Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 122, de 10/03/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1999 VI Legislatura Núm. 122

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 10 de marzo de 1999

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los dispositivos e iniciativas que piensa desarrollar el Gobierno para contribuir a que el dirigente kurdo, Abdullah Ocalan, tenga un juicio con las garantías judiciales exigibles para cualquier persona (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000693).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para conmemorar el cincuentenario de la creación del Consejo de Europa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000701).


--De D.a BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la opinión de los ciudadanos en relación con la sanidad pública (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000706).


--De D. LORENZO SELAS CESPEDES, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentran las obras de depuración de aguas residuales en la población de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000696).


Página 5714


--De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentra la canalización del río Guadalhorce (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000703).


--De D. SEBASTIAN CONTIN PELLICER, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras para la contratación del embalse de La Loteta, en la provincia de Zaragoza (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000705).


--De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las acciones que está realizando el Gobierno para desbloquear la paralización de las obras del embalse de Montearagón (Huesca) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000707).


--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la iniciación y desarrollo de las obras correspondientes al proyecto de mejoras de las intersecciones y acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-152 comprendido entre los puntos kilométricos 169, 450 y 170,930, en el término municipal de Puigcerdà (Girona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000680).


--De D. JOAN OLIART PONS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para lograr que esté libre de peaje todo el tramo de la autopista A-7/B-30 comprendido entre los municipios de Mollet del Vallès y El Papiol (Barcelona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000688).


--De D. ANDRES LUIS CALVO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método utilizado por el Gobierno para que el Ministerio de Fomento, en tan sólo treinta meses, haya sido capaz de proyectar, presupuestar, adjudicar, ejecutar y poner en servicio los 565 kilómetros de autovías que se corresponden con las denominadas «Autovía de las Rías Baixas» y «Autovía del Noroeste» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000695).


--De D. CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación al falso túnel que está construyendo la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. (AUDASA), en el monte A Madroa, tras la nota informe elaborada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en la que se denuncia el notable incremento del impacto ambiental previsto por la construcción de la autopista A-9 en el tramo comprendido entre Rande y Puxeiros (Pontevedra) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000697).


--De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que la Administración no ha actuado ante el fraude de ley que supone el cobro de las llamadas y comunicaciones infructuosas, relizadas a través de Telefónica de España, S. A. (publicada en el «Boletín doficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de Espediente 680/000701).


--De D. JUAN BLANCAS LLAMAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en la variante de Aguilar de la Frontera (Córdoba), perteneciente a la autovía entre Córdoba y Antequera (Málaga) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000702).


--De D. RODOLFO AINSA ESCARTIN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras para la construcción de un nuevo carril de frenado en la carretera nacional N-II, en la travesía de la localidad de Fraga (Huesca) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000704).


--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si garantiza el Gobierno la financiación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de todas las actuaciones a realizar en la zona del Alto Guadiato (Córdoba) y recogidas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000698).


--De D. ANTONIO GARCIA CORREA y D. HILARIO CABALLERO MOYA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las gestiones que está llevando a cabo el Ministerio de Industria y Energía para solucionar la crisis de la empresa de fertilizantes Fertiberia, S. A., que podría dejar sin empleo a más de quinientos trabajadores (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000699).


Página 5715


--De D. JON GANGOITI LLAGUNO, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno ante la actitud de la Comisión Europea en el caso de la empresa Daewoo, en lo referente a los incentivos fiscales vascos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000694).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. ANTONIO SANCHEZ LUCAS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno para facilitar a los colectivos de discapacitados la movilidad y la accesibilidad al transporte, al medio urbano y a la edificación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 670/000123).


--De D. JON GANGOITI LLAGUNO, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno de cara a que la margen izquierda del río Nervión sea considerada en el próximo reglamento comunitario como Objetivo I, acogiéndose a las excepciones ya existentes (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 670/000121).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo actual de la actuación conocida como Operación Chamartín cuyo objetivo urbanístico era el desarrollo de los suelos de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la prolongación del Paseo de la Castellana de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente 670/000124).


Segundo bis

Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 128, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de expediente C. D. 121/000134) (Número de expediente S.
621/000128).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 35, de fecha 26 de febrero de 1999) (Número de expediente S. 624/000020) (Número de expediente C. D. 122/000218).


Cuarto

Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Número de expediente 630/000012).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

(Continuación.)

--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 125, de fecha 26 de febrero de 1999) (Número de expediente S. 621/000125) (Número de expediente C. D. 121/000139).


Página 5716


SUMARIO

Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 5720)

De D. JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los dispositivos e iniciativas que piensa desarrollar el Gobierno para contribuir a que el dirigente kurdo, Abdullah Ocalan, tenga un juicio con las garantías judiciales exigibles para cualquier persona (Página 5720)

El señor Ferrer i Roca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer i Roca.


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para conmemorar el cincuentenario de la creación del Consejo de Europa (Página 5721)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.


De D.a BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la opinión de los ciudadanos en relación con la sanidad pública (Página 5722)

La señora Caro Nieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De D. LORENZO SELAS CESPEDES, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentran las obras de depuración de aguas residuales en la población de Alcázar de San Juan (Ciudad Real (Página 5723)

El señor Selas Céspedes formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Selas Céspedes. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentra la canalización del río Guadalhorce (Página 5724)

El señor Armario Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De D. SEBASTIAN CONTIN PELLICER, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras para la contratación del embalse de La Loteta, en la provincia de Zaragoza (Página 5725)

El señor Contín Pellicer formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las acciones que está realizando el Gobierno para desbloquear la paralización de las obras del embalse de Montearagón (Huesca) (Página 5726)

El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la iniciación y desarrollo de las obras correspondientes al proyecto de mejoras de las intersecciones y acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-152 comprendido entre los puntos kilométricos 169, 450 y 170,930, en el término municipal de Puigcerdà (Girona) (Página 5727)

El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas.


Página 5717


De D. JOAN OLIART PONS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para lograr que esté libre de peaje todo el tramo de la autopista A-7/B-30 comprendido entre los municipios de Mollet del Vallès y El Papiol (Barcelona) (Página 5728)

El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De D. ANDRES LUIS CALVO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método utilizado por el Gobierno para que el Ministerio de Fomento, en tan sólo treinta meses, haya sido capaz de proyectar, presupuestar, adjudicar, ejecutar y poner en servicio los 565 kilómetros de autovías que se corresponden con las denominadas «Autovía de las Rías Baixas» y «Autovía del Noroeste» (Página 5730)

El señor Luis Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Luis Calvo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De D. CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación al falso túnel que está construyendo la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. (AUDASA), en el monte A Madroa, tras la nota informe elaborada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en la que se denuncia el notable incremento del impacto ambiental previsto por la construcción de la autopista A-9 en el tramo comprendido entre Rande y Puxeiros (Pontevedra) (Página 5731)

El señor González Príncipe formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor González Príncipe. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que la Administración no ha actuado ante el fraude de ley que supone el cobro de las llamadas y comunicaciones infructuosas, realizadas a través de Telefónica de España, S. A. (Página 5732)

El señor Mòdol Pifarré formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mòdol Pifarré. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De D. JUAN BLANCAS LLAMAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en la variante de Aguilar de la Frontera (Córdoba), perteneciente a la autovía entre Córdoba y Antequera (Málaga) (Página 5734)

E señor Blancas Llamas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blancas Llamas.


De D. RODOLFO AINSA ESCARTIN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras para la construcción de un nuevo carril de frenado en la carretera nacional N-II, en la travesía de la localidad de Fraga (Huesca) (Página 5735)

El señor Ainsa Escartín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si garantiza el Gobierno la financiación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de todas las actuaciones a realizar en la zona del Alto Guadiato (Córdoba) y recogidas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Página 5736)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Cantero.


Página 5718


En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).


De D. ANTONIO GARCIA CORREA y D. HILARIO CABALLERO MOYA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las gestiones que está llevando a cabo el Ministerio de Industria y Energía para solucionar la crisis de la empresa de fertilizantes Fertiberia, S.A., que podría dejar sin empleo a más de quinientos trabajadores (Página 5737)

El señor García Correa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Correa. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).


De D. JON GANGOITI LLAGUNO, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno ante la actitud de la Comisión Europea en el caso de la empresa Daewoo, en lo referente a los incentivos fiscales vascos (Página 5738)

El señor Gangoiti Llaguno formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gangoiti Llaguno. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).


INTERPELACIONES: (Página 5740)

De D. ANTONIO SANCHEZ LUCAS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno para facilitar a los colectivos de discapacitados la movilidad y la accesibilidad al transporte, al medio urbano y a la edificación.


Esta interpelación ha sido aplazada a petición del Gobierno.


De D. JON GANGOITI LLAGUNO, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno de cara a que la margen izquierda del río Nervión sea considerada en el próximo reglamento comunitario como Objetivo I, acogiéndose a las excepciones ya existentes (Página 5740)

El señor Gangoiti Llaguno realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). En turno de portavoces, hace uso de la palabra la señora Pastor Parres, por el Grupo Popular.


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo actual de la actuación conocida como Operación Chamartín cuyo objetivo urbanístico era el desarrollo de los suelos de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la prolongación del Paseo de la Castellana de Madrid (Página 5745)

El señor Barranco Gallardo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barranco Gallardo, por el Grupo Socialista, y Huete Morillo, por el Grupo Popular. Interviene de nuevo el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Asimismo lo hace el señor Barranco Gallardo, en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5757)

Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 5757)

Los señores Fernández Moreda y Vázquez Portomeñe consumen dos turnos a favor. No se hace uso del turno en contra ni del turno de Portavoces.


Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Página 5719


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5758)

De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (Página 5758)

El señor Barcina Magro, Secretario Primero de la Comisión, presenta el dictamen. No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 4. El señor Caballero Lasquibar defiende la enmienda número 15 y retira las números 12 a 14, 16, 17, 19 y 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Marín Rite defiende las enmiendas números 6 a 11, del Grupo Socialista. El señor Cañellas Fons defiende las enmiendas números 25, 26, 32, 33, 34, 45 y 46, del Grupo Popular y consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, por el Grupo Socialista, y Cañellas Fons, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 195 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 197 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 91 votos a favor y 116 en contra.


Se rechaza la enmienda número 7, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 6 y 8 a 11, del Grupo Socialista, por 85 votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la Exposición de Motivos, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por 121 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban varias propuesta de modificación en relación con los artículos primero, segundo bis, tercero y sucesivos, sexto, noveno, decimocuarto, disposición adicional y disposición final, suscritas por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


El señor Aleu i Jornet solicita algunas aclaraciones en relación con las propuestas de modificación. Le contesta el señor Cañellas Fons.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con las enmiendas 25 y 26, del Grupo Popular, por 121 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 32 y 33, del Grupo Popular, por 120 votos a favor y 85 en contra.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda número 34, del Grupo Popular, por 120 votos a favor y 85 en contra.


Se aprueban los artículos 4, 5, 8, 9, 12 y 16 del dictamen por 119 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 204 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Declaración institucional con motivo del día internacional de la mujer trabajadora (Página 5770)

La señora Presidenta da lectura a la declaración institucional.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 5770)

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea (Página 5770)

El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen. No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces.


Se inicia el debate del articulado.


Página 5720


El señor Cobo Fernández defiende las enmiendas números 8 a 10, del Grupo Socialista. El señor Santaella Porras consume un turno en contra.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Cobo Fernández, por el Grupo Socialista, y Santaella Porras, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 8 a 10, del Grupo Socialista, por 78 votos a favor y 113 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 190 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinticinco minutos.


Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE D. JOAQUIM FERRER I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS DISPOSITIVOS E INICIATIVAS QUE PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A QUE EL DIRIGENTE KURDO, ABDULLAH OCALAN, TENGA UN JUICIO CON LAS GARANTIAS JUDICIALES EXIGIBLES PARA CUALQUIER PERSONA (680/000693).


La señora PRESIDENTA: Primer punto del orden del día: Preguntas.
Pregunta de don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los dispositivos e iniciativas que piensa desarrollar el Gobierno para contribuir a que el dirigente kurdo, Abdullah Ocalan, tenga un juicio con las garantías judiciales exigibles para cualquier persona.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.


El señor FERRER I ROCA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, hace unas semanas, en un país de Africa, se produjo la detención, un tanto confusa, de este dirigente kurdo, Abdullah Ocalan, quien fue conducido a Turquía. Debido a ello, en Europa se está produciendo un movimiento de inquietud, no por la detención, sino porque de todos son conocidas las limitaciones o deficiencias de la Administración de Justicia en Turquía. Por consiguiente, todos los gobiernos de la Unión Europea --también el Presidente Aznar, por cierto-- han manifestado su deseo de que exista, para esta persona encarcelada en este momento en Turquía, un juicio con garantías. Todos los gobiernos se han manifestado en este sentido, pero conociendo Turquía y las condiciones en que se encuentra, es aconsejable mantener la presión diplomática.
Esta es la sencilla razón por la que formulamos la siguiente pregunta al Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué previsiones tiene el Ministro para continuar reiterando la necesidad de que esta persona tenga un juicio con garantías, como cualquier otro? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señora Presidenta, en respuesta a la preocupación del señor Senador, quiero asegurarle que el Gobierno se está ocupando de esa cuestión, en estrecha colaboración, además, con sus socios de la Unión Europea.
Los pasados días 21 y 22 de febrero celebramos en Luxemburgo una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el marco del Consejo de Asuntos Generales, para ocuparnos específicamente de la cuestión objeto de la pregunta. En esta reunión, aprobamos una declaración en la que la Unión Europea, además de reiterar su condena a todas las formas de terrorismo, toma nota de las garantías, subrayadas por el Gobierno turco, en el sentido de que el señor Ocalan tendrá un juicio justo.
La Unión Europea espera, y así se lo ha hecho saber a las autoridades turcas, que esto signifique un trato justo y correcto y un juicio abierto, de acuerdo con el imperio de la ley, ante un tribunal independiente, y con el señor Ocalan disfrutando del acceso a un abogado de su elección. También espera la admisión de observadores internacionales. La Unión Europea, en ese comunicado, subraya una vez más su oposición estricta y radical a la pena de muerte.
Alemania, país que, como sus señorías saben, preside la Unión, ha solicitado a las autoridades turcas que un miembro de su Embajada en Ankara asista a dicho juicio; además, esa asistencia se efectuará en representación de todos los Estados miembros, que serán puntualmente informados de la evolución del proceso.
Los miembros de la Unión otorgan particular importancia al papel que el Consejo de Europa, del que es miembro Turquía, pueda desempeñar a lo largo del juicio. El Gobierno, por su parte, está firmemente comprometido con la defensa de los derechos humanos, entre los que se incluye como básico y esencial el derecho a la vida. España aboga, con el resto de la Unión Europea, por la abolición de la

Página 5721


pena de muerte, y allí donde todavía existe y está en vigor tiene solicitada una moratoria permanente en su aplicación. Confiamos en que, llegado el caso, no se aplique la pena de muerte al señor Ocalan, puesto que Turquía no ha ejecutado una pena de muerte desde 1984, de ahí que esperemos que se mantenga esta moratoria.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Ferrer, tiene la palabra.


El señor FERRER I ROCA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, intervengo nuevamente sólo para agradecer la respuesta del señor Ministro y para reiterar que nuestro Grupo, a través de mi persona, ha querido plantear esta pregunta porque creemos que es lógico y pedagógico que en una Cámara de las Cortes Generales del Estado español se mantenga este tema, que es de general preocupación en Europa.
Agradezco de nuevo las explicaciones que nos ha dado el señor Ministro y que confirman la preocupación de la Unión Europea, en la cual nos estamos comportando como era de esperar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ferrer.


--DE D. JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA CONMEMORAR EL CINCUENTENARIO DE LA CREACION DEL CONSEJO DE EUROPA (680/000701).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para conmemorar el cincuentenario de la creación del Consejo de Europa.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el 5 de mayo de 1949, en Londres, diez países europeos firmaban el Tratado Fundacional del Consejo de Europa. Esta singular organización nacía del anhelo de aquellos países que no querían volver a ver Europa ensangrentada y destruida por una tercera guerra mundial, ni que se volvieran a repetir los horrores del fascismo y de las dictaduras.
Para ello idearon esta unión de países que se comprometieron a luchar mancomunadamente por la democracia y los derechos humanos.
El artículo primero de su Estatuto señala --y cito textualmente-- que el objetivo primero del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros a fin de salvaguardar y promover los ideales y los principios que son su patrimonio común y favorecer el progreso económico y social.
Durante estos cincuenta años el Consejo de Europa ha sido fiel a sus principios fundacionales y entrar a formar parte de él ha sido una fuente de prestigio para el país que lo hacía --España no pudo hacerlo hasta 1977--, ya que representaba ingresar en un club donde los ideales democráticos y de progreso están en la base de todas sus acciones.
Cincuenta años después ya son cuarenta los países que forman parte del Consejo de Europa y con la mayoría de Estados provenientes de la antigua Unión Soviética alcanza a más de 700 millones de personas.
Son tantas las tareas positivas llevadas a cabo por el Consejo de Europa --con los defectos inherentes a toda obra humana-- que es lógico que los países que formamos parte de él celebremos sus cincuenta años de existencia como homenaje y reconocimiento a sus fundadores, a lo ya realizado y, sobre todo, como compromiso de seguir luchando por los mismos ideales.
Pregunté por escrito al Gobierno acerca de qué preparaba para tal efemérides y se me respondió en junio de 1998 sobre la preparación de diversos e interesantes actos; sin embargo, pasados ya tres meses de 1999, no tengo noticias --lo cual no quiere decir que no se esté haciendo-- de cómo se concretan tales actos. Por ello pregunto: ¿qué actos en concreto piensa organizar el Gobierno para conmemorar con el realce que se merece el cincuentenario de la creación del Consejo de Europa?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señora Presidenta.
En efecto, el Gobierno ya tuvo ocasión el año pasado de destacar la prioridad que concedía a esta celebración ante la pregunta formulada por el señor Senador Varela i Serra. La celebración de este cincuenta aniversario constituye un buen motivo para subrayar la actuación del Consejo de Europa y también para alentar futuros logros en una Europa que vuelve a ser problemática en nuestros días, y a tal efecto se ha constituido un grupo de trabajo que está estudiando el contenido de todas estas celebraciones, las principales de las cuales van a tener lugar en el mes de mayo en Londres y en Budapest.
En España está habiendo iniciativas privadas y públicas de carácter muy diverso, todas ellas con el apoyo de la Administración. De entre ellas quiero destacar las organizadas en el ámbito diplomático y las organizadas en el académico y universitario. A título de explicación, que no pretende acotarlas, con carácter oficial se celebrará en Asturias el próximo mes de mayo una Conferencia Internacional de Biotecnología bajo los auspicios de la Asamblea Parlamentaria y del Comité de Ministros. En el mismo marco de celebraciones está previsto que haya en Murcia una reunión de las Comisiones de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico.


Página 5722


Por otro lado, en Madrid tuvo lugar los días 15 y 16 de febrero pasado un Congreso Internacional sobre el Inicio de la Vida del Embrión Humano, inaugurado por el Director de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores organiza, a través de la Escuela Diplomática, una serie de conferencias con motivo de esta celebración. A estas conferencias van a asistir relevantes personalidades internacionales que tienen una mayor o menor relación con el Consejo de Europa.
En otro orden de cosas, el propio Consejo de Ministros ha concedido recientemente, a propuesta mía, la Gran Cruz del Mérito Civil al Secretario General del Consejo de Europa, con motivo de su próxima llegada a Madrid para inaugurar la Avenida Consejo de Europa que el Ayuntamiento acordó en un Pleno el pasado 30 de junio. Tendré ocasión de imponer esa condecoración, así como de subrayar la importancia de este aniversario. Puedo añadir que el Secretario General va a recorrer parte del Camino de Santiago el próximo 18 de marzo, declarado por el Consejo de Europa primer itinerario cultural europeo.
Estas son, a título de ejemplo, unas cuantas actuaciones de las que podemos dar cuenta a estas alturas del año, pero que, desde luego, van a verse ampliadas a lo largo del mismo.
El Gobierno vería con gran satisfacción que en el ámbito parlamentario se tomara también en cuenta dicho cincuentenario y pudiera celebrarse aquí una solemne conmemoración de la fundación del Consejo de Europa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco las explicaciones del señor Ministro. Me parecen muy interesantes todos los actos que usted ha citado y, desde luego todo cuanto hagamos para realzar ese cincuentenario es poco porque, como usted ha dicho muy bien, hay que subrayar las tareas realizadas, que realiza y que ha de realizar en el futuro el Consejo de Europa en esta Europa que tiene algunos aspectos amenazantes actualmente. También me parece interesante la idea, que deberíamos apoyar, de realizar un acto solemne parlamentario para realzar las tareas y los ideales, sobre todo, del Consejo de Europa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.


--DE DOÑA BEATRIZ CARO NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DE LA OPINION DE LOS CIUDADANOS EN RELACION CON LA SANIDAD PUBLICA (680/000706).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Beatriz Caro Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la opinión de los ciudadanos en relación con la sanidad pública.
Tiene la palabra la Senadora Caro Nieto.


La señora CARO NIETO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, desde el año 1994 el Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido realizando una serie de estudios dirigidos a conocer la valoración que la sociedad española hace sobre la sanidad pública, estudios conocidos como barómetro sanitario y que está realizando, en la actualidad, el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Entiendo que este tipo de estudios aportan una gran información sobre la opinión que de la sanidad pública tienen los ciudadanos y permite constatar sus posibles deficiencias y de la misma manera los resultados de las medidas introducidas para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la sanidad pública.
En noviembre del año pasado usted compareció ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la opinión que le merecía al Gobierno la valoración que la sociedad española hacía sobre la sanidad pública recogida en la encuesta publicada en septiembre de ese mismo año por el CIS.
La apuesta clara por la sanidad pública por parte de este Gobierno fue expuesta con toda claridad y rotundidad también por el Presidente Aznar durante su discurso de investidura, y reiterada en los mismos términos en diversas intervenciones ante esta Cámara, tanto por el Presidente como por usted mismo.
A lo largo de estos años de Gobierno se han introducido diversas medidas con el objetivo de mejorar las conocidas carencias del Sistema Nacional de Salud, medidas que cuentan con el respaldo mayoritario de esta Cámara, dado que encuentran su orientación en el acuerdo aprobado por mayoría el 18 de diciembre de 1997, sobre consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, y que encuentran su soporte económico en el acuerdo sobre financiación de la sanidad pública para el período 1998/2001, alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Cabría preguntarse si el pueblo español percibe los avances logrados en la mejora del Sistema Público de Salud durante estos años, y, en caso de que sea así, en qué medida es valorada por él. Consecuentemente, señor Ministro, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre la opinión de los ciudadanos acerca de la sanidad pública, según los últimos datos disponibles referentes al año 1998? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Caro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


Página 5723


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, al analizar la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad pública lo primero que se comprueba es que la sanidad es la cuestión a la que se considera más importante, por delante de la educación, las pensiones, la seguridad ciudadana o la vivienda. El funcionamiento del sistema sanitario público es valorado positivamente por la mayoría de los españoles; un 20 por ciento opina que funciona bien; un 71,5 por ciento dice que el sistema funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios, y solamente un 7 por ciento cree que habría que rehacerlo totalmente.
La percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema ha ido mejorando paulatinamente. En estos últimos tres años se ha incrementado en un 3,9 por ciento el número de los españoles que opinan que el sistema funciona bien, y ha disminuido en un 6,5 por ciento el número de los que consideran que debería rehacerse.
Las principales razones para utilizar los servicios sanitarios públicos son la calidad de la asistencia, la facilidad en el acceso y el equipamiento tecnológico. Todo esto se valora, como es natural, muy positivamente. A partir de ahí aparecen luces y sombras; los elementos mejor valorados en atención primaria son la cercanía de los centros y el trato recibido del personal sanitario; por el contrario, el tiempo de espera y los trámites para acceder al especialista son los parámetros peor considerados, aunque ha mejorado notablemente su valoración en este último año.
En asistencia especializada se valora positivamente el equipamiento, el número de especialidades a las que se tiene acceso y el trato prestado por el personal sanitario. La dificultad en el tiempo de espera para recibir cita continúa siendo un aspecto crítico. Genera también insatisfacción el hecho de compartir habitación, y todavía la demora para ingresos hospitalarios no urgentes. La información es también un aspecto a mejorar. En la medida en que la población española ha ido utilizando mayoritariamente los servicios públicos su exigencia de obtener información se va incrementando también.
Por todo esto, en el tiempo que llevamos en el Gobierno estamos trabajando en mejorar las condiciones de hostelería de los centros, ejecutando obras dirigidas a disminuir el número de pacientes por habitación, pasando de tres a dos e incluso a uno; en un porcentaje creciente, en reducir el tiempo de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas, y en acortar la demora para ingresos hospitalarios no urgentes, así como en reducir los tiempos de espera media para intervenciones quirúrgicas, que han pasado de 201 a 66 días, con una reducción en las personas que esperaban más de seis meses de 54.000 a 530. Vamos a seguir en esta línea hasta el final de la legislatura; tenemos 10 hospitales en nueva construcción, grandes reformas en marcha o a punto de empezarse en 55, y nos vamos a gastar 28.000 millones de pesetas en mejorar el equipamiento tecnológico. Vamos a hacer consultas de alta resolución, algo que ya se ha puesto en marcha en la Fundación de Alcorcón. Y vamos a seguir trabajando para mejorar los tiempos de espera a fin de conseguir una espera media de quince a veinte días en consultas y de sesenta días en intervenciones quirúrgicas.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senadora Caro, tiene la palabra.


La señora CARO NIETO: Gracias.
Quiero agradecer al señor Ministro que me haya facilitado los datos y animar al Gobierno a que continúe en esta línea.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Caro.


--DE D. LORENZO SELAS CESPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA POBLACION DE ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) (680/000696).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Lorenzo Selas Céspedes, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentran las obras de depuración de aguas residuales en la población de Alcázar de San Juan.
Tiene la palabra el Senador Selas Céspedes.


El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, damos por formulada la pregunta en los justos términos en que la ha expresado la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como sabe su señoría, se realizó la declaración de interés general por el Real Decreto de 16 de abril de 1993. Se adjudicaron las obras el 29 de julio de 1998, por un importe de 1.285 millones de pesetas. El 28 de septiembre se suscribió el preceptivo contrato. Se han iniciado las obras con una previsión del plazo de ejecución de veinticuatro meses y, por tanto, la finalización de las mismas está prevista para octubre del año 2000.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Selas Céspedes.


El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, nos congratulamos de que por fin se hayan empezado las obras de la depuradora de Alcázar de

Página 5724


San Juan; obras que, a nuestro juicio, llevan dos años de retraso.
Usted sabe que para dar cumplimiento a la normativa que ha citado, la 2191/271 de la Comunidad Europea, estas obras tenían que haber finalizado el día 31 de diciembre del año 1998. Pero, señora Ministra, no es la primera vez que nos interesamos por esta obra, pues ya lo hicimos hace dos años.
Con fecha 28 de octubre del pasado año y con motivo de una pregunta de un Senador de su Partido perteneciente a nuestra provincia, usted dijo que las obras habían empezado el día 14 de ese mismo mes, y que para comprobarlo y enderezar algunos malos entendidos sólo hacía falta pasarse por la zona y verificar que las obras ya se habían iniciado.
Entonces, señora Ministra, o su información no era correcta o no se ajustaba a la realidad, y, por lo tanto, faltó usted a la verdad. Entre el Senador de su Partido y usted hicieron una puesta en escena que nos asombró a todos, porque las obras no habían empezado. Ahora se han iniciado, hace tres semanas, justo en el momento en que nosotros formulamos esta pregunta. Pero es más, en aquellos momentos aprovecharon la oportunidad para hacer comentarios respecto al cumplimiento de esta obra, así como de las obras que eran competencia de nuestra Comunidad Autónoma.
Señora Ministra, ustedes no han cumplido el compromiso que adquirió en febrero de 1997 don Benigno Blanco con ocasión de una pregunta formulada en Comisión; en aquel momento se comprometió con nosotros a que las obras se iniciarían en el primer semestre de 1997, puesto que, de acuerdo con el convenio firmado en su día entre la Junta de Comunidades y el Ministerio, esas obras tendrían que estar ya concluidas. No haberlo hecho es un deterioro ecológico para las Tablas de Daimiel y para el cauce del río Guadiana.
Sin embargo, nuestra Comunidad Autónoma ha sido diligente en la ejecución de las obras en aquellas poblaciones donde asumió el compromiso, cuya inversión en el alto Guadiana ha sido de aproximadamente 8.900 millones de pesetas.
Nos preocupa enormemente este retraso en el inicio de la obra, no sólo por el hecho de cumplir todo el condicionamiento ecológico que exige la normativa comunitaria, sino porque la no ejecución --y ahí está la gravedad del asunto-- pone al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en una situación poco favorable. Como consecuencia de no haber comenzado las obras, su Ministerio ha iniciado una serie de expedientes sancionadores...


La señora PRESIDENTA: Concluya, señor Selas Céspedes.


El señor SELAS CESPEDES: Concluyo, señora Presidenta.
El último, de 1998, por importe nada menos que de 50 millones de pesetas.
Le rogamos, señora Ministra, que, por un lado, se interese en la aceleración de las obras, pero también que retome los expedientes de sanción al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para buscar solución a una grave situación no creada por este Ayuntamiento.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Selas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señora Presidenta.
Comprendo la preocupación de su señoría por el hecho de declarar en el año 1993 obra de interés general una depuradora; dejar el Gobierno tres años más tarde y haber quedado como una obra de interés general sin más.
Por ello, voy a refrescar la memoria de su señoría.
Yo me hago cargo del Ministerio de Medio Ambiente en mayo de 1996.
Ponemos en marcha todas las actuaciones en el estado en que nos las habíamos encontrado, es decir, simplemente con una declaración de interés general --no había nada más hecho-- y nos ponemos en marcha, como conoce su señoría, para que, en julio de 1998, queden adjudicadas las obras, con todos los trámites administrativos que ello comporta y que los responsables de su Partido en el Gobierno anterior no habían tenido la más mínima intención de poner en marcha.
En cualquier caso, no sé qué entiende su señoría por las obras.
Probablemente entiende mucho de depuración de aguas. Yo no entiendo, pero le puedo señalar que hay que empezar por una toma de muestras, una campaña de topografía, una construcción de cerramiento, trabajos de obra civil, que son los que se empiezan con una fase de homogeneización, especificaciones técnicas y de diseño para el suministro de equipos electromecánicos, comprobación de la capacidad portante de los terrenos, auditoría técnica de comprobación del estado de funcionamiento de los equipos existentes. Todo ello es lo que se empieza el día que he indicado a su señoría, el 14 de octubre del año 1998, aunque no haya visto máquinas.
Es una situación bastante compleja, porque se da el caso de que se está trabajando en una nueva depuradora, en una ampliación, sin dejar de que funcione la antigua, la vieja, que se ha quedado incompleta.
Por todo ello, créame que la preocupación nos ha llevado a ponernos a trabajar cuanto antes, y ustedes deberían haber tenido en cuenta que muy cerca se encuentran las Tablas de Daimiel. Precisamente por ello, la nueva fase que se está construyendo en esta depuradora va a ser modélica, puesto que no va a haber ninguna posibilidad de contaminación de fosfatos y nitratos de esas aguas que van al Parque Nacional Tablas de Daimiel. Yo lamento que durante los 14 años de gobierno socialista no tuvieran la misma preocupación, pues las Tablas de Daimiel estaban antes ahí, señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.


--DE D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN

Página 5725


EL SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA LA CANALIZACION DEL RIO GUADALHORCE (680/000703).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentra la canalización del río Guadalhorce.
Tiene la palabra el Senador Armario Vázquez.


El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, en 1989 el cauce del río Guadalhorce se desbordó por las intensas lluvias, con un aumento en su caudal nunca conocido. Las inundaciones dieron lugar a imágenes que nos causaron a todos sorpresa y a graves pérdidas económicas, tanto en la barriada Guadalmar, de Málaga, como en los polígonos industriales de la cercanía.
A partir de entonces, ciudadanos, instituciones y medios de comunicación reclamaron una actuación de urgencia por parte del Gobierno y poner con ello fin a una situación, que se repitió en otros años, de intensas lluvias.
Tras muchos inconvenientes y problemas administrativos de contrato con la empresa adjudicataria anterior, las obras dan comienzo en el año 1997, obras que continúan en la actualidad.
Por ser una actuación de evidente interés de todos, es por lo que, señora Ministra, le pregunto sobre la situación en la que se encuentra la canalización del río Guadalhorce.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Armario.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señora Presidenta.
En efecto, la solución que propone esta obra es que las aguas que no pueden verter al río Guadalhorce ni tampoco pueden ser desviadas a cauces que ya existen o a posibles cauces, que tengan que ser necesariamente evacuadas mediante emisarios por cada margen paralelamente al río Guadalhorce, desagüen directamente al mar; es decir, se trata de independizar el curso inferior de las grandes avenidas.
La aprobación del proyecto y la obra de adecuación de ese curso bajo del río Guadalhorce fue adjudicada el 28 de mayo de 1997, y el contrato fue firmado el 4 de junio de 1997. Las obras tienen un importe de 5.694 millones de pesetas.
El 3 de febrero de 1999 se ha presentado un proyecto de obras complementarias por un valor de 1.137 millones de pesetas, y en este momento se está gestionando el abono de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo esa obra por un importe de 4.000 millones de pesetas.
Ultimamente también se ha logrado por consenso con las consejerías de medio ambiente y de cultura de la Junta de Andalucía programas de acompañamiento a las obras, con el fin de salvaguardar el entorno natural y cultural; razón por la cual ya ve su señoría que estamos dando un gran interés a esa obra tan necesaria en el entorno de Málaga.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE D. SEBASTIAN CONTIN PELLICER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS PARA LA CONTRATACION DEL EMBALSE DE LA LOTETA, EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (680/000705).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación en que se encuentran las obras para la contratación del embalse de La Loteta, en la provincia de Zaragoza.
Tiene la palabra el Senador Contín Pellicer.


El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, el pasado mes de noviembre el Ministerio de Fomento adjudicó el proyecto de construcción del embalse de La Loteta y la ejecución de la conducción que unirá dicho embalse con el Canal Imperial de Aragón. El plazo de ejecución es de 26 meses a partir de la fecha de la adjudicación de las obras, que permanecían paralizadas por falta de consignación presupuestaria.
Tanto la construcción del embalse como la conducción hasta el canal son obras declaradas de interés general, por lo que su financiación corresponde íntegramente al Estado, aunque la Diputación General de Aragón se haya hecho cargo de las expropiaciones. Estas obras están contempladas en el Pacto del Agua que firmaron todas las fuerzas políticas existentes en Aragón en la pasada legislatura.
La Loteta es una infraestructura hidráulica que aparte de poner en regadío un considerable número de hectáreas, permitirá el abastecimiento de agua del Pirineo a Zaragoza y su entorno captando agua sobrante de la montaña. Es un embalse vital para Aragón y su ejecución ha supuesto el desbloqueo del Pacto del Agua, la primera obra de envergadura de las recogidas en el mismo.
Sólo nos queda desear, señora Ministra, que después del fabuloso parón de las infraestructuras hidráulicas en Aragón en los últimos 20 años, en las que, por supuesto, hemos tenido muchos ministros, unos de más fausta y otros de más infausta memoria, sea éste el arranque y desbloqueo de las demandas históricas de Aragón en materia del agua.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Contín.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señora Presidenta.


Página 5726


Quizá hacía falta que hubiera un Ministerio de Medio Ambiente para tomar en cuenta todas esas obras tan importantes del Pacto del Agua en Aragón, señoría. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En cualquier caso, como acaba de decir su señoría, lo que es cierto es que éste es uno de los embalses realmente importantes para Aragón, puesto que va a abastecer de agua a la ciudad de Zaragoza con una calidad que no tiene en este momento.
Esta obra se declaró de interés general el 8 de julio de 1997, el 21 de septiembre de 1998 se adjudicaron las obras correspondientes a este embalse, y el contrato fue firmado el 15 de octubre de 1998. El 14 de noviembre de 1998 comenzaron las obras y está prevista su finalización para el año 2001. El importe son 5.500 millones de pesetas y en este año 1999 precisamente se van a invertir 4.680 millones de pesetas en el embalse de La Loteta, razón por la cual puedo decirle que las obras se encuentran en ejecución según el contrato vigente y van a tener el impulso por esa cuantía que acabo de citar a su señoría.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señora Ministra.


--DE D. LUIS ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA REALIZANDO EL GOBIERNO PARA DESBLOQUEAR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON (HUESCA) (680/000707).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las acciones que está realizando el Gobierno para desbloquear la paralización de las obras del embalse de Montearagón (Huesca).
Tiene la palabra el Senador Estaún García.


El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la demanda de actuaciones hidráulicas que permitan regar y abastecer adecuadamente a la comarca de La Hoya de Huesca se remonta documentalmente al siglo XVII. No voy a detallar cuál ha sido el devenir hasta nuestros días de esta aspiración, concretada hoy en el embalse de Montearagón, pero sí voy a referirme brevemente al pasado más inmediato de esta obra hidráulica de interés general contemplada en el Pacto del Agua de las Cortes Aragonesas y, por tanto, también en el Plan Hidrológico del Ebro que, además de asegurar el abastecimiento de la ciudad de Huesca, mejorará y garantizará el riego de más de 6.000 hectáreas en la citada comarca.
Señora Ministra, como usted bien conoce, esta obra fue adjudicada en octubre de 1993, por un importe de 2.900 millones de pesetas, lo que supuso una baja del 40 por ciento sobre el presupuesto licitado y una inquietud social, que el tiempo ha demostrado que estaba más que justificada, sobre las garantías de ejecución que ofrecía esta oferta.
Digo que estaba justificada la desconfianza porque desde que se paralizaron las obras en julio de 1996, debido a problemas geológicos detectados en el movimiento de tierras, se han sucedido tres estudios geotécnicos del terreno sobre el que se asienta la presa y tres proyectos distintos, que, finalmente, han desembocado en el anuncio, en mayo de 1998, de que el Gobierno aceptaba la reforma del proyecto y autorizaba un incremento del precio hasta 5.000 millones de pesetas.
Señora Ministra, una vez felizmente superados los problemas técnicos y seleccionando definitivamente el proyecto a ejecutar por parte del Gobierno, todavía persiste algún obstáculo para la realización de esta obra, que, como usted bien sabe, ha superado favorablemente todos los estudios de impacto ambiental y cuenta con el apoyo unánime de los partidos políticos aragoneses y de la sociedad en general. Este obstáculo no es otro que la dilación de la empresa adjudicataria en aceptar o no el nuevo proyecto modificado, indefinición que se está prologando más de lo razonable y que desde el Partido Aragonés hemos denunciado reiteradamente.
Precisamente para intentar terminar con esta incertidumbre, nos gustaría, señora Ministra, que hoy pudiera darnos alguna noticia positiva sobre cuál es la situación actual del expediente del embalse de Montearagón y qué acciones está realizando o ha realizado el Gobierno para que se reanuden las obras.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señora Presidenta.
En efecto, como su señoría plantea, éste es uno más de los casos en los que esas bajas que podríamos calificar de temerarias llevan a situaciones muy poco realistas. Concretamente, cuando llegamos al Ministerio nos encontramos con que la situación de adjudicación de este embalse de Montearagón no respondía a la realidad. Pero es que no respondía a la realidad, como ha dicho su señoría, de la seguridad y de la estabilidad de la presa. Por lo tanto, ni siquiera con un primer modificado en el que se cambiaba la tubería de la variante de conducción de agua a Huesca, se producía el cambio en el cruce de esa variante con el río Flumen, se determinaban nuevos ramales de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Fornillos y el cambio de talud en las excavaciones de los caminos de acceso a la presa era suficiente. No sólo hacía falta este adicional, con cambios y mejoras en las obras accesorias --que ya se han ejecutado--, sino que había que meterse en profundidad en hacer un estudio geológico y geotécnico, del que carecía la presa.
Se ha llegado a la conclusión de que la respuesta más adecuada sería la de solución de materiales sueltos. Y en estos momentos se está estudiando la aprobación de ese modificado, respecto del que quiero decir a su señoría, por

Página 5727


la cuantía que usted acaba de citar, que estamos hablando nada más y nada menos que de un modificado del 66 por ciento del importe por el que se había adjudicado esa obra. Situación más anómala y fuera de contexto no puede darse, porque, como mucho, los modificados pueden llegar hasta un 20 por ciento. Hablar de un modificado de un 66 por ciento supone referirse a una obra completamente nueva.
En definitiva, los problemas no son tanto de financiación, sino que, como estamos ante una obra que ya había sido adjudicada y en la que hay que hacer un modificado de un 66 por ciento, la que tiene que aceptar en primer lugar esta situación es ni más ni menos que la propia empresa constructora.
En estos planteamientos nos encontramos y, en función de las decisiones que tome también la empresa constructora, podríamos continuar con la misma empresa constructora o tendríamos que iniciar una situación, desde el punto de vista administrativo, completamente distinta.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Estaún García.


El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, quiero llamar la atención sobre la importancia de que es ya momento de marcar unos plazos concretos para adoptar una de las dos alternativas que usted ha planteado, puesto que Montearagón puede acabar con la sequía inversora en obras de regulación en Aragón, que ha durado casi 20 años.
Por tanto, señora Ministra, esperamos de su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente una pronta resolución que ponga fin, como digo, a esta incertidumbre, puesto que es una cuestión que está preocupando a los habitantes de la comarca de La Hoya y a los aragoneses, en general, desde 1996. Creemos que tres años es un plazo razonable y que deberíamos tener ya alguna solución concreta.
Muchas gracias, señora Ministra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señora Presidenta.
Comprendo la inquietud de su señoría cuando habla de sequía inversora, pero no puedo compartir ese mismo concepto porque si existe una Comunidad Autónoma que está teniendo un gran impulso es ésa, precisamente porque había sido muy marginada en cuanto a las obras del llamado Pacto del Agua en Aragón, y, además, tengo que decir que cuando llegamos al Ministerio no existían ni siquiera proyectos. Esa gran prioridad e impulso no solamente se materializa a través de los Presupuestos Generales del Estado, Capítulo VI, con inversiones muy fuertes --no este embalse el único caso que estamos planteando, antes hemos hablado de otro; tenemos otra serie de ellos también en marcha y otros en estudio pendientes de declaraciones de impacto ambiental-- sino que, además, hemos acudido a la licitación del sistema de pago aplazado e inclusive hemos creado la primera sociedad estatal Aguas de la cuenca del Ebro, con un importe bastante elevado, para poder financiar esas obras que estaban prometidas por lo menos desde el año 1992 y que, lamentablemente, no se habían podido empezar a licitar y a adjudicar porque ni siquiera existían proyectos encima de la mesa cuando llegamos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA LA INICIACION Y DESARROLLO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MEJORAS DE LAS INTERSECCIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL N-152 COMPRENDIDO ENTRE LOS PUNTOS KILOMETRICOS 169, 450 Y 170,930, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PUIGCERDË (680/00680).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la iniciación y desarrollo de las obras correspondientes al proyecto de mejoras de las intersecciones y acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-152 comprendido entre los puntos kilométricos 169, 450 y 170,930, en el término municipal de Puigcerdà, provincia de Girona.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, tal y como consta en la exposición o motivación de la pregunta, que acaba de leer la señora Presidenta de esta Cámara, se trata de unas obras que tienen un fundamento en este proyecto de mejora de intersecciones y acondicionamiento de la carretera nacional N-152 entre los puntos kilométricos 169, 450 y 170,930, a su paso por la ciudad de Puigcerdà. Se trata de unas obras a realizar en el cruce conocido por «Los cuatro caminos» y cuyo proyecto está aprobado ya desde el año 1993, así como su presupuesto cercano a la cifra de 200 millones, aunque ahora, por el lógico transcurso del tiempo se halle desfasado, y obviamente ignoramos por qué se ha ido demorando su ejecución hasta la actualidad.
Año tras año los vecinos de Puigcerdà y los que transitan muy a menudo por aquel lugar ven desvanecidos sus deseos de que el proyecto se ejecute. Es un cruce muy peligroso y constantemente se reivindica la construcción de

Página 5728


la rotonda que está prevista. Por ello, hay que poner fin a tan larga lista de espera por la necesidad de tales obras porque los pacientes vecinos de allí se lo merecen, y hay que poner manos a la obra --nunca mejor empleado este término-- y hay que fijar la fecha de inicio de la ejecución del proyecto. De ahí la pregunta formulada sobre la fecha en que el Ministerio tiene prevista la iniciación y desarrollo de dicha obras.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, hace unos pocos meses tuve oportunidad de presentar el Plan Nacional de Seguridad Vial para la supresión de puntos negros en las carreteras españolas durante los próximos tres años. Debo decirle que el proyecto al que se refiere su señoría está incluido en este programa y para su ejecución durante el año 1999.
Por lo tanto, la licitación de la obra se producirá en el primer semestre del presente ejercicio, lo cual permite afirmar, según la información que me suministran los servicios técnicos, que podrán comenzar las obras antes de finales de año.
El presupuesto de ejecución continúa estando aproximadamente en torno a los 200 millones de pesetas, y se calcula un plazo de realización de las obras alrededor de los 5 ó 6 meses.
Esa es toda la información que le puedo suministrar, señoría, que es la que a su vez me suministran a mí los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El Senador Capdevila tiene la palabra.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo más que nada para agradecer la información que ha dado el señor Ministro.
Debemos congratularnos de que esté ya en la fase final, de que se ejecute dentro del año 1999 y que la duración de dichas obras se cumpla en el término previsto, como es lógico.
Esta demora ha provocado, como es natural, un malestar entre la población e incluso algún corte de carretera, y creemos que no nos merecemos toda esta problemática en relación con unas obras presupuestadas en 1993, para las cuales hay que establecer ya el punto de partida.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.


--DE D. JOAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LOGRAR QUE ESTE LIBRE DE PEAJE TODO EL TRAMO DE LA AUTOPISTA A-7/B-30 COMPRENDIDO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLLET DEL VALLéS Y EL PAPIOL (BARCELONA) (680/000688).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para lograr que esté libre de peaje todo el tramo de la autopista A-7/B-30 comprendido entre los municipios de Mollet del Vallès y El Papiol.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.


El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como su señoría bien sabe, el tramo de la autopista A-7, conocido con el nombre de B-30, constituye un cinturón de circunvalación de la ciudad de Barcelona. Para entendernos, es como la M-40 de Madrid u otros cinturones similares de las grandes ciudades europeas. Sin embargo, la B-30 tiene una particularidad: hay que pagar para circular por ella, cosa que no ocurre con el resto de los cinturones de circunvalación de las ciudades europeas. Creemos que éste es un caso único en Europa. Ello ocasiona, naturalmente, grandes perjuicios de toda índole y, a su vez, ha dado lugar al clamor popular, que pide la gratuidad de ese tramo.
Desde ese clamor popular, señor Ministro, le formulo esta pregunta en sus justos términos, tal como ha sido enunciada por la señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro, y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Oliart.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Gobierno tiene una determinada política de autopistas de peaje y una determinada política en relación con los peajes de las autopistas. Y en virtud de esa política ha conseguido que en dos años en todos los peajes de las autopistas españolas se pase de pagar una media de 16 ó 17 pesetas/kilómetro a una media de 9 ó 10 pesetas/kilómetro.
En relación con el tramo de la autopista de peaje al que se refiere su señoría, en un reciente convenio entre la concesionaria ACESA y el Gobierno se ha introducido un abaratamiento del 50 por ciento del peaje hasta ahora existente. Esto es lo que económica y presupuestariamente se puede hacer en estos momentos, señoría. Y no se puede hacer más porque la concesión es un contrato y, como tal contrato, el Estado, representado en este caso por el Gobierno, tiene que respetarlo. Por otro lado, los medios económicos para rescatar las concesiones son excesivos; además, el recurso a esos medios presupuestarios sería injusto, porque ello haría recaer sobre todos los contribuyentes el rescate de una autopista que no utilizan todos ellos, sino

Página 5729


sólo un conjunto de ciudadanos. (El señor Zamorano Vázquez: ¡Pues pídele una subvención a Piqué!) Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.


El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como usted comprenderá, señor Ministro, su respuesta no me puede satisfacer, como tampoco a los catalanes y a los intereses generales de este país. Existe un problema grave, muy grave, y es obligación del Gobierno buscar soluciones al mismo. Y la única solución posible en este caso es que la B-30 se vea libre de peaje lo antes posible.
Señor Ministro, no se trata del rescate de todas las autopistas. Ese sería un debate de largo recorrido. Se trata única y exclusivamente --en el debate de hoy-- de la B-30, que es una prioridad inaplazable. En este sentido, en Cataluña se ha bautizado ese tramo como calle mayor de Cataluña, porque es la espina dorsal de las comunicaciones en dicha Comunidad. Y en cuanto a la financiación, le diré que el rescate sería una posibilidad, pero hay otras a su alcance. Por ejemplo, la concesionaria ACESA está dispuesta a negociar mediante compensaciones, y dispongo aquí de un recorte de periódico que así lo dice: ACESA abierta a negociar la gratuidad de la B-30 si lo plantea la Administración.
Pero por lo visto la Administración no lo plantea.
Señor Ministro, si no existiera la B-30 habría de construirse, y ¿con qué cargo? Al de los Presupuestos Generales del Estado. El señor Ministro, en sus frecuentes visitas a Cataluña, precisamente para decir que se hacen grandes construcciones, que precisamente han sido iniciadas por el Gobierno socialista, dice que se hace cargo de que los catalanes tienen mucha razón en este tipo de reivindicaciones. Muy bien, señor Ministro.
Yo cojo su palabra y pienso que usted ha de demostrar con hechos esa voluntad que manifiesta en sus frecuentes viajes a Cataluña.
Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, seguirá insistiendo en una cuestión vital para los intereses de una amplia zona de nuestro país, también de España. Además, le voy a decir que la presión social se hará pronto insoportable para el propio Gobierno, y más vale que ustedes den pronto una solución al tema antes de que hagan un papel bastante mediocre en este asunto.
Muchas gracias, señora Presidenta, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Oliart.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo podría responderle que me obliga usted a resolver un problema que crearon ustedes. (Fuertes y prolongados rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Martínez García: ¡Como todo, Ministro, como todo!) Su planteamiento, señoría, y discúlpeme, es enormemente original. Ustedes hacen un cinturón de circunvalación con peaje, y ahora que no están en el Gobierno vienen a pedir a este Gobierno que suprima el peaje.
Señoría, yo creo que en la vida el pasar del Gobierno a la oposición implica ciertamente un cambio de «status», pero no se debería perder...
(Fuertes y prolongados rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Rojo García: ¡Es que dice unas cosas!) Por favor, señorías, déjenme hablar.


La señora PRESIDENTA: Señorías, no podemos escuchar al señor Ministro.
Silencio, señorías, por favor. Luego hay que descontar tiempo al señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Comprendo que a ustedes les moleste, pero, por lo menos, tengan esa mínima honestidad parlamentaria de reconocer que el problema lo crearon ustedes.
(Rumores.--El señor Rojo García: Repásate el «Diario de Sesiones» cuando estabas en el CDS.) Señora Presidenta, yo solicito su amparo para poder continuar la contestación.


La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, guarden silencio.
Señor Ministro, puede continuar.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo creo que conseguir una rebaja de los peajes del 50 por ciento en un contrato concesional implica necesariamente, por donde usted lo quiera coger, una buena política. Es prácticamente imposible iniciar la liberación de un determinado peaje y que ese planteamiento no se extienda a otras autopistas de peaje, que también empiezan a tener características urbanas. Y no hay manera de discriminar entre los ciudadanos de Barcelona y los de Zaragoza o los de una ciudad aragonesa como Fraga, que tiene también una autopista de peaje muy próxima y que es prácticamente una variante urbana.
Por consiguiente, señoría, la política no puede ser la de liberación de peajes, porque no hay manera de discriminar a unos ciudadanos sobre otros. Y si iniciamos una política de rescate de las concesiones hay que poner encima de la mesa un billón y medio de pesetas, señoría, que sale del bolsillo del contribuyente, y es absolutamente injusto que los contribuyentes paguen por el rescate de unas concesiones que sólo son utilizadas por unos determinados grupos de ciudadanos. El Gobierno tiene una política distinta a la suya; tiene una política de rebaja de peajes y de convertir a la red de autopistas de peaje en una red complementaria de las autovías gratuitas.
Termino con una última afirmación. Por eso, yo les pediría, señorías, que dejen de hacer demagogia con los peajes en período electoral, dejen de hacer demagogia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Página 5730


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE D. ANDRES LUIS CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL METODO UTILIZADO POR EL GOBIERNO PARA QUE EL MINISTERIO DE FOMENTO, EN TAN SOLO TREINTA MESES, HAYA SIDO CAPAZ DE PROYECTAR, PRESUPUESTAR, ADJUDICAR, EJECUTAR Y PONER EN SERVICIO LOS 565 KILOMETROS DE AUTOVIAS QUE SE CORRESPONDEN CON LAS DENOMINADAS «AUTOVIA DE LAS RIAS BAIXAS» Y «AUTOVIA DEL NOROESTE» (680/000695).


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a la pregunta de don Andrés Luis Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método utilizado pro el Gobierno para que el Ministerio de Fomento, en tan sólo treinta meses, haya sido capaz de proyectar, presupuestar, adjudicar, ejecutar y poner en servicio los 565 kilómetros de autovías que se corresponden con las denominadas «Autovía de las Rías Baixas» y «Autovía del Noroeste».
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Gracias, señora Presidenta.
Hago la pregunta en los mismos términos en que se ha expresado la Presidencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, quiero agradecerle extraordinariamente esta pregunta porque implica el reconocimiento de la gran eficacia del Gobierno del Partido Popular en la construcción de las autovías gallegas. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Gracias, señora Presidenta.
¡Qué vergüenza de Ministro! En el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, número 33, de 15 de julio de 1996, es decir, cuando usted llevaba un mes como Ministro y el señor Aznar un mes de Presidente, se publicaba la respuesta del Gobierno a una pregunta de este Senador respecto a la situación actual, entonces, junio de 1996, de los tramos de autovías de Galicia, «Rías Baixas» por un lado y «Noroeste» por otro, y salvo dos tramos, Villafranca-Castro-Lamas, que estaba pendiente de licitación, y Benavente-Camarzana, zona de donde yo soy, pendiente también de contratación aunque la apertura de oferta se hizo en mayo de 1996, la respuesta del Gobierno para el resto de los tramos en junio de 1996 fue: en ejecución. Sin embargo, usted, el 29 de diciembre pasado, ante los medios de comunicación y su corte de admiradores, pronunció con solemnidad la siguiente frase: Esta es la más importante obra de infraestructura que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en treinta meses. Es decir, pregonaba con jactancia y hasta con soberbia el importante logro del Gobierno Aznar que suponía 565 kilómetros de autovías que ya estaban proyectadas, adjudicadas y en su 90 por ciento en construcción cuando en junio de 1996 los socialistas abandonaron el Poder.
Así cumplen ustedes el 85 por ciento de su programa. Todo falso. Me consta porque lo vi con mis propios ojos; he ahí la veracidad de los datos que en aquel entonces daba el Ministerio de Obras Públicas, lo que me lleva a la conclusión de que ha sido usted y el Gobierno en su conjunto quienes falsean la información porque su único mérito en esas autovías no ha sido ése, sino el contrario, el de aminorar el ritmo de las obras para que se perdiera la memoria histórica de los ciudadanos. Y, señor Ministro, es tal su avidez por inaugurar lo que no hacen, que a veces ponen en servicio tramos de autovías sin haber finalizado las obras y con resultados que, desde luego, nadie queremos, catastróficos. Si no ¿a qué se debe el accidente en la A-52, por aquella zona, días antes en el que murieron cuatro trabajadores por estar todavía pintando la señalización horizontal? A los diversos y merecidos por bien ganados, no cabe duda, calificativos que algunos medios a usted le atribuyen, sólo le faltaba añadir el de la apropiación indebida, porque eso es, y no otra cosa, apropiarse del mérito de otro Gobierno haciendo ver a la gente, con el apoyo de sus amigos mediáticos, lógicamente, que ustedes con su varita mágica hacen lo que en realidad no hacen. A través de sus palabras, señor Arias, el Partido Popular se ha atribuido de forma insolente el mérito de los enlaces con Galicia, y eso tiene un nombre. Escoja usted entre embuste, trola o patraña, o los tres juntos. Cumple usted muy mal con esta Cámara.
Cumple mejor con otros. Aquí hemos pedido un informe del cumplimiento de una moción respecto a una carretera de Andalucía, o a una circunvalación, y dispone antes de la contestación el señor Gil y Gil que los Senadores de esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y termino. Es usted uno de los peores exponentes del Gobierno que cree que puede mejorar su imagen a golpe de talonario, pero, a pesar de ello, sigue siendo usted el peor calificado, y usted se pasa la verdad...


La señora PRESIDENTA: Señoría, concluya, por favor.


El señor LUIS CALVO: Termino, señora Presidenta.
Usted se pasa la verdad y el cumplimiento de sus obligaciones de Ministro con esta Cámara por el forro de sus atributos varoniles. (Fuertes y prolongadas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Se ha terminado su tiempo, señoría.


Página 5731


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, vamos a contar toda la historia, y la historia de verdad. En noviembre de 1990, y con un Gobierno socialista, se firma un convenio entre el entonces Ministro de Obras Públicas y la Xunta de Galicia. Las obras de las autovías gallegas previstas en ese convenio deberían terminarse en 1995. Tres años después, en 1993, kilómetros de autovía, cero; en 1994, kilómetros de autovía, cero; en 1995, kilómetros de autovía, 10; en 1996, kilómetros de autovía, 109.
Señoría, tuve la delicadeza, en el año 1996 en que se abrió un tramo de las autovías gallegas, de no ir a la inauguración. Me propuse no hacer ninguna inauguración en 1996, cuando hubiera tenido todo el derecho de hacerlo y, sin embargo, por delicadeza hacia el Gobierno precedente, no hice personalmente ninguna inauguración en ese año. El mérito de las autovías gallegas, básicamente, corresponde a este Gobierno, y lo afirmo con toda legitimidad, porque en el año 1997 nosotros hemos abierto 143 kilómetros de autovías gallegas, y en 1998 302 kilómetros de autovías gallegas. Por tanto, bajo el Gobierno del Partido Popular, señoría, se abren 445 kilómetros de autovías gallegas, mientras que ustedes abrieron 109. Ganamos por goleada.
No hagan ustedes este tipo de preguntas porque saldrán siempre mal parados.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE D. CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION AL FALSO TUNEL QUE ESTA CONSTRUYENDO LA EMPRESA AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. (AUDASA), EN EL MONTE A MADROA, TRAS LA NOTA INFORME ELABORADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL, EN LA QUE SE DENUNCIA EL NOTABLE INCREMENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO POR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA A-9 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE RANDE Y PUXEIROS (PONTEVEDRA) (680/000697).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con el falso túnel que está construyendo la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. (AUDASA), en el monte A Madroa, tras la nota informe elaborada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en la que se denuncia el notable incremento del impacto ambiental previsto por la construcción de la autopista A-9 en el tramo comprendido entre Rande y Puxeiros (Pontevedra).
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Señor Ministro, el día 18 de enero del presente año, la Dirección General, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, elabora un informe en el que dice cosas como ésta: La medida correctora propuesta por Autopistas del Atlántico es claramente insuficiente para corregir el notable incremento del impacto producido.
Los socialistas queremos dejar claro aquí, hoy, que el Ministerio que usted dirige tiene la obligación de hacer cumplir la declaración de impacto ambiental aprobada en el año 1992 y que cuando, como en este caso, se preveían trincheras de entre 20 y 30 metros y se llega al proceso constructivo y se dan situaciones de trincheras de entre 50 y 60 metros, el Ministerio tiene que obligar a la empresa AUDASA a preservar el medio natural, a utilizar soluciones extraordinarias que permitan que las generaciones futuras de vigueses puedan conservar y disfrutar de un monte que es patrimonio del conjunto de la ciudad.
Por lo tanto, aplique usted las cláusulas quinta y séptima de la declaración de impacto aprobada en 1992 que obliga, cuando se den condiciones extraordinarias --y éstas lo son y lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente--, a que se den soluciones constructivas que preserven el medio natural.
Ese es nuestro compromiso, y por eso le exigimos a usted que, como Ministro del Gobierno de la Nación, haga cumplir la legalidad y preserve el medio natural.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Gobierno cumplirá con la declaración de impacto ambiental del año 1992, y eso se verá en el momento de la conclusión de la obra.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quiero entender que usted va a exigir lo que dice el informe del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, van ustedes a obligar a Autopistas del Atlántico a poner las estructuras que permitan cubrir, total o parcialmente, el resto de la trinchera producida; van ustedes a alargar el falso túnel, lo que venimos reclamando los ciudadanos de Vigo desde hace más de un año y que su Gobierno nos niega; van ustedes a cumplir, por fin, una declaración

Página 5732


de impacto ambiental del año 1992, que decía que no habría en A Madroa más de 20 metros de trinchera, que nuestros hijos tendrían derecho a conservar el monte. Porque, señor Ministro, la empresa que depende del Gobierno, que es Autopistas, ha dicho que la solución de alargar el falso túnel no es posible técnicamente. Usted sabe que, técnicamente, sí es posible, el problema es que estamos hablando de 300 millones más o menos, y ustedes están dispuestos a cambiar la preservación del medio natural por un problema económico, a primar los criterios economicistas sobre los criterios ambientales. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Le puedo asegurar que una parte muy importante del presupuesto de inversiones del Ministerio de Fomento, a la hora de realizar carreteras, bien sea en forma de autovías gratuitas o de autopistas de peaje, siendo la empresa concesionaria una empresa pública, dedica muchísimo dinero a proteger el medio ambiente para paliar el impacto que la construcción de una carretera produce siempre en el entorno medioambiental.
En la cuestión que suscita, señoría, todo el problema es qué extensión debe tener el falso túnel para paliar en la medida de lo posible el impacto medioambiental. Un órgano técnico, cuyos dirigentes, por cierto, no han cambiado, el CEDEX, que sin duda usted conoce bien, emitió en su momento, en el año 1997, un dictamen --insisto en que el Director General del CEDEX es el mismo de hace bastantes años-- según el cual el túnel debía tener alrededor de 300 metros, y eso lo dijo el CEDEX, el organismo que, en el ámbito de las inversiones, emite los dictámenes necesarios para la protección del medio ambiente. Pues bien, el proyecto actual tiene, no esos 300 metros que aconsejaba el CEDEX, sino 430 metros de falso túnel. Los servicios del Ministerio de Fomento entienden que la declaración de impacto ambiental y la nota e informe emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente se cumplen si la obra efectuada tiene un túnel de 430 metros, si se hace una construcción de muros anclados tapizados de escollera y si se hacen actuaciones de hidrosiembra y reforestación con árboles autóctonos.
Su señoría sabe que este tema viene de antiguo y que en la ejecución de la obra se han introducido ya, en estos momentos, importantes modificaciones. Su señoría sabe también que el antiguo Ministerio de Obras Públicas desestimó un informe de la Universidad de Vigo porque se había basado en el estudio informativo y no en el proyecto constructivo.
Pues bien, incluso con relación a ese proyecto constructivo aprobado hace bastantes años, se han introducido modificaciones para proteger, en la mayor medida posible, el medio ambiente en todo el tramo comprendido entre Rande y Puxeiros.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE LA ADMINISTRACION NO HA ACTUADO ANTE EL FRAUDE DE LEY QUE SUPONE EL COBRO DE LAS LLAMADAS Y COMUNICACIONES INFRUCTUOSAS, REALIZADAS A TRAVES DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. (680/000700).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que la Administración no ha actuado ante el fraude de ley que supone el cobro de las llamadas y comunicaciones infructuosas, realizadas a través de Telefónica de España, Sociedad Anónima.
Tiene la palabra el Senador Mòdol Pifarré.


El señor MODOL PIFARRE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, recordará usted que el pasado 10 de febrero le preguntaba sobre las medidas previstas por su Gobierno para garantizar el normal desarrollo y la prestación del servicio público de comunicaciones a través de la red telefónica y de su compañía dominante.
Usted, señor Ministro, con un desparpajo que roza la insolencia del ignorante, calificó mi pregunta de rayana en el ridículo, afirmando después, para mi sorpresa, que Infovía Plus funcionaba correctamente. Hoy vuelvo sobre lo mismo --¡qué tiempos estos en los que hay que demostrar lo evidente!--: ¿Qué medidas ha tomado usted con el fin e que terminen de una vez las llamadas infructuosas, la tarifación incorrecta y todas las anomalías que usted conoce o que debería conocer? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora Presidenta.
Por cierto, señoría: me debe usted un destornillador, y no cualquiera, sino uno que sea recambiable, con objeto de poder operar personalmente en las centralitas de Telefónica. No se olvide de ello porque es su compromiso ante esta Cámara.
¿Qué medidas adopta la Administración, señoría? La Administración, en un Estado de Derecho, está sometida al principio de legalidad y, por consiguiente, cumple las normas cuando aquello que está bajo su jurisdicción, en este caso los controles necesarios sobre Telefónica, incumple la normativa vigente.
Es absolutamente imprescindible que hay una reclamación. Cuando se producen las reclamaciones de los consumidores, la Secretaría General de Comunicaciones incoa un expediente y dicta resolución, y ésta es, con frecuencia,

Página 5733


condenatoria de las empresas que están sometidas a esa disciplina por imperativo de la ley. Pero no hay otro camino que el de hacer que entren en vigor las normas necesarias para que, por una parte, las empresas atiendan bien a los usuarios y que después, por otra, se acate el principio de legalidad y se incoen los procedimientos sancionadores a que haya lugar si, en efecto, se producen infracciones. Como es natural, esto es lo que se ha hecho. El Ministerio tiene publicada una norma, que conoce su señoría, en la cual se establece que Telefónica tiene la obligación de devolver o de compensar las llamadas fallidas, y cuando se producen reclamaciones con motivo de esas llamadas, la Secretaría General de Comunicaciones dicta la resolución pertinente. Eso es lo que hace la Administración en un Estado de Derecho.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Mòdol Pifarré.


El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sobre el Servicio Postal y su funcionamiento trataremos otro día, pero el destornillador se lo he mandado a través de ese Servicio. También depende de usted.
Señor Ministro, usted o no escucha o no quiere escuchar a quien le habla, y esto último es legítimo, porque al fin y al cabo estoy en la oposición.
Pero ello no le exime, primero, de cumplir con sus obligaciones y, segundo, de escuchar a quien sí debería escuchar. Usted no debe hablar nunca con el señor Vázquez Quintana, el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que afirmaba en esta misma Cámara, hace diez días, las mismas cosas que este portavoz le está diciendo. Exactamente las mismas. Nos informaba de que Telefónica y ustedes tenían, no sólo dificultades y desencuentros, sino que incumplían la legalidad vigente, aquella legalidad que su Ministerio, en 1997, impulsó con la Ley 12. Cumpla con ella, simplemente. Escuche, no a este que le habla, sino, por ejemplo, lo que dice el informe de la Inspección de la Secretaría General de Telecomunicaciones, de la que usted es titular, y que anunció por escrito, a este que le habla, que a finales de noviembre tendríamos un informe completo en el que hablarían de estas cosas. Insisto en que fue a finales de noviembre del año pasado. ¿Dónde está ese informe? En febrero me dijo usted que estaban a punto de terminarlo. ¿Cuándo lo van a terminar? Ya no es quien le habla el que le dice que no se cumple la ley y que con ello se perjudica a usuarios y a empresas. No. Son ya las ISP de toda España, reunidas este sábado en Torremolinos, son los usuarios los que presentan demandas en los juzgados, es el sentido común de cualquiera de los mortales, que se sonroja con el sarcasmo de su interpretación de dos palabras que, para este que le habla, son muy importantes: libre competencia y servicio público.
Pronto, señor Ministro --créame--, la propia Unión Europea le recordará sus obligaciones en esta materia, y si no cumple con ellas, tendrá que hacer lo que le pidan. Ahora, y después de haberle escuchado, ya estoy convencido: no se sabe bien si usted es el portavoz de Telefónica o si Telefónica, a veces, actúa como portavoz del Ministerio de Fomento.
Usted debería ser el portavoz de los usuarios, usted debería ser el portavoz de los empresarios, usted debería ser el defensor de los intereses generales de este país, no de los de una compañía privada, una compañía que ustedes malprivatizaron, que no funciona y que no presta el servicio al que se ha comprometido.
Créame, señor Ministro, usted ya ha conseguido ser el Ministro del caos terrestre, fue el Ministro del caos aeroportuario, ahora ya es el Ministro del caos en las redes, y estoy convencido de que, sin que se empeñe usted mucho, acabará también siendo el Ministro del caos espacial.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, ante el rigor de su intervención me permito recordarle las palabras del príncipe Hamlet: Palabras, palabras, palabras. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Rojo García: ¡Eres un poeta!) Por favor, señoría, no da usted un solo dato, introduce descalificaciones «ad hominem» y juzga el funcionamiento de una compañía que presta servicio telefónico en toda España con un desparpajo rayano, efectivamente, señoría, en la desfachatez en su caso.
¿Usted cree que de verdad, parlamentariamente hablando, se puede traer aquí el funcionamiento de la red española de telecomunicaciones con las palabras que usted lo ha hecho? ¡Si se descalifica usted mismo, señoría, no necesito contestar! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Cuando la legalidad se incumple, señoría --a ver si se aclara usted sobre lo que es un Estado de Derecho--, los únicos órganos autorizados --no se aclara, señoría, usted no se aclara-- son los tribunales de justicia, son los únicos que pueden decidir cuándo está incumplida o no la legalidad. Y la Administración pública, que debe velar también por la aplicación del principio de legalidad, dicta resoluciones cuando entiende que la legalidad se ha incumplido, y dicta resoluciones ante reclamaciones de los usuarios. Ese es el procedimiento de actuación, que está sujeto a unos trámites: hay un período de prueba, hay un período de alegaciones, hay que hacer pliegos de cargos y, naturalmente, hay que velar por las garantías procesales tanto de los usuarios como de las compañías.
Señoría, el Gobierno no es portavoz de nadie, el Gobierno defiende los intereses generales, y que defiende los intereses generales se pone de relieve en que las tarifas telefónicas --aunque le pese a Telefónica, señoría-- han bajado todas ellas, excepción hecha de las tarifas locales que, por virtud del reequilibrio tarifario impuesto justamente por la legislación comunitaria, han tenido que subir porque

Página 5734


no son admisibles los llamados precios políticos en un sistema de libre competencia.
Por consiguiente, señoría, todo lo que viene usted a decir aquí le ruego que lo haga con datos de apoyo. El último informe realizado por la Inspección --a la que usted alude-- de la Secretaría General de Telecomunicaciones, y que emplea 24 parámetros distintos, establece lo siguiente en lo que afecta a las llamadas fallidas: llamadas completadas urbanas, el 99,8 por ciento; llamadas completadas provinciales, el 99,8 por ciento; llamadas completadas interprovinciales, el 99,7 por ciento y llamadas completadas internacionales, el 99,9 por ciento.
Señoría, el funcionamiento hoy del servicio telefónico en España es correcto, pero en todo en la vida siempre existe algún fallo, y cuando ese fallo se comprueba, sobre todo se viola la legalidad, se incoa el procedimiento oportuno, y no hay otra manera de actuar, a menos que quiera su señoría hacer demagogia y prescindir de los principios básicos del Estado de Derecho.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE D. JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN LA VARIANTE DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA), PERTENECIENTE A LA AUTOVIA ENTRE CORDOBA Y ANTEQUERA (MALAGA) (680/000702).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en la variante de Aguilar de la Frontera, Córdoba, perteneciente a la autovía entre Córdoba y Antequera.
Tiene la palabra el Senador Blancas Llamas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sobre la red de carreteras del Estado, incluidas las autovías, lógicamente, hay que dar números --usted lo ha dicho-- y, efectivamente, se llevan más de 1.000 kilómetros realizados por el Gobierno del Partido Popular. Los datos y los números están ahí. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En Andalucía... (Fuertes protestas y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ni uno, ni uno!) Si me permiten hablar, compañeros socialistas, les diré que actualmente hay cuatro autovías en realización, licitación y ejecución. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista:¿Dónde?) Tomen nota, por favor: Autovía del Mediterráneo Málaga-Nerja, autovía Bailén-Motril. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista hacen gestos negativos.) Tomen nota: Autovía Sevilla-Huelva-Ayamonte. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Cero kilómetros, cero kilómetros!) Y me circunscribo a la pregunta, si me dejan: autovía Córdoba-Antequera, pueblo de Málaga. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Escuchen, si quieren escuchar y tienen educación.
La autovía a que me refiero, que comprende Córdoba-Antequera-Málaga, afecta a 100 kilómetros que ustedes excluyeron como autovía, ustedes, su Ministro Borrell. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡La pregunta!) La pregunta, si me dejan, se la hago al Ministro con mucho gusto. Se circunscribe concretamente a la circunvalación o variante del bonito e histórico pueblo de Aguilar de la Frontera, que se va a ejecutar, se ha licitado y se va a adjudicar próximamente, si Dios quiere, por 4.200 millones de pesetas.
Señor Ministro, desearía que me concretara y me explicitara un poco más el contenido de esta circunvalación o variante de Aguilar de la Frontera.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Blancas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo comprendo que el Grupo Parlamentario Socialista se ponga nerviosísimo.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señoría, no se engañe, lo que se oye es una risa nerviosa. Es una risa auténticamente nerviosa. No es la risa que se puede producir como consecuencia de un chiste. Cuando hablamos de carreteras, señoría, cuando se ponen los datos encima de la mesa y nos referimos tanto al número de kilómetros...


La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, si no habla hacia el micrófono no le podemos escuchar.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Cuando se ponen los datos encima de la mesa y nos referimos tanto al número de kilómetros como a las cifras de inversión, señorías francamente no veo donde está el chiste.
La autovía Córdoba-Antequera, reclamada durante muchísimos años por los ciudadanos andaluces, nos la encontramos a cero. (Fuertes y prolongados rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En estos momentos, señoría, están encargados todos los proyectos. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Todos los proyectos, desde Córdoba hasta Antequera.
Y para que continúen riéndose los señores Senadores socialistas les diré que se ha licitado y adjudicado ya la obra del primer tramo de la autovía de Córdoba-Antequera. Se trata de la variante de Aguilar de la Frontera que cuenta con una inversión de 4.200 millones de pesetas,

Página 5735


cuya situación en estos momentos es la siguiente: El pasado 23 de febrero se han abierto las ofertas económicas para poder adjudicar la obra, adjudicación que se producirá en el transcurso de los próximos días.
Se trata, por tanto, señoría, del primer tramo de la autovía Córdoba-Antequera que durante 14 años los ciudadanos reclamaron y no obtuvieron.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Blancas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Por cortesía parlamentaria quiero agradecerle al Ministro, señor Arias, la preocupación y la atención que está teniendo con Andalucía. Ahí están los números. Yo me remito a los datos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y quiero recordar al Partido Socialista que ellos no hicieron ni proyectaron esa autovía. Se va a realizar durante el Gobierno del Partido Popular. Y como parlamentario, nacido en la provincia de Córdoba y malagueño adoptivo en mi juventud, tengo que estar enormemente orgulloso porque conozco y uso frecuentemente la carretera 331 que se convertirá en autovía.
Yo podría preguntarle al Partido Socialista: ¿Qué pasa con la 92? ¿Qué pasa con la 92? (Fuertes y prolongados rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero no es el momento de hacer este interrogatorio al Ministro. Simplemente es un ejemplo de obra mal hecha.
Pero no viene al caso en este momento. Sólo quiero decirle al señor Arias que se sigan construyendo autovías en Andalucía como la autovía del Mediterráneo y que, por supuesto, Córdoba y Málaga, estas dos provincias hermanas, se junten y el interior de Andalucía se una con el Mediterráneo y con la Costa del Sol.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Blancas.


--DE D. RODOLFO AINSA ESCARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CARRIL DE FRENADO EN LA CARRETERA NACIONAL N-II, EN LA TRAVESIA DE LA LOCALIDAD DE FRAGA (HUESCA). (680/000704)

La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras para la construcción de un nuevo carril de frenado en la carretera nacional N-II, en la travesía de la localidad de Fraga en Huesca. Tiene la palabra el Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Con la venia, señora Presidenta.
Señor Ministro, ésta es una pregunta de esas que como parlamentario de esta Cámara nos vemos en la necesidad de hacer para realizar ese control riguroso que debemos exigir al Gobierno tanto desde la oposición como desde el Gobierno.
Dicho esto, señor Ministro, yo quiero que mi criterio --así lo manifiesto-- quede escrito en el «Diario de Sesiones». Y por una razón fundamental, y es que cuando lo consideramos oportuno hacemos cualquier tipo de crítica --afortunadamente, esto no lo hace el grupo parlamentario que soporta en este momento las mejores directrices del Gobierno-- y, por eso, cuando se les debe felicitar también debe constar por escrito.
Quiero felicitarle, señor Ministro, por una razón fundamental. Como su señoría conoce soy parlamentario por la provincia de Huesca; aquí también, dentro del contexto de los grupos de la oposición, hay parlamentarios de la provincia de Huesca, concretamente del Partido Socialista, y cuando menos creo que ellos sí estarán de acuerdo conmigo en que la labor que está realizando el Gobierno de José María Aznar, magníficamente dirigido en el área de Fomento por su señoría, está logrando lo que durante muchísimos años no fuimos capaces de poder lograr. (Rumores.) Estamos hablando de la N-II, en la variante de Fraga y todo su contexto.
Señor Ministro, únicamente por recordárselo, este Senador que le habla posiblemente sea uno de los más antiguos de esta Cámara, que no quiere decir que sea el mayor, y quiero decirle que una de mis primeras preguntas parlamentarias, ya en la década pasada, en el debate presupuestario, se refería a qué sucedía con la variante de Fraga, donde lamentablemente se producían tristes accidentes de tráfico, mortales en algunos momentos. Esto, como le decía, señor Ministro, lo saben perfectamente compañeros míos del Partido Socialista por la provincia de Huesca, y digo compañeros míos de provincia, no de partido. Por tanto, el tema queda suficientemente claro.
Hoy, señor Ministro, quiero que conste en el «Diario de Sesiones» nuestra felicitación (Rumores.), porque ha tenido que llegar... (Rumores.) Rogaría un poquito de silencio, por favor, ya que esta Cámara del Senado se caracteriza por la reflexión y el respeto, olvidando en muchos momentos los adjetivos calificativos. Les pediría, por favor, que siguiéramos en esa línea de actuación, que lo único que hace es situar a la Cámara donde debe estar. Por favor, sigamos respetándola. Señor Ministro, quiero felicitarle por una razón: porque ha tenido que llegar un Gobierno presidido por José María Aznar y un Ministro de Fomento, el señor Arias-Salgado, para poner fin definitivo a ese gran problema.
(Rumores.) No vengo aquí a hacer la pelota a nadie (Risas.), vengo a agradecerle... (Rumores.) Señora Presidenta, le pido su amparo, por favor.


La señora PRESIDENTA: Señoría, está ya fuera de tiempo, por lo que le ruego que concluya.


El señor AINSA ESCARTIN: Un segundo, señora Presidenta, y termino.


Página 5736


Señor Ministro, mi agradecimiento es por esos 12.000 millones de pesetas de inversión que ustedes han acometido en la variante de Fraga, en la N-II.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ainsa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría, por sus palabras. Efectivamente, el paso del tráfico por la carretera N-II, que atraviesa el pueblo de Fraga, fue objeto durante mucho tiempo de reclamaciones vecinales a causa de los frecuentes accidentes que provocaban los camiones, especialmente los más pesados.
Para solucionar este problema se adoptaron dos tipos de soluciones. Una primera y provisional, que es mejorar las pistas de frenado en la bajada que atraviesa el pueblo; el establecimiento de una señalización luminosa, y más recientemente, en un acuerdo con la concesionaria de la autopista de peaje A-2, se ha habilitado el paso temporalmente gratuito entre los enlaces de Fraga y Soses para evitar que los camiones tengan que atravesar Fraga. La gratuidad es temporal y naturalmente el Estado se hace cargo del pago de los peajes de los camiones pesados.
La solución definitiva, como es lógico, es construir una nueva variante de Fraga, cuyo proyecto se aprobó con fecha 22 de junio; la declaración de impacto ambiental tuvo también lugar en el mes de junio de 1998; la realización de la obra se declaró urgente, poco después de obtener la declaración de impacto ambiental y se ha programado financieramente la obra, bajo la modalidad de abono total del precio, es decir, a través del llamado método alemán, programa del año 1998.
Fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de noviembre de 1998 y la licitación de las obras se adjudicó en un importe de 11.729 millones de pesetas. El plazo de ejecución de las obras es de 30 meses.
Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI GARANTIZA EL GOBIERNO LA FINANCIACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA DE TODAS LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA ZONA DEL ALTO GUADIATO (CORDOBA), Y RECOGIDAS EN EL PLAN 1998-2005 DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS (680/000698).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si garantiza el Gobierno la financiación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de todas las actuaciones a realizar en la zona del Alto Guadiato (Córdoba) y recogidas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por su señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, los proyectos del anexo del Plan 1998-2005 para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que no figuran en él con su presupuesto de ejecución por resultar imposible su determinación en aquel momento, fueron incluidos, como resultado del compromiso entre los firmantes del plan de ejecución, siempre que las dotaciones presupuestarias lo permitieran, condujeran a un reparto de fondos entre las Comunidades Autónomas suficientemente equilibrado y se mantuviera el interés de las partes en su realización.
En este contexto se acaba de firmar un acuerdo entre los representantes de los trabajadores, la Junta de Andalucía y la Dirección General de Minas para seguir trabajando en ese tema. Por lo tanto, no se puede garantizar la financiación de determinados proyectos, sino que se inscribe en un plano completamente distinto en el que todo el mundo está de acuerdo.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, acepte que cuando la sospecha se cierne sobre un responsable público, como en este caso, tanto las palabras como las actuaciones pierden credibilidad. Admita, señor Piqué, que está muy nervioso y que sus estrategias están siempre rodeadas de tensiones y patrañas. Reconozca que es el causante de las tensiones y de la confusión que se ha creado en la comarca del alto Guadiato y que ha obligado al sacrificio y sufrimiento de la marcha negra. No presuma ni crea que el mérito de la desconvocatoria de ayer es suyo, señor Piqué; el mérito es fruto de la responsabilidad de los trabajadores, que lamentablemente no han podido conseguir, ni entonces ni ahora aquí con sus palabras, que usted clarifique cuáles son las verdaderas intenciones en cuanto a la inversión en la comarca del alto Guadiato.
Le voy a recordar, señor Piqué, que cuando usted firma el Plan 1998-2005 de la minería del carbón, el ex Ministro

Página 5737


«campeón» Arenas y el PP anunciaron en la comarca a bombo y platillo una serie de proyectos e inversiones valorados en 42.000 millones de pesetas.
¿Quiere decirme qué ha sido de todos esos anuncios y compromisos? ¿Qué se ha hecho después de dos años? ¿Cuál es el horizonte futuro de esas inversiones? Concrételos, señor Piqué, y desmienta aquí que su Ministerio tiene la intención de hurtar a la comarca cuatro de cada cinco pesetas prometidas.
Señor Piqué, a la hora de la verdad usted y el Gobierno de Aznar han encontrado en el incumplimiento de esos compromisos una nueva fórmula para castigar a los andaluces y discriminar a Andalucía; una nueva fórmula que hay que añadir a una larga lista de actuaciones de este tipo.
Señor Piqué, cuando los socialistas denunciamos sus irregularidades, sus incumplimientos y sus manejos nos acusan de que estamos en una cacería.
Eso es falso; lo que sí es cierto es que, como dicen en mi tierra, usted está hecho un buen pájaro. (Rumores.) Por todo ello, le exijo que aclare en esta Cámara cuáles son las verdaderas intenciones de inversión del Gobierno; si va a respetar los 42.000 millones de pesetas; cuándo va a mandar los convenios correspondientes a la ejecución de las obras aprobadas el 11 de febrero.
En definitiva, aclare todo aquello que no ha sido capaz de aclarar durante todos estos meses y que continúa ocultando.
Termino, señora Presidenta, diciendo al señor Piqué que recapacite, además de exigirle que no involucre en sus patrañas y estrategias de tensión a la Junta de Andalucía y que no le pida más de lo que exige a otras Comunidades Autónomas en cuanto a compromisos de inversión. Porque no sólo está hurtando inversiones a unos pueblos andaluces, sino que ha cometido la indignidad de utilizar los instrumentos y la capacidad del Estado para generar en ellos tensiones y crisis social. Señor Piqué, usted no es digno de ser Ministro de España. Váyase, señor Piqué.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo no presumo de nada, no tensiono nada, ni involucro a nadie más allá de la firma que estampan. Procuro limitarme a trabajar para resolver problemas y buscar acuerdos y consensos de todos.
Estamos en esa línea y así continuaremos, no se preocupen.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE D. ANTONIO GARCIA CORREA Y D. HILARIO CABALLERO MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS GESTIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA SOLUCIONAR LA CRISIS DE LA EMPRESA DE FERTILIZANTES FERTIBERIA, S. A., QUE PODRIA DEJAR SIN EMPLEO A MAS DE QUINIENTOS TRABAJADORES (680/000699).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Antonio García Correa y de don Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las gestiones que está llevando a cabo el Ministerio de Industria y Energía para solucionar la crisis de la empresa de fertilizantes Fertiberia, S.
A., que podría dejar sin empleo a más de 500 trabajadores.
Tiene la palabra el Senador García Correa.


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señora Presidenta.
La pregunta que formulo a continuación es también del Senador don Hilario Caballero, ya que la crisis de Fertiberia afecta a la Comunidad Autónoma andaluza en sus centros de Huelva y Palos de la Frontera, así como a la Comunidad de Castilla-La Mancha en su centro de Puertollano.
La doy por defendida en los términos en que acaba de expresar la señora Presidenta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, señoría, la viabilidad de la industria de fertilizantes depende del gas natural en la medida en que supone el 70 por ciento de materia prima, el 70 por ciento en los costes de producción para el amoníaco y después para los abonos nitrogenados.
Ya en 1994 se hizo un contrato privado entre la compañía Fertiberia y Enagas, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997 y que estuvo apoyado por unas resoluciones de las comisiones delegadas del Gobierno de los años 1994 y 1995. En esas resoluciones se estableció un marco de 10 años, pero no se dejó resuelto ese tema, se dejó en manos de la voluntad de partes privadas la posible prórroga de un contrato que tenía una vigencia de tan sólo tres años.
Estamos trabajando para que ello sea posible. Los servicios del Ministerio han tenido bastantes reuniones con las empresas implicadas, se están acercando posiciones y espero que al final se pueda encontrar alguna solución en el marco del ordenamiento jurídico.
Muchísimas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador García Correa.


El señor GARCIA CORREA: Gracias, señora Presidenta.


Página 5738


Como acaba de manifestar el señor Ministro, efectivamente, la industria de fertilizantes, sobre todo la de fabricación de amoníaco, al constituir el gas aproximadamente el 70 por ciento del coste de la materia prima, prácticamente en todos los países del mundo se mantienen unas tarifas especiales para producciones industriales, cuyo coste de esa energía representa un porcentaje importante.
Los gobiernos socialistas --menos mal que en este caso no puede afirmar que los gobiernos socialistas lo hicieron mal y que el problema viene de atrás-- dejaron esta cuestión totalmente arreglada. Como bien ha señalado su señoría, la Comisión Delegada de Gobierno de los años 1994 y 1995, y siendo usted entonces Presidente de Ercros, el Ministro de socialista de entonces, señor Eguiagaray, solucionó esta cuestión y hasta finales de 1997 no ha habido ningún tipo de problemas. Ahora bien, a finales de 1997 la empresa Enagas fijó los precios normales, por lo que la empresa Fertiberia pierde más de 2.000 millones de pesetas al año. De ahí que entregue a los sindicatos un documento exponiendo que, debido a que al parecer el Gobierno no está dispuesto a colaborar, presenta un expediente de suspensión de empleo por el que quedarían en la calle los 250 trabajadores de Puertollano, los aproximadamente 150 de Palos de la Frontera y otros 60 ó 70 trabajadores en Huelva.
En definitiva, señor Ministro, si esto no se arregla se quedarían en la calle más de 500 trabajadores. Los sindicatos demandan el apoyo de los partidos políticos, y el PSOE presenta, con fecha 24 de febrero, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, y hasta su propio partido --el Grupo Parlamentario Popular--, señor Ministro, en el día de ayer --figura en la prensa de hoy-- presenta una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados del mismo tenor de la que presentó en su día el Partido Socialista.
En definitiva, señor Ministro, su Partido le demanda que solucione el problema. Eso es lo que dice la proposición de ley que ayer presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Los sindicatos demandan ayuda a los partidos y se presenta esta proposición no de ley y hoy aparece el señor Ministro en un medio de comunicación manifestando que tendrá toda la paciencia del mundo. Yo le garantizo, señor Ministro, que a los que ya se les está acabando la paciencia es a las más de 500 familias de los centros de Huelva, de Puertollano, y de Palos de la Frontera. Se les está acabando la paciencia porque por la desidia del señor Ministro, por tener que dedicarse a otras cosas, por tener que estar permanentemente defendiéndose de las posibles irregularidades que está cometiendo, no se preocupa de la industria española y de los puestos de trabajo que genera esta industria.
Señor Ministro, se da el caso de que últimamente su Ministerio prefiere ayudar a la crianza de cerdos antes que defender a los trabajadores de la industria española, en este caso a la industria de fertilizantes.
En consecuencia, queda así la pregunta formulada.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Al margen de que es una evidencia indiscutible que la industria española está pasando por el mejor momento de su historia, permítame, señoría, que además le lleve la contraria en algo que ha dicho; si el Gobierno anterior hubiera dejado este tema arreglado, ahora no estaríamos hablando del mismo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y el tema debería haberse arreglado por un período de diez años y sólo se arregló por tres; por eso ahora hay que encontrar una solución. Ya le he dicho que se está trabajando para encontrar la solución, se están manteniendo reuniones con las partes, se están viendo las diferentes alternativas, y estoy seguro de que al final podremos encontrar una salida porque es lógico que entre todos la encontremos.
Pero quiero aprovechar esta circunstancia para que quede constancia de otra cuestión. Como les veo muy preocupados por mi anterior gestión, para que se queden tranquilos, pongo en su conocimiento que en el caso de que resulte necesario adoptar decisiones en el ámbito de la competencia del Ministro de Industria y Energía que afecten directa o indirectamente a Fertiberia, que perteneció al grupo Ercros, presentaré inmediatamente por escrito mi inhibición en este tema al Presidente del Gobierno, por lo que no se preocupen, no tendré intervención alguna directa o indirectamente en la decisión que finalmente se adopte, siempre desde el deseo de que el tema realmente se solucione, y no a corto plazo y por un período de tiempo limitado como hizo el anterior Gobierno.
Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Industria y Energía.


--DE D. JON GANGOITI LLAGUNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO ANTE LA ACTITUD DE LA COMISION EUROPEA EN EL CASO DE LA EMPRESA DAEWOO, EN LO REFERENTE A LOS INCENTIVOS FISCALES VASCOS (680/000694).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno ante la actitud de la Comisión Europea en el caso de la empresa Daewoo, en lo referente a los incentivos fiscales vascos.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente del Gobierno, nuestro grupo parlamentario presenta esta pregunta para saber cuál es la postura

Página 5739


del Gobierno tras el acuerdo de la Comisión Europea sobre el caso Daewoo.
Y no me refiero a la decisión de la Comisión sobre las ayudas, sino, en concreto, sobre los incentivos fiscales que, de alguna forma, afectan al Concierto Económico, que es la piedra angular del autogobierno vasco.
En este sentido, me gustaría saber cuál es la postura del Gobierno y si tiene pensado hacer algo al respecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
La posición del Gobierno respecto a la figura del Concierto es conocida por el señor Gobernador de manera fehaciente. Nosotros no sólo hemos respaldado la figura del Concierto, sino que lo hemos hecho en los foros europeos, introduciendo su referencia en el código de conducta, que está analizando las diversas políticas fiscales de los países europeos y, también, en todo momento hemos expresado a las autoridades europeas nuestro convencimiento de que el Concierto es una especificidad de nuestro sistema tributario, que en ningún caso puede interpretarse como ayudas de Estado.
Cosa bien distinta es que en una determinada decisión, bajo la responsabilidad de la institución que la toma, la Comisión Europea considere que se han vulnerado las normas de competencia europeas. Tiene que entender su señoría que eso le sucede no sólo en este caso, sino en otros muchos, no sólo a una Administración, sino a otras muchas Administraciones, pero nosotros en ningún caso creemos que se esté conculcando ni poniendo en cuestión la existencia y la vigencia del Concierto.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Cuando nosotros planteamos esta pregunta es porque consideramos que en esta decisión de la Comisión Europea, no en el tema de las ayudas, sino en lo relativo a los incentivos fiscales, de alguna forma ha habido un ataque a lo que es la piedra angular del autogobierno vasco, cual es el Concierto Económico. Y en ese sentido, se está creando un mal precedente.
Incluso, antes de que la Comisión tomase esta decisión hace cuatro o cinco meses, algún miembro de la Comisión llegó a confundir los incentivos fiscales con las ayudas de Estado, cuando todos sabemos que los incentivos fiscales vienen de una norma foral votada por las Juntas Generales correspondientes de ese territorio.
Por tanto, señor Vicepresidente, yo le pediría, en nombre de nuestro Partido, que se haga una defensa de lo que es el Concierto Económico con todas sus consecuencias, incluido este caso de los incentivos fiscales, por completo, porque sentencias de este tipo, en último extremo, pueden herir de alguna forma a ese Concierto Económico. Al fin y al cabo, estamos en una Europa en la que el Estado español se presenta con diversas haciendas, como lo es la Hacienda Central y las tres haciendas forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca y la Hacienda propia también de la Comunidad Foral de Navarra.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
En primer lugar, señoría, no estamos ante una sentencia. Estamos ante una decisión de la Comisión Europea. Y en ese sentido, quiero decirle una vez más que la Comisión Europea interpreta que la aplicación que ha hecho la Diputación Foral contraviene las normas europeas. De ninguna forma se está poniendo en cuestión la capacidad normativa de la Diputación Foral, ni nada parecido. También, referido al Gobierno español, en más de una ocasión la Comisión Europea ha considerado que no ha cumplido con las normas europeas, lo que no pone en cuestión ni la capacidad de esta Cámara, ni la capacidad del Parlamento, ni nada parecido. Por tanto, la capacidad normativa, señoría, lleva aparejada la responsabilidad de esa aplicación.
En segundo lugar, no sólo se trata de una decisión de la Comisión Europea, sino que hay un debate --por otra parte, absolutamente lógico-- en cuanto a la aplicación de algunas normas que han sido muy discutidas --su señoría es consciente de ello--, como la que nos ocupa en este caso, que es la relativa a la deducción de más del 45 por ciento por inversiones superiores a una determinada cantidad. Y en estos momentos hay una discusión jurídica sobre si eso respeta o no el Concierto. Habría que saber quién ha respetado el Concierto y quién no lo ha respetado. Esa es la cuestión, porque el Estado de Derecho plantea las cosas en esos términos.
Por tanto, en ese sentido, creo que su señoría, con todos los respetos, primero, no debe dudar, porque no tiene ninguna base, de que el Gobierno está defendiendo a las haciendas forales. De hecho, en el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades su señoría sabe que estamos respaldando la posición de las Diputaciones Forales sobre el fondo de la cuestión.
Por otra parte, no debemos confundir la aplicación de una determinada capacidad normativa en un determinado caso concreto con que se ponga en cuestión todo el andamiaje jurídico que respalda la capacidad normativa de una administración, porque, según eso, ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estados Centrales y la propia Comisión Europea estaríamos siempre teniendo que apelar a nuestras capacidades normativas cuando ciudadanos u

Página 5740


otras administraciones discuten la aplicación concreta de una determinada norma. Creo que, dada la relevancia que tiene, no debemos de darle más importancia de la que tiene.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


INTERPELACIONES:

--DE D. ANTONIO SANCHEZ LUCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE, AL MEDIO URBANO Y A LA EDIFICACION (670/000123).


La señora PRESIDENTA: La interpelación de don Antonio Sánchez Lucas, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno para facilitar a los colectivos de discapacitados de movilidad y la accesibilidad al transporte, al medio urbano y a la edificación ha sido aplazada, a petición del Gobierno.


--DE D. JON GANGOITI LLAGUNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO DE CARA A QUE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO NERVION SEA CONSIDERADA EN EL PROXIMO REGLAMENTO COMUNITARIO COMO OBJETIVO I, ACOGIENDOSE A LAS EXCEPCIONES YA EXISTENTES (670/000121).


La señora PRESIDENTA: Interpelación de don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la postura del Gobierno de cara a que la margen izquierda del río Nervión sea considerada en el próximo reglamento comunitario como Objetivo I, acogiéndose a las excepciones ya existentes.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno, por tiempo de quince minutos.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Señora Presidenta, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, nuestro Grupo Parlamentario presenta esta interpelación teniendo en cuenta que en estos momentos y paralelamente a la discusión de la Agenda 2000 se está asistiendo también a la reforma de los reglamentos comunitarios, que, en principio, pensamos que deberían ser aprobados durante este semestre, bajo la Presidencia alemana. Estos reglamentos son los que van a regir de alguna forma el reparto de los Fondos Estructurales durante el período 2000-2006, lo que se ha llamado la Agenda 2000 en el aspecto de los Fondos Estructurales.
En esta interpelación lo que planteamos es que regiones o Comunidades Autónomas que son Objetivo 2, como es el País Vasco, puedan contemplarse a nivel comunitario que dentro de esa región Objetivo 2 alguna comarca, como el caso de la margen izquierda de la Ría del Nervión que tiene un PIB bastante inferior al 75 por ciento, que tiene un índice de paro importante, que está en un proceso de reconversión grande, pueda ser considerada como Objetivo 1. Esto existe ya a nivel comunitario. De hecho, cuando se aprobaron en 1994 en la Unión Europea las perspectivas financieras que están rigiendo hasta estos momentos, en el último minuto, en el Consejo de Ministros comunitario, se tomó la decisión de que existiesen ocho excepciones: en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Austria y también en Holanda; por tanto, en países que son Objetivo 2, en regiones que son Objetivo 2, pero dadas las circunstancias de tener un PIB inferior al 75 por ciento, de un índice de paro importante, esas ocho comarcas de esas ocho regiones consiguieron ser Objetivo 1. Incluso, en Holanda hay un caso curiosísimo que no es que sea ya una comarca, sino que es un barrio de Amsterdam, Fleboland, que se acogió a esa posibilidad de ser Objetivo 1. Incluso, en Bélgica, en una zona limítrofe con Francia, con la zona de Valenciennes, con los problemas que he descrito anteriormente de un PIB inferior al 75 por ciento y de un alto nivel de paro, se conformase como Objetivo 1 creando una zona que la han denominado artificialmente «el Hainaul» y que coge, como he dicho, parte de Bélgica y parte de Francia, la zona de Valenciennes, Havern y Douain.
Por lo tanto, nuestro planteamiento es el que he señalado. Hay que tener en cuenta que existen excepciones en países más prósperos que el Estado español y que la margen izquierda de la Ría del Nervión es una de las comarcas con mayor índice de desempleo a nivel de todo el Estado español, desde luego es la comarca con mayor índice de desempleo de la Comunidad Autónoma Vasca. Tengo aquí la relación del índice de desempleo de toda la Comunidad Autónoma Vasca y los seis municipios con mayor índice de desempleo son precisamente: Sestao, Abanto y Ciérvana, Portugalete, Ortuella, Santurce y Baracaldo; es decir, la margen izquierda tiene los mayores índices de desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca, y con un PIB y una renta per cápita inferior.
Por otro lado, en cambio, tenemos que tener en cuenta que la margen izquierda jugó un papel importantísimo, prioritario como motor de la revolución industrial y de la industrialización en el País Vasco, y que la crisis siderúrgica y naval, que afectó a toda Europa, es la razón de que en estos momentos se encuentre en esa situación.
Actualmente, en que hay un despegue de toda la economía estatal y también de la economía vasca, en concreto de la economía vizcaína, sería bueno que la margen izquierda de la Ría del Nervión fuese considerada como una comarca Objetivo 1, aunque lo importante no serían realmente los fondos que recibiese de Bruselas, que los cuantifico a lo largo de seis años en unos 10.000 millones de pesetas, que no es dinero, sino que lo verdaderamente importante para nosotros es que, si se considerara esa zona como Objetivo 1, las ayudas públicas se podrían incrementar de forma sustancial, pasando del 20 o el 25 por ciento --como parece que va a ocurrir, según el Objetivo

Página 5741


2-- al 50 o el 60 por ciento de las inversiones. Es decir, la margen izquierda tendría derecho a contar con ayudas públicas dos veces y media o tres veces superiores en el caso de que se considerara como comarca incluida en el Objetivo 1.
Esta es la razón por la que defendemos esta postura y presentamos esta interpelación. Estamos convencidos --y creo que también lo está todo el mundo-- de que existe una capacidad endógena de recuperación en las comarcas, las regiones y las zonas de antigua industrialización, y eso se está comprobando en muchos lugares de Europa. Por tanto, insisto, si se consiguiera que la margen izquierda del río Nervión se considerara Objetivo 1 y, en consecuencia, las ayudas públicas fueran dos veces y media o tres veces superiores a las que corresponderían en el caso del Objetivo 2, aprovechando, como digo, esa capacidad endógena, tanto empresarial, como de mano de obra, que existe en esa zona de vieja industrialización lograríamos que esa parte de Euskadi, que es la que cuenta con un mayor índice de desempleo y de paro y con un nivel de vida más bajo, remontase y sus ciudadanos gozaran de un mayor bienestar.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, por un tiempo de quince minutos.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor Gangoiti me plantea, así como a toda la Cámara, la posibilidad de establecer una excepción en las regiones Objetivo 1. Y lo hace al hilo de informaciones respecto de la elaboración de los nuevos reglamentos que, efectivamente, están siendo consensuados entre los países y la Comisión de cara a la aplicación de las Perspectivas Financieras 2000-2006.
Sin embargo, al contrario de lo que su señoría cree, no va a haber excepciones en el nuevo reglamento. En este sentido, dicho reglamento avanza en una dirección que, en mi opinión, tiene una racionalidad, como es el establecer unas normas cuya aplicación será menos discrecional de la que se ha producido hasta ahora.
El primer cambio que tenemos que comprobar en los nuevos reglamentos que han sido aceptados por todos los países sin ninguna excepción se refiere a que ya no será el Consejo, sino que va a ser la Comisión la que identifique los criterios que han de aplicarse a las regiones en función de las estadísticas de Eurostat. Es decir, las excepciones a las que su señoría ha hecho mención en las perspectivas financieras anteriores ya no van a ser planteadas por el Consejo.
Lo que sucedía con anterioridad era que, aunque las condiciones de las regiones Objetivo 1 estaban fijadas en el Tratado o en las perspectivas financieras, situándose por debajo del 75 por ciento de la renta comunitaria, como usted sabe perfectamente, el que aprobaba la lista definitiva era el Consejo Europeo. Indudablemente, en dicha lista definitiva podían producirse excepciones. Pero mi información es que las excepciones que se produjeron en su día tenían lugar, en todo caso, dentro de demarcaciones territoriales equivalentes a nuestras provincias, con rentas inferiores al 75 por ciento. Es decir, aunque efectivamente se permitía que fueran Objetivo 1 determinadas zonas que podían estar en regiones que no fueran Objetivo 1, al menos dichas zonas se encontraban en demarcaciones provinciales que sí estaban por debajo del 75 por ciento, es decir, en el NUT 3, en términos europeos, como división territorial de un Estado. Sin embargo, esa posibilidad ya no aparece en los nuevos reglamentos porque, tal y como están consensuados en este momento por todos los países, siguen fijando: primero, que el nivel administrativo para aplicar los objetivos es el NUT 2 equivalente a nuestras Comunidades Autónomas y, por tanto, no estaríamos en condiciones de proponer ningún territorio que no fuera el de una Comunidad Autónoma y, segundo, que la decisión de la lista definitiva de Comunidades Autónomas con derecho a ser Objetivo 1 no será aprobada por el Consejo, sino por la Comisión, lo que supone que ésta se limite a aprobar aquellas regiones que estén dentro de las reglas de Objetivo 1 por Eurostat. No quepa duda a sus señorías de que, en caso de no ser así, es decir, que se planteen excepciones, trataríamos de plantear las españolas, aunque no exclusivamente la que su señoría aduce, pero, indudablemente, creo que ese hecho no se va a dar.
Por tanto, creo que hay que tener en cuenta el cambio del procedimiento para los objetivos que su señoría persigue y que, en cualquier caso, yo creo que nos debemos enfrentar a ellos. Con ello no estoy tratando de decir que una vez que no podemos conseguir la calificación de Objetivo 1 para una zona menor a la de una provincia, no debemos utilizar fondos europeos para desarrollar una determinada zona de un tamaño como el de una comarca.
En este sentido tengo que recordar que el País Vasco, siendo Objetivo 2, ha recibido, aproximadamente, unas 43.000 pesetas por habitante a lo largo del período 1986-1996, que es una cifra importante, aunque inferior a las de Objetivo 1. Tengo que decir que ha habido una política por parte del Gobierno de la nación respecto a la margen izquierda de la Ría del Nervión, que se ha concretado por el lado de los fondos FEDER en una aplicación entre 1994 y 1999, de 12.700 millones de pesetas, en obras de toda índole pero, probablemente, las más importantes han sido la ampliación del Puerto de Bilbao, el transporte y rehabilitación de espacios industriales desagregados en el propio Bilbao y la infraestructura medioambiental de la depuradora de Galindo, pero, además, respecto al Fondo de Cohesión y su aplicación por parte del Gobierno de la nación, se han financiado inversiones por 13.000 millones de pesetas en esa zona, de las cuales, 10.000 millones de pesetas han sido con dotaciones del fondo. Como su señoría sabe muy bien, también a través de la SEPI el Ministerio de Industria y Energía ha puesto en marcha un programa de reindustrialización, que en julio de 1997 el Ministerio de Industria y Energía además firmó un convenio con la sociedad de reconversión del Gobierno vasco y también se

Página 5742


ha firmado otro con la oficina de dinamización de actividades para actuaciones de reindustrialización en la misma zona.
Todo ello ha producido que en el año 1997 estemos hablando de más de 2.000 millones de pesetas en ayudas y 800 millones de pesetas en subvenciones; en el año 1998 de más de 2.000 millones de pesetas en ayudas y 425 millones de pesetas en subvenciones, pero, además --y tengo que decirlo--, creo que la estrategia de reindustrialización de la Ría del Nervión o de su margen izquierda debe ser y lo es, como he puesto de relieve, una política de colaboración con administraciones públicas, no sólo con la del Gobierno de la nación, sino con el Gobierno vasco y con los ayuntamientos.
En ese sentido creo que los pasos que hemos dado, desde el punto de vista de los acuerdos mencionados firmados con el Gobierno vasco y con la oficina de dinamización de actividades, son un buen camino por el que tenemos que continuar.
En resumen, señora Presidenta, yo creo que el problema que plantea el Senador Gangoiti es de relieve y al que debemos dedicar recursos europeos. Creo que lo estamos haciendo, lo hemos hecho con las perspectivas financieras que finalizan en el año 1999 y debemos seguir haciéndolo en el futuro.
Debemos hacerlo en colaboración con las administraciones y lamentablemente el que pueda haber territorios geográficos inferiores al de una provincia que puedan beneficiarse del Objetivo 1 porque tengan condiciones estadísticas inferiores al 75 por ciento de la renta europea, es una excepción que no se va a producir por las razones que he aducido.
Tendría que tener en cuenta su señoría que en el caso de que se abriese esa excepción --que creo que no se va a producir-- las estadísticas que tendríamos que utilizar en todo caso serían las estadísticas de Eurostat y, como es lógico, habría que comprobar si su nivel de desagregación nos permite enfrentarnos a ese problema.
Vuelvo a insistir en que la decisión que ha sido consensuada por todos los países es que sea la Comisión, en cumplimiento estricto de los criterios y teniendo en cuenta una demarcación territorial equivalente a nuestra Comunidad Autónoma, la que aplique el Objetivo 1.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Seré breve. En primer lugar, quiero agradecer el tono de la exposición del señor Vicepresidente del Gobierno y sus explicaciones.
De su intervención me quedo con una tema que ha comentado casi al final cuando ha dicho que la problemática de la margen izquierda exige del apoyo y de la actuación conjunta del Gobierno central, de las administraciones vascas y que también es necesario utilizar recursos europeos. Esto lo considero importante. Nos ha dicho que el sistema para las excepciones va a cambiar y que piensa que no las va a haber ahora como sucedió en 1994. De todas formas, como en este año 1994 las excepciones --y usted lo sabe-- se introdujeron en el último minuto en el Consejo de Ministros, quiero plantearle --y me gustaría que me contestara-- lo siguiente: Nosotros no vamos a presionar ni a tratar de forzar al Gobierno español para que abra una serie de excepciones porque bastantes problemas hay; es decir, no les vamos a responsabilizar para que abran un nuevo frente. Ahora bien, en el caso de que, por la razón que fuese, se volviese a repetir la situación de 1994 y que al final se presentasen una serie de excepciones, me gustaría saber si, presentadas éstas por otros Estados y aceptadas, el Gobierno español estaría dispuesto, en su caso también, a presentar a la margen izquierda de la Ría del Nervión y otra serie de zonas con esa problemática como excepciones.
Es decir, si se abre la puerta de las excepciones por parte de otros Estados, si el Gobierno estaría dispuesto a ello o no porque de no ser así la margen izquierda de la Ría del Nervión u otras comarcas se encontrarían en situación de discriminación respecto a esas comarcas europeas, si de alguna forma volvieran a ser Objetivo 1.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Senador.
Indudablemente usted me plantea que en el año 1994 a última hora se introdujeron una serie de excepciones. No sé --y por tanto no puedo afirmarlo-- si éstas fueron fruto de un consenso con todos los países --estoy seguro de ello puesto que fue aprobado por el Consejo-- pero no de última hora, sino dentro de la negociación general de las perspectivas financieras. Podría haber sido. No sería sorprendente. Hemos de recordar que España ha sido el país que más se ha beneficiado del Objetivo 1. Por tanto, en las negociaciones de 1992 y de 1994 no podemos considerar que hayamos tenido un mal resultado.
A partir de aquí, hay que recordar también que hemos sido beneficiados con el 50 por ciento de los Fondos de Cohesión cumpliendo siempre los criterios objetivos y dentro de una política absolutamente legítima. Pero vuelvo a repetir, no sé si en aquel momento --y no me sorprendería-- la inclusión de algunas regiones vino a cerrar un acuerdo.
La diferencia con lo que se va a producir en las perspectivas financieras que comenzarán en el año 2000 es que ya no será el Consejo el que apruebe la lista de regiones, sino que será la Comisión y, por lo tanto, la discrecionalidad política que permitía al Consejo utilizar esa lista como un instrumento más de negociación se ha reducido.
Su señoría me pregunta si creo que se ha reducido a cero, y pienso que no, pero sí se ha reducido notablemente. Que sea la Comisión la que presente la lista de regiones

Página 5743


hace mucho más difícil que la Comisión pueda plantear «motu proprio» excepciones a las reglas, ya sea del tamaño geográfico de las zonas determinadas, ya sea de las rentas. Y pienso que ha sido una decisión de los Estados para evitar que pueda haber excepciones y que vayamos a reglas transparentes y discrecionales que, como sucede siempre, unas veces nos beneficiarán y otras nos perjudicarán, pero que probablemente hacen que el funcionamiento del proceso sea más transparente. Creo que de eso no nos podemos quejar y me parece que es bueno en términos generales.
No le quepa ninguna duda a su señoría de que si la Comisión dijese que, a su vez, quiere plantear excepciones, el Gobierno de España, como es natural, planteará sus excepciones, pero en ese sentido, precisamente, la decisión de alejar del Consejo hacia la Comisión la aprobación definitiva de las regiones Objetivo I hace muy difícil esa flexibilidad política que existía anteriormente y que se utilizó, en mi opinión, dentro de una negociación absolutamente legítima, en la que, vuelvo a repetir, los negociadores españoles no obtuvieron unas malas condiciones y, como es natural, seguramente tuvieron que llegar a acuerdos con otros países en los márgenes de flexibilidad que entonces existían y que hoy no van a existir en esta dirección.
En cualquier caso, no le quepa duda a su señoría de que nosotros, si se producen esas circunstancias, las utilizaremos en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
En turno de portavoces tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Rojo García.


El señor ROJO GARCIA: Señora Presidenta, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, sobre la bondad y la necesidad de incluir la margen izquierda dentro de los proyectos de política regional y de cohesión europea para el período 2000-2006, existe un amplio consenso dentro del País Vasco. Todas las fuerzas políticas y todas las instituciones siempre han apoyado sin cortapisas una potenciación de la política regional europea y todas las instituciones se han beneficiado en mayor o menor medida de la misma. Además, y con razones perfectamente objetivas, se ha venido argumentando desde las instituciones vascas la necesidad de ampliar el grado de cobertura para las zonas más desfavorecidas de Euskadi, especialmente la margen izquierda.
Señorías, la necesidad de establecer mecanismos de discriminación positiva hacia las zonas más desfavorecidas de una región es algo consustancial dentro de una estrategia de política regional y, sin embargo, cabe preguntarse qué se está haciendo en Euskadi en esta materia. Pedimos a Europa que favorezca determinadas zonas del País Vasco y no somos capaces de hacerlo con nuestras competencias y nuestros presupuestos.
Esta contradicción está restando muchos argumentos a la hora de defender nuestras posiciones en Europa. ¿Cómo somos capaces de pedir ayudas a la Comisión Europea para determinadas comarcas de Euskadi cuando de forma interna no se hace el esfuerzo necesario para reducir los déficit en estas comarcas? ¿En qué ha quedado el acuerdo interinstitucional entre todas las administraciones para la revitalización industrial de la margen del Nervión, aprobado el día 17 de febrero de 1997 sobre proyectos concretos? Yo se lo diré: en una declaración de intenciones, en nada.
La lógica nos dice que si creemos en la política regional europea y la defendemos, con más razón debiéramos ser capaces de desarrollar una estrategia de política regional, en primer lugar, dentro de su propio ámbito. Sin embargo, nunca se ha producido un programa de actuación integral y decidido donde se hayan dedicado recursos económicos adicionales para corregir los desequilibrios que padecen las zonas más desfavorecidas de Euskadi. Ni el Plan Europa 93, ni el Fondo para la rentabilización económica y del empleo, ni el Plan de infraestructuras de Euskadi XXI, se han traducido en actuaciones concluyentes, de cara a corregir los serios desequilibrios territoriales y sociales que todavía perviven en la Comunidad Autónoma. Más aún, las diferencias territoriales han aumentado en los últimos años. Las comarcas mejor situadas han crecido más de la media y presentan mejores niveles de calidad de vida, mientras que las que presentaban mayores síntomas de declive se han alejado paulatinamente de los estándares medios de la Comunidad Autónoma.
Por ello, en el umbral del siglo XXI resulta obligado impulsar una decidida política regional, dotando para ello los medios humanos y económicos que resulten necesarios para conseguir un paulatino acercamiento de las comarcas menos favorecidas hacia los niveles de equipamientos, infraestructuras, crecimiento económico y de empleo, en definitiva, de calidad de vida para el conjunto del País Vasco.
Pues bien, para conseguirlo, resulta necesario que se establezcan las bases con el fin de elaborar y desarrollar un plan interinstitucional para la revitalización de áreas territoriales en declive, como el caso que nos ocupa, estableciendo los criterios básicos que deben guiar las políticas públicas en favor de las citadas zonas.
El acuerdo interinstitucional debiera configurarse sobre una base de imputación presupuestaria, con partidas adicionales, perfectamente identificadas, dentro de los presupuestos generales de cada institución.
Asimismo, las asignaciones presupuestarias se debieran presentar, dentro de la programación europea, para su cofinanciación por parte de los fondos estructurales comunitarios.
Señoría, si escogiésemos como referente la metodología comunitaria, veríamos que cabe incluir la margen izquierda dentro de esta estrategia, dada la identidad de su problemática, y por ser esta zona la que ha sufrido en los últimos años un constatable descenso de su empleo, derivado de la crisis industrial, presentando para ello altas tasas de paro y un peso de empleo industrial superior a la media.
Son estas razones las que hacen que tengamos que trabajar en el establecimiento de políticas en favor de este tipo de zonas, con compromisos serios, donde las administraciones públicas desarrollen sus políticas en función de

Página 5744


sus prioridades programáticas y de sus compromisos presupuestarios. Por tanto, cualquier actuación en favor de las zonas en declive tiene que conllevar una voluntad de carácter político, unida a una disponibilidad presupuestaria para llevarla a efecto. Esto, que resulta obvio, constituye el referente fundamental a la hora de activar un plan para la revitalización de áreas en declive.
Respecto al ámbito político, no creo que ninguna institución pública niegue la necesidad de impulsar una iniciativa de estas características.
El problema se centra, por tanto, en los aspectos presupuestarios sobre proyectos concretos. En este ámbito, resultaría necesario comprometer a todas las instituciones para establecer un marco general de actuación, un campo de juego de las políticas a desarrollar en la margen izquierda, lo que en términos comunitarios se llama marco de apoyo comunitario, donde se establecen las grandes políticas que se van a desplegar en la zona o zonas, así como la envolvente financiera para llevarlas a efecto. En este sentido, resultaría conveniente que dicho compromiso coincidiera con la programación europea, es decir, con los seis años.
Concluyo, señorías, manifestando que son tiempos de compromisos firmes para una zona como la margen izquierda, con tantas dificultades como consecuencia de la crisis industrial, pero esto debería llevarnos también al compromiso con otras zonas de España, como Teruel, que está en situación similar o peor que la margen izquierda.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Pastor Parres.


La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular, la revitalización de la margen izquierda de la ría del Nervión tiene una importancia extraordinaria, y así lo está demostrando el Gobierno de nuestro partido con los recursos ya destinados a este objetivo y con su colaboración con el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de la zona.
Ahora, el Partido Nacionalista Vasco pide que la comarca de la margen izquierda sea considerada como Objetivo I, pero el nuevo reglamento no va a contemplar excepciones. El criterio de selección de regiones que pueden ser Objetivo I, en la propuesta de nuevo reglamento, es que sean elegibles regiones a nivel NUTS II, de la nomenclatura europea de unidades territoriales estadísticas, cuyo producto interior bruto por habitante sea inferior al 75 por ciento de la media comunitaria que, en nuestro caso, coincide con las Comunidades Autónomas. Este criterio ya fue aceptado por España para la selección de zonas Objetivo I en los períodos anteriores, y se aceptó porque era beneficioso. Prueba de ello es que España ha sido el primer perceptor de fondos estructurales asignados al Objetivo I, y hay muchas probabilidades de que, si se aplica el criterio propuesto por la Comisión, España sea también la principal beneficiaria de estos recursos en el próximo período.
El actual Reglamento establece que algunos territorios europeos, que algunas comarcas que no respondían estrictamente al criterio de elegibilidad, sean declarados elegibles de forma excepcional. Pero la propuesta de nuevo Reglamento cambia el procedimiento, y se atribuye a la Comisión la competencia para establecer la lista de las regiones elegibles, lo cual supone que no va a haber posibilidad de contemplar situaciones de excepción, y ningún Estado miembro ha cuestionado que sea la Comisión la que elabore la lista de regiones europeas beneficiadas por el criterio propuesto. Por eso, las posibilidades de que se introduzcan situaciones de excepcionalidad en la lista de regiones Objetivo I para el período 2000-2006 son prácticamente inexistentes.
Por otra parte, también ocurre que el País Vasco, que no es Objetivo I, sino Objetivo II, ha recibido en el período 1986-1996 un montante parecido al que han recibido algunas Comunidades Autónomas que están en Objetivo I, como Valencia y Cantabria, que percibieron poco más.
Por otro lado, nosotros creemos que existen otras posibilidades más eficaces para aumentar la intensidad de los fondos estructurales en una zona como la margen izquierda. El Gobierno vasco tiene en su mano el manejo de los fondos FEDER, y hasta ahora no los ha empleado de forma prioritaria en la margen izquierda. Hasta la fecha, han dado prioridad a zonas de Alava y de Guipúzcoa, y no se le ha concedido a esta margen izquierda, que es una de las comarcas más desfavorecidas de la Comunidad Autónoma Vasca.
Asimismo, en el año 1994 había la posibilidad de establecer excepciones cuando era el Consejo el que determinaba el Objetivo I en Europa. Yo me pregunto por qué no se exigió entonces al Gobierno que pidiera la excepción para la margen izquierda, igual que el Gobierno la pidió para otras comarcas españolas. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco era socio, en el Gobierno vasco, del Partido Socialista, y éste ejercía el gobierno de España. ¿Por qué, en cambio, lo piden ahora, cuando el Reglamento no va a prever excepciones? De todas maneras, nuestro Grupo apoya al Gobierno en su intención de defender que todas las zonas españolas, provincias, comarcas, municipios, que tengan un producto interior bruto por habitante inferior al 75 por ciento de la Unión Europea, se beneficien con la excepcionalidad, si es que se establecen excepciones, aunque con el nuevo Reglamento no es viable proponer dichas situaciones, pero si se prevén, se va a hacer.
Después del acuerdo interinstitucional de 1997, los alcaldes de la margen izquierda tenían que mover los planes urbanísticos para poder poner industrias, y estos planes urbanísticos están todavía por hacer. Las empresas que se han instalado están en precario. Muchas, como la ACB, empezaron a funcionar sin licencia, y pudieron hacerlo porque eran empresas públicas. En Baracaldo, por ejemplo, no hay casi espacio para instalar una industria, sólo quedan unos pocos metros cuadrados en los antiguos Altos Hornos de Vizcaya y en el área industrial, que es empresa estatal, y son ellos quienes están urbanizando.


Página 5745


Para terminar, deseo manifestar que el Grupo Parlamentario Popular cree que las defensas se demuestran con hechos y no con palabras. Aquí se ha demostrado la prioridad que ha establecido el Gobierno de España con la margen izquierda, puesto que ya ha invertido 25.000 millones de pesetas.
¿Qué ha puesto el Gobierno vasco? No lo sé. Hay que convencerle para que conceda a la margen izquierda la misma prioridad que le ha otorgado el Gobierno de España. Como no conseguimos nada es creando falsas expectativas en la zona, con peticiones que son irreales, y lo son porque el Reglamento no las establece. Lo real sería que el Gobierno vasco igualase los fondos que ha puesto el Gobierno central en esa comarca, y con eso avanzaríamos mucho. Además, no tengo ninguna duda de que los ciudadanos de la margen izquierda saben bien lo que ha puesto cada uno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


--DE D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DESARROLLO ACTUAL DE LA ACTUACION CONOCIDA COMO OPERACION CHAMARTIN, CUYO OBJETIVO URBANISTICO ERA EL DESARROLLO DE LOS SUELOS DE LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE) EN LA PROLONGACION DEL PASEO DE LA CASTELLANA DE MADRID (670/000124).


La señora PRESIDENTA: Interpelación de don Juan Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo actual de la operación conocida como Operación Chamartín, cuyo objetivo urbanístico era el desarrollo de los suelos de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la prolongación del Paseo de la Castellana de Madrid.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo por un tiempo de 15 minutos.


El señor BARRANCO GALLARDO: Señora Presidenta, señorías.
La interpelación que nos trae aquí en el día de hoy es una actuación urbanística conocida como Proyecto Chamartín o Prolongación de la Castellana, según el Plan General de Ordenación Urbana, que se inicia por RENFE con doña Mercè Sala de Presidenta de esta empresa y siendo Ministro el señor Borrell.
Para la puesta en marcha de esta operación se elaboran unas bases para la realización de un concurso público de carácter internacional. A este concurso público se presentan los grupos financieros, constructores e inmobiliarios más importantes del Estado español. Se resolvió la adjudicación en favor de la oferta que lideraba Argentaria, concretamente el 28 de octubre de 1993. Sobre esta adjudicación de octubre de 1993 no se produjo ni impugnación ni controversia. La adjudicación se realiza sobre un ámbito de 625.000 metros cuadrados, es decir, lo que se denomina recinto ferroviario de la estación Chamartín, siendo además entonces, cuando se adjudica este concurso, Argentaria una empresa pública, como sus señorías recordarán.
Los objetivos de este concurso público, de este concurso internacional, eran modernizar las instalaciones ferroviarias de la estación Chamartín, mejorar la integración urbana del recinto ferroviario --eso que los técnicos llaman suturar las heridas urbanas-- y defender los intereses públicos.
En julio de 1994 se otorga en escritura pública el documento de adjudicación, suscrito por los entonces responsables de la Compañía RENFE y de la sociedad participada de Argentaria constituida al efecto, sociedad denominada Desarrollo Urbanístico de Chamartín, Sociedad Anónima (DUCH, S. A.), que tiene un objetivo único, que se constituye única y exclusivamente para esta operación urbanística de la estación de Chamartín y que, por lo tanto, tiene prohibido cualquier otra operación urbanística fuera de ese objetivo único y fuera de ese ámbito.
Pues bien, este documento de adjudicación contiene todo el haz de relaciones y compromisos entre las partes y constituye todavía al día de hoy el único título válido que relaciona a esta sociedad DUCH con RENFE; empresa que, por cierto, sigue siendo pública --me refiero a RENFE-- pero no es el caso de Argentaria, de la ganadora del concurso, que en 1996 pasa a ser una empresa privada. Esta sociedad, DUCH, con objetivo único y hoy día totalmente privada, es la que tiene esa relación en función de ese documento de adjudicación con la Compañía RENFE.
Este documento de adjudicación, válido, a nuestro juicio, en el día de hoy en todos sus términos, estableció, entre otras consideraciones, unas cláusulas suspensivas. Una de ellas es la que está contenida en la cláusula cuadragésima, concretamente en el apartado dos, que establecía la obligación por parte de DUCH, S. A., de obtener de las Administraciones Públicas un aprovechamiento urbanístico o una edificabilidad de 870.000 metros cuadrados en dos años. Pues bien, DUCH, S. A., incumplió clarísimamente esta cláusula suspensiva.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 1996 y por la Comunidad de Madrid en abril de 1997, fijaba para esta operación urbanística un 0,6 de edificabilidad, es decir, 372.000 metros cuadrados aproximadamente, como ustedes pueden comprobar, muy lejos del compromiso de DUCH y de las condiciones de la cláusula suspensiva.
Este hecho, por sí mismo, tiene la suficiente gravedad como para poder establecer inmediatamente la resolución y la liquidación del acuerdo al día siguiente de haber sido aprobado el Plan General de Ordenación Urbana en el Ayuntamiento de Madrid o en abril de 1997 por la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, no sólo han dejado de aplicar la cláusula suspensiva y, por lo tanto, liquidado la relación, sino que, usted, señor Ministro, y ustedes, señores del Gobierno, en lugar de cancelar por incumplimiento de obligaciones esos acuerdos, le han regalado 1.300.000 metros cuadrados a la empresa que flagrantemente

Página 5746


ha incumplido sus compromisos de plazos y de aprovechamiento urbanístico.
La penalización a la que ustedes someten a esa empresa privada, por incumplimiento de sus responsabilidades, es la de regalarle 1.300.000 metros cuadrados, al margen del concurso público del año 1993. Y así es.
Si ustedes repasan los documentos y las fechas, verán que los responsables de RENFE y de DUCH acuerdan en marzo de 1997, y ratifican posteriormente en abril de ese mismo año, un nuevo documento denominado «Adecuación de la Adjudicación». De los 625.000 metros cuadrados del concurso se pasa, en función de este acuerdo, a 1.925.000 metros cuadrados; 1.300.000 metros cuadrados adicionales que ya abarcan el ámbito contiguo del distrito de Fuencarral y que no deja solamente circunscrito el ámbito a la estación de Chamartín.
Con ese documento de adecuación de la adjudicación RENFE consigue 5.000 millones de pesetas, pero, a cambio, rebaja su porcentaje sobre los beneficios obtenidos por DUCH, Sociedad Anónima, por venta de pisos y locales de un 53 por ciento a un 20 por ciento. Eso sí, consigue colocar a dos altos cargos de RENFE en el Consejo de Administración de una empresa privada como es DUCH, Sociedad Anónima.
A estas alturas de la narración de los hechos sus señorías se preguntarán qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿Cómo es posible que una empresa que gana un concurso de 600.000 metros, que incumple las cláusulas suspensivas, en lugar de obtener la rescisión de su contrato obtiene un regalo de 1.300.000 metros cuadrados más? ¿Qué explicación tiene esta actitud desde el punto de vista de la defensa de los intereses públicos de esta ciudad o del Gobierno? Una de las explicaciones es la siguiente. Ante la complejidad de la operación y ante los fracasos de esta compañía, DUCH, para obtener los índices de edificabilidad a los que se había comprometido, tiene la idea --y la pone en práctica-- de contratar a un abogado, a un letrado, que se llama don Ricardo Egea, que debe ser muy buen abogado. Ya saben ustedes lo que dice el refrán: si tienes problemas búscate un abogado, tendrás más problemas, pero tendrás abogado. En este caso no ocurre así; en este caso parece ser que la contratación de ese buen letrado allana todos los caminos y en sucesivas reuniones consigue que las administraciones públicas vayan cambiando su actitud, incluso consigue que el Presidente de RENFE, que quería cancelar esta operación, que no la veía clara desde que se hizo cargo de esa Presidencia, al final, se avenga a las razones que se le dan desde otros ámbitos, y concretamente desde el ámbito del Ministerio de Fomento, y llegue también a este acuerdo que propicia el regalo de 1.300.000 metros cuadrados más.
Estamos hablando, señoras y señores Senadores, de una operación urbanística con un volumen de negocio cercano a los 500.000 millones de pesetas, y a estas alturas de esta operación nosotros nos preguntamos dónde está el control público de la misma. Quizá el señor Ministro me pueda responder que existe un consorcio de tutela, pero ese consorcio de tutela es precisamente el que ha permitido --y quizá en algunos casos alentado-- todos los desastres que han ocurrido hasta ahora. Es decir, ese consorcio de tutela ha demostrado ya su incapacidad para defender los intereses públicos de las Administraciones madrileñas y del Estado.
Nos preguntamos también dónde están los beneficios para los madrileños en esta operación. ¿Qué beneficios, en términos de equipamientos públicos, obtiene la ciudad de Madrid? Porque todas esas plusvalías, ese volumen de negocio de 500.000 millones de pesetas no debemos olvidar que se genera por la ciudad de Madrid y, por tanto, por sus habitantes. ¿En qué se benefician los tres millones de habitantes de la ciudad de Madrid en toda esta operación? ¿Dónde están, en términos de beneficios sociales, las plusvalías que genera la Operación Chamartín para los madrileños? Es evidente que a estas alturas la actuación de las Administraciones Públicas gobernadas por el Partido Popular --Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Autónoma y Gobierno, en particular la suya, señor Ministro-- ha dejado esta importante operación urbanística, no ya en manos de la iniciativa privada, sino en la pura especulación inmobiliaria o «inmobiliosa» --que diría un amigo mío-- sin ningún tipo de control público y pervirtiendo todos los intereses legítimos de la concepción original de esta operación y de su concurso internacional. Por eso nos gustaría que nos diera usted respuesta a las cuestiones que le estamos planteando aquí, en defensa de los intereses de los ciudadanos madrileños.
En los últimos años, las Administraciones gobernadas por el Partido Popular solamente han producido desacuerdos, confrontaciones, descalificaciones, fundamentalmente entre el Gobierno del señor Ruiz-Gallardón y el Gobierno del señor Alvarez del Manzano. Esta carpeta que traigo aquí está llena de resúmenes de prensa, cientos de páginas de la Operación Chamartín, que lo único que ha producido hasta ahora, lo único, han sido enfrentamientos entre dos equipos de Gobierno del mismo partido, del Partido Popular. Por cierto, la última hoy mismo, donde se anuncia un nuevo traspiés de la Operación Chamartín, ya que el Ayuntamiento de Madrid se va a oponer, según ha declarado su Alcalde, a regalar las cocheras, es decir, 15.000 millones de pesetas, como pretendía obtener gratis la compañía Argentaria, es decir, DUCH. Esta es la última que se ha producido dentro de este largo proceso que, por cierto, no es la única noticia que le afecta, señor Ministro. También el Defensor del Pueblo se ha acordado de usted en el día de hoy, ya que arremete contra Fomento por la ampliación de Barajas. Espero que hoy no haya sido el día que ha elegido usted para dejar de fumar, a la vista de lo que está ocurriendo en el transcurso de esta sesión parlamentaria.
En definitiva, nosotros pensamos que una operación que nació con buenas intenciones y con garantía de defensa de los intereses públicos de la ciudad de Madrid se ha convertido en algo absolutamente irreconocible, y ustedes deberían modificar sus actitudes, no solamente cambiando esa actitud de confrontación de sus gobiernos por una mucho más positiva y coordinada, sino en el sentido de dejar de defender los intereses privados de Argentaria

Página 5747


para acordarse, aunque solamente sea de vez en cuando, de los intereses públicos de la ciudad de Madrid.
Nada más, señora Presidenta; muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
No sé si corresponde a esta Cámara controlar la actuación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, me temo que no. De la misma manera que el señor Barranco recuerda que en la representación legítima de los respectivos ciudadanos e intereses el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid mantienen a veces posturas discrepantes, podría traerles un dossier igualmente voluminoso sobre las discrepancias que en su día tuvieron el señor Barranco y el señor Leguina. Pero ni siquiera cuando estaba en la oposición se me ocurrió hacer ese tipo de actuación.
Por consiguiente, señoría no acuse a las Administraciones Públicas, que no deben ser controladas por esta Cámara, de tener discrepancias. Nada hay más lógico que en un momento dado puedan existir discrepancias entre un Ayuntamiento y una Comunidad Autónoma. Además, señoría, creo que el control de esta Cámara debe referirse a la acción del Gobierno; yo respondo de la actuación del Gobierno en la Operación Chamartín, y a eso es a lo que me voy a referir.
Su señoría ha hecho un repaso de los antecedentes y ha hablado de la convocatoria de un concurso internacional para gestionar los intereses ferroviarios que se desprendían de un ámbito territorial perteneciente a RENFE, empresa pública. Ha puesto de relieve que la adjudicación de ese concurso internacional al que se presentaron muchas empresas privadas fue finalmente adjudicado a Argentaria; y ha hecho especial hincapié en que por aquel entonces Argentaria era una empresa pública.
Señoría, el concurso que ustedes convocaron, en caso de que fuera transparente y honesto, tenía por objeto gestionar privadamente los intereses que se desprenden de unos terrenos pertenecientes a RENFE.
Porque caben dos posibilidades: que estuviera predeterminado el concurso para que la adjudicataria fuera Argentaria o que hubiera recaído en cualquier grupo privado, con lo cual estaríamos en presencia de una gestión privada de esos intereses. Señoría, su planteamiento era exactamente igual al que está actualmente en vigor: se iba a la gestión privada de los intereses de los terrenos de RENFE. Gestión privada absolutamente compatible con una defensa correcta de los intereses públicos y generales, como voy a tratar de demostrar.
Pero además, señoría, cuando se adjudica el concurso a Argentaria, que es un banco con mayoría de capital público, resulta que la empresa ya aparece en la lista de privatizaciones que va a emprender el Gobierno socialista. Por tanto, se pretende adjudicar la gestión de los terrenos de RENFE a una empresa privada, bien sea porque iba a ser privatizada, caso de Argentaria, bien porque la concesión podría haber sido adjudicada a cualquier empresa privada de las que se presentaron al concurso.
Pero no vamos a incurrir nosotros, como hacen ustedes, en el maniqueísmo habitual y afirmar que las privatizaciones que hacen ustedes son buenas mientras que las que hacen los demás gobiernos son malas. Señorías, hoy todos los gobiernos del mundo, incluidos los socialistas, han iniciado procesos de privatización porque está altamente demostrado que para la administración y gestión de determinados intereses las técnicas privadas de gestión son mucho más eficientes, y precisamente en razón de la eficiencia se desprende una mejor defensa de los intereses generales.
Quisiera añadir algunos datos al repaso que ha hecho su señoría, porque se limita a hacer una relación cronológica de los acontecimientos en función del interés de su exposición y se ha dejado cosas por decir.
Señoría, se ha producido lo que jurídicamente se llama una novación de la concesión. Novación de la concesión que está informada favorablemente por los servicios jurídicos del Estado, y tengo a disposición de su señoría la legalidad absoluta de toda la operación y, por tanto, la adecuación a Derecho de la novación de la concesión.
Pero voy a remontarme a abril del año 1994. El documento de adjudicación entre RENFE y DUCH establece un modelo de gestión a seguir en el proceso de desarrollo del proyecto, crea unos órganos de control y coordinación entre las partes y concreta las contraprestaciones para RENFE, aspecto al que me voy a referir porque es la parte de la que es responsable el Ministerio de Fomento.
En diciembre de 1996, ya con el gobierno del Partido Popular, se produce la aprobación provisional por el Ayuntamiento de Madrid del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En ese Plan se establecen dos áreas de actuación: una como área de planeamiento específico, el Area APO5-27, con 7 hectáreas, y otra como área de planeamiento remitido, con 305 hectáreas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) En marzo de 1997 se firma entre RENFE y la adjudicataria DUCH un documento de adecuación --al que usted se ha referido-- del de adjudicación firmado en 1994, con el fin de adaptar el ámbito de actuación al establecido en el Plan General como prolongación del Paseo de la Castellana; es decir, se va a producir la novación de la concesión justamente como consecuencia del nuevo Plan General aprobado ya con carácter provisional por el Ayuntamiento de Madrid.
En abril de 1997 se produce la aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El APO5-27 no sufre modificaciones, pero el APRO-803 establece --modifica la posición originaria del Ayuntamiento-- la obligatoriedad de firmar un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento que establezca los parámetros urbanísticos y las bases de planeamiento.
Por lo tanto, es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Madrid y modificado en el momento de su aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid, lo que obliga, en cualquier caso, a una novación de la concesión. No es una novación de la concesión emprendida a iniciativa de una de las dos partes, es una novación de la concesión que se tiene

Página 5748


que producir como consecuencia del cambio de criterio que se introduce en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
En junio de 1997 se constituye el consorcio urbanístico --seguimos en el terreno de las consecuencias del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid-- entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. A este consorcio se le asigna como objeto la supervisión y tutela de la gestión y desarrollo de la citada operación urbanística. Para ello, entre sus funciones --señoría, éstas son las funciones que considero hay que relacionar ante la Cámara, porque sería injusto omitir la naturaleza de este consorcio y las importantísimas atribuciones que tiene para la defensa del interés público-- debe definir los criterios generales para la gestión urbanística; coordinar y tutelar el desarrollo de las actuaciones; impulsar la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para su desarrollo; salvaguardar los objetivos de interés general derivados de las previsiones de la ordenación del territorio y de las necesidades de mejora del transporte. Además, se prevé la incorporación al consorcio tanto de RENFE como de la Sociedad Anónima DUCH y al mismo tiempo se concibe un órgano de gestión del consorcio, que es el Consejo Rector quien, a su vez, designará un gerente. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) En noviembre de 1997 se constituye el Consejo Rector y en enero de 1998 se le encarga a éste realizar una evaluación de las cargas que deberá afrontar el desarrollo de la operación.
Señoría, en julio de 1998 se presenta al Consejo Rector del Consorcio Urbanístico una evaluación económica de las cargas urbanísticas. Se establecen nada más y nada menos que unas cargas urbanísticas de 149.000 millones de pesetas.
Conoce su señoría --lo ha omitido-- que en esas cargas se incluyen: el nudo norte, es decir, el cruce del Paseo de la Castellana con la M-30; la prolongación del Paseo de la Castellana hasta la M-40; el nudo de la M-40 conexión este-oeste sobre las instalaciones ferroviarias de Fuencarral; la cubrición de las vías de la estación de Chamartín; la nueva estación de Chamartín, etcétera.
En octubre de 1998 se presenta al Consejo Rector un estudio económico-financiero de la operación global, con el establecimiento de distintos escenarios de la edificabilidad posible y de las volumetrías que de las mismas se derivan, algo que todavía no está definitivamente fijado, como conoce su señoría. Sin embargo, hay un acuerdo en el seno del Consorcio para ir a lo que se ha denominado la edificabilidad suave, y en su momento se fijará el índice exacto de edificabilidad que se va a permitir en el conjunto de la Operación Chamartín.
Entre noviembre de 1998 y febrero de 1999 se hace un análisis y evaluación por las Administraciones presentes en el Consejo Rector del Consorcio del estudio económico-financiero, a fin de poder llegar a una decisión que permita el desarrollo de la ciudad de Madrid hacia el norte, asegurando la ejecución de todas las infraestructuras que se han estimado necesarias sin aportación económica de las Administraciones. Quiere ello decir, señoría, que todas las infraestructuras que le voy a relacionar se van a realizar sin coste alguno para las Administraciones Públicas, justamente en concepto de cargas urbanísticas. Las plusvalías generadas, señoría, en su mayoría pasan a la Comunidad mediante las cargas urbanísticas.
Naturalmente, cuando hablamos de cifras, éstas en abstracto no tienen ningún sentido si no somos capaces de fijar unos criterios de valoración, que solamente pueden ser comparativos con otras actuaciones urbanísticas.
Yo le voy a poner el ejemplo para que se vea hasta qué punto van a resultar beneficiados los ciudadanos de Madrid con la Operación Chamartín. Yo querría acudir a los criterios que inspiran los PAUs del norte de Madrid, que sería un punto de referencia válido puesto que es en esa zona donde se va a desarrollar la gran Operación Chamartín y, por tanto, donde los ciudadanos de Madrid van a obtener un conjunto de beneficios verdaderamente tangibles. Pues bien, en los PAUs del norte de Madrid, que usted sin duda conoce, actuando sobre una superficie de diez millones de metros cuadrados, más de tres veces la superficie de la denominada Operación Chamartín, se soportan unas cargas urbanísticas de 80.000 millones de pesetas, la mitad de las soportadas por la Operación Chamartín, con un índice de edificabilidad del 0,45 por ciento. Es decir, señoría, simplemente con este criterio comparativo de valoración, estamos en presencia de una operación de transformación de toda la corona norte de Madrid, con unos grandes beneficios para los ciudadanos y para la propia ciudad de Madrid, que implica para ellos recibir infraestructuras gratuitas por un valor de 149.000 millones de pesetas en concepto de cargas urbanísticas.
Pues bien, señoría, si pasamos de analizar la valoración que se puede hacer desde el punto de vista de los beneficios que obtiene la Comunidad Autónoma de Madrid de la Operación Chamartín a lo que es estrictamente la responsabilidad del Ministerio, querría distinguir dos aspectos: la tutela de RENFE, que corresponde al Ministerio de Fomento, y la responsabilidad de las infraestructuras que se van a realizar en la Operación Chamartín, que también van a ser responsabilidad del Ministerio de Fomento.
Señoría, de la concesión que ustedes otorgaron, el Convenio entre RENFE y DUCH-Argentaria, a la novación de la concesión que se ha producido después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, van las siguientes diferencias: en primer término, le voy a decir lo que RENFE, que es una empresa pública, recibe y no recibía en la concesión que ustedes gestaron. Percibe un canon fijo constituido por obras de mejora de las instalaciones ferroviarias actuales e infraestructuras urbanísticas por importe de 22.630 millones de pesetas. Recibe como canon variable una participación en los beneficios de DUCH, que se invierte íntegramente en las infraestructuras ferroviarias del AVE, pero con la siguiente singularidad: que el porcentaje de participación en los beneficios de DUCH por parte de RENFE será tanto mayor --es un porcentaje, por tanto, creciente, no fijo-- cuanto mayores sean los beneficios de DUCH. Es un porcentaje que va creciendo desde el 20 hasta más del 50 por ciento en función de la cuantía de los beneficios que obtenga DUCH.


Página 5749


RENFE recibe también, señoría, un nuevo edificio de oficinas de 22.000 metros cuadrados, con características tasadas y un coste de construcción de 2.640 millones de pesetas. Continúo, señoría, porque nada de esto estaba previsto en su concesión y sí en la actual. RENFE recibe 15.000 metros cuadrados construidos adicionales de uso comercial en el área colindante a la estación si el planeamiento lo permite --y lo permite--.
RENFE recibe también el derecho a percibir 60.000 metros cuadrados de edificabilidad de aprovechamiento lucrativo dentro del PERI. Y, finalmente, señoría, RENFE recibe también derecho a explotar la totalidad de las áreas comerciales dentro del contenedor de la estación actual y futura.
Señoría, todo esto es lo que recibe RENFE. Si eso es o no protección de los intereses públicos creo que no requiere mayor comentario. En la concesión que ustedes adjudicaron, RENFE no recibía ninguno de estos beneficios que acabo de citar.
Y voy a referirme ahora, señoría, a las infraestructuras, de las que también resulta responsable y beneficiario, desde el punto de vista de los intereses ministeriales, el Ministerio de Fomento, pero en beneficio todo ello del interés general y de los ciudadanos madrileños.
La actuación del Ministerio de Fomento en el seno del consorcio, señoría, ha sido, como no podía ser de otra manera, la de asegurar que los trabajos que se van a desarrollar en la ejecución de la Operación Chamartín tengan en cuenta las infraestructuras y que éstas respondan a los objetivos y funciones que tienen justamente asignadas por su carácter de infraestructura de interés general, así como recabar en el seno del consorcio --como finalmente ha obtenido-- la competencia de la dirección técnica de los proyectos de construcción.
Señoría, el Ministerio de Fomento va a realizar los proyectos y la ejecución de las obras de dos grandes infraestructuras sin coste alguno para el Ministerio de Fomento --insisto en ello--, por valor de 14.000 millones de pesetas. Y su señoría conoce la conexión entre Castellana y la M-30, el llamado nudo norte, y la conexión entre Castellana y la M-40, conocida como enlace de Fuencarral. 14.000 millones de pesetas, absolutamente gratuitos, con cargo a las cargas urbanísticas de la operación, solamente desde la perspectiva del Ministerio de Fomento, señoría, creo que es un buen resultado, como es muy buen resultado para RENFE el que le acabo de leer, nada menos que referidos en seis renglones, que no estaban previstos --insisto en ello-- en la concesión originaria y que sí se incluyen como consecuencia de la nueva negociación a que da lugar la novación de la concesión por cambio del plan de ordenación urbanística.
Y, señoría, tengo a su disposición la relación de infraestructura, que suman 149.000 millones de pesetas, en beneficio de los ciudadanos, que soporta la Operación Chamartín. Y le leo, específicamente, lo siguiente: Responsabilidad del Ministerio de Fomento: Nudo norte, Castellana/M-30, 10.000 millones de pesetas. Nudo Fuencarral, Castellana/M-40, 4.000 millones de pesetas. Estación de Chamartín, 20.000 millones de pesetas.
Afecciones y mejoras de instalaciones ferroviarias, 8.000 millones de pesetas. Es decir, señoría, el Ministerio de Fomento obtiene 42.000 millones de pesetas de la Operación Chamartín.
Las otras infraestructuras, que no responden a las competencias del Ministerio de Fomento, son: Prolongación de la Castellana, 3.000 millones de pesetas. Vías transversales, 10.000 millones de pesetas. Cubrición de las playas de vías, 28.000 millones de pesetas. Urbanización, 28.000 millones de pesetas. Cocheras de la EMT, 16.000 millones de pesetas.
Otras inversiones en infraestructura, 22.000 millones de pesetas. Este subtotal suma 107.000 millones de pesetas, que sumados, a su vez, a los 42.000 millones de pesetas que obtiene el Ministerio de Fomento hacen un total de 149.000 millones de pesetas.


La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, no se puede sostener, con un mínimo de rigor, que los ciudadanos de Madrid y las tres administraciones involucradas no obtienen unos beneficios más allá de lo que supone la reconfiguración de toda la corona norte de Madrid. No se puede sostener, insisto, que se diga que no obtienen un beneficio tangible, desde el momento en que se puede cifrar --eso está ya acordado, como su señoría sabe-- en 149.999 millones de pesetas en infraestructuras, que saldrán de la Operación Chamartín, sin coste alguno para las administraciones públicas.
Esta concepción, señoría, de la Operación Chamartín --lo digo con todo respeto-- es mucho mejor que la que hicieron ustedes. Ustedes, única y exclusivamente, se propusieron resolver un problema de infraestructuras ferroviarias y nosotros vamos a mejorar notablemente toda la corona norte de Madrid.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Barranco tiene la palabra.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta. Entiendo que éste es el turno de réplica y, al final, habrá un turno de portavoces. (Asentimiento.) Señor Ministro, le quiero dar las gracias por sus respuestas y por la contestación que me ha dado a las razones y a los datos que yo he expuesto, pero realmente lo que no se sostiene desde ningún punto de vista es la intervención que le han preparado a usted sus técnicos o asesores.
Hablaba usted de privatización. Yo no voy a introducir un debate de si hay privatizaciones buenas o malas. Eso se mide en función de los beneficios que se obtengan por el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, unas pueden ser buenas y otras pueden ser malas.
Aquí, concretamente, de lo que estamos hablando es de una privatización donde nosotros seguimos sin comprender y sin ver los beneficios que se obtienen desde el sector público, como ahora le demostraré. Las privatizaciones son compatibles con todo tipo de intereses, pero no con los intereses especulativos de una compañía que va a sacar de

Página 5750


la Operación Chamartín en torno a 250.000 millones de pesetas de beneficio, de un volumen total de negocio de 500.000 millones de pesetas.
No olvide usted que todos estos beneficios de los que estamos hablando --por eso le compete a usted y por eso le interpelo a usted-- se obtienen de un suelo que es público, sobre el que actúa una compañía privada. Ese suelo es de RENFE, por lo tanto, del Ministerio de Fomento y, por lo tanto, del Patrimonio del Estado. Sobre ese suelo y con el lápiz del Ayuntamiento de Madrid es sobre el que se está haciendo toda esta operación. Por consiguiente, lo primero que había que garantizar, por encima de los intereses de la compañía privada que tiene esa adjudicación, eran los intereses públicos que generan lógicamente toda esa serie de plusvalías.
Ha dicho usted al inicio de su intervención que me iba a dar unos documentos sobre la legalidad del proyecto y en el transcurso de la misma no le he oído volver a hablar de ellos. Sí me gustaría que me diera esos documentos que dice usted que tiene que amparan la legalidad de que una empresa privada que gana un concurso de 600.000 metros luego pase a tener 1.900.000. Cuando me dé esos informes, que dice usted que tiene, le ruego, si es usted tan amable, que me dé también los que hay del año 1995 del Secretario General Técnico de su Ministerio, donde decía que la ampliación del ámbito era ilegal. Hay dos informes, junto con ese que me dará, que supongo que es uno que encargaron a un letrado del Ministerio de Justicia, que vuelvo a repetir que le ruego que me los dé porque hasta ahora no se han facilitado por su Ministerio y me gustaría tenerlos.
Usted ha hablado del consorcio de tutela. Señor Ministro, el consorcio de tutela está totalmente desacreditado; no vale para nada; lo único que han hecho ha sido intercambiarse consejeros. Eso ni es consorcio ni es tutela. Es sencillamente un grupo de señores que se intercambian consejos de administración y que no velan por los intereses públicos, como diariamente se está demostrando permanente y palmariamente en los medios de comunicación.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el consorcio de tutela con la noticia a la que hoy ha dado lugar el señor Alvarez del Manzano referente a las cocheras de Chamartín, a los 15.000 millones de pesetas? ¿Dónde está en ese caso el consorcio de tutela? Cuando el señor Cortés, Consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, habla de doce rascacielos de veinte alturas, etcétera, ¿dónde está el consorcio de tutela? ¿Dónde están los que deben velar por los intereses públicos? Como he dicho, se están intercambiando consejos de administración, señor Ministro.
Habla usted de unas cargas urbanísticas --que yo no comparto-- de 149.000 millones de pesetas, pero esas cuentas se las han hecho en función del ámbito de los tres millones de metros cuadrados. Sin embargo, el DUCH no tiene esa extensión, sino una muchísimo menor; por tanto, pagará mucho menos. Así pues, le han hecho mal las cuentas a la hora de calcular los gastos de urbanización. Y teniendo en cuenta que el DUCH va a obtener unos beneficios entre 250.000 y 300.000 millones de pesetas, el que tenga unos costes pequeñísimos --mucho menores, de la mitad de los que usted ha dicho-- en lo que se refiere a urbanización tampoco es mucho pedir.
En un momento determinado de su intervención, señor Ministro, ha dicho usted que las plusvalías pasan a la Comunidad, y posteriormente también ha argumentado que RENFE va a obtener beneficios. Y a todo esto, ¿qué gana el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué pinta en toda esta operación? ¿Dice usted que las plusvalías pasan a la Comunidad? Pues ya le preguntaremos al señor Ruiz-Gallardón qué plusvalía son ésas y en qué se van a gastar.
En cuanto a los beneficios de RENFE, todos ellos están supeditados, porque ustedes han supeditado toda esta operación a los beneficios de Argentaria. Por tanto, RENFE ganará si Argentaria gana mucho más. Y si no gana Argentaria, no ganará RENFE y, por tanto, no ganarán los intereses públicos. Además, como ya he dicho, el Ayuntamiento de Madrid no aparece.
Pero le voy a decir algo que sus asesores no le han apuntado sobre lo que gana el Ayuntamiento de Madrid, que es el que hace posible toda esta operación recalificando y modificando un plan general anterior: un parque que cuesta 1.000 millones de pesetas. Eso es todo lo que gana el Ayuntamiento de Madrid --apúntelo usted-- en una operación de un volumen de negocios de 500.000 millones de pesetas.
Ha puesto usted un ejemplo que creo que no es muy acertado, si me permite decírselo. Ha hablado usted de los PAUs, aunque no sé si sabrá que están impugnados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que algunas de las últimas operaciones que se han hecho en torno a esos PAUs también están denunciadas ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pero ya que ha hablado usted de los PAUs, voy a seguir con ese discurso.
¿Sabe usted qué edificabilidad se concede en esos PAUs que usted ha utilizado de ejemplo? El 0,45 por ciento. ¿Y sabe lo que dice la prensa acerca de lo que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid le van a dar a Argentaria? El 0,85 por ciento. Y eso que es una operación pública magnífica; pero duplican ustedes la edificabilidad a una operación pública sobre la que tienen unos intereses privados. Así pues, cuando hable de PAUs entérese usted bien de todas sus consecuencias.
Y en cuanto a los beneficios de RENFE que usted ha citado, todos a los que usted se ha referido aquí ya estaban contemplados en el primer contrato de adjudicación. Las únicas variaciones que ha habido --y que ya he comentado en mi primera intervención-- se refieren a un aumento del canon, pero después se produce una disminución en los porcentajes, todos los cuales dependen de los beneficios que vaya obteniendo la operación para Argentaria.
Por tanto, señor Ministro, permítame que le diga que a estas alturas lo que está claro es que esta Operación Chamartín está en vía muerta, y que llevan ustedes tres años intentando complacer los requisitos y las reclamaciones de una empresa privada, sin que la operación arranque ni tenga visos de ser beneficiosa para la ciudad de Madrid.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


Página 5751


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Barranco, me gustaría que fuera usted capaz de concretar y especificar en qué consiste, en su opinión, la defensa de los intereses públicos. Si una inversión gratuita con cargo a una operación de 149.000 millones no es una buena defensa de los intereses públicos, insisto, tiene usted que concretar en qué consiste dicha defensa. Usted cuestiona todas las cifras que yo le doy y, sin embargo, con una ligereza, a mi juicio extraordinaria, lanza que los beneficios de Argentaria DUCH van a ser de 250.000 millones de pesetas y que el coste de toda la operación es de 500.000 millones de pesetas. Señoría, esas cifras no son las que a mí me constan, pero sí me consta, porque los servicios técnicos son muy rigurosos, la valoración de las infraestructuras que se van a realizar, la cual está hecha técnicamente y, por tanto, no es una valoración gratuita.
La Comunidad de Madrid, el pueblo de Madrid, obtiene 149.000 millones de pesetas. Dígame su valoración, y dígamelo con cifras y en beneficios concretos y especifique qué es para usted la defensa del interés público y del interés general.
Señoría, yo tengo a su disposición el informe de los servicios jurídicos del Estado, donde se establece claramente la legalidad de la novación que se hace en la concesión y se hace con arreglo a ese informe.
Yo no creo, señoría, que se deba descalificar con palabras gratuitas y sin ningún dato de apoyo al Consorcio, ni en el terreno de los principios, como Consorcio de supervisión y tutela, ni en el terreno de lo concreto, como actual Consorcio existente, con unos miembros perfectamente respetables y a los que no tiene sentido que usted acuse de no defender el interés público porque, una vez más, es una acusación gratuita. Tiene usted que fundamentarlo. Se está defendiendo el interés público y, además, somos capaces de concretarlo, valorarlo y cifrarlo, cosa que su señoría no ha sido capaz de hacer hasta ahora.
Insisto una vez más en que tampoco procede descalificar las cifras de inversiones. Le aseguro que si hay alguien con rigor para valorar unas inversiones en infraestructuras son los servicios del Ministerio de Fomento, que son enormemente competentes por la cuenta que les trae, ya que tienen que ejecutar presupuestos y lo hacen con una enorme eficacia.
He sido yo, señoría, quien le ha dicho que el índice de edificabilidad en los PAUs es del 0,45. Está en el «Diario de Sesiones». No me dé usted el dato. Lo que quiero decir es que si establece usted la debida proporción entre 0,45 y las cargas que se producen en los PAUs, la Operación Chamartín resulta altamente beneficiosa.
El índice de edificabilidad está por concretar. Espere, señoría, ya se concretará en su momento. No está decidido. Lo que sí le digo es que en ciudades como París y Londres, en zonas congestionadas dicho índice es del 2 y lo sabe su señoría, lo cual no significa que convenga establecer el 2, ni mucho menos, en todas las zonas de Madrid, pero no se puede uno rasgar las vestiduras por lo que ocurre urbanísticamente en las grandes capitales europeas, haciendo luego aquí unos pronunciamientos absolutamente carentes de todo fundamento porque estamos hablando de unas décimas más o menos en el índice de edificabilidad.
Reconozca usted, señoría, que estamos en el terreno de lo opinable y de lo discutible, y constituir o no un rascacielos forma también parte del terreno de lo discutible y de lo opinable y no es un dogma de fe si es bueno o malo edificar un rascacielos. Yo creo que estos temas forman parte del debate en el que, obviamente, están interesados los ciudadanos.
¿Son malas para Madrid, urbanísticamente hablando, las torres de la Plaza de Castilla? ¿Son un desastre? ¿Han constituido un fenómeno especulativo? ¿Hacen daño al ciudadano de Madrid? ¿Por qué esas torres pueden ser buenas y cualesquiera otras o rascacielos van a ser a priori malos? Señoría, yo creo que estas cosas no aguantan más que el debate de los hechos, el debate de lo concreto y el debate del rigor. Desde esa perspectiva yo puedo decirle que la operación Chamartín está planteada en su integridad con un extraordinario rigor: rigor financiero, rigor urbanístico y rigor técnico.
Quiero concluir comparando los beneficios que en la concesión que ustedes adjudicaron obtenía RENFE, con los beneficios que ahora obtiene RENFE con la novación de la concesión. En la concesión que ustedes adjudicaron no había nada de nada, ningún beneficio para RENFE. Todo lo que ustedes establecían era exactamente un canon fijo de 17.120 millones de pesetas, canon fijo que pasa en la nueva concesión a 22.630 millones de pesetas, pero, sobre todo, señoría, el canon variable tiene una extraordinaria importancia porque respecto a él ustedes asignaban el 53 por ciento de los beneficios antes del Impuesto sobre Sociedades con unas cargas máximas valoradas en 33.000 millones de pesetas. Es lo que decía su concesión, señoría. ¿Qué se dice ahora? Según el índice de aprovechamiento se establece el 20 por ciento de los beneficios después de impuestos, no antes, con unas cargas máximas valoradas en 64.000 millones de pesetas, exactamente el doble, si el índice de edificabilidad o de aprovechamiento fuera del 0,6. Pero ese 50 por ciento de los beneficios, después de impuestos, señoría, y un aumento proporcional de las cargas urbanísticas, siempre que el índice de aprovechamiento llegara a alcanzar el 0,8 por ciento. Y el índice de edificabilidad se va a mover entre el 0,6 inicial, probablemente, y el 0,8, al que me acabo de referir, pero ni mucho menos está decidido que vaya a ser el 0,8.
Señoría, yo respetaré fundamentalmente el criterio de las otras administraciones públicas, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid porque no es competencia ni responsabilidad del Ministerio de Fomento tener, por así decirlo, una posición fija y dogmática sobre lo que debe ser el índice de edificabilidad. Como responsables de intereses generales procuraremos siempre el mayor beneficio de la ordenación urbanística de Madrid, como capital de España.
Señorías, después hay un nivel de aportaciones, de recursos propios de la adjudicataria que en su concesión estaban fijados en el 16 por ciento y en la nuestra en el 35 por ciento. Usted considera negativo que RENFE tenga dos consejos de administración en la Sociedad DUCH. Yo considero

Página 5752


altamente positivo que RENFE haya colocado dos consejeros en el consejo de administración de Duch porque es una forma de vigilar la gestión de Duch, Sociedad Anónima.
No tiene posibilidad de comparación. La concesión que ustedes hicieron estaba dirigida única y exclusivamente a resolver un pequeño problema de RENFE en el que ésta no obtenía prácticamente ningún beneficio. Ahora, se ha hecho una novación de la concesión que se ha convertido en una operación de desarrollo urbanístico de primera magnitud por la que va a resultar mejorada toda la corona Norte de Madrid y en la que RENFE obtiene beneficios tangibles muy superiores a los que ustedes previeron y por la que los ciudadanos madrileños obtienen una inversión en infraestructuras de 149.000 millones de pesetas.
Si fuera usted capaz de deducir de su concesión que el pueblo de Madrid va a lograr 149.000 millones de pesetas, estaríamos en igualdad de condiciones. Pero usted, en su concesión, no podrá llegar nunca a esa cifra. La nuestra es mucho mejor, con todos los respetos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, con la venia. Me ha pedido, señor Ministro, que le concrete en qué consiste mi afirmación cuando hablo de intereses públicos y lo voy a hacer con muchísimo gusto.
La defensa de los intereses públicos en una operación de la envergadura de la que estamos comentando, a mi juicio, consistiría en lo siguiente: Primero, en el modelo democrático de la gestión, porque esta operación de la que hablamos tiene un antecedente en Madrid que se llamó Pasillo Verde Ferroviario, donde se constituyó un consorcio, donde estaban presentes las tres administraciones y no solamente los representantes de los gobiernos del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad o de RENFE, sino que también estaban sentados en ese consorcio los concejales de su Partido. ¿Verdad que sí, señora Presidenta? (Asentimiento.) Para más señas, el señor Villoria se sentó en pie de igualdad en una operación de estas características. Esta es la primera diferencia.
La segunda diferencia es que ustedes en la Operación Chamartín van a hacer 15.000 viviendas. ¿Saben sus señorías cuántas de ellas van a ser de promoción pública? Ni una. De 15.000, ni una.
Señora Presidenta, usted recordará que en el Pasillo Verde Ferroviario un tercio de las viviendas eran de VPO. También considero intereses públicos hacer equipamientos culturales, equipamientos deportivos, etcétera, como también el que si la pieza principal, desde el punto de vista de las plusvalías de RENFE está en Chamartín, ¿por qué no jugar con esas plusvalías que genera la Operación Chamartín, en la parte más cara de la ciudad de Madrid, para solucionar problemas de heridas urbanas que existen en Villaverde, en Méndez Alvaro o en Entrevías en lugar de la política de parcheo que van a hacer ustedes y las cuatro perras que van a invertir? ¿Por qué no dedican una parte de esas plusvalías de la Operación Chamartín, de la zona más cara, a solucionar otros problemas de la ciudad? Como usted verá, tengo bastante claro lo que son los intereses públicos y, además, lo he practicado cuando he tenido responsabilidades de gobierno en esta ciudad. Me habla usted otra vez de los informes de legalidad. Le rogaría que me mandase esos informes maravillosos que tiene usted, donde alguien dice que pasar de 625.000 metros cuadrados a 1.300.000 metros cuadrados es legal y que está bien, y que no hay ningún reparo, y de paso que le vayan haciendo otro en el que nos digan que es legal que en un ámbito urbano donde el Partido Popular en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aplicado por el Plan General un 0,6, ahora lo van a pasar al 0,8 o al 0,9, y todo esto a mayor gloria de los accionistas de una empresa privada. Que ya de paso le hagan también ese informe para saber a qué atenernos, y si usted me da ese informe yo le prometo también que le daré dos que dicen justo lo contrario de lo que dice usted que afirma el que le hicieron en el Ministerio de Justicia.
Habla usted de los rascacielos de la Plaza de Castilla. Señoría, el tema del urbanismo es muy sencillo. Me decía un gran experto hace mucho tiempo que, en el fondo, consiste en decidir si la ciudad crece en vertical o en horizontal, depende de los gustos, pero ya que habla usted de la Plaza de Castilla le diré que la edificabilidad y calificación de esa zona por la antigua Comisaría del Ministerio de Transportes está concedida desde el año 1947. Se pagó un intercambiador de transportes, se pagó el túnel de la Plaza de Castilla y se hizo un parque, todo eso con unos señores que tenían derecho a esa edificabilidad desde el año 1947. ¡Imagínense ustedes ahora cuando en nuestro Plan de 1985 Chamartín tenía un ámbito ferroviario constituido solamente por vías, y con un lápiz lo convierten en viviendas de lujo y en oficinas, y sigue usted sin explicarme qué gana el Ayuntamiento y los ciudadanos de Madrid! Para terminar, le diré que me alegra que a usted le parezca bien que consejeros de una empresa pública como RENFE a la vez estén sentados en una compañía privada. Me imagino que se alegra usted y se alegrará la familia de los consejeros, pero el resto seguimos sin verle la gracia a que unos señores que se sientan a defender unos intereses públicos a través de la compañía RENFE estén sentados en una compañía privada, pero si usted lo ve así, viva el liberalismo y que cada uno lo vea a su manera.
Resumiendo, señora Presidenta, con su permiso, diré que la gestión de DUCH es pésima, igual que la de ustedes en los tres últimos años. Señor Ministro, en torno a esto se han producido numerosas impugnaciones en vía administrativa que supongo que usted conocerá, porque en su Ministerio hay algunas --a las que usted, por cierto, está aplicando la ley del silencio--, pero además de esas impugnaciones en vía administrativa debe saber usted también que hay denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que incluso hay alguna querella, y que las denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnando

Página 5753


la ampliación del ámbito están admitidas a trámite, y alguna querella también, y convendría a lo mejor que repasara eso, no vaya a ser que esta operación no solamente la paralicen ustedes por incapacidad de gestión y por incapacidad política, sino que a lo mejor se lo paralicen los tribunales.
Me gustaría que revisaran ustedes también que toda esta operación siguiera condicionada a los intereses de DUCH, así como que usted pudiera responder públicamente también a algo de lo que le han acusado a través de los medios de comunicación en agosto de 1997 y en noviembre de 1998.
Le han acusado de enterrar informes jurídicos que planteaban la ilegalidad de esta operación y de forzar acuerdos que no veían claros desde el Consejo de Administración de RENFE. Me gustaría que esto también, en aras de la transparencia de toda esta operación, se explicara y, en cualquier caso, señor Ministro y señores del Gobierno, ya anuncio que el Grupo Socialista del Senado interpondrá la correspondiente moción, como ya le he anunciado antes de mi intervención al señor Huete, y plantearemos que esta operación sea gestionada y desarrollada por un consorcio público con un modelo parecido al que se hizo en esta ciudad con el Pasillo Verde Ferroviario con participación y con responsabilidades de todas las fuerzas democráticas de esta ciudad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Huete.


El señor HUETE MORILLO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, permítanme una confidencia personal, que hago pública al subir a esta tribuna: me siento plenamente satisfecho por tres razones. Es un tema madrileño cien por cien. El debate es con el Senador Barranco, adversario político pero buen amigo, con quien tantas veces he mantenido enfrentamientos cordiales en los viejos tiempos municipales. Los dos nos conocemos bien, y les puedo garantizar que la sangre no llegará al río.
Yo no haré descalificaciones, que en el turno de preguntas de hoy han sido excesivas, pero le daré al señor Barranco un consejo de viejo amigo: Sosegaos, señor Barranco, sosegaos. La tercera razón es que tenemos como testigo de excepción a nuestra Presidenta, doña Esperanza Aguirre, con un largo currículum vitae municipalista. Ustedes comprenderán que, con este escenario, uno se sienta rejuvenecido y, cosas de la vida, sin embargo, ninguno de los tres, señor Barranco, estaremos el 13 de junio en el Ayuntamiento de Madrid.
Hecha esta introducción, permítanme también que haga una advertencia previa: en mi opinión, este punto del orden del día está fuera de lugar.
El Senado, es cierto, es la Cámara territorial por excelencia, pero nunca actúa como tribunal supremo para revisar la actuación municipal. Somos respetuosos con la autonomía local. La mayoría de los Senadores tenemos un origen político local, y no debemos prestarnos a ser cómplices del desmantelamiento del poder local; al revés. Da la casualidad de que en el próximo Pleno tendremos una serie de leyes denominadas, en conjunto, el Pacto Local.
Como prueba formal de cuanto digo, de que el Senado no es la Cámara competente para este tema, tomen nota, señorías, de las fechas en las que esta llamada Operación Chamartín se ha discutido últimamente en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid o en el Pleno de la Asamblea de Madrid, sin contar, como es lógico, las reuniones de las Comisiones de Urbanismo de ambas Cámaras. En el Ayuntamiento de Madrid, como ha dicho el señor Barranco, el 25 de junio de 1997, se aprobaron las bases de este consorcio urbanístico; el 28 de octubre hubo una proposición del Grupo Socialista y el 23 de diciembre hubo una moción, también del Grupo Socialista. En la Asamblea de Madrid, sobre el tema Chamartín, hubo una pregunta oral del Grupo Popular, en octubre de 1998; otra pregunta del Grupo Socialista, en noviembre de 1998; el 19 de noviembre de 1998, otra pregunta del Grupo Socialista; el 10 de diciembre, otra pregunta del Grupo Socialista y el 4 de marzo de este año, hace muy pocos días, tuvo lugar la comparecencia del Consejero de Urbanismo, señor Cortés.
Creo que con estas citas ha quedado demostrado que es un tema importante, sí, pero exclusivamente madrileño. Aquí, por tanto, no podemos intervenir. Ustedes, señor Barranco, sólo quieren avivar la polémica en la prensa, de la que son maestros, en el uso de la filosofía de la sospecha, repito, uso de la filosofía de la sospecha. Le recuerdo un principio jurídico universal: el que afirma, prueba. Señorías, la Operación Chamartín, para el Grupo Socialista --y perdóneme que así lo califique--, es la operación añoranza. Ya no están en el Gobierno central, no están en RENFE, no están en la Comunidad de Madrid, no están en Argentaria --antigua banca pública-- y no están en el Ayuntamiento de la capital. No forman parte, por tanto, del Consorcio urbanístico y dicen que no es democrático. Sólo buscan una plataforma que sirva de refugio a un protagonismo perdido. Comprendo y respeto este afán, pero se equivocan sus señorías en el fondo, en la forma, en el tiempo y en el lugar.
Después de escuchar las explicaciones técnicas y económicas del señor Ministro, no me corresponde entrar ahora en el análisis detallado, pues, como ha dicho el señor Barranco, ya tendremos tiempo de discutir sobre ello en la próxima moción consecuencia de esta interpelación. Pero sí pediría al Grupo Parlamentario Socialista y a los diversos ideológos urbanistas del Grupo que recuperaran su memoria y vieran la discrepancia en la que ustedes han incurrido.
El pasado miércoles, día 3, el candidato municipal a la Alcaldía, señor Morán, sucesor del señor Barranco para ocupar la oposición local, declaraba en el periódico «Diario 16» --y aquí tiene usted el modelo-- que, en el año 2030, Guadalajara, Segovia, Avila y Alcalá serán distritos de Madrid, y hace tan sólo unos diez o doce años que también otro ideólogo socialista urbanista, consejero del señor Leguina, el señor Manglada, aseguraba: Madrid, crecimiento cero. Para el Grupo Parlamentario Popular, los dos están totalmente equivocados. Nosotros, señor Barranco, no queremos anexiones municipales, como en los años

Página 5754


treinta y cuarenta, ni queremos optar por el decreto del crecimiento cero al que se refirió el señor Manglada. Queremos una convivencia y un respeto a las personas --repito, a las personas-- y por ello queremos facilitar la vida urbana en el siglo XXI, y ésta es la base real de la Operación Chamartín. Como el Rey Carlos III --permítame que se lo diga--, queremos pensar en el futuro. A este rey debe Madrid nada menos que la calle Alcalá y el Paseo del Prado, cuando ni siquiera existían coches de caballos, o apenas. Pero menos mal que el aparato socialista es un invento moderno, porque, si no, señor Barranco, estaríamos todavía en el callejón del Gato.
Queremos, para la operación de Chamartín, un proyecto de calidad que afecte no solamente a la gran estación, que se va a reformar, sino también al Paseo de la Castellana y a zonas de influencia como, por ejemplo, la Ventilla, o toda la parte de Cardenal Herrera Oria, o los PAU de Las Tablas, o los PAU de Monte Carmelo. Todas esas zonas de Madrid se van a ver beneficiadas por la Operación Chamartín. Hemos hablado, en total, de una cifra del orden de unas 300 hectáreas, y unos 150.000 millones de inversión en infraestructuras. Esto es realmente beneficio público, señor Barranco. La Operación Chamartín, dada su trascendencia para la ciudad de Madrid, ha sido llevada con una gran dosis de debate y contraste de pareceres, y quizás lo que a ustedes les molesta sea que en esos rifirrafes que suele haber, y que es lógico que se den entre las competencias municipales y las competencias autonómicas, resulte que, al final, se llegue a acuerdos.
Todos los días surgen problemas. Como usted ha mencionado, hemos podido leer en el periódico de hoy un problema sobre los terrenos del Canal de Isabel II o de la EMT. Pero con el diálogo, que es la forma más democrática de pensar, se llegará a un acuerdo definitivo, y esto es lo que, en el fondo, a ustedes les molesta.
Nosotros defendemos el interés público, y un ejemplo de éste es que, en la época en que ustedes gobernaban, el interés estaba al 15 por ciento; ahora está al 4 por ciento. Casualidades, señor Barranco, casualidades.
Nosotros, como he dicho, apostamos por el futuro de Madrid, y el Ayuntamiento y los madrileños queremos eliminar el efecto barrera del sistema ferroviario en aquella zona; queremos crear parques urbanos y equipamientos adecuados; queremos potenciar la salida norte de la capital para coordinar y entroncar enseguida con el gran sistema ecológico de los parques regionales que, como usted sabe, están inmediatamente después de la salida norte. Nosotros no queremos buscos privados, sólo queremos autofinanciación con la creación de empleo y la reivindicación de las plusvalías, y esto se consigue, señor Barranco, con un concepto matemático de la edificabilidad y no con demagogia. Esto es también el interés público.
Termino, señorías. Doy las gracias al señor Barranco por haberme dado la oportunidad de subir a esta tribuna y poder aclarar esta serie de conceptos. Doy también las gracias al resto de los portavoces de los grupos parlamentarios que han visto que es un asunto madrileño al cien por cien, y que han guardado un respetuoso silencio, sin perjuicio de las posiciones que adopten en el futuro...
La señora PRESIDENTA: Senador Huete, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor HUETE MORILLO: Termino enseguida, señora Presidenta.
Señor Barranco, le he dicho: Sosegaos. Y si cree que son ciertas todas esas sospechas que usted tiene, vaya usted a la Plaza de Castilla, donde vamos a poner enseguida los juzgados. Hasta le vamos a facilitar ese movimiento. Denuncie si cree usted que lleva razón. Hasta la Comunidad de Madrid se preocupa y le va a dar a usted facilidades. Fíjese si nos preocupamos por su porvenir.
Nada más y muchas gracias, señor Barranco. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Quiere intervenir, señor Ministro? (Asentimiento.) Tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): ¿Es intervención de cierre?

La señora PRESIDENTA: El Gobierno puede intervenir en cualquier momento que lo solicite.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Le pregunto, señora Presidenta, si es intervención de cierre ya o no.


La señora PRESIDENTA: Si el señor Ministro reabre el debate puede que me vea obligada a dar la palabra a algún otro Senador.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Pero ¿en qué consiste reabrir el debate, señoría?

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, el Reglamento lo que dice es que el Gobierno puede pedir la palabra en cualquier momento. Yo ignoro las palabras que va a pronunciar el señor Ministro y, por tanto, al amparo del artículo 87 algún Senador podrá pedir la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Pero en algún momento alguien cerrará el debate, señora Presidenta. ¿A quién le corresponde cerrar el debate?

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, en teoría el debate termina con el turno de portavoces. Según el Reglamento, el debate de la interpelación termina con la intervención del portavoz del Grupo mayoritario, pero si el señor Ministro pide la palabra yo, con mucho gusto, se la concedo porque me obliga el Reglamento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señora Presidenta. No conozco bien el Reglamento de la Cámara.


Página 5755


Señoría, con todos los respetos, yo lamento tener que decirle que no ha sido capaz usted de concretar nada; lo lamento mucho pero no lo ha hecho.
Hablar como beneficio concreto, materializable, cifrable y valorable de lo que usted denomina modelo democrático de gestión, señoría, forma parte casi casi de la broma. No se pueden descalificar otros modos de gestión como antidemocráticos, eso de entrada, y el único modo de gestión democrático no es necesariamente público, porque tan modo democrático de gestión es el actual Consorcio como el del Pasillo Verde.
Pero yo creo que ha hecho usted mal, señoría, en traer el Pasillo Verde a colación, ha hecho mal. Porque el Pasillo Verde no puede ser un ejemplo de cómo se administran los bienes públicos y de cómo se defiende el interés general, al margen de la intencionalidad de los concejales, del ayuntamiento y de los gestores. No debería haber traído usted este ejemplo, señoría, por una razón muy sencilla: usted sabe que cuando hubo un cambio en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se respetó al gestor del Pasillo Verde, ha permanecido allí. Señoría, el Pasillo Verde estaba cifrado en términos de ingresos y de gastos en 17.647 millones de pesetas; se cierra el balance, señoría, con un déficit de 54.000 millones de pesetas. Y eso, cuando yo tomo posesión del Ministerio de Fomento, le cuesta a RENFE 12.000 millones de pesetas en descalificación de terrenos para poder pagar la operación. ¿Eso es defender el interés público? ¿Que yo tenga que descalificar terrenos de RENFE para poder pagar la gestión del llamado Pasillo Verde de Madrid, que pasa de 17.000 millones de previsión como coste de la operación a 54.000 millones? ¿Es ése el camino por el que se defienden los intereses públicos? Señoría, en primer lugar, el Pasillo Verde de Madrid --cuya intencionalidad y rectitud de intención, consecuentemente, yo no puedo dejar de reconocer-- no fue precisamente un modelo de gestión. Y éste es el camino que no hemos querido seguir, deliberadamente, señoría, porque si el modo democrático de gestión consiste en que después el Gobierno tenga que descalificar o desafectar terrenos por valor de 12.000 millones de pesetas para poder pagar, me parece que mal son defendidos los intereses de los madrileños.
En segundo lugar, yo no sé si su señoría es jurista, pero usted puede comprender que la figura de la novación de los contratos es algo perfectamente legal, legítimo y que se produce con una enorme frecuencia, tanto en el ámbito del Derecho público --concesiones administrativas-- como en el ámbito del Derecho privado. Y no hay nada de particular en la novación de una concesión, no hay nada de particular, sobre todo cuando la novación es transparente y se hacen públicas las condiciones de la novación.
La novación viene en parte producida porque hay un nuevo Plan de Ordenación Urbanística, y la concesión antigua no se ajusta exactamente o no se hubiera hecho de esa manera de haber estado en vigor el Plan de Ordenación Urbanística que aprueba provisionalmente el Ayuntamiento de Madrid y después la Comunidad de Madrid.
Y hay otras causas. Yo no conozco la operación en todos sus detalles ni en toda su profundidad, como puede usted comprender, porque me corresponde la tutela de los intereses de RENFE y las infraestructuras.
Pero lo que sí le puedo decir es que precisamente para mi tranquilidad yo pedí ese informe a los servicios jurídicos del Estado y de ese informe se desprende la legalidad de la novación.
Si planteamos los resultados de las gestiones y hablamos de que al final hay que valorar si las ciudades crecen a lo ancho o crecen en vertical, yo les diría que ustedes son maestros en que las ciudades crezcan verticalmente, porque durante su gestión, efectivamente, las ciudades crecieron en vertical, y crecieron así de manera notable y extraodinaria, señoría, y eso no hace falta demostrarlo porque es simplemente visible y manifiesto.
Señoría, desde el momento en que una sociedad privada tiene encomendada la gestión, el desarrollo y ejecución de un programa urbanístico es de sentido común que quien es dueño de esos terrenos, en origen RENFE, tenga consejeros en el Consejo de Administración.
Yo no sé si su mentalidad es capaz de comprender esto y ve usted aquí una especie de conspiración y de conjunción de intereses oscuros entre el sector público y el sector privado, pero le digo a su señoría que se equivoca, que la presencia de dos consejeros de RENFE en el Consejo de Administración de DUCH es una de las formas de proteger los intereses de RENFE y, por tanto, señoría, los intereses públicos, a menos que considere usted que los Consejos de Administración de las empresas privadas son por definición pecaminosos. Y, mire usted, señoría, si usted llegara a pensar eso, ahí, obviamente, no estaríamos de acuerdo.
Cuando el Partido Popular accede al Gobierno de la Nación y yo tengo conocimiento de la concesión que ustedes habían hecho, me encuentro con que RENFE, efectivamente, no quería la concesión, pero no quería la concesión que habían hecho ustedes, porque esa concesión, señoría, sí era altamente perjudicial para los intereses de RENFE. Era altamente perjudicial para los intereses de RENFE.
Por eso, señoría, querría hacer una pequeña referencia a las actuaciones judiciales que su señoría ha mencionado. Yo sí le puedo decir que cabía razonablemente tener la sospecha de que bajo la concesión que hicieron ustedes había una operación especulativa de altísimo coste para los intereses públicos y para los ciudadanos madrileños. Mire usted, estaba previsto pagar 6.000 millones de pesetas y a los reversionistas, reversionistas encabezados --qué curiosidad-- por el antiguo Concejal de Urbanismo del Partido Socialista, el señor Espelosín.
Esa es la concesión que yo me encontré, señoría, casi un compromiso de pago de 6.000 millones de pesetas a unos pretendidos reversionistas. A mí que esos reversionistas, señorías, pongan querellas, acudan a los tribunales de justicia e incoen todo tipo de procedimientos me trae al fresco. Se lo digo yo de antemano, señoría, porque tengo confianza en los tribunales de justicia y sé que de los tribunales de justicia saldrán sentencias que pondrán de relieve los intereses profundamente especulativos que había bajo la concesión que ustedes adjudicaron. Por eso ha hecho mal, de una parte, en traer a colación el Pasillo Verde,

Página 5756


señoría, y, de otra, en hacer en hacer referencia a las iniciativas incoadas ante los tribunales de justicia.
Señoría, en la operación que nosotros nos encontramos ustedes pusieron los terrenos de RENFE al servicio de una operación en la que había indicios claramente especulativos. Nosotros cambiamos la concesión. Y le digo: la ampliación de la concesión ha permitido que se incorporen también propietarios de parcelas de la zona, propietarios privados. Por eso, hoy la operación es mucho más amplia. No solamente se amplía con más terrenos de RENFE, sino que también se incorporan a esta operación titulares privados que tienen parcelas en la zona y que, como es lógico, ven también de esta manera defendidos sus intereses, intereses perfectamente compatibles con la realización de una gran operación de desarrollo urbanístico --el tiempo lo dirá, señoría--, en la que resultarán altamente beneficiados los madrileños y, desde luego, la ciudad de Madrid.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tal y como era previsible, el señor Barranco pide la palabra y se la concedo de acuerdo con el artículo 87 por un tiempo máximo de tres minutos. Y, señor Barranco, tendrá que comprender que luego el Ministro la volverá a pedir para cerrar el debate.


El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Por supuesto que lo comprendo, señora Presidenta, y le agradezco su generosidad a la hora de repartir los tiempos del debate.
No parece, señor Ministro, que haya quedado usted muy contento con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, porque luego ha tenido usted que hacer una completamente distinta; es decir, que no parece que se sienta usted muy bien arropado aquí por sus Senadoras y sus Senadores, porque ha tenido que recurrir prácticamente, ahora al final, a un reinicio de debate. Sobre esto de las especulaciones vamos a seguir discutiendo, yo se lo prometo. Ya le he anunciado que traeremos una moción, pero no será la única iniciativa que tomemos. Vamos a seguir discutiendo.
Usted dice que se encontró, cuando llegó al Ministerio, con una operación muy especulativa, horrorosa, tremenda; con un concurso de 600.000 metros y, sin embargo, ahora le han dado 1.900.000 metros y le parece maravillosa. Si la operación era tan mala y tan especulativa, como todo lo que hemos hecho los socialistas desde Adán y Eva, ¿por qué no le hizo usted caso al Presidente de RENFE, señor Corsini, y anuló esta operación, aprovechando el incumplimiento de la empresa privada? ¿Por qué, sin embargo, tuvo usted una reunión en diciembre de 1996 en el Ministerio con ese famoso abogado, don Ricardo Egea, que luego devino en el nuevo documento de adecuación? ¿Por qué, en lugar de anular toda la operación, por lo tanto, como quería el propio Presidente de RENFE, usted ha seguido adelante con dudosas razones, al menos dudosas, desde el punto de vista legal, al hacer nuevos documentos y nuevas condiciones que no estaban contempladas en el concurso público inicial, en el año 1993? Por lo demás, yo no he hablado de reversionistas, que, efectivamente, son unos señores que tienen sus derechos y los ejercerán en los tribunales; no le hablaba yo de eso cuando le decía que había impugnaciones; las hay no sólo de los reversionistas; hay otro tipo de impugnaciones, y hay denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no son --y además me importa un bledo-- de los reversionistas, que supongo que si creen que sus derechos se ejercen por esa vía, lo harán también. Yo hablaba de otras cuestiones que usted debería conocer y que pueden provocar la parálisis de este proyecto por la vía judicial, pero parece que usted no se ha querido enterar. Como no se ha enterado tampoco, cuando habla de reversionistas, de la Compañía de Jesús, ¿verdad? A ésos sí les han solucionado el problema de los reversionistas; y con los otros, ¿qué ocurre? ¿Que no van a misa? (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En cualquier caso, tomo nota de dos recados que trasladaré, con muchísimo gusto, al señor Alvarez del Manzano y al señor Villoria, que son los responsables de la presidencia y la gestión del Pasillo Verde Ferroviario, del año 1989; les mandaré el recado que me ha dado usted hoy para ellos. Y al señor Cordel le voy a mandar otro recado, también de su parte, porque el lunes dijo justamente lo contrario de lo que acaba de decir usted hoy aquí; dijo que el modelo a seguir sería el modelo del Consorcio del Pasillo Verde Ferroviario, donde estaban todas las fuerzas políticas representadas; el lunes de esta semana dijo eso. También le mandaré sus felicitaciones, señor Ministro, porque a la ya conocida controversia, discusión permanente, jaleos y escándalos a los que nos tienen acostumbrados los equipos de gobierno de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, usted esta mañana, en su última intervención, ha puesto unos cuantos ingredientes más para amenizar el vodevil de las relaciones entre tres Administraciones gobernadas por el mismo partido político.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco. Tiene la palabra, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, no ha dicho usted nada nuevo porque me temo que nada nuevo tiene que decir. Yo respetaré siempre las resoluciones de los tribunales de justicia, como no puede ser de otra manera, y esperemos a que se pronuncien. Lo demás son anticipaciones que no nos corresponde hacer ni a usted ni a mí ni a ninguna persona que no sea justamente miembro del tribunal de justicia de que se trate.
En segundo lugar, yo no anulé la concesión que RENFE consideraba altamente perjudicial para sus intereses porque me planteé que era mucho mejor salida la novación de la concesión para introducir, en lugar única y exclusivamente de una operación basada en terrenos de RENFE, un

Página 5757


planteamiento de desarrollo urbanístico, como sugerían, tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. Me pareció correcto ese planteamiento y se hizo la novación de la concesión, y pasó de ser una concesión con la que exclusivamente se pretendía resolver un problema de terrenos de RENFE --a mi juicio, resolución altamente especulativa y perjudicial para los intereses de RENFE-- a ser una operación de desarrollo urbanístico. Esa es la diferencia, señoría, y estoy satisfecho de haberlo hecho.
No insista en que el pueblo de Madrid no saca beneficios, porque llega un momento en que el Parlamento tiene que servir para algo, y sirve cuando le digo que va a recibir 150.000 millones de beneficios en infraestructuras, cantidad que no recibía en el planteamiento que hicieron ustedes. Dígame que eso es falso y yo le demostraré que es verdad. En todo caso, ahí está la afirmación: 149.000 millones de pesetas de inversiones para la mejora de la ciudad.
La operación de desarrollo urbanístico contará con todos los equipamientos que prevé la legislación urbanística. Por tanto, será una zona magníficamente urbanizada, porque el Consorcio vigilará que se respete la legislación urbanística vigente, que prevé desarrollos urbanísticos en beneficio de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (S. 621/000128) (C. D. 121/000134).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo bis del orden del día, conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, número 128, de fecha 18 de febrero. No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo que se señaló al efecto.
¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el Senador Fernández Moreda.


El señor FERNANDEZ MOREDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para expresar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley orgánica mediante el que se transfieren a la Comunidad Autónoma de Galicia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materias de crédito, banca y seguros.
De esta manera, equiparamos el Estatuto de Autonomía de Galicia con otros estatutos que, aprobados con anterioridad y posterioridad, recogen ya estas competencias. Además, subsanamos algo que, por error u olvido, no se incorporó cuando fue aprobado en 1981 y que tampoco fue incorporado en la Ley de transferencias a la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobada como consecuencia de los pactos autonómicos de 1992. Como reconocía el señor Rajoy en el debate celebrado en el Congreso sobre dicha ley, la Comunidad Autónoma no lo había solicitado. Cito textualmente sus palabras: No se le puede imponer a una determinada Comunidad Autónoma una competencia que esa misma Comunidad Autónoma no ha solicitado. Es ahora, con el mapa autonómico estabilizado y cuando se modifican varios estatutos, el momento oportuno para corregir esta deficiencia. Este proyecto no ha sido objeto de ninguna enmienda durante su tramitación en el Congreso, ni ahora en el Senado, lo cual pone de manifiesto el consenso de todos los Grupos para que esta reforma se lleve a cabo ahora y en la forma en que se hace, recuperando así algo que es fundamental en los asuntos que afectan a la organización territorial del Estado: el consenso; consenso que, en estas cuestiones fundamentales para el futuro de España y la convivencia de los españoles, no puede ni debe ser suplantado nunca por el acuerdo o la negociación bilateral.
Muchísimos ciudadanos, señora Presidenta, nos preguntamos con preocupación cuál va a ser el modelo final resultante de este proceso de transformación del Estado; modelo final que desconocemos y que en algún momento habrá que concretar, pues no puede estar permanentemente abierto en el tiempo. En esta definición del modelo final esta institución, y no sólo ella, debería desempeñar un papel importante como punto de encuentro del Gobierno de la Nación, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y los representantes de la soberanía nacional que sustituya la bilateralidad actual por la multilateralidad y que defina un proceso y un escenario pactado y consensuado que ponga punto y final al menos por un tiempo.
No quiero terminar sin antes expresar mi satisfacción como gallego por esta reforma y anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En turno a favor, tiene la palabra el señor Vázquez Portomeñe.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señora Presidenta.
Subo a esta tribuna para solemnizar --mi compañero lo hizo desde su escaño-- esta transferencia a Galicia que considero de importancia.
Anuncio, obviamente, como no podía ser menos, el voto afirmativo de mi grupo parlamentario y predico mi entera satisfacción por el tenor de este proyecto de ley orgánica,

Página 5758


porque en las ya lejanas fechas de 1979, a convocatoria del entonces Presidente preautonómico, señor Rosón, nos reunimos las fuerzas políticas de Galicia, parlamentarias y extraparlamentarias, y elaboramos lo que se dio en llamar públicamente --como bien conoce el anterior Senador que me ha precedido en el uso de la palabra--el Estatuto de los dieciséis. Ha sido denominado Estatuto de los dieciséis porque ciertamente 16 fue el número de personas que participamos en su redacción.
Señorías, en este Estatuto recuerdo perfectamente que se incardinó como una competencia esencial de la Comunidad Autónoma la que justamente transfiere esta ley orgánica a Galicia, y se hizo convencidos de la virtualidad de esta competencia en el desarrollo de aquella nacionalidad histórica. Pero es lo cierto que, sorpresivamente, cuando las fuerzas parlamentarias, nacionales ya, elaboraron el Estatuto de Autonomía, desapareció esta competencia del cuadro de las transferidas a Galicia.
Señorías, no es el momento de recriminaciones porque, en definitiva, es historia y porque, además, nos toparíamos con aquella vieja sentencia adjudicada al Comendador de Fuenteovejuna: Todos a una. Sí es el momento de predicar la gratitud por el presente y la esperanza mirando hacia el futuro. Digo gratitud de presente por cuanto la sensibilidad demostrada por el Gobierno de la nación, secundado perfectamente por las fuerzas parlamentarias, tanto en el Congreso como ahora en el Senado, viene a demostrar que, efectivamente, Galicia era acreedora de esa competencia y que en su Estatuto de Autonomía empieza a cerrarse y a configurarse definitivamente el modelo por el que preguntaba el interlocutor anterior.
Digo esperanza porque la competencia asignada a la Comunidad Autónoma de Galicia supondrá, a no dudarlo, un instrumento con claras virtualidades --vuelvo a repetir-- cara al desarrollo de aquella nacionalidad histórica y constituirá, a la par, una lógica aplicación del principio de la subsidiariedad, del que ayer nos ocupamos en este hemiciclo.
Es más, señorías, la autonomía política, como aquí se intentó esbozar, y su contenido constitucional y estatutario que conforman el modelo hacia el cual tendemos inexcusablemente quienes ocupamos este hemiciclo, conforman un derecho de las nacionalidades históricas y de las Comunidades Autónomas, tal y como figura en el artículo 2 de la Constitución, y constituye a la vez un principio de organización democrática del Estado, que pretende aproximar la solución de los problemas a quienes están más directamente relacionados con ellos, suscitando nuevas capacidades de decisión y de participación en la vida política.
Las dos Cámaras que integran las Cortes Generales han sido sensibles con todo esto así como el Gobierno de la nación. El proyecto de ley orgánica que nosotros debatimos en este momento es fiel trasunto de los dictados del artículo 150.2 de la Constitución, y los controles que fija están dotados del matiz de la temporalidad en el sentido de que la competencia de que se trata, una vez incardinada en el Estatuto de Autonomía, dejará de soportarlos como es lógico; sobre todo satisface un derecho y una vieja aspiración de Galicia que tenía postulada esta competencia desde hace veinte años.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Algún Senador quiere intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.) En ese caso, ¿podría aprobarse por asentimiento? (Pausa.) En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se suspende la sesión hasta la cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL (S.
624/000020) (C. D. 122/000218).


La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
Para su presentación tiene la palabra el Senador designado por la Comisión, Senador Barcina, por tiempo de diez minutos.


El señor BARCINA MAGRO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 11 de diciembre de 1998, fecha asimismo de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 30 de diciembre del pasado año. A esta proposición de ley se presentaron 47 enmiendas distribuidas del siguiente modo: cuatro del señor Román Clemente, siete del Grupo Parlamentario Socialista, diez del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, veinticinco del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo

Página 5759


Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La Ponencia, integrada por don Hilario Caballero Moya, don José Cañellas Fons, don Salvador Capdevila i Bas, don Jesús Andrés Mancha Cadenas y por don José Antonio Marín Rite, emitió informe con fecha 17 de febrero. En dicho informe la Ponencia acordó incorporar al texto de la proposición de ley, en sus estrictos términos, las enmiendas números 27, 30, 37, 39, 41, 42, 43 y 44 del Grupo Parlamentario Popular, así como la número 47 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
También resultó aprobada, pero, en este caso, con algunas modificaciones con respecto a la propuesta original, la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Popular, referente al apartado segundo del artículo 13 de la Ley sobre Propiedad Horizontal, apartado en el que la Ponencia también introdujo una corrección de carácter técnico. Junto a estas modificaciones, la Ponencia llevó a cabo otras que conciernen a la letra f) del apartado primero del artículo 9, al apartado tercero del artículo 19 y al apartado primero del artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado 22 de febrero. En el transcurso de dicha sesión la Ponencia acordó modificar su informe con objeto de incorporar la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, y las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 23, 24 y 31, todas ellas con su redacción original; la número 28, referente al apartado cuarto del artículo 11 de la Ley sobre Propiedad Horizontal, con una redacción alternativa y una modificación relativa a la disposición final, redacción consistente en añadir un nuevo apartado segundo.
En este sentido, la Comisión aprobó en todos sus términos la nueva propuesta de la Ponencia y emitió el correspondiente dictamen en la forma en que está a disposición de sus señorías en la correspondiente publicación de la Cámara.
A este dictamen se han formulado cuatro votos particulares, que corresponden, por orden de presentación, a los siguientes firmantes: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista.
La proposición de Ley, tal y como se somete a debate y votación del Pleno del Senado, consta de 20 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Algún señor Senador desea hacer uso de la palabra en turno a favor? (Pausa.) ¿En turno de portavoces, desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Pasamos al debate del articulado. Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 1 a 4, originariamente presentadas por el Senador Román Clemente.
Su señoría tiene la palabra por un tiempo de seis minutos.


E1 señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la tramitación de esta proposición de ley de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, supuso en su paso por el Congreso de los Diputados un importante esfuerzo de aproximación entre los diferentes Grupos Parlamentarios. Mantenemos, por tanto, en este momento cuatro enmiendas y en el transcurso del debate es posible que procedemos a la retirada de alguna de ellas, como ya anunciaré en su momento.
Estas enmiendas podemos analizarlas en bloques de dos.
Respecto a las números 1 y 2, la primera va dirigida a que pueda actuar judicialmente, en nombre de los menores o incapacitados propietarios, su representante legal, que disfrutará de los derechos de elector y elegible, derechos de los que habría que dotar igualmente a los usufructuarios.
La enmienda número 2 es de similares características, por lo que me remito a la exposición de motivos con la que justifico esta enmienda.
Con la enmienda número 3 pretendemos que se añada un nuevo párrafo en el que se diga: «...asimismo, deberá hacer uso de los elementos comunes según lo establecido en las leyes, los estatutos de la comunidad o los acuerdos de ésta, y en ningún caso podrá incurrir en uso abusivo de los mismos ni en la ocupación indebida de éstos».
Después de no pocos ajustes para encajar lo que era el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, actualmente es el artículo tercero de esta proposición de ley.
Con la enmienda 4, de similares características a la enmienda número 3, pretendemos que el presidente de la comunidad y en su caso el administrador estén expresamente facultados para solicitar el auxilio de la autoridad local competente para dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos o en los acuerdos de la comunidad, en todo lo relativo a la defensa de la posesión de los elementos comunes y su uso por todos los copropietarios y, en consecuencia, a impedir el uso abusivo de los mismos.
Como en el trámite en Ponencia continuó aquel espíritu de entendimiento y de consenso con el que esta proposición de ley se debatió en el Congreso, es de suponer, señorías, que esta tarde suceda lo mismo y, por tanto, en el debate de las enmiendas anunciaremos si retiramos las enmiendas 1 y 2.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Página 5760


Para su defensa, tiene la palabra el Senador Caballero por tiempo de 12 minutos.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente, voy a referirme a las enmiendas presentadas por mi Grupo, que, excepto la número 15, han sido aceptadas o sostienen alguna transaccional, como es el caso de aquellas enmiendas que pretendían la supresión del término «de negocio» con el que se adjetivaba el concepto de local, lo que suponía una reducción de la naturaleza jurídica y del concepto de un elemento diferente a la vivienda pero que también conforma la propiedad horizontal y que, como tal superficie, puede o no ser destinada a negocio por su titular o propietario. Esta enmienda ha sido aceptada.
Anuncio por tanto, que doy por retiradas todas nuestras enmiendas, excepto la número 15 al artículo octavo del proyecto y, en concreto, a la figura del administrador. Este artículo, señorías, pretende profesionalizar la administración de inmuebles al exigir un reconocimiento legal al ejercicio de dichas funciones, condición o requisito que pretendemos suprimir del texto del referido artículo octavo. En primer lugar, porque no creemos que sea precisamente esta ley el marco idóneo para la creación de una nueva profesión como es la de administrador de fincas urbanas o inmuebles, que hasta el día de hoy no tiene en nuestro sistema el carácter de profesión y no requiere título académico alguno, sino que tan sólo se exige para su ejercicio una certificación administrativa.
De regularse esta nueva profesión, debería, en todo caso, hacerse en una norma específica, en la que se estableciera esta profesión, hoy inexistente, como digo, lo que requiere no sólo su creación, sino también definir el programa de estudios exigidos para alcanzar dicha titulación, los requisitos de colegiación, la deontología de tal profesión, un régimen sancionador; es decir, regular todo aquello que caracteriza cualquier profesión dentro de nuestro sistema, hecho éste que no se da en el proyecto y que la lógica obliga, a nuestro entender, a contemplarlo en su caso en un marco de regulación distinto y no precisamente en este proyecto.
Discutamos, pues, en esa ley específica la necesidad o no de la creación de esta nueva profesión. Y lo exigimos, máxime, cuando esa misma lógica no nos permite comprender cuál es la razón para que un mismo ciudadano tenga, en virtud de este proyecto, capacidad legal para administrar el inmueble del que es copropietario y no del de su vecino, para lo que la propia ley le exige una titulación.
Señorías, para terminar con la defensa de la única enmienda que mantenemos, debo forzosamente referirme a la exposición de motivos que hoy introducimos en este proyecto también mediante una enmienda en la que respecto de esta misma cuestión, la del administrador, se dice textualmente que podrá serlo cualquier copropietario o persona física con cualificación profesional suficiente.
Esta idea expresada en la exposición de motivos debería reflejarse en el texto de la Ley en términos muy distintos al literal del artículo octavo, que convierte esa cualificación profesional suficiente a la que se refiere dicha exposición de motivos en que la misma sea reconocida legalmente, hecho éste que nuestro Grupo no comparte.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 6 a 11, tiene la palabra el Senador Marín, por tiempo de nueve minutos.


El señor MARIN RITE: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a defender en este turno las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista. Dejaremos el comentario general sobre la Ley para el turno de portavoces que entendemos es el lugar procedimentalmente adecuado.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene en primer término la enmienda número 6 relativa al llamando fondo de reserva. Se trata de ampliar el fondo a los gastos generales. Este fondo es una novedad de la Ley y, aunque no todos estuvieron de acuerdo en un principio en su establecimiento, se ha mantenido y consolidado en el proyecto de ley.
Convergència i Unió mantenía en el inicio de la tramitación una determinada filosofía de este fondo en el sentido de favorecer las obras de conservación, de ir creando una especie de mentalidad rehabilitadora de los edificios, de impedir la ruina, la decadencia en definitiva de los edificios habitados por numerosas familias. Esta era en principio la idea, que nos parece correcta y que no podemos por menos que admitir.
Nosotros hemos defendido también el establecimiento de este fondo, admitiendo el principio y la filosofía que Convergència i Unió mantuvo, pero entendemos que no hay ninguna razón que impida que este fondo se amplíe a otro tipo de gastos.
¿Por qué hemos de temer que este fondo haga frente al pago de una factura de energía que en un momento determinado no se pueda abonar y que provoque un problema real, importante, como ocurre en las comunidades de propietarios con frecuencia, a los vecinos? ¿Por qué hemos de esperar a la resolución de un litigio cuando se está intentando cobrar unas cuotas a un vecino moroso? ¿Por qué hemos de esperar a esa resolución del pleito para obtener unos recursos que hacen falta inmediatamente a la comunidad y que le están provocando un problema real? Compartiendo, repito, la filosofía del fondo que mantenía Convergència i Unió, entendemos que este fondo debe ampliarse a este tipo de gastos porque supondría una medida eficaz para las comunidades de propietarios.
Mantenemos también la enmienda número 7, relativa al administrador.
Pensamos que el cargo de administrador puede ser ejercido por cualquier propietario o por otras personas físicas o jurídicas, corporaciones u organizaciones profesionales. Nuestra fórmula nos parece más amplia y más conveniente. Este tema, sin duda, ha sido polémico y controvertido a lo largo de la tramitación de la Ley. Creo sinceramente --y no tengo inconveniente en pedir disculpas

Página 5761


por anticipado por hacer una especie de juicio de intenciones-- que en ese intento de profesionalizar la figura del administrador, que en muchos casos será conveniente, qué duda cabe al final se consigue un efecto contrario al que se persigue. No sería ocioso hacer un inciso diciendo que en las comunidades de propietarios hay supuestos muy distintos, es decir, no es lo mismo una pequeña comunidad que una macrocomunidad donde viven más de cien familias. Son situaciones distintas, problemas distintos y la administración es, en definitiva, distinta en su complejidad, en su contenido y eso, lógicamente, hay que atenderlo; por eso, es el momento de decir que los administradores de fincas cumplen aquí un papel importante. Sin embargo, en ese interés por profesionalizar la figura del administrador --digo-- al final se consigue un efecto contrario al que se persigue, porque se llega a la afirmación de exigir en la ley una cualificación profesional suficiente, y esto nos lleva a un lugar sin salida, porque no hay en la legislación española una determinación de cuál ha de ser la cualificación profesional suficientes.
Entonces la ley, en ese intento de profesionalización, no sólo no resuelve el problema sino que, por el contrario --sin duda habrá opiniones distintas--, lo que hace es crear, a nuestro juicio, una mayor confusión.
La enmienda número 8, señorías, trata de establecer un sistema más fácil y más rápido para la realización de las obras urgentes. Sin duda alguna, en las comunidades de propietarios se plantea con bastante frecuencia la necesidad de realizar obras muy urgentes. Supongamos, por ejemplo, la rotura de ascensores, la rotura de una conducción de aguas fecales o un incidente de este tipo. Son averías cuya reparación no puede esperar, que han de atenderse y resolverse de una manera inmediata; no puede ni siquiera esperarse a una determinada reunión, porque en ocasiones, crearían un problema incluso de salud pública. Por lo tanto, entendemos que la existencia de un procedimiento en la ley que mejore la atención de las obras urgentes sería muy conveniente. Esto pretende la enmienda socialista número 8.
La enmienda número 9 es de carácter más técnico y pretende aclarar el tratamiento en los presupuestos de los distintos tipos de obras.
La enmienda número 10 pretende establecer una determinada mayoría para la decisión de crear la plaza de conserje o portero siempre que vaya a ser desempeñada por una persona física.
Señorías, muchas veces hablamos en esta sala y desde esta misma tribuna del empleo, por el que todos mostramos un interés máximo. El empleo no tiene fórmulas mágicas para resolver de inmediato ese tremendo problema, pero no cabe duda de que tenemos que intentar que todas las leyes, que toda nuestra actividad, esté teñida de ese interés por el empleo, aunque sea en pequeña medida. Se me podrá decir que esta propuesta socialista, en el caso de que pudiera generar un determinado empleo, no resolvería el problema, pero estaríamos en la línea de ir tiñendo toda nuestra actividad de ese interés por el empleo, y no solamente por el empleo, sino también por la mejora de los servicios. Son muchas las comunidades de propietarios que, tras una primera decisión de eliminar los conserjes, los porteros, y sustituirlos por porteros automáticos --que no son incompatibles con los porteros--, están volviendo a la antigua figura, porque no solamente se trata de un problema económico, sino de un problema de calidad de los servicios.
Por último, señorías, la enmienda número 11 se refiere al procedimiento.
Inevitablemente, cuando tocamos la ley de propiedad horizontal, todo el mundo tiene la tendencia de convertirla en un pequeño ordenamiento jurídico y queremos reproducir en la misma distintas figuras que ya existen.
El Grupo Socialista entiende que no es necesario establecer un procedimiento especial, cuando hoy estamos precisamente en la tendencia procesal de eliminar ese tipo de procedimientos, sino que lo que tendríamos que hacer en la Ley es referirnos a uno de los procedimientos existentes. La propia Ley lo hace en otra parte, cuando se refiere al juicio de cognición, pero cuando se trata de reclamar las deudas utiliza otro procedimiento. Nosotros pretendemos que se utilice el mismo, en este caso el juicio de cognición, que aúna la brevedad con las garantías, y nos parece que sería el adecuado.
El proyecto que se somete a nuestro examen establece un procedimiento que no es el monitorio del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, en trámite en estos momentos en el Congreso de los Diputados, aunque se le parece, tampoco es el procedimiento verbal, y puede crearse, sin duda alguna, una cierta confusión en materia procedimental, que creo que hemos de evitar.
El artículo 250 del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se refiere a los litigios que surjan de la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, dice que serán sustanciados por el trámite de juicio verbal, y se refiere a un juicio verbal concreto, porque si lo dice el proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil se estará refiriendo al procedimiento verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es exactamente el mismo que se instituye aquí. Por tanto, ahí se crea una confusión.
Por otra parte, en el artículo 439 de ese proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil se habla de que las demandas que se sustancien en materia de propiedad horizontal tendrán la forma de las demandas del juicio ordinario, mientras que en el proyecto que debatimos aparece un procedimiento distinto. Es decir, se crea una confusión procedimental, que el Grupo Socialista entiende que se resolvería simplemente remitiendo la sustanciación de los conflictos que surjan a un determinado tipo de procedimiento ya existente, sin necesidad de crear aquí un nuevo tipo de procedimiento.
Señorías, a nuestro Grupo le parece que se trata de enmiendas constructivas, que podían ser, sin duda alguna, tenidas en cuenta.
Dejaremos para el turno siguiente nuestro comentario general a la Ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Popular, que corresponde a las enmiendas números 25, 26, 32, 33, 34, 45 y 46.


Página 5762


Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cañellas, por tiempo de diez minutos.


El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Permítame su señoría que, antes de entrar en la defensa de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, dé la bienvenida a los miembros del Consejo General de Administradores de Fincas, que fueron los promotores de la iniciativa legislativa popular tendente a modificar la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, y que ha constituido uno de los pilares sobre los que se ha ido conformando el texto que hoy estamos debatiendo.
Como decía, señora Presidenta, señorías, mi Grupo mantiene algunas enmiendas que realmente no son más que pequeñas modificaciones, puesto que no alteran el texto venido del Congreso en nada trascendente, salvo pequeños detalles.
En el artículo 9 de la Ley, cuarto del proyecto, hemos introducido la limitación de responsabilidad del adquirente al propio inmueble adquirido. Es decir --quizá esto es una excepción a la regla general de que cualquiera responde con todos sus bienes--, en la compra sólo se responde con el inmueble de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios, y hasta un límite de las que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior.
Al famoso fondo al que ha hecho alusión el señor Marín Rite, le hemos introducido también una limitación. El fondo se reservará exclusivamente, en la cuantía del 5 por ciento que establece el proyecto de ley, a cubrir o a contratar un seguro que cubra los daños causados en la finca, o bien a concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.
En la letra g) del mismo artículo, introducimos la obligación que tiene el propietario de observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y de responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados.
Al artículo undécimo del proyecto y 16 de la Ley, se le adiciona una condición --por decirlo de alguna manera-- que ha de cumplir la convocatoria de las juntas de propietarios, que es la de que contengan una relación de aquellos que no estén al corriente en el pago a la comunidad de las deudas vencidas, así como una advertencia de que este incumplimiento, de que esta falta de estar al corriente de pago, les puede privar del derecho de voto si se dan los supuestos del artículo 15, porque, al ser nada más que la constatación de un hecho y la advertencia de una situación, el propietario que esté incurso presuntamente en esa morosidad --y digo presuntamente, puesto que se le da la oportunidad de rectificar la situación-- podrá solucionarla dirigiéndose a la Administración y aclarando esa pretendida --y sigo diciendo pretendida-- morosidad en que se le ha incluido.
En el artículo duodécimo del proyecto y 17 de la Ley se introducen algunas pequeñas reformas en cuanto a las reglas que es preciso observar para la adopción de acuerdos.
Hay un añadido interesante, puesto que se plantea cada día con mayor frecuencia, que es la posibilidad de arrendamiento de algún elemento común del inmueble que no se utilice, que no tenga ya asignado un fin especial o un uso determinado, aunque sí lo hubiera tenido con anterioridad. En este caso se exige la votación favorable de tres quintas partes de los propietarios, y que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, con una condición más: que ha de dar su consentimiento favorable el propietario que pueda resultar directamente afectado por ese arrendamiento de elementos comunes, principalmente porque entre estos elementos están las fachadas, y su utilización para obtener ingresos a favor de la comunidad sí que puede representar un perjuicio para un propietario determinado que se encuentre en una situación específica en la que ese aprovechamiento de la fachada le resulte lesivo.
No nos queda más que otra enmienda, relativa a la disposición adicional, que da una nueva definición mucho más completa al artículo 396 del Código Civil, redacción en la que se ha incluido un elemento común que se había omitido --lapsus cálami los comete cualquiera-- en el texto del Congreso, que son las cubiertas de los edificios que no estaban incluidas «nominatim» como elemento común, cuando es tan natural como el suelo, el vuelo o las cimentaciones.
Por último, aunque está tramitada como propuesta de modificación suscrita por todos los grupos, la enmienda es realmente nuestra, y concierne a la introducción en el texto de una exposición de motivos muy sucinta, muy limitada, que apenas constituye una enumeración de algunas de las modificaciones que se han introducido, en el Congreso y en el Senado, en este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cañellas.
Pasamos al turno en contra.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) El Senador Cañellas tiene la palabra.


El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a hacer el turno en contra de las enmiendas que han defendido los restantes grupos parlamentarios.
Al Senador Román Clemente del Grupo Parlamentario Mixto, que ha reconocido que en el fondo sus enmiendas 1 y 2 son exactamente iguales, aunque ubicadas en distintos sitios --en Ponencia, incluso, llegamos al acuerdo de que tampoco eran los que figuraban en la enmienda-- quiero decirle lo mismo que le dije en la Ponencia: el ejercicio de los derechos y obligaciones no los puede hacer el representante personalmente. Siempre actúa en nombre y representación.
En el caso de los menores es evidente que el representante legal es el padre o la madre o el padre y la madre y ésos no pueden actuar, no son ni electores ni elegibles. El elector y el elegible es el propietario del piso. Si el propietario no tiene capacidad porque es menor de edad para ser elegido, tampoco la tiene el representante. El representante

Página 5763


legal nunca tiene mayor capacidad de la que tiene el representado. Eso está clarísimo en cualquier ámbito del derecho civil español. No es posible atribuir al apoderado los mismos derechos que tiene el poderdante.
En cuanto a la enmienda número 3 diré que el abuso del derecho es algo que también está sumamente trillado en nuestro ordenamiento. En el artículo 9, que habla de las obligaciones de los propietarios, existe el reconocimiento de que sólo en su propiedad y en la parte común pueden hacer uso de aquellas facultades que le concedan la ley y los estatutos y le está prohibido todo lo demás, porque si sólo puede hacer lo que la ley y los estatutos permiten lo demás queda automáticamente prohibido.
La enmienda número 4 es, Senador Román Clemente, el Vellocino de oro.
Está usted pidiendo lo imposible: que el presidente y en su caso el administrador estén expresamente facultados para solicitar el auxilio de la autoridad local competente --de la local, de la nacional por lo visto no-- para dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos o en los acuerdos de la comunidad en todo lo relativo a la defensa de la posesión de los elementos comunes.
Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pero ¿se ha leído su señoría la justificación? Dice: «Dar solución inmediata a situaciones como la ocupación de plazas de garaje que no son de titularidad del ocupante.» Esos no son elementos comunes, Senador Román Clemente. Las plazas de garaje son lo que hoy en día hemos dado en llamar, con las modificaciones que hemos hecho de la ley, locales, una propiedad privada. ¿Yo, como propietario de una propiedad privada, tengo que autorizar al presidente para que él llame a la autoridad local para que venga a defender mi derecho? ¡Lo haré yo directamente, Senador Román Clemente! No le necesito. Aparte de todo --repito--, conseguir que la autoridad entre en un edificio cualquiera, no ya comunitario, para hacer cumplir la ley es, hasta donde me alcanza mi experiencia profesional, no política, prácticamente imposible.
Respecto de la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, le diré, Senador Marín, que el fondo se puede ampliar a lo que queramos. Se puede destinar, si usted quiere, a protagonizar concursos entre los niños de la familia. Todo dependerá de lo que pongamos en este artículo de la ley: el fondo se empleará para... Y aquí la lista a mí se me hace interminable; además, ustedes lo atienden con un exceso realmente cuantitativo: del 5 al 10 por ciento del promedio de los presupuestos de gastos generales ordinarios y extraordinarios aprobados de los cinco últimos años. Si una comunidad ha tenido que realizar una obra, no ya una de ésas imprevistas a las que su señoría se refería y que hay que atender sino una reparación extraordinaria en la finca, acordada voluntariamente, se le obliga a mantener automáticamente una cuantía de fondo absolutamente innecesaria, porque esa obra que han acordado voluntariamente no la volverán a tener, ya que no es una reparación, sino un gasto voluntario.
En segundo lugar, señoría, su enmienda dice --y eso hubiese sido susceptible de ser corregido, si no hubiera sido porque no estamos de acuerdo con la filosofía de la enmienda número 6--: «En la escritura, o documento público inscribible que la sustituya, por los que se transmita el piso o local deberá incorporarse certificación del acuerdo de la junta, expedida por el secretario...» Es decir, cada vez que se venda un piso habrá que convocar una junta para que ésta diga que este señor está al corriente de pago y el secretario pueda expedir la certificación, con lo cual, como en algunas comunidades que conozco yo, en que se transmiten los pisos cuatro cada año, aparte de la ordinaria y de las extraordinarias, tendremos cuatro juntas para certificaciones. Ya le digo que eso podría haber sido limado, pero como el resto de la filosofía no coincidía con la nuestra, porque le hemos dado una regulación diferente en calidad y cantidad al fondo de garantía --llamémosle así--, no podemos aceptarla.
La enmienda número 7 se refiere al cargo de administrador. La ley sólo dice que el administrador tendrá que ser un copropietario --ahí estamos todos de acuerdo-- o una persona física con titulación suficiente. No dice qué titulación; no impone una determinada titulación, por tanto, en el momento en que se regulen profesiones, entrarán aquí y no producirán confusión de ninguna clase. La confusión es ahora menor aún si atendemos a que es con arreglo a la legislación, aunque no sea ley, sino decretos y normas. Está claro que se refiere a un tipo de profesional determinado, pero la ley no impone aquí un tipo de profesional determinado, y lo digo claramente delante de los administradores de fincas. La ley no impone eso. La ley impone un profesional titulado. De la misma manera que en otras leyes, por ejemplo procesales, se impone un profesional --y ahí sí-- con una titulación definida. Tiene usted el ejemplo en que se le permite comparecer en determinados juicios personalmente, pero si no se hace tiene que recurrir a un profesional que cita la ley específicamente.
De la misma manera que la ley le permite defenderse en asuntos penales, en determinadas circunstancias, sin necesidad de abogado ni de procurador. Pero si no lo hace así, tiene que ser un profesional el que lo haga. No obstante, repito, la ley no dice aquí qué profesional, qué profesión es la que queda habilitada para el ejercicio del cargo de administrador o de secretario administrador.
La enmienda número 8 se refiere a la regulación de lo que son obras necesarias extraordinarias, cuándo y cómo se da la necesaria coincidencia de requisitos para que sean consideradas extraordinarias. Nosotros entendemos que está suficientemente regulado; algunas cosas de su enmienda resultan chocantes, como por ejemplo lo siguiente: Dada cuenta por el administrador al Presidente y constatada la urgencia... Ya sé que éstos son pequeños pecadillos, detalles, pero si resulta que el presidente, que es el que vive en la finca, se ha enterado antes de la avería, ¿ha de esperar a que el administrador le dé cuenta de que en su casa tiene una avería, cuando normalmente el administrador se entera a posteriori? No. Lo que ocurre es que, como en el caso del fondo de reserva, tenemos una concepción diferente. Creemos que en el artículo 10 de la ley queda suficientemente explicitado y no hay por qué retocarlo.
Lo mismo le digo en cuanto a la enmienda número 9: que son apreciaciones diferentes.


Página 5764


La enmienda número 10 propone la creación de plazas de conserje, siempre que el establecimiento o cese de determinados servicios, entre los que se incluye el servicio de portería o conserjería, sea propuesto por los tres quintos de los propietarios que a su vez representen los tres quintos de las cuotas. Podemos entender el ánimo social que alienta su enmienda, pero creemos que no justifica que modifiquemos la regla general a que antes he hecho referencia.
Por último, señora Presidenta, la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Socialista preconiza la utilización del juicio de cognición en lugar del procedimiento verbal con modificaciones planteado en este mismo artículo para aquellas reclamaciones interpuestas contra los propietarios. Podríamos estar de acuerdo en la utilización del juicio de cognición, aunque personalmente, como profesional del Derecho, no me ofrece más garantías que el verbal, ni siquiera en esa parte de la justificación que alude a las costas del proceso.
El artículo 523 de la Ley, al hablar de los juicios declarativos, es muy claro en cuanto a la imposición de las costas. Si hay mala fe, el juez las impone. Al menos dentro del ámbito judicial que yo conozco, están siendo reiteradas las sentencias que imponen las costas al litigante que se allana nada más presentada la demanda dentro de los diez días siguientes, porque consideran como mala fe no sólo la actuación procesal, sino también la actuación previa que ha conducido a esta situación procesal de tener que obligar al acreedor a interponer una demanda.
Su señoría dice que tampoco se trata de un juicio verbal, pero yo no comparto del todo su opinión. Existe otro tipo de juicio verbal con modificaciones, fruto de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la reclamación de daños de los accidentes de tráfico. No se trata de un juicio verbal semejante al resto de juicios verbales, y de la misma manera éste es otro juicio verbal que no es exactamente igual que el juicio verbal ordinario. Aunque en el proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil se diga una cosa, estamos a tiempo de rectificar porque todavía no ha sido aprobado.
En cuanto a la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por no repetir y por economía procesal, tengo que darle los mismos argumentos que he utilizado al referirme a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cañellas.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila, por tiempo de diez minutos.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nos hallamos ante unas profundas reformas de la Ley 49/1960, sobre la Propiedad Horizontal, que lleva rigiendo las relaciones entre los vecinos de comunidades de propietarios durante 38 años.
Es una ley que, pese a sus privaciones, ha sabido mantenerse por un largo período; una ley reguladora de unos temas que ha provocado, cómo no, una amplia jurisprudencia de gran calado, pues prácticamente todos los preceptos de la ley han tenido algún contacto con los Tribunales; una ley que precisamente ha tenido cierto resorte por su sencillez.
El último censo elaborado al respecto refleja un total de 1.247.583 edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal que generan una deuda importante que se sitúa en torno a los 28.000 ó 30.000 millones de pesetas. Esta larga experiencia jurisprudencial y esta morosidad nos ha obligado a todos los grupos parlamentarios a alcanzar un consenso a fin de llevar a cabo la reforma que hoy estamos debatiendo.
Ciertamente, como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Colegio de Administradores de Fincas ha conseguido exactamente 838.338 firmas, las cuales permitieron presentar su iniciativa. Pero no hay que olvidar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenía ya presentada en el Congreso de los Diputados su propia iniciativa, que era de gran calado.
Voy a comentar los artículos más importantes que han sido objeto de reforma, en los que han incidido las enmiendas que han ido presentando los diversos grupos parlamentarios.
En primer lugar, la modificación del artículo 9 de la Ley sobre Propiedad Horizontal. Se introduce una ampliación de las obligaciones de los propietarios sobre el respeto de las instalaciones y elementos comunes de uso general y privativo. De ahí que se haya manifestado en Comisión --y se repita en este acto-- que las enmiendas presentadas por el Senador Román Clemente se hallan incorporadas ampliamente en el texto original regulado por la propia ley. Se crean unas servidumbres en pisos o locales por el servicio del inmueble, a tenor de lo establecido en el artículo 17, en lugar de las quintas partes exigidas actualmente.
En la regla e) del artículo 9 se produce una modificación importante, pues si bien la afección real se mantiene al año actual y anterior, se clarifica que esta responsabilidad cuenta desde la fecha de adquisición y, además, es preferente a todos; es decir, es preferente a los conceptos regulados en el artículo 1923, apartados 3, 4 y 5, y tiene una importancia real a la hora de hacer efectiva la cantidad que adeudan los morosos.
Se añade la regla f), relacionada con la disposición adicional segunda, que establece la obligación de crear este fondo de reserva para la conservación y reparación de la finca con un montante que no podrá ser inferior al 5 por ciento.
Senador Marín Rite, considero que continuamos en esta filosofía que había guiado al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a instar esta reforma. Es decir, que esta cantidad sirva precisamente para tener un fondo de reserva y en un momento dado poder hacer frente a las reparaciones extraordinarias --entre comillas--, que pueden surgir al margen del presupuesto ordinario

Página 5765


que, evidentemente, ha sido aprobado con anterioridad.
Saliendo al paso de algunas críticas, hemos de advertir que ese 5 por ciento no es una cifra acumulable de año en año, sino que se refiere exclusivamente --como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cañellas--, al 5 por ciento del último presupuesto ordinario.
Este fondo está destinado a la realización de obras de mantenimiento y conservación que tengan por finalidad la adecuación de los elementos estructurales de estanqueidad del edificio o dotar al inmueble de las condiciones de habitabilidad adecuadas. En definitiva, lo que se pretende introducir es precisamente la cultura de la rehabilitación.
La regla g) del artículo establece la obligación de observar la diligencia debida del uso del inmueble. Otra vez incidimos en esta enmienda que ha presentado también el Senador Román Clemente.
La regla h) supone una modificación importante, ya que obliga a comunicar el domicilio en España o, en otro caso, establece el domicilio en el propio piso o local o, en última instancia, en el tablón de anuncios, en el que surtirá efectos al cabo de tres días de su publicación. Es realmente importante porque evita las pequeñas triquiñuelas que emplean los morosos a la hora de intentar evadir los pagos.
La regla i) representa también otra incidencia importante respecto a la Ley sobre Propiedad Horizontal, al obligar al vendedor a comunicar la transmisión a la propia comunidad y se le advierte de que, en caso de que no cumpla con esta obligación, tendrá carácter solidario la obligación de pago de todas las cuotas que vayan venciendo con posterioridad. De ahí, que se vaya acotando la posibilidad de que el moroso vaya pudiendo evadir el pago.
Otro de los artículos importantes que se han retocado es el 11, sobre nuevas instalaciones de servicios y mejoras, de modo que es posible la disidencia o negativa para participar en estas obras cuando el importe sea superior a tres mensualidades ordinarias; hasta ahora abarcaba solamente una mensualidad. Por supuesto, se da la facilidad de que esta persona que no haya querido participar en estas obras pueda hacerlo en un momento posterior, pagando el importe correspondiente actualizado más los intereses.
Otro artículo importante que se ha reformado es el 13, que establece otros sistemas de gobierno y la elección del presidente de la comunidad por turno rotatorio o por sorteo con carácter obligatorio, con la posibilidad de que si hubiera alguna causa que le imposibilitara para el ejercicio de este cargo, se pueda acudir al juez en un procedimiento rápido para que éste en el término de un mes dicte una resolución motivada para nombrar otro presidente.
El apartado sexto de este artículo 13 mantiene la posibilidad de que sean designadas personas ajenas a la comunidad. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya ha hecho hincapié en que en el texto realmente no se exige una cualificación determinada, y dentro de este consenso con los demás grupos parlamentarios se han ido introduciendo en el texto varios matices y ampliando la gama de posibilidades de la figura del administrador.
El artículo 15, sobre las juntas de propietarios, también tiene una modificación importante, y es la de privar del derecho de voto a los morosos.
En el artículo 16, referente a las citaciones y convocatorias de juntas, existe una modificación importante señalada en el apartado segundo, que nos remite al artículo 9 h) y que contempla la posibilidad de notificar y convocar en el domicilio en España y, subsidiariamente, en el propio piso o local o en el tablón de anuncios de la comunidad.
En el artículo 17, sobre los acuerdos de la junta, se sostiene que la unanimidad sólo será exigible en cuanto a la modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o los estatutos de la comunidad, con unas excepciones claramente reseñadas en el propio artículo: en el caso del establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general en los que se exige simplemente el voto de las tres quintas partes. En cuanto a la supresión de barreras se exige naturalmente la mayoría. Respecto a las infraestructuras de servicios de telecomunicación y nuevos suministros energéticos se precisa el voto favorable de un tercio de la comunidad de propietarios, que representa a su vez el tercio de las cuotas. Evidentemente esta instalación pasa a ser comunitaria, pero con la posibilidad de que los disidentes no tengan que participar en el pago y puedan hacerlo en un momento dado pagando, como es natural, el importe de esta infraestructura con sus intereses actualizados.
El artículo 19 señala los requisitos que deben contener las actas. El apartado tercero introduce una innovación: el acta debe cerrarse con las firmas del presidente y del secretario, bien al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Y para la remisión de las actas siempre se utiliza el sistema empleado en el artículo 9.h) de la Ley.
Paso ya a comentarles el artículo que, entendemos nosotros, constituye el núcleo más importante para la modificación de esta Ley, el relativo a la reclamación de morosos. La junta tiene que practicar la liquidación de la deuda previamente y notificárselo al moroso. En lo que a la competencia se refiere, lógicamente es competente el juez del lugar de ubicación de la finca. En cuanto al proceso, no es que sea distinto que el que pretende introducir la Ley de Procedimiento Civil, sino que contempla dos fases.
Una de ellas se refiere a que en el caso de que el demandado moroso no pagase ni compareciese ante el juez, que previamente le habría requerido para que, en el plazo de veinte días, hubiera llevado a cabo una de estas opciones, el juez dictará auto despachando ejecución. Y en la otra fase se contempla que en el caso de que dentro de dicho plazo el demandado moroso se opusiera a la demanda presentada, regiría el procedimiento verbal. No veo, por tanto, que haya ahí gran diferencia entre lo contemplado en la Ley de Procedimiento Civil y la alternativa propuesta en esta reforma.
Se introduce asimismo un tema muy importante: que durante el proceso tramitado se acumulen las cuotas que vayan venciendo, y que esa acumulación no vaya simplemente a esta sentencia sino que, en ejecución de la misma,

Página 5766


éstas se puedan ir acumulando. Esto va dirigido a facilitar la maltrecha tesorería de muchas comunidades debido precisamente a la morosidad de algunos comunitarios.
En el artículo 22 se introduce también una importante modificación con el ánimo de encontrar una solución al problema de los acreedores de la comunidad. Esta responderá con todos sus créditos y, por tanto, a partir de ahí hay una solvencia en que poder basarse para que los acreedores puedan embargar.
Por último, la propia proposición engloba un capítulo nuevo, el régimen de los complejos inmobiliarios privados, en el que se establece un régimen integrado por varias comunidades. Cada presidente de los edificios que integran la comunidad forman parte a su vez de una nueva comunidad y, obviamente, las decisiones que deban tomarse en esa macrocomunidad no pueden ir en contra de las decisiones tomadas por las comunidades respectivas más pequeñas --digámoslo así--. Y en cuanto a aquellas decisiones que deban tomarse por mayoría cualificada, cada presidente deberá acudir a las juntas de la macrocomunidad a su vez con el respaldo de la mayoría cualificada de su propia comunidad.
En definitiva, yo entiendo que en esta reforma que se pretende no se ha profundizado demasiado en la Ley sobre Propiedad Horizontal, pero entendemos también que con ella se da un paso hacia adelante que debemos aprovechar y que, en definitiva, con él se va a conseguir acotar esa morosidad que tanto agrava las tesorerías de las comunidades.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Señora Presidenta, señorías, sin hacer en este turno de portavoces un examen exhaustivo de esta proposición de ley --obligación de la que ya me han liberado el Senador Capdevila y el Senador Cañellas--, sí quiero hacer referencia a la posición de nuestro Grupo sobre la misma.
Creo de justicia resaltar que en esta proposición de ley coinciden varias iniciativas. En primer lugar, una de Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que trata de dar una visión de una reforma más completa de la Ley; una modificación puntual promovida por el Grupo Parlamentario Popular, y una iniciativa popular avalada por 800.000 firmas impulsadas por el Consejo del Colegio de Administradores de Fincas. Por cierto, considero interesante resaltar que ésta es la primera iniciativa popular que llega a una Cámara convertida en proposición de ley y, por tanto, también es la primera vez en que algo así se debate. Es decir, estamos ante la primera iniciativa popular que se convierte en iniciativa legislativa después de la Constitución, por lo que, lógicamente, es un hecho resaltable y es preciso felicitar a todos los ciudadanos que la firmaron y a los que la propusieron, porque una iniciativa de esta envergadura, naturalmente, no puede surgir de una manera espontánea. Han sido 800.000 firmas. Por tanto, es bueno dejar constancia de que es la primera vez que esto sucede, al tiempo que el Senado felicita a aquellos ciudadanos que han traído hasta aquí la iniciativa con que las propias Cámaras les dotaron. Señorías, estas tres iniciativas se refunden en el Congreso de los Diputados y se configura la proposición que hoy tenemos ante nosotros.
También me gustaría referirme a otro cuarto impulso que ha funcionado respecto de esta Ley, que es el trabajo de los Grupos Parlamentarios, el cual, sin duda, ha mejorado el trabajo hecho. No me voy a referir al trabajo del Congreso de los Diputados, ya que no es éste momento para ello, si bien hizo un trabajo importante de refundición, de pulir las distintas iniciativas, al igual que en el Senado donde se han producido modificaciones sin duda alguna interesantes. Así, hemos visto la modificación introducida a impulso del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con el tratamiento de determinados locales que, sin ser de negocio, pueden ser muy interesantes para las comunidades y suponían un problema de indefinición. Estos locales pueden ser objeto de relaciones jurídicas como arrendamiento, etcétera, y era importante y necesario, para evitar confusiones, su individualización jurídica en la Ley. Y lo mismo sucede respecto a otras medidas que, en definitiva, han ido mejorando la Ley. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Pero, señorías, las incorporaciones a la proposición de ley que hoy examinamos no han consistido únicamente en mejoras de la Ley, hecho que, efectivamente, ha ocurrido, sino que ha habido también incorporaciones que han supuesto materias nuevas traídas a la Ley por el impulso de los Grupos Parlamentarios. Y una de ellas --me van a permitir ustedes que la cite-- es la iniciativa, fundamentalmente defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, de incorporar a la regulación de la propiedad horizontal los llamados complejos inmobiliarios, que era una laguna de la Ley. Son frecuentísimos, fundamentalmente en las grandes ciudades y zonas turísticas, aquellos complejos formados por viviendas en planta y bloques de viviendas que tienen en común instalaciones deportivas, culturales, sociales, recreativas, a lo que había que dar, lógicamente, un apoyo jurídico y una regulación determinada. Se incorporan, pues, a la Ley este tipo de iniciativas --y ésta es una incorporación a resaltar--, después de la refundición de las distintas iniciativas, mediante este cuarto impulso al que me he referido.
Por otra parte, sin duda, se trata, señorías, de una importantísima Ley en su vertiente social, es decir, tiene una extraordinaria incidencia social. No cabe duda de que en el mundo moderno las ciudades se han desarrollado a través de la propiedad de casas por pisos. Han sido las grandes comunidades las que han permitido el desarrollo actual de las ciudades en el mundo, de manera que una gran parte de los ciudadanos que hoy viven en el planeta lo hacen en comunidades de este tipo. Y en estas comunidades surge una gran cantidad de relaciones jurídicas y, sin duda alguna, una gran cantidad de conflictos también. Por lo tanto, estamos tratando un asunto de extraordinaria importancia, un asunto que tiene importancia social real. Prueba de ello es

Página 5767


que precisamente en esta materia el vehículo que por primera vez se ha utilizado ha sido la iniciativa popular.
El objetivo de la reforma, lo hemos mencionado ya, es, entre otros, la lucha contra la morosidad. La morosidad en las comunidades de propietarios era y es no sólo una muestra de insolidaridad, sino un acontecimiento que, en definitiva, las bloquea y, por tanto, las impide cumplir sus propios fines. Asimismo, el cambio de sistema de mayorías en las comunidades había establecido una especie de veto que muchas veces bloqueaba también la acción de la comunidad e impedía el cumplimiento de sus fines. La proposición de ley pretende la fijación de distintos sistemas de mayorías, que van desde la unanimidad, para muy pocos casos, hasta un tercio de los miembros de dicha comunidad. Pero al mismo tiempo, señorías, que establece un sistema más flexible, más fácil de mayorías para impedir que el veto de un solo copropietario bloquee a la comunidad, la Ley, como contrapartida, como elemento de equilibrio, establece la posibilidad de disidencia. Esto permite dar garantías a la persona, que no está dispuesta a que se tome una determinada medida, de no compartir las cargas económicas que esa medida comporta y, al mismo tiempo, se permite que esa persona pueda, después, incorporarse a la medida cumpliendo con su obligación de pago; es decir, se establece un equilibrio entre un sistema de mayorías más flexible y el sistema de disidencia, permitiendo al copropietario disentir de la medida que se toma y quedarse, en principio, fuera de ella siempre que se trate de elementos no imprescindibles, naturalmente, para la comunidad.
Por otra parte, la proposición de ley incorpora también un sistema que estaba reclamado de una manera clamorosa por los ciudadanos, que es una fórmula para impedir las actividades molestas, las actividades que, en definitiva, hacen difícil la vida en las comunidades, incluso, a veces, muy difícil ya que he visto a muchos ciudadanos ante problemas de este tipo, ciudadanos que han llegado a adquirir enfermedades por las situaciones molestas que algunos introducían en las comunidades en las que vivían. Se introduce una acción de cesación de esa actividad y permite al juez de una manera directa y fácil tomar medidas que impidan esa actividad, además de insolidaria, molesta y, algunas veces, contraria a la propia salud de los vecinos. Se añade también el fondo de reservas y, como decía al principio, la regulación de los complejos inmobiliarios.
En definitiva, señorías, estamos en presencia de una proposición de ley trabajada extraordinariamente en las Cámaras pero --también hay que decirlo, porque es cierto-- estamos en presencia de un texto en el que muchos de nosotros, a medida que lo vamos leyendo, echamos de menos nuevas reformas. Es decir, es un texto que sigue siendo mejorable porque es una realidad muy minuciosa, sobre la que se pueden tener opiniones muy diversas acerca de la administración de ese mundo complejo, difícil, minucioso de las comunidades de propietarios.
Hay quien ha dicho que el primer estadio, el primer escalón de la democracia son las corporaciones locales, y es verdad. Pero, al mismo tiempo, hay otras células, como la de las comunidades de propietarios, donde se administran bienes comunes, donde se eligen democráticamente órganos para esa administración, donde hay unos procedimientos judiciales en defensa de los derechos comunes y privativos de los miembros de esa comunidad; en definitiva, hay unas células que se sitúan en ese primer escalón de funcionamiento real, ordinario, diario, de la democracia, y eso es perfeccionable siempre.
Hoy tenemos que tener la satisfacción de elaborar ese texto y, al mismo tiempo, la humildad de reconocer que, si lo leyéramos de nuevo, todos nosotros volveríamos a introducir reformas, pero ésa es la vida de las leyes; es así y seguirá siéndolo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Marín Rite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cañellas tiene la palabra.


El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad quiero fijar la posición de mi Grupo favorable completamente a la proposición de ley, sobre todo, con las modificaciones, mejoras a nuestro entender, que hemos introducido.
Al final de la Comisión del pasado 22 de febrero hice --en un ambiente distendido en el que estábamos trabajando en aquel momento en una comisión que parecía más una ponencia ampliada, y realmente así lo era-- un comentario jocoso que quizá podría inducir a alguien a pensar que estaba haciendo una valoración de la ley de cierta ligereza. Nada más lejos de mi intención. Aquello, repito, era una broma entre compañeros, un comentario entre profesionales, que lo somos la mayoría de los que componemos la Comisión de Justicia, acerca de una ley.
Quiero a este respecto, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, retomar las palabras del portavoz en la Comisión, señor Marín Rite, cuando decía: es sin duda alguna una ley compleja que regula una materia importante para los ciudadanos. Lo ha vuelto a repetir hoy desde esta tribuna. Lo acepto, como acepto que quizá sería mejor que, en lugar de calificarla de ley importante nos atuviéramos a ese otro calificativo que le dio, de pequeño ordenamiento jurídico en general, porque es una Ley que contempla una problemática dentro de la problemática general de la sociedad. Trata de prevenir --«iuxta modum» que dicen los canonistas-- y hasta de regular las conflictividades, la conflictividad en definitiva, en las comunidades de propietarios. Hay que reconocer que conflictividades hay en todas las comunidades, incluida la simple de contigo pan y cebolla. Si nos elevamos hasta comunidades supranacionales los problemas --sus señorías se los saben de memoria-- son cada vez mayores porque hay que estar discutiendo temas que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos de las sociedades que componen esas comunidades. De ahí que, repito, me quedo con la definición que hizo el Senador Marín Rite de pequeño ordenamiento jurídico. Por eso tienen incluso un procedimiento especial. Por eso tienen incluso un sistema de reclamación del pago de deudas distinto del común de los procedimientos civiles.


Página 5768


Es ésta una proposición de ley al que nuestro Grupo, al igual que los otros grupos, ha introducido una serie de mejoras en el trámite de debate de esta Cámara. No voy a insistir en las novedades que ha relatado el Senador Capdevila i Bas ni a las que hacía referencia el Senador Martín Rite; tendría quizá que enumerar los párrafos y al final acabaría diciendo que mi Grupo está totalmente de acuerdo con prácticamente todos los párrafos de sus intervenciones.
Quiero insistir en algo que se han dicho ambos: que ha sido un trabajo intenso de los Grupos Parlamentarios; un trabajo serio, meditado, que no satisfará a todo el mundo, pero que es el mejor trabajo que hemos sido capaces de hacer. De lo que no se nos podrá acusar es de no haber intentado por todos los medios llegar a un acuerdo lo más generalizado posible en favor de esos ciudadanos que han de beneficiarse de la Ley, y que somos todos.
Quiero finalizar con unas palabras de agradecimiento al Letrado de la Comisión que ha realizado un trabajo ímprobo del que nos hemos aprovechado todos los grupos, algunos de cuyos frutos están presentes en forma de propuestas de modificación que todos hemos suscrito unánimemente.
Nada más, señora Presidenta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cañellas.
Terminado el debate vamos a proceder a la votación. (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar votando las enmiendas números 1 a 4, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, y por separado, se va a votar la enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, cuatro; en contra, 195; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número cuatro.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Mixto números 1 a 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, cuatro; en contra, 197; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas números 1, 2 y 3.
A continuación, se va a votar la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 91; en contra, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 15.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 6 a la número 11.
El Senador Caballero pide el voto separado de la enmienda número 7, que se va a votar en primer lugar.
Procedemos a la votación de la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 88; en contra, 117; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Procedemos a votar las enmiendas números 6 a 11, exceptuada la número 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 85; en contra, 118; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas números 6 a 11, así como la número 7, que se votó anteriormente.
Propuestas de modificación de dictamen, que han sido suscritas por todos los grupos. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) ¿Quiere pedir votación separada?

El señor ALEU I JORNET: Sí, señora Presidenta.
Quiero pedir votación separada de la enmienda de modificación que hace referencia a la exposición de motivos.


La señora PRESIDENTA: ¿Sólo ésa?

El señor ALEU I JORNET: De las que son de modificación, sólo ésa.


La señora PRESIDENTA: Procedemos entonces a votar en primer lugar la enmienda que se refiere a la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 121; en contra, 84; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen, suscrita por todos los grupos, que se refiere a la exposición de motivos.
¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento el resto de las enmiendas suscritas por todos los grupos? (Pausa.)

Página 5769


Quedan aprobadas las propuestas de modificación al artículo primero, segundo bis, tercero y sucesivos, sexto, noveno, decimocuarto, a la disposición adicional y a la disposición final.
Propuestas de modificación del dictamen, suscritas por cuatro grupos parlamentarios, sobre las enmiendas números 25 y 26. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿Su señoría quiere pedir votación separada?

El señor ALEU I JORNET: Quisiera subsanar un posible error que contiene la enmienda transaccional, sobre la base de las enmiendas números 32 y 33 del Grupo Parlamentario Popular.
En el punto segundo, segundo párrafo, línea tercera, dice: «A tal efecto dirigirá», y no dice qué dirigirá, falta la palabra «escrito». Sería conveniente que se corrigiese antes de la votación.


La señora PRESIDENTA: ¿Escrito 57.100?

El señor ALEU I JORNET: Exactamente, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: ¿Están de acuerdo los grupos? (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) ¿Sí, señoría?

El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Además, en las restantes enmiendas transaccionales se elimina, es posible que por error, la fecha de la Ley 49/1960, 21 de julio, que en el resto de la Ley figura. Si se hace voluntariamente, lo respetamos, pero si es por error, valdría la pena conservar la sistemática del resto de la Ley.
Además, pedimos votación separada de la única enmienda transaccional que hemos firmado, que es la que se sustenta en las enmiendas 45 y 46.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señoría, me indican los letrados que en la votación de la exposición de motivos estaban incluidas las enmiendas 45 y 46.


El señor ALEU I JORNET: En la exposición de motivos, no, porque hemos votado en contra de ella. En las demás, sí. Pero como al referirse a ellas la Presidenta ha hablado de enmiendas de modificación, y ésta no es de modificación sino transaccional, yo entendía que era una votación diferente. Quede claro, de cualquier manera, que nuestro Grupo vota favorablemente la transaccional referida a las enmiendas 45 y 46. Si se entiende que está dentro de este grupo, no pedimos la repetición de la votación.


La señora PRESIDENTA: Lo que ocurre, señoría, es que parece ser que la terminología reglamentaria no habla de enmiendas transaccionales sino de propuestas de modificación de dictamen suscritas por todos los grupos, o de propuestas de modificación del dictamen. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!--El señor Cañellas Fons pide la palabra.) Senador Cañellas, a ver si nos puede aclarar esta cuestión.


El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señora Presidenta.
Su señoría ha pedido que se sometiese a votación, en primer lugar, la enmienda a la exposición de motivos, que es una propuesta de modificación suscrita por todos los grupos. Así se ha hecho, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. De acuerdo. Luego hay una serie de propuestas de modificación que están suscritas por todos los grupos parlamentarios. La relativa a las enmiendas 45 y 46 es una enmienda suscrita solamente por cuatro grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA: Señoría, las enmiendas números 45 y 46 están firmadas por todos los grupos.


El señor ALEU I JORNET: Sí, evidentemente. Están firmadas por todos los grupos, y leo: Enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas 45 y 46. Aunque representa una modificación del dictamen, para nosotros era una enmienda transaccional, y por eso entendíamos que, cuando su señoría hablaba de modificación del dictamen, se estaba refiriendo a aquellas enmiendas que no tienen base para transaccionar y que exigen la firma de todos los grupos. Nosotros hemos firmado la enmienda referida a la exposición de motivos para que se tramitase, aunque hemos votado en contra, y por eso pensábamos que ésta no se había votado. Si la Presidencia considera que sí se ha hecho, queremos dejar constancia de que la hemos votado favorablemente. Nada más.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señoría.
Propuesta de modificación del dictamen suscrita por cuatro grupos parlamentarios sobre las enmiendas 25 y 26 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Se pueden votar conjuntamente? Gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 121; en contra, 83; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se aprueban las propuestas de modificación del dictamen sobre la base de las enmiendas 25 y 26.
Enmiendas 32 y 33 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 120; en contra, 85.


Página 5770


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen sobre la base de las enmiendas 32 y 33.
A continuación votamos la propuesta de modificación del dictamen sobre la enmienda número 34 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 120; en contra, 85.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen sobre la base de la enmienda número 34.
A continuación, pasamos a votar el dictamen de la Comisión. Artículos cuarto, quinto, octavo, noveno, duodécimo, decimosexto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 119; en contra, 83; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Vamos a votar el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 204; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA (630/000012).


La señora PRESIDENTA: Ruego a sus señorías presten atención a la Declaración Institucional que esta Cámara quiere hacer con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Voy a dar lectura a la Declaración: «El Senado reconoce los avances y conquistas de las mujeres españolas a lo largo de las últimas décadas, a pesar de que hoy por hoy continúa siendo necesario establecer y mantener políticas activas y acciones positivas para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.
La Constitución Española en su artículo 9 expresa que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad y la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o faciliten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Esta Cámara manifiesta que las mujeres siguen sufriendo la desigualdad en todos los ámbitos de la vida: el cultural, el educativo, el laboral, el social y el político. Denuncia que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y sigue cobrándose cada año miles de víctimas en todo el mundo. Las condiciones de acceso al empleo no son las mismas para mujeres y hombres, por ello es necesario seguir impulsando cuantas medidas sean precisas para la incorporación de la mujer al trabajo remunerado que corrijan las situaciones de desequilibrio.
La sociedad sigue manteniendo la tradicional división de papeles entre hombres y mujeres, y éstas asumen casi plenamente las responsabilidades familiares que sobrecargan el trabajo y el esfuerzo de las mujeres, siendo insuficientes todavía las políticas de bienestar social que faciliten su plena integración. Las mujeres siguen infrarrepresentadas en las instituciones elegidas democráticamente y en los puestos de responsabilidad donde se toman las decisiones.
Insta por ello a todos los poderes públicos a seguir promoviendo la igualdad de oportunidades, mediante políticas de acción positiva para lograr el objetivo de la paridad democrática. Se compromete a impulsar y a hacer el seguimiento desde esta Cámara de cuantas iniciativas vayan encaminadas a eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, a fomentar la igualdad de oportunidades y conseguir un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en la vida laboral, política, social, económica, educativa y cultural.» (Aplausos.) DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA (S. 621/000125) (C. D. 121/000139).


La señora PRESIDENTA: El siguiente dictamen es el de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador designado por la Comisión, en este caso el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, me cabe el honor de presentar ante este Pleno el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda del proyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea.


Página 5771


El proyecto de ley cuyo objeto es la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 97/5 CE, del Parlamento y del Consejo Europeos, de 27 de enero de 1997, fue remitido por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de enero para su tramitación en esta Cámara, por el procedimiento ordinario y, en consecuencia, el plazo de presentación de enmiendas se extendió hasta el 11 de febrero siguiente, en el que fueron presentadas un total de 10 enmiendas, siete del Grupo Parlamentario Popular y tres del Grupo Parlamentario Socialista.
El día 9 de febrero se reunió la Comisión para la designación de Ponencia, que se constituyó por los Senadores Olivencia y Santaella, por el Grupo Parlamentario Popular; por el Senador Cobo por el Grupo Parlamentario Socialista, y por el Senador Cambra por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que informaron el proyecto de ley el 24 de febrero, acordando por mayoría incorporar todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular e introducir algunas correcciones técnicas.
La Comisión, por último, se reunió para dictaminar el proyecto el mismo día 24 de febrero y aprobó el texto del informe en sus términos, como dictamen que es el que ahora tengo el honor de presentar.
Muchas gracias Señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Soravilla.
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) A continuación procederemos al debate del articulado. Artículos 1 a 9.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Cobo.


El señor COBO FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores Senadores, mi Grupo presenta un voto particular al dictamen de la Comisión. Pero con prioridad a su defensa, quiero anunciar que nuestra posición será favorable al texto de la ley. Preferiríamos que se vieran atendidas nuestras reclamaciones y que el proyecto fuese corregido en base a nuestras tres enmiendas.
Se trata de una ley que pretende proteger a los consumidores de las transacciones económicas, ya que suponen una parte importante de los pagos realizados entre países de la Unión Europea. Tras un análisis de las relaciones entre las entidades financieras y los clientes, la Unión Europea estimó conveniente, a través de directrices y de resoluciones del Parlamento, encauzar unas reglas de juego de las transferencias transfronterizas que garantizasen los intereses de los usuarios de las entidades financieras.
Sin embargo, tras comprobar que estas medidas europeas no han dado el resultado esperado, se considera necesario dictar una directiva con rango de ley que pueda ser transpuesta a los Estados miembros y que obligue a las entidades financieras al cumplimiento de unas determinadas reglas de juego; reglas de juego que tan sólo pretenden que las transferencias transfronterizas sean rápidas, fiables y económicas. En definitiva, se trata de defender los intereses de los consumidores.
Formulamos nuestra primera enmienda para que estén presentes en la ley, y no sólo a través de la Orden que en 1989 dictó el Ministerio o de la circular 8/1990 del Banco de España, aquellas determinaciones que hayan sido desarrolladas con posterioridad a la aprobación de esta ley. Resulta imprescindible que los clientes conozcan cuáles son las reglas del juego en una transacción financiera. Asimismo, deben ser informados sobre los costos de la transacción, lo que se va a cargar sobre el recipiendario y demás datos a tener en cuenta como el tipo aplicable o el período de tiempo que va a aplicarse a la transacción. Por eso nosotros pretendemos que estén presentes en la ley aquellos conceptos que hayan de ser fijados o concretados por normas posteriores.
Nuestra segunda enmienda pretende cuantificar una indemnización por incumplimiento de la entidad financiera para con el cliente ordenante de la transacción; se trataría de fijar una penalización, no sólo una reposición, a la que el banco debería hacer frente en caso de no cumplir las órdenes dadas por el cliente. Proponemos que la cuantía de la indemnización sea similar a aquella que penaliza a los clientes por los descubiertos en cuenta. De modo que los intereses que el cliente ha de pagar a la entidad financiera por un descubierto en cuenta sean exactamente los mismos que los que haya de pagar la entidad financiera al cliente por el incumplimiento total o parcial de la orden de transferencia.
La Directiva europea fija la indemnización máxima en 12.500 ecus y añade que sólo afectará a transferencias con un máximo de 50.000 ecus. Es evidente que piensa que la indemnización no será sólo cargar un poco los tipos de interés legales, sino que piensa en penalizaciones mayores; si no, no limitaría la indemnización máxima en 12.500 ecus. Parece ser que la intención de la Directiva es que los Estados miembros penalicen los derechos del ordenante de la transacción y no sólo repongan a la situación anterior a la transacción mal hecha.
Por ello, consideramos que los intereses indemnizatorios para el ciudadano han de ser similares a los definidos en el artículo 19 de la Ley 7/1995, de Crédito al Consumo, que penaliza los descubiertos en cuenta.
Por último, nuestra tercera enmienda parece de una lógica aplastante, pues dado que la Directiva ordena que la fecha límite de ejecución por los países miembros ha de ser la de 14 de agosto de 1999, y dado que en el preámbulo de la ley se reconoce que esta ley no es sino una transposición parcial de la Directiva, se hace necesario dentro de la ley un artículo transitorio que obligue al Gobierno, en nombre de los ciudadanos de este país, a que las ordenanzas o cualquier otro instrumento de desarrollo legislativo esté vigente con fecha 14 de agosto de 1999, de tal manera que no sea la Comisión o el Parlamento Europeo el que se dirija al Gobierno, en caso de incumplimiento, sino que sea la ley y, en consecuencia, los ciudadanos de este país, los que exijan al Gobierno el cumplimiento de la fecha en la que deba entrar en vigor esta normativa.
Dado que nuestro voto, como he manifestado al comienzo de mi intervención, va a ser favorable, pido la consideración favorable del grupo mayoritario para que

Página 5772


atienda nuestras enmiendas, que estimamos razonables, al texto que en su conjunto compartimos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Santaella.


El señor SANTAELLA PORRAS: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Cobo, no podemos aceptar ninguna de las tres enmiendas, como presupone su señoría. Las enmiendas números 8 y 9 son las mismas que presentaron en el Congreso de los Diputados. Se han debatido en Ponencia, se han debatido en Comisión y, no obstante, las ha traído al debate de Pleno. Está en su pleno derecho.
Por supuesto, la tercera es una iniciativa nueva, como veremos posteriormente. A mí me sucede todo lo contrario. Puesto que dice que van a pasar la meta con la bicicleta a cuestas, ya que han perdido la cadena, han perdido los pedales y a pesar de ello van a votar a favor, las enmiendas, al igual que se hizo en el Congreso, también se van a rechazar en este trámite por los argumentos que a continuación expondré. Yo le rogaría que las retirara, puesto que el proyecto de ley en sí políticamente no significa nada, sino que es una transposición europea a nuestro régimen jurídico legislativo del Estado español.
Los argumentos son los mismos que se reiteraron en el Congreso y están en el «Diario de Sesiones» y los mismos que se expusieron en la Comisión. En la enmienda número 8 ustedes lo que quieren es ir más allá de lo que la Directiva en sí dice; es más, quieren reglamentar lo que no se está obligado a reglamentar. Indudablemente, en su última enmienda usted se refiere a reglamentos pero pueden ser, por ejemplo, simplemente órdenes ministeriales. Querer regular en el articulo 4 y un artículo nuevo relativo a la transparencia de las condiciones aplicables a las transferencias que, por una parte, ya vienen reflejadas en el propio texto de la ley, habría que verlo desde la parte contraria, cuando ustedes estaban en el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en la oposición. Deje usted al Ministerio de Economía y Hacienda las facultades que por sí tiene reconocidas en el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina y de intervención en los estados de crédito. No vaya más allá de lo que la Directiva en sí está dejando para que nosotros transpongamos al régimen jurídico de nuestro Estado español.
Respecto a la enmienda número 9, usted simplemente quiere --y dice que no es penalización-- que el término del interés fijado del dinero se sustituya por el interés fijado a los descubiertos en cuenta contemplados en el artículo 19 de la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo. Es decir, ya matiza tanto cuál debe ser el interés, que ya la propia enmienda determina que no se está hablando de indemnizar, sino de penalizar. Creo que tanto en el texto de la Directiva como en el de la ley no se está contemplando bajo ningún aspecto el término y el concepto de la penalización, sino única y exclusivamente el de la indemnización.
Le voy a poner un ejemplo matemático al respecto de su enmienda. Fíjese, para el año 1998 en la disposición adicional sexta de los Presupuestos Generales del Estado se fija el interés legal del dinero en el 5,5 por ciento, aplicando el texto en sí que vamos a aprobar corresponde una indemnización del 6,8 por ciento. En los mismos Presupuestos Generales del Estado a los que he hecho referencia, el interés indemnizatorio en los ámbitos tributarios está fijado en el 7,5 por ciento, aplicando lo que usted pretende en su enmienda, el tipo --que yo ya conceptúo como penalizador-- del que está hablando es del 13,75 por ciento. Pero no es que yo le diga que es un concepto penalizador, es que usted sabe que en el propio dictamen del Consejo de Estado 2.101/88, de 30 de julio de 1998, consta por escrito. Usted no quiere entenderlo, a mí me recuerda a los cochecitos de lata y de cuerda que cuando se disparan van corriendo, dan contra el muro, pero hasta la cuerda sigue patinando la rueda. Usted quiere mantener el cochecito contra el muro hasta que se le acabe totalmente la cuerda. No, el dictamen, aunque usted diga lo contrario, está muy claro y establece taxativamente que no estamos hablando de conceptos penalizadores, sino de conceptos totalmente indemnizatorios.
Por último, señor Cobo, la tercera enmienda es la gran aportación que el Grupo Parlamentario Socialista hace en el Senado, y fíjese qué aportación: una nueva disposición transitoria que diga que el reglamento que desarrolle esta ley deberá entrar en vigor antes del 14 de agosto de 1999. ¿Por qué tiene que ser un reglamento? En segundo lugar, fíjese lo que dice la Directiva que estamos transponiendo con esta ley en su artículo 11: que el plazo dado a los Estados para hacer esta transposición a sus reglamentos es el 14 de agosto de 1999. Es decir, si nosotros estamos basándonos en una Directiva para hacer precisamente este proyecto de ley y tenemos que cumplirlo con un plazo señalado en su artículo 11, el 14 de agosto de 1999, no venga usted a poner una disposición adicional más diciendo que, además, el reglamento que desarrolle esta ley deberá entrar en vigor antes del 14 de agosto de 1999. Es obvio, es lógico y es consecuente.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Entramos en turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente quiero manifestar que nuestro Grupo va a votar a favor de este proyecto de ley, como no podía ser de otra forma, al no haber presentado nosotros ninguna enmienda al mismo.
Por tanto, estamos de acuerdo básicamente en el contenido técnico --que no en el político-- de este proyecto que traspone parcialmente la Directiva ya citada por los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra.
Nada más y muchas gracias.


Página 5773


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Cobo.


El señor COBO FERNANDEZ: Gracias, señoría.
Querido compañero Juan, no se trata de tener una cierta cabezonería queriendo mantener las enmiendas, sino de que estamos defendiendo unos determinados valores.
Ya he intentado explicárselo, e insistiré unos segundos más, aunque ya sé que lo que sí es un carro de combate automático que funciona con motor directo en otros sitios --pero no aquí-- le va a impedir a usted cambiar, a pesar de mis razonamientos, su posición en torno a las enmiendas.
Respecto a la segunda enmienda, se trata de una cuestión sencilla. Si los clientes de las entidades financieras con descubiertos en cuenta, por usar un dinero que no es suyo, puesto que es de esas entidades financieras, según la ley del Consumo han de pagar un determinado interés --concretamente el 13,75--, podría decirse también que si el banco usa de manera inadecuada los fondos del depositario, del que nutre las operaciones de transferencia, que es el cliente, lógicamente debería de pagarle a éste lo mismo, creo yo. ¿Por qué hemos de proteger a los fuertes en lugar de proteger a los débiles? Se trata simplemente de lo siguiente. Por lógica, lo que en la Directiva europea se llama indemnización tiene carácter de penalización. Y se lo voy a demostrar en un segundo. Si la mayor transferencia autorizada por aplicación de esta ley es de 50.000 euros y se pone la indemnización máxima en 12.500 euros, dado que los intereses en Europa están al 3 por ciento es imposible que la indemnización se calcule simplemente como los intereses legales y un poquito más. Evidentemente, prevé que se penalice a las entidades financieras para que tengan incentivos a la hora de cumplir la orden del que manda la transferencia a otro país. Parece que esto es lógico.
El dictamen del Consejo de Estado no hace sino manifestar que lo propuesto por el Gobierno no tiene carácter penalizador sino indemnizatorio. Por tanto, a nosotros nos parecería de justicia equitativa que se pudiera tratar tanto al banco como al cliente de manera similar en situaciones similares, y que, por tanto, el castigo fuese también similar. Pero parece que usted no lo entiende así.
Por otra parte, señoría, la Directiva europea no obliga al Gobierno español más que en el contexto de la Unión Europea. ¿Y por qué se hace una ley para la trasposición de la Directiva? Porque es lo lógico y lo racional. Además, ése es el entramado legislativo de la Unión Europea: que lo que obligue al Gobierno de una nación sean las leyes que sus Parlamentos determinan. Por tanto, es necesario que este Parlamento dirija al Gobierno lo que son por sí mismas determinaciones de la Directiva, si es que las comparte, pero lo cierto es que sí las comparte porque así votaron en el Parlamento Europeo nuestros grupos políticos.
Es decir, si queremos que la fecha sea el día 14 de agosto de 1999, esa fecha no debe marcarse partiendo de una obligación por parte del Parlamento Europeo para que el Gobierno la cumpla, sino que debe ser nuestro Parlamento el que obligue a su Gobierno a cumplir aquello que crea más conveniente. Porque también podría haberse decidido que esa fecha no fuese el 14 de agosto sino pasado mañana.
El pequeño error, si ustedes lo quieren subsanar, está en que, si no es por reglamento, que sea por cualquier otra norma legal. Eso da igual.
Pero lo que nosotros queremos decir es que la ciudadanía española, a través de su Parlamento, quiere obligar al Gobierno para que no se descuide de que el plazo máximo de transposición completa de esa Directiva europea ha de estar vigente el día 14 de agosto de 1999.
Sé que esto no lo van a aceptar dado el comportamiento que están teniendo ustedes en este momento y dado que los razonamientos son difíciles de mantener, pero en cualquier caso, puesto que el día 15 de agosto de 1999 no estaremos aquí, espero que en la próxima sesión podamos ver si ustedes han cumplido aquello a que dicen de comprometerse sin necesidad de que haya una disposición transitoria en esta ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cobo.
Tiene la palabra el Senador Santaella.


El señor SANTAELLA PORRAS: Gracias, señora Presidenta. Señorías, muchas gracias, en primer lugar, a todos los Grupos Parlamentarios por prestar su apoyo a este proyecto de Ley y, concretamente, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que, aunque no ha retirado sus enmiendas, pasa la meta, efectivamente, como decía, con la bicicleta a cuestas. Pero lo entiendo. Sabía que para mi compañero de provincia, siendo motrileño, era un orgullo seguir hasta el final; es decir, debería retirar las enmiendas pero no lo va a hacer, no sé si por ser del Grupo Parlamentario Socialista, o por ser de Motril, o porque lo obvio es obvio o tiene que serlo.
De todas formas, las dos enmiendas ya fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados y, lógicamente, van a seguir siéndolo.
Y respecto a la tercera, me voy a permitir --porque en la tribuna no lo tenía a mano, pero ahora sí-- leer el texto íntegro del artículo 11 de la Directiva de la que trae causa la Ley: «Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 14 de agosto de 1999.» No hace falta una enmienda para recordarlo, Senador Cobo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Santaella.
Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas por su orden.
Votamos las enmiendas 8 a 10. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 78; en contra, 113.


Página 5774


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos los artículos 1 a 9, disposiciones finales, primera a tercera y preámbulo, según el dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 190; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA. En consecuencia, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado a las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad El Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal