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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 104-9, de 21/10/2002
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
21 de octubre de 2002

Núm. 104-9


ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000104 Orgánica de Calidad de la Educación.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. expte. 121/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2002.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:

Don Juan Puigcercós i Boixassa

Grupo Parlamentario Mixto

JUSTIFICACIÓN

Esquerra Republicana de Catalunya presenta una enmienda a la totalidad al presente Proyecto de Ley por considerar que no detecta una parte significativa de los problemas que hoy se plantean en el sistema educativo, ni plantea soluciones nuevas a aquellos detectados. "Por ello consideramos que es necesario un debate sereno con el conjunto de la comunidad educativa para llegar a un pacto social para la educación, con el objetivo de mejorar el sistema educativo sobre la base de una educación pública de calidad.


Así, las razones por las cuales pedimos la devolución de este texto son de diferente naturaleza y pueden ser agrupadas y resumidas en las siguientes:

Por razones políticas:

1. Porque la política social y económica del PP, de concepción radicalmente neoliberal, está desmantelando el incipiente Estado de bienestar construido con esfuerzo durante la década de los ochenta y principios

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de los noventa. Y es en esta línea privatizadora y desmanteladora de servicios públicos esenciales que hay que situar el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


2. Porque los Consells Escolars de Catalunya i de les Illes Balears, la FAPAC, sindicatos de alumnado, la mayoría de sindicatos del profesorado y los MRP, así como también la mayoría de partidos políticos y Consejos Escolares del Estado español, se han manifestado claramente en contra.


Por razones nacionales:

1. Porque invade numerosas competencias y constituye para Catalunya un gran retroceso de la capacidad para llevar a cabo una política educativa propia, cuando lo que Catalunya reclama y necesita es ir más allá del actual marco estatutario para disponer de las competencias exclusivas en educación y poder adecuar el sistema educativo a las necesidades específicas de la ciudadanía catalana.


2. Porque la lengua catalana, incluida como materia obligatoria en los currícula de la LOGSE, ahora se queda como una simple opcionalidad complementaria, mientras introduce un artículo específico para garantizar el derecho del alumnado a recibir la enseñanza en lengua castellana.


Por razones sociales:

1. Porque consolida y profundiza aún más en la división cada vez más clasista de nuestro sistema educativo de la triple red educativa: centros públicos, privados concertados y privados.


2. Porque sitúa la red pública en una posición todavía más vulnerable y desfavorable, con el peligro de convertirse definitivamente en un modelo educativo de carácter asistencial, con altas concentraciones de alumnado con NEE.


3. Porque buscando como objetivo fundamental de calidad la excelencia, abandona la función educativa compensatoria de las desigualdades sociales.


4. Porque concierta de forma generalizada la educación infantil 3-6, sin ninguna contrapartida a cambio.


5. Porque convierte la Formación Profesional en la alternativa al fracaso escolar, cosa que comportará regresión a la FP devaluada de la prerreforma.


6. Porque si la institución escolar constituye en sí misma un modelo educativo de funcionamiento social para el alumnado, el nuevo modelo que se nos propone está muy lejos del carácter democrático, responsable, participativo y cooperativo que tendría que regir.


7. Porque introduce la religión como materia escolar, hecho contradictorio con los principios de un Estado aconfesional.


8. Porque puede significar la liquidación de la educación pública de personas adultas y la consagración de un modelo concertado y especializado en la atención del fracaso escolar.


9. Porque pretende establecer criterios de mercado para la educación, que son contradictorios e incompatibles con las políticas sociales universalistas y de justicia social propia de un Estado del Bienestar europeo.


Por razones educativas:

1. Porque no se ha llevado a cabo una evaluación con garantía científica y seria del actual sistema educativo que haya permitido la detección objetiva de los déficit o las disfunciones del sistema educativo.


2. Porque no se han detectado todos los problemas fundamentales ni se, a los que se manifiesta haber detectado, les han dado soluciones efectivas que hagan prever su superación, sino que contrariamente, en muchos casos, supone un riesgo evidente de agravarlos.


3. Porque no aumenta el presupuesto para enseñanza ni aporta nuevos recursos.


4. Porque no establece una política educativa adecuada a la atención y acogida del alumnado inmigrante.


5. Porque desaparece el carácter educativo del primer ciclo de educación infantil 0-3.


6. Porque se olvida de la educación primaria y no prevé mecanismos para garantizar que, al finalizar esta etapa, el alumnado tenga los conocimientos básicos suficientes que le permitan continuar en la ESO con aprovechamiento.


7. Porque la propuesta de los llamados itinerarios a la ESO, por sí mismos, no constituyen ninguna solución a la actual problemática de esta etapa educativa. Las agrupaciones rígidas de alumnado según su nivel de rendimiento y de conflictividad, además de una medida segregadora, puede agravar la conflictividad de determinados grupos de "bajo rendimiento".


8. Porque la nueva propuesta de evaluación del alumnado y su promoción no parecen comportar, por sí misma, ninguna novedad importante, ni creemos que motive especialmente a los niños y niñas ya por ellos mismos desmotivados.


9. Porque, aunque el proyecto proclama la voluntad de mantener la autonomía organizativa y curricular de los centros, en la práctica se está procediendo a su restricción.


10. Porque la impotencia y el desconcierto que vive un sector importante del profesorado de esta etapa y la desmotivación, conflictividad y bajo rendimiento de una parte significativa del alumnado de la ESO, no se solucionarán con meros cambios estructurales, como propone la LOCE.


Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (CHA), presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (121/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2002.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

Entendemos que el Proyecto de Ley de Calidad tendría que debatirse en las Cortes, después de un período de diagnóstico del Sistema Educativo Español que cuente con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, que cuente con una Memoria económica y que suscite un mayor grado de consenso en la Comunidad Educativa.


Una Ley de esta envergadura debería contar con un mayor grado de consenso en la Comunidad Educativa, porque, de otro modo, va a suponer una apertura de un período de confrontación que no conviene a nadie y posiblemente va a agrandar las ya preocupantes diferencias entre los colegios públicos y concertados.


Todas las Comunidades Autónomas, regidas por Gobiernos que no son del Partido Popular, han manifestado su rechazo, así como buena parte de los agentes sociales, padres, alumnos y profesores. Pensamos que la LOGSE debe adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad pero esos cambios deben ir en dirección opuesta a las planteadas en esta Ley. La Administración Educativa debería garantizar mejores oportunidades a los sectores más desfavorecidos y no como va a ocurrir ahora, de aprobarse esta Ley, que supondrá una "gran factura social".


Además, se insiste en esta Ley en determinados elementos que no compartimos, como: la situación que se impone con la segregación en itinerarios, el procedimiento de los nombramientos de los directores de los centros, la permanencia de la religión en horario escolar, la falta de apoyo a la inclusión de conocimientos, a nuestro juicio básicos, como el conocimiento y valoración del entorno social y cultural...


Finalmente, consideramos que hay dos aspectos que nos gustaría remarcar por su especial importancia:

En primer lugar, la cuestión de la Memoria económica, más allá de su existencia o no, lo cierto es que en el informe emitido por el Consejo de Estado se incluye una cita en la que se indica: "la preocupación así manifestada", en relación a la falta de informe sobre el coste económico, "se estima razonable, toda vez que la financiación constituye un aspecto transcendente para el éxito de cualquier reforma, siempre, obviamente, que la misma implique gastos adicionales".


"En todo caso, en el supuesto de que no implicara costes adicionales, convendría introducir en la propia Memoria justificativa alguna consideración relativa a ello". En esta cuestión también inciden sendos votos particulares emitidos por algunos de los miembros del Consejo Escolar del Estado al informe preceptivo sobre este Proyecto de Ley

Esta cuestión es clave, a juicio de Chunta Aragonesista, porque sin financiación nuevamente nos quedaremos en meras intenciones y no en realidades.


La segunda cuestión es la dispersión normativa que traería consigo esta Ley, de aprobarse en estas condiciones. De hecho, tal y como han recomendado el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del Estado, sería necesario que esta futura Ley recogiera en su articulado y derogara las anteriores: LODE, LOGSE y LOPEGCE, para simplificar la compleja legislación existente en varias normas.


El problema es de tal magnitud que en el informe del Consejo de Estado se llega a recomendar, como una de las posibles soluciones para solventar el problema que se crearía, que se redacte un nuevo texto, a pesar de que el propio Consejo se muestra consciente del problema que supondría el retraso que supondría la aplicación de esta medida, lo que demuestra la gravedad de esta cuestión.


Ante esta situación en la que no existe consenso con la comunidad educativa -más bien todo lo contrario-, la financiación se desconoce, el problema normativo se agrava y no se mejora el proceso educativo para los alumnos/as, pedimos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. de expte.
121/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2002.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.


En el artículo 3.1.c) se sustituye el texto propuesto por el siguiente:

"A que reciban la educación cívica y moral acorde con los valores democráticos y de tolerancia."

MOTIVACIÓN

No se puede garantizar el derecho a que los hijos reciban una educación religiosa y moral acorde con las convicciones de los padres. Los planteamientos integristas, xenófobos, violentos e intolerantes no solamente no se deben garantizar sino que se deben combatir desde la escuela. La formación religiosa debe sacarse de la escuela y llevarse a un contexto extraescolar.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.


En el artículo 10, punto 2, se propone añadir el siguiente texto:

"Solamente los centros que cumplan las condiciones fijadas por la administración educativa, podrán ofertar plazas gratuitas de educación infantil. Cuando una determinada zona no pueda ser atendida por la escuela pública, se podrán establecer convenios con centros privados concertados siempre y cuando atiendan solidariamente la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en parecida proporción a los centros públicos de dicha zona."

MOTIVACIÓN

El hecho de tener conciertos en niveles superiores no justifica un "cheque en blanco" para organizar la infantil.


ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.


En el artículo 14.2.punto "1", sustituir el texto propuesto por lo siguiente:

"Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cultural, así como observar comportamientos y actitudes que favorezcan su cuidado."

MOTIVACIÓN

Quedarnos solamente en el entorno natural, con ser muy importante, constituye una visión muy reducida del entorno.


ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.


En el artículo 24.1 añadir, tras la palabra "segundo", lo siguiente:

"tercero y cuarto..."

MOTIVACIÓN

Si aspiramos a una enseñanza de calidad, tal como se recoge en las reflexiones iniciales, hay que prolongar los apoyos, en los casos en los que así se considere, durante el segundo ciclo. Los diferentes grados de evolución psicopedagógica que presentan los alumnos, así lo aconseja, si queremos que calidad sea más que una expresión.


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ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.


Suprimir el artículo 25.1.


MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso, revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados, la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.


ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.


Suprimir el artículo 25.2.


MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados, la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.


ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.


Suprimir el artículo 25.3.


MOTIVACIÓN

Al finalizar segundo de ESO es una edad demasiado temprana para encauzarla ya por un itinerario u otro. Creemos que hay que seguir durante tercero de ESO extendiendo los apoyos puntuales a los alumnos necesitados, apostando por las vías de los programas de diversificación curricular, e incluso revisando las edades de incorporación a los mismos. Debemos tener presente que en los países avanzados la tendencia viene a retrasar el momento de la separación en itinerarios, no a adelantarla como se pretende aquí.


ENMIENDA NÚM. 10

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.


En el artículo 33.L, sustituir el texto propuesto por el siguiente:

"Conocer y valorar las humanidades como motor que ha impulsado el comportamiento civilizado y solidario en el colectivo humano. Conocer y valorar la ciencia y la tecnología como impulsores de la salud, desarrollo económico y mejora del bienestar humano."

MOTIVACIÓN

No podemos olvidar la aportación de la evolución del pensamiento, pues los avances científicos, sin una evolución del pensamiento y de la concepción de las relaciones humanas, pueden tener efectos perversos. Quedarnos solamente en el entorno natural, con ser

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muy importante, constituye una visión muy reducida del entorno.


ENMIENDA NÚM. 11

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.


En el artículo 39.3, añadir el siguiente texto, tras la expresión "Programas de Iniciación Profesional":

"o a los programas de diversificación curricular".


MOTIVACIÓN

A esta edad la posibilidad de iniciación profesional no debe ser la única alternativa.


ENMIENDA NÚM. 12

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.


En el artículo 42.2, sustituir el texto propuesto por el siguiente:

"La evaluación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se realizará por parte de los Servicios de Orientación (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria y Departamentos de Orientación en Educación Secundaria, Educación Especial, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas Especiales)."

MOTIVACIÓN

Actualmente existe en las Comunidades Autónomas una red de Servicios de Orientación cuya finalidad es precisamente la que aparece en este artículo. Si no concretan los profesionales encargados de esta tarea puede ocurrir que en cada Comunidad esta importante función se aborde de forma diferente.


ENMIENDA NÚM. 13

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.


Suprimir el artículo 42.3.


MOTIVACIÓN

Las funciones de los Servicios de Orientación ya están determinadas en los Decretos y Órdenes de desarrollo. Una Ley tan generalista no puede trascender en las funciones de los distintos profesionales.


ENMIENDA NÚM. 14

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.


Añadir en el artículo 44.1, al final del texto, lo siguiente:

"En cualquier caso, y como criterio específico, se tenderá al equilibrio del número de alumnos con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos y de forma específica con aquellos alumnos que presentan déficit de socialización."

MOTIVACIÓN

La no aplicación de esta medida conduce a la formación de guetos que, no por casualidad, siempre se dan en la enseñanza pública con el consiguiente efecto disuasorio que favorece a la privada.


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ENMIENDA NÚM. 15

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.


En el artículo 68.1, añadir el siguiente texto:

"Los centros privados concertados lo seguirán siendo en la medida que los centros públicos no puedan atender la demanda de puestos escolares de una zona determinada. De no ser así, los presupuestos asignados para concierto o convenios deberán tener como criterio prioritario el seguir manteniendo la oferta pública."

MOTIVACIÓN

La Ley debe desarrollarse de forma que garantice la red pública, la única que, hoy por hoy, da garantías de contribuir a los procesos de socialización y no discriminación de alumnos.


ENMIENDA NÚM. 16

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.


En el artículo 84.1 se sustituye el texto propuesto por el siguiente:

"La selección y nombramiento de Directores de lo centros públicos se hará dando prioridad a aquellos profesores del propio Centro que lideren equipos con programas de trabajo para el Centro. El nombramiento lo hará la Administración educativa autonómica propuesta del Consejo Escolar. En el caso de que no haya candidatos será la Administración autonómica quien establezca los criterios a seguir."

MOTIVACIÓN

Con este modelo se potencia la labor de trabajo en equipo más acorde con criterios de modelos de funcionamiento versátiles y competitivos.


ENMIENDA NÚM. 17

PRIMER FIRMANTE:

Don José Antonio Labordeta Subías

(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.


Suprimir el artículo 86.


MOTIVACIÓN

Es una consecuencia de la enmienda propuesta para el 84.1.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad, con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (122/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 18

PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Una vez más, el Gobierno recurre a pretextos con una base parcialmente cierta para justificar medidas destinadas a la consecución de objetivos político-ideológicos partidistas que nada tienen que ver con la solución de los problemas. En este caso, el sistema educativo no universitario es el objeto de una reforma que se dice guiada por preocupaciones compartidas por la comunidad escolar, si bien manejadas con una cierta dosis de manipulación. Así, el Gobierno argumenta con el excesivo fracaso escolar en el sistema educativo español. La constatación de que uno de cada cuatro alumnos no obtiene el certificado de graduado escolar es el leit motiv propagandístico fundamental. Pero se le añaden otros argumentos que

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resultan en sí mismos apreciaciones de evidente intención demagógica. No de otra manera se puede calificar la alusión a una generalizada atmósfera de violencia en las aulas, con la consecuencia del miedo en los docentes, por parte del Presidente del Gobierno en su discurso en el Seminario de la OCDE sobre educación celebrado en Madrid del 6 al 9 de mayo de 2002.
La Ley estaría destinada a la dignificación y reforzamiento de la autoridad en el desempeño de la función docente, una forma muy poco sutil de aprovechar la frustración que, sin duda, existe en el profesorado. La estrategia demagógica y descalificadora con el actual modelo conduce a manipulaciones como la de querer hacernos creer que no se puede repetir curso y que, por lo tanto, todo el mundo aprueba, lo que, evidentemente, contradiría la tesis del fracaso escolar. Finalmente, se utiliza la obsesión comparativa para alertarnos preocupadamente, de que nuestros escolares están por debajo de la media de los países industrializados en matemáticas y capacidad de comprensión. A partir del catastrofismo, de las generalizaciones abusivas y de las medias verdades, el Gobierno justifica la necesidad de una reforma educativa que estaría guiada supuestamente por el objetivo de la calidad.


Analizado detalladamente el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, se descubre que los objetivos son realmente muy otros. Y, concretamente:

a) Formalizar el fracaso escolar, asumiéndolo como natural y lógico por parte del sistema educativo, las familias y los alumnos afectados, por lo que conviene contar con alternativas para canalizarlo.


b) Justificar, desde edades muy tempranas, la selección, la discriminación y la segregación de los alumnos, como si fuese producto de una neutra y necesaria labor de clasificación intelectual, elemento considerado clave en un sistema educativo de calidad.


c) Institucionalizar un sistema más jerarquizado dentro de la enseñanza no universitaria, con la creación de cuerpos docentes, funciones específicas con status especial y consolidado, como la directiva, para provocar la ilusión de una virtual promoción que estaría sometida a evaluaciones, observaciones y controles de diferente origen sobre el profesorado, con el establecimiento de recompensas monetarias más diversificadas que las actuales.


d) Recentralizar competencias, introduciendo el control del Gobierno central en el sistema educativo gestionado por las Comunidades Autónomas.
La participación en la gestión y la observación y control, con fines homogeneizadores, de todo el sistema por parte de organismos e instituciones centrales anulan la consideración de la educación como una materia de plena competencia de las Comunidades Autónomas. El sistema queda con una dependencia orgánica dual, de forma que la idea de conjunto estatal está presente en todos los niveles, funciones y temáticas de la enseñanza, desde la formación del profesorado hasta las becas y ayudas, pasando por la inspección y las pruebas de evaluación tanto de los centros como del alumnado y del profesorado, por no hablar del rígido control de los contenidos curriculares.


e) Fortalecer los procesos de privatización de este servicio público, como parte esencial de una concepción de la sociedad basada en la desigualdad, el elitismo y el control ideológico del sistema educativo por parte de los grupos privados favorables a las tesis neoliberales, que paradójicamente se convierten en los grandes beneficiados del dinero público, con el progresivo aumento de la enseñanza privada concertada.


El Proyecto de Ley conjuga, pues, un diseño regresivo socialmente, de claras limitaciones democráticas en el funcionamiento del sistema, con el afán homogeneizador. No es difícil detectar su inspiración contraria a las tesis nacionalistas que defienden la adaptación del sistema educativo al medio cultural, lingüístico y socio-económico específico de cada una de las nacionalidades integradas en el Estado español. Tampoco es difícil de constatar que, con la aplicación rigurosa de esta Ley, las Comunidades Autónomas se convertirán en meras delegaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia educativa.


Veamos, de forma concreta, los artículos de la Ley dirigidos a aplicar un diseño educativo regresivo socialmente y de carácter antidemocrático y jerarquizador. Comenzaremos por la obsesión del Proyecto con la aplicación de controles, pruebas y selecciones en edades tan tempranas y peligrosas como la infancia y la pubertad:

· Introducción del carácter académico en la escuela infantil, con el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura, las habilidades numéricas básicas, una lengua extranjera y las tecnologías de la información y de las comunicaciones (artículo 11).


· Prueba general de evaluación de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria, con carácter informativo y orientador para centros, profesorado, familias y alumnos (artículos 17 y 29, respectivamente).


· Establecimiento de itinerarios desde tercero de ESO (Tecnológico y Científico-Humanístico). En cuarto, Tecnológico, Científico y Humanístico. En segundo será obligatorio un informe de orientación escolar para cada alumno, emitido por la junta de evaluación y el equipo de orientación del centro, que predeterminará el acceso a uno u otro itinerario (artículo 25).


· Programas de iniciación profesional para alumnos de quince años que no deseen cursar los itinerarios

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de la ESO, aceptando así su exclusión del sistema y con la única posibilidad de la enseñanza de adultos o a distancia (artículo 26).


· Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con constancia de la nota media en esta etapa e informe de orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial (artículo 30).


· Prueba General de Bachillerato, con condiciones básicas fijadas por el Gobierno, para obtener el Título de Bachiller, después de aprobar los dos cursos académicos de esta etapa (artículo 36).


· Preocupación por los denominados alumnos superdotados intelectualmente con propuesta de escolarización en centros adecuados (artículo 40) y establecimiento de centros docentes con especialización curricular (artículo 73).


No nos detendremos en el Título V de la Ley. Solamente en lo que se refiere a los órganos de gobierno y participación de los centros docentes públicos queremos señalar que se consolida la figura del director como categoría administrativa, con percepción de la retribución correspondiente, mientras se permanezca en activo, al margen de que se desempeñe o no esta función. Por otra parte, los centros privados concertados quedan homologados a todos los efectos con los públicos, con un pormenorizado modelo de subvención del cien por cien de los gastos, y protegidos en el derecho a su ideario propio. En este beneficio de lo privado y sectario, tenemos que anotar la instauración de una área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, con dos opciones, una de carácter confesional y otra de carácter no confesional.


Ésta es la forma de darle definitivamente carta de naturaleza académica a la Religión Católica, cuyo currículo y las decisiones sobres libros de texto y material didáctico, así como la contratación de profesorado, seguirán siendo competencia de las correspondientes autoridades religiosas (Disposición Adicional Segunda). No hace falta decir que se da un paso atrás respecto de la situación anterior, que ya era en sí misma impresentable desde el punto de vista de una democracia aconfesional o laica.


En cuanto a lo que denominamos obsesión recentralizadora y homogeneizadora del Proyecto de Ley, tenemos que destacar los siguientes aspectos:

· Establecimiento de Planes Generales de formación permanente del profesorado (artículo 56).


· Evaluación voluntaria del profesorado, a tener en cuenta para la promoción dentro de la carrera docente, con efectos en todo el territorio del Estado, con cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que establezca el Gobierno (artículo 58).


· Oferta periódica de planes de formación que promuevan la calidad de la función directiva por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (artículo 90).


· Evaluación general del sistema por el Ministerio a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (artículo 94) con criterios de homogeneidad (artículo 95).


· Elaboración periódica por el Ministerio a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad de un Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (artículo 96) para contribuir a la toma de decisiones en la enseñanza.


· Elaboración de un plan de evaluación general del sistema (artículo 97) y publicación de los resultados de las evaluaciones por el Ministerio (artículo 98).


· Control del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma por la Alta Inspección del Estado, órgano del Ministerio que se convierte en auténtica policía de lo que se considera normativa básica en desarrollo del artículo 27 de la Constitución española, lo que a juzgar por este Proyecto de Ley es prácticamente todo, desde los contenidos de los libros de texto hasta la lengua utilizada en las aulas, en clara defensa de la lengua oficial del Estado (artículo 102).


· Implantación de la Prueba General de Bachillerato, con condiciones básicas fijadas por el Gobierno, para obtener el título de bachiller (artículo 36).


Este control desde el Gobierno central de todo el sistema y la aplicación de un diseño tan homogeneizador nos lleva a la conclusión de que no es real la preocupación por conseguir una enseñanza de calidad, sino por lograr un modelo educativo acorde con la concepción de un modelo de Estado que no acepta la diversidad lingüística, cultural y socio-económica de las naciones que lo integran con todas las consecuencias. No quiere, por eso, reconocerles competencias políticamente relevantes en esta materia, para que puedan articular sistemas educativos adaptados a su realidad.


Por otra parte, la cantinela oficial a favor de la recuperación del valor del esfuerzo como pieza angular de la educación no va destinada más que a ocultar la apuesta por la segregación, la discriminación y la selección en el sistema educativo desde la infancia, como forma de legitimación de una sociedad clasista. Este Proyecto de Ley se incardina así en la ola neoliberal de origen norteamericano que, en nombre de la competitividad y la libertad, arrasa los principios de equidad, integración y pluralismo.
No es una apuesta por mejorar el sistema educativo. Lo va a burocratizar y jerarquizar más. Se creará más tensión entre los alumnos, entre los profesores y entre ambos. Habrá más desigualdades en el conjunto del sistema.


Para una fuerza política de Galicia, como el Bloque Nacionalista Galego, el Proyecto de Ley no viene más

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que a inviabilizar o dificultar los cambios que el sistema educativo gallego necesita. Entre ellos, la adecuación de los contenidos curriculares a nuestra realidad nacional y el avance en el uso de nuestro idioma como lengua vehicular de la enseñanza. Es un paso atrás en una situación ya bastante lamentable.


Por todo lo expuesto, pedimos la devolución de este Proyecto de Ley al Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (121/000104), a instancia del Diputado don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 19

PRIMER FIRMANTE:

Don Joan Saura Laporta

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación y lo ha hecho en un período de sesiones marcado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades y de la Ley Orgánica de la Formación Profesional y de las Calificaciones.


En el marco de este contexto, Iniciativa per Catalunya-Verds cree que un debate sobre la educación debe realizarse partiendo de las siguientes premisas:

· La educación debe ser un instrumento decisivo para la emancipación individual y la transformación social, para la construcción de la sociedad del conocimiento, factor básico en la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y clave en la calidad de vida y la sostenibilidad.


· Debemos hacer de la educación un derecho universal en condiciones de calidad para toda la población y a lo largo de toda la vida, para afrontar los nuevos retos sociales, laborales, tecnológicos y culturales y constituir un elemento imprescindible para evitar la fractura social.


· Creemos en el papel estratégico de la educación pública, en la construcción de la igualdad y la justicia social.


· Es urgente realizar planteamientos rigurosos de atención a la diversidad en el marco de una escuela comprensiva, con los recursos necesarios de tipo técnico, económico y de formación de los y las profesionales de la educación. La equidad en educación es difícil, pero esto no la desligitima como objetivo.


El actual Gobierno lleva seis años gestando su alternativa educativa obedeciendo a una estrategia: el desprestigio de los centros públicos, de la Universidad, de la Formación Profesional y de la LOGSE. Seis años sin tomar ni una sola medida para atender las nuevas necesidades educativas desde un planteamiento positivo, culpabilizando a la ESO y a la LOGSE de provocar un bajo rendimiento académico, escasísimos conocimientos, fracaso escolar, indisciplina, violencia, desprestigio de los y las docentes y desincentivación del esfuerzo.


Este Proyecto de Ley Orgánica de Calidad cierra la trilogía del modelo educativo del Gobierno -después de la LOU y la Ley de FP-, que se está caracterizando por la repetición de unos denominadores claramente regresivos. Promueve una educación selectiva y segregadora, arremete contra la democracia escolar, recortando autonomía, puesto que disminuye la participación de los claustros y de los consejos escolares, que pasan a ser meramente consultivos. Para completar este modelo retrógrado, cabe señalar que no tiene en cuenta las competencias educativas de las comunidades autónomas.


Estos son algunos detalles sobre las aportaciones del Proyecto que lustran el rechazo de Iniciativa per Catalunya-Verds:

· La renuncia a la educación como elemento fundamental de cohesión social parte de un diagnóstico poco riguroso de la actual situación. Se describe un panorama en el que se mezclan medias verdades con visiones sesgadas y partidistas, utilizando una terminología engañosa (calidad, oportunidades, flexibilidad, excelencia...) que esconden su verdadero propósito elitista y jerárquico. No se proponen medidas para combatir el fracaso escolar, sino que se intenta encubrirlo, dejando fuera del sistema educativo a aquellos alumnos y aquellas alumnas que por razones diversas (muchas veces relacionadas con su origen social y económico) necesitan de más recursos y apoyos. A su vez, plantea un currículum absolutamente cerrado y academicista del que se excluyen todos los apartados de procedimiento y de valores.


· Las medidas expuestas responden a modelos educativos de tiempos pasados y no ofrecen respuesta

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alguna a las necesidades sociales de hoy y de futuro. El sistema de itinerarios propuesto para la secundaria obligatoria no garantiza el alcance de las competencias básicas por parte de toda la población.


· Es un retroceso histórico sin precedentes recuperar el concepto "asistencial" para calificar la educación infantil (0-3 años), superado en la práctica por la evolución de los sistemas sociales y por el reconocimiento legal de su carácter educativo por la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de 1989.


· Por otra parte, la religión se considera una asignatura, con una nota que será comparable con el resto. Esto no puede ser posible, puesto que el contenido de la citada asignatura es confesional, su programa no está definido por las autoridades educativas, como sí pasa en el resto, y su profesorado no es seleccionado con los mismos procedimientos que se aplican al resto de profesores y profesoras. En un Estado no confesional, como es el caso del Estado español (a pesar de muchas de las políticas del Gobierno), la doctrina católica o cualquier otra doctrina religiosa debe ser impartida fuera del horario escolar.


· Financiación: no se tiene en cuenta que, en gasto para la enseñanza, el Estado español está en la cola de Estado de la Unión Europea. Ésta ha sido una de las causas que ha impedido el correcto desarrollo de la LOGSE y ha propiciado el deterioro del sistema educativo. Ya cuando se presentó la Iniciativa Legislativa Popular para la financiación de la LOGSE, desde ICV ya realizamos advertencias acerca de esta situación.


Las bajas proporciones respecto al PIB existentes en los presupuestos de gobiernos anteriores al 1996 han ido disminuyendo aún más con la actual mayoría parlamentaria. Con este proyecto se pretende que el incremento del gasto público sirva para satisfacer las demandas del sector privado en educación infantil cuando éste carece del legitimo control social y sin modificar la actual normativa de admisión del alumnado.


Por estos motivos, consideramos que este Proyecto de ley no es el adecuado. Supone una inversión hacia un modelo de sociedad más elitista y segregacionista, que rompe con los avances de cohesión social conseguidos hasta el momento, fruto del esfuerzo y de la implicación de la comunidad educativa.


Nos aventuramos a pronosticar que esta reforma, mediante la introducción de modificaciones en los procesos de admisión del alumnado, camina hacia la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, condenados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia será cada vez mayor.


Pero hay un sector importante del profesorado, del alumnado, de las familias y de la ciudadanía en general que está firmemente convencido de que ésta no es la fórmula adecuada para avanzar hacia una verdadera educación de calidad para todos, de que ésta no es la manera correcta de proyectar un futuro socialmente justo para el Estado español. Así se han manifestado y, por ello, han pedido la retirada de este proyecto. Nadie renuncia, como se ha señalado repetidamente durante estos últimos meses en diversos documentos elaborados y difundidos por organizaciones de los diferentes sectores de la comunidad educativa, colectivos de profesionales, partidos políticos y sindicatos, a realizar un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2002.-Marisa Castro Fonseca, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 20

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

LEY DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LA IGUALDAD Y SU FINANCIACIÓN

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, junto con la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), han concretado aspectos básicos para el ejercicio del derecho fundamental a la educación, reconocido como tal en la Constitución española, y entre los que cabe destacar, por un lado, el sistema de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el control e intervención en la gestión de los centros y, por

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otro, la extensión de las enseñanzas obligatorias comunes hasta los 16 años.


Por otra parte, la LOGSE, en sus Títulos IV y V, "De la calidad de la enseñanza" y "De la compensación de las desigualdades en la educación", plantea la necesidad de que los poderes públicos presten una atención prioritaria a los factores que inciden en la calidad y mejora de la enseñanza (artículo 55) y encomienda a dichos poderes la misión de proveer recursos económicos suficientes para llevar a cabo acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja. Todo ello con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación (artículo 63).


Los doce años transcurridos desde la aprobación de la LOGSE vienen a coincidir con la generalización casi completa del sistema educativo en ella establecido, dado que ha sido en el curso 2001-2002 cuando se ha completado la implantación del último curso del nuevo Bachillerato, quedando aún pendiente la puesta en marcha de determinados ciclos de Formación Profesional Específica de grado superior. El tiempo transcurrido no permite, por tanto, hacer un balance completo de las nuevas enseñanzas, ni mucho menos aconseja plantear modificaciones sustanciales de las mismas sin hacer previamente una evaluación rigurosa y coordinada por parte de las administraciones educativas, y proporcionar a la sociedad un diagnóstico fiable de la situación de nuestro sistema educativo.


No obstante, en el proceso seguido se han constatado algunos problemas asociados a la implantación de la mencionada Ley que conviene identificar y subsanar cuanto antes. Tanto los sucesivos retrasos en el calendario inicial de aplicación de la LOGSE, como una implantación deficiente y muy desigual de la misma, especialmente de la Educación Secundaria Obligatoria, se han debido principalmente a la ausencia de una financiación adecuada, sobre todo para la educación pública, que se ha ido agudizando en los últimos años con la disminución progresiva del gasto público educativo, justo en el momento en que las reformas en marcha exigían un esfuerzo económico considerable para poder atenderlas adecuadamente.


La insuficiente cobertura financiera no ha permitido realizar las requeridas actuaciones de formación del profesorado; de dotación de recursos materiales a los centros; de disminuciones de ratios en zonas, centros o grupos de especiales circunstancias; de aplicación de las medidas de atención a la diversidad previstas; de extensión y mejora de la red pública para atender la demanda de plazas escolares, especialmente en Educación Infantil y en Formación Profesional de grado superior; o de fomento de la participación democrática en los centros y consejos escolares. Actuaciones que hubieran sido imprescindibles para mejorar nuestra enseñanza pública y para permitir a la sociedad tener una visión más optimista sobre el funcionamiento del servicio educativo.


El incumplimiento global de lo previsto en la Adicional Tercera de la LOGSE sobre equiparación del gasto público educativo a la media de la UE, así como la desigual distribución de dicho gasto entre las diferentes Comunidades Autónomas, vienen a constatar que habría sido necesaria una Ley de financiación de la educación pública, que asegurase recursos suficientes para la misma y compensase desigualdades dentro y entre las distintas Comunidades Autónomas del Estado. En este sentido, hay que lamentar la negativa de las sucesivas mayorías parlamentarias a tramitar y aprobar dicha Ley, promovida en su día como Iniciativa Legislativa Popular por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.


Por otra parte, las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década y la situación derivada de la propia ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación pública.


Avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata, pues, de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque, en lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.


En la actualidad, el sistema educativo español sigue presentando carencias importantes en cuanto a su capacidad para responder a las diversas necesidades educativas que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad. Siguen siendo demasiados los que no progresan en sus aprendizajes lo suficiente para alcanzar los objetivos previstos en las etapas obligatorias; siguen siendo excesivas las cifras de estudiantes que finalizan su escolaridad obligatoria sin lograr la titulación correspondiente. En definitiva, nuestro sistema educativo sigue siendo manifiestamente mejorable en cuanto a su capacidad para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades educativas del alumnado

En consecuencia, el problema de cómo mejorar la calidad de nuestra educación escolar se centra hoy en definir las acciones y medidas que se deben emprender para que la escuela pública logre asegurar unos aprendizajes comunes o, lo que es lo mismo, el desarrollo de unas capacidades básicas a todos los alumnos y

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alumnas sin excepción a lo largo de su escolaridad obligatoria.


Para ello se plantea esta Ley articulada que, manteniendo la estructura del sistema educativo establecido por la LOGSE, recoge en un mismo corpus legislativo las principales necesidades constatadas desde la promulgación de dicha Ley. Por un lado, se desarrollan líneas de actuación, apuntadas en los Título IV y V de dicha Ley, sobre calidad de la enseñanza y compensación de las desigualdades y, por otro, se atiende a la necesidad de financiar adecuadamente las correspondientes actuaciones, en condiciones de igualdad, en los distintos territorios del Estado.


La presentación en una misma Ley de los aspectos señalados facilita la imbricación necesaria entre cada una de las acciones de calidad que se regulan y la definición de su soporte financiero. Se pretende evitar así lo que ha ocurrido en la aplicación de la LOGSE, que muchas de sus intenciones más acertadas y más ajustadas a las necesidades educativas de los colectivos con más dificultades han quedado desvirtuadas por la ausencia de los correspondientes recursos.


Poner en marcha actuaciones efectivas para la mejora de la calidad educativa exige previamente contar con un diagnóstico compartido y ajustado a las características y necesidades de cada ámbito territorial.
Ello requiere a su vez promover el debate social pertinente en cada Comunidad Autónoma, con vistas a detectar e identificar con precisión tanto las dificultades como los avances que se vienen produciendo en los distintos territorios desde que se inició la implantación generalizada del sistema educativo establecido en la LOGSE. Por ello, la condición previa para desarrollar las líneas de intervención que se recogen en esta Ley consiste en elaborar sendos Libros Blancos que aporten datos contrastados, basados en estudios actuales y de evolución, sobre la situación del servicio público educativo en las diferentes Comunidades Autónomas.


La culminación del proceso democrático que abre esta Ley debe ser la aprobación, en cada Comunidad Autónoma, de su propia Ley de Calidad de la Educación Pública, en la que se concreten las correspondientes actuaciones, el calendario de aplicación y el compromiso financiero para asegurar su puesta en práctica.


Así pues, la finalidad de la presente Ley de Calidad Educativa para la Igualdad y su Financiación es determinar, por una parte, líneas básicas de intervención para una mejora efectiva de la enseñanza pública en condiciones de igualdad y, por otra, establecer mecanismos y compromisos de cofinanciación, a través de los Presupuestos Generales del Estado y en un calendario de cuatro ejercicios presupuestarios, para asegurar los recursos suficientes.


El articulado de la Ley se estructura en un Título /único que especifica los principales factores de calidad educativa junto a las actuaciones que se han de llevar a cabo para desarrollarlos. Se incorporan, asimismo, una serie de disposiciones adicionales que establecen el procedimiento y el sistema de financiación para completar las acciones previstas en el plazo de seis años. Por último, las disposiciones transitorias regulan, hasta tanto se modifique la legislación correspondiente, lo relativo a las condiciones de impartición de la enseñanza religiosa, así como los requisitos y circunstancias para la posible aplicación del contenido de esta Ley a los centros privados sostenidos con fondos públicos.


TÍTULO I

De los factores de calidad

Artículo 1. Factores de Calidad.


Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a:

a) La enseñanza básica común para todo el alumnado.


b) La suficiencia de la oferta educativa en la red pública de centros.


c) La atención a la diversidad para garantizar la igualdad de oportunidades a lo largo de todo el proceso educativo.


d) Las acciones de carácter compensatorio.


e) La capacitación del alumnado para acceder y aprovechar la información utilizando las fuentes clásicas y las nuevas tecnologías.


f) La formación, reconocimiento social y condiciones de trabajo del profesorado.


g) La autonomía, participación democrática y apertura al entorno de los centros educativos.


h) La evaluación y control del sistema educativo.


Artículo 2. De la enseñanza básica común.


1. A lo largo de la enseñanza básica se garantizará una educación común para todo el alumnado, sin perjuicio de una opcionalidad creciente de contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha opcionalidad, que se introducirá gradualmente a lo largo de la etapa, deberá servir para dar respuesta a las diversas motivaciones, expectativas e intereses del alumnado. En ningún caso supondrá la configuración de itinerarios predeterminados ni condicionará estudios posteriores, siendo única la titulación al término de la etapa.


2. La gratuidad de la enseñanza básica comprenderá la de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de los centros públicos. Para ello, las Administraciones educativas podrán crear bibliotecas

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o centros de recursos de aula, así como arbitrar fórmulas de cesión temporal de libros de texto y material a los alumnos.


3. Los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los 18 años de edad.


Artículo 3. De la suficiencia de la oferta educativa.


1. Las Administraciones educativas llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la suficiencia de la red pública de centros, en su extensión y oferta educativa, para satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial.


2. Para favorecer la escolarización temprana, en su doble función de contribuir al mejor progreso escolar en etapas educativas posteriores y como factor compensador de desigualdades, las Administraciones educativas ampliarán la oferta de plazas públicas para garantizar la generalización del segundo ciclo de Educación Infantil a toda la población y para atender toda la demanda del primer ciclo.


3. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para llevar a cabo, en los centros públicos que impartan la Educación Primaria o la Educación Secundaria, las acciones previstas en los artículos 4 y 5 de esta Ley.


4. Las Administraciones educativas garantizarán una oferta pública suficiente y diversificada para que las personas adultas puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria, preparar las pruebas de acceso a las enseñanzas de Bachillerato, Formación Profesional Específica o estudios universitarios, así como seguir programas formativos de enseñanzas no regladas acordes con los intereses y demandas de este alumnado.


5. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para satisfacer la demanda de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional específica. El perfil de ciclos tendrá en cuenta las demandas del alumnado junto a las necesidades de formación derivadas del correspondiente análisis de las expectativas de empleo.


6. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para atender la demanda de enseñanzas de régimen especial.


7. Para la distribución geográfica de la creación de plazas en los supuestos de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, y con el fin de rentabilizar los recursos educativos, las Administraciones competentes podrán crear distritos escolares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58, punto 5, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.


Artículo 4. De la atención a la diversidad del alumnado.


1. Las Administraciones educativas, al objeto de garantizar una educación común para todo el alumnado en condiciones de igualdad, proporcionarán recursos suficientes para que todo alumno, a lo largo de la enseñanza básica, reciba los apoyos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje. A tal fin, dichas administraciones establecerán las disposiciones y recursos para garantizar que el alumnado de la enseñanza básica reciba los refuerzos necesarios en las capacidades instrumentales de cara a su adecuado progreso, así como el apoyo específico a aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje

2. Para la mejor atención educativa al alumnado de zonas o centros donde se constate una mayor incidencia de fracaso escolar o una mayor necesidad de compensación, las Administraciones educativas establecerán reducciones sobre el número máximo de alumnos por aula previsto en la Disposición Adicional Tercera, punto 3, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. Esa reducción será, asimismo, aplicable a aquellos grupos de cualquier centro que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales.


3. Las Administraciones educativas garantizarán que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan programas de diversificación curricular, así como programas específicos de garantía social a que hace referencia el artículo 23, puntos 1 y 2, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.


4. Para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreas del siguiente curso, se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, orientados a que dicho alumnado pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el título correspondiente, mediante una atención más individualizada y una adaptación de los contenidos y métodos en las áreas comunes.
Excepcionalmente se podrán beneficiar de estos programas otros alumnos con más de 15 años, siempre que se formule la correspondiente propuesta por la mayoría del equipo educativo, asesorado por el Departamento de Orientación, y se cuente con el visto bueno de sus padres o tutores.


Artículo 5. De las acciones de carácter compensatorio.


1. Las Administraciones educativas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio, dirigidas a personas,

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colectivos o ámbitos territoriales, que se encuentren en situaciones desfavorables, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación.


2. Con el fin de atender a las nuevas demandas sociales de las familias y disponer del espacio y medios para ejercer la función compensadora, las Administraciones educativas establecerán disposiciones para garantizar la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y asignarán los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades. Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales.


3. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades. Asimismo, dichas Administraciones podrán establecer convenios con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la prestación del servicio.


4. Las Administraciones competentes establecerán planes de acogida e inmersión lingüística para atender al alumnado inmigrante que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse, además, con trabajadores sociales, que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.


5. Para reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar en zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables, las Administraciones competentes las declararán áreas de atención educativa preferente, estableciendo planes específicos de compensación que incluirán mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios sociales de la zona.


6. Las Administraciones educativas elaborarán planes específicos de compensación para aquellos centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, estableciendo cauces de colaboración con las familias y los servicios de asistencia social. Asimismo, establecerán planes para garantizar la continuidad de la escolarización en la enseñanza básica de alumnos cuyas familias tengan trabajo con domicilio itinerante. Por último, atenderán, mediante la apertura de aulas específicas hospitalarias y la dotación de profesores de apoyo domiciliario, a aquellos alumnos de la enseñanza básica que, por procesos de larga enfermedad, se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.


7. Además de las acciones contempladas en los puntos anteriores, las Administraciones educativas establecerán un sistema de becas y ayudas al estudio que contribuyan a compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. El sistema deberá garantizar la extensión y suficiencia de recursos para que, en el período de la enseñanza obligatoria, toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones. En las enseñanzas postobligatorias se seguirán percibiendo dichas becas y ayudas, siempre que se mantenga un rendimiento escolar satisfactorio.


Artículo 6. De la capacitación del alumnado para acceder y utilizar la información.


1. Las Administraciones educativas pondrán a disposición de los centros los recursos necesarios para potenciar en el alumnado el aprendizaje de las habilidades básicas de búsqueda, utilización y comunicación de la información. En particular, estimularán programas de fomento de la lectura y programas de utilización de las bibliotecas de aula y Biblioteca de centro, dotándolas de los fondos y apoyos técnicos y humanos necesarios para su uso en el trabajo de aula.


2. Las Administraciones educativas establecerán, en el período de aplicación de la presente Ley, los planes necesarios para generalizar, y mantener actualizados en los centros, los avances que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen a la sociedad.
Dichos planes contemplarán, asimismo, la realización de actividades de formación del profesorado con el fin de asegurar su capacitación para el uso didáctico de tales tecnologías.


Artículo 7. De la formación y condiciones laborales del profesorado.


1. Las administraciones educativas garantizarán una formación inicial del profesorado acorde con las exigencias y requerimientos que conlleva la función docente en sus distintas etapas y modalidades. Dicha formación deberá incluir, además de los conocimientos específicos para impartir los currículos de unas u otras etapas educativas, capacitación psicopedagógica y

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didáctica adecuadas, conocimientos sobre el uso didáctico de las nuevas tecnologías, sobre el trabajo en equipo, sobre procesos de innovación e investigación educativa, y una implicación en el trabajo de aula y centro mediante la realización de prácticas tutorizadas en los centros educativos durante un período no inferior a un curso académico.


2. La formación permanente de los profesores en ejercicio se realizará preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. Las instituciones de formación podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas necesarias.


3. Las administraciones competentes organizarán programas específicos de formación del profesorado dirigidos a capacitar a los docentes que deban atender al alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea por sus condiciones personales o por su pertenencia a otras culturas o a grupos socialmente desfavorecidos. En el marco de tales programas se contemplarán acciones formativas de educación intercultural, especialmente dirigidas a proporcionarle al profesorado conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.


4. Las administraciones educativas, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, regularán el marco de condiciones laborales de los docentes que incluirá, al menos, un sistema de incentivos profesionales en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que un profesor puede impartir clases en cada curso académico; un sistema que establezca los mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, incluida la Universidad; el disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, de una duración global no inferior a un curso académico; medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas que contemplen la reducción horaria lectiva sin merma salarial para los mayores de 55 años, y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE.


5. Las Administraciones educativas desarrollarán actuaciones para conseguir un mayor reconocimiento social de la función del profesorado.
En el diseño y aplicación de las mismas intervendrán los distintos sectores de la comunidad educativa del ámbito correspondiente.


Artículo 8. De la autonomía de los centros educativos.


1. Las administraciones educativas, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido con carácter general, deberán reconocer a los centros autonomía para organizar sus enseñanzas, en cada año académico, de modo que su oferta educativa se pueda ajustar al máximo a las demandas, características y necesidades de su alumnado. Dicha autonomía se podrá concretar, entre otras posibilidades que los centros planteen, en la organización de agrupamientos flexibles, en la reducción de la ratio o en la ampliación horaria de algunas áreas de conocimiento para determinados alumnos.


2. Asimismo se reconocerá la autonomía de los centros para adoptar medidas organizativas tendentes a mejorar la coordinación didáctica del profesorado de un mismo grupo y, en general, cuantas contribuyan a una mayor adecuación de la organización escolar al proyecto educativo del centro.


3. La normativa que, en cada Comunidad Autónoma, regule los aspectos de gestión económica de los centros educativos deberá reconocer la autonomía de los mismos para administrar sus recursos en función de sus necesidades y prioridades, que serán establecidas por el Consejo Escolar, de acuerdo con la programación general anual.


4. Las administraciones competentes promoverán el asociacionismo y la participación democrática de toda la comunidad educativa en la gestión de los centros, en particular del alumnado y de padres y madres. Para ello se potenciarán los Consejos escolares de centro, municipales y autonómicos, dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas.


5. A fin de hacer efectiva la necesaria corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación integral de sus hijos, se adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela. A tal fin se organizarán actividades de formación para madres y padres y, a efectos laborales, se reconocerá su asistencia a las reuniones o entrevistas programadas por los centros educativos como deber público de carácter inexcusable, incluida la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los representantes de los padres y madres.


Artículo 9. De la evaluación y el control del sistema educativo.


1. Con el fin de mantener el sistema educativo en las mejores condiciones para responder a las demandas que le hace la sociedad, se procederá a evaluar periódicamente su funcionamiento a través de las instituciones y servicios creados con tal finalidad.


2. Cada centro docente realizará, asimismo, una autoevaluación periódica de su funcionamiento general que incluya el funcionamiento específico de sus órganos de gobierno y departamentos, así como la efectividad de sus diferentes planes de centro y proyectos

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curriculares de etapa. Para ello podrá solicitar apoyos externos, que le serán facilitados por la Administración educativa.


3. Las Administraciones educativas diseñarán, contando con sus organismos de evaluación y en todo caso con los Servicios de Inspección Educativa, un plan de evaluación externa de los centros docentes, que periódicamente se aplicará a una muestra de ellos y, en su caso, a determinados centros cuyas circunstancias aconsejen hacer las correspondientes comprobaciones sobre el grado de adecuación de sus enseñanzas a los fines previstos para el sistema educativo en el artículo 1 de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. El plan de evaluación y los resultados obtenidos se pondrán a disposición de los órganos de participación de la comunidad educativa para su conocimiento y debate.


4. Con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la educación primaria y en el último curso de la educación secundaria obligatoria. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para evaluar el funcionamiento del sistema y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.


5. Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios correspondientes, que todos los centros sostenidos con fondos públicos desarrollan su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a escolarización del alumnado, gestión democrática, control social de los fondos públicos y condiciones laborales y de acceso del profesorado.


6. Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación. Asimismo, ejercerán labores de supervisión y control de los centros educativos en sus diferentes ámbitos de actuación. Para su propio funcionamiento tales servicios podrán contar, además de con los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación, con funcionarios docentes adscritos temporalmente a la función inspectora y que accederán a ella previo concurso de méritos y superación de un curso específico de formación teórico-práctica.


DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo establecido en la presente Ley se aplicará progresivamente a lo largo de seis años a partir de su entrada en vigor.


Segunda. En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno de cada Comunidad Autónoma presentará un Libro Blanco sobre la situación educativa en su ámbito competencial. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación deberá colaborar con las correspondientes administraciones educativas, a petición de éstas, para la elaboración de los respectivos Libros Blancos.


Tercera. En cada Comunidad Autónoma, a partir de los datos y análisis de su Libro Blanco y del debate social que en torno al mismo se promueva, el Gobierno respectivo elevará a la Cámara Legislativa de su Comunidad un Proyecto de Ley de Calidad para su ámbito competencial.


Cuarta. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Contendrá las actuaciones de calidad previstas, junto con un calendario de aplicación en cuatro años y una memoria económica que detalle el incremento de gasto educativo necesario para cada año de aplicación y la consolidación, en su caso, al final del proceso.


Quinta. La financiación de las actuaciones contenidas en la Ley de Calidad de cada Comunidad Autónoma será asumida parcialmente desde los Presupuestos Generales del Estado con carácter finalista, en una cantidad comprendida entre uno y dos tercios del total. Para la determinación de la financiación exacta, desde los Presupuestos Generales del Estado, que corresponda a cada Comunidad Autónoma, se estará a lo dispuesto en el Convenio que firmará el Gobierno de cada Comunidad con el Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, previo estudio en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo con mayor proporción a aquellas Comunidades que presenten mayores déficit educativos en lo que se refiere a factores de calidad y mayores tasas de fracaso escolar.


Sexta. La financiación acordada en cada Convenio se realizará en cuatro anualidades consecutivas, a partir de la aprobación de las respectivas Leyes de Calidad autonómicas, y quedará consolidada a excepción de las partidas que correspondan a inversión nueva. La cantidad que se destinará a estos fines desde los Presupuestos Generales del Estado supondrá un incremento anual en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cada uno de los cuatro ejercicios previstos, como máximo, de una décima del PIB correspondiente a ese año.


Séptima. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá en sus Presupuestos las partidas necesarias para llevar a cabo las actuaciones previstas en la presente Ley en Ceuta y Melilla y en los demás centros educativos que sigan bajo su dependencia administrativa.


Octava. En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno encargará al Consejo

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de Coordinación Universitaria la elaboración de un Informe, según lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades, a los efectos de transformar las enseñanzas correspondientes a los diferentes títulos de Maestro en una titulación con nivel de licenciatura.


Novena. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá un apartado específico sobre la aplicación de la presente Ley en el preceptivo informe anual ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado, según establece la Disposición Adicional Tercera, punto cuatro, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En tanto se mantenga vigente el actual régimen de conciertos educativos, las medidas para favorecer la calidad de la enseñanza contenidas en esta Ley podrán ser extensivas a los centros privados sostenidos con fondos públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, así como las condiciones que se recogen en el artículo 9, apartado 5, de la presente Ley.


Segunda. Mientras no se revise el actual Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.


DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza (121/000104) de devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


ENMIENDA NÚM. 21

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza

Se propone con la presente enmienda de totalidad la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


JUSTIFICACIÓN

El proyecto legislativo tramitado al Congreso acomete una reforma profunda del sistema educativo vigente, afectando, sustancialmente, a tres leyes orgánicas: Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG).


La razón aducida por el Gobierno del Estado para justificar la necesidad de dicha reforma es el elevado índice de fracaso escolar de los alumnos, cuyos conocimientos estarían por debajo de la media europea.


La modificación legislativa proyectada trataría, según declara su exposición de motivos, de corregir las deficiencias observadas y de lograr una educación de calidad para todos. Esa calidad se alcanzaría por medio de las siguientes medidas:

1. Fomentando la llamada "cultura del esfuerzo", como garantía del progreso personal, "porque sin esfuerzo no hay aprendizaje". De ahí que en la ESO se elimine el sistema de promoción automática, por considerar que a esa edad (doce años) es cuando se consolidan los hábitos de autoaprendizaje y disciplina.


2. Orientando el sistema educativo hacia los resultados e intensificando los procesos de evaluación. Por ello, se establece una Prueba General de Bachillerato,

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de ámbito estatal, objetiva y externa, en paralelo con la práctica habitual en los países de la Unión Europea, prueba que, junto al expediente académico, dará lugar a la obtención del título de Bachillerato, necesario para acceder a los estudios universitarios.


3. Reforzando el sistema de oportunidades. Ésta es la razón apuntada para el desarrollo de los itinerarios educativos a partir del 3.º curso de ESO, entendiendo que los itinerarios son un modo de conseguir un sistema educativo más inclusivo, dando solución al modelo de la escuela comprensiva, donde todos/as los/as alumnos/as deben estudiar un programa común, matizado con medidas de atención a la diversidad.


4. Elevando la consideración social del profesorado, reforzando su formación, su prestigio social y articulando una carrera docente.


5. Desarrollando la autonomía de los centros educativos.


Sin embargo, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que son muchos los aspectos criticables del proyecto de ley que justifican su devolución al Gobierno.


a) En primer lugar, porque el proyecto de ley no es conforme con el bloque de constitucionalidad, al inmiscuirse en ámbitos reservados a la competencia de las CCAA.


La futura Ley Orgánica de Calidad de la Educación comporta la apelación por el Estado a varios títulos competenciales recogidos en la disposición final octava del proyecto (artículo 149.1.1, 18 y 30 de la Constitución).


El título de la norma y una mera lectura de su articulado, evidencian que el proyecto de ley se inscribe, al menos, en dos ámbitos materiales: La enseñanza y el régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes.


En materia de enseñanza, el artículo 16 del EAPV ha atribuido a la CAPV la competencia plena para la regulación de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 CE y las Leyes orgánicas que lo desarrollen, así como de las facultades que el artículo 149.1.30 CE reserva al Estado y de la alta inspección.


Las competencias que el artículo 149.1.30 de la CE atribuye al Estado se refieren, de un lado, a "la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales", competencia que atribuye al Estado la facultad para determinar los contenidos mínimos o comunes de los programas y planes de estudios, los niveles, ciclos y cursos en que se ordenen los estudios y los requisitos para cursarlos. Sin embargo, dicha competencia normativa no excluye la intervención normativa autonómica en el concreto aspecto de cumplimentación de los programas de enseñanza conducentes a la obtención de un título académico oficial (STC 87 y 88/1993, de 27 de octubre).


De otro, al dictado de las "normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en la materia", esto es, las líneas o principios generales y los mínimos en las decisiones fundamentales para el desarrollo "directo" del 27 CE, que la normativa autonómica deberá respetar.


De una interpretación integrada de ambos preceptos puede afirmarse que en materia de enseñanza la CAPV ha asumido todas las competencias no reservadas al Estado por el artículo 149.1.30 de la CE.


Además, la CAPV ostenta competencia exclusiva en materia de ordenación de su función pública, en virtud del artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía, competencia que, sin embargo, está limitada por la que el artículo 149.1.18 de la CE reserva al Estado para el dictado de las bases de régimen estatutario de los funcionarios.


En el ejercicio de sus competencias, la CAPV ha establecido su modelo de escuela pública vasca y ha ordenado sus cuerpos docentes no universitarios, mediante las leyes autonómicas 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, y la Ley 2/1993, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma Vasca.


Ocurre, sin embargo, que el proyecto de ley desarrolla el derecho fundamental a la educación, pero la utilización de la reserva orgánica se extrema de tal manera, hasta el punto de convertir en orgánica la mayoría del proyecto, aun cuando su conexión con el derecho fundamental sea remota.


Desde esta perspectiva, entendemos, tal y como lo ha declarado de manera reiterada el Tribunal Constitucional, que únicamente deben incluirse en el ámbito de reserva de la Ley Orgánica la determinación de los elementos esenciales relativos a la titularidad del derecho a la educación, y que dicha reserva de Ley Orgánica no debe impedir que los legisladores no orgánicos, tanto el estatal como el autonómico, puedan concretar o extender esa titularidad, respetando, obviamente, lo establecido por el legislador orgánico. En definitiva, únicamente las disposiciones contenidas en el proyecto de ley orgánica que encierren "normas básicas para el desarrollo del artículo 27" son las que marcan el límite infranqueable para las disposiciones autonómicas.


En este caso, sin embargo, es fácil detectar en la norma preceptos declarados como orgánicos, que en modo alguno pueden pensarse que formen parte intrínseca del núcleo básico del derecho fundamental a la educación.


A juicio del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), son muchas las previsiones del proyecto de ley

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que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. En concreto, la regulación proyectada en materia de becas y ayudas al estudio, premios y reconocimientos, programas de cooperación, educación preescolar; evaluación general de diagnóstico en Educación Primaria y Secundaria, formación del profesorado, alta inspección, libros de texto, plantillas de los Cuerpos de Catedráticos y temarios de las pruebas de acceso a dichos cuerpos, entre otras.


b) En segundo lugar, la opción normativa que se plasma en el proyecto de ley orgánica vulnera, también la Constitución no sólo desde la óptica de distribución de competencias, sino también, por desconocimiento o infracción del núcleo esencial del artículo 27 de la CE.


La futura Ley, pese a su denominación, parece perseguir más la segregación que la calidad, salvo que entienda que la segregación mejora el rendimiento de los alumnos y, en definitiva, la calidad.


Así, de acuerdo con la regulación proyectada, los alumnos de la ESO, al final, no van a poder elegir de acuerdo con sus preferencias, y se les va a separar en función de su rendimiento.


También se advierte el carácter segregador de la reforma en el tratamiento que la Ley da al alumnado extranjero, alumnado superdotado intelectualmente y alumnado con necesidades educativas especiales. Los primeros son tratados en la Ley como un obstáculo para conseguir la óptima calidad del sistema educativo, y, por ello, se les excluye del mismo. Los superdotados podrán acabar escolarizados en centros especiales al igual que alumnos con necesidades educativas especiales, dando así la Ley un giro a las posturas anteriores a la LOGSE, que se caracteriza, precisamente, por su carácter integrador y de respeto a la diversidad.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende, por lo expuesto, que dicha regulación podría vulnerar el derecho a la educación, en condiciones de igualdad, reconocido a todos en el artículo 27.1 de la CE, dado que el sistema educativo debe de ofrecer una educación de calidad para todos.


Por otro lado, el proyecto de ley incorpora como criterio para la admisión de alumnos en las enseñanzas no obligatorias el criterio del "expediente académico", y prevé también la posibilidad de que los centros de especialización curricular puedan incluir criterios complementarios acordes con las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas competentes. De este modo se eleva a la categoría de Ley la posibilidad de excluir por medio del expediente a los estudiantes que no sean todo lo brillantes que se desea.


Con este nuevo criterio, en el fondo, se está negando la elección de centro, y en definitiva, la elección del tipo de educación. Si estamos ante criterios que se establecen para la selección de alumnos por carencia de plazas, los mismos deben ser objetivos y no pueden suponer, como es el caso, una traba para la elección inicial del centro. Por ello, entendemos que dicha previsión puede reputarse inconstitucional por infracción del 27.1, en relación con el 53.1 de la CE, interpretado de conformidad con el artículo 14 CE, en cuanto que no se respeta el contenido esencial del derecho a la libre elección de centro, al imponer unas prioridades carentes de justificación objetiva y razonable.


c) En tercer lugar, el proyecto de ley orgánica atribuye al Gobierno del Estado amplias potestades normativas para desarrollar y ejecutar sus mandatos.


Ese excesivo afán reglamentista, que busca, básicamente, la uniformidad, sólo constituirá una opción legítima si posibilita un desarrollo real por las CCAA al objeto de que éstas puedan configurar, mediante un marco normativo propio, el modelo educativo que responda mejor a sus peculiaridades. El sistema educativo debe ser homologable pero no homogéneo.


d) En cuarto lugar, es fácil, también, detectar que la idea que impregna la reforma educativa consiste en una visión del Estado español, que atiende a su integración en la Unión Europea, pero que olvida el obligado respeto y conocimiento de su diversidad interna, y el marcado carácter pluricultural y plurilingüe de su sistema educativo.


Llama poderosamente la atención que la Ley no reconozca como derecho básico de los alumnos el derecho a ser educado en la lengua propia de la CA, ni que la capacitación plurilingüe de los alumnos figure como factor de calidad del sistema educativo.


En este sentido, conviene recordar que la cooficialidad del euskera y castellano implica, en palabras del TC (STC 88/1983), que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas, y ello supone que las dos lenguas han ser enseñadas en los centros escolares de la Comunidad con la intensidad que permita alcanzar ese objetivo, deber que deriva no sólo del EAPV (artículo 6.1), sino también de la CE (artículo 3.2).


Interesa, igualmente, señalar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la potestad autonómica tanto para establecer la obligatoriedad de la enseñanza de su lengua propia en todos los centros de la Comunidad Autónoma como para regular la exclusión de dicha obligación (STC 134/1997), así como también la legitimidad para que la lengua propia de una CA se utilice como vehículo "normal" de expresión (que no como lengua única) en las actividades internas y en las de proyección exterior en los centros docentes radicados en aquella CA (STC 337/1994).


e) En quinto lugar, no se advierten medidas específicas para acabar con el fracaso escolar.


f) En sexto lugar, no parece que con la Ley proyectada se cumplan los principios de calidad que esta Ley proclama.


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El proyecto legislativo enuncia como uno de los principios de calidad el refuerzo de la autonomía de los centros docentes.


Sin embargo, dicho principio no parece que se cumpla con la modificación legislativa proyectada, que recorta las competencias del Órgano máximo de representación del centro (Consejo Escolar), despojándole de muchas de las decisiones fundamentales que tiene atribuidas, para atribuírselas, en muchos casos, al Director, que refuerza, así, su autoridad.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que para garantizar la necesaria autonomía de los centros docentes resulta necesaria la participación de todos los sectores de la comunidad escolar en la toma de decisiones más importantes del centro.


Además, del texto del proyecto nada indica que la autonomía de los centros, en su vertiente de gestión económica, se vea reforzada, limitándose el proyecto de ley a realizar una remisión a la normativa vigente.


g) En último lugar, se desconoce el coste de la reforma, su incidencia en la enseñanza pública y en la concertada, y su financiación, cuyo conocimiento resulta necesario de cara a valorar el interés público de la medida legislativa proyectada.


En conclusión con lo expuesto, y aun cuando consideramos que la reforma educativa puede ser necesaria, entendemos que la opción normativa que se plasma en el proyecto de ley orgánica debe ser rechazada. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) aboga por una Ley negociada con todos los sectores implicados, que busque el mayor consenso posible en la comunidad educativa y en el conjunto de la sociedad (al objeto de que el modelo educativo que se implante pueda perdurar), que respete la diversidad y reconozca la realidad cultural y sociolingüística de las CCAA, así como sus competencias, para poner en vigor una Ley de Calidad de la Enseñanza no universitaria asentada en bases y principios de calidad significativamente distintos a los que se definen en este proyecto de ley del Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. de expte. 121/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 22

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Perspectiva competencial

La Constitución atribuye al Estado "la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".


Por su parte, el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que, "en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía".


Éste es el marco competencial en el que se debe incardinar el proyecto de ley que ahora se discute. De él se infiere con claridad que la competencia del Estado en materia educativa tiene carácter de mera ordenación básica (excepto en el apartado de títulos académicos y profesionales), a pesar de lo cual el texto presentado por el Gobierno incurre en una permanente extralimitación de las competencias estatales.


La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional es clara a la hora de entender que la definición de lo básico no puede quedar a la libre disposición del Estado, y que al contenido de estas normas sólo le corresponde la función de "definir los principios normativos generales", siendo su desarrollo y concreción competencia de las Comunidades Autónomas.


Dicho de otra forma, el Estado está obligado, a la hora de ejercer sus competencias normativas básicas, a establecer un marco lo suficientemente flexible como para que las CCAA con competencias de desarrollo tengan margen suficiente como para adoptar políticas propias, en función de sus necesidades sociales y económicas concretas y de acuerdo a criterios políticos propios. En esto se basa, precisamente, el principio de autonomía política consagrado en la Constitución.


Lo cierto es que, en el proyecto de ley que nos ocupa, son múltiples los aspectos en los que se produce

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un desbordamiento de las atribuciones del Estado en materia de regulación básica, al descenderse a normativizar cada materia con un nivel de detalle tal que se deja sin espacio a la regulación autonómica. Podemos citar, a estos efectos, materias tan relevantes en el diseño de las políticas educativas como el régimen de becas, la organización y dirección de los centros docentes, la función docente, la inspección educativa, el calendario escolar, etc.


En otros muchos aspectos se recurre a remisiones en blanco o a habilitaciones genéricas o indeterminadas en favor de posteriores desarrollos reglamentarios por parte del Gobierno español. Así, en el Título I del proyecto, "De la estructura del sistema educativo", son diversos los artículos que atribuyen al Gobierno Central el desarrollo de determinada normativa en materias como la educación preescolar (artículo 9.2), los itinerarios (artículo 25.5), los programas de iniciación profesional (artículo 26), el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (artículo 30.2), la organización del Bachillerato (artículo 34.4), el título de bachiller (artículo 36.1), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (artículo 37.5), etc.


A nuestro entender, el texto que ahora se presenta es otro claro ejemplo de la voluntad de involución autonómica que el Gobierno español viene demostrando en todas aquellas materias en las que va teniendo ocasión de incidir, tanto mediante su actividad de proposición legislativa como a través de su potestad de desarrollo reglamentario. El objetivo parece ser, en todo momento, la limitación, más allá incluso de los mandatos constitucionales, de las competencias que vienen ejerciendo las instituciones vascas, en un afán centralizador propio de tiempos que creíamos ya superados.


Perspectiva educativa

Desde Eusko Alkartasuna consideramos que el Proyecto de Ley de Calidad de la Educación nos presenta una ley reduccionista que equipara la calidad con los resultados, cuando el sistema educativo debería recoger también los procesos, y que no se basa en una evaluación seria y rigurosa del sistema educativo actual, apoyándose en juicios de valor que no tienen fundamento ni están contrastados en ningún tipo de estudio.


Siempre es conveniente hacer balance del sistema educativo para planificar actuaciones futuras, pero en ese análisis deben figurar no sólo los aspectos negativos, sino también los logros, para reforzarlos. En este sentido, debemos señalar que en el proyecto de ley predomina un enfoque puramente negativista, que incide únicamente en los aspectos negativos del sistema educativo para justificar los cambios que se pretenden introducir, y obvia lo que de positivo pudiera tener el sistema vigente.


En lo que a la Comunidad Autónoma Vasca respecta, hemos de resaltar que nuestras instituciones llevan ya más de diez años realizando un gran esfuerzo humano y presupuestario en la totalidad de las materias que el Proyecto de Ley de la Calidad de la Enseñanza pretende abordar, tales como el mapa escolar, la adecuación de las instalaciones, el desarrollo de la normativa y el currículum, la atención a la diversidad, la atención a las necesidades educativas especiales, la euskaldunización o la formación del profesorado. Podemos afirmar, por tanto, que el proyecto de ley que ahora se presenta no responde, de ningún modo, a la realidad ni a las necesidades de Euskadi, puesto que parte de un análisis y está llamada a servir de respuesta a situaciones muy distintas a la nuestra.


Fracaso escolar

El proyecto, cuyo rechazo se solicita, parte de la consideración de una serie de elementos entre los que destaca la tasa de fracaso escolar (en torno al 26 por 100), un dato que coloca a los alumnos del Estado por debajo de la media de los países europeos más avanzados. En este sentido, es conveniente señalar que, a la hora de establecer los marcos normativos y las políticas concretas, es imprescindible tener en cuenta las diferencias que, en cuanto al índice de fracaso escolar, se dan entre las diferentes nacionalidades y Comunidades Autónomas, y con respecto al conjunto del Estado español, para extraer así las conclusiones pertinentes.


En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra la tasa de fracaso escolar es muy inferior a la media estatal (19 por 100 en la Comunidad Autónoma Vasca e incluso inferior en la Comunidad Foral de Navarra), debiéndose, en todo caso, señalar que el hecho de no estar a la cabeza no califica ni descalifica por sí mismo a un país o comunidad. Cuando nos referimos al sistema educativo, lo que hay que valorar es la situación de partida, el progreso que experimenta esta situación inicial, y el esfuerzo implicado en ese progreso. En tan sólo veinte años de autonomía, el sistema educativo vasco ha experimentado un enorme avance en este como en otros aspectos, hasta colocarse por delante de la media estatal.


Si bien es cierto que no cabe aceptar que la tasa de fracaso supere el 25 por 100 de la población, aunque esa tasa fuera inferior, la situación seguiría siendo grave. Además, la comparación de los resultados escolares a nivel estatal y los resultados de otros países europeos debería hacerse no en términos absolutos, sino incluyendo otras variables como, por ejemplo, el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que esos países destinan a educación, y su comparación con los datos del Estado español.
Lo contrario supone abordar los problemas del sistema educativo con una superficialidad casi irresponsable.


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Así, a modo de ejemplo, se puede indicar que en la actualidad el porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a la educación en el Estado español es del 4,4 por 100, mientras que en el Reino Unido es del 5,6 por 100, con un incremento del 50 por 100 de la inversión por alumno en ocho años.


Desde nuestro punto de vista, si se hacen comparaciones, habría que hacerlas en función de todas las variables que influyen en el resultado del fracaso escolar, y no únicamente en el resultado.


Deterioro del clima de convivencia

Otro de los aspectos que pretendidamente justifican el proyecto es el deterioro de la convivencia, algo que conviene matizar. En la Comunidad Autónoma del País Vasco el clima de convivencia en los centros goza de normalidad, especialmente en Infantil y Primaria, y en Formación Profesional. Conviene señalar que en la CAPV se está desarrollando un programa específico de Educación para la Convivencia y la Paz que incluye un estudio riguroso sobre la convivencia en los centros escolares de nuestra comunidad.


Debe corresponder a cada Administración educativa promover planes y programas en este campo, de forma que los centros escolares puedan planificar de forma sistemática caminos que favorezcan la creación de un clima de convivencia positivo en toda la comunidad educativa. A convivir se aprende conviviendo, por lo que la solución debería venir a través del fomento de los mecanismos de participación en la toma de decisiones, el reparto de poderes, sistemas de resolución de conflictos, normas de convivencia, etc... La experiencia confirma que el aumento en la participación del alumnado disminuye la conflictividad, dado que cuando más se involucran en la vida del centro, más responsabilidad individual y colectiva desarrollan.


Desprestigio de la figura del profesor

El que la figura del profesor se haya relativizado, al igual que otras figuras sociales de autoridad, debido a diversos factores que no dependen exclusivamente del marco escolar, no equivale a que de forma general la figura del profesor se haya desprestigiado. De hecho, no se ofrecen datos sobre este fenómeno, ni justificación o explicación científica y, en todo caso, mostramos nuestras dudas de que se pueda elevar el prestigio del profesorado reforzando mecanismos de autoridad.


Director

Es probable que haya que revisar sus funciones, pero no en la dirección que apunta el texto, que quiere profesionalizar la labor del Director y convertirlo principalmente en un representante de la Administración en el centro. Se pretende reforzar el liderazgo y autoridad del director, lo cual es difícil si no se cuenta con la colaboración de quienes tienen que llevar a efecto las funciones encomendadas. No cabe confundir autoridad con disciplina impuesta.


En cuanto a la elección del Director, consideramos que tiene que seguir siendo el Consejo Escolar, y no una comisión mixta Administración-Consejo, quien proceda a su elección. La intervención de la Administración no garantiza, por sí misma, un mayor acierto en la elección y, por el contrario, establece un vínculo de dependencia con la Administración que contradice el principio de autonomía del centro.


Falta de esfuerzo del Alumnado consecuencia de la promoción automática

El esfuerzo es necesario en cualquier empeño humano, también en el aprendizaje, pero no se puede afirmar que sea su única o principal fuente. Esto supondría negar el valor educativo y de aprendizaje del juego o de la participación en la vida familiar y social. En todo caso, consideramos que es un simplismo derivar la falta de esfuerzo del alumnado sólo de la promoción automática. La repetición de curso no es ni el único medio, ni el mejor para conseguirlo.


Es esencial que el paso de curso se establezca con criterios personalizados, y no con relación a un estándar de conocimientos y destrezas. La evaluación continua debe ayudar a que en cada curso el alumno supere todos los controles de conocimientos y pueda pasar al curso siguiente. Es necesario aportar más y mejores medios para evitar que los alumnos lleguen al final de cualquier curso sin haber logrado los objetivos previstos.


El texto contempla la eliminación de la "promoción automática", justificando como imprescindible la Prueba General de Bachillerato (PGB).
Se pretende que la escuela asuma los valores individualistas que imperan en la sociedad, proponiendo de soslayo una escuela exclusivamente competitiva, lo cual atentaría contra los principios generales de la educación. La concepción del sistema educativo que subyace en el texto es el de la selección, lo cual supone, a nuestro entender, una vuelta hacia atrás hacia planteamientos escolares y sociales de un pasado que creíamos ya felizmente superado.


Itinerarios

En el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria se proponen dos itinerarios, y en el cuarto, tres. A nuestro entender, los itinerarios constituyen una medida simplista que atenta contra la autonomía de los centros. En nuestro caso concreto, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es inviable la implantación de dos-tres itinerarios en un sistema con tres modelos linguísticos, por el alto coste, sobre todo en centros

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pequeños. A esta razón de inviabilidad práctica se une otra razón de carácter educativo, ya que los grupos que surgirían serían tan pequeños que se empobrecerían enormemente las relaciones interpersonales en el alumnado y la capacidad de socialización y aprendizaje del grupo.


La elección de itinerarios se adelanta a los catorce años cuando aún no se está en condiciones de tomar una decisión tan importante. Muchos alumnos precisan más tiempo para llegar al grado de madurez necesario, por lo que podrían verse abocados a optar por itinerarios de segundo orden en un momento prematuro. Esto sucede sobre todo en quienes provienen de entornos familiares socialmente desfavorecidos, que serán, en consecuencia, los más perjudicados por esta medida. El resultado será una educación más elitista que, a la larga, redundará en perjuicio de todos.


Tampoco encontramos justificación al hecho de adelantar a los quince años los programas de iniciación profesional, ya que con ello se perfila un nuevo itinerario sin nombrarlo como tal, destinado al alumno fracasado o con poca motivación, lo que contradice el derecho y deber de los menores de dieciséis años a seguir las enseñanzas básicas. De nuevo se lanza el mensaje de que a los ciclos formativos en grado medio van los alumnos menos capaces, con lo que la Formación Profesional se verá perjudicada.


En otro orden de cosas, con este proyecto se vuelve a la evaluación centrada en los conocimientos propios de cada asignatura y se pierde la referencia al desarrollo de capacidades y de las habilidades básicas. No resulta congruente que, en una enseñanza con objetivos de desarrollo de capacidades y habilidades básicas, más que de conocimientos concretos, si no se han superado los objetivos durante el curso, éstos puedan superarse en una prueba o examen extraordinario tras un breve tiempo, generalmente poco aprovechado.


Prueba General de Bachillerato

No es congruente una evaluación continua y diferenciada con el establecimiento de una Prueba General de Bachillerato (PGB) que viene planteada como mero mecanismo de control, y no como herramienta de mejora. Se ha demostrado que las pruebas generales son de poca ayuda para conocer el nivel real de conocimientos de los alumnos, con el riesgo añadido de que los dos años de Bachillerato se conviertan en una preparación de la prueba y se olviden sus objetivos específicos. Con este proyecto quedan en entredicho, en consecuencia, tanto la evaluación continua como la autonomía curricular de cada claustro y de cada Comunidad Autónoma.


Admisión de Alumnos/as

En cuanto a la admisión de alumnos y la posibilidad de tomar en consideración el expediente académico, supone aumentar la dualidad del sistema educativo y esconde una visión segregadora de la educación que puede empujar a los alumnos con necesidades educativas especiales y a la mayor parte del alumnado inmigrante a unos determinados centros públicos, mientras que los centros privados se poblarían de un alumnado perfectamente seleccionado.


Consideraciones finales

Desde un punto de vista competencial, nos encontramos ante un texto que excede de lo "básico" y rebasa, en consecuencia, las competencias que la Constitución atribuye al Estado en esta materia. En el proyecto de ley se recurre para ello a dos mecanismos diferentes: Por un lado, se regulan al detalle numerosas materias, en un ejercicio de extralimitación inadmisible que no deja margen alguno para el establecimiento de un marco normativo propio en las Comunidades Autónomas; por otro lado, se incluyen continuas remisiones en blanco y habilitaciones genéricas o indeterminadas en favor de la Administración Central para su posterior regulación reglamentaria.


Desde la óptica educativa, nos encontramos ante un texto tremendamente reduccionista, que limita su visión sobre la educación a la enseñanza de aspectos cognitivos, marginando la concepción del desarrollo integral del alumnado. La interpretación del acto educativo como una actividad instructiva reduce la figura del profesorado a desempeñar un papel de mero instructor, y al alumno a la posición de aprendiz, en la que el profesor ya no es facilitador de aprendizajes, sino mero transmisor de conocimientos. No se apela al desarrollo de destrezas y habilidades o a la realización como persona.


Por otro lado, el texto esconde una visión segregadora de la educación, educación que acentúa su función de selección social o clasificación, creando las condiciones para la dualización de la enseñanza.


La pretensión de conseguir elevar la calidad educativa endureciendo los niveles de exigencia en los estudios y potenciando los exámenes y sistemas de control puede conducir a un resultado opuesto al pretendidamente buscado, dado que puede conducir a la desmotivación y al abandono, incrementando el fracaso escolar.


En este sentido es muy acertada la expresión que se recoge en el informe del Consejo Escolar de Euskadi sobre el documento de bases para una Ley de Calidad de la Educación, que muy gráficamente expone que "la preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas más altas en la carrera, sino enseñando a saltar". No saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones, siendo necesario, en consecuencia, un aumento del gasto destinado a educación.


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Por todo ello, las presentes consideraciones justifican la interposición de la presente enmienda a la totalidad con solicitud de devolución del Proyecto.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista don José Núñez Castain, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (núm. expte. 121/000104).


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-José Núñez Castain, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 23

PRIMER FIRMANTE:

Don José Núñez Castain

(Grupo Parlamentario Mixto)

Exposición de motivos

Era necesario que el Gobierno presentara un Proyecto de reforma en la educación habida cuenta de los numerosos cambios sobrevenidos en la sociedad tras la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990 y el elevado índice de fracaso escolar, sin embargo, el grado de contestación que ha lanzado la comunidad escolar y los agentes sociales implicados no es el mejor augurio para la implantación de esta Ley. Cualquier mejora del sistema educativo demanda una gran apuesta económica. Es imprescindible la reforma pero desde la calidad real y desde los medios e infraestructuras necesarios.


Los itinerarios a edad temprana propuestos por el Proyecto pueden generar cierta discriminación y generar diversos tipos de centros según las zonas y su alumnado por itinerarios. Por otro lado, la variación en el estatuto de la asignatura de Religión pasándola a rango de materia evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media es un retroceso claro en un Estado no confesional.


El Gobierno pretende reformar el actual sistema educativo sin haber obtenido el máximo consenso y apoyo previo para que pueda desarrollarse con la mayor garantía de éxito y estabilidad política posible. El Gobierno ha obviado las ideas y las propuestas de las Comunidades Autónomas. Es una Ley de retroceso y contrarreforma que desprecia la opinión de los ciudadanos.


El Proyecto deja en el aire la financiación de un pilar básico de desarrollo de nuestra sociedad, como es el sistema educativo, al no establecer un mecanismo que concrete la financiación, como sería la obligatoriedad de todas las Comunidades Autónomas de invertir un porcentaje mínimo del Producto Interior Bruto para que todos los alumnos del Estado tengan las mismas oportunidades y permita un equilibrio educativo interterritorial. Así, el Estado compensaría económicamente a las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, que han partido con desventaja respecto a otras en el proceso de transferencias educativas.


También se echa en falta en el Proyecto la valoración y el refuerzo del prestigio, dentro de la carrera profesional docente, de la figura "imprescindible" del maestro/profesor tutor, que debería ser reconocido como mérito y llevar implícito mayores complementos económicos, así como la regulación en la carrera profesional docente de la posibilidad de acceso a impartir la docencia en las Universidades. Tampoco se refuerza el papel de la inspección educativa como órgano de control de las distintas Administraciones educativas, garantizando su independencia de los órganos políticos y como garante de las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación de calidad.


Por todo ello, el Partido Andalucista presenta esta enmienda de totalidad a este Proyecto de Ley Orgánica, solicitando su devolución al Gobierno.


A la Mesa de la comisión de Educación, Cultura y Deporte

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, acompañado de la correspondiente memoria económica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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ENMIENDA NÚM. 24

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE

LOS ALUMNOS

Preámbulo

Conseguir que el conjunto de la población pudiera acceder a la escuela ha sido, durante muchos años, el objetivo prioritario de amplios sectores de nuestra sociedad. Lo que hace tan sólo cincuenta años era una ilusión comenzó a hacerse realidad con la Ley General de Educación (LGE) de 1970.
Más tarde, con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, se amplió a diez cursos la escolarización básica y obligatoria. Hoy, en los inicios del siglo XXI, se puede afirmar que la vieja aspiración se ha hecho realidad: El conjunto de la población en edad escolar accede a la escuela desde una edad temprana; la mayoría, además, prosigue su formación durante, al menos, diez cursos.


La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos han desarrollado desde entonces. En particular, se regularon el derecho a la educación, la participación de padres, profesores y alumnos en nuestro sistema educativo y el régimen de conciertos para los centros privados. En esos años se llevó a cabo la expansión más importante de la educación en nuestro país, que alcanzó tasas de escolarización desconocidas hasta entonces en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad, de la mano de una ambiciosa política de creación de puestos escolares y de un creciente número de becas. Esta política ha permitido el acceso a los niveles postobligatorios de la educación de sectores sociales tradicionalmente marginados de ellos.


No podemos, sin embargo, considerar el acceso a la educación y la extensión de la educación básica como un fin en sí mismo. No podemos declararnos satisfechos con que la práctica totalidad de los niños y niñas y de los jóvenes de nuestro país estén escolarizados al menos durante diez cursos. Alcanzado este objetivo, es preciso avanzar en la dirección de ofrecerles una educación de mayor calidad, una educación que ayude a todos los alumnos y a todas las alumnas, sin restricciones ni discriminaciones de ningún tipo, a aprender y desarrollarse, a formarse como personas y como ciudadanos, a construir y desplegar su propio proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática. Más educación, pero también mejor educación para todos y todas sin excepciones; porque, en lo que concierne a la educación básica, podremos decir que el sistema educativo ofrece una educación de calidad sólo si ésta se garantiza a todo el alumnado.


Pero, hoy, cuando hablamos de garantizar una educación de calidad, debemos ser conscientes de la transformación que ha sufrido nuestra sociedad, cuya fisonomía pero también cuyas demandas y expectativas se ven sometidas a continuos cambios. Es por ello por lo que debemos revisar las directrices que, tradicionalmente, han guiado nuestro sistema educativo, que ha estado dirigido, fundamentalmente, hacia el aprender a hacer, al desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades útiles para el ámbito profesional. Con ser importante esta dimensión, una apuesta de futuro pasa por ampliar el concepto y comenzar a hablar de aprender a conocer. Superando, pues, los límites de la enseñanza para toda la vida, nuestro sistema educativo debe propiciar, desde las edades más tempranas, una enseñanza durante toda la vida. La tercera dimensión de la educación, aprender a ser, también exige una revisión. Nuestros niños y jóvenes viven, porque así lo ha querido nuestra Constitución, en diferentes Comunidades Autónomas, dentro de un Estado común, que es España, que forma parte de la Unión Europea. Su formación integral no puede olvidar esos tres ámbitos, ni los valores de tolerancia y respeto mutuo que permiten la convivencia en la sociedad plural en la que crecen.


Los ciudadanos han de ser educados para el cambio. Debemos pensar en la formación para crear ciudadanos activos y no meros espectadores. Así estaremos anticipando los desequilibrios con los que a menudo nos sorprende el mercado y la sociedad en su conjunto. Si no estamos preparados para el cambio, si no tenemos la capacidad previa para adaptarnos a él, el sistema educativo estará siempre instalado en una crisis permanente y las respuestas que pueda ofrecer serán tardías cuando no anacrónicas. Por ello, habrá que formar individuos creativos, capaces de crear su propio empleo y desarrollar su propia carrera profesional.
Ciudadanos cuya aportación suponga siempre un valor añadido. Se trata de educar no sólo para aprender, sino también para aprender a emprender.
Ésta es la mejor educación que hoy podemos y debemos facilitar a nuestros niños y niñas, la educación de calidad para todos que espera la sociedad española.


Los nuevos problemas que se detectan en los centros, derivados de una situación educativa cada vez más compleja y cambiante, requieren un análisis profundo para acertar en el tipo de soluciones más adecuadas.
Estamos ante un debate acerca de la justicia social de las políticas educativas, sobre los límites de la igualdad de oportunidades, sobre la distribución de los recursos y, en definitiva, sobre las mayores o menores posibilidades de una gran parte de la población de acceder a más y mejor educación.


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Dadas las condiciones en que actualmente se desarrolla la vida de la mayoría de los ciudadanos, la educación en general y los centros educativos en particular cubren un campo cada vez más amplio de necesidades que las familias, o bien no pueden o bien no saben atender.
La existencia de estas necesidades es percibida por casi todos, independientemente de cuál sea nuestra posición política, religión, raza, sexo, nivel cultural, económico o social. Son necesidades que vienen inducidas, en buena medida, por el desarrollo en nuestro país de la denominada sociedad del conocimiento y son mayores cuanto menores son las capacidades económicas o culturales de los ciudadanos. Por eso, la sociedad tiene puestas muchas esperanzas en la educación.


Precisamente porque las necesidades son mayores, mayor es la exigencia hacia la escuela, que encuentra dificultades para adaptarse a esta nueva situación. Es por ello por lo que cuando el acceso universal a la educación es un hecho en nuestra sociedad, cuando más niños y niñas, cuando más jóvenes que en ninguna otra época van a las escuelas y a los institutos y durante más tiempo permanecen en ellos, se detecta en algunos sectores sociales, y, especialmente, entre el profesorado, una seria y fundamentada preocupación por la salud de nuestro sistema educativo y por su capacidad para garantizar una educación de calidad.
Varias son las razones que explican esta situación.


A la escuela de hoy acude todo tipo de alumnos y alumnas, de muy distinta cultura y condición social, con actitudes y aptitudes diferentes, con intereses diversos. Nunca como hoy habían coincidido en las aulas colectivos tan diversos. Y todo eso es así porque esas diferencias existen también fuera de la escuela y la escuela es sólo una parte de la vida del alumnado. Los inconvenientes de atender a un alumnado tan plural, tan diverso, de procedencia tan dispar, con vivencias tan distintas, son evidentes. Sobre todo, si se trata de descartar medidas segregadoras y de favorecer la adaptación e integración de todos.


Pero ese alumnado no lo crean las leyes ni las escuelas. Ése es el alumnado propio de una sociedad como la nuestra. El mismo que tiene el derecho a ser educado y el deber de educarse. Ése es el alumnado que, más allá de sus ricas y múltiples diferencias, debe aprender aquello que en esta sociedad nos es común, nos incluye a todos y nos afecta a todos. Y no cabe duda de que tal pretensión provoca resistencias, conflictos y desinterés. Por ello, debemos ser conscientes de que estamos ante un problema que va más allá de las relaciones entre profesores y alumnos, un problema social y no solamente escolar.


Los alumnos pasan en los centros escolares sólo una parte de su tiempo. En la escuela reciben sólo una parte de la formación y desarrollan sólo una parte del aprendizaje. Aunque, en parte, siempre ha sido así, lo novedoso es la enorme influencia que ejerce la televisión o la información a la que se accede a través de Internet, que son también instrumentos educadores que escapan absolutamente al control de la escuela. En muchos casos, los alumnos pasan gran número de horas con estos otros educadores y les dan más importancia que a la propia escuela. Los valores e ideales que transmite la escuela no coinciden, a menudo, con esas otras experiencias de nuestros jóvenes. Por eso, muchos alumnos se sitúan ante la educación escolar como si se tratara de una actividad ajena a sus intereses y preocupaciones, mostrando, en consecuencia, falta de motivación por aprender e, incluso, en ocasiones, una actitud de abierto rechazo.


Para comprender esta situación en toda su amplitud y complejidad no basta con pensar sólo en lo que ocurre en el tiempo escolar. Es necesario un mayor compromiso social con la educación, que se debe extender a todos los agentes e instituciones que, de una u otra forma, intervienen en la formación de nuestros jóvenes. La educación es, cada vez más, una tarea compartida y su mejora requiere el esfuerzo de todos.


Es importante recordar, por otra parte, que hace treinta años estudiaba en este país la tercera parte de quienes lo hacen ahora. Según los datos de la OCDE, los alumnos más brillantes de hoy saben mucho más que los mejores de entonces y la formación recibida por los alumnos que hoy tienen más dificultades es muy superior a la que recibieron sus homólogos hace treinta años, entre otras cosas porque a los diez o doce años dejaban de estudiar. Por último, resulta evidente que el nivel de formación medio de la población es sensiblemente mejor que el de hace varias décadas.


También es importante tener en cuenta que el clima de los centros escolares ha cambiado mucho en los últimos años. En demasiados casos se sufren situaciones de tensión y de dificultades de convivencia notables y, aunque los factores que aminoren o eliminen estas situaciones conflictivas puedan ser diversos, la eficacia de una u otras medidas dependerá más de la legitimidad que consigan los miembros de la comunidad escolar, en su conjunto, que de cualquier otra posibilidad. En cualquier caso hay que poner los medios para que el alumnado sea formado para convivir en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad. La corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la puesta en marcha de un modelo de dirección escolar apoyado por todos los miembros del centro, reconocido e incentivado, la ampliación decidida de los márgenes de autonomía de los centros, el desarrollo de programas de mediación de conflictos, parecen algunas de las líneas más adecuadas de avance en este sentido.


No cabe duda de que en este contexto social y educativo se incrementan de un modo significativo las tareas y nuevas responsabilidades del profesorado. Las administraciones educativas deben reconocer las dificultades a las que han de enfrentarse día a día, contribuyendo

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a identificar adecuadamente los problemas y las nuevas situaciones y proporcionando los recursos y apoyos necesarios para resolverlos, consiguiendo, de este modo, una mejor motivación de los principales agentes de una buena educación.


Asi mismo, es necesario evitar la concentración excesiva del alumnado con mayores dificultades para aprender en unos determinados centros, ya que esta concentración hace más compleja la acción educativa. Hay que avanzar en la consecución del objetivo de que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos e iguales obligaciones, superando viejos debates entre distintos tipos de centros, en la perspectiva de que todos aquellos que sean sostenidos con fondos públicos cooperen y contribuyan al objetivo de educar a todos entre todos.


Como ya se ha señalado, el reto que se nos plantea, similar por lo demás al que afrontan todos los países de nuestro entorno, es cómo garantizar una educación de calidad para todos los alumnos sin excepción, que fomente el desarrollo y la adquisición de las capacidades básicas, que permita a los alumnos progresar de acuerdo con sus aptitudes y sus intereses, y que les ayude a formarse como personas y como ciudadanos en el marco de una sociedad democrática, plural y compleja como la nuestra.


Pero la mejora de la calidad de la enseñanza exige el compromiso y apoyo de los poderes públicos con el cambio educativo, especialmente en la enseñanza pública. La consideración de ésta como eje vertebrador del sistema educativo y, al mismo tiempo, responsable de hacer efectiva la universalización del derecho a la educación exige que las administraciones educativas le otorguen una atención prioritaria que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada.


El incremento presupuestario para hacer frente a las transformaciones que se plantean es indispensable. De esta forma será posible ampliar la oferta de educación infantil, intervenir a tiempo de superar las dificultades de aprendizaje, mediante la adopción de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas, establecer planes de intervención para compensar las desigualdades,reforzar los sistemas de apoyo y orientación, ampliar la oferta de formación profesional y los programas de garantía social, extender la oferta educativa a todas las personas adultas, incrementar la autonomía de los centros y reforzar la función directiva, dar un impulso a la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros, mejorar sus instalaciones, y establecer un nuevo estatuto de la función docente en el que se recojan los derechos y los deberes del profesorado, en el que se establezcan incentivos retributivos y profesionales vinculados al desarrollo de su práctica docente.


Junto con estas medidas es preciso reforzar aquellas otras que permitan el acceso de todos los alumnos a los diferentes niveles educativos en condiciones equitativas: La igualdad en el acceso de los alumnos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, la necesidad de que todos ellos escolaricen por igual a los alumnos con necesidades educativas especiales o que pertenecen a minorías étnicas o culturales, el incremento de los programas de educación compensatoria y la especial atención a los centros que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o que están situados en zonas socialmente desfavorecidas.


A lo largo de estos años de aplicación de la reforma educativa se ha manifestado la necesidad de plantear otras innovaciones para facilitar que los cambios propuestos se lleven a la práctica con plena garantía.
Hoy se trata de poder aplicar y profundizar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido llevar adelante en su totalidad, de abordar los problemas educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja.


Como se ha señalado, el cumplimiento de los objetivos contemplados en la LOGSE, junto con las innovaciones que surgen de la experiencia adquirida, necesitan un compromiso presupuestario que asegure la viabilidad de las propuestas establecidas. Es necesario, por tanto, establecer un amplio acuerdo parlamentario para los próximos cinco años en torno a la financiación de la educación que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en la capacidad de las medidas propuestas para mejorar la calidad y la igualdad de la educación. Un acuerdo parlamentario sobre la financiación de la reforma que permitirá aportar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo y la permanente mejora de la calidad.


Todo ello para seguir avanzando en la configuración de un modelo que permita dar satisfacción a las demandas de los profesores y a las exigencias de calidad de los alumnos y sus familias, basado en la cooperación entre centros, entre padres y profesores, entre escuela pública, concertada y privada. Un modelo que apueste por la prevención de los problemas y, en consecuencia, por el apoyo a la educación infantil y primaria, por la autonomía de los centros, especialmente en la educación secundaria, para adaptar las escuelas e institutos a la diversidad del alumnado. Un modelo que, tal y como se acaba de aprobar recientemente en la Cumbre de Barcelona, se incline por hacer más atractiva la enseñanza y por la cohesión social, que, de acuerdo con lo que se está decidiendo en otros países de la Unión Europea, aspire a alcanzar tasas de escolarización

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del 80 por 100 en el Bachillerato y del 50 por 100 en la Universidad. Un modelo que refuerce la educación en valores, la tolerancia y la solidaridad, con un profundo compromiso humanista. Un modelo que suponga un incremento del profesorado y de los recursos de nuestro sistema educativo para alcanzar la media europea de gasto público en educación.
Un modelo, en fin, que busque el consenso, la participación, el diálogo y el trabajo conjunto de todos los sectores de la comunidad educativa.


Sólo así será posible seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación, que cuente con el mayor apoyo posible, que respete y que, por tanto, comprometa a las Administraciones Educativas y otras instancias y agentes sociales, y que pueda devolver la ilusión y la motivación a los profesores, a los alumnos y a sus familias.


Desde estos principios y orientaciones se formula el texto articulado de la Ley.


En su Título Preliminar se establecen los principios generales que debe contemplar el conjunto del sistema educativo para prevenir el fracaso escolar y mejorar la calidad de nuestra educación.


En el Título I, "De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos", se establecen una serie de medidas que se deben desarrollar en las diferentes etapas educativas para intervenir a tiempo de superar las dificultades. Hay que actuar para prevenir las dificultades de aprendizaje del alumnado, para resolverlas cuando se presentan y para desarrollar al máximo posible las capacidades potenciales de todo el alumnado.


En el Título II, "De la compensación de desigualdades", se recogen una serie de medidas de discriminación positiva que se tienen que desarrollar para aminorar las tasas de fracaso escolar en aquellas zonas con una elevada concentración de alumnado con dificultades, las zonas de atención preferente, así como en las zonas rurales que requieren una serie de medidas específicas por parte de las Administraciones educativas. En este Título se contempla también la atención educativa al alumnado inmigrante.
La educación de los alumnos procedentes de familias inmigrantes no puede limitarse a la oferta de una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos. Es preciso desarrollar un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar la integración real de estos alumnos en el sistema educativo español y a compensar sus deficiencias educativas que no permiten, en muchos casos, una escolarización en función exclusivamente de su edad.


En el Título III, el relativo al profesorado, se establecen una serie de medidas relativas a la formación inicial y permanente del profesorado y en torno a alguno de los aspectos que deben configurar un nuevo estatuto de la función docente. Las nuevas exigencias y expectativas de la sociedad española en relación con su sistema educativo han incrementado las tareas y responsabilidades del profesorado. Es preciso, por tanto, mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo, revisar su estatus profesional, ampliar las plantillas docentes y reformar la formación inicial de maestros y profesores de secundaria.
Todo ello, bajo la premisa de que el éxito de la educación personalizada exige autonomía pedagógica y, consecuentemente, confianza en nuestros docentes. Una confianza que debe traducirse en una alta valoración social de la importante tarea que desarrollan en una sociedad como la nuestra.


En el Título IV, "De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos", se señala fundamentalmente la necesidad de alcanzar un compromiso con las familias para mejorar la calidad de la educación. El sistema educativo diseñado en la Constitución es, ante todo, un sistema participativo. La educación ha pasado a ser en nuestro país una tarea compartida que afecta a las diferentes Administraciones, a los profesores, a las familias y a los propios estudiantes. El papel que en la sociedad del conocimiento tiene reservado la educación enfatiza este carácter compartido de la tarea educativa: La convivencia en los centros y la educación en valores son temas que afectan a los alumnos, a los profesores y a las madres y padres. Para ello, se establecen una serie de medidas que deberán adoptar los poderes públicos para avanzar de una forma decidida en la colaboración entre familia y escuela, con especial mención a los programas específicos cuyo objetivo es que las familias con hijos con dificultades significativas de aprendizaje puedan colaborar con los centros en la mejora del proceso educativo de sus hijos.


En el Título V, "De la organización y funcionamiento de los centros", se establecen una serie de medidas bajo el principio de avanzar hacia una mayor autonomía para conseguir una educación más personalizada. En la educación obligatoria, los centros no deben tener ninguna autonomía para seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento escolar, pero sí tienen que disponer de más autonomía para organizar la mejor respuesta educativa al alumnado que tienen escolarizado. Autonomía curricular, organizativa y en la gestión económica y de personal. Todo ello requiere potenciar la dirección de los centros y disponer de equipos directivos bien formados, con mayor capacidad de decisión y un apoyo más decidido por parte de la Administración.


En el Título VI, "De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento", se indican las medidas que deben adoptar las diferentes Administraciones para que el sistema educativo sea capaz de dar respuesta a los nuevos retos derivados de la revolución de las comunicaciones y de las propias tecnologías de la información, así como a la necesidad de conocer con mayor profundidad idiomas extranjeros, cada vez más necesarios en el mundo actual. Para ello, se recogen en este título medidas como la revisión y actualización de

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los contenidos básicos de las distintas etapas educativas, la informatización de los centros, el desarrollo de planes específicos de formación del profesorado, la experimentación de modelos de centros vinculados total o parcialmente con la enseñanza de los idiomas extranjeros y el establecimiento de convenios con otros países para que determinados centros puedan ofrecer enseñanzas que conduzcan a la obtención de la titulación básica en los países participantes.


En el Título VII, "Del servicio público de educación", se recogen los principios necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo de servicio público educativo, basado en el principio de corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos a la hora de educar a todo tipo de alumnado. Si este principio, recogido en la LODE, la LOGSE y la LOPEGCE, se fundamenta por sí mismo, cabe reseñarlo con mayor énfasis en un momento en el que la incorporación al sistema educativo de nuevos alumnos procedentes de la inmigración obliga a un mayor control y exigencia de los servicios públicos ante el fenomenal reto educativo y social que esta realidad implica.


En el Título VIII, "Del sistema educativo del Estado de las Autonomías", se parte de que, una vez finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, es necesario redefinir el papel de las distintas instituciones educativas de ámbito estatal para garantizar la coordinación y la cooperación en el sistema educativo español. En ese sentido, se fortalece la Conferencia Sectorial, se dota de mayor contenido a los institutos dependientes del Ministerio de Educación, al tiempo que se apuesta con claridad por un mayor compromiso y unas mayores competencias de los municipios en el ámbito de la educación y, todo ello, desde el enfoque de que una adecuada articulación y cooperación entre las diferentes Administraciones públicas favorece una mejora de la calidad y la equidad en la educación.


En el Título IX, "De la evaluación del sistema educativo", se establece la necesidad de evaluar los aprendizajes del alumnado, los procesos educativos, la tarea del profesorado, la inspección de educación y la propia Administración educativa. Una evaluación científica e independiente que será desarrollada por el Instituto Nacional de Evaluación, cuyos planes de actuación serán aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. A partir de los resultados de la evaluación se deberán introducir las medidas necesarias para la mejora permanente de los indicadores de calidad de los centros.


Por último, en las disposiciones adicionales, además de otros importantes aspectos, se aborda la financiación del sistema educativo. Se establece la necesidad de que el gasto público destinado a la educación no universitaria de nuestro país alcance la inversión media del PIB de la Unión Europea. Los estudios publicados por diferentes organismos internacionales siguen destacando la fuerte correlación existente entre el nivel sociocultural y económico de las familias y los resultados educativos de sus hijos. Asimismo, se definen los objetivos para el sistema educativo español durante el período comprendido entre los años 2003 al 2007, señalando que las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios. Especial mención requiere la disposición adicional que recoge los derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje, como forma de concretar una apuesta decidida por poner los medios necesarios para facilitar la colaboración de las familias en la mejora del proceso de aprendizaje de sus hijos.


En suma, con la presente Ley, se pretende dar un nuevo impulso al desarrollo de aquellos factores que más pueden contribuir en este momento a prevenir el fracaso escolar y a mejorar la calidad de la educación en nuestro sistema educativo de modo que nuestro país afronte los retos de este nuevo siglo en buenas condiciones. Lograr una educación de calidad para todos requiere el esfuerzo del alumnado, de las familias, del profesorado, de las Administraciones públicas y de otros agentes educativos; en definitiva, un esfuerzo de la sociedad que se debe plasmar en una mayor y mejor inversión en educación, es decir, en la formación del conjunto de la población.


TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objetivos de la Ley.


1. En la presente Ley se establecen un conjunto de medidas para aumentar el rendimiento escolar del alumnado y mejorar la calidad de la educación en los distintos niveles y etapas educativas.


Artículo 2. Calidad de la educación.


1. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza y, en particular, adoptarán las medidas oportunas para:

a) Mejorar el rendimiento escolar del alumnado y prevenir el fracaso escolar mediante la corrección de los problemas y las dificultades de aprendizaje desde las edades más tempranas.


b) Incentivar el trabajo del profesorado prestando una especial atención a la valoración de su práctica docente, a la formación inicial y permanente y a su promoción profesional.


c) Facilitar la participación de padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.


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d) Asegurar una educación de calidad para todos los alumnos mediante la compensación de las desigualdades sociales, territoriales, económicas y culturales de origen.


e) Profundizar en la autonomía curricular, pedagógica y de gestión de los centros para facilitar una educación más personalizada.


f) Preparar el sistema educativo para adecuarlo a las demandas de la sociedad del conocimiento.


g) Garantizar la participación de los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de todo el alumnado sin ningún tipo de discriminaciones.


h) Evaluar el sistema educativo e introducir las actuaciones de mejora que se deriven de sus resultados.


i) Adaptar la Administración educativa del Estado a la nueva realidad autonómica y profundizar en la descentralización municipal de las competencias educativas.


Artículo 3. Financiación.


Los poderes públicos facilitarán al sistema educativo los recursos necesarios para la implantación de las medidas recogidas en la presente Ley.


TÍTULO I

De la mejora del rendimiento escolar de los alumnos

CAPÍTULO I

De la Educación Infantil

Artículo 4. Oferta de Educación Infantil.


1. Con el fin de favorecer el desarrollo personal de todos los niños y niñas y sus posibilidades de aprendizaje en la educación obligatoria, se reforzará el carácter educativo del primer ciclo de educación infantil en el marco de los objetivos pedagógicos de esta etapa educativa.


2. Cuando la etapa de educación infantil se imparta en centros diferentes, las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la coordinación del trabajo del profesorado de ambos ciclos.


3. La educación infantil será de oferta obligada por parte de los poderes públicos y de asistencia voluntaria para las familias.


4. Los poderes públicos garantizarán la oferta suficiente de plazas de educación infantil para asegurar la escolarización de los hijos de todas las familias que lo soliciten, promoverán el apoyo psicopedagógico preciso para la detección temprana de las dificultades de aprendizaje de los niños y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la atención educativa a los sectores sociales más desfavorecidos.


Artículo 5. Atención educativa y otros servicios complementarios.


1. Las Administraciones educativas establecerán convenios con las Administraciones locales, así como con otras Administraciones e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, para asegurar una adecuada oferta de Educación Infantil en todos los municipios, en la que se garantice la atención educativa e higiénico-sanitaria del alumnado de estas edades.


2. Las Administraciones educativas promoverán la realización de programas, en colaboración con los Ayuntamientos, que faciliten la oferta de otros servicios educativos adecuados a los niños y niñas de estas edades, así como la ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres.


CAPÍTULO II

De la Educación Obligatoria

Artículo 6. Actividades formativas complementarias.


1. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos de Educación Primaria ofrezcan una hora diaria de actividades educativas complementarias que estarán dirigidas a:

a) Reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo.


b) Adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio.


c) Realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.


2. Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos que imparten la Educación Secundaria Obligatoria ofrezcan tres horas semanales de clase complementarias con el fin de realizar actividades que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.


Artículo 7. Medidas para el fomento de la lectura.


1. El Gobierno, en la definición de las enseñanzas mínimas, establecerá una hora diaria de lectura para todos los alumnos de la Educación Primaria.


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2. Las Administraciones educativas elaborarán las orientaciones pedagógicas oportunas, facilitarán a los centros los materiales de apoyo y dotarán a los centros públicos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de las bibliotecas escolares necesarias para que los equipos docentes integren en sus programaciones las actividades relacionadas con la lectura.


3. Los centros incentivarán la colaboración con las familias de forma que los alumnos también realicen actividades de lectura en sus casas.


Artículo 8. Objetivos de la permanencia un año más en el mismo ciclo o curso.


1. Cuando el profesorado de Educación Primaria, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo ciclo, éste tendrá como objetivo preferente la adquisición de los conocimientos básicos de la lecto-escritura y del cálculo, así como el desarrollo de los hábitos de trabajo y de estudio.


2. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuando el profesorado, como resultado del proceso de evaluación continua, decida que un alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se desarrollará un plan de actividades específicas en el que figurarán las áreas que éste debe cursar y las actividades de recuperación que tiene que desarrollar para superar las dificultades observadas en el curso anterior.


Artículo 9. Desdoblamientos de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria.


Las Administraciones educativas garantizarán el desdoblamiento de los grupos ordinarios en las áreas instrumentales, lenguas propias, idioma extranjero y matemáticas, con el objetivo de crear grupos de alumnos más reducidos que permitan una atención más individualizada.


Artículo 10. La organización del currículo.


1. Las Administraciones educativas revisarán la organización del currículo de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de reagrupar las áreas y concentrar los horarios para disminuir así el número de profesores distintos que imparten clase a un mismo grupo de alumnos.


2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, reorganizará el currículo de los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, incrementando el número de horas destinadas a materias optativas, para favorecer tanto la consolidación de los aprendizajes básicos de todo el alumnado como la elección de algunas áreas o materias que puedan responder a los diferentes intereses, motivaciones y capacidades del alumnado.


3. Las Administraciones educativas determinarán las materias optativas a cursar durante la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, los centros tendrán autonomía para organizar esta oferta e informarán al alumnado y a sus familias sobre la elección que puede resultar más adecuada.


Artículo 11. Los Programas de Diversificación Curricular.


1. En la definición de las enseñanzas mínimas el Gobierno fijará las condiciones en que, para determinados alumnos al comienzo del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, previa su oportuna evaluación, puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este supuesto, los objetivos de esta etapa y, por tanto, el título de Graduado, se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e, incluso, de áreas diferentes a las establecidas con carácter general. En cualquier caso, las enseñanzas mínimas determinarán la parte común del currículo que los alumnos cursarán con su grupo ordinario, así como las actividades específicas de estos programas de diversificación.


2. La duración de los programas de diversificación curricular será de un curso para los alumnos que se incorporen en cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y de dos cursos en los demás casos.


3. Todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deberán ofrecer, al menos, un programa de diversificación curricular. El número de los programas impartidos se incrementará en función del número de alumnos y del contexto social en el que el centro esté situado. Los centros contarán con los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar tales programas.


Artículo 12. Los Programas de Garantía Social.


1. Para los alumnos mayores de diez y seis años que no obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria ni a través del currículo ordinario ni cursando un programa de diversificación curricular, se organizarán programas específicos de garantía social, tal y como se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.


2. Los alumnos, al finalizar los Programas de Garantía Social, podrán presentarse a las pruebas a que se refiere el artículo 52.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


3. En todo caso, los alumnos recibirán, al finalizar los Programas de Garantía Social, una acreditación en la que consten los años, las áreas y las materias cursadas, así como una orientación sobre el futuro académico y profesional del alumno.


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Artículo 13. Los Programas de servicio a la comunidad para alumnos.


Los alumnos, a partir de los catorce años, podrán realizar, con carácter voluntario, actividades de servicio a la comunidad con el fin de desarrollar sus valores sociales. Dichas actividades serán planificadas por los centros educativos y se orientarán al apoyo a grupos o personas necesitadas, al cuidado del medio ambiente y a la participación en programas de cooperación y solidaridad. El tiempo anual que cada alumno dedique a estas actividades se recogerá en su expediente académico. Las Administraciones educativas facilitarán la realización de este tipo de actividades de servicio a la comunidad y dotarán a los centros de los profesores y otros profesionales necesarios para asegurar su adecuada puesta en práctica.


CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 14. Profesorado y materiales de apoyo.


1. Las Administraciones educativas, en la configuración de las plantillas de los centros, incorporarán el profesorado necesario para desarrollar las medidas de prevención del fracaso escolar recogidas en el presente título; en particular, las que se refieren a las horas formativas complementarias, los desdoblamientos de grupos de alumnos, los programas de diversificación curricular y de garantía social, así como la ampliación de las materias optativas.


2. Asimismo, las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa y la elaboración de materiales de desarrollo curricular con el fin de facilitar al profesorado los recursos necesarios para atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado y, de esta forma, prevenir el fracaso escolar.


TÍTULO II

De la compensación de las desigualdades

CAPÍTULO I

Zonas y centros de atención preferente

Artículo 15. Principios generales.


Las Administraciones educativas adoptarán medidas especificas, complementarias a las establecidas en el Título V de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en aquellos centros y zonas en los que exista una concentración importante de población cuyas condiciones socioeconómicas dificulten un adecuado progreso escolar de los alumnos. En particular, se dotará a estos centros y zonas con medios materiales y apoyos específicos, facilitándose, asimismo, mediante los oportunos incentivos profesionales, la incorporación de profesores con la formación y experiencia necesaria para la atención a estos alumnos, así como la estabilidad de los correspondientes equipos pedagógicos.


Artículo 16. Programas integrales sociocomunitarios para reducir el fracaso escolar.


1. Los poderes públicos determinarán los centros y las zonas de atención preferente en los que resulte necesario ampliar los recursos materiales y humanos en los términos referidos en el artículo anterior.


2. Las Administraciones educativas establecerán un plan específico de actuación para apoyar a los centros y a las zonas de atención preferente en el que figurarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula.


b) El incremento de los recursos económicos para gastos de organización y funcionamiento de los centros.


c) La ampliación de la dotación de profesores y el establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para que los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales puedan trabajar tanto con el alumnado que lo requiera como con sus familias.


d) El fomento de la estabilidad de los equipos de profesores mediante el establecimiento de planes de actuación plurianuales. Dichos planes incluirán la garantía de estabilidad de los equipos docentes, así como los oportunos incentivos salariales y el reconocimiento de los méritos que procedan, a los efectos de facilitar la movilidad de aquellos profesores que lo deseen una vez finalizados los mencionados planes.


CAPÍTULO II

De la atención educativa al alumnado inmigrante

Artículo 17. Principios generales.


Los poderes públicos desarrollarán las actuaciones precisas para garantizar la integración de los alumnos procedentes de familias inmigrantes en el sistema educativo español y la compensación, cuando fuera preciso, de sus deficiencias educativas.


Artículo 18. Centros de recursos.


Las Administraciones educativas crearán centros de recursos y constituirán equipos de acogida para estudiar

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la situación educativa, personal, familiar y social del alumnado inmigrante y decidir las mejores condiciones de escolarización, el centro y el curso adecuados, así como los recursos precisos.


Artículo 19. Programas de inmersión lingüística.


1. Las Administraciones educativas organizarán programas de inmersión lingüística para el alumnado que lo necesite y formarán al profesorado para la impartición de los mismos. Estos programas se organizarán por zonas o por centros según el alumnado implicado.


2. En función de las características del alumnado, de los centros y de las zonas correspondientes, las Administraciones educativas, a partir del informe de los equipos de acogida señalados en el artículo anterior, determinarán las modalidades en las que se desarrollan estos programas.


Artículo 20. Programas de prevención del fracaso escolar.


Las Administraciones educativas dotarán a los centros que escolaricen alumnado inmigrante, cuya incorporación al sistema educativo español se haya producido con retraso, de los medios personales y económicos necesarios para que organicen las intervenciones especificas necesarias tendentes a recuperar dicho retraso y obtener, así, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


Artículo 21. Escolarización.


Las Administraciones educativas impulsarán la elaboración de programas de integración del alumnado inmigrante en los centros sostenidos con fondos públicos que lo necesiten y asegurarán que su escolarización se produce sin ningún tipo de discriminación en el centro al que deseen acudir. Las Comisiones de escolarización a las que se refiere el artículo 59 de la presente Ley velarán porque exista una distribución equitativa del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.


Artículo 22. Recursos y formación.


Las Administraciones educativas fomentarán:

a) La elaboración de programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y orientación, fundamentalmente para los casos de incorporación tardía al sistema escolar, de proyectos de acción tutorial específica y la distribución a los centros de las experiencias educativas desarrolladas en otros países y en las distintas Comunidades Autónomas.


b) El desarrollo de planes específicos de formación del profesorado que tengan en cuenta los contenidos de la educación intercultural, así como los aspectos curriculares, metodológicos y organizativos que se derivan de las dificultades educativas asociadas a la incorporación tardía del alumnado inmigrante.


c) La creación de un "banco de buenas prácticas", con la colaboración de otros países con experiencia en este ámbito.


d) La realización de proyectos de innovación e investigación educativa, en colaboración con las Universidades y la formación en éstas de los especialistas necesarios para educar a los alumnos procedentes de familias inmigrantes.


Artículo 23. Convenios.


1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios de colaboración con aquellos países de los que procede más comúnmente el alumnado inmigrante para, entre otras cuestiones, incorporar a los centros o zonas que se determine profesores nativos de apoyo.


2. Las Administraciones educativas podrán firmar convenios con las Administraciones locales y otras instituciones para garantizar la intervención de trabajadores sociales y mediadores culturales en las tareas de coordinación educativa del centro con las familias.


TÍTULO III

Del profesorado

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24. Principios generales.


El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para mejorar las condiciones en las que los profesores desarrollan su trabajo para incrementar su valoración social, así como para facilitar la incorporación de nuevos docentes y reformar la formación inicial.


Artículo 25. Formación inicial.


1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para impartir las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria, la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial será

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necesario estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica.


2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las características de los estudios necesarios para obtener el título profesional de especialización didáctica. Dicho título, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica, cuyos contenidos, duración y organización se establecerán por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, este curso tendrá una duración mínima de un curso académico e incluirá materias teóricas y prácticas docentes.


3. Las Comunidades Autónomas organizarán la impartición de los estudios conducentes a dicho título, pudiendo establecer, a estos efectos, los oportunos convenios de colaboración con las Universidades. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer el número máximo de plazas existentes para la obtención del Título Profesional de Especialización Didáctica en función tanto de las necesidades del sistema educativo como de las posibilidades de impartición de las correspondientes enseñanzas.


4. El profesorado que imparta estas enseñanzas, tanto en su vertiente teórica como práctica, procederá, prioritariamente y, al menos, en un porcentaje del 50 por 100, del Cuerpo de Profesores de Secundaria. A tal fin, se establecerán los oportunos mecanismos de promoción interna dentro de la carrera profesional.


5. El profesorado que ingrese en los cuerpos docentes a que se refiere la adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, deberá realizar una fase práctica antes de adquirir la condición definitiva de funcionario. Para la realización de dicha fase práctica, en la que se incluirán los oportunos cursos de formación, los profesores dispondrán de la mitad de su jornada lectiva durante dos cursos académicos.


Artículo 26. Formación permanente.


1. Las Administraciones educativas elaborarán planes de formación permanente para el profesorado con el fin de facilitar su actualización científica y didáctica, así como su promoción profesional. Para la elaboración de estos planes las Administraciones educativas tendrán en cuenta las recomendaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación.


2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará, a través del Centro de Investigación y Cooperación Educativa, con las Comunidades Autónomas en el diseño y desarrollo de planes de formación permanente del profesorado.


3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá, asimismo, organizar actividades de formación del profesorado en coordinación con las Administraciones educativas.


4. La Conferencia Sectorial de Educación, oídos los representantes del profesorado, determinará los efectos de la participación en las actividades de formación permanente en los concursos de traslados y en la promoción profesional.


5. Los planes de formación permanente prestarán una especial atención a los siguientes aspectos:

a) La colaboración con las familias para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado y la convivencia en los centros.


b) Formación específica para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.


c) Los equipos directivos en un contexto de autonomía de los centros.


d) La tutoría como una de las líneas centrales de actuación en un sistema educativo que tiene como eje la atención a la diversidad del alumnado.


e) Atención educativa al alumnado inmigrante.


f) Estancias formativas en empresas, especialmente para el profesorado de Formación Profesional;.


g) El acceso de los profesores a las titulaciones que les permitan la promoción entre los distintos niveles educativos, incluidos los universitarios.


6. Las diferentes actuaciones en el ámbito de la formación permanente se realizarán en las modalidades que se consideren más adecuadas. En cualquier caso, se potenciarán, especialmente, los proyectos de formación en centros, el intercambio de experiencias como uno de los ejes de la formación, así como la constitución de equipos de investigación y experimentación educativa integrados por profesorado de los niveles anteriores a la Universidad y profesorado universitario.


7. Las Administraciones educativas arbitrarán las medidas necesarias para que el profesorado pueda participar en las actividades de formación, tanto en las que se realicen fuera del período lectivo como aquellas otras que, por sus características, se desarrollen dentro del mismo.


8. Los centros educativos, una vez aprobada por la Administración educativa la plantilla de profesores para cada curso académico, podrán eximir, total o parcialmente, a algún miembro de ésta con el fin de que pueda participar en determinadas actividades de formación o en la realización de proyectos de innovación e investigación educativa que puedan facilitar la mejora de los procesos educativos del propio centro.


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Artículo 27. Nuevo complemento retributivo.


1. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente, cuya cuantía será similar a la percibida por los actuales sexenios de formación.


2. Esta evaluación tendrá carácter voluntario y se desarrollará, con carácter individual, cada seis años.


3. La evaluación se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 68 de la presente Ley.


Artículo 28. Promoción profesional.


Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la promoción profesional del profesorado tanto dentro de una misma etapa educativa como entre las distintas etapas. Para ello adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Un sistema que asegure la movilidad entre los distintos cuerpos docentes, incluidos los universitarios. En particular, se facilitará el acceso de profesores de los niveles educativos anteriores a la Universidad a las plazas universitarias correspondientes a titulaciones relacionadas con la educación, singularmente las de aquellos centros en los que se imparta el Título Profesional de Especialización Didáctica.


b) La catalogación de determinados puestos de trabajo de las Administraciones educativas o de otras instituciones relacionadas con la educación para funcionarios docentes.


Artículo 29. Período sabático.


El profesorado tendrá derecho a un período sabático en el transcurso de su vida profesional, con el fin de facilitar la actualización científica y didáctica de sus conocimientos mediante la participación en las diferentes actividades de formación permanente o en el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.


Artículo 30. Puestos de difícil desempeño.


1. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, establecerán un catálogo de puestos considerados de difícil desempeño por la zona en la que se encuentra ubicado un centro o por las características del alumnado. Entre estos puestos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a los centros y zonas a que hace referencia el capítulo I del Título II de la presente Ley.


2. Las Administraciones educativas, previa negociación con los representantes del profesorado, determinarán los incentivos económicos y profesionales que se aplicarán al profesorado que ocupe estos puestos de trabajo.


Artículo 31. La tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.


El profesorado que ejerza la función de tutor en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá el mismo número de horas lectivas y el mismo complemento específico para el desarrollo de sus funciones que los jefes de los departamentos didácticos.


Artículo 32. Reducción de jornada y jubilación

1. Los profesores mayores de cincuenta y cinco años tendrán una reducción de un tercio de las horas lectivas de su jornada, sin merma de sus retribuciones. Realizarán, entre otras, durante ese tiempo, actividades de formación para el profesorado de nueva incorporación.


2. Se establecerá, con carácter general, la jubilación voluntaria a los sesenta años en las condiciones establecidas en la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


Artículo 33. Asistencia jurídica y salud laboral.


1. Las Administraciones educativas establecerán un seguro para todo el profesorado de los centros públicos que les garantice la cobertura y la asistencia jurídica necesaria en relación con las actividades realizadas en su ejercicio profesional.


2. Las Administraciones educativas aplicarán todas las medidas derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y adoptarán las iniciativas que correspondan, tales como formación, elaboración de mapas de riesgo y aplicación de revisiones médicas.


Artículo 34. Estatuto de la Función Docente.


El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y previa negociación con los representantes del profesorado, establecerá un nuevo Estatuto de la Función Docente, en el que se recojan los derechos y deberes del profesorado de la educación pública. En todo caso, en dicho Estatuto se incorporarán las medidas recogidas en el presente Título.


Artículo 35. Homologación del profesorado de los centros privados concertados.


El Gobierno, previa consulta con los representantes del profesorado, presentará a la Conferencia Sectorial

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de Educación, para su aprobación, un calendario que contemple la plena homologación del profesorado de los centros concertados con el de los centros públicos en lo que se refiere a aspectos como acceso, retribuciones, formación inicial y permanente, jornada y participación.


TÍTULO IV

De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 36. Principios generales.


Los poderes públicos establecerán los mecanismos necesarios para incrementar la participación de las familias en el sistema educativo con el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos, la convivencia en los centros y la educación en valores.


Artículo 37. Familia y Escuela.


Las Administraciones educativas promoverán:

a) Los mecanismos de diálogo y colaboración efectiva entre la familia y la escuela, en el marco de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de los Consejos Escolares de centro, para conseguir una mayor implicación y corresponsabilidad en el funcionamiento de los centros.


b) La conexión de las familias con los centros educativos a través de Internet, facilitando, progresivamente, que todas las familias que tengan hijos en la educación obligatoria dispongan de un ordenador con conexión gratuita a Internet.


c) La ampliación del horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de las familias que lo necesiten a causa del horario laboral de los padres, organizar escuelas de padres y madres y las actividades educativas complementarias contempladas en el artículo 6 de la presente Ley.


d) La gratuidad de los libros de texto durante la educación obligatoria.


e) La dotación a los centros públicos que impartan educación obligatoria de comedor escolar.


Artículo 38. Formación y materiales de apoyo.


Las Administraciones educativas promoverán la realización de actividades de formación para los equipos directivos, los tutores y las familias y estimularán la existencia de contratos pedagógicos entre las familias y la escuela, en los que se consignen las actividades que, siempre en el estricto ámbito de sus respectivas responsabilidades, padres y profesores se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. Asimismo, fomentarán la elaboración de documentación de apoyo para mejorar la implicación de las familias en la educación de sus hijos.


Artículo 39. Programas específicos para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje.


1. Los centros educativos podrán establecer programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, siempre que estimen que dichos apoyos pueden mejorar el rendimiento académico de los mencionados alumnos. Estos programas incorporarán las actividades de información y formación necesarias para facilitar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, así como la participación de las mismas en el desarrollo de los programas definidos por el centro.


2. Los programas de apoyo serán propuestos por el profesor tutor del alumno correspondiente con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación y deberán obtener el visto bueno de la dirección del centro y de la inspección educativa.


3. Para la puesta en marcha de esos programas las Administraciones educativas facilitarán a los centros los recursos y medios personales y materiales necesarios. Con este fin, podrán, asimismo, recabar el apoyo de los correspondientes servicios municipales.


4. En el supuesto de que los padres hubieran de participar activamente en el desarrollo de los programas a que se refiere el presente artículo y alguno de ellos, o los dos, trabajaran a tiempo completo, el programa especificará la dedicación horaria a que se extiende el compromiso de participación de los mismos para que, dado el caso de que hubiera coincidencia entre esta dedicación y la jornada laboral, los padres que trabajen por cuenta ajena puedan ejercitar los correspondientes derechos laborales a permisos, reducciones o, en su caso, suspensiones, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones, con el fin de que puedan participar en estos programas específicos, cuando hubiera coincidencia horaria entre la prestación del servicio y la dedicación a que se extiende el compromiso de participación.


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TÍTULO V

De la organización y funcionamiento de los centros

CAPÍTULO I

De la autonomía de los centros

Artículo 40. Principios generales.


1. Los centros educativos dispondrán de la necesaria autonomía curricular, organizativa, de gestión económica y de personal para poder garantizar una educación de calidad a todo el alumnado escolarizado en los mismos.


2. Las Administraciones educativas elaborarán la normativa necesaria para garantizar el ejercicio de esta autonomía y dotarán a los centros del personal y de los recursos económicos necesarios para que éstos concreten en sus proyectos educativos, curriculares y en sus programaciones didácticas las decisiones que consideren más oportunas en función de sus características.


Artículo 41. Autonomía en la organización y desarrollo del currículo.


1. Los centros educativos, en el marco de su programación docente, completarán y desarrollarán el currículo establecido por las correspondientes Administraciones educativas para adaptarlo a las características y necesidades del alumnado que tienen escolarizado.


2. Las programaciones docentes deberán contemplar los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y de las áreas, los contenidos básicos, complementarios, así como las actividades y las metodologías diferentes y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de evaluación más adecuados.


3. Los centros educativos podrán adoptar, en función de las necesidades educativas del alumnado que tienen escolarizado, entre otras, las siguientes decisiones:

a) Proponer la participación de determinados alumnos en las actividades formativas complementarias que se regulan en el artículo 6 de la presente Ley.


b) Agrupar la impartición de algunas áreas curriculares para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, especialmente en los dos primeros cursos.


c) Concentrar el horario de determinadas áreas curriculares en alguno de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.


d) Organizar la impartición de las materias optativas con el fin de atender a las necesidades del conjunto del alumnado.


e) Impartir alguna área en una lengua extranjera en las condiciones que las Administraciones educativas determinen.


Artículo 42. Autonomía organizativa.


1. Los centros educativos podrán establecer los organismos de coordinación didáctica más adecuados a sus características, así como las estructuras de gestión y participación que mejor respondan a sus necesidades, dentro del marco general que se establezca.


2. Las Administraciones educativas facilitarán a los centros modelos y experiencias en este ámbito, así como orientaciones que pueden tener carácter de norma supletoria para aquellos centros que no hayan elaborado unas normas propias.


3. Los centros determinarán las actividades formativas complementarias contempladas en el artículo 6 de la presente Ley para incluirlas en la oferta educativa que realizan.


Artículo 43. Autonomía en la gestión de los recursos económicos.


1. Las Administraciones educativas desarrollarán la normativa necesaria para autorizar que los centros puedan incorporar al siguiente ejercicio económico los presupuestos no ejecutados del anterior, adquirir y reponer material y equipamiento didáctico y contratar servicios de mantenimiento y obras menores.


2. Las Administraciones educativas asignarán a los centros recursos económicos para que puedan gestionar de una forma directa y autónoma los gastos que origine la formación permanente del profesorado de los mismos.


Artículo 44. Autonomía en la gestión de personal.


1. Los equipos directivos de los centros organizarán el trabajo de la plantilla de profesores aprobada por la Administración educativa.


2. Las Administraciones educativas fomentarán el establecimiento de acuerdos con los centros para garantizar la estabilidad de las plantillas del profesorado en el marco de proyectos educativos plurianuales. En dichos acuerdos se podrá establecer la participación de los centros en la definición del perfil profesional de sus profesores y en los correspondientes procesos de selección.


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CAPÍTULO II

De la Dirección de los centros educativos

Artículo 45. Principios generales.


Las Administraciones educativas dotarán al Director, que será elegido por el Consejo Escolar del centro, y al equipo directivo de los medios y las competencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relativo a una formación adecuada y al establecimiento de incentivos económicos y profesionales. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para incrementar su estabilidad.


Artículo 46. Duración del mandato y formación del equipo directivo.


1. La duración del mandato del Director será de cuatro años. Al finalizar su mandato, será evaluado por una comisión formada por representantes del Consejo Escolar del centro y de la inspección educativa. Si la evaluación es positiva, podrá ser renovado por dos períodos más de cuatro años cada uno, previo acuerdo del Consejo Escolar al final de cada período.


2. Las Administraciones educativas organizarán actividades de formación específicas para los equipos directivos en dos fases. La primera fase deberá realizarse antes del inicio de su mandato y versará sobre los contenidos teóricos y prácticos necesarios para el desempeño de sus cargos. La segunda fase constará de sesiones periódicas basadas fundamentalmente en el intercambio de experiencias con otros centros de características similares.


Artículo 47. La organización de las actividades educativas del centro.


1. En función de los criterios que establezcan las correspondientes Administraciones educativas, los equipos directivos presentarán un plan de actuación que figurará en la programación general anual, en el que constarán las actividades y las horas de profesorado, lectivas y no lectivas, necesarias para el desarrollo de las mismas.


2. Las Administraciones educativas aprobarán el plan de actuación una vez acordados con el centro los recursos necesarios para su puesta en práctica. Los equipos directivos, oído el claustro, asignarán las horas lectivas y no lectivas necesarias para su aplicación.


Artículo 48. Las normas de convivencia en los centros.


1. En el marco de la normativa establecida por las Administraciones educativas, el Consejo Escolar del centro elaborará el reglamento de régimen interior.


2. Los centros elaborarán un plan anual de mejora de la convivencia, garantizando el máximo grado de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en su elaboración y cumplimiento.


3. El equipo directivo asumirá la aplicación de las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar de los casos más significativos que se produzcan.


Artículo 49. Incentivos económicos.


Los miembros de los equipos directivos seguirán percibiendo una parte del complemento retributivo asignado a los correspondientes cargos, con posterioridad al desempeño de los mismos, por el tiempo y a través del procedimiento establecido al efecto por las Administraciones educativas.


TÍTULO VI

De las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 50. Principios generales.


Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para adaptar el sistema educativo a las demandas derivadas de la extensión en España de la sociedad de la información y la comunicación. En particular, actualizarán el currículo de las diferentes etapas educativas, fomentarán la formación permanente del profesorado, la informatización de los centros, la mejora de la enseñanza de los idiomas extranjeros y el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa.


Artículo 51. Actualización de los currículos.


El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, de común acuerdo con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, revisará y actualizará los diferentes elementos del currículo de las distintas etapas educativas a la luz de las exigencias formativas generadas por la sociedad de la información y la comunicación, en lo que se refiere, en especial, a:

a) La adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y organización de la información.


b) El dominio funcional de las tecnologías de la información y la comunicación.


c) La formación en valores en un mundo globalizado.


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Artículo 52. Recursos y formación.


1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de los ordenadores necesarios para la informatización progresiva de sus aulas.


2. Las Administraciones educativas desarrollarán un Programa de formación del profesorado específico para el uso de las nuevas tecnologías en la docencia de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.


3. Las Administraciones educativas establecerán acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje.


4. Las Administraciones educativas establecerán, asimismo, acuerdos de colaboración con empresas e instituciones para promover tanto la informatización de las aulas como la adquisición de ordenadores al profesorado y al alumnado de Secundaria.


Artículo 53. Las enseñanzas de idiomas extranjeros.


1. Las Administraciones educativas garantizarán la incorporación progresiva del idioma extranjero en el segundo ciclo de Educación Infantil.


2. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, establecerá el comienzo de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria.


3. Las Administraciones educativas establecerán el procedimiento por el que se autorice, a los centros que lo soliciten, la impartición de alguna área en un idioma extranjero a partir del segundo ciclo de Educación Primaria.


4. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, firmará convenios con otros países para reforzar la formación permanente del profesorado de idioma extranjero y la incorporación de profesores nativos de apoyo como lectores.


Artículo 54. Centros bilingües.


1. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para que determinados centros públicos puedan impartir sus enseñanzas utilizando como lenguas vehiculares la propia y una lengua oficial de otro país de la Unión Europea.


2. Las Administraciones educativas dotarán a estos centros del profesorado especialista que se requiera y facilitarán los materiales y recursos necesarios.


Artículo 55. Doble titulación.


1. El Gobierno establecerá convenios con otros países de la Unión Europea para que determinados centros públicos puedan impartir las enseñanzas de la educación obligatoria con un currículo integrado que permita al alumnado obtener la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y la titulación equivalente del país correspondiente.


2. Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas determinarán los centros que participarán en este Programa y facilitarán a los centros los materiales y recursos necesarios para su desarrollo.


TÍTULO VII

Del servicio público de educación

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 56. Principios generales.


1. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con la participación de todos los sectores afectados tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza privada concertada, que atienda adecuadamente las necesidades educativas y la creación de centros docentes.


2. La programación general de la enseñanza, que corresponderá a las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, comprenderá, en todo caso, una programación específica de los puestos escolares en la que se determinarán las comarcas, municipios y zonas donde dichos puestos hayan de crearse. La programación específica de puestos escolares de nueva creación en los niveles obligatorios y gratuitos deberá tener en cuenta, en todo caso, la oferta existente de centros públicos y concertados.


Artículo 57. Régimen de conciertos.


1. Los centros privados, en las etapas de educación obligatoria, podrán solicitar incorporarse al régimen de conciertos, de acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.


2. El concierto establecerá los derechos y las obligaciones recíprocas de los centros acogidos a este régimen y de las correspondientes Administraciones educativas.


Artículo 58. Derechos y deberes de los centros privados concertados.


1. Las Administraciones educativas dictarán la normativa necesaria para garantizar que todos los centros privados que se acojan al régimen de conciertos cumplan los siguientes requisitos:

a) Atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con

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una normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa.


b) Hacer efectivo el principio de gratuidad en todos los centros.


c) Llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.


2. Las Administraciones educativas, en función de las necesidades de escolarización, adoptarán las medidas necesarias para:

a) Proporcionar a los centros concertados una financiación suficiente para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado.


b) Incorporar la oferta de los centros privados concertados a la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo.


e) Equiparar las condiciones de trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios de los centros concertados con las de los profesores de los centros públicos y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias.


Artículo 59. Comisiones de escolarización.


Las Administraciones educativas constituirán comisiones de escolarización con presencia y participación de los Ayuntamientos, a fin de proceder a la matrícula de todo el alumnado. Las comisiones de escolarización garantizarán que todos los centros sostenidos con fondos públicos escolarizan de forma solidaria al alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje, así como a los alumnos inmigrantes o a los procedentes de minorías étnicas o culturales.


TÍTULO VIII

Del sistema educativo del Estado de las Autonomías

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 60. Principios generales.


1. El Gobierno, finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, adaptará la Administración educativa del Estado redefiniendo el papel de las distintas instituciones dependientes de dicha Administración, para garantizar la coordinación y la cooperación en todo el sistema educativo y fomentar una mayor implicación de las Administraciones locales en la planificación y la gestión de la educación reglada y no reglada.


2. El Gobierno, al amparo de lo establecido en los apartados 1 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución, y con el objetivo de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la educación a que se refiere el artículo 56 de la presente Ley como una educación de calidad para todos los alumnos establecerá, cada cinco años, los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo español, habilitando a tal fin las correspondientes partidas presupuestarias.


Artículo 61. Órganos estatales.


El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, procederá a:

a) Dotar a la Conferencia Sectorial de Educación de los medios necesarios para que se convierta en el órgano de debate, coordinación y evaluación de las líneas generales de la política educativa, que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración del Estado, serán objeto de consenso entre dicha Administración y las Comunidades Autónomas.


b) Actualizar la composición y las funciones del Consejo Escolar del Estado.


c) Redefinir las competencias y las funciones de la Alta Inspección.


Artículo 62. Órganos de cooperación, asesoramiento y evaluación del Sistema Educativo.


1. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dependerá el Instituto Nacional de Evaluación, que tendrá como función la evaluación general del sistema educativo, así como el Centro de Investigación y Cooperación Educativa que colaborará con las Administraciones educativas en la formación permanente del profesorado, en el desarrollo de proyectos de experimentación, innovación e investigación educativa y en la elaboración de bancos de datos de buenas prácticas educativas.


2. Los organismos citados serán dirigidos por un Consejo Rector, compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo, que será elegido, total o parcialmente, por la Conferencia Sectorial de Educación por el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno.


Artículo 63. Las Administraciones locales.


1. El Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, establecerá las competencias educativas que corresponda asumir progresivamente a las administraciones locales, así como los mecanismos de coordinación que habrán de establecerse entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales para asegurar el mejor funcionamiento del sistema educativo.


2. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pondrá en marcha programas para promover la asunción progresiva de competencias educativas

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de las Administraciones locales. En estos programas, que incorporarán los recursos económicos necesarios para su efectiva implantación, se desarrollarán, entre otras, las siguientes lineas de actuación:

a) La participación en la planificación y gestión de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.


b) La coordinación y gestión, en colaboración con las Administraciones educativas y con otras organizaciones sociales, de la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y la oferta de actividades para los alumnos del centro y para sus familias.


c) La coordinación de los programas de formación profesional y de formación continua, con la participación de los agentes sociales y económicos y de la comunidad educativa.


d) La coordinación de los diferentes organismos e instituciones implicados en la organización e impartición de los programas de garantía social para que la oferta sea complementaria y suficiente en todas las zonas educativas.


e) El impulso y la coordinación de programas de cooperación entre los centros educativos.


f) La coordinación de todos los recursos comunitarios, de los trabajadores sociales y mediadores culturales, así como de las instituciones de bienestar social, para la atención de los alumnos y sus familias.


3. Para el desarrollo de los diferentes programas señalados, el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias promoverán la elaboración de Planes Educativos Municipales que ordenen, racionalicen y rentabilicen los recursos y las ofertas educativas, culturales y deportivas que se puedan ofrecer a los ciudadanos.


TÍTULO IX

De la evaluación del sistema educativo

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 64. Ámbito de la evaluación.


La evaluación se extenderá a todas las etapas educativas anteriores a la Universidad y se realizará sobre los aprendizajes de los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, la inspección de educación, los centros docentes y la Administración educativa.


Artículo 65. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos.


1. Las Administraciones educativas facilitarán a los centros la formación y los instrumentos necesarios para mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.


2. Las Juntas de evaluación, especialmente en la educación obligatoria, tendrán como misión fundamental garantizar la coordinación de todo el profesorado que imparte clase a un mismo grupo de alumnos, reflexionar y decidir colegiadamente sobre todos los componentes del proceso de evaluación y adoptar las medidas que se deriven del mismo.


3. Las Administraciones organizarán actividades de formación especificas para el profesorado dirigidas a mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos y fomentarán el intercambio de materiales y experiencias entre el profesorado.


Artículo 66. La evaluación de los centros.


1. Las Administraciones educativas evaluarán periódicamente a todos los centros educativos. La evaluación deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico del centro y los recursos de los que dispone, y se efectuará sobre los procesos educativos del centro y del aula, los resultados de los alumnos y la valoración que la comunidad educativa realiza sobre el funcionamiento del centro. La comunidad educativa conocerá los procedimientos y criterios de evaluación que se utilicen, así como los resultados de la misma.


2. Las Administraciones educativas acordarán con los Consejos Escolares de centro las medidas previstas para mejorar, en su caso, los indicadores de calidad de cada centro, en función de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación.


3. Los centros realizarán la evaluación de los programas específicos que estén desarrollando en virtud de su autonomía.


Artículo 67. La evaluación general del profesorado.


Las Administraciones educativas evaluarán periódicamente al profesorado de todos los centros públicos y privados concertados, con el fin de adoptar las medidas necesarias para la mejora permanente de su trabajo.


Artículo 68. La evaluación voluntaria del profesorado y su carrera profesional.


1. Los profesores que deseen percibir el complemento retributivo establecido en el artículo 27 de la presente Ley deberán participar, cada seis años, en un procedimiento de evaluación de su práctica docente.


2. A tal fin, las Administraciones educativas constituirán comisiones de evaluación que procederán a la valoración de la práctica profesional desarrollada durante ese período. En todo caso, se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas en el centro, la participación en actividades de formación permanente, así como en proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa.


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3. Las comisiones de evaluación estarán formadas por profesores de reconocido prestigio e inspectores de educación. Tendrán en cuenta los informes emitidos por los órganos de gobierno de los centros y por el Consejo Escolar en aquellos aspectos que reglamentariamente se determinen.


4. Así mismo, las Administraciones educativas acordarán con los representantes del profesorado las repercusiones de esta evaluación voluntaria en los concursos de traslados y en el desarrollo de su carrera profesional.


Artículo 69. El Instituto Nacional de Evaluación.


1. La evaluación general del sistema educativo será realizada por el Instituto Nacional de Evaluación.


2. La Conferencia Sectorial de Educación aprobará sus planes de actuación y elegirá a las personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo que se integrarán en su Consejo Rector, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la presente Ley.


Artículo 70. Evaluaciones generales del sistema educativo.


1. El Instituto Nacional de Evaluación, siguiendo las directrices establecidas por la Conferencia Sectorial de Educación, elaborará planes periódicos de evaluación de:

a) Los aprendizajes de los alumnos.


b) El profesorado.


c) Los centros educativos.


d) La inspección de educación.


e) La Administración educativa.


2. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará los informes correspondientes de las evaluaciones que realice. En dichos informes constarán, en todo caso, las recomendaciones pertinentes para corregir las deficiencias.


3. El Instituto Nacional de Evaluación elaborará un informe bianual sobre la situación general del sistema educativo que será presentado en el Consejo Escolar del Estado y en el Parlamento.


Disposición adicional primera. Del calendario de aplicación.


El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma.


Disposición adicional segunda. Financiación.


1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea.


2. El Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cinco años a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con la distribución recogida en la Memoria Económica que figura en el Anexo de la presente Ley, con el fin de que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos educativos que se recogen en la Disposición Adicional Tercera siguiente.


3. La distribución del presupuesto entre las diferentes Comunidades Autónomas se efectuará mediante los oportunos convenios entre el Estado y las distintas Comunidades.


4. Los gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos que no tengan la consideración de inversión nueva, se consolidarán en la financiación de cada Comunidad Autónoma.


Disposición adicional tercera. Objetivos educativos para el período 2003-2007.


Con objeto de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 60.2 de la presente Ley, se enumeran a continuación los objetivos a alcanzar en el sistema educativo español durante el período comprendido entre los años 2003 al 2007. Las Administraciones educativas adoptarán las previsiones oportunas para alcanzar estos objetivos en sus respectivos territorios.


A) Educación Infantil.


La escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre tres y seis años, y el incremento de plazas en el primer ciclo para cubrir las necesidades de escolarización de 300.000 familias. A tal fin, se organizarán actividades de información y sensibilización dirigidas a toda la población, especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos, sobre la importancia de la escolarización temprana como medida compensadora de las desigualdades sociales de origen.


B) Educación Primaria.


a) La generalización de la enseñanza del idioma extranjero en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso 2003-2004.


b) La puesta en marcha del Plan de fomento de la lectura.


c) La oferta en todos los centros públicos de cinco horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.


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d) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para atender a la diversidad del alumnado.


C) Educación Secundaria Obligatoria.


a) La oferta en todos los centros públicos de tres horas a la semana de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.


b) La dotación a todos los centros del profesorado necesario para la organización de los desdoblamientos de grupos y del conjunto de las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado.


c) La puesta en marcha de los programas de diversificación curricular y de garantía social, para atender a la diversidad del alumnado.


D) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.


a) La dotación de ordenadores con conexión gratuita a Internet de banda ancha en las aulas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de Formación Profesional.


b) La puesta en marcha de un Programa de formación específico para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas.


c) El establecimiento de acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje.


d) La firma de acuerdos de colaboración con las empresas y otras instituciones con el fin de facilitar la compra de ordenadores al profesorado y al alumnado de Educación Secundaria.


E) Programas de apoyo a las familias.


a) La gratuidad total de los libros de texto a partir del curso 2003-2004 en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.


b) El adelanto del horario de apertura de los centros para atender la demanda de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres.


c) La dotación de comedor en los centros públicos que imparten la educación obligatoria.


d) La puesta en marcha con carácter experimental, a partir del curso 2003-2004, en todas las Comunidades Autónomas de la concesión de permisos temporales o reducciones de jornada para las familias con hijos en la educación obligatoria que requieran un apoyo específico en su proceso educativo.


F) Compensación de desigualdades.


a) La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula y el incremento de los gastos de funcionamiento a todos los centros ubicados en zonas de atención educativa preferente.


b) La dotación de profesorado y de los recursos económicos necesarios para poner en marcha los programas de atención educativa específica al alumnado inmigrante.


G) Profesorado.


a) La aplicación del nuevo sexenio ligado a la evaluación voluntaria de la práctica docente a partir del curso 2004-2005.


b) La aplicación progresiva de la reducción de las horas de atención directa a alumnos de los profesores mayores de 55 años.


c) La jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la disposición transitoria novena de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.


d) La modificación del sistema de acceso a los Cuerpos Docentes con el fin de incorporar las previsiones de formación contenidas en el artículo 25.5 de la presente Ley.


e) La aplicación progresiva de los períodos sabáticos previstos en el artículo 29 de la presente Ley.


f) La aplicación de la normativa correspondiente al profesorado en materia de salud laboral, en especial en lo referido a la tipificación de las enfermedades profesionales y la revisión periódica de la salud de los docentes.


Disposición adicional cuarta. Las enseñanzas de Religión.


1. El Gobierno, en la determinación de las enseñanzas mínimas, incorporará en los currículos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los aspectos de la historia de las religiones necesarios para entender nuestra cultura y el desarrollo de nuestra sociedad.


2. La enseñanza de la Religión Católica se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y sus normas de desarrollo. Así mismo, se impartirán enseñanzas de las confesiones religiosas que tengan suscritos acuerdos con el Estado Español para atender la demanda de los alumnos que lo soliciten.


3. Los profesores que impartan enseñanzas confesionales de religión en los centros públicos, lo harán en régimen de contratación laboral con los requisitos que el Gobierno determine y de acuerdo con la legislación laboral general.


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Disposición adicional quinta. Plan de fomento de la lectura.


El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, impulsará un Plan de fomento de la lectura que contemple la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, la dotación de bibliotecas escolares en todos los centros y el establecimiento de acuerdos con las familias para realizar actividades de lectura en casa. En este Plan, se contemplarán las diferentes actividades que se pueden realizar desde los medios de comunicación para fomentar la lectura entre los niños y los adolescentes.


Disposición adicional sexta. Carta de los Derechos del Telespectador Infantil.


El Gobierno promoverá, a través de un acuerdo entre las familias, los profesores, las administraciones educativas y los medios de comunicación, una Carta de los Derechos del Telespectador Infantil, en la que se recoja el compromiso colectivo de transmitir a los niños y niñas los valores contenidos en nuestra Constitución.


Disposición adicional séptima. De la aprobación de los libros de texto y otros materiales curriculares.


1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, decidirán los libros de texto y los restantes materiales curriculares a utilizar en las diferentes etapas y niveles educativos.


2. Los libros de texto y, en general, los materiales curriculares no requerirán de la previa autorización de la Administración educativa.


3. Las Administraciones educativas asegurarán que los libros de texto y los restantes materiales curriculares se adecuan a los principios y valores constitucionales y a los planes de estudio oficiales.


Disposición adicional octava. Acceso a la Universidad.


1. El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.


2. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá los requisitos académicos y los procedimientos para el acceso a la Universidad. En todo caso, dichos procedimientos garantizarán la transparencia, objetividad y publicidad, respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, facultarán a los estudiantes para ingresar en la Universidad, centro y enseñanza que deseen y facilitarán la movilidad de los mismos en el sistema universitario español.


3. Con el fin de promover la incorporación a la enseñanza universitaria a lo largo de toda la vida y elevar así el nivel de formación de la sociedad española y para dar efectividad a lo recogido en el apartado 1 de esta Disposición, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará también los procedimientos para el acceso de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral, no dispongan de la titulación académica establecida con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier Universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.


Disposición adicional novena. Derechos laborales y de seguridad social de los padres que tengan hijos con dificultades significativas de aprendizaje.


1. Los padres que hubieran de participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, elaborado de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la presente Ley, fueran trabajadores por cuenta ajena y su jornada laboral coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el citado programa, tendrán derecho a los siguientes derechos laborales y de seguridad social, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social:

a) A que la prestación de su jornada de trabajo, si la misma se realiza bajo el régimen de turnos, se adapte al compromiso de dedicación horaria establecido en el programa de apoyo.


b) Un permiso de cinco días al año, con derecho a remuneración.


c) Una reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo.
Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social.


d) Una suspensión del contrato laboral, con reserva del puesto de trabajo, por un tiempo máximo de tres meses, cuando así se estipule necesario para cumplir con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa específico de apoyo. Este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia para compensar los menores ingresos que se hubieran podido producir como consecuencia del ejercicio del

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mismo, y siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido por el artículo 181 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, se considerará como período de cotización efectiva el tiempo de suspensión del contrato por este motivo.


El ejercicio de estos derechos por los trabajadores dará derecho al empresario que tuviera que contratar a un nuevo trabajador interino para sustituirlos, a una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.


2. Así mismo, los padres que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria, tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial, en los términos que establezca la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Los trabajadores con hijos en edad escolar también tendrán derecho a un permiso de tres días al año para atender sus necesidades educativas, siempre que trabajen ambos padres o se trate de familia monoparental.


3. Los trabajadores por cuenta propia que se vieran obligados a suspender su actividad por los motivos regulados en esta disposición, tendrán derecho a que le sea considerado el período de suspensión como de cotización efectiva. A su vez, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial de la Seguridad Social, si hubieran de contratar a un trabajador interino que le sustituya por su participación en el programa específico de apoyo.


4. Los funcionarios públicos también tendrán derecho a los correspondientes permisos y reducciones para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.


Disposición adicional décima. Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.


Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo, con el consiguiente desplazamiento del actual, en la letra e) del apartado 4 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje durante la educación obligatoria, tendrán derecho a convertir su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato de trabajo a tiempo parcial. Una vez que soliciten el retorno a la situación anterior por haber superado los motivos que justificaron la conversión de su contrato, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa, correspondiente a su mismo grupo profesional o categoría equivalente de acuerdo con los requisitos y procedimientos que se establezcan en los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior."

Dos. Se añade un nuevo párrafo tercero con el consiguiente desplazamiento del actual, en el apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"Así mismo, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta, prioritariamente, la situación del trabajador que, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica de Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, deba prestar su actividad laboral, y por el período de tiempo que dure dicho programa, en un turno específico de trabajo, sin poder participar en la rotación de los mismos".


Tres. Se añaden dos nuevas letras g) y h) en el apartado 3, un nuevo apartado 5 bis y se modifica el apartado 6 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los cuales tendrán el siguiente contenido:

"3. g) Tres días al año para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental".


"3. h) Cinco días al año para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos".


"5 bis. Los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrán derecho, además del permiso correspondiente establecido en el apartado 3 de este artículo, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario, que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo.


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La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre y la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa."

"6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.


Las discrepancias surgidas entre el empresario y el trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 5 bis de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral."

Cuatro. Se añade una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"n) Por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos".


Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 bis al artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual tendrá el siguiente contenido:

"4 bis. En el supuesto de que el trabajador tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, la suspensión tendrá una duración máxima de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre, o por ambos, en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos.


La suspensión contemplada en este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si el padre o la madre del alumno causante del derecho trabajaran en la misma empresa, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa."

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.


Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 125 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrá el siguiente contenido:

"1. La situación de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. También será asimilada a la situación de alta la suspensión del contrato de trabajo establecida en el artículo 48, apartado 4 bis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar el trabajador en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos".


Dos. Se añaden dos nuevas letras, a') y c), en el artículo 180 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuales tendrán el siguiente contenido:

"a') Una prestación económica para compensar los menores ingresos que se hubieren podido producir como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o reducciones de jornada derivadas de la participación del trabajador en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos. La cuantía de dicha prestación que, en ningún caso, será inferior al Salario Mínimo Interprofesional, será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media del salario cotizado por el trabajador durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional del mismo en el supuesto de reducción de jornada".


"c') La consideración como período de cotización efectiva del tiempo de suspensión del contrato establecida en artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a que tienen derecho los trabajadores que tengan algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubieran de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos".


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Tres. Se añade un nuevo artículo 181 bis en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual tendrán el siguiente contenido:

"Artículo 181 bis. Beneficiarios de la prestación económica por participar en los programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.-Tendrán derecho a la prestación económica a que se refiere la letra a') del artículo anterior los trabajadores que hubieran ejercitado el derecho a una reducción de jornada o suspensión de contrato previsto en el artículo 48, apartado 4 bis, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por participar en un programa específico de ayuda para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, reúnan la condición exigida en el apartado 1 del artículo 124, acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al curso académico en el que sobreviniere su participación en dicho programa específico, y siempre que los ingresos anuales, de cualquier naturaleza, tras la reducción o suspensión del contrato, del conjunto de la unidad familiar, entendida conforme al apartado 2 del artículo 215 de esta Ley, divididos por el número de miembros que la componen, no supere el Salario Mínimo Interprofesional."

Disposición adicional duodécima. Bonificaciones en los contratos de interinidad celebrados para sustituir a quienes hubieran ejercitado los derechos derivados de su participación en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria.


En los supuestos en que, como consecuencia del ejercicio por los trabajadores de los derechos a reducciones, permisos, o, en su caso, suspensiones laborales regulados en la Ley del Estatuto de los Trabajadores para participar en los programas específicos de apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, el empresario contratare de forma interina a un nuevo trabajador para sustituirlo, las cotizaciones del trabajador interino tendrán una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.


Asimismo, en los supuestos en que un trabajador, incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, participara en uno de estos programas específicos de apoyo y, como consecuencia de ello, hubiera de contratar de forma interina a un trabajador que lo sustituyera en el tiempo marcado por el citado programa, las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho trabajador obtendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial.


A su vez, en el caso de que el trabajador por cuenta propia se viera precisado a suspender su actividad, como consecuencia de su participación en uno de estos programas específicos y, por ello, su cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el tiempo de suspensión se considerará como de cotización efectiva."

Disposición adicional decimotercera. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.


Uno. Se añaden tres nuevas letras f'), g) y h) en el apartado 1 y un nuevo apartado 3 bis en el artículo 30 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los cuales tendrán el siguiente contenido:

"1. f') El funcionario que tenga algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa específico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho, además del permiso correspondiente establecido en la letra h) de este apartado, a la reducción de la jornada de trabajo diaria, semanal o mensual que sea necesaria para la dedicación horaria que se hubiera establecido en el correspondiente programa aprobado por la dirección del centro educativo, con la disminución proporcional de sus retribuciones, sin perjuicio de lo establecido a estos efectos en el Capítulo IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social, que le será de aplicación.


La reducción de jornada contemplada en el párrafo anterior constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios."

"1. g) Para atender las necesidades educativas de los hijos en edad escolar, siempre que trabajen los dos padres o se trate de familia monoparental, tres días al año."

"1. h) Para participar en un programa específico para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, cinco días al año."

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"3 bis. En el supuesto de que el funcionario tuviera algún hijo con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, y hubiera de participar en un programa especifico de apoyo al mismo, para mejorar su rendimiento académico, elaborado de conformidad con la Ley Orgánica para la Mejora del sistema educativo y del rendimiento escolar de los alumnos, tendrá derecho a un permiso cuya duración máxima será de tres meses a disfrutar tanto por el padre como por la madre o por ambos en el supuesto de que el compromiso de participación se extienda a ambos. Este permiso no será retribuido y el funcionario tendrá derecho, siempre que se reúnan las condiciones exigidas, a una prestación económica que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo interprofesional y que será equivalente, mientras dure la suspensión, al ochenta por ciento de la media de la retribución cotizada durante los últimos seis meses o, en su caso, a la fracción proporcional de la misma en el supuesto de reducción de jornada.


El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios."

Disposición transitoria primera. Del título profesional de especialización didáctica

El profesorado que se incorpore a la docencia a partir del curso 2005-2006 deberá poseer el nuevo Título profesional de especialización didáctica a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley.


Disposición transitoria segunda. Vigencia de normas reglamentarias

En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.


Disposición final primera. Normas derogadas y normas en vigor.


Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final segunda. Título competencial.


La presente Ley se dicta al amparo de los apartados 1, 18 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución Española.


Disposición final tercera. Desarrollo de la presente Ley.


Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que, por su propia naturaleza, corresponden al Estado conforme lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


MEMORIA ECONÓMICA DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

I. PRESENTACIÓN

A lo largo de estos años de aplicación de la reforma educativa se ha manifestado la necesidad de plantear otras innovaciones para facilitar que los cambios propuestos se lleven a la práctica con plena garantía.
Hoy se trata de poder aplicar y profundizar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido llevar adelante en su totalidad, de abordar los problemas educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja.


El cumplimiento de los objetivos contemplados en la LOGSE, junto con las innovaciones que surgen de la experiencia adquirida, necesitan un compromiso presupuestario que asegure la viabilidad de las propuestas establecidas. Es necesario, por tanto, establecer un amplio acuerdo parlamentario para los próximos cinco años en torno a la financiación de la educación que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en la capacidad de las medidas propuestas para mejorar la calidad y la igualdad de la educación. Un acuerdo parlamentario sobre la financiación de la reforma que permitirá aportar a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo y la permanente mejora de la calidad.


El incremento presupuestario para hacer frente a las transformaciones que se plantean es indispensable. De esta forma será posible ampliar la oferta de educación infantil, intervenir a tiempo de superar las dificultades del alumnado, mediante la adopción de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas, establecer planes de

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intervención para compensar las desigualdades, reforzar los sistemas de apoyo y orientación, ampliar la oferta de programas de garantía social, incrementar la autonomía de los centros y reforzar la función directiva, dar un impulso a la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros, mejorar sus instalaciones, y establecer un nuevo estatuto de la función docente en el que se recojan los derechos y los deberes del profesorado, en el que se establezcan incentivos retributivos y profesionales vinculados al desarrollo de su práctica docente.


Junto con estas medidas es preciso reforzar aquellas otras que permitan el acceso de todos los alumnos a los diferentes niveles educativos en condiciones equitativas: la igualdad en el acceso de los alumnos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, la necesidad de que todos ellos escolaricen por igual a los alumnos con necesidades educativas especiales o que pertenecen a minorías étnicas o culturales, el incremento de los programas de educación compensatoria y la especial atención a los centros que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o que están situados en zonas socialmente desfavorecidas.


Todo ello, con el fin de que el Estado garantice el ejercicio del derecho fundamental a la educación, en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, de tal forma que los beneficios que se deriven de la aplicación de las medidas contempladas en esta Ley alcancen a toda la población escolar.


II. RECURSOS (Financiación en año-horizonte=2007)

Tal y como se recoge en la disposición adicional segunda, de la presente Ley, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea. Para ello, el Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cinco años a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con la distribución recogida en esta memoria económica y con el fin de que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos educativos que se recogen en la Disposición Adicional Tercera.


La distribución del presupuesto entre las diferentes Comunidades Autónomas se efectuará mediante los oportunos convenios entre el Estado y las distintas Comunidades, teniendo en cuenta que los gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos que no tendrán la consideración de inversión nueva, se consolidarán en la financiación de cada Comunidad Autónoma.


Por todo ello, desde el año base (2002) hasta el año-horizonte (2007) los presupuestos de educación del conjunto de las administraciones españolas, deberán registrar un proceso gradual de aproximación a la media europea actual en términos de PIB (5,12 por ciento), hasta conseguir igualarla a final del quinquenio.


Por tanto, este objetivo de superar nuestro actual porcentaje del 4,50 por ciento y erradicar el diferencial negativo del 0,62 por ciento, permitirá financiar progresivamente los veinticuatro objetivos educativos enumerados en la Disposición Adicional Tercera del presente texto legal hasta alcanzar plenamente su consecución en el mencionado año-horizonte.


El cuadro adjunto permite visualizar el método de cálculo utilizado para obtener la financiación correspondiente al año-horizonte a precios constantes (en euros del año-base del 2002)

1) Multiplicar el PIB estimado para 2002 en millones de euros (687.755) por nuestro actual diferencial negativo con la media de la Unión Europea (0,62 por ciento)

2) Deducir la parte correspondiente a la Educación Universitaria (incluidas las becas) que representa en torno al 20 por ciento del Gasto público total en educación.


3) Obtener, para el 2007 y a precios constantes, la financiación adicional para la prevención del fracaso escolar y la mejora de la calidad de la enseñanza no universitaria.


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III. EMPLEOS (Objetivos de gasto en año-horizonte=2007)

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IV. ANEXO METODOLÓGICO

La metodología de cálculo utilizada en cada uno de los objetivos educativos para el período 2002-2007 es la siguiente.


Objetivo 1. El incremento de plazas en el primer ciclo de educación infantil para cubrir las necesidades de escolarización de 300.000 familias.


El proceso gradual de extensión del primer ciclo de Educación Infantil, permitirá alcanzar a final de quinquenio el objetivo señalado de alcanzar la cota de las 300.000 familias atendidas, que se corresponden con un total de 360.000 nuevas plazas de iniciativa pública.


El cálculo económico toma en cuenta tres hipótesis básicas:

a) La ratio media niños/educador en todo el ciclo se ha establecido en 12.


b) El coste medio año/educador se ha fijado en 20.000 euros, teniendo en cuenta la participación de maestros especialistas en educación infantil junto con otros profesionales.


c) La financiación conjunta de las Administraciones públicas será de 2/3.


La cantidad total obtenida asciende a 400 millones de euros.


Objetivo 2. La escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre tres y seis años.


Según los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística del MECyD, este segundo ciclo de la Educación Infantil presenta ya tasas de escolarización del 100 por ciento en los tramos de 4 y 5 años y del 94,7 por ciento en el de 3 años.


Por tanto, se trata de continuar el proceso de aproximación continuada hasta alcanzar la tasa de escolarización del 100 por ciento dentro del período considerado.


Las hipótesis para el cálculo económico son básicamente:

a) Cifra estimada del tramo de edad de 3 años (según proyecciones del INE).


b) La ratio media niños/profesor se ha establecido en 20.


c) El coste medio año/profesor es de 27.000 euros.


La cantidad total obtenida asciende a 27,5 millones de euros.


Objetivo 3. Generalización de la enseñanza de una lengua extranjera en el primer ciclo de Educación Primaria.


La estimación del número de profesores especialistas necesarios para generalizar la enseñanza de una lengua extranjera en el primer ciclo de Educación Primaria se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) En los centros de una línea los profesores que están impartiendo la lengua extranjera en el segundo y

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tercer ciclo de Primaria cubrirían también las 4h necesarias para el primer ciclo.


b) En los centros de 2 y 3 líneas se incrementarían 6 horas a la semana para permitir que siguieran disponiendo de horas para poder atender al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje con las horas libres de atención directa a alumnos del tutor.


c) En los centros de 4 líneas se incrementarían 10 horas a la semana con el mismo objetivo enunciado en el apartado anterior.


d) En los centros de 5 o 6 más líneas se incrementarían 15 horas a la semana con el mismo objetivo enunciado en los apartados anteriores.


Realizando los cálculos correspondientes en función del número de líneas en los centros públicos y privados concertados se ha obtenido la cantidad global presupuestada para el cumplimiento de este objetivo, con el coste medio año/profesor de 27.000 euros que asciende a 32,4 millones de euros.


Objetivo 4. Plan de fomento de la lectura.


Desde el inicio del quinquenio, se pondrá en funcionamiento un programa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, de fomento de la lectura que contemple la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, la dotación de bibliotecas escolares en todos los centros y el establecimiento de acuerdos con las familias para realizar actividades de lectura en casa. En este plan, se contemplarán las diferentes actividades que se pueden realizar desde los medios de comunicación para fomentar la lectura entre los niños y los adolescentes.


En los sucesivos presupuestos anuales de las administraciones educativas se establecerán las correspondientes asignaciones para llevar a cabo este objetivo a lo largo del quinquenio, estableciéndose la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.


Objetivo 5. Actividades formativas complementarias en Educación Primaria.


Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos de Educación Primaria ofrezcan una hora diaria de actividades educativas complementarias que estarán dirigidas a:

a) reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo;

b) adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio; y

c) realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.


Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Primaria: 85.000.


b) incremento 5 horas a la semana.


c) participación del 70 por ciento del alumnado de Educación Primaria

d) 25 horas profesor.


e) el coste medio año/profesor es de 27.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 321,3 millones de euros.


Objetivo 6. Actividades formativas complementarias en Educación Secundaria Obligatoria.


Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros públicos que imparten la Educación Secundaria Obligatoria ofrezcan tres horas semanales de clase complementarias con el fin de realizar actividades que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas y, para el alumnado con mayor motivación y capacidad para aprender, la ampliación y profundización de sus conocimientos.


Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Secundaria Obligatoria: 50.000.


b) incremento 3 horas a la semana.


c) participación del 70 por ciento del alumnado de la ESO.


d) 18 horas profesor.


e) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 180,8 millones de euros.


Objetivo 7. Desdoblamientos de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria.


Las Administraciones educativas garantizarán el desdoblamiento de los grupos ordinarios en las áreas instrumentales, lenguas propias, idioma extranjero y matemáticas, con el objetivo de crear grupos de alumnos más reducidos que permitan una atención más individualizada.


Para ello, se ha partido del número de:

a) unidades en la pública de Educación Secundaria Obligatoria: 50.000.


b) incremento 3 horas a la semana para combinando los grupos poder realizar los desdoblamientos oportunos en las áreas mencionadas.


c) 18 horas profesor.


d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 258,1 millones de euros.


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Objetivo 8. Incremento de la oferta de los programas de diversificación curricular y de garantía social.


En la definición de las enseñanzas mínimas, el Gobierno fijará las condiciones en que, para determinados alumnos al comienzo del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, previa su oportuna evaluación, puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este supuesto, los objetivos de esta etapa y, por tanto, el título de Graduado, se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e, incluso, de áreas diferentes a las establecidas con carácter general.


Todos los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deberán ofrecer, al menos, un programa de diversificación curricular. El número de los programas impartidos se incrementará en función del número de alumnos y del contexto social en el que el centro esté situado. Los centros contarán con los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar tales programas.


Con este fin se ha previsto en los centros públicos:

a) aumentar la oferta de programas de diversificación curricular a 40.000 nuevos alumnos.


b) 15 alumnos por aula en las áreas específicas.


c) 18 horas profesor.


d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.


Y en los centros privados concertados:

a) aumentar la oferta de programas de diversificación curricular a 7.000 nuevos alumnos.


b) 15 alumnos por aula en las áreas específicas.


c) 23 horas profesor.


d) el coste medio año/profesor es de 33.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 10 millones de euros.


Del mismo modo para los alumnos mayores de 16 años que no obtengan el título de graduado en Educación Secundaria ni a través del currículo ordinario ni cursando un programa de diversificación curricular, se organizarán programas específicos de garantía social, tal y como se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.


Para dar respuesta a este alumnado y facilitarles tanto la incorporación al mercado laboral se ha previsto:

a) aumentar la oferta de programas de garantía social a 10.000 nuevos alumnos.


b) 20 alumnos por aula.


c) 18 horas profesor.


d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 25,8 millones de euros. Por tanto la cantidad global para este objetivo asciende a 104,7 millones de euros.


Objetivo 9. La tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria.


El profesorado que ejerza la función de tutor en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá el mismo número de horas lectivas y el mismo complemento específico para el desarrollo de sus funciones que los jefes de los departamentos didácticos.


Dado que los tutores de la ESO ya tienen contemplada una hora lectiva para el desarrollo de sus funciones se ha previsto:

a) 50.000 unidades de ESO en los centros públicos.


b) incrementar 2 horas lectivas a todos los tutores de la ESO de los centros públicos para el desarrollo de sus funciones de coordinación del grupo de profesores y de relación con las familias.


c) 18 horas profesor.


d) el coste medio año/profesor es de 31.000 euros.


e) igualar el complemento específico al de los jefes de los departamentos didácticos.


Con lo que se llega a una cantidad de 208,2 millones de euros.


Objetivo 10. Dotación de ordenadores en toda la red de centros públicos no universitarios y conexión gratuita a internet.


Desde el inicio del quinquenio, se pondrá en funcionamiento un programa continuado de puesta al día de equipamiento informático y de conexiones gratuitas a Internet, en toda la red de centros públicos no universitarios.


En los sucesivos presupuestos anuales de las administraciones educativas se establecerán las correspondientes asignaciones para llevar a cabo este objetivo a lo largo del quinquenio, estableciéndose la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.


Objetivo 11. Formación en nuevas tecnologías para el profesorado de las distintas etapas educativas de centros públicos y concertados.


La puesta en marcha de un Programa de formación específico para que el profesorado pueda usar las nuevas tecnologías como una herramienta útil en las clases de las distintas áreas de conocimiento de todas las etapas educativas. El Ministerio de Educación y Cultura transferirá a las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas la dotación anual de 20 millones de euros con este fin.


Estas ofertas formativas en materia de las TIC estarán orientadas indistintamente a los docentes del sector público y del concertado.


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Objetivo 12. Acuerdos de colaboración con editoriales y otras entidades para el acceso, a través de internet, a materiales didácticos.


El Ministerio de Educación y Cultura, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con las editoriales y otras entidades para facilitar el acceso del profesorado y del alumnado, a través de Internet, a materiales didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, estableciéndose la dotación anual de 15 millones de euros con este fin.


Objetivo 13. Acuerdos de colaboración con empresas y otras instituciones para facilitar la compra de ordenadores portátiles.


El Ministerio de Educación y Cultura, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, promoverá la firma de acuerdos de colaboración con las empresas y otras instituciones con el fin de facilitar la compra de ordenadores portátiles al profesorado y al alumnado de Educación Secundaria estableciéndose la dotación anual de 15 millones de euros con este fin.


Objetivo 14. Gratuidad de libros de texto en Primaria y ESO para alumnos de centros públicos y concertados.


El Ministerio de Educación y Cultura transferirá a las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas la dotación anual de 75 millones de euros con el fin de disponer de los créditos presupuestarios suficientes, a lo largo del quinquenio, para hacer viable este objetivo.


Objetivo 15. El adelanto del horario de apertura de los centros públicos para atender la demanda de las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres

Con el fin de atender la demanda social, cada vez más amplia, de ampliar el horario de apertura de los centros para poder atender a las familias que lo necesiten por el horario laboral de los padres, se ha calculado una partida presupuestaria específica que será transferida a las Comunidades Autónomas utilizando los siguientes parámetros:

a) 2,5 millones de alumnos.


b) 30 por ciento de alumnos afectados.


c) una media de 5 horas semana en función de las necesidades de las familias con hijos escolarizados en Educación Infantil y Primaria.


d) ratio alumnos/cuidador = 25.


e) 25 horas/cuidador.


f) coste año/cuidador 15.000 euros.


Con lo que se llega a una cantidad de 80 millones de euros.


Objetivo 16. Dotación de equipamiento e instalación de cocinas y comedores en centros públicos de primaria y ESO que no disponen de dicho servicio.


Se incluirá en los presupuestos generales del Estado la dotación correspondiente para que, en la red de centros públicos con niveles obligatorios, las administraciones educativas establezcan programas de inversión priorizados con la finalidad de proveer del necesario equipamiento en cocinas y comedores escolares en aquellos que no disponen de dichos servicios o que deben ser objeto de reposición.


Las principales hipótesis consideradas para efectuar el correspondiente cálculo económico son las siguientes:

a) el porcentaje de unidades a dotar en estos 5 años es del orden del 20 por ciento.


b) El coste medio por unidad se ha estimado en 3.000 euros.


Objetivo 17. Programas específicos para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje.


Los Centros educativos establecerán programas específicos para fomentar el apoyo de las familias al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje, durante la educación obligatoria, siempre que estimen que dichos apoyos pueden mejorar el rendimiento académico de los mencionados alumnos.


En el supuesto de que los padres hubieran de participar activamente en el desarrollo de estos programas, los padres que trabajen por cuenta ajena podrán ejercitar los correspondientes derechos laborales a permisos, reducciones, suspensiones o, en su caso, excedencias, de acuerdo con la legislación laboral o, en su caso, de funcionarios.


En las condiciones que se establecen en el articulado y en las disposiciones adicionales y transitorias de la presente Ley, se ha realizado una estimación del número de alumnos que pueden participar anualmente en estos programas.


Se han tomado como base del cálculo los siguientes parámetros:

a) 10.000 alumnos cada período de tres meses.


b) percepción por parte del padre o madre participante del 80 por ciento de la base de cotización a la Seguridad Social de los tres últimos meses de contrato.


c) ingresos máximos para poder percibir estas cantidades compensatorias.


A partir de estos parámetros y teniendo en cuenta los sueldos medios de los que pueden participar en estos programas se ha consignado la cantidad de 135,2 millones de euros.


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Objetivo 18. Reducción a 15 en la ratio alumnos/aula en centros y zonas de atención educativa preferente y mejora en la dotación de gastos de funcionamiento.


Los centros públicos situados en Zonas de Atención Educativa Preferente (ZAEP) requieren medidas de apoyo inspiradas en el principio de discriminación positiva. En esta línea, el presente objetivo puede concretarse en reducir a 15 la ratio alumnos/aula (que obviamente requerirá un aumento importante de profesores adscritos) y en una mejora sustancial de los gastos de funcionamiento de dichos centros.


Las principales hipótesis para proceder al cálculo económico son:

a) Se considera que del total de centros públicos de Infantil, Primaria y ESO, un 10 por ciento de sus unidades deberían ser contemplados en este objetivo.


b) Bajar la ratio de 25 a 15, con el consiguiente incremento de profesorado.


c) La mejora en gastos de funcionamiento, supone un aumento equivalente al 10 por ciento del coste del profesorado adicional.


Con lo que se llega a una cantidad de 297,2 millones de euros.


Objetivo 19. Más profesores y recursos destinados a atender alumnos inmigrantes en centros públicos y concertados.


Según información reciente del INE, la cifra de población extranjera en España se sitúa ya en el millón y medio. Por otra parte, y con datos de EUROSTAT, el tramo de edades 0 a 16 años, de la población de países terceros residente en la Unión Europea, equivale al 20 por ciento del total. En consecuencia podemos cifrar en 300.000 el número de niños y jóvenes inmigrantes a atender por nuestro sistema educativo.


Estas medidas de atención se han concretado básicamente en los efectivos habituales de profesorado y gastos de funcionamiento para los centros públicos y concertados, que dicha cifra de población inmigrante requiere, y además un refuerzo semanal de 5 horas/profesor y un incremento semejante al del objetivo 18 en los gastos de funcionamiento de dichos centros.


Con estos parámetros y los cómputos y costes de profesores anuales utilizados en anteriores objetivos se obtiene la cantidad de 71,3 millones de euros.


Objetivo 20. Nuevo sexenio asociado a la evaluación voluntaria de la práctica docente.


El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y oídos los representantes del profesorado, establecerá un nuevo complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente, cuya cuantía será similar a la percibida por los actuales sexenios de formación. Esta evaluación tendrá carácter voluntario y se desarrollará, con carácter individual, cada seis años.


Para estimar el coste de esta medida se han utilizado los siguientes parámetros:

a) Número total de profesores de centros públicos de los distintos niveles educativos: 400.000.


b) Porcentaje de profesorado participante en este período: 33 por ciento.


c) Coste sexenio/año: 800 euros.


Con estos parámetros se obtiene la cantidad de 105,6 millones de euros.


Objetivo 21. Reducción de 6horas lectivas semanales al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos que tiene entre 55 y 60 años.


Este objetivo contempla esta reducción de 6 horas semanales de clase al profesorado público que pertenece a este tramo de edad para ser destinado a otras tareas pedagógicas y que se estima en un porcentaje en torno al 7,5 por ciento.


El coste alternativo, que es el que se cuantifica en esta memoria, es el coste de sustituciones de nuevo personal docente para cubrir las mencionadas reducciones horarias en la impartición directa de las clases.


Con estos parámetros se obtiene la cantidad de 243,6 millones de euros.


Objetivo 22. Jubilaciones voluntarias al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos que tiene 60 años.


Las jubilaciones voluntarias ofrecidas al profesorado público no universitario de 60 años de edad, se estima que puedan corresponder durante estos 5 años a un 3 por ciento del total de efectivos. Teniendo en cuenta el número de profesores de Primaria y Secundaria que se pueden acoger a esta medida el coste estimado para este período es de 345 millones de euros.


Objetivo 23. Implantación del nuevo curso de especialización didáctica.


El Gobierno, previa consulta a las comunidades Autónomas, establecerá las características de los estudios necesarios para obtener el título profesional de especialización didáctica. Dicho título, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica, cuyos contenidos, duración y organización se establecerán por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, este curso tendrá una duración mínima de un curso académico e incluirá materias teóricas y prácticas docentes.


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Para la implantación de este nuevo curso de especialización didáctica para el profesorado de Secundaria se ha realizado una estimación del número de nuevos profesores que se incorporarán al cuerpo de Secundaria a partir del curso 2005-2006, consignándose para este objetivo una cantidad de 25,3 millones de euros.


Objetivo 24. Implantación progresiva del año sabático al profesorado de los centros públicos de los distintos niveles educativos.


Este programa de implantación progresiva del año sabático se ha calculado a partir de las cifras oficiales sobre plantilla de funcionarios docentes entre maestros y profesores de Secundaria.


El período de rotación completa de este programa se establece en 35 años, lo que supone que anualmente participarían del mismo un 2,8 por ciento del total de profesores.


Teniendo en cuenta los costes por año del profesorado de los distintos niveles educativos, se obtiene una cantidad de 328,6 millones de euros.


V. PRINCIPALES FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS

Del Ministerio de Educación Cultura y Deporte:

"Datos y cifras. Curso escolar 2002/2003."

"Estadística del gasto público en educación. Series e indicadores 1992 a 2000. Presupuesto liquidado."

"Estadística de las enseñanzas no universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02. Enseñanzas de Régimen General."

"Estadísticas de la Educación en España. 1998 1999. Resultados detallados.
Series e indicadores."

Del Instituto Nacional de Estadística:

"INE base. Demografía y población. Proyecciones de población calculadas a partir del censo de 1991. Evaluación y revisión."

"INE. Notas de prensa. 26 de julio de 2002. La población de España alcanza los 40.847.371 habitantes, más de millón y medio de nacionalidad extranjera."

De EUROSTAT:

"Las cifras clave de la educación en Europa. 1999-2000."

"Statistiques sociales européens. Migration."

De la OCDE:

"Regards sur l'éducation. Les indicateurs de l'OCDE. Enseignement et compétences-2001."

A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Presenta una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


ENMIENDA NÚM. 25

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Texto alternativo que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)

Exposición de motivos

La mejora de las políticas educativas se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos, en consonancia con el aumento de la voluntad de los ciudadanos por conseguir mayores niveles de calificación y participación.


Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y al continuo impulso del gobierno del Estado y de los gobiernos de las Comunidades Autónomas se ha universalizado el acceso a la educación, derecho fundamental de los ciudadanos.


La transferencia de las competencias en materia de educación a las diecisiete Comunidades Autónomas, que actualmente las están ejerciendo en todos los ámbitos de la educación, ha supuesto una nueva situación histórica en el panorama político y educativo del Estado, que ha originado una práctica enriquecedora a partir de las experiencias educativas de las diferentes nacionalidades y regiones.


Esta nueva situación conduce a estructurar un sistema educativo común, con la suficiente flexibilidad para completarlo con el desarrollo de las políticas educativas propias de cada Comunidad Autónoma.


La sociedad española ha afrontado una profunda transformación en los últimos decenios. Ha conseguido, a la vez, plantear positivamente la resolución de sus propios cambios internos y encarar los procesos de adaptación requeridos por la integración de España en la Unión Europea.
En pocas décadas, las condiciones de desarrollo han mejorado considerablemente. La mejora sustancial del nivel educativo que ha experimentado España a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX ha constituido uno de los factores más importantes de aceleración del crecimiento económico y del bienestar social del país.


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En ese esfuerzo común han desempeñado un papel importante las reformas previas de nuestro sistema educativo. La extensión y universalización de la educación básica no sólo ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades; también ha facilitado un incremento en los diferentes niveles de calificación de una buena parte de la juventud española. Mantener y aumentar el poder calificador del sistema educativo junto a la integración en éste del máximo número posible de alumnos, siguen siendo objetivos esenciales de toda ley educativa y también de ésta, en consecuencia.


Para acometer con posibilidades de éxito los retos del contexto social y económico, en cambio y evolución continuos, resulta conveniente modificar los marcos normativos hasta ahora en vigor, con el objetivo primordial de promover la mejora del rendimiento del sistema educativo mediante una adaptación a las nuevas circunstancias.


Un segundo objetivo de esta ley consiste en garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la educación que además debe ser gratuita desde los tres años hasta completar la educación básica. Y en este sentido, la Ley refuerza el carácter educativo de la educación preescolar y de la educación infantil, al tiempo que establece la etapa de los tres a los seis años como gratuita.


El tercero de los objetivos es, precisamente, mantener el carácter abierto de la ordenación curricular del sistema educativo, para evitar que el propio sistema produzca exclusiones no deseadas.


Como cuarto objetivo la presente Ley se propone elevar la consideración social del profesorado, reforzando el sistema de formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de enseñar y de la formación que ésta exige, y articulando una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado. Dentro de cada uno de los Cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar, mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: "categoría de catedrático" para los funcionarios de todos los cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y "categoría de magister" para los funcionarios del cuerpo de maestros.


También se prevé un procedimiento específico para que los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, manteniendo la destinación que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta Ley.


El quinto objetivo de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía de los Centros educativos, destacando el papel fundamental del Consejo Escolar en el gobierno y evaluación de los centros públicos y en el nombramiento de sus directores.


La Ley formula, en su Título preliminar, los principios básicos que fundamentan las medidas en ella contenidas para mejorar la educación en España, entendiendo que se sustentan en el reconocimiento de los derechos y deberes que asisten a todos los que conforman la comunidad educativa y en la garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.


El Título I modifica la estructura del Sistema Educativo en sus diversos niveles y etapas, referidos a las enseñanzas escolares, garantizando la oferta de plazas suficientes de Educación Preescolar para satisfacer la demanda de las familias y atender a sus necesidades.


La Educación Infantil se constituye como etapa voluntaria y gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha etapa en la formación personal y en la compensación de desigualdades.


La Educación Primaria facilita los aprendizajes de las materias instrumentales básicas, en especial el lenguaje, que permiten el desarrollo personal adecuado de acuerdo con la edad del alumno.


La Educación Secundaria Obligatoria completará la formación en las competencias básicas, organizándose de manera flexible que permita adaptarse a las diversas características del alumnado y satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades de preparación para las expectativas de estudios o profesionalización posteriores.


Los Programas de Iniciación Profesional, establecidos en la Ley, se conciben como una opción en la Educación Secundaria Obligatoria que permitirá, en su caso, la obtención del título de Graduado y abrir a un mayor número de alumnos todas las oportunidades de formación y calificación que ofrece el sistema reglado y postobligatorio, así como el acceso, con mayores garantías, a la vida laboral.


La Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación Profesional específica, pero sí introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para completar su formación a través de la vía que, en cada momento, mejor responda a sus intereses, expectativas o circunstancias personales.


La Ley, en el Capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren, contando con la participación de sus padres.


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El Título II se refiere a las enseñanzas especializadas de idiomas, que se organizan en tres niveles, con el fin de adaptarlas a los grados de aprendizaje establecidos en los países de la Unión Europea.


Son objeto del Título III las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida.


En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de la enseñanza: el profesorado. A tal fin, se sientan las bases para la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente.


Por otra parte, se articula la perspectiva de la promoción profesional de los docentes, mediante la configuración de una carrera profesional a desarrollar a lo largo de toda la vida docente.


Asimismo, se garantiza la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros públicos en relación con los hechos derivados del ejercicio de su profesión.


El Título V trata de la organización y dirección de los centros docentes, incluyendo en el mismo el régimen y denominación de los centros, su autonomía pedagógica, organizativa y económica, el régimen de los centros privados concertados y los órganos de participación y de gobierno de los centros públicos, con la convicción que la calidad de la enseñanza requiere dotar a los centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos.


La Ley establece, asimismo, en este Título por una parte, los órganos de gobierno, y por otra, los órganos de participación en el control y gestión de los centros, atribuyendo a cada uno de ellos las competencias y funciones que les son propias, de acuerdo con la naturaleza, composición y responsabilidades que corresponde a cada uno de ellos.


Asimismo, la Ley reconoce y consolida el servicio público de educación desarrollado por los centros de titularidad pública y por los centros de titularidad privada de iniciativa social acogidos al régimen de conciertos.


La figura del Director de los centros públicos, entendida como pieza clave para la buena organización y funcionamiento de los centros, es objeto de un tratamiento específico, especialmente en lo que se refiere al procedimiento para su selección y nombramiento. Ese procedimiento está presidido por el principio de participación de la comunidad escolar.


TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

De los principios de la educación

Artículo 1. Principios.


1. Son principios directores del sistema educativo:

a) La equidad, que garantiza una verdadera igualdad de oportunidades, para el pleno desarrollo de la personalidad individual y colectiva, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.


b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y el progreso de la sociedad, que superen cualquier tipo de discriminación.


c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo los valores de la convivencia y estudio.


d) La concepción de la educación como un proceso de formación permanente, que se extiende a lo largo de toda la vida.


e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo.


f) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes e intereses de los alumnos.


g) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.


h) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.


i) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.


j) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía pedagógica y organizativa y la potenciación de la función directiva de los centros.


CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de padres y alumnos

Artículo 2. Alumnos.


1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las normas vigentes, considerando que:

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a) todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando;

b) todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los elementos fundamentales de la Constitución Española y del respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España;

c) todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional;

d) todos los alumnos tienen el deber del aprovechamiento de las enseñanzas que se le ofrecen, lo cual implica el deber de participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo de los currículos; seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje; y participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.


2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

a) a recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad;

b) a que se respete, de acuerdo con la Constitución, su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales;

c) a que se respeten su integridad y dignidad personales;

d) a la protección contra toda agresión física o moral;

e) a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes;

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias de tipo familiar, económico, social y cultural que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo;

g) a recibir la atención educativa correspondiente en el caso de hospitalización o larga enfermedad domiciliaria, y

h) a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.


3. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos:

a) respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales;

b) respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y

c) respetar las normas de organización y convivencia del centro educativo.


Artículo 3. Padres.


1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos:

a) a que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las Leyes educativas;

b) a la libre elección del centro;

c) a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones;

d) a estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.


2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde:

a) adoptar los medios necesarios para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación;

b) estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden;

c) conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros;

d) respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro;

e) fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.


CAPÍTULO III

De las becas y ayudas al estudio

Artículo 4. Becas y ayudas al estudio.


1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.


Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios.


A estos efectos, el Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, determinará con carácter básico las modalidades y cuantías mínimas de las becas y ayudas al estudio, las condiciones mínimas de carácter

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académico y económico que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.


El Gobierno procederá a la distribución territorial de los fondos presupuestarios que correspondan entre las Comunidades Autónomas, garantizando en todo caso la suficiencia de aquellos para que el acceso a las becas y ayudas al estudio se produzca sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo el territorio del Estado.


2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.


3. La regulación, el desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los párrafos anteriores corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia.


4. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores.


5. Para garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza obligatoria, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerá la gratuidad progresiva de los libros de texto y, en su caso, de material escolar.


TÍTULO I

De la estructura del sistema educativo

CAPÍTULO I

De los principios generales

Artículo 5. Ámbito.


1. El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria.


2. La educación preescolar tendrá carácter educativo y dispondrá de una regulación específica.


3. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de régimen especial.
Las enseñanzas escolares de régimen general se organizan en los siguientes niveles:

Educación Infantil.


Educación Primaria.


Educación Secundaria, que comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.


Las enseñanzas escolares de régimen especial son:

Enseñanzas Artísticas.


Enseñanzas de Idiomas.


4. Corresponde a las Comunidades Autónomas la adaptación de las distintas enseñanzas a las necesidades educativas especiales del alumnado; a la actualización, compleción o ampliación de la formación de las personas adultas; y a las modalidades de enseñanza a distancia o en régimen nocturno.


5. La enseñanza universitaria se regirá por sus normas específicas.


Artículo 6. Enseñanza básica.


1. La enseñanza básica comprende la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.


2. La enseñanza básica incluye diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis.


3. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.


CAPÍTULO II

De la educación preescolar

Artículo 7. Ámbito.


1. La educación preescolar, de carácter voluntario, tiene como finalidad la atención educativa a la primera infancia, hasta los tres años.


2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.


3. La educación preescolar será impartida por maestros y por otros profesionales con la debida calificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.


4. Las Administraciones públicas garantizarán la existencia de plazas suficientes para asegurar la atención de la población que la solicite y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.


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5. Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos de flexibilidad horaria y de servicios para su adecuación a las necesidades nuevas de la familia y atenderán prioritariamente la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.


CAPÍTULO III

De la Educación Infantil

Artículo 8. Principios generales.


1. El nivel de Educación Infantil, que tiene carácter voluntario y gratuito, estará constituido por un ciclo de tres años académicos, que se cursará desde los tres a los seis años de edad. Será impartida por maestros con la especialidad correspondiente.


2. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros sostenidos con fondos públicos para atender la demanda de las familias.


3. Las Administraciones educativas promoverán la escolarización en este nivel educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales.


Artículo 9. Objetivo.


1. La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros escolares cooperarán estrechamente con los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la educación de sus hijos.


2. Las Administraciones educativas podrán incorporar una lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil, y fomentar experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


Artículo 10. Organización.


Corresponde a las Comunidades Autónomas la organización de esta etapa educativa, la determinación de sus objetivos y la definición de la metodología.


CAPÍTULO IV

De la Educación Primaria

Artículo 11. Principios generales.


La Educación Primaria comprenderá seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años.


Artículo 12. Objetivo.


La finalidad de la Educación primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral y escrita de la lengua; del cálculo y de los fundamentos de las matemáticas; de otras lenguas y otras formas de expresión de carácter técnico y artístico; y de las nociones básicas del conocimiento de la naturaleza y de la sociedad que le permitan desarrollarse intelectualmente de acuerdo con la edad y le preparen para cursar con aprovechamiento los estudios posteriores. Así mismo ha de facilitar al alumnado la adquisición de la madurez personal y de las conductas y los hábitos que promueven la convivencia social.


Artículo 13. Organización.


1. El nivel de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.


2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes:

a) Ciencias Sociales y Naturales.


b) Educación Artística.


c) Educación Física.


d) Lengua Castellana y Literatura.


e) Lenguas extranjeras.


f) Matemáticas.


g) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.


Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión.


3. Tendrán especial consideración en todas las áreas los aspectos de carácter instrumental para la adquisición de las competencias básicas.
Los currículos deberán incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.


Artículo 14. Medidas de refuerzo.


Las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario posescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán suscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.


Artículo 15. Evaluación.


1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua e integrará en un análisis global el progreso del alumno en las distintas áreas.


2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo.


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Artículo 16. Evaluación de diagnóstico.


Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 88 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.


Artículo 17. Profesorado.


La Educación Primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia docente en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con las especialidades correspondientes, entre las cuales se podrá incluir la de Educación Primaria.


CAPÍTULO V

De la Educación Secundaria

Artículo 18. Ámbito.


El nivel de Educación Secundaria comprenderá las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como de la Formación Profesional de grado medio y de grado superior.


Sección 1.ª De la Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 19. Principios generales.


1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.


2. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad.


Artículo 20. Objetivo.


La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la de completar la formación básica de todas las personas preparándolas para la prosecución de estudios y la inserción laboral. Esta formación básica comprenderá:

a) La correcta utilización, en comprensión y expresión oral y escrita de la lengua castellana y, en su caso, también de la lengua propia de la Comunidad Autónoma;

b) El conocimiento, como mínimo, de una lengua extranjera y la capacidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información;

c) Los conceptos fundamentales del conocimiento humano: ciencia, historia, arte, humanidades, cultura;

d) La construcción de la propia personalidad y en particular, el desarrollo de los hábitos de estudio y trabajo; y,

e) La adquisición de los valores y actitudes de convivencia social.


Artículo 21. Organización.


1. En la Educación Secundaria Obligatoria podrán impartirse las siguientes asignaturas:

a) Ciencias Experimentales.


b) Educación Física.


c) Educación Plástica y Visual.


d) Geografía e Historia.


e) Lengua Castellana y Literatura.


f) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.


g) Latín.


h) Lenguas extranjeras.


i) Matemáticas.


j) Música.


k) Tecnología.


Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


2. Además de las asignaturas obligatorias, el currículo podrá incluir otras asignaturas y asignaturas optativas, de acuerdo con lo que determinen las Comunidades Autónomas.


3. Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.


4. En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria podrán organizarse las enseñanzas de determinadas áreas agrupándolas de manera que permitan una adecuación a las características personales del alumnado y una orientación para sus expectativas futuras, académicas y profesionales.


5. Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación de las materias optativas.


Artículo 22. Medidas de refuerzo.


En los distintos cursos de la etapa, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán las medidas de atención individual de

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carácter educativo que permitan la consecución de esos objetivos.


Asimismo, las Administraciones educativas podrán organizar actividades socioescolares en horario posescolar en centros docentes, dirigidas en especial a alumnos con déficits de aprendizaje o sociofamiliares. Al efecto, podrán suscribir convenios con otras Administraciones o Instituciones sin afán de lucro.


Artículo 23. Programas de Iniciación Profesional.


1. Los Programas de Iniciación Profesional estarán integrados por los contenidos curriculares esenciales de la formación básica y por módulos profesionales asociados, al menos, a una calificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Dicha formación, que tendrá una estructura flexible de carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos.


2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria.


3. Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años, habiendo cursado los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y tras la adecuada orientación educativa y profesional, opten voluntariamente por no cursar o completar ninguno de los itinerarios ofrecidos, permanecerán escolarizados en un Programa de Iniciación Profesional.


4. La superación de un Programa de Iniciación Profesional dará derecho a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en los Programas de Iniciación Profesional será acreditada conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos académicos previstos en el artículo 37.3 a) de la presente Ley.


5. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones y entidades para el desarrollo de estos Programas.


Artículo 24. Evaluación.


1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.


2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.


Artículo 25. Promoción.


1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa los alumnos serán evaluados de cada una de las asignaturas del curso.


2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, el profesorado efectuará la evaluación integrada y global, a partir de la cual decidirá sobre la promoción del alumno al curso siguiente, teniendo en cuenta la calificación media obtenida, además de su madurez y posibilidades de progreso en los cursos posteriores.


3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación definirá las medidas de enseñanza personalizada que deberán adoptarse para dicho alumno.


4. El alumno que, cumplidos los dieciséis años, no haya alcanzado, a juicio del equipo de evaluación, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, después de haberla cursado, podrá continuar sus estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia.


En todo caso, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de programas de formación profesionalizadora, específicamente dirigidos a estos alumnos con el fin de facilitarles una adecuada inserción profesional.


Artículo 26. Evaluación de diagnóstico.


Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 88 de esta Ley, realizarán evaluaciones, que tendrán como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de este nivel educativo. Estas evaluaciones carecerán de efectos académicos y tendrán carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y las Administraciones educativas.


Artículo 27. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


1. La evaluación positiva de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria conducirá al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


2. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral. Junto con el título, los alumnos recibirán un informe de orientación escolar para su futuro académico

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y profesional que tendrá carácter confidencial y que en ningún caso será prescriptiva.


3. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán un Certificado de Escolaridad en el que constarán los años cursados.


Artículo 28. Profesorado.


1. Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas o módulos que se determinen en virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente.


2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 51 de la presente Ley.


3. Excepcionalmente, para impartir los módulos profesionales de los Programas de Iniciación Profesional que prevé el artículo 23 de esta Ley, las Administraciones educativas podrán contratar personal laboral, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del Programa.


Sección 2.ª Del Bachillerato

Artículo 29. Principios generales.


1. El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación especializada para su incorporación a estudios posteriores y para la inserción laboral.


2. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

3. Los alumnos podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.


Artículo 30. Objetivo.


La finalidad del Bachillerato es la de proporcionar una formación integral, intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales, así como proseguir estudios superiores. Para ello, el Bachillerato ampliará y profundizará en los aspectos de la educación básica y, en cada modalidad, en el campo de conocimientos propio de ella.


Artículo 31. Organización.


1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.


2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un complemento de formación práctica fuera del centro.


3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

a) Artes.


b) Ciencias y Tecnología.


c) Humanidades y Ciencias Sociales.


4. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato o modificar las establecidas en esta Ley.


5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.


b) Filosofía.


c) Historia.


d) Lengua Castellana y Literatura.


e) Lengua oficial propia y Literatura, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.


f) Lengua extranjera.


Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


6. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, establecerá las asignaturas específicas mínimas de cada modalidad, adaptándolas a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo. Además de las asignaturas comunes y obligatorias y de las específicas de cada modalidad, las Comunidades Autónomas podrán completar el currículo incluyendo otras asignaturas y asignaturas optativas.


Artículo 32. Evaluación.


1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en el Bachillerato será continua e integradora de las distintas evaluaciones de las asignaturas que cursen.


2. El equipo de profesores evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas y su progreso global, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.


3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en

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las fechas que determinen las Administraciones educativas.


Artículo 33. Profesorado.


Para impartir las enseñanzas del Bachillerato se exigirán las mismas titulaciones académicas que las requeridas para la Educación Secundaria Obligatoria. Será necesario además estar en posesión del Título de Especialización Didáctica establecido en el artículo 51 de la presente Ley.


Artículo 34. Título de Bachiller.


1. Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas.


2. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios universitarios.


CAPÍTULO VI

De la Formación Profesional

Artículo 35. Acceso.


1. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para el acceso a la formación profesional específica de grado superior será necesario estar en posesión del Título de Bachiller.


2. También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba.


3. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar:

a) Para la Formación Profesional de grado medio, los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales quedarán exentos quienes hayan superado la totalidad de los módulos de carácter profesional de un Programa de Iniciación Profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos casos relacionados con la enseñanza que pretendan cursar.


b) Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que pretendan cursar.


4. Para quienes acrediten estar en posesión del Título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años cumplidos en el año natural. La prueba podrá sustituirse por la superación de las enseñanzas que determinen las Administraciones educativas para complementar la madurez y las capacidades profesionales acreditadas por la posesión del Título de Técnico.


5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la relación entre los Títulos de Técnicos y su correspondiente de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo. Corresponde a las Comunidades Autónomas establecer el contenido y procedimiento de dichas pruebas.


CAPÍTULO VII

De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas

Sección 1.ª De los alumnos extranjeros

Artículo 36. Incorporación al sistema educativo.


1. Las Administraciones educativas garantizarán el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.


2. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles.


3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los alumnos, según su edad y padres reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.


4. Las Administraciones educativas promoverán actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros.


Sección 2.ª De los alumnos superdotados intelectualmente

Artículo 37. Principios.


1. Las Administraciones educativas prestarán atención específica a la enseñanza del alumnado de

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acuerdo con sus características personales y, en particular, del que presente superdotación intelectual.


2. Con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley.


3. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica para el profesorado que atienda a este alumnado. Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que sus padres reciban el adecuado asesoramiento.


Sección 3.ª De los alumnos con necesidades educativas especiales

Artículo 38. Ámbito.


1. Las Administraciones educativas tendrán una atención especializada para las necesidades educativas especiales de aquellos alumnos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta.


2. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del sistema educativo los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.


Artículo 39. Escolarización.


1. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.


2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales comenzará en la edad más precoz posible y, en todo caso, desde el momento de la detección de aquella necesidad. Y finalizará con las edades establecidas con carácter general para el nivel y la etapa correspondiente, aunque podrá autorizarse la flexibilización del período de escolarización en cada uno de los niveles y etapas. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años.


Artículo 40. Recursos de los centros.


Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales y atenderlos adecuadamente. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los mismos para todos los centros sostenidos con fondos públicos.


Artículo 41. Integración social y laboral.


Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos, las Administraciones públicas promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los alumnos y promoverán su integración laboral, en su caso.


TÍTULO II

De las enseñanzas de idiomas

Artículo 42. Ámbito y estructura.


1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros que imparten enseñanzas especializadas de idiomas, que tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial a las que se refiere esta Ley.


2. La estructura básica de estas enseñanzas, se adecuará a los siguientes niveles:

- Nivel Básico.


- Nivel Intermedio.


- Nivel Avanzado.


En la legislación específica sobre las enseñanzas de idiomas se establecerán los efectos de los certificados correspondientes.


3. El profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer al cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, podrán impartirlas profesores de otros cuerpos docentes del mismo grupo, en las condiciones que las Administraciones educativas establezcan.


Las Comunidades Autónomas podrán establecer los requisitos y condiciones de contratación de profesorado nativo de las distintas lenguas extranjeras en el caso que se requiera.


4. Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se requerirá estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Certificado de Escolaridad o de estudios primarios.


5. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los certificados correspondientes a los distintos niveles mediante la superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas.


6. Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia.


Artículo 43. Escuelas Oficiales de Idiomas.


En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, el de las lenguas

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cooficiales existentes en el Estado, así como la enseñanza del español como lengua extranjera.


Artículo 44. Realización de pruebas en el sistema escolar.


Las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional.


TÍTULO III

Del aprendizaje permanente: Enseñanzas para las personas adultas

Artículo 45. Objetivo.


1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal o profesional.


A tal fin, las Administraciones educativas colaborarán con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, con la Administración laboral.


2. Las enseñanzas para las personas adultas tendrán los siguientes objetivos:

a) Adquirir, completar y ampliar capacidades y conocimientos, actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo.


b) Desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos sociales desfavorecidos.


c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.


d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.


3. Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica o con dificultades para su inserción laboral. Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años que por su trabajo u otras circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario.


4. En los establecimientos penitenciarios y hospitales se garantizará a la población reclusa y hospitalizada la posibilidad de acceso a estas enseñanzas.


5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de las modalidades presencial y a distancia.


6. Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y otras instituciones o entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.


7. Las Administraciones educativas promoverán programas específicos de Lengua y Cultura Españolas y, en su caso, de la Lengua y Cultura propias de la Comunidad Autónoma, para facilitar la integración de las personas inmigrantes.


Artículo 46. Enseñanza básica.


1. Las personas adultas que pretendan adquirir los conocimientos correspondientes a la enseñanza básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Esta oferta deberá ajustarse a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas Administraciones educativas.


2. Las Administraciones educativas velarán para que todas las personas adultas que tengan el Título de Graduado Escolar puedan acceder a programas o centros docentes que les ayuden a alcanzar la formación básica prevista en la presente ley para la Educación Secundaria Obligatoria.


3. La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario o en centros específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente.


4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años de edad puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En dichas pruebas se valorarán las capacidades generales propias de la educación básica.


Artículo 47. Enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional.


1. Las Administraciones educativas facilitarán a todos los ciudadanos el acceso a los niveles o grados de las enseñanzas no obligatorias.


2. Las personas adultas que estén en posesión de titulación requerida podrán cursar el Bachillerato y la Formación Profesional.


3. Las Administraciones educativas organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza presencial o a distancia, con el fin de dar una respuesta adecuada a la demanda de formación permanente de las personas adultas.


4. Las Administraciones educativas organizarán pruebas a las que podrán presentarse las personas mayores de veintiún años, en la modalidad de Bachillerato que prefieran, para la obtención del Título de Bachiller.


5. Las Administraciones educativas organizarán pruebas para obtener los títulos de Formación Profesional.


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Artículo 48. Profesorado.


1. Los profesores que impartan enseñanzas escolares a las personas adultas que conduzcan a la obtención de un título académico o profesional, deberán estar en posesión de la titulación establecida con carácter general para impartir las correspondientes enseñanzas.


2. Las Administraciones educativas facilitarán a estos profesores la formación especializada necesaria para responder a las características de las personas adultas.


TÍTULO IV

De la función docente

Artículo 49. Funciones del profesorado.


A los profesores de centros escolares les corresponden las siguientes funciones:

a) La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan encomendados.


b) La transmisión de actitudes de tolerancia y respeto a los valores que rigen la convivencia.


c) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades.


d) La cooperación con los servicios de orientación académica profesional.


e) La función de dirección y coordinación de las actividades docentes y de gestión que les sean encomendadas.


f) La participación en la actividad general del centro.


g) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.


CAPÍTULO I

De la Formación del profesorado

Artículo 50. Principios.


1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la actualización y la mejora continua de la cualificación profesional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas.


2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las necesidades especificas relacionadas con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica, la orientación y tutoría, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.


Artículo 51. Formación inicial.


1. Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, será necesario estar en posesión del Título de Especialización Didáctica.


2. El Título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes.


3. El Gobierno regulará los efectos del correspondiente Título de Especialización Didáctica, y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación.


4. Las Universidades podrán organizar las enseñanzas del Título de Especialización Didáctica, mediante los oportunos convenios con la correspondiente administración educativa. Las Universidades podrán incorporar a los planes de estudio de sus titulaciones oficiales las materias incluidas en el período académico de dichos cursos.


5. Finalizados los estudios universitarios correspondientes, los titulados podrán matricularse en el período académico del Título de Especialización Didáctica. Al efectuar la matrícula podrán solicitar la convalidación de aquellos créditos cursados con anterioridad. Las Universidades acreditarán la superación de dicho período académico.


6. En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de idiomas, los estudios requeridos para la obtención del Título de Especialización Didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas.


Artículo 52. Formación permanente.


1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán periódicamente Planes Generales de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando una oferta diversificada y gratuita de estas actividades de formación permanente.


2. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional séptima de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.


CAPÍTULO II

De la valoración de la función pública docente

Artículo 53. Planes de valoración.


1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas, en el ámbito

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de sus competencias, elaborarán planes para la valoración de la función pública docente, con la participación del profesorado.


2. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en la carrera profesional del profesorado, junto con las actividades de formación, investigación e innovación.


Asimismo, prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.


Artículo 54. Evaluación.


1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la evaluación del profesorado. Los resultados de estas evaluaciones se podrán tener en cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de la carrera docente.


2. Las certificaciones de evaluación, en lo que se refiere únicamente a los concursos de traslados de ámbito estatal y a la movilidad entre los cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional octava de esta Ley, surtirán sus efectos en todo el territorio, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas convocatorias.


Artículo 55. Medidas de apoyo al profesorado.


1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con su programación general de la enseñanza, podrán favorecer:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.


b) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.


c) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se determinen.


d) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.


e) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas.


2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros escolares públicos, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.


3. Las Administraciones educativas regularán, en el ámbito de su competencia, la carrera profesional de los funcionarios docentes con los efectos económicos y profesionales que determinen, así como para otros fines de promoción dentro de la carrera docente. Para la elaboración de estas normas específicas se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.


TÍTULO V

De la organización y dirección de los centros docentes

CAPÍTULO I

De la tipología de los centros docentes y su organización

Sección 1.ª De los principios generales

Artículo 56. Régimen jurídico.


Los centros docentes que impartan las enseñanzas a que se refiere esta Ley se regirán por lo dispuesto en la misma y disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido en las demás normas vigentes que les sean de aplicación.


Artículo 57. Clasificación de centros.


1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados.


2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. Se entiende por titular de un centro educativo la persona física o jurídica que conste como tal en el registro de centros de la correspondiente Administración educativa.


3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados.


Artículo 58. Tipología de centros.


1. Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de:

a) Educación Infantil.


b) Educación Primaria.


c) Educación Secundaria Obligatoria.


d) Bachillerato.


e) Formación Profesional.


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f) Enseñanzas Artísticas.


g) Enseñanza de Idiomas.


h) Educación Especial.


2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará por las Administraciones educativas.


Artículo 59. Denominación de los centros.


1. Los centros públicos de Educación Infantil se denominarán Escuelas Infantiles; los de Educación Primaria, Colegios de Educación Primaria; los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, Institutos de Educación Secundaria. Las Administraciones competentes podrán crear y autorizar Centros Integrados de Formación Profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


2. Los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo con lo que dispongan sus reglamentaciones especiales.


Artículo 60. Centros privados en el exterior.


Los centros privados que impartan enseñanzas del sistema educativo español en el exterior deberán cumplir los requisitos que establezca el Gobierno como condición para el reconocimiento de sus estudios y la expedición de los títulos correspondientes.


Artículo 61. Carácter propio de los centros privados.


1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y los derechos reconocidos a profesores, padres y alumnos.


2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el titular del centro.
La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter propio de éste.


Artículo 62. Admisión de alumnos.


1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.


2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán aplicados por el centro docente, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: rentas per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro y condición legal de familia numerosa.


3. Los centros de especialización curricular a que se refiere el articulo 69 de esta Ley, podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente.


4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de las enseñanzas escolares que sean objeto de financiación, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo.


5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, o nacimiento.


Sección 2.ª De los centros con enseñanzas concertadas

Artículo 63. Conciertos.


1. Los centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos previstos en las leyes educativas. A tal efecto, los citados centros deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el pertinente concierto.


2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los conciertos.


3. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.


4. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un mismo titular.


5. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que impartan la enseñanza básica, satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con las finalidades anteriormente señaladas. Las Administraciones educativas

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tendrán en cuenta la demanda social de las plazas escolares en los centros.


Artículo 64. Módulos del concierto.


1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros con enseñanzas concertadas se establecerá en los Presupuestos de las Administraciones correspondientes. En todo caso, la cuantía del concierto satisfará el coste real de las enseñanzas concertadas.


2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas.


3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros.


b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento y conservación y las de reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso se computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.


c) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros con enseñanzas concertadas y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirán de forma individualizada entre el personal docente de aquellos centros, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.


4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior, harán posible que gradualmente la remuneración de aquél sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles.


5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.


6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.


7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.


Sección 3.ª De la autonomía de los centros

Artículo 65. Principios.


1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la educación. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores.


2. Los centros docentes estarán dotados del personal y de los recursos educativos y materiales necesarios para garantizar una enseñanza de calidad.


Artículo 66. Autonomía pedagógica.


1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos.


2. Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades educativas así como los procedimientos de actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades educativas de los alumnos.


3. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro.


4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa.


5. El proyecto educativo de los centros con enseñanzas concertadas deberá incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 61 de la presente Ley.


6. Los centros docentes completarán y desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas.


7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada

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una de las áreas, asignaturas o módulos. Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas enseñanzas.


8. En la elaboración de tales materiales didácticos se garantizará la superación de todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos.


9. Los centros docentes tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área asignatura o módulo, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.


10. Las Administraciones educativas impulsarán los procesos de innovación educativa en los centros y prestarán especial apoyo a los proyectos de investigación educativa encaminados a la mejora de la calidad de la enseñanza y en los que participen equipos de profesores de los distintos niveles educativos.


Artículo 67. Autonomía organizativa.


1. La autonomía organizativa se concretará en la programación general anual y en los reglamentos de régimen interior. La programación general anual será elaborada por el equipo directivo, oído el Claustro.


2. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno en que éstos desarrollan su labor. Asimismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia en los centros y en el control del absentismo escolar.


Artículo 68. Autonomía de gestión económica.


1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.


2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, con los límites que en la normativa correspondiente se establezcan. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que regulan el proceso de contratación y de realización y justificación del gasto para las Administraciones educativas.


3. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a aquellos centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnos con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas.


4. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que éstas determinen, responsabilizando a los Directores de la gestión de los recursos materiales, puestos a disposición del centro.


Artículo 69. Centros docentes con especialización curricular.


1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y de organización contemplada en la presente Ley, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


Estos proyectos tendrán como finalidad conseguir la máxima calidad educativa en los ámbitos correspondientes y servir de referencia para promover programas de innovación.


2. Los centros podrán obtener la especialización a que se refiere el apartado anterior mediante el procedimiento que oportunamente establezcan las Administraciones educativas correspondientes.


3. Los centros docentes podrán añadir a su denominación específica la especialización para la que hayan sido autorizados. Deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.


4. Las Administraciones educativas prestarán un especial apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alguna especialización curricular.


5. La autorización de una especialización curricular podrá ser revocada por la Administración educativa competente en el caso de que el resultado de la evaluación correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos previstos.


Sección 4.ª De los órganos de gobierno, órganos de participación y órganos de coordinación de los centros docentes públicos

Artículo 70. Principios.


1. En los centros docentes públicos existirán órganos de gobierno y órganos de participación en el control y gestión de los mismos.


2. Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los centros velarán para que las actividades de éstos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza.


3. Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros

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de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.


Artículo 71. Tipos de órganos.


1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y de participación en el control y gestión:

a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.


b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen las Administraciones educativas.


2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones de estos órganos, así como su régimen de funcionamiento.


3. Los órganos de participación en el control y gestión del centro evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los resultados de las pruebas externas que se realicen en el mismo.


4. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores, así como los órganos de gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en los planes de evaluación del centro que se les encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que se realicen en el centro.


Artículo 72. Consejo Escolar.


1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.


2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director del centro, que será su Presidente.


b) El Jefe de Estudios.


c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.


d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.


e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, y, asimismo, representante de las Asociaciones de padres y madres de alumnos del centro.


f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, se considerará incluido en el personal de administración y servicios el personal de atención educativa complementaria.


g) El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.


3. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.


4. Los alumnos de Educación Primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas.


5. Las Administraciones educativas regularán las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro.


6. Las Administraciones educativas determinarán el número total de miembros del Consejo Escolar y regularán el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores que lo integran.


7. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de Educación Especial, en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, así como en aquellas unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo y en el artículo 71 de esta Ley a la singularidad de los mismos.


Artículo 73. Atribuciones del Consejo Escolar.


1. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la programación general anual del centro y establecer directrices para la elaboración del proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.


b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo.


c) Decidir sobre la admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.


d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.


e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.


f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.


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g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.


h) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, entidades y organismos.


i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.


j) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.


k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.


l) Elegir sus representantes en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 79 de esta Ley.


m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.


2. Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación específica para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos.


3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, la exigencia de mayoría cualificada en la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.


4. Las Administraciones educativas podrán regular la creación de comisiones dependientes del Consejo Escolar para los objetivos que se determinen.


5. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta entonces las vacantes que se produzcan.
Las Administraciones educativas regularán el procedimiento de renovación parcial, que se realizará de modo equilibrado entre los distintos sectores de la comunidad educativa que lo integran.


Artículo 74. Claustro de profesores.


1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del centro, de acuerdo con sus atribuciones.


2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.


Artículo 75. Atribuciones del Claustro de profesores.


El Claustro de profesores tendrá las siguientes atribuciones:

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual, así como evaluar su aplicación.


b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo y los proyectos curriculares.


c) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro.


d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.


e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la Comisión de selección de Director prevista en el artículo 79 de esta Ley.


f) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.


g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo.


h) Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del Centro.


i) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.


j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.


k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas.


Sección 5.ª De la dirección de los centros públicos

Artículo 76. Atribuciones del Director.


El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) Garantizar el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones vigentes.


b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables.


c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.


d) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.


e) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro.


f) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.


g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación

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del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.


h) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de régimen interior del Centro. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.


i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.


j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.


k) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de innovación e investigación educativa.


l) Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las evaluaciones externas.


m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.


Artículo 77. Equipo directivo.


1. El Director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario, y demás órganos de gobierno, de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro.


2. Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del Director.


3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el cese del Director.


No obstante, la Administración educativa competente cesará o suspenderá a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, antes del término de dicho mandato, cuando incumplan gravemente sus funciones, previo informe razonado del Director, dando audiencia al interesado, y oído el Consejo Escolar.


Asimismo, la Administración educativa cesará a cualquiera de los miembros del equipo directivo designado por el Director, a propuesta de éste mediante escrito razonado, previa comunicación al Consejo Escolar del centro.


4. En los centros de nueva creación, el Jefe de Estudios y el Secretario serán nombrados directamente por la Administración educativa.


5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.


Sección 6.ª De la participación de los Directores de centros sostenidos con fondos públicos en otros órganos

Artículo 78. Participación de los Directores.


Las Administraciones educativas favorecerán la participación de los Directores de centros sostenidos con fondos públicos en órganos de carácter consultivo y participativo.


CAPÍTULO II

Del Director de los centros docentes públicos

Artículo 79. Principios generales.


1. La selección y nombramiento de Directores de los centros públicos corresponde a las Administraciones educativas y se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores, con una antigüedad de al menos cinco años en el ejercicio de la docencia como funcionarios.


2. La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias. En todo caso, se garantizará la participación del Consejo Escolar del centro.


Artículo 80. Requisitos.


Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.


b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario, durante un período de igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas contempladas en la presente Ley.


c) Estar prestando servicios en un centro público, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.


Artículo 81. Nombramiento.


1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las

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Administraciones educativas, consistente en un curso teórico de formación y en un período de prácticas. En cualquier caso, las Administraciones educativas podrán convalidar esta formación por la experiencia adquirida en cargos unipersonales directivos.


2. La Administración educativa nombrará Director del centro que corresponda, por un período de tres años, al aspirante que haya superado este programa.


3. Los Directores así nombrados serán evaluados a lo largo de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva, adquirirán la categoría de Director. Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.


Artículo 82. Nombramiento con carácter extraordinario.


1. En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, la Administración educativa nombrará Director, por un período de tres años, a un profesor funcionario que reúna, al menos, los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad de al menos tres años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia.


b) Haber sido profesor con docencia directa en el aula, durante un período de igual duración, en un centro público.


2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En estos centros, la duración del mandato de todos los órganos de gobierno será de tres años.


3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los centros cíclicos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan enseñanzas artísticas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.


Artículo 83. Apoyo al ejercicio de la función directiva.


1. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes dotando a los Directores de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos educativos propios del centro.


2. Asimismo organizarán cursos de formación de cargos directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales.


Artículo 84. Cese del Director.


1. El cese del Director se producirá en los siguientes supuestos:

a) Finalización del período para el que fue nombrado.


b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.


c) Revocación motivada por la Administración educativa competente por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de Director, previo informe razonado del Consejo Escolar y previa audiencia al interesado.


2. El Director, finalizado el período de su mandato incluidas las posibles prórrogas, deberá participar de nuevo en un concurso de méritos para volver a desempeñar la función directiva.


Artículo 85. Reconocimiento de la función directiva.


1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial, del cargo de Director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas.


2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de Director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente, así como para el ejercicio de otras funciones, dentro del ámbito de la Administración educativa o general, que establezcan las Administraciones competentes.


3. Los Directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el período de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas. En todo caso, se tendrá en cuenta a estos efectos el número de años de ejercicio del cargo de Director.


TÍTULO VI

De la evaluación del sistema educativo

Artículo 86. Ámbito de la evaluación.


La evaluación se extenderá a todo el ámbito educativo regulado en esta ley, se orientará a la permanente adecuación del mismo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación y la propia Administración educativa.


Artículo 87. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.


1. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que pasa a denominarse Instituto Nacional de Evaluación

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y Calidad del Sistema Educativo, realizará la evaluación general del sistema educativo, sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbitos respectivos.


2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la estructura y funciones de este Instituto, garantizando la participación de las Administraciones educativas en el mismo.


Artículo 88. Evaluaciones de diagnóstico general.


1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará evaluaciones de diagnóstico general del sistema educativo, mediante métodos estadísticos de carácter muestral.


2. Las Administraciones educativas participarán en las evaluaciones de diagnóstico del sistema educativo y en las evaluaciones internacionales en las que tome parte el Estado español, mediante las actuaciones que sean necesarias en sus respectivos centros.


3. Las Administraciones educativas desarrollarán, ejecutarán y controlarán las evaluaciones en el ámbito de sus respectivas competencias.


Artículo 89. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.


1. El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo elaborará periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.


2. A los efectos de la elaboración de este sistema de indicadores, las Administraciones educativas colaborarán con el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.


Artículo 90. Plan de Evaluación General del Sistema.


El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, elaborará periódicamente un plan de evaluación general del sistema en el que se determinarán las prioridades y objetivos que el Instituto deberá desarrollar en sus evaluaciones. Este plan contendrá los criterios y procedimientos de evaluación, que se harán públicos con carácter previo.


Artículo 91. Publicación de los resultados de las evaluaciones.


El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo efectuadas y dará a conocer los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.


Artículo 92. Otros programas de evaluación.


1. La Administración educativa correspondiente podrá elaborar planes de evaluación que serán aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicos.


2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión así como los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en la evaluación externa de los centros.


3. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan.


4. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio funcionamiento, de acuerdo con lo preceptuado por la Administración educativa.


TÍTULO VII

De la inspección del sistema educativo

Artículo 93. Inspección del sistema educativo.


1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.


2. Las Administraciones públicas competentes ejercerán la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial. El ejercicio de la función inspectora se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.


CAPÍTULO I

De la Alta Inspección

Artículo 94. Ámbito.


Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le están atribuidas en materia de educación en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.


Artículo 95. Competencias.


En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

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a) Comprobar que los currículos así como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas.


b) Comprobar que las enseñanzas mínimas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos currículos.


c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a niveles, modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda. Asimismo, la comprobación de la duración de la escolaridad obligatoria, de los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro, de las condiciones de obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.


d) Verificar que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.


e) Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza.


f) Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación así como de sus derechos lingüísticos y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado de acuerdo con las disposiciones aplicables.


g) Verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado, así como elevar, en su caso, informes a los órganos competentes en relación con las inversiones en construcciones, instalaciones, equipos escolares y gastos corrientes en materia de dotaciones y retribuciones de personal.


h) Recabar la información necesaria para la elaboración de las estadísticas educativas para fines estatales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los servicios estadísticos del Departamento, especialmente en la Ley de la Función Pública estadística.


i) Elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas.


CAPÍTULO II

De la inspección educativa

Artículo 96. Funciones.


Son funciones de la inspección educativa:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.


b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.


c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.


d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.


e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.


f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.


Artículo 97. Organización de la inspección educativa.


1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.


2. Las Administraciones educativas organizarán su inspección educativa y fijarán el cuadro de sus especialidades.


Artículo 98. Formación de los Inspectores de educación.


1. El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio profesional es un derecho y un deber de los Inspectores de Educación y deberá contribuir a adecuar su capacitación profesional a las distintas áreas, materias, programas, enseñanzas y niveles en los que se ordena el sistema educativo con el fin de poder colaborar en los procesos de renovación pedagógica.


2. La formación de los Inspectores de Educación se llevará a cabo por las distintas Administraciones educativas, en colaboración, preferentemente, con las universidades e instituciones superiores de formación del profesorado.


3. A los solos efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan las respectivas convocatorias.


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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Del calendario de aplicación de la Ley.


El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la extinción gradual del plan de estudios de las enseñanzas de idiomas en vigor, la implantación de los currículos correspondientes, así como las equivalencias a efectos académicos de los años cursados según el plan de estudios que se extingue. Asimismo, se regulará la implantación de las enseñanzas de régimen general y las equivalencias de los títulos afectados por esta Ley. Asimismo, se establecerá la progresiva aplicación de la gratuidad de los libros de texto.


Segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos Acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas.


2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.


3. Las Comunidades Autónomas establecerán el currículum de la opción no confesional. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas, de acuerdo con la Administración educativa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.


4. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza confesional de Religión en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos.


Tercera. De los libros de texto y demás materiales curriculares.


1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.


2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.


3. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.


Cuarta. Del calendario escolar.


El calendario escolar que fijarán las Administraciones educativas comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la Educación Infantil y Primaria, y 170 días para el resto de las enseñanzas escolares.


Quinta. Sobre la admisión de alumnos en caso de no existir plazas suficientes.


1. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de Educación Infantil o de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.


2. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior.


3. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que en cada caso se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 35 de esta Ley.


4. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o de Danza y enseñanzas de régimen general, tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de régimen general que la Administración educativa determine.


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Sexta. De los centros que estén autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.


Los centros docentes privados que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran autorizados para impartir el primer ciclo de la Educación Infantil, quedarán automáticamente autorizados para impartir la educación preescolar establecida en esta Ley.


Séptima. Bases del Régimen Estatutario de la Función Pública Docente.


1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las reguladas por esta Ley y por las normas citadas para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito estatal. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, desarrollará reglamentariamente las bases reguladas por esta ley en aquellos aspectos expresamente previstos por ella.


2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario conforme se expresa en el apartado anterior.


3. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, en su caso, de acuerdo con las áreas, materias, asignaturas y módulos que integran el currículo correspondiente. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.


El número de aprobados no podrá superar el numero de plazas convocadas.
Asimismo, existirá una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo.


4. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que están destinados, con carácter definitivo, a plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, puedan promocionar, por un turno restringido y especial al Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria, manteniendo el destino que ocupan, y siempre que reúnan los requisitos de titulación previstos en esta ley.


5. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.


Éstas se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad y, en su caso, la condición de catedrático, así como la antigüedad en ella, y el ejercicio de cargos directivos.


6. No obstante, la provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de enseñanzas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.


Octava. De la categoría profesional de catedrático y de magister.


Dentro de cada uno de los cuerpos en los que se estructura la función pública docente, la promoción de la carrera profesional permitirá alcanzar, mediante los procedimientos que establecerá cada Administración educativa, una categoría profesional superior, sin necesidad de pasar a ocupar un destino diferente al actual: "categoría de catedrático" para los funcionarios de todos los cuerpos docentes que imparten enseñanzas en la educación secundaria y "categoría de magister" para los funcionarios del cuerpo de maestros

Novena. Del Título de Especialización Didáctica.


1. Las referencias al título profesional de especialización didáctica contenidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se entienden sustituidas por la denominación de Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 51 de esta ley.


2. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y diseño, se requerirá estar en posesión del Título de Especialización Didáctica que se establece en el artículo 51 de

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esta ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.


3. Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y danza, y de arte dramático, será necesario estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y del Título de Especialización Didáctica a que se refiere el artículo 51 de esta ley.


Décima. Concertación de los Programas de Iniciación Profesional.


Los centros con enseñanzas concertadas de Educación Secundaria Obligatoria concertarán los Programas de Iniciación Profesional que, conforme a lo previsto en esta ley, impartan a sus alumnos.


Undécima. Centros Integrados de Formación Profesional.


El nombramiento de la dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional se ajustará a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


Duodécima.


Se establece, con carácter indefinido, el régimen de jubilación voluntaria previsto en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para los funcionarios de los cuerpos docentes que reúnan lo siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos sesenta años de edad, y

b) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado.


Decimotercera.


El Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aportará los recursos necesarios para financiar el gasto público generado por las disposiciones previstas en esta ley.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. De la duración del mandato de los órganos de gobierno de los centros.


1. La duración del mandato del Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será la que corresponda a la normativa vigente en el momento de su nombramiento.


2. El Director y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos cuyo mandato finalice en el año de entrada en vigor de esta ley, seguirán en sus cargos hasta la finalización del curso siguiente al correspondiente a la entrada en vigor de la ley.


3. El Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley continuará su mandato hasta la finalización del mismo, como órgano de participación en el control y gestión del centro y con las atribuciones establecidas en esta ley y en las demás disposiciones que permanezcan vigentes. En todo caso, el Consejo Escolar concluirá los procedimientos iniciados en el ámbito de las competencias que tuviera atribuidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.


Segunda. De la adaptación de los centros que imparten Educación Infantil.


1. Los centros docentes que a la entrada en vigor de la presente ley atienden a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de Educación Infantil, deberán adaptarse a los requisitos que las Comunidades Autónomas establezcan para los centros de educación preescolar.


2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros privados de Educación Infantil que no tengan autorización, podrán obtenerla con sujeción a las normas específicas anteriores a esta ley hasta la aprobación por las Comunidades Autónomas de los requisitos correspondientes.


Tercera. Concertación de la Educación Infantil.


En relación con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la presente ley, las Administraciones educativas, en el régimen de conciertos a que se refiere el artículo 63 de la misma, atenderán las solicitudes formuladas por los centros privados.


Cuarta. Adquisición de la categoría de Director.


1. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que hayan ejercido, con posterioridad a dicha acreditación, el cargo de Director durante un mínimo de tres años con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, adquirirán la categoría de Director.


2. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que estén ejerciendo la dirección en el momento de entrada en vigor de esta ley, adquirirán la categoría de Director una vez transcurridos tres años de dicho ejercicio, tras la evaluación positiva de su labor.


3. Los profesores acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos que no hayan ejercido como Directores o lo hubieran hecho

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durante un período inferior al señalado en el apartado anterior, deberán seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título V de la presente ley para la selección y nombramiento de Director.


Quinta. Vigencia de normas reglamentarias.


En las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.


Sexta. Transformación de los conciertos.


1. Los centros privados que, a la entrada en vigor de la presente ley, tengan concertadas enseñanzas no obligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes. El concierto de estas enseñanzas tendrá el carácter de singular.


2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la transformación de los conciertos se realizará en función de las características siguientes:

Las subvenciones aplicables a los centros de primer ciclo de Educación Infantil se referirán a las enseñanzas de Educación Preescolar, una vez se implanten estas enseñanzas.


Las subvenciones aplicables a los centros de segundo ciclo de Educación Infantil se referirán a conciertos de Educación Infantil, una vez se implanten estas enseñanzas.


Los conciertos con centros de Formación Profesional Específica de Grado Medio, o Superior, se podrán transformar en conciertos de Formación Profesional de Grado Medio, de Grado Superior o, en su caso, de Bachillerato.


Los convenios o subvenciones de Programas de Garantía Social realizados en centros docentes se podrán transformar en conciertos de Programas de Iniciación Profesional o de Formación Profesional de Grado Medio.


Los conciertos con centros de Bachillerato se podrán transformar en conciertos de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior.


3. La transformación de los conciertos conforme a lo señalado en el número anterior requerirá la autorización de las enseñanzas para las que el titular del centro solicite dicha transformación y se producirá, como máximo, por el número de unidades que el centro tuviera concertadas.


4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias.


Séptima.


En cada una de las tres primeras convocatorias de ingreso en la función pública docente, que se produzcan después de la entrada en vigor de la presente ley, habrá un turno restringido para el personal interino de los distintos cuerpos, que se realizarán conforme a un sistema de selección en el que se valorarán conjuntamente los conocimientos sobre los contenidos curriculares que deberán impartir los aspirantes, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, así como los méritos de formación académica y la experiencia docente previa.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.


1. Quedan derogados el artículo 10.1 y la Disposición adicional quinta de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.


2. Quedan derogados los artículos 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 47, 48, 49, 52.1, 53 y 57 d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.


3. Quedan derogados los Capítulos I, II, III, V, del Título I; el Capítulo II del Título II; el Título III, los artículos 3, 5, 6, 31.1 y 2, 32, 39.3, 43.1, 2.° párrafo, 55, 57, 58, 62, 66 y las Disposiciones adicionales segunda, novena, décima, apartado segundo; decimoquinta, apartado primero, y decimosexta, apartado tercero, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


4. Quedan derogados el Capítulo II del Título I, Título II, Título III y los artículos 35, 36, 41 y 43 del Título IV y las Disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta, sexta y octava de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.


5. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


DISPOSICIONES FINALES

Primera.


1. El artículo 54.1 y 2 de Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

" 1. Los Centros Concertados tendrán, al menos, los siguientes órganos:

a) Director.


b) Consejo Escolar.

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