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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 104-1, de 31/07/2002
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
31 de julio de 2002

Núm. 104-1


PROYECTO DE LEY

121/000104 Orgánica de calidad de la educación.


La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 25 de junio de 2002, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(121) Proyecto de Ley

121/000104

AUTOR: Gobierno.


Proyecto de Ley Orgánica de calidad de la educación.


Acuerdo:

Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 18 de septiembre de 2002.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA

DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Exposición de motivos

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y social. En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos respecto del papel de los sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos.


La educación se encuentra hoy en el centro de los desafíos y de las oportunidades de las sociedades del siglo XXI. Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y al continuo impulso de los gobiernos, el acceso a la educación se ha universalizado, convirtiéndose en un derecho fundamental y efectivo de los ciudadanos.


La educación, que une el pasado y el futuro de los individuos y las sociedades, está siempre influida por el mundo del conocimiento y por el de los valores, por las legítimas expectativas de los individuos y por las exigencias razonables de la vida en común. Pero nunca como hoy ha sido más necesaria la convergencia entre esas dimensiones esenciales de la educación; nunca ha sido tan evidente que calidad y equidad, desarrollo económico y cohesión social, no son elementos contrapuestos,

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sino objetivos ineludibles, a la vez que complementarios, del avance de nuestras sociedades.


Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor dinamismo y complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios para atender a las nuevas exigencias y retos de la educación que comparecen en la escena política, social y económica; y también, para evitar que la rigidez de los marcos normativos se rompa por el empuje de una realidad en continuo cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquéllos.


El logro de una educación de calidad para todos, que es el objetivo esencial de la presente Ley, es un fin cuyas raíces se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural europea. Y además, constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un mejor ejercicio de la libertad individual, para la realización personal, para el logro de cotas más elevadas de progreso social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar individual y el bienestar social.


España no es ajena a los desafíos del presente y del futuro, como tampoco ha sido ajena a los cambios experimentados por la educación a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, la educación ocupó también el centro de una compleja relación entre la acción del Estado, las iniciativas privadas y las demandas de la sociedad.


En su historia reciente, el desarrollo económico, social y cultural de España se vio menoscabado por la insuficiente cualificación de sus ciudadanos. La universalización de la Educación Primaria no se completó hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, aunque nuestro nivel de escolarización en la Educación Secundaria y universitaria ya fuera, entonces, similar a la de los países europeos de nuestro entorno.


Esta situación obedecía al hecho de que la demanda social de educación, en países con relativo atraso, suele localizarse, sobre todo, en los sectores ya educados, de forma que su extensión a la población con bajo nivel de instrucción requirió, además de la acción -tradicional en este campo- de la Iglesia Católica, la de muy diversas iniciativas privadas y, desde luego, de la voluntad y la acción decidida del Estado.


Hoy, con la perspectiva de un siglo, sabemos que las políticas educativas públicas han experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en su eficacia, sobre todo, a partir del comienzo de la década de los setenta del pasado siglo XX. Costó más de cien años llevar a la práctica la Educación Primaria obligatoria y gratuita, que había sido establecida en la llamada "Ley Moyano", de 1857. En los últimos treinta años, en cambio, la educación obligatoria y gratuita se ha generalizado en nuestro país, ampliándose hasta los 16 años.


La sociedad española ha afrontado, pues, una profunda transformación en los últimos decenios. Ha conseguido, a la vez, resolver positivamente sus propios cambios internos y encarar los procesos de adaptación requeridos por la integración de España en la Unión Europea. En pocas décadas, las condiciones de desarrollo de España han mejorado considerablemente, y hoy puede comprobarse empíricamente cuán benéfico ha resultado a esos efectos la mayor cualificación de los ciudadanos: es una evidencia que la mejora sustancial del nivel educativo medio que ha experimentado España a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX ha hecho de la educación uno de los factores más importantes de aceleración del crecimiento económico y del bienestar social del país.


En ese esfuerzo común han desempeñado un papel importante las reformas previas de nuestro sistema educativo. La extensión y universalización de la educación básica no sólo ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades; también ha facilitado un incremento en los diferentes niveles de cualificación de una buena parte de la juventud española.


Con todo, ese innegable progreso histórico no debe ocultar una serie de importantes deficiencias que hoy muestra nuestro sistema educativo. Son deficiencias que deben ser subsanadas, porque así lo requieren el futuro de nuestros jóvenes, las aspiraciones de las familias y las necesidades de nuestra economía y de nuestra sociedad.


La consecuencia de lo expuesto es que los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la tarea de universalizar la educación básica. Se concretan, más bien, en la necesidad de reducir las elevadas tasas de abandono de la educación secundaria obligatoria; de mejorar el nivel medio de los conocimientos de nuestros alumnos; de universalizar la educación y la atención a la primera infancia; y en la necesaria ampliación de la atención educativa a la población adulta.


El desafío consiste en integrar todos esos objetivos en la perspectiva de una educación y de una formación a lo largo de toda la vida, en la que las diferentes etapas educativas forman un continuo, y se relacionan entre sí tanto desde el punto de vista de la eficacia de las acciones educativas como desde el de la eficiencia de la inversión pública en educación.


Conseguir el mayor poder cualificador del sistema educativo junto a la integración en éste del máximo número posible de alumnos, son objetivos esenciales de esta reforma.


El carácter ciertamente histórico de los avances conseguidos no debe ni puede justificar autocomplacencia alguna. Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a los países de nuestro entorno económico y

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cultural. Ésas deficiencias se manifiestan, particularmente, en la Educación Secundaria. Así, una cuarta parte del alumnado no obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y abandona el sistema sin titulación ni cualificación. Además, nuestros alumnos se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea en sus conocimientos de materias instrumentales como las matemáticas y las ciencias, fundamentales en una realidad social y económica en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es primordial.


Por otra parte, la plena integración de España en el contexto europeo comporta una mayor apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del sistema educativo. Exige también que los alumnos puedan adquirir destrezas que, como la capacidad de comunicarse -también en otras lenguas-, la de trabajar en equipo, la de identificar y resolver problemas, o la de aprovechar las nuevas tecnologías para todo ello, resultan hoy irrenunciables. Estas competencias les permitirán sacar el máximo provecho posible, en términos de formación, de cualificación y de experiencia personal, del nuevo espacio educativo europeo. Los compromisos adoptados en el marco de la Unión Europea con respecto a los sistemas de educación y formación de los países miembros requieren, además, la efectiva adaptación de la realidad educativa de cada país a las nuevas exigencias, de conformidad con los procedimientos de cooperación existentes.


Hay todavía un nuevo desafío, que ha irrumpido de forma súbita en el escenario educativo y social de España, y que precisa de un tratamiento adecuado. En efecto: el rápido incremento de la población escolar procedente de la inmigración demanda del sistema educativo nuevos instrumentos normativos, que faciliten una efectiva integración, educativa y social, de los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan otras lenguas y comparten otras culturas. Pues el grado de integración social y económica de los adultos depende, a medio y largo plazo, de la capacidad de integración, por parte del sistema educativo, de niños y adolescentes procedentes de la inmigración.


Para acometer con posibilidades de éxito los retos de este nuevo contexto social y económico, resulta necesario introducir modificaciones en los marcos normativos hasta ahora en vigor, que faciliten la adaptación ordenada de la educación española a la nueva situación, mediante la acción pertinente de los poderes públicos.


Las medidas encaminadas a promover la mejora de la calidad del sistema educativo que contempla la presente Ley se organizan en torno a cinco ejes fundamentales, que reflejan los principios de concepción de la Ley y, a la vez, orientan, en términos normativos, las políticas que en ella se formulan, desde el respeto a los correspondientes ámbitos competenciales.


Este nuevo impulso reformador que la Ley promueve se sustenta, también, en la convicción de que los valores del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo, valores cuyos perfiles se han ido desdibujando a la vez que se debilitaban los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor.


En cuanto a los valores, es evidente que la institución escolar se ve considerablemente beneficiada cuando se apoya en un consenso social, realmente vivido, acerca ciertas normas y comportamientos de las personas que, además de ser valiosos en sí mismos, contribuyen al buen funcionamiento de los centros educativos y favorecen su rendimiento.
Pero, sin ignorar el considerable beneficio que, en lo concerniente a la transmisión de valores, aporta a la escuela el apoyo del medio social, el sistema educativo ha tenido, tiene y tendrá sus propias responsabilidades, de las que no puede ni debe hacer dejación. En este sentido, la cultura del esfuerzo es una garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no hay aprendizaje. Por eso, que los adolescentes forjen su futuro en un sistema educativo que sitúa en un lugar secundario esa realidad, significa sumergirles en un espejismo que comporta, en el medio plazo, un elevado coste personal, económico y social difícil de soportar tanto en el plano individual como en el colectivo.


Es precisamente un clima que no reconoce el valor del esfuerzo el que resulta más perjudicial para los grupos sociales menos favorecidos. En cambio, en un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, y que goza, a la vez, tanto del esfuerzo por parte de los alumnos como de la transmisión de expectativas positivas por parte del maestro, la institución escolar es capaz de compensar las diferencias asociadas a los factores de origen social.


El segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, de modo que unos y otros puedan orientar convenientemente los procesos de mejora. Esta acentuación de la importancia de los resultados no supone, en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que conducen a aquéllos, ni de los recursos en los que unos y otros se apoyan. La evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos no sólo es un factor básico de calidad; constituye, además, un instrumento ineludible para hacer inteligentes políticas educativas a todos los niveles y para incrementar, progresivamente, su oportunidad y su adecuación a los cambios.


El tercero de los ejes que inspiran la concepción reformadora de la presente Ley consiste en reforzar significativamente un sistema de oportunidades de calidad para todos, empezando por la Educación Infantil y terminando por los niveles postobligatorios. Como se ha dicho, en el contexto de una sociedad basada en el

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conocimiento, la educación y la formación se han convertido hoy en los elementos clave para el logro de los objetivos de progreso personal, social y económico. Precisamente por ello, nuestro sistema de educación y formación debe asimilarse a una tupida red de oportunidades, que permita a cada individuo transitar por ella y alcanzar sus propios objetivos de formación. El sistema educativo debe procurar una configuración flexible, que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas, justamente para no renunciar al logro de resultados de calidad para todos.


La propia diversidad del alumnado aconseja una cierta variedad de trayectorias; pero, de acuerdo con la Ley, es responsabilidad de los poderes públicos que cualquiera de ellas esté igualmente abierta al futuro, asegure a todos la adquisición de competencias cualificadoras para las posteriores etapas educativas, formativas o laborales, y garantice una calidad equivalente de los diferentes procesos formativos.


El cuarto eje que orienta los objetivos de la presente Ley se refiere al profesorado. Por la fundamental importancia que tiene la calidad de la relación profesor-alumno, núcleo de la educación, para obtener buenos resultados escolares, y por el elevado efecto multiplicador que dicha relación comporta, las políticas dirigidas al profesorado constituyen el elemento más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la eficiencia de los sistemas de educación y de formación.


Sin embargo, y a pesar del drástico cambio que, debido a un conjunto variado de circunstancias, se ha producido en las últimas décadas en el panorama educativo y en las condiciones y exigencias de la actividad del profesorado, las correspondientes políticas de recursos humanos apenas si han experimentado cambio alguno. Ganar el futuro de la educación en nuestro país pasa, pues, por atraer a la profesión docente a los buenos estudiantes y por retener en el mundo educativo a los mejores profesionales.


En este sentido, la Ley se propone elevar la consideración social del profesorado; también refuerza el sistema de formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de enseñar y de la formación que ésta exige; orienta mejor la formación continua, y articula una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado.


El quinto eje de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía de los Centros educativos y con el estímulo de la responsabilidad de estos en el logro de buenos resultados por sus alumnos. En un contexto tan diverso y complejo, con problemas tan diferenciados entre los distintos centros, es preciso potenciar las responsabilidades en ese nivel del sistema educativo.


El refuerzo de la autonomía de los centros se basa, igualmente, en la confianza mutua y en la responsabilidad; en el acuerdo entre Centro y Administración, que deben considerarse como socios principales en la tarea de hacer avanzar la educación en el plano local; y, a la vez, en la necesidad de responder de los resultados mediante procedimientos de evaluación que faciliten la mejora y permitan orientar y modular las acciones conjuntas de cada centro educativo y de cada Administración. La Ley crea el marco adecuado para el desarrollo de actuaciones coordinadas entre ambos.


Conforme a las consideraciones anteriores, la Ley formula, en su Título preliminar, los principios básicos que fundamentan las medidas en ella contenidas para elevar la calidad de la educación, entendiendo que todas se sustentan, por una parte, en el reconocimiento de los derechos y deberes que asisten a los alumnos y a los padres y, por otra, en la garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, derecho que debe asegurarse, entre otras medidas, mediante un sistema de becas y ayudas que remueva los obstáculos de orden económico que impidan o dificulten el ejercicio de dicho derecho.


El Título I redefine la estructura del Sistema Educativo en sus diversos niveles y etapas, referidos a las enseñanzas escolares, y caracteriza la educación preescolar por su doble naturaleza educativa y de atención y cuidado a la primera infancia, garantizando la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda de las familias y atender a sus necesidades.


La Educación Infantil se constituye, por primera vez, como etapa voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha etapa en la compensación de desigualdades en educación, y se pone el acento en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo.


Tanto la Educación Infantil como la Educación Primaria se configuran como un período decisivo en la formación de la persona, ya que es en estas etapas cuando se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, cálculo y lengua extranjera, sino que también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los demás. En la Educación Primaria, además, se modifican la denominación de las áreas de conocimiento y los objetivos para conseguir una mejor adecuación a los fines que se pretenden.


En esta etapa, así como en la Educación Secundaria Obligatoria, se realizará una prueba general de evaluación cuya única finalidad es facilitar, tanto a las Administraciones educativas como a los centros, a los padres y a los alumnos, datos e información precisa sobre el grado de consecución de los objetivos relacionados con las competencias básicas del correspondiente nivel educativo.


Por otra parte, en los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se establecen medidas orientadas a atender las diversas aptitudes, expectativas

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e intereses de los alumnos, con el fin de promover, de conformidad con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de ellos. Así, se establecen distintas opciones que, a través de itinerarios, puedan ofrecer las fórmulas educativas que mejor se adecuen a las expectativas e intereses de los alumnos, sin que en ningún caso la opción ejercida tenga carácter irreversible.


Con esta misma finalidad, los Programas de Iniciación Profesional, establecidos en la Ley, se conciben como una alternativa presidida por los principios de la máxima inclusividad y la adecuada flexibilidad del sistema educativo y orientada, primordialmente, a aquellos alumnos que rechazan la escuela en su concepción tradicional, de modo que quienes los cursen con aprovechamiento puedan conciliar cualificación profesional y competencias básicas de carácter general, mediante una adaptación franca de los contenidos, de los ritmos y de la organización escolar. Este nuevo tratamiento educativo que introduce la Ley, al conducir al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, permitirá reducir las actuales cifras de abandono del sistema y abrirá a un mayor número de alumnos todas las oportunidades de formación y cualificación que ofrece el sistema reglado postobligatorio -incluidas en la presente Ley- así como el acceso, con mayores garantías, a la vida laboral.


Las modalidades del Bachillerato que se establecen en la Ley responden más adecuadamente a las finalidades atribuidas a esta etapa postobligatoria de la Educación Secundaria y a la organización de los centros, de acuerdo con la demanda que de estas enseñanzas se viene produciendo. Ello, sin perjuicio de que, si las circunstancias lo aconsejan, puedan ampliarse o modificarse dichas modalidades.


En los niveles de Educación Primaria y de Educación Secundaria, la Ley confiere a las enseñanzas de las religiones y de sus manifestaciones culturales, el tratamiento académico que le corresponde por su importancia para una formación integral, y lo hace en términos conformes con lo previsto en la Constitución y en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español.


El establecimiento de una Prueba General de Bachillerato, cuya superación es requisito necesario para obtener el correspondiente título, responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con los de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para obtener una titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.


La Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación Profesional específica, pero sí introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para completar su formación a través de la vía que, en cada momento, mejor responda sus intereses, expectativas o circunstancias personales.


Con la denominación de necesidades educativas específicas, la Ley, en el Capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los alumnos superdotados intelectualmente y a los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren.


El Título II regula las enseñanzas especializadas de idiomas, que se organizan en tres niveles, con el fin de dotarlas de una mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los alumnos que las cursan y procurar una mejor adecuación a los grados de aprendizaje de idiomas establecidos en los países de la Unión Europea. Asimismo, y de acuerdo con esa vocación de flexibilidad, la Ley prevé que las Escuelas Oficiales de Idiomas ofrezcan a las personas adultas y, especialmente a los profesores enseñanzas de actualización de conocimientos de idiomas. Además, se establecen posibilidades de obtener las correspondientes certificaciones oficiales a los alumnos que estén cursando enseñanzas de Bachillerato o de Formación Profesional.


Son objeto del Título III las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se facilita a través, ya sea de la modalidad de enseñanza presencial, ya sea de la modalidad a distancia. En todos los casos, esta oportunidad de formación estará orientada, fundamentalmente, a cubrir la enseñanza básica y la enseñanza de carácter no obligatorio.


En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de la enseñanza: el profesorado. A tal fin, se sientan las bases para la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente y las medidas de apoyo que requiere dicho desempeño.


Respecto a la formación inicial, la Ley prevé que el ejercicio de la función docente se beneficie no sólo de una rigurosa preparación científica en la materia o disciplina que se va a impartir sino también, y de modo muy especial, de una adecuada formación pedagógica y didáctica, que debe adquirirse tanto desde una perspectiva teórica como a través de la práctica de la actividad docente. Por ello, para el acceso a los cuerpos docentes, junto al requisito académico correspondiente se determina el de cualificación pedagógica que han de estar avalado por la posesión de un título, previsto en la

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Ley, y para cuya obtención se establecen procedimientos rigurosos pero flexibles, con el fin de facilitar la adquisición de esa formación a quienes, en el curso de sus estudios superiores, opten por una dedicación profesional docente.


Asimismo, la Ley presta una especial atención a la formación permanente del profesorado, enunciando programas y actividades específicas que contribuyan a la necesaria actualización que demandan los profesores, con el fin de que el ejercicio de su actividad pueda responder adecuadamente a la evolución constante de las necesidades de una función tan compleja y dinámica como lo es la educación. Y tanto esta formación como el propio desempeño de la función docente exigen un reconocimiento, una valoración, por parte de las Administraciones y por parte de la sociedad.


Por otra parte, se articula y vertebra la perspectiva de la formación profesional de los docentes, mediante la configuración de la carrera docente con tramos sucesivos, que permiten desarrollar una carrera profesional a lo largo de toda la vida docente. Así, se establecen tres referencias, vinculadas a la pertenencia a los tres Cuerpos docentes básicos, el de Maestros, el de Profesores de Enseñanza Secundaria y el de Catedráticos, desde cualquiera de los cuales se puede acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación.


El Título V trata de la organización y dirección de los centros docentes, incluyendo en el mismo el régimen y denominación de los centros, su autonomía pedagógica, organizativa y económica, el régimen de los centros privados concertados y los órganos de participación y de gobierno de los centros públicos.


Factor esencial para elevar la calidad de la enseñanza es dotar a los centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos vinculadas, ambas, al principio de responsabilidad de los resultados que se obtengan. En este sentido, la Ley prevé que los centros puedan obtener el reconocimiento oficial de una especialización curricular que, referida a un determinado ámbito de la enseñanza, ofrezca un servicio educativo en grado de máxima calidad y, al mismo tiempo, constituya un referente para promover en otros centros iniciativas orientadas a los mismos fines.


La Ley establece, asimismo, en este Título por una parte, los órganos de gobierno, y por otra, los órganos de participación en el control y gestión de los centros, atribuyendo a cada uno de ellos las competencias y funciones que les son propias, de acuerdo con la naturaleza, composición y responsabilidades que en una adecuada interpretación de la organización escolar corresponde a cada uno de ellos.


La figura del Director de los centros públicos, entendida como pieza clave para la buena organización y funcionamiento de los centros, es objeto de un tratamiento específico, especialmente en lo que se refiere al procedimiento para su selección y nombramiento. Ese procedimiento está presidido por el principio de participación de la comunidad escolar y, de un modo especial, del claustro de profesores. Su propósito esencial es el de alcanzar, en el máximo grado posible, la necesaria cualificación para el desempeño de las complejas y trascendentales tareas que comporta el ejercicio de la función directiva.


El Título VI está referido a la evaluación del sistema educativo que, en su dimensión general, se sitúa en el ámbito de las competencias estatales, sin perjuicio de las competencias y obligaciones que en esta materia corresponde a las Administraciones educativas en sus respectivos ámbitos territoriales.


El ejercicio de esta competencia estatal está atribuido al Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, que se crea en esta Ley y que asume las funciones hasta ahora atribuidas al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. El cambio de denominación obedece a razones de homologación internacional. Entre las funciones de este organismo adquieren especial relevancia las evaluaciones de diagnóstico que, sobre las competencias básicas del currículo, deberán realizarse tanto en la Educación Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria, así como el plan de evaluación general del sistema educativo y el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Las conclusiones generales de estos diagnósticos y evaluaciones se harán públicas periódicamente con el fin de que la sociedad disponga de datos objetivos sobre la evolución y resultados de nuestro sistema educativo.


Por último, el Título VII está dedicado a la inspección del sistema educativo, entendida como función que, por mandato constitucional, es competencia y obligación de los poderes públicos. Sin duda, la inspección educativa es un instrumento de capital importancia para promover la mejora de la enseñanza.


Al poder público estatal le corresponde la función de alta inspección sobre todos aquellos aspectos del sistema educativo que constituyen el ámbito de competencias que en materia educativa tiene constitucionalmente atribuidas el Estado.


A las Administraciones educativas les corresponde la inspección educativa en las materias de su competencia y en su ámbito territorial, cuyo ejercicio debe situarse en el marco de las normas básicas que se establecen en esta Ley.


Así pues, la presente Ley establece el marco general de los distintos aspectos del sistema educativo que inciden de modo directo en la calidad de la educación. En este marco, los poderes públicos, estatal y autonómicos, adquieren una responsabilidad que nace no sólo de las obligaciones impuestas por el ordenamiento constitucional sino también, y de modo muy especial, de las

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continuas demandas de nuestra sociedad, que legítimamente exige de nuestro sistema educativo una respuesta eficaz a los retos y requerimientos que se plantean en los albores de este nuevo siglo.


TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

De los principios de calidad

Artículo 1. Principios.


Son principios de calidad del sistema educativo:

a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.


b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y mejora de las sociedades, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación; así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado.


c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio.


d) La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de toda la vida.


e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo.


f) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los alumnos.


g) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.


h) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.


i) La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.


j) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva de los centros.


CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de padres y alumnos

Artículo 2. Alumnos.


1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las normas vigentes, considerando que:

a) todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando;

b) todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución española, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ésta y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España;

c) todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional.


2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

a) a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad;

b) a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución;

c) a que se respeten su integridad y dignidad personales;

d) a la protección contra toda agresión física o moral;

e) a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes;

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias de tipo familiar, económico, social y cultural que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo y,

g) a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.


3. El estudio es un deber básico del alumno, que se concreta en las siguientes obligaciones:

a) participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos;

b) seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje;

c) asistir a clase con puntualidad y,

d) participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.


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4. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos:

a) respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales;

b) respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y

c) respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.


Artículo 3. Padres.


1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos:

a) a que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución y en las Leyes educativas;

b) a la libre elección del centro;

c) a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones;

d) a estar informados sobre el rendimiento académico y la marcha del proceso educativo de sus hijos.


2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde:

a) adoptar los medios necesarios para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación;

b) estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden;

c) conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros;

d) respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro;

e) fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.


CAPÍTULO III

De las Becas y Ayudas al estudio y de los Premios y Reconocimientos

Artículo 4. Becas y Ayudas al estudio.


1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.


Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios.


A estos efectos, el Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.


2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.


3. El desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los párrafos anteriores corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para asegurar que los resultados de la aplicación de los sistemas de becas y ayudas al estudio se produzcan sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo el territorio nacional, se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.


4. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores.


Artículo 5. Premios y reconocimientos.


El Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará programas destinados a premiar la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico de los alumnos, así como el de los profesores y los centros docentes por su labor y por la calidad de los servicios que presten.


CAPÍTULO IV

De los Programas de Cooperación

Artículo 6. Programas de Cooperación.


1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará Programas de Cooperación Territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos Programas tendrán como finalidad,

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según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.


2. Corresponde al Gobierno aprobar, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los Programas de Cooperación Territorial, establecer la finalidad y objetivos de cada uno de ellos y los elementos básicos del procedimiento que ha de seguirse en su desarrollo, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar el logro de los correspondientes objetivos.


3. Los Programas de Cooperación Territorial serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.


TÍTULO I

De la estructura del sistema educativo

CAPÍTULO I

De los principios generales

Artículo 7. Ámbito.


1. El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria.


2. La educación preescolar tendrá carácter educativo-asistencial y dispondrá de una regulación específica.


3. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de régimen especial.


Las enseñanzas escolares de régimen general se organizan en los siguientes niveles:

Educación Infantil.


Educación Primaria.


Educación Secundaria, que comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Formación Profesional de grado medio.


Formación Profesional de grado superior.


Las enseñanzas escolares de régimen especial son:

Enseñanzas Artísticas.


Enseñanzas de Idiomas.


4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas enseñanzas de régimen especial, si la demanda social y las necesidades educativas lo requiriesen.


5. Las enseñanzas a que se refieren los apartados anteriores se adaptarán a los alumnos con necesidades educativas específicas.


6. El sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos para su desarrollo personal y profesional.


7. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia.


8. La enseñanza universitaria se regirá por sus normas específicas.


Artículo 8. Enseñanza básica.


1. La enseñanza básica comprende la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.


2. La enseñanza básica incluye diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis.


3. No obstante, los alumnos podrán permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.


CAPÍTULO II

De la educación preescolar

Artículo 9. Ámbito.


1. La educación preescolar tiene como finalidad la atención educativa y asistencial a la primera infancia. Está dirigida a los niños de hasta los tres años de edad.


2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.


3. La educación preescolar será impartida por profesionales con la debida cualificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad.


4. La educación preescolar tiene carácter voluntario para los padres. Las Administraciones educativas atenderán a las necesidades que concurran en las familias y coordinarán la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda.


5. En la educación preescolar se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno inmediato.


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CAPÍTULO III

De la Educación Infantil

Artículo 10. Principios generales.


1. El nivel de Educación Infantil, que tiene carácter voluntario y gratuito, estará constituido por un ciclo de tres años académicos, que se cursará desde los tres a los seis años de edad. Será impartida por maestros con la especialidad correspondiente.


2. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros sostenidos con fondos públicos para atender la demanda de las familias.


Artículo 11. Objetivo.


1. La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros escolares cooperarán estrechamente con los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la educación de sus hijos.


2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.


b) Observar y explorar su entorno familiar, social y natural.


c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.


d) Relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de convivencia.


e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el aprendizaje de la lectura y de la escritura.


f) Iniciarse en las habilidades numéricas básicas.


3. Las Administraciones educativas promoverán la incorporación de una lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


Artículo 12. Organización.


1. Los contenidos educativos se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se transmitirán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño.


2. La metodología se basará en las experiencias, las actividades y el juego, y se aplicará en un ambiente de afecto y de confianza.


CAPÍTULO IV

De la Educación Primaria

Artículo 13. Principios generales.


La Educación Primaria comprenderá seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años.


Artículo 14. Objetivo.


1. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, con el fin de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.


2. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.


b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.


c) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de curiosidad e interés por el aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha.


d) Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.


e) Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana, y en su caso, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura.


f) Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones.


g) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la Geografía, la Historia y la cultura.


h) Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.


i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


j) Iniciarse en la valoración estética de las diferentes manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal.


k) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.


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l) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.


Artículo 15. Organización.


1. El nivel de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.


2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes:

a) Ciencia, Geografía e Historia.


b) Educación Artística.


c) Educación Física.


d) Lengua Castellana.


e) Lengua extranjera.


f) Matemáticas.


Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión.


Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial.


3. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, en la fijación de las enseñanzas mínimas se determinarán las áreas que se impartirán en cada uno de los ciclos.
Tendrán especial consideración las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos. Los currículos deberán incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.


4. Los métodos se orientarán a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y se adaptará a sus características personales.


Artículo 16. Evaluación.


1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumno en las distintas áreas.


2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación Primaria.


3. Los alumnos que accedan al ciclo siguiente con evaluación negativa en alguna de las áreas, recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de éstas.


4. Los profesores evaluarán tanto los conocimientos adquiridos por los alumnos como los procesos de enseñanza. Los resultados de esta evaluación servirán al profesorado para evaluar su propia actividad docente.


Artículo 17. Evaluación general de diagnóstico.


Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán una evaluación general de diagnóstico, que tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Esta prueba carecerá de efectos académicos y tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias y los alumnos.


Artículo 18. Profesorado.


La Educación Primaria será impartida por maestros, que atenderán todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con la especialización correspondiente.


CAPÍTULO V

De la Educación Secundaria

Artículo 19. Ámbito.


El nivel de Educación Secundaria comprenderá las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como de la Formación Profesional de grado medio.


SECCIÓN 1.ª DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Artículo 20. Principios generales.


1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.


2. No obstante, los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad, siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o cursar con aprovechamiento un Programa de Iniciación Profesional.


Artículo 21. Objetivo.


1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.


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2. Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diálogo.


b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio para el desarrollo personal.


c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.


d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás.


e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.


f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas; y conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y para la toma de decisiones.


g) Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.


h) Desarrollar las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquiridos.


i) Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.


j) Apreciar y disfrutar la creación artística; identificar y analizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.


k) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y en lo social.


l) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.


Artículo 22. Organización.


1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes asignaturas:

a) Biología y Geología.


b) Ciencias de la Naturaleza.


c) Cultura Clásica.


d) Educación Física.


e) Educación Plástica.


f) Ética.


g) Física y Química.


h) Geografía e Historia.


i) Lengua Castellana y Literatura.


j) Latín.


k) Lenguas extranjeras.


l) Matemáticas.


m) Música.


n) Tecnología.


Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial.


2. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, al fijar las enseñanzas mínimas se determinarán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.


3. Además de las asignaturas mencionadas, el currículo incluirá asignaturas optativas. En todo caso, entre las asignaturas optativas, los centros ofrecerán obligatoriamente una segunda lengua extranjera.


4. En los cursos tercero y cuarto, las Administraciones educativas podrán también ofrecer como asignaturas optativas cualesquiera de las asignaturas específicas de los itinerarios a que se refiere el artículo 25.


Artículo 23. Métodos.


1. Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de los alumnos, favorecerá su capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, e integrará los recursos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el aprendizaje. Los alumnos se iniciarán en el conocimiento y aplicación de los métodos científicos.


2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.


Artículo 24. Medidas de refuerzo.


1. En los cursos primero y segundo, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los

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objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo que permitan la consecución de esos objetivos.


2. Estas medidas serán promovidas, en el marco que establezcan las Administraciones educativas, por el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y adoptadas, en su caso, por la dirección del centro.
La aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el período lectivo.


Artículo 25. Itinerarios.


1. En los cursos tercero y cuarto, las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y en asignaturas específicas, que constituirán itinerarios formativos.


2. En tercer curso los itinerarios serán dos: Itinerario Tecnológico e Itinerario Científico-Humanístico. En cuarto curso serán tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario Humanístico.


El cuarto curso se denominará Curso para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria. Tendrá carácter preparatorio de los estudios postobligatorios y de la incorporación a la vida laboral.


En la determinación de las enseñanzas mínimas se establecerán las asignaturas comunes y específicas de los itinerarios.


3. Al finalizar el segundo curso, con el fin de orientar a las familias y a los alumnos en la elección de los itinerarios, el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de orientación, emitirá un informe de orientación escolar para cada alumno. La elección de itinerario realizada en tercer curso no condicionará la del cuarto curso.


4. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley. Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación, podrán adecuar este principio a las necesidades generales y de la demanda, atendiendo a las características de los centros.


5. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevos itinerarios y modificar los establecidos en la presente Ley.


Artículo 26. Programas de Iniciación Profesional.


1. Los Programas de Iniciación Profesional estarán integrados por los contenidos curriculares esenciales de la formación básica y por módulos profesionales asociados, al menos, a una cualificación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el Artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Dicha formación, que tendrá una estructura flexible de carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos. El Gobierno fijará las directrices básicas de estos programas.


2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria.


3. Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años y tras la adecuada orientación educativa y profesional, opten voluntariamente por no cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos, permanecerán escolarizados en un Programa de Iniciación Profesional.


4. Los métodos pedagógicos de estos programas se adaptará a las características específicas de los alumnos y fomentará el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán especial consideración en estos programas.


5. La superación de un Programa de Iniciación Profesional dará derecho a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en los Programas de Iniciación Profesional será acreditada conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos académicos previstos en el artículo 37.3 a) de la presente Ley.


6. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones y entidades para el desarrollo de estos Programas.


Artículo 27. Evaluación.


1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas asignaturas del currículo.


2. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.


Artículo 28. Promoción.


1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo de evaluación decidirá sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.


2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, cuando el número de asignaturas no aprobadas sea superior a dos, el alumno deberá permanecer otro año en el mismo curso.


3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si, tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos

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para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y previa consulta a los padres, podrá decidir su promoción al curso siguiente, en las condiciones que el Gobierno establezca en función de las necesidades educativas de los alumnos.


4. El alumno que, cumplidos los dieciséis años, a juicio del equipo de evaluación, no haya alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, podrá continuar sus estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia.


Artículo 29. Evaluación general de diagnóstico.


1. Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán una evaluación general de diagnóstico, que tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Esta prueba carecerá de efectos académicos y tendrá carácter informativo y orientador para los centros, profesorado, las familias y los alumnos.


Artículo 30. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


1. Todos los itinerarios formativos conducirán al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este título será único y en él constará la nota media de la etapa.


2. Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber superado todas las asignaturas de la etapa. Excepcionalmente se podrá obtener este título sin haber superado todas las asignaturas del último curso de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca.


3. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral. Junto con el Título, los alumnos recibirán un informe de orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial.


4. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán un Certificado de Escolaridad en el que constarán los años cursados.


Artículo 31. Profesorado.


1. Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas que se determinen en virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente.


2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 55 de la presente Ley.


SECCIÓN 2.ª DEL BACHILLERATO

Artículo 32. Principios generales.


1. El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación especializada para su incorporación a estudios posteriores y para la inserción laboral.


2. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

3. Los alumnos podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.


Artículo 33. Objetivo.


1. La finalidad del Bachillerato es proporcionar a los alumnos una educación y formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad y competencia. Asimismo, los capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios universitarios.


2. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

a) Alcanzar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los derechos humanos, y comprometida con ellos.


b) Afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.


c) Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.


d) Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato escogida.


e) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de información distintas, a fin de plantear y de resolver adecuadamente los problemas propios de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.


f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos en cada disciplina.


g) Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y las posibilidades expresivas

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de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, así como la literatura y la lectura y el análisis de las obras literarias más significativas.


h) Expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras.


i) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el aprendizaje.


j) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.


k) Consolidar la práctica del deporte.


l) Conocer y valorar la contribución de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.


m) Desarrollar la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado que mejoren el entorno social.


Artículo 34. Organización.


1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.


2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un complemento de formación práctica fuera del centro.


3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

a) Artes.


b) Ciencias y Tecnología.


c) Humanidades y Ciencias Sociales.


4. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato o modificar las establecidas en esta Ley.


5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.


b) Filosofía.


c) Historia de España.


d) Historia de la Filosofía.


e) Lengua Castellana y Literatura.


f) Lengua extranjera.


Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial.


6. Con el fin de garantizar una adecuada ordenación de las enseñanzas en los distintos ámbitos del conocimiento, en la determinación de las enseñanzas mínimas se establecerán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos así como, previa consulta a las Comunidades Autónomas, las asignaturas específicas de cada modalidad.


7. La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos apropiados de investigación. De igual modo se procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes asignaturas con sus aplicaciones prácticas.


8. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.


9. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.


Artículo 35. Profesorado.


Para impartir las enseñanzas del Bachillerato se exigirán las mismas titulaciones académicas que las requeridas para la Educación Secundaria Obligatoria. Será necesario además estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 55 de la presente Ley.


Artículo 36. Título de Bachiller.


1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas y la superación de una Prueba General de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.


2. La prueba versará, en todo caso, sobre las asignaturas comunes y específicas de las diferentes modalidades del Bachillerato. La parte correspondiente a la Lengua Extranjera incluirá un ejercicio oral y otro escrito. La calificación final del Bachillerato vendrá determinada por la media entre la calificación obtenida en la Prueba General de Bachillerato y la media del expediente académico del alumno en el Bachillerato.


3. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios universitarios.


4. De acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Gobierno establecerá la normativa básica que regule el establecimiento por parte de las Universidades de los procedimientos para la admisión de alumnos. En todo

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caso, entre los requisitos de acceso, se tendrá en cuenta la nota final del Bachillerato.


5. La evaluación positiva en todas las asignaturas del Bachillerato da derecho a un certificado que surtirá exclusivamente efectos laborales.


CAPÍTULO VI

De la Formación Profesional

Artículo 37. Acceso.


1. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para el acceso a la formación profesional específica de grado superior será necesario estar en posesión del título de Bachiller.


2. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba.


3. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar:

a) Para la Formación Profesional de grado medio, los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales quedarán exentos quienes hayan superado un programa de inserción profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos casos relacionados con la enseñanza que pretendan cursar.


b) Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que pretendan cursar.


c) Aquellas personas que tengan superadas todas las asignaturas de cualquier modalidad de Bachillerato, podrán acceder a los ciclos formativos de Grado Superior a través de una prueba que permita la acreditación de las capacidades del alumno en relación con el campo profesional de que se trate.


4. Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años cumplidos en el año natural.


5. El Gobierno determinará las características básicas de las pruebas y la relación entre los títulos de Técnicos y su correspondiente de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo.


Artículo 38. Convenios.


Las Administraciones educativas podrán establecer convenios educativos con centros que impartan ciclos formativos de Formación Profesional, que complementen la oferta educativa de los centros públicos, de acuerdo con la programación general de la enseñanza.


CAPÍTULO VII

De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas

SECCIÓN 1.ª DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS

Artículo 39. Incorporación al sistema educativo.


1. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.


2. Los programas a que hace referencia el apartado anterior se podrán impartir, de acuerdo con la planificación de las Administraciones educativas, en aulas específicas establecidas en centros ordinarios. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.


3. Los alumnos mayores de quince años que presenten graves problemas de adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los Programas de Iniciación Profesional establecidos en esta Ley.


4. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles. Su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en los que se integren.


5. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.


6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros.


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SECCIÓN 2.ª DE LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS INTELECTUALMENTE

Artículo 40. Principios.


1. Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de las Administraciones educativas.


2. Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades.


3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad cronológica de estos alumnos, y fijará los criterios para la creación de programas de intensificación del aprendizaje.


4. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus características.


5. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda. Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.


SECCIÓN 3.ª DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Artículo 41. Ámbito.


1. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención especializada.


2. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.


Artículo 42. Valoración de necesidades.


1. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus características, integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización combinada.


2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones. Estos profesionales establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas de cada alumno, contando con el parecer de los padres y con el del equipo directivo y el de los profesores del centro correspondiente.


3. Al finalizar cada curso, el equipo de evaluación valorará el grado de consecución de los objetivos establecidos al comienzo del mismo para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados de dicha evaluación permitirán introducir las adaptaciones precisas en el plan de actuación, incluida la modalidad de escolarización que sea más acorde con las necesidades educativas del alumno. En caso de ser necesario, esta decisión podrá adoptarse durante el curso escolar.


Artículo 43. Escolarización.


1. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales comenzará y finalizará con las edades establecidas con carácter general para el nivel y la etapa correspondiente. Excepcionalmente, podrá autorizarse la flexibilización del periodo de escolarización en la enseñanza obligatoria. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años.


2. La escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales incluirá también la orientación a los padres para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia.


Artículo 44. Recursos de los centros.


1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales. En la programación de la oferta de puestos escolares gratuitos, se determinarán aquellos centros que, por su ubicación y sus recursos, se consideren los más indicados para atender las diversas necesidades de estos alumnos.


2. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá actuaciones de formación del profesorado y de otros profesionales de estos centros para la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.


3. Las Administraciones educativas, para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro escolar, podrán establecer acuerdos de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas o privadas.


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Artículo 45. Integración social y laboral.


Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos que no puedan conseguir los objetivos previstos en la enseñanza básica, las Administraciones educativas promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los alumnos.


TÍTULO II

De las enseñanzas de idiomas

Artículo 46. Ámbito y estructura.


1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas, cuyos requisitos mínimos establecerá el Gobierno, son centros que imparten enseñanzas especializadas de idiomas, que tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial a las que se refiere esta Ley.


2. La estructura básica de estas enseñanzas, se adecuará a los siguientes niveles:

- Nivel Básico.


- Nivel Intermedio.


- Nivel Avanzado.


En la determinación de las enseñanzas mínimas correspondientes a los niveles de las diferentes lenguas, se establecerán los efectos de los certificados correspondientes.


3. El profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer a los cuerpos de Catedráticos o de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, podrán impartirlas profesores de otros cuerpos docentes del mismo nivel y con la especialidad correspondiente en las condiciones establecidas en las normas vigentes.


4. Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se requerirá estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Certificado de Escolaridad o de estudios primarios.


5. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los certificados correspondientes a los distintos niveles mediante la superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas de conformidad con los requisitos básicos que establezca el Gobierno.


Artículo 47. Escuelas Oficiales de Idiomas.


1. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, el de las lenguas cooficiales existentes en el Estado, así como la enseñanza del español como lengua extranjera.


2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa competente, cursos para la actualización de conocimientos de idiomas y para la formación de las personas adultas. Asimismo colaborarán en los cursos de formación del profesorado.


3. Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia integrándola en la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas.


4. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán desarrollar planes de investigación e innovación en relación con las enseñanzas que impartan.


Artículo 48. Realización de pruebas en el sistema escolar.


Las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional. Estas pruebas tendrán carácter voluntario y serán realizadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas.


TÍTULO III

Del aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas

Artículo 49. Objetivo.


1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal o profesional.


2. Las enseñanzas para las personas adultas tendrán los siguientes objetivos:

a) Adquirir, completar o ampliar capacidades y conocimientos y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo.


b) Desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos sociales desfavorecidos.


c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.


3. Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica. Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años que por su trabajo u otras circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.


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4. En los establecimientos penitenciarios y hospitales se garantizará a la población reclusa y hospitalizada la posibilidad de acceso a estas enseñanzas.


5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de las modalidades presencial y a distancia.


6. Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y otras instituciones o entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.


7. Las Administraciones educativas promoverán programas específicos de Lengua y Cultura Españolas para facilitar la integración de las personas inmigrantes.


Artículo 50. Enseñanza básica.


1. Las personas adultas que pretendan adquirir los conocimientos correspondientes a la enseñanza básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Esta oferta deberá ajustarse a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas Administraciones educativas.


2. La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros docentes ordinarios o específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente y de conformidad con los requisitos mínimos que el Gobierno establezca.


3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las condiciones básicas que establezca el Gobierno, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años de edad puedan obtener directamente el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


Artículo 51. Enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional.


1. Las Administraciones educativas facilitarán a todos los ciudadanos el acceso a los niveles o grados de las enseñanzas no obligatorias.


2. Las personas adultas que estén en posesión de la titulación requerida podrán cursar el Bachillerato y la Formación Profesional. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que dichas personas dispongan en los centros ordinarios de una oferta específica de estos estudios, organizada de acuerdo con sus características.


3. Las Administraciones competentes organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza a distancia, con el fin de atender adecuadamente a la demanda de formación permanente de las personas adultas.


4. Las personas mayores de veintiún años podrán presentarse, en la modalidad de bachillerato que prefieran, a la Prueba General de Bachillerato, para la obtención del Título de Bachiller, de acuerdo con las condiciones básicas que establezca el Gobierno.


5. Las Administraciones educativas organizarán pruebas, de acuerdo con las condiciones básicas que el Gobierno establezca, para obtener los títulos de Formación Profesional.


6. Los mayores de veinticinco años de edad podrán acceder a la universidad mediante la superación de una prueba específica.


Artículo 52. Profesorado.


1. Los profesores que impartan enseñanzas escolares a las personas adultas, que conduzcan a la obtención de un título académico o profesional, deberán estar en posesión de la titulación establecida con carácter general para impartir las correspondientes enseñanzas.


2. Las Administraciones educativas facilitarán a estos profesores la formación especializada necesaria para responder a las características de las personas adultas.


TÍTULO IV

De la función docente

Artículo 53. Funciones del profesorado.


A los profesores de centros escolares les corresponden las siguientes funciones:

a) La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan encomendados.


b) La transmisión de actitudes de tolerancia y respeto a los valores que rigen la convivencia.


c) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades.


d) La cooperación con los servicios de orientación académica y profesional.


e) La coordinación de las actividades docentes y de gestión que les sean encomendadas.


f) La participación en la actividad general del centro.


g) La mejora continua de los procesos de enseñanza.


CAPÍTULO I

De la Formación del Profesorado

Artículo 54. Principios.


1. Las Administraciones educativas promoverán la actualización y la mejora continua de la cualificación profesional de los profesores y la adecuación de

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sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas.


2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las necesidades especificas relacionadas con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica, la orientación y tutoría, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.


Artículo 55. Formación inicial.


1. Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, será necesario estar en posesión del Título de Especialización Didáctica.


2. El Título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes.


3. El Gobierno regulará las condiciones de acceso a ambos períodos, así como los efectos del correspondiente Título de Especialización Didáctica, y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación.


4. La aprobación del período académico habilitará a los titulados universitarios para poder realizar los ejercicios de acceso a la función pública docente.


5. Las Universidades podrán organizar las enseñanzas del Título de Especialización Didáctica, mediante los oportunos convenios con la correspondiente administración educativa. Las Universidades podrán incorporar a los planes de estudio de sus titulaciones oficiales las materias incluidas en la fase teórica de dichos cursos.


6. Finalizados los estudios universitarios correspondientes, los titulados podrán matricularse en el período académico del Título de Especialización Didáctica con el fin de obtener la habilitación a la que se refiere el apartado 4. Al efectuar la matrícula podrán solicitar la convalidación de aquellos créditos cursados con anterioridad. Las Universidades acreditarán la superación de dicho período académico.


7. En el caso de las Enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de Idiomas, los estudios requeridos para la obtención del Título de Especialización Didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas según lo que se establezca en la correspondiente normativa básica.


Artículo 56. Formación permanente.


1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá periódicamente Planes Generales de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.


2. Las Administraciones educativas arbitrarán las medidas necesarias para que los profesores de los niveles correspondientes a las enseñanzas escolares puedan participar en actividades formativas de reconocida cualificación que se desarrollen dentro del periodo lectivo.


3. A los efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional novena de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.


4. Con el fin de que los profesores estén permanentemente actualizados, su formación podrá completarse mediante:

a) Programas intensivos de formación y actualización lingüística, en colaboración con las Escuelas Oficiales de Idiomas.


b) Programas Europeos. Para ello, las agencias nacionales tendrán en cuenta en sus programas la armonización de las prioridades de la enseñanza en el Estado español con las de la Unión Europea.


c) Programas específicos de actualización en tecnologías de la información y de las comunicaciones. A tal fin, las Administraciones educativas velarán por la actualización de los profesores en cuanto a su aplicación en los currículos escolares. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá ofrecer a los centros y profesores apoyo y asesoramiento.


d) Estancias formativas en empresas para el profesorado de las diferentes especialidades de Formación Profesional.


e) Cursos para la formación de profesores tutores en todos los niveles.


f) Cursos de actualización científica y didáctica.


g) Cuantos otros contribuyan a elevar la calidad de la enseñanza.


5. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la participación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación e innovación.


CAPÍTULO II

De la valoración de la función pública docente

Artículo 57. Planes de valoración.


1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la valoración de la función pública docente.


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2. Los planes deberán garantizar la participación de los profesores y serán realizados preferentemente por la inspección educativa, que contará con la cooperación del equipo directivo de los centros, así como del resto de los sectores de la comunidad educativa en aquellos aspectos que específicamente establezcan las Administraciones competentes.


3. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en la carrera profesional del profesorado.
Asimismo, prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.


Artículo 58. Evaluación voluntaria.


1. Las Administraciones educativas fomentarán la evaluación voluntaria del profesorado. Los resultados de estas evaluaciones se podrán tener en cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de la carrera docente.


2. Las certificaciones de evaluación voluntaria, en lo que se refiere a los concursos de traslados de ámbito nacional y a la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional novena de esta Ley, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.


Artículo 59. Medidas de apoyo al profesorado.


1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación general de la enseñanza, favorecerán:

a) El reconocimiento de la complejidad de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.


b) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones. Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones.


c) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se determinen.


d) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.


e) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas.


2. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los Centros escolares públicos, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.


TÍTULO V

De la organización y dirección de los Centros docentes

CAPÍTULO I

De la tipología de los Centros docentes y su organización

SECCIÓN 1.ª DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 60. Régimen jurídico.


Los centros docentes que impartan las enseñanzas a que se refiere esta Ley se regirán por lo dispuesto en la misma y disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido en las demás normas vigentes que les sean de aplicación.


Artículo 61. Clasificación de centros.


1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados.


2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. Se entiende por titular de un centro educativo la persona física o jurídica que conste como tal en el registro de centros de la correspondiente Administración educativa.


3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados.


Artículo 62. Tipología de centros.


1. Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de:

a) Educación Infantil.


b) Educación Primaria.


c) Educación Secundaria Obligatoria.


d) Bachillerato.


e) Formación Profesional.


f) Enseñanzas Artísticas.


g) Enseñanza de Idiomas.


h) Educación Especial.


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2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará por las Administraciones educativas.


Artículo 63. Denominación de los centros.


1. Los centros públicos de Educación Infantil se denominarán Escuelas Infantiles; los de Educación Primaria, Colegios de Educación Primaria; los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, Institutos de Educación Secundaria. Las Administraciones competentes podrán crear y autorizar Centros Integrados de Formación Profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


2. Los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo con lo que dispongan sus reglamentaciones especiales.


Artículo 64. Centros privados en el exterior.


Los centros privados que impartan enseñanzas del sistema educativo español en el exterior deberán cumplir los requisitos que establezca el Gobierno como condición para el reconocimiento de sus estudios y la expedición de los títulos correspondientes.


Artículo 65. Carácter propio de los centros privados.


1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y los derechos reconocidos a profesores, padres y alumnos.


2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular del centro.
La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter propio de éste.


Artículo 66. Admisión de alumnos.


1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.


2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el correspondiente equipo directivo, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa. Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar además el expediente académico.


3. Los centros de especialización curricular a que se refiere el artículo 73 de esta Ley, podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente.


4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de los que sean objeto de financiación, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo.


5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.


6. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados aporten en el proceso de admisión de alumnos.


SECCIÓN 2.ª DE LOS CENTROS CONCERTADOS

Artículo 67. Conciertos.


1. Los centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos previstos en las leyes educativas. A tal efecto, los citados centros deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el pertinente concierto.


2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los conciertos.


3. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.


4. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un mismo titular.


5. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que impartan la enseñanza básica, satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán preferencia aquellos centros que

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en régimen de cooperativa cumplan con la finalidades anteriormente señaladas. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta la demanda social de las plazas escolares en los centros.


Artículo 68. Módulos del concierto.


1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los Presupuestos de las Administraciones correspondientes.


2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, y en su caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo, en éstos, ser inferior al que se establezca en los primeros en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente.


3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.


b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento y conservación y las de reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.


c) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros concertadas y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirán de forma individualizada entre el personal docente de los centros concertadas, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.


4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior, harán posible que gradualmente la remuneración de aquél sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles.


5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.


6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.


7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.


SECCIÓN 3.ª DE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Artículo 69. Principios.


1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la calidad educativa. Las Administraciones educativas fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores

2. Los centros docentes estarán dotados del personal y de los recursos educativos y materiales necesarios para garantizar una enseñanza de calidad.


Artículo 70. Autonomía pedagógica.


1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos.


2. Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades educativas así como los procedimientos de actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades educativas de los alumnos.


3. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro.


4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa.


5. El proyecto educativo de los centros concertados deberá incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 65 de la presente Ley.


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6. Los centros docentes desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas.


7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las áreas, asignaturas o módulos.
Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas.


8. Los equipos de profesores de los centros públicos tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área asignatura o módulo.


Artículo 71. Autonomía organizativa.


1. La autonomía organizativa se concretará en la programación general anual y en los reglamentos de régimen interior. La programación general anual será elaborada por el equipo directivo, oído el Claustro.


2. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno en que éstos desarrollan su labor. Asimismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia en los centros y en el control del absentismo escolar.


Artículo 72. Autonomía de gestión económica.


1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.


2. Las Administraciones educativas, en función de sus disponibilidades, garantizarán la atención específica, por personal cualificado, en aquellas actividades que lo requieran.


3. Las Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa correspondiente establezca, regularán el procedimiento que permita a los centros docentes públicos obtener recursos complementarios.
Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan.


4. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a aquellos centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnos con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas.


Artículo 73. Centros docentes con especialización curricular.


1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y de organización contemplada en la presente Ley, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


Estos proyectos tendrán como finalidad conseguir la máxima calidad educativa en los ámbitos correspondientes y servir de referencia para promover programas de innovación.


2. Los centros podrán obtener la especialización a que se refiere el apartado anterior mediante el procedimiento que oportunamente establezcan las Administraciones educativas correspondientes.


3. Los centros docentes podrán añadir a su denominación específica la especialización para la que hayan sido autorizados. Deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.

4. Las Administraciones educativas prestarán un especial apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alguna especialización curricular.


5. La autorización de una especialización curricular podrá ser revocada por la Administración educativa competente en el caso de que el resultado de la evaluación correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos previstos.


6. Los centros con especialización curricular, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, podrán ampliar los horarios para desarrollar los correspondientes proyectos de especialización.


SECCIÓN 4.ª DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

Artículo 74. Principios.


1. En los centros docentes públicos existirán órganos de gobierno y órganos de participación en el control y gestión de los mismos.


2. Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los centros velarán para que las actividades de éstos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza.


3. Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.


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Artículo 75. Tipos de órganos.


1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y de participación en el control y gestión:

a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.


b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.


2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones de éstos órganos, así como su régimen de funcionamiento.


3. Los órganos de participación en el control y gestión del centro evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los resultados de las pruebas externas que se realicen en el mismo.


4. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores colaborarán con la inspección educativa en los planes de evaluación del centro que se les encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que se realicen en el centro.


5. Los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar podrán enviar informes sobre el funcionamiento del centro a la Administración competente.


Artículo 76. Consejo Escolar.


1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.


2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director del centro, que será su Presidente.


b) El Jefe de Estudios.


c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.


d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.


e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.


f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.


g) El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.


3. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones.


4. Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas.


5. Las Administraciones educativas regularán las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar, un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro.


6. Las Administraciones educativas determinarán el número total de miembros del Consejo Escolar y regularán el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores que lo integran.


7. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de Educación Especial, en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, así como en aquellas unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo y en el artículo 75 de esta Ley a la singularidad de los mismos.


Artículo 77. Atribuciones del Consejo Escolar.


1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual del centro e informar el proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.


b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo.


c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.


d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.


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e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.


f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.


g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.


h) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, entidades y organismos.


i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.


j) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.


k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.


l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.


2. Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación específica para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos.


Artículo 78. Claustro de profesores.


1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del centro.


2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.


Artículo 79. Atribuciones del Claustro de profesores.


El Claustro de profesores tendrá las siguientes atribuciones:

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual, así como evaluar su aplicación.


b) Aprobar el proyecto educativo.


c) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro.


d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.


e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 86 de esta Ley.


f) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.


g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo.


h) Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del Centro.


i) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.


j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.


k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.


Artículo 80. Órganos de coordinación docente.


1. En los Institutos de Educación Secundaria existirán, además, los siguientes órganos de coordinación docente: Departamento de orientación, encargado de la orientación académica y profesional de los alumnos, y Departamentos de coordinación didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden. Cada Departamento de coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo.


2. Las Administraciones educativas podrán establecer otros órganos de coordinación además de los señalados, con carácter general, en el apartado anterior.


3. La Jefatura de cada Departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos Departamentos.


En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos creados por esta Ley, la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente a los Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Artes Plásticas y Diseño.


4. En los Departamentos de los centros públicos integrados en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, se adaptará lo establecido anteriormente a sus características específicas.


SECCIÓN 5.ª DE LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Artículo 81. Atribuciones del Director.


El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) Garantizar el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones vigentes.


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b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables.


c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.


d) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.


e) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro.


f) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del Centro.


g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.


h) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de régimen interior del Centro. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.


i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.


j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.


k) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de innovación e investigación educativa.


l) Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las evaluaciones externas

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.


Artículo 82. Equipo directivo.


1. El Director, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario, y demás órganos de gobierno, de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro. La Jefatura de Estudios deberá recaer en un profesor del nivel educativo correspondiente.


2. Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del Director.


3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el cese del Director.


4. En los centros de nueva creación, el Jefe de Estudios y el Secretario serán nombrados directamente por la Administración educativa.


5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.


SECCIÓN 6.ª DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTORES DE CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN OTROS ÓRGANOS

Artículo 83. Participación de los Directores.


Las Administraciones educativas favorecerán la participación de los directores de centros sostenidos con fondos públicos en órganos de carácter consultivo y participativo.


CAPÍTULO II

Del Director de los centros docentes públicos

Artículo 84. Principios generales.


1. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera de los cuerpos del nivel educativo y régimen a que pertenezca el centro.


2. La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad.


Artículo 85. Requisitos.


Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.


b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario de carrera, durante un período de

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igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.


c) Estar prestando servicios en un centro público del nivel y régimen correspondientes, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.


Artículo 86. Procedimiento de selección.


1. Para la designación de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos.


2. La selección será realizada por unas Comisiones de Selección de acuerdo con el ámbito territorial que determine cada Administración educativa.


3. Las Comisiones estarán constituidas por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho centro.


Los representantes de la Administración educativa serán los vocales permanentes y estarán encargados de la baremación de los méritos presentados por los aspirantes.


Una vez realizada la baremación de los méritos, se incorporarán a la comisión los representantes del centro que corresponda. El pleno de la comisión aprobará la baremación de dichos méritos, valorará los proyectos de dirección presentados por los candidatos y propondrá a la Administración educativa el candidato seleccionado.


4. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la experiencia previa en el ejercicio de la dirección.


5. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento aplicables a la correspondiente selección.


Artículo 87. Nombramiento.


1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas, consistente en un curso teórico de formación y en un período de prácticas. El curso teórico incorporará en su contenido los aspectos fundamentales del sistema educativo, de la organización y funcionamiento de los centros escolares, y de las funciones de organización y gestión de personal y de los recursos materiales y demás contenidos atribuidos a la función directiva. Los aspirantes seleccionados que tengan adquirida la categoría de Director a que se refiere el apartado tres de este artículo, estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.


2. La Administración educativa nombrará director del centro que corresponda, por un período de tres años, al aspirante que haya superado este programa.


3. Los directores así nombrados serán evaluados a lo largo de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de Director para los centros públicos del nivel educativo y régimen de que se trate. Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.


Artículo 88. Duración del mandato.


Los directores podrán optar por continuar desempeñando su mandato en el mismo centro por un máximo de cinco períodos consecutivos, previa evaluación positiva del trabajo realizado al final de cada uno de los mismos. A estos efectos, se tendrán en cuenta exclusivamente los períodos para los que hubieran sido designados de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley.


Artículo 89. Nombramiento con carácter extraordinario.


1. En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, la Administración educativa nombrará director, por un periodo de tres años, a un profesor funcionario del mismo nivel educativo y régimen del centro de que se trate, que reúna, al menos, los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia.


b) Haber sido profesor con docencia directa en el aula, durante un período de igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.


2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el apartado uno de este artículo. En estos centros, la duración del mandato de todos los órganos de gobierno será de tres años.


3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan Enseñanzas Artísticas, de Idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.


Artículo 90. Apoyo al ejercicio de la función directiva.


1. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes

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dotando a los directores de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos de mejora de la calidad.


2. Asimismo organizarán cursos de formación de directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales, a los que periódicamente deberá acudir el director y el resto del equipo directivo.


3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá colaborar con las Administraciones educativas mediante la oferta periódica de planes de formación que promuevan la calidad de la función directiva.


4. Con el objeto de facilitar el ejercicio de sus funciones, las Administraciones educativas promoverán procedimientos para eximir, total o parcialmente, al equipo directivo y, especialmente, al director de la docencia directa en función de las características del centro.


Artículo 91. Cese del Director.


1. El cese del Director se producirá en los siguientes supuestos:

a) finalización del período para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga del mismo.


b) renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.


c) incapacidad física o psíquica sobrevenida.


d) revocación motivada por la Administración educativa competente por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director, previa audiencia al interesado. En este caso el profesor no podrá participar en ningún concurso de selección de directores durante el período de tiempo que determine la Administración educativa.


2. El Director, finalizado el período de su mandato incluidas las posibles prórrogas, deberá participar de nuevo en un concurso de méritos para volver a desempeñar la función directiva.


Artículo 92. Reconocimiento de la función directiva.


1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial, del cargo de Director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas.


2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de Director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente, así como para otros fines de carácter profesional, dentro del ámbito docente, que establezcan las Administraciones educativas.


3. Los Directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el período de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas. En todo caso, se tendrá en cuenta a estos efectos el número de años de ejercicio del cargo de Director.


TÍTULO VI

De la evaluación del Sistema Educativo

Artículo 93. Ámbito de la evaluación.


La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta ley, y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación y la propia Administración educativa.


Artículo 94. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.


1. La evaluación general del sistema educativo se realizará por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbitos respectivos.


2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la estructura y funciones de este Instituto, garantizando la participación de las Administraciones educativas en el mismo.


Artículo 95. Evaluaciones generales de diagnóstico.


1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y en el marco de la evaluación general del sistema educativo que le compete, elaborará evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas. Estas evaluaciones se realizarán, en todo caso, en la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, y versarán sobre competencias básicas del currículo.


2. Las Administraciones educativas participarán en las evaluaciones generales de diagnóstico del sistema educativo y en las evaluaciones internacionales en las que tome parte el Estado español, mediante las actuaciones que sean necesarias en sus respectivos centros.


3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará la normativa básica aplicable

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para el desarrollo de la evaluación a que se refiere el apartado uno de este artículo, a los efectos de que ésta se produzca con criterios de homogeneidad.


4. Las Administraciones educativas desarrollarán, ejecutarán y controlarán las evaluaciones en el ámbito de sus respectivas competencias.


Artículo 96. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.


1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, elaborará periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que contribuirá a orientar la toma de decisiones en la enseñanza, tanto de las instituciones educativas como de las Administraciones, los alumnos o las familias.


2. A los efectos de la elaboración de este sistema de indicadores, las Administraciones educativas colaborarán con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, facilitando la información que les sea requerida.


Artículo 97. Plan de Evaluación General del Sistema.


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a las Comunidades Autónomas, elaborará periódicamente un plan de evaluación general del sistema en el que se determinarán las prioridades y objetivos que el Instituto deberá desarrollar en sus evaluaciones. Este plan contendrá los criterios y procedimientos de evaluación, que se harán públicos con carácter previo.


Artículo 98. Publicación de los resultados de las evaluaciones.


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará públicas periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo y dará a conocer los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.


Artículo 99. Otros planes de evaluación.


1. La Administración educativa correspondiente elaborará y pondrá en marcha planes de evaluación que serán aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicos y que se llevarán a cabo principalmente a través de la inspección educativa.


2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión así como los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en la evaluación externa de los centros.


3. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan. Asimismo, se comunicarán al Claustro de profesores y al Consejo Escolar las conclusiones de la evaluación correspondiente a su centro. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta el entorno social y económico de los mismos y los recursos de que disponen, y se efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para resolver los problemas que hubieran sido detectados en la evaluación realizada.


4. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio funcionamiento al final de cada curso, de acuerdo con lo preceptuado por la Administración educativa.


TÍTULO VII

De la inspección del sistema educativo

Artículo 100. Inspección del sistema educativo.


1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.


2. Las Administraciones públicas competentes ejercerán la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial y de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia. El ejercicio de la función inspectora se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.


CAPÍTULO I

De la Alta Inspección

Artículo 101. Ámbito.


Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.


Artículo 102. Competencias.


En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar que los currículos así como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas.


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b) Comprobar que las enseñanzas mínimas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos currículos.


c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a niveles, modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda. Asimismo, la comprobación de la duración de la escolaridad obligatoria, de los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro, de las condiciones de obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.


d) Verificar que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.


e) Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza.


f) Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación así como de sus derechos lingüísticos y , en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado de acuerdo con las disposiciones aplicables.


g) Verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado, así como elevar, en su caso, informes a los órganos competentes en relación con las inversiones en construcciones, instalaciones, equipos escolares y gastos corrientes en materia de dotaciones y retribuciones de personal.


h) Recabar la información necesaria para la elaboración de las estadísticas educativas para fines estatales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los servicios estadísticos del Departamento, especialmente en la Ley de la Función Pública estadística.


i) Elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas.


CAPÍTULO II

De la inspección educativa

Artículo 103. Funciones.


Son funciones de la Inspección Educativa:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.


b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.


c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.


d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.


e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.


f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.


Artículo 104. Organización de la inspección educativa.


1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.


2. El Gobierno fijará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el cuadro de especialidades de Inspección Educativa, teniendo en cuenta, en todo caso los diferentes niveles, asignaturas, módulos y programas educativos, así como los criterios para atender la necesidad de actuaciones específicas en los casos en los que no se disponga de personal inspector con la especialidad adecuada.


3. Los sistemas de provisión de puestos atenderán a las especialidades establecidas.


Artículo 105. Formación de los inspectores de educación.


1. El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio profesional es un derecho y un deber de los inspectores de Educación.


2. La formación de los inspectores de Educación se llevará a cabo por las distintas Administraciones educativas, en colaboración, preferentemente, con las universidades e instituciones superiores de formación del profesorado.


3. A los efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional novena de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones

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educativas, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.


Disposición adicional primera. Del calendario de aplicación de la Ley.


El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la extinción gradual del plan de estudios de las enseñanzas de Idiomas en vigor, la implantación de los currículos correspondientes, así como las equivalencias a efectos académicos de los años cursados según el plan de estudios que se extingue. Asimismo, se regulará la implantación de las enseñanzas de régimen general y las equivalencias de los títulos afectados por esta Ley.


Disposición adicional segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos Acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas.


2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.


3. El Gobierno fijará las enseñanzas mínimas correspondientes a la opción no confesional. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.


4. Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza confesional de religión en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente Ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos.


Disposición adicional tercera. De los libros de texto y demás materiales curriculares.


1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del centro.


2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.


3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución podrá dar lugar a la retirada de dichos materiales, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan.


4. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un periodo mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.


Disposición adicional cuarta. Del calendario escolar.


1. El calendario escolar que fijarán anualmente las Administraciones educativas comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la educación Infantil y Primaria, y 170 días para el resto de las enseñanzas escolares. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a pruebas finales.


2. En ningún caso el inicio del curso escolar se producirá antes del uno de septiembre ni el final de las actividades lectivas después del treinta de junio de cada año académico, salvo para la enseñanza de adultos y para el desarrollo de la formación en centros de trabajo, cuando por razones de estacionalidad de la actividad de las empresas, así se exija.


Disposición adicional quinta. Sobre la admisión de alumnos en caso de no existir plazas suficientes.


1. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas

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suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de Educación Infantil o de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.


2. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior, respetando, en todo caso, el derecho a la libre elección de centro.


3. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que en cada caso se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 37 de esta Ley. Una vez aplicados los anteriores criterios, se atenderá al expediente académico de los alumnos.


4. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o de Danza y enseñanzas de régimen general, tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de régimen general que la Administración educativa determine.


Disposición adicional sexta. De los centros que estén autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.


Los centros docentes privados que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran autorizados para impartir el primer ciclo de la Educación Infantil, quedarán automáticamente autorizados para impartir la educación preescolar establecida en esta Ley.


Disposición adicional séptima. De los centros autorizados para impartir la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y la modalidad de Tecnología en Bachillerato.


Los centros docentes privados de Bachillerato que a la entrada en vigor de la presente Ley impartan la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, la modalidad de Tecnología, o ambas, quedarán automáticamente autorizados para impartir la modalidad de Ciencias y Tecnología, establecida en esta Ley.


Disposición adicional octava. Bases del Régimen Estatutario de la Función Pública Docente.


1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las reguladas por esta ley y por las normas citadas para el ingreso, la movilidad entre los Cuerpos docentes, la reordenación de los Cuerpos y Escalas, la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito nacional y la adquisición de la categoría de Director. El Gobierno desarrollará reglamentariamente las bases reguladas por esta ley en aquellos aspectos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.


2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario conforme se expresa en el apartado anterior.


3. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, en su caso, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.


El número de aprobados no podrá superar el numero de plazas convocadas.
Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.


4. Periódicamente, las administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito nacional, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.


Estas se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad y, en su caso, estar en posesión de la categoría de Director.


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5. No obstante, la provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de Enseñanzas Artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.


Disposición adicional novena. Creación de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.


1. Se crean el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, que quedarán clasificados en el Grupo A de los que establece el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.


Los Cuerpos de Catedráticos se rigen, además de por lo dispuesto en la presente Ley, por las normas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y por las demás que, junto a las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, constituyen las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes.


2. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.


Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.


3. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.


Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.


4. Se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tengan reconocida la condición de Catedrático y que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.


Estos funcionarios se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en la condición de Catedrático y se les respetarán, en todo caso, los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva su integración en el Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.


5. El Gobierno podrá determinar, en función de las necesidades de la planificación educativa, el número total de integrantes de cada uno de los Cuerpos creados por esta Ley.


Disposición adicional décima. Requisitos para el acceso e ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.


1. Para el acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño será necesario pertenecer respectivamente a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con una antigüedad de, al menos, 6 años, estar en posesión del Titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, así como superar los correspondientes procesos selectivos.


En las convocatorias correspondientes se valorarán los méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos y la labor docente de los candidatos. La evaluación de la función docente será realizada por la Inspección Educativa. Asimismo, se realizará una prueba oral ante un tribunal que constará de dos ejercicios: el primero consistirá en la exposición y debate sobre un tema de su especialidad, elegido por sorteo, de un temario previamente fijado por el Gobierno, y el segundo, en la presentación y debate de una memoria elaborada por el concursante.


2. Para el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño será necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, además del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, y superar el correspondiente proceso selectivo. Con este fin, se reservará un porcentaje de plazas en las convocatorias de acceso a los Cuerpos de Catedráticos.


Disposición adicional undécima. Funciones de los Cuerpos de Catedráticos.


1. El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria desempeñará sus funciones en la Educación

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Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.


2. El Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas desempeñará sus funciones en las Escuelas Oficiales de Idiomas.


3. El Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño desempeñará sus funciones en las Escuelas de Artes Plásticas y de Diseño.


4. Los Catedráticos de Enseñanza Secundaria, los de Escuelas Oficiales de Idiomas y los de Artes Plásticas y Diseño, realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y las que reglamentariamente se determinen. En todo caso, específicamente se atribuyen a los Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño las siguientes funciones:

- Con carácter exclusivo, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos Didácticos así como del Departamento de Orientación.


- Con carácter preferente:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.


b) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al Departamento.


c) La coordinación de los programas de formación continua de los profesores que se desarrollen dentro del Departamento.


d) La presidencia, en su caso, de los tribunales de la Prueba General de Bachillerato.


e) La presidencia de los tribunales de acceso a los respectivos Cuerpos de Catedráticos.


Disposición adicional duodécima. Del Título de Especialización Didáctica.


1. Las referencias al título profesional de especialización didáctica contenidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se entienden sustituidas por la denominación de Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 55 de esta Ley.


2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se requerirá estar en posesión del Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 55 de esta Ley.


3. Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y de arte dramático, será necesario estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.


Disposición adicional decimotercera. Concertación de los Programas de Iniciación Profesional.


Los centros concertados de Educación Secundaria Obligatoria concertarán los Programas de Iniciación Profesional que, conforme a lo previsto en esta Ley, impartan a sus alumnos.


Disposición adicional decimocuarta. Centros Integrados de Formación Profesional.


El nombramiento de la dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional se ajustará a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


Disposición transitoria primera. De la duración del mandato de los órganos de gobierno de los centros.


1. La duración del mandato del Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será la que corresponda a la normativa vigente en el momento de su nombramiento.


2. El Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos cuyo mandato finalice en el año de entrada en vigor de esta Ley, seguirán en sus cargos hasta la finalización del curso siguiente al correspondiente a la entrada en vigor de la Ley.


3. El Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley continuará su mandato hasta la finalización del mismo, como órgano de participación en el control y gestión del centro y con las atribuciones establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones que permanezcan vigentes. En todo caso, el Consejo Escolar concluirá los procedimientos iniciados en el ámbito de las competencias que tuviera atribuidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.


Disposición transitoria segunda. De la adaptación de los centros que imparten Educación Infantil.


1. Los centros que a la entrada en vigor de la presente Ley atienden a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de Educación Infantil, deberán adaptarse a los requisitos mínimos que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezcan para los centros de educación preescolar. En la fijación de los requisitos mínimos se establecerá el plazo de que dispondrán los centros para realizar la correspondiente adaptación.


2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros privados de Educación Infantil que

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no tengan autorización, podrán obtenerla con sujeción a las normas específicas anteriores a esta Ley hasta la aprobación de los requisitos mínimos correspondientes a los centros de educación preescolar.


Disposición transitoria tercera. Concertación de la Educación Infantil.


En relación con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la presente Ley, las Administraciones educativas, en el régimen de conciertos a que se refiere el artículo 67 de la misma, atenderán las solicitudes formuladas por los centros privados, dando preferencia, por este orden, a las unidades que se soliciten para tercero, segundo y primer curso de la Educación Infantil.


Disposición transitoria cuarta. Adquisición de la categoría de Director.


1. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que hayan ejercido, con posterioridad a dicha acreditación, el cargo de Director durante un mínimo de tres años con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, adquirirán la categoría de Director.


2. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que estén ejerciendo la dirección en el momento de entrada en vigor de esta Ley, adquirirán la categoría de Director una vez transcurridos tres años de dicho ejercicio, tras la evaluación positiva de su labor.


3. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que no hayan ejercido como directores o lo hubieran hecho durante un periodo inferior al señalado en el apartado anterior, deberán seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título V de la presente Ley para la selección y nombramiento de director. En caso de ser seleccionados por la correspondiente Comisión, estarán exentos de la realización de la fase teórica de la formación inicial.


Disposición transitoria quinta. Integración en los Cuerpos de Catedráticos.


1. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño que tengan adquirida la condición de Catedrático y no se integren en los respectivos Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño por no encontrarse en posesión de la titulación establecida en la Disposición Adicional Décima de la presente Ley, dispondrán de un plazo de diez años para obtener dicha titulación, desde la entrada en vigor de esta Ley. Una vez acreditado este requisito, se integrarán automáticamente en los respectivos Cuerpos a que se ha hecho referencia, en las condiciones que se establezcan.


2. Durante el plazo de diez años previsto en el apartado anterior, los funcionarios que tuvieran adquirida la condición de Catedrático y no se hayan integrado en los respectivos Cuerpos de Catedráticos mantendrán los derechos económicos y profesionales que tuvieran reconocidos. Finalizado dicho plazo, mantendrán los derechos económicos.


Disposición transitoria sexta. Movilidad de los funcionarios de los Cuerpos Docentes.


En tanto no sean desarrolladas las normas relativas a los Cuerpos de funcionarios docentes creados por esta Ley, la movilidad de los funcionarios de dichos Cuerpos mediante concursos de traslados se ajustará a la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente Ley.


Disposición transitoria séptima. Vigencia de normas reglamentarias.


En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.


Disposición transitoria octava. Transformación de los Conciertos.


1. Los Centros privados que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tengan concertadas las enseñanzas no obligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes. El concierto de estas enseñanzas tendrá el carácter de singular.


2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la transformación de los conciertos se realizará en función de las características siguientes:

Los conciertos, convenios o subvenciones aplicables a los Centros de primer ciclo de Educación Infantil o a establecimientos con autorización o licencia para atender a niños de hasta tres años, se referirán a las enseñanzas de Educación Preescolar, una vez se implanten estas enseñanzas.


Los conciertos, convenios o subvenciones aplicables a los Centros de segundo ciclo de Educación Infantil se referirán a conciertos de Educación Infantil, una vez se implanten estas enseñanzas.


Los conciertos con Centros de Formación Profesional Específica de Grado Medio, o Superior, se transformarán en conciertos de Formación Profesional de Grado Medio, de Grado Superior o en su caso de Bachillerato.


Los conciertos de Programas de Garantía Social se transformarán en conciertos de Programas de Iniciación Profesional, o de Formación Profesional de Grado Medio.


Los conciertos con Centros de Bachillerato se transformarán en conciertos de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior.


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3. La transformación de los conciertos conforme a lo señalado en el número anterior requerirá la autorización de las enseñanzas para las que el titular del Centro solicite dicha transformación y se producirá por el número de unidades que el centro tuviera concertadas.


4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias.


Disposición derogatoria única.


1. Quedan derogados el artículo 10.1 y la Disposición adicional quinta de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.


2. Quedan derogados los artículos 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 47, 48 49, 52.1, 53 y 57 d) de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación.


3. Quedan derogados los capítulos I, II, III, V, del Título primero; el capítulo II del Título II; el Título III, los artículos 3, 5, 6, 31.1 y 2, 32, 39.3, 43.1 2.º párrafo, 55, 57, 58, 62, 66 y las Disposiciones adicionales segunda, novena, décima, apartado segundo; decimoquinta, apartado primero y decimosexta, apartado tercero, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


4. Quedan derogados el Capítulo II del Título I, Título II, Título III y los artículos 35, 36, 41 y 43 del título IV y las Disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta, sexta y octava de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.


5. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final primera.


1. El artículo 54.1 y 2 de Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

"1. Los Centros Concertados tendrán, al menos, los siguientes órganos:

a) Director.


b) Consejo Escolar.


c) Claustro de Profesores.


2. Las facultades del Director serán:

a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del centro.


b) Ejercer la jefatura del personal docente.


c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro.


d) Visar las certificaciones y documentos académicos del centro.


e) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.


f) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de alumnos.


g) Cuantas otras facultades le atribuya el reglamento de régimen interior en el ámbito académico."

2. El apartado primero del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, en la redacción dada por el apartado 4 de la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, queda redactado de la siguiente manera:

"1. El Consejo Escolar de los centros concertados estará constituido por:

- El Director.


- Tres representantes del titular del centro.


- Cuatro representantes de los profesores.


- Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos.


- Dos representantes de los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.


- Un representante del Personal de Administración y Servicios. En los centros específicos de educación especial se considerará incluidos en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.


Las Administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro.


Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional específica podrán incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la empresa designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el procedimiento que las Administraciones educativas establezcan."

3. El artículo 58 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

"Los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones del Consejo Escolar del Centro."

4. El artículo 59.1 de Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

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"1. El Director de los centros concertados será designado, previo acuerdo entre el titular y el consejo escolar. El acuerdo del Consejo Escolar del Centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.


2. En caso de desacuerdo, el Director será designado por el Consejo Escolar del Centro de entre una terna de profesores propuesta por el titular. El acuerdo del Consejo Escolar del Centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.


3. El mandato del Director tendrá una duración de tres años.


4. El cese del Director requerirá el acuerdo entre la titularidad y el Consejo Escolar del Centro."

Disposición final segunda.


1. Se modifican los apartados 2, 4 y 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedan redactados de la siguiente forma:

"2. En las convocatorias de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, se reservará un porcentaje del cincuenta por ciento de las plazas que se convoquen para los funcionarios de los Cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la Función pública, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los referidos cuerpos y haber permanecido en sus cuerpos de origen un mínimo de seis años como funcionarios de carrera."

"4. Para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas será necesario estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, a efectos de docencia. Será preciso, asimismo, superar las pruebas que al efecto se establezcan, en las que se tendrá en cuenta la experiencia docente y las que en su día se superaron, y pertenecer al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas como titular de la misma especialidad por la que se concursa, con una antigüedad mínima en dicho cuerpo, como funcionario de carrera, de seis años. Podrán, asimismo, ingresar en este cuerpo, a través del correspondiente proceso selectivo, quienes, estando en posesión de la titulación referida anteriormente y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley, no pertenezcan al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Con este fin, podrá reservarse un porcentaje de plazas en la convocatoria de acceso."

"7. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades que faciliten la incorporación a los Departamentos Universitarios de los profesores de los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas escolares, en el marco de la Disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades."

3. El artículo 41.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, queda redactado de la siguiente manera:

"Los alumnos que hayan terminado el tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de música y danza obtendrán el título de Bachiller si superan las materias comunes del bachillerato y la correspondiente Prueba General de Bachillerato."

Disposición final tercera.


Quedan sin efecto todas las referencias relativas a la condición de Catedrático incluidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


Disposición final cuarta.


1. El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes queda redactado de la siguiente manera:

" La comunidad educativa participará en los centros a través del Consejo Escolar. Los profesores lo harán también a través del Claustro."

2. El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes queda redactado de la siguiente manera:

"Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran la función pública docente, con una experiencia mínima docente de seis años."

3. El artículo 39 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes queda redactado de la siguiente manera:

"1. El sistema de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación será el de concurso-oposición, que atenderá, en todo caso, a las especialidades que se establezcan.


2. Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición con sujeción a los siguientes criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos específicos como docentes. Entre estos méritos, se tendrá especialmente en cuenta la preparación científica y didáctica en las áreas, asignaturas o módulos cuya enseñanza se ha impartido; el desempeño de cargos directivos, con evaluación positiva, y, pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de Catedráticos de las Enseñanzas Escolares.


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b) En la fase de oposición se valorarán en el aspirante sus conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de las funciones inspectoras de control, evaluación y asesoramiento. Igualmente se valorará su actualización científica y didáctica en las áreas o asignaturas cuya enseñanza ha impartido, y el ejercicio de las actividades desarrolladas en el Centro."

Disposición final quinta. Vigencia de la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.


Continuará en vigor, con las modificaciones derivadas de la presente Ley, la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.


Disposición final sexta. De la Alta Inspección.


El Gobierno regulará la organización de la Alta Inspección así como su dependencia y procedimientos de actuación.


Disposición final séptima. De los inspectores de educación.


El Gobierno, previa consulta a las Administraciones educativas, adscribirá a los inspectores de educación a las especialidades que se establezcan en aplicación del artículo 104 de esta Ley.


Disposición final octava. Del Título competencial.


La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1,18 y 30 de la Constitución.


Disposición final novena. Desarrollo de la presente Ley.


Las normas de esta ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que, por su propia naturaleza corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.


Disposición final décima. Del carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.


La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: los artículos 5 y 6 del Título Preliminar; los Capítulos II y III del Título I; los artículos 16, 17 y 18 del Capítulo IV del Título I; los apartados 3 y 4 del artículo 22 y los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35 y así como apartados 1 y 2 del artículo 36 del Capítulo V del Título I; el artículo 37 y el artículo 38 del Capítulo VI del Título I; el apartado 6 del artículo 39 y los artículos 40, 41, 42, 43 y 45 del Capítulo VII del Título I. El Título II; III; IV; los apartados 3 y 6 del artículo 66 y los artículos 69, 70.1, 2, 6, 7 y 8, 71, 72, 73 y 80 del Capítulo I del Título V así como el artículo 90 del Capítulo II del mismo Título. El Título VI y el Título VII.
Disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera y decimocuarta; Disposiciones transitorias segunda, quinta, sexta, séptima y octava; y Disposiciones finales segunda, tercera, quinta, sexta, séptima, octava, novena y undécima.


Disposición final undécima. De la entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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