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DS. Senado, Pleno, núm. 104, de 10/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1998 VI Legislatura Núm. 104

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el martes, 10 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DIA:

Primero

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998.


Segundo

Mociones consecuencia de Interpelación:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, en cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de la normativa vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de las solicitudes de extradición de los jueces y tribunales españoles, especialmente las dirigidas a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los delitos contra la humanidad, de genocidio, de terrorismo, de torturas y de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, cometidos por las Juntas Militares de Chile y Argentina. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 577, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente 671/000055.)

--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible, un nuevo Marco General de Financiación de las Universidades Públicas; a presentar, al término del actual período de sesiones, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la máxima atención a la formulación final del Informe sobre el Futuro de la Universidad Española y a estudiar las posibilidades de nuevos instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Universidades, así como la previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 577, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente 671/000056.)

Página 4754


Tercero

Mociones:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo de formación continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000139.)

--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, actuaciones dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y elaborar material escolar específico orientado a la erradicación de los comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a la violencia doméstica y el fomento de los valores del respeto y de los derechos humanos plenos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000140.)

--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica, según dispone la Disposición Final Primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000137.)

Cuarto

Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al Protocolo anexo al Convenio de Roma. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 179, de fecha 23 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000179) (Número de expediente Congreso 110/000179.)

--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 180, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000180) (Número de expediente Congreso 110/000180.)

--Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 181, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000181) (Número de expediente Congreso 110/000181.)

--Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 182, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000182) (Número de expediente Congreso 110/000182.)

--Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 198, de fecha 7 de octubre de 1998).
(Número de expediente Senado 610/000198) (Número de expediente Congreso 110/000201.)

--Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Georgia al Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 185, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000185) (Número de expediente Congreso 110/000186.)

--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 186, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000186) (Número de expediente Congreso 110/000187.)

Página 4755


--Convenio entre España y Rumania complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 187, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000187) (Número de expediente Congreso 110/000188.)

--Protocolo Adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979 hecho en Rabat el 27 de enero de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 188, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000188) (Número de expediente Congreso 110/000189.)

--Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 189, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000189) (Número de expediente Congreso 110/000190.)

--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 190, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000190) (Número de expediente Congreso 110/000191.)

--Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague el 1 de septiembre de 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 191, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000191) (Número de expediente Congreso 110/000192.)

--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 12 de noviembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 192, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000192) (Número de expediente Congreso 110/000193.)

--Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa. hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 193, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000193) (Número de expediente Congreso 110/000194.)

--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania sobre el estatuto de las fuerzas españolas durante estancias temporales en la República Federal de Alemania, y Declaraciones relativas al ejercicio de la Jurisdicción Penal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 194, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000194) (Número de expediente Congreso 110/000195.)

--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 195, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000195) (Número de expediente Congreso 110/000196.)

--Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación anejas a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25 de septiembre de 1981. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 196, de fecha 7 de octubre de 1998).
(Número de expediente Senado 610/000196) (Número de expediente Congreso 110/000197.)

--Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 197, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000197) (Número de expediente Congreso 110/000200.)

--Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 199, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000199) (Número de expediente Congreso 110/000202.)

Página 4756


Quinto

Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 105, de fecha 15 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000105) (Número de expediente Congreso 121/000117.)

Sexto

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 28, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado 605/000006) (Número de expediente Congreso 127/000006.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.


Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998 (Página 4760)

Se aprueban las Actas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4760)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, en cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de la normativa vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de las solicitudes de extradición de los jueces y tribunales españoles, especialmente las dirigidas a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los delitos contra la humanidad, de genocidio, de terrorismo, de torturas y de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, cometidos por las Juntas Militares de Chile y Argentina (Página 4760)

El señor Nieto Cicuéndez defiende la moción. El señor Prada Presa defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Nieto Cicuéndez expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Marín Rite, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Mixto, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular y la adición del texto firmado por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible, un nuevo Marco General de Financiación de las Universidades Públicas; a presentar, al término del actual período de sesiones, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la máxima atención a la formulación final del Informe sobre el Futuro de la Universidad Española y a estudiar las posibilidades de nuevos instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Universidades, así como la previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades (Página 4765)

El señor Iglesias Marcelo defiende la moción. El señor Varela i Serra defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Barahona Hortelano defiende la enmienda del Grupo Popular.
El señor Iglesias Marcelo expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo

Página 4757


Mixto, y el señor Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 98 votos a favor, 114 en contra y 9 abstenciones.


MOCIONES (Página 4770)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo de formación continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud (Página 4770)

El señor Gutiérrez Ruiz defiende la moción. El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Gutiérrez Ruiz expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Gutiérrez Ruiz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 123 votos a favor y 93 en contra.


DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, actuaciones dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y elaborar material escolar específico orientado a la erradicación de los comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a la violencia doméstica y el fomento de los valores del respeto y de los derechos humanos plenos (Página 4774)

La señora Martín i Vigil defiende la moción. La señora San Baldomero Ochoa defiende la enmienda del Grupo Popular. La señora Martín i Vigil expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Martín i Vigil, por el Grupo Socialista, y San Baldomero Ochoa, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.


Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica, según dispone la Disposición Final Primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario (Página 4783)

El señor Ríos Pérez defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Pérez García, por el Grupo Socialista, y Galván de Urzáiz, por el Grupo Popular. Los señores Ríos Pérez, Pérez García y Galván de Urzáiz intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 96 votos a favor, 115 en contra y 7 abstenciones.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4792)

Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al Protocolo anexo al Convenio de Roma (Página 4792)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo

Página 4758


entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987 (Página 4792)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996 (Página 4792)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997 (Página 4793)

No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces hace uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo Mixto.
Se aprueba el acuerdo por 198 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998 (Página 4793)

No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces hace uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo Mixto.
Se aprueba el tratado por 200 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Georgia al Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 4794)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998 (Página 4794)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre España y Rumanía complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 4794)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo Adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998 (Página 4794)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre España y Rumanía sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 4795)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados Miembros

Página 4759


de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo (Página 4795)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague el 1 de septiembre de 1996 (Página 4795)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 12 de noviembre de 1997 (Página 4795)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996 (Página 4795)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania sobre el estatuto de las fuerzas españolas durante estancias temporales en la República Federal de Alemania, y Declaraciones relativas al ejercicio de la Jurisdicción Penal (Página 4796)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995 (Página 4796)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación anejas a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25 de septiembre de 1981 (Página 4796)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998 (Página 4796)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo (Página 4796)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza

Página 4760


al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4796)

Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual (Página 4796)

El señor Velasco Bueno consume un turno a favor. No habiéndose consumido turnos en contra ni de portavoces, se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4797)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 4797)

El señor Vallines Díaz presenta el Dictamen. La señora Díaz Villegas consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Gorostiaga Sáiz, por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 14. La señora Díaz Villegas consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto, y las señoras Gorostiaga Sáiz, por el Grupo Socialista, y Díaz Villegas, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 14, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 194 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban los artículos trigésimo, relativo al artículo 24 del Estatuto, y trigésimo primero, que se refiere al artículo 25, por 202 votos a favor y 2 en contra.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 202 votos a favor y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y quince minutos.


Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998.


El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Plenos celebrados los días 27 y 28 de octubre.
¿Se pueden aprobar por asentimiento o hay alguna alegación? (Asentimiento.) Quedan aprobadas por asentimiento.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 118 DE LA CONSTITUCION Y DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EXTRADICION, COLABORE CON LA TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE EXTRADICION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES, ESPECIALMENTE LAS DIRIGIDAS A LA PERSECUCION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD, DE GENOCIDIO, DE TERRORISMO, DE TORTURAS Y DE VIOLACIONES GRAVES Y SISTEMATICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMETIDOS POR LAS JUNTAS MILITARES DE CHILE Y ARGENTINA. (671/000055)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, mociones consecuencia de interpelación.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que, en cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de la normativa vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de las solicitudes de extradición de los jueces y tribunales españoles, especialmente las dirigidas a la persecución y enjuiciamiento

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de los responsables de los delitos contra la Humanidad, de genocidio, de terrorismo, de torturas y de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, cometidos por las Juntas Militares de Chile y Argentina.
Tiene la palabra el Senador autor de la moción consecuencia de interpelación, señor Nieto Cicuéndez, por tiempo de cinco minutos.


El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, la moción que hoy vamos a debatir es producto de la interpelación que discutimos en el Pleno anterior.
Podría entenderse que ha perdido actualidad y el propio sentido de la misma. Y es verdad que, en parte, he estado tentado de retirarla, pero no lo he hecho por las razones que voy a exponer brevemente.
En primer lugar, para congratularme públicamente de que el Gobierno de nuestro país haya estado en este caso a la altura de las circunstancias tramitando la extradición del ex dictador Augusto Pinochet, tal y como había solicitado el juez Baltasar Garzón, una vez que la Audiencia Nacional ha declarado competentes a los jueces españoles para enjuiciar los crímenes contra la Humanidad cometidos en Argentina y en Chile por sus Juntas Militares y, por tanto, desautorizando a los fiscales que negaron dicha competencia, contradicción que, en mi opinión, el Gobierno ha resuelto en este caso de la mejor manera posible.
En segundo lugar, para felicitar a todas y a todos los que no han cesado en estos largos años de clamar por que se esclareciera la verdad, que es el primer paso en el camino de hacer justicia. Señorías, es obligado homenajear en este foro el tesón de los familiares de las víctimas y a todas las personas que han creído y creen que la Justicia debe prevalecer por encima de cualquier razón de Estado por más legítima que ésta pueda parecer, ya que la primera razón que legitima a la raza humana no puede ser otra que repudiar tan horrendos crímenes.
En tercer lugar, porque este Senador está convencido de que el mejor favor, el mayor acto de solidaridad con las fuerzas democráticas de estos países es contribuir a que la Justicia prevalezca ante el horror y el crimen sistemáticamente planificado contra todo adversario político real o supuesto, como llevaron a cabo estas dictaduras, saltándose toda norma de Derecho Internacional, en aras a su megalomanía en proclamarse salvadores de valores eternos.
Y por último, señorías, también quiero manifestar mi apoyo en este caso al Gobierno de España en todo aquello que suponga agresión por los nostálgicos de las dictaduras argentina y chilena y manifestarle que no hay lugar a aceptar ningún chantaje. Si la Justicia sigue su curso en el marco del Estado de Derecho que tanto sacrificio nos ha costado reconquistar y se respalda la acción de la Justicia, con el mayor respeto a la soberanía que nos merecen todas las víctimas de las dictaduras de estos países, estamos convencidos de que los reticentes de hoy entenderán que las democracias difícilmente se construyen mediante el chantaje del olvido.
Por tanto, señorías, aun reconociendo que una parte de esta moción ya ha sido diligenciada por el Gobierno, como lo ha sido la tramitación de la petición de extradición realizada por el Juzgado que lleva el caso, en el fondo pensamos que con dicha moción, que espero sea aprobada por toda la Cámara, con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que ya anuncio que ha sido aceptada, haremos un buen servicio a nuestro país, un buen servicio a la democracia en general, a los chilenos, a los argentinos y a todos los que sufren y son maltratados en el mundo. Porque ésta es una resolución, en este marco del Senado de España, que nos dignifica a todos, dignifica a la Justicia de nuestro país y abre elementos importanes en el marco del Derecho Internacional.
No es casual que en todo el mundo, sobre todo en Europa, haya habido declaraciones desde el Parlamento Europeo, posicionamientos de la Justicia en Francia, en Alemania, en Suiza, en Suecia, etcétera, respaldando la acción de la Justicia española. Eso es importante y lo deberán entender también --y espero que lo entiendan rápidamente-- tanto los Gobiernos de Chile como de Argentina y, asimismo, deberán comprender que lo que hoy vamos a aprobar aquí no es ninguna intromisión en sus asuntos internos. Somos respetuosos con sus normas y con los procesos complejos que están viviendo, pero entendemos que los derechos humanos están por encima de cualquier frontera, y creemos que ellos entenderán también que lo que hacemos desde este foro del Senado de España en este XL aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es contribuir a que la Justicia se abra camino en todos los lugares del mundo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Esta moción tiene una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que va a defender el Senador Prada también por tiempo de cinco minutos.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero expresar, en primer lugar, la felicitación de mi Grupo al Senador Nieto por promover esta iniciativa parlamentaria, que nos va a dar a todos la oportunidad de pronunciarnos sobre la solicitud de extradición del General Pinochet formulada por un juez español para que sea juzgado en nuestro país por los gravísimos delitos que se le imputan de genocidio y terrorismo.
Son de agradecer también las palabras del Senador Nieto en relación con la actitud del Gobierno de España con respecto a este tema, actitud que en el plano de la realidad deja sin efecto y sin contenido el propio «petitum» de la moción. Por ello, señor Presidente, nuestra propuesta de modificación implica que el «petitum» elaborado por el Senador Nieto no se limite al caso concreto del General Pinochet, que ya está resuelto y cumplido, sino que se generalice a todos los procesos judiciales presentes y futuros.


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Señorías, el paso dado por el Gobierno supone, a nuestro juicio y sin ningún género de dudas, un paso más hacia la universalización de la defensa de los derechos humanos. Situaciones como la que hoy debatimos nos llevan al convencimiento de la imperiosa necesidad de que exista un tribunal internacional permanente para juzgar, por un lado, los crímenes de guerra y, por otro lado, las violaciones de los derechos humanos.
Estamos convencidos de que sólo un tribunal penal internacional puede convertirse en una instancia judicial efectiva para castigar a los responsables de la represión política.
Deseamos un tribunal independiente, justo y eficaz, y es necesario un esfuerzo colectivo, político y económico para convertir este deseo en realidad. Señorías, las grandes potencias mundiales deben de concienciarse y sensibilizarse de esta necesidad.
Quiero dejar constancia también --y constancia clara-- de la postura de mi Grupo en relación con las múltiples referencias que en la tramitación de este tema ha habido con respecto a la actuación del Ministerio Fiscal y a las solicitudes de cese que se han formulado. Si estas posiciones las analizamos desde el punto de vista jurídico habría que llegar a la conclusión de que todos los días, en todos los juzgados de España, múltiples fiscales deberían de ser cesados porque sus tesis jurídicas no son admitidas por los jueces o tribunales a la hora de dictar resoluciones o sentencias. Si estas posiciones las analizamos desde el punto de vista político, reiterando nuestra inequívoca posición en favor de las víctimas y en contra de los responsables de los delitos de genocidio, tortura, asesinato y terrorismo y que éstos no queden impunes, y que quede muy claro que aun sin compartir estas tesis jurídicas del Ministerio público, sí respetamos escrupulosamente su autonomía funcional y el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal regido por el principio constitucional de unidad de actuación, también habría que recordar las tesis jurídicas defendidas por el último Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno que presidía el señor González Márquez.
La tesis de considerar como no competentes a los tribunales españoles estaba también avalada por la Junta de Fiscales de Sala, que, como sus señorías saben, es el órgano que asesora técnicamente a la Fiscalía General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que la Fiscalía ha rectificado y ha acatado las resoluciones judiciales desde el momento en que se ha conocido el auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, admitiendo la competencia de los tribunales españoles para poder juzgar al General Pinochet.
Hoy, señorías, una vez más y con más fuerza y fundamento, queremos reiterar que este asunto es, a nuestro juicio, exclusivamente jurídico, y su politización obedece a una manifiesta irresponsabilidad política. Hoy los hechos han dado la razón a los que hemos manifestado que este asunto afectaba a diferentes sensibilidades, y prueba de ello ha sido la reacción del Gobierno democrático de Chile, llamando a consultas a su embajador en Madrid, o la reacción del pueblo chileno en clara división de opiniones. Hoy los hechos nos han dado la razón a los que siempre hemos mantenido la tesis de que este Gobierno cumple con sus compromisos y es respetuoso con las decisiones judiciales. Hoy los hechos nos han dado la razón a los que dijimos, desde el primer momento, que el Grupo Parlamentario Popular era inequívocamente partidario de que se tramitara la solicitud de extradición del General Pinochet.
Señorías, a mi juicio, ha sido una expresión patética la actitud de algún líder de la oposición, que el viernes pasado por la mañana, cuando ya se sabía --porque la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ya lo había acordado-- que el Consejo de Ministros iba a dar curso a la solicitud de extradición, instaba al Gobierno para que cursara esa extradición. Presumiblemente, podemos llegar a la conclusión de que la única finalidad era conseguir un titular de prensa del que debía estar muy necesitado.Y ese mismo dirigente político, ese mismo día por la tarde, reconocía que el Gobierno había actuado por imperativo legal, pero sin convicción moral. Si actuaba por imperativo legal, ¿qué razones había para instar al Gobierno a cumplir con la legalidad? En cuanto a convicciones morales, señorías, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A las convicciones morales que respecto a este tema ha manifestado pública y reiteradamente el señor González? Señorías, señor Presidente, todos debemos reconocer que el Gobierno del Partido Popular ha trabajado, con hechos y no con palabras, más que ningún otro gobierno del mundo para que se juzgue al dictador Pinochet.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Para contestar, tiene la palabra el portavoz del Grupo autor de la moción si tiene algo que decir sobre la intervención del señor Prada.


El señor NIETO CICUENDEZ: Ya he manifestado la aceptación de la enmienda.
Por tanto, no pensaba hacer uso de la palabra, porque en el turno de portavoces va a intervenir la Senadora Costa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.
Que quede claro que no hay turno de portavoces para los que han intervenido antes. Es decir, que los Grupos que ya han intervenido no pueden volver a hacerlo luego en turno de portavoces. El Reglamento es así.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como tantas y tantas veces hemos repetido, nuestro Grupo parte de la base fundamental de que jamás debe darse razón de Estado alguna que permita a nadie desviarse de las normas éticas que la razón del individuo, la conciencia individual, tiene que observar. En modo alguno debe ser posible admitir una manera de actuación político-estatal que ignore el Derecho legítimo vigente o

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la moral dominante. Siempre y en todo caso, incluso en situaciones de excepción, se ha de actuar con arreglo a Derecho y sin extralimitaciones de ningún tipo.
Por ello señorías, y dicho con sinceridad, consideramos que la moción formulada por el estimado colega Nieto Cicuéndez se sustenta con absoluta obviedad, máxime si tenemos en cuenta la enmienda transada, que es excelente, habida cuenta de la división de poderes que debe regir en todo Estado de Derecho y amén de conocidas las decisiones adoptadas y los trámites seguidos desde aquí con respecto al dictador chileno, el General Pinochet, figura infausta del siglo XX, que han sido decisiones y trámites de gran calado y nada fáciles en materia política pero con resultados éticamente gratos de modo indudable, que reconocidamente han salvado lo esencial del tema.
Por lógica deducción, nuestro Grupo entiende que la línea de actuación seguida en el caso citado habrá de tener similar continuidad en todos los casos en que corresponda ser partícipes o colaboradores para la persecución y enjuiciamiento de quienes hayan atentado contra la Humanidad gravemente, con abuso de poder ilimitado y perversamente adquirido, que, por sí mismo, ha de negar inmunidad a quienes así hayan podido proceder, porque los derechos del hombre son algo más que una mera declaración.
Nunca debe sernos posible consagrar el sistema del golpe de Estado por vía cruenta para acabar con un régimen legítimamente constituido y decidido por el pueblo, porque éste puede acabar siendo tiranizado con actos posteriores desde un poder constituido ilegítimamente. A nadie, por muy gobernante o Jefe de Estado que se haya autoproclamado, le es lícito procurar la felicidad de una parte del pueblo a costa de la destrucción, la tortura y el secuestro de la otra parte, aunque ésta sea ideológicamente distinta del tirano y de quienes le apoyan.
Señorías, señor Presidente, jamás hay razones históricas ni ha existido tratado internacional alguno con facultad de otorgar algún tipo de bula para cometer delitos, y, menos aún, para que éstos luego puedan ser tapados so pretexto de que fueron cometidos por el cargo de Jefe de Estado o por obediencia debida.
Como bien decía el articulista a quien trato de remedar, cuando las prisiones se llenan de pobres y menesterosos, aunque delincuentes, y cuando sus puertas se hayan cerradas para los tiranos delincuentes, algo no va bien. Como tampoco va cuando actualmente hay quien se opone a que se constituya un tribunal internacional penal, como medio disuasivo y eficaz de la comunidad internacional, que ayude a poner fin a situaciones de impunidad formal y sustancial de culpables de crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra que tantas veces y tan excesivamente han dejado su impronta sobre el presente siglo; siglo XX que ya acaba, y con el que deseamos fervientemente que acabe todo género de actuaciones del tipo señalado.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, nos complace anunciar nuestro apoyo a la moción presentada por el Senador Nieto Cicuéndez, habida cuenta de la magnífica enmienda que ha sido transada en base a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Ferrer i Roca tiene la palabra.


El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, voy a posicionarme en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió acerca de esta moción; moción que fue presentada el 28 de octubre, el mismo día en que se había debatido en el Pleno del Senado la interpelación. Por consiguiente, y como sea que los hechos se han sucedido de forma muy rápida, como era deseable, también el texto de la moción que presentó el Senador Nieto ha envejecido rápidamente y enseguida ha dejado de reflejar lo que era la realidad, como deseábamos todos, porque lo que en un principio planteaba el texto del Senador Nieto ha sido ya ejecutado por el Gobierno.
La moción planteaba que el Gobierno colaborara eficazmente, de la manera más inmediata y con todos los medios a su alcance, en la tramitación que los jueces y magistrados propusieran, y eso ya está hecho.
Gracias a una enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular se ha incorporado al texto una referencia a que esta rapidez y eficacia se extienda a todos los procesos presentes y futuros. Por otro lado, una enmienda suscrita por todos los Grupos ha incorporado también la coletilla de: «... a las Juntas Militares de Chile y Argentina, así como en cualquier otro país». Porque, como es natural, todos, señorías, estamos interesados en colaborar en la solución y en que la Justicia resplandezca allí donde la dictadura se produzca y esté al alcance de los jueces ejecutarla.
No creo que sea necesario repetir los argumentos que ya expusimos al intervenir con motivo del debate de la interpelación. Quiero recordarlos telegráficamente.
Nuestra posición en este caso se mueve por imperativo moral, y es inútil ocultar que sentimos una gran satisfacción también moral por el hecho de que un dictador --yo creo, señorías, que deberíamos dejar de calificar al señor Pinochet de General-- pueda ser objeto de una persecución justa por parte de jueces y magistrados.
Recordamos también el día 28, como un símbolo de toda la gente que murió asesinada en aquellos años en Chile, a una persona para nosotros familiar y muy querida, el sacerdote Joan Alsina, que no es ni más ni menos que uno de los muchos millares que cayeron asesinados en Chile, víctima de aquella dictadura.
Dijimos asimismo --e insistimos en ello-- que nos mostrábamos partidarios de que se respetara la decisión de los jueces.
Esto es lo que dijimos, esto es lo que continuamos afirmando, y por esta razón daremos nuestro voto afirmativo a esta moción, no sin antes agradecer al Senador Nieto que la haya traído a este Pleno, y cuyos argumentos

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ya expuso con motivo del debate de la interpelación, para que, en esta cuestión tan importante de sensibilidad democrática, haya sido posible suscitar este debate, y que todos nos encontremos en la defensa de la democracia y de la Justicia.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, la interpelación del señor Nieto --creo que debemos ser justos con su actuación-- ya incluía una generalización en relación con la concesión de la extradición en supuestos de delitos contra la Humanidad. Por lo tanto, creemos que, al menos en esa parte, la iniciativa del señor Nieto conserva su actualidad.
Señorías, las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional para enjuiciar las responsabilidades de Augusto Pinochet en el golpe de Estado de Chile han traído una serie de consecuencias, algunas de ellas positivas y otras, a nuestro juicio, negativas.
Quisiera hablar de los aspectos positivos de la actuación del Gobierno --por qué no--, pero voy a referirme, en primer lugar, a los aspectos negativos de la cuestión, y primeramente, sin duda alguna, a la actuación de los fiscales, tanto a la del Fiscal General del Estado, señor Cardenal, como a la del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, señor Fungairiño.
Señorías, en estos días hemos asistido con asombro, con preocupación a una especie de oposición en cadena al juicio de Pinochet. Se ha dicho que no hay competencia para intervenir, que las actuaciones que se le imputan no son un genocidio, que no constituyen la figura jurídica del genocidio y, en último lugar, que los Jefes de Estado gozan de la inmunidad que les es propia.
Los fiscales han recurrido todas las decisiones judiciales. Decía el Senador Prada que, al final, han aceptado --lógicamente, todos tenemos que aceptarla, como no podría ser de otra forma-- la decisión de los tribunales de justicia.
El otro día la señora Ministra de Justicia hizo, al responder a la interpelación, una referencia --el señor Prada la ha vuelto a hacer-- a la autonomía de las fiscalías. Es cierto que desde la Fiscalía se predica la autonomía y no la independencia, pero la autonomía funcional. Y no es ocioso recordar en un momento como éste que el nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional lo hace el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado y que el Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno. Asimismo, funciona el principio de la dependencia jerárquica como uno de los principios inspiradores de la institución del Ministerio Fiscal. Además, según el Estatuto orgánico, el Gobierno puede interesar actuaciones del Ministerio Fiscal.
Señorías, ¿qué podíamos esperar en este asunto? ¿Cree alguien realmente que a estos fiscales hay que decirles algo? Cuando se nombra a un fiscal que no cree en el pluralismo, cuando se nombra a un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional que entiende que las actuaciones de Pinochet y de Videla son paréntesis en la democracia ¿puede alguien extrañarse de que defiendan después a Pinochet? ¿No es acaso una consecuencia necesaria de esa actitud que ellos tienen y que han manifestado? No olvidemos que hablamos de manifestaciones de los propios interesados.
Señorías, me temo que en este caso al asunto se le puede dar una solución satisfactoria. Esto hay que decirlo. Pero este Senador manifestó en su día, cuando se hicieron estos nombramientos, lo mismo que ha dicho ahora, que esto volverá a ocurrir. Y eso no es bueno para nadie y tampoco es bueno para el Partido Popular. Esto volverá a ocurrir porque ésa es la tendencia natural de quien piensa de esta forma.
Señorías, quisiera referirme también a los aspectos positivos de esta cuestión. En muchas ocasiones desde nuestro país se ha mandado a Iberoamérica un mensaje casi retórico, que empezó a cambiar con la transición. Al contrario, en estos días hemos enviado a Iberoamérica, al otro lado del océano, dos mensajes de solidaridad: uno, el de la solidaridad del pueblo español, de su Gobierno y de otros gobiernos de las Comunidades Autónomas con las víctimas de las inundaciones. Y, dos, este asunto de la extradición de Pinochet, que puede ser también interpretado en clave de solidaridad. Solidaridad, señoras y señores Senadores, es estar con los que sufren. Solidaridad es estar con Iberoamérica, con los problemas de los iberoamericanos, con los problemas de estos pueblos. Y en esta Cámara, que tiene una especial vocación iberoamericana --no debemos olvidar que existe en ella una Comisión Permanente de Asuntos Iberoamericanos--, es razonable hablar y destacar esta cuestión.
Señorías, la declaración de la Audiencia Nacional sobre la competencia en materia de crímenes contra la Humanidad tiene, sin duda, una relevancia extraordinaria, una importancia que está por encima del propio Pinochet y, sin duda alguna, hemos dado un paso importante en pro de la Justicia universal. La persecución de los crímenes contra la Humanidad por encima de las fronteras de los Estados es un paso, un avance, un progreso de la Justicia. La afirmación de que la tarea de un jefe de Estado no es cometer crímenes contra la Humanidad es una obviedad, pero es una obviedad que algunas veces es necesario combatir en la esfera internacional...


El señor PRESIDENTE: Senador Marín Rite, le ruego concluya.


El señor MARIN RITE: Termino inmediatamente, señor Presidente, tal y como lo hacía al defender la posición de mi Grupo en el debate de la interpelación. Decíamos entonces, señorías, que manteníamos nuestra posición pensando más en el futuro que en el pasado, y hoy queremos repetirlo aquí: pensamos más en el futuro que en el pasado. Creo que hemos dado un paso de progreso, un paso hacia adelante que ha constituido, sin duda alguna, un avance para la Justicia española y para la Justicia universal.


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Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Terminado el debate, entiendo que, dado el tenor de las intervenciones de los portavoces, se puede aprobar por asentimiento esta moción consecuencia de interpelación con la enmienda que ha incorporado el Grupo Popular y asimismo con el añadido firmado por todos los Grupos Parlamentarios en el siguiente sentido: detrás de «... Juntas Militares de Chile y Argentina,» deberá añadirse: «... así como en cualquier otro país.» ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado. Muchas gracias.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE, UN NUEVO MARCO GENERAL DE FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS; A PRESENTAR, AL TERMINO DEL ACTUAL PERIODO DE SESIONES, EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA; A PRESTAR SU PATROCINIO A LA ELABORACION Y LA MAXIMA ATENCION A LA FORMULACION FINAL DEL INFORME SOBRE EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y A ESTUDIAR LAS POSIBILIDADES DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE COORDINACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL, DE ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS UNIVERSIDADES, ASI COMO LA PREVISIBLE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
(671/000056)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible, un nuevo marco general de financiación de las universidades públicas; a presentar, al término del actual período de sesiones, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la máxima atención a la formulación final del informe sobre el futuro de la universidad española y a estudiar las posibilidades de nuevos instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las universidades, así como la previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Iglesias Marcelo, por tiempo de cinco minutos.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el pasado Pleno interpelé al Gobierno sobre su política universitaria, política que yo califiqué de escasa, de precaria, de insuficiente y de bajo nivel, pero el objetivo fundamental de la interpelación era poner en marcha al Gobierno para que dé solución a un conjunto de problemas universitarios que son evidentes, que no podemos ocultar ni ignorar y que están reclamando una solución de las administraciones públicas y de la sociedad española.
La respuesta de la señora Ministra me pareció excesivamente autocomplaciente. Dijo haber hecho un par de cosas, importantes evidentemente, pero absolutamente insuficientes. Pocas respuestas y muchos problemas son, pues, los que podemos considerar presenta la situación actual.
Desde ese momento hasta el día de hoy han ocurrido algunos acontecimientos interesantes. Este último fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Salamanca la Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales de las universidades españolas con una representación de 30 Consejos Sociales. En dicha Conferencia de Presidentes y Secretarios se trataron problemas de actualidad que tienen mucho que ver con el contenido de la interpelación del pasado Pleno.
La señora Ministra de Educación dijo literalmente lo siguiente: Estamos en una nueva y compleja situación universitaria. La universidad ha crecido en los últimos años vertiginosamente. También se ha realizado en estos últimos años un gran esfuerzo, pero las demandas evolucionan, y ahora las demandas son distintas, son nuevas, entre ellas la demanda de la calidad. Son necesarias reformas de una mayor envergadura, una reflexión en profundidad sobre el futuro de la universidad, aportaciones necesarias que no tienen que partir del sectarismo sino que tienen que partir de la independencia y de la neutralidad. Y la señora Ministra saludó la oportunidad de la versión española del informe de Lord Dearing, quien en aquella misma sesión expuso sus puntos de vista. Como digo, saludó como conveniente la elaboración de dicho informe, diciendo que en estos momentos lo importante es sumar y no dividir, que lo importante es aglutinar esfuerzos y no separarlos.
Y paso a comunicarles literalmente uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales: Realizar una serie de estudios sobre la sociedad del aprendizaje en España para definir los paradigmas actuales, señalar los que deben modificarse y establecer los cambios necesarios. Estos estudios deben llevarse a cabo en estrecha colaboración con la Asamblea de Presidentes de Consejos Sociales y la Conferencia de Rectores de Universidades en el ámbito legal y administrativo del Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Cultura.
Creo que existe un amplio consenso sobre el diagnóstico de los problemas que tenemos por delante: calidad, modelo de universidad, financiación, problemas del profesorado, coordinación del sistema, etcétera. El diagnóstico me parece amplísimo y unánime, pero es posible que no coincidamos en las propuestas de solución, porque en esta moción no proponemos soluciones, sino caminos para encontrarlas. Pongamos como ejemplo un debate sobre

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la financiación de la universidad. Esta cuesta dinero. Pero ¿quién debe pagar y cómo se debe pagar el dinero que cuesta la universidad? La Ley de Reforma Universitaria tiene que ser modificada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y como autores de esa Ley no nos duelen prendas en reconocer que quince años después de su entrada en vigor tiene que ser actualizada. Lo reconocemos, lo hemos intentado y hay que seguir intentándolo.
Pedimos el apoyo para la versión española del Informe Dearing, que es un examen de problemas, no una propuesta de soluciones; éstas llegarán al final de ese estudio. Asimismo, es necesario una amplia coordinación del sistema español.
Insisto, nosotros no proponemos soluciones, sino el análisis de los problemas e instrumentos de trabajo para llegar a esas soluciones. Ahora es el momento de la universidad, y no podemos dejar que éste pase, porque es un momento clave en la evolución del sistema universitario. Nos lo está demandando la sociedad y la propia universidad, y no podemos ser reticentes ante esa demanda. Espero, pues, que seamos capaces de arbitrar una respuesta adecuada para un conjunto de problemas que ya no admiten más demora.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas, y la primera de ellas corresponde al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para su defensa, y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender esta enmienda, y al mismo tiempo manifestaré la posición de nuestro Grupo sobre la moción presentada por el Senador Iglesias.
En primer lugar, hemos de reconocer --como ya hice en el debate de la pasada interpelación-- la oportunidad de traer este tema a la Cámara, tanto por la importancia de la cuestión que estamos debatiendo como porque objetivamente existe un gran malestar en la universidad, hay desazón.
Hoy se ha publicado un magnífico artículo en «El País» de un gran conocedor de la universidad española, como es Michavila, que cita a Pericles, quien cuando su pueblo tenía problemas decía: Nos parece que la primavera ha desaparecido de nuestro año.
Y en cierta medida dice Michavila, y nosotros pensamos lo mismo, que la primavera ha desaparecido de la universidad española en el sentido de que, como digo, hay desazón y deseos de que se produzca un cambio de rumbo del Gobierno respecto de la universidad. Insisto, lo dice Michavila y también lo decimos nosotros.
Hace 15 días con motivo del debate de la interpelación también decíamos nosotros que no bastaba con seguir por inercia por el camino actual, sino que era necesario iniciar una nueva etapa en la reforma de la universidad en España, pues había un claro agotamiento de modelo.
Nosotros estamos de acuerdo con la interpelación y con la moción en su sentido más global en cuanto a que, como decía el Senador Iglesias, la intención era poner en marcha al Gobierno para que actúe de una vez acerca de los grandes problemas que tiene la universidad.
La respuesta de la Ministra en ese sentido fue insatisfactoria, razón por la que estamos nuevamente de acuerdo con la moción del Grupo Parlamentario Socialista, pero hemos presentado dos enmiendas con el fin de expresar los puntos con los que no estamos de acuerdo.
La primera enmienda hace referencia al informe. La moción Socialista pone el énfasis en el Informe Bricall, el cual tiene todo el reconocimiento de nuestro Grupo. No dudamos de su capacidad y seguro que lo que haga será de gran mérito, pero no nos parece que sea conveniente darle a él la exclusiva del informe para la universidad española, y, como usted mismo acaba de citar, Senador Iglesias, la Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales, celebrada en Salamanca, pensamos que la participación de los Consejos Sociales también sería interesante para elaborar este informe sobre el futuro de la universidad.
Por ello, respecto a la primera enmienda, pensamos que no debemos sujetarnos al Informe Bricall, sino hacer un informe general sobre el futuro de la universidad española, que incluya el marco general de la financiación de las universidades españolas. Por tanto, pedimos un informe global y no ceñirnos únicamente al Informe Bricall, sino hacerlo más amplio con la participación de los Consejos Sociales.
La segunda enmienda es en relación con el Consejo de Universidades.
Estamos de acuerdo en que hay que modificar la Ley de Reforma Universitaria, pero nosotros pedimos --y ya lo dije con motivo de la discusión de la interpelación-- una reforma a fondo de esta Ley, no solamente del Título V, sino también, por ejemplo, del Consejo de Universidades, porque pensamos que éste realiza tareas de gestión que no le correspondería hacer en absoluto, ya que tendrían que realizarlas los Gobiernos Autónomos con competencias en la materia. Por tanto, propugnamos una reforma a fondo del Consejo de Universidades. En consecuencia, en nuestra enmienda pretendemos añadir al final del número 2 de la moción y después de la palabra «alumnado» el siguiente texto: «..., así como del Consejo de Universidades, a fin de que se convierta en un organismo de debate y asesoramiento para la planificación general y coordinación del sistema universitario español». Hablando con el Senador Iglesias, con el que tengo una magnífica relación --que me honra--, me decía que esta enmienda significa el desmantelamiento del Consejo de Universidades. No es tal, Senador Iglesias. Fíjese bien en el texto de la enmienda: «..., así como del Consejo de Universidades para que se convierta en un organismo de debate y asesoramiento para la planificación general y coordinación del sistema universitario español».


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Me parece que este papel que nuestro Grupo atribuye al Consejo de Universidades no le anula en absoluto. No es nuestra intención, ni en el fondo ni en la forma.
Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no nos gusta que en el estudio sobre el futuro de la universidad no se puedan incluir los Consejos Sociales ni que no se pueda proceder al mismo tiempo a una reforma a fondo del Consejo de Universidades.
Por todo lo expuesto, pedimos la aceptación de estas dos enmiendas y, en caso contrario, nuestra posición sería de abstención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Hay una segunda enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, en este caso, su portavoz, señor Barahona, por tiempo de cinco minutos.


El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que con el crecimiento cuantitativo de la Universidad se ha generado una sensación de incertidumbre sobre sus objetivos, a lo que hay que añadir quizá una disminución del papel de la misma como referente intelectual y cultural, como consecuencia de un afán desmedido por la profesionalización. Sin embargo, no es menos cierto, tal como difundía ayer una nota de la Agencia EFE, que la calidad de la enseñanza superior española es equiparable a la del resto de Europa, después de analizar los primeros datos del Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades, calidad que queremos afianzar y potenciar.
En cualquier caso, es necesario volver a conseguir que la Universidad no sólo forme para el ejercicio de las profesiones con la mayor competencia científica y técnica posibles, sino también para la producción científica y del pensamiento (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia), para la transmisión y conservación de la cultura y los conocimientos, así como para la enseñanza del razonamiento, la abstracción y la crítica sobre aspectos doctrinales de los distintos saberes.
En esta inquietud, que compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción que se presenta simultáneamente, en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, sería deseable lograr auténticos acuerdos de Estado, sería deseable despolitizar la Universidad, huir de la demagogia y, sobre todo, no utilizar a la Institución como arma arrojadiza de diatribas políticas. Con espíritu constructivo, proponemos caminar en busca del consenso, no en sentido proustiano, no por el tiempo perdido, sino para encontrar soluciones que alivien el daño infligido por la normativa vigente.
Presentamos a la consideración de esta Cámara una enmienda de modificación que, en el apartado de la moción relativo a la financiación universitaria que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, resulta inaceptable y contradictorio en sus propios términos. La financiación de las universidades es una competencia de las Comunidades Autónomas. No existe ningún precepto que permita al Estado inmiscuirse y destinar sus recursos a financiar algo que está transferido. Significaría alterar el reparto competencial, creando un gravísimo precedente.
La propuesta socialista reproduce los ecos periodísticos de la solicitud de la conferencia de rectores; básicamente se piden 400.000 millones más para, según dicen, acercarnos a los niveles europeos y dedicar aproximadamente el 1,4 por ciento del PIB en el año 2004. Pero aquí se han equivocado los términos y se desliza un error de gran calado, al confundir recursos totales con gasto público. Las cifras manejadas no se refieren a la financiación pública genérica sino a la suma total de recursos que la sociedad española invierte en educación superior. En la media de la OCDE se incluye el gasto público y el privado, y además los datos se refieren al conjunto de enseñanza superior incluyendo la enseñanza no universitaria. La intervención estatal podría ser contraproducente, acentuando la regresión social del sistema.
Por todo ello, no procede aprobar nada que plantee un acuerdo marco sobre financiación universitaria y sí una compensación a las universidades por las tasas económicas adeudadas por la modificación legal del concepto de familia numerosa. En este sentido, el Gobierno ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado cantidades para atender a las reclamaciones correspondientes, como ya ha sido explicado por la señora Ministra, en una reciente comparecencia parlamentaria.
Igualmente, proponemos incrementar los programas de becas, ayudas y préstamos a los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades y estimular su movilidad, aunque el Estado no debe gastar más en financiación universitaria a través de transferencias, pero sí, en todo caso, a través de una política de becas que permita pasar de los 57.000 millones de pesetas actuales a unos 230.000 millones como dotación ideal, es decir, multiplicarlo por cuatro.
Con respecto a la modificación de la LRU contenida en la moción socialista, ya era hora que se produjera ese acto de contrición. No tenemos ningún inconveniente en asumirla, como se refleja en nuestra enmienda, de manera que se consiga respecto al profesorado la solución de los problemas actuales como pueden ser, entre otros, la incertidumbre de quienes inician la carrera académica, el sistema perverso de provisión de plazas, la utilización inadecuada de la figura del asociado, como es el asociado a tiempo completo, la igualitaria e incongruente plenitud docente investigadora que produce la indiferenciación del profesorado ordinario --el problema de los profesores de Medicina con plaza vinculada--. Por lo tanto, es urgente erradicar el localismo y la endogamia que desde 1983 en adelante caracterizan a la selección de los profesores. En este sentido, decía Cajal que suele crecer la planta según la dimensión de la maceta. Y añadía que el talento aldeano confinado en su rincón difícilmente alcanzará su pleno florecimiento.
Es necesario dotar de movilidad a los profesores mediante concursos de méritos; la de los estudiantes se conseguirá mediante un próximo Real-Decreto que sustituye al 1.005/91, que próximamente será enviado a la Comisión de Subsecretarios.


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Estas y otras cuestiones han provocado un sentimiento general de rechazo de la ley por un lógico deseo de cambio.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Barahona, se ha terminado su tiempo.


El señor BARAHONA HORTELANO: Concluyo rápidamente, señor Presidente.
Es por todas estas razones por las que presentamos la enmienda de modificación que sometemos a la consideración de esta Cámara, de la que esperamos su aceptación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo para contestar a las enmiendas presentadas.


El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, como no podía ser de otra manera, he estudiado con gran interés las propuestas de modificación presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular.
Valoro los aspectos positivos que ambas propuestas de modificación contienen pero, a nuestro juicio, también contienen aspectos negativos que hacen imposible que podamos aceptar su incorporación al «petitum» de esta moción.
Lo explicaré en pocas palabras. La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió contiene una enmienda al punto primero de nuestra moción que nos parece sumamente oportuna y acertada y podríamos asumirla sin ningún tipo de reservas. Por lo tanto, no hacemos ninguna crítica a la primera parte de la propuesta. Sin embargo, en relación al punto segundo de su moción tenemos graves reservas para su aprobación.
Debemos recordar que el artículo 23 de la Ley de Reforma Universitaria, relativa a las funciones del Consejo de Universidades, en la enumeración de sus funciones señala que el Consejo de Universidades tiene tareas de ordenación, coordinación, planificación, propuesta y asesoramiento. Es decir, un abanico de funciones de naturaleza diferente que, evidentemente, tiene un calado distinto y una distinta envergadura.
La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió propone que el Consejo de Universidades se convierta en un organismo de debate y asesoramiento para la planificación y para la coordinación del sistema. El Consejo de Universidades debate y asesora sobre planificación y coordinación, pero no decide. Si debate y asesora, el órgano de decisión es distinto. Hay que preguntarse: ¿quién decide?, ¿dónde está la función de planificación, de ordenación y de coordinación? Alguien tendrá que hacerlo, porque es absolutamente inevitable que esa función se realice. Queda absolutamente en la oscuridad.
Por lo tanto, a nuestro juicio vacía de contenido las funciones del Consejo de Universidades, por lo que la enmienda que nos proponen nos resulta difícilmente aceptable.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, le diré al Senador Barahona que no tenemos que llevar el tema de la discusión a términos de sentido religioso o muy profundos, como los actos de contrición. Tratándose de un profesor universitario y de alguien que quiere ser también un observador neutral de la realidad le diré que las cosas se deben expresar de una manera muy sencilla; se trata de analizar lo que ha pasado, de ver cuáles son los defectos y de rectificar sobre la marcha la situación. No hay que arrepentirse de las cosas que se hicieron sinceramente y, por lo tanto, no hay que lamentarse de errores que seguramente se han cometido, ya que ¡quién no los ha perpetuado! En ningún momento pido que el Estado financie el crecimiento económico de las universidades, ni las cifras que su señoría ha aducido se presentan en la moción como un elemento de referencia. ¿Hace falta dinero para las universidades? Es evidente. ¿Todo el mundo pide recursos para el crecimiento de la Universidad? Es evidente. ¿Cuánto y quién debe pagar esos recursos? Eso es lo que me pregunto. No supongo ninguna contestación; no estoy haciendo cálculos acerca del final. Estoy simplemente presentando hipótesis para el comienzo, hipótesis para trabajar.
De su propuesta, el punto primero nos parece bien; el punto cuarto también; el punto tercero nos parece innecesario, y el punto segundo nos parece inaceptable por una razón fundamental porque siendo el Gobierno el destinatario final del informe sobre la situación y el futuro de la Universidad, en su moción lo que hacen es convertir al Gobierno no en el destinatario, sino en el origen de ese informe. Nos parece que debe ser la sociedad en general quien estudie la situación de la Universidad, para que ese estudio sea remitido al Gobierno, para que lo tenga en cuenta y para que en uso de sus competencias decida lo que tenga que decidir, acerca de lo cual nosotros no vamos a suplantar la capacidad ni las competencias del Gobierno; el Gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero el estudio debería ser independiente del Gobierno para que éste pudiera tener una visión muy amplia de las necesidades de la universidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias, vaya concluyendo, por favor.


El señor IGLESIAS MARCELO: Termino, señor Presidente.
Por eso la enmienda en su conjunto no es aceptable para nuestro Grupo aunque valoramos los dos aspectos positivos que contiene.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
En turno de portavoces, la Senadora De Boneta tiene la palabra.


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La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a establecer la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso la de esta Senadora de Eusko Alkartasuna, sobre la moción consecuencia de interpelación presentada por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias.
Nuestra opinión es que tanto la interpelación como la moción que se presenta es absolutamente oportuna, teniendo en cuenta la necesidad de acometer los problemas que en este momento tiene la Universidad en general, y en este sentido somos conscientes y estamos de acuerdo --todos estamos debatiendo y planteando enmiendas o posibilidades de acometer esta situación-- en la necesidad de proceder a una reforma que erradique los problemas y mejore su calidad.
Estamos de acuerdo en el fondo con todos los planteamientos de la moción y vamos a votar a favor de la misma, no sin antes plantear una serie de cuestiones que tienen relación con lo que aquí se ha debatido.
En primer lugar, entendemos que el punto primero, el que se refiere a establecer con la colaboración de las Comunidades Autónomas, la Comunidad Universitaria y las representaciones de los consejos sociales, un nuevo marco general de financiación, nos parece oportuno.
No es cuestión de decir si es competencia o no, si técnicamente es la palabra adecuada. Todos sabemos lo que estamos hablando, es decir de que mucho de los problemas --no todos-- que aquejan a la universidad provienen muchas veces de la insuficiencia financiera.
Por tanto, el marco general implica que todos nos debemos poner de acuerdo en cómo se puede arreglar esta cuestión y cómo se debe financiar la Universidad, y, teniendo en cuenta las competencias de cada institución, deberá acometerse en esa dirección.
Por esta razón, entiendo que la posición del Grupo Popular ha sido, no la de ir al fondo, sino la de quedarse en planteamientos técnico-jurídicos que no hacen al caso. Por el contrario, estoy de acuerdo con aquel planteamiento y me parece importante.
Creo también que hace falta, a la mayor brevedad posible, la presentación del proyecto de ley. No tendría empacho en decir que en este período de sesiones o en el siguiente, porque creo que la colaboración necesaria de todos los que tienen que participar en este asunto, así como la complejidad de aspectos como los que se refieren a las fórmulas de acceso de personal, tanto funcionario como no funcionario, las modalidades de colaboración, etcétera, pueden exigir un tiempo. Por tanto, creo que puede ser mejor esperar un poco más si así se hace mejor.
En todo caso, apoyaremos todos los puntos, uno por uno, si bien entendemos que hubiera sido interesante recoger las enmiendas que se planteaban por parte del Grupo de Convergència i Unió, del Senador Varela, puesto que estamos de acuerdo con que no nos debemos ceñir únicamente, en el punto tercero, al Informe Bricall.
Y en relación con la modificación de la LRU, creemos que la no aceptación de los planteamientos de Convergència i Unió se debe, creo que del mismo modo que respecto a lo que antes decíamos sobre los planteamientos relativos al primer punto, a que se está precisando un debate sobre las palabras y no sobre el fondo.
Asimismo, consideramos que hay que intentar modificar, no sólo el Título V de la LRU, sino acometer también, aunque el artículo 23 diga lo que dice --precisamente por eso--, la modificación del mismo. En ese sentido, lamentamos que el Grupo proponente no haya aceptado las enmiendas, que creo que mejoraban el texto presentado.
Vamos a apoyar, con las reservas mencionadas, el texto propuesto, pensando, en todo caso, que tendremos que seguir hablando de estos temas y quizás plantearnos, no sólo la reforma del Título V, sino, como proponía Convergència i Unió, algunos otros artículos de la LRU.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Imanol Bolinaga Bengoa.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Señorías, empiezo diciendo que las enmiendas presentas a esta moción, tanto por el Grupo Popular, como por CIU, nos parece, realmente, que son fruto de un esfuerzo político importante, que siempre es de estimar. Y si acaso, por cuestiones de la propia naturaleza humana, les ha faltado ese último empuje «punch» o punto de suerte para ser admitidas, cosa que realmente lamentamos. No obstante --y que conste-- siempre es de agradecer el esfuerzo y la voluntad de alcanzar cotas de entendimiento, que en algún momento o en mejor ocasión tendrá, sin duda alguna, resultados óptimos.
En relación a esta moción fruto de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la Universidad, quiero hacer las siguientes consideraciones, aunque no sea más que de manera telegráfica.
Si bien la Universidad atraviesa en estos momentos graves problemas estructurales derivados, en parte, de la Ley de Reforma Universitaria, también es cierto que, en términos generales, la Universidad actual ha mejorado notablemente con respecto a la que conocíamos hace unos años.
Pero ello no quita para que sea subrayable la existencia de algunos problemas graves --se han apuntado ya-- y que requieren actuaciones rápidas y decisivas si queremos que la Universidad sea competitiva y capaz de amoldarse a los cambios que la sociedad la exige, tal como pretende la moción.
Financiación de las universidades públicas. España, señorías --creo que se dijo el otro día--, es uno de los países europeos que menos invierte en educación superior. Figuramos a la cola del furgón, por detrás de países como Portugal y justo por delante de Grecia. Algunas universidades privadas europeas reciben más fondos públicos por alumno que nuestras universidades públicas. Dependiendo de cómo se hagan los cálculos, en España se invierten unas 400.000 mil pesetas por alumno, mientras que la media europea está más cerca del doble de esa

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cantidad. Debe haber, por lo tanto, una política de Estado clara en este sentido porque los efectos los pagan los alumnos pero también los profesores, con unos sueldos que han perdido poder adquisitivo de forma preocupante. Muchas veces un recién licenciado que es contratado por alguna administración gana más que un catedrático que ha tenido que pasar varias y duras oposiciones públicas. En muchas universidades existen meros empleados que ganan más que el rector.
Urge modificar aspectos centrales de la Ley de Reforma Universitaria, regular el profesorado funcionario y no funcionario, sistemas de acceso, formas de movilidad, etcétera, pero también la composición, competencias y responsabilidad de los órganos de gobierno. La universidad es una institución caracterizada por tener repartidas las competencias entre muchos órganos y concentradas las responsabilidades en el equipo rectoral y el rector. En nuestras universidades existen centenares de órganos que están tomando decisiones continuamente, a veces contradictorias entre sí: cien directores de departamento, cien consejos de departamento, treinta decanos o directores de centro, cien vicedecanos, treinta juntas de centro, tres juntas de campus, varias comisiones estatutarias con importantes competencias, la junta de gobierno, el claustro, el equipo rectoral, etcétera, lo que deriva en competencias cruzadas y supercruzadas. Hay que buscar, pues, sistemas por los que quien ha sido elegido pueda gobernar y pueda rendir cuentas cuando sea necesario.
Por lo que se refiere a los planes de estudio, se deben modificar con directrices más restrictivas y de acuerdo a una estrategia común.
Generalismo «versus» especialidad, ciclos cortos «versus» ciclos largos, etcétera, y reflexionar sobre la composición de las comisiones que juzgan las plazas.
En cuanto a la carrera docente, hay que primar a los que más trabajan: iguales en el punto de partida, diferentes en la llegada.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, tiene su tiempo agotado.


El señor BOLINAGA BENGOA: Hay que buscar sistemas de incentivo en el sueldo de los profesores. Hoy esto se contempla de forma anecdótica y, por otro lado, la Ley fija los salarios del profesorado en el ámbito estatal. Eso es un absurdo, a nuestro entender. Creo que hay que apoyar el Informe Bricall para que se pueda redactar un trabajo que analice la situación universitaria y proponga actuaciones concretas. Hay que clarificar, señorías, las posibilidades de actuación de las Comunidades Autónomas. Las distintas sentencias del Tribunal Constitucional han coartado de manera grave la autonomía de las universidades y de las Comunidades Autónomas en materia universitaria. Salvaguardar los derechos se confunde con uniformidad total y esto es un absurdo soberano. Lo que hay que asegurar, por ejemplo en la contratación del profesorado, es que una persona no tenga ninguna ventaja por haber nacido en un sitio o en otro, pero eso no equivale a decir que todas las universidades deben de utilizar sistemas idénticos de contratación. Pueden ser diferentes siempre que aseguren el principio de la igualdad para todos los aspirantes.
En conclusión, señor Presidente, señorías, entendemos que si no se actúa con celeridad y bien, el sistema universitario va a sufrir en el futuro y va a perder competitividad.
Y termino. Respetando, como he dicho anteriormente, las enmiendas presentadas, su sentido y el esfuerzo que implican, el voto de mi Grupo va con el contenido y sentido definitivo y real de la moción. No en vano, señorías, conformamos políticamente grupos distintos en esta misma Cámara, lo que, consiguientemente, nos lleva a emitir nuestro voto con plena conciencia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bolinaga.
Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible un nuevo Marco General de Financiación de las Universidades Públicas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 98; en contra, 114; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.


MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR, EN COORDINACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LOS SECTORES PROFESIONALES IMPLICADOS, UN SISTEMA HOMOGENEO DE FORMACION CONTINUADA VALIDO EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (662/000139)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tercer punto del orden del día: Mociones.
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo de formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud.
(Rumores.) Señorías, pediría a los grupos que están en los pasillos que los dejen libres y, en todo caso, continúen la conversación fuera del hemiciclo.
(Pausa.) Tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.


El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, la formación continuada de los profesionales sanitarios constituye un tema de singular importancia en el ámbito sanitario. Si en todos los campos de las actividades profesionales es conveniente la constante actualización de conocimientos, en los servicios sanitarios esa actualización se convierte en una auténtica necesidad con carácter permanente y a lo largo de toda la vida profesional.
Es una necesidad por varios motivos, entre los que deben destacarse el gran valor subjetivo y objetivo que, tanto a nivel individual como social, tiene el bien salud, así como el constante y acelerado proceso de evolución, progresión y desarrollo que caracteriza a los conocimientos científicos y a los medios técnicos que se aplican y utilizan en el sistema sanitario por parte de los profesionales que lo componen.
Si queremos, no ya incrementar, sino simplemente mantener la calidad de los servicios sanitarios modernizando y consolidando el Sistema Nacional de la Salud, es preciso que nuestros profesionales, que son quienes en definitiva aplican las técnicas y conocimientos, mantengan permanentemente actualizado tanto su nivel científico como sus actitudes profesionales a través de la formación permanente o continuada.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la combinación del proceso transferencial en materia sanitaria supondrá una reconsideración del ejercicio efectivo de la función de coordinación del sistema, que corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo en base a las previsiones contenidas en el artículo 149.16 de nuestra Constitución, con la irrupción en el escenario de una plena descentralización, la dirección del Sistema Nacional de Salud ha de desarrollarse fundamentalmente en la búsqueda del consenso y la participación de las Comunidades Autónomas, quienes han de contribuir, a su vez, al mantenimiento de la identidad común del sistema de acuerdo a los principios de lealtad institucional y cooperación recíproca. Todo ello, asimismo, en el cumplimiento de las propuestas contenidas en el acuerdo parlamentario, del 18 de diciembre de 1997, de consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud.
Siendo conscientes de todo ello, las Consejerías de Sanidad y Salud de las Comunidades Autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación y Cultura, previo consenso con todas las organizaciones profesionales, científicas y educativas del sector sanitario, convinieron en establecer un sistema de acreditación de la formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud, basado en los principios de coordinación y colaboración eficaz entre todas las administraciones públicas. Para ello, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del día 15 de diciembre de 1997, aprobó el convenio de conferencia sectorial sobre formación continuada de las profesiones sanitarias, que fue publicado en el BOE del día 13 de febrero de 1998, por el que se instituyó, como pieza fundamental para articular el sistema indicado, la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, compuesta por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, otro del Ministerio de Sanidad y Consumo y otro del Ministerio de Educación y Cultura, incorporándose a la misma personalidades de reconocido prestigio en materia de formación y pertenecientes al colectivo profesional que en cada caso se trate.
Con la creación de dicha Comisión se intenta ordenar la formación continuada de todas las profesiones sanitarias, a través de la implantación de un sistema de acreditación que responda a la necesidad de vigilar la calidad de las actividades formativas impartidas por centros e instituciones, así como de resaltar el carácter profesional que tiene la formación continuada, cuyo fin no es otro que la actualización de conocimientos, mejorando tanto la capacitación científica y técnica como la calidad asistencial prestada.
Por todo ello, la creación del sistema acreditado descrito ha de valorarse como altamente positiva, dada su utilidad intrínseca como elemento de mejora cualitativa de la prestación sanitaria y como elemento de incremento de la motivación y satisfacción de los profesionales sanitarios.
El Senado insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las organizaciones profesionales sanitarias, el Consejo General del Colegio de Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos, sociedades científicas y universidades, un sistema homogéneo de formación continuada, válido a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, que pueda contribuir a elevar la calidad de la formación continuada de nuestros profesionales sanitarios, lo cual sin duda mejorará la calidad de la práctica médica y, en definitiva, la asistencia que se presta a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, en ausencia del Senador Jaume Cardona paso a defender la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto a la moción que acaba de defender el Senador Gutiérrez.
No hay duda de que, con esta moción, el Grupo Parlamentario Popular reitera una contrastada sensibilidad respecto a un asunto importante que es la formación continuada de los profesionales de la salud: médicos, farmacéuticos y diplomados en enfermería.
Nadie puede dudar sobre la repercusión de la formación continuada en el mantenimiento y mejora de la competencia profesional. Nadie cuestiona la relación entre la competencia profesional y la calidad de las prestaciones sanitarias que reciben los ciudadanos.
España ha alcanzado un notable nivel en calidad de asistencia sanitaria.
Los recursos económicos, técnicos y humanos se acrecientan de año en año, y el incremento de la calidad exige la continua puesta al día de los recursos

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humanos. En consecuencia, la intencionalidad que pretende esta moción es encomiable, y en este caso nuestro Grupo no tiene dificultad en compartir los criterios del Grupo Parlamentario Popular en términos básicos y generales.
La exposición del Senador Gutiérrez nos ha parecido correcta, y así lo manifestamos. Más aún: la misma Unión Europea es plenamente consciente de la necesidad de dedicar medios a la formación. Los programas Sócrates y Leonardo da Vinci, entre otros, promueven intercambios entre profesores y estudiantes de formación profesional. Pero una cuestión es la correcta intencionalidad de la iniciativa y otra no menos importante es la repercusión práctica de la misma en caso de que prosperase tal como viene redactada o como puede interpretarse de su redacción en un sentido estricto.
Señorías, en el entorno occidental más avanzado --Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, etcétera-- la formación continuada es competencia de la profesión, de las sociedades científicas y de aquellos entes representativos de cada especialidad sanitaria.
Las administraciones públicas facilitan que los profesionales puedan actualizar sus conocimientos y aptitudes, pero sin ejercer un intervencionismo que, a la larga, redundaría en un efecto contrario al pretendido.
Los expertos internacionales coinciden en la necesidad de un reparto de responsabilidades. Podría ser el momento de exponer aquí con mayor extensión los argumentos, pero el tiempo no nos lo permite, y quizás sería en la Comisión de Sanidad en la que, en su caso, puede plantearse un debate con profundidad.
En otro sentido, señorías, y apoyando la argumentación anterior, ¿cómo vamos a conseguir un sistema homogéneo de formación continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud si esta propuesta difícilmente se ha conseguido en ningún país? Es cierto que los españoles somos un país imaginativo y creativo, pero en estas cuestiones, ya muy debatidas en foros internacionales debemos ser prudentes. En este asunto, señorías, debemos tener en cuenta la opinión de aquellos países que están en vanguardia en enseñanza universitaria, en investigación, en desarrollo y en formación académica.
Voy a terminar, señor Presidente, haciendo hincapié en el aspecto básico de nuestra enmienda de sustitución, si se quiere de modificación, porque es una modificación concreta pero a nuestro juicio importante y necesaria para evitar fricciones en el campo de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Me refiero a una cuestión esencial, a las competencias de las Comunidades Autónomas en formación continuada y muy especialmente en el terreno sanitario y en el de la medicina en concreto. No olvidemos, por ejemplo, que en Cataluña existe el Consejo Coordinador de Formación Continuada participado por la Consellería de Sanidad, la Consellería de Ensenyament, la Universidad, las sociedades científicas y los colegios de médicos.
El camino es válido y muy eficaz. Por ello, entiendo que los argumentos expuestos con anterioridad tienen la suficiente solidez como para justificar la conveniencia de que esta moción, en el caso de que sea aprobada por el Senado, lo sea con la modificación formulada. No homogeneicemos, busquemos soluciones adaptadas a las necesidades que no tienen por qué ser idénticas. Podremos entonces impulsar una buena formación en todo el Sistema Nacional de Salud con la participación del mundo colegial y académico.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.


El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería manifestar, en nombre de mi Grupo, que vamos a apoyar la enmienda de CIU porque, a nuestro juicio, básicamente no modifica la nuestra y viene a abundar en el criterio de consenso alcanzado en el Consejo Interterritorial del INSALUD y espero que también en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con alguna frecuencia ocurre que los debates parlamentarios apenas si son escuchados por los propios intervinientes.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Y por esta Presidencia, señoría.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Ciertamente.
En esta ocasión quisiera poner un cierto énfasis en mis palabras para ver si no se produce un diálogo de sordos y podamos tomar conciencia de qué es lo que realmente estamos debatiendo y cuál puede ser el alcance de los acuerdos que se proponen en esta moción que trata de un tema de indiscutible importancia, cual es el de la formación médica continuada.
Yo empezaré diciendo algunas palabras sobre la importancia de este aspecto porque todos somos conscientes de que la enseñanza media continuada es una necesidad insoslayable en el contexto de la práctica médica presente. A ello obligan los rápidos y múltiples cambios en la medicina clínica tanto en lo que se refiere a la aparición de nuevos conocimientos teóricos y técnicas médicas como en lo que atañe al reconocimiento de la ineficacia o

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desfase de otro aspecto hasta hace poco tiempo aceptado y hoy periclitado.
Estar al día a base de estudiar libros y revistas, a base de asistir a congresos, aunque sea una actividad loable y conveniente, no es suficiente. Ello es así porque en cualquier especialidad médica el caudal de novedades es difícilmente asumible en el plano individual, siendo, por tanto, previsible que en un plazo más o menos largo el clínico presente graves lagunas de ignorancia en el campo que le concierne. Todo ello sin tener en cuenta que existe un importante colectivo médico que quizás carezca «per se» de estímulos para mantenerse informado o acaso no tenga tiempo y oportunidades para ello.
Si esto es así, el ciudadano que enferma puede no encontrar en el médico que le corresponde o en el que elige el caudal de conocimientos competente y actualizado, lo que puede significar un grave detrimento para el correcto manejo de su proceso patológico.
En palabras del eminente clínico inglés George Pickering, los doctores que completaron su educación formal hace un cuarto de siglo y que no han participado después en actividades educativas, son una vía muerta para la profesión y una amenaza para el enfermo.
Hasta hace pocos años la solución de este problema recaía estrictamente en la capacidad individual de cada facultativo, pero en la actualidad la cuestión ha cambiado radicalmente su dimensión para convertirse en una responsabilidad de las autoridades que tienen a su cargo la custodia de la salud pública. Y así, como muy bien se ha citado, el dictamen de la Subcomisión parlamentaria para el estudio de la modernización y consolidación del Sistema Nacional de Salud ya recoge como uno de sus objetivos fundamentales, exactamente en el epígrafe de la ordenación de las profesiones sanitarias, el promover las actividades de formación continuada en el ámbito de las profesiones sanitarias desarrollando mecanismos de coordinación de las distintas administraciones públicas para su acreditación y control. Y al mismo tiempo, en el artículo 12 del borrador del estatuto marco del personal de los servicios de salud se reconoce expresamente el establecimiento de sistemas obligatorios o voluntarios de formación continuada o de capacitación o reorientación profesional. Es decir, está habiendo una evolución desde un ámbito estrictamente personal y deontológico hacia un problema de derechos de los trabajadores de la salud. Y más exactamente, en el artículo 25 de este proyecto de estatuto del personal sanitario del Servicio Nacional de Salud ya se reconoce que la formación continuada es un derecho de todos los trabajadores sanitarios.
Y la pregunta que surge en torno a esta serie de acontecimientos es cuál es la respuesta competente que han dado o deben dar las administraciones públicas implicadas en relación con este asunto. Me ha sorprendido gratamente que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya dicho que la respuesta más eficaz que se ha dado hasta este momento --independientemente de lo que ya se establece en la Ley de Bases de Salud, donde se recoge jurídicamente la capacidad y la competencia que deben tener el Sistema Nacional de Salud y todos sus organismos e instituciones para aplicar esta docencia continuada-- ha sido el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado el día 15 de diciembre pasado, y en virtud del cual se establece un convenio de conferencia sectorial de dicho Consejo en relación con la formación continuada de las profesiones sanitarias, convenio que en su punto primero ya establece la creación de una comisión de formación continuada para la coordinación de las Consejerías implicadas en esta cuestión junto con los dos Ministerios asimismo implicados --el Ministerio de Sanidad y el de Educación--, y que da el carácter de Comisión permanente a este órgano en función de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de régimen interior del Consejo Interterritorial.
Este convenio tiene la virtud de que no sólo profundiza --es decir, no se queda solamente en una exposición de motivos, que es loable, y que aquí han reproducido algunos de los intervenientes--, sino que además desarrolla esta declaración de principios al conceder competencias concretas a la Comisión del Servicio Nacional de Salud para la acreditación de los centros docentes en las Comunidades Autónomas.
Incluso va más allá y crea una Comisión específica para la elaboración del programa de formación médica continuada, que es por donde, a mi modo de ver, se entiende también de manera positiva que debe iniciarse la solución de este problema. Es decir, que los médicos deben ser los que inicialmente se beneficien de la elaboración de un programa de estas características.
Y la gran pregunta surge en este momento. Si tenemos todo este caudal de información, si tenemos un acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial de manera consensuada, ¿cuál es el motivo por el que se debate hoy aquí esta moción? ¿Qué aporta esta moción que propone el Grupo Popular al problema de la formación continuada del personal sanitario a raíz de los acontecimientos que se han producido en este país desde el pasado mes de diciembre de 1997? Esa es la pregunta a la que habría que responder. Es la pregunta que ustedes --y concretamente el portavoz del Grupo Popular, que es el Grupo que sostiene al Gobierno-- tienen la obligación de formular aquí para convencernos de por qué es necesaria una moción que hace referencia a un tema que se está resolviendo bien, que está bien encauzado, que se viene desarrollando en tiempo y forma por cada uno de los intervinientes en este acto administrativo, es decir, tanto por parte de los Ministerios correspondientes, como de las Comunidades Autónomas. Pero esta pregunta que he formulado en voz alta no tiene respuesta. No la tenía cuando leía la exposición de motivos de la moción --que, como se sabe, es simplificadora--, y también ha quedado sin respuesta después de oír su intervención.
En mi opinión no hay justificación alguna para que el Senado debata hoy este asunto, porque se nos propone adoptar un acuerdo simplista sobre la compleja y significativa situación de la formación continuada del personal sanitario después de que las administraciones competentes hayan adoptado ya un acuerdo también complejo --fíjense: simplicidad frente a complejidad-- y que, como

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ya he dicho, se viene ejecutando con normalidad. Pero, al mismo tiempo, si nos atenemos a la literalidad de la moción podemos comprobar que introduce elementos de confusión, cuando no de colisión con el texto aprobado en diciembre de 1997 por el Consejo Interterritorial. Insisto, la moción introduce elementos de colisión, y me pregunto cómo se puede presentar una moción cuya parte dispositiva sólo recoge de manera incompleta y defectuosa --y que, como ha afirmado el portavoz de Convergència i Unió, puede ser susceptible de malas interpretaciones-- cuatro párrafos de un acuerdo que consta de quince folios.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador López Carvajal, le ruego que concluya.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nos encontramos en una situación absolutamente irracional y, por tanto, absurda. Por ello, el Grupo Socialista no puede entrar en la dinámica que el Grupo Popular introduce hoy con esta moción, algo que viene haciendo de manera sistemática, sobre todo, cuando hablamos de temas sanitarios.
Digo esto, porque ustedes presentan mociones que pretenden impulsar acuerdos sobre hechos que ya han sido acordados, en primer lugar, para dar la apariencia de que tienen iniciativas --cosa que no es cierta porque ese tipo de iniciativa corresponde a las administraciones públicas--, y en segundo lugar, para demostrar que el Gobierno puede ser diligente a la hora de aprobar los acuerdos del Senado, cuando realmente los mismos ya han sido adoptados tiempo atrás.
Por consiguiente, reitero que el Grupo Socialista no va a entrar en esa estrategia, que entendemos que es completamente absurda y está falta de sentido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.


El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El motivo fundamental de la presentación de esta moción ha sido, sin duda alguna, tratar de obtener el respaldo parlamentario para unos trabajos que a mi juicio han desarrollado con mucho éxito, tanto todas las administraciones públicas, como todos los colectivos profesionales implicados en este tema.
Y como la formación sanitaria continuada es un tema tan importante --algo que se ha reconocido por todos los grupos--, es un éxito que se haya conseguido un acuerdo absoluto para la creación de un sistema de formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud. E, insisto, el refrendo parlamentario a esos trabajos, que al mismo tiempo debe servir de impulso para seguir profundizando en ellos en el futuro, ha sido el motivo fundamental por el cual hoy este Grupo ha decidido presentar a esta Cámara esta moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a impulsar un sistema homogéneo de formación continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 123: en contra, 93.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR, EN COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER CAMPAÑAS Y ELABORAR MATERIAL ESCOLAR ESPECIFICO ORIENTADO A LA ERRADICACION DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, Y A REALIZAR CURSOS DE ORIENTACION Y FormaciOn DEL PROFESORADO QUE AYUDEN A INCORPORAR A LA TAREA EDUCATIVA EL RECHAZO A LA VIOLENCIA DOMESTICA Y EL FOMENTO DE LOS VALORES DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PLENOS. (662/000140)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al debate de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, actuaciones dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y elaborar material escolar específico, orientado a la erradicación de los comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a la violencia doméstica y el fomento de los valores y del respeto y de los derechos humanos plenos.
Tiene la palabra para su defensa la Senadora Francesca Martín i Vigil.
(Rumores.) Espere un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.


La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero expresar las razones por las cuales mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta hoy a la Cámara esta moción.
La primera razón, como se deduce fácilmente del texto de dicha moción, es nuestra preocupación por los acontecimientos que se están produciendo en torno a lo

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que se viene llamando la violencia doméstica, la violencia que sufren muchas mujeres en el ámbito más próximo a su vida cotidiana.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espere un momento, por favor. (Rumores.) Puede usted continuar.


La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, decía que la primera de las razones, obvia quizá de explicar, que nos conducen a presentar esta moción a la Cámara, es nuestra preocupación ante los hechos que se están sucediendo y a los que denominamos como violencia doméstica. La segunda razón, íntimamente ligada a la primera, es la de ser consecuentes con el compromiso que adquirió nuestro Grupo cuando se presentó en marzo del año pasado el III Plan para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, elaborado y aprobado por este Gobierno.
En aquel momento, nuestro Grupo criticó abierta y, desde nuestro punto de vista razonadamente, ese III Plan. Concretamente, en el área de educación, nuestro Grupo señaló lo que entendía que eran carencias importantes, mermas respecto a la trayectoria que llevaban los planes anteriores, tanto el I como el II, así como carencias que se planteaban con respecto a otros marcos, como el IV Plan por la Igualdad comunitario y otros de orden internacional.
Quisiera insistir en la crítica que en aquel momento ya hicimos a dicho Plan. Es obligado referirme a ella porque, en consecuencia, hemos actuado. Entonces dijimos que ya que no habíamos tenido posibilidades de intervenir, de colaborar en la elaboración de dicho plan, presentaríamos las mociones, las propuestas, en definitiva, las iniciativas parlamentarias que pudieran contribuir a la mejora y desarrollo del mismo.
Aquí nos encontramos con esta iniciativa que pretende justamente eso. En un apartado tan importante como el educativo, y dadas las circunstancias que se vienen produciendo en los últimos tiempos, que ciertamente han causado preocupación --diría incluso alarma-- en la sociedad, que demanda de los poderes públicos una respuesta ante un problema que, efectivamente, es un problema social, hemos planteado una cuestión que entendemos afronta el llamado problema de la violencia doméstica contra las mujeres en el epicentro del mismo, en su génesis, que no es otra que la de la cultura de las personas, de los hombres y de las mujeres; la génesis se encuentra justamente en la transmisión de unos valores que hace que las personas se comporten de una forma, unos autoritaria y más que autoritaria, y otras, de forma sojuzgada, respecto a la otra parte de la población, que es la masculina.
La emergencia de la violencia doméstica a veces puede conducirnos a la tentación de pensar que en los últimos tiempos, incluso alguien lo ha expresado así algunas veces, parece que crece este tipo de agresión, este tipo de conflicto social. Sostenemos que lo que sucede no es exactamente eso. Lo que ocurre es que, efectivamente, en este momento, la sociedad deja ver cada vez con más fuerza los problemas que tiene en su interior.
La evolución de las mujeres tiene bastante que ver con ello, su propia emancipación hace que las denuncias por malos tratos, por vejaciones, por agresiones, en definitiva, sean cada vez más importantes.
Por otra parte, cada vez más los medios de comunicación son también sensibles a esta cuestión y la tratan de forma abundante. En definitiva, la sociedad tiene cada vez más interés en saber exactamente no aquello que parece, sino aquello que realmente es y que configura unas relaciones, una sociedad ciertamente mejorable.
Decía yo que la sociedad demanda a los poderes públicos una respuesta ante ese grave problema, y hay que decir que, efectivamente, los poderes públicos venimos dando respuesta a esta situación. Pero es verdad que venimos dando una respuesta que afronta los episodios de violencia cuando ya existe un agresor, cuando ya existen unas víctimas. Y bien está y hay que hacerlo y, desgraciadamente, habrá que seguir haciéndolo y habrá que hacer planes, tomar medidas y elaborar normas o cambiar las existentes.
Con ello seguramente podremos paliar la situación, podremos crear un estado distinto de las cosas, dejar menos impunes estas situaciones, llamar la atención sobre ellas, que no es poca cosa, y atender a las víctimas de esa situación, así como corregir a los agresores de esas situaciones.
Decía al comienzo de mi intervención que es necesario ir a la génesis del problema que nos incumbe, que es intentar transmitir unos valores distintos a las personas desde el primer momento para que la convivencia sea distinta. Seguramente eso que llamamos el cambio estructural en la sociedad ya es una cuestión imparable, y seguramente el cambio estructural de la sociedad dependerá mucho de la presión y de las voces que emitan muchos colectivos que sufren situaciones de discriminación, así como de lo que puedan afrontar los poderes públicos, que tienen la obligación de considerarlos puesto que, repito, es un problema social, no son cuestiones individuales que deban dilucidarse en el marco de la vida privada de las personas. En ese contexto hay que hablar de educación.
Señorías, esta Senadora es muy consciente de que cuando se habla de educación hay que recordar que ello conforma un ámbito muchísimo más amplio que el de la escuela, que el del sistema educativo. La educación la conforman muchísimos más factores que impregnan la vida cotidiana con muchísima fuerza, que transmiten, que impresionan, que logran inducir conductas que, en definitiva, crean imágenes y estereotipos que determinan comportamientos y mucho más que eso, que determinan a veces leyes que fomentan las costumbres.
Es verdad que la escuela, el sistema educativo, es parte importante de la educación. Vamos hoy a tratar, pues, de una parte no completa, pero sí importante, de la educación, que es el sistema educativo, ya que es el que compete a los poderes públicos garantizar con la máxima calidad.
En ese sentido se plantea esta moción, y podemos referirnos a una de las más recientes reflexiones que se han

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hecho ante esta Cámara y ante el Congreso de los Diputados, como es el estudio y la reflexión que el Defensor del Pueblo planteó justamente hace una semana, el martes pasado, ante las Comisiones del Defensor del Pueblo y Mixta para los Derechos de la Mujer.
Me voy a referir a ella. En su momento, el martes pasado, los distintos Grupos hicimos una valoración en general positiva de la iniciativa del estudio del Defensor del Pueblo sobre la violencia contra las mujeres. El Grupo Parlamentario Socialista señaló algunas cuestiones que podían plantear alguna carencia, y señaló también algunos apartados que merecían un desarrollo más profundo. En esa línea intentamos profundizar para dar un contenido lo más amplio posible y, sobre todo, para obtener un compromiso del Gobierno lo más serio posible a partir del estudio que presentó el Defensor del Pueblo.
Me voy a ceñir sobre todo a lo que el propio Defensor del Pueblo señala en ese estudio y al marco en el que sitúa sus reflexiones, su análisis y sus recomendaciones en materia de educación. Señorías, el Defensor del Pueblo en ese estudio hace recomendaciones en materia de educación al Ministerio de Educación y Cultura y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas que tienen competencias plenas en esta materia, y las hace todas en el marco de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, diciendo claramente que es una ley que no solamente permite, sino que proporciona orientación, que da elementos, que señala caminos y que da contenidos para que el sistema educativo realmente se cualifique incorporando a sus contenidos y a sus formas aquellas materias que conduzcan la incorporación de valores que puedan erradicar de raíz la violencia de género.
El Defensor del Pueblo señala, por ejemplo, que la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo --dicho sea de paso diré que es una espléndida ley la que pudimos aprobar y la que tenemos como marco legislativo referencial en el sistema educativo para trabajar en profundidad estas cuestiones e incorporarlas-- en sus artículos 1 y 2 ya define los fines y los principios hacia los que han de tender las enseñanzas, el sistema educativo respecto a las libertades de las personas, los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, respecto a los derechos también de los alumnos y de las alumnas, también del profesorado, respecto a la efectiva igualdad entre las personas, se entiende la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades.
El Defensor del Pueblo refería también como pauta los artículos 13 y 19 de la LOGSE para recordar que allí se enumeran objetivos específicos que deben formar parte de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria, potenciando la llamada área transversal, que es la educación para la igualdad de oportunidades y que ha de impregnar todos los contenidos curriculares.
Además, sus señorías me permitirán que haga una referencia a lo que el Defensor del Pueblo señala como cuestión importante antes de hacer sus propuestas, que es la resolución ministerial de enero de 1995 que hizo la Dirección General de Renovación Pedagógica. Dice el Defensor del Pueblo: parece muy conveniente que habría que volver a impulsar la materia optativa llamada, papeles sociales de hombres y mujeres. Hace más referencias a la LOGSE el Defensor del Pueblo, como a los artículos 55 y los siguientes que hablan de otra cuestión --a la que mi Grupo también hace especial referencia en la moción que hoy presentamos-- referida a la formación del profesorado. Me detendré un momento en esta cuestión.
Es verdad que hay una formación inicial del profesorado, la que realizan los profesionales y las profesionales para tener la certificación adecuada que les permita después ejercer su profesión; en esa formación, que podríamos llamar inicial, hay que incorporar contenidos que permitan dotar de instrumentos a los profesionales y a las profesionales para desarrollar la tarea en esa perspectiva de género y con el objetivo que tratamos hoy que es el de la erradicación de la llamada violencia doméstica contra las mujeres.
Pero hay otra formación, como saben muy bien sus señorías, que es la formación continuada del profesorado, y hay unos planes de formación continua del profesorado. Es aquí donde creemos que hay que incorporar estos aspectos.
No proponemos, señorías, que de forma coyuntural, quizás por un sentido de alarma o de preocupación, se lleven a cabo planteamientos puntuales, temporales, que respondan a una demanda que se pueda acotar fácilmente, puesto que son numerosos los casos de mujeres víctimas en los últimos tiempos. Creemos, en cambio, que hay que incorporar estos planteamientos de formación del profesorado en el plan continuo de formación del mismo.
Es ahí donde hay que incorporar esas materias, esas orientaciones y esos recursos.
Señalamos en el texto de la moción que hay que elaborar materiales, promover campañas, en definitiva, hacer visible la actuación de la Administración en este sentido. Hay que promover --o intensificar, como me dirá más tarde la señora San Baldomero-- campañas, actuaciones y, en definitiva, el esfuerzo de quien tiene la obligación principal de hacerlo, que es el Gobierno y, más concretamente, el Ministerio de Educación y Cultura, eso sí, en estrecha colaboración, en la medida que corresponda, con las Comunidades Autónomas; en un determinado grado con las que tienen las competencias plenas, por descontado --parece obvio, pero es necesario decirlo--, y en un grado distinto con las que no las tienen.
Parece lógico también que las Comunidades Autónomas tengan cabida en las cuestiones que el Ministerio puede impulsar y tengan, además, los recursos necesarios para poderlas llevar a cabo y adaptarlas a su situación, a sus realidades. Por cierto, en el mapa que muy bien plantea el Defensor del Pueblo sobre situaciones de violencia contra la mujer ya se ve que hace falta que todo el mundo se aplique en esta cuestión, es decir, todas las Comunidades Autónomas, las que tienen competencia plena en la materia y las que no la tienen también, deben mirar esta cuestión con preocupación, pero con entusiasmo también para buscar soluciones, porque es verdad que no se observan grandes diferencias en dicho mapa en cuanto a situaciones de necesidad de actuación, a víctimas, si bien sí

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existen diferencias en las respuestas que dan las distintas administraciones, cuestión que también conviene recordar, a fin de intensificar las políticas donde más se necesite y donde el Gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, tenga que ayudar, orientar, promover en mayor medida.
En definitiva, esta es una iniciativa que pretende acercar el III Plan para la Igualdad de Oportunidades a lo que nosotros y nosotras hubiéramos planteado y no pudimos hacer, es una iniciativa que llega en este momento porque la situación es lamentable y no parece que sea suficiente con las medidas que se han planteado para cuando se producen casos de agresión, si bien, efectivamente, habrá que seguir llevándolas a cabo, y esta es una moción que pretende dar a la educación la dimensión --seguramente todos los Grupos coincideremos en ello-- que debe tener, con el profundo poder de cambio que ésta conlleva, de cambio en las actitudes, que básicamente será lo que nos moverá hacia una sociedad mejor.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña Isabel San Baldomero.


La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando la Senadora Martín i Vigil estaba en la tribuna en el uso de la palabra me recordaba los muchos años que he estado en esta Cámara también en la oposición, defendiendo temas y cuestiones que entendía justas y sobre las que pedíamos y exigíamos a los gobiernos que hicieran más. Además, también recordaba el talante con que lo ha hecho, cómo lo ha explicado, en qué se ha basado y porque no es necesario que aquí exista ningún tipo de violencia porque bastante violencia tenemos que estar erradicando de nuestra sociedad. Por eso, Senadora Martín i Vigil, quiero decirle que me siento cerca de usted y que, como decíamos hace un rato, creo que me sobran los dedos de una mano para señalar las cosas que nos pueden diferenciar en el empuje, en el punto de no retorno que tenemos en este momento las mujeres en nuestro avance por la igualdad. Son siglos de cultura que ahora, en este momento, están debatiéndose no solamente en el Parlamento donde, al fin y al cabo, lo único que hacemos es recoger lo que está en la calle, lo que nos demanda la gente que nos ha puesto aquí. Por lo tanto, a mí me gustaría que las cuestiones dedicadas a la mujer las viéramos en nuestra Comisión, pero entiendo que un Pleno del Senado debe tener entidad máxima para que los temas de mujer también sean debatidos. Esta mañana mismo dos mociones del Grupo Socialista han sido debatidas y consensuadas en la Comisión de la Mujer, por lo que creo que estamos en ese momento imparable de la igualdad.
Su señoría ha mencionado dos documentos importantes basados en el tema de la educación para erradicar la violencia. Uno ha sido el III Plan de Igualdad, donde usted dice que el tema de la educación no estaba tratado correctamente, y otro el Informe del Defensor del Pueblo que, desde mi punto de vista, ha sido oportuno --de las pocas veces que se está en el momento justo y en el sitio preciso-- y que, como decíamos el otro día todas las portavoces, va a ser el guión y la muestra porque ha sido el que ha incidido más en la sociedad y al que más deberemos referirnos.
Con respecto al III Plan de Igualdad --y lo reconocerá porque todos lo conocemos, espero que también nuestros compañeros parlamentarios senadores-- existe un área nueva, el área de violencia, donde se incluyen temas de educación. Lo puede consultar su señoría, si lo quiere ver, en las páginas 76 y 77. En este área se incluyen diversas actuaciones como, por ejemplo, campañas de información para sensibilizar a la sociedad contra la violencia, desarrollo de programas de asesoramiento y rehabilitación o investigación de las causas que dan lugar a ejercer la violencia contra las mujeres.
En el tema educativo concretamente se incluye la promoción de proyectos para la prevención de la violencia, para el fomento de la autoestima, etcétera. Cuantas más cosas se pidan mucho mejor. En eso no hay ningún problema.
El siguiente asunto que quiero tratar --porque, señor Presidente, intervengo en el debate como portavoz del Grupo Popular y para defender la enmienda-- es el Plan de acción contra la violencia que presentó el Gobierno y que ustedes bien conocen. En este tema nos encontramos con un problema que había surgido en los medios de comunicación y que debíamos atajar porque, aunque lo conocíamos, nadie todavía había puesto el dedo en la llaga. Ahí sí tenemos ya muchos temas de educación para la no violencia.
Si sus señorías tienen a bien, y lo tienen a mano --si alguien no lo conoce desde el Grupo Popular se lo podremos enviar-- pueden seguir el mismo guión que yo. En la página número 7 se hace referencia a incentivar a los centros escolares para que elaboren y difundan materiales educativos dirigidos a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la difusión, en el ámbito educativo, de los materiales que, editados por las diferentes administraciones y organizaciones públicas y privadas, aborden la cuestión de la violencia.
El punto 2.1 trata de potenciar en la práctica escolar el área transversal: educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación para la paz.
El punto 2.2 trata de potenciar los centros de profesores y recursos y colaborar en programas europeos. En el currículo de la educación de personas adultas se incluirán unidades didácticas para la cuestión de la violencia y cursos de formación para profesionales.
Señorías, en esto, como en el tema de su moción, vamos a estar absolutamente de acuerdo, y espero que también lo estén el resto de los grupos parlamentarios. Solamente quería hacer unas acotaciones a la redacción de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


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La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y que espero consensuar con todas sus señorías, es que la palabra campaña, debería sustituirse por «campañas educativas», para que no se confunda con campañas de publicidad o de sensibilización. Para que se ajuste más a lo que pretende su moción, creemos que debería decir «campañas educativas», y así nos olvidamos de los genéricos.
En lugar de «material escolar específico», quizá sería más adecuado hablar de «material pedagógico», porque, aunque yo no soy ducha en la materia, entiendo que el calificativo de escolar se refiere más a la educación primaria y podría circunscribirse al uso exclusivo de los alumnos. El material pedagógico, que es parte de la moción, debería ser el instrumento para intensificar la campaña, de manera que ésta tuviera su material adecuado.
Por último, señorías, hablamos de derechos humanos plenos. El otro día, el Presidente de la Real Academia de la Lengua, don Fernando Lázaro Carreter, echó una pequeña bronca --entre comillas-- a los periodistas porque no se utilizaba correctamente el lenguaje. Yo --a millones de años luz--, entiendo que no deberíamos decir «derechos humanos plenos», como son teórica y comúnmente definidos, sino que la expresión correcta y que espero que acepten, señorías, podría ser «pleno ejercicio de los derechos humanos».
Respecto a esta moción, solamente quiero darles unos datos cuyo conocimiento considero importante para todos los Senadores y Senadoras que están en este momento en la Cámara. Durante el curso 1997-1998, y con respecto a las actuaciones que ha tenido que hacer el Gobierno, en el territorio de gestión del Ministerio, respetando absolutamente --como su señoría ha dicho-- a las Comunidades Autónomas y sus plenas competencias, se han formado en el tema de la no violencia 8.604 profesores, en 411 cursos --ésa es una realidad que espero que nos satisfaga absolutamente a todas y a todos--, con jornadas específicas sobre prevención de la violencia, la intolerancia y la igualdad. Para el curso 1998-1999, se van a dar estos mismos cursos, en un número de 460, a los que se espera que acudan otros 8.700 profesores.
El Ministerio de Educación y Cultura me informa que en este momento se está trabajando en una red de trabajo preventivo para detectar y prevenir la violencia doméstica, centrada en los departamentos de los centros educativos.
En el currículo de educación de las personas adultas ya se han incluido unidades didácticas destinadas a abordar la violencia contra las mujeres.
Por último, existe un grupo de trabajo interautonómico e interministerial, basado en el Plan de acción contra la violencia, para llevar a cabo numerosas actuaciones en materia educativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se termina su tiempo.


La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, me voy a permitir hacer algo que no he hecho nunca en esta Cámara, y es recomendar a sus señorías que lean un libro hermosísimo que se llama «Mentiras, secretos y silencios», de Adrianne Rich.
El libro comienza así, y así termino: «Cualquier mujer que ha salido del campo de juego del discurso masculino para penetrar en el dominio donde las mujeres estamos desarrollando nuestras propias descripciones del mundo conoce el sentido extraordinario del cambio, igual que sucede cuando soltamos el pesado equipaje ajeno que hasta ahora hemos venido trasladando».
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Senadora Martín i Vigil, tiene la palabra.


La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora San Baldomero, quisiera poder responder a todas las cuestiones que usted ha planteado aquí, pero no voy a poder hacerlo porque no dispongo del tiempo suficiente. Ha aportado usted ideas al respecto, y en la Cámara, y por descontado en la Comisión, podremos seguir discutiendo y poniendo en común preocupaciones y, cómo no, algunas discrepancias. De todo modos, algo comentaré acerca de lo que usted ha expresado aquí.
Ha puesto de manifiesto su preferencia a que los temas de la mujer se traten en la Comisión Mixta. Entiendo que existe una Comisión Mixta para el estudio de los derechos de la mujer y que es allí donde deben abordarse muchísimas cuestiones, pero esta Senadora entiende que la moción aquí planteada no es estrictamente un tema exclusivo de mujeres.
Creo que va más allá, por lo que nuestro Grupo ha considerado que valía la pena que se tramitará en el Pleno de la Cámara.
Señora San Baldomero, como le dije antes en privado y también en esta tribuna, no quería entrar en las críticas que ya formulamos en su momento sobre el III Plan; sin embargo, usted ha ocupado una buena parte de su tiempo en defenderlo otra vez y en explicar las realizaciones llevadas a cabo por el Gobierno. Sinceramente, yo hubiera preferido que todas y todos los intervinientes hubiéramos abundado en la oportunidad que nos brinda esta moción y en el contenido que debe dársele, amén de los fundamentos que le dan sentido, para que el Gobierno pueda recogerla en toda la amplitud y dimensión que todas y todos queremos que tenga. Pero como usted ha hablado del III Plan, yo también me referiré a él en la medida que el tiempo me lo permita.
Señora San Baldomero, el III Plan, que ya se aprobó y que nosotros estamos dispuestos a mejorarlo con iniciativas, diálogo y aportaciones, es un plan muy carente y muy deficitario en el área de educación. El Plan se queda corto, por ejemplo, con respecto a las medidas aprobadas y firmadas por el Gobierno español en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer que se celebró el año 1995 en Pekín.
Los nueve objetivos que figuraban en el II Plan y los seis que figuran en la plataforma de acción de la citada

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conferencia han quedado reducidos a cuatro en el III Plan, no porque haya hecho un redactado más amplio o un trabajo de síntesis, sino porque ha eliminado todos los demás. Por ejemplo, figuraba en el II Plan una cuestión que a mí me parece importante y que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa --y soy consciente de que se trataba de una cuestión muy difícil de llevar a cabo, pero como estaba contemplada se inició--, y es la de establecer la participación igualitaria de las mujeres en la administración educativa y en la adopción de políticas y toma de decisiones en materia de educación. Esta medida ha desaparecido en el III Plan.
Es un plan que habla de promover en general, en educación y en todo, pero que llama muchísimo la atención sobre ésta: promover, impulsar, intensificar. Estas cautelas quizá hubieran sido explicables en los primeros planes. Podían ser necesarias entonces, cuando se trataba de poner las bases para una política de igualdad, pero ya no son admisibles en este momento. Además, en esos términos en los que no se plantean acciones sino declaraciones de intenciones, es muy difícil evaluar. No hay cuantificación porque no hay --repito-- acciones ni actuaciones.
Yo no tenía intención de entrar en esta crítica --admito que reiterada por nuestra parte-- del III Plan, pero usted ha defendido un apartado que yo creo que hoy, con esta moción que espero que aprobaremos, se demuestra que tenía carencias. Por lo tanto, si quiere usted, vamos a dejar de hablar del III Plan y vamos a ir, con vistas al futuro, a plantear las cosas que nos parece que pueden completarlo y mejorarlo.
En el II Plan, por ejemplo, se alude efectivamente a la necesidad de garantizar el acceso a la enseñanza y a la formación de calidad a las mujeres discapacitadas y a las mujeres emigrantes, a las refugiadas y a las desplazadas. Es una cuestión importante. Me parece que también es pertinente que lo comentemos hoy. En el III Plan tampoco hay nada relativo a esta cuestión, y no tendría tiempo de referirle todas las cuestiones que han desaparecido en materia de educación. Por lo tanto, vamos a emplear nuestro tiempo en lo que decía hace un momento: vamos a intentar incorporar a las políticas para la igualdad las ideas, los compromisos de cada uno de los grupos, y vamos a tratar de mejorarlo.
Centrándome ya en lo que constituye la enmienda que su Grupo plantea al texto de la moción que hemos presentado, deseo manifestar lo siguiente.
Señora San Baldomero, si ustedes prefieren que en lugar de hablar de material escolar se hable de material pedagógico, nuestro Grupo no va a poner ninguna objeción, pero no lo va a hacer porque nuestro objetivo central, nuestra aspiración respecto a esta cuestión, es que se apruebe y que el Ministerio de Educación tome nota, acuse recibo y haga lo que tiene que hacer. Usted dice que no está ducha en la materia. Yo tampoco lo estoy, soy enseñante, y nos pareció que escolar era un término más amplio que pedagógico, pero parece que ustedes supeditan su planteamiento a que se diga pedagógico; pues pedagógico.
Si tengo tiempo, comentaré la enmienda referida a los derechos humanos plenos. En efecto, estoy de acuerdo con usted, pero escribimos derechos humanos plenos con conciencia plena de que lo escribíamos, y le comentaré por qué. Usted sabe muy bien que hasta el año 1994, en la Conferencia de Viena preparatoria de la IV Conferencia sobre la Mujer, de las Naciones Unidas, no se consideró, no se discutió y no se estudió el hecho de que los derechos de las mujeres formaran parte de los derechos humanos, y fue en el año 1995 cuando, tras arduas discusiones y después de salvados muchos obstáculos, pudimos concluir esa afirmación que parece una obviedad pero que repito que costó tanto, y que ha de ser también el frontispicio de nuestra actuación, que es la de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y quizá porque el subconsciente actuó cuando redactábamos, nos permitimos poner derechos humanos plenos para que se considerara que había que recordar los derechos humanos en esta consideración última, recientemente incorporada a esa apreciación. De todas maneras, quiero agradecer la actitud, la predisposición y la comprensión, porque uno y otro grupo hemos expuesto lo que hemos deseado pero, en definitiva, nuestra iniciativa ha prosperado, y contamos con que también lo hará su seguimiento para que el Gobierno realice en esta materia las políticas que encaminen a la erradicación de la violencia.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora doña Inmaculada De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo no voy a hacer comentarios sobre el III Plan porque disponemos de poco tiempo --como ha manifestado aquí la Senadora proponente, señora Martín i Vigil-- y, si nos extendemos, no podríamos decir todo lo que queremos, por tanto, es mucho mejor que nos centremos en el texto de la moción y en su oportunidad.
Señora Senadora del Grupo Parlamentario Socialista, la moción me parece absolutamente oportuna. En este caso, señorías, sí que podemos decir que lo que abunda no daña.
A pesar de que la semana pasada tuvimos ocasión de asistir conjuntamente a las Comisiones Mixtas del Defensor del Pueblo y de la Mujer y de escuchar al señor Defensor del Pueblo, quien nos habló de los estudios, verdaderamente interesantes, que se han hecho y, además, directamente aplicables, dado el empuje importante que tiene la institución del Defensor del Pueblo en la defensa --como decía la Senadora San Baldomero-- o en el desarrollo de los derechos humanos plenos --quizá la acepción que figura en la moción sea la correcta--, debo decirle que, aunque lo contemple el III Plan, es importante que incidamos en lo que el texto de esta moción plantea: promover campañas y elaborar material escolar.
Me da igual que se hable de material pedagógico o de material escolar porque, si no he entendido mal --yo tampoco soy especialista en la materia--, la pedagogía es la

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ciencia que enseña a enseñar. El material escolar tiene una acepción instrumental que se puede aplicar en los distintos niveles educativos teniendo en cuenta la población escolar, las edades y los niveles a los que se refiere. Por lo tanto, las dos expresiones «material escolar» y «material pedagógico» son correctas, aunque en este caso me parece más correcta la que figura en el texto de la moción.
Tengo esta cuestión como la que hace referencia al respeto de los derechos humanos plenos son importantes. Si estamos continuamente hablando de tolerancia, si penamos como delito en el Código Penal actitudes intolerantes, como las xenófobas o racistas, ¡cómo no vamos a incidir entonces en el tema de la tolerancia al género humano, a una parte del mismo, al género femenino, que de una manera ancestral y predemocrática y casi tribal no entiende que algunos tics y algunos comportamientos van directamente encaminados a provocar actitudes en los adultos generadoras de violencia para con las mujeres! Insisto, esta moción es importante --no me voy a extender más-- y oportuna. Asimismo, son también importantes las aportaciones de la Senadora San Baldomero, Presidenta de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. He entrado directamente a valorar lo esencial de la moción porque cuando uno no pertenece ni al partido que apoya al Gobierno ni al partido mayoritario de la oposición puede dedicarse a ir hasta el fondo de las cuestiones y no a ver quién lo hace mejor y qué rifirrafes se plantean para tener la razón. Esta moción es oportuna y la vamos a votar a favor aceptando las enmiendas que se han propuesto. Esperamos que así lo haga también el resto de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra don Imanol Bolinaga Bengoa.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si no recuerdo mal, en aquellos tiempos de la famosísima Revolución francesa hubo un grupo de mujeres que formuló, al margen de la Declaración de los derechos del hombre, una Declaración específica sobre los derechos de la mujer. Creo que en el punto 10 de aquella Declaración venían a decir que si la mujer sube al patíbulo también debe subir a la tribuna de oradores, y evidentemente tenían razón, aunque posteriormente la Asamblea Nacional echó por tierra toda aquella Declaración de las mujeres francesas.
Hoy, después de haber escuchado a las tres señoras Senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, con absoluta dignidad por supuesto, debo declarar que en verdad han sabido subir a la tribuna como buenas Senadoras y perfectas señoras cumpliendo el punto 10 de aquella famosa Declaración de las mujeres de la Revolución francesa.
Dicho esto en homenaje a las tres Senadoras, entro ya en el tema de hoy para decir en nombre de mi Grupo que, con respecto a esta moción, no podemos por menos de mantener nuestra plena coincidencia, tanto con su exposición de motivos, como con los fines que en la misma se pretenden desde una política educativa a fin de que ésta pueda dar sus frutos más idóneos en el futuro. Entendemos, obviamente, que debe ser así, y así lo aceptamos.
Consecuentemente, nos resulta cómodo anunciar nuestro voto favorable a la moción, sobre todo cuando está de por medio una enmienda del Grupo Popular transada que nos satisface plenamente.
El tema de hoy, señorías, me conduce a hacer unas breves reflexiones a título personal sobre la cuestión que van a permitirme explayarme brevemente, posiblemente al margen del propio intríngulis de la moción, ya que creo que ese intríngulis se ha sabido explicar y enfocar perfectamente hacia el presente.
Las excesivamente numerosas violencias domésticas de hoy tienen un largo precedente histórico en el que se ha partido del sostenimiento de una antropología antropocéntrica centrada en el varón y a cuyo amparo se han formulado aseveraciones muy básicas y de graves consecuencias históricas sobre la mujer y su ser, aseveraciones tales como: el varón es principio y fin de la mujer; la mujer es algo defectuoso y malogrado, según aquello del «aliquis deficiens est occasionatum» de Tomás de Aquino, o la expresión del varón fallido de Aristóteles --lo que resulta curioso-- cuando aplicaba su doctrina de acto, forma y potencia materia a la fisiología, y afirmaba que en la generación de un ser humano el varón es la parte activa procreadora y que la mujer, por el contrario, es en exclusiva la parte receptora, es decir, la parte pasiva que sólo pone a disposición la aptitud para el ser humano.
Ambos grandes intelectos, Aristóteles y Tomás de Aquino, coincidían en que la dificultad de por qué el hombre engendra en un caso a un niño y en otro caso a una niña responde o puede deberse a una debilidad nada menos que de la potencia generadora masculina o a la disposición femenina, o también --extráñense sus señorías-- a una influencia externa del viento norte para los niños y del viento sur para las niñas, de forma que en un caso nacería un varón de valor integral y en el otro un varón fallido: la mujer.
Felizmente, todas esas teorías hoy día están superadas. No obstante, no extrañan las consecuencias tan nefastas de tales y otras muchísimas concepciones durante siglos, tanto laicas como religiosas, cuyas secuelas, queramos o no, lamentablemente siguen padeciéndose hoy, en que en demasiadas ocasiones parece que aún perdura cierta incapacidad para percibir en qué consiste la permanente desventaja, con frecuencia represión, de la mujer en virtud de la posición preferente del varón.
Varón o varones que, por cierto, tantas veces han destronado reyes en el transcurso de la historia y se han abstenido de destronar al supuesto rey de la casa: ellos mismos.
Es esta una situación que todavía hoy constituye en no poca medida un auténtico desafío de la modernidad o la era actual, en la que, ciertamente, todavía se está muy presto a fustigar la explotación social, tal y como debe

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ser, pero sin tematizar conjuntamente la explotación en aquellas familias o sociedades en las cuales se sigue viendo a la mujer exclusivamente desde su constitución natural: como madre sumisamente atada de hecho a la familia y al hogar y, cómo no, con una total y absoluta supeditación al hombre.
Obviamente, señorías, hay que reconocer que se está dando un cambio importante de paradigma respecto del reconocimiento y función de la mujer en cuanto a su valía y capacidad como ser integral, si bien es cierto que los paradigmas no cambian de un día para otro y precisan forzosamente de un proceso que por nuestra parte estamos obligados a activar al máximo con todos los medios disponibles a nuestro alcance, sin duda.
Por ello y para ello, la aprobación de la presente moción, correctamente enmendada, resulta incuestionable para el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en pro de la mujer. No la apoyamos por compasión hacia la mujer, sino por la justicia que con toda razón es exigible para ella, incluso a finales ya del siglo XX, que sigue sin ser perfecto, pues todo hay que reconocerlo.
Señorías, aquí todos debemos entender --y estoy seguro de que así es-- que, por supuesto, las mujeres en nada son inferiores a los hombres y que ellas mismas han de ser las directoras de su propia vida, con la convicción personal de sus propios valores, actitudes y medidas, en la dimensión antropológica hombre-mujer, en la necesidad de la permanente igualdad de rango de la mujer y en la dimensión de la solidaridad entre hombre y mujer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las reflexiones que se están produciendo en torno a la moción presentada por la Senadora Francesca Martín i Vigil son, desde luego, de un gran interés y nuestro Grupo la felicita por la oportunidad de esta moción.
Al igual que ella misma, todos nosotros estamos preocupados por la lamentable violencia doméstica que se está viviendo y por la paradójica situación de que se produzcan avances --aunque, evidentemente, no suficientes-- para la igualdad de derechos de hombres y mujeres y, al mismo tiempo, tengan lugar esas situaciones inaceptables de violencia que todos rechazamos y para las cuales nos empeñamos en buscar soluciones; soluciones que no son fáciles, pero que tenemos la obligación de buscar.
Esta solución que nos plantea la Senadora Francesca Martín es una más, quizá de las más importantes, porque, al igual que ella, nuestro Grupo también cree en el profundo poder de cambio que tiene la educación, es decir, creemos firmemente en su poder revolucionario y, por tanto, como la Senadora Martín i Vigil, pensamos que no hay que hacer planteamientos puntuales --ha dicho--, sino una política global. Entendemos que estos acuerdos que hemos obtenido felizmente por unanimidad, después de aportaciones tan interesantes por parte de la Senadora San Baldomero, son de política global profundos.
Lo que se pide seguro que ya se hace en muchos lugares, pero también, y al hilo de una frase que ha dicho la Senadora De Boneta en otro contexto, lo que abunda no daña. Es decir, cosas que ya se hacen, seguramente será conveniente insistir en que se hagan y mejor. Por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, que ya tiene competencias en educación y están más preocupados por esta cuestión, se realizan muchas acciones en relación a lo planteado por la Senadora Francesca Martín. Y en el curriculum educativo ya se plantea, aparte de las prioridades principales, el fomento de los derechos, de la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas.
También ha de quedar claro que en todas las resoluciones del Departamento de enseñanza de la Generalitat se determina que en el proyecto educativo del centro y en el proyecto curricular se establezcan programas de actuación para el fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo. Lo que yo conozco ya se hace actualmente en Cataluña y seguro que en otros lugares. No pretendo que se haga sólo en Cataluña.
El Departamento de enseñanza realiza publicaciones dedicadas a los profesores y, en colaboración con el Institut Catalá de la Dona, elabora materiales para el profesorado y para el alumnado. Se ha elaborado un vídeo que contiene elementos de reflexión a partir de experiencias realizadas en centros educativos sobre coeducación e igualdad, y ya está en los centros de recursos pedagógicos a disposición de los centros que lo soliciten. Es decir, ya se han hecho bastantes actuaciones al respecto, por ejemplo, el Departamento de enseñanza libera cada año a un profesor o profesora, le da una licencia de estudios para que pueda elaborar trabajos y estudios sobre educación y coeducación para la igualdad de oportunidades.
Por tanto, lo que se plantea, tan loable y necesario, ya se está haciendo, pero como, desgraciadamente, los hechos de violencia se suceden, no podemos bajar la guardia ni instalarnos en ningún tipo de autocomplacencia, que sería suicida y seguro que falso, pero también hay que reconocer los esfuerzos que ya hacen las administraciones para atajar este grave problema de violencia doméstica que sucede en España.
Finalmente, nuestro Grupo dará el apoyo total a esta moción, con las enmiendas aceptadas.
Sólo me queda hacer dos reflexiones de tipo general. Una, que hace relación al marco educativo. Como pasa muchas veces, cuando hay un problema que no se sabe cómo atajar se dice: que lo haga la escuela.
Pongo un ejemplo trivial: no se consume suficiente pan en las panaderías de España, pues vamos a hacer ejercicios didácticos en las escuelas para que los alumnos vean lo que es el pan y así aprendan a consumir más pan en el futuro. A veces cargamos demasiadas cosas en las escuelas y esta cuestión después no va paralela con el respeto, con la valoración que nos deben merecer los profesores. Hay un cierto desequilibrio --y hago esta reflexión aquí-- porque otorgamos unas responsabilidades a las escuelas --que las

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tienen, y ya he comentado antes que creemos en el poder de cambio de la escuela y del modelo educativo--, pero también hemos de dar a los profesores y profesoras autoridad moral y autoridad real, hemos de darles realce social para que puedan efectuar su tarea. Desgraciadamente, la valoración social de los maestros y profesores en nuestro país ha descendido en estos últimos años. En parte, es tarea de los políticos y autoridades hacer un punto de inflexión en este ámbito para hacer reconocer a la sociedad, a los padres, la gran dificultad, la gran responsabilidad, la gran misión que tienen los profesores y profesoras en las escuelas. Por tanto, no se puede despreciar nunca esa tarea tan digna e importante.
Esta es mi primera reflexión general: demos más responsabilidades a las escuelas pero, por favor, ayudemos a promocionar la figura del profesor o profesora.
La segunda reflexión general me la ha sugerido la Senadora Francesca Martín i Vigil. Se ha referido a la génesis del problema y a que quizá habrá que hacer un cambio de estructuras, un cambio de cultura. Este es el meollo de la cuestión. Ha hablado de transmisión de valores. Por mucho que hagamos no serán sino paños calientes si no hacemos todos una reflexión sobre el modelo de la sociedad que estamos construyendo, sobre los valores que estamos transmitiendo, y si no trabajamos todos por una sociedad más justa en la que no se produzcan tantas situaciones de marginación, que no justifican pero favorecen actitudes de intolerancia.
Por tanto, hemos de esforzarnos, además de efectuar medidas puntuales globales, como pedía la señora Senadora, por conseguir una sociedad más justa, más solidaria, en la que no haya desequilibrios. Caso contrario, no podrá fructificar la tolerancia, que es lo que todos perseguimos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.


La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir brevísimamente. No me queda sino mostrar mi agradecimiento a todas sus señorías, a todos los grupos parlamentarios por la actitud, por el interés, por las aportaciones realizadas, en definitiva, a esta cuestión, demostrando así un gran respeto al debate parlamentario pero también, y muy especialmente hoy, un respeto e interés extraordinario en esta cuestión que afecta de forma importante a la sociedad y a su futuro. Agradezco a todas y cada una de sus señorías el tono de sus intervenciones, así como el contenido y las aportaciones que han realizado.
Quería comentar al Senador Bolinaga que él también ha estado a la altura.
Las Senadoras podemos convenir en darle una buena nota. En este sentido, espero que podamos continuar hablando de estos temas.
El Senador Varela ha informado de forma bastante abundante a la Cámara del interés y de las actividades que, basadas en ese interés, realizada el Institut Catalá de la Dona. Las personas que somos de allí las conocemos más y las que no son de Cataluña las conocen menos, pero siempre es interesante el intercambio y la información. Efectivamente, hay Comunidades Autónomas que hacen un trabajo importante en este sentido. Cataluña ha realizado las que ha señalado el Senador Varela y algunas más que seguramente se podrían comentar. En cierta manera, se me ocurre motivar a sus señorías para que conozcan el trabajo que está realizando el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía en esta materia, que es muy interesante, así como el excelente trabajo de EMAKUNDE, Senador Bolinaga, el Instituto Vasco, que es uno de los que posee una solvencia más probada.
En definitiva, doy las gracias a todas sus señorías.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña Isabel San Baldomero.


La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señor Presidente.
A veces da tanto gusto dar cumplimiento a las cuestiones que debatimos en esta Cámara --así me ha parecido entender por parte de todos los Grupos Parlamentarios--, que verdaderamente es una satisfacción pensar que tal vez hoy muchas mujeres de España sientan que hemos trabajado para ellas durante un buen rato y para erradicar la violencia.
Doy las gracias a la Senadora De Boneta por sus palabras y por haber aceptado nuestra enmienda, aunque le gustaba más la otra. Es una mujer, y seguro que todas las mujeres nos ponemos de acuerdo.
Respecto al Senador Bolinaga, como tengo la suerte de que sus apellidos terminan en «a», igual que los del Senador Varela, he de decirle que, por lo menos la cuestión femenina, la lengua y la palabra la llevan ustedes en sus apellidos. Por lo tanto, muchas gracias. El gorro frigio todavía no lo hemos traído, pero tal vez nos pongamos algún día una chapela.
Senador Varela, como siempre, en tantas y tantas ocasiones, además de las dos Diputadas magníficas que forman parte de la Comisión de la Mujer y que defienden los intereses de la mujer, es usted un Vicepresidente de lujo en la Comisión de la Mujer. Hoy ha sido, una vez más, la persona que ha aportado todos los textos.
A la Senadora Martín i Vigil debo decirle que siempre nos va a encontrar cerca. Su obligación es pedir, instar, insistir. La nuestra es trabajar y hacer. Pero debo mencionar dos cuestiones: Primero, la reunión interministerial realiza una evaluación continua tanto del Plan de Igualdad de la Mujer como de la erradicación de la violencia y, segundo, el Plan de Igualdad de la Mujer, al que ustedes han achacado una serie de deficiencias, tendrá una evaluación anual. Cada año nos veremos y estoy segura de que cada año lo mejoraremos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Propongo a los distintos Portavoces que esta moción sea aprobada por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así es y, por lo tanto, queda aprobado por asentimiento el texto de la moción con la enmienda incorporada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, DESARROLLE LA LEY 15/1978, DE 20 DE FEBRERO, SOBRE ZONA ECONOMICA, SEGUN DISPONE LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, EN LO RELATIVO A LA MARCACION DE LINEAS DE BASE RECTAS QUE UNAN LOS PUNTOS EXTREMOS DE LAS ISLAS E ISLOTES QUE COMPONEN EL ARCHIPIELAGO CANARIO. (662/000137)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica, según dispone la Disposición Final Primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario.
Tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria trae hoy aquí una moción que puede parecer obvia y, además, lo es. Venimos a solicitar a esta Cámara, al Senado, nada más y nada menos que inste al Gobierno de España a que cumpla una ley vigente, la Ley 15/1978. Ciertamente es una ley, para hace veinte años, contemporánea casi a nuestra Constitución, moderna, progresista en los medios internacionales, auspiciada por un gobierno de UCD, ante unas Cortes básicamente constituyentes. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Es una Ley que pretendía delimitar la soberanía de nuestros mares a lo largo de la costa Atlántica y del archipiélago oceánico canario, dejando para una posterior decisión en su caso, las costas mediterráneas.
A lo largo de estos años Coalición Canaria se ha preocupado muchísimas veces de esta cuestión, pues la hemos considerado fundamental para el desarrollo de la Comunidad Canaria. Ya en 1991, en comparecencia ante la Comisión de Exteriores del señor Cajal, Subsecretario en los años 1993 y 1995, el Senador por Coalición Canaria y portavoz, Miguel Angel Barbuzano, presentó sendas proposiciones de ley en las que planteaba la necesidad de una modificación de la citada Ley vigente 15/1978. No fueron tomadas en consideración con argumentos contrarios poco sólidos, pero que, además, hoy ya han desaparecido, desde mi punto de vista. Se indicó que afectaba al statu quo de los países vecinos, especialmente del Mediterráneo, y que afectaba a la pesca con Marruecos y, además, que era inoportuno, pues coincidía con el contencioso con Canadá en el Atlántico Norte, pero, sobre todo, se indicó que se estaba pendiente de la ratificación de la Convención de Jamaica sobre los Derechos del mar y que la Comunidad Canaria no podía ser considerada un archipiélago, pues el Estatuto sólo hablaba de islas. Por último, esa proposición de ley, al modificar ampliamente la vigente 15/1978, creaba simultáneamente varios problemas de Estado. Estos eran los argumentos esgrimidos muy poco sólidos.
Hoy traemos a esta Cámara de nuevo este problema, pero todos los condicionantes se han modificado profundamente. Esta iniciativa no es una proposición de ley, sino una moción para que se desarrolle la Ley 15/1978 en la zona que afecta solamente a las islas Canarias, y no a todo el Estado; además, se refiere a las aguas interiores del archipiélago, no hacia el exterior del perímetro archipelágico. Por último, dos cuestiones nuevas vienen a dar oportunidad a la iniciativa: la modificación del Estatuto de Canarias definiendo a la Comunidad como archipiélago y la ratificación del Convenio de Jamaica por España, ambos fueron hechos en 1996, aquél posterior a este en el tiempo.
La citada modificación estatutaria, dice en su artículo 2 que el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el archipiélago canario, y en su artículo 40.1 indica que todas las competencias contenidas en el presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, definido en el artículo 2, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicción española.
Creo que quedan diáfanamente claras las competencias en el ámbito territorial definidas en el artículo 2, es decir archipiélago comprende mar y tierra.
Señorías, me van a permitir que cite algunas definiciones recogidas en los diversos diccionarios sobre la voz «archipiélago». En el RALE: conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa, de mar; en el María Moliner: por extensión, se aplica a cualquier porción de mar poblada de islas; en el Casares: parte de mar poblada de islas. Asimismo, la Comisión de Jamaica en 1982 entiende por la voz «archipiélago» un campo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido consideradas como tal.
Precisamente lo que pretendemos es que se aplique la Ley 15/1978 vigente sobre Zona económica marítima, ya que en su artículo 1 señala que «en el caso de los archipiélagos, el límite exterior de la zona económica se medirá a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente los componen, de manera que el parímetro resultante siga la configuración general de cada archipiélago».
Señorías han pasado veinte años, desde que esta Ley entró en vigor y, sin embargo, no se ha hecho nada por desarrollar sus preceptos. De hecho, no se han delimitado

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de nuevo las líneas de base rectas de las costas del Estado en base a esta Ley, que no contradice en nada al Derecho Internacional.
De ahí que se solicite el desarrollo de esta Ley en los términos que se establecen en su disposición final primera, cuando se indica que la aplicación de las disposiciones de la presente Ley se limitará a las costas españolas del Océano Atlántico --incluido el Mar Cantábrico--, peninsulares e insulares, y se faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas. De esta forma, lo que se pretende es que el Estado, tal y como se deduce de la Ley 15/1978, marque las líneas de base rectas en este caso concreto del archipiélago canario.
Las disposiciones de la Ley de 1978 sobre la medición de la zona económica exclusiva a partir de líneas de base archipelágicas no son incompatibles con la Convención de Montego Bay, de Jamaica, ya que no prejuzgan el estatuto de las aguas archipelágicas ni el régimen de navegación a través de las mismas. Su única consecuencia es la de facilitar la determinación y el trazado del límite interior de la zona económica de las Canarias, que es el problema que actualmente planteamos.
Al firmar la Convención de Montego Bay, España debería haber elaborado una declaración interpretativa más concreta, pero lo que ha hecho creemos que es suficiente para dejar a salvo la normativa española, aunque no fuera estrictamente necesario. Sin embargo, Portugal, que también es un Estado mixto, continente e islas, sí realizó una declaración interpretativa mucho más clara al respecto. Leo textualmente de la información que envía la Embajada de Portugal: «Portugal reafirma que, a efectos de mar territorial, de plataforma continental y de zona económica exclusiva los derechos derivados de la legislación interna portuguesa en lo que respecta al territorio continental y a los archipiélagos e islas que lo integran».
No debe olvidarse que en el Estatuto de Autonomía de las Azores, en su artículo 1.º, apartado segundo, se dice que la región autónoma de las Azores comprende, además de las islas y de los islotes, el mar circundante y sus fondos definidos como aguas territoriales y zona económica exclusiva en los términos de la Ley.
Las citadas declaraciones interpretativas que hace España a la ratificación de la Convención de Jamaica se refieren principalmente --y justo en el momento de la firma, en 1982-- a su punto cuarto, donde está recogido el artículo 42, y ahora, en 1997, en los puntos primero y tercero deja claramente definido que esta ratificación no le impedirá dictar leyes y reglamentos en este sentido, que se reserva las competencias transferidas a la Comunidad Europea y que a su debido tiempo hará una declaración detallada, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IX de la Convención.
Y por último, en el punto 3.1 de la Declaración se indica la compatibilidad, de acuerdo con la parte III de la Convención, de dictar sus propias reglamentaciones para aplicar en los estrechos utilizados por la navegación internacional.
Por todo ello, creemos que el Gobierno español está actualmente perfectamente autorizado para desarrollar, como pedimos, la Ley 15/1978, ya que sólo ha faltado hasta ahora voluntad política.
Otra de las novedades que se aportan hoy es que en el último debate del estado de la Comunidad Canaria, celebrado hace escasamente un mes, se aprobó una propuesta de resolución, la número 20, que decía, exactamente, lo siguiente: El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que demande al del Estado a que desarrolle la normativa legal necesaria en relación al artículo 2.º del Estatuto de Autonomía de Canarias en lo que respecta a la definición del archipiélago, según los términos marcados por la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay, Jamaica, en 1982.
De esta manera, el territorio canario estaría marcado por el parímetro resultante de la unión de los extremos occidental punta de Orchilla, en El Hierro, y oriental, Roque del Este, y los comprendidos entre el punto más al sur, punta de la Restinga, en El Hierro, y el situado más al norte, la punta saliente de la isleta de Alegranza.
Esta resolución fue aprobada en la Cámara sin ningún voto en contra, y es un dato más a aportar sobre la sensibilidad con la que en Canarias se vive este problema de cara al futuro, y de que no se trata ni de una obsesión, ni de un capricho de Coalición Canaria. Es un sentimiento generalizado en nuestra ciudadanía. Como saben sus señorías, el insular ve el horizonte marino como propio, pues se identifica con él, y cuando desde cualquier lugar de las islas se vislumbra en la lejanía, la mayoría de las veces envuelta entre nubes, otra isla hermana, ese mar --que hoy estamos aquí reivindicando-- nos separa y nos une simultáneamente. Y ese mar, señorías, no es nuestro.
Creo que es oportuno ahora narrar una anécdota. En el telegrama del orden del día de este Pleno, el Letrado de la Cámara encargado de su redacción no pudo ser más acertado al titular esta moción «Unión islas Canarias».
De esto se trata, señorías, nada más y nada menos.
En nuestro caso, los habitantes del archipiélago oceánico que es Canarias contemplan con preocupación y angustia cómo buques petroleros o de otra condición, cobijándose en la situación anómala en la que se encuentran determinados espacios marinos cercanos a las islas entre Gran Canaria y Fuerteventura --entre Gran Canaria y Tenerife preferentemente existen varias millas consideradas mar libre, ya que las 24 millas restantes corresponden, tal y como indica la Ley de 4 de enero de 1977, sobre Mar Territorial, a la suma de los mares territoriales de ambas islas-- realizan vertidos de todo tipo de manera incontrolada. Asimismo, existe la posibilidad de que se lleven a cabo prospecciones petrolíferas o de otra índole y de que se establezcan plataformas pesqueras. De ahí que se reclame para el espacio marino aludido la asunción de las competencias originales reseñadas en los artículos 32.12, protección del medio ambiente, y 33.9, salvamento marítimo, del Estatuto de Autonomía.
Pero no se trata sólo de una reivindicación medioambiental. De hecho, y desde el punto de vista estratégico, esta indefensión también se traduce en que, dada la peculiar situación del archipiélago dentro del entramado de la

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OTAN, Canarias todavía parece estar dentro de esa llamada burbuja, espacio sobre el que no existe aún un control determinado, ya que se desconoce quién va a ejercer el poder necesario sobre la franja clave de la zona delimitada al norte por Ayamonte (Huelva), al este por Marruecos y el Sahara Occidental y al sur por la indicada burbuja. De ahí que la eventual presencia de posibles adversarios no deba ser desdeñada. En consecuencia, la delimitación del archipiélago canario, según los términos explicitados por la Ley 15/1978, aclararía el horizonte y facilitaría las cosas a nuestro país a la hora de diseñar un eje en el que estuviera incluida Canarias.
Así las cosas, con la marcación de las líneas de base rectas se lograría que, tal y como se establece en el punto 2 del artículo 8.º de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar --abro comillas-- «cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal y como se establece en esta Convención». Las competencias serían las establecidas por su actual Estatuto de Autonomía, según se expresa en el artículo 40.1 del mismo y por la Constitución española vigente.
De esta manera, el territorio estaría marcado por el perímetro resultante de la unión de los extremos occidental, punta de la Orchilla en El Hierro, y el oriental, Roque del Este, y los comprendidos entre el punto más al sur, punta de la Restinga, en El Hierro, y el situado más al norte, la punta saliente de la isleta de Alegranza. A modo ilustrativo y para que se conozca lo absurdo de la situación actual anteriormente indicada, si tomamos como ejemplo Gran Canaria y Tenerife, y teniendo en cuenta, de un lado, que entre las islas existe una distancia aproximada de 30 millas y, de otra parte, que cada una de ellas tiene 12 millas de mar territorial, nos vemos en la necesidad de calificar esta zona de seis millas entre los mares territoriales de las referidas islas como alta mar, una interpretación literal de la Ley 10/1977 y de la 15/1978, que nos llevaría a la conclusión que extrae la autora María del Pilar Alvarado: en primer lugar, que esas seis millas no son mar territorial porque la Ley de 1977 extiende sólo la anchura del mismo a 12 millas y la zona que queremos calificar está fuera de esas 12 millas de cada isla. En segundo término, que tampoco son zonas económicas exclusivas, porque si nos atenemos al artículo 1.º, párrafo primero, de la Ley de 1978, las 200 millas de zona económica exclusiva se miden hacia afuera, a partir del perímetro archipelágico, y las seis millas cuestionadas están situadas hacia adentro de tal perímetro, cuestionando entonces la situación de tal perímetro.
Finalmente, el último espacio marítimo que queda es el de alta mar o mar libre, que no está sujeto a la soberanía o jurisdicción de ningún Estado.
Resulta evidente que esta conclusión está fuera de toda lógica, pues es imposible la existencia de alta mar entre el mar territorial y la zona económica exclusiva. Dicho de otro modo, ¿pueden existir aguas de todos entre isla e isla y aguas sometidas a la jurisdicción española alrededor del archipiélago? Esta situación anómala sería única en el mundo. El absurdo al que lleva una interpretación literal ha de permitirnos calificar entonces a las aguas encerradas dentro del perímetro señalado como interiores, según el punto 2 del artículo 8.º de la Conferencia de Montego Bay.
En el supuesto, además, de que esta propuesta fuera aplicada al archipiélago canario, seguiría el camino trazado por otros Estados, ya que en 1951 Ecuador --como se señaló con anterioridad-- estableció en su Derecho interno que las Islas Galápagos formasen un todo --islas y aguas del archipiélago-- unitario, con independencia de la distancia entre unas y otras, con un régimen jurídico especial. También Dinamarca, a su vez, estableció en 1963 un sistema de líneas de base rectas en torno a las Islas Feroe, y en 1976 proclamó una zona exclusiva de pesca de 200 millas medidas a partir de dichas líneas. Noruega estableció además un sistema de líneas de base rectas en torno al archipiélago de Spitzberg en 1970 y calificó como interiores las aguas encerradas dentro del perímetro archipelágico. En esta misma línea hay que situar la Ley española de 1978, sobre la zona económica.
No debemos olvidar que Canarias es una región con unos condicionantes económicos muy específicos. A la obvia insularidad y lejanía añade unas cifras de paro preocupantes y una densidad de población que triplica la media estatal. Si al territorio canario se le añadiese el marítimo, se vería mejorada esta situación de desamparo, ya que la aplicación de las competencias que emanan de su actual Estatuto podrían ejercerse sobre un espacio que le es propio y que, hasta ahora, le ha permanecido ajeno. De ningún modo se pretende que Canarias asuma más competencias, sino de hacer efectivo el control sobre el que debe ser su territorio real y de desarrollar las competencias ya señaladas en el Estatuto de Autonomía.
Se da la curiosa y extraña coincidencia, señorías, de que esta tarde, después del debate de esta moción, se van a someter a la consideración de esta Cámara, para su aprobación, unos tratados internacionales que tienen que ver muy directamente con la propuesta que planteo. Uno de ellos es el Tratado entre España y Portugal para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, en el cual se contempla que cada país --España y Portugal-- tiene jurisdicción exclusiva de actuación en sus aguas territoriales y preferente en relación con el pabellón del buque que se trata para su intervención, y resultaría ahora que en los mares de los archipiélagos de Azores y Madeira la tendrá siempre Portugal, y en Canarias, salvo las 12 millas de cada isla y, por tanto, en las franjas entre islas, la tendrá el pabellón del buque afectado, nunca España.
Otro es el Acuerdo con Marruecos, sobre inversiones económicas en zonas marítimas, definidas como zona económica y plataforma continental, más allá de las aguas territoriales, y donde España tenga o pueda tener derechos soberanos y jurisdiccionales. Pues bien, aún no están delimitadas y, sin embargo, repito, se están suscribiendo tratados internacionales sin tener las zonas delimitadas. Todo esto significa, señorías, un gran despropósito.


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Insistimos en que no es motivo de esta propuesta el forzar al Gobierno a que entre en un litigio con Portugal y con Marruecos, estando todavía pendiente el referéndum del Sahara y la contemplación definitiva de las islas Salvajes como parte del archipiélago de Madeira. Lo único que se pretende es que Canarias ejerza sus competencias sobre los límites que define el propio Estatuto en el territorio terrestre y marítimo que marca su perímetro. Ya habrá ocasión en el momento oportuno de desarrollar hasta sus últimas consecuencias la Ley 15/1978 y de establecer la equidistancia o la línea media en los supuestos en los que la línea del mar territorial o de la zona exclusiva entorpezcan las líneas de otro país limítrofe.
Por todo lo expuesto, se presenta, para su debate y aprobación en el Pleno, la siguiente moción: «El Senado insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, según dispone la disposición final primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario».
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.) Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho este turno de portavoces para completar mis planteamientos anteriores, pensando en lo que puede ocurrir en las intervenciones de los subsiguientes portavoces.
La Ley 15/1978 es, según los expertos, una buena ley, aprobada justo en el momento en el que se estaban llevando a cabo las sesiones preparatorias de lo que luego sería la III Conferencia de Montego Bay, sobre Derecho del Mar. De esta Conferencia emanó el denominado principio archipelágico, aplicable preferentemente a los Estados archipelágicos, esto es, Fidji, Indonesia y Filipinas. La diferencia entre éstos y los archipiélagos de Estado es, según aducen los expertos y la misma delegación española presente en Jamaica, totalmente arbitraria. Se impuso el criterio de las grandes potencias, que veían con temor la proliferación de casos a los que se puede aplicar este principio, siendo Canarias, como archipiélago de Estado, una posibilidad real. En resumidas cuentas, las trabas que se pusieron obedecían a cuestiones de orden político y estratégico exclusivamente.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa no se trata de aplicar este principio, sino de desarrollar una ley que está dentro del ordenamiento jurídico español y que, por causas que desconozco, no ha sido desarrollada, con el perjuicio que representa en esta ocasión para Canarias. De hecho, si lo que deseáramos fuera aplicar este principio archipelágico a Canarias hubiéramos aludido en la exposición de motivos a aguas archipelágicas, figura de ámbito muy superior a la reclamada de aguas interiores, que es lo que hemos hecho.
Por ello, podrán observar sus señorías que bajo ningún concepto queremos poner en el disparadero al Parlamento español aprobando una medida que podría contradecir el Derecho Internacional de alguna forma. Aunque cabe decir que tampoco se ha dado una prioridad absoluta a este asunto, ya que, de hecho, países como España han tardado catorce años en ratificar una firma suscrita en diciembre de 1982, y que, finalmente, fue respaldada por esta Cámara en noviembre del año 1996, esto no debe convertirse en una guerra de informes jurídicos de especialistas del Derecho del Mar, sino que se debe aplicar el sentido común.
Nuestra demanda, como habrán podido observar, es más modesta, y tan sólo trata de desarrollar la mencionada ley y que las aguas que se encuentran enmarcadas dentro del perímetro resultante de la marcación de las líneas de base rectas pasen a ser consideradas como aguas interiores. No se trata de asumir más competencias ni de poner en duda la soberanía del Estado español sobre las mismas. Sólo deseamos que se apliquen sobre estas aguas, al fin y al cabo territorio canario, las competencias derivadas del Estatuto de Autonomía canario, de la actual Constitución española y de las reservas que ha expresado España al ratificar la Convención de Jamaica, que --como antes he señalado-- queda libre de desarrollar sus propias leyes.
También he aludido a las cuestiones de índole medioambiental y estratégico que se derivan de la actual situación. No se trata exclusivamente de una situación de cierta indefensión para el archipiélago, sino que si saliese adelante esta moción y se llevara a la práctica en profundidad, esos espacios marítimos que hoy por hoy no tienen un propietario específico pasarían a ser controlados por nuestro país, algo que sería visto con muy buenos ojos por nuestros socios comunitarios.
En otro orden de cosas, no es cierto el planteamiento que se pone de manifiesto de que en la Convención de Jamaica se diferencian los Estados archipielágicos de los archipiélagos de Estado. En ningún caso se habla de archipiélagos de Estado, y donde no se distingue, según el principio del Derecho, no hay que distinguir. De la relación de archipiélagos de Estado que hemos podido consultar, Canarias es prácticamente el único por donde se puede navegar y pasar impunemente alrededor de sus islas sin ninguna normativa propia. No ocurre esto ni con los daneses, ni con los ingleses, ni con los noruegos ni con los portugueses, por no citar las múltiples islas del Pacífico, en donde no existe ninguna diferenciación entre Estados propios y archipiélagos de Estado.
En la propuesta que hacemos no existe, en caso de su aplicación, ningún problema con Estados ribereños y vecinos, ya que la disposición se refiere al océano, al mar hacia dentro de Canarias, nunca hacia afuera.
Tampoco afecta a la pesca, ya se trate de Mauritania directamente o a través de la Unión Europea, no afecta a Marruecos, ni al banco pesquero, llamado aún canario sahariano para mayor vergüenza. Los contenciosos con Canadá

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por la pesca del fletán han pasado ya a la historia, aunque está pendiente uno con Portugal a causa del litigio sufrido en relación con las Islas Salvajes, pero la proyección de esta moción no afecta a este asunto porque no llega a la zona correspondiente.
Por último, tampoco afecta al Mediterráneo, ni a Gibraltar, ni a Ceuta ni a Melilla, ni, por supuesto, al contencioso del siempre pendiente referéndum sobre el Sahara occidental.
Con el Tratado entre España y Portugal, que cité antes, sobre represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, ambos países tendrán jurisdicción exclusiva de actuación en sus aguas territoriales y preferente en relación con el pabellón del buque que se trate para su intervención. A partir de ahora ocurrirá que, mientras España continúa con la ceguera política en estos asuntos, barcos de guerra portugueses podrán moverse libremente por nuestras islas y los nuestros nunca estarán en las de ellos. Esto, como primera medida, en cuanto comience su vigencia, supondrá una clara situación de inferioridad para España, pues no hay que olvidar lo que hemos dicho anteriormente sobre la actitud y normas portuguesas vigentes.
En relación con el Tratado con Marruecos sobre inversiones económicas y zonas marítimas definidas como zona económica y plataforma continental, más allá de las aguas territoriales, en el mismo se hace referencia a allá donde España tenga o pueda tener derechos soberanos y de jurisdicción, y éstos se podrían regular si estuviesen las zonas deslindadas, pero aún no lo están porque, como hemos dicho, para la zona económica hay que partir en los archipiélagos de las líneas de base rectas y desarrollar la Ley 15/1978 mientras esté vigente, salvo que el Gobierno del Estado esté dispuesto a abolir la citada norma, con los perjuicios definitivos que acarrearía a España, en general, y a Canarias en particular.
La realidad es que este Tratado es fundamental para las inversiones en zonas marítimas, particularmente para el archipiélago canario y el sur peninsular. Creo que, al desarrollar el citado Tratado, se verá la urgente necesidad de resolver lo que pedimos en estos momentos.
A lo largo de estos veinte años se ha podido objetivar con claridad cierta pereza en los regidores de los Ministerios de Asuntos Exteriores que se han ido sucediendo, y creo que es obligación de los Parlamentos incitar a los Gobiernos a estar en la punta de lanza de la modernidad.
Creemos que en este campo de las relaciones exteriores y, más concretamente, en el mundo del mar España ha adolecido de cierto complejo de inferioridad después de la derrota naval de 1898. Debemos recordarles entre todos que España, por su situación geográfica, por su historia y por sus costas, debe volver a ser una primera potencia mundial en asuntos del mar, y no como en este último siglo, en el que estuvo y está a remolque de otras potencias con menos razones y justificaciones en la política general marítima.
Por último, deseo recordar que en las anteriores iniciativas legislativas que presentó el Senador Barbuzano, sobre todo en relación con la última en el Pleno del 6 de abril de 1995 el Senador Juan Cardona, del Grupo Parlamentario Popular, dijo textualmente: Apoyaremos esa proposición de ley por cuanto significa un intento de unificar y sistematizar la legislación española sobre la cuestión con un marco general en el que se fijen las normas a partir de las cuales se debe desarrollar la política estatal de delimitación marítima.
Esta moción, señorías, no pretende modificar leyes, sino que es de un rango más modesto, pues sólo trata de hacer que los Gobiernos cumplan la normativa vigente. Es, por lo tanto, mucho más simple, y por eso espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios. A los que lo hagan, nuestra gratitud, pues han entendido y considerado justas nuestras pretensiones.
Si no saliera adelante por motivaciones políticas más o menos coyunturales, continuaremos insistiendo con nuevas iniciativas, pues Coalición Canaria considera imprescindible la consecución de estos objetivos archipelágicos para el futuro desarrollo equilibrado y la supervivencia como pueblo de los habitantes de las islas Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición desde el escaño en relación con esta moción planteada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por el Senador Ríos, de Coalición Canaria, que trata un asunto de gran calado en el archipiélago canario, de enorme trascendencia, como él decía, y sobre todo que produce una gran sensibilidad en las islas Canarias en la medida en que está afectando al ejercicio de competencias públicas en un área que puede ser territorial o en la zona de mar territorial pero, en definitiva, sobre un espacio, en este caso marino, sobre el que horizontal o verticalmente inciden competencias públicas de las que dispone la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el bloque de constitucionalidad, es decir, el doble juego de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, en medio ambiente y en pesca. Por lo tanto, la determinación del concepto de aguas interiores y la fijación de las líneas de base rectas como parámetro que sirva de medida a la hora de la determinación de la zona económica exclusiva es un punto de enorme envergadura y de gran importancia. Nuestro Grupo Parlamentario coincide con esa resolución del Parlamento de Canarias a la que se ha referido adecuadamente el Senador Ríos, que, por unanimidad, aprueba una iniciativa instando al Gobierno a la materialización de las previsiones contenidas en el apartado 1 de la Ley 15/1978.
Nuestro Grupo parlamentario, en el que hemos seguido con atención la intervención del Senador Ríos, va a apoyar la moción. Somos sensibles a la trascendencia política que este tema tiene en Canarias por la plasmación en un espacio marino de poder político, y como se trata

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de reivindicar poder político desde una Comunidad Autónoma como Canarias, nuestro Grupo la va a apoyar entusiastamente.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer.


El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, intervengo para explicitar la posición de nuestro Grupo de Convergència i Unió en relación con esta moción. Voy a intervenir muy rápidamente porque éste es un tema que todos conocemos. La primera constatación que uno debe hacer al acercarse a este tema es que ya ha sido propuesto por senadores canarios --como ha recordado aquí el Senador Ríos-- en diversas ocasiones. Se planteó en octubre de 1993. Se volvió a plantear en 1995 y ahora, en forma de moción, se trae de nuevo a colación por el Senador Victoriano Ríos.
Hay que decir --como él lo ha recordado-- que en la votación de abril de 1995 el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra y el Grupo Parlamentario Popular a favor. Hoy no sabemos exactamente lo que va a suceder, pero no me sorprendería que un extraño efecto gubernamental, por así decirlo, trocase las posiciones y hoy el Grupo Parlamentario Socialista votase a favor y el Grupo Parlamentario Popular en contra; lo cual nos lleva a considerar que éste debe ser un tema realmente importante, Senador Ríos.
Se hace referencia en la exposición de motivos a la Ley 15/1978 y, concretamente, a su artículo 1.º, que es muy preciso. En dicha exposición de motivos también se hace referencia al desarrollo de la disposición final primera que se refiere a las costas españolas del Océano Atlántico.
Por consiguiente, es evidente que esto está pendiente y que existe una preocupación evidente por esta cuestión en Canarias, que es canalizada por los senadores canarios.
Un dato que también hay que tener en cuenta es que esta inseguridad de los límites produce una cierta inquietud en la misma NATO. Este también es un aspecto importante.
Es evidente que tratamos de una cuestión que preocupa y que ha sido objeto de la reflexión política. Nosotros no creemos que la propuesta de una moción sea capaz de desencallar un tema como éste que seguramente debe encontrar grandes obstáculos, contra los cuales, de momento, no han hecho mella ni las iniciativas políticas presentadas en épocas de gobierno del Partido Socialista ni, previsiblemente, la que se presenta ahora, aparentemente, hará mella en el Gobierno y en el Grupo que le da su fuerza, que es el Grupo Parlamentario Popular.
Si esta cuestión se plantea reiteradamente será señal --insisto-- de que es un problema; si esta cuestión se plantea reiteradamente será señal --insisto-- de que no se encuentra solución a este problema; o sea, que nos debe alarmar que una misma iniciativa sobre una misma cuestión se haya presentado, como mínimo, tres veces en esta Cámara.
Creemos que es una lástima que no se haya encontrado una manera de encauzar el diálogo y de que pudiera haber habido una posterior coincidencia. Creemos que es una lástima. En este contexto, nosotros, que tenemos tendencia a dar nuestros votos y a propiciar con los mismos soluciones efectivas, creemos que en esta ocasión votar favorablemente la moción del Senador Ríos, a pesar de que estamos convencidos de que traslada a esta Cámara un problema efectivo, no iba a resultar adecuado.
Por consiguiente, este Grupo se abstendrá en la votación, lamentando que no haya sido posible esta tarde o estos últimos días encontrar una solución, una plataforma de reflexión para resolver este problema que, evidentemente, existe. También es evidente, señorías, que estos problemas deben existir cuando esta cuestión, que se plantea reiteradamente --insisto--, no ha podido ser canalizada. Alguno o algunos problemas serios deben existir para que se aplique esa Ley 15/1978, lo cual no se ha hecho en 20 años curiosamente, que expliquen esta tardanza tan descomunal. Algunos problemas deben existir, pero nosotros creemos que no pueden disiparse con la presentación --muy meritoria por lo que significa-- de una moción esta tarde.
Por consiguiente, señor Presidente, reitero que nuestro Grupo se va a abstener en la votación de esta moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Pérez García.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la verdad es que el requiebro dialéctico que ha hecho el Senador Ferrer i Roca me ha dejado sorprendido. Yo sé que su señoría no es ni como parlamentario ni como persona frívolo, pero repito que me ha dejado sorprendido porque ha empezado por ponerse a cubierto ante posibles cambios de posición de otros grupos parlamentarios para luego anunciar que, como considera que su voto favorable no va a ser útil, se abstiene para así resolver un problema y, efectivamente, es un problema.
Ese requiebro dialéctico del Senador Ferrer i Roca habría sido impecable si en esta ocasión se hubiera dado lo que se conoce en la teoría jurídica internacional como el principio de «rebus sic stantibus», es decir, si las cosas hubieran estado igual que en el año 1995 a todos los efectos, pero han pasado algunas cosas, Senador Ferrer i Roca. Y voy a utilizar su intervención como hilo conductor de la mía.
Han pasado algunas cosas, y no sólo que quienes entonces estábamos en el Gobierno o quienes le apoyaban estemos ahora en la oposición. Han pasado varias cosas. La primera de ellas --que entiendo que a su señoría no le resultará intranscendente-- es la aprobación de la Ley Orgánica 4/1996, de reforma del Estatuto de Autonomía

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de Canarias. En esa Ley se introduce un elemento de gran transcendecia a la hora de definir algo tan importante a su vez como el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha introducido el concepto «archipiélago», lo que a estas alturas ya forma parte del bloque de constitucionalidad.
Y también se ha producido, Senador Ferrer i Roca, algo que tampoco consideramos intranscendente: la reciente aprobación por el Parlamento de Canarias, sin ningún voto en contra, de una propuesta de resolución que está en la línea de la moción que aquí se ha presentado. Y hoy estamos discutiendo, no una proposición de ley, sino una moción que tiene por su propia naturaleza una voluntad de impulso político.
El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción por entender que la misma tiene una misión fundamentalmente dirigida hacia nuestro derecho interno. En esta moción no se le pide al Gobierno de España que adopte decisiones que tengan que ver con los sucesivos espacios marítimos, con las sucesivas franjas marítimas en las que se ejercen funciones jurisdiccionales, ya sea la plena jurisdicción soberana u otras funciones o potestades derivadas de la soberanía española.
Estamos hablando esencialmente de un instrumento técnico, de la utilización con relación a las Islas Canarias --y sólo con relación a las Islas Canarias-- de unas líneas de base recta que en lugar de mantener la situación actual, en la que se delimita isla a isla, se establezca una delimitación archipelágica coherente con la innovación que se ha producido en nuestro Estatuto de Autonomía a partir de la promulgación de la Ley Orgánica 4/1996. Seguramente esto formará parte de un proceso que ha tenido un aplazamiento derivado de complicadas razones, algunas mejor fundadas, otras peor fundadas, algunas relacionadas con momentos políticos distintos del actual, y algunas de ellas relacionadas con incógnitas que ya se han ido despejando. Pero este es un proceso que tendrá su «iter», su camino, y a nosotros nos mueve una idea que seguramente tiene mucho que ver con el sentido común y con la percepción por parte de los canarios de su propia realidad. Esa percepción que ha ido emergiendo, que ha ido pujando, es la que al final se ha plasmado en nuestro Estatuto de Autonomía. Y quiero aprovechar este momento para tener un recuerdo especial hacia el Senador don Miguel Angel Barbuzano, ya mencionado por don Victoriano Ríos, que fue un constante batallador en esta materia y cuya batalla se plasmó en diversas iniciativas parlamentarias.
Creemos que hoy está justificado, en primer lugar, votar a favor de una moción que es un elemento de impulso de la acción política del Gobierno.
Este tendrá la oportunidad de responder a la moción, si resulta votada favorablemente por la Cámara, en los términos que entienda justificados.
Pero aquí no se está instando al Gobierno a efectuar pronunciamientos sobre una directa y preferente repercusión de este tema en el Derecho internacional, sino que estamos hablando de establecer una delimitación con un instrumento técnico que, según los propios informes de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, permite pero no impone a nuestro país hacer esos pronunciamientos, insisto, relacionados con las diferentes franjas del mar en las que se ejercen funciones o potestades derivadas de la soberanía española.
Por tanto, ha habido una modificación legislativa importante, la de nuestro Estatuto de Autonomía, ha existido un pronunciamiento del Parlamento de Canarias, y estamos hablando de una moción parlamentaria, no de una proposición de ley, que en el caso de ser sometida a debate y aprobación por esta Cámara tendría que ser examinada punto por punto por las repercusiones que podría tener en el Derecho internacional, como las que tuvieron en su día los términos de la proposición de ley presentada por el Senador Miguel Angel Barbuzano.
Así pues, el Grupo Socialista votará a favor de esta moción, entendiendo que la dimensión que preocupa y motiva su presentación está esencialmente relacionada con la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma en lo que esas competencias han sido atribuidas a nuestra Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía, y no pone en cuestión las competencias estatales que, derivadas de la soberanía, debe seguir ejerciendo el Gobierno de España dentro de los límites de este perímetro, cuya definición se propone a través de esta moción.
No sé si es fácil explicar el que esta moción, además de un contenido competencial, tiene un contenido vivencial, un contenido muy relacionado con la forma en la que los canarios nos sentimos a nosotros mismos. Y en lugar de con un frío discurso parlamentario, quizá pueda darle a todas sus señorías una idea de lo que quiero expresar --y con ello termino, señor Presidente-- con los versos de un poeta canario, de un poeta especialmente allegado a los socialistas canarios, Pedro García Cabrera, que desempeñó importantes responsabilidades en nuestro Partido durante la II República, y que lo expresaba así: Si las soñáis --a las islas Canarias--, soñadlas en su atuendo de morenas muchachas pescadoras.
Soñadlas siempre dueñas de sí mismas, hijas del mar, del fuego y las tormentas.
Esta moción obedece a una sensibilidad, a una preocupación que ha tomado cuerpo en nuestro Estatuto de Autonomía y en el reciente acuerdo del Parlamento de Canarias y, como ya he dicho, esa sensibilidad, esa pulsión, tiene mucho que ver con la idea que los canarios tenemos de nosotros mismos y de nuestra tierra. La moción tiene además una dimensión competencial esencialmente relacionada con nuestro Derecho interno, que no va a introducir ninguna nueva distribución o reparto de competencias, sino simplemente va a delimitar el ámbito en el que la Comunidad Autónoma de Canarias puede y debe ejercer las competencias que ya tiene atribuidas por su Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señoras y señores Senadores. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.


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El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no puedo empezar de otra forma, sino diciendo que el sentimiento de los canarios es compartido por todos los canarios y que, por supuesto, el mar que rodea las islas, que integra las islas, es un mar canario.
Pero aquí no venimos a discutir de sentimientos porque no podemos hablar de ellos en la Cámara, y si hablamos, lo hacemos de forma muy compartimentada. Lo que venimos a plantear aquí es la moción que ha presentado el Senador Ríos en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Yo quisiera hacer unos apartados necesarios para dejar perfectamente matizada la posición del Grupo Parlamentario Popular. Tenemos que hablar del análisis de la moción, de las pretensiones planteadas con anterioridad en esta Cámara y que están directamente relacionadas con su contenido, con la situación que está planteada hoy, con la coherencia política de los distintos grupos políticos en los distintos debates habidos en esta Cámara, con la posición del Parlamento de Canarias y con lo que ha sucedido en los últimos años con el Gobierno del Partido Popular.
Quiero resaltar este último punto porque quizá tenga mucho que ver con lo que ha pasado en este dilatado tiempo de veinte años. Decía el Senador Ferrer, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que obviamente no podía dar su voto a favor en nombre de su Grupo a la moción presentada por el Senador Ríos porque si una iniciativa política presentada por Coalición Canaria, vía proposición de ley, vía moción y, en este caso, vía de moción a través de un trámite parlamentario, digamos que no tan abierto para el debate político en profundidad, parecía que podía quedar demasiado acortado para un problema que, repito, en veinte años no ha tenido solución.
Yo creo que, efectivamente, en 1985 se perdió una oportunidad para, de alguna forma, materializar la Ley 15/1978, en el mismo sentido que lo hizo Portugal con las islas de Madeira y Azores, pero lo cierto es que no se hizo, y alguna razón de peso tendría el Gobierno de España, en aquel entonces del Partido Socialista, para no hacerlo, quizá las circunstancias fueran distintas a las que tenía Portugal con Madeira.
Digo esto porque en política hay que centrar las cuestiones debidamente para hacer un análisis sereno y riguroso que no nos lleve a planteamientos que confundan los términos. No hablamos de sentimientos ni hablamos del Estatuto de Autonomía, aunque tenga relación indirecta con el marco competencial que se estableció en la reforma del Estatuto en diciembre de 1996, sino que venimos a hablar exclusivamente de una acción del Gobierno de España que, facultado por una Ley, la 15/1978, podría determinar la marcación del perímetro exterior de las islas Canarias, tomando como base las líneas rectas archipelágicas que unen los extremos de todas las islas e islotes incluidos en ese territorio insular de Canarias. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ello no ha sido posible con las tres iniciativas de Coalición Canaria? En 1995, cuando se reunió la Comisión Interministerial de Política Marítima e Internacional, integrada por distintos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Economía y Hacienda, etcétera, se consideraron básicamente --y esa fue la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, digamos que la que refrendó o fundamentó su rechazo a la iniciativa legislativa presentada por Coalición Canaria-- tres motivos: En primer lugar, la modificación del perímetro archipelágico supondría la quiebra del principio internacional de que las líneas de base recta no deben separarse excesivamente de las marcaciones de costa. En segundo lugar, supondría la utilización de un principio internacional de delimitación del perímetro archipelágico que sólo pueden aplicar los Estados archipelágicos y no los Estados con archipiélago. Entramos en un concepto estrictamente jurídico.
En tercer lugar, se expandiría --consideraba la Comisión Interministerial refrendada aquí por la posición del PSOE en el Senado-- la zona económica exclusiva obteniéndose aguas añadidas pero creando potenciales problemas con naciones soberanas ribereñas, a lo que se refería el señor Ferrer.
Es obvio que Canarias está en una situación de proximidad absoluta a la costa marroquí sahariana; es obvio que una posición del Gobierno de España, demarcando con nitidez el perímetro exterior de Canarias, aunque resolviera un problema a los canarios en el sentimiento, quizá produciría también un problema a los canarios en su conjunto, a la economía canaria en su conjunto. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia). No quiero entrar en ese detalle porque podríamos hablar largo y tendido.
Es evidente que había y hay un problema. Cuando se debatió la tramitación de esa proposición de ley de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Popular hizo un ejercicio de responsabilidad y votó a favor de su tramitación. Quiero recordar que el señor Juan Cardona, en aquel entonces Senador y portavoz del Grupo, vino a decir que la posición favorable a la tramitación de dicha ley no significaba que fuera una tramitación ligera, no modulada, no enmendada, con el exclusivo fin de no generar situaciones que pudieran colocar a Canarias, especialmente, en una situación comprometida. Esa fue la intervención del señor Juan Cardona para justificar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Hoy estamos en la misma tesitura. No nos alejamos mucho de esta situación porque este largo período de veinte años no se puede analizar diciendo que el Gobierno de España no ha hecho nada para fijar el perímetro exterior de las aguas canarias. No. El Gobierno de España ha venido analizando con sumo cuidado --diría que con prudencia-- una situación que era harto complicada.
Señorías, quisiera resaltar que este Senador, preocupado por esta cuestión, preocupado concretamente antes de que entrara en esta Cámara la moción del Grupo de Coalición Canaria, presentada por el Senador Ríos, el 29 de octubre de 1998, preguntó al Gobierno qué estaban haciendo

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los barcos Hespérides, Meteor y Tales, barco español, francés y alemán, respectivamente, en aguas canarias. Esa pregunta tenía por finalidad saber si realmente estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, es decir, una investigación de los fondos, del subsuelo canario, de las aguas de Canarias, para comprobar si se estaba confeccionando la cartografía de la zona económica exclusiva. Se me contesta en el sentido siguiente: En lo que se refiere a los trabajos para la elaboración de la cartografía señalada en la pregunta de su señoría, todavía no han concluido. Dada la extensión de la zona se prevén necesarias tres campañas en los años 1998, como así se ha efectuado en los meses transcurridos, 1999 y 2000, esperando completar la recogida de datos en el citado año 2000.
Por tanto, señorías, quiero dejar constancia en acta de que el Gobierno no ha estado parado, no ha estado mano sobre mano. Ha estado trabajando en una cuestión importante y fundamental para Canarias. Por ello, obviamente, en el curso de estos veinte años podemos decir que hay una preocupación y que estamos en ello. Pero, a mayor abundamiento, ¿qué se puede plantear a la vista de la normativa jurídica aplicable cuando se plantea la necesidad de desarrollar la Ley 15/1978? Lo que se plantea es que se encierren aguas internacionales. Ese es uno de los problemas, nuestro vecino, Marruecos, y aguas internacionales centradas especialmente entre Gran Canaria y Tenerife, seis millas de aguas internacionales.
España ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y lo ha hecho recientemente, en 1996, tanto en el Congreso como en el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galván de Urzaiz, debería ir terminando.


El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar concluir.
La ratificación de la Convención ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 14 de febrero de 1997. Si nos atenemos a la normativa jurídica aplicable, vinculante por el artículo 94 de la Constitución Española, es decir, se incorpora como Derecho positivo, y entraría en colisión con la posible normativa que regulara las mismas cuestiones que no coincidan con esta convención. Por lo tanto, es absolutamente vinculante para las partes, aunque podría haber diversidad de criterios fundados en Derecho. Está claro que los artículos 46 y 47 de la Convención hablan de Estados archipelágicos, de archipiélagos y de las capacidades y facultades que tienen los Estados archipelágicos. España precisamente no es un Estado archipelágico; España tiene archipiélagos, pero no es un Estado archipelágico.
Por ello, considero que esta moción, planteada de esta forma en este trámite parlamentario, en todo caso hubiera requerido, como bien han mencionado los compañeros Senadores, un largo proceso de estudio, de debate, de documentación y fundamentación. Porque, obviamente, lo que sí debemos hacer es trabajar en silencio, no despertar suspicacias ajenas y conseguir el fin, que es regular la situación de Canarias. En política eso es trabajar en positivo, consiguiendo al final rematar la labor.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar.


El señor GALVAN DE URZAIZ: Termino, señor Presidente.
Esa es nuestra posición. Por ello, no deberíamos mantener la posición de instar al Gobierno a la mayor brevedad posible, cuando ya se está trabajando en la cartografía de la zona económica exclusiva de Canarias, para terminar esos trabajos.
Por lo tanto, consideramos que el Gobierno está haciendo lo que tenía que hacer.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Ríos Pérez pide la palabra.) El artículo 87, que es un artículo mágico, como usted sabe, me permite conceder la palabra por tiempo de un minuto.
Tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Estoy autorizado a intervenir durante un minuto.
A la vista de los argumentos utilizados por el Senador del Partido Popular, me hubiera gustado que empleara el turno en contra para haber mantenido un debate a fondo, ya que en un minuto no voy a poder hacerlo.
Pero sí debo decirle dos cosas; la primera es que no me ha contestado al planteamiento de la moción. Además, ha hablado del perímetro exterior, al cual no me he referido en absoluto. Estamos hablando de las aguas interiores. Por si no ha leído la moción, la voy a volver a repetir, con el permiso del señor Presidente. Dice: El Senado insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, según dispone la disposición final primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario. No estoy hablando de modificar las leyes, señorías, ni de nada de esto.
Termino diciendo que me parece curiosísimo que el barco Hespérides esté haciendo prospecciones para la zona económica. Lo está haciendo para otra cosa, de lo que hablaremos sucintamente cuando entremos en los Tratados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Pérez García pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le concedo un minuto.


El señor PEREZ GARCIA: Senador Galván, como habrá observado, mi posición ha sido sumamente ponderada. Yo esperaba que su señoría no intentara casi caricaturizarla hablando de una intervención basada en los sentimientos.
No puede ser, porque resulta un poco fuerte

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digerir que cuando el Partido Popular vota a favor de una proposición eso sea un acto de responsabilidad y cuando vota en contra de una iniciativa parlamentaria distinta, que no se va a incorporar de inmediato a nuestro ordenamiento jurídico, también sea un acto de responsabilidad. O lo es en un momento o lo es en otro porque, si no, es llevar una mano por el cielo y la otra por el suelo.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador. (El señor Galván de Urzaiz pide la palabra.) Senador Galván, tiene su señoría la palabra.


El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono de todos los intervinientes, ratificándome en mi posición y señalando que he llevado el debate a términos jurídicos de normativa aplicable y, en todo caso, Senador Ríos, es cierto que, hablando de aguas interiores, encerramos aguas internacionales, y ese es el problema.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación el texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de febrero, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago canario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 96; en contra, 115; abstenciones, siete.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Dicha moción ha sido rechazada.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del día es el conocimiento de tratados y convenios.
Pido a sus señorías que si tienen que salir de la sala, lo hagan en silencio porque viene un momento en el que hay que hablar mucho.


-- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, ASI COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO Y SEGUNDO RELATIVOS A SU INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARACION COMUN RELATIVA AL PROTOCOLO ANEXO AL CONVENIO DE ROMA. (S. 610/000179) (C.D. 110/000179)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primero es el Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al Protocolo anexo al Convenio de Roma.
No se han presentado propuestas. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y, por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.


-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA INDIA SOBRE LA MODIFICACION DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA INDIA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 10 DE ABRIL DE 1987. (S. 610/000180) (C.D. 110/000180)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987.
No se han presentado propuestas; tampoco hay petición de palabra.


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¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Canje de Notas.


-- SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA (NUMERO 162), HECHO EN ESTRASBURGO EL 5 DE MARZO DE 1996. (S. 610/000181) (C.D. 110/000181)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996. No hay propuestas, tampoco petición de palabra. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades.


-- ACUERDO SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN MADRID EL 11 DE DICIEMBRE DE 1997. (S. 610/000182) (C.D. 110/000182)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997. No hay propuestas. (El Senador Ríos Pérez pide la palabra.) El señor Ríos tiene la palabra en turno de portavoces.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997, se habla de inversiones y se incluyen inversiones terrestres e inversiones en zonas marítimas. El punto 4 dice lo siguiente: el presente acuerdo se aplicará al territorio de cada una de las partes contratantes, así como a las zonas marítimas de cada una de las partes contratantes, esta última definida como la zona económica y la plataforma continental que se extienden más allá del límite de las aguas territoriales de cada una de las partes contratantes y sobre las cuales éstas tienen o pueden tener de conformidad con el Derecho Internacional, derechos soberanos y jurisdicción a efectos de prospección, explotación y preservación de los recursos naturales.
Este Senador se sorprende de que se haga un Tratado de este tipo, cuando no están delimitadas estas zonas con respecto, por ejemplo, a Canarias.
Asimismo, quiero recordar que, con fecha 23 de junio de 1998, se debatió en esta Cámara una moción, que fue aprobada con la unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios:

1. El Senado insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad, y en todo caso, antes de que finalice el próximo período de sesiones, elabore y proponga a las Comunidades Autónomas un procedimiento concreto, para que, con carácter general y en aplicación del principio de cooperación, institucionalice la información a las Comunidades Autónomas en el proceso interno de elaboración de tratados y convenios internacionales en las negociaciones de adhesión a los mismos en cuanto que afecten a materias de específico interés de dichas Comunidades y de manera que haga posible el diálogo adecuado al efecto.
2. El antedicho procedimiento definirá el alcance que deba darse en este contexto al concepto «específico interés de las Comunidades Autónomas» en relación con las competencias propias de éstas, y regulará tanto los supuestos en que dicho interés sea de varias Comunidades Autónomas, como los que se correspondan con una sola.
3. Mientras se elabora el procedimiento en cuestión, se insta al Gobierno a que continúe intensificando la información a las Comunidades Autónomas sobre la elaboración de tratados internacionales a través de las correspondientes conferencias sectoriales y de manera bilateral, según los casos.
Como tengo la información de que el Gobierno de Canarias no ha sido, en absoluto, informado sobre este tema y, además, por lo que he comentado anteriormente respecto a cómo se contrata sobre zonas que no están deslindadas, ruego al señor Presidente que ponga a votación este Tratado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, ahora vamos a someter a votación un acuerdo concreto de los tratados internacionales.
Previsiblemente, dentro de los muchos acuerdos y tratados que hoy hemos de aprobar, habrá otro respecto del que también se va a pedir votación; concretamente, del número 24.
Les sugiero, si ustedes me dan permiso, que ahora votemos éste, tratemos inmediatamente el siguiente que tendremos que votar y luego continuaríamos con los otros. (Asentimiento.) Vamos a someter a votación el acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 198; en contra, dos; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997.


-- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL MAR, HECHO EN LISBOA EL 2 DE MARZO DE 1998. (S. 610/000198) (C.D. 110/000201)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto número 24 del orden del día, que es el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho

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en Lisboa el 2 de marzo de 1998. (El Senador Ríos Pérez pide la palabra.) No se han presentado propuestas.
Tiene la palabra, en turno de portavoces, el Senador don Victoriano Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Además de lo que he indicado en relación con que no hemos estado informados en absoluto con respecto a un tema que nos afecta directamente, como es el tráfico ilegal de drogas en la zona de Canarias, hay un problema importantísimo, que es el diferente trato que van a tener Portugal y España en estos casos, en tanto en cuanto hay exclusividad en la zona territorial y la hay del pabellón del barco correspondiente en la zona no territorial. Por lo tanto, en esa famosa franja que habíamos comentado que las Azores ni Madeira tienen y nosotros sí, podremos tener la presencia de los buques de guerra portugueses y en ningún caso habrá buques de guerra españoles entre las islas portuguesas de los archipiélagos. Por lo tanto, también ruego que se ponga a votación.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por tanto, vamos a someter a votación el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 200; en contra, uno; abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.


-- DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE GEORGIA AL CONVENIO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (S. 610/000185) (C.D.
110/000186)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Declaración de aceptación por España de la adhesión de Georgia al Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicha Declaración.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 1998.
(S. 610/000186) (C.D. 110/000187)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Acuerdo.


-- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO CIVIL CONCLUIDO EN LA HAYA EL 1 DE MARZO DE 1954, HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997. (S. 610/000187) (C.D. 110/000188)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre España y Rumanía complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.


-- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, MODIFICANDO EL CONVENIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1979, HECHO EN RABAT EL 27 DE ENERO DE 1998. (S. 610/000188) (C.D. 110/000189)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Protocolo Adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998.
No se han presentado propuestas y tampoco hay peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Protocolo Adicional.


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-- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997.
(S. 610/000189) (C.D. 110/000190)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre España y Rumanía sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Convenio.


-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MARZO DE 1995, Y DECLARACIONES FORMULADAS EN RELACION CON EL MISMO.
(S. 610/000190) (C.D. 110/000191)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo.
No hay propuestas; tampoco hay peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.


-- CONVENIO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES (ETO), HECHO EN COPENHAGUE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1996. (S. 610/000191) (C.D. 110/000192)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague el 1 de septiembre de 1996.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabras.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
-- TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA, FIRMADO EN MANAGUA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997. (S. 610/000192) (C.D. 110/000193)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 12 de noviembre de 1997.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Tratado de Extradición.


-- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, ASI COMO AL PROTOCOLO RELATIVO A SU INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON LAS ADAPTACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE DINAMARCA, DE IRLANDA Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA HELENICA, ASI COMO POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996.
(S. 610/000193) (C.D. 110/000194)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales, en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Convenio.


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-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS DURANTE ESTANCIAS TEMPORALES EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DECLARACIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION PENAL.
(S. 610/000194) (C.D. 110/000195)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo del acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania sobre el estatuto de las fuerzas españolas durante estancias temporales en la República Federal de Alemania y Declaraciones relativas al ejercicio de la Jurisdicción Penal.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este canje de notas.


-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, FIRMADO EN BRUSELAS EL 26 DE JULIO DE 1995.
(S. 610/000195) (C.D. 110/000196)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.
No se han presentado propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.


-- ENMIENDA DEL PARRAFO 13 DE LAS REGLAS DE FINANCIACION ANEJAS A LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO, ADOPTADA EN ROMA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1981. (S. 610/000196) (C.D. 110/000197)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación anejas a los Estatutos de la Organización Mundial de Turismo, adoptada en Roma el 25 de septiembre de 1981.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicha enmienda.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN LA PAZ EL 16 DE MARZO DE 1998.
(S. 610/000197) (C.D. 110/000200)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.


-- PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL MEDITERRANEO, FIRMADO EN BARCELONA EL 10 DE JUNIO DE 1995, ANEXOS, ADOPTADOS EN MONACO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y DECLARACIONES ADJUNTAS A DICHO PROTOCOLO. (S. 610/000199) (C.D.
110/000202)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto 24 del orden del día ya ha sido sustanciado.
Pasamos al punto número 25: Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de julio de 1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho protocolo.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA COMPOSICION DE LA COMISION NACIONAL DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (S. 621/000105) (C.D. 121/000117)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto quinto del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es el proyecto de ley por el que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Velasco.


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El señor VELASCO BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a los efectos de evitar que el proyecto se ponga a votación por asentimiento sin haber hecho antes una mínima reseña o consideración del trámite llevado a cabo en el Senado.
Defenderé el mismo señalando que, como indica la exposición de motivos del texto remitido por el Congreso, el proyecto de ley trae su causa de la Ley Orgánica del Poder Judicial 5/1997, de 6 de diciembre, cuyo apartado 3 del artículo 350 establece que, fuera del Tribunal Supremo, los Magistrados de dicho Tribunal sólo pueden ser presidentes de tribunales de oposición a ingreso en la carrera judicial o miembros de la Junta Central Electoral.
La Ley 35/1995 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual recogía en su artículo 11 la creación de una Comisión nacional competente para resolver los procedimientos de impugnación de las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de las ayudas a estas víctimas reguladas por dicha Ley. Comisión que dispuso que fuese presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Como puede comprobarse, al impedir esta posibilidad la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se hacía preciso modificar este artículo 11 a fin de que este órgano colegiado continúe siendo presidido por un miembro de la carrera judicial que no tenga la condición de Magistrado del Tribunal Supremo. Este es el imperativo legal de este proyecto de ley que consta de un preámbulo y un artículo único por el que se modifica el apartado 2 del antes citado artículo 11. Proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso por la Comisión de Justicia e Interior, actuando con competencia legislativa plena, sin haber sido presentada ninguna enmienda al mismo.
Proyecto de ley que en este trámite de consideración parlamentaria en el Senado no ha sido objeto de la presentación de enmienda alguna; por tanto, no ha dado motivo a la creación de la Ponencia que lo informase ni a la emisión del dictamen por parte de la Comisión de Justicia.
Se ha traído directamente, cumpliendo el Reglamento, al Pleno de la Cámara, en donde yo espero que sea aprobado por asentimiento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Velasco Bueno.
Como no hay otra intervención, procederemos a votarlo por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos contra la Libertad Sexual.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: -- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CANTABRIA.
(S. 605/000006) (C.D. 127/000006)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del día, el sexto, se refiere a los dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El que figura como número 27 hace referencia al dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Para la presentación de dicho dictamen, tiene la palabra el Senador don José Luis Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Señor Presidente, señores Senadores, es para mi una satisfacción y un honor presentarles esta proposición de ley; honor y satisfacción que dimana de mi condición de Senador por Cantabria y de haber sido Diputado de la Asamblea Regional de Cantabria durante doce años, motivo por el que llevo cuatro años como Senador autonómico.
Permítame, señor Presidente, desde esta condición, saludar a los invitados que han venido desde Cantabria para acompañarnos en este día, encabezados por el Presidente de la Asamblea Regional, por los Ponentes y Diputados regionales y la representación del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esta proposición de ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria tuvo entrada en el Senado el 28 de septiembre de 1998, con el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento se remitió a la Comisión General de Comunidades Autónomas, y abierto el plazo de presentación de enmiendas, se recibieron dieciséis, catorce del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia designada por la Comisión, en sesión celebrada el 26 de octubre, acordó la incorporación en su informe de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, que eran idénticas, y rechazar las catorce enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 26 de octubre de 1998, que contó con la presencia y participación del Presidente de la Diputación Regional de Cantabria, aprobó el informe de la Ponencia con todos los votos favorables menos una abstención.
Igualmente se acordó, por unanimidad en este caso, en la misma sesión de la Comisión, la inclusión de trece modificaciones o correcciones advertidas como necesarias durante la tramitación en este Senado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallines.
Para consumir un turno a favor, tiene la palabra la Senadora doña Gema Díaz Villegas.


La señora DIAZ VILLEGAS: Señor Presidente, señorías, culmina hoy aquí, en esta Cámara, a falta del trámite de aprobación final por el Congreso de los Diputados, un proceso trascendente e histórico en el caminar de Cantabria como Comunidad Autónoma. Llegamos a la recta final de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Pero antes de continuar permítame, señor Presidente, que exprese el saludo y el agradecimiento por su presencia al Presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, don Adolfo Pajares, así como a los parlamentarios autonómicos, ponentes y artífices de la reforma, y que hoy representan más que nunca al pueblo cántabro.
Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta Cámara de representación territorial.
Señorías, hoy es un gran día para Cantabria. El acto en el que nos encontramos cierra el ciclo de una importante y profunda reforma, que es la expresión viva del diálogo y del acuerdo, y que ha tenido siempre presente, no sólo el orgullo y el respeto por nuestras raíces y por nuestra identidad histórica, sino que su compromiso ha estado en lograr que, en el nuevo Estatuto, puedan integrarse las ideas de todos y encuentre así respuesta la Cantabria del siglo XXI.
Este proceso comenzó con la creación de una ponencia que inició el difícil pero fructífero trabajo de sentar las bases para un mayor autogobierno y fijar como eje fundamental la equiparación competencial con el resto de las Comunidades Autónomas, dentro de lo que nuestra Carta Magna prevé en su artículo 149, y con el firme propósito de hacer del diálogo el instrumento fundamental de su actuación y que permitiera elaborar y presentar una propuesta de reforma que, sin ningún matiz partidista, fuese de todos y para todos. Para ello, fueron llamadas a comparecer ante dicha Ponencia los sectores sociales, económicos, culturales, académicos, es decir, prácticamente todos los representantes de la sociedad, cuya opinión se recabó para conocer cuantas inquietudes, demandas, aportaciones y sugerencias en relación al autogobierno y a las instituciones de Cantabria pudieran proporcionarnos.
Este esfuerzo y este trabajo culminaron, como establece la propia exposición de motivos de la proposición de ley, en una reunión en un pueblo tan profundamente cántabro como Carmona, en Cabuérniga, en donde se selló un texto fruto del más firme y responsable consenso.
Señorías, tras casi 17 años de ejercicio de la autonomía en la que Cantabria se ha consolidado como región y ha afianzado su identidad, esta meditada y profunda reforma no significa sólo un mayor número de competencias, sino que nos reafirmamos en la voluntad de autogobierno de los cántabros en el conjunto de España.
Señor Presidente, no puedo pasar sin hacer --eso sí, de forma muy somera-- referencia a algunos de los contenidos de esta reforma que, nuestro Grupo, piensa que son dignos de destacar. Nos referiremos, entre otros, a la modificación que se introduce para la mejor definición de sus instituciones, a la vez que clarifica y reordena su contenido. Así, nos encontramos con que la Asamblea Regional se denominará Parlamento porque creemos que es un concepto mucho más claro que representa mucho mejor su contenido. El Consejo de Gobierno será Gobierno de Cantabria.
Desaparecerá la Diputación Regional y el cuestionado artículo 58 que permitía la anexión a una Comunidad limítrofe. Asimismo, se crean instituciones nuevas como el Consejo Consultivo o el Defensor del Pueblo, de gran transcendencia ambas.
Se facilita también el trabajo a los diputados y se fomenta una mayor actividad parlamentaria al ampliar el período de sesiones de cuatro a ocho meses. Desaparecen las barreras sobre el límite que existía respecto del número de consejerías. Se le otorga al Presidente la capacidad de disolución anticipada de la Cámara y convocatoria de nuevas elecciones al igual que se ha hecho con otras reformas que ya se han tramitado siguiendo la lógica coordinación electoral que nos lleva a una economía electoral.
De esta reforma, en cuanto a materia institucional se refiere, nos satisface enormemente la relación que queda establecida entre los distintos poderes de la Comunidad y el equilibrio de esta relación. En materia de competencias, señorías, se redefinen algunas de las existentes a la vez que se incorporan otras, a nuestro juicio, de relevancia e interés máximos, puesto que se trata de cuestiones hacia las que somos todos especialmente sensibles porque nos afectan en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, como es el caso de la gestión sanitaria que estamos seguros de que va a mejorar notablemente al aproximarse al ciudadano y obtener así, por lo tanto, un mayor conocimiento de sus problemas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular insiste en afirmar que hoy es un día especialmente satisfactorio para todos los cántabros. Permítanme que les exprese mi satisfacción personal e, incluso, yo diría que mi emoción por poder intervenir y participar directamente en esta recta final con mi voto para apoyar esta importantísima reforma.
Por cierto, les voy a llamar la atención sobre algo que quizás no tenga especial significado para sus señorías, pero que para esta Senadora que les habla va a suponer un hecho destacado en su humilde patrimonio político, y es que soy la única persona que ha tenido la oportunidad de votar dos veces, es decir, de votar doblemente esta reforma. Esto me satisface mucho porque tenemos una gran confianza en que Cantabria, con esta reforma y con la asunción de competencias que la misma conlleva, sienta satisfechas sus aspiraciones y aproxime a los ciudadanos los centros de decisión y de gestión; es decir, el autogobierno; un autogobierno en el que el pueblo cántabro, a través de sus representantes políticos, ha demostrado tener absoluta confianza en su capacidad y, por ello, ha apostado fuertemente por la descentralización, moviéndose dentro de los límites que nuestra Constitución nos da, que es la que nos garantiza el derecho a la igualdad

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en la diferencia, al tiempo que garantiza una España solidaria y plural que permite la convivencia pacífica de la diversidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Díaz Villegas.
Si no hubiera turno en contra, pasaríamos ya al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Joaquim Ferrer.


El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, intervengo para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en este importante trámite de ratificación y votación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Adelanto ya que, naturalmente, nuestro voto será a favor, pero debo decir que nuestro posicionamiento se construye a partir de la creencia de que este acto parlamentario es, sin duda, un signo de vitalidad del Estado de las Autonomías. Por consiguiente, y como acabamos de oír, hoy es un gran día para Cantabria, pero también lo es para el conjunto del proyecto político.
Una característica importante de esta reforma, que nos fue comunicada e informada por el Presidente de Cantabria, es que ha sido elaborada y tramitada con la unanimidad de todo el Parlamento de Cantabria. Creo interesante, por tanto, subrayar esta característica importante del proyecto que hoy culmina.
Pero aparte de esta constatación, no puedo evitar hacer referencia a algo que va dirigido a la Comunidad Autónoma de Cantabria aunque en realidad se dirige a todos. La reforma de un Estatuto de Autonomía no es un trámite cualquiera, sino un trámite importante. Por consiguiente, aunque sea telegráficamente, voy a enunciar los tres puntos que constituyen la trabazón del Estado de las Autonomías.
En primer lugar, podemos decir que al reformar un Estatuto de Autonomía nos damos cuenta de que la autonomía no fue un hallazgo exótico, sino que fue simplemente el reencuentro de una tradición que durante muchos siglos había ido configurando la estructura política adecuada para conservar y defender la diversidad congénita de la Península Ibérica. Por tanto, nos damos cuenta de que la autonomía va haciendo su camino, no echando sus raíces, sino encontrando las que ya tenía. Primera constatación.
Una segunda constatación, que sirve tanto para Cantabria como para todas las demás Comunidades Autónomas, es que autogobierno equivale a responsabilidad, equivale a más competencias, como las que se configuran en esta reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, equivale a una mayor responsabilidad. Esto es algo que también se nos debe recordar a todos. El lícito deseo de ampliar las competencias significa también para todas las Comunidades Autónomas, no sólo para Cantabria, profundizar en su responsabilidad para ejercerlas.
En tercer lugar, quiero recordar también que el derecho a la autonomía política, reconocido y afirmado en la Constitución, es un derecho permanente, es decir, no es un derecho para unos días, no es una foto fija, como nos ilustra hoy el acto que estamos protagonizando entre todos al votar por unanimidad --creo que así será-- esta reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Repito que nuestro Grupo de Convergència i Unió la votará favorablemente, y se felicita, no solamente por esta reforma obtenida por unanimidad, sino por la buena salud política de que goza nuestro Estado de las Autonomías.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora doña María Dolores Gorostiaga.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los representantes de la Asamblea Regional de Cantabria que nos acompañan en este acto encabezados por su Presidente, al Consejero de Presidencia, y a los ponentes que fueron capaces de llegar a ese consenso que vamos a citar durante este acto --al menos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista así lo haremos-- y que ha dado lugar a esta reforma del Estatuto. Bienvenidos, señorías.
Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Y voy a intentar hacerlo procurando transmitirles mi convencimiento, y el de mi Grupo, de que estamos ante un texto legal de suma trascendencia para la Comunidad Autónoma de Cantabria y, sobre todo, para los ciudadanos y las ciudadanas de Cantabria, porque en el marco de este texto legal van a tener la posibilidad de alcanzar un mayor desarrollo y bienestar.
Los socialistas y las socialistas hemos afrontado desde un principio la reforma del Estatuto con una concepción integradora del Estado. Ya decía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que no queríamos ser más que nadie; que no pretendíamos demostrar que teníamos más o menos historia que otra Comunidad Autónoma; que sólo queríamos --y es lo que deseábamos con la reforma de este Estatuto-- que nuestra Comunidad Autónoma se desarrollara en la forma prevista en la Constitución Española.
Los socialistas queríamos una reforma que fuera el resultado de la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil de Cantabria. Y así ha sido: en la reforma que en estos momentos se encuentra en este trámite del Senado la sociedad civil de Cantabria ha dejado oír

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su voz; y no sólo eso, sino que sus sugerencias también están recogidas.
También queríamos una reforma que fuera el resultado del mayor consenso político posible. Y así ha sido: la reforma que estamos debatiendo viene avalada por todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Cantabria; grupos que, desde muy diferentes maneras de entender la política como un medio de cambiar la sociedad, han sido capaces de llegar a puntos comunes en aras de ese consenso que hoy vemos plasmado aquí.
Por otro lado, como decía la portavoz del Grupo Popular, la reforma coincide con la de otros Estatutos del artículo 143 en temas como la capacidad de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones por el Presidente; la reforma del funcionamiento de la Cámara legislativa con la ampliación del período de actividad y la dedicación de los Diputados; el establecimiento de la figura del Defensor del Pueblo y el Consejo Jurídico Consultivo; la remodelación del ámbito competencial, y la incorporación de nuevas competencias, como la sanidad. Una vez incorporada esta competencia, junto con la de educación, que desde 1994 incluye nuestro Estatuto, podremos afirmar que nuestro nivel competencial será semejante al de cualquier otra Comunidad Autónoma en el marco de lo establecido por la Constitución.
La reforma presenta también algunos rasgos característicos. El primero que quisiera destacar es que observamos que por primera vez en un texto de estas características se utiliza el lenguaje no sexista, es decir la dualidad del masculino y el femenino, siempre que se refiere a cargos de representación. Asimismo, se introduce el término «comunidad histórica», a nuestro juicio más adecuado que la denominación anterior de «entidad regional histórica». Se reordenan las instituciones. Se suprime la Diputación Regional, que configuraba una imagen de continuidad con la institución provincial anterior. Por otro lado, desaparece el famoso artículo 58 --al menos lo es y mucho en Cantabria--, según el cual creo que este era el único Estatuto de Autonomía que preveía la posibilidad de incorporarse a otra Comunidad Autónoma.
Y en la disposición adicional segunda se introduce una referencia concreta que me gustaría destacar. A sus señorías puede extrañarles que en un Estatuto de Autonomía aparezca una referencia concreta a un hospital: al hospital universitario Marqués de Valdecilla. Pues bien, en un segundo pretendo explicarles el porqué. El hospital Marqués de Valdecilla es una parte importante del pasado, presente y futuro de Cantabria. Es una parte muy apreciada de nuestra historia y de nuestras señas de identidad. Como seguramente ustedes saben, recibe enfermos de toda España, ha sido y es pionero en materia de investigación y docencia y un hospital de referencia nacional. La pretensión es que lo siga siendo una vez que se produzca la transferencia de la sanidad a la Comunidad Autónoma; de ahí la cautela que se establece en esa disposición adicional.
Señor Presidente, señorías, estamos ante una reforma muy realista, muy apegada a la realidad presente de Cantabria, pero con una clara vocación y visión de futuro. Para esta reforma solicito su apoyo, se lo agradezco de antemano, y acabo formulando un deseo que no es sólo mío ni del Grupo Socialista, sino que también lo es de la mayoría de los cántabros y las cántabras: que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria sirva para garantizar nuestra convivencia, gobernarnos mejor, e impulsar nuestro crecimiento económico, porque ello traerá como consecuencia un mayor bienestar y calidad de vida. El que el Estatuto sea eficaz y sirva para todo ello va a depender de su buena aplicación, y ésta también va a ser una tarea de todos y todas.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Gorostiaga.
Si en este turno de portavoces no hubiera otra petición de palabra, pasaríamos al debate de las enmiendas. Hay un voto particular, el número 1, presentado por el Senador Román Clemente, que tiene la palabra para su defensa.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los miembros del Parlamento y del Gobierno de Cantabria.
Paso a exponer las enmiendas que hemos presentado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Señorías, somos conscientes, y en esta ocasión tampoco ha sido una excepción, de que en todo trámite parlamentario puede haber ajustes, se pueden recoger previsiones, como mejoras técnicas --aunque algunas veces no lo son tanto--, o simplemente se pueden adecuar las competencias que se proponen desde otras instancias.
Señorías, desde Izquierda Unida también reconocemos un gran avance en cuanto al techo competencial, lo que va a facilitar que se pueda gestionar un volumen importante de poder político en manos del pueblo de Cantabria. Asimismo, conocemos la posibilidad de un mejor funcionamiento del Parlamento. Y quisiera reflexionar sobre estas cuestiones. Izquierda Unida no entiende, por qué razón los Estatutos de Autonomía tienen que marcar una limitación de partida, pero, sí entiende que al final de todo un proceso cada uno de los pueblos marcará su capacidad o su velocidad para el autogobierno.
Sus señorías conocen la filosofía que desde Izquierda Unida siempre hemos planteado en trámites parlamentarios similares, que consiste --lo hemos dicho y lo reiteramos ahora también-- en introducir un modelo de Estado donde funcione la profundización del autogobierno, a la vez que los elementos de solidaridad.
Por estas razones hemos presentado 14 enmiendas, las únicas que quedan.
Las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista fueron incorporadas. Estas enmiendas plantean aumentar o incrementar la capacidad de autogobierno --quiero resaltar en concreto las enmiendas números 7 y 8, que luego analizaré con más profundidad--, como también pruducir un equilibrio entre el funcionamiento y las competencias del Parlamento frente al Gobierno.


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La enmienda número 1 pretende que Cantabria, como Comunidad Autónoma del Estado español y como pueblo europeo, pueda participar en la construcción de la Unión Europea, tanto con su presencia en los foros institucionales estatales y europeos correspondientes, como con su cooperación en la realización del derecho comunitario en el ámbito de sus competencias.
La enmienda número 2 pretende una mayor descentralización de la administración territorial de la Comunidad Autónoma.
La enmienda número 3 pretende regular la distribución territorial de la Comunidad Autónoma, sus municipios y comarcas, sin perjuicio de su desarrollo legislativo.
Me refería antes --ahora lo voy a hacer de forma más extensa-- a que en la enmienda número 4 se propone adicionar a las competencias del Parlamento de Cantabria las siguientes: aprobar los planes económicos, presupuestos de programas de desarrollo autonómico y propuestas de Fondo de Compensación Interterritorial; aprobar la ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad Autónoma; conocer y aprobar resoluciones sobre el informe anual del Consejo Económico y Social de Cantabria; proponer, en su caso, los miembros que representen a la Comunidad Autónoma en el Consejo Económico y Social del Estado, que establece el artículo 131.2 de la Constitución, así como los que representen a la Administración autonómica en el Consejo Económico y Social de Cantabria; decidir la remisión de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87 de la Constitución Española, así como el control de los medios de comunicación de titularidad o participación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La enmienda número 5 propone incorporar el siguiente texto: «Una ley regulará un código ético para los Diputados y altos cargos.» La enmienda número 6 es de supresión y se justifica porque amplía la capacidad del Presidente del Parlamento de disolución anticipada, eliminando la actual restricción.
La enmienda número 7 --a ello me refería anteriormente-- propone añadir como competencias exclusivas las siguientes: Sanidad, higiene y ordenación farmacéutica, y coordinación hospitalaria en general; montes, aprovechamiento forestal, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos; régimen local; colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación, cofradías de pescadores y demás corporaciones de Derecho público.
La enmienda número 8 pretende una corrección. Si tratamos de incrementar las competencias exclusivas, corregimos también otros aspectos correspondientes al apartado Trigésimo primero, artículo 25.
La enmienda número 9 también pretende establecer competencias que deben ser de desarrollo legislativo. Me remito al texto que se refiere a lo siguiente: prestaciones y servicios sociales del Sistema de Seguridad Social, Imserso; la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y un sistema de consultas populares que tampoco se ha ocultado, ya que lo hemos planteado en otras reformas de estatutos en esta Cámara.
La enmienda número 10 también es una adecuación al articulado.
La enmienda número 11 añade un nuevo apartado, con el siguiente texto: «Participación en la gestión de fondos estatales y comunitarios de desarrollo territorial y promoción económica, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 138 y 149 de la Constitución». Con ello, tratamos de ampliar la capacidad de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La enmienda número 12 --y voy terminando, señor Presidente-- pretende ampliar el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, sin circunscribirlo únicamente a la vigilancia y protección de edificios e instalaciones. Para ello proponemos añadir el siguiente texto: «Para el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma podrá convenir con el Estado la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica aludida en el número 29 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución».
La enmienda número 13 persigue la creación del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para ello se propone sustituir el texto del artículo por el siguiente: «El control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas de Cantabria. El informe del Tribunal de Cuentas será remitido, además de a las Cortes Generales, al Parlamento de Cantabria».
Por último, señorías, la enmienda número 14 hace referencia a la corresponsabilidad que también señalaba el Portavoz de Convergència i Unió. Por ello planteamos el siguiente texto como una forma de eliminar los actuales desequilibrios económicos derivados de los regímenes fiscales especiales mediante la compensación interterritorial: «A los efectos de concretar lo dispuesto en el artículo anterior, y de forma particular la participación territorializada de Cantabria en los tributos generales y la aprobación de recargos sobre tributos del sistema fiscal general, en el marco de lo dispuesto por el artículo 157.3 de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y atenderá singularmente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial».
Con ello, señor Presidente, doy por defendidas todas las enmiendas presentadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.


La señora DIAZ VILLEGAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a dar respuesta a las enmiendas que Izquierda Unida acaba de defender, y aunque vamos a hacerlo con suma brevedad, subo a esta tribuna por cortesía.


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Señorías, a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley, ya desde su origen en la Asamblea Regional, en su paso por el Congreso de los Diputados y hace hoy una semana en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la postura del Grupo Parlamentario Popular ha sido y sigue siendo respetar el texto que el día 13 de febrero de 1998 se aprobó en el Parlamento cántabro con el apoyo entusiasta de sus 39 Diputados regionales, con esa satisfacción y con esa fuerza que añade la unanimidad y absolutamente esperanzados de que llegase al final, es decir, al momento en que nos encontramos, sin sufrir modificaciones.
Este, señorías, era el deseo y la demanda de los cinco Grupos con representación parlamentaria en la Asamblea Regional que, conocedores de la realidad cántabra, apoyaban en bloque el contenido de una reforma que potencia el autogobierno y lo aproxima a los ciudadanos para, desde la cercanía, hacerlo más ágil, más eficaz, más identificado con sus necesidades, algo que, sin duda, se traduce en mayor bienestar, en mejores condiciones de vida para los hombres y mujeres de Cantabria.
Hemos escuchado atentamente la intervención del señor Román Clemente, como el otro día lo hicimos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero vamos a manifestar que no aceptamos las enmiendas si bien, como no podía ser de otra manera, respetamos absolutamente el derecho de su Grupo a enmendar, respetamos esa voluntad de enmendar, pero estamos en desacuerdo con ella.
El Portavoz de Izquierda Unida ha manifestado con claridad --lo hacía también en Comisión-- que respeta y valora el consenso. A nuestro juicio, la mejor manera de materializar ese respeto al consenso es manteniendo la unanimidad. Por lo tanto, vamos a rechazar conjuntamente sus enmiendas sin entrar a debatirlas, aunque, por qué no decirlo, señor Román Clemente, algunas de sus aportaciones pudieran ser interesantes como un debate político intelectual, pero ya hemos manifestado por qué no las vamos a admitir: Primero, porque asumimos de muy buen grado el compromiso de respeto a la voluntad del pueblo cántabro. Segundo, porque respetamos a sus representantes en el Parlamento regional, a quienes no se les brindó la ocasión de debatir estas enmiendas que, de incorporarse, alterarían y quebrarían lo acordado en Cantabria. Tercero, porque pensamos, sinceramente, que es una reforma cuyas incorporaciones y reordenaciones competenciales no dejan duda del alto nivel de decisión y de gestión del que va a disfrutar Cantabria a partir de ahora.
Señor Presidente, señorías, Cantabria tiene fe en sí misma y confía plenamente en su capacidad de autogobierno. Cantabria sabe lo que quiere y lo ha expresado en un texto. Mantengámoslo, por tanto, en sus términos y no lo enmendemos. Esto, señorías, es la petición que el Grupo Parlamentario Popular hace a los demás Grupos representados aquí en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
El Senador Román Clemente tiene la palabra.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
A pesar de los requerimientos que se hacen debido a la hora, diré que el tema es lo suficientemente importante para no depender de ella, señoría, y le aseguro que soy fiel respetuoso del Reglamento en los tiempos, incluso soy generoso.
Respetar el texto es un objetivo que marcaba su señoría, y me lo decía en la Comisión, pero quiero recordarle también que, a veces, cuando queremos modificar algo acudimos a esa fórmula llamada mejoras técnicas, y que no siempre obedecen a tales mejoras técnicas pero, al fin y al cabo, también es una forma de modificar el texto.
Coincido con su señoría en que también nosotros tenemos fe en el pueblo de Cantabria y no dudamos en absoluto, sino todo lo contrario, creemos en su capacidad de autogobierno. Precisamente por esa razón formulamos las enmiendas; por eso incrementamos las competencias; por eso, obedeciendo a una línea que es coherente, que se mantiene dentro de un modelo de Estado --que ya hemos tenido oportunidad de decir que es un Estado Federal y solidario--, entendemos que todos los pueblos tienen el derecho a decir cómo y cuándo marcan el ritmo de su autogobierno.
Quisiera resaltar precisamente, y no contraponer, que el motivo fundamental de la presentación de estas enmiendas no es sólo establecer un debate intelectual. Sin duda, el debate se podrá establecer en el tiempo. Me podrá decir su señoría que ahora no porque quiere respetar una decisión adoptada unánimemente por el Parlamento, pero no le quepa la menor duda de que con el tiempo hablaremos porque en sí mismo todo estatuto puede ser nuevamente reformado incrementando su techo competencial, mejorando la capacidad de autogobierno de un pueblo.
Como no ha entrado tampoco en cada una de las enmiendas, yo no lo voy a hacer, no voy a repetirle los argumentos que nos han llevado a presentarlas. Simplemente quiero recordar que tenemos fe en el pueblo de Cantabria. No dudamos de su capacidad de autogobierno. Tenemos un modelo de Estado, señorías, y por eso presentamos las enmiendas que hemos defendido esta tarde.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Llevamos cinco horas de Pleno, les pido poder continuar hasta la finalización del mismo que será dentro de muy poco, previsiblemente.
En turno de portavoces, ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Gorostiaga.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.


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El Grupo Parlamentario Socialista también se va a oponer a las enmiendas presentadas por el Senador Román Clemente en aras del consenso con que viene la Ley de la Asamblea de Cantabria.
Asimismo, quisiera hacerle notar que es cierto que no hay nada inamovible, señor Román Clemente. Es posible que dentro de unos años --de hecho estamos ante una reforma, por tanto, han cambiado las cosas-- haya que volver a revisar el Estatuto. Pero yo, en mi intervención anterior y en la Comisión de Comunidades Autónomas, intentaba explicarle --creo que algún otro portavoz lo ha hecho-- que los grupos políticos de la Asamblea regional tienen un amplio abanico de visiones políticas. Han visto, conocen --estará usted conmigo en que muy bien-- cuál es la realidad actual de nuestra Comunidad, cuáles eran las necesidades y las cotas de autogobierno que queríamos o necesitábamos en estos momentos, y estoy convencida de que los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional también creen, saben y son conscientes de que en unos años seguramente tendremos que volver a reformarlo. Pero el momento es éste. El momento en que estamos debatiendo esta reforma es ahora.
El Grupo Socialista cree, creyó en la Asamblea Regional, creyó en el Congreso y cree en esta Cámara que esto es lo que queríamos para Cantabria en estos momentos, conociendo su realidad. Creemos esto y queremos que el consenso con que salió de aquella Cámara siga hasta el final del trámite, razón por la que nos vamos a oponer a sus enmiendas, agradeciéndole --eso está claro-- que quiera más para nosotros. Se lo agradecemos infinitamente. Pero en estos momentos, todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, así como en los sucesivos trámites, hemos creído que esta reforma está ajustada a la realidad y que va a cumplir las expectativas de Cantabria, por lo que nos oponemos a sus enmiendas.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.


La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez que consideramos que ha quedado clara nuestra posición sobre las enmiendas --por cierto, Senador Román Clemente, no le digo que las mismas sólo me merezcan una consideración como debate intelectual, sino como debate intelectual y político, pero, por las razones que ya le expuse, creo que no es ocasión de entrar en el mismo--, permítanme, señorías, que les exprese una vez más la alegría y el entusiasmo, así como la esperanza al sentir que ya estamos tocando la cima que nos propusimos alcanzar.
Queremos compartir estos sentimientos, en primer lugar, con quienes se han desplazado desde Cantabria --Presidente de la Asamblea, ponentes, Consejero de la Presidencia, que ostenta la representación del Presidente del Gobierno cántabro-- a presenciar con nosotros este momento histórico, de futuro prometedor para nuestra Comunidad, y a compartir con todos los Senadores y Senadoras de esta Cámara, Cámara de clara y arraigada vocación autonómica, la aprobación por el Pleno de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, un Estatuto que vio la luz en 1981, dentro del marco constitucional, que nos ha permitido que Cantabria se haya consolidado como región, haya afianzado considerablemente su identidad y nos ha hecho comprender a los cántabros a qué sí habíamos llegado y hacia dónde aún nos faltaba por hacer el camino. El camino, señorías, está marcado, la ruta está perfectamente definida y el vehículo para recorrerlo también.
Este Estatuto renovado que hoy va a salir del Senado es, señorías, el mejor Estatuto posible. Es un Estatuto donde caben todos, con sus diversas y plurales ideas, que será válido gobierne quien gobierne, el Estatuto deseado por Cantabria para Cantabria y que se adapta a nuestra viva y cambiante realidad, por lo que va a ser útil y tendrá vigencia largo tiempo. (Rumores.) Así, podrá ir dando solución y respuesta no sólo a las demandas que hoy plantea la sociedad cántabra, que ha tenido voz y ha sido escuchada en este proceso, sino a las que pueda plantear en un largo mañana.
Volvemos a destacar la forma en que ha sido gestado...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Espérese un momento, señoría.
Pido a sus señorías que haya el debido respeto y atención a la Senadora que nos está dirigiendo la palabra. Espérese un segundo, señoría. Hay algunos compañeros de su Grupo que tampoco le escuchan. (Pausa.) Muchas gracias.
Puede usted continuar.


La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Decíamos que constituye un ejemplo claro de los resultados tan valiosos que puede aportar la voluntad y la aspiración constructiva, la voluntad de sumar, y no de restar, la voluntad firme de unir, frente a tentaciones de separar.
En definitiva, señorías, la grandeza de la democracia del consenso va a permitirnos ampliar nuestras responsabilidades institucionales y competenciales hasta unos parámetros que van a conceder a Cantabria la capacidad suficiente para alcanzar sus propios objetivos de progreso social, económico y cultural, en armonía con la estabilidad y el desarrollo de las demás regiones y nacionalidades, logrando el equilibrio y la solidaridad de nuestra pluralidad territorial y cultural.
La aprobación por el Pleno de esta reforma del Estatuto de Cantabria, unida a las ya aprobadas y a las que están en tramitación en estos momentos, van a dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Partido Popular y al cual el Presidente del Gobierno se ha referido con frecuencia, compromiso de impulsar y de apoyar todas las reformas que partieran de los distintos Parlamentos y cuyo eje fundamental habría de ser la equiparación competencial.


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Con estas reformas se va a producir un efecto realmente beneficioso en la convivencia de la España de las autonomías. Sin duda, la arquitectura autonómica va a ser más sólida al no existir distancias en lo esencial, sino que, por el contrario, sólo se van a mantener aquellas diferencias que se derivan de las singularidades de las que los españoles nos sentimos orgullosos y valoramos como un importante activo, pero que en modo alguno estas diferencias encierren privilegios o agravios de unos españoles para con otros. Una situación como la que vamos a tener en breve de equiparación va a articular de forma justa la cohesión y la convivencia.
Señor Presidente, señorías, con la aprobación de este Estatuto Cantabria colaborará en la consecución de este objetivo, puesto que va a alcanzar una equiparación homogénea en la esfera competencial e institucional con respecto a otros Estatutos, a la vez que va a acercar la realidad de nuestra tierra a la realidad de nuestro autogobierno.
Por todo lo expuesto, y con el entusiasmo mayor de que sea capaz de expresarme, pido el voto unánime a favor de esta proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Pido, señorías, un voto favorable para que con la aprobación del mismo se consiga servir mejor a los cántabros y, a través de ellos, a los españoles todos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación conjuntamente, en primer lugar, las enmiendas números 1 a 14, correspondientes al voto particular número 1, del Senador Román Clemente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, cuatro; en contra, 194; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a someter a votación el texto del dictamen. En primer lugar, y por votación separada y conjuntamente, el punto número 30, artículo 24, y el punto número 31, artículo 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 202; en contra, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
A continuación vamos a someter a votación el resto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 202; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. (Aplausos.) Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie... (Rumores.) Señorías, les pido un mínimo de formalidad. Ustedes saben lo que cuesta mantener el orden en una sesión. Les pido de veras su colaboración.
Si me permiten, voy a terminar la frase que corresponde: tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y quince minutos.

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