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DS. Senado, Pleno, núm. 107, de 24/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1998 VI Legislatura Núm. 107

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el martes, 24 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DIA:

Primero

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998.


Segundo

Mociones consecuencia de Interpelación:

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo una negociación con las centrales sindicales más representativas y las administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 671/000057.)

Tercero

--Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1998 para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y del Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales. (Número de expediente 550/000023.)

Página 4918


Segundo

Mociones consecuencia de Interpelación (Continuación):

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en un marco de equilibrio de intereses. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 670/000058)

Cuarto

Mociones:

--Del Grupo Parlamentario POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que considere, dentro del programa de reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía gestionado por la Dirección General de Industria y Tecnología, los proyectos que se presenten para la implantación de actividades industriales alternativas en las zonas afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a esa minería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000146.)

--Del Grupo Parlamentario SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento de estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en las materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión Europea y otras instancias internacionales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000145.)

--Del Grupo Parlamentario DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, ordene la corrección y actualización de datos en el ordenador central que gestiona el Documento Nacional de Identidad (DNI), en relación a las nominaciones propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y publique un decreto por el que todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y admitidos a todo efecto oficial y administrativo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000142.)

Quinto

Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 104, de fecha 15 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000104) (Número de expediente Congreso 121/000090.)

--Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las Compañías Aéreas las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en las Islas Baleares, Islas Canarias y Melilla. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 108, de fecha 19 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000108) (Número de expediente Congreso 121/000118.)

Sexto

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 103, de fecha 18 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000103) (Número de expediente Congreso 121/000116.)

Página 4919


--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 29, de fecha 20 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado 624/000019) (Número de expediente Congreso 122/000191.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.


Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998 (Página 4921)

Se aprueban las Actas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4921)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo una negociación con las centrales sindicales más representativas y las administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón (Página 4921)

El señor García Correa defiende la moción. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Esteban Albert, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 80 votos a favor y 126 en contra.


Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1998 para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y del Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales (Página 4924)

Se aprueba la propuesta de habilitación por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Continuación) (Página 4924)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en un marco de equilibrio de intereses (Página 4924)

El señor Franco Gutiez defiende la moción. El señor Unceta Antón defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Franco Gutiez expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 92 votos a favor, 116 en contra y 13 abstenciones.


MOCIONES (Página 4929)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por el que se insta al Gobierno a que considere, dentro del programa de reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía gestionado por la Dirección General de Industria y Tecnología, los proyectos que se presenten para la implantación de actividades industriales alternativas en las zonas afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a esa minería (Página 4929)

Página 4920


El señor Esteban Albert defiende la moción. El señor García Correa defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Esteban Albert expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; García Correa, por el Grupo Socialista, y Esteban Albert, por el Grupo Popular. Los señores García Correa y Esteban Albert intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 219 votos a favor y 1 abstención.


Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento de estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en las materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión Europea y otras instancias internacionales (Página 4935)

La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la moción. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende una enmienda «in voce» del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Pleguezuelos Aguilar expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Calvo Poch, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 93 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, ordene la corrección y actualización de datos en el ordenador central que gestiona el Documento Nacional de Identidad (DNI), en relación a las nominaciones propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y publique un decreto por el que todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y admitidos a todo efecto oficial y administrativo (Página 4941)

El señor Bolinaga Bengoa defiende la moción. El señor García Carnero defiende la enmienda del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular. Los señores Bolinaga Bengoa, Oliart Pons y García Carnero intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 100 votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4951)

Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar (Página 4951)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las Compañías Aéreas las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en las Islas Baleares, Islas Canarias y Melilla (Página 4951)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de protavoces, se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4951)

De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión

Página 4921


Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997 (Página 4951)

El señor López Henares, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Fernández Aguilar consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; González Laxe, por el Grupo Socialista, y Fernández Aguilar, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 218 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Bolinaga Bengoa defiende la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende la enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; González Laxe, por el Grupo Socialista, y Fernández Aguilar, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 117 en contra y 87 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 217 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves (Página 4962)

El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Caballero Moya, por el Grupo Socialista, y Mancha Cadenas, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.


Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


-- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 1998

El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998.
¿Alguna alegación a las mismas? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN UN PLAZO NO SUPERIOR A TRES MESES, SE LLEVE A CABO UNA NEGOCIACION CON LAS CENTRALES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS Y LAS ADMINISTRACIONES AFECTADAS, TENDENTE A CONSEGUIR LA FIRMA DE UN PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS CUENCAS MINERAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN 1998-2005 DE LA MINERIA DEL CARBON. (671/000057)

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo una negociación con las centrales sindicales más representativas y las administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, el Senador García Correa, por tiempo de cinco minutos.


Página 4922


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que tengo el honor de defender en representación del Grupo Parlamentario Socialista es consecuencia de una interpelación que fue debatida en el último Pleno de esta Cámara referente, como bien ha dicho el señor Presidente, a un plan de desarrollo alternativo para las cuencas mineras no contempladas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
Como ya dije en el Pleno de la semana anterior con motivo de la interpelación, en el año transcurrido desde que fue debatida en esta Cámara la moción que fue defendida por este Senador del Grupo Parlamentario Socialista y que obtuvo el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular las cosas han cambiado. Han cambiado y nos han dado la razón a los socialistas. Considero que ha quedado claro que ninguno de los argumentos expuestos en aquel momento por el portavoz del Grupo Popular se han consolidado a lo largo de este año.
En primer lugar, el señor representante del Grupo Parlamentario Popular señalaba que no apoyaba la moción porque en la misma se englobaba a toda la minería no energética. En esta que presentamos ahora proponemos un segundo apartado que diga lo siguiente: «2. En la negociación se especificarán las comarcas de minería no energética que por su dependencia histórica de la minería, pérdida de empleo, falta de infraestructura y de tejido industrial exista en nuestro país». Lo excluimos para que no quepa duda de que nos referimos --aunque quedó muy claro el año pasado-- a comarcas mineras --no a minas-- que por la dependencia histórica de la minería, por la falta de tejido industrial, por la pérdida de empleo, etcétera, requieran un tratamiento similar al que tienen las cuencas mineras del carbón.
En la moción que presentamos ahora también añadimos un tercer punto en el que se señala lo siguiente: «3. El Senado insta a los Grupos Parlamentarios a presentar una enmienda que contenga la cuantía de 7.000 millones de pesetas a la sección 20, Ministerio de Industria y Energía, organismo 10.101, Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la reactivación económica de las comarcas de minería no energética especificadas anteriormente».
¿Por qué decimos esto? Porque llevamos un año perdido. Como saben sus señorías, en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 ya se contemplaban esos 65.000 millones de pesetas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón. Sin embargo, no se contemplaba ni una sola peseta para el resto de las comarcas que están en la misma o peor situación que las del carbón. Como hemos perdido un año, pedimos esos 7.000 millones para 1999, lo hacemos porque la minería metálica, la minería no energética --sobre todo la primera--, siempre ha representado el 10 por ciento de la minería del carbón. Cuando en el preámbulo del plan que se firmó entre el Gobierno de la nación y los sindicatos se afirma que en 1998 había en España 44.000 mineros en el carbón, en aquel momento los trabajadores de la minería metálica eran aproximadamente 4.400, y en 1997 se había perdido en el carbón casi el 50 por ciento del empleo, por lo que los trabajadores del carbón en este momento son aproximadamente unos 24.000 y unos 2.400 en la minería metálica.
Por lo tanto, las cuencas mineras de la minería metálica aproximadamente constituyen el 10 por ciento con respecto a las cuencas mineras del carbón. De ahí que solicitemos esos 7.000 millones porque es aproximadamente el 10 por ciento de la cuantía que todos los años se destina para ese plan de desarrollo alternativo.
Vuelvo a manifestar lo mismo que señalé el año pasado, y es que al hablar de minería no energética nosotros hablamos de cuenca, no de minas, y aquí pueden entrar la minería metálica y también otra minería que pueda tener los mismos problemas en esas cuencas donde están ubicadas.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestaba el año pasado --lo sigue diciendo y así se está recogiendo en algunas provincias, sobre todo en la mía, en Huelva-- que esto se hiciera a través de la Junta de Andalucía y, sin embargo, competencias de las administraciones regionales se están financiando a través de este fondo de 65.000 millones. Tengo aquí el acuerdo que se firmó y vemos una cantidad de proyectos impresionante: de infraestructuras, de carreteras, de regeneración medioambiental de esas cuencas, de potenciación del empleo en las mismas, dinero para formación, para sanidad, para todo; en definitiva, competencias que son de las Comunidades Autónomas y que, sin embargo, se están financiando con este fondo procedente de las privatizaciones, a pesar de estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo lo expuesto, señorías, --no quiero excederme de mi tiempo--, solicito su voto favorable para esta moción, que creo de justicia, para que no se discrimine una vez más a estas comarcas mineras con respecto a otras comarcas mineras de España.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Correa, por su intervención y por ajustarse al tiempo establecido.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de Portavoces? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Nieto.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya hice en la interpelación, nuestra posición es de apoyo a esta reivindicación, que creo que es justa. Las razones están suficientemente explicadas, pero, además, entra dentro de la preocupación fundamental de todos, o al menos de la que se declara, que es contribuir a paliar o impedir el desempleo. Estamos en el momento oportuno para tener en cuenta la realidad de estas zonas en declive a las que se refiere la moción, para tomar las medidas pertinentes a la hora de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y hacer frente a esta situación.


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Por tanto, manifiesto nuestro apoyo a la moción defendida por el Senador García Correa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.


El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado día 11 de este mes cuando se debatió en esta Cámara la interpelación sobre el estado en que se encuentran las cuencas de la minería metálica y las comarcas en que están ubicadas, ya tuvimos oportunidad, como en otras ocasiones anteriores, de expresar la preocupación de nuestro Grupo sobre esta situación y la necesidad de un plan de desarrollo para las mismas, atendiendo no sólo a infraestructuras y ordenación del territorio, sino a todo un conjunto de medidas de tipo social referentes a la educación, formación, y equipamientos sociales de toda índole, con el fin de elevar el nivel de calidad de vida de estas zonas.
Como consecuencia de aquella interpelación, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta la moción objeto de debate, en la que se insta al Gobierno a tomar una serie de medidas y, además, solicita que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda presentada por todos los Grupos, con una cuantía de 7.000 millones de pesetas para la sección 20, Ministerio de Industria y Energía, organismo 10.101, Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de la Comarcas Mineras para la reactivación económica de las comarcas de minería no energética.
En primer lugar, nuestro Grupo entiende que la presentación de una enmienda conjunta de todos los grupos parlamentarios necesita un acuerdo previo, para lo cual el Grupo proponente debe establecer conversaciones con los demás para discutir y formalizar la misma. La presentación a través de una moción no nos parece el camino más adecuado.
Por otra parte, tengo que añadir que dado que en esta sesión vamos a debatir otra moción tendente asimismo a solucionar los problemas que afectan a las comarcas que se encuentran en las condiciones antes descritas, en la que se insta al Ministerio de Industria y Energía para que dentro del programa de reindustrialización se incluyan los proyectos para la implantación de actividades industriales alternativas en las zonas afectadas, no podemos dar el voto favorable a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista ya que en esta sesión vamos a debatir otra moción que presenta la misma tendencia.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Simó i Burgués.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban.


El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono de todos los intervinientes. Parece que este es un paso positivo para poder llegar a acuerdos en esta materia, que, sin duda, como ya decía el señor Ministro con ocasión de la interpelación que se debatió en el Pleno, a todos nos preocupa y motiva.
Sencillamente, hay dos puntos de vista diferentes, no sobre la problemática en sí, sino sobre cómo se puede atajar, y, sin duda, los dos serán igual de legítimos. Lo que ocurre es que mi Grupo no puede apoyar esta moción consecuencia de interpelación ni por su contenido, ni por su forma.
Respecto a la forma, el portavoz de Convergència lo acaba de explicar, por lo que no perderé más tiempo en incidir en que la moción simplemente plantea cuestiones para rellenar un espacio en el papel --lo digo con todo el respeto--, porque es un brindis al sol decir que el Senado inste a los grupos parlamentarios a presentar una enmienda de 7.000 millones de pesetas. ¿Por qué no 10.000, ó 5.500, ó 12.000 millones de pesetas? Esta moción no muestra ningún tipo de contenido político ni técnico, aun cuando estoy convencido de que los sentimientos que inspiran al proponente de la moción sin duda son loables y van encaminados a ese fin.
Pero tenemos que seguir en desacuerdo porque consideramos que este no es el foro adecuado donde pedir ese tipo de planes: de infraestructura, de formación para el empleo, etcétera, que competen a las Comunidades Autónomas en su conjunto. Usted dice que hay Comunidades Autónomas con competencia sobre esta materia. Pero sabe que fue consecuencia de un Reglamento CECA, de la Comunidad Europea, aprobado en el año 1994 y presentado por el Gobierno socialista. Eso es así y en aquellos momentos así se decidió.
Termino, señor Presidente, porque, como se ha dicho ya, en la próxima moción que se debatirá esta tarde tendremos más tiempo para poder enjuiciar los distintos modelos que se plantean sobre este asunto, un asunto que no sé cuantas veces ha venido ya a esta Cámara, como también al Congreso de los Diputados, y siempre con la misma tendencia, es decir, la pretensión de que se elaboren planes de choque, de actuación en infraestructura, etcétera. Pero ya hemos dicho, en primer lugar, que no creemos que este sea el foro adecuado y, en segundo lugar, que es inútil, consideración que avala el hecho de que ninguno de los tres planes que al respecto se pusieron en marcha por la Junta de Andalucía ha tenido éxito.
Hubo empresas que se instalaron allí e inmediatamente se tuvieron que marchar. La generación de empleo y de riqueza no se logra con planes grandilocuentes o «primorriveristas», es decir, vamos a hacer carreteras, puertos, de todo y, si no hay puente, haremos el río para después poder hacer éste. No, vamos a estudiar esta cuestión con rigor y seriedad, señorías, porque lo que nos estamos jugando y lo que nos proponemos hacer entre todos es muy loable, y en la próxima

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moción podremos llegar a puntos de encuentro que nos permitan hacer viables las aspiraciones de unas cuencas que, evidentemente, están pasando por malos momentos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban.
Terminado el debate, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 80; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


-- HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1998 PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1999, DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL Y DEL PROYECTO DE LEY PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1998, DE 29 DE MAYO, POR LA QUE SE DICTAN REGLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUBILACION ANTICIPADA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN DETERMINADOS CASOS ESPECIALES. (550/000023)

El señor PRESIDENTE: Les comunico que la Presidencia, en ejercicio de la delegación de la Mesa del Senado conferida en su reunión del día 10 de noviembre del presente mes, y la Mesa del Senado en su reunión del día 24 de noviembre actual, oída la Junta de Portavoces, han acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1998 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social y del proyecto de ley, procedente del Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento dicha propuesta? (Pausa.) Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (CONTINUACION):

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR ANTE LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO, QUE RECOJA, PREVIO ESTUDIO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR, LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y EL CONSEJO DE ESTADO, LOS CAMBIOS PERTINENTES, EN UN MARCO DE EQUILIBRIO DE INTERESES. (670/000058)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en un marco de equilibrio de intereses.
Esta moción consecuencia de interpelación tiene una enmienda que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del Grupo proponente, el señor Franco Gutiez, por tiempo de cinco minutos.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como era de prever, el intento de modificar la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en noviembre del pasado año, ha generado una gran polémica en el conjunto del Estado. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


El señor FRANCO GUTIEZ: Todos estamos de acuerdo en que es necesario dinamizar el sector eléctrico, en que es necesario aumentar el volumen de competencia para que, en consecuencia, haya una mayor capacidad de rebaja en las tarifas para el conjunto de los consumidores. (Fuertes rumores.) Sin embargo, no todo es posible ni razonable a la hora de introducir o incorporar el proceso de liberalización.
Es verdad que la Ley actual ha fracasado en sus intentos de introducir más competencia y más mercados. Es conveniente, pues, aumentar la liberalización por la vía de los consumidores, aunque pensamos que también es imprescindible aumentarla por la vía de los vendedores.
Consideramos que el método utilizado por el Gobierno para liberalizar el mercado es incorrecto. El Gobierno no tiene que negociar con nadie la liberalización del mercado ya que la Ley le permite ampliar el volumen de sujetos elegibles. Por eso encontramos en este punto nuestra primera discrepancia en relación con la propuesta del Gobierno.
Es necesario bajar los umbrales para que haya más gente que pueda elegir, es necesario bajar los peajes, y también es necesario bajar la garantía de potencia. Si el Gobierno hubiese hecho esto cuando se tramitó la Ley, hoy hablaríamos de otra manera. Sin embargo, en estos momentos es discutible la bajada de los umbrales y también es discutible el volumen de sujetos que pueden acceder

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a un mercado más libre, y a ese respecto también se producen discrepancias. Consideramos que 8.000 consumidores es poca cosa ya que ni siquiera pueden acogerse a esta capacidad de elección las pequeñas y medianas empresas, el bloque fundamental de los consumidores industriales y de servicios, teniendo en cuenta que la electricidad juega un importante papel en la competitividad. Por consiguiente, se reduce el volumen de acceso a determinados sectores industriales que, si bien es verdad que saldrán beneficiados, ese beneficio siempre se producirá sobre la base de una mayor competencia precisamente con las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, también es discutible la bajada del peaje. Nosotros creemos que se trata de una bajada excesiva que, si bien en estos momentos facilita el acceso de esos 8.000 consumidores, sin embargo puede llegar a constituir un freno para el siguiente tramo ya que las empresas podrían encontrarse, bien con déficit, bien con la necesidad de que se planteara de nuevo una subida de tarifas para compensar las pérdidas por el aumento de industrias que puedan ser elegibles.
Por consiguiente, tenemos aquí una primera discrepancia, una primera discusión ya que unos son beneficiados y otros son perjudicados; unos son beneficiados en tanto que nadie sabe cuándo esos otros van a ser beneficiados en un futuro. Este es uno de los temas que debería ser objeto de discusión, de intercambio y de negociación. Por eso hay fuerte discrepancia en relación con estas medidas. Y de hecho ayer, en el Consejo Eléctrico, las medidas planteadas por el Gobierno eran contestadas prácticamente por todos los sectores con excepción de las compañías eléctricas, alguna Comunidad Autónoma y las grandes empresas industriales.
En segundo lugar, si el Gobierno ha decidido rebajar los umbrales de elegibilidad, también decidió no rebajar las tarifas en 1997, y quizá ha hecho bien en no rebajarlas aunque todo el mundo sabe que podía haberlas rebajado en un 8 por ciento añadido. Sin embargo, este aumento de elegibilidad podía traer consecuencias negativas para las administraciones de las industrias, y el hecho de que no hayan bajado las tarifas puede ser la compensación que el Gobierno hace a las compañías eléctricas en base al aumento de elegibilidad.
Por ello, nosotros tampoco estamos de acuerdo con el método seguido en la bajada de tarifas como elemento compensador del aumento de elegibilidad, porque ya hemos dicho que venía compensado por la ausencia de la bajada de tarifas durante el año 1998. Con esto el Gobierno, intentando bajar las tarifas en los años 1999, 2000 y 2001 puede perjudicar notablemente a los consumidores porque en el Protocolo eléctrico la bajada de tarifas se basa fundamentalmente en una serie de variables, que en estos momentos posibilitarían que las tarifas fuesen inferiores, como son el aumento de la demanda, o la bajada de los tipos de interés o la excesiva pluviometría que hemos tenido en estos años anteriores.
Por consiguiente, sobre esto también se debería discutir y negociar, y el Gobierno no debería perder la autonomía como instrumento que le permita rebajar las tarifas en los años sucesivos y, asimismo, se produce un beneficio añadido, innecesario, a las compañías eléctricas.
En tercer lugar, el problema más agudo que se plantea es la titulización, que el Gobierno en estos momentos se empeña en poner en práctica por todos los medios y que es una auténtica barbaridad. ¿Por qué digo esto? Porque para valorar los costes exactos del tránsito a la competencia hay muchos criterios diferenciales, desde 200.000 millones de pesetas, que es la cifra que en estos momentos pueden plantear, los 480.000 millones de pesetas que da el ente regulador, hasta el billón 600.000 millones de pesetas que aparece en el escenario de la Ley.
Nosotros pensamos que ninguna medida se puede titulizar porque puede poner en riesgo la competencia, dar más volumen de recursos a las eléctricas, generar un mayor coste para los contribuyentes y, en cualquier caso, no garantiza la competitividad que en estos momentos es fundamental para que el marco eléctrico pueda ser beneficioso para el conjunto de los agentes económicos y sociales del país.
Por todo ello, solicitamos que no se tome ninguna decisión al respecto; que se escuche a todos los interlocutores, tanto en el marco de la CNSE como en el de los distintos entes organizados; que las conclusiones a las que se lleguen sean fundamentadas y no lesivas para ninguno de los sectores y que, en consecuencia, el Gobierno traiga al Parlamento una modificación de la norma que permita de forma sosegada discutir en esta Cámara un tema de tanta trascedencia para el conjunto del país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Franco Gutiez.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, el señor Unceta Antón, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.


El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como es lógico subo a esta tribuna para defender la enmienda del Grupo Palamentario Popular a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la cual se solicita que el Gobierno presente a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley del Sector Eléctrico, que recoja en un marco de equilibrio de intereses, previo estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, de la Comisión Nacional de Energía y del Consejo de Estado, los cambios pertinentes.
Señorías, la posición del Gobierno en este tema ha sido claramente transparente, como ya quedó patente el pasado día 11 en el debate de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por parte del señor Ministro de Industria y Energía y del Grupo Parlamentario Popular. El Ministro manifestó a la Cámara los acuerdos previos, no firmados en documento alguno, Senador Franco --lo digo porque usted manifestó que poseía ese documento y yo le recomiendo, con el mejor afán, que vigile a quien le asesora que, en este caso, le ha vendido humo y no creo que se merezca su confianza--, a través de los cuales el

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Gobierno, eso sí es cierto, Senadores socialistas, pretende acelerar el proceso de liberalización del mercado a partir de enero de 1999, sobre la base y las modificaciones, en algunos casos, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
Como suele decir el Ministro de Industria --quien ya lo manifestó en la presentación de la propia ley del sector eléctrico--, este reciente mercado creado por el Gobierno del Partido Popular está sujeto, como es lógico, a las pruebas y correcciones de impulsos que pueden aparecer, pero siempre con el fin de lograr la aceleración de la liberalización del mercado eléctrico amparado por la citada ley.
Una vez que los acuerdos con el sector, que ahora están sobre la mesa, se hayan firmado o comprometido de alguna forma --porque un acuerdo por lo menos necesita de un papel que lo explique y para que se acepte-- serán remitidos a la Comisión Nacional de Energía, al Consejo de Estado, a los consumidores, etcétera, pero nunca se hará antes de que estén firmados.
Le recuerdo, Senador Franco, que estos acuerdos contienen puntos muy importantes que no puedo desgranar ahora debido al tiempo de que dispongo. Pero, como usted muy bien ha dicho, por ejemplo, se pretende reducir los límites de potencia consumida para aumentar el número de consumidores cualificados hasta llegar a los 8.000, lo que supone aproximadamente entre el 44 y el 46 por ciento de la energía consumida en nuestro país. Por otro lado, a partir de enero de 1999 se reducirán las tarifas de acceso a la red en un 25 por ciento y de 1,3 a 0,3 pesetas el kilovatio/hora para garantizar la mayor liberalización en el acceso a la potencia. Asimismo, por primera vez se creará una tarifa de acceso reducida para las exportaciones. Estas son algunas de las medidas que se llevarán a cabo, las cuales, como he dicho, no puedo desgranar por no disponer de tiempo para ello.
Como puede ver, Senador Franco, este Gobierno llega con esta ley hasta donde ustedes no llegaron, porque la LOSEN no fue sino una ley de mínimos. Y, por cierto, durante el tiempo que estuvo en vigor no hubo ninguna empresa española que se acogiera a sus medidas liberalizadoras.
Hoy se presentan ustedes aquí como apóstoles de la liberalización.
Bienvenidos al club. Pero eso es sólo una apariencia, porque realmente lo que se deduce de su moción es algo que todos sabemos: que ustedes quieren retrasar por la forma que sea la aplicación de cualquier tipo de medidas que pretenda acelerar la liberalización. Ustedes ni comen ni dejan comer, a pesar de que en este caso se hayan puesto la piel del cordero liberalizador, algo que por lo menos este Senador no se cree.
Por eso, señor Franco, hemos presentado una enmienda a esta moción que va más allá de lo que ustedes solicitan, porque somos responsables en lo que se refiere a acelerar la liberalización del sector eléctrico. La enmienda del Grupo Popular, que es más lógica y comprometida, dice que el Senado insta al Gobierno a que articule en el menor plazo posible y a través del rango normativo que se precise las medidas necesarias que, teniendo en cuenta el equilibrio de intereses entre empresas eléctricas y los consumidores, permitan avanzar en la liberalización del suministro de electricidad. Medidas que deberán entrar en vigor el 1.º de enero próximo.
En el punto segundo se solicita que el Gobierno presente a lo largo de 1999 un plan de fomento de las energías renovables, según establece la disposición transitoria decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Esta enmienda, señor Franco, señorías socialistas, únicamente pretende, atendiendo a las medidas que el Gobierno está estudiando para el sector, acelerar el proceso de liberalización. Y vuelvo a decirle que de la exposición que usted ha hecho de su moción no entiendo más que una cosa: que ni comen ni dejan comer, porque les interesa desde el punto de vista político.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Unceta.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez para contestar por un tiempo de cinco minutos.


El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, ni somos apóstoles de la liberalización ni pretendemos retrasarla; simplemente, queremos desgranar las contradicciones que existen entre su presunto afán liberalizador y la práctica que indica todo lo contrario.
No pretendemos retrasar la liberalización, porque si hubiesen aceptado nuestras enmiendas en estos momentos no estaríamos hablando en estos términos, ya que más de 8.000 consumidores serían en la actualidad consumidores cualificados. Y no pretendemos retardar la aplicación de la liberalización porque ustedes han tenido tiempo para haber discutido con el conjunto del sector las medidas que hubiesen buscado el equilibrio en el sector y el equilibrio entre los intereses contradictorios entre consumidores y empresarios, propietarios de la electricidad. Sin embargo, ustedes han perdido todo el verano, han llegado a septiembre de forma opaca, han estado negociando a oscuras con las empresas del sector y, de pronto, ha aparecido una propuesta que ha levantado no solamente los recelos sino la oposición de prácticamente todos los sectores de los consumidores: los consumidores domésticos, los consumidores industriales, los consumidores de pequeña y mediana empresa, y los consumidores de asociaciones de grandes servicios, entre otros El Corte Inglés, los grandes supermercados, etcétera. Todos ellos han visto que en estos momentos se primaba de forma descarada a un sector que nada tenía que ver con la liberalización.
Por consiguiente, nos oponemos a su enmienda porque en ella no se garantiza un diálogo y una discusión entre las partes opuestas; no garantiza que de esa discusión pueda llegar al Parlamento un texto que garantice un debate tranquilo y sosegado, y tampoco garantiza que esto se realice en el tiempo oportuno.
Con su enmienda pretenden un subterfugio para que se presente una modificación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que apenas haya lugar al debate,

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que no haya discusión y que se imponga el acuerdo que han hecho ustedes con las empresas eléctricas.
Le repito que no nos oponemos a la liberalización. Sin embargo, tenemos nuestras dudas de que este esquema sea un nuevo esquema liberalizador y le voy a decir el porqué. Las empresas que se van a beneficiar son pocas, 8.000, fundamentalmente las más potentes y poderosas, pero fíjese usted los miles de empresas que tenemos en España.
Por otro lado, ustedes hacen una bajada del peaje tan alta que, efectivamente, en estos momentos, es positiva para estas empresas, pero si existiesen otras 40 ó 50.000 con este nivel de peaje las empresas perderían dinero, en cuyo caso no tendrían más remedio que aumentar los impuestos por la vía de las tarifas. Por consiguiente, en la actualidad ustedes benefician a los grandes núcleos industriales pero van a retrasar, sin duda, el acceso de los pequeños industriales, de las pequeñas empresas en el futuro.
Lo más intolerable es lo que ustedes hacen con los CTC, los costes de tránsito a la competencia. ¿Qué tiene que ver la liberalización con los costes del tránsito a la competencia? Ya se lo dicho. Se puede liberalizar y, al mismo tiempo, compensar a las empresas eléctricas para evitarles riesgos financieros. ¿Cómo se compensa? Se está compensando a través de la no bajada de las tarifas, que, actualmente, supondría aproximadamente 170.000 millones de pesetas que ya se han entregado, lo que significaría rebajar el 8 por ciento.
Por tanto, lo que ustedes no nos dicen es que hacen un regalo añadido. El CTC, es decir, titulizar un billón 100.000 millones de pesetas es un regalo que hacen a las empresas eléctricas, y lo que nosotros decimos es que éstas deben justificar este volumen de negocio, que sea contrapuesto con otro estudio de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico para que, finalmente, se vea con claridad cuál es el coste de tránsito a la competencia que, en algunos casos, no llega ni a 200.000 millones de pesetas.
Estos días, además, se demuestra con palpable claridad que a las empresas eléctricas no hay que compensarlas por el coste de tránsito a la competencia. La compra de activos por parte de National Power de una de las empresas eléctricas españolas indica que sus activos son mucho más elevados de los que en principio habían planteado las empresas eléctricas, e indica con claridad que no hay que pagar ni un solo duro por el tránsito a la competencia. Ustedes, en este caso concreto, aprovechando la liberalización, no bajan las tarifas lo que debían, las hipotecan para los tres próximos años y encima dan un regalo de un billón cien mil millones de pesetas a las eléctricas, lo cual saben ustedes que significa que hay que hacer una seria modificación de la ley y que esa cantidad máxima tendría que ser revisada año a año por el Gobierno para garantizar que no se diese ni un solo duro más.
Con esto, perjudican notablemente a los consumidores a los que habrá que repercutir un 4,5 por ciento en las tarifas y ponen en grave riesgo la competencia para el conjunto de los sectores industriales. Nosotros les hacemos un llamamiento a ustedes, al Grupo Parlamentario Popular, para que apoyen nuestra moción que viene a decir, simplemente, que es importante la liberalización del sector eléctrico, que es importante que esto funcione y que funcione bien, que es importante que se equilibren los intereses contrapuestos y que se escuche a ambas partes para que el Gobierno pueda traer a las Cámaras un proyecto que modifique la ley, para que éstas puedan discutir y debatir un fenómeno de tal magnitud que afecta al conjunto de la comunidad española, que es lo que ha intentado decir el Ministro: Hablemos con todos; no está cerrado nada. Cumplan ustedes lo que el Ministro ha dicho.
Vamos a intentar que salgan beneficiados el conjunto de los consumidores, que no salgan perjudicadas las eléctricas y que no se regale, desde luego, este billón de pesetas. Algunos han manifestado que este acuerdo es algo así como decir a las eléctricas: toma el billón y corre, y si te he visto no me acuerdo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco Gutiez.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur por un tiempo de cinco minutos.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Le tengo que agradecer al Senador Franco que me haya dado la oportunidad de haber convertido la interpelación en una moción y así poder profundizar en el debate. Perdóneme que no pueda hablar mejor, pero esta Casa, que está hecha con todas las técnicas modernas, es un foco de miasmas, por no decir otra serie de cosas, que provoca situaciones como la presente. Lo digo por si acaso a alguien se le ocurre un día ventilarla y sacar fuera a estos gérmenes que generamos todos por aquí y que producen unas bronquitis como la que yo tengo. Por eso, le pido disculpas.
Vuelvo al tema. Lamento tener que decirle al Partido Popular y, en particular, a mi amigo Juan José Unceta, que le toca ser sufridor portavoz del Partido Popular en esta moción (El señor Unceta Antón hace signos negativos.) --sí, sufridor, señor Unceta, porque en el fondo usted sabe que estamos todos de acuerdo en lo que debe hacerse para llegar a la unanimidad--, que nosotros vamos a apoyar esta moción del Partido Socialista. Y lo vamos a hacer porque el Ministerio de Industria está empeñado en sacar adelante, atendiendo a razonamientos puramente orgánicos, un acuerdo con las empresas del sector eléctrico sin que se tenga ningún conocimiento de las negociaciones que se llevaban a cabo entre el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas, lo que supondría tener que cambiar la recién aprobada ley Eléctrica del 27 de noviembre de 1997, pues se introduciría, lo cual se va a hacer próximamente, una enmienda en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales para 1999 que tendría que contar con el apoyo de nuestro Grupo si quiere

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ser aprobada, aunque no en esta Cámara, pero sí cuando vuelva al Congreso.
Yo me pregunto, y le quiero preguntar al Ministro de Industria --aunque no esté aquí presente como la otra vez-- si es éste un ánimo colaboracionista o va a ocurrir como con la moratoria nuclear --entonces estaba el Partido Socialista-- que después de realizar un esfuerzo enorme no se obtuvo reconocimiento político alguno.
¿Cuál es la necesidad financiera actual para realizar este trámite con tanta premura? Señores Senadores, en menos de 15 días hay que decidir sobre dar un billón de pesetas a un sector cuyo valor en bolsa ha mejorado en los últimos meses pese a la propia crisis; a un sector cuyo valor en bolsa, repito, desde el año 1995 hasta octubre de este año ha pasado de algo más de tres billones a más de siete billones de pesetas, es decir, sus accionistas no sólo no han sufrido, sino que han salido beneficiados.
Nuestro Grupo está muy preocupado, porque recibir la casi totalidad de las ayudas por los costes de transición, independientemente de lo que ocurra en la evolución del proceso de liberalización e introducción de competencia en el mercado, nos parece un asunto muy grave y de contenido importante. Se va a producir una disminución del margen de maniobra para realizar futuras reducciones de la tarifa eléctrica debido a que compromete un porcentaje importante de la tarifa, el 4,5 por ciento hasta el año 2014, lo cual puede producir un efecto de rebote y no dejar margen en el futuro para bajar tarifas. Incluso pudiera suceder que se necesitara incrementarlas para poder hacer frente a los costes del sector incluido el 4,5 por ciento de la titulización.
Voy a terminar, señorías, diciendo que el consumidor pudiera llegar a pagar más de lo necesario si la evolución de las variables ligadas al sector eléctrico fuera favorable, como el incremento de la demanda, los precios del mercado, el IPC, el precio del dinero, la poca competencia, la vida útil residual de las centrales, etcétera.
Los argumentos que existen en este caso para poner en duda el tema de la titulización son enormes. Por eso consideramos que debe abrirse un debate; un debate que se debería haber abierto quizás durante toda la discusión presupuestaria y no en estos últimos 15 días del mes de diciembre para hacer una enmienda a la ley de acompañamiento que se presentará en este Senado. Creemos que el tema es muy grave. Nuestro Grupo quiere participar en esta cuestión y está dispuesto a llegar a acuerdos. Entendemos, sobre todo por lo que atañe a las empresas afectadas en el País Vasco, que pueden ser favorecidas con un beneficio necesario para su continuidad y su buen hacer en el futuro del sector, pero se nos está obligando, como dije el día que se debatió la interpelación, a votar lo que no queremos votar. No hay diálogo, no hay acuerdo, no hay debate; hay que imponer sin aportar verdaderamente un análisis, un debate sobre las consecuencias futuras para el sector y el aseguramiento de que no se producirán situaciones como la que actualmente empezamos o, simplemente, amagamos con debatir.
Vamos a apoyar la postura del Partido Socialista porque nos parece coherente y esperamos una reflexión por parte del Gobierno y del Partido que lo sustenta para establecer un debate amplio, un reconocimiento de los argumentos de todas las partes y poder llegar a un acuerdo finalmente con la aprobación definitiva de los presupuestos en el Congreso de los Diputados.
No vamos a apoyar su enmienda, señores del Partido Popular, porque en el fondo es una trampa. Ustedes, sabiendo que van a presentar una enmienda a la ley de acompañamiento, nos están queriendo decir que aprobar su enmienda sería prácticamente aprobar la enmienda que se va a presentar.
Queremos debate, queremos participar en ese debate y dejar bien claro nuestros criterios; criterios que no queremos imponer, sino consensuar con todos los grupos políticos de esta Cámara, con los consumidores, con los futuros clientes elegibles y con las empresas del sector.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Simó.


El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado esta moción que nos ocupa, como consecuencia de la interpelación del pasado día 12 de noviembre, instando al Gobierno a presentar un proyecto de modificación de la ley del sector eléctrico que recoja, en un marco de equilibrio de intereses, los cambios pertinentes, previo estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Estado.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó otra moción con la misma fecha, 12 de noviembre, en el registro de aquella Cámara, en la que se insta al Gobierno al cumplimiento de varias cuestiones que se especifican en diez apartados. Entre las mismas figuran algunas, dirigidas en el sentido que subyace en la moción que nos ocupa, referentes a la liberalización del sector eléctrico.
Nuestro Grupo en el Congreso ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, dado que Convergència i Unió ya se ha pronunciado sobre el problema de la moción que estamos debatiendo hoy en el Senado, presentando una enmienda de sustitución, se va a abstener tanto en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, como en la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a hacer esto en espera del resultado que se produzca en el Congreso.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Simó.
Vamos a votar esta moción consecuencia de interpelación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 92; en contra, 116; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CONSIDERE, DENTRO DEL PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA GESTIONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN PARA LA IMPLANTACION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES ALTERNATIVAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR AJUSTES O REESTRUCTURACION EN LAS EMPRESAS DE MINERIue se insta al Gobierno a que considere, dentro del programa de reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía gestionado por la Dirección General de Industria y Tecnología en colaboración con las Comunidades Autónomas afectadas, los proyectos que se presenten para la implantación de actividades industriales alternativas en las zonas afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a esa minería.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Esteban, por tiempo de veinte minutos.
(Rumores.) Señorías, silencio.


El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Se hace extraordinariamente difícil, señor Presidente, intentar encontrar algún argumento nuevo relativo a esta materia que no haya sido comentado a lo largo de este año y medio en alguna de las sucesivas e innumerables iniciativas parlamentarias presentadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Querría hacerles a sus señorías un breve resumen de las diversas iniciativas que se han presentado. El 23 de abril de 1997 se formuló una pregunta oral en el Congreso; en el Senado se ha presentado una moción del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular; se celebró una comparecencia del Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales y otra de la Directora General de Minas; el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, otra que todavía está pendiente de tramitación; compareció el Ministro de Industria y, finalmente, en el último Pleno tuvo lugar una interpelación al Ministro de Industria en la que también se abordó este tema.
Todas las iniciativas han sido coincidentes y recurrentes en un mismo tema: que se le dé un trato igualitario a las comarcas mineras metálicas y a las de la minería energética.
Señor Presidente, no se pueden extrapolar las actuaciones para el desarrollo alternativo en las cuencas mineras del carbón a las llevadas a cabo en otras cuencas mineras. Las primeras existen --como ya dije en mi anterior intervención-- y están diseñadas en el contexto de la política energética del Gobierno como acompañamiento a un plan de reducción de la producción y del empleo en la minería del carbón. Pero en la minería energética surgen problemas coyunturales derivados de la evolución del mercado, y sus consecuencias merecen la misma atención por parte del Gobierno que otros sectores industriales, teniendo en cuenta las transferencias de competencias realizadas a las Comunidades Autónomas y la disponibilidad presupuestaria.
Por lo tanto, la extrapolación planteada por las mociones socialistas en ésta y en otras iniciativas, «sensu contrario» de los planteamientos que mantienen en los debates, a nuestro juicio, generaría una discriminación frente a otros sectores industriales y podría muy bien llegar a producir una denuncia ante las instituciones comunitarias de difícil discusión.
Por lo tanto, señor Presidente, es necesario apartar en nuestro debate y en nuestra formulación cualquier parecido que puedan tener las ayudas --o lo que se solicita en esta moción-- de lo que se haya podido hacer con la minería del carbón en su plan de desarrollo alternativo hasta el 2005.
Quiero afirmar aquí que el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno no está a favor de incidir sólo en el fomento de la minería o de crear solamente medidas alternativas para el desarrollo de esas comarcas, sino que está a favor y hace una proclamación indiscutible del fomento de la minería como el mejor modelo de desarrollo económico en esas cuencas mineras y de posibilidad de generación de puestos de trabajo y de empleo a través de proyectos que, con la consistencia, el rigor y la seriedad suficiente, puedan dar buen fruto para no lamentarlo una vez más dentro de unos años.
Por ello, el Ministerio de Industria y el Gobierno de la nación siguen avanzando para resolver los problemas que padece la minería. El fomento a la minería es para nosotros una pieza clave de nuestra posición. Es necesario seguir investigando y desarrollando políticas de I+D; es necesario arbitrar nuevos proyectos, como la planta hidrometalúrgica, y otros más; es necesario seguir haciendo investigación para la obtención de nuevos yacimientos, de nuevas leyes, de nuevos procedimientos de

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obtención de minerales, así como realizar un estudio de la nueva adecuación de los minerales a los nuevos usos de la sociedad internacional.
Esta es además nuestra intención y éste es el objeto de esta moción.
Señores socialistas, su modelo y el nuestro varía sensiblemente en determinados proyectos. Ustedes proclaman planes generales, piden 7.000, 8.000 ó 3.000 millones, y no se sabe muy bien para qué. Posteriormente, como casi siempre, o no se invierten o se invierten mal y, al final, como señalábamos anteriormente, hay que lamentarlo al cabo de los años.
Nosotros decimos: Con diputaciones, con ayuntamientos, con las centrales sindicales, con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas afectadas, estúdiense los proyectos de viabilidad y de desarrollo alternativo que puedan producirse en esas comarcas mineras.
En ese proyecto, que puede ser un proyecto industrial cualquiera, o un proyecto de turismo rural, o un proyecto medioambiental, deben involucrarse todas las administraciones en aras a obtener los mejores resultados. Cuando se haya estudiado alguno de esos proyectos que pueda capitalizar y captar mano de obra para impedir que nuestros jóvenes se vayan de esas comarcas y evitar la desertización de las mismas, que es una de las peores ruinas que puede ocurrirle a un país y a una cuenca, entonces es el momento de saber qué recursos son los que hay que aplicar.
En ese momento sí le admito a usted, señor García Correa, que diga: vamos a presentar juntos una enmienda para posibilitar la realización de ese proyecto. Pero venir a esta Cámara, una vez más, a hablar del dinero de las privatizaciones, del agravio comparativo, de la creación de marcos generales de inversión sin saber dónde se va o no a invertir, es hablar de un modelo fracasado, de un modelo socialista al que en ningún caso hay que seguir el rastro.
Hoy por hoy, el agotamiento de su pensamiento político, el agotamiento de la gestión política de su Grupo, no puede ser un rastro de ejemplo para seguir avanzando. Es necesario olvidar el retroceso que esas políticas representan. Es necesario aplicar rigor y seriedad de verdad y no intentar buscar el fruto electoral más inmediato a las inversiones públicas.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero dirigirme especialmente al resto de los Grupos de la Cámara para decirles que lo que se oculta detrás de esta moción no es ni más ni menos que lo que acabo de decir. Es necesario que dentro de los programas de reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía se arbitren las medidas, se disponga de los recursos necesarios para que con el resto de las Administraciones Públicas y con los agentes sociales, tanto privados como sindicales, puedan establecerse y estudiarse los proyectos que, una vez realizados, puedan dar satisfacción a las demandas que esas cuencas mineras han presentado ante la sociedad y ante las Administraciones. Pero en ningún caso cabe seguir con la técnica de la aplicación de caracteres generales para no sé qué carretera, para no sé qué programa y, al final, que sigamos teniendo lo mismo.
Las cuencas mineras están en una situación difícil, es cierto, sobre todo la minería metálica. La bajada de los precios es muy importante, en estos momentos cuantas más toneladas se sacan, más se pierde. Puede ser también un problema de gestión de empresas, sin duda, pero no se puede decir que sea la causa de los males que ahora tenemos. Hemos tenido épocas en las que el cobre, por citar uno de los minerales, ha estado alto y se ha generado riqueza, sin embargo, esas zonas han estado tan deprimidas como ahora.
Por lo tanto, no queremos desligar un asunto de otro. Nuestra obligación como partido, como Grupo, y nuestra recomendación al Gobierno es que se siga y se insista en el fomento de las políticas mineras, que es la actividad a la que se han dedicado toda la vida en estas zonas y, al mismo tiempo, arbitrar los proyectos y las medidas necesarias para que cuando estos modelos mineros estén en crisis, puedan servir de colchón para recepcionar mano de obra y evitar la desertización de esas zonas de cuencas mineras, que nos puede dejar en la peor de las ruinas: la despoblación juvenil o humana.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se ha estado dirigiendo a mí, que esta es otra moción del Grupo Parlamentario Popular, no es la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que no tiene absolutamente nada que ver con ésta, es completamente distinta.
Ha hablado de las muchas iniciativas que se han presentado, y las que quedan por presentar, porque en todos los años que lleva este Senador en esta Cámara, que van a ser veinte, hasta este momento en el que el Grupo Parlamentario Socialista ha traído aquí este tema, el Grupo Parlamentario Popular no ha presentado ni una sola iniciativa relacionada con la minería metálica, ni una, ni estando en la oposición se preocuparon de los problemas de la minería en Huelva.
Después ha hecho un comentario que no me ha gustado al decir que la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista era «primorriverista». Eso de Primo de Rivera parece que les suena a ustedes mucho. Esa moción lo único que solicita es que lo que se ha hecho en las cuencas mineras del carbón se haga también en las cuencas de la minería metálica. Entonces, si es «primorriverista» será lo que ha hecho el Partido Popular y el Ministerio de Industria, no el Grupo Parlamentario Socialista que lo único que propone es que se reparta la tarta de manera que a estas cuencas de la minería metálica llegue también la parte que le corresponda y nada más, o sea, «primorriveristas», ustedes.
La enmienda que presentamos dice --la voy a leer ahora, no vaya a ser que me extienda demasiado, el Presidente me corte y no tenga tiempo para defenderla--:

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«El Gobierno, en un plazo no superior a tres meses, por Orden Ministerial, determinará los criterios geográficos, temporales y económicos por los que se ordenarán las ayudas a la reindustrialización de las cuencas de la minería metálica». Esta es la enmienda que presentamos a la moción.
Continúo, señor Presidente.
Su señoría dice también que en esta Cámara presentamos iniciativas que no tienen calado e importancia. Lo que no hacemos es mentir a la Cámara.
Este Senador no ha mentido nunca a esta Cámara, ni lo va a hacer en el futuro. En cambio, ustedes sí han mentido en esta Cámara y mintió el Ministro de Industria en el debate de la interpelación del anterior Pleno. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sus señorías recordarán perfectamente que cuando el señor Ministro pidió que se presentaran proyectos al Ministerio, que se estudiarían, etcétera, este Senador, en el turno de réplica, le respondió que ya se habían presentado proyectos por un montante de 1.500 millones de pesetas y que no se habían contestado. A continuación, el señor Ministro dijo que, efectivamente, se habían presentado, pero en la Dirección General de Minas, y no en la Dirección General de Industria, que es donde tendrían que haberse llevado. Eso consta en el «Diario de Sesiones», y si quieren sus señorías lo leo textualmente.
Mentira. El señor Ministro engañó a la Cámara, porque los proyectos que presentó la Diputación de Huelva los mandó directamente al excelentísimo señor Ministro de Industria y Energía; no lo mandó ni a la Dirección General de Minas ni a la Dirección General de Industria, sino al Ministro. Por tanto, el Ministro, como ya le dije entonces, como va poco por el Ministerio, no se entera.
Asimismo, usted insiste una y otra vez --y ya está bien, por eso tengo que contestarle-- en que la línea del cobre en Río Tinto se cerró en el año 1987 ó 1988 --no recuerdo la fecha exactamente--. Incluso me ha llegado a decir que fui copartícipe de que la línea del cobre se cerrara.
Pero, señorías, la línea del cobre no se cerró. La empresa, que estaba perdiendo una cantidad de dinero impresionante, puesto que el coste de producción estaba muy por encima del precio del cobre, hizo una propuesta a la Unión General de Trabajadores, a los alcaldes de la cuenca y a la Junta de Andalucía: si le permitían cerrar el cobre hasta que su precio alcanzara un nivel en el que fuera rentable su explotación, la empresa se comprometía a poner todo el dinero que se iba a perder durante los dos años siguientes, aproximadamente unos 3.000 millones de pesetas, para desarrollar la zona. Y gracias a que los alcaldes, la Unión General de Trabajadores y la Junta de Andalucía aceptaron aquella propuesta, se creó algún empleo en la zona. Los proyectos más importantes son los que se crearon entonces.
Por tanto, no insista tanto en que si la reestructuración, que si la Junta de Andalucía no ha hecho nada, etcétera. La Junta de Andalucía declaró la ZUR, se incentivaron a las empresas que se ubicaron allí y, gracias a ello, hay una explotación de 3.000 hectáreas de cítricos, que va a generar casi más empleo que la propia empresa; gracias a ello, está allí Río Tinto Plásticos, una fábrica de tintes, etcétera, es decir, una serie de empresas que se crearon en aquel momento, y ello gracias a que fueron valientes la Unión General de Trabajadores, los alcaldes de la cuenca y la Junta de Andalucía, que aceptaron ese reto y permitieron que la zona no quedara completamente muerta.
Sin embargo, ahora, los propios trabajadores, que son los dueños de la empresa, han parado la línea del cobre. Hoy, señorías, los trabajadores de la línea del cobre en las minas de Río Tinto están todos en suspensión temporal de empleo. ¿Y hay que culparles porque han parado la extracción de cobre en Río Tinto? No, quizás haya que culparlos de no haberlo hecho mucho antes, porque lo que no puede ser es que, mientras que el coste de producción está a 2.100-2.200 dólares por tonelada, el precio de cobre esté a 1.500-1.600. Mantener esta situación durante un año ha ocasionado una pérdida de muchos miles de millones de pesetas y por eso muchos pequeños industriales de la zona están completamente arruinados. Y usted lo sabe, señoría.
No obstante, usted siempre hace el mismo discurso, Parece que lo tiene grabado. Dice: nosotros apostamos por la minería, nosotros ayudamos a la minería... Pero eso hay que demostrarlo con pesetas, no diciéndolo aquí de esa manera o tratando de llevarlo a la opinión pública a través de los medios de comunicación que les son afines.
En esta Cámara, el año pasado usted dijo lo mismo. Y en el mes de octubre se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular mediante la cual el Gobierno de la nación instaría a la Junta de Andalucía, a Extremadura, a los agentes sociales, etcétera, para llevar a cabo un plan de apoyo a la minería de los polimetálicos. ¿Alguien sabe qué es lo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Nación? ¿Dónde están esas ayudas? Dice que hay que ayudar a la minería y que hay que poner en marcha la planta hidrometalúrgica. Y a la hora de dar las pesetas la Junta de Andalucía en los presupuestos de estos años ha puesto ya 400 millones y el señor Ministro dice que estaría dispuesto a poner 200. Sin embargo, la Directora General de Minas dice que está de acuerdo con esa cantidad de 200 millones siempre que Minas de Río Tinto, S. A., no pida más ayudas y que el dinero se destine solamente para esa planta hidrometalúrgica.
¡Hombre! En esta Cámara dicen que nosotros queremos no sé qué; que no apostamos por la minería; que ustedes no están por esa línea; que se presenten proyectos, que después se estudiarán, pero después, van al Parlamento andaluz y en Huelva convocan una rueda de prensa diciendo que el Partido Popular va a pedir a la Junta de Andalucía, a través de una enmienda presentada a la ley de presupuestos, que 9.000 millones de pesetas se destinen a las minas, de los cuales 4.000 millones de pesetas son para la planta hidrometalúrgica y ayuda a la minería y 5.000 para un plan de desarrollo alternativo de la comarca.
¿Ahí hay proyecto y aquí no? De verdad, don Arturo, le diré que lo he pasado mal escuchándole. He observado

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a Senadores del Grupo Vasco y de CiU, y presumo que no se creían lo que estaban oyendo.
¿Cómo puede venir a Madrid, al Parlamento nacional, un Senador de una Comunidad Autónoma como la andaluza --con los problemas que hay en esa comarca, y que usted conoce perfectamente-- a oponerse rotundamente a que vaya para allá una peseta y después, en el Parlamento regional, presentar una enmienda a la ley de presupuestos de 9.000 millones de pesetas? ¡Hombre! Además, sabe usted que los recursos de la Junta de Andalucía son muy limitados y que hay que acudir a muchas cosas. La Junta de Andalucía no está vendiendo empresas públicas porque no las tiene; sin embargo, aquí sí y por ello se están recaudando muchos cientos de miles de millones de pesetas.
A mí me ha dado pena que venga un Senador de mi tierra a esta Cámara a decir que el Gobierno del Partido Popular no da una peseta para esas comarcas y que lo pida a la Junta de Andalucía, que es la que está apostando por aquellas comarcas y es la que ha puesto allí muchos miles de millones de pesetas. Se cumple aquello que decían ustedes en la campaña electoral cuando pasaron de Despeñaperros hacia arriba: «Aznar el norte, Felipe González el sur». A lo mejor ahora quieren castigar a una zona que no les vota. Palabrita del niño Jesús, don Arturo, que yo no tengo la culpa de que en la cuenca minera no vote casi nadie al Partido Popular. De verdad, que no tengo la culpa. Ustedes quieren crear allí la confusión. Quieren salir diciendo una cosa, y que nosotros digamos otra a ver si de esa manera algún medio de comunicación dice que el transfondo es una lucha por el poder de la cuenca minera. El transfondo no es ese.
El transfondo es que ustedes no ponen ni una peseta allí, y luego aquí hacen un discurso que cualquiera que no lo conozca o que no conozca aquella zona puede hasta creérselo, pero le aseguro que allí no se lo va a creer nadie. Allí hay que llevar pesetas.
Habla usted de turismo rural, y le diré que turismo rural es el que empezaron a hacer por la cuenca minera cuando iba usted con el señor Arenas paseando por allí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero si no se ponen las pesetas que hay que poner, difícilmente van a poder ustedes seguir haciendo turismo rural en aquella zona.
Por lo tanto, no engañemos más y a ver si somos capaces de llevar allí pesetas como se lleva a otras zonas; lo que pedimos nosotros aquí es lo que ustedes han hecho en otras cuencas mineras. No creen confusión tampoco al hablar de la minería energética; no digan ustedes que eso va a la minería energética porque eso viene de Bruselas, de no sé dónde, a través de los fondos Rechar. No. Aquí no estamos hablando ahora de minas de carbón, no estamos hablando del cuarto de billón que hay en los presupuestos para ayuda de la minería del carbón. Aquí estamos hablando de un plan de desarrollo alternativo a las cuencas mineras, y eso viene en los presupuestos del Estado con dinero de los españolitos y no de Bruselas. Eso es hacer carreteras y eso es poner tierras en regadío, y eso que nosotros pedíamos no tiene absolutamente nada que ver con la moción que usted presenta, ya que es otra cosa completamente distinta.
Como no tiene contenido alguno, nosotros lo que hacemos es presentar esa enmienda, que espero por lo menos que la aprueben. No sé lo que nos dirán ustedes en su turno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Correa.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.


El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias.
Señor Presidente, créame que subo a esta tribuna bastante decepcionado.
Senador García Correa, si el rigor que usted pone en lo que pide es el mismo que ha empleado al utilizar un mecanismo parlamentario para presentar una enmienda que prácticamente no dice nada y que ni siquiera ha defendido puesto que se ha limitado solamente a hacer uso de un turno, tengo que decirle que ése es el más puro estilo socialista y demagógico que les ha llevado a ustedes a perder las elecciones generales.
(Risas.--Fuertes rumores.) Usted ha venido aquí y se ha dedicado a insultar. (El señor García Correa hace signos negativos.--Rumores.) Ha dicho usted que yo he mentido y que también ha mentido el Ministro. Ha venido a decir poco menos que ha mentido todo el mundo porque, eso sí, el único que está en posesión de la verdad es usted, y supongo que también el señor González, que parece ser un enviado de Dios. (Rumores.) Sí, señorías, ¡si aquí también se ha citado al señor Arenas y aún queda más! Ante esto, yo puedo hacer dos cosas: entrar a debatir una enmienda que no merece el título de tal y ejercer el derecho parlamentario que me corresponde, o entrar con usted en un cuerpo a cuerpo burdo y demagógico --cosa que probablemente nos podrá dar mucha o poca satisfacción a nosotros dos-- pero lo que sí le digo es que con estos actos usted no defiende ni representa a ese pueblo que usted pretende representar y defender. (Rumores.) Usted dice que yo me he opuesto a dar una sola peseta. ¿Dónde consta eso? ¿Cómo dice usted que no hemos presentado ninguna moción si usted votó a favor de una que presentó mi Grupo el año pasado? (Rumores.) Sí, sí, ustedes podrán decir lo que quieran pero el caso es que se presentó y se aprobó.
El problema está en que si ustedes tienen las claves de la solución del problema tan claras como usted dice tenerlas, no sé entonces cómo en catorce años usted no aconsejó a su Grupo que lo hiciera.
Y es que todo esto es mentira. Todo este juego es mentira. Es un juego burdo para intentar que desde la Comunidad Autónoma andaluza --y estamos asistiendo todos los días a eso-- se haga oposición al Gobierno del señor Aznar. (Rumores.) Pero como efectivamente, Senadores socialistas, este papel (El señor Esteban Albert muestra a la Cámara el texto de la enmienda a la moción

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que se está debatiendo.) no merece siquiera la pena entrar a evaluarlo por el alto desprecio que usted ha mostrado ante su propia enmienda, mi Grupo no va a entrar en ello y, desde luego, no la va a votar a favor.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
Entramos en turno de portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamentablemente, no he podido intervenir en la moción presentada por don Antonio García Correa aunque me hubiera gustado hacerlo. Creo que, efectivamente, el señor García Correa tiene razón cuando habla de presentar un plan para una región afectada por un problema de reconversión. Hay que buscar recursos suficientes para ello, hay que comprometer a las instituciones correspondientes y también se tiene que comprometer en ello esta Cámara.
Pero con esto no quiero desmerecer en absoluto la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en mi opinión importante y sobre todo oportuna. Lo único que ocurre es que lamento que no se hayan puesto entre ustedes de acuerdo. Nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Popular y también la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Y queremos apoyarla fundamentalmente por una razón de carácter político ya que en el fondo de lo que se trata es de que tomemos aquí decisiones de carácter político puesto que es la política la que mueve a cambiar decisiones que ni la técnica, ni siquiera las empresas privadas, ni muchas veces los hombres y mujeres de unas determinadas tierras que carecen de recursos son capaces de cambiar si no hay detrás un empeño político importante. Lo queremos hacer desde la solidaridad que hemos pedido para nuestra margen izquierda u otras zonas de Donostialdea o fronterizas que han necesitado recursos o la calificación de zona de urgente actuación por parte de la Unión Europea.
Y lo queremos hacer, fundamentalmente, porque el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo que lo representa aquí en el Senado entiende que no pueden producirse estas situaciones en un final de siglo, en un país que pretende, precisamente, ser una de las potencias económicas del mundo y donde fundamentalmente las Comunidades Autónomas tienen algo que hacer como es, en primer lugar, preocuparse por los problemas que afectan a sus ciudadanos, con los cuales conviven.
Nos ha gustado mucho más la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y, en este caso, no por razón de preferencias políticas, sino porque verdaderamente responde a la necesidad de atender a un plan y poder dotarlo de los recursos suficientes. No sé si la cantidad de 7.000 millones de pesetas es necesaria o no, pero indica, por lo menos, un compromiso político concreto.
Votaremos a favor del Grupo Parlamentario Popular, pero pediremos a ambos Grupos, que son los motores políticos de este Estado, en el cual nosotros coadyuvamos, precisamente, a su Gobierno, que se pongan de acuerdo para sacar a una región que merece la pena y a sus ciudadanos de la situación de incertidumbre económica y social en la que se encuentran.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.


El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
No quería repetir lo que he expresado otras veces en las interpelaciones y en las mociones, pero sí que tengo que decir que nuestro Grupo siempre ha defendido que es necesario presentar un plan de desarrollo para estas comarcas mineras metálicas.
También estamos de acuerdo con lo que expresa la moción del Grupo Parlamentario Popular, que las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Industria y Energía tienen que encontrar soluciones para estas comarcas.
Por tanto, nuestro Grupo va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García Correa.


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, ha hecho usted referencia a que con la postura demagógica, según usted, hemos perdido las elecciones. Aquí estamos hablando de una circunscripción, que es Andalucía, y le puedo hablar de Huelva, cuyos resultados conoce, que no llegamos al 100 por cien de votos socialistas, pero le faltó muy poco.
En segundo lugar, cuando la dirección del Grupo me encarga un trabajo, yo trato de prepararlo, como es lógico, y de investigar, por lo cual la enmienda que presento está más que justificada. Lo que ocurre es que usted no se lo ha preparado, de verdad, y sabe que la moción que presenta es muy genérica. Dice que la Dirección General de Industria y Tecnología para procesos de reconversiones y para atender a los proyectos, dé el dinero que hay en los Presupuestos Generales del Estado, etcétera. En definitiva, dice muy poquito, casi nada.
Además, para eso no hace falta que el Senado inste al Gobierno a que lo haga. El señor Ministro dijo aquí lo mismo que usted ha dicho: que se presentaran proyectos, que fueran la Dirección General de Industria, que se iban a coger con mucho cariño, etcétera. El Gobierno ya ha dicho que sí. ¿Es que ustedes no se fían del Gobierno? No me extraña que no se fíen ustedes del portavoz del

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Gobierno, que fue el que lo dijo. Que no lo hagamos nosotros es normal, pero yo creo que, por lo menos, ustedes debían de fiarse de él y creerle.
Se dijo que se iba a estudiar y desde la Dirección General se invitó a los alcaldes que estaban en la tribuna a que fueran a hablar con la Directora General de Industria para ver los proyectos que podían encajar, etcétera; eso ya está hecho. ¿A qué tiene que instar el Gobierno? ¿Qué enmienda presenta el Grupo Parlamentario Socialista? Pues bien, hay ya un precedente sobre este tema que se encuentra en la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1997, por la que se fijan las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización, la convocatoria para conceder esas ayudas a empresas públicas con problemas, etcétera. Es decir, atendiendo al presupuesto de la Dirección General de Industria y Tecnología para los procesos de reindustrialización, el año pasado el Gobierno dictó una orden ministerial en la que se establecían las ayudas que se iban a conceder, el ámbito territorial, los modelos para su solicitud por parte de las empresas, de los entes locales, etcétera.
Y nosotros pedimos que si verdaderamente el Gobierno tiene voluntad política de llevar este tema adelante haga exactamente lo mismo, es decir, que por la vía de la orden ministerial --y tal como solicitamos en nuestra enmienda-- determine los criterios geográficos para que quede claro qué comarcas se van a beneficiar. Porque, como usted decía, hay comarcas o minerías que van bien y a lo mejor no tienen necesidad de esas ayudas. Por tanto, habrá que fijar esa cuestión de alguna manera, ¿o vamos a dejar que se decida de forma arbitraria desde Madrid? Y no sólo deben determinarse los criterios geográficos, sino también los temporales y económicos. Porque, ¿cuándo se va a conceder esas ayudas: dentro de uno, cinco, u ocho años? ¿Y cuánto dinero hay para las mismas? Porque yo he estudiado detenidamente los presupuestos generales del Estado y lo que hay está más que comprometido. Por ejemplo, se destina una cantidad muy elevada para la ayuda a la industria naval, etcétera, pero quedan muy poquitas pesetas para la reindustrialización.
Por tanto, como la moción no dice absolutamente nada, y como ya el Ministro dijo aquí lo que dice la moción, creemos que ustedes han intentado hacer lo mismo que el año pasado, porque este no es un tema que presenta el Grupo Socialista, sino algo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en otras comarcas del territorio español. Lo único que pedimos es que se haga algo parecido en las comarcas de la minería metálica, que tan mal lo están pasando, y negarse a eso es dificilísimo.
La prueba de que ustedes no tienen voluntad alguna de ayudar a esas comarcas es que nunca han presentado una iniciativa al respecto. ¿Por qué estas dos mociones se presentan al día siguiente de que los socialistas presentáramos las nuestras? ¿Por qué si ustedes estaban dispuestos a ayudar a esas comarcas, al igual que el Gobierno negoció con los sindicatos y las Administraciones afectadas el plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, no inició también un proceso como el Gobierno hubiera creído conveniente; por ejemplo, a través del Ministerio de Industria, de la Dirección General de Industria, de la Dirección General de Minas, etcétera? (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Porque ya llevan ustedes casi tres años gobernando, y es ahora cuando presentan esta propuesta.
Por último, Senador Esteban, presentan ustedes una moción, pero pesetas no hay ni una. De eso no ha hablado. Ha subido usted a la tribuna un poquito nervioso, ha dicho cuatro cosas, pero no se ha referido a la moción que se aprobó por unanimidad de esta Cámara en el mes de octubre del año pasado. ¿Qué hay de ella? Porque, que yo sepa, no ha habido ninguna reunión de la Junta de Andalucía, los sindicatos y las empresas y, sobre todo, no conozco que se hayan dado pesetas, como decía un compañero mío. Por tanto, menos discursos y más pesetas, don Arturo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, Senador Esteban.


El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Empieza uno a no saber dónde está, porque antes, en el turno defensa de la enmienda, ésta no se ha defendido, y ahora, en el turno de portavoces, que es para explicar el sentido del voto, es cuando se ha hecho. Si ustedes trabajan siempre con ese mismo rigor, desde luego, no vale la pena atender a esto.
Señoría, su enmienda me parecía digna de tenerse en cuenta, pero ha sido usted quien la ha tirado al cubo de la basura con su intervención.
(Risas.) Y digo esto, porque no ha hecho una defensa de ella. Usted no la ha presentado para mejorar nuestra moción, y lo sabe muy bien. La ha presentado para tener dos intervenciones, porque, como usted ha dicho, lleva ya muchos años aquí; tenía pantalón corto cuando llegó. (Risas.) Usted lo sabe muy bien y no nos podemos engañar.
Por otro lado, ha dicho usted cosas tan increíbles como que no hemos presentado iniciativas. Pues bien, no hemos presentado ninguna iniciativa sobre los fondos AEPSA, pero resulta que esos fondos para la cuenca minera del Andévalo y la cuenca minera de Huelva son los más importantes de toda la historia de la democracia. Tampoco hemos presentado una iniciativa para la política en escuelas taller y también es importante.
Nunca se han dado tantos recursos para el fomento del empleo ni se han generado puestos de trabajo como ahora. Y el Grupo Parlamentario Popular no ha tenido que presentar ninguna iniciativa. ¿O es que el Gobierno sólo puede funcionar a base de iniciativas más o menos primorriveristas o rimbombantes, como usted quiera? Es igual. Esto es lo que les caracteriza a ustedes en su gestión, es decir, todo se queda en palabras.
Tengo que asentir con lo manifestado por el Senador Albistur. Este es un tema que sobrepasa con mucho la posibilidad de un enfrentamiento aquí. Le invito a que se una a esta moción, a que intente trabajar en ella.


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Usted me pregunta qué ha pasado con la moción del último año. Se lo voy a explicar. Que la Junta de Andalucía no se ha querido reunir. (Protestas.) Sí señor. Esto es verdad. ¿Las competencias en materia de fomento de la industria y de la minería no son competencias autonómicas? ¿No? ¿Y las de empleo tampoco? (Protestas.) Bien. Tampoco les puedo achacar a ustedes que no crean en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene dinero y, además, se le envía mucho. Usted podría estar protestando porque por hacer oposición al Gobierno de la nación, Andalucía ha perdido 70.000 millones en el sistema de financiación autonómica. (Protestas.) Contésteme, si no ahora hágalo otro día. De los 20.000 millones de la deuda histórica: Aznar, 20.000 millones, González, cero. ¿Cuánto ha pedido usted para la reconversión del sistema minero? Nada. No utilice usted la demagogia, que ya no le va, que ya está usted mayor para utilizar argumentos tan pobres, tan tristes y además trasnochados y caducos. (Protestas.) Nada más. Muchas gracias. (El señor García Correa pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Por qué artículo pide la palabra?

El señor GARCIA CORREA: Le soy sincero, señor Presidente. No sé si el artículo 87 es el más indicado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien; ha acertado. Dispone de un minuto.


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias por su generosidad.
En contestación a don Arturo Esteban, quiero decirle que ha manifestado que soy Senador, que llevo ya 20 años y entré con pantalones cortos. Yo, por desgracia, con pantalones cortos comencé a trabajar en la mina, porque los gobiernos de derecha que había entonces me sacaron del colegio y me mandaron a la mina. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Y en aquella época, don Arturo, usted llevaba todavía dodotis. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el señor Esteban Albert. Dispone usted de un minuto.


El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, solicito la palabra también por el artículo 87.
Intervengo muy brevemente para solidarizarme con el Senador don Antonio García Correa y decirle que siento lo mal que le ha tratado la vida todos estos años. Se le nota demacrado y mal. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación el texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que ahora hemos terminado de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 219; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS DE COFINANCIACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL PLAN DE INTENSIFICACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE LA CUBIERTA VEGETAL, Y A QUE PRESENTE ANTE LAS CORTES GENERALES UN DOCUMENTO DE ESTRATEGIA FORESTAL NACIONAL QUE ESTABLEZCA LAS LINEAS GENERALES EN LAS MATERIAS Y PERMITA UN PLANTEAMIENTO HOMOGENEO EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA Y OTRAS INSTANCIAS INTERNACIONALES. (662/000145)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente moción la presenta el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento de estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en las materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión Europea y otras instancias internacionales. (Rumores.) Señorías, permitan que la Cámara pueda seguir con el debate. (Rumores.) Señorías, como se decía antiguamente, no se reúnan más de cuatro personas. (Rumores.--Risas.) Señorías, llevamos tres minutos intentando empezar la siguiente moción.
Sin su colaboración va a ser difícil. Ruego, por tanto, a todos los que intentan desalojar la sala que lo hagan con agilidad.
Muchas gracias. Puede usted empezar, doña Francisca Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ustedes conocen, entre los proyectos medioambientales a financiar con cargo al Fondo de Cohesión se encuentra el llamado Plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal. Este plan es fruto de una propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura a las Comunidades Autónomas en cumplimiento de unas recomendaciones que se realizaron en esta Cámara, en el Senado, en 1993 con objeto de intensificar la prevención de los incendios forestales y la regeneración de los ecosistemas.
A través de ese plan, cuyo período de ejecución comenzó en 1995 y finalizaría en 1999, el Gobierno central, con financiación procedente del Fondo de Cohesión, debe

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destinar a las Comunidades Autónomas un importante volumen de recursos para realizar proyectos forestales de lucha contra la erosión y la desertización.
En enero de 1997 el Ministerio de Economía y Hacienda estableció nuevos criterios a los que debían someterse los proyectos del Fondo de Cohesión para esos años 1997, 1998 y 1999, es decir, el PP también aquí cambió el modelo y el Ministro Rato propuso como novedad que los proyectos de este programa de protección de la cubierta vegetal, conocidos como programas de forestación, aunque mantuviesen la prioridad general, no se presentarían al Fondo de Cohesión y el Gobierno Popular adquirió el compromiso de dotarlos con cargo al FEOGA-Orientación en el submarco plurirregional.
Por lo tanto, nos encontramos con que, con cargo a ese Fondo de Cohesión, se han dejado de financiar en ese trienio más de 112.000 millones de pesetas correspondientes a proyectos forestales redactados por las Comunidades Autónomas, de los cuales casi 70.000 corresponden a la Administración central y el resto a cada uno de los gobiernos autonómicos. Digo que se han dejado de financiar porque al día de hoy los recursos alternativos del FEOGA prometidos por el señor Rato no se han materializado y están, por la vía de hecho, impidiendo que las Comunidades Autónomas ejecuten esa inversión que tienen pendiente. Por lo tanto, es primordial para las Comunidades Autónomas afectadas por este problema --que, por cierto, son la práctica mayoría-- que el Gobierno Popular se pronuncie sobre la forma de instrumentar esa integración de los fondos, en este caso FEOGA, que han de incorporar en sus presupuestos las Comunidades Autónomas porque con esta ingeniosa novedad del Ministro Rato lo único que se ha conseguido es bloquear --congelar diría yo-- gran parte de las inversiones forestales en el trienio 1997-1999.
Y no es un tema menor, señorías, muy al contrario. Hay Comunidades Autónomas, como todas las de la cuenca del Mediterráneo y muy especialmente la Comunidad Autónoma andaluza, donde la inversión forestal es fundamental, porque la existencia de importantes procesos de desertización ponen en peligro no sólo el propio sector forestal, sino también otra serie de actividades productivas que exigen cuantiosas inversiones para que se puedan restaurar esas zonas degradadas y, en definitiva, mantener y mejorar las áreas forestales.
Con este incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aznar --compromisos adquiridos, por cierto, con cada uno de los gobiernos autonómicos--, las pérdidas en inversión y empleo son preocupantes. En el caso de Andalucía, por citarles una de las Comunidades más afectadas por este incumplimiento de los compromisos del Gobierno Popular con la Junta de Andalucía, en materia de repoblación forestal, el Gobierno central, dejará de invertir en ese trienio del que hablábamos 19.268 millones de pesetas procedentes del Fondo de Cohesión, y con eso se van a perder más de un millón de jornales repartidos por toda la superficie forestal de Andalucía. Lo que está claro es que con esta actitud del PP se está poniendo incluso en peligro la pervivencia de una serie de pequeñas y medianas empresas forestales con el consiguiente coste adicional para el empleo y la actividad económica.
Señorías, lo que está claro es que el Gobierno central no puede seguir mareando la perdiz porque es urgente y prioritario seguir luchando contra la erosión y la desertización en esas zonas de riesgo de nuestro país y, especialmente, en esas Comunidades a las que antes me refería de la cuenca mediterránea y andaluza, porque el Gobierno tiene que seguir financiando las políticas de restauración de la cubierta vegetal para que se pueda seguir dinamizando el cumplimiento de los consensuados planes forestales. Tanto en el caso de Andalucía, donde hay un plan forestal aprobado por unanimidad de la Cámara, como en el País Vasco, en Murcia y en casi la totalidad de las Comunidades Autónomas hay que seguir invirtiendo en esos proyectos de forestación para dinamizar el cumplimiento de los consensuados planes forestales.
Pero también --y esto es muy importante-- hay que desarrollar una estrategia de lucha contra la desertización y defensa del bosque mediterráneo que implique a la Unión Europa. Señorías, es verdad que la política forestal actual de la Unión Europea responde básicamente a las características y a las necesidades de los bosques del centro y norte de Europa y olvida, casi totalmente, las peculiares condiciones del sur, en general, y de la cuenca mediterránea, en particular.
El bosque mediterráneo agrupa una serie de ecosistemas que ocupan más de los dos tercios de la superficie forestal española, ecosistemas que son muy variados, pero que tienen características comunes, fruto de esa existencia de un marcado período estival árido y de las frecuentes precipitaciones, que se presentan como aguaceros torrenciales, concentradas en muy pocos días del año. Estas circunstancias hacen que el bosque mediterráneo sea escasamente productivo por unidad de superficie, pero también hacen que sea muy importante como elemento generador de beneficios ambientales y sobre todo de mantenimiento de la biodiversidad.
No es menos importante señalar al Gobierno central y a la Unión Europea los riesgos que aparecen en el bosque mediterráneo, porque en él existen muchas zonas degradadas, fruto sobre todo de la explotación de los recursos en épocas anteriores. Por tanto, la restauración de esas zonas es prioritaria y nos debe ir llevando a corregir esos procesos de desertización, que están suponiendo, sin duda, un freno al desarrollo de muchas zonas rurales y que están llevando incluso a su despoblamiento.
Señorías, a ninguno de los que nos sentamos aquí no nos cabe duda de que la conservación y la restauración exigen una política forestal activa y coordinada. Una política activa que financie los proyectos de reforestación y de protección de la cubierta vegetal, pero también una política coordinada con el desarrollo rural, que contribuya a asegurar la conservación de los recursos y a mantener la biodiversidad para las generaciones venideras.
Pues bien, parece que el Gobierno español carece de esa política forestal decidida y es urgente que el Gobierno de Aznar tenga clara esa necesidad de definir una política

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en materia forestal que, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, permita un planteamiento homogéneo en la esfera europea e internacional.
Decíamos antes, y lo reitero ahora, que es verdad que la Unión Europea carece de una política forestal común, lo que origina, sin duda, que la asignación de los fondos a este sector sea mínima, sobre todo en comparación con el montante de la política agraria comunitaria. Esto supone que además de que los recursos que se destinan en estos fondos son escasos, también son permanentemente discutidos por no ser estrictamente agrícolas, ni siquiera totalmente medioambientales, lo que sin duda hace que su gestión sea muy compleja.
Siendo todo esto verdad, lo que también es cierto, y además es lamentable, es que el Gobierno español no sea capaz de definir una política forestal propia, que proteja y preserve el bosque mediterráneo, y que no sea capaz de defender esa política en la Unión Europea. Todo esto es lamentable, señorías, porque lo que se está produciendo en la realidad es una drástica reducción de la inversión en los terrenos forestales, que representan más de la mitad del territorio nacional y que están poniendo en peligro el aprovechamiento de sus recursos y su conservación, teniendo una alta incidencia en la pérdida de empleo de forma cuantitativa, sin duda, pero también en condiciones de calidad, porque coincide que, generalmente, las zonas forestales son áreas desfavorecidas y tienen pocas o casi nulas --diría yo-- alternativas socioeconómicas.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista plantea con su moción dos cuestiones que consideramos importantes y urgentes y que hay que abordar con carácter inmediato.
En primer lugar, exigimos al Gobierno del señor Aznar que cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas del Plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, en definitiva, del plan de forestación, aunque no siempre se trata de seguir una estrategia forestal porque a veces no es ésta la política adecuada para obtener las mejores condiciones medioambientales.
Señorías, no estamos ante un tema baladí en razón de su urgencia, porque las Comunidades Autónomas necesitan saber cómo integrar en sus propios presupuestos la parte de cofinanciación que les corresponde de esas inversiones. Ya han pasado dos ejercicios en los que no lo han podido hacer, aunque en la mayoría de los casos están asumiendo como propias estas inversiones y abordándolas con cargo a sus propios presupuestos en detrimento --y esto se agudiza en algunas Comunidades donde el monto de recursos es importante, como en el caso de Andalucía que es el más alto-- de sus propios recursos.
En enero de 1997 el señor Rato adquirió un compromiso de inversión con los Gobiernos autonómicos, pero estamos finalizando el año 1998 y nadie sabe nada, nadie contesta. Ninguno de los Ministerios afectados, ni Medio Ambiente, ni Economía y Hacienda, ni Agricultura se ha pronunciado al respecto.
Es urgente, señores del Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno que ustedes sustentan descongele los recursos financieros comprometidos con las Comunidades Autónomas para poder continuar con las inversiones y los proyectos previstos en el Plan de protección de la cubierta vegetal durante el período 1995-1999.
Pero no es menos importante la segunda parte de nuestra moción, señorías, y no sólo por el contenido sino también por la oportunidad temporal de la misma. Disponemos del informe de evaluación forestal elaborado en Europa y, por tanto, tenemos la oportunidad de plantear las políticas forestales que, en el marco de la Unión Europea y con el máximo respeto a las competencias autonómicas, queremos que lleve a cabo este Gobierno en el futuro.
La segunda parte de nuestra moción es oportuna tanto en el tiempo como en el contenido. Planteamos la necesidad de presentar y discutir en las Cortes Generales un documento de estrategia forestal nacional que, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, establezca unas líneas generales de actuación homogéneas a los planteamientos propuestos en la Unión Europea y en otras instancias internacionales, de manera que nos permita apostar por la biodiversidad y por nuestros bosques.
Señorías, para finalizar quiero decirles que sólo cuando el Gobierno central debata en las Cámaras y elabore, teniendo en cuenta la aportación de todas las fuerzas políticas y el respeto a las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas, ese documento de estrategia forestal que tanto necesitamos, sólo entonces podremos defenderlo en la Unión Europea. Así, el bosque mediterráneo no será el último en las prioridades de Europa y estará al mismo nivel que los bosques del norte y centro de Europa, que ahora tienen prioridad en el contexto de la Unión Europea.
Por todo lo dicho espero de sus señorías el apoyo a la moción presentada; una moción que es justa porque reivindica y exige el cumplimiento de unos compromisos por parte del Gobierno, que en todo este tiempo no se ha pronunciado sobre el tema y que tan sólo dice que no hay Fondos de Cohesión y que quizá pueda abordarse con el FEOGA-Orientación.
Mi grupo no se ha querido limitar a traer la voz de las Comunidades Autónomas exigiendo ese compromiso, también queremos que se estudie un documento que aúne posturas y consensue voluntades, de forma que en España podamos apostar todos por la defensa del medio ambiente frente a los que apuestan por otro tipo de políticas medioambientales distintas, por lo menos en las prioridades, en el marco europeo.
Por ello, espero el voto afirmativo para esta moción y deseo que este debate no sea nada más que el comienzo de los cumplimientos y, sobre todo, de ese documento de estrategia de política forestal nacional, de la que carecemos en este momento, a pesar de tener un Ministerio de Medio Ambiente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


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Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece oportuna la presentación de esta moción, ya que suscita un debate en torno a la actuación que las Administraciones Públicas realizan sobre los montes y el aprovechamiento forestal.
Se trata de una materia sobre la que esta misma semana se está celebrando en Madrid el Congreso de Medio Ambiente, donde se tendrá la oportunidad de analizar la incidencia que puede tener la protección o desprotección del medio ambiente en fenómenos tan importantes como puede ser el cambio climático --con la reciente reunión que ha habido en Buenos Aires-- o el agujero de la capa de ozono. En definitiva, temas que afectan a la totalidad de la humanidad como conjunto y a personas concretas y determinadas.
Además, señor Presidente, se da la paradoja de que las grandes agresiones al medio ambiente fundamentalmente devienen de los países industrializados, y en cambio los perjudicados de esas agresiones al medio ambiente, como pueden ser los efectos inducidos del cambio climático o del agujero en la capa de ozono, son los países en vías de desarrollo. Recientemente hemos comprobado todos los ciudadanos los efectos del huracán «Mitch» en Centroamérica. Es en este contexto donde también se enmarca la iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a la necesidad de una protección del medio ambiente forestal, del medio ambiente natural, por la incidencia que puede tener lugar en efectos, como he señalado anteriormente, como el cambio climático.
Nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con la exposición que ha realizado doña Francisca Pleguezuelos. Consideramos que ha sido una intervención conocedora de la realidad y rigurosa. Ahora bien, simplemente hemos planteado una enmienda puntual --que previamente hemos consultado con su Grupo Parlamentario--, llegando a una aproximación o acuerdo.
Señor Presidente, con nuestra enmienda se pretende recordar la competencia que en esta materia tienen las Comunidades Autónomas. La señora Senadora ha señalado adecuadamente que Comunidades Autónomas como Murcia, Andalucía y el País Vasco tienen aprobados planes forestales en sus parlamentos autonómicos, es decir, instrumentos de planificación de cómo han de actuar las administraciones en la protección del bosque y cómo se han de aprovechar los usos forestales. Esa es una cuestión que nosotros considerábamos importante. Por ello, el texto final, con nuestra enmienda, vendría a decir lo siguiente: Presentar ante las Cortes Generales para su discusión un documento de estrategia forestal nacional que, respetando las competencias --se añadiría lo siguiente--: «... y la planificación en la materia de las Comunidades Autónomas...». El resto quedaría igual redactado. Unicamente se añadiría este pequeño párrafo relativo a la planificación ya efectuada por las Comunidades Autónomas.
Con este añadido, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos estarían de acuerdo en esta iniciativa parlamentaria que se ha sometido a la Cámara, y votaremos encantadoscias, señor Presidente.
El espíritu de la enmienda es atar aún más corto ese documento de estrategia forestal nacional para que no vulnere la planificación de cada una de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia, por entender --y creo que esto es muy importante-- que si pretendemos hablar de una política forestal común europea hay que respetar la pluralidad, las competencias de cada una de las Comunidades o de los territorios, y, al mismo tiempo, queremos recursos europeos.
Por tanto, si su señoría entiende que puede aceptarse esa enmienda «in voce», nosotros también, ya que se limita exclusivamente a añadir en el párrafo dos del texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que habla de: «... respetando las competencias», el inciso «... y la planificación en la materia...». Con ese matiz el Grupo Parlamentario Socialista aceptaría la enmienda, porque lo único que hace es añadir cautelas que compartimos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
En definitiva, es una enmienda «in voce» que requiere el visto bueno de los demás grupos parlamentarios para ser tramitada. Por tanto, si algún grupo parlamentario tiene algún inconveniente para asumir esta enmienda, que lo diga ahora o que calle para toda la vida. (Risas.) Se acepta la tramitación de esta enmienda (Asentimiento.) Por tanto, pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo Poch.


El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, siento de verdad tener que cerrar el debate sin haber tenido la más mínima posibilidad de debatir con el grupo proponente su moción.
Estaba absolutamente convencido de que el Reglamento de la Cámara me ofrecía un turno en contra antes del turno de portavoces para que pudiéramos debatir los argumentos que voy a

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dar, en primer lugar, para rebatir los suyos y, en segundo lugar, para argumentar el voto en contra de mi grupo parlamentario a la moción que ha presentado su grupo parlamentario.
Lo voy a hacer desde el convencimiento, señoría, de que aunque ustedes no lo puedan reconocer, votando en contra de esta moción les vamos a hacer un favor. (Risas.) Les vamos a hacer un favor porque con esta moción, créanme, en algunos de sus aspectos ustedes se hacen oposición, concretamente hacen oposición a la labores del Gobierno central en los años 1994, 1995, y la pequeña parte del año 1996. Si su señoría me permite que se lo explique, se lo demostraré.
Además en su intervención usted ha faltado a la verdad al achacar el problema al Gobierno de España, cuando usted sabe, señoría, que en determinado momento fue la Comisión Europea la que decidió cambiar los objetivos a los que se deben destinar los Fondos de Cohesión. Luego, si su señoría quiere, podremos hablar de cómo el Gobierno central precisamente a partir del año 1997, pese a esa decisión de la Comisión Europea, sostiene los compromisos financieros que había adquirido con las Comunidades Autónomas para programas relacionados con el medio ambiente, efectivamente no tocantes a la problemática forestal o de la cubierta vegetal de nuestro país, en los que participaron todas las Comunidades Autónomas y destinados a no perder los Fondos de Cohesión o, por lo menos, el compromiso financiero que el Gobierno de la nación había adquirido en el año 1994.
Fue precisamente a finales del año 1994, con motivo --sus señorías lo recordarán--, desgraciadamente, de la intensidad y gravedad de los incendios forestales de aquel verano, cuando el Ministerio de Agricultura, a través del ICONA, presentó un plan de actuaciones con el objetivo de intensificar los trabajos de restauración y de recuperación de la cubierta vegetal, que en los últimos años --no sólo en el año 1994-- se habían visto notablemente disminuidos. Creo recordar que la superficie reforestada anualmente en toda en España hasta aquella fecha era de 25.000 hectáreas.
Por tanto, el llamado plan de intensificación del programa de protección --que, señorías, no se llegó a aprobar nunca-- preveía una inversión --le voy a poner el ejemplo de la Comunidad Autónoma que usted también ha indicado-- para Andalucía de 32.620 millones de pesetas para el período 1995-1999, distribuido al 50 por ciento entre la Administración central y la Junta de Andalucía. Y similar era la distribución de la financiación con respecto a otras Comunidades Autónomas.
Para la ejecución del plan se buscaba el apoyo financiero de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Este Fondo tiene carácter nacional y su principal objetivo consiste en hacer compatibles las rígidas condiciones de convergencia macroeconómica necesarias para conseguir la unión monetaria con el mantenimiento de la actividad inversora en los países más desfavorecidos. Esos son los fines, señoría, y el principal objetivo de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Digo esto porque que tengamos claro cuál es el objetivo de estos fondos es clave para entender lo que a continuación voy a explicar.
El Fondo de Cohesión se diferencia de los Fondos Estructurales en que no está, por tanto, diseñado para atender a criterios de desarrollo regional, sino que se configura como un instrumento al servicio de políticas de ámbito estatal que favorezcan; evidentemente, la aproximación de España a niveles medios de desarrollo de la Unión Europea. No obstante, el Gobierno de la nación decidió admitir por aquel entonces --me cuesta ahora mismo recordar quién gobernaba-- la presentación de proyectos de las Comunidades Autónomas al Fondo de Cohesión y de esta forma quedó reflejado en el acuerdo --probablemente su señoría lo haya leído a la hora de estudiar la presentación de su moción-- del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 21 de septiembre de 1994, en el cual se fijaba, entre otros, el importe total de la ayuda del Fondo para trabajos forestales de las Comunidades Autónomas para el año 1995, dentro de ese plan de intensificación, que --repito a sus señorías-- no se llegó a aprobar nunca.
Con estos antecedentes, se presentó en el año 1995 la cartera de proyectos para ese ejercicio, que incluía una relación de actuaciones a financiar por las Comunidades Autónomas, por un importe sensiblemente igual al determinado por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el ICONA. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las Comunidades Autónomas --ruego ahora a la Cámara la máxima atención-- el ICONA --y estamos del año 1994-- no pudo alcanzar los niveles señalados en el plan de intensificación, al ser la dotación presupuestara aprobada en los Presupuestos Generales del Estado insuficiente para ello.
En el año 1996 el proceso seguido fue similar al reseñado para el año 1995. En principio, señoría, todo indicaba la posibilidad de continuidad hasta el año 1999 en la línea iniciada. Sin embargo, diversas circunstancias parecen haber inducido a la Dirección General de la Comisión Europea responsable a replantearse la ayuda a los proyectos de restauración hidrológica-forestal. Y precisamente por ello, ante ese cambio de opinión de la Dirección General competente de la Comisión Europea, el Ministerio de Economía y Hacienda convocó a los responsables de las Comunidades Autónomas en los primeros meses del año 1997 solicitando el establecimiento de prioridades de los proyectos relativos al medio ambiente que sí fueran susceptibles de ser financiados a través del Fondo de Cohesión.
Evidentemente, para la Junta de Andalucía los proyectos forestales también gozaban de la máxima importancia, como para el resto, señoría, y, sin embargo, al igual que las otras Comunidades Autónomas, ante las dificultades surgidas en el seno de la Comisión Europea en una segunda fase, los desplazaron al último lugar, anteponiendo proyectos de residuos sólidos urbanos, de depuración de aguas, de abastecimiento y transporte, aunque también es cierto --que es lo que su señoría mencionaba-- que se ofreció a estudiar la posibilidad de dar continuidad a estos trabajos, es decir, a los proyectos inicialmente

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presentados, mediante el encaje de su financiación a través del FEOGA-Orientación.
Por tanto, el planteamiento expuesto no es exclusivo --como me ha parecido entender de las palabras de su señoría-- de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que debe de extenderse al conjunto de las Comunidades Autónomas.
En relación con la posibilidad de encajar la financiación de los trabajos aludidos, o sea de los que inicialmente se presentaron como que podrían formar parte de los financiados a través de los Fondos de Cohesión, en estos momentos se encuentra en fase de análisis.
En principio, la posible vía de financiación de proyectos forestales excluidos del Fondo de Cohesión procedería del déficit de ejecución de la Administración central en los programas operativos del FEOGA-Orientación.
Como quiera que la finalización de estos programas alcanza el año 1999 no se sabe aún, sería aventurado y complicado hacer ahora una previsión de cumplimiento y cuantificar el crédito sobrante. La complejidad del tema aumenta si consideramos, además, que se ven afectadas varias direcciones generales de dos Ministerios, en este caso del de Agricultura, Pesca y Alimentación y del de Medio Ambiente.
Podría resumir lo dicho hasta ahora en que, en primer lugar, el plan de intensificación --que no se llegó a aprobar nunca, señoría-- permitió a las Comunidades Autónomas a acceder al Fondo de Cohesión, posibilitando una ayuda financiera del 85 por ciento sobre el coste de los trabajos; en segundo lugar, que diversas circunstancias han conducido a la Comisión Europea a replantear la idoneidad de la financiación de proyectos de restauración forestal con cargo al Fondo de Cohesión para el período 1997-1999, y que proyectos de otra naturaleza parecen más acordes con los objetivos del Fondo de Cohesión, por lo menos a juicio de la Comisión Europea; y, tercer lugar, que conforme a lo que he dicho, la Junta de Andalucía, igual que el resto de las Comunidades Autónomas, modificó en el año 1997 sus líneas prioritarias, anteponiendo proyectos de saneamiento, de depuración, etcétera, a los de restauración forestal, ante la aventurada posibilidad de un encaje de esos proyectos a través de la vía del FEOGA.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Calvo Poch, vaya terminando, por favor.


El señor CALVO POCH: Voy terminando ya, señor Presidente.
Esa parte de su moción no es cierta.
En cuanto al segundo punto, que se refiere a la estrategia forestal nacional, no sé si el Senador Gatzagaetxebarría de alguna manera da el visto bueno a lo que subyace de él y es, a lo mejor, creer que el Gobierno no está trabajando en la elaboración de la estrategia forestal nacional. Creo que el señor Gatzagaetxebarría por lo menos conoce que en estos momentos está ya avanzado un documento relativo a la estrategia forestal nacional, disponible para todas sus señorías porque está, además, en Internet, es decir, es público y notorio. Este documento tiene cinco partes, donde además del diagnóstico actual, pueden sus señorías encontrar las consideraciones del modelo forestal nacional, la reformas estructurales necesarias, los instrumentos para la planificación que debería coordinar la Administración General del Estado y acciones sectoriales, la aplicación y seguimiento de la estrategia forestal española y, por supuesto, como todas sus señorías saben también, próximamente tendrá entrada en las Cortes Generales la ley de montes, que este Gobierno se ha comprometido a presentar.
En el año 1997 se elaboró un primer borrador de estrategia forestal, que fue retirado porque se le acusó --es cierto-- de especialmente productivista, y a principios de este año se inició la elaboración de otro texto, que ya ha sido presentado, Senador Gatzagaetxebarría, a las Administraciones públicas con competencia en la materia; es decir, el Gobierno del País Vasco ya conoce el documento del que le estoy hablando.
Además el citado documento se ha dado a conocer a colectivos involucrados. En estos momentos se encuentra en discusión en una serie de grupos de trabajos que se han establecido a tales efectos y cuyas conclusiones y recomendaciones se podrán conocer en la próxima semana.
Si hubiéramos tenido la posibilidad de un turno de réplica y de dúplica, probablemente me hubiera dado tiempo a explicar por qué la Senadora Pleguezuelos ha presentado una moción en la que trata simplemente de justificar, poniéndose la venda antes de la herida, por qué la Junta de Andalucía a lo mejor no va a poderse beneficiar de los fondos del FEOGA para la mejora de la cubierta vegetal.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.) Senadora Pleguezuelos, no es obligatorio hacer uso del artículo 87 del Reglamento en cada moción. No infrinjo el Reglamento si no le concedo la palabra.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, es que el Senador Calvo ha estado diciendo que quería que hubiera debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vuelvo a decirle que en esta ocasión no ha lugar ningún otro debate. Muchas gracias.
Vamos a llamar para las votaciones. (Pausa.) Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que acabamos de debatir, con la introducción de la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 93; en contra, 125; abstenciones, siete.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, CON LA MAXIMA URGENCIA POSIBLE, ORDENE LA CORRECCION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL ORDENADOR CENTRAL QUE GESTIONA EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI), EN RELACION A LAS NOMINACIONES PROPIAS Y REALES DE CADA TITULAR O, EN SU DEFECTO, ELABORE Y PUBLIQUE UN DECRETO POR EL QUE TODOS LOS NOMBRES PROPIOS QUE FIGURAN CON CARACTER DE LENGUA ESTATUTARIA Y COOFICIAL EN EL DNI A RENOVAR SEAN RESPETADOS Y ADMITIDOS A TODO EFECTO OFICIAL Y ADMINISTRATIVO. (662/000142)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, ordene la corrección y actualización de datos en el ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad, en relación a las nominaciones propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y publique un decreto por el que todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y admitidos a todo efecto oficial y administrativo.
Para su defensa tiene la palabra el Senador don Imanol Bolinaga Bengoa.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente, por otorgarme la palabra y por su magnífico enunciado de la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Simplemente he intentado leer lo que ha sido literatura propia de usted, Senador.
Muchas gracias.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señorías, señor Presidente, la presente moción intenta ser formulada de modo principal bajo un concepto de autoreflexión crítica y de cara a la pluralidad que se da realmente en nuestra sociedad, una pluralidad social y cultural que, en ocasiones, como en ésta, nos exige una toma de decisión responsable sobre materias que le son concernientes.
Estamos convencidos de que el total de esta moción se sustenta nítidamente tanto en la legalidad vigente como en la naturaleza misma del ser humano y, de modo particular, en algo tan íntimo y personal, como lo que afecta al nombre propio de cada cual que, no hace falta decirlo, es una cuestión de derecho inalienable y fundamental de todo ser humano. El nombre propio es un derecho humano por ontología.
Como antecedente previo, debo rememorar con agrado aquella sesión plenaria celebrada en esta misma Cámara, con fecha 24 del pasado marzo, en la que aprobamos por unanimidad la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales del Consejo de Europa, cuyo artículo 10 en todas sus partes ha de ser tenido especialmente en cuenta a efectos de dirimir la presente moción. Fue un debate a través del cual quedó firme e inequívocamente constatada la voluntad unánime de respetar y animar la conveniencia y el derecho del uso y disfrute sin restricciones de cada una de las lenguas, tanto en lo privado como en lo oficial, y cuando menos, dentro del ámbito territorial de su respectivo desenvolvimiento.
Sinceramente creo que todas las intervenciones registradas por el motivo citado se desarrollaron con altura de miras y sinceridad expresiva, sin dudas ni interrogantes. Entre todas las habidas, evoco con singular contento y satisfacción el magnífico discurso de nuestro estimado colega del Partido Popular, Senador González Pons, que calificó con el feliz término de lenguas estatutarias las diferentes lenguas vernáculas habladas en el Estado. Tan feliz expresión, repito, fue y es, sin duda alguna, el fiel reflejo de una apreciación óptima sobre el particular, en el claro sentido de realzar su carácter de oficialidad reconocida y predicar el respeto y aprecio que todas ellas merecen, tanto, desde un punto de vista privado, como desde el oficial y público. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, espere un segundo.
Sus señorías pueden hablar, pero con un tono un poco más bajo, por respeto al Senador que tiene la palabra.


El señor BOLINAGA BENGOA: Evidentemente, entiendo que no pudo ser tratada la cuestión de otra manera que la preestablecida en el actual paradigma de la pluralidad lingüística, cultural y del derecho de gentes, y en un medio plenamente normalizado y de elemental convivencia, en el que todos, sin excepción, estamos comprometidos con pleno sentido de responsabilidad política y cívica. Por lo menos, esa es nuestra convicción.
Dejo también constancia de que los contenidos de la Carta Europea fueron estimados como condicionantes mínimos de orden general y de que todos tuvimos a bien afirmar que, comparativamente, nuestras leyes propias de uso interno al respecto --la Constitución y los Estatutos, preferentemente-- sobrepasaban con creces el contenido normativo de la repetida Carta Europea, mostrándonos conscientes de su aplicación en el día a día de nuestras relaciones sociales, incluidas las comprendidas entre la Administración y el administrado. Y evoco nuevamente, señorías, el artículo 10 de dicha Carta Europea.
Precisamente es a este último aspecto al que se refiere nuestra moción, ya que no fuimos lo suficientemente previsores como para tener en cuenta la existencia de un ordenador central que emite datos referidos a la gestión del

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documento nacional de identidad y que en verdad muy poco o nada entiende de debates y acuerdos parlamentarios. El ordenador va a lo suyo: a emitir los datos en él introducidos con mayor o menor fortuna y sin caer en mientes de veracidades ni sensibilidades. Por supuesto, señorías, lejos de mi intención despreciar el sistema. ¡Faltaría más! Lo que verdaderamente me resulta inadmisible es que los datos emitidos por un ordenador, por muy central que éste sea, se conviertan sin más en dictado de comportamiento hiriente cuando los datos previamente introducidos en él no se ajustan a la verdad que deben contener y se encuentran fuera de la realidad social a la que debe atender, enmendándole la plana a un estatus convivencial respetuoso y tensionando métodos de comportamiento legalmente establecidos. En efecto, según fue reconocido por el señor Ministro del Interior en respuesta a una pregunta de este Senador, es cierto que el ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad incorporó en su momento como datos iniciales aquéllos de los libros de primera inscripción de los servicios centrales, se supone que por error, y por ello en ese ordenador que gestiona el documento nacional de identidad en toda España no aparecen consignados los nombres legalmente señalados por los interesados al renovar su documento nacional en la provincia correspondiente, lo cual produce discordancias entre los datos de las comisarías y aquéllos de los servicios centrales del Documento Nacional de Identidad.
Eso es lo que el señor Ministro, con sinceridad que se agradece, nos expresó en relación con los nombres propios consignados en las distintas lenguas vernáculas, salvo en la castellana. Me alegró saber por boca del señor Ministro que lo cuestionado no mantenía relación con ningún problema político, sino que era derivado de un problema técnico. Era un error técnico, y así se lo acepté. También acepté su firme voluntad de dar satisfacción a todos los ciudadanos vascos --fueron sus palabras literales-- y de que lo iba a hacer cumpliendo con la obligación del Gobierno, porque para eso está el Gobierno de España (sic).
Pues bien, la finalidad de esta moción es facilitar al Gobierno su tarea de dar satisfacción a todos los ciudadanos afectados por la errónea incorporación de datos en desajuste con las realidades personales legalmente existentes, en cuanto se refieren a la nominación propia y personal, no castellana, de numerosos ciudadanos de toda índole, bien por ser cual es su denominación de origen, bien por su opción libre y reglamentada en su día como compensación justa de anteriores prohibiciones «anti natura».
En definitiva, por cuestiones técnicas derivadas de un tipo erróneo de incorporación de datos se constata que no sólo se producen discordancias internas que jamás deberían haberse producido en aras de una correcta interrelación, sino que, por añadidura y sobre todo, se generan inquietud, desazón, disgusto, demora y un costo económico para los ciudadanos susceptibles de afectación; ciudadanos que son ajenos en su totalidad al más mínimo sentido de responsabilidad sobre las deficiencias técnicas erróneamente constituidas y que únicamente son imputables a una gestión o a una interpretación administrativa que ha fallado nítidamente y que, en conclusión, debe corregirse a sí misma sin ocasionar el más mínimo menoscabo en los derechos o en la textura legal de la ciudadanía afectada, sin provocar en ésta sensación alguna de discriminación, humillación o frustración, después de tanto tiempo transcurrido, con el convencimiento de que el actual es mucho mejor que el pasado, aquel pasado del que oportunamente, señorías, hicimos borrón y cuenta nueva.
No pretendo ensañarme en el error ya verificado de la Administración ni en la búsqueda de responsabilidad o de responsables, porque en verdad reconozco que todos estamos sujetos a posibles errores. Tampoco quiero incidir con tintes negros en las desagradables consecuencias, en las reacciones de enojo que tal error está produciendo. No es mi estilo en el quehacer diario de esta Cámara.
Pretendo decir que hemos de esforzarnos en aprender de la historia pasada y de la reciente; aprender de los errores en general y, en particular, de este error técnico, suficientemente manifiesto, con el solo ánimo, en principio, de que sea subsanado con urgencia y en evitación de posibles reincidencias, dispuestos siempre a interpretaciones acordes con las exigencias y con la realidad de cada época, y más con la convicción de que la rectificación de errores constituye hoy un ejercicio más saludable que nunca por razones obvias.
Señorías, con todo respeto el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha formulado esta moción con el fin de instar al Gobierno a que, con la máxima urgencia, ordene la debida corrección y actualización de datos en el ordenador central en relación a las nominaciones propias y reales de cada titular del documento nacional de identidad respectivo o, en su defecto, tenga a bien elaborar y publicar con inmediatez un decreto, que bien podría ser una orden ministerial o una simple orden de régimen interno, que corresponda, en su caso, a tan importante función concreta, que es del máximo interés para la normal y correcta relación entre la Administración y la totalidad de sus administrados, de manera que, sin exclusiones ni reservas de ningún tipo, todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria y cooficial en el documento nacional de identidad a renovar sean respetados y admitidos en su propia transcripción y valía a todo efecto oficial y administrativo.
Todo ello se explica porque en un Estado de Derecho, mucho menos por mero error técnico de la Administración del mismo, no es admisible que para las relaciones entre la Administración y los administrados se genere una especie de ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, tanto menos cuanto que no se trata más que de nombres propios redactables y aplicables bien en lengua castellana bien en otra lengua estatutaria, todas ellas respetables por igual.
Señorías, esta es una moción limpia, sin enconos ni segundas intenciones, que simplemente refleja una realidad y reclama solamente igualdad de oportunidades en el trato debido de la Administración hacia los administrados,

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todos ellos respetables y estimables por igual, llámense como se llamen, en uso legal de cualquier idioma. Y esta moción hoy se justifica y se fortalece más que cuando fue presentada, porque ayer mismo, el Senador que les habla pudo renovar su documento nacional de identidad habiéndosele respetado su nombre propio en euskera, sin ningún trámite oficial por su parte, pese a una tajante negativa en los primeros momentos de dicho trámite; negativa que hube de contrarrestar con idénticos argumentos a los aquí expuestos y haciendo valer mis acreditaciones parlamentarias ante las que el funcionario de turno me dijo: Si hubiera sabido antes que usted es tan importante... Señorías, esta frase la dejo a la consideración de ustedes para que reflexionen sobre si lo que es factible para un modesto Senador no lo ha de ser para el resto de los ciudadanos.
Espero confiadamente de sus señorías la aceptación de cuanto me ha sido permitido exponer. Confío --tal vez sea mucho confiar-- en que sea unánime el voto favorable para lo pretendido en justicia, que no es más, pero que tampoco es menos, que el debido respeto a toda la ciudadanía sin excepciones y a todas las lenguas estatutarias y al solicitar la renovación del documento nacional de identidad vigente. Por favor, señorías, no me fallen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, tiene la palabra el Senador don Dionisio García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, inicio esta intervención aludiendo a las últimas palabras que ha pronunciado en esta tribuna el Senador Bolinaga. Si la intención de esta moción es que reiteremos nuestro respeto por la utilización de las lenguas cooficiales en España, de las lenguas estatutarias, como las ha denominado el Senador de nuestro Grupo, si esa es la intención, señorías, dé por supuesto nuestro voto; yo creo que el de toda la Cámara, pero, desde luego, el del Grupo Parlamentario Popular.
Las apreciaciones que se han hecho en esta Cámara sobre otros tiempos, sobre la oficialidad de las lenguas, sobre los derechos individuales a utilizar el nombre propio, resultaban innecesarias, pero como lo que abunda no daña, nuestro Grupo debe hacer una declaración de principios.
Hoy, señoría, no hay ningún problema en toda España para utilizar los nombres propios de las personas en castellano o en el idioma cooficial en cada Comunidad. Se utilizan sin ningún problema.
Como ese problema no existe, afortunadamente, las discusiones sobre esa cuestión están felizmente superadas y no hay que hacer ningún pronunciamiento político ni hay voluntad política de coartar, de cercenar, de mermar ninguno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Como eso, señor Bolinaga, es así, me parecía innecesario decirlo, pero a la vista de sus primeras manifestaciones, he tenido que hacer una declaración de principios. Creo que así lo entienden todos los grupos políticos y, desde luego, el grupo político que represento, que es el Grupo Parlamentario Popular. Pero eso es una cosa, señoría, y otra es el contenido literal de la moción que su señoría plantea.
Tenemos la impresión de que su señoría ha hecho una montaña de un grano de arena, que su señoría está viendo una marejada en un vaso de agua. Tal vez el que un caso particular, un error o una dificultad técnica haya coincidido con su señoría ha podido exacerbar un poco sus ánimos o su voluntad, pero no es esa la cuestión, señoría.
Nosotros creemos que ésta es una moción improcedente. Y le diré por qué.
Su señoría tuvo la oportunidad de plantear una pregunta al Ministro en esta misma Cámara hace no más de 15 ó 20 días, el pasado 28 de octubre.
El señor Ministro dejó claro entonces que no había ningún problema político, que era exclusivamente un error de tipo técnico que se había producido ocasionalmente; que la voluntad de los servicios correspondientes del Ministerio de Interior era claramente la de evitar ese tipo de dificultades o de incorrecciones técnicas y, desde luego, sin originar ningún tipo de molestias para los usuarios o para los ciudadanos. Por eso nos parecía que las explicaciones del señor Ministro hacían innecesario que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos utilizase un procedimiento como es la moción para plantear un tema que, desde luego, no es general, no afecta a los ciudadanos y no tiene ningún cariz político.
Señoría, repito que esta iniciativa nos parece improcedente e innecesaria, porque ya se han dado las instrucciones pertinentes a todos los servicios oficiales que expiden y renuevan el documento nacional de identidad para que cuando puedan producirse esas diferencias entre los datos que se registran en el ordenador central y los que obran en el documento a renovar --que, insisto, son casos muy aislados--, de manera inmediata, de oficio por parte de la Administración, se recurra a la fuente originaria, la que da fe, que es el Registro Civil, siendo los propios servicios encargados de emitir y renovar el documento nacional de identidad los que comprobarán y contrastarán con los Registros Civiles correspondientes la veracidad de los datos en lo referido a los nombres propios, fechas o cualesquiera otros datos que obran en el Registro Civil y cuya constatación para renovar el documento nacional de identidad es obligatoria.
Por eso, señor Bolinaga, nos parece innecesario que cuando algo ya se está haciendo y además existe la voluntad expresada en esta Cámara por parte del señor Ministro --y que hoy le reitero en nombre de nuestro Grupo-- de corregir esas pequeñas dificultades técnicas cuando así surjan, haya de planteárselo al Gobierno nada menos que a través de un instrumento parlamentario como es una moción.
Puestos a analizar, señoría, el texto de su moción, reconocerá conmigo que en el planteamiento de la misma hay algunas inexactitudes --vamos a llamarlas así--, porque no se ajusta a la realidad. Por ejemplo, dice su señoría que en el ordenador central se incorporaron incorrectamente

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en su momento los datos iniciales. No se incorporaron incorrectamente, se incorporaron los datos que había. Quizá alguno no se ha actualizado, pero la incorporación no es incorrecta.
Tampoco es cierto lo que asevera su señoría cuando dice que sólo aparecen consignados nombres propios en lengua castellana, con exclusión de los nombres en las lenguas estatutarias. Señoría, eso puede ocurrir en algún caso, pero en el ordenador central hay decenas y centenas de miles de nombres registrados en la lengua estatutaria. Dice su señoría, textualmente, que en ese ordenador que gestiona el DNI en toda España sólo aparecen consignados los nombres propios en lengua castellana, con exclusión de los que debieron ser consignados, con idéntico derecho y función, en la lengua estatutaria. Su señoría sabe que eso no es verdad, que cada día se están emitiendo documentos nacionales de identidad con nombres en la lengua correspondiente cooficial en cada Comunidad.
No pretendo, señoría, cebarme ni hacer un debate político sobre inexactitudes en el planteamiento de la moción, porque lo realmente interesante y sustancial, al margen del debate político, son las propuestas que su señoría hace y a las que nosotros no podemos prestar nuestro apoyo. Su señoría plantea en esta moción que se inste al Gobierno a una de estas dos cosas: o a que se renueven todos esos datos que pudieran estar incorrectos --estoy seguro de que su señoría no tiene un conocimiento aproximado de lo que eso podría significar, porque supondría, en palabras de los técnicos encargados de esta gestión, colapsar totalmente la emisión y renovación de documentos nacionales de identidad si su señoría pretende hacer eso de una manera inmediata--, o que mediante un decreto del Gobierno, una orden ministerial o una simple orden se modifique algo que viene regulado por la Ley del Registro Civil, de fecha 8 de junio de 1957, que dice que el documento nacional de identidad debe reflejar fielmente el contenido del Registro Civil en lo referido a los datos de nacimiento, nombre, apellidos, etcétera. Es decir, la única fuente para la emisión o la renovación del documento nacional de identidad es el Registro Civil, y cuando haya cualquier tipo de error o de diferencia entre los datos del documento a renovar y los datos registrados en el ordenador, lo que hay que hacer, lo que está haciendo el Gobierno y lo que, a partir de la pregunta de su señoría, se hará si cabe con mayor intensidad y con mayor celo, es contrastar de oficio, por iniciativa de la propia Administración, reclamando del Registro Civil correspondiente la certificación de los datos sobre los que hay controversia. El documento nacional de identidad que se expida no puede tener otra fuente más que la del Registro Civil.
Por otra parte, señoría, comprenderá que es absolutamente imposible, que es ilegal, modificar una ley con otra norma de rango inferior, como es un decreto o un decreto-ley.
Por tanto, las dos posibilidades que su señoría nos plantea en la moción son absolutamente imposibles de admitir por nuestro Grupo. Esa y no otra es la razón por la que, entendiendo desde el Grupo Parlamentario Popular la voluntad que mueve a su señoría, que es evitar todo ese tipo de disfunciones, que es evitar las molestias, incluso los sinsabores que puedan surgir en algunos casos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador García Carnero, ha superado su tiempo.


El señor GARCIA CARNERO: Termino en seguida, señor Presidente.
Decía que, recogiendo lo que nosotros creemos que es el espíritu de su moción --que no la letra--, hemos planteado esta enmienda de modificación mediante la cual instamos al Gobierno a que continúe en ese proceso, ya iniciado, de corregir todas esas deficiencias --insisto-- puntuales que puedan surgir. Pero eso, señoría, que es una cuestión puramente técnica, que carece de pronunciamiento e impregnación política y que, a nuestro juicio, no permite ni mucho menos recurrir a argumentos sobre la voluntad, el deseo o las dificultades que pueden existir en la España de hoy --que no existen-- para que cada uno utilice algo tan propio como es su nombre en la lengua que considere mejor, porque todos los derechos, tanto los individuales como los colectivos de los pueblos están perfectamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, están perfectamente desarrollados en las normas que desarrolla --valga la redundancia-- la Constitución y, sobre todo, están perfectamente incorporados al quehacer y a la cotidianidad de los españoles; de todos los españoles --creemos nosotros--, desde luego, de los que representa el Partido Popular con toda seguridad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa, para posicionarse sobre esta enmienda.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador y estimado colega García Carnero, en primer lugar, le agradecería mucho que tuviera a bien no imputarme el haber cometido inexactitudes en las que en ningún momento creo haber incurrido.
Tal vez este Senador no se ha explicado suficientemente bien como para que usted le entienda, porque piensa en euskera y habla en castellano, y esto dificulta su expresividad, pero creo que he sido lo suficientemente claro y conciso como para que todos los asistentes a este foro hayan interpretado correctamente mis palabras.
También lamento que usted haya dicho, haya pensado e, incluso, me haya imputado el hecho de haber tratado de generalizar un hecho particular que me había ocurrido a mí. Le asevero con toda firmeza que nada sería más pobre por mi parte. No se trata de una cuestión personal, aunque efectivamente, dentro de esa gran generalidad, ha coincidido casualmente mi caso particular, que he tratado de explicitarles.


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He pasado por alto hacer cualquier tipo de valoración política respecto a este tema y me he ajustado estrictamente al sentido y al valor de un error, supuestamente técnico, que haya podido darse. Además, me he expresado con las palabras literales, exactas y estrictas empleadas por el propio señor Ministro ante este foro cuando he dicho que, según fue reconocido por el señor Ministro de Interior en la respuesta a la pregunta formulada por este Senador, es cierto que el ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad incorporó en su momento como datos iniciales los datos de los libros de primera inscripción de los servicios centrales, y yo he añadido entre paréntesis que se supone que por error.
En ese ordenador que gestiona el documento nacional de identidad en toda España, según palabras del señor Ministro, no aparecen consignados los nombres legalmente efectuados por los interesados, y yo no he dicho ni vascos, ni catalanes, ni valencianos, ni castellanos, me he ajustado literalmente a las palabras del Ministro. No aparecen consignados los nombres legalmente efectuados por los interesados, sean los que sean, al renovar su documento nacional de identidad en su provincia correspondiente, y ello produce discordancias entre los datos de las comisarías y los de los servicios centrales del documento nacional de identidad. Esto es lo que nos dijo el señor Ministro y es lo que yo he repetido en este foro hace un momento. He usado palabras literales del señor Ministro. Por tanto, no me impute inexactitudes o conceptos sobre los que yo no me he expresado ni explayado.
Usted dice que no hay ningún problema en que un ciudadano, llámese como se llame, utilice su nombre propio «ad personam», y estamos de acuerdo en que en la vida cotidiana no surge ningún problema. Sin embargo, sí se produce un problema en el momento en que usted o yo vamos a renovar nuestro documento nacional de identidad, y es un problema generalizado con todos aquellos nombres que por error no fueron bien incorporados al ordenador central. Yo no le puedo cuantificar cuántos somos, solamente puedo decirle que somos muchos, pero podríamos ser todos. ¿Por qué no? ¿Por qué todos tenemos que utilizar un nombre en castellano? Se trata de un mal administrativo y social general, y hay que valorarlo como tal.
No es que yo quiera hacer una gran marejada en un vaso de agua de una anécdota o de un caso particular, que es lo que le he referido anteriormente. No se trata de eso. Yo admito el error técnico y, como es lógico, pido su rectificación porque de sabios es rectificar, pero al mismo tiempo solicito, y creo que tengo derecho a exigirlo, que el documento nacional de identidad del que un titular es portador sea un documento oficial; un documento oficialmente emitido por el Ministerio del Interior que tiene valía oficial ante cualquier estamento.
Mi documento nacional de identidad me ha servido para realizar todas las funciones y escritos durante diez años y de pronto, por arte de birlibirloque, me dicen: no, usted no se llama Imanol. Pero ¿cómo es eso? No, usted se llama Manuel porque el ordenador central, que lo sabe todo, dice que usted no es Imanol, que es Manuel. ¿A usted le parece eso normal? ¿Le parece lógico que yo presente el documento nacional que identifica mis datos personales, el documento nacional de identidad oficialmente emitido con un carácter oficial pleno y absoluto con el que me tengo que identificar ante todas las instancias y estamentos políticos, administrativos y sociales, y que no tenga validez ante el funcionario de turno o ante la Administración correspondiente por el hecho de que un ordenador central, por muy sabio que sea, dice que no? ¿A usted le parece eso normal? ¿No es normal que los datos oficiales constatados en ese documento nacional de identidad, documento oficial, puedan ser trasladables al nuevo documento nacional de identidad que vaya a emitirse, puesto que hay que renovar el que caduca cuando se cumplen los plazos, en tanto en cuanto sabiamente la Administración central, el Ministerio del Interior o quien corresponda esté --como ustedes dicen-- prosiguiendo e intensificando los trabajos que se están llevando a cabo para la corrección de los datos sobrantes en el ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad, y lo haga a fin de que éstos se ajusten a los que figuran en el Registro Civil? ¿No le parece normal? Es eso exclusivamente lo que estamos pidiendo, que el documento nacional de identidad, que acredita oficialmente nuestra personalidad, sea válido precisamente para aquello y en aquello en razón de lo cual fue emitido.
No es más ni es menos que eso. Luego no nos compliquemos la existencia, no nos pongamos a lucubrar y no nos confundamos. La cuestión es simple, sencilla y llana: está a pie de calle, a nivel de cualquier intelecto, alto, medio o bajo. ¿Se acepta o no se acepta el documento nacional de identidad tal cual es? Esta es la pregunta y espero que su respuesta sea bastante mejor que la que ha emitido hace un momento, con todo afecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Imanol Bolinaga Bengoa.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora doña Erragube de Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente. Es muy amable por su parte intentar hacer una traducción un tanto difícil, puesto que en este caso el nombre más usual de Inmaculada Concepción es el que responde a la traducción de Concepción y no de Inmaculada; Inmaculada, en el nomenclátor de Euskaltzaindía viene como Errugabe, que significa «sin culpa». En todo caso, yo me llamo Inmaculada y me llamo así también en el documento nacional de identidad.
Anécdotas aparte, debo manifestar que me parece absolutamente oportuna la moción y considero que el Senador Bolinaga debe recibir la felicitación efusiva --yo diría que de toda la Cámara--, desde luego la mía por el rigor con el que ha explicado la situación de disfunción que se produce y con los matices empleados, que en ningún caso --he creído yo entender-- tuviera ninguna segunda intención.


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El Senador Bolinaga, obviamente, ha puesto un ejemplo de la lengua propia, de la cooficial, de la lengua estatutaria del País Vasco, pero estoy segura de que estas disfunciones se producen en cualquiera de las otras lenguas del Estado.
Efectivamente, considero que el artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias --al que ha hecho referencia--, que aquí aprobamos y cuya ratificación solicitamos, debe tener unos efectos en la práctica y no debe referirse sólo a estos problemas que hoy se plantean en torno al nombre propio en el documento nacional de identidad.
Sucede exactamente igual con el pasaporte y con los apellidos, cuya grafía es distinta, ha sido corregida en el Registro Civil y, sin embargo, figura con error en los datos de ese ordenador central. Incluso cuando en el documento nacional de identidad o en el pasaporte figura, por ejemplo, la calle donde vive una persona, si el nombre de la calle se corresponde con un apellido vasco figura también cambiado en el documento nacional de identidad o en el pasaporte.
En todo caso, todas las modificaciones con efectos legales que se deben hacer en una oficina administrativa suelen tener dificultades de resistencia ante el cambio. Eso es obvio porque no solamente uno se encuentra con cuestiones como las que se han planteado; a título de anécdota tengo que decir que a veces también se producen problemas en la autorización de una madre a una hija o a un hijo menor de edad para realizar un viaje al extranjero, porque le dicen que venga a firmar el padre cuando naturalmente, en este país desde hace mucho tiempo la patria potestad es compartida.
Existen muchos problemas que se deben corregir y éste es el sentido de la moción que hoy se traído aquí. En todo caso es bueno procurar corregir los problemas en este momento en el que, además, los medios técnicos no tienen nada que ver con los de otras épocas, y evitar caer nuevamente en aquellos cambios de nombres y apellidos que han producido unos efectos, como en el caso de los ciudadanos vascos, por ejemplo, que como consecuencia de los escribanos de entonces tienen unos nombres absolutamente alejados de la realidad como, por ejemplo, llamarse señor Lamona, en vez de Lemoa o Lemona.
Se trata de corregir y no oponerse a una cuestión absolutamente razonable. Creo que se deben hacer las adaptaciones necesarias no sólo en el ordenador, sino en el reciclaje de aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad directa de atender a los ciudadanos.
Hace muy pocos días, no es una anécdota personal, he tenido que acompañar a un ciudadano que llevaba muchos años llamándose Txomin en su carné de identidad y, de repente, no le admitían este nombre y le ponían el nombre de Domingo, teniendo en cuenta que, además, había presentado toda la documentación necesaria y que por la propia Ley 30/1992 el administrado no tiene obligación de volver a presentar documentos que haya presentado ante la Administración.
Por tanto, hay que insistir en que estas disfunciones se están produciendo, y por mi parte he de dar todo mi apoyo a la moción presentada. No se pueden añadir muchas cosas más porque el Senador Bolinaga lo ha explicado con absoluta corrección y claridad. Desde luego, desde mi punto de vista, es falso que haya unas segundas intenciones que, al parecer, se le achacaban, y aunque parezca que utilizo demasiado el botafumeiro, quiero terminar felicitando otra vez al señor Bolinaga por su oportunidad y por su exposición.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Senador Bolinaga, ¿desea intervenir de nuevo? (Pausa.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías, antes de nada quiero señalar que en el panel está anotado actualización de datos del documento nacional de identidad vasco, cuando, en defensa del propio Senador Bolinaga, creo que él le ha dado una mayor amplitud, menos centrada en lo que es el propio problema vasco.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Creo que ha habido propina al que teclea eso. (Risas.)

El señor CARRERA I COMES: Dicho esto, quiero poner de manifiesto dos cuestiones más que, en definitiva, son a favor del Senador Bolinaga; a favor de sus palabras iniciales cuando ha hablado de autorreflexión crítica, que creo que es una expresión muy acertada, de pluralidad de la sociedad y de legalidad vigente. Y si me permiten, señorías, expondré mi conformidad también con una de sus últimas expresiones, la relativa a que ésta es una moción sin enconos y sin segundas intenciones.
Sin duda, el planteamiento de la moción es muy concreto. Se trata de evitar los problemas que comporta --en el País Vasco, como en otros sitios también-- la renovación del documento nacional de identidad y que afecta a los nombres propios --en vasco en este caso-- de los interesados.
El día 28 de octubre pasado, el Senador Bolinaga --como él mismo ha recordado-- hizo una pregunta al señor Ministro de Interior pidiendo aclaraciones al respecto. Y tanto la pregunta del señor Bolinaga como la explicación del señor Ministro fueron muy concretas, como puede verse en el «Diario de Sesiones». Se trata de evitar que la Policía Nacional ponga objeciones para la renovación del documento nacional de identidad, exigiendo documentos legales que certifiquen los nombres propios, aunque así consten en el DNI a renovar. Incluso el propio Senador hacía mención a una posible interpretación --y este punto fue cuestionado-- de discriminación étnico-lingüística. Y el señor Ministro del Interior también intentó acotar en gran manera su respuesta. Rehuyó, es cierto, cualquier referencia o implicación a cuestiones étnico-lingüísticas y se basó sólo en problemas técnicos y, más en concreto, se refirió

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al período 1985-1991, porque dijo que a partir de dicha fecha el cambio de sistema había resuelto el problema. Pero el señor Ministro hizo más: asumió el compromiso de reiterar la instrucción de la circular de febrero de 1998 en la que se especifica que se harán de oficio las necesarias indagaciones. Y ahora, con esta nueva iniciativa, el Senador Bolinaga aprovecha --y creo que acertadamente-- el reconocimiento del señor Ministro del Interior de la incorporación incorrecta al ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad de los datos iniciales y presenta la moción que estamos debatiendo.
Por nuestra parte --y creo que debiera haber sido así por parte de todos los Grupos de la Cámara--, no hay ningún reparo a esta moción. Hace referencia explícita a lo manifestado en aquella pregunta oral e insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, se ordene la debida corrección y actualización de datos en el ordenador central, o se elabore y publique un decreto --este aspecto puede ser cuestionable--, de manera que todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y admitidos.
Y decía que puede ser cuestionable porque tenemos nuestras dudas sobre si el camino del decreto es bueno o no, como comentábamos con el portavoz socialista. Sí lo es la exigencia de que se regularice de una vez esta anomalía. Y yo diría que sea como sea, no sé si a través de decreto, o no, pero solucionándose adecuadamente --que es lo que creo que preocupa a su señoría, como a todos los demás-- la cuestión referida al período transitorio en que estamos, a la espera de que se vaya solventando esta modificación de este famoso ordenador central.
Asimismo, entendemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no ayuda a avanzar en esta exigencia de regularización, como tampoco garantiza --cuestión que nos preocupa-- la resolución de este período transitorio. Y es una lástima, porque no tiene ninguna justificación que en este caso sus votos, legítimos, paralicen una moción que debería haber obtenido el apoyo total de la Cámara.
Yo sí creo, Senador García Carnero, que la moción es procedente. En realidad, se trata --si me permite la expresión-- de remachar una cuestión que ya está en marcha, es cierto y lo reconozco. Por tanto, no pasa nada porque se remarque en este trámite parlamentario. El texto podría haberse modificado, pero me da la impresión de que por parte de su Grupo no ha habido un esfuerzo importante para intentar encontrar la solución final a este texto.
Repito que estoy convencido de que en el fondo ustedes tampoco están poniendo ningún reparo en esta cuestión, pero no ha habido --la enmienda presentada lo demuestra-- un esfuerzo adicional encaminado a encontrar el consenso necesario en esta Cámara en un tema que es importante y que hubiera requerido el voto unánime.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Moltes gracies, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, té la paraula el Senador Joan Oliart.


El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos insta al Gobierno a que normalice con urgencia la expedición del DNI consignando el nombre propio en la lengua cooficial elegida en su momento por el interesado. Para conseguir este fin el señor Bolinaga nos propone dos vías distintas: o bien la normal de la Administración en estos casos para resolver cuestiones técnicas, que sería a través de circulares y de instrucciones oportunas; o bien la vía del decreto.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en que urge solucionar esas disfuncionalidades detectadas y reconocidas, además, por el propio Ministro de Interior, y que han sido ampliamente expuestas por el Senador Bolinaga. Es una cuestión esencial que afecta a la identidad de la persona y a su derecho a ver consignado en todos los documentos, sean públicos o privados, su nombre en la lengua propia. Anticipamos, pues, nuestro voto a favor.
Tenemos, eso sí, reservas en torno a la necesidad de un decreto. ¿Por qué? Porque creemos que ésta es una obligación de la Administración que ha de resolver la cuestión inmediata y urgentemente. ¿Por qué? Porque el marco legal es muy claro y lo único que falta es que se cumpla. Voy a precisar cuál es ese marco legal porque, además, será bastante ilustrativo. La Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957, en su artículo 54 decía que los nombres impuestos se consignarán en lengua castellana. La Ley 17/1977, de 4 de enero, de reforma del artículo 54 dispone, en primer lugar, que los nombres deberán consignarse en alguna de las lenguas españolas. Quiero recordar que éste era un período preconstitucional y anterior, todavía, a las elecciones del 15 de junio, lo que significa que los grupos políticos de la transición veían ya desde aquel preciso momento esta necesidad de que cada uno pudiese inscribir su nombre en la lengua que prefiriera. En segundo lugar, establecía que a petición del interesado el encargado del Registro sustituirá el nombre propio impuesto con anterioridad a la vigencia de la presente Ley por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas. Y, más tarde el Real Decreto 3.455/1977, de 1 de diciembre, establecía que también se permiten los nombres extranjeros. Por lo tanto, no solamente se admiten las lenguas cooficiales de cada una de las Comunidades Autónomas, sino también los nombres extranjeros. En consecuencia, libertad casi total y derecho ampliamente reconocido.
Quiero recordar también que la inscripción en el Registro es obligatoria, y que debido a su carácter público está apoyada por las garantías de veracidad y legalidad. Por tanto, la fe pública registral es consecuencia de la inscripción y constituye un medio de prueba que la Administración ha de aceptar sin discusión. En cualquier caso, si quiere presentar algún recurso tendrá que hacerlo en los tribunales correspondientes. Por tanto, no parece

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que desde la regulación legislativa sea necesario añadir nada más a lo ya existente, que parece suficiente.
Veamos ahora el ámbito político. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no existe ninguna fuerza parlamentaria opuesta al ejercicio de un derecho y de un sentimiento hondamente arraigado entre quienes siempre han sido llamados en su tierra y en su familia por su nombre en la lengua propia y quieren que este nombre sea reconocido oficialmente. No hay obstáculos, pues, tampoco por esta parte.
¿Dónde reside, pues, el problema? En el funcionamiento de la Administración. De la respuesta del señor Ministro de Interior se deduce lo siguiente: primero, que existen problemas para quienes quieren renovar los DNI gestionados en el período 1985-1991. Segundo, que no hay ningún problema para renovar los DNI gestionados a partir de 1991. Tercero, que pueden existir discordancias entre los datos de las comisarías y los de los servicios centrales del Documento Nacional de Identidad. Cuarto, que se intenta solucionar la cuestión aunque no hay garantías de que esto sea todavía definitivo.
Aceptando, pues, señorías, que el problema es de carácter técnico, no por ello es menos urgente que se subsane lo antes posible, y ello por varias razones muy importantes: primero, el respeto a la voluntad de quien elige la forma de su nombre obliga a garantizar que no tenga que hacer ningún esfuerzo suplementario como, por ejemplo, volver a presentar su partida de nacimiento. Si no, podríamos entender incluso que habría voluntad de disuadir a aquél que quiere poner su nombre en su propia lengua.
Segundo, a efectos legales de identidad --quiero recordarlo-- tiene tanto valor el nombre propio como el apellido. Es decir, que a efectos de identificación policial, a efectos de documentación notarial puede haber muchísimos problemas y, por tanto, podría quedar afectada la seguridad jurídica del interesado.
Tercero, se abre un agujero en el sistema de seguridad del Estado pues se dificulta la identificación de las personas y se pueden originar incluso peligrosas confusiones. Nada más cierto en esta ocasión que aquello de: no sabe usted con quien está hablando, porque realmente el funcionario podría estar hablando con persona distinta de la que él cree.
Urge, pues, señores, una normalización total, una garantía de que no van a existir más discordancias entre los distintos archivos y departamentos, y de que los interesados no tengan que probar que son ellos mismos cada vez que se les llama. Porque cuando el error es de la Administración, la carga de la prueba recae sobre la propia Administración. Pero no parece que dicha garantía sea hoy por hoy absoluta, puesto que aunque el propio Ministro de Interior nos dijo que el problema se había resuelto técnicamente a partir de 1991, todavía puede haber dificultades para quienes solicitaron su DNI en un período determinado y tengan que renovarlo en su momento.
Por otra parte, el señor Ministro de Interior se comprometió a reiterar la instrucción de la circular de 4 de febrero de 1998 para que ninguna persona del País Vasco tuviera que hacer ningún esfuerzo suplementario en el momento de la renovación. Con esto admite implícitamente que todavía puede haber problemas en el futuro, pero es que, además, el problema no atañe sólo al País Vasco sino que es un problema general. Por tanto, puede afectar a Galicia o a Cataluña, y afecta a todos aquéllos, extranjeros o nacionales, que consignaron su nombre en lengua no castellana en el momento de la expedición o renovación del documento.
Daremos, pues, nuestro voto a la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero pensamos, eso sí, que no es necesario ningún decreto, sino simplemente que el Gobierno tome las medidas pertinentes para solucionar de inmediato el problema técnico y dé las debidas seguridades. Pensamos que en la era de la informática, y con los medios tecnológicos actuales de que dispone la Administración, no es mucho pedir. Y si no se hace así, habrá que pensar que no existe voluntad de resolver la cuestión con la rapidez y la rotundidad que exige.
Esperábamos del Grupo Parlamentario Popular y de todos los demás grupos una resolución consensuada. Lamentamos que no haya sido así y pensamos que el Grupo Parlamentario Popular se ha equivocado en el planteamiento del debate, pues el Gobierno podía asumir perfectamente el compromiso de corregir la situación en un plazo razonable, pero con plenas garantías a partir de dicho plazo de que no volverán a producirse los errores detectados.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Joan Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Dionisio García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces vamos a tratar de esforzarnos en corregir o en aclarar interpretaciones que se han podido hacer de nuestro discurso anterior que, desde luego, ni se corresponden con la literalidad ni con el espíritu.
Algunos portavoces han hablado de que no existía detrás de esta moción ningún tipo de segundas intenciones. Ni yo, desde luego, lo manifesté así. Pero, señorías, quien empezó hablando aquí de la Carta Europea, del reconocimiento a las lenguas minoritarias, no fue este portavoz; quien ha hablado desde esta tribuna --ahí está el «Diario de Sesiones» para comprobarlo-- de discriminación étnico-lingüística, tampoco fue el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Luego no hemos sido nosotros quienes hemos querido darle a esta cuestión otro tipo de lectura.
Señorías, si los errores en el ordenador central del DNI hubiesen sido --que a veces lo son--, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, ¿creen ustedes que esta moción se hubiese planteado? A fin de cuentas, es un error técnico exactamente igual.
Por tanto, nosotros no hemos sido los que hemos buscado otro tipo de lecturas en esta cuestión. Y lo que quizá

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le ha ocurrido a quien se ha pronunciado de esta forma es que le ha traicionado su subconsciente.
Tengo que decir al Senador Bolinaga, que sabe que no sólo mantengo un profundo respeto por su Grupo, sino que incluso le expreso un afecto y admiración personal, que no he pretendido en modo alguno que un hecho particular que le pudiera afectar personalmente sea la causa de haber hecho referencia a ello y, si lo he hecho, señoría, ha sido porque usted lo ha citado desde esta tribuna, y no por otra razón. Además, lo he dicho en el sentido de expresar que tal vez esa circunstancia, el haber vivido un error de la Administración, le ha hecho a usted sentirse más sensible por un problema.
Queda pues claro, señorías, que desde la posición del Grupo Parlamentario Popular no hay dobles lecturas y me interesa también recalcar una vez más que para nuestro Grupo está perfectamente claro que hoy en la sociedad española el tema de la utilización de los nombres propios en cualquiera de las lenguas oficiales o cooficiales del Estado no es ningún problema, no hay ninguna dificultad, nadie se rasga las vestiduras. Por tanto, no creemos problemas donde realmente no los haya.
Yo insisto en que estoy seguro de que si las dificultades y los errores hubiesen surgido, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, en el lugar o en la localidad, seguramente no se hubiese planteado este tema. Y se han sacado a flor de piel susceptibilidades que, a mi juicio, no venían al caso. Esa es la cuestión.
Cuando yo he dicho que hay inexactitudes, me tengo que reiterar, porque yo leo el texto de la moción, y dice: sólo aparecen consignados los nombres propios en lengua castellana, con exclusión de los que debieron ser consignados con idéntico derecho en otras lenguas. Y eso no es cierto, señorías. Basta ir a cualquiera de las oficinas que expiden el documento nacional de identidad para ver que cada día se están emitiendo multitud de ellos con nombres en otras lenguas que no son el castellano.
Por tanto, eso es, como mínimo, una inexactitud. Yo no he hecho sino constatarlo aquí.
Cuando desde otros grupos se aplaude la oportunidad y el contenido de esta moción, yo tengo que decir que nosotros hemos manifestado que estamos de acuerdo en lo que creemos que es la voluntad del Grupo que presenta la moción: evitar todo tipo de errores, todo tipo de dificultades, incluidas las de nombre. Precisamente por eso hemos presentado una enmienda de modificación --sobre la que no he escuchado el pronunciamiento del grupo que tiene que pronunciarse, es decir, de aquél que presenta la moción--, que dice que el Senado insta al Gobierno a que prosiga e intensifique los trabajos que se están llevando a cabo --porque así está ocurriendo-- para la corrección, en su caso --es decir, cuando proceda, cuando haya errores--, de los datos obrantes en el ordenador central que gestiona el documento nacional de identidad a fin de que éstos se ajusten a los que figuran en el Registro Civil.
Esa es nuestra propuesta: que la Administración se esfuerce todo lo posible para que los errores de ese tipo, y de cualquier otro, se minimicen y, si es posible, que no existan. Aunque pensar que una Administración nunca va a cometer ningún error es una utopía.
¿Cuáles son, pues, las razones para que presentemos esta enmienda de modificación y no estemos de acuerdo con el contenido literal de la moción? Que, estando de acuerdo con esa voluntad, no es posible aceptar los términos en los que ésta se expresa. Respecto del decreto, ya se han manifestado aquí algunas reticencias. En este sentido, ¿creen sus señorías que mediante un decreto o una orden ministerial se puede modificar una ley? Eso es absolutamente imposible, y merece un suspenso mayúsculo el que una Cámara legislativa lo dé como bueno. Por tanto, creo que el primer camino es inaceptable.
En segundo lugar, se pide que se introduzcan todos los datos. Pero, ¿se ha valorado lo que eso significa? ¿Se han tenido en cuenta los miles de millones de datos que se contienen en todos esos registros? ¿Se ha considerado que eso significaría colapsar durante mucho tiempo la expedición de documentos nacionales de identidad? Y a propósito de esto, quisiera decirle al portavoz del Grupo Socialista, que ha pedido que la Administración se esfuerce, que he tenido el buen criterio de no referirme a las fechas en que se decidió esta informatización. Pero ya que su señoría pide un esfuerzo a la Administración le diré que tuvo lugar en el segundo semestre de 1990 y, concretamente en el País Vasco, en febrero de 1991. Por tanto, no nos atribuya la responsabilidad de los errores que la Administración tuviera en aquel momento. Creo que hay que tener un poco más de prudencia y cautela en estas cuestiones.
Señorías, no hay dobles lecturas, sino una voluntad clara por parte del Gobierno y del Partido Popular, que lo sustenta, en primer lugar, para no abrir ningún tipo de debate sobre un tema que está aceptado, asumido y perfectamente compatibilizado, como es la utilización en el quehacer de cada día de los nombres propios en las lenguas oficiales que hay en España, es decir, el castellano y el resto de las lenguas. No hay ningún problema o dificultad para ello; ni la tienen los ciudadanos, ni la tiene la Administración, ni tampoco el Gobierno.
En segundo lugar, nuestra exigencia es que la Administración corrija ese tipo de dificultades cuando éstas se produzcan. Sin embargo, Senador Bolinaga, usted pedía que cuando surjan esas dificultades, cuando los datos que obran en el documento nacional de identidad que se va a renovar no coincidan con los del ordenador, se dé validez a los que figuran en el documento nacional de identidad. Pero, en primer lugar, eso vulnera la Ley del Registro Civil. Y, en segundo lugar, y lo que es más importante, cada día aparecen documentos nacionales de identidad, no ya erróneos, sino falsificados. ¿Y qué le parecería a su señoría que alguien con un documento nacional de identidad falsificado se presentara a renovarlo y que, al no coincidir esos datos con los del ordenador central, exigiera --porque así se le ha pedido parlamentariamente al Gobierno--, sin efectuar otro tipo de comprobaciones, que dichos datos fueran los que tuvieran validez? Creo que, aparte de una vulneración de la ley, eso sería una barbaridad. Y con buen criterio, no ya los políticos, sino los técnicos, tanto del Ministerio

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del Interior, como del Ministerio de Justicia, nos hacen ver la necesidad de atenernos a la ley que regula esta cuestión y a no tratarla alegremente.
Concluyo, señor Presidente, haciendo una reflexión al Senador Bolinaga.
Señoría, usted decía al principio: quizá no me expresado bien porque pienso en euskera y he hablado en castellano. Lamento no estar de acuerdo con su señoría. El pensamiento es universal, el pensamiento no tiene idiomas porque si los tuviera, entre otras cosas, estaría usted limitando la capacidad de pensar a los sordomudos, simplemente porque no conocen los idiomas. (Rumores.) Muchas gracias. (Los señores Bolinaga Bengoa y Oliart Pons piden la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Bolinaga, por el artículo 87, tiene usted un minuto. Por tanto, concentre su mensaje en ese tiempo.


El señor BOLINAGA BENGOA: Voy a seguir pensando en euskera aunque me exprese en castellano, señor Presidente, con permiso del Senador y querido colega García Carnero.
Efectivamente, en principio no nos es posible aceptar la enmienda que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular aunque la hemos admitido prácticamente en su total integridad, sólo que a la misma queríamos añadir una adicional en el sentido de que, en el ínterin en que la Administración rectifica su error, sean de validez los documentos nacionales de identidad actualmente existentes.
A fin de cuentas, no hay que modificar absolutamente ninguna ley para alterar dicho documento, porque los datos que figuran en él son consecuencia precisamente de los que emite el propio Registro Civil. Por consiguiente, entiendo que no es necesaria ninguna ley expresa...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted piensa en euskera y yo pienso en catalán, pero su tiempo ha terminado.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, no tengo más que agradecer su bondad, así como agradecer a los portavoces y a los distintos grupos políticos de esta Cámara que hayan comprendido bien nuestra moción y estén dispuestos a apoyarla.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Oliart, tiene usted la palabra por un minuto.


El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Está claro que el Grupo Parlamentario Popular, cualesquiera que sean sus portavoces, no puede dejar de hablar como un disco rallado en cuanto a decir que la culpa la tiene el Gobierno socialista. Ustedes están gobernando desde hace tres años y, por tanto, en el momento en que fue detectado este error han tenido tiempo más que suficiente para subsanarlo. Y aquí nadie ha denunciado si este error estaba bien o mal; naturalmente que todos los errores están mal. Lo que ocurre es que fuese quien fuese el que lo cometiese, la cuestión es resolverlo lo antes posible. Ustedes son los que están gobernando en este momento y son los que lo han de resolver. Y si quieren hacerlo han de poner los medios necesarios y oportunos. Caso contrario, voy a pensar que no tienen voluntad para ello y voy a recordarles que todavía no han ratificado ustedes, el Gobierno, la Carta Europea de las Lenguas Regionales, a pesar de la moción que en su momento se aprobó en esta misma Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el Senador García Carnero por dos minutos.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más se constata quien tiene verdaderamente dobles o segundas voluntades; otra vez más son otros portavoces y no nosotros los que sobre una exclusiva dificultad técnica, unos errores técnicos, hacen alegatos a la Carta Europea de las lenguas minoritarias.
Por último, nos gustaría que el Senador Bolinaga nos dijese si acepta o no nuestra enmienda, sobre todo a los efectos de votar o que el señor Presidente así lo exprese y, en contra también del criterio del señor Presidente, le animo a que el pensamiento sea universal y no lo restrinja a la utilización de un idioma.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría, a mi entender, no debe confundir las cosas. El pensamiento, lógicamente, como el Humanismo, tiene que ser universal. Yo le recomiendo a su señoría que se instruya en lo que es la filosofía del lenguaje porque descubrirá lo que significa el lenguaje como expresión personal donde cada uno se identifica en una capacidad.
Muchas gracias. (Aplausos.) (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.) Senador Bolinaga, no tiene la palabra su señoría. Le pido, simplemente, que responda a mi pregunta. ¿Es aceptada o no es aceptada la enmienda que ha presentado el Partido Popular?

El señor BOLINAGA BENGOA: Creo que ya lo he dado a entender en mi anterior intervención, señor Presidente. No la podemos aceptar.
Lamento que el portavoz del Partido Popular haga tantas veces referencia a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, no le he dado un turno de palabra. Le he pedido simplemente que me conteste a la pregunta y ya lo ha hecho adecuadamente. Se lo agradezco señoría. Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 100; en contra, 118; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ha sido rechazada.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- PROYECTO DE LEY DE PLANTA Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA JURISDICCION MILITAR. (S. 621/000104) (C.D. 121/000090)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al cuarto punto del orden del día: conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero de ellos es el Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.
Se presenta directamente a la Cámara, por lo que cabe ahora un turno a favor. (Pausa.) No hay turno a favor. ¿No habrá turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) No hay turno de portavoces.
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así constará.
Queda, por lo tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.


-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 8.070.673.205 PESETAS, PARA ABONAR A LAS COMPAÑIAS AEREAS LAS BONIFICACIONES APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES AEREOS DURANTE LOS EJERCICIOS 1995 Y 1996 A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DE LA UniOn EUROPEA RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES, ISLAS CANARIAS Y MELILLA. (S. 621/000108) (C.D. 121/000118)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las compañías aéreas las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y 1996 a los ciudadanos españoles y de los demás estados miembros de la Unión Europea residentes en las islas Baleares, islas Canarias y Melilla.
Este proyecto de ley está en la misma situación anterior. Es de presentación directa y no ha pasado por Comisión.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las compañías aéreas las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y 1996 a los ciudadanos españoles y de los demás estados miembros de la Unión Europea residentes en las islas Baleares, islas Canarias y Melilla.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR ESPAÑA DEL TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1997. (S. 621/000103) (C.D. 121/000116)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El quinto punto del orden del día es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. A ello hace referencia el de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador López Henares. (Rumores.)

El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, la Comisión me ha concedido el honor de presentar brevemente el dictamen respecto al proyecto de ley orgánica para autorizar la ratificación del Tratado de Amsterdam.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espérese un segundo, por favor.


El señor LOPEZ HENARES: Gracias, señor Presidente.
El Tratado de Amsterdam, que tiene una enorme relevancia, puesto que pasa a ser, con los Tratados anteriores, lo que viene en llamarse la Constitución de la Unión Europea,

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es un paso más de notable importancia en el lento y positivo proceso de construcción de la unidad europea. Su antecedente próximo es el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, que estableció la posibilidad de convocar, en su artículo n), una conferencia intergubernamental para estudiar y proponer las adaptaciones o modificaciones que se considerasen necesarias transcurridos cinco años desde la vigencia de aquel Tratado.
El Consejo de la Unión, en su sesión del 16 de enero de 1996, convocó formalmente la conferencia intergubernamental y pocos meses después se abría la conferencia en Turín el 26 de marzo del mismo año. Los trabajos concluyeron los días 16 y 17 de junio de 1997 en Amsterdam, y el 2 de octubre del mismo año se firmó el Tratado en la misma ciudad holandesa, iniciándose entonces el procedimiento de ratificación por los diversos Estados miembros, de conformidad con sus respectivas previsiones constitucionales.
Los trabajos de la conferencia, señor Presidente, como bien saben sus señorías porque ha habido amplia información sobre los mismos, han sido arduos y complicados pues, además de abordar las posturas siempre contrapuestas fundamentalmente entre los partidarios de un avance hacia la integración más intensa y los que desean preservar con mayor celo la soberanía de los Estados, hubo que hacer frente además al problema histórico planteado justamente ahora, en estos años, entre la profundización en las instituciones y, por otra parte, la necesidad de la ampliación de la Unión.
El Tratado en su redacción final no ha satisfecho las ambiciones y los propósitos de los partidarios de intensificar el proceso de integración, hasta el punto de que el propio ex Presidente Giscard D'Estaing habló de un fracaso en Amsterdam. Sin embargo, señor Presidente analizado con detenimiento el Tratado, si se tiene en cuenta que el gran proyecto de paz, de libertad, de justicia y de progreso que la integración europea representa hay que contemplarlo como un proceso, es decir, como un proyecto dinámico que exigirá muchos lustros, un proyecto en marcha para el que, junto a la solución de los problemas que plantea, que son numerosos y complicados, hay que conseguir el apoyo popular respetando la diversidad de opiniones, sensibilidades, convicciones políticas, la distinta visión de los gobiernos y parlamentos nacionales, los diferentes intereses, como hoy mismo pone de manifiesto el acuerdo del Consejo de Financiación, para hacer un análisis global, y cuando se hace este análisis respecto al Tratado es una valoración positiva la conclusión final, porque el Tratado abre una fase nueva de consolidación de la Unión Europea en cuatro sectores básicos: la solución a los grandes problemas de carácter económico, como la Unión Monetaria, problemas sociales, etcétera, preparar la Unión para la posible ampliación, el acercamiento del proyecto a la sociedad civil y la intensificación del espacio judicial y policial.
Como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica que hoy se somete a la aprobación de la Cámara, el Tratado contiene importantes innovaciones en lo relativo al mantenimiento y ampliación del espacio de libertad, seguridad y justicia; reafirma las garantías de los derechos fundamentales con relevantes avances en ese sentido; profundiza en el desarrollo de las políticas comunitarias en el ámbito laboral y social; abre las posibilidades para la reforma institucional necesaria ante las futuras ampliaciones previsibles y mejora aún el cuadro para poder poner en marcha la ansiada y difícil política de unidad en materia exterior y de seguridad.
El Tratado prevé además, como manifestación de esta aspiración al espacio común en materia policial y judicial, la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para pronunciarse con carácter prejudicial y que ésta sea aceptada por los Estados miembros mediante determinadas modalidades.
La ley consta de un solo artículo autorizando la ratificación del Tratado, que es muy complicado, ya que modifica el Tratado de la Unión, los tratados de las Comunidades y los numerosos protocolos y actos anexos. Además, tiene una disposición adicional referente, justamente, a esta posibilidad de que sean sometidos actos prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo.
El proyecto, señor Presidente, entró en el Congreso de los Diputados el 19 de octubre pasado, y dentro del plazo de enmiendas se presentaron una propuesta de veto, por don José Fermín Román Clemente, de Izquierda Unida (Grupo Mixto), una enmienda suscrita por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y otra por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La Ponencia designada por la Comisión estaba compuesta por don José Castro Rabadán, Vicepresidente de la Comisión, del Grupo Parlamentario Socialista; don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular; don Joaquín Ferrer y Roca, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió; don Fernando González Laxe, del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz del mismo en la Comisión, y don José Luis Morales Montero.
La Ponencia rechazó, por unanimidad, la propuesta de veto y, por mayoría, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su reunión del 12 de noviembre, rechazó, por un solo voto a favor y 19 en contra, la propuesta de veto de don José Fermín Román Clemente y, después de debatir las dos enmiendas presentadas, aprobó el informe de la Ponencia, por un voto en contra y dos abstenciones.
Convertido así el informe de la Ponencia en dictamen de la Comisión, ésta es la propuesta, señor Presidente, que traemos al Pleno de la Cámara, insistiendo que el dictamen es idéntico al que formuló el Congreso en su día, proponiendo por tanto la ratificación del Tratado, modificando el Tratado de la Unión Europea, los tratados de las Comunidades y los protocolos y actos anexos, en la forma que figuran en el texto que sus señorías conocen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador López Henares.


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Se ha presentado una propuesta de veto. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)

El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la propuesta de veto formulada al proyecto de ley Orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam, nos lleva a hacer algunas reflexiones en este momento.
Desde nuestro punto de vista, la diferencia entre los Estados miembros, señorías, resulta cada vez más evidente. En nuestra propuesta de veto decíamos, y lo mantenemos, que eso no puede más que provocar una crisis de confianza en el modelo de unidad europea que pretende llegar más allá del mercado único.
Señorías, tenemos la impresión de que Europa está girando hacia posiciones de una mayor preocupación social. No es adecuado sostener que ese giro que se está produciendo en Europa sea producto del Tratado de Amsterdam, más bien podría parecer, y parece, que puede deberse a que diversos países están adoptando una posición social y política diferente.
Señorías, la preocupación respecto a la estabilidad y a la convergéncia está en este momento por encima de las preocupaciones sociales y de la cohesión social de Europa. No es aventurado decir que la propuesta que contiene el Tratado de Amsterdam está alejada de los cambios que Europa está viviendo en estos momentos. Una parte de Europa se encuentra a las puertas de iniciar un camino colectivo en el ámbito monetario, con la creación de la moneda única y de una política monetaria común.
Al decir de algunos estamos ante un momento histórico. Señorías, podemos y debemos confrontar estas grandes declaraciones y decisiones con el impacto que van a tener en cuestiones tan vitales para la mayoría de los ciudadanos como son el bienestar social, el paro, la igualdad, la marginación y la injusticia.
Reflejaba recientemente en un artículo mi compañero Salvador Jover, un magnífico artículo, que el proceso de convergéncia iniciado en Maastricht ha tenido un claro sesgo monetarista. Los países han tenido que ajustar con tenacidad sus presupuestos públicos, e insisto en el hecho de que han tenido que ajustar con tenacidad sus presupuestos públicos, y han aplicado un elevado rigor monetario. Para ello, señorías, se han liquidado sectores públicos empresariales, se han reducido partidas públicas sociales y de inversión, se han flexibilizado los mercados laborales, y todo eso se ha hecho --y hay que decirlo-- desarrollando una ingeniosa práctica para camuflar los datos que no cuadraban en sus cuentas.
Aun así, la mayoría ha sido incapaz de alcanzar el objetivo de deuda pública sobre producto interior bruto, aunque de entrada se sabía que no podría cumplirse. Señorías, esto nos da pie a hacernos una pregunta, ¿se dirige la Unión Económica y Monetaria a la creación de un gran mercado interior con una moneda y una política monetaria desinteresándose de los problemas reales, es decir de los problemas sociales? Señorías, la Unión Económica y Monetaria puede ser a partir de 1999 una realidad, pero sólo en su vertiente monetaria. Las reglas de gestión presupuestaria, la unidad de los mercados, la armonización de la fiscalidad indirecta, o bien son elementos que refuerzan el rigor monetario, o bien liberan las fuerzas de mercado en un espacio más amplio y profundamente heterogéneo. Por eso echamos en falta un compromiso político claro para construir una verdadera Unión Económica, vertebrada, como toda organización política, alrededor de un presupuesto que pueda considerarse como tal en una economía avanzada.
Decíamos en la exposición de motivos de este veto que el Tratado ni siquiera ha logrado modestos compromisos en materias tan importantes como la reforma de las instituciones.
Es verdad que cuando se discutió el veto en la Comisión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se refería a cuestiones tan anecdóticas como lo relativo al número de comisarios. Pero señorías, estamos hablando de una reforma de las instituciones; estamos hablando de que ni siquiera se han puesto de acuerdo en el número de comisarios, ni en las velocidades de integración, y si me apuran, señorías, ni siquiera en la ponderación del voto en el Consejo.
Por otra parte, y haciendo algo de historia, señorías, podemos recordar cómo la presión del Gobierno francés pudo introducir el debate sobre la Europa social. En este punto, debo recordar que la resolución sobre crecimiento y empleo es sumamente incompleta; carece de recursos financieros y depende del Pacto de Estabilidad, lo que significa que de ningún modo contribuye a solucionar el problema del paro en Europa.
Señorías, queda algo claro en torno al Tratado: se fija la fecha de entrada en vigor del euro y, por otra parte --estaba claro--, la sumisión al modelo alemán.
Señorías, la Unión Monetaria, tal y como se contempla, provoca un antagonismo entre moneda y empleo. Por ir terminando, no me voy a referir nada más que de pasada a lo devaluada que ha quedado la voz única en política exterior, ni qué decir, señorías, en materia de justicia e interior donde la situación es peor. Se establecen cláusulas de exclusión a la aplicación del Tratado de Schengen por parte de tres países y, por otra parte, el texto aprobado amplía sus plazos de aplicación y ésta queda condicionada a la unanimidad. Asimismo, a ello se une el derecho de veto en los temas de visados, inmigración y asilo.
Señorías, voy a hacer una referencia, aunque breve, a cómo ha quedado --desde nuestro punto de vista de forma negativa-- el que no se incluyan sanciones económicas a los países que no respetan la libre circulación de mercancías, algo tan sensible para nuestro país.
Señorías, por todas estas razones que de forma breve he expuesto, hemos presentado la propuesta de veto.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.


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El señor FERNANDEZ AGUILAR: Señor Presidente, señorías, desde que Robert Schuman formuló su famosa declaración por la que proponía la creación de una organización abierta a todos los países europeos, a la que puede denominarse acta de nacimiento de la Unión Europea, hasta nuestros días, han transcurrido casi cinco décadas. Ha sido necesario, por tanto, que transcurran cincuenta años para que hayamos podido llegar a alcanzar este nuevo escalón que se llama Tratado de Amsterdam.
Permítanme sus señorías que, aunque muy brevemente, haga algunas referencias que explican cómo Europa se viene construyendo poco a poco, paso a paso, y cómo los distintos momentos históricos y los tratados alcanzados marcan la evolución desde las ruinas de una Europa destrozada tras dos guerras mundiales sucesivas hasta el nuevo orden europeo que ahora vivimos, marcado por la unión y la reconciliación.
Si en 1957 el Tratado de Roma dio luz verde al nacimiento de la Comunidad Económica Europea, en 1985 fue posible el Acta Unica que dio un nuevo impulso al mercado interior, mientras que en 1993 el Tratado de Maastricht trazó la vía de la Unión Económica y Monetaria, el principio de política exterior, así como la voluntad de crear en Europa un espacio de libre circulación dentro de la seguridad.
Han sido necesarias casi cinco décadas hasta llegar al 17 de junio de 1997 para que los Jefes de Estado y de Gobierno llegaran a un acuerdo político y se comprometieran conjuntamente en la seguridad, el empleo, la política exterior, en la defensa de la legitimidad de las instituciones que afectan directamente a todos los ciudadanos europeos. El encaje de este puzzle hará posible que durante el año próximo seamos testigos de un hecho de gran trascendencia histórica para Europa y el mundo cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam, porque se producirá el crucial hecho de la entrada en funcionamiento de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el nacimiento del euro y el inicio del proceso de integración de otros países.
Ha sido preciso, señorías, mucho tiempo, muchos tratados, mucha tenacidad para obtener tan importantes logros en sucesivos avances, venciendo grandes dificultades, crisis institucionales, problemas difíciles, como el de la política agraria, los propios recursos presupuestarios, las disparidades regionales, y la diversa sensibilidad de los protagonistas de la vida política de los distintos Estados en cada tiempo histórico.
Por eso, entre otras cosas me sorprende, señorías, que se presente un veto a la totalidad del Tratado de Amsterdam por parte del representante de Izquierda Unida, señor Román Clemente, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto del Senado. Que no se tenga en cuenta tanto esfuerzo, que no se valoren tantos logros, y que el veto se fundamente, a mi juicio, en aspectos menores o parciales que descalifican sin causa a la totalidad es toda una desmesura parlamentaria, dicho con el mayor respeto y consideración.
El texto en que se justifica el veto se fundamenta, en razonamientos del proponente, en que cree encontrar algunas deficiencias o carencias, como el número de comisarios, las velocidades de integración, o la ponderación del voto en el Consejo. Como indiqué al Senador Román Clemente durante el debate en Comisión, estos planteamientos, por su limitación, más bien parecen meros posicionamientos propios de una enmienda parcial, que también, en su caso, hubiera merecido nuestro voto negativo.
Me interesa mucho resaltar ante sus señorías otro aspecto del Tratado que en el texto del señor Román se califica de incompleto, y a mí me parece todo lo contrario por el tratamiento que hace del crecimiento y el empleo. Porque para la construcción de una Europa más integrada, la Unión debe abordar prioritariamente la promoción del empleo. El desempleo constituye hoy el principal desafío económico y social al que deben hacer frente los Estados miembros. El nuevo Tratado prevé la coordinación de las políticas nacionales y la adopción de medidas que incentiven a los Estados. Se incorpora el Protocolo social para luchar contra la exclusión social y se consagran el principio de igualdad, de remuneración a igual trabajo entre hombre y mujer, y el principio de cohesión económica y social.
En cuanto a materia de justicia, en el veto se hace otra valoración errónea porque en el Tratado se crean las bases de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y se consagra el respeto a los derechos fundamentales. Con este propósito se ha integrado el Acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea.
Por lo que respecta a temas relacionados con España, sobresale el tratamiento dado a las regiones ultraperiféricas al amparo del artículo 227 del Tratado de la Unión Europea, siendo ésta una cuestión primordial para las Islas Canarias, donde la propuesta española ha sido plenamente recogida.
De igual modo ocurre con los intereses de España en el marco del contencioso de Gibraltar y que han quedado plenamente protegidos, ya que seguiremos con los controles al tráfico de personas procedentes del Reino Unido y de los territorios que representa en la Unión en cualquier punto de entrada al territorio nacional.
A la luz de todo el proceso histórico que dura tanto tiempo, señorías, es fácil comprender la transcendencia del Tratado de Amsterdam, tener la evidencia de que la Unión Europea, el sueño de una fuerte Europa unida se construye paso a paso y que levantar la compleja arquitectura de su proyecto histórico es fruto de la maduración y de que las piezas vayan encajando ordenamente, de modo que se alcance una mayor eficacia, una más clara articulación, una mejor consecución de objetivos, respetando los grandes ideales de la defensa de la propia democracia, de los derechos del hombre, de la solidaridad interestatal, de la transparencia, de la subsidiariedad para, de esta forma, ampliar los iniciales ideales de paz europea, hasta los de prosperidad de cara a los desafíos del tercer milenio. Voy terminando, señorías.
A cada cumbre europea no debe exigirse soluciones definitivas, ni grandes decisiones que resuelvan todos los problemas de la Unión Europea. La perspectiva histórica ya nos ha enseñado, nos ha demostrado que la unión se

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va alcanzando paso a paso, en un proceso abierto, inconcluso, de obtención de pequeñas y medianas metas. Y por primera vez desde hace más de 500 años, señorías, tenemos la posibilidad de reconciliar el continente europeo consigo mismo mediante la ampliación de la Unión.
El Tratado de Amsterdam, negociado por el Gobierno que nos precedió y por el que ahora gobierna España, ha tenido el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias, sensibles a la necesidad de consenso en las cuestiones fundamentales de la política exterior, por lo que la posición de España durante su negociación fue coherente y firme, rindiendo posteriormente sus frutos. El éxito alcanzado por el Gobierno español en este laborioso proceso de negociación lo es también del Gobierno anterior, es también el éxito del Congreso y del Senado y es el éxito de todos los españoles que creen firmemente en la apuesta por una integración europea cada vez más completa y sólida, más fuerte y definitiva.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular estima que esta propuesta de veto debe ser rechazada.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández Aguilar.
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Es cierto, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que tuvimos ocasión de debatir en Comisión y que el texto que justificaba la presentación de veto era más motivo de una enmienda, que igualmente hubieran rechazado. Pero, señoría, ya rechazaron también en otro momento procesal un texto alternativo que teníamos sobre la posición de reforma del Tratado de Maastricht.
Asimismo, hemos manifestado, ampliando los razonamientos que exponíamos en la propuesta de veto, la siguiente reflexión: frente a esos grandes discursos, a esos grandes momentos históricos, es necesario contraponer aspectos vitales para los ciudadanos y que quiero resaltar otra vez.
¿Cómo quedan los ciudadanos en todo lo relativo a política de bienestar, señorías? ¿Cómo quedan los ciudadanos en todo lo que se refiere a política de justicia, igualdad, marginación y el paro? Su señoría no ha querido entrar en estas cuestiones. Se ha quedado en la anécdota del número de comisarios y ha rehuido entrar en el debate sobre la situación del paro, de la desigualdad, de la injusticia, de la marginación. Hay importantes razones para oponerse a este Tratado, porque en política --como le decía y terminaba mi anterior intervención-- de justicia e interior hay importantes exclusiones.
Nos pregunta su señoría que cómo podemos oponernos en este momento a la ratificación. La razón es que deseamos algo que se está produciendo en Europa, que es un giro social, un cambio político social. Su señoría no ha querido entrar en ese debate y me parece bien ya que tiene una posición. Habla de logros, habla de pasos, pero también ha hablado de encajar las piezas. Pero no ha hecho una reflexión sobre si falta alguna pieza por encajar. Yo pregunto, ¿qué pieza falta por encajar? En el Tratado hay aspectos monetaristas muy claros, pero también hay dudas más que razonables sobre los efectos generalizados. Hay quien mantiene que es difícil conseguir ese efecto en todos los países. Si eso no es así, ¿cómo se van a arbitrar los mecanismos de compensación? Sabe que estamos metidos en este momento en una importante batalla sobre la necesidad de los Fondos de Cohesión y conoce la importancia de los mismos. Por tanto, estamos hablando de la necesidad de establecer un cambio que gire más a lo social.
Quiero remitirme a lo que fue el debate que introdujo Francia en su momento, de no haberlo hecho posiblemente no se hubiera abordado, pero lo que está claro es que aspectos fundamentales que en Europa tanto como en España importan, como es el desempleo, siguen y van a continuar sin resolverse. Pueden quedar instalados en ese gran discurso en esos momentos históricos, señorías, pero frente a eso queda otra política que es la política por abajo, la política social, la política de los ciudadanos que no se sienten reflejados en ese tipo de discursos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
(El Senador Fernández Aguilar pide la palabra.) Senador Fernández Aguilar, le recuerdo que estamos en turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) El Senador Bolinaga tiene la palabra.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Tratado de Amsterdam no nos satisface plenamente, sin embargo lo aceptamos inequívocamente porque necesitamos la Unión Europea. Es por ello, sencilla y llanamente, por lo que no podemos apoyar el veto que se está debatiendo en estos momentos, aun cuando en realidad estamos muy de acuerdo con muchas de las cuestiones planteadas hábilmente por el estimado colega Senador Román Clemente.
En todo caso, y como quiera que el Tratado en sí mismo es inmutable por esta Cámara, vamos a intentar reflexionar en voz alta con el fin de reforzar nuestra posición con la inmediatez de lo que hay y de lo que se nos avecina a pasos agigantados. El Tratado nos llega justo cuando la Unión Europea está en vísperas de una de las mutaciones más importantes de su historia: Agenda 2000, Unión Monetaria, nueva revisión de los Tratados, ampliación al este y definición del papel que a la Unión Europea le ha de corresponder en el mundo. Sin embargo, tanto el proceso a seguir como el mismo objetivo final aún están a falta de ser definidos en función de una concepción clara y de un proyecto preciso de construcción, tal como suena.


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Parece que hay mucho de improvisación y se manifiestan no pocas dudas que no terminan de ser despejadas cuando precisamente hay que preparar ya el futuro de Europa ineluctablemente.
La preparación de ese futuro no es sólo tratar las cuestiones institucionales que siguen sin ser resueltas, sino mejorar la eficacia y la gestión de la Comisión, superar el déficit aún vigente o acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, etcétera, que son sí elementos absolutamente necesarios sin duda alguna.
El debate, señorías, debe ser mucho más amplio en nuestros parlamentos por la obligación que tenemos de responder --clarificándolas-- a cuestiones de fondo que plantea la ciudadanía --que parece ser la gran olvidada de siempre--, como son por ejemplo: qué solidaridad económica, social y política habrá entre nuestros Estados y nuestros pueblos, qué trato se le va a dar al paro y cómo se va a aminorar, qué seguridad interior, qué defensa y seguridad habrá, cuál y cómo será nuestra política exterior, qué fronteras existirán, quién va a dirigir la Unión, quién es el responsable de ella, etcétera. Estas son preguntas que se hacen en la calle.
¿Sabe la ciudadanía y somos nosotros mismos conscientes, por ejemplo, de que cuando se configure definitivamente la Unión Europea el único Estado que tras tal fecha va a existir en el término exacto del concepto es la Unión Europea? Deben darse respuestas claras a todo ello antes de la próxima ampliación porque, tanto en interés general de los Estados miembros como en interés de los candidatos, la casi duplicación de miembros de la Unión en el horizonte del año 2010 no puede efectuarse en la ambigüedad de hoy.
Ante la evolución de la Unión, es tan indispensable como urgente un «aggiornamento» de los tratados, tratados que, como éste que hoy nos ocupa, quedan lejos de lo que de ellos se hubiera esperado. Por ello nuestro Grupo apoya la demanda del Parlamento Europeo en el sentido de que se abra el procedimiento de revisión antes de que finalice el año en curso sobre la base de las orientaciones realizadas por la Comisión para una reforma conjunta de los tratados, revisión que deberá efectuarse con un método más transparente, más democrático y eficaz que el utilizado en el Tratado de Amsterdam que hoy contemplamos. Un método, señorías, inspirado en el procedimiento de codecisión legislativo y por el que, precisamente, el Tratado de Amsterdam pone al Parlamento Europeo y al Consejo en un plano de igualdad, de tal manera que se haga posible un verdadero diálogo con la ciudadanía, con esos ciudadanos que tienen derecho a esperar de sus dirigentes que la duda y la improvisación dejen por fin paso a una acción decidida tras una reflexión profunda en la que ellos participen y de manera que entre todos construyamos un espacio europeo de solidaridad, paz y ciudadanía.
En suma, señorías, una Unión Europea de y con los ciudadanos, a quienes siempre y para todo hay que tener muy presentes no castigándoles con tratados farragosos sino haciendo que éstos sean claros, simples, legibles e interpretables a primera vista.
No en vano, y sí con entera razón, decía aquel europeísta de pro, don Salvador de Madariaga: Europa existirá cuando existan los ciudadanos europeos y entiendan los tratados. A esta frase excelente nos permitimos añadir esta otra: Europa no debe predicar opiniones, debe predicarse a si misma. Y debe predicarse diáfanamente, bajo el crisol, señorías, señor Presidente --y termino ya--, de todo un sistema de principios y de valores fundamentalmente basados en la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bolinaga.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador González Laxe.


El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Estamos ante un acto parlamentario de gran importancia, sobre todo porque en él se van a poner a prueba la construcción europea y también los partidos políticos aquí representados.
Creo que el Tratado de Amsterdam viene a dar los pasos sucesivos que son necesarios para la construcción adecuando los cambios que se están produciendo y teniendo en perspectiva los desafíos que habrá que afrontar en los próximos años.
Todos estamos de acuerdo en que Europa no se construye de la noche a la mañana, y en que tampoco vamos a estar completamente de acuerdo todos los europeos: los de la Europa del Mar Báltico, los de la Europa del Mediterráneo, los de la Europa del Atlántico, los de la Europa interior o los de Europa central y oriental. Las distintas heterogeneidades que existen en Europa promueven que todos los países, todos los políticos europeístas, traten de encauzar sus energías para que converjan en un texto común para todos.
Ya se dio un paso decisivo recientemente en Maastricht, donde se definieron muchas de las políticas que hoy día están en vigor, donde se han marcado muchas de las reglas comunitarias, idénticas para todos, y donde se han dejado también encima de la mesa aquellas discrepancias y actos por los cuales todavía es preciso seguir discutiendo.
Pero de Maastricht salió un trabajo importante, que es la realización de una Conferencia Intergubernamental, en cuyo seno se ubicó a una persona que hiciera el trabajo de reflexión. Y en estos momentos, en el día de hoy en el Senado, había que rendir un importante homenaje a esa persona que presidió el grupo de reflexión preparatorio de la Conferencia Intergubernamental, base del Tratado de Amsterdam. Me refiero al español, ex Ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp. El canalizó muchas energías y, a partir de ahí, todos los países, todos los políticos y ciudadanos convencidos de la construcción europea, fueron colocando las bases.


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Por tanto, el Tratado de Amsterdam viene a ser en sí mismo una continuación o una revisión y una reforma de aquellas bases institucionalizadas en el Tratado de Maastricht, pero con algo más: prevé lo que son las próximas ampliaciones y marca lo que son los propios desafíos.
Así pues, aunque haya aspectos excluidos del Tratado, también hay que decir que los trabajos son positivos. El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de las imperfecciones que puede tener este Tratado, como también de aquellas otras de los anteriores, pero, no obstante, también tiene que afirmar que en este Tratado de Amsterdam se trata de acercar Europa a los ciudadanos, permitir y acelerar que la Unión funcione más eficientemente y preparar las futuras ampliaciones, dotando a la Unión Europea de una mayor capacidad de acción exterior.
La modificación de un sinfín de detalles, integrando todas aquellas experiencias adquiridas en los últimos años después de la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, la reescritura de ciertos aspectos, el dotar de un mejor fundamento jurídico a las nuevas políticas desarrolladas y la nueva renumeración completa de artículos, es lo que hoy se presenta a votación. En el Tratado de Amsterdam hay nuevos capítulos y artículos, se compone de numerosas declaraciones --16--, de numerosos protocolos --14-- y de varios anexos.
Hechas estas consideraciones generales, es preciso detenerse en cuatro grandes aspectos: el nuevo espacio de libertad, de seguridad y de justicia; la Europa de los ciudadanos y el nuevo capítulo sobre el empleo; la política exterior y de seguridad común y la reforma de las instituciones.
Hablar en un día como el de hoy de espacios de libertad, de seguridad y de justicia, pone de manifiesto la necesidad de acordar los valores democráticos y los derechos del hombre, y de esta forma el Tratado de Amsterdam amplía los conceptos incluidos en el de Maastricht relativos a los derechos de los ciudadanos y del hombre. Como aspectos más sobresalientes también se incluyen reglas de circulación de los ciudadanos, condiciones de concesión de visados, de asilo, de inmigración y de cooperación judicial en materia civil, abriendo nuevas oportunidades en el ámbito de la comunitarización. Asimismo, la cooperación policial, aduanera y judicial en materia penal, aunque limitada, es objeto de ámbitos comunes para los Estados Miembros. Por tanto, con este aspecto de espacios de libertad, de seguridad y de justicia se trata de comunitarizar parcialmente el tercer pilar, renovarlo y permitir la integración de los Acuerdos de Schengen en la Unión Europea.
Dentro del segundo gran bloque, la Europa de los ciudadanos, es importante resaltar el nuevo capítulo referido al empleo. En el momento actual, con una elevada tasa de desempleados en Europea, este nuevo título...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, terminó su tiempo.
Procure acabar cuanto antes.


El señor GONZALEZ LAXE: Termino inmediatamente, señor Presidente.
Aparte del empleo, puede ser importante recalcar la especificidad de las regiones ultraperiféricas incluidas en el Tratado de Maastricht y, al mismo tiempo, toda la identidad en la escena internacional.
Y dejo para el final, señor Presidente, si me lo permite, el manifestar que uno de los aspectos con el que no estamos satisfechos, es la reforma institucional, aquella que hace referencia a la composición de la Unión Europea y a la reponderación de los votos o a la institucionalización de la cooperación, reforzada para suplir los defectos que tiene dicha reforma institucional.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por el Tratado de Amsterdam, va a contribuir a formar la voluntad europea conjunta y reforzada de todos los países, e invita al resto de los grupos a que así lo hagan en la votación que posteriormente tendrá lugar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González Laxe.
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.


El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde mi escaño para ratificar todas las argumentaciones que he expuesto en mi intervención anterior insistiendo en la certeza de cuanto he defendido.
He de felicitar muy sinceramente al portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, señor Bolinaga, y del Grupo Socialista, señor González Laxe, de quien hago míos casi todos sus planteamientos.
En cuanto al señor Román Clemente, le digo una vez más que sus inquietudes también son las mías. Su inquietud por el empleo es también mi inquietud como político, como hombre de centro, como persona a la que le preocupa un problema tan grave como es el desempleo. Y para su tranquilidad le diré que todo lo que usted ha manifestado viene recogido en el Tratado de Amsterdam. Para hacer la construcción de una Europa más integrada se dice que la promoción del empleo es básica. El desempleo --manifiesta el Tratado-- constituye hoy el principal desafío económico y social al que deben hacer frente los Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, el Tratado de Amsterdam prevé la coordinación de las políticas nacionales y la adopción de medidas que incentiven a los Estados miembros a profundizar en esa vía.
También se incorpora el Protocolo para luchar contra la exclusión social, cuestión que tanto preocupa a su señoría. Y, asimismo, en el articulado del nuevo Tratado se consagra el principio de la cohesión económica y social, irrenunciable para España, para que se mantenga todo el acervo existente sobre los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación del veto. (Pausa.)

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Sometemos a votación el veto presentado por el Senador Román Clemente, por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, tres; en contra, 218; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas con el voto particular número uno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Bolinaga. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, cuanto antes quede la sala en situación de debate antes podremos continuar y terminar a una hora razonable, con el esfuerzo de todos ustedes. Les pido silencio.


El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente. Su señoría siempre tan oportuno.
Señorías, esta enmienda de nuestro Grupo, que en nada afecta al Tratado en sí sino al proyecto de ley orgánica que pretende ratificarlo, surge de una realidad que no puede quedar solapada. Esa realidad es que nos encontramos en un Estado compuesto, el Estado de las Autonomías, que debe ser interpretado en toda la acepción del concepto, debido precisamente al reparto real de poderes competenciales en los ámbitos respectivos que se constituyen como realidades constitucionales, democrática y jurídicamente dispuestos para su más correcto funcionamiento.
Por tanto, siendo esto irrefutable y teniendo a la vista ejemplos prácticos de carácter netamente positivo, como los ofrecidos por Bélgica, Alemania y Austria, ¿quién puede negar hoy aquí que, tal como suscribimos en nuestra enmienda, la acción de la Unión Europea también afecta a numerosos ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias de legislación, desarrollo normativo y ejecución en la construcción en sus respectivos estatutos de autonomía? Creemos que nadie en absoluto. La inclusión de nuestra enmienda en la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica es de total congruencia con lo que se predica y con lo que se halla constitucionalmente establecido, sin que altere nada su contenido, pero conlleva un cierto carácter de título recordatorio que encaja con absoluta precisión en este proyecto de ley orgánica; encaja a la perfección porque es un tema objetivamente importante del que nadie duda y al que se tiene que encontrar una solución de cara a un proceso de cooperación interna y a la construcción de un sistema de participación directa de los representantes autonómicos en materias de su competencia exclusiva ante los foros europeos de decisión que abarquen temas de su exclusividad, dicho sea como axioma generalmente admitido.
Por lo tanto, nuestra enmienda es asumible por pura lógica con lo que somos y por cómo queremos estar realmente, sin que pueda haber objeción alguna para que sea recogido e incluido como nuevo párrafo dentro del presente proyecto de ley orgánica y en los términos que se proponen, tanto por ser políticamente oportuno como jurídicamente correcto, puesto que, en síntesis, no recoge más que una obviedad.
Una cosa es cierta, señorías, ya es hora de que se elimine toda reticencia para aceptar representantes de las Comunidades Autónomas como miembros de la delegación del Estado en los foros de Europa para debatir sobre cuestiones que les conciernen directamente y evitar así el déficit de participación que se provoca cuando la Unión Europea asume una materia que internamente es de competencia autonómica y únicamente es la Administración central la que participa en la adopción de decisiones a nivel europeo.
Esta enmienda, por otra parte, no puede calificarse de improcedente en este que es hoy aquí un cauce jurídico y parlamentario tan adecuado como cualquier otro para formular enmiendas, máxime si éstas no minoran ni alteran el sentido y fundamento del proyecto de ley y sí tienen relación directa con el texto del Tratado o con la propia adopción del mismo, independientemente de que el contenido de nuestra enmienda sea tratado paralelamente por otras vías.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la enmienda pretende adicionar un párrafo entre el segundo y el tercero de la exposición de motivos. Dice el proyecto: «El nuevo Tratado contiene importantes innovaciones relativas al mantenimiento y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia; la reafirmación de las garantías de los derechos fundamentales; la profundización en el desarrollo de las políticas comunitarias, en particular en el ámbito laboral y social, y la incorporación de instrumentos para dotar a la política exterior de la Unión de mayor coherencia y eficacia». Queríamos añadir: «Asimismo, el nuevo Tratado (...) amplía los ámbitos de la actuación comunitaria. De esta manera, la acción de la Unión Europea afecta también a numerosos ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias de legislación, desarrollo normativo y ejecución en la Constitución de sus respectivos Estatutos de Autonomía».
La justificación es clara. Es una realidad, todavía no reflejada, que la ampliación de la acción material de la

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Unión Europea está afectando, cada vez de manera más intensa, a los ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas tienen reconocidas competencias en nuestro orden constitucional. Por lo tanto, es necesario prever que la adaptación mantenga el principio de subsidiariedad.
Yo aprovecharía, señor Presidente, este turno para dejar constancia de nuestra posición ante la ley, dado que no lo hemos fijado cuando se ha debatido el veto a la totalidad. Quiero decir lo siguiente. Ya hemos manifestado nuestra opinión en sucesivas ocasiones sobre el Tratado de Amsterdam. Hemos dicho que es un paso importante en la construcción europea que desde sus orígenes, por cierto, forma parte del ideario de Convergència i Unió. Es un Tratado mucho más escaso de lo que nosotros hubiéramos querido, pero supone un avance importante en el proceso de la construcción europea.
Con este Tratado vamos hacia una Europa más social, más preocupada por temas sociales y de empleo, hacia una Europa más preocupada por crear un espacio de justicia, de libertad y de seguridad, con un mayor peso en el escenario político mundial y hacia una Europa que se prepara poniendo las bases para la reforma de sus esquemas institucionales.
El resumen que haríamos sería que es un tratado más pobre de lo que hubiéramos querido, que supone un avance para la integración europea más lento de lo que deseamos, pero que debe ser, en todo caso, bienvenido.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra don Victoriano Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias señor Presidente.
Señorías, este trámite de hoy sobre la ratificación por España del Tratado de Amsterdam no es uno más, ni mucho menos, de los múltiples y variados tratados y convenios que en cada Pleno se someten a la consideración de sus señorías. Es un tratado que, en estas postrimerías del siglo XX, afecta en la práctica casi al 70 por ciento, de una u otra manera, en el quehacer de todos los españoles. Esta modificación en profundidad desde el Tratado de Roma al Acta Unica y al Tratado de Maastricht significa nada más y nada menos que una especie de segunda Constitución Española desde que nos adherimos a la Comunidad Europea.
Esta incorporación plena de España a la Unión Europea y a las sucesivas modificaciones --no se hace Europa de golpe, sino a impulsos reiterados y distintos, como predijo uno de los padres de la Unión, Monnet-- ha ido quitando soberanía al Estado español y ha afectado a los respectivos Estatutos de Autonomía.
Estos hechos son incontrovertibles, pero también hay que decir que esta pérdida de soberanía, que no hay por qué ocultarla sino constatarla, ha sido quizá necesaria y mayoritariamente los españoles estamos de acuerdo en este proyecto de la Unión Europea, de los pueblos y de sus ciudadanos, con todas las limitaciones e imperfecciones que se le objetivan, desde el déficit democrático del Parlamento Europeo al poder concentrado en los respectivos gobiernos de los Estados miembros, pasando por ciertas deficiencias graves en el desarrollo de los problemas sociales y los interrogantes en la instauración de la moneda única, el euro.
En este turno de portavoces del Grupo Mixto, como se puede constatar, hay opiniones distintas sobre la validez positiva de este Tratado, pero mayoritariamente le es favorable en su conjunto. Específicamente este Senador les habla en nombre del Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios del Grupo Mixto, concretamente en el de Coalición Canaria, y manifiesta nuestro voto rotundo y decididamente favorable.
Señorías, Canarias en la historia, desde el punto de vista económico, cultural y social, siempre se ha sentido europea. Creemos oportuno hacer aquí y ahora un relato de algunos hechos. Canarias se vincula a Europa históricamente desde el siglo XV; el arte flamenco decora las paredes de templos y palacetes; navegantes y comerciantes de la vieja Europa recalan en nuestras islas en intercambios de productos; las ideas europeas encuentran eco en nuestros intelectuales históricos; la Corte británica conoce los vinos malvasías canarios que tienen su reflejo en los dramas de Shakespeare; ciudadanos de diversas nacionalidades de Europa se quedan e integran con nosotros conformando una brillante sociedad en Canarias que conoce del arte, de la técnica y de la agricultura, el comercio y la navegación; los modernos conceptos del arte de vanguardia penetran en el Estado español a través de Canarias y hoy millones de europeos y canarios dan ejemplo de convivencia diaria en nuestro archipiélago bajo nuestro tranquilo sol.
Nuestras islas contribuyen, debido a su posición geográfica y a sus lazos humanos, económicos y culturales, de forma relevante a la difusión de la universalidad y diversidad europea en América. Canarias, señorías, es un archipiélago europeo anclado a pocas millas del continente africano y bastante alejado de las costas del viejo Finisterre. Por su cultura, sociología y economía son euroislas, aunque no renuncian a su situación geográfica ni reniegan de su vocación emigrante americanista. Sus mujeres y hombres mayoritariamente no solamente son europeos con mestizaje aborigen, sino europeístas, dispuestos al esfuerzo de la renovación del viejo continente. Canarias ha apostado con entusiasmo por ser cocreadora de la nueva Europa, de la que es su frontera más meridional.
Con respecto al texto de estas modificaciones que adquieren el rango nominativo de Tratado de Amsterdam, creemos que son, en general, favorables a España y a su desenvolvimiento dentro de la Unión Europea.
Pero específicamente, el Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios del Grupo Mixto, expresa su profunda satisfacción por la modificación 55 del artículo 2 de la Ley Orgánica, que afecta al apartado 2 del artículo 227

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primitivo, que quedaría con el siguiente texto: «Las disposiciones del presente tratado se aplicarán a los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias.
«No obstante, teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya preexistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por su mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.
«El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo, tendrá en cuenta ámbitos tales como la política aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.
«El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas...». Así se ha convertido posteriormente este artículo en el número 299 del Tratado.
Este reconocimiento de la ultraperificidad del archipiélago sus características peculiares que acabo de leer conceden a Canarias una situación especial dentro de la Unión Europea, algo así como un «estatus» del Estatuto permanente diferencial, dándose la circunstancia de que la Comunidad ha reconocido antes que el Estado español este hecho diferencial de la lejanía.
En la Constitución española, señorías, está objetivado el hecho insular en el artículo 138.1 y abarca la situación geográfica tanto de las islas Canarias como de las Baleares, pero no la lejanía. La disposición adicional tercera de la Constitución recoge la obligación de un informe previo de la Comunidad Autónoma para la modificación del régimen económico y fiscal canario, pero no se especifica el reconocimiento de la lejanía como en este Tratado de Amsterdam. Esta necesidad de especificar el concepto ha sido ya expuesta en los planteamientos hechos en la Ponencia de la Comisión especial para la modificación del Senado, que ha realizado su tercer bloque de estudios en relación con las particularidades de las diversas nacionalidades. Hago este recordatorio, porque hace meses que no se reúne la citada Ponencia y desconozco si tendrá continuidad.
La necesidad de objetivar el concepto de lejanía es muy importante a la hora de la legislación estatal, pero es que ya lo tiene a nivel del Estatuto de Autonomía que, en su artículo 46.2, dice textualmente --abro comillas--: Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificulten su desarrollo, y que deben ser asumidos --entendemos-- como concepto dentro de lo que llamamos bloque de la constitucionalidad.
En síntesis, señorías, para todos los canarios hoy es un día de felicitación. A partir de 1983, con la vinculación de España a la Comunidad Europea, la adhesión de Canarias ha pasado por un largo proceso. En primer lugar, el archipiélago ingresó, a través de una situación especial llamada Protocolo 2, fuera del cinturón aduanero.
Después de varios años se realizó un replanteamiento global de la situación y en 1991 se decidió la integración total, dejando salvaguardadas ciertas condiciones específicas previas, lo que se ha llamado el acervo histórico del archipiélago y poniéndose en marcha un programa específico de ayudas denominado Poseicán.
Canarias, señorías, es un pueblo joven, que ante la evolución de los tiempos ha apostado fuertemente por la Comunidad Europea y sigue creyendo en ella a pesar de los agoreros y de las dificultades que se nos ha presentado en la aceleración de la historia en la que estamos actualmente inmersos.
El logro de esta realidad permanente no es exclusiva de ningún partido ni de ningún gobierno, sino la expresión de que cuando hay voluntad política ante hechos reales que defender, todos nos hemos puesto a trabajar, desde el anterior Gobierno socialista y su partido, al actual Gobierno del Partido Popular, pasando por el Gobierno de Coalición Canaria. A todos, señorías, el agradecimiento de los canarios por el esfuerzo mancomunado.
Pero aún no está todo resuelto. El desarrollo de este nuevo artículo 299 del Tratado necesitará un esfuerzo complementario y un desafío a la creciente tendencia política funcionarial en la homologación de todas las peculiaridades existentes. Esta tendencia se ha potenciado últimamente ante las perspectivas del aumento de integraciones de países del este en la Unión Europea.
El trabajo que hay que realizar dentro de la Comisión interservicios europea es complejo, por lo que será necesario aunar esfuerzos entre los gobiernos central y canario y los grupos de la oposición para completar el éxito hasta ahora obtenido.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del PNV afectan a ciertas decisiones recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía limitando su soberanía, tienen un valor recordatorio de hechos reales y recogen la necesidad de que estén presentes en las negociaciones aquellas Comunidades Autónomas a las que les afecte directamente las decisiones importantes, y esto ya lo hemos solicitado en esta Cámara reiteradamente en iniciativas conjuntas varios grupos políticos nacionalistas.
Recordamos específicamente que en el artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias se dice que la Comunidad debe ser informada y que puede opinar sobre estas cuestiones, por lo que, aunque sea de forma testimonial,

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el voto de Coalición Canaria será positivo a las enmiendas presentadas por el PNV y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por último, quiero reiterar el apoyo decidido a la ratificación de este Tratado, así como para que se tramite con la mayor urgencia posible, de forma que se haga vigente en Bruselas a la mayor brevedad y que sus efectos directos comiencen de inmediato.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pido autorización a la Cámara, después de las cinco horas que llevamos de sesión, para poder continuarla para terminar los deberes de hoy.
(Asentimiento.) Muchas gracias. Continuamos.
Continuamos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Laxe.


El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos intervenir para posicionarnos sobre las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que son idénticas.
La posición de nuestro grupo, como ya explicamos en Comisión, es que estamos de acuerdo en el fondo de la enmienda; fondo en el que aparece reflejado algo que en principio alguien podría decir que es obvio, mientras que otro podría decir que tiene un valor recordatorio --como dijo antes un interviniente-- o un valor político, y yo me quedaría con este último matiz. Tiene un valor político.
Es obvio porque es cierto que si una Comunidad Autónoma tiene atribuidas competencias de legislación, de desarrollo normativo y ejecución de la Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía y, por lo tanto, tiene la capacidad de poder instrumentalizar cualquier tipo de acciones, es evidente que eso no genera ningún equívoco en relación con las competencias que tiene transferidas y que tiene que ejecutar, bien sean aspectos comunitarizados o recogidos en convenciones, en tratados o en convenios internacionales. Por tanto, en el fondo uno puede decir que esto es obvio, mientras que otro puede decir que tiene un valor político importante.
La otra cuestión es la forma, y ahí discrepamos. Discrepamos en la forma, pero tampoco la presencia en el preámbulo va a ser excusa para que mi grupo parlamentario vote en contra. En estos momentos se va a votar el texto del Tratado de Amsterdam y las modificaciones del Tratado de la Unión Europea, pero lo importante, y lanzo la oferta al resto de los grupos parlamentarios del Senado, es buscar una solución que permita que aquellas competencias que tengan las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos, que también tienen competencias sobre determinados aspectos de materias comunitarizadas, puedan, a partir de un momento determinado y siguiendo los propios acuerdos del Senado y de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea --y estamos todos de acuerdo--, puedan quedar reflejadas como valores políticos.
Evidentemente, los Senadores del PNV y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió van a contar con nuestro apoyo, pero tendrán que mirar para otros bancos porque en estos momentos gravita en ellos la responsabilidad de decidir cómo instrumentalizarlo.
Lo que quiero que entiendan, y se lo digo a título personal, es que ese valor político de las Autonomías y las competencias que tienen atribuidas no tiene por qué ser menoscabado en medida alguna ni por un tratado ni por un convenio; es obvio que, si tienen que estar reflejados, lo hagamos de común acuerdo entre todos esperando la fórmula, no sé si mágica o no, que dé solución a este problema.
Resumiendo, estamos totalmente de acuerdo en el fondo, pero en cuanto a la forma estimo que lo mejor es buscar una solución inmediata, a lo que nos brindamos. Si de la intervención del Grupo Parlamentario Popular se puede derivar una propuesta, evidentemente, por nuestra parte no habría ningún inconveniente en aceptarla.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González Laxe.
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.


El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, deliberadamente he renunciado a mi derecho a intervenir en el turno en contra, pese a que el voto de mi Grupo será negativo a las enmiendas presentadas por CiU y PNV, porque de esa forma he querido subrayar mucho más lo que nos une --que es el voto favorable a la totalidad--, y matizar ahora, en turno de portavoces, que no deseamos establecer un debate sobre dichas enmiendas ni discutir sobre el fondo, en su propósito de incluir un nuevo párrafo entre el segundo y el tercero de la exposición de motivos del proyecto de ley que vamos a aprobar ahora.
Las enmiendas propuestas por CiU y PNV, de idéntica redacción y contenido, van a ser rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular solamente porque el trámite parlamentario que ahora tratamos de desarrollar es el de la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam, respetando en su totalidad el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y porque el cauce jurídico y parlamentario que requiere esa cuestión debe ser otro y, desde luego, no este Proyecto de Ley Orgánica.
Señor Bolinaga, existe un acuerdo, aprobado en el Congreso de los Diputados, sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los ámbitos de actuación de la Unión Europea, que es el punto de partida para dicha propuesta. Además, la propuesta de CiU y PNV ha comenzado

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ya a debatirse en otros ámbitos, en un proceso de toma de decisiones a través de las conferencias sectoriales.
Es improcedente, según nuestro criterio, que un proyecto de ley de ratificación de un tratado internacional incluya referencias a cuestiones que no tienen relación con el texto del tratado o con la adopción del mismo por el ordenamiento español. (El señor Bolinaga Bengoa hace signos negativos.) España, señor Bolinaga --observo que gira usted con frecuencia la cabeza en sentido negativo--, hubiera deseado un acuerdo sobre la reforma institucional en Amsterdam, aunque el protocolo sobre las instituciones, aprobado, encauza de forma adecuada la manera de desarrollar esa carencia antes de que se produzcan nuevas adhesiones.
Los intereses españoles en las instituciones de una Europa a Quince quedan, así pues, preservados, ya que se reconoce que España es un caso especial que debe quedar solucionado en el momento en el que se lleve a cabo tal reforma institucional, que afecta fundamentalmente a la composición de la Comisión y a la reponderación del voto en el Consejo.
Asimismo, se ha recogido la propuesta española para el reforzamiento del Comité de las Regiones casi en su totalidad, y se le ha dotado de mayor autonomía a la vez que se han reforzado sus competencias, y los poderes del Parlamento Europeo han aumentado en las materias de codecisión.
De todas maneras, hemos de resaltar también un dato positivo como es el que el desarrollo constitucional español y el grado de autogobierno, competencias y descentralización alcanzado por las Comunidades Autónomas va por delante del que se disfruta en otros Estados de la Unión Europea, obligándonos a nosotros, los españoles, a la necesidad de encontrar unos cauces que hagan efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos que afectan a las competencias que han asumido y que han ido aumentando según se progresaba en el desarrollo constitucional español.
En este proceso de búsqueda de soluciones, y gracias a la iniciativa del Gobierno, se han alcanzado logros pragmáticos como la ley que regula la conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, de 29 de noviembre de 1997. Esta conferencia es el mecanismo más original del modelo español de participación. De igual modo ocurre con la labor sectorial que se desarrolla a través de las conferencias sectoriales, que han celebrado más de cien reuniones, desde el inicio de esta legislatura.
Se quiere consolidar así, señorías, un modelo de participación a través del principio de cooperación, que garantice el impulso, el seguimiento y el procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas en las políticas o acciones comunitarias que afecten a sus competencias.
No querría terminar sin dedicar unas palabras al Senador Ríos, de Coalición Canaria, que ha hecho mención a lo que con anterioridad yo también narraba a sus señorías, de gran importancia para España, y a su satisfacción uno la mía por el tratamiento dado a las regiones ultraperiféricas al amparo del artículo 227 del Tratado de la Unión Europea, que es una cuestión primordial, ciertamente, para las islas Canarias y ha sido una propuesta española plenamente recogida en el texto en su integridad.
Señorías, estos son nuestros razonamientos y nuestra ratificación, a lo que uno nuestro deseo de que este espíritu de concordia, de cooperación entre todas las fuerzas parlamentarias representadas en el Senado haga posible la próxima puesta en marcha y la participación de España en el Tratado de Amsterdam, al mismo tiempo que ratificamos nuestro voto negativo a las enmiendas presentadas exclusivamente por las razones expuestas, que son coincidentes en cierto modo con las tesis defendidas también por el Senador socialista González Laxe.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Fernández Aguilar.
Vamos a someter a votación conjunta las dos enmiendas, la número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la número 1, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 117; abstenciones, 87.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen: su artículo único, disposición adicional, disposición final y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 217; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.


-- DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCION INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS GRAVES.
(624/000019) (122/000191)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación vamos a debatir el dictamen de la Comisión de Justicia

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en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
No se han presentado votos particulares a esta proposición.
¿Hay algún Senador para presentar la misma? (Pausa.) El señor Moya Sanabria tiene la palabra.


El señor MOYA SANABRIA: La Proposición de Ley Orgánica que se somete a la consideración del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 6 de octubre, fecha en que igualmente se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes, terminando su plazo de presentación de enmiendas el día 19 del mismo mes.
A la proposición de ley se presento una única enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia, que estuvo integrada por don Hilario Caballero Moya, don Salvador Capdevila i Bas, don José Manuel Chapela Seijo, don Jesús Andrés Mancha Cadenas y don José Antonio Marín Rite, emitió informe con fecha 12 de noviembre.
En el texto aprobado, la Ponencia incluyó tanto la enmienda socialista, referente al artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo de nueva creación, como modificaciones surgidas del debate en el seno de la Ponencia referentes al párrafo quinto del Preámbulo, al artículo 263.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al citado nuevo artículo 28.,bis de la misma Ley y a la parte final del artículo 2 de la Proposición de Ley.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 17 del presente mes de noviembre, sesión en la que aprobó la propuesta de la Ponencia en todos sus términos.
A esta Proposición de Ley Orgánica no se han formulado votos particulares.
La Proposición de ley, tal y como se somete a debate y votación del Pleno en el Senado, consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, creo que ha convencido a gran parte de la Cámara.
Muchas gracias, Senador Moya Sanabria.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor nieto cicuéndeZ: Señor Presidente, tan sólo quiero anunciar que apoyaremos la Proposición de Ley.
Nada más. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Reglamento, como ustedes saben, es muy sabio y señala que al cabo de cinco horas de debate se debería haber terminado.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Capdevila tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Como el mismo título de la Proposición de Ley Orgánica indica, se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un hecho muy puntual sobre la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Ningún grupo parlamentario mantiene viva enmienda alguna en este acto.
Por tanto, hemos de felicitarnos por el gran consenso obtenido por todos los grupos parlamentarios; asimismo, debemos felicitarnos y congratularnos del consenso facilitado por los Grupos proponentes, Popular y Socialista.
Nos encontramos en una época de gran expansión de la llamada delincuencia organizada que se caracteriza por la envergadura de ciertos tipos delictivos, bien por la magnitud de las implicaciones en ellos, bien por la estructura organizada, que generalmente traspasa las fronteras de diversos países en temas como la droga, la prostitución, el terrorismo, los delitos económicos y, cómo no, el delito de blanqueo de dinero, que prácticamente es común a todos ellos.
No debemos olvidar que esa delincuencia organizada, y precisamente por los grandes recursos económicos que normalmente maneja y la fácil disponibilidad que los mismos provoca, hace que la propia estructura organizativa de que disponen se adelante y vaya a una velocidad tal que a las legislaciones de los diversos países les resulta difícil de atrapar, máxime en ese tipo de delincuencia que, tal y como se ha manifestado, traspasa generalmente los diversos países. En consecuencia quizá sea necesario tomar unas medidas cuyo objetivo primordial sea precisamente el otorgamiento de una ley uniforme comunitaria con criterios unitarios para abordar, aunando todos los esfuerzos, adecuadamente dicho fenómeno, incluso, por qué no, con la constitución de un tribunal internacional al objeto de aplicar dichas disposiciones uniformes que faciliten la presentación ante la Justicia de todos los implicados, con la consiguiente cesión parcial de soberanía en la legislación penal, en pro del principio de que los derechos fundamentales debieran estar por encima de los derechos patrimoniales y que el secreto bancario debiera estar sometido a derechos más relevantes de persecución del crimen organizado.
Para no extenderme más, diré que nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor de esta Proposición de Ley Orgánica.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Capdevila.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Señor Caballero tiene la palabra.


El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo también se felicita de que esta Proposición de Ley llegue al Pleno sin mantener ni una sola enmienda

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viva y, como es natural y derivado de esta circunstancia, nuestro pronunciamiento es general y positivo.
Esta es una Proposición de Ley fruto de la refundición de las respectivas iniciativas legislativas de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, por la que se pretende dotar con los instrumentos adecuados a las unidades de Policía y a la Justicia para luchar contra el crimen organizado y para que esta lucha se vea facilitada y sea más eficaz.
Como ya se ha dicho por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, hay que resaltar el amplio consenso que ha existido durante toda su tramitación y que ha permitido no sólo la refundición de las dos iniciativas, sino que se hayan aceptado la mayoría de las enmiendas presentadas, con lo que el texto ha resultado claramente enriquecido, y ello tanto en su trámite en el Congreso como en esta Cámara.
La Proposición de Ley fue votada por unanimidad en el Pleno del Congreso, y durante su tramitación en el Senado sólo se formuló una enmienda que fue incorporada al texto en el trámite de Ponencia. Pero aquí quisiera subrayar la importancia de esta Cámara en el proceso de las iniciativas legislativas y especialmente en el trámite de Ponencia.
En efecto, como decía, sólo se había formulado una enmienda, pero la Ponencia se pronunció a favor de la modificación de los dos artículos de que consta la Proposición de Ley, introduciendo modificaciones sustanciales no ya sólo desde un punto de vista de técnica legislativa, sino posibilitando que, más allá de la ampliación que originariamente pretendía la Proposición de Ley y que era extender la figura de la entrega vigilada propia del tráfico de drogas al blanqueo de dinero y el comercio ilícito de precursores, se incluyesen en este tipo de autorización otras conductas delictivas no menos graves como el tráfico ilegal de especies vegetales, de especies animales amenazadas, tráfico de armas, de explosivos, fabricación, introducción en el país o distribución de moneda falsa y el depósito de armas, municiones o explosivos por cuenta de una asociación con propósitos delictivos.
Esta relación, que completa los supuestos del tráfico de drogas, blanqueo de dinero y comercio ilícito de precursores, no se ha hecho de una manera arbitraria o discrecional sino tomando como referencia el Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Policía, con la finalidad de combatir la criminalidad organizada transnacional. Dicho Convenio fue ratificado por España el 9 de junio de 1997.
Con ello, y por imperativo de seguridad jurídica --no olvidemos que el concepto de criminalidad organizada no está definido en el Código Penal--, quedan explicitados los delitos que pueden ser combatidos mediante la técnica de la entrega vigilada.
Además de ampliar la relación de delitos, la Ponencia ha solventado el problema de la sustitución de droga en los envíos postales exigiendo las garantías judiciales pero obviando la presencia del destinatario que, con seguridad, daría al traste con la investigación.
Respecto al nuevo artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habilita legalmente la figura del agente encubierto, la Ponencia amplió el margen de maniobra que se les otorgaba, pero teniendo en cuenta el límite de no provocar la comisión de delitos y tener la preceptiva autorización judicial para actos que puedan afectar a los derechos fundamentales.
Además de ordenar los delitos por referencia numérica al Código Penal, se han concretado los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico que son susceptibles de ser cometidos por las llamadas delincuencias organizadas, e incluido delitos como los relativos al tráfico de material nuclear y radiactivo, al de flora y fauna amenazada, y el referido al patrimonio histórico. Con ello se amplía la enumeración taxativa de delitos a los que se refiere el término delincuencia organizada a los efectos de autorización del agente encubierto.
Por todo ello, creo que es justo resaltar la importancia que para el enriquecimiento de esta Proposición de Ley ha tenido esta Cámara.
Quisiera también manifestar que, desde nuestro punto de vista, han sido cuatro las claves que han guiado el quehacer de los distintos grupos políticos: primero, el deseo de proveer a nuestro ordenamiento de las medidas que faciliten la investigación de determinados delitos removiendo las dificultades que obstaculizan su esclarecimiento y sanción. Segundo, el huir de la provocación del delito. Tercero, garantizar los derechos fundamentales y, cuarto, el control jurisdiccional de las actuaciones.
Permítanme que haga hincapié sobre la preocupación preeminente y constante que el control judicial de las actuaciones ha tenido a lo largo del trámite de esta Proposición de Ley y que resalte algunos de los aspectos en relación con ello. Así, respecto a la circulación y entrega vigilada, se exige que las resoluciones de los jueces vayan a parar al juez decano, y que las de los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial y sus mandos superiores --no puede darse la autorización por cualquier funcionario-- vayan al Ministerio Fiscal. Y si existiese procedimiento abierto, éstas y las del Ministerio Fiscal deberían ir al juez de instrucción competente.
Respecto al agente encubierto, la facultad de autorización se atribuye al juez de instrucción y al Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al juez. En ambos casos la resolución ha de ser fundada.
Para terminar, señorías, diré que mi Grupo considera que la Proposición de Ley que en estos momentos nos ocupa supone un importante avance en la lucha contra la criminalidad organizada y que se ha conseguido un aceptable equilibrio entre eficacia, garantía y control.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, don Hilario Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Mancha Cadenas.


El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de iniciar mi corta intervención quisiera, señores portavoces, y creemos que el momento procesal es oportuno, que subsanáramos una errata existente en el artículo 263, bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues falta una coma en el párrafo segundo del apartado

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primero, y en el apartado segundo, entre las palabras equipos y materiales. Ese es el sentido que contempla el artículo 371.1 del Código Penal.
Muchas gracias.
Permítame, señor Presidente, que exprese el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular al ejercicio de entendimiento desarrollado por todas las fuerzas políticas y que ha desembocado en la consideración de una norma, que ha contado con un consenso tan compacto, que podemos afirmar con rotundidad que existe ausencia de protagonismo. Y ello no viene sino a ratificar las palabras del señor Ministro de Interior, Jaime Mayor, cuando en marzo de 1997 ofrece a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de que pudiera aparecer como una propuesta conjunta de todas las fuerzas políticas, en forma de proposición de ley, de manera que no apareciese únicamente como una iniciativa del Gobierno.
La proposición de ley presenta causas de forma inmediata en las propuestas obtenidas en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga, entre las cuales se encuentran la lucha contra la oferta, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Por otra parte, como se ha dicho, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, celebrada en Viena el 20 de diciembre de 1988, insta a las partes, entre ellas a España, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo que, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos sean necesarias para hacer frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes.
Como ya se ha expuesto, la regulación que contiene el artículo 263, bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente de la denominada entrega vigilada, es incompleta y debe ser completada en la forma que ya se ha indicado, ya que la Convención de la ONU insta a las partes a que asuman en su ordenamiento la referida técnica de investigación respecto a todos los delitos descritos en su artículo tercero.
Además, es preciso tener en cuenta que la regulación de la misma, como ocurre con la figura del agente encubierto, no persigue otra finalidad que intentar llegar a descubrir y poner a disposición de los jueces y tribunales a todos los responsables del delito cometido, sin que las investigaciones se queden en los escalones inferiores de la cadena de un tipo de delitos que habitualmente requieren para su comisión un amplio conjunto de medios materiales y humanos.
Sería pues, paradójico, señorías, que se pueda emplear la entrega vigilada para la investigación del tráfico de drogas y que no se pueda emplear en la averiguación y descubrimiento de todos los responsables del delito de blanqueo de capitales, como consecuencia del cual introduce en el circuito financiero el producto económico obtenido de aquél, determinando el criminal enriquecimiento de los partícipes en aquel tráfico especialmente de los máximos responsables de las organizaciones dedicadas al mismo.
A igual finalidad obedece la regulación que ahora se pretende llevar a cabo en la figura del agente encubierto. Con su regulación se legaliza la misma, solventándose los problemas que la utilización del mismo venía provocando en cuanto al enjuiciamiento en sus actuaciones por los tribunales.
En todo caso, la proposición de ley preserva la competencia de éstos para juzgar y depurar las responsabilidades en que el agente encubierto pueda incurrir extralimitándose en sus funciones.
Señorías, la complejidad originada por el crecimiento y la consolidación de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y el blanqueo de capitales demandaban la búsqueda de nuevas técnicas de investigación, que tiendan a encontrar soluciones más efectivas y, de ahí, la necesidad asimismo de diseñar una política criminal que permita investigar estas organizaciones delictivas, penetrando en su propia estructura con el fin de conocer su funcionamiento, sus intereses y su financiación.
Dada la eficacia de este instrumento de lucha contra la criminalidad, es deseable extender su utilización al máximo número de figuras delictivas posibles en las cuales sea necesario el concurso de organizaciones criminales. En definitiva, se trata de que delitos tan graves como el tráfico de armas puedan ser combatidos conforme a lo previsto en el artículo 263, bis.
Voy finalizando, señor Presidente, haciendo nuestras las manifestaciones de todos los portavoces, como ya indicamos en el trámite de esta norma en Comisión. En aquel entonces afirmábamos con rotundidad que el texto que hoy analizamos y presentamos a la consideración de sus señorías supone un monumento de generosidad de todos los grupos parlamentarios, y hemos de sumarnos a las reflexiones que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso exteriorizaba, cuando apostillaba que el equilibrio entre la eficacia de la norma y el respeto a los derechos fundamentales y procesales de los encausados está plenamente garantizado.
La convergencia de los grupos mayoritarios de la Cámara en la elaboración de seis enmiendas que mejoran sustancialmente el texto remitido por el Congreso de los Diputados y la asunción de la única adición que proponía el Grupo Socialista nos conduce a un camino de entendimiento sólido.
Señorías, entre todos hemos hecho un ejercicio para amortiguar las disfunciones, y creemos humildemente que hemos de felicitarnos porque a dar a luz una norma tan esperada y sustancial como es ésta. Y ello --lo manifestamos con satisfacción-- nos abre nuevamente el camino del consenso en temas que tanto afligen a nuestra sociedad, porque estamos convencidos de que a los más directamente afectados les reconforta comprobar que los políticos vamos navegando en la misma dirección en este doloroso tema.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Por tanto, así consta. Muchas gracias.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie

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sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión hasta mañana a las diez.


Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.


CORRECCION DE ERRORES:

En el Diario de Sesiones número 106, Sesión Plenaria del jueves, 12 de noviembre de 1998, página 4905, intervención del señor Blancas Llamas, donde dice: «... la tributación mínima tiene que ser del 85 por ciento...», debe decir: «... la tributación mínima tiene que ser del 35 por ciento...». Asimismo, donde dice: «Es una enmienda en base al artículo 25.1.a) del Reglamento de la Cámara...», debe decir: «Es una enmienda en base al artículo 125.1.a) del Reglamento de la Cámara...». De la misma manera, donde dice: «A esos contribuyentes se les reduce el 99,7 por ciento...», debe decir: «A esos contribuyentes se les reduce el 29,7 por ciento...».

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