos, que no tengan la calificación de interés general, la coordinación de policías locales, instituciones de crédito cooperativo público y territorial y cajas de ahorro, denominaciones de origen y el régimen de la zona de montaña; otras lo son de desarrollo legislativo y ejecución como las de régimen local, colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, cámaras agrarias, de comercio, industria, navegación, cofradía de pescadores y consultas populares; no menos importantes son las de ejecución, entre las que desde luego se asigna la gestión de la asistencia sanitaria dependiente de la Seguridad Social, el nombramiento de registradores de la propiedad, mercantiles, corredores de comercio, así como también la participación en la demarcación de las zonas correspondientes, la adscripción mediante un convenio de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía, la participación en la gestión del sector público estatal --del que quede-- y también la ejecución de los planes de implantación y reestructuración de sectores económicos.
En el ámbito institucional el señor Bascuñana ha puesto de manifiesto alguna de las importantes modificaciones que hoy se producen, pero permítanme que también brevemente resalte que algunas lo son en función del propio ámbito competencial que abre y amplía este Estatuto de Autonomía. De ese carácter podemos señalar el que se suprima con esta reforma la limitación del límite de cuatro meses de actividad parlamentaria por año parlamentario; el aumento, al que hacía referencia el señor Bascuñana, de la horquilla del número de Diputados, y también la eliminación de que los Diputados perciban retribución fija. Asimismo, se incluye la potestad del Presidente para disolver la Asamblea, supeditando el mandato de la nueva Cámara a lo que es la legislatura ordinaria; el mandato de los Senadores se circunscribe al propio mandato de la legislatura autonómica y también, y esto quería resaltarlo, se hace posible que a la vez que se fija en el Estatuto la fecha de celebración de las elecciones autonómicas se posibilite la coordinación que deben y pueden hacer las Cortes Generales en relación al resto de consultas electorales. Este ejemplo debía ser seguido por el resto de los Estatutos de Autonomía del 143 que quedan por reformar, y que obvian el arduo debate que tuvimos hace quince días escasos en este Pleno en relación con la sintonía o no entre lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía y esa potestad que fijaban las Cortes Generales a través de la Ley de Régimen Electoral.
Como pueden apreciar sus señorías, las modificaciones introducidas en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia suponen un gran avance en el fortalecimiento de sus instituciones y su autogobierno, elevan el nivel competencial y nos acercan sin duda al techo competencial del que hoy disfrutan otras Comunidades Autónomas. Mi Grupo Parlamentario quiere resaltar que en este paso, en este avance, no nos guía el ánimo de uniformismo ni el de unitarismo en relación con otras Comunidades Autónomas. En el apoyo, en el consenso de esta reforma, nos guía el ánimo de afrontar nuevos retos, nuevas responsabilidades que nos van a permitir, desde la proximidad a la realidad regional, dar más y mejores servicios públicos a nuestros ciudadanos, así como puntos de apoyo sólidos donde defender mejor sus intereses y hacer posible la conciliación de los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia con los intereses de los ciudadanos del resto de España.
Sin duda, el primer reto que debe afrontar en este caso el Gobierno regional será el de acometer los traspasos contemplados en estas competencias y el de su necesaria financiación, pero ahora no voy a hablar de eso, pues son cosas que nos separan, no que nos unen, y hoy estamos haciendo gala de ese consenso.
Quiero resaltar que para el Grupo Parlamentario Socialista esta reforma supone, como antes decía, un gran avance, pero no un fin en el desarrollo autonómico de la región de Murcia que, sin duda, como otras Comunidades Autónomas, conocerá de posteriores impulsos en el futuro que requerirán también de un amplio consenso, como

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exige el modelo autonómico que perfila nuestra Constitución. Como tal avance, lo apoyamos, y en ese sentido manifiesto el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, sin que ese apoyo y ese consenso, señorías, sufran merma alguna por el mantenimiento de la enmienda que defenderemos a continuación ni tampoco lo sufran por el apoyo que vamos a ofrecer a dos de las enmiendas que mantiene y va a defender el Grupo Parlamentario Mixto a través del señor Román Clemente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bascuñana.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, con la brevedad que la tarde de hoy requiere y por cortesía parlamentaria, para agradecer, tanto al representante de Izquierda Unida, Grupo Mixto, como a la del Grupo Parlamentario Socialista, su total consenso, su total unanimidad a favor de esta reforma que hoy se debate aquí.
Resumiría la intervención de los dos portavoces diciendo que ha venido a ser como un turno a favor y, por tanto, quiero expresar mi agradecimiento.
Quiero resaltar que, en efecto, las diferencias en política autonómica son mínimas, pero que el afán de consenso y la generosidad del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia han dado lugar a que, tanto el Estatuto que llegó al Congreso de los Diputados como el que llega hoy a esta Cámara haya podido ser debatido y consensuado y --digamos-- mejorado, como hoy vemos aquí.
En relación con las enmiendas, que no son realmente de adición, debo decir que, como comentaba el Senador del Grupo Parlamentario Mixto, nos va a ser difícil aceptarlas, por la simple razón de que no han sido propuestas por el Parlamento autonómico, sino que han sido presentadas en el Senado.
Quiero agradecer sinceramente el consenso demostrado. Hoy va a ser un día de fiesta para Murcia, porque por fin vamos a tener nuestro Estatuto de Autonomía reformado y con aquellas competencias que todos habíamos deseado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
Pasamos al debate del articulado. En primer lugar, se debatirá el voto particular número 2, del Senador Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 1 a 14, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a pasar a defender las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado en este trámite.
Decía en la anterior intervención, señorías, que la reforma del Estatuto de Autonomía, que tuvo origen en una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad, nos lleva a tratar de recuperar el consenso que inspiró aquella unanimidad. No se trata de introducir en este trámite, en el Congreso y en el Senado, posiciones diferentes a la que aprobó la Asamblea en aquel momento; se trata de recuperar el techo competencial que la Asamblea estableció.
Les puedo poner un ejemplo: las modificaciones al consenso que se establecen en el trámite de debate en el Congreso de los Diputados minorando las competencias en régimen local. Cuando debatimos en Comisión esa minoración de competencias, yo tuve la oportunidad de manifestar las características específicas de la Región de Murcia. Sabe su señoría que en 1991 ya se trató de modificar el régimen local y conoce las dificultades que hubo en aquel momento. Nos llevaban a una reforma de la Ley del régimen local. Su señoría sabe que, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Murcia, con 52 pedanías, el hecho de reforzar las competencias y otorgar una elección directa de junta vecinal de pedáneos, nos llevaría a una reforma del régimen local, como establecieron los servicios jurídicos. Ese era un buen momento, señorías, tal como estableció la Asamblea, de recuperar, desde unas competencias en exclusiva, la potestad de legislar, de dotar de competencias a las pedanías, de darles la posibilidad de elección directa, de poder elegir la junta vecinal y de poder elegir los pedáneos.
Señorías, estamos hablando de unas características específicas de la Región de Murcia y que aprobó la Asamblea por unanimidad. Estamos, por tanto, restituyendo el techo competencial que se estableció en aquel momento. No estamos imponiendo otro tipo de características diferentes a las que se aprobaron en aquel consenso para aquella proposición de ley que motivó esta reforma, señorías.
En el trámite del Congreso de los Diputados, mi compañero y amigo, Pedro Antonio Ríos --también presente hoy aquí--, decía que el contenido de las catorce enmiendas que presentábamos tenía tres bloques. Un primer bloque que trataba de recuperar las competencias exclusivas que se alcanzaron en aquel consenso, en aquel acuerdo; un segundo bloque que trataba de pasar competencias en régimen de ejecución a competencias en régimen de desarrollo legislativo y, un tercer bloque, que trataba sobre el Defensor del Pueblo.
Señorías, es necesario --nosotros así lo entendemos-- que, para dar cumplimiento a aquel consenso --porque no estamos actuando en contra de ninguna decisión adoptada por la Asamblea, sino reforzando aquel consenso y aquella unanimidad--, recuperemos las competencias que fueron aprobadas como exclusivas.
Nos referíamos, por ejemplo, a que el hecho de tener competencias en sanidad e higiene o en montes y vías pecuarias significa que, con la elevación del techo competencial, esta Comunidad adquiere una capacidad para poder intervenir, para poder legislar, para poder dotarse de instrumentos propios y para reforzar su capacidad de autogobierno.


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Señorías, también quiero aprovechar este trámite para decir que votaremos favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Socialista, como ya hicimos en Comisión.
Quiero pasar a defender la razones por las que hemos presentado estas enmiendas sobre el Defensor del Pueblo. Hablando de coherencia, el que les habla --que es Senador en representación de la Comunidad Autónoma andaluza-- tuvo la oportunidad de decir a sus compañeros del Grupo Popular que sería impensable imaginar que se renunciara, por ejemplo, a la figura del Defensor del Pueblo. Estamos construyendo un Estado que no se hace a empujones, señorías. Queremos reconocer los hechos diferenciales pero, desde luego, no el hecho diferencial de no tener la figura del Defensor del Pueblo, señorías. Es difícil justificar que en reformas de estatutos de autonomía, como el Estatuto de Cantabria o el de las Islas Baleares, se reconozca por parte de su grupo la figura del Defensor del Pueblo. No es incoherente plantear en este trámite la necesidad de la figura del Defensor del Pueblo, y tuve la oportunidad de demostrar a su señoría que no es menosprecio hacia esa Comisión de Peticiones de la Asamblea de Murcia; significa que con el techo competencial que alcanza la Región de Murcia, la defensa de los derechos de los ciudadanos encarnada en la figura del Defensor del Pueblo adquiere una especial significación. No estamos en contra de las decisiones adoptadas por la Asamblea, ni mucho menos. Desde Izquierda Unida apoyamos y reforzamos esas decisiones, pero entendemos, señorías, que no se construye un Estado desde esta diferenciación de criterio. El que el Grupo Parlamentario Popular apoye la existencia del Defensor del Pueblo en otras comunidades ynolo haga para Murcia --con el mismo techo competencial, e incluso si me apura su señoría con más habitantes-- no tiene mucha lógica.
Por eso, hago una llamada en este momento al Grupo Parlamentario Popular: ¿por qué no apoyan sus señorías estas enmiendas? ¿Por qué no dotar de la figura del Defensor del Pueblo? Es una decisión que adopta la Asamblea y nosotros la respetamos, pero no olvide su señoría que es una resolución que adopta por la decisión de su Grupo, del Grupo del Partido Popular, y que es contraria a la que va a adoptar en la reforma de otros estatutos de autonomía.
Para ir concluyendo, señorías, quiero resaltar lo que decía en mi primera intervención. Hoy podemos felicitarnos del alto grado de consenso en las reformas --reformas que desde Izquierda Unida pedimos que se apliquen para la próxima legislatura y no se demoren, como la ampliación del número de Diputados, la reforma electoral, la reforma del Reglamento-- y por ese sentido del consenso, por ese apoyo que dimos en la Asamblea de Murcia, por esta necesidad de aprobar la reforma, nosotros vamos a votar el contenido, aunque pediremos votación separada de lo que creemos que debe ser recuperar ese techo competencial, de acuerdo con lo que se dijo en su momento en la Asamblea de Murcia. Apoyaremos el dictamen final, señorías, pero desearíamos que por parte de su grupo, que ha apelado a la generosidad en el trámite de discusión en la Asamblea, se apoyaraalgunadeestasenmiendasque estamos planteando sobre la figura del Defensor del Pueblo y sobre el hecho de recuperar competencias exclusivas en materia de régimen local.
Señorías, las características de Murcia y la necesidad de la defensa de los derechos de los ciudadanos serían más que suficiente para apoyar estas enmiendas. Con ello --quiero que lo entienda bien su señoría-- no se minaría en absoluto el consenso, no se minaría en absoluto el apoyo que damos a esta reforma, no se minaría en absoluto el apoyo al techo competencial que adquiere la Región de Murcia y, por contra, señorías, estaríamos reforzando que todos los grupos de la Asamblea de Murcia vieran recogidas sus peticiones y no tuviéramos que vernos abocados a posteriores reformas por no haber querido actuar en un momento determinado, en este momento, en este trámite en el Senado. No se preocupe su señoría de que no sea en el Senado donde se apruebe definitivamente; con la reforma de esta Cámara tendremos la oportunidad de hacer que leyes como ésta tengan su carácter esencial, previo a su debate y su aprobación, en una Cámara de representación territorial como es el Senado desde el comienzo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número dos, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a la enmienda número 15.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
En mi intervención anterior afirmaba que la defensa de esta enmienda en Pleno por el Grupo Parlamentario Socialista no merma --así lo entendemos nosotros-- el grado de consenso alcanzado en el dictamen de la Comisión.
Pero no lo decía como pura formalidad, sino porque entendemos, señoría, que la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente, al artículo 11, está enraizada fuertemente en la propia voluntad de la Asamblea Regional de Murcia que en esta modificación del Estatuto de Autonomía, en su artículo 8, la Comunidad Autónoma mandata a que preste una especial atención al derecho consuetudinario de la región con particular referencia a los tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de agua.
Esa es la inequívoca voluntad del Legislativo murciano. La enmienda que defiendo no tiene otro objeto y carácter que complementar a la misma dotando a la Comunidad Autónoma de un título competencial que haga posible que ésta pueda cumplir el mandato que recibe primero desde la Asamblea Regional y ahora a través de las Cortes Generales. Si no tiene ningún título competencial, ¿cómo va la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cumplir con carácter ordinario o extraordinario las funciones de tutela, vigilancia y cuidado que se le están exigiendo? Esta es, señorías, la única finalidad de esta enmienda. Esta Cámara ha sido sensible a esta problemática y como, además, estamos tramitando que se reconozca al Consejo de Hombres Buenos como tribunal consuetudinario, entendemos

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que, precisamente, este mandato va dirigido especialmente a este tribunal que será reconocido de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución.
Yo puse de manifiesto la necesidad de esta reforma, cuando debatimos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Decía yo entonces que era necesario hacer posible la reforma de algunos contenidos del procedimiento que son hoy por hoy disfunciones que se producen en los juicios que celebra este Consejo, especialmente el de limitar con nitidez la firmeza de su fallo, ya que existe un vicio grave que ya fue detectado por Ruiz-Funes cuya subsanación recomendaba desde antiguo una real orden de enero de 1881. Señalaba entonces en esta Real Orden Su Majestad, dirigiéndose al Gobernador de Murcia, la conveniencia de que éste reformara las ordenanzas de manera que los juntamentos conservaran la libertad de acción y armonía con la ley --la ley eran estas propias ordenanzas-- suprimiendo la intervención del ayuntamiento en los fallos del Consejo de Hombres Buenos.
Señoría, el ayuntamiento de Murcia ha dejado de intervenir en este procedimiento de «motu proprio», de forma unilateral, pero sigue siendo una asignatura pendiente el regular, precisamente, la firmeza de su fallo y resolver --como digo-- los temas de segunda instancia. Con eso daríamos respuesta a las incertidumbres que en estos momentos existen para muchos litigantes y profesionales y descargaríamos a órganos jurisdiccionales ordinarios de muchos asuntos en esta materia.
Entendemos, señoría, que la petición de incorporar este título competencial en el Estatuto de Autonomía tiene total y pleno amparo en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, a cuyo tenor se reconoce la posibilidad ilimitada de las Comunidades Autónomas de tener competencia en materia de legislación procesal. Dice, precisamente, que las Comunidades Autónomas podrán tener competencia en materia de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Para nosotros, señoría, es obvio que estas particularidades se dan en el Derecho de Agua de la Región de Murcia. Es tan obvio que, precisamente, para la aplicación de este derecho sustantivo se recoge un derecho adjetivo o procesal y la existencia de un tribunal propio para que las aplique. Esto es así desde que se aprobaron las ordenanzas por Real Decreto de 30 de agosto de 1849.
En su trámite, en Comisión, el Grupo Parlamentario Popular negaba el carácter sustantivo de este Derecho de Agua de la Región de Murcia y lo hacía por entender que el derecho sustantivo a que hace referencia este apartado de la Constitución sólo está referido al Derecho Foral.
Desconozco, realmente, la argumentación en que se basa tal afirmación. Lo que sí puedo decirle es que esta interpretación choca frontalmente no sólo con la opinión jurídica sentida desde antiguo y en la actualidad en Murcia por todos los entendidos y jurisconsultos (Díaz Cassou, Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, Mariano Ruiz-Funes y también el joven doctor Fernando Castillo), sino que también choca con la más asentada doctrina procesal postconstitucional. El Grupo Parlamentario Socialista estima que el contenido de las ordenanzas de la huerta es un derecho sustantivo, se atiene al contenido del artículo 149.1.6ª y que ello no merma el carácter consuetudinario de las normas.
Saben sus señorías que, precisamente, en derecho procesal la costumbre es mirada con lupa por los procesalistas. Sin embargo, y después de la Constitución, hay procesalistas como Jaime Guasp que afirman de una forma rotunda que no se puede negar el valor de la costumbre como fuente del derecho procesal civil, porque hoy en día en ningún ordenamiento jurídico puede excluirse a la costumbre como núcleo de fuente de producción. Si además se da el caso, como sucede en esta legislación de Murcia, de que existe esa «opinio iuris» --que es lo que los procesalistas siempre demandan que no existe en las costumbres procesales como fuentes del Derecho--, nos encontramos, señorías, con un supuesto que, como digo, casa de forma completa y absoluta en las previsiones constitucionales.
Por ello, señorías, pedimos el apoyo a esta enmienda, que va a posibilitar que la Comunidad Autónoma pueda prestar la atención debida al derecho consuetudinario y también de forma especial a perfilar el funcionamiento del Consejo de Hombres Buenos.
Creo que la asunción de este título competencial merece que se alargue, sin duda, por qué no, un mes más, la tramitación de la reforma del Estatuto de la Región de Murcia porque, señorías, ¿cuándo lo vamos a volver a reformar? (Aplausos.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez García.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Bascuñana.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno en contra quisiera comenzar, no por descortesía parlamentaria sino por haber sido la última intervención, refiriéndome al voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectivamente, tal y como debatimos en la Comisión General de Comunidades Autónomas, la enmienda pretende incorporar un nuevo apartado al artículo 11, referente al desarrollo legislativo, a fin de atribuir a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de especialidades de la legislación procesal que pudieran derivarse de la peculiaridades del derecho consuetudinario. Para la defensa, y como argumentos, la Senadora ha basado toda su exposición en el artículo 149.1.6ª de la Constitución.
Señorías, el artículo 149.1.6ª de la Constitución, como le comentaba en la Comisión, reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal, añadiendo que dicha reserva lo es sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Por tanto, pensamos que dicha excepción a la referida competencia exclusiva del Estado hay que entenderla en el sentido de que las citadas necesarias especialidades

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procesales habrán de operar no en todas las Comunidades sino únicamente en aquéllas que posean instituciones de Derecho Foral o especial que no existan de Derecho Común.
Podría corroborar lo anteriormente dicho hablando de que en Aragón la competencia es exclusiva, en las Islas Baleares está en desarrollo legislativo y ejecución; en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en la Comunidad Valencia, es exclusiva; en Murcia es diferida y en relación con el Derecho consuetudinario, y que todas las Comunidades Autónomas de la vía de desarrollo del artículo 143 de la Constitución que poseen Derecho Civil especial o propio tienen estatutariamente competencia para dictar normas particulares con carácter procesal que se deriven de estas peculiaridades.
Por tanto, estamos convencidos --y así lo entendemos-- de que no procede esta enmienda.
En cuanto al voto particular del Grupo Mixto, agradezco sinceramente el consenso que ofrece, aunque también es de significar que es un consenso con 14 enmiendas, todas ellas presentadas, debatidas en Comisión y mantenidas vivas para Pleno. Las 14 enmiendas, que, como le comentaba, todas ellas han sido presentadas, debatidas y rechazadas, tanto en la Asamblea Regional como, posteriormente, en el Congreso de los Diputados y, últimamente, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, usted las enmarcaba en tres grandes grupos: un primer grupo que podríamos decir que va de la enmienda número 1 a la número 8, donde, entre otras cosas, se habla del régimen local, pero que, según nuestro punto de vista, alteran los criterios relativos a las competencias de la Comunidad Autónoma, y esto, como ya hemos explicado, de aprobarse, podría plantear conflictividad con el artículo 149.1, en sus Reglas 16ª y 23ª, de nuestra Constitución.
Además, debo significarle que son unas enmiendas consensuadas en el Congreso de los Diputados, no solamente por el grupo mayoritario sino también por el resto de los grupos parlamentarios.
El segundo grupo estaría compuesto por la enmienda número 10, que plantea un cambio de competencias en contra del Ejecutivo y a favor de la Asamblea. Es necesario señalar que desde Izquierda Unida se está abogando por una política intervencionista, que no es el deseo expresado por la Asamblea Regional. Asimismo, las enmiendas números 12 y 13 modifican criterios generales de coordinación de las convocatorias electorales. Hay un tema que no ha sido resaltado aquí, pero yo sí quisiera hacer un breve comentario. En cuanto a la enmienda número 11, relativa a la circunscripción única, sus señorías deben saber que con fecha 17 de julio del pasado año 1997 en la Asamblea Regional, en nuestro Parlamento Autonómico se produjo un debate al respecto, cuyo resultado fue el rechazo tanto por parte del Grupo Parlamentario Socialista como por parte del Grupo Parlamentario Popular, y ese rechazo fue expresado por un 91,2 por ciento de las fuerzas representadas en nuestra Asamblea Regional. Si la Asamblea, en su gran mayoría, lo ha rechazado, su señoría no puede pretender que desde el Senado, desde esta Cámara territorial, donde se han respetado siempre, con el máximo rigor, los acuerdos de los Parlamentos autonómicos, se apruebe algo que la propia Asamblea Regional ha rechazado.
En cuanto a las enmiendas números 9 y 14, relativas a la figura del Defensor del Pueblo, es un tema excesivamente tratado, pero no por ello quiero dejar de manifestar algún matiz. Como bien sabe su señoría, la figura del Defensor del Pueblo no aparece contemplada en la Preposición de Ley remitida por la Asamblea Regional. Esta figura está vinculada directamente a las Cámaras legislativas con el fin de defender los derechos fundamentales de las personas, y la Asamblea Regional ha considerado que esos derechos están suficientemente defendidos por la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. No hace mucho, esta Comisión, además, asumió mayores competencias, otorgadas por unanimidad de todos los grupos políticos.
Como sabe su señoría, no todas las Comunidades Autónomas tienen recogida la figura del Defensor del Pueblo. La coherencia del Partido Popular es mantener que cada Parlamento autonómico es el que debe decidir sobre la persona, la figura del Defensor del Pueblo, o algo similar, como así ocurre en la Asamblea Regional de Murcia. Debe ser el propio Parlamento autonómico el que decida cómo debe ser esa figura para defender sus derechos fundamentales. Pero no quiera su señoría, aquí, en esta Cámara, algo, con lo que, efectivamente, no está de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular --y, recuerde, es el grupo mayoritario, es la representación del pueblo de Murcia la que no ha querido que exista esa figura--, y que queramos desde aquí, desde el Senado, imponer a una Asamblea, a un Parlamento autonómico algo que ella ha dicho que no quiere. Creo que es suficiente argumento. El Parlamento autonómico tiene efectivo su control. No queramos nosotros, mediante una enmienda, y más todavía en ley orgánica, imponerles algo, porque creo que no es de justicia.
De todas formas, y con el máximo respeto, tanto hacia la enmienda como al voto particular, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, tengo que decir que lamento enormemente que no podamos aceptar ninguna de las enmiendas, aunque sé de la buena voluntad en ellas expresada y también, como han dejado constancia sus señorías, del consenso que vamos a tener posteriormente para la aprobación final de esta ley que, en definitiva, es la expresión y el deseo del pueblo de Murcia.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Román.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho antes: la presentación de las enmiendas refuerza ese consenso.


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Su señoría dice que la Asamblea no incorporó en la proposición de ley la figura del Defensor del Pueblo, cierto; pero la Asamblea incorporó en la proposición de ley un techo competencial diferente, que fue modificado en el Congreso, también cierto. Por tanto, ambos trámites se han dado en este proceso en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Su señoría no debe preocuparse, desde Izquierda Unida no queremos hacer un planteamiento intervencionista. Lo que hemos querido con las enmiendas es compensar un equilibrio más entre el Gobierno, el Consejo de Gobierno y la Asamblea, reforzar los poderes de la Asamblea. No queremos con ello hacer una Asamblea intervencionista. Por otra parte, tampoco queremos, señoría, que a la hora de hablar de la disolución sea una disolución de la Asamblea delegada, acotada en el tiempo, que tenga una limitación. Por eso pretendíamos y planteábamos una modificación.
Pero me quedo con la parte positiva, señoría, vuelvo otra vez al consenso que motivó la proposición de ley, y estas enmiendas quieren reforzar ese consenso. Con estas enmiendas queremos decir: reforzamos el consenso que se produjo en el debate de la proposición de ley en la Asamblea de Murcia, recuperando las competencias. Reforzamos el consenso que se produjo en aquel momento, en contra del trámite que se establece en el Senado, donde se baja el techo competencial. Y, señorías, reforzamos la coherencia en torno al tema del Defensor del Pueblo. Su señoría dice: el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, con la generosidad que tuvo en el debate de la proposición de ley en la Asamblea, se opuso a la existencia del Defensor del Pueblo. Señoría, de acuerdo, es una decisión que adopta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia, pero nosotros queríamos decir al Grupo Popular --no a la Asamblea de Murcia, no queremos imponer desde aquí nada a la Asamblea de Murcia; al contrario, queremos reforzar aquel consenso--: si ahora, en la reforma de Estatutos que se está produciendo con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de la Región de Murcia, se está planteando la necesidad del Defensor del Pueblo, por ejemplo, en Cantabria, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular no quiere un mismo criterio? ¿Por qué no sirve el mismo criterio? ¿Por qué, señorías, no se puede adoptar un criterio en la construcción de este Estado que es necesario que no hagamos a empujones? (Rumores.) Su señoría habla de las decisiones que adoptó la Asamblea de Murcia, y es verdad que nosotros las respetaremos. Por eso, señorías, cuando en el trámite de Comisión debatimos esta cuestión, yo pedí votación separada del artículo Unico y de los artículos 10 y 11. Y nosotros votamos en aquel momento en contra de esas competencias que, en un ámbito de consenso en aquella proposición de ley, se adoptó en la Asamblea de Murcia, y que en el trámite del Congreso se echó para atrás, se minoró.
Pues bien, hoy, señorías, para avanzar más en ese consenso, no vamos a votar en contra de eso sino que pediremos votación separada de algunos apartados del artículo 11, pero nos abstendremos en la votación porque consideramos que reforzar el consenso es volver a recordar aquel acuerdo que se produjo en torno a la proposición de ley en la Asamblea de Murcia, y también porque creemos que no reduce el consenso el hecho de que exista la figura del Defensor del Pueblo. Es todo lo contrario. Y también quiero decir que la reforma de la Comisión de Peticiones que se ha hecho, que el funcionamiento de dicha Comisión también lo valoramos positivamente.
(Fuertes rumores.) Pero entendemos, y así lo hemos planteado en estas enmiendas, que sería bueno que se dotara la figura del Defensor del Pueblo, y que también sería bueno, señorías, que incluso en un posible cambio de correlación de fuerzas en la Asamblea de Murcia no tuviéramos que vernos abocados a una nueva reforma para poder establecer la figura del Defensor del Pueblo.
Aprovechemos, pues, el trámite. (Rumores.) Señoría, quiero decir con el mayor de los respetos, y a pesar de que algunos de sus compañeros empiecen a cansarse de las intervenciones, que considero que la reforma del Estatuto de la Región de Murcia merece que algunos de sus compañeros presten, al menos, el respeto y la atención debidos a los portavoces que estamos interviniendo. No es mucho esfuerzo el que les pido a algunos de sus compañeros. Quizá, que no les salga la vena un poco autoritaria que algunos de ellos llevan por dentro. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


El señor ROMAN CLEMENTE: Señorías, lo que les estoy pidiendo, por favor, es el respeto a los argumentos que estamos planteando, y desde el respeto estamos interviniendo. No quisiera, señorías, que cuando en este momento se está debatiendo un tema de tan trascendental importancia para la Región de Murcia, alguien considere que con sus gestos puede alterar o menospreciar las posiciones de otros grupos. (Rumores.) Termino ya mi intervención, Senador Bascuñana. Reforzamos el consenso y recuperamos aquel entendimiento que produjo la proposición de ley. Y con el planteamiento que hacemos en nuestras enmiendas, a pesar de que éstas sean rechazadas, queremos decir, señoría, que hoy es un buen día para la Región de Murcia. La aprobación de la reforma de su Estatuto y su puesta en funcionamiento pueden significar el ejercicio de su techo competencial, cosa que hoy es motivo de que Izquierda Unida se sienta satisfecha.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.


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Iba a consumir este turno desde el escaño dada la brevedad de mi intervención, pero hoy, por respeto y por cortesía parlamentaria hacia los invitados que nos acompañan, el Presidente de la Región de Murcia y el Presidente de su Asamblea, así como algunos compañeros parlamentarios, lo hago desde esta tribuna.
Quiero anunciar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, como no podía ser de otra forma debido a una serie de razones que ya tuvimos ocasión de manifestar en el trámite de Comisión.
En primer lugar, por nuestra profunda convicción autonomista. Esto sólo podía ser así en una coalición formada por dos Partidos nacionalistas, por entender, desde nuestro punto de vista, que las naciones y regiones que constituyen el Estado español tienen derecho a disponer de los mecanismos que ellas entienden precisar para su autogobierno, cuestión ésta que, indudablemente, es la mejor manera de poder solucionar con eficacia y con eficiencia los problemas de sus ciudadanos.
En segundo lugar, por solidaridad, en este caso con la Región de Murcia y con su máxima representación popular, es decir, con su Asamblea, solidaridad que, naturalmente, empieza por el máximo respeto hacia su voluntad, expresada ésta desde el inicio de todo este trámite en las Cortes Generales.
En tercer lugar, por el convencimiento de que la construcción del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución no es, en modo alguno, un proceso cerrado, sino un proceso abierto en permanente y constante evolución; aunque, naturalmente, hasta los límites que permite la Constitución española.
En relación con las enmiendas hemos de manifestar que nos vamos a abstener. Y lo hacemos, precisamente, como un ejercicio más de máximo respeto hacia la voluntad mayoritaria de los representantes de la Región de Murcia y, en definitiva, de su Asamblea, en sus dos vertientes: tanto la institucional, como la competencial. Cada Comunidad Autónoma tiene que dotarse de los instrumentos necesarios para poder hacer frente a ese máximo objetivo con el que seguramente todos estaremos de acuerdo, y que consiste en intentar solucionar en la medida de nuestras posibilidades los problemas de los ciudadanos a los que representamos.
Sin embargo, permítanme hacer una reflexión. Todos manifestamos nuestra satisfacción y entusiasmo ante estos procesos de reforma de Estatutos.
Dichas reformas tienen por objeto, precisamente, que se cumplan esos Estatutos, y para ello es necesario, en primer lugar, llenarlos de contenido. Por tanto, después de este proceso, ésa será la primera tarea que tendrá que afrontar la Asamblea de la Comunidad de Murcia. Pero nada nos congratularía más que esa satisfacción, expresada con convicción en estos casos, también se trasladara a aquellos procesos en los que se trata de cumplimentar Estatutos de Autonomía aprobados ya hace años y que aún tienen un relativo alto grado de competencias a transferir, cuando es voluntad de los Gobiernos autonómicos correspondientes recibirlas cuanto antes. Y espero que sus señorías comprendan que no podía ni debía dejar pasar la oportunidad de hacer esta reflexión en este trámite de una reforma estatutaria --en este caso, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia--, y en la Cámara de representación territorial.
Por lo visto y oído esta tarde durante la intervención de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hoy finaliza este trámite.
Sólo nos queda, pues, reiterar nuestra felicitación a la Región de Murcia, personalizada en los dignísimos representantes que hoy nos acompañan, con la seguridad de que este proceso será positivo para sus ciudadanos, y con el deseo de que a esta reforma estatutaria le siga una segunda fase --llenarla de contenidos-- y que sea un instrumento eficaz para la consecución de los fines que se proponen, que estoy convencido que están en el ánimo de las personas que nos acompañan, así como en el de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.
¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra la Senadora Martínez García.


La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Por razones de cortesía intervengo desde la tribuna, pero lo haré con la misma brevedad que desde el escaño.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo manifestado por el Senador Román Clemente a la enmienda mantenida por el Grupo Socialista. En cuanto a nuestra posición sobre las catorce enmiendas que su señoría ha mantenido en este debate, diré que, en coherencia con la postura manifestada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Grupo Parlamentario Socialista va votar a favor de las números 9 y 14, referentes al Defensor del Pueblo. Y lo hacemos con un absoluto respeto hacia la posición del Grupo Parlamentario Popular mantenida en la Asamblea regional, pero también manteniendo la coherencia que el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto de manifiesto en la Asamblea regional, en el Congreso, y ahora, en el Pleno de esta Cámara.
No creo que estuviera de más hacer algunas matizaciones, pero dada la hora en que nos encontramos, y la urgencia que sé que tienen muchos Senadores --fundamentalmente, masculinos-- por atender esta tarde a una obligación ineludible, voy a resumir las argumentaciones que el Grupo Socialista dio en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, tanto en relación con las enmiendas del Grupo Mixto que vamos a apoyar, como con aquellas que vamos a rechazar, para las cuales ya he anunciado nuestro voto negativo.
En relación con la posición mantenida por el Grupo Parlamentario Popular, es evidente que no concuerda la interpretación que sobre el alcance del artículo 149.1.6 hacemos uno y otro. Yo, realmente, no alcanzo a comprender con qué argumentación, con qué base doctrinal o jurisprudencial se asemeja lo que es Derecho sustantivo a Derecho foral.
El primero es mucho más. No entiendo que se dude

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del carácter sustantivo del Código de Aguas de Murcia, procedente del siglo XV, escrito desde 1849. Tampoco entiendo que el Derecho consuetudinario no sea sustantivo, señor Bascuñana.
Desde luego, no voy a entrar en más argumentaciones, pero si la Comunidad Autónoma de la región de Murcia tiene que hacer dejación de esta competencia y la Comunidad Autónoma no puede cumplir con el mandato que ha recibido de la Cámara regional y de las Cortes Generales, será preciso, y así lo anuncio, que el Grupo Parlamentario Socialista presente una proposición de ley ante las Cortes Generales que regule las especialidades del proceso especial que tenemos y del Tribunal consuetudinario que tenemos, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Española.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bascuñana.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Román Clemente, yo creo que, con el máximo respeto, todos mis compañeros le estaban escuchando y atendiendo en lo fundamental de esta tarde, que es la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, que para todos, a pesar de las prisas que podamos tener, es muy importante y todos lo sentimos.
Yo creo, señor Román Clemente, que usted ha equivocado esta tarde el foro parlamentario. Yo no voy a entrar en las razones de por qué sí y por qué no a la figura del Defensor del Pueblo, puesto que ha sido ampliamente debatido donde debe serlo, en el Parlamento Autonómico murciano. Y éste no es el lugar para dar la razones, puesto que allí ya se ha debatido y rechazado, y es el Parlamento Autonómico murciano el que, con toda su legitimidad, ha dicho que no lo quieren y, por tanto, no intentemos darle más vueltas ni imponer algo a lo que un Parlamento ha dicho claramente no, no. Y creo que volver a debatir algo en todo el proceso, tanto en el Congreso de los Diputados como aquí en la Comisión y ahora en el Pleno dos veces, no tiene sentido. Siempre se han respetado desde esta Cámara todos los acuerdos de Parlamentos Autonómicos. Respetemos también el de la Comunidad Autónoma murciana. Y si hay que debatirlo, que sea en el foro de la Asamblea regional de Murcia donde se haga, porque ellos deben ser, y yo me pongo también como Diputado regional, debemos ser los que veamos la conveniencia o no de tener la figura del Defensor del Pueblo.
Creo que es suficiente argumento.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quisiera agradecerle muy sinceramente el apoyo, pero también haría una pequeña reflexión: ustedes basan su abstención en cuanto que no quieren entrar a debatir algo que el Parlamento murciano ha asentido, debatido o acordado.
Pienso --y sólo es una reflexión-- que si es así su argumentación, lo más lógico sería que estuvieran de acuerdo y que votaran el texto que ha venido consensuado del Congreso de los Diputados. Ese sería, desde mi punto de vista, el sentido más claro y, por tanto, no merece abstención, sino que como el texto procedente del Congreso de los Diputados es el mismo de la ponencia y el mismo que se aprueba aquí, su voto debe ser favorable y, en ningún momento, de abstención.
Con el máximo respeto, señora Martínez, estoy totalmente de acuerdo con usted en aras a ese consenso. Y nuestro Grupo Parlamentario, tanto en la Asamblea regional, como, posteriormente, en las Cortes Generales no va a tener ningún problema sino que, al contrario, le insta a usted a que presente esa proposición de ley en la Asamblea. Y que sea en la Asamblea regional, que sería lo más lógico, donde se debata, y que sea la propia Asamblea quien la remita a las Cortes Generales. Estaríamos dispuestos a tratarla y a estudiarla con ustedes.
Por último y con el máximo respeto hacia todas las enmiendas, tanto de Izquierda Unida, como del Grupo Parlamentario Socialista, pido el voto en contra de estas enmiendas y, lógicamente, también pido a todas sus señorías el voto favorable para que la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia sea aprobada y se dé, así, un paso adelante en la reforma de este Estatuto, que todos ansiamos y deseamos en esta tarde.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.) Senador Cardona, ¿para qué me pide la palabra?

El señor CARDONA I VILA: Por el artículo 87, pero es por una aclaración.
Creo que el Senador Bascuñana no ha entendido bien. Hemos dicho que votaríamos a favor del texto y que nos abstendríamos en las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Así se ha entendido.


El señor CARDONA I VILA: Pero se ha dicho por parte del último interviniente que nos íbamos a abstener en cuanto al texto que venía del Congreso, por lo que no sé si me habré equivocado en mi intervención.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su aclaración.
Terminado el debate, pasamos a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senador Román Clemente; concretamente, las números 9 y 14.
Se inicia a la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 87; en contra, 111; abstenciones, cinco.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia a la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 84; en contra, 108; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 15, que es del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia a la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 88; en contra, 110; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo Unico, disposición final y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia a la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 199; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. (Aplausos.) Enhorabuena a los murcianos.
Se levanta la sesión.


Eran las diecisiete horas y cincuenta minutos.

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