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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 49-2, de 23/10/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie A: 23 de octubre de 2001 Núm. 49-2 PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000049 Por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas de totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía (núm. expte. 121/000049).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Labordeta (CHA), presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía (núm. expte. 121/ 000049).


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2001.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE: Don José Antonio Labordeta Subías (Grupo Parlamentario Mixto)

A la totalidad.


De devolución.


El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (en adelante, CC.AA.), aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 27 de julio y cuya aplicación se sustenta en este Proyecto de Ley, aporta recursos insuficientes para que las CC.AA. puedan atender sus necesidades de gasto y resulta alicorto en cuanto a la atribución de corresponsabilidad fiscal a los Gobiernos autonómicos. Además, desde el punto de vista de Aragón, tendremos que decir que el nuevo modelo no responde a los criterios y demandas que se habían pactado por los Grupo Parlamentarios de las Cortes de Aragón a través de un Dictamen, que fue elaborado a largo de un año y que se aprobó en dicha Cámara sin ningún voto en contra.
Desde las Cortes de Aragón, unánimemente en la mayoría de los casos, habíamos lanzado propuestas políticas de carácter general para garantizar que el sistema fuera estable y que respetara el papel de las

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CC.AA., que también son Estado. Lamentablemente no han sido atendidas. El nuevo sistema resulta insuficiente porque incrementa la aportación global en una cantidad inferior a la que corresponde al nuevo peso competencial de las CC.AA. tras la asunción de los grandes servicios públicos en los últimos años. El nuevo sistema no prevé un espacio fiscal propio para que las CC.AA. puedan crear tributos sin acabar siendo recurridos sistemáticamente por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
El nuevo sistema no resuelve bien las situaciones de deslealtad institucional que se vienen produciendo desde hace años, en las que el Gobierno central modifica a la baja tributos que habían sido cedidos a las CC.AA., con lo que se merman los ingresos de éstas sin desarrollar ningún tipo de medida compensatoria. El nuevo sistema tampoco reconoce ninguna fórmula efectiva de participación de las CC.
AA. en la gestión de la Agencia Tributaria (salvo el simple consuelo de un órgano consultivo de dudosa eficacia). El nuevo sistema tampoco reconoce que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha resuelto ser el foro más adecuado para que las CC.AA. puedan participar en el diseño de las políticas fiscales y de financiación y, por tanto, no plantea la búsqueda de alternativas, que podrían pasar por la reforma del Senado para que cumpliera por fin con el papel de auténtica Cámara de representación territorial, como ocurre en todos los Estados federales o compuestos de nuestro entorno.
El único avance que contempla el nuevo sistema es la cesión parcial de una denominada cesta de impuestos, con lo que las CC.AA. ya no van a depender de un tramo del IRPF, sino de un abanico (fundamentalmente el IVA y los especiales), aunque en unos porcentajes bastante más reducidos de los que venían reclamando gobiernos autonómicos de todos los signos políticos. Sin embargo, el avance es bastante limitado, ya que se excluye la capacidad normativa, con la excusa de la armonización comunitaria europea, que se utiliza exageradamente en nuestra opinión.
Además, el acceso a la cesta de impuestos se vincula a la asunción de las transferencias sanitarias, lo que coloca a las CC.AA que todavía son «Territorio Insalud» en una posición difícil durante una negociación que es compleja y no exenta de riesgos.
Pensando en los intereses generales de Aragón, vemos con decepción que el nuevo sistema no recoge los objetivos que perseguía el Dictamen pactado en las Cortes de Aragón. La cantidad adicional que recibe Aragón en la restricción financiera inicial queda lejos del 10 por 100 de los recursos adicionales que nos correspondería por territorio y ni siquiera alcanza el 3,3 por 100 que supone nuestra población, por lo que dista de responder a las necesidades financieras de nuestra Comunidad Autónoma.
El nuevo sistema, por otra parte, no reconoce la singularidad territorial aragonesa. Continúa primando la población como criterio hegemónico (94 por 100) en el reparto de los recursos, sin introducir criterios correctores (superficie, orografía, dispersión, densidad,?). Debemos conformarnos con un minifondo para CC.AA. con baja densidad demográfica que no alcanza siquiera el 0,1 por 100 del montante global del sistema. El nuevo sistema no reconoce ningún compromiso con el cumplimiento de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Aragón, tanto la compensación por la merma en los tributos cedidos (Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 8/ 1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón) como, especialmente, el establecimiento de un acuerdo bilateral de financiación (artículo 48 de la Ley Orgánica 5/1996, de 30 diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón).
Por otra parte, el nuevo sistema no regula con claridad la situación en que puedan quedar las CC.AA. que legítimamente decidan no aceptarlo, con lo que éstas pierden de hecho la libertad de asumirlo o no. Finalmente, el nuevo sistema, con duración indefinida (y no quinquenal como los anteriores), se presenta como el modelo definitivo y no prevé cauces para su reforma periódica, lo que supone un peligro añadido para las CC.AA. que salgan perjudicadas con él, tanto por la insuficiencia de recursos como por la permanencia en una situación de minoría de edad en cuanto a la autonomía financiera, sin la cual no existe una auténtica autonomía política.
Por todo ello, Chunta Aragonesista presenta una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del presente Proyecto de Ley.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución del Proyecto de Ley por la que se regulan medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía (núm. expte. 121/000049).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2001.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE: Don Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto) A la totalidad.


De devolución.


JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de ley es complementario del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y con ello se completa el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado, a propuesta del Gobierno, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en fecha de 27 de julio de 2001.
Ese nuevo sistema de financiación autonómica no mejora significativamente el nivel de autonomía fiscal de las Haciendas Territoriales y no proporciona el volumen de recursos necesario para que sea factible una convergencia real en la prestación de los servicios públicos por parte de las CC.AA. afectadas por el sistema.
Reiteramos aquí, para evitar innecesarias repeticiones, los argumentos que ya han sido esgrimidos por el BNG en la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la LOFCA, en relación a la valoración global del nuevo sistema de financiación autonómica.
Este proyecto de ley plasma además, como principio básico del sistema de financiación autonómica, la generalidad, de manera que el mismo será de aplicación por igual a todas las Comunidades Autónomas de régimen común. Esa aplicación general implica que todas las Comunidades Autónomas gozarán de un mismo modelo de financiación, sin tener en cuenta el grado de desarrollo competencial asumido por cada una de ellas, ni la situación derivada de la existencia de déficits históricos y estructurales en algunos de los servicios transferidos, ni tampoco el grado de capacidad fiscal de las CC.AA. en los impuestos cedidos, dando lugar a grados muy dispares de autonomía financiera entre comunidades con el mismo rango competencial.


Si los recursos del sistema son exiguos en lo que respecta a Galicia, como ya hemos anunciado en la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la LOFCA, con este proyecto de ley se impide un gobierno más autónomo de los mismos por la Comunidad Autónoma, debido a la escasa capacidad de disposición normativa que se atribuye a las CC.AA. sobre esos recursos. Al mismo tiempo que se mantiene una reducida capacidad de administración sobre el total de recursos generados en cada Comunidad Autónoma permanecen casi inalterables las competencias normativas sobre los mismos. De ese modo, el Estado mantendrá un importante control sobre la autonomía financiera de las CC.AA., pues en lo que respecta a sus ingresos tributarios mantiene más potestades de regulación que los propios entes autonómicos, incluidos en aquellos procedentes de figuras tributarias cuya recaudación íntegra corresponde a las haciendas territoriales.
El mantenimiento de las competencias legislativas estatales sobre los tributos cuya recaudación íntegra son cedidos demuestra la escasa confianza institucional del Gobierno y sus ansias de control sobre las autonomías, que además puede tener consecuencias negativas para las CC.AA., ya que futuras actuaciones en materia de regulación tributaria del Estado pueden hacer recaer sobre las CC.AA.
obligaciones no previstas en la fecha de aprobarse el sistema de financiación. Con ello, retiene el Estado frente a las CC.AA. una facultad extraordinaria en el desarrollo del sistema de financiación autonómico, que unida a las recientes propuestas del Gobierno de control central del gasto público, supondrá la anulación práctica y real de la autonomía financiera que tienen reconocidas las CC.AA. en la Constitución.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (núm. expte. 121/000049).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida A la totalidad.


De devolución.


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen

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Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía es un pequeño, pero insuficiente paso sobre el modelo del quinquenio 1997-2001.
Es evidente que se ha producido un aumento en la participación de las Comunidades Autónomas en el IRPF (aunque sólo sea en 3 puntos) y una presencia considerable en el IVA (35 por 100) y en los Impuestos Especiales, en distintos porcentajes según los casos. Pero de la misma manera que aceptamos lo anterior, también entendemos que no se corrige, sino que se aumenta, el trato desigual de las Comunidades Autónomas con diferentes niveles de participación «per capita» en esa autonomía financiera. A lo anterior debemos sumar que, de cara a la consolidación del sistema y por la vía de los hechos, nos encontramos con quince sistemas distintos de financiación autonómica a la carta.
A partir de la puesta en marcha de este sistema, las Haciendas autonómicas recibirán y recaudarán, vía financiación autonómica, más fondos que con el anterior sistema, pero este aumento por sí solo, no es significativo y sólo implicará un aumento en la liquidez de las Comunidades Autónomas, cosa que por otro lado no es poco, dado el reiterado incumplimiento por parte de la Administración Central de la Ley General de Hacienda de las Comunidades Autónomas.
Pero donde el sistema, no solo es un insuficiente paso, sino que es un retroceso evidente en el incumplimiento del mandato constitucional de la solidaridad. No se avanza en el fondo de nivelación recogido en el vigente artículo 15 de la LOFCA. Se han olvidado por completo, las denominadas «Deudas Históricas», de las Disposiciones Adicionales Segundas de los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Extremadura y en un alarde de centralismo paternalista se desarrolla un denominado «Fondo de Suficiencia» que viene a sustituir la PIE de cada Comunidad Autónoma.
Por último, la incorporación de la sanidad a la financiación de carácter general, sin las cautelas correspondientes no asegura el mantenimiento de los fondos transferidos a este Servicio Público en todas y cada una de las Comunidades Autónomas del Estado Español y mucho menos la capacidad financiera de todas las Comunidades Autónomas para prestar este servicio público en unas condiciones de calidad razonables.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía (núm. expte. 121/000049).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE: Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto) A la totalidad.


De devolución.


JUSTIFICACIÓN

Esquerra Republicana de Catalunya presenta una enmienda a la totalidad al presente Proyecto de Ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, por considerar que el nuevo sistema de financiación de las CC.AA. aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día 27 de julio de 2001, es deficiente e injusto para las CC.AA.
con un alto anhelo de autogobierno y, en especial, para Catalunya.
En primer lugar queremos destacar que, desde la aprobación de la LOFCA, ésta ha vulnerado sistemáticamente el Estatut d?Autonomia de Catalunya en lo referente a la financiación de la Generalitat y en especial a las relaciones fiscales bilaterales entre Catalunya y la Administración del Estado y, tal y como se recoge en su artículo 45, en el criterio de asignación de los recursos, los cuales tendrían que situarse en el promedio comprendido entre su población y esfuerzos fiscales relativos. Dicha vulneración se ha mantenido en las sucesivas reformas de la LOFCA y se reafirma en la propuesta de modificación actual, la cual se complementa con este proyecto de ley.
En segundo lugar, desde Esquerra Republicana de Catalunya consideramos que el sistema de financiación autonómico ha discriminado de manera flagrante a Catalunya, conduciéndola a la situación de sufrir un verdadero expolio fiscal, expresado en un déficit fiscal de cerca de un billón y medio de pesetas anuales, según los últimos estudios publicados. A pesar que se pueda argumentar que con el nuevo sistema de financiación que se propone en este proyecto de ley la situación podría variar, esta teórica mejora estará lejos de situar el déficit fiscal de Catalunya con el Estado al nivel de las regiones europeas con un nivel de riqueza similar a la catalana. Con

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este nuevo sistema, pues, se continuarán vulnerando los principios constitucionales de equidad y de no confiscación del sistema tributario al recaer sobre los ciudadanos de Catalunya una presión fiscal superior a la media la cual no se compensa con un nivel de inversión y de gasto público acorde ni con su población relativa, con su esfuerzo fiscal ni con sus necesidad socioeconómicas.
En tercer lugar, consideramos que además de no respetar los principios marcados por el Estatut d?Autonomia de Catalunya y la Constitución, el nuevo modelo no contribuirá a recuperar a corto plazo los déficits de dotaciones de capital público que sufre Catalunya, no permitirá a la Generalitat tener capacidad normativa sobre todos los impuestos pagados por sus habitantes y tampoco convertirá a la Generalitat en la única administración tributaria de Catalunya, criterios, todos ellos, respaldados por el Parlament de Catalunya.
Asimismo, una vez más el Gobierno pretende imponer un modelo de financiación autonómica generalizable a todas las CC.AA. sin respetar los hechos diferenciales de cada región ni sus diferencias en la consecución de más altos niveles de autogobierno. Querer imponer un modelo igual a Catalunya, que siempre ha expresado su deseo de ampliar su autogobierno con otras CC.AA. que nunca han demostrado el mismo interés en esta materia, implica situar a un mismo nivel dos realidades totalmente diferentes. Catalunya quiere ampliar su autogobierno y para ello necesita una financiación justa y suficiente, y es evidente que el modelo que el Gobierno presenta no se ajusta a estas necesidades.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya, defendemos un sistema de financiación autonómico que encamine a Catalunya hacia la soberanía fiscal, un sistema basado en las relaciones fiscales bilaterales entre Catalunya y el Estado, donde la Generalitat sea la única administración tributaria, que recaude, gestione y tenga capacidad normativa sobre todos los impuestos pagados por sus ciudadanos y transfiera al Estado los recursos necesarios para financiar los gastos que éste realice en Catalunya y para contribuir a una transparente y justa solidaridad. Un sistema de financiación, pues, basado en el Concierto económico.
Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de Autonomía.

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