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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 34-3, de 26/03/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie A: 26 de marzo de 2001 Núm. 34-3 PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS

121/000034 Modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (núm. expte. 121/ 000034).


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2001.-P .D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los Diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución Proyecto de Ley de Patrimonio del Estado (núm. expte. 121/000034).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzode 2001.-Carlos Aymerich Cano, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE: Don Carlos Aymerich Cano (Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

La intervención pública en la economía es realmente muy importante, y se asienta sobre tres funciones fundamentales: asignación eficiente de los recursos, la redistribución equitativa de la renta y la riqueza, y, por último, la contribución a la estabilización de los ciclos económicos y la aportación al desarrollo.
Junto a ello, el Estado también tejió durante décadas una amplia red empresarial pública, volcada hacia sectores productivos estratégicos, integrada por empresas públicas sólidas y solventes, que permitieron reforzar el papel del Estado en la planificación estratégica de la economía.
Desde el inicio de la década de los años noventa, comienza a desplegarse una política de desmantelamiento del sector público empresarial, acorde con la estrategia trazada desde los grandes cenáculos financiero- industriales internacionales, que prácticamente está culminada en estos instantes.


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Ese proceso denominado eufemísticamente «modernización, optimización y racionalización del Sector Público», fue acelerado intensamente durante la anterior legislatura, a partir de la creación de la SEPI, sociedad estatal instrumental que ha servido de escaparate para la puesta en venta de empresas públicas, y cuya función primordial ha consistido en desgajar el sector público empresarial, y colocarlo en manos privadas, favoreciendo en la titularidad y control de las antiguas empresas públicas a un reducido grupo de bancos e instituciones financieras.
Ahora que la práctica totalidad de empresas públicas han sido privatizadas (el último gran bastión, IBERIA, va a serlo totalmente en apenas quince días), el Gobierno presenta este Proyecto de Ley con la intención política de reducir aún más el papel del Estado en la economía, relegándolo a ostentar meras funciones de supervisión y regulación de algunos sectores estratégicos, pero sin una capacidad de actuación e influencia decisorios en los mismos. Por ello, la exigua modificación legislativa apuntada por el Ejecutivo en este Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado contiene una honda intencionalidad política, al facilitar las facultades del Gobierno para incorporar a la SEPI participaciones accionariales de la Administración General del Estado, con el objetivo de ser ofertadas y vendidas al sector privado; constituyendo, en suma, una reforma al servicio de la estrategia de adelgazamiento primero, y ahora definitiva desaparición de la actividad pública en sectores económicos fundamentales.
La incorporación de participaciones accionariales de la Administración General del Estado a la SEPI es encomendada directamente al Gobierno, sin incluir ninguna previsión de participación de las Cortes Generales ni de las Comunidades Autónomas.
Tal y como ha sucedido durante el proceso de privatización de empresas publicas, con este Proyecto de Ley asistimos a una relegación de las Cortes Generales en la política de reestructuración de sectores económicos, otorgándoles solamente un papel secundario limitado a conferir autorización para proceder a la reordenación de las participaciones accionariales del Estado, y privándoles de cualquier participación directa y control posterior en la gestión de esa habilitación legal. En segundo término, se soslayan las competencias socioeconómicas de las CC.AA., al negarles la oportunidad de contribuir a la planificación general de la economía que la Constitución les atribuye, puesto que en el proyecto no se les concede ninguna posibilidad de participación en el proceso de trasferencia de participaciones accionariales a la SEPI, optando por una gestión de la política económica totalmente centralizada, en conflicto con el esquema institucional de la Constitución, fundamentada en la división de poderes y la descentralización territorial.
En definitiva, el núcleo de este Proyecto de Ley consiste en conceder al Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política económica, despreciando el papel institucional de determinación de la planificación general que les corresponde a las CC.AA. y a las Cortes Generales en lo relativo a decisiones de importante significación económica; llegando a simplificar de manera alarmante el mecanismo de transferencia de participaciones accionariales del Estado a la SEPI, en vez de articular un procedimiento de participación democrática, que conjugase la voluntad de las Cortes Generales y las opciones económicas de las CC.AA., en la adopción de las decisiones relativas a las participaciones societarias del sector público estatal.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/ 1964, de 15 de abril, publicado en el BOCG, serie A, número 34, de 9 de marzo de 2001 (núm. expte. 121/000034).


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley de referencia pretende habilitar al Consejo de Ministros para acordar la incorporación de participaciones accionariales de titularidad de la Administración del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o de ésta a aquélla. Adicionalmente se atribuye también al Gobierno la posibilidad de realizar tales adscripciones en relación con aquellas participaciones accionariales de las que sean titulares cualesquiera Organismos Públicos o entidades de Derecho Público.
Como puede observarse, el Proyecto de Ley tiene como único objetivo deslegalizar esta materia, otorgando una autorización general e incondicionada al ejecutivo para la reorganización de las sociedades integrantes del sector público estatal. Sin embargo, tal previsión ni se sustenta en un plan previamente diseñado ni responde a criterios de racionalización o unificación de los órganos o entidades de las que dependen las empresas afectadas, manteniéndose la dualidad de instanciasactualmente existente en el Ministerio de Hacienda.


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Si esto es así, resulta claro que el proyecto, lejos de suponer una mejora efectiva en la utilización de los recursos humanos y materiales, parece sólo perseguir el facilitar la libre y discrecional actuación del Gobierno en esta materia, lo que sin duda redundará en una mayor opacidad aún, si cabe, de la gestión y de los procesos de privatización de las empresas públicas, hurtando al Parlamento de una información esencial, tanto para el debido seguimiento de dichos procesos, como para el conocimiento del déficit real del Estado.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la devolución al Gobierno del proyecto objeto de la presente enmienda a la totalidad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (núm. expte. 121/ 000034).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al articulo Único.


De modificación.


Se propone la siguiente redacción del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 104 bis:

«En todos estos casos, el Acuerdo de Consejo de Ministros se adoptará previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en los términos previstos en el apartado 6 del presente artículo.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la siguiente enmienda.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo Único.


De adición.


Se propone la adición de un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:

«6. A efectos de la aplicación de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, el Gobierno, durante el último trimestre del año, remitirá al Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación, un informe que contendrá, al menos, los siguientes extremos:

a) Los objetivos y estrategias de gestión de las empresas y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el siguiente ejercicio.
b) Relación de las empresas y entidades cuyo cambio de adscripción se prevea realizar durante el siguiente ejercicio.
c) El programa de privatizaciones para el siguiente ejercicio.
d) Informe económico-financiero individualizado en relación con cada empresa o entidad en el que se expondrán los motivos que justifican el cambio de adscripción, su situación patrimonial y un plan de actuaciones y financiación que incluya las aportaciones financieras que se prevean realizar. Dicho informe contendrá, igualmente, una exposición pormenorizada de las repercusiones que el cambio de adscripción pueda tener en los Presupuestos Generales del Estado.


No podrá acordarse el cambio de adscripción de participaciones accionariales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo si la empresa o entidad no figura en la relación prevista en la letra b) del párrafo anterior.»

MOTIVACIÓN

Previsión necesaria para la debida racionalización de la gestión de las empresas y entidades integrantes del sector público, posibilitándose, igualmente, la información en esta materia.

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