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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 46-3, de 22/10/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie A: 22 de octubre de 2001 Núm. 46-3 PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000047 Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000047).


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000047).


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2001.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno.


A lo largo de este año, la economía interanual ha experimentado un proceso de ralentización económica que ha afectado especialmente a la economía americana, agudizada por el ataque del pasado 11 de septiembre, lo que añade nuevas incertidumbres al panorama internacional, y a la economía japonesa, que se encuentra en fase de recesión.
Este entorno económico ha afectado negativamente a la economía de la zona euro y, en particular, a la economía española, cuyas previsiones distan de las realizadas por el Gobierno hace escasamente un año. La economía española crece menos de lo previsto, crea menos empleo de lo estimado, y es más inflacionista de lo que preveía.
El Gobierno, sin embargo, haciendo oídos sordos a esta realidad, plantea en el Proyecto de Presupuestos para el año 2002 un cuadro macroeconómico que no se acomoda a los cambios del entorno.
Además, el objetivo estratégico de política económica, cual es el déficit cero en las cuentas públicas, lejos de contrarrestar el impacto negativo que proviene del exterior, contribuirá a ahondar aún más en el proceso de ralentización que se observa en la economía española.
A juicio del Grupo Vasco, entendemos que estas cuestiones justifican sobradamente la presentación de esta enmienda a la totalidad con la que se solicita la devolución de este Proyecto de Presupuestos al Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña

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(BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución del Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000046).


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2001.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Ignacio Aymerich Cano, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE: Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

El Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego) considera que los Presupuestos del Estado para el año 2002 se presentan, como en los ejercicios anteriores, como unos presupuestos restrictivos, socialmente regresivos e incapaces de impulsar la convergencia con la UE que es, según la propaganda oficial, uno de los objetivos del Gobierno. Resulta especialmente preocupante que se mantenga la misma línea de actuación y los mismos análisis para un contexto caracterizado por una recesión internacional que ya nadie niega.
Nunca la consideración del déficit cero como un fetiche puede ser la panacea para la economía de un Estado caracterizado por profundos desequilibrios territoriales y sociales, al mismo tiempo desequilibrado, en todos los índices, respecto de la media del espacio económico con el que aspira a converger. Empecinarse en este criterio, en una situación internacional en la que los demás Gobiernos de la UE reconocen la necesidad de hacer más laxa la teoría sobre el déficit cero y el equilibrio entre ingresos y gastos, no hace más que colocar en una dialéctica más peligrosa la evolución económica del Estado español.
Por lo demás, esta teoría formal no deja de tener graves lagunas e incluso mucho de ingeniería financiera. No se puede entender de otra manera la forma en que se piensa enjugar el déficit estatal del 0.5 por 100 del PIB, recurriendo al superávit de la Seguridad Social.
Esta artimaña, además de fraudulenta, es contraria a los intereses de los ciudadanos y al funcionamiento expansivo de las coberturas sociales. Las expectativas del Gobierno respecto al crecimiento del PIB (2.9 por 100) resultan poco realistas. Todos los organismos financieros internacionales, antes de la actual recesión, cifraban el crecimiento en un 2.8 por 100. Pero cada vez es más evidente que lo realista será un crecimiento del 2 por 100. Las cuentas del Gobierno no están, por lo tanto, bien ajustadas. Existirá una diferencia en los ingresos, a la baja, que habrá que compensar de alguna manera.
La fiscalidad indirecta sigue primando sobre la directa. Así nos encontramos en un ejercicio en el que se dejarán de ingresar 800.000 millones de pesetas por cotizaciones del IRPF, debido a la reforma de este impuesto. El Gobierno rebaja la tasa radioeléctrica a las compañías telefónicas, pero se suben los peajes de las autopistas y el IVA del butano para uso doméstico.
El carácter anti-social y regresivo de los Presupuestos se evidencia, una vez más, en la negativa a que aumente la demanda interna a través de una subida de salarios adecuada para los trabajadores de la Administración y para los pensionistas. El aumento del 2 por 100 incidirá en una pérdida de poder adquisitivo que se viene repitiendo desde hace muchos años. El IPC subirá más que este 2 por 100, como viene ocurriendo también desde hace años, por lo que la demanda interna se restringe y las condiciones de vida empeoran, tanto para los funcionarios como para los trabajadores en general. Por último, el objetivo de aumentar el empleo en 1.8 por 100 demuestra el reconocimiento del fracaso de la política del Gobierno en este terreno. Mucho más cuando el empleo creado sigue siendo mayoritariamente precario e inestable.
En conclusión, estamos ante unos Presupuestos rutinarios, continuistas, que siguen apostando por dejar la economía del Estado español a capricho de lo que llaman libre mercado. Es continuar dentro de la militancia entusiasta en la ortodoxia neoliberal, cuando ésta se demuestra incluso más peligrosa.
En relación con las inversiones del Estado en Galicia, el BNG quiere destacar las siguientes características:

1. Continúa la marginación estructural. Para el ejercicio 2002, se invertirá por cada gallego o gallega un total de 37.590 pesetas. La media estatal por habitante es de 75.404 pesetas. Esta relación Galicia/Estado es la habitual. Estamos ante una consideración cualitativa.
2. Después del Ministerio de Fomento (28.938 millones de pesetas), el Ministerio más inversor es el de Defensa (19.000 millones de pesetas). Resulta fraudulento atribuir a Galicia la totalidad de las inversiones destinadas a la construcción de las Fragatas F-100 o al mantenimiento de la flota de la Marina de Guerra. No es difícil de entender que, en una industria de enclave como la naval, una gran parte de la inversión para construir los buques no repercute en la zona donde está instalada, además de que la carga de trabajo se reparte con otras factorías del grupo IZAR.
3. Las inversiones en ferrocarril (15.564 millones de pesetas) resultan insuficientes para la ejecución de un plan que dote a Galicia, no ya de un ferrocarril de alta velocidad, sino de un ferrocarril convencional adecuado

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para el siglo XXI, en un período de tiempo aceptable. Construir una obra del Eje Atlántico, consistente en doble vía entre A Coruña-Vigo, en un período de diez años, con una situación de colapso del tráfico ferroviario y con velocidades medias actuales de 60 km/h, resulta bien elocuente. Galicia es la única Comunidad Autónoma, junto con Cantabria y Extremadura, que no figura para nada dentro de las inversiones del GIF, lo que hace más evidente el hecho de que no contará con infraestructuras de alta velocidad propiamente dichas.
Por las razones expuestas de carácter general, el modelo socio- económico subyacente, y de carácter particular, las inversiones en Galicia, es por lo que el Grupo Mixto-BNG presenta esta enmienda de totalidad.


A la Mesa del Congreso de los Diputados.


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/ 000046).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE: Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Eusko Alkartasuna presenta una enmienda a la totalidad, solicitando, en consecuencia, su devolución de acuerdo con los siguientes argumentos:

El Gobierno del Partido Popular nos presenta unos Presupuestos para el año 2002 que, a juicio de Eusko Alkartasuna, resultan contradictorios. Presentan muchos elementos de incertidumbre y continuistas respecto de anteriores Presupuestos, especialmente en lo que corresponde al llamado «déficit cero» o equilibrio presupuestario.
Son varias las razones de carácter técnico que pueden aducirse al criticar el Proyecto presentado por el Gobierno.
Como ya señalábamos en ejercicios anteriores la mayor dificultad del déficit cero era tratar de conseguirlo a costa de no invertir en el futuro, es decir, en aquellos factores que se aluden al hablar de la nueva economía, y entre los que se encuentran las inversiones en la sociedad de la información, conocimiento o comunicación. La inversión en investigación y desarrollo en estos Presupuestos sigue estando muy alejada de la media europea, a pesar de que el Gobierno declara su posición de considerar prioritario el capítulo de investigación, desarrollo e innovación: Estamos hablando de una inversión estatal en I+D que sigue sin superar el 0,9 por 100 del PIB, cuando la media europea se instala en el 1,8-1,9 por 100 y por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca invierte con recursos propios un 1,3 por 100 de su PIB en I+D.
Resulta, pues, difícil pensar que se dan las condiciones para que se pueda asegurar el crecimiento como lo hace el Gobierno en el futuro inmediato, especialmente cuando no se pueda utilizar los factores tradicionales, tanto de demanda y de oferta, que han permitido el crecimiento de la economía, especialmente en los últimos años.
A mayor abundamiento, podríamos apuntar que:

1. El proyecto de presupuestos se ha basado en unas previsiones de desaceleración de la economía mundial inferiores a las que realmente estiman organismos tan prestigiosos como el Fondo Monetario Internacional.


2. Las previsiones de crecimiento del PIB para el Estado español son superiores a las que estiman organismos como el citado (2,7 por 100 para 2001 y 2,8 por 100 para 2002, según FMI, frente a 3 por 100 para 2001 y 2,9 por 100 según el proyecto de presupuestos).
3. En este sentido, en una situación de desaceleración lo primero que se nota es la caída del consumo y del empleo y consecuentemente, los ingresos presupuestados parece que serán menores que las propuestas en el proyecto de presupuestos.
4. Los gastos corrientes suben (9,4 por 100) por encima de la inflación prevista y del crecimiento del PIB.


Pero además, preocupa que estos Presupuestos puedan conseguir el objetivo final que debemos pretender, avanzar hacia la convergencia real. Resulta difícil de admitir que el déficit cero, con las dificultades de inversión anteriormente citados, inversión en infraestructuras, educación... pueda permitir ir en la dirección de avanzar y alcanzar la convergencia real. Ello nos lleva a suponer que difícilmente la renta española pueda alcanzar e igualar la media europea.
Estos presupuestos parecen haber obviado la realidad en la que deben ser aplicados, no teniendo en cuenta

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las incertidumbres que hoy existen en la economía mundial, agravadas tras el 11 de septiembre. Resulta curioso que el cuadro macroeconómico que se presenta a finales de septiembre sea el mismo que el de julio, como si nada hubiera sucedido.
Además, partir de un objetivo de inflación del 2 por 100 para el año 2002 cuando hemos visto que en el año 2001 se ha casi doblado el mismo y que existe entre los analistas un cierto consenso relativo a que el IPC pueda estar en torno al 3 por 100, algo difícil de creer.
Igualmente, sucede con el crecimiento que se establece para el 2002.
Se señala en los Presupuestos que la economía española va a crecer incluso más que en el 2001, el 2,9 por 100, lo que, según muchos analistas, desborda todas las previsiones, incluso las más positivas sobre la evolución de la economía.
Coincidimos en que la búsqueda del equilibrio presupuestario es loable desde un punto de vista académico, pero en una situación de desaceleración económica se hace preciso que el Sector Público ejerza un efecto tractor en la economía. Si bien la política presupuestaria y la actividad financiera del sector público en orden a conseguir el déficit cero debe de enmarcarse en el pacto de estabilidad y crecimiento del Consejo de la Unión Europea y el Reglamento correspondiente del Consejo, de fecha de 7 de julio de 1997, no es menos cierto que este pacto permite hasta un 3 por 100 de endeudamiento en circunstancias especiales como la de desaceleración económica.
En segundo lugar, razones de desacuerdo en las políticas sociales, que nos sitúan nuevamente ante unos presupuestos insolidarios.
En este sentido, se puede aducir que:

1. Las inversiones en infraestructuras, si bien sufren un incremento notable (10,4 por 100), se hace constar el incremento del presupuesto de inversiones en Defensa (23 por 100) que consideramos que debieran dedicarse a unas mejores prestaciones sociales.
2. El equilibrio fiscal previsto en el Proyecto de Presupuestos se basa en el superávit de la Seguridad Social. Dicho superávit, en lugar de maquillar las cuentas generales, sería más correcto que fuera empleado para mejorar las prestaciones sociales o, en su caso, para incrementar las reservas pertinentes para años futuros y así consolidar el sistema de previsión social público.
3. En lo que podría ser calificado como vorágine recaudatoria, por segundo año consecutivo la tarifa del IRPF no ha sido deflactada según la inflacción con lo que los ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a pagar más de lo que realmente crecerá su renta efectiva, afectando este punto, en mayor medida, a aquellos ciudadanos cuyas rentas son menores y especialmente a aquellos receptores de rentas de trabajo.


Por último y en tercer lugar, aspectos fundamentales para nosotros avalan esta justificación global al rechazo del Proyecto de Presupuestos presentado: resulta imprescindible denunciar un año más el incumplimiento de las atribuciones competenciales establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (L.O. 3/1979, de 18 de diciembre), que se materializa en estos presupuestos.
Resulta contradictorio, por no decir un sarcasmo, que el Gobierno declare constantemente su defensa del Estatuto de Gernika cuando en sus actuaciones y a través de la iniciativa legislativa incumple aspectos vitales para el desarrollo del autogobierno de la CAPV, no permitiendo que las instituciones de la comunidad tengan todos los instrumentos políticos necesarios que por ley le son propios para hacer frente a los problemas económicos, sociales y, muy especialmente, al grave problema de la falta de empleo.
Como ejemplo, que abona nuestra postura, basta citar una vez más, la posición del Estado ante transferencias básicas para el desarrollo socio-económico: investigación, políticas de empleo, etc., o la presentación por parte del Gobierno del Estado de proyectos que como el de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no respetan las competencias que en materia presupuestaria y fiscal corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra en virtud del Concierto y Convenio Económicos.
La única defensa del Estatuto es cumplir el mismo y, para ello, proceder a transferir las competencias relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), la Investigación Científica y Técnica en coordinación con el Estado (artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), así como las demás transferencias pendientes en materia socio-laboral y relativas al empleo y formación y cuyo desglose puntual comprende las prestaciones por desempleo, intermediación, promoción y gestión del empleo, formación profesional, regulación, INSS, inspección de trabajo o fondo de garantía salarial.
Nos encontramos ante un incumplimiento del Estatuto y una actuación que se corresponde más a una regresión autonómica que a la aplicación de los Estatutos de Autonomía, tal y como fueron aprobados y ratificados por los ciudadanos en este caso de la CAPV.
Cabe añadir una última razón: las inversiones que este Proyecto de Presupuestos prevé para la Comunidad Autónoma del País Vasco son inferiores a las de ejercicios pasados (7,1 por 100 respecto de 2001), inferiores a las que corresponden por la ausencia de casi 40 transferencias contenidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco e inferiores a las que corresponden al cupo del País Vasco al Estado (6,24 por 100 de aportación frente a 1,2 por 100 de inversiones). De esta manera, el País Vasco se ve obligado a detraer recursos propios para hacer frente a dicha discriminación.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (121/000046).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

Enmienda de totalidad de devolución.


Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, elaborados por el gobierno del Partido Popular, se conforman como un mero ejercicio contable, ajenos a la desaceleración económica mundial y al temor de una crisis generalizada, y sin capacidad de respuesta ante un contexto caracterizado por el deterioro de las expectativas, un exceso de capacidad productiva y una escasez por el lado de la demanda. El Gobierno afirma que las bases de nuestra economía son sólidas, que estamos en condiciones de afrontar sin grandes esfuerzos un contexto recesivo internacional, y plantea el equilibrio presupuestario y ciertas rebajas impositivas a las empresas como la respuesta a la incertidumbre internacional.
Sin embargo, nuestra economía, que va consolidando los signos de desaceleración, se encuentra en una situación de relativa debilidad a la hora de afrontar un posible ciclo recesivo. Nuestro diferencial de inflación con los países de la zona monetaria del euro y el reducido crecimiento de la productividad en nuestro país, las menores dotaciones de capital físico, tecnológico y humano, nuestra débil estructura de ingresos (basculada hacia la imposición indirecta), o unos niveles de protección social por debajo del promedio comunitario, son rasgos que así lo explican. Por no hablar de las todavía elevadas tasas de desempleo y precariedad y de la desmesurada rotación en la contratación temporal. Con esta estructura laboral es impredecible atisbar los efectos de una recesión, o de una profunda desaceleración sobre el mercado de trabajo.
En estas condiciones, el objetivo de déficit cero para 2002 reduce los márgenes de maniobra y puede ser responsable de que la política fiscal no se utilice para sostener la actividad económica y la creación de empleo, y para mejorar nuestra protección social.
Más allá del fundamentalismo del Gobierno sobre el déficit público, estos Presupuestos son un cúmulo de despropósitos que los convierten en papel mojado. Las previsiones macroeconómicas sobre las que se sustentan son absolutamente inconsistentes al no reflejar el previsible impacto de la contundente desaceleración de la economía mundial y contribuyen al descrédito de la política económica del Gobierno. Estimar que la economía española va a crecer en 2002 un 2,9 por 100, en términos reales, es un acto de fe carente de sentido, y establecer una previsión de inflación del 2 por 100, una política deliberada para provocar pérdidas de poder adquisitivo a buena parte de la población asalariada.
Son, además, unos Presupuestos abonados a una falta de transparencia y claridad inaceptables. Existen partidas de ingresos y gastos sin homogeneizar y la llamada «contabilidad creativa» es doctrina oficial, utilizando la cuenta financiera para que ciertos gastos no tengan impacto sobre el déficit público actual. Son mecanismos que, además de maquillar el déficit, reducen la capacidad de acción de los instrumentos de control presupuestarios y restan, si cabe, más credibilidad a las cuentas públicas.
El Sector Público no va a recuperar su papel inversor, imprescindible en estos momentos para sostener la actividad económica y aproximarnos a la media comunitaria en el nivel de infraestructuras, cuestión que se agrava por la escasa y deficiente ejecución posterior a la inversión pública. De la misma forma, el esfuerzo público en investigación es absolutamente insuficiente, y la deriva hacia el gasto militar ronda el 40 por 100 del total del gasto en I+D+I.
Los empleados públicos seguirán soportando pérdidas en su poder adquisitivo, continuará la sustitución de empleo estable por temporal en la Administración y estos Presupuestos no van a contribuir a mejorar nuestra protección social y a cerrar la brecha que nos separa de nuestros sordos socios comunitarios.
El pretendido equilibrio presupuestario que nos ofrece el Gobierno se consigue gracias al superávit de la Seguridad Social, utilizando recursos que deberían destinarse a prestaciones sociales. El Gobierno, ni siquiera recoge en estos Presupuestos las mejoras en ciertas pensiones que materializaba el «Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social», y remite a la Comisión de Seguimiento esta cuestión para discutir el momento de su efectiva aplicación.
La situación es especialmente sangrante en lo que respecta a la protección por desempleo. El Estado no aporta nada para la financiación del INEM y buena parte del excedente de este organismo se traspasa a los empresarios vía subvenciones a la contratación. Las políticas activas, si descontamos esta transferencia de recursos, se reducen al 0,48 por 100 del PIB, un porcentaje irrisorio en comparación con nuestros socios comunitarios.
Respecto a los ingresos públicos, la evolución de las principales figuras tributarias que estima el Gobierno

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se corresponde con una situación económica que ni los más optimistas esperan se produzca en 2002. La reducción de impuestos a las empresas y los mayores incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, además de su coste en términos de recaudación, sumarán mayor regresividad a nuestro sistema impositivo. Pero también son medidas inoportunas y seguramente poco efectivas en los momentos actuales.
No es posible concluir que las ayudas fiscales a las empresas aseguren una recuperación de la inversión privada porque la decisión de invertir está relacionada con las expectativas sobre los rendimientos esperados del propio proyecto de inversión y las rebajas fiscales no van a alterar la naturaleza rentable o no de la inversión. Tampoco tiene mucho sentido promocionar el ahorro a medio y largo plazo, procurando mayores incentivos a la previsión social complementaria, cuando las incertidumbres actuales sobre la economía justifican un impulso del consumo, no del ahorro.
La política desfiscalizadora del gobierno del Partido Popular, además de la regresividad impositiva que supone y del reparto injusto de la carga fiscal que conlleva, impide consolidar a medio plazo una estructura de ingresos públicos suficiente que aporte el preciso nivel de recaudación para poder avanzar en un verdadero proceso de convergencia real con Europa, particularmente en lo que respecta al gasto social.
Con la estructura de ingresos que tiene nuestro país (una presión fiscal muy inferior a la comunitaria) y con las medidas tributarias que se aplican, el fundamentalista sobre el déficit público se traduce en un ataque al gasto público. Nuestra economía necesita mayores dotaciones de capital físico y humano para avanzar en un verdadero proceso de convergencia real y para aumentar la productividad global de nuestro sistema económico. El Sector Público debería cumplir un importante papel en este sentido, pero la política del gobierno del Partido Popular lo complica sustancialmente.
Izquierda Unida propondrá una nueva orientación en la política presupuestaria para que las prioridades de estos Presupuestos se centren en sostener la actividad económica, potenciar la creación de empleo, fortalecer los mecanismos de cohesión social, y mejorar la situación laboral de los empleados públicos. Es preciso realizar un esfuerzo mayor en el gasto público, tanto en su componente de inversión como en gasto social, y revisar y reducir el conjunto de beneficios fiscales en algunos tributos. En los momentos actuales, es asumible y oportuno para nuestra economía un déficit público razonable, una política activa y anticíclica desde los Presupuestos que ayude a estimular la demanda interna.
Por todo ello, Izquierda Unida rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000047), a instancia del Diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya- Verds.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE: Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Iniciativa per Catalunya-Verds propone al Congreso de los Diputados la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2002, por poco creíble, poco transparentes, insatisfactorios, insolidarios y regresivos, especialmente por lo que respecta a la política social.
Estamos ante una coyuntura económica marcada por dos elementos: el descenso de la actividad productiva a nivel mundial y la incertidumbre que genera la crisis internacional consecuencia de los atentados a los Estados Unidos y la contestación militar posterior.
El primer elemento era previsible, pero el Gobierno ha proseguido su trabajo como si la coyuntura económica favorable no tuviese nunca fecha de caducidad, hecho que se agrava si tenemos en cuenta que últimamente aparecían señales de debilidad que anunciaban esta situación de desaceleración. En estos momentos, mientras el Gobierno prevé un aumento del PIB en un 2,9 por 100, las cifras que estiman el crecimiento de la economía en el Estado para este próximo año se sitúan entre el 2 por 100 y 2,5 por 100, con lo que el cuadro macroeconómico de los PGE que presenta el Gobierno puede calificarse de irreal.
El segundo elemento -imprevisible hace tan sólo un mes y medio, pero presente en las informaciones diarias desde el pasado 11 de septiembre- acentúa la irrealidad del escenario diseñado por el Gobierno, puesto que añade elementos de distorsión en la actividad económica y la creación de empleo. La posición dogmática del equilibrio presupuestario que mantiene el Gobierno y la pérdida continuada en recaudación consecuencia de las reformas del IRPF chocan frontalmente con la incertidumbre expresada. Estos dos ele mentos

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refuerzan a quienes han ido proponiendo el desarrollo de políticas públicas fuertes ante las oscilaciones del ciclo económico.
Posteriormente, haremos más referencias a las políticas de gasto social.
Una segunda característica que marca a este Proyecto de Ley es la poca transparencia. Después del acuerdo sobre la financiación autonómica, la Hacienda del Gobierno del Estado no recibirá los mismos ingresos tributarios que en pasados ejercicios. Los principales descensos se manifestarán en el IRPF y el IVA. Es obvio que el Gobierno reconoce este cambio, pero no es menos cierto que ha aprovechado la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica para hacer más opacas las previsiones de ingresos para el 2002.
Tercera característica de los PGE y repetida por esta formación política en los últimos tiempo: insatisfactorios. Insatisfactorios porque, a partir de una apología constante sobre el déficit cero, la insuficiencia del gasto público y social continua estando al orden del día.
El Proyecto de Ley contempla el equilibrio gracias a un superávit de la Seguridad Social que compensa el déficit en la misma cuantía en el Estado (un 0,5 por 100 del PIB). Es por ello que resulta incomprensible que el gasto público en protección social -como nos recuerda cada año Comisiones Obreras- se sitúe cinco puntos por debajo de la media comunitaria (un 22 por 100 respecto al PIB frente a un 27 por 100 de media en la Unión Europea). El gasto ha disminuido en el Estado español en 3,1 puntos desde 1993. En este marco encontramos que la cobertura asistencial para las personas en situación de pobreza severa es muy reducida puesto que dos terceras partes de estas personas no tienen ningún tipo de protección económica. Las personas que trabajan en peores condiciones se verán perjudicadas por la decisión de revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tan sólo en función de la inflación prevista.
Por otro lado, hay que señalar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de la función pública.
La disminución de ingresos producto de la reforma del IRPF reitera nuestra crítica al modelo de fiscalidad que el Gobierno defiende y que Iniciativa per Catalunya-Verds viene denunciando desde el año 1998. Esta fiscalidad comporta un modelo de redistribución de riqueza injusto y su aplicación supone que el Gobierno no disponga de unos 800.000 millones de pesetas anuales.
Desde nuestra perspectiva de fuerza política catalana cabe destacar que las inversiones del Estado en Catalunya siguen descendiendo. Un ejemplo está en las inversiones reales del Ministerio de Fomento. La suma de las partidas supone una reducción del 12,3 por 100 respecto al pasado ejercicio. Además, hay que tener en cuenta que el AVE es quien se lleva la mayor parte de la inversión destinada a Catalunya en estos presupuestos. La reducción del 14,9 por 100 en las partidas destinadas a carreteras y la del 8,3 por 100 en ferrocarriles (con el detalle del descenso del 14,9 por 100 en los trenes de cercanías), nos confirman que el modelo de estado del actual Gobierno es centralizado (además de centralista, tal como apuntamos en nuestra intervención en el debate de investidura del Presidente).
La política continuista de I+D. Según la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 han presentado de nuevo una inversión millonaria para la investigación y desarrollo del material militar. Desde hace unos años, el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología (anteriormente Ministerio de Industria), concede una importante cantidad de préstamos a largo plazo para las empresas que desarrollan algunos productos militares (fragatas F-100, aviones supersónicos de combate EF-2000, tanques Leopard y aviones patrulla P-3 Orión). La evolución en estos últimos años acentúa la prioridad que el Gobierno concede a los programas militares. El gasto que el Gobierno atribuye a I+D militar es superior al gasto del Estado en infraestructura ferroviaria. No es gratuito en estos momentos señalar que se debe desmilitarizar la actividad científica y reforzar todas las actividades dedicadas a la investigación sobre prevención de conflictos, derechos humanos, cultura de paz, desarme y desarrollo que, en España, apenas cuentan con fondos públicos.
Podemos, pues, concluir que el rechazo de Iniciativa per Catalunya- Verds a estos presupuestos es fruto de una sordera social que el Gobierno muestra frente la sociedad y que caracteriza esta legislatura. Parafraseando a un analista económico, los discursos dogmáticos sobre equilibrio presupuestario pueden sobrevivir en bonanza, pero muestran sus contradicciones en momentos como éste. La denuncia constante que venimos haciendo sobre las oportunidades de aumentar las prestaciones sociales para situarnos a la altura de esta Europa a la que pertenecemos es hoy una voz de alarma ante las incertidumbres que pesan sobre las actividades económicas.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000047)..


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo ParlamentarioMixto.


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ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE: Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 mantiene la misma lógica política, económica y social que ha inspirado los anteriores proyectos presupuestarios del gobierno del Partido Popular y que han sido utilizados para desmantelar el sector público a través de privatizaciones y para aumentar las desigualdades sociales con reformas impositivas claramente regresivas.
Una vez más, el Gobierno ha realizado un presupuesto basado en unas previsiones macroeconómicas excesivamente optimistas, lo cual es especialmente preocupante en un año en que la coyuntura económica mundial sufrirá graves trastornos a raíz de los terribles acontecimientos del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos y la respuesta militar que éstos han generado.
La actual incertidumbre económica internacional, acrecentada por un conflicto bélico de desconocida duración, pero largamente anunciado durante los últimos meses, no hace creíbles las previsiones de crecimiento económico que recoge este proyecto de presupuestos, ni tampoco la tasa de inflación anunciada por el Gobierno. Se trata, por lo tanto, de unos presupuestos que se sustentan en unos pilares muy débiles, lejos de la realidad presente y futura de la economía española, que los convierten ya antes de ser discutidos en las Cortes en unos presupuestos obsoletos.
La obsesión del Ejecutivo por la consecución del déficit cero (olvidada queda ya la promesa de superávit para el presente ejercicio) limita la acción económica del Gobierno al renunciar a utilizar el principal mecanismo de política económica de que dispone: el Presupuesto. Así, en un ejercicio donde sería necesaria una acción de gasto e inversión decidida para contrarrestar los efectos de la desaceleración económica, el Gobierno vuelve a fijar como objetivo básico el equilibrio presupuestario.


Además, estos presupuestos renuncian de nuevo a progresar en la convergencia real con los países de nuestro entorno europeo, ya que el diferencial de crecimiento de la economía española se va reduciendo y, a pesar de que aún crecemos por encima de la media de la Unión Europea, nuestra renta per cápita y, por lo tanto, nuestro bienestar están todavía lejos de los niveles medios europeos.
Como ya hemos destacado, un año más, el Proyecto de presupuestos no refleja la realidad económica española, en especial por lo que se refiere al comportamiento de los precios. El Proyecto de Ley vuelve a contemplar para el año 2002 un crecimiento de los precios idénticos al del año anterior, fijado en el 2 por 100. Esta previsión no concuerda ni con la evolución reciente del IPC (el pasado ejercicio ya se superó con creces la previsión del Gobierno y este año la situación volverá a repetirse) ni con las tensiones inflacionistas inherentes a la actual coyuntura económica. En suma, el hecho de realizar una programación presupuestaria basándose en una previsión de la inflación fuera de todo realismo económico y con tan poco rigor científico en su cálculo convierten estos Presupuestos en un proyecto nada creíble bajo cualquier punto de vista.
El equilibrio presupuestario que persigue el Gobierno y que impone a las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, con una ley fuertemente involucionista en el terreno autonómico, al tiempo que se presume de un incremento de las inversiones reales o de un aumento de los gastos de tipo social, no deja de ser otro maquillaje contable más de este Gobierno y no consigue esconder el carácter regresivo de la actual política presupuestaria. Un carácter regresivo que consagra el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2002 al concentrar el esfuerzo fiscal en las rentas del trabajo y, fundamentalmente, en los tramos de rentas bajas y medias, por la vía de incrementar la fiscalidad directa sobre la renta de las personas físicas, cuyo impuesto no actualiza las escalas de gravamen, y por la vía del incremento de la presión fiscal indirecta en conjunto, lo que contribuye a reforzar un sistema fiscal regresivo, insolidario e incapaz de generar, como se ha puesto de manifiesto en recientes estudios, una redistribución de la renta.
Para el 2002, el Gobierno ha previsto un crecimiento de las inversiones inferior al del ejercicio anterior, pero manteniendo, un año más, una distribución territorial claramente discriminatoria para diversos territorios, en especial para Catalunya, que tan sólo consigue el 5,24 por 100 de las inversiones territorializadas del sector Administración Pública estatal, frente al 16 por 100 de la población que representa Catalunya en el seno del Estado o el 23 por 100 de la aportación fiscal a las arcas del Estado por parte de los ciudadanos y ciudadanas catalanas.
A pesar de que en la inversión del sector público empresarial Catalunya se sitúa en segundo lugar (situando la inversión total del Estado en Catalunya en el 14,5 por 100), cabe destacar que estas inversiones se concentran en un gran y único proyecto, el Tren de Alta Velocidad, que acaba por llevarse, como ya ocurrió en el 2001, la práctica totalidad de la inversión del Estado en Catalunya para el año 2002. Esta podría considerarse una mejora significativa en el tramo inversor del Gobierno, pero la continua discriminación que padece Catalunya por parte del Estado en esta materia sigue también patente en el presente ejercicio, ya que sólo seproduce una mejora muy puntual y en un proyecto

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repetidamente congelado, y está lejos de situar al territorio catalán en los niveles de stock de capital público que le corresponderían por el peso de su población, su actividad económica o su contribución fiscal. La deuda histórica que padece Catalunya en inversión pública sólo se compensará con mayores y continuados incrementos de ésta y con unos presupuestos como los que pretende aprobar este Gobierno; esta discriminación continuará existiendo a largo plazo.
Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Labordeta (CHA), presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm.
121/000047).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE: Don José Antonio Labordeta Subías (Grupo Parlamentario Mixto)

Enmienda a la totalidad de devolución:

Chunta Aragonesista propone al Congreso de los Diputados la devolución al Gobierno de este proyecto de ley por los siguientes motivos:

1. Vuelven a repetirse los errores que motivaron el año anterior la presentación de una enmienda a la totalidad: falta de diálogo, escasa transparencia, abandono de criterios públicos, insuficiente apoyo a programas sociales -especialmente en la cuestión de la vivienda-, ausencia de elementos correctores de desequilibrios territoriales, insuficientes inversiones en Aragón...


2. Las previsiones macroeconómicas no son realistas, a pesar de contar con la experiencia de lo que está ocurriendo con el presupuesto en vigor, en el que las perspectivas no se están cumpliendo, especialmente en cuestiones como la del IPC, donde la realidad va a doblar las previsiones del Gobierno con el impacto que supone en todos los ámbitos de la economía. Lejos de adoptar una postura prudente, acorde a la situación de crisis internacional, se vuelve a insistir en tasas de crecimiento del PIB cercanas al 3 por 100, con una previsión de crecimiento de la inflación del 2 por 100 y apostando porque la liquidación de este año alcanzará el equilibrio deseado en las cuentas. El incumplimiento de todos estos objetivos va a provocar un aumento del déficit, actualmente superior al que ya se propuso como objetivo para el 2001 y todo ello, teniendo en cuenta que se está forzando al alza la previsión de ingresos.
3. Este proyecto de ley está inmerso en un proceso de desorientación en los criterios y objetivos aplicados, por parte de sus máximos responsables, que bien pudiera ser consecuencia directa de la crisis política en la que se encuentran instalados los que actualmente ocupan las carteras ministeriales más implicadas en los Presupuestos.
Situación de inestabilidad que afecta, indudablemente, a la credibilidad y continuidad al frente de su gestión.
Un ejemplo de los cambios de criterio que generan, como mínimo, una sensación de ambigüedad es el siguiente: el texto de Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, fechado el 25 de septiembre de 2001, vuelve a apostar decididamente por el denominado «déficit cero», de hecho se indica textualmente «el equilibrio presupuestario garantiza la neutralidad del presupuesto y reafirma las prioridades y restricciones a las que se enfrenta el Gobierno», por el contrario a los pocos días, trece para ser más concretos, el Secretario de Estado de Economía, anuncia públicamente que el Gobierno está dispuesto a afrontar la renuncia a este objetivo, en función de las circunstancias económicas.
Es decir, uno de los elementos, incluso obsesivos, sobre los que sustenta la elaboración de estos presupuestos queda en suspenso, por un cambio de orientación que compartimos desde CHA, pero que cuestiona la acción, rigor y la capacidad del Gobierno a la hora de afrontar esta nueva coyuntura internacional. Hecho que plantea varias preguntas como: ¿cuáles son las áreas de actuación donde el Gobierno tiene previsto actuar para potenciar el crecimiento económico, en su caso?, ¿volverán a cambiar nuevamente de opinión y buscarán el «déficit cero» como objetivo prioritario? 4. Estos PGE para 2002 toman como base determinadas leyes, impulsadas por este Gobierno en la actual legislatura, que no compartimos, porque suponen: un evidente retroceso autonómico, potencian lo privado frente a lo público y no satisfacen las necesidades de financiación para territorios como el aragonés.
Así, según se indica, la característica principal de los PGE es la producida por «la traducción presupuestaria del nuevo sistema de financiación», igualmente, ocurre con la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria,

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además son los Presupuestos donde se ponen en marcha, tras la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, la denominada sociedad para la «Infraestructura del Trasvase, Sociedad Anónima», en un ejemplo de escaso rigor en la gestión de los fondos públicos, dado que el Plan Hidrológico tiene presentados varios recursos ante el Tribunal Constitucional y denuncias ante la Comisión Europea que podrían afectar a su desarrollo, provocando la paralización de la inversión, perdiéndose, por tanto, todo lo realizado.
5. No compartimos tampoco las prioridades de inversión. A pesar de los aumentos que se indican en todos los ámbitos, en un análisis detallado de las áreas, con respecto al porcentaje que suponen en el total de los PGE, observamos: el escaso peso que todavía siguen teniendo en el gasto las políticas de justicia -cinco veces menos que las políticas de defensa-, las de industria y energía, el escaso peso de programas como educación con sólo un 0,8 por 100 del total o la atonía en la que se encuentra inmerso un Ministerio como el de Ciencia y Tecnología, con apenas un 1,8 por 100 del porcentaje de los PGE, destinado a investigación, de las que, además, una gran parte son para desarrollar cuestiones militares. Queremos resaltar que existe una cantidad de dinero, mil millones de euros para gastos de fragatas, carros de combate, aviones..., similar a la destinada a préstamo para empresas, a potenciar el sector turístico...
Actividades productivas que sí dinamizan la economía y la creación de empleo...
Por tanto, las cifras aportadas en el análisis comparativo interdepartamental no las consideramos positivas e, igualmente, en un análisis lineal tampoco consideramos adecuadas otras actuaciones, especialmente las denominadas políticas de vivienda. Destacamos que la cantidad dedicada a este aspecto sigue siendo prácticamente idéntica a la del año anterior, y supone en ambos casos el 0,3 por 100 del total. Desde CHA estimamos que en un momento en el que, según el informe publicado por el boletín económico del Banco de España, el precio del suelo urbano subió durante el año pasado un 35,6 por 100, lo que ha originado un alza del precio de la vivienda, debería haberse realizado mayor esfuerzo presupuestario. Además, hay que añadir las propias recomendaciones del Defensor del Pueblo en su informe 2000, donde ya indica la necesidad de reformar la financiación de las haciendas locales para posibilitar actuaciones directas que permitan el acceso a la vivienda a los sectores sociales más desfavorecidos.
También queremos destacar las críticas realizadas, desde determinados ámbitos sindicales, a otro de los aspectos que consideramos importantes: el empleo, ya que existe gran preocupación por el futuro de las prestaciones económicas por desempleo, según indican los propios sindicatos: «la recaudación prevista oficialmente para las cuotas sociales reflejan un ritmo de actividad económica muy inferior al del actual ejercicio, llegando incluso a indicar destrucciones de puestos de trabajo. Sin embargo, la dotación fijada para el gasto de prestaciones sólo se puede cumplir en un escenario de creación de empleo». El Gobierno debería redimensionar este ámbito presupuestario para adaptarlo a las necesidades reales.
6. Un año más, las cifras son opacas y con escaso detalle. El Gobierno tampoco hace nada para esclarecerlas ya que, a fecha de hoy, todavía no consta la existencia de las respuestas concretas a las oportunas interpelaciones presentadas, donde se demandaba información sobre determinados epígrafes presupuestarios, a raíz de la comparecencia en comisión de distintos altos cargos de la Administración Pública. Además, como otro ejemplo de desinformación, no existe una total territorialización de los presupuestos lo que contribuiría a un mejor conocimiento de los mismos.
7. Todo el esfuerzo inversor que se plantea carece de planificación estratégica conjunta entre los diversos departamentos, ya que no está supeditado a programas consensuados con un objetivo claro al que llegar, por tanto, se está actuando sin los más elementales criterios de actuación que reclama el dinero público (así las cifras de necesidades de agua contempladas en el PHN se aprueban antes que las del Plan de Regadíos y no muestran un coherencia en las cifras).
Lógicamente, esta falta de planes estratégicos territoriales provoca que sean unos presupuestos que no permiten diseñar políticas de reequilibrio territorial adecuadas, de hecho destacamos, una vez más, la falta de aportaciones solidarias y suficientes para el «Fondo Especial de Teruel» que necesita más inversiones, que las planteadas por el Gobierno, para contrarrestar el grave problema de la despoblación y el enorme problema del déficit de infraestructuras públicas.
8. Finalmente, como partido de ámbito territorial, tenemos que hacer referencia a las inversiones destinadas a Aragón. Propuestas para el 2002, que calificamos de «engañosas», ya que gran parte de las actuaciones planteadas corresponden a las obras del tren de alta velocidad, infraestructura de paso, no diseñada específicamente para nuestro territorio. De hecho, se está detectando una resistencia, por parte del Gobierno Central, para dar una respuesta adecuada a las demandas de la ciudad de Zaragoza, ante la llegada del AVE a este municipio. Así, la aprobación de un Convenio entre Fomento, Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la mencionada localidad sigue pendiente.
Igualmente, destacamos que son unos presupuestos desequilibrados, territorialmente hablando, dado el menor esfuerzo que se hace en Teruel y en el Altoaragón, espacios más necesitados de actuaciones públicas importantes ante los problemas que presentan.
Los PGE de 2002 para Aragón no satisfacen las necesidades de inversión en dos ámbitos vitales para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, como son la sanidad y la justicia, máxime cuando ambas competencias van a ser transferidas próximamente a la Comunidad Autónoma. Las carencias en materia sanitaria y

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de justicia han sido expuestas en numerosas ocasiones, tanto por los profesionales como por los usuarios de la misma, y con estas inversiones propuestas no se podrá atender adecuadamente el traspaso de las mismas, provocando en el futuro un déficit en las cuentas públicas aragonesas que tendrá que soportar la ciudadanía.
En cuanto a las inversiones del Ministerio de Fomento, consideramos que deberían haberse incluido la totalidad de los tramos de la autovía ZaragozaTeruel, dado que fue el propio Presidente del Gobierno quien afirmó que estaría concluida en esta legislatura.
Deberían respetarse, además, las demandas realizadas por las Cortes de Aragón en lo relativo al desdoblamiento de la N-232 en su tramo Mallén-Figueruelas y El Burgo-Alcañiz, así como la conversión en autovía de la N-II en su tramo Zaragoza-Fraga, que tampoco figuran en los presupuestos para el próximo año. En este ámbito carretero, destacamos la escasa presencia de inversiones para el 2002 en dos obras fundamentales para el Altoaragón: el eje pirenaico y la autovía Pamplona- Huesca-Lleida.
La situación del aeropuerto de Zaragoza precisa de una inversión importante para poner en marcha los proyectos contemplados como el «Plan director» o la propia «Plataforma logística» que se quiere desarrollar entorno a él, sin embargo, por segundo año consecutivo, un pequeño aeropuerto, Monflorite, recibe más inversión del Estado en los PGE que toda una instalación destinada a ser el gran intercambiador de mercancías de la zona noreste peninsular.
La ausencia de inversiones para la instalación de un servicio de cercanías ferroviario en el entorno metropolitano de Zaragoza, la escasa aportación que recibe el tramo de ferrocarril entre esta ciudad y Teruel, un 10 por 100 del que recibe el tramo norte Zaragoza-Canfranc, y la usencia de partidas abiertas para la necesaria reapertura del tramo férreo entre Caminreal-Calatayud que tan beneficioso sería para los territorios por donde atraviesa, son también motivo de preocupación, en materia de ferrocarril, para este grupo.
El Ministerio de Medioambiente sigue apostando en Aragón por el impulso de obras que cuentan con un enorme rechazo social en la zona de construcción -Yesa, Biscarrués y Santaliestra- mientras que proyectos de menor cuantía económica, pero de gran interés para mejorar la gestión hidráulica, y que, además, gozan de amplio consenso social siguen sin recibir las aportaciones adecuadas.
En definitiva, un Presupuesto opaco, sin rumbo, irreal, continuista, escaso en inversiones productivas y desequilibrado territorialmente.
Por todas estas razones, y las expuestas anteriormente, consideramos necesaria la devolución del mencionado Proyecto de Ley Orgánica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (núm. expte. 121/000047).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-José Núñez Castaín, Diputado.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE: Don José Núñez Castaín(Grupo Parlamentario Mixto)

Exposición de motivos

La desaceleración de la economía mundial a finales del 2001 es un hecho claro, y los indicadores que la acompañan sugieren la posibilidad de una entrada en recesión para el próximo año 2002. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar la corrección a sus estimaciones reduciendo a un 2,5 por ciento el crecimiento económico global y reduciendo en aproximadamente un punto las previsiones para EE.UU. y la U.E. que se sitúan respectivamente en 1,3 por ciento y 1,8 por ciento.
El escenario económico que define los PGE del 2002 no coincide con lo que señalan las previsiones ni con los escenarios de nuestros vecinos. Algunos países de la UE han solicitado prórroga en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el que el déficit público debería situarse como máximo en el 3 por ciento del PIB. Francia, Alemania e Italia han señalado los inconvenientes de un presupuesto equilibrado en un ejercicio en el que se teme la reducción de la demanda y la posibilidad de un aumento del desempleo.
Es necesario, por un lado, prever la necesidad de mayores inversiones ante el debilitamiento económico general, y, por otro, prever el incremento de gastos sociales y desempleo ante el aumento de las demandas por estos conceptos.
En este contexto, la obsesión que reflejan los Presupuestos Generales del Estado para el 2002 por el déficit cero, sólo puede entenderse como un caso de fundamentalismo ultraliberal del Gobierno al margen de la coyuntura y de autoengaño respecto a las previsiones económicas, de crecimiento e inflación que provocan falta de credibilidad.


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Estos Presupuestos vuelven a dejar al mercado la responsabilidad de abordar los retos del futuro de nuestra sociedad, renunciando el Gobierno a influir a través de ellos en los problemas reales de nuestra economía. Con ello, sitúa en condiciones desfavorables de competitividad a aquellas Comunidades con menor nivel de desarrollo, de infraestructuras y desempleo como es el caso, entre otras, de Andalucía. Tampoco contienen incremento del Fondo de Compensación Interterritorial ni, por tanto, voluntad de convergencia entre las distintas Comunidades.
Se vuelve a maquillar el equilibrio presupuestario al recurrir al superávit esperado de la Seguridad Social para enjugar un déficit en el subsector Estado de cinco décimas del PIB (en el pasado año fue del 0,3 por ciento). Conviene entender que no es suficiente el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social para garantizar su viabilidad a largo plazo. Si las expectativas en cuanto a necesidades de gasto son crecientes en el largo plazo, la solvencia del sistema exige la capitalización de los excedentes actuales, con el fin de hacer frente al descenso en el número de cotizantes y al aumento de la población asistida. Desde esta perspectiva, financiar el déficit del Estado con el superávit de la Seguridad Social, nos parece irresponsable y, desde luego, hipoteca a generaciones futuras con la previsible insuficiencia financiera del sistema.
Los PGE impiden la comparación con anteriores. No sólo por aplicar el nuevo modelo de financiación autonómica, sino porque aumentan el volumen de transferencias a empresas públicas hasta casi los 3.000 millones de euros, que movilizarán así más inversiones que las propias administraciones públicas, sin técnica presupuestaria adecuada que permita el seguimiento de adjudicaciones y grados de ejecución.
Por otro lado, los PGE no informan nada de como se distribuyen los fondos a disposición de cada Comunidad Autónoma en el nuevo modelo de financiación autonómica, ni los rendimientos de los nuevos tributos cedidos.
Por todo ello, el Partido Andalucista presenta esta enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, solicitando su devolución al Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, serie A, número 46, de 28 de septiembre de 2001 (núm. expte. 121/000047).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Motivación:

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 se sustentan, una vez más, en previsiones y estimaciones del entorno económico carentes de la menor credibilidad. En tanto el Gobierno estima un crecimiento del 2,9 por 100, las previsiones de la mayoría de los analistas se mueven entre el 1,8 por 100 y el 2,2 por 100. La previsión de inflación del 2 por ciento adolece igualmente del más mínimo rigor, extremo ya habitual en los presupuestos de este Gobierno. Los mismos parecen así elaborados a partir del cuadro macroeconómico de los meses de junio y julio del presente año, ignorándose, en consecuencia ,los graves acontecimientos sucedidos desde entonces y que, sin duda, generan importantes incertidumbres.
En este contexto, mantener el objetivo de déficit cero no deja de ser un mero ejercicio contable, considerado ya inalcanzable, curiosamente, tanto por el Banco de España como por el propio Gobierno. En cualquier caso, tal objetivo sólo se sustenta en el esfuerzo de los trabajadores cuyas cotizaciones sociales son las que permiten el supuesto equilibrio de las cuentas del Estado.
El Gobierno, consciente quizá de que los graves acontecimientos internacionales exigían, al menos, crear una apariencia de reacción, ha aprobado, además, una serie de medidas, fundamentalmente de índole fiscal, a incluir en la Ley de Acompañamiento, que constituyen un conjunto heterogéneo e inconexo de previsiones, cuyo sentido y finalidad no se acomoda a las exigencias de la actual situación económica. Es más, las mismas aparecen como exclusivamente favorecedoras de las rentas más altas y de los rendimientos empresariales, y, todo ello, mientras no se procede a la actualización de la tarifa y de los mínimos personales y familiares en el IRPF lo que implica, en la práctica, una subida real de los impuestos.
Los PGE tampoco reflejan adecuadamente el nuevo acuerdo de financiación autonómica, resultando imposible comparar las cifras de ingresos y gastos con el ejercicio anterior y saber, en consecuencia, si se trasladan correctamente los acuerdos con las CC.AA. Tal opacidad y falta de transparencia se suma así a la ya existente (ingeniería contable, traspasos a la SEPI, etc.)

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por lo que se desconoce realmente el nivel del gasto público en España.
Si a todo lo anterior se añade una previsión de ingresos ficticia y un nivel de endeudamiento superior al que en pura lógica correspondería, resulta claro que los presupuestos presentados no son los adecuados para reactivar la economía y el empleo, no afrontan correctamente una situación de incertidumbre ni favorecerán, por último, la consecución del objetivo de convergencia real.
Por todo ello, se solicita la devolución al Gobiernodel Proyecto de Ley.

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