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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 16-3, de 23/10/2000
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie A: 23 de octubre de 2000 Núm. 16-3 PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000016 Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. expte. 121/000016).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE: Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, diputada por Gipuzkoa (EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. de expte. 121/000016).


JUSTIFICACIÓN

Eusko Alkartasuna considera que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001 debe ser objeto de una enmienda a la totalidad, solicitando en consecuencia su devolución, sobre la base de las siguientes consideraciones.


1. Está suficientemente demostrado, tanto en la teoría como en la práctica, la necesidad de que las finanzas públicas sean ortodoxas si se desea garantizar que el contexto macroeconómico sea estable.
Con tipos de cambios fijos y políticas encaminadas a conseguir la estabilidad de precios (como es el caso que nos ocupa) la política fiscal tiene que ser pro-cíclica. De ahí que plantear como objetivo el logro del déficit cero cuando la economía española está creciendo a ritmos superiores al 3 por 100 parece, a primera vista, razonable.
El problema surge cuando el análisis se hace algo más riguroso, se profundiza en las causas que han propiciado el crecimiento y se medita sobre las condiciones que son necesarias para asegurarlo en el futuro inmediato.
Está suficientemente contrastado que el crecimiento que la economía española ha estado experimentando se ha basado en factores tradicionales, tanto de demanda como de oferta:

- bajos tipos de interés.
- depreciación de la peseta.
- razonables precios energéticos.
- etcétera.


Pero se echan en falta aquellos factores que forman parte de la tantas veces mencionada nueva economía y responsables como es sabido del crecimiento económico sostenido de algunas economías occidentales.


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El desarrollo de la nueva economía que garantice un aumento de la productividad en crecimiento y en empleo exige además de una buena gestión del conocimiento, fuertes inversiones en tecnologías de la información y comunicación, algo que precisamente se echa de menos en este Presupuesto.
En este sentido, resulta significativo que tras la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta nueva cartera no haya supuesto un incremento sustancial del gasto en Investigación y Desarrollo. La inversión en Investigación y Desarrollo planteada por el Gobierno en este Presupuesto sigue estando muy lejos de la media europea.
Conseguir el déficit cero a costa de no invertir en el futuro puede ser un camino equivocado.
2. En segundo lugar, consideramos que estos Presupuestos son insolidarios y regresivos, que no acortan sino que aumentan la distancia relativa entre el porcentaje medio que sobre el PIB dedica la Unión Europea a la atención de los colectivos más desfavorecidos y, en especial, a la exclusión social, vejez y políticas de atención a la familia.
Es significativo que los indicadores estadísticos últimos europeos nos muestren que, mientras países de la Unión Europea han aumentado sus gastos en estos indicadores y habiendo crecido la media europea en un 3 por 100, la Administración española ha disminuido sus gastos sociales en relación con las cifras de países de nuestro entorno.
3. Por último, y no por ello menos importante, un año más, estos Presupuestos Generales del Estado materializan el incumplimiento de las atribuciones competenciales establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (L.O. 31/979, de 18 de diciembre) en materias vitales para el desarrollo de autogobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impidiendo que las instituciones de esta comunidad tengan todos los instrumentos políticos necesarios que por ley le son propios para hacer frente a los problemas económicos, sociales y, muy especialmente, al grave problema de la falta de empleo.
Así, una vez más, es necesario reclamar como premisa básica las transferencias relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), la Investigación Científica y Técnica en coordinación con el Estado (artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), así como las demás transferencias pendientes en materia socio-laboral y relativas al empleo y formación y cuyo desglose puntual comprende las prestaciones por desempleo, intermediación, promoción y gestión del empleo, formación profesional, regulación, INSS, inspección de trabajo o fondo de garantía salarial.
En definitiva, se reclama el cumplimiento y plena lealtad al Estatuto de Autonomía de Gernika, que tantas veces invoca de manera formal el Gobierno español pero que, desde nuestro punto de vista, después no se traduce en realidad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.- José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE: Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (121/000016)

JUSTIFICACIÓN

La reducción del déficit público es la gran baza propagandística que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en los últimos ejercicios. El Gobierno nos presenta el equilibrio presupuestario como si se tratase del maná prometido, corrector de todos los males.
Es el empeño en la presentación pública de este fetiche el que obliga al Gobierno a aplicar previsiones de inflación declaradamente inalcanzables, que obligarán, sin lugar a dudas, a realizar ampliaciones de crédito muy considerables en partidas como las correspondientes a las pensiones de jubilación. El déficit cero de este Proyecto de Ley no impedirá que el Gobierno tenga que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un porcentaje cercano al 1,7 por 100 (que es la desviación actual del IPC con respecto a la previsión presupuestaria), porque dicha actualización es ley, ni tampoco que deban ser revisados los salarios de los funcionarios públicos, así como otras partidas dependientes de la evolución del nivel de precios.
Por lo tanto, estamos ante un equilibrio presupuestario de carácter virtual, o dicho de otra forma, antedéficits diferidos para ejercicios venideros.


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Pero esto no es lo más grave, lo verdaderamente grave es que el Gobierno del Estado con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, con uno de los menores niveles de Gasto Público con respecto a su PIB (sólo superior a los de Irlanda y el Reino Unido), con niveles de prestaciones sociales de los más bajos de Europa, con diferenciales salariales crecientes con respecto a la media comunitaria y, a pesar de todo, con diferenciales de inflación también crecientes, se afane en presentar el equilibrio presupuestario como su gran logro.
La persecución fetichista del déficit cero evidencia la total ausencia de medidas de política económica tendentes a conseguir una verdadera convergencia real con los demás miembros comunitarios y la obstinación en el cumplimiento, a ciegas, de las condiciones del Pacto de Estabilidad.
Ausencia de política económica tendente a contener el imparable crecimiento de los precios de los carburantes, ausencia de iniciativa comunitaria para contener la constante depreciación del Euro desde su entrada en vigor, indiferencia ante la escalada de los tipos de interés en la zona Euro, incapacidad para corregir el déficit comercial, que registra niveles históricos, a pesar de la mencionada depreciación, falta de iniciativa para promover la generación de empleo estable y en condiciones dignas, fomento de la brecha salarial con los estados comunitarios, son algunos de los elementos que justifican esta enmienda.
Otros de esos elementos hacen referencia a:

La configuración de un Sistema Fiscal radicalmente regresivo, al que los Gobiernos del PP nos han conducido por la vía de las sucesivas reformas fiscales y, que se caracteriza por hacer recaer el peso de la Hacienda Pública sobre las rentas salariales y el consumo, salvaguardando las rentas del capital, mediante una distribución injusta de las cargas fiscales, el predominio de la imposición indirecta sobre la imposición directa y, la concesión de beneficios fiscales excesivos a las rentas del capital.
El incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, al no actualizar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con respecto al nivel de inflación previsible.
La pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos, por quinto año consecutivo durante los mandatos del Sr.
Aznar.
La utilización perversa de la Inversión Pública Estatal, favorecedora de los desequilibrios territoriales, al concentrarse reiteradamente en aquellos territorios más dinámicos desde el punto de vista de la actividad económica, mientras se olvida o se margina a otras comunidades, destinando inversiones muy inferiores a su propio peso demográfico en el conjunto del Estado.


La congelación, en términos reales, de las cantidades destinadas al Fondo de Compensación lnterterritorial.


Incumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera relativo a la cesión del 30 por 100 del IRPF, con capacidad normativa, a las Comunidades Autónomas, toda vez que se ha completado el proceso de transferencia de las competencias en materia de educación.


Galicia es un caso paradigmático de cómo la Inversión Pública Estatal no ayuda a combatir los desequilibrios territoriales. Ni siquiera respeta el criterio de tener en cuenta su peso demográfico en el conjunto del Estado como podremos comprobar. Así la inversión del presupuesto consolidado estatal en Galicia significa el 3,6 por 100 del total, mientras que la población significa el 6,84 por 100.
Debemos tener en cuenta que el criterio de igualdad de la inversión en pesetas per cápita, no es justo ni correcto, ya que Galicia está a distancia en los parámetros de riqueza y bienestar medios españoles.
Curiosamente la inversión consolidada per cápita significa sólo el 52,6 por 100 de la media española. Si tenemos en cuenta también la inversión que realizan las Sociedades Públicas, Galicia significa el 3,3 por 100 del total. En pesetas per cápita significa menos de la mitad de la media española, exactamente el 48,5 por 100.
Esta posición de Galicia en la cuestión crucial de las inversiones reales pone de manifiesto su marginación por el Estado. Es un diseño que, precisamente por histórico, debe ser valorado en su significado político.
El 95,2 por 100 de las inversiones se concentran en los Ministerios de Fomento (51,3 por 100), Defensa (25,5 por 100) y Medio Ambiente (18,4 por 100). Fomento destina a infraestructuras de transporte ferroviario 14.275 millones de pesetas. Es el proyecto propagandístico estrella. Forma parte del Convenio de Actuaciones Ferroviarias en Galicia por un coste total de 67.533 millones de pesetas, entre 1998 y el 2007. Para la L.A.V. ( Línea de Alta Velocidad ) se dotan únicamente 45 millones de pesetas para el año 2001. El coste total del proyecto es de 31.790 millones de pesetas, que se posterga para después del 2004 con el horizonte del 2010. Sin comentarios. Defensa repite todos los ejercicios una partida sobre 2.000 millones de pesetas que nunca se ejecuta para el proyecto de Fusa Cetmes 5.56 supuestamente destinado para la Fábrica de Armas de A Coruña. La peculiar fórmula de financiación del proyecto de las Fragatas f-100 hace que se destinen sólo 2.600 millones de pesetas para el año 2001. Para el LPD-2 se dotan 1.985 millones de pesetas.
Estas inversiones se concentran lógicamente en A Coruña y Ferrol con destino a empresas estatales ligadas a la defensa. Medio Ambiente invierte 9.785 millones de pesetas. Pese a los 5.153 millones de pesetas que dedica al Programa de Infraestructura Urbana de Saneamiento y Calidad del Agua, esta cantidad está muy por

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debajo de las necesidades de atender, en tiempo y forma, a las obras declaradas de interés general en Galicia, especialmente las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, tan fundamentales para ciudades como Ferrol, ACoruña, Lugo y Ourense. El horizonte del 2006 para estas obras declaradas de interés general resulta excesivo.
Las Sociedades Mercantiles sólo invierten el 3 por 100 del total estatal. Los datos son elocuentes por si mismos. Llamativos son el 0,8 por 100 que invierte AENA en los tres aeropuertos de Galicia y el 2,1 por 100 de Correos y Telégrafos. Finalmente las inversiones de Puertos del Estado (el 8,2 por 100 del total) no se corresponde con las campañas propagandísticas sobre la construcción de puertos exteriores en Ferrol y/o A Coruña.
El resultado es claro. Desde 1993 hasta hoy, la Administración Central gastó en obras públicas en Galicia 135.000 millones menos que la Administración Autonómica. En el año 2001 la inversión será menor que en el ejercicio anterior.
Por todo ello, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE: José Antonio Labordeta Subías (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Labordeta (CHA), presenta la siguiente emnienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (número de expediente 121/000016):

Enmienda a la totalidad de devolución

Chunta Aragonesista propone al Congreso de los Diputados la devolución al Gobiemo de este Proyecto de Ley por los siguientes motivos:

- Falta de diálogo previo con partidos y sindicatos.


- Escasa información del destino final de numerosos e importantes programas.
- Abandono de los criterios públicos en beneficio de los privados.
- Insuficiente aumento económico de determinados programas sociales.
- Ausencia de planificación estratégica en las inversiones públicas.
- Carencia de elementos correctos de los desequilibrios territoriales.
- Escasas inversiones en Aragón que han motivado la convocatoria, por parte de colectivos ciudadanos, de una huelga general en todo un territorio como Teruel.
- La falta de diálogo previo es constatable con los partidos presentes en el Parlamento, pero también con los agentes sociales que han denunciado la ruptura de las negociaciones, tanto en lo relativo a los salarios de los empleados y empleadas públicos, como a las políticas de empleo que puedan desarrollarse en las Administraciones, dado que, lejos de plantear una negociación previa, se presenta directamente este Proyecto de Ley, remitiéndose el Gobiemo al trámite parlamentario para poder dar satisfacción a las decisiones que ya se han tomado sobre salarios y políticas de empleo.
- Las cifras son opacas, en determinados casos, lo que impide el control de las mismas por la oposición, hecho que ocurre en programas como los de Investigación y Desarrollo, I+D, o como ha ocurrido con la falta de respuesta a determinadas preguntas formuladas por escrito en las Comisiones celebradas a efectos de información sobre el Presupuesto, que, a fecha de hoy, todavía no figuran en poder de los grupos políticos que han formulado las oportunas interpelaciones.
Además, como ejemplo de desinformación no existe una total territorialización de los Presupuestos para colaborar a un mejor conocimiento de los mismos.
- Las continuas referencias al aumento de la capacidad de lo privado, en detrimento de lo público, son motivos más que suficientes, para partidos como Chunta Aragonesista, como para considerar que la línea ideológica que marcan los Presupuestos no responde a los planteamientos políticos que defendemos. Consideramos que el objetivo fundamental que se busca con la obsesión desmedida por la eliminación del déficit presupuestario, responde mucho más a los criterios de una empresa privada que a los parámetros de la acción pública, donde los fundamentos básicos a lograr serían la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el reequilibrio territorial, sin embargo todas estas cuestiones quedan en un segundo plano y se supeditan a la primera.
- Existen partidas básicas para la cohesión social que no mantienen el ritmo de crecimiento adecuado, lo que deja en evidencia las afirmaciones formuladas por el Gobierno, en el sentido de que mantener el equilibrio presupuestario significa, «elevar de manera permanente el listón de la equidad social y reforzar la

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barrera protectora de los que por una u otra causa se ven obligados a permanecer al margen de la competencia económica». La dimensión social de unos presupuestos se miden, a nuestro juicio, por otros parámetros y en éstos es en donde fallan las bondades de los escenarios macroeconómicos. A modo de primer ejemplo, los gastos destinados a política educativa, tal y como han denunciado recientemente los sindicatos, han sufrido «una congelación» en lo que respecta a la política de becas y el gasto público en educación, 4,7 por 100, está muy por debajo todavía de los parámetros del 6 por 100, media de los países de la OCDE.
Además no es éste el único dato negativo, a nuestro juicio, sino que, desde las propias informaciones aportadas por el Gobierno, se demuestra que el supuesto aumento del esfuerzo inversor social no deja de ser relativo, ya que en políticas como pensiones, fomento de empleo, desempleo?, el porcentaje de lo que representan actualmente con respecto al Presupuesto del 2001 es menor que el porcentaje que representaban en el año 2000; es decir, que aunque se aumenta su cantidad absoluta es una subida que no supone incrementos porcentuales con respecto al volumen total de los Presupuestos.
Existen partidas como fomento de empleo que está muy por debajo del porcentaje de crecimiento de las demás partidas, con lo que descontado el IPC, suponen variaciones de crecimiento mínimas.
Igualmente destacamos el escaso volumen de incremento de las partidas destinadas a la política de vivienda, un 0,5 por 100 un porcentaje casi seis puntos inferior al porcentaje de crecimiento global de los Presupuestos. Incluso en políticas como industria y energía la reducción es de un 11,8 por 100, donde se reconoce que sólo una parte de esa reducción proviene de cifras que se destinan a otros departamentos.
Finalmente, observamos con preocupación el hecho de que en un solo programa presupuestario como es la «Modernización de las Fuerzas Armadas» supone una inversión para el año 2001 de un total 178.000 millones de pesetas cantidad que dobla la suma conjunta de todas las cantidades previstas para los siguientes programas: Archivos, Bibliotecas, Museos, Exposiciones, Promoción y Cooperación Cultural, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, Música y Danza, Teatro, Cinematografía, Fomento y Apoyo a las Actividades Deportivas? - La ausencia de planes aprobados, que fijen los objetivos estratégicos a alcanzar con las inversiones públicas, supone practicar una política más propia de un plan provincial de obras y servicios que de Planes Directores o Programas Estratégicos de Actuación, ya que no existen unos criterios consensuados a la hora de abordar el gasto público, en un ejemplo de actuación muy alejado de los deseables parámetros de eficacia y eficiencia.
Así, las grandes inversiones planteadas desde el Ministerio de Fomento y Medio Ambiente responden a una «dinámica de hechos consumados», donde en el caso del área de Fomento se hurta el debate al Parlamento y se apuesta por un Plan Director de Infraestructuras al que los distintos grupos parlamentarios no han podido realizar sus aportaciones. Prueba de lo que esto supone, son los presupuestos de AENA, donde un aeródromo deportivo como el de Monflorite, es calificado de interés general, y recibe cuatro veces más inversiones que el de Zaragoza que cuenta con un Plan Director que prevé inversiones de 6.000 millones de pesetas y al que se destinan para el siguiente año solamente cuatrocientos.
Hemos considerado este ejemplo como el más significativo de la falta de criterios a la hora de invertir, ya que no hay ningún problema en destinar estas cantidades milmillonarias cuando proyectos aprobados, incluso por mayoría absoluta en el propio Congreso de los Diputados, como es el de la reapertura del ferrocarril transfronterizo Valencia- Pau, apenas cuentan con cincuenta millones de pesetas.
En otros casos, como en el Ministerio Medio Ambiente, en pleno proceso de debate del Plan Hidrológico Nacional, se apuesta por la construcción de pantanos que suponen un grave deterioro para el territiorio y provocan un enorme impacto medioambiente, incluso tienen informes técnicos negativos de diferentes expertos en materia hidráulica, destinando para su construcción enormes cantidades de inversión, en un ejemplo de despilfarro público donde se actúa sin tener unos mínimos objetivos fijados. Sin embargo aquellos pantanos que gozan de acuerdo unánime en Aragón siguen siendo ignorados. Si finalmente cambiasen los criterios que ahora se fija el Plan Hidrológico, ¿habría que modificar otra vez los Presupuestos? o, por el contrario ¿es que no existe ninguna voluntad negociadora y se aprobará sin ninguna posibilidad de aportación de los diferentes partidos que componen la Cámara? En ambos casos, existe una grave irresponsabilidad por parte de quienes están al frente del Gobiemo de España.
En definitiva, todo este esfuerzo inversor que se plantea carece de rigor y planificación estratégica, ya que no está supeditado a programas consensuados con un objetivo claro al que llegar, por tanto se está actuando sin los más elementales criterios de actuación que reclama el dinero público.
- Lógicamente, esta falta de planes estratégicos territoriales provoca que sean unos presupuestos que no permiten diseñar políticas de reequilibrio territorial adecuadas, sino que, al contrario, siguen estando excluidos de recursos como los del Fondo de Compensación Interterritorial determinados territorios del Estado, como Teruel, que necesitan aportaciones económicas solidarias, para contrarrestar el grave problema de la despoblación y el enorme problema del déficit de infraestructuras públicas.
- Finalmente, como partido de ámbito territorial, tenemos que hacer referencia a las inversiones referidas

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a Aragón, que calificamos de engañosas al no contemplar inversiones nuevas para la comunidad, incluir, por el contrario, pequeñas y simbólicas partidas en los grandes proyectos, y abusar de la repetición de muchas partidas de inversión que estaban ya aprobadas en el Presupuesto del 2000 y simplemente, al no ejecutarse, se suman a los Presupuestos de 2001.
Además, las obras del AVE ejecutadas por el GIF distorsionan completamente las inversiones en Aragón, máxime cuando se trata de una actuación que alcanza prácticamente la mitad del total de las cantidades económicas contempladas en Aragón para el año 2001. La gran parte de las inversiones previstas para Aragón corresponden a cuatro obras que ya están en marcha, que vienen de muy atrás y que suman 33.214 millones de los 55.000 millones de inversión previstos entre todos los Ministerios. Ala luz de los datos aportados en los Presupuestos, la autovía Zaragoza-Teruel no podrá concluirse en esta legislatura, tal y como se comprometió el presidente Aznar, dado que a pesar de que se incorporan pequeñas partidas en la mayoría de los tramos, la ejecución de Santa Eulalia-Teruel se retrasará al 2003 y 2004 con 8.000 millones de pesetas. Así el tramo Sarrión-Escandón no empezará a ser una realidad hasta el 2004 y ni siquiera aparece en los Presupuestos el tramo Paniza-Calamocha. Algo similar ocurrirá con la autovía Huesca-Lleida, ya que tan sólo tiene consignados 40 millones de pesetas para el 2001 y cantidades simbólicas para los próximos. Tampoco se incluyen nuevos tramos de la N-260, que el grueso del tramo Campo-Aínsa se retrase al 2002, y que son nulas las inversiones en la N-230 (Benabarre-Arén) .
Por lo que respecta a las infraestructuras ferroviarias, destacamos que el proyecto de presupuestos incluye sólo partidas simbólicas de 50 y 100 millones para los tramos Zaragoza-Huesca-Canfranc y para la línea Zaragoza-Teruel, desplazando el grueso de las inversiones para los años 2003 y 2004 en el mejor de los casos.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2001 para Aragón incluye numerosas inversiones que ya fueron aprobadas en los Presupuestos del 2000 y que, al no ser ejecutadas, se suman a los Presupuestos de este año. Entre éstas, cabe destacar el desdoblamiento de la N-232 entre Zaragoza y El Burgo, proyecto para el que en el 2000 se presupuestaron 500 millones que no se han ejecutado y que ahora se suman en una inversión plurianual, así como la adecuación de la vía Hispanidad de Zaragoza, que ya contó con 600 millones en el 2000, la conexión de la A-68 con Casetas que para el 2000 contaba con 972 millones de pesetas. Reiteramos finalmente lo indignante que supone para los intereses de Aragón que en el proyecto sólo se presupuesten únicamente 400 millones para el aeropuerto de Zaragoza frente a 1.500 millones de pesetas en el aeródromo de Monflorite.
Por todas estas razones consideramos necesaria la devolución del mencionado Proyecto de Ley Orgánica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. expte. 121/000016).


Enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
El conflicto de Oriente Próximo, la evolución del precio del petróleo y la debilidad endémica que presenta el euro, alteran el marco económico internacional de forma considerable.
Dichos condicionantes afectan sobremanera a la economía española poniendo de relieve su déficit estructural, que se manifiesta actualmente en el grave problema de inflación que aqueja a la economía española y que en el futuro inmediato influirá negativamente en el crecimiento económico y en el empleo.
El Gobierno, sin embargo, haciendo oídos sordos a esta realidad, plantea en el Proyecto de Presupuestos para el año 2001 un cuadro macroeconómico que no se acomoda a los cambios del entorno.
Además, el objetivo estratégico de política económica, cual es el déficit cero en las cuentas públicas, lejos de contrarrestar el impacto negativo que proviene del exterior, contribuirá a ahondar aún más el incipiente proceso de recesión que se observa en la economía española.
Ajuicio del Grupo Vasco, entendemos que estas cuestiones justifican sobradamente la presentación de esta enmienda a la totalidad por la que se solicita la devolución de este Proyecto de Presupuestos al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo ParlamentarioVasco (EAJ-PNV).


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ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE: Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. expte. 121/000016), a instancia del Diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya- Verds.


JUSTIFICACIÓN

Iniciativa per Catalunya-Verds propone al Congreso de los Diputados la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001, por distintos motivos, entre los que cabe destacar las deficiencias en las inversiones públicas.
Una vez más, el Gobierno no aprovecha un momento de crecimiento económico para extender las políticas de protección social, que en unos presupuestos generales debería traducirse en inversiones públicas para resolver estas deficiencias. Deficiencias que -como ya venimos denunciando- conducen a que el gasto público del Estado español en protección social se sitúe seis puntos por debajo del de la Unión Europea. Un ejemplo es como el Gobiemo afronta el hecho objetivo que más de la mitad de personas paradas no cobran ninguna cobertura de desempleo. Es un problema de bienestar social que calificamos como el más importante del Estado. Pues bien, el Proyecto de Ley de PGE para el 2001 no registra ninguna línea de trabajo como la que los sindicatos mayoritarios propusieron al Gobierno: Extender el subsidio a las personas paradas con cargas familiares y a las de larga duración, que no perciben ningún tipo de prestación. Estamos refiriéndonos a un colectivo de 300.000 personas que se encuentra entre los más necesitados de la sociedad.
Insatisfactorios para resolver el problema del desempleo, estos Presupuestos no ayudarán a construir un modelo social favorable para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Su limitación alcanza a los ingresos con la lógica consecuencia de reducción de las posibilidades de realizar las políticas de gasto público que necesita el Estado español. Otro ejemplo lo encontramos en las pensiones mínimas, que no han registrado ninguna subida, ignorando las peticiones de los sindicatos.
El intento de conseguir el llamado «déficit cero» se convierte en una excusa para limitar más las políticas de inversión pública cuando debe interpretarse como una tendencia para aproximarse al equilibrio de las cuentas públicas.
La inflación real no se corresponderá con la prevista (la tasa anual actual del IPC es del 3,7 por 100 y el Fondo Monetario Internacional prevé una inflación media del 3,1 por 100) de forma que se producirán pérdida del poder adquisitivo, déficits en ocupación y en cuota de mercado. Por lo tanto, la elaboración del Presupuesto con previsiones erróneas se puede calificar de espejismo político.
Desde nuestra perspectiva, además, cabe destacar que las inversiones del Estado en Catalunya están por debajo de la media del Estado. Si utilizamos como unidad de medida la peseta invertida por habitante, las inversiones previstas en Catalunya representan el 82,15por 100 de la media estatal. Además, hay que tener en cuenta que el AVE es quien se lleva la mayor parte de la inversión destinada a Catalunya en estos Presupuestos. La reducción del 26 por 100 en las partidas destinadas a carreteras y la del 17,5 por 100 en ferrocarriles (con el detalle del descenso del 21 por 100 en los trenes de cercanías), nos confirman que el modelo de estado del actual Gobiemo es centralizado (además de centralista, tal como apuntamos en nuestra intervención en el debate de investidura del Presidente).
Por lo que respecta a I+D, más de la mitad del Presupuesto está destinado a la partida de créditos para la construcción de unidades de Defensa, principalmente (fragatas F-100, aviones supersónicos de combate EF-2000, tanques Leopard y aviones patrulla P-3 Orión).
Mientras obtenemos estas cifras, podemos contrastarlas con el porcentaje del PIB que el Estado español destina a I+D excluyendo los proyectos militares, que está por debajo de la media europea (que supera el 2 por 100). De esta forma, es imposible que se cumpla aquello que se pretendía con la puesta en marcha del VI Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para el 2000-2003, que abarcaba los siguientes objetivos: Elevar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, incrementar los recursos humanos cualificados, aumentar la competitividad de las empresas, mejorar la utilización de los resultados de I+D, fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y tecnología españolas y depurar el nivel de conocimientos científicos.
Finalmente, no podemos realizar la crítica del modelo de estado propuesto por el Gobierno en estos Presupuestos sin hacer una nueva reflexión sobre la fiscalidad, que Iniciativa per Catalunya-Verds viene denunciando desde el año 1998. Esta fiscalidad comporta un modelo de redistribución de riqueza injusto para la mayoría de la población y que perjudica a las personas con menos recursos. Hoy -como consecuencia de la reforma del IRPF- podemos añadir que la injusticia social ha aumentado puesto que el Gobierno dispone de 800.000 millones de pesetas menos -a partir de un cálculo elaborado por CC.OO.- con los que hubiera podido incidir en los problemas estructurales de la economía española.


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Por todo ello, entre otros motivos, calificamos el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 de irreal, insolidario y regresivo, una vez más, respecto al mantenimiento del Estado del Bienestar.


Palacio del Congreso de los Diputados, l8 de octubre de 2000.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. expte. 121/000016).


Enmienda a la totalidad de devolución de los PGE-2001.


Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, elaborados por el Gobierno del Partido Popular, profundizan en la línea neoliberal que ha caracterizado la política económica de los últimos años. La consecución del equilibrio presupuestario supera ampliamente el debate contable al que quiere reducir el Gobierno estos Presupuestos, que vienen avalados por un pésimo nivel de ejecución en ejercicios anteriores y con elevadas dosis de artificios contables.
Lo más preocupante para Izquierda Unida es que la consecución del déficit cero se convierte en una coartada para limitar las políticas activas públicas, máxime si atendemos a nuestra estructura de ingresos y a los efectos a medio plazo de las reformas fiscales emprendidas y de las que se anuncian en estos Presupuestos.
El cuadro macroeconómico intenta desdibujar el deterioro de las expectativas que se ha producido este año, limitándose a plantear un crecimiento menor que en 2000, una inferior creación de empleo y un nuevo alegato a favor de la moderación salarial. El efecto de las subidas de los tipos de interés sobre el crecimiento de los países de la UE -que puede provocar una mayor ralentización de la actividad económica-, las incertidumbres sobre la evolución del precio del crudo y la inflación, o la propia cotización del euro, son factores suficientes para proyecciones macroeconómicas menos favorables.


En todo caso, las previsiones sobre la evolución de los precios en 2001 no se sostienen. El Gobierno simplemente desea que remitan las tensiones inflacionistas para estimar una inflación interanual del 2 por 100 en diciembre de 2001 (el IPC alcanzó en septiembre de este año el 3,7 por 100). Esta insensata previsión tiene una implicación negativa sobre buena parte de los asalariados de nuestro país como son los empleados públicos, trabajadores que toman como referencia el SMI o perceptores del subsidio por desempleo. En particular, los empleados públicos serán, un año más, los que paguen las imprevisiones y ajustes presupuestarios de este Gobierno; no van a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y en 2001 revisarán sus rentas con aquella irreal previsión, sin contar con una cláusula de revisión salarial. Por otro lado, se continuará en 2001 con la amortización de empleo público, una política que contribuye negativamente a aumentar la temporalidad en la Administración (que alcanza ya al 20 por 100 de los empleados públicos).
Sobre las prioridades en las políticas de gasto proclamadas por el Gobierno, están rodeadas de propaganda, ya que estos Presupuestos dilatan el proceso de convergencia real con la UE. Las Administraciones Públicas no recuperan mínimamente su papel inversor, el supuesto esfuerzo en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+ I) es tal que nuestro país seguirá a la cola de la UE en investigación y, en gasto social, no se avanza en absoluto en recortar la brecha que nos separa de nuestros socios comunitarios.
El gasto en inversión presupuestado de las AA.PP. ni siquiera llegará al porcentaje sobre el PIB de 1995 (3,6 por 100) y estará aún muy lejos del 5 por 100 del PIB alcanzado en 1990. Y esto en el mejor de los casos, porque es muy difícil saber lo que crece realmente la inversión pública (buena parte de ella se realiza de manera extrapresupuestaria reduciendo la transparencia tanto en las prioridades de las obras a acometer como en la adjudicación de las mismas) y su nivel de ejecución es inaceptable. Según la liquidación del Presupuesto de 1999, tan sólo se ha realizado en ese año el 55 por 100 del crédito total para inversiones reales del Estado; en 2000 -avance de liquidación hasta septiembre- los pagos realizados significan el 56 por 100 sobre el crédito total.
De la misma forma, los Presupuestos no atienden con suficiencia el gasto en I+D+I. Este Gobierno insiste en aumentar las transferencias al sector privado, pero la participación de éste en los gastos de investigación ha aumentado en menos del 1 por 100, en pesetas constantes, en el período 1995-1999; en un período de expansión económica y aumento del beneficio empresarial, el sector privado no refuerza su apuesta por la investigación. A todo ello hemos de añadir que España es el país de la UE con mayor porcentaje de inversión en investigación militar, más del 50 por 100 en 2000.


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Ante esta situación, el gasto público presupuestado en investigación para 2001 asciende a 571.584 millones de pesetas, el 0,5 por 100 del PIB, cantidad que queda sensiblemente reducida si descontamos la deriva hacia el gasto militar. Aún más, el 52 por 100 del gasto presupuestado se articula a través de la cuenta financiera del Estado, en forma de préstamos o aportaciones a empresas privadas.
El gasto social no corre mejor suerte en estos Presupuestos. Si bien el Gobierno afirma que «uno de los principales logros de la política presupuestaria del último cuatrienio ha sido el garantizar y mejorar la protección social», no es difícil comprobar la falacia de esta aseveración. Si atendemos a los datos de la Contabilidad Nacional, el gasto en protección social pierde peso en nuestro país con relación al PIB: Representó en 1992 el 16,1 por 100, el 15,7 por 100 en 1996 y el 14,5 por 100 en 1999. De la misma forma, si atendemos a EUROSTAT, el diferencial de gasto en protección social con la UE se amplia: 5,9 puntos del PIB en 1995 hasta casi 7 puntos de diferencia en 1998.
El Gobierno del Partido Popular practica una política contraria a la distribución al propiciar que el gasto en protección social pierda peso en el conjunto de la riqueza del país, lo cual implica, además, consolidar un período de divergencia continua respecto a la UE. El discurso de la convergencia real en boca del Gobierno es sólo papel mojado, pues en uno de sus capítulos más importantes -la protección social- su política no hace sino ensanchar la brecha que nos separa de Europa.
Pero además, la financiación de las políticas sociales se efectúa de manera regresiva. En primer lugar, en el contexto de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, el Gobierno sigue añadiendo incertidumbre y contribuye al deterioro de nuestra protección social. El Estado no cubre con sus aportaciones la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones sino que las reduce: desde los 232.000 millones que se aportaban en 1996 hasta los 16.000 millones que se vienen transfiriendo Presupuesto tras Presupuesto desde entonces. El famoso Fondo de Reserva, pensado para afrontar momentos delicados en el pago de pensiones, se presupuesta en 2001 en 90.000 millones de pesetas, el 14 por 100 de la paga de un mes en pensiones contributivas. Así puede entenderse que la Seguridad Social arroje contablemente un superávit del 0,3 por 100 del PIB que, por otra parte, financia el déficit del Estado para conseguir el equilibrio presupuestario.
En segundo lugar, continúa la caída del gasto en prestaciones por desempleo en paralelo al aumento de ingresos por cotizaciones, provocando un excedente de recursos que el Gobierno no utiliza para superar los niveles de desprotección que padecen los desempleados en nuestro país. En 2001 el Estado no aportará nada para la financiación del INEM y se presupuestan 1.352 miles de millones de pesetas para prestaciones económicas, frente a una previsión de ingresos de cuotas por desempleo de 1.830,7 miles de millones. El exceso (479.000 millones de pesetas) no se destina a mejorar la protección al desempleo, pero sí se dedican 300.000 millones de esa cantidad para subvencionar a los empresarios.


Como resultado de todo ello, según estos Presupuestos, el gasto en desempleo en pesetas constantes será en 2001 un 48 por 100 inferior al ejecutado en 1992, un 20 por 100 inferior el gasto medio por perceptor, y las personas en paro que reciben algún tipo de prestación económica se habrán reducido en 558.000 personas. En suma, el gasto en prestaciones, que representó en 1992 el 3,2 por 100 del PIB, supondría en 2001 el 1,3 por 100 del PIB, y España seguirá siendo uno de los países de la UE que menos gasto en protección al desempleo dedica por cada punto de tasa de paro, sosteniendo una proporción de desempleados sin cobertura de las más altas de toda la UE.
Estos Presupuestos continúan con el trasvase de recursos desde el Sector Público al privado en capítulos tan importantes como la educación o la sanidad. Políticas que, sin reducir costes para la Administración, privilegian a unos sectores de la población en detrimento de la mayoría de la ciudadanía. Respecto a la financiación autonómica tan sólo constatar el fracaso del Gobierno del Partido Popular en el modelo de nivelación de servicios y de participación en el IRPF.
Tampoco encontraremos en estos Presupuestos una coordinación de políticas que sean más rigurosas con el medio ambiente en las actuaciones en energía, infraestructuras o agricultura. Las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Medio Ambiente son insuficientes para resolver los más acuciantes problemas de degradación del medio, y los fondos destinados a políticas activas de preservación no alcanzarán para atender las necesidades existentes e incluso para dar respuesta a compromisos internacionales.
Por el lado de los ingresos públicos, estos Presupuestos representan un paso más en la conformación de un sistema fiscal cada vez más injusto e insolidario. El trasvase de la presión fiscal desde los impuestos directos a los indirectos es cada vez más evidente, de tal forma que la recaudación por impuestos indirectos es ya superior a la realizada por impuestos directos, acentuando la regresividad impositiva. El anuncio de una nueva reforma en el IRPF (para la segunda parte de esta Legislatura) agravará esta situación y mermará aún más el preciso margen de maniobra para potenciar gasto público necesario para resolver problemas estructurales de nuestra economía.
Los gastos fiscales se presupuestan en casi 6,2 billones de pesetas, el 25 por 100 de los ingresos tributarios estimados. Buena parte de estos incentivos fiscales no se justifican ni desde el punto de vista económico ni desde el social. Son recursos que deja de ingresar la Administración y que, dedicados de forma directa,

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tendrían un impacto más positivo sobre la actividad económica y el empleo.
Izquierda Unida rechaza estos Presupuestos y pide su devolución al Gobierno porque no contribuyen a avanzar en el proceso de convergencia real con la Unión Europea (UE), son ineficaces para apoyar la creación de empleo estable y de calidad, profundizan los déficits sociales de nuestro país, y consolidan un sistema fiscal cada vez más injusto y regresivo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlarnentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, publicado en el «BOCG», serie A, número 16, de 30 de septiembre de 2000 (núm. expte. 121/000016).


MOTIVACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 se sustentan en previsiones y estimaciones del entorno económico carentes de la menor credibilidad. Así, la previsión de inflación del 2 por 100 está más basada en el deseo que en la realidad, como vienen advirtiendo reiteradamente la mayoría de expertos y organismos internacionales.
Los Presupuestos aparecen, en consecuencia, como un mero ejercicio contable al objeto de su presentación como los primeros con déficit cero, déficit cero que, curiosarnente, sólo se sustenta en el esfuerzo de los trabajadores cuyas cotizaciones sociales son las que permiten el supuesto equilibrio de las cuentas del Estado. Junto a ello, la citada previsión consolida la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, en un ejemplo claro de cómo entiende el Gobierno la distribución de los efectos beneficiosos del actual ciclo económico, ciclo que, por cierto, está empezando a dar muestras de inquietantes incertidumbres sin que el Gobierno sea capaz de adoptar la más mínima medida al respecto.
Los Presupuestos continúan restringiendo, además, las inversiones públicas -fenómeno agravado por la escasa y defectuosa ejecución posterior- lo que sin duda va en detrimento de la necesaria modernización de la estructura económica de España, afectándose de forma esencial a la productividad y competitividad de nuestra economía.
Asimismo, en aras al tan publicitado déficit cero, se perjudican aquellas actuaciones necesarias para lograr la convergencia real con los países de nuestro entorno; las carencias en materia educativa, sanitaria, de empleo, etc., hacen del Presupuesto un instrumento regresivo e insolidario generador de mayores desigualdades sociales y territoriales.
De la misma forma se profundiza en el esquema regresivo de los ingresos del Estado, donde los impuestos indirectos superan ya claramente a los directos, ingresos cuya efectividad se hace depender exclusivamente del actual ciclo económico.
Atodo lo anterior se suma la opacidad y falta de transparencia de los Presupuestos, fenómeno también progresivo en los sucesivos documentos presentados por el Gobierno desde 1996. La ingeniería financiera (p.
ej., traspaso de RTVE a la SEPI, cuantificación de los gastos militares como de I+D, etc.), se pone una vez más al servicio de la consecución de fines contables, ignorándose las exigencias y necesidades reales de la sociedad española.
Por todo ello, se solicita la devolución al Gobiemo del Proyecto de Ley.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE: José Núñez Castaín (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución al Gobiemo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 no ofrecen soluciones a los problemas reales de la

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sociedad española y no abordan de una manera clara y contundente los retos de futuro que están planteados. Estos Presupuestos dejan en manos del mercado esta responsabilidad, renunciando el Gobierno a influir a través de ellos en los problemas reales de la economía y la sociedad española, coincidiendo con las posturas neoliberales tan influyentes a finales de los ochenta y principios de los noventa. El Gobierno justifica su confianza en el mercado en la contrastada capacidad de éste para ofrecer soluciones eficaces a los problemas.
Esta circunstancia, que nadie discute, sobre todo a la vista de que en los últimos años se han producido crecimientos espectaculares en el mundo desarrollado, no evita que también se haya puesto de manifiesto la necesidad de interferir en estos procesos con políticas redistributivas y mayor contenido social. Se trata de conciliar la eficiencia de la economía con la justicia social, procurando una distribución más equitativa del crecimiento y de la riqueza.
No puede, por tanto, el Gobiemo, limitar sus objetivos en materia de política presupuestaria a la definición de un Presupuesto que pretende ser neutral sobre la economía, que es la forma en que parece interpretarse el sentido del saldo cero en el Presupuesto.
Especialmente en el caso español, los problemas de carácter estructural son abundantes en términos de desequilibrios en el mercado de trabajo, exclusión social, desigualdades territoriales, insuficiencia de infraestructuras y equipamientos públicos, etc., cuestionan nuestra capacidad para competir con Europa. Los datos más recientes sobre el comportamiento de algunos indicadores clave apuntan un deterioro de esta capacidad y plantean importantes incertidumbres de cara al mantenimiento de un proceso de convergencia real en el futuro. El problema, por tanto, es que el principal objetivo del Presupuesto no puede ser el propio saldo presupuestario que, por otra parte, y gracias a la coyuntura favorable de los últimos años, ha dejado de ser un problema para la economía española.
Esto no quiere decir que no haya otros, por lo que sería justamente en ellos en lo que debería centrarse la prioridad del Gobiemo.
Los andalucistas estaríamos perfectamente de acuerdo con el Proyecto de Presupuestos si en su contenido se reflejaran con mayor coherencia los principios que él mismo reproduce de las grandes orientaciones de política económica y social de la pasada cumbre de Lisboa y que se resumen en:

- Búsqueda del pleno empleo, con especial atención a los segmentos excluidos del reciente proceso de creación de empleo.
- Transición hacia una economía impulsada por el conocimiento (en el contexto de la denominada nueva economía).
- Preparación para el envejecimiento de la población.


- Mejora de la cohesión social.
Por todo ello, el Partido Andalucista presenta esta enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 solicitando su devolución al Gobiemo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-José Núñez Castaín, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE: Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que será debatido por la Comisión de Presupuestos.


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 mantiene la misma lógica política, económica y social que ha inspirado los anteriores proyectos presupuestarios del Gobierno del Partido Popular y que han sido utilizados para desmantelar el sector público sobre la base de privatizaciones y para aumentar las desigualdades sociales con reformas impositivas claramente regresivas.
Basados en un excesivo optimismo en la evolución de la coyuntura macroeconómica española y mundial, en la convergencia nominal con Europa y en la consecución del déficit cero, son una evidencia más de las tesis liberales de este Gobierno que vuelve, una vez más, a renunciar a utilizar el principal mecanismo de política económica de que dispone, el Presupuesto, para incidir en la actividad económica y trasladar a los ciudadanos y ciudadanas las mejoras económicas y sociales que su actual buena evolución permitiría.
Sin embargo, lo que sí hacen estos Presupuestos es renunciar a una convergencia real con los países de nuestro entorno europeo, ya que con el crecimiento del PIB estimado por el Gobierno, casi idéntico al del conjunto de la Unión Europea, no se logrará acercar las rentas de los ciudadanos y ciudadanas españoles a las

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de sus vecinos europeos. El Gobierno, además, parece resignado a seguir ostentando el discutible honor de poseer la tasa de paro más alta de la UE. Así, para el año 2001 la creación de ocupación prevista será un 14,6 por 100 inferior a la del pasado ejercicio.
Un año más el Proyecto de Presupuestos no refleja la realidad económica española, en especial por lo que hace referencia al comportamiento de los precios. El Proyecto de Ley vuelve a contemplar para el año 2001 un crecimiento de los precios idéntico al del año anterior, fijado en el 2 por 100. Esta previsión no concuerda ni con la evolución reciente del IPC (el año acabará con una desviación superior al 1,5 por 100, según todos los expertos) ni con las tensiones inflacionistas inherentes a la actual coyuntura económica.
En suma, el hecho de realizar una programación presupuestaria basándose en una previsión de la inflación fuera de todo realismo económico y con tan poco rigor científico en su cálculo convierten estos Presupuestos en un proyecto nada creíble bajo cualquier punto de vista.
Por otro lado, la obsesión de alcanzar un déficit cero en el presente ejercicio al mismo tiempo que se presume de un incremento de las inversiones reales o de un aumento de los gastos de tipo social no deja de ser otro maquillaje contable más de este Gobiemo y no consigue esconder el carácter regresivo de estos Presupuestos. En aras de la reducción del déficit, el Gobierno ha previsto un importante aumento de la presión fiscal indirecta, en especial del IVA. Un año más, se ha congelado la presión fiscal vía impuestos directos (en porcentaje del PIB) y se ha optado por incrementar los recursos tributarios a partir de las modalidades impositivas más regresivas, superando la recaudación prevista del IVA a la del Impuesto sobre la Renta, convirtiendo un impuesto sobre el consumo en el principal elemento del sistema tributario español. Se han obviado, pues, las fórmulas más progresivas en la tributación de los ciudadanos y ciudadanas y se han antepuesto criterios meramente recaudadores a los de distribución de la riqueza y de cohesión social en la obtención de los recursos públicos.
Las prioridades de gasto son también ampliamente discutibles y censurables. La pérdida de poder adquisitivo acumulado por parte de los empleados públicos no encuentra ningún tipo de compensación, las insuficientes dotaciones asignadas a programas sociales (vivienda, protección del desempleo...) contrastan con los incrementos del gasto militar y los prograrnas de soporte a la economía productiva son inexistentes o infradotados (la I+D sin finalidad militar, el desarrollo industrial...).
El anunciado crecimiento de las inversiones presenta, un año más, una distribución territorial claramente discriminatoria para diversos territorios, en especial para Catalunya, que tan sólo consigue el 5,9 por 100 de las inversiones territorializadas del sector Administración Pública Estatal, frente al 16 por 100 de la población que representa Catalunya en el seno del Estado o el 23 por 100 de la aportación fiscal a las arcas del Estado por parte de los ciudadanos y ciudadanas catalanes.


A pesar de que en la inversión del sector público empresarial Catalunya se sitúa en segundo lugar, cabe destacar que estas inversiones se concentran en un gran y único proyecto, el Tren de Alta Velocidad, que acaba por llevarse la práctica totalidad de la inversión del Estado en Catalunya para el año 2001. Esta podría considerarse una mejora significativa en el trato inversor del Gobierno, sin embargo, la continua discriminación que padece Catalunya por parte del Estado en esta materia sigue también patente en el presente ejercicio ya que sólo se produce una mejora muy puntual y en un proyecto repetidamente congelado y está lejos de situar al territorio catalán en los niveles de estoc de capital público que le corresponderían por el peso de su población, su actividad económica o su contribución fiscal. La deuda histórica que padece Catalunya en inversión pública sólo se compensará con mayores y continuados incrementos de ésta y con unos presupuestos como los que pretende aprobar este Gobiemo sólo se logrará mantener o aumentar el actual déficit fiscal de Catalunya con el Estado español, situado actualmente y según los últimos estudios publicados, por encima de los 1,4 billones de pesetas anuales. Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2001.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.- José Antonio Labordeta Subías, Portavoz delGrupo Parlamentario Mixto.

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