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DS. Senado, Pleno, núm. 125, de 25/03/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1999 VI Legislatura Núm. 125

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 25 de marzo de 1999

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 122, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000122) (Número de expediente C. D. 121/000132).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 123, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000123) (Número de expediente C. D. 121/000133).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 119, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000119) (Número de expediente C. D. 121/000129).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 120, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000120) (Número de expediente C. D. 121/000130).


Página 5894


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 121, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000121) (Número de expediente C. D. 121/000131).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 124, de fecha 12 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000124) (Número de expediente C. D. 121/000136).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (Página 5897)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (Página 5897)

El señor Ministro de Administraciones Públicas (Acebes Paniagua) realiza la presentación formal ante la Cámara de los seis proyectos de ley.


El señor Espert Pérez-Caballero, Presidente de la Comisión, presenta conjuntamente a la Cámara los dictámenes de la Comisión relativos a los mencionados proyectos de ley.


Se abre debate de totalidad.


El señor García Carnero consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Continuación) (Página 5903)

Comienza el debate del articulado.


El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 5.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 4. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 6 a 8, del Grupo de Senadores Nacionalistas

Página 5895


Vascos. El señor Pérez García defiende las enmiendas números 9 a 18, del Grupo Socialista. El señor García Carnero consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Pérez García, por el Grupo Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 108 en contra y 71 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 107 en contra y 70 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 6 a 8, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 5 votos a favor, 101 en contra y 75 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 9 a 18, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor, 109 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el texto del dictamen por 108 votos a favor, 2 en contra y 71 abstenciones.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (Página 5911)

Comienza el debate del articulado.


El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, da por defendidas todas las enmiendas por él presentadas a los seis proyectos de ley. El señor Gangoiti Llaguno defiende la enmienda número 2 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cardona i Vila defiende las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores García Miralles y Galán Pérez defienden las enmiendas números 6 a 8 del Grupo Socialista. El señor Agramunt Font de Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente por el Grupo Mixto; Cardona i Vila por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez por el Grupo Socialista, y Agramunt Font de Mora por el Grupo Popular.


Se da por retirada la enmienda número 5 del Grupo Socialista.
Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto , por 3 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 2 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 166 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 99 en contra y 69 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 6 a 8 del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen, por 175 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Página 5920)

Comienza el debate de la propuesta de veto y del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 y las enmiendas 1 a 3 a este proyecto de ley, así como las restantes enmiendas por él presentadas a los proyectos de ley que quedan por debatir. El señor Huete Morillo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 168 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 3 del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 167 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen, por 171 votos a favor y 2 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


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De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (Página 5922)

Comienza el debate del articulado.


El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 15 a 19 a este proyecto de ley, así como las números 3 y 4 al proyecto relativo al derecho a la educación, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cardona i Vila defiende las enmiendas números 35 a 37 a este proyecto de ley y da por defendida la enmienda número 6 al proyecto relativo al derecho a la educación, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Pérez García defiende las enmiendas números 20 a 34, del Grupo Socialista. El señor García Carnero consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Pérez García, por el Grupo Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Mixto, por 65 votos a favor y 104 en contra.


Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor y 167 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 9 del Grupo Mixto, por 1 voto a favor y 168 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 15, 17 y 19, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 2 votos a favor, 165 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 16 y 18, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 2 votos a favor, 103 en contra y 64 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 35 a 37, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 164 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 20 a 34, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor y 104 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen, por 103 votos a favor, 1 en contra y 66 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (Página 5929)

Comienza el debate del articulado.


Habiendo sido defendidas las enmiendas del Grupo Mixto, en turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, y Agramunt Font de Mora, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Mixto, por 0 votos a favor, 164 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el texto del dictamen, por 167 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (Página 5930)

Comienza el debate del articulado.


El señor Lissavetzky Díez defiende la enmienda número 5 del Grupo Socialista. El señor Huete Morillo consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


En este momento hace uso de la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas (Acebes Paniagua).


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 63 votos a favor, 97 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 65 votos a favor y 100 en contra.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor y 157 en contra.


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Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor y 101 en contra.


Se aprueba el artículo 1 del dictamen, por 164 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 99 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (S. 621/000122) (C. D.
121/000132).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (S. 621/000123) (C. D.
121/000133).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (S. 621/000119) (C.
D. 121/000129).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL, EN MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS (S. 621/000120) (C. D. 121/000130).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNION (S. 621/000121) (C. D.
121/000131).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACION (S. 621/000124) (C. D.
121/000136).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con diversos proyectos de ley.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, comparezco en esta Cámara, en el día de hoy, para realizar una tarea que es especialmente grata para mí, como es la presentación formal en el Senado de este conjunto de proyectos de ley que se han venido conociendo como el Pacto Local.
Decía que es una tarea especialmente grata para mí por dos razones.
Porque, como sus señorías conocen, tengo una especial vinculación con el mundo local y he vivido con especial intensidad la política local, en determinados años de mi vida; he conocido sus problemas, las dificultades de la gestión, el voluntarismo que hay que poner todos los días para satisfacer las legítimas demandas de los vecinos, con los siempre limitados medios humanos y materiales y la dependencia de otras instancias territoriales. Por eso me felicito y felicito a todos los alcaldes y concejales de este país, porque con este conjunto de leyes estamos dando un gran paso adelante para hacer más eficaz ese gobierno local. Estamos suprimiendo muchas de las trabas que atenazaban la vida local y estamos afianzando la democracia en las instancias políticas más inmediatas, aquellas que el ciudadano percibe como más cercanas.
En segundo lugar, me resulta más grata la tarea porque tiene lugar en esta Cámara, en la Cámara de representación territorial, donde son especialmente apreciadas las iniciativas que, como ésta, tienen por objeto progresar en la articulación territorial del Estado, en la configuración de un auténtico estado descentralizado en el que cada instancia tenga nítidamente definido su papel de competencias y pueda desempeñarlas con eficacia y con suficiencia.
Las leyes que hoy presento son leyes de modificación de distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico con las que se trata, bien de introducir la perspectiva local para dar más garantía a su desarrollo, bien para mejorar la gestión de nuestras corporaciones dotándolas de mecanismos que faciliten o hagan más ágil su gestión, o bien de racionalizar

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el funcionamiento de las propias corporaciones locales.
En su paso por ambas Cámaras, estas seis leyes que presento han tenido una tramitación bastante sosegada, lo que demuestra el alto grado de consenso que suscita este conjunto de leyes. Sólo se ha presentado un veto, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, a la modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios no han sido muy numerosas, lo que prueba que parte de sus aspiraciones han sido satisfechas a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Por otro lado, este alto grado de consenso, era esperado, ya que todos los grupos políticos hoy representados en esta Cámara tienen responsabilidades en los gobiernos locales y todos somos conscientes del avance que va a experimentar el mundo local con estas modificaciones legislativas.
Su importancia transciende también a otros ámbitos. En efecto, señorías, con el fortalecimiento de la autonomía local se contribuye al fortalecimiento, al mismo tiempo, de la organización territorial del Estado y lo que es más, cobra sentido vivamente la aprobación y ratificación por el Reino de España, el 20 de enero de 1988, de la Carta Europea de Autonomía Local, aportándose un grano de arena a la construcción de una Europa, a las puertas del siglo XXI, basada en los principios de democracia y descentralización del poder.
Señorías, hace más de dos años y medio que el Gobierno asumió el reto de trabajar y promover cuantas medidas fueran precisas para abordar, con el máximo respeto al marco constitucional y competencial de las administraciones territoriales, la ampliación de competencias y el reforzamiento necesario de la autonomía local. Ha estado presente el deseo de conseguir la máxima participación y consenso, no sólo de las administraciones afectadas sino también del máximo órgano de representación de los entes locales, como es la Federación Española de Municipios y Provincias, y también la importante y decisiva participación y el consenso de las diferentes fuerzas políticas.
Hoy, gracias a esta apuesta, a este esfuerzo común de diálogo y de trabajo, es posible presentar ante sus señorías, en esta Cámara un conjunto de proyectos normativos que harán realidad esos compromisos, que darán respuesta a peticiones comunes de nuestros ayuntamientos y facilitarán la solución a problemas sufridos en épocas anteriores.
Por ello, por su importancia, permítanme, aunque sea de manera muy breve, que realice una exposición de las medidas que se presentan y que ustedes --me consta-- conocen sobradamente por su directa participación.
Unicamente, por su importancia, haré unas reflexiones sobre los aspectos políticamente más relevantes que el conjunto de ellas contienen.
Se proponen un conjunto de medidas para el fortalecimiento de la democracia local. Entre esas medidas, quiero destacar la introducción del automatismo en la convocatoria de los Plenos en los que deben discutirse las mociones de censura, a fin de contrarrestar actitudes --de todos conocidas-- de quienes no proceden a convocar los Plenos en los que deben debatirse acudiendo a diversas argucias legales --en el mejor de los casos-- o al boicoteo sistemático de sus convocatorias.
Igualmente, cabe resaltar la introducción de la cuestión de confianza por primera vez en el mundo local. Ligada, esta cuestión de confianza, a la aprobación de determinados acuerdos de trascendencia como la de los presupuestos, la del reglamento orgánico, del planeamiento urbanístico o de las ordenanzas fiscales. Esta iniciativa se toma, precisamente, para evitar situaciones de bloqueo político que desembocan con demasiada frecuencia en situaciones anómalas a lo que debe ser el normal desenvolvimiento de la actuación corporativa.
Tal sería el caso de los Ayuntamientos que se ven obligados a prorrogar sistemáticamente los presupuestos de años anteriores con la disfuncionalidad que dicha situación conlleva. Ello, se produce por no contar con el voto necesario para su aprobación y sin que, por otra parte, se presente por la oposición moción de censura que permitiera superar el mencionado bloqueo.
Otro conjunto de medidas tratan del fortalecimiento del Gobierno local.
Quiero significar, en primer lugar, la introducción de una mayor racionalización en el funcionamiento de las corporaciones a través de la atribución al Alcalde o Presidente de funciones que son meramente de carácter ejecutivo y que en la actualidad estaban atribuidas al Pleno, lo que fuerza a este último a dedicar gran parte de su actuación a tareas de mera gestión para las que no estaba concebido como órgano deliberante y colegiado que es, restando, por ello, eficacia y agilidad al cumplimiento de las mismas como sucede, por ejemplo, con la gestión del personal o presupuestaria, la contratación, etcétera. Esto ocurría, especialmente, en los municipios con una mayor población.
Por el contrario, desde mi punto de vista, resulta más lógico que el Pleno establezca el marco general al que deben adecuarse estas funciones de ejecución mediante la aprobación de los instrumentos oportunos, como el presupuesto o la plantilla de personal de la corporación.
Igualmente, y como lógica contrapartida al traspaso de competencias ejecutivas al Alcalde, se fortalecen las funciones de control político del Pleno a través del establecimiento de una mayor frecuencia en la celebración de los Plenos ordinarios, ya sea mensual, bimensual o trimestral, en función de la población, y la exigencia de que la parte del orden del día de los Plenos destinados al control político del ejecutivo tengan sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, no diluyéndose en el apartado de ruegos y preguntas al final de la sesión, al que se llega casi siempre sin tiempo material y sin el correspondiente y necesario debate.
Dentro de estas medidas, el proyecto normativo impide incorporar un asunto para el que se ha pedido un Pleno extraordinario a uno de carácter ordinario sin la autorización expresa de los solicitantes de la convocatoria. Asimismo, es importante la previsión de convocatorias automáticas de los Plenos extraordinarios cuando el Alcalde se niegue a efectuar la oportuna convocatoria en el plazo legalmente establecido al efecto.


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Pero si a estas medidas se une la previsión de que las Comisiones Informativas de control sean obligatorias en municipios de más de 5.000 habitantes y en las diputaciones provinciales, entre cuyas funciones se incorpora el seguimiento de los órganos ejecutivos de la corporación, el resultado será, indudablemente, una potenciación muy importante del papel político del control del Pleno, reforzando así los mecanismos democráticos en todas nuestras corporaciones locales.
En tercer lugar y, por último, se agrupan una serie de medidas en defensa de la propia autonomía local. Quiero destacar la previsión, de indudable importancia, que se produce con la articulación, por primera vez, de un acceso directo de los entes locales al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía que la Constitución le reconoce expresamente a través de la modificación de la Ley Orgánica reguladora de dicho Tribunal.
Se introduce en la misma un procedimiento específico, denominado Conflicto en defensa de la Autonomía local, contra aquellas disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que atenten contra la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Coincidiremos todos en la valoración de esta medida como la de mayor trascendencia de las que contempla el Pacto Local, porque este acceso directo al Tribunal Constitucional va a permitir a las entidades locales dejar de depender de terceras instancias para defender su autonomía, lo que no dejaba de constituir un trato discriminatorio para municipios y provincias, cuando lo cierto es que el artículo 137 de nuestra Constitución no diferencia entre administraciones a la hora de reconocerles este derecho.
Pero es que, señorías, todo ello facilitará, además, que el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, vaya dando contenido concreto al concepto de garantía institucional de la autonomía local, concepto que no se encuentra desarrollado en la Constitución en lo que se refiere a su contenido competencial, a diferencia de lo que, como todos ustedes conocen, sucede con las Comunidades Autónomas, lo que, sin duda, va a constituir un poderosísimo instrumento para dotar de mayores niveles competenciales a los entes locales, y permitirá, en consecuencia, la adecuada articulación progresiva del principio de subsidiariedad.
Junto a esta trascendental medida, se introducen en la Ley de Bases modificaciones en el sistema de recursos en el ámbito local, dotándole de una mayor seguridad jurídica en su relación con las restantes administraciones públicas.
Especial referencia quiero hacer a la recuperación del recurso de reposición introducido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, que se recoge también en la Ley de Bases de Régimen Local.
Este recurso permitirá de nuevo a los ciudadanos recurrir ante la propia corporación local los acuerdos que les afecten y a las mismas a reconsiderar sus actos por una vía más rápida, más económica, sin necesidad de acudir a los tribunales.
Por otra parte, y dentro de estas medidas, considero de vital importancia el reconocimiento de la representación local en foros donde estaban contemplados, tales como organismos de asesoramiento y planificación del Estado --Consejo Escolar, Confederaciones hidrográficas--, en materias tan importantes y tan trascendentales como la educación, el empleo, el medio ambiente, se oirá la opinión, la palabra y la posición de nuestras corporaciones locales, así como su participación en procesos que afecten directamente a sus ámbitos de interés. Se superan con ello situaciones discriminatorias respecto a otras administraciones existentes en la actualidad y se garantiza la participación en temas que les repercutirán directamente.
No obstante, el hecho de que me haya detenido en una serie de medidas concretas no quiere significar que considere que el resto que conforma la totalidad de este conjunto de proyectos de ley, cuyo debate ahora inicia esta Cámara en el Pleno, carezca de valor. Todas, hasta las medidas de carácter más técnico que político, son trascendentales para el mundo local y, reflejadas en modificaciones legales concretas, posibilitarán un mejor ejercicio de la autonomía local, de las competencias encomendadas, del funcionamiento de los servicios que le son propios y, en definitiva, de la atención inmediata al ciudadano en las necesidades y en los problemas concretos que la sociedad actual le requiere.
Después de hacer estas consideraciones globales, creo, señorías, que se puede afirmar que entre todos se ha realizado un gran trabajo. Hemos avanzado en la real y efectiva autonomía local reconocida en la Constitución española, y espero por ello que los proyectos que hoy se presentan a debate parlamentario salgan con la mayoría y el consenso que ha caracterizado su trayectoria desde el inicio hasta el momento actual.
Si así fuera, debemos felicitarnos. Quiero agradecer desde esta tribuna, a todos cuantos han participado, su dedicación, su esfuerzo, su trabajo y sus aportaciones, sin las cuales me consta que no hubiésemos podido lograr una tan importante empresa.
Pero no quiero terminar sin hacer un llamamiento a la necesidad que subsiste de continuar en la misma línea de coordinación, de cooperación y de consenso. Hay que conseguir que, a no tardar, podamos también felicitarnos por alcanzar el pacto autonómico local, que ahora corresponde a las Comunidades Autónomas en sus distintos ámbitos competenciales como segundo paso hacia la consolidación de la autonomía de nuestras administraciones territoriales, de acuerdo con el modelo reconocido por nuestra Constitución.
Con ello, habremos alcanzado una ordenación territorial, social y democrática mejor, en beneficio de todos nuestros vecinos, de todos nuestros ciudadanos, en definitiva, de todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, el Senador Espert, por espacio de diez minutos.


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El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Señora Presidenta, señorías, voy a hacer una presentación conjunta de los dictámenes de los seis proyectos de ley, dada la lógica y natural relación entre todos ellos.
Se trata del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas; del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión; del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Los seis proyectos de ley fueron remitidos por el Congreso de los Diputados el 30 de diciembre de 1998. La Mesa del Senado acordó encomendar el dictamen de todos ellos a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y abrir un plazo de enmiendas, que finalizó el día 10 de febrero de 1999. Dicho plazo en uno de los supuestos, en el proyecto de ley referente al Tribunal Constitucional, fue ampliado hasta el 16 de febrero de 1999.
Al proyecto de ley referido a la Ley del Régimen Electoral General se presentaron 18 enmiendas, al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ocho enmiendas, al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana se presentaron un veto y tres enmiendas; al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local fueron presentadas 37 enmiendas. Respecto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión las enmiendas presentadas fueron dos. Y, finalmente, al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación fueron presentadas seis enmiendas.
La Comisión se reunió para designar las respectivas ponencias el 23 de febrero de 1999. La Ponencia para el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General quedó constituida por los señores don Pedro Agramunt Font de Mora, don Lluís Armet i Coma, don Jaume Cardona i Vila, don Dionisio García Carnero, don Santiago Pérez García, don José Fermín Román Clemente y don Joseba Zubia Atxaerandio.
La Ponencia para el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional quedó constituida por los excelentísimos señores don Pedro Agramunt Font de Mora, don Jaume Cardona i Vila, don Joaquín Jesús Galán Pérez, don Dionisio García Carnero, don Antonio García Miralles, don José Fermín Román Clemente y don Joseba Zubia Atxaerandio.
Para el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana la Ponencia quedó constituida por los señores don Pedro José Ardaiz Egüés, don Lluís Armet i Coma, don Jaume Cardona i Vila, don Dionisio García Carnero, don Luis María Huete Morillo, don José Fermín Román Clemente y don Joseba Zubia Atxaerandio.
En el proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local la Ponencia quedó constituida por los señores don Pedro Agramunt Font de Mora, don Jaume Cardona i Vila, don Jesús Salvador Fernández Moreda, don Dionisio García Carnero, don Santiago Pérez García, don José Fermín Román Clemente y don Joseba Zubia Atxaerandio.
La Ponencia para el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión quedó constituida por los señores don Pedro Agramunt Font de Mora, don Pedro José Ardaiz Egüés, don Lluís Armet i Coma, don Jaume Cardona i Vila, don Dionisio García Carnero, don José Fermín Román Clemente i don Joseba Zubia Atxaerandio.
Por último, la Ponencia para el estudio del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación quedó constituida por los señores don Lluís Armet i Coma, doña Inmaculada de Boneta y Piedra, don Jaume Cardona i Vila, don Dionisio García Carnero, don Luis María Huete Morillo, don Jaime Lissavetzky Díez y don Joseba Zubia Atxaerandio.
Las respectivas ponencias infomaron los proyectos de ley el 8 de marzo de 1999. Esas ponencias, por mayoría, acordaron mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Los informes fueron publicados en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
La Comisión General de las Comunidades Autónomas se reunió para dictaminar los proyectos de ley el 8 de marzo de 1999, acordando aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Dichos dictámenes fueron publicados en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» con fecha 12 de marzo de 1999.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Espert.
Comenzamos el debate de totalidad de estos dictámenes. ¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, no tendría ningún sentido entrar en el debate individual de cada una de estas importantes leyes que hoy se modifican si no planteásemos en principio una visión de conjunto; incluso sería una incongruencia normativa hablar, por ejemplo, de la moción de confianza que se establece en la LOREG sin hablar de la articulación dentro de la Ley de Bases de Régimen Local. Y es verdad que si esta modificación de leyes tan importantes como la del Tribunal Constitucional cobra especial importancia es justamente porque entre todas ellas existe

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una interrelación, una interrelación que tiene un objetivo, señorías: el municipalismo.
Es la primera vez en las últimas legislaturas, e incluso desde la aprobación de la Constitución, que el municipalismo cobra en España un papel importante, un papel primordial, y no sólo en esta Cámara, sino en el Parlamento. Señorías, a lo largo de la distintas legislaturas se han ido dedicando esfuerzos importantes dentro de la estructuración territorial de España a un nuevo modelo, el modelo autonómico, que se implanta, que es necesario, al que hay que dotar de contenido, de competencias..., y ello ha atraído una gran parte de la dedicación parlamentaria de los últimos años.
Nosotros creemos, señorías, que los municipios han estado relegados a un segundo lugar, que muchos de los derechos que hoy se van a reconocer normativamente a los municipios y que constitucionalmente estaban recogidos han mantenido hasta ahora a los municipios en España en un lugar de segunda división. Y esa reivindicación que todos los municipios, de cualquiera de los colores políticos, han mantenido de manera creciente en los últimos años tuvo su punto más álgido, su punto de eclosión, en 1993 en una asamblea que «ad hoc», específicamente para ello, se convocó de forma extraordinaria en La Coruña y que presidía incluso el Alcalde de esa ciudad, entonces Presidente de la FEMP y perteneciente al Partido Socialista. Allí ya se planteó una reivindicación casi con carácter de ultimátum, una exigencia al Gobierno de entonces, y hay que decir que el Gobierno de entonces, el Gobierno de 1993, lo incorporó como una prioridad enormemente destacada. Y ahí quedó, en una promesa de prioridades.
El Partido Popular estableció en su programa como una prioridad esencial el dar cumplida atención a las reivindicaciones que todos los municipio de España venían manteniendo desde hacía muchos años, y el hecho de que en sólo dos años y medio de Gobierno esto se haya conseguido plasmar --si es que sus señorías hoy tienen a bien aprobar los proyectos que se nos someten a consideración--, sin ánimo de reivindicaciones partidistas, merece un reconocimiento a la acción del Gobierno de los dos últimos años. La dedicación del Gobierno en pleno, del Ministerio de Administraciones Públicas como coordinador de una tarea de varios Ministerios --porque aquí, como sus señorías saben, hay leyes muy importantes que afectan a diversos departamentos ministeriales: de Educación, de Interior, etcétera--, es el reconocimiento de que el municipalismo es para este Gobierno y para el Grupo que lo sustenta una pieza esencial en el engranaje de la articulación democrática y territorial de España.
Y dicho esto, señorías, me parece necesario añadir un segundo elemento, y es el grado de diálogo y de consenso con que hemos llegado a esta situación. Se han celebrado más de 60 reuniones con representantes de todas las fuerzas políticas, con representantes de la mayor parte de las fuerzas sociales que tienen un interés directo sobre los municipios, negociaciones permanentes con la representación legítima de todos los municipios de España, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, y fruto de ese laguísimo trabajo, que ha durado más de dos años, se ha llegado a un texto que fue debatido, que fue corregido, que fue mejorado en el Congreso de los Diputados y que hoy se presenta aquí con capacidad, creo yo, de dar satisfacción a todas las reivindicaciones o a la práctica totalidad de las demandas de los municipios de todos los colores de España en los últimos años.
Hechas esas dos consideraciones, y contemplada, por tanto, la ley que ahora estamos debatiendo, es decir, la modificación del artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, teniendo en cuenta esa perspectiva general me parece necesario resaltar como algo muy positivo --y ésa es la razón de que utilicemos este turno a favor-- los dos aspectos en que se centra la modificación de esta ley. Por una parte, la regulación de la moción de censura, y por otra, el establecimiento por primera vez como cuerpo normativo en el ámbito local de la moción de confianza.
Ambos instrumentos tienen una función de equilibrio en las relaciones de eficacia del Gobierno municipal y de control por parte de los grupos de oposición. La moción de censura, que ha tenido una larga historia normativa en los últimos años, en pocas ocasiones, pero de manera muy sonada --e incluso generando a veces una imagen enormemente negativa de la democracia local--, se ha utilizado de forma torticera, aprovechando las lagunas o los espacios sin una clara interpretación normativa, por algunos alcaldes o corporaciones para sustraerse a la acción que se persigue con ella, como es establecer un debate para censurar la acción de los Presidentes de las corporaciones y poder sustituirles con otra alternativa.
Normalmente, eran varios los recovecos o elementos que se utilizaban en esa acción torticera: la no convocatoria de la sesión, la presidencia de esa sesión por el mismo que iba a ser censurado, el reconocimiento o no de las firmas en el último momento... En fin, todas sus señorías conocen esos elementos que, aunque digo, de forma aislada, han hecho tristemente famosos a algunos pequeños pueblos de España y también a algunas ciudades.
Esos cuatro elementos que se han mostrado hasta ahora como aquellos en los que se refugiaban las acciones poco rectas de los Presidentes de las corporaciones son perfectamente corregidos en este texto. Y sin entrar en el detalle de cada uno de ellos, diremos que tras la aprobación de este texto, es decir, cuando la modificación del artículo 197 se publique en el «Boletín Oficial del Estado», no habrá forma --al menos, de las detectadas hasta ahora-- de eludir la moción de censura, y podrá, por tanto, celebrarse en plenitud un instrumento reconocido en el cuerpo normativo, en la Ley de Bases de Régimen Local.
También creo que merece una especial referencia la moción de confianza, destinada precisamente a proteger y servir de instrumento a aquellos Gobiernos locales que se ven asfixiados y presionados por una acción destructiva de la oposición, que no permite llevar adelante instrumentos esenciales sin los cuales la acción del Gobierno es inútil, y que frente a esa asfixia o bloqueo no ofrece la alternativa de una solución de moción de censura. Por tanto, la moción de confianza, que ya está establecida en ámbitos parlamentarios, no existía hasta ahora en el ámbito de la Administración local, en las corporaciones locales.


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Vincular la posibilidad de este instrumento al alcalde que se vea en esa situación de asfixia o bloqueo por parte de una oposición que no le permite caminar, pero que tampoco le ofrece alternativas a los que hemos considerado elementos básicos, sin los cuales la acción del Gobierno es imposible --como son los presupuestos de la corporación, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales, la culminación de la tramitación de los planeamientos urbanísticos, o los planes de obras y servicios en las diputaciones--, nos parece que supone reducir el instrumento de la moción de confianza exclusivamente a aquellos pilares sin los cuales la acción municipal no puede resultar eficaz. Porque, señorías, tanto la moción de censura en su nueva regulación, como la cuestión de confianza, que ahora se establece, persiguen una única finalidad, la agilidad y la eficacia en la gestión para que redunde directamente en el beneficio de los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Senador García Carnero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GARCIA CARNERO: Concluyo, señora Presidenta.
Un Gobierno municipal bloqueado no es sólo, aunque a veces así se instrumente, una forma de desgaste al grupo político que lo gobierna, sino fundamentalmente un grave perjuicio para los ciudadanos, que deben ser los beneficiarios de esa acción.
Con esa finalidad, con mostrar una acción municipal más eficaz, más ágil, que redunde en una mayor facilidad y rapidez y en un mejor servicio a los ciudadanos, se plantea todo este paquete de reformas legislativas y, particularmente, la modificación del artículo 197 de la LOREG con esos dos preceptos que hemos señalado.
Quiero finalmente, señor Ministro, agradecer a su señoría y al Gobierno que representa el impulso que de manera decidida ha prestado a este tema esencial para el municipalismo y quiero transmitirle no sólo la gratitud del Grupo que sustenta al Gobierno por haber cumplimentado con prontitud un compromiso que todos nosotros, los componentes del Grupo Parlamentario Popular, mantuvimos ante nuestros electores, sino hacerlo extensivo, y creo no equivocarme, a todos los municipios de España, que desde hace muchos años venían demandando este conjunto de reformas.
Nada más y muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador García Carnero.
¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para comentar estos proyectos que se han presentado aquí que, bajo nuestro punto de vista, no son realmente un pacto local propiamente dicho, como lo fue el de 1993, con el que nuestro Grupo Parlamentario no estuvo de acuerdo, sobre todo porque en aquel momento no se tenía en cuenta la redistribución competencial, que existe en el País Vasco a través de la Ley de territorios históricos.
En los proyectos que se presentan ahora nosotros pensamos que se ha hecho un buen trabajo por parte del Gobierno, que también se ha avanzado mucho en el Congreso de los Diputados y que, básicamente y en general, se trata de seis proyectos aceptables y que votaremos favorablemente.
Evidentemente, presentamos enmiendas a algunos de ellos, tratando de mejorarlos y, sobre todo, al texto relacionado con el Tribunal Constitucional, al que presentamos una enmienda, que explicaremos debidamente en su momento, en defensa, no sólo de la autonomía local, sino de la foral.
En resumen, señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera que estos proyectos van a dar un impulso a la autonomía local, que son aceptables y, como he dicho, votaremos favorablemente a todos ellos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, nos encontramos ante un debate de un conjunto de medidas esperadas desde hace mucho tiempo en el ámbito municipal, después de 20 años de ejercicio democrático en las corporaciones locales.
Se trata, por tanto, de un debate importante --de ahí la presencia del señor Ministro, lo cual agradecemos y es de resaltar-- por el deseo de las aspiraciones de muchos municipalistas que han dedicado su actividad a proporcionar a sus conciudadanos una mayor y mejor calidad de vida, para lo cual demandaban --lo necesitaban precisamente para cumplir con estos objetivos-- esas nuevas medidas, estos instrumentos que ahora se les facilitarán con las modificaciones de estas leyes, que es lo que ahora nos disponemos a hacer. Señor Ministro, participamos de la metodología que en su momento decidió el Ministerio de empezar a andar en este denominado pacto local que no es global, es un conjunto de medidas separadas en bloques, de manera que en la actualidad nos encontramos en la fase procedimental de modificación de aquellas leyes que afectan a las Cortes Generales y que inciden en el ámbito municipal respetando, en todo caso, el reparto competencial que contempla el bloque de constitucionalidad, con el objetivo de dinamizar, potenciar y fortalecer la Administración local.
Queremos hacer unas consideraciones y algunas reflexiones. Todas estas propuestas que inciden en estos objetivos han de tener como finalidad contribuir y participar en la configuración de un verdadero gobierno municipal, con el pleno respeto a los principios constitucionales, como ha

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dicho el señor Ministro, de autonomía local también, aunque en estos proyectos no se haga referencia por el reparto en bloques, de la suficiencia financiera, porque no hay autonomía sin suficiencia financiera, evidentemente. Para que esta autonomía local sea operativa y, por tanto, real, ha de cumplirse con unos requisitos determinados: por una parte, con la capacidad normativa reguladora y decisoria de los entes locales y, por otra, con la capacidad de gestión, de estrategia y de definición de políticas, fundamentalmente en la dirección de los objetivos a que nos hemos referido.
A su vez, ha de significar también un instrumento válido para conseguir una mejor y mayor acción de gobierno en favor de unos ciudadanos por parte de esta Administración, la que tienen más próxima, y en la que se deciden a veces los asuntos más cotidianos, pero no por ello menos importantes.
Asimismo, ha de representar un buen instrumento para reforzar valores de eficacia, eficiencia, legitimación, transparencia y responsabilidad, así como participación democrática, todo ello destinado y dirigido a mejorar la gestión de las políticas públicas que ejercen desde esta Administración.
Finalmente, hemos de manifestar que participamos de las medidas que se proponen con un doble objetivo: por una parte, fortalecer la gobernabilidad y estabilidad del equipo de gobierno municipal y, por otra, posibilitar y reformar las funciones de control que pueda o --diría más-- deba ejercer la oposición, en aras de una mayor operatividad, lo que no quiere decir que haya que guardar --y esto quisiera resaltarlo-- el necesario e imprescindible equilibrio --muchas veces difícil de lograr-- entre sus respectivas y legítimas atribuciones: las del equipo de gobierno y las de la oposición, porque tanto unas como otras forman un conjunto.
Por tanto, y en referencia a algún aspecto puntual, quisiera manifestar nuestro deseo de que hayamos acertado entre todos --porque es cierto, como se ha dicho anteriormente, que es un bloque de leyes pactado de forma muy constructiva, aunque tengamos algunas enmiendas que defender en su momento-- en esas atribuciones que damos al Pleno, al Alcalde, al Gobierno y a la oposición.
En definitiva, señor Ministro, señorías, señora Presidenta, toda obra humana es imperfecta y mejorable y, además, la acción legislativa en tanto que humana, también lo es. Pero es que además está en las manos y en las acciones, actitudes y comportamientos también imperfectos de las personas que ejercen unos cargos ejecutivos y de representación institucional con toda su mejor voluntad, no lo dudemos.
Las leyes sólo pueden prever la acción de control sobre quienes no cumplen con unos límites legales previstos. Esto significa que referente a algunas cuestiones se comprobará con el tiempo si hemos acertado en la propugnación de esas nuevas medidas, así como hasta qué punto lo hayamos conseguido.
Nos parecen oportunas las mociones referentes a ese proyecto de ley en concreto --a pesar de que he intervenido en el turno de portavoces para hacer una valoración de las seis leyes-- en lo que se refiere a la modificación de la moción de censura y la incorporación de la cuestión de confianza, con las cautelas que se presentan, porque ha dado lugar a algunos hechos lamentables que no sólo afectan a la clase política y al mundo municipal sino que, además, son --por utilizar una expresión familiar-- de cierto sonrojo.
También nos parece conveniente la posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional por parte de los entes locales por la vía de este nuevo procedimiento que se ha venido en denominar conflicto para la defensa de la autonomía local.
Nosotros tenemos unas enmiendas puntuales, como he dicho, que afectan a dos aspectos: primero, defender las agrupaciones municipales de ámbito autonómico, lo que posibilitaría un mayor participación democrática en algunos consejos o comisiones estatales y, segundo, defender los derechos de unos entes locales que están dentro del bloque de la constitucionalidad, puesto que la Constitución lo contempla en su artículo 141 y, además, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, precisamente basándose en este artículo de la Constitución, lo refleja en su artículo 5. Por lo tanto, entran a formar parte con todos los derechos de los otros entes locales, sean municipios, sean provincias, esos nuevos entes locales que son las comarcas, que ya funcionan desde el año 1988 en Cataluña, por lo tanto tienen once años de vida, y que otros estatutos de autonomía también lo tienen contemplado como, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, entendiendo que entran por entero dentro de este bloque de constitucionalidad y nosotros defenderemos en su momento estas enmiendas puntuales.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cardona.
¿Otros Grupos desean intervenir? (Pausa.)

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Continuación) (S. 621/000122) (C. D. 121/000132).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, el voto particular número 3 del Senador Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, correspondiente a la enmienda número 5.
El Senador Nieto Cicuéndez por tiempo de diez minutos.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo desde el escaño porque voy a ser muy breve.
En esta enmienda se plantea también la defensa de la democracia local en el sentido de que agrupaciones de electores o coaliciones electorales que pueda haber en algunos partidos judiciales, siempre que previamente lo comuniquen a las juntas electorales respectivas, puedan sumar

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sus votos a los de otros partidos, con los que hayan estado coaligados en algunos otros municipios de ese partido judicial, para poder participar en las elecciones de las diputaciones provinciales. Conforme está ahora en la ley hay una laguna y convendría regularlo para conseguir una mejor y mayor participación de las agrupaciones de electores en el marco de la elección de las diputaciones provinciales.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
El voto particular número 2 del Grupo Mixto, corresponde a las enmiendas 1 a 4.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor Ministro decía esta mañana en su intervención que asistíamos de forma oficial a la presentación en esta Cámara de estos proyectos de ley que vienen a ser el reflejo del desarrollo legal del gobierno local, en definitiva, del pacto local.
Este Senador que le habla, señor Ministro, tuvo oportunidad de asistir el 16 de abril de 1998 a la comparecencia del Ministro de Administraciones Públicas, su antecesor en el cargo, a petición propia, para explicar el proceso negociador que se está llevando a cabo para lograr un acuerdo tendente a la mejora del gobierno local. En esta comparecencia, que contó con la presencia de consejeros y consejeras de Comunidades Autónomas, tuvimos la oportunidad de conocer las reformas legales, producto de esa negociación a la que se refería el Ministro, que se iban a abordar.
En aquel momento, su antecesor en el cargo nos decía que era un asunto complejo, difícil, con aspectos técnicos complicados --cito prácticamente palabras textuales del señor Ministro--, con varias administraciones involucradas, con la necesaria búsqueda del mayor consenso posible y, en definitiva, que las decisiones que se adoptaran deberían servir para mejorar la situación actual. Asimismo, se refería a medidas de varios tipos: institucionales, organizativas, competenciales y financieras.
En el transcurso de ese tiempo, en las modificaciones legales, se suscribió un acuerdo como consecuencia de la imposibilidad de dar traslado legal a un fenómeno que ha venido a enrarecer --quizás más en los últimos años-- la situación política en los gobiernos locales: el transfuguismo. Efectivamente, se suscribió un documento, si bien es verdad que nada más suscrito empezaron a surgir no pocos incumplimientos del mismo. Igualmente se hablaba de la necesidad de realizar un documento autonómico, por las competencias que tenían las distintas Comunidades Autónomas, como también de la necesidad de atender las haciendas locales desde dos puntos de vista: la propia financiación de las corporaciones locales para el quinquenio 1999-2004 y la necesidad de reformar o no la Ley de Haciendas Locales.
Este Senador tiene la sensación --y es verdad, señor Ministro, que con su presencia es una presentación oficial-- de que lo que hoy estamos debatiendo aquí es hablar y hablar. En la tramitación en el Senado, un Cámara que debe tener una especial relevancia, pocas oportunidades hemos tenido de mejorar el consenso al que se ha podido llegar, bien en la discusión con las distintas fuerzas políticas, bien en el Congreso de los Diputados. Ha sido un trámite, señor Ministro, raro.
En la Ponencia poco pudimos avanzar. Conocimos la posición del grupo mayoritario en la Cámara, el Grupo Popular, donde decía: Esto es lo que hay y no va a haber más. En la Comisión pudimos seguir hablando, efectivamente, pudimos discutir, y algunos portavoces del Grupo Parlamentario Popular nos dijeron que Izquierda Unida tenía vocación de minoría y, por tanto, tenía que oponerse a través de sus enmiendas --el señor Ministro ha citado que, efectivamente, tenemos propuesta de veto a uno de los proyectos de ley-- y que nuestra voluntad y vocación era la de oponernos a todas las modificaciones. Yo quiero dejar claro algo que también he dicho en Ponencia y en Comisión: Izquierda Unida tiene el mismo deseo de consenso, el mismo deseo de mejorar los gobiernos locales, el mismo deseo de alcanzar un pacto local. Esto, señor Ministro, es una parte de ese pacto local, pequeña parte, insuficiente. Hay otras medidas que desde los ayuntamientos, desde las corporaciones locales, se vienen demandando, sobre todo algunos aspectos en cuanto a la necesidad de abordar todo el tema financiero.
Señor Ministro, esta mañana yo no he querido hacer uso de ninguno de los turnos, ni en contra ni de portavoces, porque tendremos ocasión de ir debatiendo proyecto a proyecto para conocer cuál es la posición de Izquierda Unida ante cada uno de ellos. En este concreto en el que estamos ahora mismo, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, nuestra posición, manifestada en todas las reuniones que hemos mantenido con su antecesor, en todas las reuniones de discusión y de debate sobre la necesaria reforma, es la de oposición a la regulación de la cuestión de confianza.
Decía el portavoz del Grupo Popular en su intervención esta mañana que era dar posibilidad al gobierno local para no verse atado ante una posición destructiva --curiosamente hoy hablamos de destrucción; otros acontecimientos también nos obligan a hablar de destrucción-- frente al diálogo y al consenso. Señor Ministro, desde Izquierda Unida pensamos que es todo lo contrario. Este problema va a generar, desde nuestro punto de vista, inestabilidad en el gobierno local, pues los gobiernos locales pueden verse abocados a cambios continuos. Ligar la cuestión de confianza a la aprobación de determinados aspectos puede significar la inestabilidad frente a quienes, legal y legítimamente, plantean que ésta es una solución a una posición destructiva.
Por eso hemos presentado cuatro enmiendas a este proyecto de ley, dirigidas precisamente a este aspecto. Nos parece importante y positiva la regulación de la moción de censura. Desgraciadamente, en la provincia por la

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que soy Diputado en el Parlamento autonómico de Andalucía, hemos vivido situaciones tremendamente destructivas para las instituciones, para los ayuntamientos, relacionadas con las mociones de censura: mociones de censura formuladas, mociones de censura no convocadas, deterioro largo, pronunciamientos de los tribunales, etcétera. Esta es una buena regulación en este aspecto, ya que, efectivamente, impide esa labor destructiva que se puede llevar a cabo en las corporaciones locales en relación a esa cuestión. Sin embargo, no opinamos igual de la cuestión de confianza, así lo hemos dicho y por esa razón presentamos nuestras enmiendas. Creemos que el diálogo y el consenso obligan a todas las partes a buscar el entendimiento y a favorecer el gobierno en los ayuntamientos; lo contrario es inestabilidad. De todas formas, el tiempo lo dirá.
Quiero terminar mi intervención en el debate de este primer proyecto de ley resaltando el avance que pueden suponer las modificaciones legales, algunas de las cuales apoyaremos, aunque estamos en contra de otras.
Nuestra posición, manifestada ya, sobre seguridad ciudadana, nos obliga no sólo a la presentación de veto, sino a considerar que existe inseguridad jurídica; después tendremos oportunidad de debatirlo. Sin embargo, quiero que la nuestra sea también una posición que se una al consenso. Esa ha sido, es y será nuestra voluntad, que exista consenso para mejorar el funcionamiento de los gobiernos locales, consenso para favorecer competencias y financiación de los ayuntamientos, consenso, en definitiva, para el apoyo a nuestras corporaciones locales.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Para el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas 6 a 8, tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender brevemente las tres enmiendas que hemos presentado.
La primera es una enmienda de adición, con la cual pretendemos salvaguardar las competencias de las juntas electorales de las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 7, al artículo 21, es de modificación, y con ella pretendemos resolver la contradicción existente con el artículo 12.3.a) de la nueva Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con el criterio del Tribunal Constitucional en esta materia.
Por último, la enmienda número 8 propone la adición de un apartado 5 a la disposición adicional primera, y la presentamos con la intención de que se salvaguarde el régimen foral peculiar de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma vasca que ostentan competencias sobre el régimen electoral municipal, según el artículo 37.3 del Estatuto de Gernika.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para defender el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas 9 a 18, tiene la palabra el Senador Pérez García.
Su señoría tiene un tiempo de 100 minutos, que espero que no consuma en su totalidad.


El señor PEREZ GARCIA: Seré breve, señora Presidenta.
Señora Presidenta, señor Ministro, señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una actitud de respetuoso silencio durante toda la primera parte de este debate, que ha tenido un objetivo de exaltación del Gobierno y de su Grupo Parlamentario.
Creo que la excusa del Senador García Carnero diciendo que su intervención no tenía el ánimo de reivindicar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, es una excusa obviamente no pedida y tiene la significación que merece ese tipo de disculpas.
Hoy estamos debatiendo un conjunto de proyectos de ley que, después de su tramitación en el Congreso, van a originar una mejora del régimen jurídico de las entidades locales; una mejora desde diversas vertientes, y eso es positivo. Sin embargo, a nosotros nos parece que estas iniciativas legislativas, y su tramitación parlamentaria, están demasiado teñidas por el deseo publicitario del Gobierno, el cual, a nuestro juicio, ha llegado al límite poco recomendable de sobreponer ese calendario publicitario al papel que esta Cámara, el Senado, debería jugar en la tramitación de un conjunto de iniciativas legislativas que se refieren a un elemento esencial de la estructura territorial del poder, de la organización territorial del Estado, como es el mundo de las entidades locales.
La actitud del Grupo Parlamentario Popular, ya puesta de manifiesto en el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de no admitir ninguna enmienda en esta Cámara, coloca a la misma en una posición extremadamente incómoda. Durante muchos años hemos venido hablando y llenándosenos la boca con el concepto de que ésta es la Cámara de representación territorial. En el debate que ha habido se ha impuesto la idea de que la vocación de esta Cámara no es sólo la de ocuparse de la organización del Estado de las Autonomías sino del conjunto de la organización territorial del poder que incluye, obviamente, al mundo de las entidades locales. Sin embargo, ahora que vienen a ser debatidas y tramitadas en esta Cámara un conjunto de iniciativas legislativas sobre el mundo de las entidades locales, el grupo mayoritario, simplemente para obedecer un calendario del Gobierno --que tiene mucho más de puesta en escena que de otro tipo de justificación-- se niega a incorporar ninguna enmienda en la que todos llamamos, con un tono muy rimbombante, la Cámara de representación territorial.
La actividad del Grupo Parlamentario Socialista tiene mucho que ver con los avances y las mejoras que, en los proyectos de ley presentados por el Gobierno, se han introducido en el Congreso, así como también la receptividad del Gobierno ante muchas de nuestras propuestas en el Congreso de los Diputados, lo cual también es digno de ser

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subrayado. Ahora bien, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado --y ya entro en la materia de esta iniciativa legislativa, de este proyecto de ley--, a propósito de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha presentado un conjunto de enmiendas tendentes a mejorar notablemente el texto remitido por el Congreso. Yo no voy a extenderme, como hice el otro día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero sí quiero volver a poner de manifiesto el sentido de nuestras propuestas.
Señor Ministro, señoras y señores Senadores, el texto remitido por el Congreso contiene una regulación aceptable, que mejora notablemente y da seguridad a la tramitación de las mociones de censura en las entidades locales. La primera de nuestras enmiendas tiende a mejorar ese texto porque nos parece que bajo él late una actitud de sospecha general hacia los alcaldes. A nosotros nos parece que hay que dar a la mayor parte de los alcaldes, que son alcaldes que cumplen con rectitud el ordenamiento jurídico, la oportunidad de convocar el Pleno de la moción de censura en un breve plazo y, si no, que ese Pleno quede automáticamente convocado.
Voy a referirme a la cuestión de confianza porque, insisto, la regulación global de la moción de censura es una buena regulación tal y como viene del Congreso de los Diputados. La regulación remitida por el Congreso de los Diputados contiene dos formulaciones distintas y contradictorias de la moción de confianza; dos formulaciones distintas y contradictorias fruto, seguramente, del intento del Gobierno y del Grupo mayoritario de incorporar la lógica esencial de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Las propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho en esta materia vienen a reconducir la moción de confianza al espíritu general del ordenamiento jurídico, que siempre prima y protege las alternativas constructivas a un Gobierno de cualquier institución democrática que no funcione. Sin embargo, la lógica de la cuestión de confianza introducida por el Gobierno se aparta de ese espíritu general de nuestro ordenamiento jurídico y se acaba convirtiendo en un auténtico premio a la inestabilidad.
Una observación que hicieron en su día los servicios de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas con motivo de una intervención de este Senador en la Comisión General de Comunidades Autónomas, cuestionaba cómo era posible que instrumentos normativos como el reglamento orgánico de una entidad local o un plan general de ordenación urbana, pudieran incorporarse al ordenamiento jurídico sin haber sido votados favorablemente. Esa era una objeción, a nuestro juicio, muy seria. Precisamente por eso, nosotros hemos intentado ligar la cuestión de confianza a la aprobación de los presupuestos, sin lo cual es prácticamente imposible gobernar una entidad local. En esta Cámara hemos hecho un ofrecimiento al grupo mayoritario, que no es otro que el de que acepten la lógica de la cuestión de confianza tal y como la defiende el Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de ligarla sólo a aquel instrumento de carácter normativo pero con vocación transitoria: los presupuestos de una entidad, sin cuya existencia no puede funcionar ningún gobierno democrático; pero, además, reconduzcamos la cuestión de confianza al sentido constructivo y positivo que tiene la moción de censura en nuestro ordenamiento jurídico; si no, vamos a consagrar un auténtico premio a la inestabilidad. Todos aquellos grupos que se ponen de acuerdo en obstruir la labor de un Gobierno minoritario (normalmente constituido por el partido que mayor respaldo, aunque no necesariamente mayoría absoluta, ha obtenido de la ciudadanía) van a encontrar la culminación de su trabajo de obstaculización en una cuestión de confianza a través de la cual pueden hacer caer al Alcalde sin ningún coste político. Explíquenme, señor Ministro, Senadores y Senadoras del Partido Popular, qué fundamento constitucional puede tener la doble sanción que se le impone al Alcalde que ha perdido la cuestión de confianza. No sólo deja de ser Alcalde, sino que además se le impide que sea reelegido en las votaciones que tengan lugar a continuación, con lo cual, aquel Concejal que seguramente ha tenido el mayor respaldo de la ciudadanía no podrá volver a intentar formar una mayoría de gobierno que le dé estabilidad a esa corporación local.
De manera que, rechazada la cuestión de confianza, el Alcalde no sólo deja de serlo, sino que creamos en esa entidad local dos clases de concejales: aquellos que tendrán «status» jurídico y político completo y derecho a ser elegidos Alcalde, y ese otro, paradójicamente el que más votos ha obtenido de la ciudadanía, al que le impedimos con una doble penalización poder volver a ser elegido Alcalde. Esto, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, no tiene ninguna lógica; no obedece al menor sentido común y choca de bruces con la lógica constitucional. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta Cámara un repertorio de enmiendas tendentes a facilitar al Grupo mayoritario una nueva ocasión de consenso, así como a que esta Cámara juegue el papel que le corresponde para mejorar el texto del Congreso y no sólo para refrendarlo en aspectos como éste que son, evidentemente, mejorables.
Sus señorías podrán decir, y con ello termino, señora Presidenta, que ésta es la única reforma del régimen local que se ha afrontado, a pesar de que el Gobierno socialista en el año 1993 consideró como una de sus prioridades la reforma del régimen local --y no dejarán de tener cierta razón--, y como en los debates no se trata de convertir lo negro en blanco y viceversa, así he de reconocerlo. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que estamos perdiendo una importante oportunidad de gestar un auténtico pacto local que ampliara la esfera competencial de las entidades locales, que sirviera para alcanzar la suficiencia financiera de las mismas e incluso para introducir una de las pocas medidas que podría ser --a la vista de la experiencia-- un antídoto para esa enfermedad de la democracia que es el transfuguismo; logros que se conseguirían con la elección directa de los Alcaldes. Se ha perdido una oportunidad. Es verdad que se efectúa una reforma del régimen local, que nosotros denominamos --perdónennos y acéptennoslo sus señorías-- la pequeña reforma del régimen local.
Muchas gracias, señora Presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Pérez García.
Para el turno en contra de estas enmiendas, tiene la palabra el señor García Carnero. Tiene un tiempo acumulado de 180 minutos, pero espero que siga el ejemplo que le ha dado el Senador Pérez García.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me gustaría rebatir una argumentación de carácter general que se ha repetido ya aquí, en primer lugar, porque es incierta y, en segundo lugar, porque plantea una cierta intención de menosprecio hacia la Cámara por parte del Grupo Popular que no lo es.
Señoría, hemos llegado a esta situación de debate en la Cámara sobre un texto enormemente compartido por las fuerzas políticas, por las fuerzas sociales, por los representantes legítimos de los ayuntamientos, merced a una ardua e intensa tarea negociadora de consenso, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de posiciones comunes, hasta llegar a un texto en el que seguramente todos tendríamos la posibilidad de introducir elementos que, a nuestro juicio, podrían mejorar o precisar de una manera más determinada aquello que pretendemos. Pero justamente el sentido del consenso está en la cesión de esos principios, que todos creemos irrenunciables, para encontrar una base que sirva para todos.
Si hemos llegado, señorías, a este debate en el Senado, después de más de sesenta sesiones de trabajo, con representantes de la FEMP, con representantes de manera individual y de manera colectiva de todos los grupos políticos; si ya se perfeccionó notablemente en el trámite del Congreso; y sobre todo, señorías, si el contenido de las enmiendas que hoy se plantean no genera, no digo ya una mejora sustancial, sino, a nuestro juicio, ni siquiera una mejora parcial, entenderá su señoría que es perfectamente razonable desde nuestro punto de vista no abrir de nuevo una posición negociadora que dilate sine die algo que satisface a las fuerzas políticas en general, que satisface a los ayuntamientos, y que vienen demandando desde hace mucho tiempo. Porque si antes, señorías, el señor Ministro y algunos portavoces, como quien les habla, resaltábamos el interés de este asunto para el mundo municipalista en España, largamente demandado, yo tengo que decirle que el valor añadido de esa demanda radica en que justamente se hace no desde una posición política de partido, desde una imposición de una fuerza que es mayoritaria, sino desde una posición de consenso, y que esto no está hecho por quien gobierna con la voluntad de gobernar siempre, sino por un partido político, por una formación que cree en el municipalismo cualquiera que sea su posición en él, que en unos será de gobierno y en otros será de oposición. Este es el primer elemento, señoría, que quería resaltar.
El señor Pérez García, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es un excelente argumentador de sus elementos, que lo hace bien y coordinadamente, parte, al referirse a la moción de confianza, de un principio básico erróneo: le falla la mayor y, por lo tanto, cae todo el argumento que monta sobre ella. Entiende su señoría que la moción de confianza puede ser un enorme elemento de inestabilidad, de presión sobre los alcaldes, etcétera, e ignora que la moción de confianza es un elemento de defensa del Alcalde que se encuentra en esa situación, tan de defensa que no hay moción de confianza que no convoque el Alcalde y que, por lo tanto, sólo el Alcalde puede someterse a ese trámite y que, por lo tanto, no puede ser utilizada como un instrumento de presión por cualesquiera otros grupos de la oposición. Porque si el Alcalde no la convoca, si el Alcalde no condiciona su continuidad como Alcalde o Presidente de la Diputación o del Cabildo a unos elementos que considera esenciales --de los cuales hablaremos después--, no es posible esa situación.
En consecuencia, ningún Alcalde tiene que sentirse temeroso de la utilización torticera de la moción de confianza, porque él y sólo él tiene la posibilidad de convocarla. Y justamente se convoca para lo contrario, para evitar esa situación de bloqueo que sufren algunas corporaciones en las que el grupo que gobierna está en situación de minoría y los grupos de oposición son dispersos e incapaces de crear una alternativa, de ofrecer un programa y un candidato alternativo y optan por el elemento más fácil, que es desgastar, erosionar la acción del que gobierna, olvidándose que erosionar, desgastar, paralizar o ralentizar la acción de un gobierno municipal redunda negativamente en los ciudadanos que la soportan, que ven cómo sus necesidades o demandas no pueden salir adelante.
Tampoco estamos de acuerdo, señoría, en que sólo el presupuesto sea el elemento esencial para el desarrollo de la vida municipal. Por supuesto que el presupuesto es un elemento esencial --por ello nosotros incluimos esa posibilidad en la vinculación de la moción de confianza--, pero oyendo la teoría que su señoría señala, tampoco ello impide que se pueda mantener la acción de gobierno. Hay ejemplos en los que los presupuestos se prorrogan una y otra vez y la prórroga dura toda la legislatura, con las consecuencias negativas que sus señorías podrán comprender.
Pero, señoría, para una Diputación Provincial cuya finalidad esencial es atender a los pequeños municipios --muchos pequeños municipios-- que subsisten, que llevan adelante sus proyectos, gracias a la acción de las diputaciones, ¿no cree su señoría que, por ejemplo, el bloqueo de los planes de obras y servicios, le supone un elemento estrangulador? Desde luego, no entiendo que a una Diputación o a un Cabildo no se le permita aprobar planes de obras y servicios para atender a los municipios. Esa es su principal función, y si se la estrangula la oposición le supone un bloqueo absoluto. Lo mismo se podría decir, señorías, del Reglamento orgánico, o de la culminación de los instrumentos de la política urbanística, todos ellos elementos esenciales en la vida de las corporaciones, pilares sobre los que se asienta de una manera determinante la acción municipal, y sin cuyo funcionamiento el Alcalde o el Presidente de la Corporación de que se trate siente su acción totalmente bloqueada, y lo que es peor, los ciudadanos notarán esa parálisis con un estancamiento del desarrollo de la actividad y de los proyectos que pretenden individual o colectivamente llevar adelante.
Insisto, señorías, en todo caso ésa es una decisión del Presidente de la

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Corporación, que sólo cuando entienda que esa situación es así puede plantear. Por lo tanto, entendemos que el conjunto de esas enmiendas a las que su señoría se refiere ni tienen materia sustancial ni siquiera mejoran el texto.
Atendiendo al ruego de la señora Presidenta, me gustaría hacer una breve referencia a las enmiendas de otros grupos que se han planteado.
He dado cumplida respuesta a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y no he de reiterarme más que en los mismos argumentos, pero debo indicar que entendemos esa oposición desde el punto de vista de lo que puede sentir un nacionalista, sea vasco o de otro lugar. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Pero nosotros no somos nacionalistas, consideramos que este conjunto de leyes --algunas son leyes de bases-- afectan a todo el Estado y tienen que sentar la base para todo el Estado, por lo que no tiene que existir ningún tipo de diferencias --no digo privilegios-- en cuanto a estas normativas básicas para todos los municipios y corporaciones locales de España.
En último lugar, he de referirme a dos enmiendas, una de ellas del Senador Nieto, al que debo decir que lo que su señoría pretende es un imposible. Es decir, que se sumen los votos de un mismo partido judicial, aunque sean de distintos partidos políticos siempre que formen una coalición, seguramente su señoría no se imagina el galimatías a que ello conduciría, las estrategias electorales a las que se podría recurrir para la búsqueda o la suma de votos. Sinceramente creo que no es positivo, aunque la intención sin duda lo sea, y aunque a mi juicio tenga un interés, no voy a decir partidista, pero sí de no perjuicio. Muchas veces ustedes han considerado que la dispersión de los votos impide obtener unos resultados a su formación electoral y que el sistema D'Hont no es proporcional. En fin, entraríamos en un debate que hemos mantenido muchas veces y que tampoco es objeto de esta reforma.
Al portavoz de Izquierda Unida le diré que no es que yo crea que su señoría tiene la vocación perpetua de ser minoritario, es que su señoría niega el pan y la sal de la reforma. Léase las enmiendas, todas ellas son de supresión. Su señoría no añade ningún texto alternativo a las reformas que aquí se proponen. Como nosotros creemos que el cuerpo normativo existente debe modificarse en esos dos aspectos y no encontramos alternativa para ellos en sus enmiendas, ésas son las razones por las que nos oponemos.
Concluyo, señora Presidenta, perdón señor Presidente, el estar de espaldas a la Presidencia, de cara a sus señorías y no tener espejo retrovisor hace que no sepamos exactamente quién nos preside. (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se tendrá en cuenta lo del espejo retrovisor.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que concluyo, señor Presidente, reiterando un argumento que para nosotros es esencial. Sería un flaco favor mantener de forma casi contumaz esa posición de que no admitir enmiendas significa negar la validez, la plena legitimidad legislativa a esta Cámara. Es un mal argumento porque, entonces, eso podría reiterarse cada vez que una ley se aprueba sin modificaciones. El Senado es una Cámara de reflexión que tiene la posibilidad de modificar las leyes si lo cree necesario, pero que no tiene la obligación, necesariamente, de aprobar enmiendas en todas las leyes, sobre todo si, como es el caso, se considera que los textos tal y como han llegado dan satisfacción plena, al menos a nuestro juicio, a lo que se perseguía con la reforma.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Carnero.
Abrimos turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador García Carnero nos abre la posibilidad de abrir un debate interesante y una rectificación. Es bueno rectificar, Senador García Carnero, ya en Comisión me anunció el hecho de una permanente situación de minoría, y la rectificación es buena y necesaria porque yo ya estaba empezando a creer que su señoría tenía voluntad de sustituir a los ciudadanos ante cualquier proceso electoral. Afortunadamente la rectificación llega en el momento oportuno.
Senador García Carnero, no sólo es el fondo, es el fondo y la forma en relación con la tramitación en esta Cámara. Desde el primer momento ha existido por parte del Grupo Parlamentario Popular esta sensación expresada en Ponencia y en Comisión: no se va a modificar ninguno de los proyectos de ley. Esta es la posición, por tanto, podemos hablar, podemos discutir, eso sí, con celeridad. Fuimos convocados y se debatió en Ponencia y en Comisión el mismo día, después de algún que otro malestar generado en la propia Comisión. Había un deseo, una prisa en la tramitación de todos estos proyectos de ley, que no venían precisamente a reforzar el papel que tiene que jugar esta Cámara. No es que tenga la obligación de modificar los textos, es que tiene el derecho de hacerlo y no se estaba facilitando esa posibilidad, no había voluntad de dialogar, de discutir, de mejorar el consenso, aunque legítimamente sus señorías partían de la posición de que no era necesaria la modificación de ninguno de los proyectos de ley; posición totalmente respetada por los portavoces de todos los grupos, pero nuestro deseo era mejorar ese consenso con nuestras aportaciones.
Y dice su señoría que las nuestras son modificaciones o propuestas de supresión sin alternativas. No es cierto. En este proyecto de ley, Senador García Carnero, hacemos una valoración contraria a la que hace su señoría de la cuestión de confianza. Dice su señoría que es potestad de los alcaldes la convocatoria o no de la cuestión de confianza. También es voluntad del legislador que ése sea un instrumento que se pone en esta ley para ser utilizado, porque si no, Senador García Carnero, no resuelve los problemas que está llamada a resolver. Por tanto, si es voluntad

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del legislador su uso, también convendrá su señoría conmigo en que esto puede ser positivo o no.
El Senador García Carnero hace la siguiente reflexión: la cuestión de confianza desbloquea una situación de obstruccionismo, ¿Y si no es así? ¿Y si la situación nos lleva a la continua inestabilidad? ¿Y si nos lleva al continuo cambio en los equipos de gobierno? También deteriora la gestión, Senador García Carnero, también. El poder plantear cuestiones de confianza y con eso modificar los equipos de gobierno también es un deterioro de la gestión. Puede ser que sí, pero puede ser que no. El tiempo dirá, como el tiempo ha venido a decir que la moción de censura se ha convertido en un verdadero problema; más que en un problema, en un deterioro continuo y permanente en los últimos años en distintas corporaciones locales: mociones de censura, que no eran convocados los plenos, esperar la resolución de los tribunales, continuos recursos a los tribunales, dilación, no pocos enfrentamientos, división en algunos ayuntamientos etcétera, todo lo cual, efectivamente, no sólo ha deteriorado la gestión, sino que ha provocado el enfrentamiento entre los vecinos, enfrentamientos que algunas veces pueden ser difíciles de reconducir a una situación de diálogo y consenso.
Por eso estamos de acuerdo en las cautelas necesarias que se han introducido en la ley sobre la moción de censura. Tenemos nuestras discrepancias y las formulamos a través de enmiendas en cuanto a la cuestión de confianza. Su señoría mantiene un criterio, nosotros mantenemos otro, lo cual es perfecto, y es la voluntad de haber discutido en Ponencia y en Comisión y haber podido mejorar el consenso, aunque no haya sido posible.
Senador García Carnero, en definitiva, cuando se adopta una posición que es de fondo pero a la que las formas no acompañan, se deteriora el papel que tiene que jugar esta Cámara. No es un menosprecio el que lo digamos, es que podíamos haber hecho un mejor favor a la tramitación en el Senado desde aquella primitiva comparecencia del señor Ministro, allá por abril de 1998, hasta este momento. Podíamos haber hecho un esfuerzo de tramitación, porque no era tanta la urgencia. Dice su señoría que eso es un proceso de dilación. Yo le hago una reflexión, y con esto finalizo: ¿Acaso no es dilación no abordar las necesarias competencias de las corporaciones locales, el papel que también están llamadas a jugar las distintas Comunidades Autónomas, la coordinación, la cooperación entre las instituciones? ¿Y acaso no es una dilación no abordar las necesarias medidas de reforma de las haciendas locales, si es menester, para dotar a los ayuntamientos y a las corporaciones locales de los recursos necesarios? Hagamos esta reflexión, porque creo que merece la pena.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez.


El señor PEREZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Si me lo permiten las señoras y los señores Senadores, me gustaría pedirnos a todos un cierto dinamismo a la hora de tramitar este conjunto de proyectos de ley.
Senador García Carnero, sólo quiero decirle dos cosas. El sistema de la cuestión de confianza, tal como sus señorías pretenden regularlo, una de dos: o nunca servirá para nada, es decir, no será un instrumento real en el funcionamiento de las entidades locales, o muy previsiblemente abrirá una nueva era en la que aparecerán los que con el paso del tiempo serán llamados alcaldes samurais. Porque, tal como está configurado ese instrumento, el alcalde, el presidente de una entidad local que promueva una cuestión de confianza en los actuales términos estará jugando, sencillamente, a una autodestrucción ritual, casi religiosa.
Señoría, todo este sistema de las entidades democráticas, de los parlamentos, del poder democrático, ha funcionado desde sus raíces u orígenes con la lógica de los pesos y contrapesos. Por eso, un Presidente de un Gobierno que se vea acorralado por una mayoría parlamentaria «contra naturam» por una mayoría de extremos que no se ponen de cuerdo para gobernar, pero sí para obstaculizar al que gobierna, tiene como herramienta eficaz la posibilidad de disolver la Cámara en un momento poco favorable para la mayoría obstruccionista. Esa es la lógica de un sistema democrático, de un sistema parlamentario, que, insisto, desde sus raíces juega al mecanismo de los pesos y contrapesos, de los «cheks and balances».
Por tanto, esto no sirve para nada. Usted ha dicho que, además de los presupuestos, los planes de obras y servicios son un instrumento esencial de las diputaciones y los cabildos. Es cierto. Tiene usted razón, y debería haberlo recogido en mi argumentación. Pero yo simplemente he tratado de deslindar las decisiones que tienen un carácter transitorio, es decir, las que prácticamente son decisiones medidas. Porque el presupuesto es una norma, pero es una norma jurídica medida, porque su vigencia se agota en su cumplimiento, al contrario que los planes generales, que tienen una vigencia temporal más prolongada, o que el reglamento orgánico de una corporación, que es casi su pequeña constitución, en el que se plasma el ejercicio de la capacidad de autogobierno de una entidad local. Insisto, pues, en que tenía usted razón.
Para terminar, he de decirle, señoría, que no ha contestado mis argumentos. Permítame que le diga que ha preparado una versión de mis argumentos muy a su medida, para posteriormente golpearla dialécticamente. Pero ésa es una forma de debate que nos pilla a los dos un poco a contramano.
Por otro lado, no he hecho ningún juicio de intenciones. No suelo hacerlo. Simplemente he dicho que objetivamente parece poco defendible que la Cámara de representación territorial no tenga ninguna capacidad para mejorar un texto remitido por el Congreso en materia muy directamente relacionada con la organización territorial del Estado. Pero si a eso usted responde que las enmiendas del

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Grupo Socialista no van a mejorar en absoluto este tema, o que el texto remitido por el Congreso es inmejorable, entonces estamos hablando de otra cosa. Y en ese caso, Senador García Carnero, no me queda más remedio que negar la mayor simplemente por su presuntuosidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Pérez, no he pretendido en absoluto dar la imagen de presuntuoso.
Le aseguro que yo, que he recibido acusaciones múltiples, e infundadas, nunca se me ha acusado de tal. Por tanto, no era ésa mi intención.
He de decirle a su señoría, que es un excelente parlamentario, que además de cumplir con mi obligación defendiendo estas leyes, lo hago con agrado al tener la oportunidad de mantener estos debates con usted, y siempre le agradezco su tono y la buena construcción de los mismos. Y hoy ha hecho usted dos cosas que le honran. En primer lugar, ha reconocido que éste es un importante éxito del actual Gobierno. Y eso, dicho por un portavoz socialista, le aseguro que es algo muy de estimar. Asimismo, hace un momento, y a propósito de algunas de mis argumentaciones, ha dicho: Tenía su señoría razón. Creo que lo ha dicho a propósito de los planes de obras y servicios. Pues bien, mi doble felicitación por ello. Sinceramente, insisto, creo que le honra hacer ese tipo de reconocimientos.
Sin embargo, no estoy de acuerdo sustancialmente con dos cuestiones.
Primero, su señoría dice que tal y como está utilizada la cuestión de confianza, o no sirve para nada o sirve para crear inestabilidades. Creo que era lo que usted decía, alcaldes samurais.
En segundo lugar, su señoría dice --es en lo que basa el tema de la presuntuosidad-- que creo que el texto es inmejorable. Pues no. Ninguna acción humana es inmejorable, todo es perfeccionable y seguramente también lo es este texto.
Yo creo que su señoría pone la venda antes de producirse las heridas, que recurre a las situaciones extremas, aunque no digo que en alguna ocasión no pudieran producirse, porque ya sabe su señoría que la capacidad torticera de la mente humana no tiene límites y que vendrá alguien capaz de encontrar un lugar recóndito por el que huir o escapar de la voluntad legislativa. Seguramente será así y que transcurrido el tiempo haya que perfeccionar estos métodos que hoy se plantean. Eso es muy posible, señoría. Pero, desde luego, ni en el fondo ni en la forma ni en la voluntad de los legisladores, y creo que tampoco de sus señorías, está el pensar que hay resquicios en el texto actual para buscar esas fórmulas tan poco democráticas.
Yo creo sinceramente, señorías, que este texto va a proporcionar la oportunidad de desbloqueo de situaciones de asfixia, no sólo digo a alcaldes o a corporaciones, sino de parálisis de la acción municipal con el perjuicio de los ciudadanos. Para eso está pensada. Es un instrumento «ex novo» en la normativa de las corporaciones locales y, como todo instrumento «ex novo», señorías, tendrá sus dificultades.
Finalmente, quiero decirles que su señoría no puede interpretar que la no aceptación de unas enmiendas signifique negarle a la Cámara la posibilidad de hacerlo. Lo que yo he dicho --y reitero ahora-- es que esta Cámara, que es de reflexión sobre un texto aprobado por otra Cámara, que, además tiene la posibilidad de mejorarlo y enmendarlo, lo que no tiene es la obligación necesaria de corregirlo, que son cosas distintas.
El Senado no tiene necesariamente que corregir los textos si considera que tal y como vienen atienden suficientemente el deseo del legislador.
Además --con este último concepto termino de rebatir a su señoría--, hemos llegado a esta situación tan demandada de los ayuntamientos y, quizás, es un valor añadido esencial, gracias a un larguísimo e intenso diálogo a muchas bandas, con muchas gentes, que nos ha dado la posibilidad de consenso, de encontrar un texto que sirve para todos y me temo que las enmiendas que sus señorías plantean aquí no enriquecen el texto y sí, por el contrario, pueden hacer, no diría peligrar, pero sí, al menos, desestabilizar ese consenso, ese equilibrio, que es, insisto, una riqueza esencial de esta normativa.
Finalmente, quiero decir al Senador portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa que lea sus enmiendas, que dicen: supresión, supresión, supresión. Por tanto, su señoría elimina lo que este texto normativo pretende incorporar. Si nos atuviésemos exclusivamente a la literalidad de sus enmiendas --y yo no hago interpretaciones de su voluntad--, dejaríamos las cosas exactamente como están y nosotros creemos que han de mejorarse y que este texto lo hace.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias Senador García Carnero. Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.) En primer lugar, votamos el voto particular número 3, del Senador Nieto Cicuéndez, enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, tres; en contra, 108; abstenciones, 71.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
A continuación, votamos el voto particular número 2, del Senador Román Clemente, enmiendas números 1 a 4, ambas inclusive. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, cinco; en contra, 107; abstenciones, 70.


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El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
A continuación, votamos el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponde con las enmiendas números 6 a 8, ambas inclusive. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, cinco; en contra, 101; abstenciones, 75.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
Votamos a continuación el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas números 9 a 18, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 72; en contra, 109; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
A continuación, votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 108; en contra, dos; abstenciones, 71.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado el texto del dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Continuación) (S. 621/000123) (C. D. 121/000133).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación, pasamos a debatir el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
La presentación ha sido hecha ya con anterioridad por el Senador Espert.
Pasamos al debate del articulado.
Voto particular número 3 del Senador Nieto Cicuéndez que se corresponde con la enmienda número 1.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez. (Rumores.) Ruego, por favor, silencio a sus señorías y que los que tengan que abandonar la sala lo hagan lo más rápidamente posible.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, visto lo visto y el debate habido que prácticamente ha sido a la globalidad de las distintas leyes que estamos debatiendo en relación al pacto local, voy a aprovechar este turno para defender las enmiendas tanto a esta ley como a las sucesivas que tengo presentadas.
Quiero hacer una consideración general porque es obligado. Estos proyectos de ley mejoran lo existente pero, a nuestro juicio, no dan solución a los problemas que tienen las entidades locales y las diputaciones provinciales. Por tanto, es una ley alicorta que se queda a medio camino de lo que debía de ser una ley de pacto local que abordara globalmente los temas tanto el del funcionamiento de las entidades locales, el de la ley electoral como el tema fundamental de la autonomía local que tiene que ver con la financiación, etcétera. En ese marco, lógicamente con mejor o peor fortuna pero sí con una voluntad inequívocamente municipalista, hemos presentado enmiendas para mejorar y perfeccionar esta ley.
Me sumo a la crítica que se ha hecho, incluso a la forma como se ha traído para debatirlo aquí en este trámite del Senado en el sentido de que no era posible modificar nada en esta Cámara territorial.
En este debate estamos haciendo un ejercicio bastante inútil, bastante frustrante, además, de deterioro de esta Cámara de representación territorial incluso desde el punto de vista de las formas, porque varias de las enmiendas que hay no son tan contradictorias, y la prueba evidente es que ninguno de los portavoces que han intervenido han presentado enmiendas a la totalidad. Se ha frustrado la posibilidad de que se hubieran aceptado enmiendas que hubieran justificado este trámite y dignificado a la Cámara territorial.
Por tanto, visto lo visto, y como no va a haber posibilidades y el debate está prácticamente terminado, doy por defendidas todas las enmiendas que he presentado tanto a este proyecto de ley como a los sucesivos que vamos a tratar esta mañana.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponde con la enmienda número 2.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a defender la única enmienda que hemos presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la más importante de las que hemos presentado en este bloque de

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proyectos que estamos debatiendo esta mañana. Se trata de una enmienda de modificación de los apartados tercero y cuarto de la disposición adicional cuarta.
La modificación al apartado tercero la presentamos porque con ello pretendemos ser coherentes, en el ámbito procesal, con la naturaleza y posición que en el ordenamiento jurídico tienen las Normas Forales de las Juntas Generales y de las diputaciones de los Territorios Históricos.
Dichas Normas Forales se aprueban por órganos parlamentarios, las Juntas Generales, depositarias de la soberanía popular, ya que son elegidas por elección directa, exactamente igual que los parlamentos autonómicos o que las Cortes Generales.
Por lo tanto, nosotros, ante esa realidad que existe y ante la estructuración interna que tiene la propia Comunidad Autónoma vasca a la Ley de los Territorios Históricos, tenemos que decir que, en el ámbito de las competencias exclusivas de cada uno de los Territorios Históricos, las Normas Forales tienen el mimo rango de ley que las de las Cortes Generales y que las del Parlamento Vasco.
En definitiva, tenemos que concluir diciendo que las Normas Forales son disposiciones normativas con fuerza de ley y no se diferencian en nada en absoluto de las leyes del Parlamento Vasco, innovan el ordenamiento jurídico dentro de un marco competencial establecido y su control se fundamenta en el respeto a dicho marco, es decir, se basa en criterios de competencia y no en criterios de jerarquía.
También añadiré que, habiéndose reconocido por el proyecto de ley ahora enmendada la legitimación activa de los Territorios Históricos, lo coherente sería reconocerles igualmente legitimación pasiva para una adecuada defensa de su autonomía foral.
Por lo que se refiere al apartado 4 de la disposición adicional cuarta, al que también se refiere esta enmienda, cabe señalar que las disposiciones, resoluciones y actos de los órganos ejecutivos de los Territorios Históricos, en el ámbito de sus competencias, tienen la misma posición relativa en el ordenamiento jurídico que las disposiciones, resoluciones y actos del Gobierno Vasco o del órgano ejecutivo de cualquiera Comunidad Autónoma.
Con esto, señor Presidente, señorías, doy por defendida la enmienda que ha presentado a este proyecto el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 3 y 4.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a defender la enmienda número 4, que se refiere a la supresión del texto del apartado 5 del artículo 75.quince del proyecto de ley que estamos debatiendo, a que hace referencia el apartado quinto del artículo único que proponemos modificar, en el sentido de suprimir, decía, la siguiente frase: «... determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida.» Este apartado 5 hace referencia a que la sentencia del Tribunal Constitucional declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, constitucionalmente garantizada, determinando también a su vez --eso es lo que proponemos suprimir-- «... según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida».
Para justificar dicha enmienda nos basamos en que, atendiendo a que los entes locales tienen determinado su ámbito competencial, no ya propiamente en la Constitución, sino en base a la atribución que se efectúa por parte de las leyes del Estado y las leyes autonómicas, consideramos que no es adecuada esta determinación de la titularidad de la competencia a través de la sentencia del Tribunal Constitucional.
La enmienda número 3, que para nosotros tiene, si cabe, mayor importancia desde el punto de vista del sentimiento ciudadano de Cataluña, propone adicionar un nuevo párrafo al final del apartado sexto del artículo único --se trataría por tanto de la quinta disposición adicional--. Dice textualmente lo siguiente: «En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya, además de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 73 ter.1 de la presente Ley, lo estarán también las comarcas que supongan, al menos, la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la Disposición con rango de Ley y representen, como mínimo, un sexto de la población oficial.» Con esta cautela, proponemos introducir la legitimación de las comarcas, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y sobre la base del artículo 141 de la Constitución, que regula las provincias y que prevé que, de acuerdo con los estatutos de autonomía correspondientes, se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia. De acuerdo con ello, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía, recogiendo esta posibilidad constitucional, prevé que la Generalitat estructurará su organización territorial en municipios y comarcas, aparte de las provincias. Hay que decir que la Ley de Ordenación Territorial tiene previsto en el futuro la supresión de las provincias, cuando ello sea posible, estableciendo por tanto, expresamente, que deberá garantizarse esa autonomía local, en tanto que nuevo ente local, a las comarcas.
Nosotros queremos decir que la comarca es una voluntad secular de la ciudadanía de Cataluña y que, además, después de tres años de funcionamiento de las leyes de organización territorial, entendemos que hay ya una experiencia suficiente. En cualquier caso, no recoger que las comarcas tengan la posibilidad de este acceso al Tribunal Constitucional, representaría considerarlas --por decirlo de alguna forma-- como un ente local de segunda división, lo cual no quiere decir de segunda elección, porque, en efecto, las provincias también son de segunda elección. En cualquier caso, como sujetos de la misma posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional, entendemos que, para no diferenciar y para no considerar las comarcas

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como entes locales de segundo orden y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad, deben disponer de la misma posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional. Por ello presentamos nuestra enmienda.
También quería hacer otra consideración. Hay algunos estatutos que, si bien aún no han puesto en práctica esa división territorial, también contemplan en su texto esa posibilidad de organizarla en municipios y comarcas, además de las provincias y, por tanto, contemplan la posibilidad de creación de las mismas.
Termino, señor Presidente. Si no aprovechamos este momento para mejorar este texto, estamos convencidos --por eso lo expongo aquí-- de que posiblemente, en un futuro, tendremos la necesidad de contemplar esa posibilidad de legitimación de las comarcas, además de los municipios y de las provincias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 5 a 8.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador García Miralles.


El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a defender el contenido de las cuatro enmiendas, pero yo sólo me voy a centrar, brevemente, en la primera.
Antes quiero advertir al Grupo Parlamentario Popular --en coherencia con la fase final del discurso de su portavoz general en este debate, el señor García Carnero, que en última instancia ha dicho que las enmiendas que defendía mi compañero Santiago Pérez no se debían admitir porque eran todas de supresión-- que, de nuestras cuatro enmiendas, una es de modificación y tres son de adición. No sé si eso servirá para convencerles de que hay motivos para entrar en su debate, pero las contradicciones cada uno las tiene que asumir como pueda.
En segundo lugar, quiero ratificar lo que ya ha sido dicho también por algunos portavoces. Asistimos a un debate que, a mi modo de ver, supone un cierto deterioro de esta Cámara y de los usos parlamentarios.
Señorías, en el Derecho parlamentario los procedimientos y las formas dejan de ser formales para convertirse en sustanciales, porque son mecanismos de garantía de la expresión de la voluntad general, que consiste en la aprobación por la mayoría y la manifestación de las discrepancias, en su caso, por las minorías. Por eso, el Reglamento contempla, entre otras cosas, la posibilidad de vetos, de votos particulares y de enmiendas. Creo que esto, de facto, se ha estado negando en este debate por algo que yo califico de estrategia equivocada del Gobierno del Partido Popular que, además, me sorprende más ya que la dirige un Ministro --y me alegro que esté hoy con nosotros-- que antes no sólo ha sido Senador sino portavoz y miembro importante de esta Cámara.
Si viniera de otra persona podría entender lo que yo considero una cierta falta de respeto al Senado, pero me sorprende mucho más en este caso.
Creo que está primando la coyuntura política, la celeridad --y quizá algún posible evento electoral-- sobre lo que debería ser la reflexión, el diálogo y la mejora que ya empezamos a trabajar en el Congreso a lo largo de seis meses, pero que no debe impedir, en ningún caso, que enmiendas como las que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y, en concreto, la primera de ellas, sean aceptadas plenamente por el Grupo Parlamentario Popular.
Esta enmienda primera es la coherente con lo que fue una enmienda transaccional en el Congreso de los Diputados y, como ha sido suficientemente debatida --y el propio Grupo Parlamentario Popular entiende nuestras razones-- no me voy a extender mucho más en ella.
Simplemente, por cortesía parlamentaria y aprovechando este turno, en contestación a lo que ha planteado el Senador Cardona quiero decir que nosotros entendemos su posición, pero otra cosa es que la podamos compartir en este momento. En cuanto a sus enmiendas entendemos, fundamentalmente en la que hace referencia a las comarcas, su planteamiento pero aunque en parte podamos compartirlo, tenemos que rechazar el texto de la enmienda por exclusivista. En segundo lugar, quiero decirle que entendemos también que, en algún momento, se tenga que desarrollar en plenitud el artículo 141 de la Constitución. Quizá la premura de este debate y la forma en que se ha llevado a cabo nos ha impedido reflexionar con más profundidad sobre este tema. Quiero añadir algo que usted ha apuntado, por cortesía parlamentaria y porque a lo largo de este debate yo me he preocupado especialmente por el tema, que es que la concepción del término comarca tiene un contenido diferente incluso en el planteamiento estatutario en los diversos estatutos de autonomía, lo cual dificulta, por los distintos niveles de desarrollo y el tratamiento que tienen cada una de estas entidades en los distintos estatutos, que pueda haber una fórmula homogénea en estos momentos.
Finalmente, quiero decirle que los ciudadanos y los municipios que pudieran estar englobados en la distribución comarcal que tiene Cataluña no quedan desamparados porque hay una vía indirecta, que es la que establece la letra b) del artículo 75 ter.1, en cuanto a que un séptimo de los municipios existentes y afectados por el tema y un sexto de la población oficial puedan estar legitimados para plantearlo.
Con todo, quiero agradecer la colaboración de todos en este debate y manifestar la esperanza, no la ilusión, de que pueda ser atendida esta enmienda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador García Miralles.
Compartía turno con el Senador Galán y, por tanto, tiene su señoría la palabra.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador García Miralles ha defendido nuestra enmienda número 5, de carácter técnico y de adecuación de la exposición de motivos al texto. Yo voy a defender otras tres enmiendas, la números 6, 7 y 8, presentadas a un proyecto

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que se fundamenta en la defensa de la autonomía local, entendida como principio con sustantividad constitucional frente a posibles invasiones de la misma con leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Con esta ley damos contenido al artículo 11 de la Carta Europea de la Autonomía Local y, en definitiva, cubrimos una laguna que impedía que las diputaciones, municipios y demás entes locales pudieran recurrir aquellas leyes, estatales o autonómicas, que vulneraran su propia autonomía reconocida constitucionalmente por no tener una legitimidad abierta para plantear recursos de inconstitucionalidad de las mismas; es más, al no ser la autonomía local un derecho incluido en el catálogo de los derechos y libertades susceptibles de amparo, no podían acogerse tampoco al recurso de amparo.
Por lo tanto, quiero empezar manifestando al señor Ministro y a todas sus señorías nuestra conformidad de fondo con esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, queremos plantear aquí cuatro enmiendas, todas ellas nuevas y distintas de las que en su día presentamos en el Congreso.
Antes de entrar a abordarlas, quiero decir que las quince enmiendas al articulado que se plantearon a este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados fueron gestionadas por el Grupo mayoritario con generosidad, con capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. De nuestras siete enmiendas fueron aceptadas íntegramente seis, bien de manera directa o con fórmulas transaccionales. Por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto.
Aquí formulamos enmiendas nuevas, entre ellas la que ha defendido mi compañero García Miralles y la número 6, porque pretendemos corregir defectos de la tramitación procedimental de este texto en el Congreso de los Diputados.
La enmienda número 6, que paso a defender, supone incluir en el texto una modificación del artículo 73 de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el que se hace una remisión a los órganos citados en el artículo 59.tres. Si ahora vemos cómo queda el artículo 59, comprobamos que no hay número tres; se ha hecho una adición a ese texto que aparece como número dos y, a su vez, los contenidos de los números uno, dos y tres del texto original de la ley se han incluido dentro del número 1 como letras a), b) y c). Por lo tanto, habría que corregir la remisión y donde se habla del 59.tres poner 59.1.c). Como ven sus señorías, se trata de otra enmienda técnica que pretende corregir los defectos habituales de la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso de los Diputados.
Las enmiendas números 7 y 8, que plantean el mismo problema que la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y que hacen referencia a la posición en el ordenamiento jurídico de las Normas Forales aprobadas por las Juntas Generales de los Territorios Históricos, pretenden solventar el problema que se origina con la redacción definitiva, vigente y recogida en el «Boletín Oficial del Estado», de la disposición adicional primera de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Es ese texto, aprobado en su día con la admisión de una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en esta Cámara, la número 73, con nuestro voto en contra, el que yo creo que abre un camino por el cual dicho Grupo sigue insistiendo en procurar declarar exentas de todo control contencioso-administrativo a estas Normas de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, que se denominan Normas Forales y cuya naturaleza jurídica es discutida, no es en absoluto clara, y supone una peculariedad especial del ordenamiento jurídico de aquella Comunidad Autónoma, que no tiene correspondencia en otras Comunidades Autónomas.
Bien es cierto que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en esta Cámara pretende no sólo adecuar en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la regulación del recurso de inconstitucionalidad, de la cuestión de constitucionalidad y de los conflictos de competencia a esa norma introducida en la Ley de la jurisdicción contenciosa, sino ir mucho más allá, estableciendo prácticamente la total inmunidad de esas Normas, su absoluta equiparación --lo ha dicho con toda claridad el Senador Gangoiti-- con las normas del Parlamento vasco y, al mismo tiempo, declarar también exentas de control contencioso-administrativo las disposiciones, resoluciones y actos de los órganos ejecutivos de los Territorios Históricos.
No querría en modo alguno hacer aquí un turno en contra de la enmienda del Senador Gangoiti, aunque realmente a partir de su literalidad y de sus manifestaciones me sería bastante fácil. Lo que sí me parece que hay que dejar claro es que esa teorización que él ha realizado en defensa de sus enmiendas difícilmente se comparece con la literalidad del Estatuto de Autonomía, de la Ley que regula las relaciones de las instituciones comunes del País Vasco con los órganos forales --el artículo 6.2-- e, igualmente, con todo el sistema de articulación territorial del País Vasco, que es un sistema de centralización autonómica «sui generis» de amplio nivel, asentado en su esencia en el sistema territorial histórico de esa Comunidad que, sin embargo, no determina «per se» el carácter no administrativo puramente político de los órganos forales, que daría lugar a una confusión entre la representatividad de sus órganos electivos con la representatividad autonómica del Parlamento Vasco por cuanto la constitución de la Comunidad Autónoma, señorías, se ha efectuado sobre base estatutaria, siendo el pueblo vasco, como expresión de su nacionalidad, el que, para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, bajo la denominación de País Vasco, y no son los Territorios Históricos los que deciden integrarse en un ente superior: Comunidad Autónoma del País Vasco.
Deseo hacer constar también nuestro respeto a la peculiaridad de la fórmula para la resolución de conflictos entre el Parlamento Vasco y los Territoriales Históricos a través de la Comisión arbitral del artículo 39. Pero, como es evidente, yo creo, señorías, que ésta es una cuestión que se podría haber abordado aquí perfectamente. Sé que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me va a decir que no necesariamente aquí, y tiene toda la razón. Decía en Comisión el Senador Agramunt que era un tema precioso, de mucha enjundia y contenido, pero que no había por qué

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abordarlo en este supuesto. Es cierto. Igual que otros como el que planteaba antes el Senador Cardona en relación con la legitimación de las comarcas; o el de las asociaciones de municipios de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto; o el problema que plantea la legitimación de las provincias que se hace en el artículo 75ter.1 que presenta problemas políticos, señor Ministro, señorías, respecto a Extremadura, donde está legitimada la Diputación de Badajoz y no lo está la de Cáceres para recurrir decisiones que invadan la autonomía provincial o bien de la Junta de Extremadura, o bien de las Cortes Generales; y, por último, aspectos, que, a mi juicio, también son susceptibles de mejora técnica, relativos a la terminación de este procedimiento específico de planteamiento de conflicto en defensa de la autonomía local que derivan de ese escalón que abren los números 5 y 6 del texto con, por una parte, la posibilidad de doble sentencia a través de la llamada autocuestión de constitucionalidad.
Creo que el letrado de la Comisión en su informe hace un planteamiento acertado de las posibles mejoras que se podrían introducir en el texto.
Pero quiero ser generoso, señorías. Me parece que estas cuestiones son temas de enjundia, de contenido, y abordarlas ahora puede permitir romper, quebrar un consenso al que se ha llegado hasta donde se ha llegado. Hasta ahí lo entiendo. Sin embargo, señorías, entiendo mucho menos que su Grupo no asumiera en Ponencia y en Comisión las enmiendas números 5 y 6, que suponen unas mejoras del texto, que todos los Grupos, los letrados y todo el mundo entienden razonables, perfectamente oportunas y además necesarias para la buena interpretación del texto legal. Todo ello por el prurito, al que se refería antes el Senador Pérez García, de que el Senado no altere absolutamente en nada, ni en una coma, este paquete de leyes que llegan a la Cámara y que se denominan leyes del Pacto Local, el bloque del paquete legislativo incluido en el Pacto Local.
Ustedes, que aseguran siempre querer potenciar la reforma de esta Cámara para dotarla adecuadamente a fin de que ejerza su papel de Cámara de representación territorial, me parece que en estas materias --si quieren menores-- han impedido que pueda jugar un papel, para el que sí está dotada adecuadamente, constitucional y reglamentariamente, que es el papel de Cámara de segunda lectura.
Nosotros, en su día, cuando observamos que el Grupo Parlamentario Popular pretendía que el lunes día 8 se debatieran las seis leyes en Ponencia y en Comisión y el Pleno del 10 abordara y aprobara todas ellas, agradecimos el gesto del aplazamiento de 15 días más para la consideración y el debate de las mismas. Posteriormente ha sido imposible avanzar nada; ese gesto del Grupo Parlamentario Popular y de su portavoz en esta Cámara --que agradecemos-- fue un gesto inútil, vacío de todo contenido, puramente efectista y que, a mi juicio, encierra un cierto desprecio o falta de respeto, como ustedes quieran, y no doten a mis palabras de un contenido ofensivo. Considero, señorías, que no hubiera ocurrido nada porque una, dos, tres o no sé cuántas de las leyes que llegan aquí se hubieran mejorado en algo, en lo que todos estamos de acuerdo, en lo que son susceptibles de mejora sin quebrar ningún tipo de consenso, aunque ello hubiera supuesto que en el «Boletín Oficial del Estado» aparecieran el mismo día todas publicadas a la vez 15 días más tarde.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Galán.
Para consumir un turno en contra de las enmiendas debatidas, tiene la palabra el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me gustaría, como han hecho otros muchos portavoces en esta Cámara esta mañana, agradecer la presencia del Ministro de Administraciones Públicas, que yo agradezco más en particular porque se nota que ha sido Senador y portavoz de un Grupo, del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, en términos positivos, no como otros portavoces han tratado de interpretar. Considero que la presencia del Ministro es muy buena para la Cámara dada la importancia que tiene este conjunto de leyes que estamos debatiendo esta mañana.
El proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es el que estamos debatiendo en estos momentos, se fundamenta en la defensa de la autonomía local entendida como principio, con sustantividad constitucional, frente a posibles invasiones de la misma por leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas. En este sentido, viene a cubrir una laguna toda vez que hasta el momento los entes locales tenían sólo la posibilidad de defensa jurisdiccional frente a intromisiones en la autonomía local efectuadas por normas de rango inferior a la ley a través de la jurisdicción contencioso-administrativa fundamentalmente, pero no respecto de supuestas vulneraciones efectuadas en virtud de normas de rango y valor de ley en sentido material y formal, en relación con cuyos mecanismos recursales, recurso de inconstitucionalidad y cuestión de constitucionalidad, quedaban excluidos los entes locales por carecer de legitimación activa, incluso, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por no poder ostentar la condición de personados por otro título.
Por tanto, este proyecto, así como los otros cuatro proyectos de ley orgánica y el proyecto de ley ordinaria forman en su conjunto un todo, el Pacto Local, en desarrollo de un mandato constitucional que llevaba pendiente ya más de 20 años y que es muy positivo afrontar en estos momentos, además de que supone hacer efectiva la Carta Europea de Autonomía Local de octubre de 1985, ratificada o firmada por el Reino de España en enero de 1988.
Por eso, nuestro grupo parlamentario entiende que la importancia de este paquete de proyectos de ley reside en que el conjunto supera a la importancia de la suma de los seis proyectos. Y es importante señalar aquí una cuestión que no se ha escapado esta mañana en el debate. Son seis proyectos que vienen muy consensuados, muy negociados con todos los grupos parlamentarios, pero también con otras muchas instituciones, con la Federación Española de Municipios y Provincias fundamentalmente, y en muy diferentes

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ámbitos. Se ha conseguido llegar a un equilibrio importante hasta esta Cámara y mantenerlo entre todas las negociaciones. Yo agradezco mucho su intervención al Senador Galán, como no podía ser de otra manera, en la que, con su caballerosidad habitual, ha reconocido que en el trámite del Congreso de los Diputados se aprobaron prácticamente casi todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de modo directo o de modo transaccional. Agradezco especialmente al señor Galán esa intervención porque me evita tener que contradecir excesivamente la intervención previa del Senador García Miralles en la que nos hacía justo la acusación contraria. De todos modos, entraré en la cuestión cuando lleguemos a esa enmienda. Pero insisto en ese detalle importante de que ésta y las otras cinco son unas leyes que vienen con mucho equilibrio, con mucha negociación y muy consensuadas hasta esta Cámara. Y cuando hay esos equilibrios, aceptar unas enmiendas en estos momentos puede suponer romper los equilibrios.
Fíjense bien, hay tres enmiendas, entraré en ello más tarde, la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la enmienda número 8 que está en relación con la número 7 del Grupo Parlamentario Socialista, que son el alfa y el omega, justo lo contrario. Creo que es mejor no aceptar ninguna, mantenernos, como además es lógico por otra parte, en el centro de la cuestión y evitar que se rompan los equilibrios. Porque si aceptamos una, vamos a romper el consenso con el otro grupo parlamentario, y viceversa. Ha sido delicado llegar a esta situación y creo que es bueno mantenerla. Por tanto, es bueno mantener una posición centrada en estos momentos.
En relación con la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Mixto, del Senador Nieto Cicuéndez, simplemente le quiero señalar que no es posible ampliar a las asociaciones de municipios la legitimación para plantear el conflicto en defensa de la autonomía local, puesto que tal legitimación debe limitarse, creo que por imperativo constitucional, a las entidades locales como tales, cuya autonomía está reconocida por la Constitución y que son las que tienen reconocida personalidad jurídica pública. No obstante, las asociaciones de entidades locales sí que pueden servir como instrumentalizadoras del procedimiento respecto de sus entidades asociadas. Esto no estaba impedido en el proyecto original, pero más aún, en la Cámara Baja, en el Pleno del Congreso se presentó y aprobó una enmienda transaccional a la número 16 del Grupo Parlamentario Mixto que decía textualmente que las asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados, a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del presente conflicto, que ya está incorporada al proyecto de ley. Yo suponía que esta enmienda, que fue transaccionada con una enmienda exactamente igual y que es la que hoy reitera el Senador Nieto, estaba superada. Pensaba que su reiteración en esta Cámara podía ser un error, pero al haber sido defendida veo que no. Reiteramos los argumentos y reclamamos la atención sobre el hecho de que ya fue consensuada mediante esa transaccional en el trámite del Congreso de los Diputados.
En relación con la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, yo creo que excluir de la jurisdicción contencioso-administrativa el enjuiciamiento de las disposiciones y actos forales y remitirlos a la órbita del recurso de inconstitucionalidad o del conflicto de competencias supone reconocer rango de ley a dichas Normas Forales, que precisamente es lo que, por otro lado, también pretende esta enmienda.
En nuestra opinión, y respetando desde luego cualquier otra, la Constitución no reconoce expresamente potestad legislativa a los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero tampoco --y esto para nosotros es muy importante-- el Estatuto de Gernika atribuye potestad legislativa a las Juntas Generales de los Territorios Históricos, siendo toda la legislación vasca coherente con este principio. Incluso, el artículo 6.2 de la Ley del Parlamento Vasco, de 25 de noviembre de 1983, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Organos Forales de sus Territorios Históricos señala textualmente que, en todo caso, la facultad de dictar normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Parlamento Vasco.
Como ya dije en Comisión, y no voy a insistir mucho más, nuestro máximo respeto a las leyes del Parlamento Vasco, al Estatuto de Gernika y a la Constitución española. Por lo tanto, entiendo que la aprobación de esta enmienda, además de romper los equilibrios de los que he hablado al principio de mi intervención, supondría de algún modo enmendar o tratar de modificar leyes de rango superior como puede ser, insisto, el propio Estatuto de Gernika.
Ahora me referiré a las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En cuanto a la enmienda número 4, que ha empezado defendiendo el Senador Cardona, estamos de acuerdo en que la atribución de competencias a las entidades locales corresponde, efectivamente, tanto al legislador estatal respecto a la normativa básica como al legislador autonómico en su ámbito de competencias. Sin embargo, tal y como ha señalado la jurisprudencia constitucional y, en concreto, la sentencia 214/1989, corresponde en último término al Tribunal Constitucional ponderar en cada caso si las competencias atribuidas a los entes locales son o no necesarias para asegurar su autonomía o si se respetan las competencias mínimas garantizadas por la normativa básica estatal a las entidades locales.
Como ya le señalé en el debate en Comisión, entendemos que la aceptación de esta enmienda supondría desdibujar, dejar en parte sin efecto no sólo este proyecto que ahora debatimos, sino incluso todo el paquete normativo que venimos conociendo como Pacto Local. La aceptación de esta enmienda supondría desnaturalizar en cierto modo las modificaciones legislativas que estamos tramitando, razón por la que, naturalmente, la vamos a rechazar.
Y en cuanto a la enmienda número 3, el proyecto sólo reconoce, efectivamente, legitimación activa a las entidades locales cuya autonomía está reconocida en el artículo 137 de la Constitución, que dice textualmente: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas

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estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.» Las comarcas, que, por supuesto, tienen reconocimiento jurídico en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas --por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Valenciana incluso tienen reconocimiento jurídico las agrupaciones de comarcas o entidades supracomarcales--, no tienen legitimación expresa en el texto constitucional, por lo que no consideramos conveniente ampliar esta legitimación a entidades distintas a las que la Constitución reconoce expresamente la autonomía por ser de carácter necesario: municipios, provincias e islas en el caso que nos ocupa.
Por otra parte, entiendo que la enmienda transaccional, a la que ya he hecho referencia, a la número 16 del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados, recoge en parte --ya sé que no en todo, pero sí en parte, una pequeña parte al menos-- las aspiraciones de esta enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; no digo que en todo, pero en parte sí que las recoge. Por tanto, también por estos argumentos rechazaremos estas enmiendas.
Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, y en concreto sobre la número 5, en primer lugar quiero llamar la atención de la Presidencia y de los portavoces de esta Cámara sobre la posibilidad de que, mediante una simple corrección de errores, se incluya en el Preámbulo la expresión: «... un séptimo...» en relación con la enmienda que se aprobó en el Congreso referida al artículo 75ter.1.b), que habla, efectivamente, de un séptimo del número de Municipios. Como digo, se trataría de una corrección de errores que, si la Presidencia lo tiene a bien, se podría someter a la consideración de los grupos parlamentarios para que se introduzca simplemente como tal.
En cuanto al Senador García Miralles, he de decirle que me ha causado una especial sorpresa una parte de su intervención, y creo que se trataba precisamente de la defensa de la enmienda número 5, aunque no sé si también de alguna otra cosa, porque posteriormente se ha referido a una serie de cuestiones en relación con las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió que no he terminado de entender. Por tanto, he visto contradicciones, porque, por un lado, ha dicho que está de acuerdo, pero después ha afirmado que no ha habido tiempo suficiente para ponerse de acuerdo. En consecuencia, no tengo nada claro cuál es la posición del Grupo Socialista en relación con el tema de las comarcas. En mi opinión, se ha hecho un discurso para quedar bien con todo el mundo, pero quizá al final no haya quedado bien con nadie.
Y digo que me ha sorprendido su intervención porque creo que no es correcto interpretar nada menos que como un deterioro de la Cámara y de las instituciones, simplemente el que no se alcance su objetivo inmediato en estos momentos. Eso me parece más una pataleta que otra cosa, y lo veo poco serio; especialmente teniendo en cuenta el grupo de leyes del que estamos hablando, sobre el que, como ya he dicho y reitero, hay un consenso amplísimo, no sólo entre todos los partidos políticos y grupos parlamentarios, sino también con otras muchas instituciones de España.
Por tanto, con todos esos equilibrios se ha llegado a un buen proyecto de ley, que seguramente es mejorable, como ha dicho mi compañero, el Senador García Carnero, pero todo lo puede ser. En cualquier caso, insisto, se trata de un buen conjunto de leyes. Menos mal que, posteriormente, el Senador Galán me ha ayudado a recordar que en el Congreso de los Diputados aceptamos la inmensa mayoría de las enmiendas del Grupo Socialista. Por tanto, no se nos puede decir ahora que porque no aceptemos una enmienda más somos lo que seamos. Creo que no es ésa la posición que hay que mantener, porque el ambiente es de mucho mayor consenso, de estar de acuerdo y de haber llegado a acuerdos.
Para finalizar, y en relación con las enmiendas números 7 y 8, como ya he dicho al principio, creo que ésta es la mejor prueba de los equilibrios que hay que mantener en estos proyectos. Efectivamente, proponen justo lo contrario de lo que pretende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. En este sentido, entendemos que es mucho mejor dejar las cosas como están y mantener el equilibrio. Como decía en Comisión, tampoco es correcto aprovechar que el Turia pasa por Valencia --o que el Pisuerga pasa por Valladolid, en honor al Ministro que nos acompaña--, es decir, utilizar ese tipo de argumento para introducir modificaciones en otras leyes muy recientemente modificadas, hace unos meses. Insisto, no parece que una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sea el cauce adecuado para debatir sobre la naturaleza de las Normas Forales de los Territorios Históricos del País Vasco. De cualquier modo, para abundar en este argumento voy a recordarle a su señoría una cita de un compañero de su Grupo, quien en otro debate en esta Cámara decía que habíamos entrado en el Libro Guinness de los récords de la tramitación presupuestaria porque en ningún país se acepta que una sola norma modifique un total de 60 leyes, que son las modificadas por la Ley de medidas. Es decir, él mismo afirmaba que utilizar el argumento de que el Turia pasa por Valencia no siempre parece correcto. Ustedes mantienen esa posición habitualmente, y sería conveniente que lo hicieran también en coherencia con otros casos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
Antes de pasar al turno de portavoces, quiero consultar a éstos si hay acuerdo en cuanto a la propuesta de corrección de errores que ha hecho el Senador Agramunt respecto de la numeración de los puntos 5, 6 y 7.
¿Existe acuerdo por parte de todos los portavoces? (Pausa.) Así consta.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Senador Román Clemente.


E1 señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.


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Anuncio que votaremos favorablemente esta ley porque nos parece positivo el acceso de los ayuntamientos al Tribunal Constitucional.
Gracias.


E1 señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


E1 señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco la intervención del Senador García Miralles en el sentido de que comprendía la posición de nuestro Grupo, si bien decía que era un tanto exclusivista, toda vez que las comarcas tienen una diferente concepción en función de los diferentes Estatutos de Autonomía.
Y es cierto. Como ya he dicho, sólo en Cataluña llevan ya diez años de vida. Por otro lado, no quedan desamparadas porque se pueden acoger por porcentajes de población, lo que les permitiría su acceso. Por tanto, le reitero nuestro agradecimiento.
Quiero añadir que nosotros entendemos que, mientras tanto, Senador Agramunt, hay unos nuevos entes locales que por ser nuevos, las comarcas no tienen la posibilidad de acceder al Tribunal Constitucional, lo que ya diferencia a los entes locales en municipios y provincias. El artículo 137 hace referencia a que, en cualquier caso, se deberán dividir territorialmente en municipios y provincias, pero el artículo 141, al cual he hecho referencia, dice que se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Si un Estatuto de Autonomía, de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución española, contempla esta posibilidad, se tendrá que entender --desde nuestro punto de vista es así-- que con la misma categoría, con la misma forma, con las mismas posibilidades deberán estar incluidas las comarcas en tanto que entes locales, al igual de el municipio y las provincias.
En cualquier caso, por lo menos hay que defender ese principio de autonomía local, en tanto que es un ente local y no se les tiene que diferenciar de los demás entes locales. Es lo que se contempla en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía. Por tanto, si forman parte del bloque de constitucionalidad por esa vía de Constitución a Estatuto de Autonomía, entendemos que tendrían que disponer de las mismas posibilidades de acceso al recurso de ese procedimiento de conflicto en caso de sentirse vulneradas en su autonomía institucional, en este caso local en tanto que son entes locales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad en este turno de portavoces para decir, primero, que yo no he interpretado una diferencia de posición entre el Senador García Miralles y yo mismo. Este acusaba al Grupo Parlamentario Popular de falta de diálogo y de capacidad para llegar a acuerdos en esta Cámara. No se refería al Congreso de los Diputados. Yo he procurado resaltar que sí hubo consenso y capacidad de diálogo en la otra Cámara.
Posiblemente sea una forma de ser o de psicología, pero los dos estábamos diciendo lo mismo.
También he dicho que la actitud del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara no se ha compadecido con la actitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Ahora se plantea que nuestra enmienda número 5 se acepte mediante la fórmula técnica de corrección de errores, a lo que no me voy a oponer, me parece estupendo. Creo que por error el señor Presidente decía las enmiendas números 5, 6 y 7. Yo estoy encantado. Me da igual. Es decir, no se trata en modo alguno de poner obstáculos de tipo formal. Yo no quiero causarles a ustedes dificultades. Si, como corrección de errores, ustedes plantean aceptar mi enmienda número 5, estupendo. Lo que va a ser más complicado es que luego votan en contra de eso mismo al rechazarla, pero da igual. Hay una contradicción, pero las salvamos todas y adelante. A mí me parece que hay que pretender mejorar el texto, y si eso se puede hacer manteniendo la estética de que las leyes salen todas aprobadas de aquí directamente a la firma del Rey y a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», encantado, y si no sólo aceptan la enmienda número 5 sino también la número 6, lo mismo me da.
Lo que sí hay que resaltar es que a ustedes les ha faltado cintura, generosidad para abordar y mejorar estas cosas, que son claras, en el trámite parlamentario normal, que eso es cicatería con el Senado, es falta de generosidad con esta Cámara. Se lo dije antes y se lo repito ahora.
En relación con las enmiendas números 7 y 8, empecé mi intervención entendiendo la posición, que nuestro Grupo no comparte, de no abordar dónde está la génesis del problema que empieza a plantearse. Yo creo que hay que hacer coherente todo el ordenamiento jurídico estatal, es decir, todas las leyes tienen que tener coherencia entre sí.
Hay que dejar claro algo que es evidente: ni el Estatuto de Autonomía del País Vasco, ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni la Ley de relaciones entre los Organos Comunes y los Territorios Históricos, ni las propias Normas Forales de los tres Territorios Históricos, Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, contemplan la capacidad normativa de los mismos, sino que, por el contrario, atribuyen dicha capacidad al Parlamento Vasco como manifestación y reflejo del pueblo vasco en base a un sistema democrático, de construcción de la Comunidad Autónoma, moderno, basado en la capacidad de autogobierno del pueblo vasco y no respondiendo al viejo sistema medieval y predemocrático que centraba la capacidad de autogobierno en los Territorios Históricos. Este es el problema que quería plantear. Dicen ustedes que no es el momento. Lo asumo.
Respecto al resto de las enmiendas, las números 5 y 6, y a algunas otras mejoras que podríamos haber hecho,

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estoy dispuesto a asumir cualquier fórmula que perfeccione la ley. Si se dice que mediante corrección de errores, muy bien; si con la fórmula de corrección de errores se pudiera incorporar no sólo nuestra enmienda número 5, sino también nuestra enmienda número 6, mucho mejor. Pero son los servicios de la Cámara los que tienen que fijar los límites, y con esa posición nos declaramos conformes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con mucha brevedad. Estamos en un debate en el que se han expuesto muchas y diversas posiciones esta mañana como la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación con el tema de las comarcas; o la del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la naturaleza de las Normas Forales; o la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con relación a su justa y legítima reivindicación de la capacidad legislativa de las Juntas Generales. Son debates doctrinalmente muy interesantes y donde existen razones a favor y en contra. No hay que descalificar --y así quiero que conste-- ninguno de los argumentos ni de las posiciones expuestas.
Nuestra posición hoy es ésta. Entendemos que es más razonable mantener los equilibrios tal como han llegado a esta Cámara y, por tanto, ésta es la razón fundamental para no ir más allá en el debate de estas cuestiones, insisto, y con el máximo respeto para todos.
Quiero agradecer además el tono de moderación mantenido en todo el debate, así como el anuncio de voto positivo al dictamen del proyecto de ley, que es lo más importante. En este sentido, quiero agradecer públicamente a todos los grupos parlamentarios su posición.
En relación con la cintura de este Grupo, personalmente tendré algo de exceso de cintura. En ningún caso, Senador Galán, me puede faltar cintura.
En relación con su referencia a la enmienda número 5, creo que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que sea aceptada mediante la fórmula de la corrección de errores, en cuyo caso solicitaría que la retiraran para no obligar a la Cámara a mantener esas contradicciones a las que usted mismo se ha referido.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
¿Se puede dar por retirada la enmienda, Senador Galán? (Asentimiento.) Así constará.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Terminado el debate, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votamos el voto particular número 3 del Senador Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, tres; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que se corresponde con la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, nueve; en contra, 166; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos el voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que corresponde a las enmiendas números 3 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, nueve; en contra, 99; abstenciones, 69.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Socialista que se corresponde con las enmiendas números 6 a 8, ambas inclusive. La enmienda número 5 ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 66; en contra, 108; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 175; en contra, uno; abstenciones, una.


E1 señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado el texto del dictamen.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.


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--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Continuación) (S. 621/000119) (C. D. 121/000129).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación, pasamos a debatir el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
El dictamen ya fue presentado por el Senador Espert.
A este proyecto se ha presentado una propuesta de veto del Senador Román Clemente. Para la defensa de su propuesta de veto tiene la palabra.
(Rumores.) En aras de la brevedad y para que podamos terminar antes de comer, ruego a sus señorías que guarden silencio y que los que tengan que hablar desalojen la sala con rapidez y en silencio.


El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Anuncio a la Cámara que voy a defender en esta intervención las enmiendas y el veto que este Senador ha presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; las enmiendas que este Senador ha presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; las enmiendas que he presentado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión y me voy a pronunciar sobre el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Por tanto, me pronunciaré sobre el paquete de cuatro leyes que aún restan por discutir.
Centrándome en concreto en la propuesta de veto al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, tengo que decir que está suficientemente motivada en la argumentación, por lo que me voy a limitar a extractar la misma.
Para Izquierda Unida esta propuesta de veto al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, está sustentada en que pese a la pretendida limitación invocada con la referencia a la Ley 30/1992, la existencia de la letra j) del artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992, dota de una injustificable discrecionalidad a los alcaldes para tipificar conductas sancionables con normas de rango inferior a Ley. Con ello entendemos que se difumina la frontera entre el ilícito penal y el ilícito administrativo.
Consideramos que el punto 1 del artículo 129 de la Ley 30/1992 es definitorio en este sentido cuando dice textualmente que: «Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.» Desde Izquierda Unida entendemos que la insistencia en el uso del término «Ley» no permite el uso de una norma con rango inferior a Ley, como puede ser una ordenanza, y no sirve tampoco la habilitación por norma con rango de ley, por cuanto la expresión «previstas como tales infracciones por una Ley» deja claro, desde nuestro punto de vista, que corresponden a una norma que tenga dicho rango.
Señorías, esto, desde nuestro punto de vista, significa una inseguridad jurídica. Que se conceda a la ordenanza esta facultad produciría un perjuicio para los derechos y las libertades públicas.
Unidas a esta propuesta de veto, presentamos tres enmiendas que tienen como objetivo la modificación del texto, tanto en la exposición de motivos como en el artículo único.
La enmienda número 3, es de adición, y propone la creación de un nuevo artículo. Pretendemos que se añada al final del artículo 37, de la Ley Orgánica 1/1992, que lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a lo establecido en la letra j) del artículo 26 de esta Ley.
Con ello doy por defendidas la propuesta de veto y las enmiendas a este proyecto de ley.
Con brevedad, centrándome en la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, hemos tenido oportunidad de debatir, tanto en Ponencia como en Comisión, la contradicción en la que incurrían los argumentos del Grupo Parlamentario Popular, cuando se pretendía justificar que la merma en las competencias que la ley otorga a los Plenos, que pasan a ser competencias desempeñadas por el alcalde, podían contraponerse con otras mejoras que se introducen en el funcionamiento de los propios Plenos, tanto en la periodicidad en la convocatoria de los mismos, como en la capacidad de control sobre estas otras competencias que pasan a ser desempeñadas por los alcaldes. Nuestra posición al respecto es muy clara: Este es un modelo presidencialista que no compartimos. Disminuir, limitar o eliminar competencias de los Plenos para otorgarlas a los alcaldes-presidentes es un modelo presidencialista en la gestión de estas instituciones que no compartimos. Por tanto, todas las enmiendas que hemos presentado van dirigidas a evitar que se disminuyan las competencias de los Plenos y a que no se otorguen a los alcaldes-presidentes.
Hay una enmienda, que ya tuve oportunidad de defender tanto en Ponencia como en Comisión --si bien la propia tramitación no dio lugar a otras opciones--, que viene a coincidir con la enmienda número 18, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. E1 texto que este Senador proponía a la Cámara, en nombre de Izquierda Unida, pedía la creación de una disposición adicional nueva, que introducía la posibilidad de que los miembros de las Corporaciones Locales con dedicación exclusiva, cuando lo soliciten, coticen por la prestación por desempleo, que podrán disfrutar una vez que cesen en su condición de miembros de la Corporación. La enmienda número 18, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 1.
Vigesimotercera, dice: «Los miembros de las Corporaciones Locales, que durante el ejercicio de sus cargos coticen el mantenimiento

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de las prestaciones por desempleo, tendrán derecho a éstas en los términos establecidos en la legislación vigente.» Estamos de acuerdo y apoyaremos esa enmienda, porque ése era también el sentido de la nuestra.
Creemos que con esto se puede posibilitar la percepción de la prestación por desempleo por aquellos miembros de la Corporación que, una vez producido su cese, reúnan los requisitos para ello.
Con esto concluyo la defensa de las enmiendas a este proyecto de ley.
Para concluir, quiero señalar dos cuestiones más. Al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, este Senador ha presentado dos enmiendas, que doy por defendidas en los mismos términos en los que están expresadas.
No hemos formulado enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, porque lo vamos a votar favorablemente. Nos parece positivo que las corporacion locales tengan presencia en el consejo escolar.
A pesar de las enmiendas que hemos formulado a la modificación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, anunciamos nuestro voto favorable.
También quiero anunciar nuestra abstención, que nos hubiera gustado que fuese un voto favorable, a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, pero no podrá ser así por ese cambio hacia un presidencialismo, que no compartimos.
Asimismo, anuncio el voto negativo a la modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas todas las enmiendas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Para turno en contra del veto y, en su caso, las enmiendas del Senador Román Clemente, tiene la palabra el Senador Huete.


El señor HUETE MORILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Román Clemente, también voy a consumir solamente un turno para contestar al veto y a las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
La modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana tiene un doble objetivo: habilitar a los municipios a especificar --repito, a especificar-- en sus respectivas ordenanzas los tipos definidos en la ley que correspondan a las infracciones cuyas sanciones se atribuye a los alcaldes; y, en segundo lugar, facilitar que, dentro de los límites legales, puedan hacerse estas especificaciones en las ordenanzas municipales. Por ello, sólo se modifica, con un nuevo párrafo, el final del apartado dos, del propio artículo 29 de la citada ley.
En el artículo 29 de la Ley Orgánica que ahora se modifica se detalla que son competentes para imponer sanciones el Consejo de Ministros, el Ministro de Interior, los titulares de los órganos directivos del Ministerio de Interior y los delegados del Gobierno, y en la reforma a esta lista se añaden los alcaldes, pero, señor Román, dentro de lo aprobado en pleno, en sus ordenanzas y con las limitaciones de la ley.
Por lo tanto, tiene tres limitaciones.
El veto del Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido nuestro compañero, el señor Román Clemente, a la reforma de esta ley, se basa --equivocadamente, en nuestra opinión-- en tres principios. Cree que puede haber peligro de discrecionalidad de los alcaldes por confundir posible licitud penal o licitud administrativa, anomalías que suponen que una ordenanza local pueda llegar a tener rango casi de ley y crear inseguridad jurídica por variaciones de un ayuntamiento a otro. Nosotros rechazamos este veto y esa argumentación por razones claras y sencillas: el alcalde no puede tipificar, sólo especificar, lo que es totalmente distinto; en segundo lugar, la reforma se basa en el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 1985 y de abril de 1987, que bien conoce el Senador Román Clemente; y, en tercer lugar, las ordenanzas municipales se aprueban siempre en pleno y, por tanto, no hay competencia en órgano unipersonal sino siempre en órgano colegiado, que es el pleno.
Ha de señalarse, en primer lugar, que el proyecto sólo amplía las facultades municipales para precisar infracciones, habilitando las correspondientes ordenanzas municipales --que, insisto, aprueba el Pleno-- para dictar disposiciones. Por tanto, no hay desapoderamiento de los órganos municipales colegiados en favor de los unipersonales.
Por otra parte, el proyecto no implica ningún tipo de disminución de garantías en los derechos fundamentales sino que, por el contrario, su objetivo es permitir una delimitación aún más precisa y concreta de las conductas infractoras en materia de seguridad ciudadana, que dan lugar a la imposición de sanciones.
En segundo lugar, tenemos que señalar que en ningún caso se habilita para tipificar las infracciones, sino para completar y precisar aquellas que ya lo están en sede legal. Actividad, por otra parte, que viene también refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Quiero terminar diciendo que el proyecto es fiel reflejo de lo señalado en su inciso final, donde establece que las ordenanzas municipales habrán de situarse dentro de la naturaleza y los límites a los que se refiere el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo tanto, no hay riesgo de dispersión del ordenamiento por cuanto los tipos de infracciones están delimitados --como hemos dicho-- en la ley objeto de reforma, la Ley 1/1992, y la potestad municipal para precisarlos, lejos de tener una discrecionalidad absoluta, está también constreñida a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la Ley 30/1992.
Las enmiendas presentadas, como ha dicho el Senador Román Clemente, son tres. Las dos primeras, que son enmiendas de supresión total, son fruto de un truco parlamentario que consiste en formular un veto a través de

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enmiendas. Acepto esa posibilidad jurídica, pero no las aceptamos por los mismos argumentos por los que hemos rechazado el veto.
En cuanto al problema de la posible dispersión del ordenamiento jurídico, tengo que decir que las potestades de los tipos de infracción están recogidas en la Ley Orgánica 1/1992; por lo tanto, lejos de tener una discrecionalidad absoluta está claramente constreñida a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la tercera enmienda, que al parecer a usted le da cierto resquemor porque puede aplicarse una presunción de veracidad a las actas que levanten los agentes de la autoridad por infracciones previstas en la Ley, resulta totalmente ajena al objeto de esta reforma puesto que el sentido de esta Ley Orgánica no es otro que el de desarrollar legalmente el pacto local. A mayor abundamiento, quiero recordarle una sentencia del Tribunal Constitucional que sin duda conocerá, la número 76/90 del 26 de abril, que declara constitucional el precepto que confiere el régimen de presunción de veracidad a las actas levantadas, por ejemplo, por la Inspección de Hacienda. Por lo tanto, trasladando estos preceptos al régimen municipal, no es ningún abuso de autoridad que las infracciones puedan tener ese carácter de veracidad que les confiere el testimonio de los agentes locales.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Huete.
Corresponde dar paso, ahora, al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Ardaiz.


El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde el escaño para manifestar la posición de mi Grupo Parlamentario respecto al proyecto de ley que se debate.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar este proyecto de ley porque la andadura seguida con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana durante los años que lleva en vigor pone de manifiesto que tiene carencias que este proyecto de ley trata de suplir. Son las relativas a las dificultades que han tenido los Alcaldes para sancionar algunas conductas antisociales, a veces simplemente gamberras, que por no constituir, por una parte, un delito penal y, por otra, por no estar especificadas en las ordenanzas municipales, no tenían posibilidad de represión en detrimento de la seguridad ciudadana y, sobre todo --y ésta es la otra cara de la moneda-- del ejercicio de las libertades por los ciudadanos y de la pacífica convivencia entre ellos.
Por esas razones vamos a apoyar este proyecto de ley y, en consecuencia, vamos a votar en contra de las enmiendas que ha presentado el Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ardaiz.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Pasamos a la votación del veto y de las enmiendas, en su caso. (Pausa.) En primer lugar, voto particular número 1, que se corresponde con la propuesta de veto del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, tres; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
Al haber quedado rechazado el veto y haber sido defendidas, también en el mismo trámite, las enmiendas del voto particular número 1, del Senador Román Clemente, correspondientes a las enmiendas 1 a 3, procedemos a la votación de éstas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, uno; en contra, 167; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 171; en contra, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL, EN MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS (Continuación) (S. 621/000120) (C. D. 121/000130).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, a debatir el dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.


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Han sido defendidas en trámites anteriores las enmiendas de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y quedan vivas, en primer lugar, las correspondientes al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponde con las enmiendas números 15 a 19.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito de la Presidencia, si está de acuerdo, y en aras a que agilicemos el debate, que junto a las enmiendas a este proyecto defienda también las que tenemos presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
Al primer proyecto, el de modificación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local hemos presentado cinco enmiendas que paso a defender rápidamente.
La primera enmienda, la número 15, es de supresión al artículo 1, por considerar más adecuado que sea cada corporación la que establezca en su Reglamento la periodicidad de la celebración de los Plenos, puesto que, señorías, es obvio que la dinámica de trabajo de cada uno de los municipios es diferente.
La enmienda número 16 es de modificación, y propone que la posibilidad de suspensión de acuerdos deba también predicarse de los que atenten gravemente al interés de una Comunidad Autónoma, residenciándose tal facultad en el Presidente de la misma.
La enmienda número 17 es de modificación, y con ella pretendemos que la vinculación debe ser a los límites que señalan los presupuestos de las Comunidades Autónomas por su mayor cercanía con los entes locales.
La enmienda número 18 es de adición. Consideramos que con ella se recoge el derecho al desempleo de los cargos electos que hayan cotizado.
La última enmienda a este proyecto, la número 19, es de adición, y con ella pretendemos posibilitar la presencia y participación de asociaciones de ámbito autonómico con una implantación significativa.
Tal y como he indicado, voy a defender también las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
La primera enmienda, la número 3, es de modificación, y con ella se pretende que la participación de los municipios en el Consejo Escolar del Estado se instrumente de tal forma que refleje la realidad de un Estado autonómico, sobre todo, la pluralidad cultural y lingüística del Estado de las Autonomías.
Por último --y con esto acabo señorías--, la número 4 es una enmienda de supresión al artículo 2, por cuanto el texto propuesto en el proyecto de ley orgánica, desde nuestro punto de vista, supone dar un paso atrás en relación con el texto que se pretende modificar, al favorecer la confusión competencial no pudiendo saber quién es la autoridad pública que debe conservar, mantener y vigilar los edificios, así como la vigilancia de la escolaridad obligatoria cuando no exista acuerdo entre las corporaciones locales y la correspondiente Administración educativa.
Con esto, señorías, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas que tiene presentadas nuestro Grupo a los proyectos que aún restan por debatir.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, corresponde a las enmiendas números 35 a 37.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las tres enmiendas van dirigidas a dos apartados diferentes. La número 37 está encaminada a salvaguardar las competencias de las Comunidades Autónomas que ya hubieran legislado en relación al procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales, proponiendo adicionar un texto en el artículo 49 de la mencionada ley que diga: «Si la legislación de la Comunidad Autónoma no dispone otro trámite...» Entendemos que si no añadimos este párrafo al final de la letra c) del artículo 49, que dice: «en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional» las competencias de las Comunidades Autónomas que ya hayan legislado en concepto de ordenanzas municipales porque tienen competencia para ello no quedan salvaguardadas.
Las otras dos enmiendas hacen referencia sobre todo a la posibilidad de que los entes municipalistas que no representen a la agrupación mayoritaria de ámbito estatal, sino que tengan el ámbito de una sola Comunidad Autónoma, también vean representada su participación en consejos o comunidades de ámbito estatal. Este es el caso de la enmienda número 36 al artículo 117 de la ley, porque entendemos que sería bueno dar mayor participación y representatividad democrática a la agrupación de asociaciones municipalistas, repito, que no tengan ámbito estatal, para que puedan participar en esa Comisión Nacional de Administración Local.
La enmienda número 35 persigue el mismo objetivo para que esas agrupaciones municipalistas tengan su representatividad en el Consejo Nacional del Agua. Como la justificación es la misma, damos por defendidas en este trámite estas enmiendas.
Al mismo tiempo, en aras a la brevedad, añadimos que la única enmienda que tenemos al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley reguladora del Derecho a la Educación, que se refiere a la participación de esos entes municipales en el Consejo Escolar Estatal, como tiene las mismas argumentaciones, también la damos por defendida.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.


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Voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponde con las enmiendas números 20 a 34. Para su defensa tiene la palabra el Senador don Santiago Pérez.


El señor PEREZ GARCIA: muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ir al grano. Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas, cuya primera parte, las números 21 a 27, ambas inclusive, están dirigidas a reconsiderar parcialmente la distribución de competencias entre el Pleno de las corporaciones locales y los presidentes de dichas corporaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista, como el propio Partido Socialista, desde siempre ha estado a favor de mejorar el carácter operativo, la agilidad, la ejecutividad de los gobiernos locales y, en esta dirección, se realizan avances en el proyecto de ley que estamos debatiendo.
Nuestras enmiendas, por lo tanto, en este aspecto están dirigidas a perfilar mejor la distribución de competencias entre los plenos y los presidentes de las entidades locales.
Luego presentamos otro grupo de enmiendas, concretamente las números 28, 29, 30 y 32. A nosotros nos parece que tal y como está el proyecto de ley en estos momentos se empieza a restablecer un cierto equilibrio democrático en las entidades locales. La experiencia de la vigencia de la Ley 7/1985 viene a demostrar, a nuestro juicio, que existe un cierto déficit democrático en las entidades locales. No están equilibradas las cosas, no está compensado el poder del gobierno local en un conjunto de instrumentos de control político suficiente en manos de la oposición. Lo que nosotros hemos pretendido --y ya tuve ocasión el otro día de explicarlo a los Senadores del Grupo Parlamentario Popular-- es lo siguiente: mediante un conjunto de propuestas muy concretas, aparentemente muy modestas, en forma de enmiendas al articulado de la Ley 7/1985, acabar configurando un estatuto político de la oposición, de tal modo que la oposición no necesite utilizar herramientas mayores cuando sería proporcionado hacerlo con herramientas ordinarias; o sea, no coloquemos a la oposición en la situación de tener que matar moscas a cañonazos, porque eso nunca favorece un normal desenvolvimiento institucional. Y para ello hemos presentado las siguientes propuestas.
Una, sobre la convocatoria de los plenos extraordinarios, que es una herramienta contundente de la oposición, que mejora porque hace más ágil y segura la regulación que contiene en estos momentos el Proyecto de Ley.
Nosotros proponemos, para que ése sea un instrumento en tiempo real, que si el Alcalde no procede a convocarlo dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, quede automáticamente convocado al decimotercer día hábil. O se convierte éste en un instrumento en tiempo real o se diluye y no es un instrumento real en manos de la oposición. En la actualidad --uno tiene larga experiencia en el gobierno y en la oposición de entidades locales-- la posibilidad de demorar un pleno hasta dos meses desde el momento en que ha sido solicitado convierte a esta herramienta en una herramienta inicua, inexistente.
Nosotros proponemos una modificación de la Ley del Régimen Local en lo que tiene que ver con la legitimidad a la hora de recurrir los acuerdos de las entidades locales. La Ley dice que sólo podrán recurrirlos quienes hayan votado en contra, pero, al mismo tiempo, la Ley dice que sólo serán corresponsables los que hayan votado a favor. A nosotros nos parece que este criterio restrictivo de la vigente Ley es difícilmente justificable desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del derecho a la tutela efectiva de los tribunales y, desde luego, no tiene ningún sentido que un Grupo de la oposición se tenga que ver en el dilema de, ante una propuesta que se le presenta por el grupo gobernante y que aparentemente --porque muchas se presentan incluso por el cauce de urgencia-- puede ser conveniente para los intereses públicos, tener que votar que no casi como un reflejo para poder tener luego vía libre de acceso a los tribunales. Nos parece que legitimar a quienes se han abstenido para que puedan acudir a los tribunales si, estudiado en profundidad el asunto, ven que puede contener visos de ilegalidad, es una solución muy sensata y legislativamente adecuada.
Nosotros creemos que es conveniente que se regule con claridad --no como lo hace en la actualidad el Reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales-- el derecho a que tanto alcaldes como concejales o miembros de las corporaciones delegados del Alcalde tengan que comparecer a responder a preguntas de la oposición en el primer pleno ordinario que se celebre. En la actualidad la regulación es muy deficiente, no está en la Ley sino en el Reglamento de organización y funcionamiento, y convierte esta herramienta, que es la herramienta más ordinaria y la que debiera estar bien atendida legalmente, en una herramienta inexistente. Parece lógico que tanto el Alcalde como los concejales delegados o los diputados delegados del alcalde o los consejeros delegados del alcalde en los Cabildos insulares tengan que responder a las preguntas de la oposición en tiempo real.
Y, finalmente, y con ello termino, señor Presidente, quiero referirme a un último asunto. Las corporaciones locales gestionan un conjunto de sus servicios de forma descentralizada, bien a través de organismos autónomos locales, bien a través de sociedades de capital total o mayoritariamente público perteneciente a las entidades locales. Nosotros estamos a favor de estas fórmulas de gestión porque son dinámicas, operativas, pero nos parece que la existencia de estas fórmulas de gestión no puede convertirse en una especie de tamiz, en una especie de zaranda --como decimos nosotros en Canarias--, una cernedera, que impida a los miembros de la oposición conocer y participar realmente en la gestión de ese tipo de servicios. Pueden ser servicios muy importantes y la existencia de fórmulas de gestión descentralizadas no puede convertirse en un elemento que debilite la democracia local.
Nuestras tradiciones legislativas en esta materia son de carácter corporativo, la población se corporeiza en una entidad local y a nosotros no nos parece, a la vista de la experiencia, y estamos hablando de una Ley que se aprobó en el año 1985 y con unas Cortes con mayoría socialista, que la democracia local vaya a ganar permitiendo a los grupos

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mayoritarios impedir la presencia --al menos, la presencia cualitativa-- de los grupos de la oposición en organismos autónomos locales, en los consejos de administración de sociedades de capital entera o mayoritariamente público. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Hemos vivido ese tipo de experiencias, y cuando éstas se han planteado en términos positivos es cierto que a la oposición se le han dado más herramientas de conocimiento, pero también lo es que el conocimiento de los asuntos lima las aristas del tenso debate en las corporaciones locales.
Por tanto, nuestras enmiendas se dirigen puntualmente a ayudar a configurar un estatuto político de la oposición en las entidades locales que reequilibre democráticamente el funcionamiento de las mismas.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en una reforma como la que se pretende, que tiene por objeto, como ya se ha dicho aquí, dotar a las corporaciones locales de un cuerpo normativo que las haga más ágiles, rápidas y eficientes para que puedan prestar con mayor prontitud los servicios que los ciudadanos demandan y que las leyes les atribuyen, parece esencial que la ley que regula la vida interna de las corporaciones, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, sea la pieza fundamental del conjunto de las modificaciones que contemplen estas seis leyes que hoy estamos debatiendo.
Por eso, en el debate de la Ley de Bases del Régimen Local, la incorporación de nuevos planteamientos políticos y la corrección --como antes se ha dicho desde esta tribuna-- de aquellos defectos que se han venido apreciando y que con este texto normativo tratan de encontrar el cauce adecuado constituyen, a nuestro juicio, el pilar esencial --sin restarle importancia a ninguna otra de las normas que se modifican-- de la sustantividad que se quiere dar a las corporaciones locales.
El conjunto de las modificaciones que se llevan a cabo en la Ley de Bases del Régimen Local tiene, fundamentalmente, dos objetivos. De una parte, dotar de un mayor poder a la labor ejecutiva, es decir, la de los presidentes de las corporaciones y de los miembros delegados de las mismas. Señorías, no tiene ningún sentido que haya una serie de decisiones que en estos momentos estén sustantivadas en los plenos de las corporaciones.
Por ejemplo, la aprobación de la oferta pública que se hace dentro del presupuesto, o su ejecución material, parece que es un acto puramente ejecutivo y no de decisión corporativa, al igual que la aprobación de unas bases, e incluso la aplicación del régimen sancionador, que también está recogido en un reglamento, y que es un puro acto de aplicación. En materia económico-financiera, puede ser el dotar a los presidentes de las corporaciones de una mayor capacidad ejecutiva, incrementando los límites de operaciones de crédito, por ejemplo, entre el 10 y el 15 por ciento.
Asimismo, dotarles de una competencia en materia jurídica, ya que con anterioridad la ley, creo que de forma incongruente, establecía que fuese el Pleno el que tuviese capacidad para recurrir decisiones que fuesen del propio Alcalde, limitando a éste la posibilidad de volver a reflexionar sobre esos hechos. Otro ejemplo es la incorporación --ya se ha dicho aquí-- del recurso de reposición, porque la experiencia demuestra que fue un error retirarlo, ya que alarga los procesos, carga de causas a los tribunales contenciosos, dilata y supone un costo para los administrados y, además, impide que sea la propia Administración local la que tenga la capacidad de volver a reflexionar y corregir sus propios actos.
En fin, se trata de una modificación de normas que, insisto, tiene como primer objetivo o finalidad hacer que el administrado resuelva con más prontitud y eficacia, y sin dilaciones, aquellas cuestiones que está demandando de su Ayuntamiento, de su Corporación, y que la actual situación, al ser estos temas en muchos casos competencia de los Plenos, a veces alarga de manera excesiva la solución de estas cuestiones.
Pero --y entro en uno de los argumentos ya expuestos desde esta tribuna como defectos a corregir de este texto normativo-- frente a esa mayor dotación de competencias ejecutivas de los Presidentes de las corporaciones o de los equipos de gobierno, lo que se hace es establecer un mayor poder de control, como es lógico, para equilibrar, de los grupos de oposición .
En ese sentido, yo creo que el portavoz socialista no estaba acertado al transmitirnos la idea de que los grupos de oposición quedan desprotegidos, más a merced de la acción del equipo de gobierno, sin tener elementos con los que defender sus planteamientos, controlar la acción del Gobierno e, incluso, mantenerla de forma rigurosa.
Yo creo, señorías, que si se analizasen tres o cuatro de los instrumentos que ahora se conceden a los grupos de oposición, se darían cuenta de que no es así. Por ejemplo, sobre la frecuencia de las sesiones en algunas de las enmiendas hemos visto que se pretende dejar al libre criterio de las corporaciones, lo cual, con perdón de la expresión, es una auténtica barbaridad, porque es dotar al equipo de Gobierno de competencia para fijar la periodicidad del instrumento de control que tiene la oposición.
Un equipo de Gobierno que no tuviese ánimo de ser controlado por parte de la oposición fijaría los plenos una vez en toda la legislatura. Me parece que sinceramente va en contra del espíritu de lo que aquí se pretende, que es reglamentar, de forma que no quede a merced del equipo gobernante, la celebración ordinaria de los plenos como elemento esencial del control de la vida municipal. En ese sentido, pasar de trimestral, como está ahora mismo, a mensual en las corporaciones de cierta entidad o bimensual en los pequeños municipios, creo que es un elemento importante.
Señorías, también se ha hablado de la convocatoria de sesiones extraordinarias de los Plenos y se ha dicho que éstas, a veces, se derogan, se utilizan subterfugios para alargarlas y no someterse al control. Estamos de acuerdo en eso, pero, señorías, justamente esta modificación reglamenta

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la convocatoria de tal manera, que va a resultar absolutamente imposible escapar a ella, porque la convocatoria del Pleno es inmediata.
Su señoría creo que señalaba 10 ó 15 días. Yo quiero decirle que está perfectamente reglamentado. Una sesión extraordinaria, si no la convoca el Alcalde por su voluntad, no puede celebrarse después de 25 días. Entre los 15 días que establece la ley para la convocatoria del Pleno y el décimo día, que es el Pleno en el que se convocaría de manera automática, suman un máximo de 25 días, que yo creo que es una sujeción, un corsé suficiente para que no se puedan evadir las voluntades de control por parte de la oposición.
Además, el control de la acción del Gobierno pasa a ser un elemento sustantivo en la nueva norma. Hasta ahora, tal como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se podían dilatar las comparecencias de concejales delegados o del Presidente de la Corporación e, incluso, se podía apartar al último elemento del orden del día en un Pleno muy dilatado en el tema de ruegos y preguntas el ejercicio de control de la oposición, pero esto no va a ser posible, porque el control del Gobierno va a ser un punto del orden del día obligatorio, en primer lugar, y sustantivo, no genérico. Es decir, en todos los Plenos ordinarios y en los extraordinarios que se soliciten para ello el primer punto del orden del día con sustantividad propia es el control de la acción del Gobierno, algo que tiene una cierta semejanza con la vida parlamentaria. En los Plenos que celebramos aquí el primer punto del orden del día es el control de la acción del Gobierno, mediante preguntas, interpelaciones, mociones, etcétera; pues un paralelismo, con las singularidades propias de las corporaciones, es el que se pretende hacer.
Señorías, pensamos que con todo ello quedan absolutamente compensadas la rapidez y la eficacia, dotando a los gobiernos de las corporaciones de esos instrumentos puramente ejecutivos con el mayor rigor en el control por parte de los grupos de la oposición.
Me gustaría referirme aunque sea brevemente a algunas de las enmiendas a las que se ha hecho referencia y explicar nuestra oposición a las mismas.
Senador Pérez, debe usted volver por pasiva su argumentación cuando se refiere a la necesidad o no de votar en contra de un acuerdo para poderlo recurrir al Tribunal contencioso. El recurso contencioso debe ser el último elemento al que se debe acoger para impedir la ejecución de un acto o un acuerdo. Deben utilizarse antes otros instrumentos. Cuando se acude al recurso contencioso se ha de tener un convencimiento interno de dos cosas: primero, de que la norma que se aplica vulnera la legalidad o el acuerdo que se adopta y, segundo, de que se han agotado todos los recursos previos para poder anular ese acuerdo.
En esa reflexión interna se debe tener al menos el convencimiento suficiente para votar en contra. No es válido alegar situaciones excepcionales. No se puede convertir la excepción en norma, por mucho que a veces se haga uso de ella. Cuando un asunto se incorpora al Pleno está suficientemente debatido, todos los grupos tienen un conocimiento suficiente para formar un criterio sobre el mismo, de manera que cuando no se está de acuerdo no se cae en la indefinición de abstenerse para después recurrir a los tribunales porque, insisto, los tribunales contenciosos son --a mi juicio-- un elemento necesario, pero el último al que debe recurrirse.
Voy a concluir haciendo referencia a la participación que una enmienda de los grupos de oposición pretende en los instrumentos de gestión que las corporaciones locales vienen adoptando para la prestación de servicios mediante empresas públicas, consorcios, privatizaciones, etcétera. Si hoy estamos todos de acuerdo con que la gestión mediante esos instrumentos es más ágil, más eficaz, más rápida y que multitud --por no decir la generalidad-- de las corporaciones, cualquiera que sea el color político del equipo que las gobierna, han adoptado estos procedimientos para prestar servicios tan esenciales como el abastecimiento, la recogida de basuras y un gran número de servicios o de acciones propias de los ayuntamientos, es por una sola razón, porque es más rápido, más eficaz e incluso económicamente más rentable para las corporaciones.
Por tanto, no se debe trasladar a esos órganos, sean empresas públicas, semipúblicas o consorcios, el debate que le corresponde a las corporaciones. Pretender trasladar allí varios representantes significa trasladar a los consejos de administración de esas empresas el debate político que corresponde a las corporaciones. Que exista un representante de la corporación no exime para nada ni limita la acción de control del Gobierno porque ese representante, sea un Alcalde, un concejal o el Presidente de la corporación de que se trate, ha de dar cuenta, ha de someterse al control y obedecer los mandatos de los Plenos de la corporación. Sería --a mi juicio-- innecesario y negativo, transformar esas sociedades que prestan servicios ágiles y rápidos, que necesitan tener un control de las corporaciones, que necesitan rendir cuentas a las mismas, en un pequeño foro de debate político que no les corresponde, cuando, por otra parte, no las exime de su control.
Con todo ello, señorías, concluyo reiterando dos elementos esenciales. En primer lugar, la modificación de esta ley de bases, que como su nombre indica abarca todas las corporaciones y sienta los principios esenciales con respeto a los reglamentos de cada una de las corporaciones con las que han de funcionar las reglas generales del juego, me parece pieza esencial en este conjunto de reformas que constituyen el pacto local.
En segundo lugar, con el esfuerzo, con la aportación de todos, con ese consenso al que de forma reiterada hemos recurrido en los distintos debates, estamos siendo capaces de establecer unas normas de juego actualizadas que sirvan para todos, cuando se es gobierno y cuando se es oposición.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador García Carnero.
Comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Pérez García tiene la palabra.


El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intentar decirlo muy brevemente: Senador García Carnero, a mí me gustaría que usted respondiera a mis argumentos pero no a la versión que usted se organiza de mis argumentos.
Le he dicho: con este proyecto de ley, con su contenido actual, va naciendo un cierto reequilibrio de las cosas en las entidades locales.
Intento ser lo más preciso posible.
Nuestras enmiendas tienden a mejorar y a ayudar a configurar --lo dice así-- un estatuto político de la oposición. Es bueno en cualquier institución democrática que la oposición tenga un conjunto de herramientas que le permitan responder proporcionalmente y conseguir que proporcionalmente exista una adecuación entre lo que la oposición pretende y las herramientas que tiene a su servicio, porque, si no, para conseguir objetivos de control ordinario la oposición se verá obligada a utilizar herramientas fuertes de oposición, y eso es desproporcionado y la desproporción nunca mejora el funcionamiento de una institución democrática.
Si yo soy un concejal en la oposición y no tengo una herramienta sencilla para poder llevar a cabo un control ordinario del Gobierno, tendré que utilizar herramientas agravadas para intentar el control ordinario, y esa desproporción siempre repugna al sentido común legislativo y al sentido democrático. Eso es lo que hemos intentado evitar.
Acudir a los tribunales no es la última ratio, no es el asunto extravagante. El recurso a los tribunales, como respuesta a una decisión mayoritaria que puede considerarse ilegal, debe ser algo normal en la democracia, y más cuando estamos hablando de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
Usted el otro día y hoy se ha desenvuelto en el terreno de lo que debiera ser permanentemente, y yo estoy intentando desenvolverme en el terreno de lo que ocurre diariamente en las entidades locales.
La combinación de la vía de urgencia, que no está bien regulada, y la incapacidad de la oposición para recurrir los acuerdos si se abstiene coloca a la oposición en un brete muy incómodo, y eso no ayuda al buen desenvolvimiento de las entidades locales.
Otra vez se vuelve usted a ubicar en el terreno de lo que debiera ser, y dice, ¿cómo está usted proponiendo que en un ente descentralizado --con ello termino ya-- esté presente en la oposición? Muy sencillo, porque, si no, la oposición no se entera de lo que pasa. Esto es lo que ocurre en la vida de todos los días.
Yo dije: ¿Va usted a trasladar a los consejos de administración --no he dicho de los servicios privatizados, de ellos no he hablado en ningún momento-- de aquellos servicios que se gestionan a través de una sociedad pública o de capital mayoritariamente público un foro político de debate como el que puede existir entre la mayoría y la minoría en cualquier consejo de administración? Estoy hablando de tener información. Me pregunta: ¿Es que los alcaldes tendrán que dar cuenta? Y yo digo: ¿Es que no dan cuenta en la vida de todos los días? Repito que estoy hablando de información y de presencia cualitativa, no cuantitativa. No estoy hablando de que en esos consejos de administración estén representados los grupos políticos en proporción a la presencia que tienen en el Pleno.
No estoy hablando de nada de eso. Estoy permanentemente tratando de ceñirme a la vida real, a la lógica de los acontecimientos, no sólo a la lógica formal de lo que debiera ocurrir, que es en la lógica en la que su señoría se ha venido situando desde el otro día. Pero estas cosas son discutibles.
Con este proyecto de ley se mejoran las cosas, pero a nosotros nos parece que se pierde una oportunidad. Podrán contestarme eso y les diré que en parte tienen razón, pero es lo único que se ha intentado hacer. Ese no es un argumento definitivo para que la oposición, en el plano más constructivo posible y a la vista de la experiencia real del funcionamiento de las entidades locales después de 14 años de vigencia de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, no intente aprovechar esta oportunidad para que las cosas mejoren aún más. Esto es lo que hemos intentado.
Nada más, señora Presidenta, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervendré con muchísima brevedad.
Su señoría está reiterando un argumento que a mí me parece que no tiene justificación en el texto que estamos debatiendo. Con eso que usted llama un instrumento o un código --no recuerdo exactamente la palabra que ha dicho-- para la oposición, trata de trasladar la idea de que la oposición, tras este texto, se va a encontrar desprotegida, sin elementos con los que controlar la acción de gobierno. Yo le citaré cuatro elementos que se establecen en esta norma y que no existían en el texto que hoy tenemos.
Por ejemplo, como primer elemento, le diré que las comisiones informativas dejan de tener el carácter puramente formal que tienen ahora en municipios de más de 5.000 habitantes para, simplemente, informar los asuntos de pleno, y se convierten --y así lo dice el texto-- en instrumentos de seguimiento y control de la gestión de los alcaldes, de las comisiones de gobierno y de los concejales delegados.
Segundo elemento: la frecuencia de los plenos, a la que ya he hecho referencia. De ser trimestrales, como establecía la ley, a ser mensuales o bimensuales en las pequeñas corporaciones, como se establece ahora.
Tercer elemento: las convocatorias de sesiones extraordinarias, que hasta ahora, como su señoría bien dice, eran eludidas cuando no había voluntad por parte del equipo de gobierno, ya no va a poder ser así. La discusión entre su

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enmienda y el texto que nosotros estamos defendiendo es de cinco días.
Ultimo elemento: en todos los plenos --se lo decía antes--tiene que existir un primer punto del orden del día que después de la lectura del acta anterior será: control de gobierno, y habrán de ser los reglamentos los que establezcan las formas de regular ese control, pero la ley determina ya que ese primer punto tiene que ser obligatorio y que su objetivo es el control de la acción de gobierno.
Usted me puede decir que le parecen pocos elementos, y le añadiré otro más: la constitución de grupos políticos y sus dotaciones económicas para que puedan funcionar como tales, que también sabe que en muchos casos los grupos, sobre todo los de oposición, no disponían ni de medios materiales ni de posibilidades personales para poderlo hacer. Ahora lo van a poder hacer.
Le estoy enumerando cinco elementos que se añaden por primera vez en esta ley, y a usted seguramente le parecerán pocos.
Desde el aprecio que su señoría sabe que le profeso y desde el profundo respeto le diré que la ley de 1985 que hizo su Grupo, que yo creo que todos hemos convenido en que es una ley muy para el equipo de gobierno, la hicieron cuando ustedes gobernaban, y yo creo que desde la mentalidad de gobierno, pensando que se iba a ser gobierno siempre. Ahora que se dan más instrumentos a la oposición --le he citado cinco-- ustedes dicen que todavía tienen pocos instrumentos para el control de la oposición. Están ustedes cometiendo el mismo error que entonces pero al revés. Veían ustedes las cosas ante pensando que iban a ser gobierno siempre, y no ha sido verdad, y ahora las están viendo pensando que siempre van a ser oposición, y yo sé que, aunque tarde mucho tiempo, tampoco será eso verdad, y alguna vez alguien verá que vuelven a ser gobierno. No sé con qué siglas, pero yo estoy convencido de que es así.
Por eso les digo, señorías, que no cometan desde esa posición el mismo error pero con un movimiento pendular al otro lado. La ley debe servir y, a nuestro juicio, sirve con elementos de equilibrio suficientes para que todos los grupos políticos puedan desarrollar la función que los ciudadanos le encomienden desde la responsabilidad de gobierno y desde la responsabilidad de control del gobierno en la oposición y, a mi juicio, insisto, en esta reforma de la ley se les está dotando a los grupos de oposición --yo le he citado cinco-- de elementos sustanciales para mejorar y controlar de una manera efectiva la acción de gobierno.
Nada más, señorías, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votaremos las enmiendas, por su orden. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Antes de proceder a la votación, quiero comunicar a los miembros de la Comisión de Presupuestos, que tenía previsto reunirse a las cinco de la tarde, que la reunión se celebrará, cuando finalice el Pleno, en la Sala de Cuadros.
También quiero pedirles que, terminada la votación de este proyecto de ley, no se ausenten de la sala, porque queda muy poquito debate de la siguiente y vamos a proceder casi inmediatamente a la votación.
Sometemos a votación las enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez. En primer lugar, votamos las enmiendas números 12 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 169; a favor, 65; en contra, 104.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 168; a favor, uno; en contra, 167.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 9, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 169; a favor, uno; en contra, 168.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 15, 17 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 168; a favor, dos; en contra, 165; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas 16 y 18 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 169; a favor, dos; en contra, 103; abstenciones, 64.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 35, 36 y 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, cinco; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 20 a la 34, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, 66; en contra, 104.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, 103; en contra, uno; abstenciones, 66.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado el texto del dictamen.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNION (Continuación) (S. 621/000121) (C. D. 121/000131).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir, a continuación, el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
Se presentó un voto particular número 1, con las enmiendas 1 y 2 del Senador Román Clemente, que han sido defendidas en anteriores trámites.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Ardaiz.


El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero expresar que la posición de mi grupo parlamentario va a ser de apoyo al dictamen de la Comisión y en contra de las enmiendas del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
La razón por la que vamos a votar afirmativamente el dictamen de la Comisión, y sin reiterar algunas de las razones que he expuesto en el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, radica, fundamentalmente, en que esta modificación va a hacer posible que se eviten algunos conflictos que se producían por la colisión de derechos fundamentales, entre el derecho de reunión y algunos otros --como el de la libre deambulación--, que los ciudadanos tienen para hacerlo en el ámbito local.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ardaiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero dejar constancia de nuestra oposición a las enmiendas defendidas en el trámite de la ley, en los dos días anteriores, por parte del Grupo Parlamentario Mixto. La previsión contenida en la exposición de motivos, que después se concreta en la nueva disposición adicional de la ley orgánica, no viene sino a reconocer las competencias que el bloque de constitucionalidad reconoce a determinadas Comunidades Autónomas, por lo que al no introducir esta enmienda ninguna novedad al respecto y limitarse a contemplar el actual marco competencial no se justifica la supresión de esas dos disposiciones.
Como consecuencia, nos vemos obligados a rechazar las enmiendas y a dejar constancia de ello.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
Terminado el debate, procede dar paso a la votación.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 y 2 del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 168; a favor, 167; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado el texto del dictamen.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la

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Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
Les rogaría que no se ausentaran, dada la brevedad del debate del siguiente proyecto de ley.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACION (Continuación) (S.
621/000124) (C. D. 121/000136).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Como se hizo ya la presentación del dictamen, pasamos a debatir el articulado.
Ya han sido defendidos los votos particulares 1 y 2, correspondientes a las enmiendas números 3 y 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la enmienda número 6, correspondiente al voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por tanto, procede dar paso a la defensa del voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponde con la enmienda número 5. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, intervengo con brevedad, dada la inquietud que hay en la sala --inquietud compartida por la hora y por la extensión de este Pleno--, para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la modificación de la LODE.
En primer lugar, he de decir que consideramos que dentro de este paquete legislativo, más que un pacto local se trata de una serie de medidas legislativas, se modifica la LODE con dos artículos. Con el primero de ellos estamos totalmente de acuerdo, porque creemos que en el Consejo Escolar del Estado hay que asegurar la presencia y participación de las entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal de mayor implantación. Por lo tanto, anuncio aquí nuestro voto contrario al planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Pero es respecto al artículo 2, que tiene que ver con los centros escolares, donde el Grupo Parlamentario Socialista tiene las principales diferencias. La redacción, confusa e imprecisa, genera equívocos. Como decía el Senador Gangoiti significa dar un paso atrás en lo que a centros escolares se refiere.
Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda cuyo texto mejora y aclara el contenido del artículo 2. Obviamente, voy a defenderla y votar a favor de la misma, como también haremos con la enmienda presentada por el Senador Gangoiti.
Nuestra enmienda contempla tres objetivos fundamentales. El primero supone dar un mayor protagonismo a las corporaciones locales en la programación y mejora de la calidad del servicio educativo.
El segundo objetivo es adecuar el texto de la LODE a la LOGSE y a la LOPEG; estas dos leyes ya recogían la ampliación del ámbito de los convenios a las actividades y servicios complementarios con participación de las corporaciones locales. Por lo tanto, ahora es el momento de extender su aplicación y de actualizar esa cooperación municipal a otros campos de la educación. Creo firmemente que ese entorno local es fundamental en la prestación de estos servicios educativos.
El tercer gran objetivo sería distinguir, a los efectos de su creación, mantenimiento y vigilancia, entre centros públicos de titularidad de las entidades locales --es decir, segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial-- y centros cuya titularidad corresponde a las administraciones educativas con competencia, sea por parte del Ministerio de Educación y Cultura o de las Comunidades Autónomas. Este planteamiento se basa en la disposición adicional decimoséptima de la LOGSE, y lo que intenta es adecuar la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. Es una enmienda que se plantea mirando a los ayuntamientos y a la educación. Y mirando a los ayuntamientos porque, tal y como está redactado el artículo 2, que es confuso, podría producirse --yo creo que posiblemente se esté produciendo ya-- un perjuicio para los ayuntamientos. Ustedes saben que los ayuntamientos están pagando ahora mismo los gastos del primer ciclo de la ESO; los dos primeros cursos de la ESO se dan en un gran número de colegios públicos de educación primaria, y eso, desde el punto de vista legal, no es una obligación de los ayuntamientos. Por lo tanto, lo que planteamos en la enmienda es que se prevea la posibilidad de firmar convenios con las Comunidades Autónomas, porque --repito-- ahora mismo los ayuntamientos están pagando --entre comillas-- de más, y como no están sobrados de financiación, podría aprovecharse este trámite legislativo para corregir una situación que no es favorable.
También es una enmienda que mira al mundo de la educación, porque pienso que es fundamental la participación de las entidades locales, y ya que hacemos el esfuerzo de modificar una ley importante, como es la LODE, hagámoslo bien, hagámoslo de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo les pediría a ustedes que, puesto que no existe ese gran pacto local, el fondo del mismo tiene que ser la financiación y las competencias, máxime si hablamos de educación, marquemos al menos un modelo global para que las Comunidades Autónomas puedan aplicarlo, respetemos lo que se plantea desde la legislación educativa, y defendamos a los ayuntamientos a los que, sinceramente, buena falta les hace.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Lissavetzky.
¿Turno en contra?

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Tiene la palabra el Senador Huete.


El señor HUETE MORILLO: Gracias, señor Presidente.
Aunque no han sido defendidas, hago uso de este turno simplemente para contestar a las enmiendas que se han presentado a este proyecto.
La enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pretende que la presencia en el Consejo Escolar del Estado de las entidades locales se lleve a cabo a través de las asociaciones de ámbito estatal, siempre y cuando tengan una implantación territorial del orden del ochenta y cinco por ciento.
La enmienda número 6, de CIU, exige que las entidades municipalistas representen como mínimo la mitad más uno de los municipios de las respectivas Comunidades Autónomas.
Rechazamos las enmiendas, habida cuenta de que el Consejo General del Estado es un órgano de ámbito nacional y que las asociaciones deben ser también de ámbito estatal. Este planteamiento es conforme con la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, y todo el pacto local, como se ha dicho hoy, es fruto de un acuerdo del Gobierno con la Asociación Española de Municipios y, por lo tanto, hay que mantener esos acuerdos, que son fundamentales para el equilibrio de este conjunto de leyes.
Además, tampoco se debe alterar la composición numérica del Consejo Escolar del Estado, que sería, si no excesivamente numeroso, es decir, una especie de consejo asambleario.
Se han presentado tres enmiendas al artículo 2: una de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 4, también de supresión, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; y la número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación, que ha defendido nuestro compañero el señor Lissavetzky.
Nuestra opinión es que debe mantenerse el artículo en su redacción actual, porque es respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas. Sólo se pretende establecer, si se quiere, fórmulas de colaboración con los municipios. La modificación que propone el Grupo Parlamentario Socialista es muy bien intencionada, pero quizás no sea del todo acertada, ya que el principio general de cooperación obliga a que el legislador sectorial sea quien concrete. Además, como bien conoce el señor Lissavetzky, la disposición adicional decimoséptima, de la Ley 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, no tiene carácter de orgánica precisamente por ser una cuestión que debe desarrollar la administración educativa competente, el Estado o la Comunidad Autónoma en su caso.
Por estas razones rechazamos las enmiendas y mantenemos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Huete.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència y Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Podemos pasar entonces a la votación de este proyecto de ley.
Procedemos a llamar a votación. (El señor Ministro para las Administraciones Públicas, Acebes Paniagua, pide la palabra.) Señor Ministro de Administraciones Públicas, tiene su señoría la palabra.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua): Señor Presidente, aprovechando el tiempo de llamada a votación, deseo agradecer a todas sus señorías el trabajo que han desarrollado durante estos días y en esta sesión plenaria; el tono constructivo del debate y muchas de las ideas interesantes que han aportado a lo largo del debate, que supongo podremos seguir avanzando y trabajando sobre las mismas.
Evidentemente, y a tenor del resultado de las votaciones, no es sino muy riguroso decir que ha habido un elevadísimo grado de consenso, y a veces para ese consenso es necesario que todos los grupos renunciemos a algunas de nuestras posiciones, sobre todo cuando se trata de un conjunto de seis leyes --ya dentro de unos momentos-- complejas, que afectan a la propia estructura territorial, a diversas Administraciones, a grados de competencia, a complicaciones jurídicas, etcétera. El ánimo ha sido siempre el de preservar ese grado de consenso al que se había llegado de acuerdo con los grupos parlamentarios, con los partidos políticos y con los representantes de las entidades municipales.
Considero que hemos avanzado en los tres objetivos que perseguíamos: incrementar la autonomía local, dar más facilidades al gobierno local e incrementar la democracia local. Podemos estar satisfechos del trabajo realizado, en particular para los destinatarios últimos de este trabajo, que son los ciudadanos, respecto a las administraciones más próximas y más cercanas.
Ha sido, como siempre, el debate de esta Cámara un debate interesantísimo que nos va a permitir seguir avanzando en ese objetivo común que hoy se ha puesto de manifiesto.
Por todo ello al acabar este debate quería reiterar el agradecimiento por el tono, por las aportaciones y por lo constructivo del mismo.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.
Ahora sí vamos a proceder a la votación.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 163; a favor, 63; en contra, 97; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 4, del mismo Grupo Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, 65; en contra, 100.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, ocho; en contra, 157.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, 64; en contra, 101.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación el artículo 1 del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, 164; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Votamos a continuación el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 165: a favor, 99; en contra, 64; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y cinco minutos.

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