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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 37, de 26/06/2000
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

VII LEGISLATURA

Serie D: GENERAL 26 de junio de 2000 Núm. 37

ÍNDICE

Páginas

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

041/000012 Baja de don Tomás Burgos Gallego como Secretario Segundo de la Comisión de Presupuestos ... (Página 6)

PERSONAL

299/000003 Nombramiento de doña Gracia Marín González y don Mariano José Moreno Maján como miembros del personal eventual para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista ... (Página 6)

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000001 Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ... (Página 6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno 162/000073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al sector naval público ... (Página 17)

162/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación en el seno del Consejo Escolar del Estado de una Ponencia o Comisión Mixta de Educación-Medios de Comunicación ... (Página 19)

162/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para potenciar el aprendizaje temprano de un idioma extranjero ... (Página 20)

162/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de regulación del trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos ... (Página 21)

Página 2


Páginas

162/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre rebaja del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en los productos de higiene íntima femenina más necesarios ...
(Página 23)

162/000080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre ejecución de la comunicación por carretera Oviedo-Grado-La Espina ... (Página 24)

162/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el derecho a una muerte digna ...
(Página 24)

162/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ... (Página 25)

162/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar por el Gobierno que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor tan pronto como entre en vigor ...
(Página 28)

162/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para fomentar el uso de las energías renovables y proceder al cierre de las centrales nucleares ... (Página 29)

162/000085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se crea el permiso de paternidad ... (Página 30)

Comisión de Asuntos Exteriores 161/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre condonación de la deuda externa de los países empobrecidos del sur ... (Página 31)

161/000109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos de consulta al Parlamento ante determinadas situaciones de crisis ... (Página 32)

161/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación en el Perú ... (Página 33)

161/000129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la decisión de Israel de poner fin a la ocupación del Sur del Líbano ... (Página 34)

Comisión de Justicia e Interior 161/000122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de un Plan Especial de Emergencia de Riesgos Químicos ... (Página 35)

Comisión de Defensa 161/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre soluciones a la pérdida salarial de los trabajadores españoles de la base militar de Rota (Cádiz) ... (Página 36)

Comisión de Educación, Cultura y Deporte 161/000119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la Ley de Reforma Universitaria ... (Página 37)

161/000130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de presentar un proyecto de dinamización y extensión de actividades del Teatro Real. ...
(Página 38)

Comisión de Economía y Hacienda 161/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones de reindustrialización de la comarca de Béjar (Salamanca). (Corrección de error) (Página 39)

161/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Economía y Hacienda, previa remisión del informe correspondiente, del Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, para informar sobre la coyuntura de la Economía española; del Secretario de Estado de Comercio y Turismo, para que informe sobre la evolución del Comercio Exterior y del Turismo, así como del Secretario de Estado de Hacienda, para informar sobre las materias relativas al Sistema Tributario ... (Página 40)

161/000127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cesión a los municipios de Agullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, Sant Joan

Página 3


Páginas

les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa i Vidreres, de la titularidad de los edificios de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil ... (Página 41)

161/000128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la transparencia de servicios y tarifas en el mercado de las telecomunicaciones ... (Página 42)

Comisión de Presupuestos 161/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Presupuestos, previa remisión del informe correspondiente, del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes ... (Página 43)

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la comercialización del percebe gallego y la competencia desleal del mismo producto procedente de otros países ... (Página 44)

161/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa ante las instituciones de la Unión Europea del mantenimiento de las ayudas comunitarias a las asociaciones de Productores de Almendra en el marco de la próxima reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) frutas y hortalizas ... (Página 45)

161/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instauración de la tarifa única para las importaciones de banano ... (Página 46)

Comisión de Infraestructuras 161/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para hacer frente a las consecuencias de la tormenta habida en Cataluña el 10-06-2000 ... (Página 47)

161/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejecución de la variante de Cervelló y conexión con la autovía del Baix Llobregat, carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga ... (Página 48)

161/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad marítima en los barcos que prestan sus servicios entre puertos de las Illes Balears ... (Página 49)

161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la canalización del torrente Mal y otras medidas en el municipio de Esparraguera ... (Página 50)

161/000123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre paralización del Estudio informativo "Cierre Norte de la V-30 (Barranco del Carraixet), provincia de Valencia", y desistimiento de su construcción ... (Página 50)

Comisión de Sanidad y Consumo 161/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora ... (Página 51)

Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 161/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia ... (Página 52)

Comisión de Medio Ambiente 161/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un programa de actuación para la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los hábitats naturales ... (Página 53)

161/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión Mesón do Bento-Lindoso ... (Página 53)

161/000124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la depuradora de Benalmádena ... (Página 54)

161/000125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la depuradora de Fuengirola ...
(Página 55)

Página 4


Páginas

161/000131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las depuradoras de Nerja, Algarrobo y Torrox-Costa ... (Página 56)

161/000133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las depuradoras de El Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga ... (Página 57)

Comisión de Ciencia y Tecnología 161/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a antenas de la telefonía móvil ... (Página 58)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa 181/000069 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre medidas para eliminar el potencial peligro que suponen los vuelos rasantes de aviones militares del Ejército del Aire sobre los polígonos industriales de Monzón (Huesca) ... (Página 59)

181/000070 Proposición formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre lugares en que se piensa ubicar la alternativa al actual polígono de tiro militar de las Bardenas Reales ... (Página 59)

181/000073 Pregunta formulada por el Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén (GP), sobre repercusión para el Ministerio de Defensa de la nueva situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara ...
(Página 60)

181/000075 Pregunta formulada por el Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén (GP), sobre planes acerca del edificio del Hospital Militar de Granada ... (Página 60)

181/000098 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Marsal Muntalà (GS), sobre motivo por el que los Guardias Civiles asignados a la Fuerza de la ONU en Timor Oriental patrullan sin armas ...
(Página 60)

Comisión de Economía y Hacienda 181/000068 Pregunta formulada por el Diputado con Celestino Suárez González (GS), sobre cierre de la fábrica de Tabacalera de Altadis, en Gijón (Asturias) ...
(Página 61)

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 181/000086 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Gallego López (GS), sobre situación actual de las Sociedades de Infraestructuras Agrarias ...
(Página 61)

181/000087 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Gallego López (GS), sobre balance del Gobierno sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar o solucionar los problemas de sequía ... (Página 62)

181/000088 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Gallego López (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de las declaraciones contradictorias de empresarios agrícolas y representantes de Organizaciones Agrarias de la Región de Murcia sobre mano de obra agrícola ... (Página 62)

181/000090 Pregunta formulada por el Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre previsiones en relación con la empresa pública COOSUR ... (Página 63)

181/000091 Pregunta formulada por el Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre valoración de la situación del mercado y de los precios del aceite de oliva ... (Página 63)

181/000092 Pregunta formulada por el Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre valoración de la disminución de las rentas agrarias en un 3% durante el año 1999 ... (Página 64)

181/000093 Pregunta formulada por el Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre criterios utilizados para distribuir los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al fomento de la investigación y la mejora de la calidad del aceite de oliva ... (Página 64)

Comisión de Infraestructuras 181/000071 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre actuaciones para mejorar el estado de la carretera N-230, en el tramo que recorre la comarca de la Ribagorza, en Aragón ... (Página 64)

Página 5


Páginas

181/000072 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre fecha prevista para la reanudación de las obras de la carretera N-232, entre Ráfales (Teruel) y el límite de la provincia de Castellón ... (Página 65)

181/000076 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Ceferino Díaz Díaz (GS), sobre fecha prevista para construir la autovía Transcantábrica que unirá la franja norte de la Península Ibérica ... (Página 65)

181/000077 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido (GS), sobre fecha prevista para construir una autovía o autopista que enlace Madrid con Toledo, Ciudad Real y Córdoba ...
(Página 66)

181/000079 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido (GS), sobre proyectos inmediatos relacionados con la implantación de la Alta Velocidad en Toledo .. (Página 66)

181/000094 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre inversiones previstas para acondicionar la antigua carretera N-II en Aragón, concretamente en los tramos del acceso a Aluenda, los tramos entre el Paraje de Marivella y Calatayud y entre Calatayud y Contamina (Calatayud, Terrer, Ateca, Bubierca, Alhama de Aragón y Contamina) ... (Página 67)

Comisión de Medio Ambiente 181/000078 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido (GS), sobre medidas para aumentar la depuración de las aguas de Madrid y paliar la contaminación agresiva de los ríos Jarama, Henares y Tajuña ...
(Página 67)

181/000080 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Riera Madurell (GS), sobre nueva política del Ministerio de Medio Ambiente en relación a los parques naturales ... (Página 68)

181/000096 Pregunta formulada por el Diputado don Sebastián Quirós Pulgar (GS), sobre controles medioambientales que se realizan en el Pantano del Quiebrajano que aseguren la calidad de su agua ...
(Página 68)

181/000097 Pregunta formulada por el Diputado don Sebastián Quirós Pulgar (GS), sobre fase en que se encuentra el estudio de impacto ambiental de la presa de Úbeda la Vieja ... (Página 69)

Comisión de Ciencia y Tecnología 181/000081 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Lissavetzky Díez (GS), relativa a previsiones sobre la transferencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a las Comunidades Autónomas ... (Página 69)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/000089 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Pajín Iraola (GS), sobre previsiones acerca de colaborar con el programa llamado "Vacaciones en Paz" organizado por el Frente Polisario para mejorar temporalmente la situación de los niños saharauis ... (Página 70)

181/000095 Pregunta formulada por el Diputado don Ricard Pérez Casado (GS), sobre cumplimiento por España de los compromisos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo ... (Página 70)

Página 6


COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

041/000012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja, como Secretario Segundo en la Comisión de Presupuestos, de don Tomás Burgos Gallego.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


PERSONAL

299/000003

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del nombramiento de doña Gracia Marín González y de don Mariano José Moreno Maján para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 12 de abril de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña Gracia Marín González y a don Mariano José Moreno Maján, con efectos de 19 de junio de 2000 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000001

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(132) Real Decreto legislativo que aprueba texto refundido.


AUTOR: Gobierno.


Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.


Acuerdo:

Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


REAL DECRETO LEGISLATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, dictada en virtud del mandato contenido inicialmente en la Ley 193/ 1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social y concretado después en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley General de la

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Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, ha llevado consigo numerosas modificaciones en su texto, tanto de manera directa a través de la nueva redacción de algunos de sus preceptos, como de forma indirecta mediante disposiciones legales que han venido a variar o complementar su contenido, resultando en estos últimos aspectos de especial relevancia la renovación llevada a cabo en la legislación reguladora del personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil.
El artículo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, autorizó al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, procediera a la elaboración, entre otros, de un Texto Refundido que regularizase, aclarase y armonizase la Ley 28/1975 y sus modificaciones posteriores con las disposiciones que hubieran incidido en el ámbito del Mutualismo Administrativo contenidas en norma con rango de Ley, plazo que la Disposición adicional segunda de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social prorroga hasta el 30 de junio del presente año 2000.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la conformidad del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de junio de 2000.


DISPONGO:

ARTÍCULO ÚNICO

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que figura como ANEXO.


DISPOSICIÓN FINAL

Única

El presente Texto Refundido entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


ANEXO

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO 1

Disposiciones Generales

Artículo 1. Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

El Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se rige por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, así como por la legislación de Clases Pasivas del Estado.


Artículo 2. Mecanismos de cobertura

Este Régimen Especial queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura:

a) El Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con sus normas específicas.
b) El regulado en la presente Ley.


Artículo 3. Campo de aplicación

1. Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de este Régimen Especial:

a) Los militares de carrera de las Fuerzas Armadas.
b) Los militares de complemento, mientras mantengan su relación de servicios con las Fuerzas Armadas.
c) Los militares profesionales de tropa y marinería, mientras mantengan su relación de servicios con las Fuerzas Armadas.
d) Los alumnos de los centros docentes militares de formación y de los centros militares de formación.
e) Los militares de carrera de la Guardia Civil y los alumnos de los Centros docentes de formación de dicho Cuerpo.
f) Los funcionarios civiles de Cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa que no hayan ejercido la opción de incorporarse al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, así como, en su caso, los funcionarios en prácticas para el ingreso en dichos cuerpos.
g) El personal regido por el Estatuto de Personal del Centro Superior de Información de la Defensa.


La citada obligatoriedad se mantendrá cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentre el personal enumerado, salvo en la de suspensión de empleo y suspensión firme y en los casos de excedencia voluntaria en que el tiempo de permanencia no sea computable a efectos de derechos pasivos.
2. También queda obligatoriamente incluido en el campo de aplicación de este Régimen Especial el personal comprendido en alguno de los apartados del número anterior que pase a retiro o jubilación.
3. El personal que por motivos distintos de los aludidos en el número anterior pierda la condición de militar o funcionario civil o pase a situación de suspensión de empleo, suspensión firme o excedencia voluntaria en que el tiempo de permanencia no sea computable a efectos de derechos pasivos podrá continuar en el campo de aplicación de esta Ley en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.


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4. Cuando una única prestación de servicios sea causa de inclusión obligatoria en este Régimen Especial y en otro u otros Regímenes de Seguridad Social, se podrá optar, por una sola vez, por pertenecer exclusivamente al regulado en esta Ley, salvo que la doble afiliación afecte a éste y a otro Régimen Especial de funcionarios, en cuyo caso se podrá optar, también por una sola vez, por pertenecer a cualquiera de los dos.
5. Queda excluido de la presente Ley y seguirá rigiéndose por sus normas específicas el personal civil, no funcionario, que preste servicios en la Administración Militar.


CAPÍTULO II

Instituto social de las Fuerzas Armadas

Artículo 4. Funciones y adscripción

El mecanismo de Seguridad Social al que se refiere la presente Ley se gestionará a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, adscrito al Ministerio de Defensa.


Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas es un Organismo Público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, y se regirá por las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los Organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el número 2 siguiente.
2. El régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, así como el de intervención y control financiero de las prestaciones y el régimen de los conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica será el establecido por esta Ley y sus normas de desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en las materias que sea de aplicación y supletoriamente por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
3. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas gozará del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.


CAPÍTULO III

Incorporación y cotización

Artículo 6. Incorporación

1. La incorporación a este mecanismo de Seguridad Social será obligatoria para todas las personas incluidas en su campo de aplicación.


2. Reglamentariamente se determinarán los organismos que deben cumplimentar la incorporación de los asegurados y comunicar las altas, bajas y variaciones posteriores que se produzcan, y se establecerán la forma, plazos y procedimientos para realizarlo.
3. Asimismo, se determinarán por vía reglamentaria los supuestos y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen de este Régimen a otros de Seguridad Social e inversamente, a lo largo de su vida profesional.


Artículo 7. Cotización

1. La cotización al Instituto Social de las Fuerzas Armadas será obligatoria para todos los asegurados incluidos en el número 1 del artículo 3, con las siguientes excepciones:

a) Quienes se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares.
b) Los alumnos mencionados en las letras d) y e) del mismo número 1, mientras no perciban retribuciones referidas, aún cuando sea en porcentaje, a uno de los grupos de clasificación.


2. La base de cotización será la que en cada momento se establezca como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.
Para los alumnos que perciban retribuciones referidas a un grupo de clasificación, la base de cotización será el haber regulador que corresponda a su grupo de clasificación.
3. El tipo porcentual de cotización será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
4. La cuota mensual de cotización se obtendrá dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual el tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.
No obstante, la cotización correspondiente a la paga extraordinaria se reducirá, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minore dicha paga como consecuencia de abonarse la misma en cuantía proporcional al tiempo en que se haya permanecido en situación de servicio activo.
Las cuotas correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.
5. Los asegurados del número 2 del artículo 3 están exentos de cotización.
6. El personal que, con arreglo al número 3 del artículo 3, opte por mantener facultativamente su situación de alta cotizará en las condiciones que se determinen reglamentariamente.


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CAPÍTULO IV

Contingencias y prestaciones en general

Artículo 8. Contingencias protegidas

Los asegurados y, en su caso, los familiares o asimilados a su cargo quedan concretamente protegidos, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, en las siguientes contingencias:

a) Necesidad de asistencia sanitaria.
b) Incapacidad temporal, derivada bien de enfermedad común o profesional, bien de accidente común o en acto de servicio, o como consecuencia de él.
c) Inutilidad para el servicio, en los mismos supuestos anteriores.
d) Cargas familiares.


Artículo 9. Prestaciones

Las prestaciones a que tienen derecho los asegurados o sus beneficiarios, cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, serán las siguientes:

a) Asistencia sanitaria.
b) Subsidio por incapacidad temporal, en el caso de funcionarios civiles.
c) Prestaciones económicas y recuperadoras, en su caso, por inutilidad para el servicio, e indemnización por lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter permanente no invalidantes.
d) Servicios sociales.
e) Asistencia social.
f) Prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido.


g) Subsidio especial por maternidad en caso de parto múltiple.


CAPÍTULO V

Prestaciones en particular

SECCIÓN 1.ª

Asistencia sanitaria

Artículo 10. Objeto

1. La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de este Régimen Especial, así como su aptitud para el trabajo.


2. Proporcionará también los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas y, de un modo especial, atenderá a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los inválidos con derecho a ella.


Artículo 11. Contingencias cubiertas

Las contingencias cubiertas por la prestación de la asistencia sanitaria son las de enfermedad común o profesional y las lesiones ocasionadas por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él, sea por accidente o riesgo específico del cargo, así como el embarazo, el parto y el puerperio, en la extensión y términos que en esta Ley se establecen y en los que reglamentariamente se determinen.


Artículo 12. Beneficiarios de asistencia sanitaria

1. La asistencia sanitaria se dispensará a todos los asegurados incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen Especial, así como a los familiares que sean beneficiarios a su cargo.
2. Para la determinación de la condición de beneficiario a cargo de un asegurado de este Régimen se estará a lo dispuesto en el Régimen General de la Seguridad Social.
3. Reglamentariamente se determinarán los supuestos y condiciones en que se dispensará la asistencia sanitaria tanto a los viudos como a los huérfanos de asegurados activos y retirados o jubilados.


Artículo 13. Contenido de la asistencia sanitaria

La prestación de asistencia sanitaria comprende:

a) Los servicios de atención primaria, incluida la atención primaria de urgencia en régimen ambulatorio o a domicilio, y la atención especializada, ya sea en régimen ambulatorio u hospitalario e incluidos los servicios de urgencia hospitalaria, todos ellos con un contenido análogo al establecido para los beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social.
b) La prestación farmacéutica, que incluye las fórmulas magistrales y preparados oficinales, las especialidades y los efectos y accesorios farmacéuticos, con la extensión determinada para los beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social. Los beneficiarios participarán mediante el pago de una cantidad porcentual por receta o, en su caso, por medicamento, que se determinará reglamentariamente.
c) Las prestaciones complementarias, para cuya definición, extensión y contenido se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Régimen General de la Seguridad Social.


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Artículo 14. Forma de la prestación

1. La prestación de asistencia sanitaria se hará efectiva mediante los servicios facultativos, auxiliares y técnico-sanitarios y de hospitalización, propios de este Régimen Especial de Seguridad Social. A tal fin concertará, primordialmente, con la Sanidad Militar, y con los que sean precisos con la Seguridad Social y con los de otras instituciones públicas y privadas, en la forma y condición que reglamentariamente se determinen.


2. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas no abonará los gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice servicios médicos distintos de los que le hayan sido asignados, a no ser en los casos que reglamentariamente se establezcan.


Artículo 15. Dispensación extrahospitalaria de medicamentos

La dispensación de medicamentos y otros productos farmacéuticos para su aplicación fuera de los Centros Hospitalarios se efectuará mediante concierto preferentemente con los servicios farmacéuticos de las Fuerzas Armadas y, en su caso, con las Farmacias civiles, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.


Artículo 16. Sanidad Militar

Lo dispuesto en esta Sección 1.ª ha de entenderse sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponden a la Sanidad Militar en el ámbito logístico-operativo y, consecuentemente, en relación con los accidentes en acto de servicio y las enfermedades profesionales, así como en cuanto se refiere a la apreciación de la existencia o insuficiencia de las condiciones psicofísicas precisas para el servicio y a las demás funciones propias de la misma.


SECCIÓN 2.ª

Incapacidad temporal

Artículo 17. Contingencias protegidas

1. Tendrán la consideración de estados o situaciones determinantes de incapacidad temporal para los funcionarios civiles los de enfermedad, accidente y los denominados períodos de observación en caso de enfermedad profesional.
2. Los permisos o licencias por parto, adopción y acogimiento establecidos en el número 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, no tendrán la consideración de incapacidad temporal. Si al término del permiso continuase la imposibilidad de incorporarse al trabajo, se iniciarán las licencias que dan lugar a la incapacidad temporal.


Artículo 18. Situación de incapacidad temporal

1. Los funcionarios civiles incorporados a este Régimen Especial que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, hayan obtenido licencias por enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de las funciones públicas, se encontrarán en la situación de incapacidad temporal.


2. Asimismo se encontrarán en dicha situación los funcionarios indicados que hayan obtenido licencia a consecuencia de encontrarse en período de observación médica en caso de enfermedades profesionales.


3. Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal la situación de la mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo en los términos previstos en el artículo 69, apartado 3, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
4. La concesión de las licencias y el control de las mismas corresponderá a los órganos administrativos determinados por las normas de competencias en materias de gestión de personal, con el asesoramiento facultativo que, en su caso, estimen oportuno.
5. A efectos de cómputo de plazos, se considerará que existe nueva enfermedad cuando el proceso patológico sea diferente y, en todo caso, cuando se hayan interrumpido las licencias durante un mínimo de un año.
6. La duración de la primera y sucesivas licencias será del tiempo previsiblemente necesario para la curación y con el máximo de un mes cada una de ellas.
7. En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente impedirá definitivamente el desempeño de las funciones públicas, se iniciará, por el órgano de jubilación competente, de oficio o a instancia del interesado, el procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Por Orden ministerial se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar las actuaciones del Instituto y las del órgano de jubilación.


Artículo 19. Duración y extinción

1. La duración y extinción de la situación de incapacidad temporal serán las mismas que las del Régimen General de la Seguridad Social.


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2. Cuando la extinción de la situación de incapacidad temporal se produjera por el transcurso del plazo máximo establecido se prorrogarán los efectos de la situación de incapacidad temporal hasta el momento de la declaración de la jubilación por incapacidad permanente. En aquellos supuestos en que, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la posible calificación del estado del funcionario como incapacitado con carácter permanente para las funciones propias de su Cuerpo o Escala, la misma podrá retrasarse por el período preciso, sin que éste, en ningún caso, pueda dar lugar a que la declaración de la jubilación tenga lugar una vez rebasados los treinta meses desde la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal.
3. El derecho al subsidio económico por incapacidad temporal se entenderá, en todo caso, extinguido por el transcurso del plazo de treinta meses previsto en el apartado anterior.


Artículo 20. Prestación económica

1. En la situación de incapacidad temporal, el funcionario tendrá los siguientes derechos económicos:

a) Durante los primeros tres meses, los previstos en el artículo 69 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964.
b) Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuya cuantía, fija e invariable mientras dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes:

- El 80 por 100 de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes al primer mes de licencia.
- El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.


2. La suma de las cantidades anteriores no podrá exceder del importe de las percepciones que el funcionario tuviera en el primer mes de licencia.


Artículo 21. Personal militar

Lo dispuesto en la presente Sección 2.ª no es de aplicación al personal militar. Cuando el personal militar profesional y de la Guardia Civil padezca insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio tendrá el régimen previsto en sus respectivas Leyes reguladoras y en sus disposiciones de desarrollo.


SECCIÓN 3.ª

Inutilidad para el servicio

Artículo 22. Contingencias protegidas y prestaciones

1. El personal militar profesional y de la Guardia Civil y los funcionarios civiles incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que, como consecuencia de enfermedad o accidente, pasen a retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes, tendrán derecho a pensión complementaria de inutilidad para el servicio cuando la enfermedad o lesión que motivó el retiro o jubilación les imposibilite de forma absoluta y permanente para todo trabajo, oficio o profesión, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en el número 6 de este artículo.
2. Causará, además, la prestación de gran invalidez quien, con derecho a la pensión complementaria de inutilidad para el servicio, acredite que la lesión o enfermedad que originó el retiro por incapacidad le produce pérdidas anatómicas o funcionales que requieran la asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida diaria, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
3. Corresponde a los tribunales médicos militares u órganos médicos civiles competentes, según proceda, la calificación del grado inicial de incapacidad y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas el reconocimiento y pago de la pensión de inutilidad para el servicio y de la prestación de gran invalidez.
4. El personal retirado o jubilado por inutilidad o incapacidad permanentes que, al momento del retiro o jubilación, no alcance el grado de incapacidad absoluta y permanente requerido para acceder a la pensión de inutilidad para el servicio o, poseyendo éste, no sufra las pérdidas anatómicas o funcionales que originan la gran invalidez, podrá solicitar y, si procede, obtener de los tribunales médicos militares la revisión de su grado de incapacidad, una vez transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha de la declaración de retiro o jubilación, siempre que no haya alcanzado la edad fijada con carácter general para el retiro o jubilación forzosa.
5. El derecho a la pensión de inutilidad para el servicio y, en su caso, a la prestación de gran invalidez podrá ejercitarse en cualquier momento posterior al reconocimiento de la pensión de retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes, teniendo en cuenta:

a) Si la solicitud se efectúa dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha de retiro o jubilación y el grado de incapacidad permanente y absoluta quedó acreditado entonces, los efectos económicos se retrotraerán al día primero del mes siguiente a dicha fecha.


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b) En los restantes supuestos, los efectos económicos iniciales de la pensión de inutilidad y de la prestación de gran invalidez se producirán desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de la oportuna petición debidamente documentada.


6. Solamente podrá causar pensión de inutilidad para el servicio y, en su caso, la prestación de gran invalidez quien, en el momento de la declaración del retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes, se encuentre:

a) En la situación administrativa de servicio activo o servicios especiales.
b) En la situación administrativa de reserva, siempre que se ocupe destino asignado por el Ministerio de Defensa o el del Interior, según proceda, de acuerdo con las previsiones de la legislación reguladora del régimen del personal de las Fuerzas Armadas o del régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.


7. La pensión de inutilidad para el servicio se regirá por los preceptos contenidos en la presente Ley y supletoriamente por la legislación de Clases Pasivas.
8. Las prestaciones recuperadoras, en su caso, a que se refiere el artículo 9.1, c) de la presente Ley serán las que se determinen reglamentariamente.


Artículo 23. Régimen de las prestaciones

1. La pensión de inutilidad para el servicio será la diferencia entre la pensión de retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes en el Régimen de Clases Pasivas, computada al año y en su cuantía inicial, y el cien por ciento del haber regulador anual que haya servido de base para el cálculo de la indicada pensión, aun cuando ésta se haya determinado por el doscientos por ciento de dicho haber regulador por tener su causa en acto de servicio. La cuantía mínima de la pensión será el siete por ciento del haber regulador al cien por ciento, sin perjuicio de lo establecido en los números 4 y 5 de este artículo.
La pensión se abonará por meses vencidos y en doce mensualidades.
2. La cuantía de la prestación de gran invalidez, destinada a remunerar a la persona que atienda al gran inválido, será igual al cincuenta por ciento de la pensión de retiro o jubilación de Clases Pasivas, computada al año y en su cuantía inicial, con el límite del cincuenta por ciento del importe máximo establecido para las pensiones públicas en la fecha de arranque de aquélla.
La prestación se abonará igualmente por meses vencidos y en doce mensualidades.
Apetición del interesado o de su representante debidamente autorizado, se podrá conceder la sustitución por el alojamiento y cuidado del individuo a cargo y por cuenta del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en régimen de internado en un centro asistencial adecuado, siempre que estos gastos no representen para el Instituto un incremento superior al diez por ciento de la prestación total.
3. Las pensiones de inutilidad para el servicio y las prestaciones de gran invalidez no serán objeto de revalorización, salvo que se determine otra cosa expresamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
4. La pensión de inutilidad para el servicio tendrá la consideración, a todos los efectos, de pensión pública y le resultarán de aplicación las normas sobre limitaciones de las pensiones públicas.
La prestación de gran invalidez, aun cuando en su caso se abone conjuntamente con aquélla, no tiene la consideración de pensión pública.
5. Si la pensión de retiro o jubilación de clases pasivas más la de inutilidad para el servicio superasen el límite que con carácter anual se fija en la legislación sobre pensiones públicas, el ISFAS minorará o no abonará, según proceda, la pensión reconocida, y dejará en suspenso su devengo hasta que la pensión de inutilidad no esté afectada por el citado límite.


SECCIÓN 4.ª

Protección a la familia

Artículo 24. Prestaciones económicas

1. Las prestaciones económicas de protección a la familia serán de pago periódico y de pago único. Las primeras corresponden a las prestaciones familiares por hijo a cargo y las segundas al subsidio especial por maternidad en los supuestos de parto múltiple.
2. La prestación por hijo a cargo menor de dieciocho años no minusválido se regirá por lo dispuesto en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y su gestión corresponde a las unidades y órganos administrativos que tenían encomendada la de las extinguidas prestaciones de ayuda familiar, sin perjuicio de que, cuando el beneficiario tenga la condición de pensionista, la consignación y abono de las prestaciones reconocidas se efectúen por los servicios correspondientes de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.
3. Las prestaciones por hijo a cargo minusválido, cuya gestión corresponde al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, se regirán igualmente por lo dispuesto en el Capítulo IX del Título II del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4. El subsidio especial por maternidad en el supuesto de parto múltiple tendrá el mismo contenido que en el Régimen General de la Seguridad Social.
5. Las prestaciones de protección a la familia a que se refiere la presente Ley son incompatibles con

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cualesquiera otras análogas fijadas en los restantes regímenes del sistema de la Seguridad Social.


SECCIÓN 5.ª

Servicios sociales y asistencia social

Artículo 25. Servicios sociales

1. Sin perjuicio de la acción social que corresponde desarrollar a las Fuerzas Armadas como actividad propia, la acción protectora de este Régimen Especial podrá incluir los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones.
2. La incorporación a los servicios sociales mencionados se determinará por Orden del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministerios de Defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que se regulará su alcance y régimen financiero.


Artículo 26. Asistencia social

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas dispensará a los asegurados y a sus beneficiarios los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos.
2. Dichos servicios y auxilios económicos tendrán como límite los créditos que a tal fin se consignen en el Presupuesto de Gastos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y su concesión no podrá comprometer recursos del ejercicio siguiente a aquel en que la misma tenga lugar.
3. Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras, las que se dispensen por tratamiento o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo; las determinadas por inexistencia, pérdida o insuficiencia de prestaciones en supuestos concretos; las debidas a gastos de carácter urgente en casos de importancia extraordinaria debidamente justificados; y, en general, cualesquiera otras análogas cuya percepción no haya sido regulada en las normas aplicables a este Régimen Especial.


Artículo 27. Beneficiarios

1. Podrán acogerse a las prestaciones reguladas en esta Sección 5.ª, siempre que reúnan las condiciones en cada supuesto exigidas, todos los asegurados, así como aquellos de sus beneficiarios de asistencia sanitaria que se enumeran a continuación:

a) Cónyuge.
b) Hijos menores de veintiún años o, sin tal límite de edad, cuando padezcan una incapacidad permanente y absoluta que los inhabilite por completo para toda profesión u oficio.


c) Hermanos menores de dieciocho años y los mayores de esta edad que padezcan una incapacidad permanente y absoluta que los inhabilite por completo para toda profesión u oficio.
d) Ascendientes, tanto del asegurado como de su cónyuge, y los cónyuges de tales ascendientes por ulteriores nupcias.


2. Podrán ser también beneficiarios de estas prestaciones los viudos y los huérfanos que sean beneficiarios de asistencia sanitaria según el número 3 del artículo 12 de esta Ley, siempre que, tratándose de huérfanos, sean menores de veintiún años o padezcan una incapacidad permanente y absoluta que los inhabilite por completo para toda profesión u oficio.


CAPÍTULO VI

Régimen económico y financiero

Artículo 28. Régimen financiero

1. Salvo las excepciones que puedan establecerse en las normas reguladoras de este Régimen Especial de Seguridad Social, el sistema financiero del mismo será de reparto y su cuota revisable periódicamente.
2. En los casos en que la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cumplir posibles déficits de cotización o en casos anormales de siniestralidad.


Artículo 29. Recursos económicos

Para el cumplimiento de sus fines, los recursos económicos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas estarán constituidos por:

a) Las aportaciones del Estado a que se refiere el artículo siguiente.
b) La cotización del personal afiliado a que se refieren el artículo 7 y la Disposición adicional primera, 5.
c) Las subvenciones estatales y aquellos otros recursos públicos de naturaleza diversa que le correspondan con arreglo a la normativa vigente.
d) Los bienes, derechos y acciones de las Mutuas que constituyen el Fondo Especial del Instituto.
e) Los frutos, rentas, intereses y cualquier otro producto de sus bienes patrimoniales.
f) Cualesquiera otros recursos privados que se obtengan para el cumplimiento de sus fines.


Artículo 30. Aportaciones y subvenciones estatales

1. El Estado consignará de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones que anualmente concederá

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al Instituto Social de las Fuerzas Armadas para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el apartado f).
2. La cuantía de las aportaciones estatales se determinará mediante un porcentaje de los haberes reguladores a efectos de cotización de derechos pasivos, porcentaje que se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. Se consignarán también anualmente en los Presupuestos Generales del Estado las subvenciones precisas para financiar las prestaciones por hijo a cargo minusválido, así como el déficit que, en su caso, se produzca en el Fondo Especial regulado en la Disposición Adicional Cuarta de esta Ley.
Las aportaciones estatales serán, en todo caso, independientes de estas subvenciones, así como de cualquier otras de las incluidas en la letra c) del artículo anterior.


CAPÍTULO VII

Recursos y régimen jurisdiccional

Artículo 31. Recursos y régimen jurisdiccional

1. Los actos y resoluciones del Director General del Instituto Social de las Fuerzas Armadas no ponen fin a la vía administrativa, pudiéndose recurrir en alzada ante el Ministro de Defensa. Agotada la vía administrativa, podrá recurrirse en la contencioso-administrativa conforme a su Ley reguladora.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior, y en todo caso pondrán fin a la vía administrativa, las resoluciones a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/ 1999, de 13 de enero, y las dictadas en materia de personal por el Director General del Instituto. En estos supuestos, procederá el recurso de reposición, con carácter potestativo, y el contencioso- administrativo con arreglo a su Ley reguladora.


DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Situaciones a extinguir

1. Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de este Régimen Especial:

A) Los Oficiales Generales en la situación a extinguir de segunda reserva.
B) Los militares profesionales en la situación de reserva regulada en la Disposición transitoria undécima, 2, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, así como los miembros de la Escala de la Guardia Real en situación de reserva transitoria.
C) El personal que a continuación se enumera, salvo que, perteneciendo a otro Régimen de Seguridad Social, haya renunciado expresamente al regulado en la presente Ley:

a) El comprendido en alguno de los párrafos del número 1 del artículo 3 que haya pasado a la situación de retiro o jubilación con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
b) Los miembros del Cuerpo a extinguir de Mutilados de Guerra por la Patria, del Cuerpo a extinguir de Inválidos Militares y de la Sección a extinguir de Inútiles para el Servicio, tanto si se encuentran en situación de retiro como de segunda reserva.
c) Los miembros del extinguido Cuerpo de la Policía Armada en situación de retiro o jubilación y del también extinguido Cuerpo de la Policía Nacional que hubieran pasado a la situación de retiro o jubilación antes de 1 de febrero de 1986.
d) Quienes posean la condición de retirados al amparo del artículo 2.º de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.


D) El personal militar en alguna de las situaciones derivadas de la Ley de 17 de julio de 1958, de pase voluntario de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra al servicio de organismos civiles.
E) Los militares de reemplazo durante la prestación del Servicio Militar, incluso en la modalidad de servicio para la formación de cuadros de mando, con el alcance y condiciones fijadas reglamentariamente.


F) Los funcionarios civiles que, procedentes de los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de la Administración Militar, se integraron, respectivamente, en los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de la Administración del Estado en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, siempre que en 1 de febrero de 1986 desempeñasen puesto de trabajo de la Administración Militar o de sus Organismos públicos y en tanto obtengan su primer destino definitivo en puesto de trabajo distinto de los mencionados, salvo que hayan ejercido la opción individual de incorporación al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
G) Los titulares de las plazas no escalafonadas, a extinguir, de Matronas de la Dirección General de la Guardia Civil, salvo que hayan ejercido la opción individual de incorporarse al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.


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2. El personal militar o civil incluido en el número anterior que se haya retirado o jubilado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, no podrá acogerse a las prestaciones contenidas en el párrafo c) del artículo 9.
3. El personal militar perteneciente al Cuerpo a extinguir de Mutilados de Guerra por la Patria que hubiera pasado a retirado o a la situación de segunda reserva de oficiales generales, en aplicación de la disposición final sexta de la Ley 17/1989, continuará excluido de la acción protectora de la pensión de inutilidad para el servicio y de la prestación de gran invalidez reguladas en esta Ley.
4. Los funcionarios mencionados en los párrafos F) y G) del número 1 de esta Disposición Adicional podrán optar, por una sola vez, por causar baja en este Régimen Especial e incorporarse al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, conservando los derechos que tuvieran consolidados en aquél.
5. Los asegurados incluidos en los párrafos B), D), F) y G) del número 1 de esta Disposición Adicional, así como los que, dentro del párrafo E) se encuentren realizando el periodo de prácticas durante el servicio para la formación de cuadros de mando, cotizarán conforme a lo previsto en el artículo 7 de la presente Ley. Los restantes asegurados enumerados en esta Disposición Adicional están exentos de cotización.
6. Los familiares de los asegurados incluidos en el número 1 de esta Disposición Adicional, así como sus viudos y huérfanos, podrán ser beneficiarios de las prestaciones de este Régimen Especial en las mismas circunstancias y condiciones que los familiares, viudos y huérfanos de los restantes asegurados.
7. Los viudos y huérfanos de quienes fueron titulares de una relación de servicios que hubiera llevado consigo la incorporación obligatoria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y que no la obtuvieron por haber fallecido o ser pensionista de Clases Pasivas a la fecha de entrada en vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, podrán continuar incorporados o incorporarse al Instituto, sin cotización a su cargo, siempre que no tengan derecho, por título distinto, a recibir asistencia sanitaria a través de alguno de los regímenes que integran el Sistema de Seguridad Social.
Estas incorporaciones producirán los derechos previstos para los viudos y huérfanos de asegurados incluidos en el campo de aplicación de esta Ley.


Segunda. Prestaciones por minusvalía a extinguir

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas no podrá reconocer prestaciones por minusvalía, cualquiera que sea el concepto y naturaleza de dichas prestaciones, distintas de las establecidas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en las demás disposiciones de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social.
2. Las prestaciones por minusvalía diferentes de las mencionadas y reconocidas por el Instituto al amparo de la normativa anterior se mantendrán "a extinguir" y las que hayan sido transformadas de oficio en la prestación por hijo a cargo que corresponda y fuesen de cuantía superior a ésta, mantendrán el exceso y éste se irá absorbiendo por los aumentos que en la prestación por hijo a cargo se produzcan.


Tercera. Reservistas

1. Durante los períodos de activación, los reservistas temporales y voluntarios que no pertenezcan a algún Régimen público de Seguridad Social quedarán incorporados al Régimen Especial regulado en la presente Ley, con el alcance y condiciones que se fijen reglamentariamente.
2. En los supuestos de incorporación a las Fuerzas Armadas, los reservistas obligatorios tendrán, respecto al Régimen Especial regulado en la presente Ley, los derechos que se determinen en los Reales Decretos que establezcan las normas para la declaración general de reservistas de esta naturaleza.


Cuarta. Mutuas de las Fuerzas Armadas integradas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas garantiza a los socios y beneficiarios de la Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra y de la Asociación Mutua Benéfica del Aire, integradas en el citado Instituto al amparo de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 28/1975, de 27 de junio, las prestaciones que estuvieran en vigor en la Mutua respectiva con anterioridad a treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres.
2. La totalidad de los bienes, derechos y acciones de las dos Mutuas, aportados con su integración al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, constituyen un Fondo Especial al que se incorporan asimismo las cuotas de los mutualistas afectados y los recursos públicos que les correspondan. Las cuotas serán las vigentes a treinta y uno de diciembre de 1973.
3. Los gastos imputables a las Mutuas integradas se financiarán con los recursos del mencionado Fondo Especial, cuyo déficit, en su caso, será cubierto mediante subvención del Estado.
4. No podrán incorporarse nuevos socios a las dos Mutuas integradas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. La opción individual a darse de baja en las mismas podrá ejercitarse en cualquier momento, con pérdida por parte del beneficiario de cualquier prestación y sin derecho a devolución de cuotas.


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5. Las pensiones de las dos Mutuas integradas, abonadas con cargo al Fondo Especial a que se refieren los números 2 y 3 de esta Disposición Adicional, tienen el carácter de pensiones públicas y, consiguientemente, les resultan de aplicación los límites legalmente establecidos tanto para el señalamiento inicial como para su revalorización, así como para la concurrencia de pensiones.


Quinta. Régimen del medicamento

1. A efectos de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley y de acuerdo con la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social será de aplicación a la prestación farmacéutica de este Régimen Especial lo establecido en el artículo 94.6 de la Ley 25/ 1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en la redacción dada por el artículo 109.3 de la citada Ley 66/1997.
2. Las deducciones en la facturación de las recetas correspondientes a la prestación farmacéutica, derivadas de las colaboraciones establecidas o que se establezcan por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con los Colegios de Farmacéuticos se imputarán al Presupuesto de Gastos del ejercicio en que se produzcan como minoración de las obligaciones satisfechas.


Sexta. Suministro de información

1. Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y a petición del mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley General Tributaria, los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones, en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones, a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.
2. Por los Registros Civiles, dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, en colaboración con los correspondientes del Ministerio de Hacienda, se facilitarán al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que aparezcan los hechos respectivos, los datos personales informatizados de todas las defunciones, así como de los matrimonios de las personas viudas.


3. Los datos que se faciliten deberán identificar, en todo caso, nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad y domicilio.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Prestaciones de inutilidad para el servicio anteriores al 1 de enero de 1998

Las prestaciones de inutilidad para el servicio cuyos hechos causantes sean anteriores a 1 de enero de 1998 se regirán:

A) Por el texto inicial de los artículos 22 y 23 de la Ley 28/1975, de 27 de junio, reguladora de este Régimen Especial, si los hechos causantes son anteriores a 1 de enero de 1995.
B) Por el mismo texto del citado artículo 22 y por el texto modificado del artículo 23, según redacción contenida en el artículo 51 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, si los hechos causantes se produjeron desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997, ambos inclusive.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

1. Quedan derogadas cuantas normas de rango legal se opongan a lo establecido en la presente Ley y, de modo expreso, las siguientes:

A) La Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, así como las disposiciones expresamente modificativas de su texto.
B) El artículo 32, número 6, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que se refiere a este Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
C) La Disposición adicional cuarta de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
D) El artículo 63, número 8, de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en lo que se refiere al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
E) De la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989:

a) El artículo 55, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
b) La Disposición transitoria séptima.


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F) La Disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
G) El artículo 106, número dos, apartados 3 y 4, de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
H) La Disposición adicional duodécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
I) Los artículos 75 y 133 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en lo que se refieren al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
J) La Disposición final segunda de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
K) De la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:

a) La Disposición adicional quinta.
b) La Disposición adicional decimoséptima, en lo que se refiere a este Régimen Especial.


L) De la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:

a) El artículo 44, apartado cuatro, en lo que se refiere a este Régimen Especial.
b) El artículo 62, párrafos primero y segundo, en lo que se refiere al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
c) El artículo 82, en lo que se refiere al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.


M) El artículo 50 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo que se refiere al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.


2. Quedan asimismo derogados los artículos 102 a 146, ambos inclusive, y las Disposiciones transitorias, excepto la 7.ª, del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 2.330/1978, de 29 de septiembre, así como cuantas otras normas del mismo o de cualquier otra disposición reglamentaria se opongan a lo establecido en la presente Ley.


DISPOSICIONES FINALES

Primera. Armonización con la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social

Se autoriza al Gobierno para proceder a la armonización de la normativa especial del Mutualismo Administrativo, en lo referente a sus sistemas de recursos económicos, con las previsiones del Artículo 86.2 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública. Y ello sin perjuicio del mantenimiento de las peculiaridades que en cuanto a la forma de realizar la prestación de la asistencia sanitaria se contienen en aquella normativa especial.


Segunda. Título competencial

Este Texto Refundido se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 4.ª de la Constitución.


Tercera. Desarrollo reglamentario

Se faculta al Ministerio de Defensa, previo informe, en su caso, del Ministerio de Hacienda y del de Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar o proponer al Gobierno, según proceda, las normas de aplicación y desarrollo de la presente Ley.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000073

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa al sector naval público.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley

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conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados Carlos Aymerich Cano, Francisco Rodríguez Sánchez y Guillerme Vázquez Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al sector naval público, para su debate en el Pleno.


Los ministros de la UE con competencia en materia de industria naval examinaron en el mes de mayo la crisis de la construcción naval en todo el mundo. La ministra de Ciencia y Tecnología se manifestó, en esta ocasión, partidaria de mantener las ayudas públicas a los astilleros para contrarrestar el efecto de lo que se considera principal causa de la crisis: el efecto de la competencia de Corea del Sur. En todo caso, la ministra aseguró que el sector naval del Estado español no iba a quedar desprotegido, si no se prorroga el sistema de ayudas después del 31 de diciembre de 2000, como había establecido la Comisión Europea.
En este contexto, la SEPI está acelerando los pasos para crear una nueva sociedad que integrará las diferentes empresas públicas de la construcción naval civil y militar. Sería de desear que la nueva reestructuración societaria e industrial no se traduzca en una nueva disminución de la capacidad productiva del Estado español. La fusión Bazán-AESA se hace porque ya no se puede inyectar directamente fondos en el grupo AESA que se encuentra prácticamente en quiebra técnica.
Pero es una ocasión de oro para recuperar el papel que la industria naval española debe jugar en el contexto europeo y mundial, en consonancia con su capacidad tecnológica, su mano de obra cualificada, su capacidad competitiva y su tradición.
Como lo es también para equilibrar el reparto territorial de la carga de trabajo y acabar con las discriminaciones y prohibiciones a las que estaban sometidos algunos astilleros públicos como Astano. No se puede castigar más a unos astilleros y a una industria, ya suficientemente castigada por procesos de reestructuración permanente durante los últimos quince años, que sirvieron para que el reparto de la cuota de mercado dentro de la propia UE se hiciese de forma claramente perjudicial para el Estado Español.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. Tener en cuenta en la reorganización empresarial que se realice con la constitución de la nueva sociedad que integre el conjunto de las actividades de construcción naval civil y militar, los siguientes criterios:

a) La consolidación de las empresas, centros productivos, y del empleo existente.
b) Autonomía empresarial en el contexto de una coordinación global.
c) La implantación de una política comercial agresiva que permita la dotación de carga de trabajo precisa para eliminar la subactividad y recuperar cuota de mercado en el contexto europeo y mundial.
d) El aprovechamiento de las sinergias que justifican la creación de la nueva sociedad, en los ámbitos de la ingeniería, el aprovisionamiento, el financiero, comercial y productivo.
e) El establecimiento de un programa de inversiones orientado a la mejora de las instalaciones y de los procesos productivos, de la calidad, y de la formación de los trabajadores, así como para potenciar el desarrollo tecnológico preciso para la atención de una demanda de creciente valor añadido.
f) El saneamiento y re-estructuración financiera que permita que la nueva sociedad disponga de una estructura financiera acorde con los parámetros racionales desde un punto de vista empresarial, manteniendo un grado de solvencia adecuada, y permitiendo la disminución de los elevados gastos financieros, que gravitan onerosamente en los resultados de las empresas.
g) Una nueva ordenación productiva que permita la constitución de un complejo integral de la construcción naval, sobre la base de las empresas gallegas del sector que se integran en la nueva sociedad, que les permita abordar todo tipo de producción naval civil y militar, al igual que sucede en el sur peninsular.


2. Ante el fracaso del acuerdo de fines de 1994 en el Grupo de Trabajo n.º 6 de la OCDE, impulsar una política estatal y comunitaria, en la OCDE y en la OMC, orientada a la eliminación de todo tipo de ayudas directas e indirectas en la construcción naval mundial, y a la eliminación de las continuas distorsiones del mercado a causa de las prácticas perjudiciales en la fijación de precios, garantizando una competencia equitativa en el sector. Mientras subsista la situación actual, caracterizada por la instrumentación de fuertes medidas de diferente índole por parte de EEW, Japón y

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Corea del Sur y otros estados competidores, para proteger su industria de la construcción naval y el empleo:

a) Exigir la continuación, en el ámbito de la UE, de las ayudas al funcionamiento, ligadas a los contratos, como medida de defensa mínima, extendiéndose a las producciones offshore, ya que, dado el avance experimentado en la construcción naval, y el tipo de construcción dominante en este segmento de la producción, se hace injustificable una consideración diferenciada en relación a la construcción naval convencional.
b) Aplicar medidas orientadas a que la construcción naval española disponga de un nivel de ayudas equivalentes a la de los otros Estados comunitarios, por ser significativamente inferiores, en porcentaje de valor de los contratos, como indica el reciente 8.º Informe sobre ayudas de estado en la UE.


3. Aactuar, en relación con la flota mercante y pesquera española, de forma que:

a) se programe un conjunto de medidas coherentes en la industria marítima que contemple la investigación e innovación, la cooperación en la industria, el desarrollo del transporte marítimo de cabotaje y exterior, con el consiguiente incremento de la demanda doméstica, así como la renovación de las flotas mercante y pesquera.
b) se impulse el establecimiento de una política efectiva de seguridad en los buques, mucho más exigente, que contemple la eliminación de los buques subestándar y de elevada edad, que no reúnan las condiciones necesarias para un tráfico seguro, evitándose la pérdida de vidas humanas y costes ecológicos y económicos de una importancia muy superior a la carga transportada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000076

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la creación en el seno del Consejo Escolar del Estado de una Ponencia o Comisión Mixta de Educación- Medios de Comunicación.
Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno, relativa a la creación el seno del Consejo Escolar del Estado una Ponencia o Comisión Mixta de Educación-Medios de Comunicación.


Motivación

La educación en valores, la formación ético-cívica de todos los ciudadanos es una de las tareas fundamentales que tiene encomendada la Enseñanza. Pero se olvida con frecuencia que en la realización de estas funciones la escuela actúa en el marco de una sociedad mediática, en la que la influencia de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, es tan importante o más que la propia enseñanza en lo que se refiere a la transmisión de valores, modelos de vida y de comportamiento, de éxito social, etc.
Muy frecuentemente los valores transmitidos, por los medios de comunicación a la juventud no sólo no coinciden con lo que debe transmitir la escuela, sino que entran en colisión con ella, de modo que la actividad educativa en este terreno se ve neutralizada o reducida a la irrelevancia.
Existe una alarma social creciente, como consecuencia de la proliferación de fenómenos delictivos graves, protagonizados a veces por adolescentes escolarizados en la enseñanza obligatoria, en cuya raíz muchos detectan elemento derivados de valores negativos que se transmiten sin control por parte de algunos medios de comunicación y que se expresan en modelos de comportamiento en los que prevalecen el culto al éxito a toda costa, el afán de notoriedad, la violencia

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como método ordinario de acción, el individualismo egoísta, etc.
La escuela, conjuntamente con la familia, tiene que realizar su misión esencial de educar en valores. Pero en la sociedad actual ya no lo pueden efectuar sin la colaboración de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Es por ello, que escuela y medios de comunicación deben colaborar y trabajar juntos para abordar esta problemática y, de manera mas inmediata, para abordar aquellas patologías de conductas sociales e individuales que originen alarma social y que afectan a la infancia y a la juventud, cuyo tratamiento requiere un trabajo coordinado entre ambos sectores.


Siendo el Consejo Escolar del Estado el órgano de ámbito nacional a través del cual se realiza la participación de los sectores afectados de la enseñanza, puesto que en él están representados todos los elementos que integran la comunidad educativa, parece adecuado que se le encomiende el tratamiento de cuestión tan grave, con la intervención inexcusable de representantes, al máximo nivel de responsabilidad y decisión en las programaciones, de las empresas de comunicación, particularmente de la televisión, para que constituyan una Ponencia o Comisión Mixta de trabajo que conozca y evalúe de manera conjunta las situaciones existentes y elabore aquellas propuestas de actuaciones coordinadas que estime necesarias, tanto para que las realice la escuela como para que las realicen los medios de comunicación. "El Congreso insta al Gobierno y, particularmente, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.


1. Crear en el seno del Consejo Escolar del Estado una Ponencia o Comisión Mixta de Educación-Medios de Comunicación, con presencia en la misma de representantes de los diversos estamentos de la comunidad educativa que forman parte de dicho Consejo y de representantes de los diversos medios de comunicación que ocupen niveles de máxima responsabilidad y decisión en las respectivas programaciones que realicen.
2. La citada Ponencia o Comisión Mixta deberán estudiar y evaluar la influencia que están ejerciendo los medios de comunicación en la transmisión de valores de distinto signo a la infancia y a la juventud, su influencia en las conductas sociales e individuales de los alumnos, dentro y fuera del ámbito escolar y especialmente de las más graves, y su concordancia o discordancia con los valores ético- cívicos que debe transmitir la escuela.
3. La Ponencia o Comisión Mixta EscuelaMedios de Comunicación propondrá los instrumentos, normas o métodos precisos para establecer una colaboración permanente que permita coordinar eficazmente la actuación en materia de educación en valores entre el sistema educativo y los medios de comunicación, y especialmente para abordar de manera conjunta los fenómenos más graves y la protección de la infancia y la juventud.
4. El informe que dicha Ponencia o Comisión Mixta realice, sus conclusiones y propuestas de actuación, tanto para la Enseñanza como para los medios de comunicación en orden a reforzar su actuación en materia de formación en valores, será remitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al Congreso de los Diputados para conocimiento y debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la presente Proposición No de Ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Victorino Mayoral Cortés, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000077

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley sobre medidas para potenciar el aprendizaje temprano de un idioma extranjero.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rubi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para

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potenciar el aprendizaje temprano de un idioma extranjero para su debate en Pleno.


Madrid, 29 de mayo de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

La educación es uno de los pilares básicos de la sociedad del pleno empleo. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos el convencimiento de que una educación completa contribuirá de forma decisiva a crear una generación de jóvenes preparados y altamente cualificados para competir en buenas condiciones con los países de nuestro entorno.
Para ello, una de las primeras medidas, debe ser potenciar el aprendizaje temprano de una lengua extranjera. Está comprobado que los niños asimilan con más facilidad los conocimientos a edades más tempranas. Hasta ahora habíamos desaprovechado ese potencial de nuestros niños, pero es hora de aplicar políticas decididas que redunden en una óptima preparación de nuestros escolares.
Otra de las medidas a adoptar es implantar, con carácter general, el inicio del aprendizaje de un idioma extranjero a partir de los tres años de edad. Esta medida debe contribuir de forma decisiva a una mejora de la calidad, incrementando la confianza en las posibilidades de nuestro sistema educativo para que pueda avanzar al ritmo exigido por los nuevos tiempos y al ritmo que demanda la sociedad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la generalización del estudio de un idioma extranjero en el primer ciclo de la educación primaria y a ofertar estas enseñanzas en la educación infantil."

162/000078

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley de regulación del trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de regulación del trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, para su debate en el Pleno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Griñán Martínez, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Exposición de motivos

El supuesto de hecho principal que regula el Derecho del Trabajo es el trabajo dependiente y por cuenta ajena que realiza un trabajador para un empresario (artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) Queda, pues, fuera de su ámbito de aplicación el trabajo autónomo, independiente o por cuenta propia (artículo 1.3 de la misma norma).
La ley excluye al trabajador independiente o autónomo que "realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ello a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otra persona" (artículo segundo.
uno, del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos).
Esto no obstante, la Disposición Final Primera de la Ley del Estatuto de los Trabajadores señala que "el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por

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precepto legal se disponga expresamente". Este es el caso de la actual normativa de salud e higiene en el trabajo. Igualmente, los socios de cooperativas de trabajo asociado, para los que la legislación de cooperativas prevé su sometimiento a ciertas normas del Derecho del Trabajo; los aparceros, para los que la Ley de arrendamiento rústicos de 1980 prevé la aplicación de las normas laborales en ciertas condiciones, y el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que reconoce el derecho de aplicación sindical limitadamente a los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio.
Por su parte, la Seguridad Social, que surgió para atender los problemas de la clase obrera, ha extendido más allá de la figura del trabajador por cuenta ajena su campo de aplicación, y ha creado regímenes especiales para sectores de actividad específicos, o para figuras ajenas al campo laboral.
De este modo, incorpora a su ámbito nuevos sujetos que desarrollan su actividad, no ya bajo la figura jurídica del contrato de trabajo, sino mediante otras relaciones jurídicas. Para ello la normativa de Seguridad Social ha partido del concepto de trabajador del Derecho del Trabajo, pero también ha tenido que utilizar el concepto de asimilados para poder alistar, bien en el régimen general o en los especiales, a los nuevos sujetos colectivos que, como consecuencia de la evolución económica, social y del mercado de trabajo, han ido adquiriendo protagonismo social.
A esta situación del trabajo por cuenta propia o autónoma, en relación con el trabajo por cuenta ajena, hay que añadir la realidad del trabajo a tiempo parcial.
En nuestro acervo jurídico el trabajo a tiempo parcial solamente existe en la medida en que se efectúa en una relación laboral por cuenta ajena o dependiendo de un empresario. En nuestro Derecho, pues, solamente puede hablarse de trabajo a tiempo parcial cuando la actividad es desarrollada por un trabajador con contrato de trabajo, según la definición del artículo 1.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
No ocurre igual en nuestra realidad social. Es obvio que muchas actividades pueden desarrollarse por cuenta propia durante una parte no relevante del tiempo diario disponible, bien sea porque se trata de actividades compartidas con otro tipo de ocupaciones no remuneradas, bien sea porque la actividad por cuenta propia no ocupa más que breves lapsos de tiempo para poder desarrollarse. Ejemplo: Un comercio, propiedad de tres personas, en régimen de autonomía, que se reparten la atención del mismo, a lo largo de la semana, entre las tres, dando lugar, como máximo, a un desempeño profesional no superior a veinte horas profesionales por cada una de ellas. Es obvio que se trata de una realidad de trabajo por cuenta propia que, al desempeñarse durante un período de tiempo, de haberse desarrollado por cuenta ajena, se consideraría a tiempo parcial. Es evidente que, desde el punto de vista social aunque no jurídico, es un desempeño a tiempo parcial.
Hay por lo tanto una discrepancia entre la realidad social y jurídica que perjudica a los que trabajan por cuenta propia, toda vez que la única normativa de regulación que les afecta, la normativa de Seguridad Social, no contempla el trabajo autónomo sino de forma unívoca, sin atender a las diferentes modalidades de desempeño que pueden darse en una actividad.
El sistema de Seguridad Social cumple un mandato constitucional que trata de reparar situaciones de necesidad y que para organizarse institucionalmente ha adoptado en nuestro país un sistema básicamente profesional y contributivo. Esto significa que la acción protectora esta en función de las contribuciones de los beneficiarios y éstas, a su vez, se derivan de la realidad de su desempeño profesional.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena se ha admitido, y hasta financiado, el trabajo a tiempo parcial. El legislador ha considerado que es una opción de empleo que merece obtener un trato ventajoso, desde el punto de vista de la contributividad, por parte de los poderes públicos.
En cambio, el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial no es contemplado de ninguna forma por el legislador. Lo cual implica una clara discriminación sin fundamento que merece ser corregido:

- Primero, porque está disuadiendo a muchas personas de entrar en la actividad productiva, al exigírseles por la Seguridad Social unas aportaciones que, a todas luces, les sobrepasan el umbral mínimo de beneficios que les reportaría su desempeño.
- Segundo, porque aboca a muchas personas que desarrollan actividades profesionales por cuenta propia a tiempo parcial, a mantenerse en una situación de actividad sumergida y no declarada, por la razón anteriormente expuesta.


Todo ello conduce a que una regulación a tiempo parcial en el régimen de autónomos sería enormemente beneficiosa desde el punto de vista del empleo y, sobradamente, justificada desde el punto de vista de la equidad. Cierto es que el legislador ha de extremar las cautelas para que no se produzcan situaciones fraudulentas, pero, en ningún caso, un posible fraude puede impedir una regulación que es justa en sí misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medias legales necesarias para regular, dentro del Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social y de los distintos sistemas de trabajadores por cuenta propia, incluidos en otros Regímenes, la situación de desempeño profesional a tiempo parcial.
Dicha posibilidad se establecerá para los trabajadores por cuenta propia que, sin tener trabajadores por

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cuenta ajena a su servicio, desarrollen personalmente la actividad que da lugar a su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en cualquiera de los distintos sistemas de trabajadores por cuenta propia integrados en los otros Regímenes de Seguridad Social.
Asimismo, se fijarán cotizaciones y prestaciones proporcionales al tiempo efectivamente trabajado en la actividad productiva."

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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre rebaja del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en los productos de higiene íntima femenina más necesarios.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley al Pleno.


Exposición de motivos

El consumo de productos de higiene íntima representa para las mujeres una necesidad primordial y regular.
Se calcula que el gasto que realizan las mujeres del Estado español en estos productos asciende a unos 44.000 millones de pesetas anuales.
Sin embargo, estos artículos están grabados como productos de consumo, lo cual comporta que, para las mujeres, un artículo sanitario indispensable se convierta en un producto de lujo. Este hecho supone una discriminación para las mujeres, puesto que se trata de productos higiénicos que evitan muchas infecciones y que son necesarios para todas las mujeres desde la adolescencia hasta la retirada de la menstruación, es decir, durante un período muy amplio de su vida.
Actualmente, los productos sanitarios sólo pagan un 7% de IVA y los medicamentos únicamente son grabados con un 4%, mientras que las compresas y tampones, que no están considerados como material sanitario ni como medicinas, son grabados con un 16%, hecho que va en detrimento de las consumidoras y representa una discriminación económica y social para un colectivo muy amplio.
No debe olvidarse, en este sentido, que las mujeres representan el 52% de la población mundial, y son un colectivo heterogéneo y numeroso que se ha visto discriminado durante siglos. Así, su avance hacia la igualdad de oportunidades ha sido un camino lleno de obstáculos, hasta el punto que todos los logros legales conseguidos no han permitido alcanzar una paridad real en la vida cotidiana.
Por todo ello, los gobiernos deberían esforzarse en revisar sus políticas económicas para hacer posible la igualdad de oportunidades para las mujeres. En esta línea, la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres, celebrada en Pekín el año 1995, recogió entre sus objetivos y acciones estratégicas algunas propuestas para paliar esta situación, y sugirió reformas administrativas, análisis y programas con el objetivo de superar la desigualdad que padecen las mujeres en el terreno económico.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar las gestiones necesarias para que el Ministerio de Hacienda rebaje al 4% del Impuesto de Valor Añadido en los productos de higiene íntima femenina más necesarios (compresas y tampones)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre ejecución de la comunicación por carretera Oviedo-Grado-La Espina.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados se formula la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno.


La Comunicación entre Oviedo-La Espina, en el Occidente de Asturias, además de suponer una parte fundamental de los compromisos de infraestructuras de los Fondos Mineros, es al tiempo, una obra imprescindible para el Occidente de Asturias y su desarrollo. Sin embargo, a pesar de que estaba incluida en la primera fase de los Fondos Mineros, y por tanto prevista su realización antes del 2001, cada día que pasa es más evidente el retraso en la ejecución de dicha obra en la que tan sólo se encuentra adjudicado uno de sus tramos.


Por otra parte, mientras el Gobierno ha comprometido ante los sindicatos mineros y los Alcaldes del Occidente de Asturias, la ejecución del tramo OviedoSalas como autovía, sin embargo, hoy por hoy la mayor parte de los tramos están previstos como vía rápida, cuando no como acondicionamiento general.
Aestas incertidumbres hay que sumar ahora la decisión de destituir al Responsable de Carreteras en Asturias, al parecer por sus errores en los trámites de expropiación de Oviedo-La Espina.
Hay que recordar que desde su inicio, la comunicación Oviedo-La Espina, viene siendo objeto de "controversias técnicas" como han sido su inicial convocatoria en régimen de proyecto y obra, para luego anularla, las dudas en relación a su carácter de carretera rápida o de autovía y recientemente el anuncio frustrado de adjudicación del tramo Latores-Trubia, en el Consejo de Ministros.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno en relación con la comunicación por carretera OviedoGrado- La Espina:

1. Ala ejecución de todos sus tramos Latores-Trubia, Trubia-Grado, Grado-Cornellana-Salas y LleraGrado en régimen de Autovía y del tramo Salas-La Espina como vía rápida.
2. Ala agilización en la ejecución de la comunicación por carretera entre Oviedo-Salas-La Espina:

2.a. Con la adjudicación inmediata de los tramos Latores-Trubia, Llera-Grado y Salas-La Espina.
2.b. Con la agilización de los trámites pendientes en Grado- Cornellana-Salas y Trubia-Grado.


3. A disponer una partida sustancial (6.300 millones, comprometidos para el 2001) para el próximo período 2001-2003, de manera que se garantice su culminación durante el año 2003.
4. A realizar un estudio sobre la posible prolongación de la mencionada autovía Oviedo-Salas para articular el Occidente Interior y el Occidente Costa asturianos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre el derecho a una muertedigna.


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho a una muerte digna, para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado José Antonio Labordeta Subías, de Chunta Aragonesista.


Exposición de motivos

El verdadero respeto a la dignidad humana implica el respeto a la voluntad humana, incluida la de alcanzar la muerte cuando ya nada se puede hacer por devolver a la vida la calidad a la que todo ser humano tiene derecho.
La dignidad es un valor socialmente reconocido, pero que se concreta de forma individual. Sólo uno mismo puede determinar si su propia existencia tiene o ha dejado de tener dignidad.
La Asociación "Derecho a Morir Dignamente", que nació para defender esa dignidad humana en relación con el acto concreto de la muerte, tiene entre otros objetivos:

a) promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; b) defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales a, llegado el momento, morir pacíficamente y sin sufrimientos, si es éste su deseo expreso; c) difundir y buscar el reconocimiento de un documento donde el firmante, mayor de edad, libre y conscientemente pueda establecer por escrito disposiciones acerca de su muerte.


Por otro lado, la sociedad está demandando un paso más en la despenalización de las conductas tendentes a causar o cooperar activamente con actos necesarios directos en la muerte de otra persona, previa petición expresa e inequívoca de ésta, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a la muerte, o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.
El artículo 15 de la Constitución dice que "todos tienen derecho a la vida". En este sentido la asociación "Jueces para la Democracia" ya pidió que ese artículo que proclama el derecho a la vida, se interprete de modo que reconozca el derecho a una muerte digna, porque la vida impuesta no puede ser un bien jurídico a proteger.
Por todo ello, presentamos la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a:

1. Que ponga a disposición de la ciudadanía, a través del Ministerio de Sanidad, un documento identificado como Testamento Vital, en el que toda persona que lo desee, pueda establecer, delante de testigos, por escrito y mediante acta notarial, su voluntad expresa e inequívoca de no ser mantenida con vida por métodos extraordinarios y artificiales, siempre que posea una enfermedad incurable y dolorosa que le conduzca irremediablemente a una muerte segura, o que produzca graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.
2. Que promueva la reforma del artículo 143.4 del Código Penal vigente, con el objeto de despenalizar las conductas contempladas en dicho párrafo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000082

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de

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Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos

En la reunión de los días 4 y 5 de junio de 1999, el Consejo Europeo consideró necesario redactar una Carta de los Derechos Fundamentales con el objetivo de hacer dichos derechos más visibles a los ciudadanos. Se señaló también que la Carta debería recoger los derechos de libertad y de igualdad y los derechos de procedimiento, garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros en tanto que principios generales del Derecho comunitario. La Carta debe recoger asimismo los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. Por otra parte, en la elaboración de la Carta habrá que tener en cuenta los derechos económicos y sociales que recogen la Carta Social Europea y la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, en la medida en que no establecen únicamente objetivos para la acción de la Unión. Los días 15 y 16 de octubre de 1999 en Tampere, el Consejo Europeo se pronunció sobre la composición y las modalidades de funcionamiento de un cuerpo (hoy denominado "Convención"), encargado de elaborar el proyecto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Las razones para la elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea son, ante todo:

- reforzar la defensa de los derechos individuales y colectivos fundamentales ante el aumento del poder propio de las instituciones de la Unión europea;

- dejar más claro a los ciudadanos que Europa garantiza y protege sus derechos, constituyendo así una comunidad fundada no sólo en la pertenencia territorial a un conjunto económica, sino en un patrimonio compartido de valores comunes como la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad la seguridad y el respeto a la diversidad. Por ello, la Carta debe garantizar a los ciudadanos de la Unión una protección ante los efectos nefastos de un enfoque estrictamente económico. Este es el sentido de una Carta sobre los derechos fundamentales sociales con carácter vinculante; - identificar el conjunto de principios y de derechos fundamentales que constituyen la identidad europea en las relaciones con los terceros países, y permitir a los países candidatos tener una visión clara de la naturaleza de la Unión a la que aspiran adherirse; - armonizar el sistema de protección de los derechos fundamentales de la Unión codificándolo. Esta codificación debe entenderse en el sentido amplio y anglosajón del término (restatement), es decir, como un desarrollo progresivo del derecho. No puede ser una operación neutra.


De este modo, la elaboración de dicha Carta debe contribuir a conferir a la Unión Europea una sólida dimensión política, democrática y social.
Además, la Carta debería definir los derechos aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea, a toda persona que resida en el territorio de la Unión Europea y a las personas que se encuentren de paso por el territorio de la Unión, teniendo en cuenta que el artículo 12 del Tratado CE prohíbe cualquier discriminación por razón de nacionalidad, y el artículo 13 recoge la cláusula general de no- discriminación.
La Carta de derechos fundamentales de la Unión debería, por otro lado, reconocer la indivisibilidad de los derechos fundamentales. Su ámbito de aplicación debe extenderse a todas las instituciones y órganos de la Unión, así como a todas sus políticas, incluida la que se sitúa dentro del segundo y tercer pilares.
En relación con los derechos civiles, directamente relacionados con los principios de la ciudadanía europea, la Carta debe recoger los derechos a dirigirse al Defensor del pueblo, al voto, a la elegibilidad y la representación equilibrada de las mujeres y los hombres, al reconocimiento de las organizaciones representativas de la sociedad civil, el derecho de petición a la protección diplomática y consular y el derecho de consulta popular.
Rechazando la imperceptible frontera entre "derechos humanos" y "derechos fundamentales", la Unión debería recoger bajo la categoría de derechos de la persona:

- el conjunto de los derechos protegidos por las distintas organizaciones y convenios internacionales. La Carta no puede permitirse asegurar una protección

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más restringida que las que están en vigor, Además, en aras de la visibilidad y de la accesibilidad, dichos derechos no deberán ser objeto de una simple referencia, sino que deberán estar formulados íntegramente;

- los derechos de reciente formulación como los relativos a la protección de los datos personales o a la bioética; - el carácter universal de estos derechos implica que la Unión deberá aplicar una política extranjera que no sea contradictoria con las disposiciones de la Carta. En concreto, la Unión debe comprometerse claramente en lo que se refiere al derecho de asilo y al derecho de injerencia.


En cuanto a los derechos sociales, fueron postergados en su momento por el pragmatismo de los fundadores de la Unión, que dieron prioridad a los intereses económicos, y el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sólo les otorgó una protección rudimentaria. Sin embargo, estos derechos permiten conformar no sólo los fundamentos de una justicia social, sino también la definición de los criterios indispensables para la integración europea y para la competencia: en efecto, la modernización exige un fácil acceso a los servicios de formación a lo largo de toda la vida. Asimismo, la integración de las economías pierde su sentido sí no se prevé la libre circulación de los trabajadores y las pasarelas entre los sistemas de protección social.
Considerando el escaso alcance de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, es necesario dotar a la Carta de un estatuto ambicioso, que defina un nivel de protección de los derechos superior al que resulta de la combinación actual de los textos y de la jurisprudencia. El Convenio también debe trabajar en la perspectiva de una integración de la Carta en los Tratados, tanto en la forma como en el fondo. En este sentido es esencial permitir un recurso efectivo de los particulares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vaya más allá de los procedimientos anteriores.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Considera necesario profundizar en el proceso de construcción europea, con el objetivo de alcanzar una unión política desde la que afrontar con plenas garantías de éxito los desafíos de la ampliación al Este y, en términos más generales, los imperativos de la globalización económica y la nueva economía.
2. Estima que esta unión política debe culminar pasos tan fundamentales y positivos como la puesta en marcha de la moneda única, a través de un proceso de constitucionalización de la Unión Europea, basado en la definición de una auténtica ciudadanía europea, con la que puedan identificarse claramente los hombres y las mujeres que viven en cada uno de los Estados miembros, actuales o futuros.
3. Cree, para ello, imprescindible elaborar y, en su momento, aprobar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que defina esa ciudadanía y lo haga de manera complementaria con los preceptos constitucionales de los países que forman la Unión Europea.
4. Coincide plenamente con el Parlamento Europeo al proponer que la Carta de Derechos Fundamentales tenga carácter vinculante y protección jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y sea, para ello, incluida como parte del nuevo Tratado que apruebe, en su momento. La Conferencia Intergubernamental.
5. Insiste asimismo en que la Carta recoja la más amplia y avanzada gama de derechos políticos y sociales y comprometa a los Gobiernos y poderes públicos en el mantenimiento de un sistema público de protección social, en especial, de la salud, y en relación con el desempleo, la vejez y la incapacidad; así como el derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario mínimo, a la enseñanza, al uso de los servicios públicos, a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la información y consulta de los trabajadores y a la huelga, entre otros, todo ello en coherencia con el desarrollo del modelo social europeo y en consonancia con la Carta Social Europea.
6. Demanda además que la Carta contemple los derechos llamados de nueva generación y muy especialmente los referidos a la democracia paritaria entre el hombre y la mujer y a un medio ambiente sostenible, así como los relacionados con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, como el principio de precaución.
7. Llama a que la Carta sea de absoluta aplicación para todos los hombres y todas las mujeres que viven y trabajan en la Unión, sean o no nacionales de sus Estados miembros, garantizándose nítidamente la no-discriminación y asumiendo el derecho de asilo.
8. Está persuadido de que la adopción de una Carta que tenga las características citadas reforzará aún más el papel de la Unión Europea en la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, como uno de los objetivos esenciales de la Política Exterior y de Seguridad Común.
9. Insta al Gobierno para que sus propuestas en la Convención se orienten en el sentido señalado en esta resolución.
10. Encarga a su Presidenta que transmita esta resolución al Gobierno y a las instituciones de la Unión Europea, así como, especialmente, al Presidente de la

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Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2000.-Diego López Garrido, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000083

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar por el Gobierno que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor tan pronto como entre en vigor.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar por el Gobierno que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor tan pronto entre en vigor, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos

El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad de los Menores, establece que la competencia para la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas, las cuales las llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización.
El 13 de enero de 2001 entra en vigor la mencionada norma sin que hasta la actualidad se hayan producido negociaciones bilaterales, ni se haya reunido las Comisiones Mixtas de Transferencias para que puedan garantizarse de manera efectiva los derechos recogidos en dicha Ley.
Los objetivos previstos en esta Ley de reinserción de los jóvenes infractores se verán inevitablemente frustrados si no se procede por parte del Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan hacer frente al coste económico que la norma comporta para su plena aplicación, así como si no se realizan importantes reformas orgánicas, desarrollo reglamentario y la dotación del número de plazas de fiscales necesarias.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar todas las medidas necesarias que permitan la plena aplicación, con todas las garantías, tan pronto entre en vigor la Ley Orgánica 5/2000, debiendo a tal efecto:

- Convocar con carácter urgente las Ponencias técnicas previas a las Comisiones Mixtas de Transferencias a fin de acordar el traspaso de los medios necesarios que permitan a las Comunidades Autónomas hacer frente a las competencias que dicha Ley les atribuye.


- Realizar las reformas orgánicas precisas, así como dotar las plazas necesarias de Magistrados, Fiscales y miembros de los equipos técnicos que permitan atender las necesidades reales que se derivan de esta Ley.


En el supuesto de no realizarse los traspasos a las Comunidades Autónomas de una manera inmediata el Gobierno procederá a convocar una reunión de todos los responsables de las CCAA en esta materia a fin de valorar la necesidad de la ampliación de la vacatio legis de la Ley por el plazo que resulte imprescindible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2000.- Carmen del Campo Casasús, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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162/000084

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre medidas para fomentar el uso de las energías renovables y proceder al cierre de las centrales nucleares.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de IU presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la Camara.


La energía nuclear cada vez cuenta con menos adhesiones. No se trata solo de que 7 de los 15 países miembros de la UE carezcan de centrales nucleares, destacando entre ellos Italia (país que consume un 50% más de electricidad que el nuestro) que cerró sus centrales tras un referéndum. O que Suecia haya iniciado el cierre acordado de sus plantas, tambien acordado en referéndum. Es que incluso países que en su momento apostaron por este tipo de energía, hoy tienen el cierre de sus centrales como prioridad política. Un buen ejemplo es Alemania, que no solo cerró tras la unificación las centrales nucleares de la extinta RDA, sino que se apresura a iniciar un cierre escalonado de las que ahora funcionan. Otro buen ejemplo es EE.UU.
donde no se solicita una sola central desde hace más de 20 años y donde el número de plantas clausuradas en distinta fase de construcción supera ampliamente el de las que funcionan.
Incluso en Francia la energía nuclear pasa por malos momentos debido a la moratoria en la construcción de nuevas plantas decretada por el gobierno de la izquierda plural que ya clausuró el reactor reproductor "Superphoenix". Y otro tanto ocurre en Japón, fuertemente conmocionado por el accidente "que evidentemente nunca podía ocurrir" de Tokaimura, que probó que los controles sobre este tipo de energía son insuficientes incluso en los países con más nivel tecnológico. El segundo muerto se produjo el día 26 de Abril pasado, coincidiendo con el aniversario del accidente de Chernobil.
La opinión pública española también es contraria al uso de esta energía. Así lo prueban sucesivos estudios de opinión pública de organismos nada sospechosos de veleidades ecologistas como son el CSN o el Foro Atómico Español (hoy Foro Nuclear). Según publicó el semanario Francés "L'Expres" en Marzo de 1999 "los ciudadanos españoles son los más opuestos a la energía nuclear". Un 54% de los españoles desea el abandono de la energía nuclear frente a un 38% de británico, un 28% de alemanes o un 22% de franceses". El estudio es aún más claro: aunque la mayoría de los ciudadanos europeos son partidarios de "no construir nuevas centrales nucleares, pero aprovechar las existentes", los españoles prefieren también cerrar las ya existentes. En plena coherencia con lo anterior, los españoles son quienes menos confían en la seguridad de sus centrales nucleares y quienes afirman estar peor informados al respecto. El gobierno español no solo ignora pues las tendencias que se dibujan en todo el mundo industrializado, sino su propia opinión pública.
Frente al declive de esta fuente energética, las energías renovables se están implantando de forma acelerada en toda Europa. La Unión Europea ha establecido el compromiso de que para el año 2010 el 12 % de la energía consumida sea de estas fuentes. Algo que también contempla la vigente Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/97) para nuestro país. A finales de la pasada legislatura se hizo público el Plan de Fomento de las Energías Renovables que definía la estrategia para alcanzar dicho porcentaje. Pocos días después el gobierno estableció en el Decreto de Tarifas eléctricas para el año 2000 una reducción de las primas y apoyos a estas fuentes renovables que no ayuda mucho a cumplir estos objetivos. De acuerdo con estimaciones de la APPA(que agrupa a un buen número de productores de energías renovables) la bajada de tarifas suponía un recorte de ingresos para los productores de renovables de unos 4500 millones de pesetas sobre una facturación total de unos 80.000 millones. Por el Contrario, para las grandes empresas eléctricas agrupadas en UNESA el recorte fue mucho menor: unos 20.000 millones sobre una facturación que pasó de los 2 billones.
No parece una buena estrategia recortar los apoyos a unas fuentes energéticas que se quieren impulsar en un momento en que estas se encuentran implantándose de forma progresiva. A título de ejemplo, la energía

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eólica ha venido prácticamente duplicando su potencia en los últimos años. Los aproximadamente 700 MW instalados en 1999 supusieron una inversión que superó los 90.000 millones de ptas.
Pero es opinión común entre los expertos que el porcentaje establecido por la Ley eléctrica no se alcanzará si continúa el crecimiento desbordado de la demanda de energía que afecta tanto a la electricidad, como a los productos petrolíferos. Nuestro país ha vuelto la senda, tan lesiva para el medio ambiente, de tasas de crecimiento de las variables energéticas por encima de los del PIB (elasticidades apreciablemente mayores que 1). Se impone por racionalidad impulsar programas de ahorro de energía así como de mejora en la eficacia en su producción y uso, sobre todo en un país tan dependiente de recursos no renovables importados como el nuestro.
Por todo ello, se presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A que redacte en los próximos seis meses un Plan de Ahorro y mejora de la eficiencia en el uso de la energía 2. Proceda a la clausura inmediata de las centrales de primera generación, que llevan funcionando más de 30 años y al cierre de todas las centrales nucleares en un plazo no superior a los siete años.
3. Fijar planes para la reindustrialización de las comarcas afectadas por el cierre de estas centrales para asegurar su supervivencia económica.
4. Mantener los apoyos económicos a las fuentes renovables para alcanzar el 15% de producción energética con fuentes renovables en el año 2007. Redactar un nuevo Plan de Fomento de las energías renovables que contemple esta revisión al alza de los objetivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.- Presentación Urán González, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


162/000085

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley por la que se crea el permiso de paternidad.
Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se crea el permiso de paternidad, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos

El 7 de junio de 2000 los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, en la presentación en Luxemburgo de un programa de acción quinquenal para fomentar la igualdad de mujeres y hombres en la vida social, económica y política europeas y acabar con los estereotipos que distinguen a los dos sexos, adoptaron una resolución sobre "la participación equilibrada" de hombres y mujeres en la actividad profesional y familiar, en la que se invita a los Gobiernos de los quince a que reconozcan a los padres el derecho "individual" e "intransferible" al permiso de paternidad, permiso, por ende, distinto al que la madre le transfiere desde la titularidad de su derecho y simultáneo al que disfruta la misma. "Los hombres y las mujeres tienen derecho a compaginar la vida profesional y la vida familiar", afirma la resolución en un intento de recalcar la importancia de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, cuyo título y objeto declarado es, precisamente, esa conciliación que reclama la Unión Europea, aunque, lamentablemente, la conciliación que acomete nuestra norma no incorpora un derecho que se corresponda con la invitación proclamada desde la Unión.
La Ley 39/1999, como pone de manifiesto no sólo esta resolución sino también la tibia adaptación que

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efectúa de las Directivas 96/34/CE y 92/85/CE, nació desfasada, pues, los derechos que contempla, mera extensión de los ya existentes en nuestro ordenamiento sociolaboral, tienen como destinatario, principalmente, a la mujer trabajadora, porque es ésta la que, generalmente, debe compatibilizar su función de madre y trabajadora, la que soporta, en definitiva, la doble jornada. Las posibilidades de uso por parte del padre del descanso por nacimiento de un hijo siguen siendo subsidiarias del derecho de titularidad que asiste a la madre.
Pero la discusión sobre la introducción del permiso de paternidad dentro de nuestra legislación, con la posibilidad de situarnos en la vanguardia de las legislaciones europeas en la materia, ya ha tenido lugar en la Cámara Baja. El Grupo Parlamentario Socialista, primero, a través de enmiendas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999, y, después, por medio de la oportuna iniciativa legislativa, rechazados ambos intentos por el grupo que sustenta al Gobierno y sus entonces socios nacionalistas, trató de que nuestro ordenamiento jurídico reconociera al padre la función social de su papel reproductivo y le facilitara la asunción de sus responsabilidades familiares desde el nacimiento de su criatura.
El permiso por paternidad se configuró como un derecho independiente, E intransferible, flexible en su ubicación, para hacerlo más efectivo, y compatible con el permiso de maternidad, de tal modo que pudiera sumarse, además, con aquél que le transfiere la madre desde la titularidad de su derecho. El permiso así concebido es una pieza fundamental para conciliar la vida profesional y familiar y se erige en el instrumento fundamental en la promoción de la igualdad de oportunidades.
Con esta nueva iniciativa, hoy auspiciada por la Unión Europea, una vez más se ofrece al Congreso de los Diputados, y al Gobierno a instancias de éste, la posibilidad de adoptar una medida que claramente ayude a resolver los conflictos reales que se plantean cuando un trabajador o trabajadora tienen que compatibilizar una doble función: trabajo y responsabilidades familiares. Que evite que un hecho diferencial biológico, como es la maternidad, y la doble jornada, se conviertan en desigualdad social.
Queremos evitar que cuando una mujer vaya a tomar una decisión sobre su maternidad, no se lo plantee como una disyuntiva frente a su carrera. Y no queremos que esa disyuntiva se extienda también al hombre. Queremos que cualquiera de ellos pueda compatibilizar responsablemente esas dos esferas de su vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales necesarias con el fin de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca el derecho del padre a un permiso de paternidad, permiso independiente e intransferible, y distinto a aquél que le transfiere la madre desde la titularidad de su derecho al permiso de maternidad.
El permiso de paternidad tendrá, principalmente, las siguientes características:

1. El período de suspensión será de cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el-supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
2. Dicho período será compatible con el período de suspensión que le otorgue la madre desde la titularidad de su permiso de maternidad, y podrá disfrutarse de forma simultánea o sucesiva con el permiso de la madre.
3. El derecho podrá ejercitarse durante los nueve primeros meses de vida del nasciturus.
4. Las familias monoparentales disfrutarán de un período de suspensión de veinte semanas. En el supuesto de fallecimiento de cualquiera de los progenitores se sumaran los respectivos tiempo de suspensión en todo, o en aquello que les restara por consumir.
5. En los supuestos de adopción y acogimiento familiar permanente o preadoptivo, el período de suspensión será de veinte semanas que se distribuirán a opción de los interesados, en períodos ininterrumpidos, y se disfrutarán de forma simultánea o sucesiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Griñán Martínez, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Asuntos Exteriores

161/000106

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre condonación de la deuda externa de los países empobrecidos del sur.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no

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de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


La deuda Externa de los países empobrecidos del Sur asciende a 330 billones de pesetas, según datos de 1997. Esta Deuda recae sobre Estados en proceso de creación y sin infraestructuras ni servicios sociales y educativos con los que mejorar las condiciones de vida de su gente. La Deuda perjudica la subsistencia misma de la población, mina sus posibilidades de futuro y obstaculiza el crecimiento económico impidiendo entre otras las inversiones en infraestructura social.
En la Década que va desde el momento en que estalló la crisis de la Deuda, 1988, hasta 1998 los países del Sur han devuelto cuatro veces más de lo que debían. El Sur devuelve cada año 16 billones de pesetas en concepto de pagos de la Deuda.
La Deuda va asociada a créditos contraídos por estos países con la banca privada a tipos de interés variable, a créditos a la exportación -tales como los créditos F.A.D.-y créditos condicionados a la puesta en marcha de Programas de ajuste Estructural y con rigurosas obligaciones de pago concedidos por instituciones multilaterales como el Fondo Monetario internacional o los Bancos Regionales de Desarrollo.
El conjunto de la Deuda pública de los Países en Vías de Desarrollo con el Estado Español se acerca a los 4 billones de pesetas, según datos de 1997. El Estado Español es acreedor de 1.651.742 millones de pesetas y el resto son deudas contraídas con el sector privado español.
Cada año el Estado Español recibe como pagos de la Deuda Externa de los paises en Vías de Desarrollo alrededor de 75 mil millones de pesetas, mientras nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo no supera los 170.000 millones -el 0,23 % del PIB-.
Consideramos que la Deuda Externa se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de más de la mitad de la población mundial y que tal como ha mencionado la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, la Deuda Externa ya ha sido pagada con creces por los países del Sur.
Por todo ello, se presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Condonar la Deuda Externa que tienen los países del Sur con el Estado Español.
2. Convertir los montos de la condonación de la Deuda en fondos de desarrollo económico y social en los países deudores y crear instrumentos que garanticen el control democrático y participativo de los mismos.


3. Promover un mayor compromiso a favor de la condonación de los países empobrecidos en los foros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Club de París).
4. Incorporar y priorizar criterios referidos a necesidades básicas de la población (vivienda, empleo, salud, educación, medio ambiente, etc.) sobre criterios económicos a la hora de la concesión de créditos de cooperación para el desarrollo.
5. Aplicar y promover la máxima transparencia y claridad en el manejo de cifras y concesión de préstamos tanto a nivel del Estado Español como en los foros internacionales en los que se participe."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2000-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


161/000109

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre mecanismos de consulta al Parlamento ante determinadas situaciones de crisis.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mecanismos de consulta al parlamento ante determinadas situaciones de crisis.


Exposición de motivos

El final de la Guerra Fría, junto con la confrontación entre el Este y el Oeste, trajo también la eclosión de nuevas crisis y conflictos en el corazón de Europa. La exclusión violenta por razones de raza o religión, o los intentos de establecer por la fuerza nuevas fronteras caracterizan a esas nuevas amenazas a la seguridad y la estabilidad en el conjunto de Europa. Kosovo ha sido el escenario del último de esos conflictos.
La Resolución aprobada por la Cámara en Octubre de 1995 establecía, entre otros aspectos, los criterios de participación de España en Operaciones de Paz y previa mecanismos de comunicación al Parlamento sobre dicha participación. La necesidad de revisar, actualizar y profundizar lo acordado por el Congreso de los Diputados en 1995 es, si cabe, más evidente tras el conflicto de Kosovo, un supuesto no contemplado por la Resolución de 1995.
Junto con las posibles implicaciones legales, situaciones similares a la de Kosovo plantean cuestiones de una dimensión esencialmente política. Una decisión para enviar fuerzas españolas a una misión en que se autorice el uso de la fuerza más allá de la autodefensa, conllevaría riesgos evidentes. La utilización de nuestro territorio para operaciones armadas tiene unas indudables implicaciones para la política exterior y la seguridad de España. Asumir esa responsabilidad política no debiera ser una decisión unilateral del Gobierno de la que el Parlamento recibe ulterior información. Si, como consecuencia de sus compromisos internacionales, España ha de participar en conflictos de nueva naturaleza, el Parlamento no puede estar ajeno a esas decisiones. Sería una enorme irresponsabilidad.
Tampoco es aceptable que se hurten al Parlamento la aprobación y control de los gastos originados por la participación de España en la resolución de esos conflictos.
Durante la pasada legislatura, el Presidente del Gobierno anunció su intención de remitir a los Grupos Parlamentarios un Informe que abordara las pautas generales o el código de actuación para las relaciones con el Parlamento en supuestos como el de Kosovo. Dicho Informe nunca vio la luz.
Sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno, la naturaleza y las implicaciones de las decisiones que pueda adoptar el Gobierno en estas cuestiones, exigirían la introducción de mecanismos de consulta previa al Parlamento, a fin de garantizar y reforzar el respaldo y la cohesión de los Grupos Parlamentarios y de la sociedad ante decisiones de tan enorme transcendencia. Así lo entienden otros países de nuestro entorno, que han ido introduciendo mecanismos de consulta al Parlamento para situaciones de crisis como la planteada por el conflicto de Kosovo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno

1. A desarrollar, de acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mecanismos formales de consulta e información permanente al Parlamento en supuestos de participación de unidades españolas o de utilización del territorio español en operaciones militares internacionales que puedan conllevar el uso de la fuerza más allá de la legítima defensa.
2. A comunicar, en todo caso, a la Cámara, con carácter urgente, toda decisión autorizando la participación de España en operaciones militares que impliquen el uso de la fuerza o la utilización del territorio español para dichas operaciones. Dicha comunicación, realizada con carácter previo a que la contribución o autorización sean formalmente comprometidas, deberá contener bien los objetivos, términos, mandato, coste previsto y duración de la participación, o los términos de la autorización de uso, y podrá dar lugar a debate y ulterior Resolución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000110

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


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Proposición no de Ley relativa a la situación en el Perú.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación en el Perú, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Motivación

El proceso electoral peruano, lejos de constituir una oportunidad para la recuperación de la democracia en el país andino, ha puesto de manifiesto a los ojos del mundo entero la verdadera naturaleza del régimen fujimorista como sistema autoritario en el que los poderes legislativo, judicial y mediático son meros instrumentos del poder ejecutivo.
Durante la última década Alberto Fujimori y el jefe de los servicios de inteligencia militar Vladimiro Montesinos han perseguido, coaccionado y amenazado a quienes se la oponían, recurriendo a la tortura, la confiscación de medios de comunicación críticos, al desprestigio y difamación de los demócratas o a la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional que consideraron anticonstitucional la presentación de Fujimori a una tercera reelección.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y numerosas organizaciones internacionales independientes han podido comprobar in situ que el proceso electoral estaba viciado en su origen y que el fraude estaba organizado y consentido por una Junta Nacional Electoral (JNE) que no era sino un instrumento del poder ejecutivo.


Ante esta grave situación y teniendo en cuenta el papel que España ha desempeñado, y debe continuar haciéndolo, como defensora del respeto de los derechos humanos y de la libertad y la democracia en América Latina.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar públicamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su misión especial en el Perú.
2. Proponer que la Unión Europea emita una enérgica protesta ante el Gobierno peruano por la ausencia de garantías, transparencia e igualdad de oportunidades en las recientes elecciones celebradas en el Perú.
3. Proponer y apoyar las iniciativas oportunas en el marco de la Unión Europea para que se adopten sanciones económicas contra el Gobierno de Alberto Fujimori en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.
4. Condicionar el desarrollo de las relaciones bilaterales y el levantamiento de dichas sanciones a la pronta convocatoria de unas elecciones verdaderamente libres bajo el control y seguimiento de la OEA y de observadores internacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2000.-Luis Yáñez-Barnuevo García, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000129

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la decisión de Israel de poner fin a la ocupación del Sur del Líbano.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno

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y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Proposición no de Ley

"La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:

1. Saluda la decisión de Israel de poner fin a la ocupación del Sur del Líbano.
2. Declara que la retirada debe abrir paso a la plena normalización de la vida política y social en el Líbano, lo que exige, también la disolución de fuerzas militares irregulares y la retirada de todas las fuerzas extranjeras.
3. Insta al Gobierno:

A impulsar, en el plano bilateral y multilateral, las acciones necesarias para contribuir al pleno restablecimiento de la soberanía nacional del Líbano y a la consolidación de un Estado democrático, así como a garantizar la seguridad en la frontera entre el Líbano e Israel.
A promover proyectos y actuaciones a través de los cuales, la Unión Europea, las agencias de la ONU, y, especialmente, España, se comprometan de manera efectiva en la reconstrucción del Líbano.
A remitir a la Cámara, en el plazo de tres meses, un informe detallando las medidas y acciones bilaterales y multilaterales para la reconstrucción del Líbano en que España vaya a comprometer su participación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2000.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia e Interior

161/000122

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre creación de un Plan Especial de Emergencia de Riesgos Químicos.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un Plan Especial de Emergencia de Riesgos Químicos, para su debate ante la Comisión de Justicia e Interior.


Motivación

En una zona de un radio no superior a cinco kilómetros se encuentra ubicada una serie de empresas que tienen como elemento principal, en la fabricación de sus productos, procesos químicos de gran complejidad. Estas empresas están situadas en tres localidades: Rivabellosa, Comunión y Miranda de Ebro, con una población superior a los cincuenta mil habitantes y que pertenecen a dos Comunidades Autónomas: Euskadi y Castilla y León.
Entre la multitud de empresas destacan algunas como el complejo General Química, constituido por

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cuatro factorías distintas, Tuberías y Perfiles, Plásticos del Ebro, Giovani Bochetto, Bakelite Ibérica y los depósitos de almacenamiento y regulación del Noroeste de REPSOL, todas ellas en Álava. En la provincia de Burgos se encuentran, entre otras, Montefibre, Elf Atochem, Cray Valley Ibérica, Quimidisa, Quimidroga, Alfacan Hispania, Dorly Ibérica, Química Técnica, Rottneros, etc.
El hecho de que esta pequeña comarca con tan gran concentración de industrias químicas pertenezca a tres Ayuntamientos y a dos Comunidades Autónomas, hace que no exista un Plan de Emergencia Común, aún siendo los riesgos comunes a las poblaciones. La carencia de un Plan de Protección Civil por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León agrava la situación ya que a la dispersión y desaprovechamiento de medios se añade una falta de coordinación y por tanto de dirección en la actuación en caso de emergencia, que agrava exponencialmente los peligros a que se somete a los habitantes de la zona, pudiéndose dar el caso de que las medidas a tomar en una posible evacuación tengan que ser decididas por unas autoridades que no tienen ninguna competencia en el lugar donde se ha producido el accidente con las contradicciones que se pueden dar, como la experiencia ha demostrado.
Ya, en un pasado reciente, en dicho área empresarial se han producido distintos accidentes que han puesto de manifiesto la falta de coordinación antes mencionada. Tanto en los escapes producidos en Elf Atochem como en la rotura de válvulas y lanzamiento a la atmósfera de un compuesto de ácido sulfúrico en el complejo de General Química, se comprobó que al depender de las circunstancias atmosféricas (las nubes tóxicas generadas pasaban de una Comunidad Autónoma a otra) variaba el órgano responsable de adoptar decisiones, dependiendo estas de la buena voluntad y la capacidad de entendimiento personal de los que dirigen las instituciones, la única opción que permite, hasta ahora, la posibilidad de una dirección única.
En todos estos casos tanto los ciudadanos como los medios de comunicación observan extrañados en algunos momentos duplicidad de medios y en otras carencias de los mismos; lo que genero inseguridad tal y como se vio en el último accidente de General Química en el que las distintas instituciones, la única medida que fueron capaces de dar a los ciudadanos es que se quedaran en casa, se tapasen la boca con un pañuelo y cerraran las ventanas.
Tras los distintos escapes producidos, la aparición -varias veces- de polvo blanco en los automóviles en Miranda de Ebro, la mortandad periódica de miles de kilos de peces en el río Ebro debido a vertidos de productos químicos, la existencia, a pocos kilómetros de la Central Nuclear de Santa María de Garoña y el atentado terrorista a los depósitos de CAMPSA, es lógico entender que los ciudadanos de la comarca demanden medidas, a las distintas administraciones, que garanticen su seguridad a través de la existencia de un catálogo general de medios y de las medidas a adoptar en caso de otros posibles accidentes.
Todo lo expuesto justifica la ineludible necesidad de dar una solución, no solo en la seguridad, sino también en la confianza, por parte de los ciudadanos, en las instituciones de las que dependen y no como hasta ahora que no se han visto correspondidos.


Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar, en el plazo más breve posible, las medidas e iniciativas necesarias para que se elabore un Plan Especial de Emergencia de Riesgos Químicos para la zona comprendida entre los municipios de Rivabellosa y Comunión en Álava y Miranda de Ebro en Burgos, que permita afrontar con eficacia cualquier posible siniestro que pueda producirse.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-Julián Simón de la Torre, Diputado.- Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Defensa

161/000121

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

Proposición no de Ley sobre soluciones a la pérdida salarial de los trabajadores españoles de la base militar de Rota (Cádiz).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre soluciones a la pérdida salarial de los trabajadores españoles de la base militar de Rota (Cádiz), para su debate en la Comisión de Defensa, a instancia del Diputado José Núñez Castaín, del Partido Andalucista.


Exposición de motivos

Desde enero del presente año el personal laboral de la base naval de Rota viene realizando actos de protesta a fin de solucionar la pérdida salarial sufrida al aplicárseles, por primera vez, el impuesto de la Renta de las Personas Físicas sobre el denominado "suplemento americano" y que ha significado en su inmensa mayoría, una reducción en los haberes de entre el 10 y 30 por ciento.
El conflicto ha ido enconándose, a lo largo de estos meses, sin que se atisbe una solución satisfactoria para los trabajadores, ya que tanto las autoridades americanas como las españolas, aún dándoles la razón, se traspasan mutuamente la responsabilidad para solucionarlo.
Ante la reclamación hecha por las autoridades españolas de negociar un nuevo Convenio de Defensa entre España y los Estados Unidos, ha llegado el momento oportuno de replantear en el seno del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano la situación del colectivo laboral de la Base Aeronaval de Rota para solucionar definitivamente la paradójica situación vivida por estos trabajadores, a los que el Gobierno Español debe atender inmediatamente en sus justas peticiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1. Resolver, en el menor plazo posible y siempre dentro del presente ejercicio presupuestario, la reclamación planteada por el colectivo de personal laboral de la Base Naval de Rota (Cádiz), en referencia a la aplicación del IRPF sobre el complemento salarial conocido como "suplemento americano".


2. En el marco de las renegociaciones del Convenio de Defensa vigente entre España y Los Estados Unido, se incluya un anexo en el que se contemplen los derechos de los trabajadores españoles al servicio de las Bases conjuntas Hispano-Norteamericanas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Núñez Castain, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Educación, Cultura y Deporte

161/000119

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley de Reforma Universitaria.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre modificación de la Ley de Reforma Universitaria para su debate en Comisión.


Madrid, 29 de mayo de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Exposición de motivos

Nadie pone en duda que el sistema universitario español ha sufrido grandes transformaciones cuantitativas en los últimos años. Como consecuencia de ellas, todas las Comunidades Autónomas tienen al menos una universidad pública, la mayor parte de los municipios de más de 50.000 habitantes disponen de algún centro universitario, y el número de alumnos supera el millón y medio.
Hoy la tasa de natalidad en España es una de las más bajas del mundo.
Es previsible que en los próximos años el número de alumnos universitarios se reduzca sensiblemente. Por ello, el reto que hoy se plantea nuestra universidad no es cuantitativo, sino cualitativo.
Debemos procurar para la universidad los niveles de calidad que la capaciten para competir con garantías de éxito con los países de nuestro entorno.
La actual Ley de Reforma Universitaria es del año 1983. Diecisiete años han pasado ya desde que se aprobara. Es evidente que la Ley ya no satisface las necesidades de la universidad española y que el mundo universitario demanda una serie de medidas que propicien los cambios necesarios para la Universidad del Siglo XXI. Así se desprende del recientemente elaborado "Informe Universidad 2000".
Para llevar a cabo estos cambios necesitamos una nueva Ley universitaria que nos permita responder a todos estos retos. Deber ser una Ley moderna, con visión de futuro y adaptada a la nueva sociedad de la información. Una Ley que propicie un sistema universitario español vertebrado y equilibrado, en el cual, el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades puedan ejercer de manera coordinada las competencias reconocidas en la Constitución española. Para llevarla a buen fin, debemos procurar también el máximo consenso posible entre todos los sectores del mundo educativo así como entre las distintas administraciones.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los contactos con los distintos sectores del mundo educativo, así como con las Comunidades Autónomas, con el fin de dotar al sistema universitario español de una nueva Ley de universidades."

161/000130

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: (161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la necesidad de presentar un proyecto de dinamización y extensión de actividades del Teatro Real.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de presentar un proyecto de dinamización y extensión de actividades del Teatro Real, para su debate en la Comisión de Educación y Cultura.


Motivación

A juzgar por las primeras manifestaciones, tanto del Secretario de Estado de Cultura como del nuevo director del INAEM, no se adivinan buenos tiempos en el campo musical no obstante tratarse de una de las áreas sustantivas de la política cultural En concreto, y a propósito del Teatro Real como pieza cultural de primer orden, el Sr. Cuenca ya ha mostrado su satisfacción con el funcionamiento de dicha institución en términos excesivamente triunfalistas al calificar la actividad desarrollada en estas tres temporadas de "enormemente aceptable".
Se parte, pues, en estas declaraciones de un planteamiento conformista y, lo que es peor, complaciente con la experiencia pasada que, como ya.se denunciara hace aproximadamente un año ante la Comisión de Educación y Cultura, evidenciaba entonces y sigue evidenciando hoy la ausencia de un proyecto cultural en el que Teatro Real sirviera de catalizador, tanto de la

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mejora de nuestras enseñanzas musicales como de la promoción de nuestros mejores creadores y artistas.
El Teatro Real, a punto de terminar su tercera temporada, sigue sin afrontar tres cuestiones de capital importancia si se quiere conseguir este objetivo ampliando seriamente la reducida e irrelevante oferta cultural que hoy muestra su programación. En primer término, sigue sin resolverse la sintonía entra la institución y la sociedad que lo sustenta. Ni la ciudad de Madrid acaba de sentir como propio el REAL, ni desde el Real se han impulsado propuestas con el suficiente atractivo como para hacer de él una plataforma de encuentro de la mejor creatividad española en torno a la ópera. En estas condiciones, resulta imposible la generación de nuevos públicos y el círculo de los beneficiarios de su programación sigue sin trascender el reducido y selecto grupo de entendidos, bien por tradición familiar, bien por el prestigio social asociado a manifestaciones reservadas para colectivos privilegiados.


A este respecto, sigue siendo sintomático, como recientemente se ha denunciado por algún crítico musical solvente, la ausencia de un proyecto pedagógico que permita la familiarización de los jóvenes con la ópera. Carencia que no afecta a la mayoría de los teatros líricos de su nivel y que resulta totalmente injustificable al tratarse de un teatro público que cuenta con una importante subvención pública para el desarrollo de sus actividades culturales.
Tras tres temporadas de programación ya se tiene la perspectiva suficiente como para constatar otra de las graves carencias que están lastrando el proyecto del Teatro Real. En efecto, hoy ya se puede afirmar, con la prueba de las programaciones ya realizadas en la mano, lo que ya se adivinaba a través de las improvisaciones, los cambios o los retrasos con que se han venido efectuando éstas.
Estamos, pues, ante una realidad constatable y grave como es la indefinición de las líneas artísticas que deben presidir la actividad del Teatro Real. Ausencia que, como se ha subrayado, no se palia por dos o tres programaciones de nivel, que no dejan de ser sino la excepción a la regla general. En efecto, lo que refleja el grueso de la programación del Real, vista en su conjunto, es una mera yuxtaposición de títulos en la que los órganos rectores del mismo se han limitado a contratar la gran mayoría de las producciones programadas hasta este momento.
Pero un teatro de ópera público, como el Real, tiene que ser además, y fundamentalmente, una respuesta creativa, desde la lírica, al tiempo y en la sociedad en que vivimos. Y en este sentido, los responsables públicos del Real tienen pendiente con la sociedad española la articulación de un proyecto cultural ambicioso que tenga en esta institución un soporte para el desarrollo de la actividad musical, las interrelaciones artísticas, la vitalidad creativa y el disfrute y la reflexión del mayor número posible de ciudadanos con sus programaciones culturales.
Sin este proyecto cultural ambicioso, que trascienda el carácter de mero escenario para la representación de programaciones carentes de toda lógica artística, el Real seguirá estando fuera de los circuitos internacionales y no será un referente significativo en el panorama de la lírica europea. Desafío que exige un mayor nivel del que viene mostrando en sus programaciones el Real a hasta la fecha, tanto en sus planeamientos escénicos como musicales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta a que el Gobierno presente a la Comisión de Educación y Cultura, antes de que se inicie la cuarta temporada de su programación, las líneas básicas de un proyecto cultural para el Teatro Real en el que se contemplen:

- Las directrices necesarias para favorecer su mayor integración social de forma que sus actividades alcancen a grupos y colectivos más amplios que los que actualmente acceden a sus programaciones.
- Los criterios de producción básicos que han de servir de referencia a los gerentes del Teatro Real para definir una respuesta creativa de forma que la programación del Real mantenga un nivel de calidad continuado en el tiempo y constituya un referente para la programación lírica en nuestro país y en la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Economía y Hacienda

161/000079

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista

Corrección de errores en la Proposición no de Ley relativa a las actuaciones de reindustrialización de la comarca de Béjar (Salamanca).


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Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad y tener por corregida la iniciativa de referencia. Asimismo dar traslado del acuerdo al Gobierno, a la Comisión de Economía y Hacienda, al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa a fin de subsanar errores advertidos en la presentación de la Proposición no de Ley relativa a actuaciones de reindustrialización de la comarca de Béjar, presentada el 29 de mayo y con número de registro 2752.


Donde dice: "1997: 3050 empleos", debe decir: "1977: 3050 empleos".
Donde dice: "... Ministerio de Industria, Energía y Turismo..." o "Ministerio de Industria y Energía..." debe decir: "Ministerio de Economía y Hacienda".


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2000.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000113

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Economía y Hacienda, previa remisión del informe correspondiente, del Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, para informar sobre la coyuntura de la Economía española; del Secretario de Estado de Comercio y Turismo, para que informe sobre la evolución del Comercio Exterior y del Turismo, así como del Secretario de Estado de Hacienda, para informar sobre las materias relativas al Sistema Tributario.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.


Madrid, 12 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

La Convergencia real de España con los países más ricos de la Unión Europea es uno de los principales objetivos que el país tiene en estos momentos. Contribuir de forma eficaz al logro de esta meta debe de ser uno de los principales fines de la política del Ejecutivo español.
Alcanzar los niveles de riqueza y bienestar social de los mencionados estados, e incluso superarlos, requiere un crecimiento económico sostenido a la vez que equilibrado. En esta línea, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el denominado Pacto de Estabilidad en toda su extensión va a ser fundamental a lo largo de esta Séptima Legislatura.
Para poder lograr estos objetivos será necesario cumplir dos requisitos fundamentales: poner en marcha políticas adecuadas y controlar sus efectos sobre las principales magnitudes económicas.
Mientras que el primero debe de ser obtenido mediante la gestión del Gobierno, el segundo debe ser realizado también por otros integrantes de nuestra Sociedad. Uno de ellos esel Congreso de los Diputados.


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El Control que la Cámara baja debe realizar sobre la política económica del Gobierno exige que aquella reciba con carácter periódico datos y explicaciones sobre la evolución de los principales indicadores económicos del país. Es necesario que comparezcan periódicamente los principales Altos Cargos de la política económica para ofrecer información acerca de la evolución de las magnitudes más importantes que se encuentren en el ámbito de sus competencias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia cuatrimestral, previa remisión del informe correspondiente, de las siguientes autoridades en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda:

a) Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, para informar sobre la coyuntura de la Economía española.
b) Secretario de Estado de Comercio y Turismo, para que informe sobre la evolución del Comercio Exterior y del Turismo.
c) Secretario de Estado de Hacienda, para informar sobre las materias relativas al Sistema Tributario."

161/000127

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la cesión a los municipios de Agullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa i Vidreres, de la titularidad de los edificios de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cesión a los municipios de Agullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa i Vidreres, de la titularidad de los edificios de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Justicia e Interior.


Motivación

Como consecuencia del despliegue de la Policía Autonómica -Mossos d'Esquadra- en las comarcas de Girona, en los últimos dos años han sido inutilizados un buen número de edificios que acogían los correspondientes destacamentos de la Guardia Civil. En algunos casos la titularidad de los edificios había sido siempre municipal, ya que los ayuntamientos habían cedido en su momento espacios o edificios para instalar las dependencias de la Guardia Civil. En estos casos la recuperación de los locales ha sido inmediata o para que los ayuntamientos dispongan de los mismos para los usos que estimen más convenientes.
En los casos en los que los cuarteles fueron construidos en terrenos donados o cedidos por las administraciones locales, la titularidad bajo unas u otras condiciones es formalmente del Estado.
Algunos ayuntamientos han manifestado su interés en recuperar la titularidad de dichos equipamientos para destinarlos a usos cívicos, culturales o de servicios. Así lo han hecho los ayuntamientos de Agullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa y Vidreres.
Si se analizan los documentos que en su momento avalaron las donaciones o cesiones realizadas se observa la existencia de gran diversidad de condiciones a partir de las cuales se podría iniciar en cada caso un complejo proceso para conseguir la reversión de la titularidad a los ayuntamientos. No parece conveniente que la administración central y los municipios afectados deban, a partir de aquí, enzarzarse en una pugna especifica para cada situación con el fin de resolver la titularidad de dichos equipamientos.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a la reversión de la titularidad de los edificios de la Guardia Civil que han sido cerrados con motivo del despliegue de los Mossos d'Esquadra, en la circunscripción de Girona, previa solicitud de los ayuntamientos afectados y con el compromiso por parte de las administraciones locales de destinarlos a equipamientos públicos culturales, cívicos o de servicios.
2. Iniciar los trámites para la reversión a los siguientes municipios, que ya la han solicitado: Agullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa i Vidreres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2000.- Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000128

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la transparencia de servicios y tarifas en el mercado de las telecomunicaciones.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transparencia de servicios y tarifas en el mercado de las telecomunicaciones, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.


Exposición de motivos

La situación del mercado de las telecomunicaciones está conociendo una profunda transformación con la aparición de nuevos operadores y nuevas modalidades de servicios. Al mismo tiempo la presencia de distintos competidores en la oferta de servicios se está caracterizando por una falta de transparencia en el contenido y calidad de las prestaciones ofrecidas y en las tarifas ofrecidas a los consumidores. Así ocurre, por ejemplo, cuando los descuentos que se ofrecen, los diferentes planes -con tarifas distintas para horarios diferentes o según el origen y destino de las llamadas-, las formas de cómputo del tiempo de llamada, la existencia o no de cargo por establecimiento de llamada, y otras especialidades, convierten en inexplicable para el consumidor medio conocer cuales son las tarifas más baratas para los usos más comunes de la telefonía. Tan claro es esto que proliferan las publicaciones dedicadas a tratar de explicar la naturaleza de los servicios ofrecidos y las tarifas resultantes de las diferentes ofertas, sin que sus conclusiones e informaciones sean, sin embargo, coincidentes. E incluso han aparecido artilugios técnicos que aseguran son capaces de elegir en cada momento el proveedor más conveniente de servicios si el consumidor está dispuesto a realizar la correspondiente inversión en su adquisición.
Es fácil concluir de lo dicho que la forma que ha adoptado la competencia en telecomunicaciones está basada en una publicidad masiva y en la dificultad para comparar servicios y precios que debieran ser diáfanos para quien tiene la posibilidad y, sobre todo, la necesidad de elegir. Que esto no sea una novedad en el funcionamiento de otros mercados diferentes no empece para que, en un proceso de liberalización y de transición a la competencia efectiva, hayan de extremarse por las autoridades reguladoras las precauciones y normas que garanticen la transparencia del mercado de las telecomunicaciones y la protección de los consumidores.
Por estas razones el diputado que suscribe presenta a la Comisión de Economía y Hacienda la siguiente:

Proposición no de Ley

1. La Comisión del Mercado de las telecomunicaciones, a fin de asegurar la competencia efectiva y la transparencia en el mercado en beneficio del consumidor,

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establecerá las normas mínimas a las que deban ajustarse las o distintas ofertas de servicios de telefonía, incluida la transmisión de datos y el acceso a internet ,que realicen los operadores del ámbito de las telecomunicaciones.
2. Establecerá, en particular, criterios estándar que permitan comparar de modo homogéneo la naturaleza de los servicios y las tarifas ofrecidas por los diferentes operadores.
3. Publicará mensualmente en el Boletín Oficial del Estado y en medios de público y fácil acceso una información actualizada de servicios y tarifas comparables, que permitan al consumidor no especializado la comprensión de las diferentes ofertas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2000.-Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Presupuestos

161/000114

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Presupuestos, previa remisión del informe correspondiente del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Presupuestos. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión Presupuestos.


Madrid, 12 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

La Convergencia real de España con los países más ricos de la Unión Europea es uno de los principales objetivos que el país tiene en estos momentos. Contribuir de forma eficaz al logro de esta meta debe de ser uno de los principales fines de la política del Ejecutivo español.
Alcanzar los niveles de riqueza y bienestar social de los mencionados estados, e incluso superarlos, requiere un crecimiento económico sostenido a la vez que equilibrado. En esta línea, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el denominado Pacto de Estabilidad va a ser fundamental a lo largo de esta Séptima Legislatura.
Para poder lograr estos objetivos será necesario cumplir dos requisitos fundamentales: poner en marcha políticas adecuadas y controlar sus efectos sobre las principales magnitudes económicas.
Mientras que el primero debe de ser obtenido mediante la gestión del Gobierno, el segundo debe ser realizado también por otros integrantes de nuestra Sociedad. Uno de ellos es el Congreso de los Diputados.
El Control que la Cámara baja debe realizar sobre la política económica del Gobierno exige que aquélla reciba con carácter periódico datos y explicaciones sobre la evolución de los principales indicadores económicos del país. Es necesario que comparezcan periódicamente los principales Altos Cargos de la política económica para ofrecer información acerca de la evolución de las magnitudes más importantes que se encuentren en el ámbito de sus competencias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia cuatrimestral, previa remisión del informe correspondiente, en la Comisión de Presupuestos del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos

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Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes."

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

161/000120

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la comercialización del percebe gallego y la competencia desleal del mismo producto procedente de otros países.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la comercialización del Percebe gallego y la competencia desleal del mismo producto procedente de otros países, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.


Madrid, 14 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

La extracción del Percebe en la Costa Gallega constituye una parte fundamental del sector marisquero de nuestra comunidad y de España, no sólo por la cantidad extraída o por el movimiento económico que genera la actividad. sino también por el prestigio que aporta a todo el sector.
Es precisamente la calidad del producto la que obtiene un reconocimiento unánime por parte de los consumidores que poseen un mínimo conocimiento del tema. Pero, por otra parte, existe un amplio sector que no dispone de la posibilidad de distinguir entre un percebe procedente de las costas gallegas y otro procedente de otros lugares.
De muchos es sabido que el conocimiento como "percebe marroquí" o el "percebe canadiense" vienen irrumpiendo de forma importante en el mercado nacional, con la pretensión de ejercer competencia con nuestro producto más característico y emblemático. La competencia es un método legítimo para abarcar mercado, siempre que sea ejercida de modo ético y legal, y que debe concluir a la mejora del producto y a la normalización del mercado.
El hecho de que en la mayoría de los casos en que "el percebe", genéricamente, es expuesto para su venta no especifique su procedencia, puede suponer un fraude para el consumidor y un daño irreparable para el prestigio de nuestro percebe y, por ende, para el sector que se dedica a la extracción del mismo.
La bajísima calidad del percebe foráneo, suficientemente contrastada, no es el único elemento de juicio para constatar la dudosa competencia, pero sí el principal. El precio, el aspecto externo, el sabor, la textura, el color, son otros elementos que inciden directamente en esa competencia y que no siempre el consumidor potencial está en condiciones de evaluar.
Dado que es la Xunta de Galicia la que tiene las competencias para legislar y regular el sector en el ámbito de la comunidad, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el control de los productos foráneos y la regulación de su mercado, por lo que sería necesario establecer una serie de medidas de coordinación en materia de ordenación de las condiciones de exposición y venta del percebe, en aplicación rigurosa del Real Decreto 331/1999, de 26 de febrero, de normalización y tipificación de los productos de la pesca, frescos, refrigerados o cocidos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la Xunta de Galicia, para impedir la competencia desleal de los percebes procedentes de otros países.


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- Establecer aquellos mecanismos que permitan al consumidor tener la certeza de la procedencia y la calidad del producto que va a consumir."

161/000126

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la defensa ante las instituciones de la Unión Europea del mantenimiento de las ayudas comunitarias a las asociaciones de Productores de Almendra en el marco de la próxima reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) frutas y hortalizas.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la defensa ante las instituciones de la Unión Europea del mantenimiento de las ayudas comunitarias a las asociaciones de Productores de Almendra en el marco de la próxima reforma de la OCM frutas y hortalizas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y pesca.


Motivación

El cultivo de los frutos de cáscara y algarroba ocupan en España una superficie de 640.969 hectáreas, el 75% del total cultivado en la UE. El almendro ocupa 544.186 Has. de cultivo, y esto supone que el 85% de los frutos de cáscara y algarroba son Almendros, siendo España el segundo productor de almendra del mundo (el primero es EE.UU.).
En 1989 el Consejo de Europa aprobó medidas específicas al sector que contemplaban un conjunto de ayudas para las organizaciones de productores, supeditadas a la presentación y aprobación de un Plan de mejora de la calidad y la comercialización, con una duración de 10 años, cuya finalización en su mayor parte terminan en el presente año 2000.
La aprobación por parte de la Comisión de Agricultura de la UE de una nueva OCM que no reconoce el hecho diferencial de los cultivos de cáscara, está sembrando la inquietud y preocupación entre los productores, teniendo en cuenta los pocos recursos de estos agricultores para continuar manteniendo a sus explotaciones.
La desaparición de la ayuda a la Hectárea para los productores pone en peligro los logros alcanzados hasta el momento en cuanto a organización sectorial, concentración de la oferta y mantenimiento del cultivo. Amenaza la supervivencia del cultivo en aquellos terrenos de menos productividad, donde no existen otras alternativas agronómicas viables, viéndose buena parte de la actual superficie abocada a la desertificación y a la despoblación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Negociar en las instituciones de la UE las ayudas comunitarias a las Asociaciones de Productores de Almendra en el marco de la nueva reforma de la OCM frutas y hortalizas, que incluiría el mantenimiento del Plan de mejora de calidad y comercialización hasta el año 2003, como medida urgente que imposibilite el abandono de estos cultivos y la desertización de estas zonas y por su importancia económica, social y medioambiental.


2. Que coordinadamente con las Comunidades Autónomas afectadas, garantice como mínimo las rentas actualmente percibidas por el sector, de lo que informará en todo momento a las organizaciones de productores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000132

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a la instauración de la tarifa única para las importaciones de banano.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instauración de la tarifa única para las importaciones de banano, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.


Motivación

Parece que el largo camino, que se inicia en 1997, para la modificación de la OCM del plátano está tocando a su fin. Y no, precisamente, para satisfacer -ni tan siquiera mínimamente- las demandas del sector platanero de Canarias, puesto que la modificación de la vigente OCM afectaría muy negativamente al Archipiélago, hasta el punto que tendría -de hacerse en los términos anunciados- resultados nefastos para alguna de las islas (caso de La Palma), o para algunas de las zonas de cultivo tradicionales de Tenerife, Gran Canaria o La Gomera; hasta tal punto es así, que en estos lugares hablar de economía es hablar del plátano, cultivo que ocupa un lugar muy destacado en la utilización de los recursos productivos de las islas, del agua captada disponible y de la población ocupada, siendo -además- una actividad que confiere carácter a nuestro paisaje.
No nos parece ocioso insistir en destacar el colosal esfuerzo que han realizado en el último siglo los agricultores canarios en general, y los palmeros muy en particular, para producir plátanos de alta calidad en unas condiciones adversas; se han tenido que construir terrazas que aliviasen las fuertes pendientes; se han creado suelos sobre lavas y rocas; y se ha vencido la aridez del clima transportando agua extraída de entre los diques basálticos. La transformación ha alcanzado tal magnitud que ha configurado paisajes tan singulares como los Valles de Hermigua, en La Gomera; de Aridane, en La Palma; de la Orotava, en Tenerife o de Arucas, en Gran Canaria.
A partir de ahí, la historia del cultivo del plátano en Canarias es el reflejo de un permanente espíritu de superación, colectivamente asumido, gracias al que se ha obtenido una de las más altas productividades del mundo, que es el resultado de un esfuerzo humano, tecnológico y económico realmente prodigioso e incesante.


Sin embargo, todo eso ya queda atrás. Ahora, el futuro bienestar de gran parte de los canarios nos exige a todos continuar en el esfuerzo no sólo de proseguir mejorando la productividad de las explotaciones y la calidad de la fruta, sino muy especialmente de garantizar su comercialización.
Y es que el próximo día 10 de junio la Comisión Europea propondrá al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores la "Instauración inmediata" de un sistema de arancel (tarifa única) para las importaciones de banano, así como que se suprima el período transitorio de seis años previsto inicialmente como única forma de evitar que los Estados Unidos ponga en práctica la semana próxima un amplio paquete de sanciones contra las exportaciones comunitarias.
Con rigor, parece que la mayoría estamos en contra de la "tarifa única", porque creemos que no es buena para Canarias en ningún caso, pero muy especialmente si no va acompañada de una serie de medidas de carácter permanente que garanticen los actuales niveles de renta de nuestros agricultores, lo que permitirá el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo directamente vinculados al sector.
Por todo ello es por lo que presentamos la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

A que tome todas las medidas necesarias para que, en el seno de la Comisión Europea:

1. Impida la instauración de la tarifa única para las importaciones de banano.


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2. Comprometa de los países comunitarios las obligaciones de solidaridad con sus regiones ultraperiféricas, de tal forma que, en cualquier caso, se implemente un sistema que asegure a nuestros agricultores plataneros una mejor comercialización de sus producciones y por consiguiente eleve sus actuales niveles de renta.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.-Felipe Hernández Rodríguez, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Infraestructuras

161/000107

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

Proposición no de Ley relativa a medidas para hacer frente a las consecuencias de la tormenta habida en Cataluña el 10/06/2000.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley.


Exposición de motivos

La tromba de agua que el sábado 10 de junio asoló la Catalunya central se cobró cinco víctimas mortales y ocasionó pérdidas materiales de miles de millones de pesetas. La más importante de estas pérdidas materiales ha sido la caída de un puente de la carretera N-II a su paso por Esparraguera, que ha provocado el cierre de la autovía del Llobregat en el tramo que discurre por este municipio, pero también se han producido daños muy graves en el monasterio de Montserrat y en numerosos municipios de la zona.
La caída del viaducto de Esparraguera, que fue inaugurado por el Ministerio de Fomento en diciembre de 1990 y permitía salvar el arroyo de Magarola, reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que otro puente más antiguo, que fue levantado hace 35 años sobre el mismo torrente natural, resistió sin problemas el envite de las aguas. Este hecho cuestiona la solidez del puente nuevo e introduce dudas sobre las previsiones que en su momento se hicieron en lo referente a las avenidas de agua, que en el área mediterránea son bastante habituales.
Mientras se vuelva a levantar el puente y se reparé el gran socavón que la violenta tormenta produjo unos centenares de metros más adelante, los más de 35.000 vehículos diarios que pasan diariamente por este tramo de la N-II, una de las principales vías de acceso a Barcelona desde Lleida, circularán por el interior de Esparraguera, con lo cual las autoridades locales temen que se produzcan graves problemas de tráfico.
En el caso del resto de municipios catalanes afectados por la tormenta del 10 de junio, las perdidas materiales han sido muy diversas, afectando desde caminos hasta redes de cloacas y suministro de agua. Por este motivo, gran parte de los municipios afectados ya han manifestado su intención de solicitar a la Generalitat y al Gobierno central que establezcan líneas de ayuda para las zonas damnificadas, y algunos ayuntamientos han anunciado su intención de pedir la declaración de zona catastrófica.
Por todo ello, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Reparar con la máxima urgencia posible el puente nuevo de la N-II a su paso por el municipio de Esparraguera.
b) Abrir una investigación para averiguar las causas del hundimiento del citado puente, esclarecer si se produjo una falta de previsión durante su proceso constructivo y determinar si existen responsabilidades políticas por la falta de solidez del viaducto.
c) Adoptar las medidas oportunas para evitar los problemas de tráfico en Esparraguera, permitiendo que el peaje de la autopista A-18 en dirección a Manresa sea gratuito para los transportistas.


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d) Declarar zona catastrófica a los municipios de la Catalunya central afectados por la tormenta, y establecer las líneas de ayuda necesarias para que éstos puedan recuperar la normalidad lo antes posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.- Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000108

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre ejecución de la variante de Cervelló y conexión con la autovía del Baix Llobregat, carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Infraestructuras.


Exposición de motivos

El día 2 de octubre de 1998 fue aprobado el proyecto de construcción de la "Variante de Cervelló y conexión con la Autovía del Baix Llobregat, Carretera Nacional-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, p.
k. 1238 al p.k. 1243". Dicha aprobación reunió todas las garantías de publicidad que exige el ordenamiento vigente, a la vez que las alegaciones sobre el trazado de la Variante se resolvieron convenientemente.
En el mes de junio de 1999 la citada obra fue adjudicada a la U.T.E.
Dragados y Construcciones, S.A., Ferrovial S.A. y Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. Su inicio, que estaba previsto para el verano de 1999, se produjo finalmente el día 14 de marzo de 2000.
A finales del mes de mayo de 2000 la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña informa a algunos de los Ayuntamientos de los municipios afectados que se paralizan las obras y las expropiaciones en el tramo comprendido entre Cervelló y Pallejà hasta la conexión con la Autovía del Baix Llobregat, con la intención de iniciar un estudio para realizar una posible variación del trazado.
Estamos hablando del cambio de trazado de un proyecto que ya fue aprobado, adjudicado e incluso parcialmente ejecutado, todo ello acorde con la normativa correspondiente. Además, las circunstancias actuales son exactamente las mismas que aquellas existentes en el momento de dicha aprobación y adjudicación, a lo que se añade que ya se llevó a cabo el preceptivo período de información pública y recepción de alegaciones conforme a derecho.
Sin duda alguna esta paralización parcial significará, cuanto menos, un importante retraso en la finalización de la variante, retraso que los Ayuntamientos de los municipios de Vallirana, Corbera, Sant VicenÁ dels Horts y Cervelló, que conforman el 80% de los municipios implicados, ya han manifestado no estar dispuestos a aceptar. Además, el cambio de trazado de dicha variante implicaría el paso de dicha vía por municipios con los que ya se había consensuado un trazado alternativo, con la correspondiente expectativa de derecho y de no perjuicio para los mismos.
Finalmente, consideramos que la paralización de la ejecución de las obras y de las expropiaciones previstas produce importantes perjuicios para los terceros usuarios, que volverán a sufrir el retraso en la construcción de una vía de comunicación absolutamente esencial para la zona e históricamente reivindicada por más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que conforman la comarca del Baix Llobregat y parte de las limítrofes -la propia previsión del Ministerio de Fomento para el 2001 era de una afluencia de 47.000 vehículos diarios en el tramo de proyecto citado, que hoy sufre la carretera con colapsos absolutos a diario desde Vallirana al puente de Molins de Rei-.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a levantar inmediatamente la paralización de las obras y a continuar las expropiaciones pertinentes para la ejecución

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de la "Variante de Cervelló y conexión con la Autovía del Baix Llobregat, Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, p.k. 1238 al p.k. 1243", y por ende, a continuar con la ejecución de la misma en el plazo previsto, tal y como fue aprobada y adjudicada en su momento".


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-Carme Chacón Piqueras, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000111

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad marítima en los barcos que prestan su servicio entre puestos de las Illes Balears.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley acerca del grado de cumplimiento de la normativa de seguridad marítima en los barcos que prestan su servicio entre puertos de las Illes Balears para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
Motivación

En diferentes medios de comunicación españoles se han publicado noticias relativas a la existencia de un informe elaborado por una empresa especializada y por encargo del Real Automóvil Club de Cataluña y otros Clubs Automovilísticos de otros países, referente al grado de cumplimiento en materia de seguridad marítima de unos cincuenta buques tipo "ferrys" o tipo "rol on rol off" que prestan servicios de transporte de pasajeros y de mercancías de carga rodada así como el de vehículos de turismo de pasajeros o autobuses de igual fin entre puertos comunitarios.
Las referencias de prensa explicitan nombres de determinados barcos que cubren rutas regulares entre puertos de las Islas Baleares a los que se califica como inseguros como consecuencia de incumplir desde el punto de vista de su equipamiento y de su estado de mantenimiento, los requisitos que en materia de seguridad marítima ha dictado la Comisión Europea y determinados contenidos de los Convenios internacionales que en tales aspectos y en los de salvamento de vidas en el mar, resultan de obligado cumplimiento. Tales referencias de prensa han generado un notable estado de preocupación entre los usuarios de tales buques, tal como se ha reflejado en los medios de comunicación, por lo que estimamos que requieren un desmentido oficial por parte de la Administración marítima española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:

1. Garantice que los buques que prestan servicio de transporte de viajeros y mercancías entre los puertos de las Islas Baleares, cumplen con todos los requisitos de seguridad marítima que exigen los convenios internacionales.


2. Presente en el plazo de un mes un informe ante la Comisión de Infraestructuras con expresión detallada de los equipamientos vinculados a la seguridad de los buques que prestan servicio marítimo de pasajeros entre los puertos de las Illes Balears entre sí o desde cualquiera de ellos y otros del litoral peninsular. Debiéndose referenciar con claridad el cumplimiento del equipamiento obligatorio en materia de seguridad y salvamento, de cada uno de los barcos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-María Teresa Riera Madurell, Diputada.- Alberto Moragues Gomila, Diputado.- José Segura Clavell, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000115

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

Proposición no de Ley relativa a la canalización del torrente Mal y otras medidas en el municipio de Esparraguera.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en comisión.


Exposición de motivos

La tromba de agua que el sábado 10 de junio asoló la Catalunya central, más allá de la pérdida de vidas humanas y del puente de la carretera N-II a su paso por Esparraguera, provocó en esta localidad la destrucción más absoluta de viviendas y equipamientos.
La obturación de las canalizaciones que por debajo de la carretera N- II dirigían el agua del torrente Mal provocó, además, la inundación de diversas calles del barrio Font de Esparraguera, con la consiguiente destrucción de viviendas, enseres, vehículos y la pérdida de infinidad de animales domésticos y de granja.
La insuficiencia de tal canalización, consistente en dos tubos de 5 metros de diámetro separados por una pared intermedia, fue denunciada en su día por vecinos y el Ayuntamiento de esta localidad, los cuales reclamaron, sin éxito alguno, la sustitución |de esta canalización por un viaducto que permitiera la salida de las aguas en caso de riada.
Asimismo, el sábado 10 de junio la riada provocó el derrumbamiento de un tramo de la carretera N-II, al constituir la propia existencia de la autovía un obstáculo artificial para el normal desguace de las aguas del mencionado torrente. De todas formas, este derrumbamiento, que permitió la salida de parte de las aguas acumuladas, fue providencial para los habitantes del barrio Font.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Sustituir con la máxima urgencia posible la canalización interior del torrente Mal por un viaducto o paso elevado que permita la libre circulación y desguace de las aguas.
b) Reparar con la máxima urgencia posible el tramo de la carretera N- II para restablecer el tráfico por esta vía.
c) Instalar barreras sonoras a lo largo de todo el recorrido de la N- II a su paso por los barrios más próximos a esta vía en la localidad de Esparraguera.
d) Abrir una investigación para averiguar las causas del incidente y esclarecer, al mismo tiempo, los motivos por los que no se construyó en un principio un viaducto y se instalaran las tuberías que finalmente han originado el problema.
e) Determinar, en cualquier caso, si existen responsabilidades políticas en la decisión de instalar la tubería en cuestión en lugar del viaducto necesario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000123

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre paralización del Estudio informativo "Cierre Norte de la V-30 (Barranco del Carraixet), provincia de Valencia", y desestimiento de su construcción.


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Infraestructuras.


La Dirección General de Carreteras aprobó por resolución de 14 de marzo, la exposición pública del Estudio Informativo "Cierre Norte de la V-30 (Barranco del Carraixet), de la provincia de Valencia".
El Estudio plantea la construcción de una autovía de dos carriles en cada sentido, y acondicionada para su ampliación a tres, que atraviesa la zona central de la huerta de Valencia que aún existe.
Las tierras de la huerta que desaparecerían con la construcción de esta nueva autopista, tienen un alto valor económico, histórico, paisajístico, agrícola y como recurso natural insustituible, el impacto ambiental sería irreversible e irrecuperable.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la paralización inmediata del Estudio informativo "Cierre Norte de la V-30 (Barranco del Carraixet), provincia de Valencia", y a desistir de su construcción por los graves impactos ambientales, económicos, históricos y paisajísticos que produciría en la huerta de Valencia.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2000.- Presentación Urán González, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Sanidad y Consumo

161/000112

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista

Proposición no de Ley relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Motivación

El actual servicio de ambulancias concertado por el Insalud en la provincia de Zamora está muy lejos de reunir las condiciones mínimas exigibles a un sistema de salud moderno. Diariamente; los usuarios zamoranos padecen las carencias del servicio. La mayoría de las ambulancias no disponen de calefacción, ni aire acondicionado.
Habitualmente; sólo disponen de un trabajador en los desplazamientos y no cuentan con plataforma elevadora. La situación actual de la mayoría de los vehículos hace urgente su renovación.
El número de ambulancias actualmente concertadas resulta muy insuficiente y los usuarios de la provincia

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comprueban diariamente esta carencia en cada una de las zonas básicas de salud. Deben tenerse en cuenta las características geográficas y demográficas de Zamora. Con un fortísimo envejecimiento de la población, enorme dispersión de la población, más de 4002 núcleos de población para 200.000 habitantes, casi 2.500 kilómetros de red de carreteras, las bases del concurso para la adjudicación del servicio deben mejorar sustancialmente la situación actual (30 ambulancias concertadas).


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Presentar, para la adjudicación del servicio de ambulancias en la provincia de Zamora, unas condiciones que, al menos, contemplen:

1. Un número de ambulancias mínimo de 50, necesarias para atender convenientemente cada zona básica de salud.
2. La exigencia de dotaciones mínimas, como calefacción, aire acondicionado y plataforma elevadora (al menos, en un tercio de los vehículos), y dotarlos con sistemas de localización inmediata.
3. Mínimas dotaciones de plantillas para los servicios, de manera que se modifique la situación actual muy insuficiente.
4. Adaptar la dotación económica del concierto a las condiciones expuestas en esta Proposición."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-Jesús Cuadrado Bausela, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

161/000118

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia.


Acuerdo: Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia, para su debate en Comisión.


Madrid, 12 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

El Boletín Oficial de la Provincia, creado y regulado por Real Orden de 20 de abril de 1833, que existe en cada provincia y depende a efectos económicos de las Diputaciones Provinciales desde 1871, tiene una enorme importancia, tanto en el orden judicial como en el administrativo, sin embargo su normativa es escasísima, sin garantía alguna, confusa, en cuanto a su dependencia funcional y evidentemente antiquísima, sin que exista claridad en cuanto a su dependencia funcional, económica, garantía de publicación y servicio de difusión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia."

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Comisión de Medio Ambiente

161/000105

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un programa de actuación para la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los hábitats naturales.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la elaboración de un programa de actuación para la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los hábitats naturales, para su debate en Comisión.


Madrid, 7 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos

La posición geográfica que ocupa nuestro País en la Península Ibérica, le otorga condiciones especiales por variedad de clima y orografía en relación a las especies de fauna y flora, con un valor único en el Continente Europeo.
Esta riqueza por tanto merece cualquier esfuerzo para que se conserve e incremente para la generación actual y como aportación para las generaciones futuras.
Sin embargo, el futuro de nuestra fauna autóctona en muchos casos se encuentra comprometido y en muchas ocasiones el riesgo tiene su origen en un deterioro de su hábitat natural que hace peligrar el futuro de sus poblaciones.
La degradación del medio natural puede tener su origen en factores climatológicos como sequía, desertización y erosión, y en otras ocasiones la situación adversa de los hábitats para el desarrollo de las especies se origina por cambios en los usos y por el desarrollo de determinadas practicas en el cultivo de la tierra, agricultura intensiva, uso de herbicidas, fertilizantes, etc.
Ante la necesidad de mantener en las mejores condiciones posibles las poblaciones de especies de nuestro medio natural y habiendo comprobado que la degradación de los hábitats influye decisivamente en la evolución de sus poblaciones se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales interesados, identifique los problemas que afectan al hábitat natural de nuestro país que dificultan el desarrollo de nuestras especies de fauna autóctonas y elabore un programa de actuación para la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los hábitats naturales."

161/000117

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión Mesón do Bento-Lindoso.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Guillerme Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión Meson do Bento-Lindoso para su debate en Comisión.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Exposición de motivos

La instalación de la línea eléctrica de alta tensión Mesón do Bento- Lindoso, a su paso por Merza (Vila de Cruces-Pontevedra), se realizó atravesando su núcleo habitado. El paso de la línea por este punto, se llevó a cabo, después de aprobar en su día, el Ministerio de Industria, el cambio del trazado inicialmente previsto, que discurría alejado de núcleo habitado, modificación que contó con una fuerte oposición de los vecinos. Situaciones similares a estas existen en otros lugares.
A pesar de no existir informes definitivamente concluyentes, sobre las repercusiones negativas para la salud de las personas de los campos electromagnéticos, si existen informes en los que distintos investigadores, apuntan efectos negativos y advierten de la necesidad de alejar las líneas de alta tensión de los núcleos habitados. En ese mismo sentido algunos Estados europeos, están adoptando medidas encaminadas a alejar estas líneas eléctricas de alta tensión de las zonas habitadas. Asimismo, en diversas ciudades del propio Estado español, se han adoptado o está previsto adoptar medidas en la misma dirección, como desvío de trazados o enterramientos de líneas eléctricas de estas características.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas que permitan modificar el actual trazado de la línea de alta tensión Mesón do Bento-Lindoso, a su paso por Meza, alejándolo de su núcleo habitado.


2. Con carácter general, adoptar las medidas necesarias que conduzcan a la puesta en vigor de una normativa que fije la adecuada distancia de seguridad entre las líneas de alta tensión y los núcleos habitados."

161/000124

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la depuradora de Benalmádena.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen Olmedo Checa, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Depuradora de Benalmádena, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.


Exposición de motivos

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente licitó en 1997, mediante el modelo alemán la depuradora de Benalmádena por un valor de 3.500 millones de pesetas, con el compromiso del Gobierno de iniciar estas obras durante 1998.


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No obstante, la primera piedra de esta depuradora no fue colocada hasta el mes de febrero del presente año 2000, por la hasta ese momento Ministra de Medio Ambiente en plena campaña electoral, lo cual demuestra el escaso interés del Gobierno por esta depuradora.
Pero no quedan aquí la falta de voluntad del Gobierno central, puesto que han tenido que transcurrir otros tres meses para que se colocara la segunda piedra de la depuradora de Benalmádena. De continuar a este ritmo de trabajo transcurrirán muchos años para que se finalice esta depuradora que es tan importante para la Costa del Sol malagueña.
A los socialistas nos preocupa que un municipio de la importancia turística que tiene Benalmádena incumpla con la Directiva Comunitaria 91/271 que establece que todos aquellos municipios mayores de 15.000 habitantes como es su caso, deben depurar de forma adecuada sus aguas residuales para antes del 1 de enero del 2001.
Este incumplimiento de la Directiva Comunitaria puede tener unos efectos verdaderamente negativos para el sector turístico de Benalmádena y para los muchos ciudadanos de este municipio que de una u otra forma viven relacionados con el sector.
Esta depuradora tiene un plazo de ejecución de 30 meses lo que supone que en caso de no existir más retrasos no se finalizará hasta primeros del 2003, es decir con dos años de retraso con respecto a los plazos de la Directiva Comunitaria.
Por todo ello los socialistas consideramos fundamental acelerar los plazos de construcción de la depuradora y terminarla lo antes posible. Por ello instamos al Gobierno a que se comprometa a finalizarla en el plazo máximo de 20 meses (un tercio menos), con lo cuál al menos en el primer trimestre del 2.002 podría estar finalizada esta actuación tan necesaria para Benalmádena.


Por todo el Grupo Parlamentario Socialista presente la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que:

1. Se comprometa a acelerar los plazos de construcción de la depuradora de Benalmádena.
2. Se comprometa a finalizar la depuradora de Benalmádena en el primer trimestre del 2002."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2000.-Carmen Olmedo Checa, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000125

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la depuradora de Fuengirola.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen Olmedo Checa, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Depuradora de Fuengirola, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.


Exposición de motivos

La actual depuradora de Fuengirola se puso en funcionamiento en 1979 para una población media de 85.000 habitantes, aunque en la actualidad sólo en el casco urbano de este importante municipio de la Costa del Sol malagueña pueden vivir en temporada alta más de 200.000.
Este importante crecimiento en el número de habitantes provoca que esta depuradora funcione por encima de sus posibilidades de trabajo, y que debido al volumen de agua a tratar no se aplique el nivel secundario de tratamiento, lo cual hace que las aguas sean vertidas al mar con un menor grado de depuración del que correspondería si las instalaciones se hubiesen ampliado.


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Por esta razón se hace sumamente necesario la construcción de una nueva planta depuradora en este importante municipio de la Costa del Sol, un proyecto que fue declarado urgente en 1996.
La Confederación Hidrográfica del Sur ha anunciado en innumerables ocasiones durante la pasada legislatura la construcción en breve de esta nueva planta depuradora, valorada en unos 2.000 millones de pesetas, pero a pesar de que incluso en enero de 1998 se aprobó por unanimidad en el Senado una moción en este sentido, el Gobierno del PP no ha hecho nada por impulsar este proyecto.
Los socialistas consideramos fundamental que se lleve a cabo un depurado óptimo de las aguas que se vierten al mar en Fuengirola para preservar la calidad de las aguas del litoral y esto sólo es posible con una nueva estación depuradora, ya que la capacidad actual de tratamiento es de 20.000 metros cúbicos al día, mientras que con la ampliación se pasaría a un volumen diario de 50.000 metros cúbicos.
En este contexto compartimos las declaraciones realizadas por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur en plena campaña electoral, el cuál volvió a comprometerse por enésima vez, a que en cuatro días el Gobierno del PP iba a hacer en esta materia lo que no había hecho en los últimos cuatro años.
Concretamente el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur anunció el 11 de febrero de 2.000: "A lo largo de este año se llevarán a cabo los trámites de construcción de la depuradora de Fuengirola, que incluyen la licitación de la obra y el sacar a concurso las obras, de manera que durante todo el ejercicio se llevará a cabo el proceso administrativo y las obras se iniciarán en el transcurso de este año, porque esperamos poner la primera piedra este año".
Los socialistas instamos al Gobierno a que cumpla con este compromiso electoral y a que se tome en serio un problema tan importante como éste para el sector turístico de Fuengirola y para los muchos ciudadanos de este municipio que de una u otra forma viven relacionados con el sector.
Por todo el Grupo Parlamentario Socialista presente la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que:

1. Se comprometa a que los trabajos de la depuradora de Fuengirola salgan a concurso antes del verano.
2. Se comprometa a iniciar las obras de la depuradora de Fuengirola antes de finales del presente año."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2000.-Carmen Olmedo Checa, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000131

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre las depuradoras de Nerja, Algarrobo y Torrox-Costa.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen Olmedo Checa, Diputados por Málaga pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las Depuradoras de Nerja, Algarrobo y Torrox-Costa para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.


Exposición de motivos

Los socialistas consideramos fundamental apostar decididamente por el sector turístico e la Costa del Sol Oriental, en este contexto se hace necesario iniciar cuanto antes, las depuradoras de Nerja, AlgarroboCosta y Torrox-Costa.
Con relación a la depuradora de Nerja el PP ha realizado a lo largo del pasado año innumerables anuncios, sin embargo en una respuesta parlamentaria de julio de 1999 el Gobierno central indicaba que la CHS estaba redactando los Pliegos de Bases Técnicas necesarias par licitar las obras de esta depuradora, por lo que aún no existen plazos concretos para licitar esta actuación.


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En relación a la depuradora de Algarrobo el Gobierno del PP anunciaba en una respuesta parlamentaria de mediados de 1999 que la CHS estaba redactando los Pliegos de Bases Técnica necesarios para licitar las obras de esta depuradora, no obstante esta es la misma respuesta que se daba en otra iniciativa parlamentaria de mayo de 1998, o lo que es lo mismo, en un año se ha hecho bien poco con relación a esta depuradora.
Ante el fuerte incremento de población que se está dando en otro municipio de la Axarquia como es el caso de Torrox-Costa también se hace necesario construir una nueva planta depuradora.


Proposición no de Ley

"La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que:

1. Se comprometa a reducir los plazos de construcción de la depuradora de El Rincón de la Victoria a 16 meses (un tercio menos de lo previsto), es decir, a que se termine como muy tarde en el tercer trimestre del 2001.
2. Se comprometa a reducir los plazos de construcción de la depuradora de Vélez-Málaga a 20 meses (un tercio menos de lo previsto), es decir a que este proyecto esté terminado como muy tarde en el tercer trimestre del 2001."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Carmen Olmedo Checa, Diputada.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000133

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre las depuradoras de El Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen Olmedo Checa, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las Depuradoras de El Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.


Exposición de motivos

Los socialistas consideramos fundamental apostar decididamente por el sector turístico en la Costa del Sol Oriental, en este contexto se hace necesario terminar cuanto antes las depuradoras que en este momento están en marcha.
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente licitó en 1997, mediante el modelo alemán tanto la depuradora de El Rincón de la Victoria como la de Vélez-Málaga.
No obstante y a pesar de los innumerables anuncios realizados por el PP el inicio de estas dos obras se han retrasado considerablemente en el tiempo. De hecho, en la visita que la Ministra de Medio Ambiente realizó a la provincia de Málaga en abril de 1999 se comprometió a que en uno o dos meses se iban a iniciar las obras de ambas depuradoras.
Posteriormente, en el mes de junio y en plena campaña electoral de las municipales la de Medio Ambiente realizó a la provincia de Málaga en abril de 1999 se comprometió a que en Ministra volvió a anunciar que en pocos meses darían comienzo los trabajos de las citadas depuradoras. Más tarde, la Ministra volvió a plantear en los medios de comunicación que antes de diciembre iban a comenzar las obras de las depuradoras.
Sin embargo, las obras han comenzado en el caso de la depuradora de Vélez el 10 de enero del presente año y en el caso de la depuradora de Rincón de la Victoria el 17 de mayo, es decir demasiado tiempo después de ser licitadas y mucho más tarde de que fuesen anunciadas.
A los socialistas nos preocupa que dos municipios de la importancia turística que tiene El Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga incumplan con la Directiva Comunitaria 91/271 que establece que todos aquellos municipios mayores de 15.000 habitantes, como es su caso, debe depurar de forma adecuada sus aguas residuales para antes del 1 de enero del 2001.


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Ambas depuradoras incumplirán esta Directiva Comunitaria puesto que el plazo de ejecución de la de Vélez de 30 meses y en el caso de la de El Rincón de la Victoria de 24 meses lo que supone que en caso de no existir más retrasos no se terminarán hasta mediados del 2.002 es decir con año y medio de retraso con respecto a los plazos establecidos por la Directiva.
Este incumplimiento de la Directiva Comunitaria puede tener unos efectos verdaderamente negativos para el sector turístico de ambos municipios y para sus mucho ciudadanos que de una u otra forma viven relacionados con el sector.
Por todo ello los socialistas consideramos fundamental acelerar los plazos de construcción de las depuradoras y terminarla lo antes posible. Por ello instamos al Gobierno a que se comprometa a finalizar la construcción de ambas depuradoras como muy tarde en el tercer trimestre del 2.001 (un tercio menos de lo previsto en ambos casos).
Por todo el Grupo Parlamentario Socialista presente la siguiente:

La Ministra de Medio Ambiente anunció en plena campaña electoral que antes de finalizar el presente año se licitarían estas tres depuradoras, la de Nerja, la de Algarrobo y la de Torrox-Costa.
Dada la importancia que los socialistas le damos al sector turístico de la Axarquía en general y de los citados tres municipios en particular, ya que son muchos los ciudadanos de la zona que de una u otra forma viven relacionados con el sector, nos parece fundamental cumplir con este compromiso electoral.
Por todo el Grupo Parlamentario Socialista presente la siguiente:

Proposición no de Ley

La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que:

1. Se compromete a licitar antes de finales del presente año las depuradoras de Ne Algarrobo y Torrox.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Carmen Olmedo Checa, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Ciencia y Tecnología

161/000116

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: (161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

Proposición no de Ley relativa a antenas de la telefonía móvil.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Guillerme Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a antenas de la telefonía móvil para su debate en Comisión.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Exposición de motivos

La irrupción en el campo de la comunicación de diversas empresas de telefonía móvil, está dando lugar, por falta de una legislación básica y clara, a una proliferación absolutamente descontrolada de antenas al servicio de esta forma de comunicación. Unas instalaciones que se realizan muchas veces en núcleos habitados, cuando existen dudas acerca de su impacto sobre la salud de los ciudadanos.
Instalaciones de antenas, que suponen, además un notable impacto estético-paisajístico, indeseable. No parece además razonable, que cada empresa de telefonía móvil tienda su propia red de antenas a lo largo y ancho del territorio, sin que se contemple por el Gobierno el establecimiento de una red única básica a usar por todas las empresas, lo que disminuiría sensiblemente los problemas que estas instalaciones ocasionan.


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La realidad es, que en último extremo, la normativa vigente, deja en manos de los ayuntamientos la decisión sobre la instalación de esta red; lo que no parece adecuado, por cuanto, más allá de la voluntad de los regidores y corporaciones, en muchos casos se ven impotentes ante la actuación de las empresas.
Esta situación está generando la alarma entre los ciudadanos, que exigen un control, y la fijación de una normativa, que regule con claridad la instalación de este tipo de infraestructuras, de manera que se tenga en cuenta los riesgos para la salud, y por tanto su instalación lejos de núcleos habitados y la aminoración del impacto estético-paisajístico.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Tomar en un plazo no superior a un año, las medidas necesarias, para modificar la normativa actualmente vigente para el servicio de telefonía móvil automática, de manera que esta contemple, cuando menos:

a) La obligatoriedad de instalar estas infraestructuras alejadas de los núcleos de población.
b) La obligatoriedad de uso compartido por las diversas empresas de telefonía móvil de una red básica de transmisión de las señales."

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/000069

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx)

Medidas para eliminar el potencial peligro que suponen los vuelos rasantes de aviones militares del Ejército del Aire sobre los polígonos industriales de Monzón (Huesca).


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don José Antonio Labordeta Subías

Texto

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para eliminar el potencial peligro que suponen los vuelos rasantes de aviones militares del Ejército del aire español sobre los dos polígonos industriales de la localidad aragonesa de Monzón, donde se hayan diversas empresas químicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías.


181/000070

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx)

Lugares en que se piensa ubicar la alternativa al actual polígono de tiro militar de las Bardenas Reales.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


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Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don José Antonio Labordeta Subías

Texto

¿En qué lugares está pensando el Gobierno una posible alternativa al actual polígono de tiro militar de las Bárdenas Reales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías.


181/000073

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (GP).


Repercusión para el Ministerio de Defensa de la nueva situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén

Texto

¿Cuál es la repercusión para el Ministerio de Defensa de la nueva situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-Eugenio Enrique Castillo Jaén.
181/000075

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (GP).


Planes acerca del edificio del Hospital Militar de Granada.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén

Texto

¿Qué planes tiene el Ministerio de Defensa respecto al edificio del Hospital Militar de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-Eugenio Enrique Castillo Jaén.


181/000098

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Marsal Muntalà, Jordi (GS).


Motivo por el que los Guardias Civiles asignados a la Fuerza de la ONU en Timor Oriental patrullan sin armas.


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Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Jordi Marsal i Muntala

Texto

¿Por qué los Guardias Civiles asignados a la Fuerza de la ONU en Timor Oriental patrullan sin armas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2000.-Jordi Marsal i Muntalà.


Comisión de Economía y Hacienda

181/000068

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Suárez González, Celestino (GS).


Cierre de la fábrica de Tabacalera de Altadis, en Gijón (Asturias).


Acuerdo:

Excepto la primera cuestión, por versar sobre materia que no es de la competencia del Gobierno, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda

Diputado don Celestino Suárez González

Texto

Desde 1843 Gijón cuenta con una fábrica de tabacos que da empleo actualmente a 266 trabajadores. En 1987, Tabacalera, propietaria entonces de estas instalaciones, se comprometió con el Ayuntamiento de este municipio a instalar una nueva fábrica en Gijón, para lo que incluso llegó a adquirir los terrenos.
El pasado día 7 del corriente, Altadis -antigua Tabacalera-, anunció el cierre de su fábrica de Gijón y la construcción de un nuevo centro en Santander.


En el Congreso de los Diputados se había anunciado que no se cerraría ningún centro de trabajo de esta empresa.


¿Tiene pensado el Gobierno tomar iniciativas tendentes a evitar que se consolide la decisión de Altadis de cerrar su fábrica en Gijón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2000.-Celestino Suárez González.


Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

181/000086

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Gallego López, José Antonio (GS).


Situación actual de las Sociedades de Infraestructuras Agrarias.


Página 62


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Diputado don José Antonio Gallego López

Texto

¿Cuál es la situación actual de las Sociedades de Infraestructuras Agrarias y qué proyectos tienen en marcha en la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-José antonio Gallego López.


181/000087

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Gallego López, José Antonio (GS).


Balance del Gobierno sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar o solucionar los problemas de sequía.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Diputado don José Antonio Gallego López

Texto

¿Qué balance tiene el Gobierno de las medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura para paliar o solucionar los problemas de sequía que padece gran parte de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-José Antonio Gallego López.


181/000088

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Gallego López, José Antonio (GS)

Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones contradictorias de empresarios agrícolas y representantes de Organizaciones Agrarias de la Región de Murcia sobre mano de obra agrícola.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Página 63


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Diputado don José Antonio Gallego López

Texto

¿Qué opinión tiene el Gobierno en base a los datos que posee acerca de las declaraciones contradictorias de Empresarios Agrícolas y representantes de Organizaciones Agrarias de la Región de Murcia, que señalan en unas ocasiones la necesidad de más mano de obra agrícola y por tanto más inmigrantes y en otras ocasiones anuncian la imposibilidad de garantizar los puestos de trabajo que ahora fundamentalmente ocupan inmigrantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-José Antonio Gallego López.


181/000090

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pliego Cubero, José (GS)

Previsiones en relación con la empresa pública COOSUR.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca Diputado don José Pliego Cubero

Texto

¿Qué va a hacer el Gobierno con la empresa pública COOSUR?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-José Pliego Cubero.


181/000091

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pliego Cubero, José (GS)

Valoración de la situación del mercado y de los precios del aceite de oliva.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca

Diputado don José Pliego Cubero

Texto

¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación actual del mercado y de los precios del aceite de oliva en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-José Pliego Cubero.


Página 64


181/000092

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pliego Cubero, José (GS)

Valoración de la disminución de las rentas agrarias en un 3% durante el año 1999.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca

Diputado don José Pliego Cubero

Texto

¿Qué valoración hace el Ministerio de Agricultura de la disminución de las rentas agrarias en España en un 3% durante el año 1999?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-José Pliego Cubero.


181/000093

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pliego Cubero, José (GS) Criterios utilizados para distribuir los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al fomento de la investigación y la mejora de la calidad del aceite de oliva.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca

Diputado don José Pliego Cubero

Texto

¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio de Agricultura para distribuir los fondos de la Unión Europea destinados al fomento de la investigación y la mejora de la calidad del aceite de oliva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-José Pliego Cubero.


Comisión de Infraestructuras

181/000071

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMX)

Actuaciones para mejorar el estado de la carretera N230, en el tramo que recorre la comarca de la Ribagorza, en Aragón.


Página 65


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don José Antonio Labordeta Subías

Texto

¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno para solventar el estado de la carretera N-230 en el tramo que recorre la comarca aragonesa de la Ribagorza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías.


181/000072

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMX)

Fecha prevista para la reanudación de las obras de la carretera N- 232, entre Ráfales (Teruel) y el límite de la provincia de Castellón.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don José Antonio Labordeta Subías

Texto

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno reanudar las obras de la carretera N-232 entre el pueblo turolense de Ráfales y el límite de la provincia de Castellón, que constituye un eje clave para una mejor comunicación de Aragón con el Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías.


181/000076

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS)

Fecha prevista para construir la autovía Transcantábrica que unirá la franja norte de la Península Ibérica.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamentode la Cámara.


Página 66


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras

Diputado don Manuel Ceferino Díaz Díaz

Texto

La Transcantábrica o autovía que debe unir la franja norte de la Península Ibérica, es una obra necesaria y urgente para facilitar los intercambios que posibiliten un mayor desarrollo económico así como la vertebración de la zona y una mayor integración de la misma con el resto de Europa.
Esta obra que portavoces autorizados del Gobierno vencieron repetidamente en Galicia, haciendo correr ríos de tinta en torno a su trazado, no termina de pasar del plano virtual. La realidad es que en los presupuestos del año 2000, no existe una sola peseta para invertir en la misma en territorio gallego, y todos sabemos que lo que no está en los presupuestos no existe, en lo que a obra se refiere.
El 2001 es año electoral en Galicia, la Transcantábrica virtual ya no se podrá vender de nuevo, sirvió para dos elecciones anteriores, ahora es necesario dar un paso más hay que bajarla al campo de lo real. Es una obra necesaria y no se puede seguir retardando, el tramo gallego no presenta demasiadas complicaciones orográficas por lo que su coste tampoco debe ser excesivo.


Seguir retrasando la obra es dificultar el desarrollo económico y social de una parte importante de Galicia que necesita una salida por el norte y hacia el Norte.


¿Cuándo piensan pasar la Autovía del Cantábrico en el tramo de Galicia al espacio real? ¿Qué partida presupuestaria piensan incluir en los presupuestos del año 2001 para esta obra? ¿Qué plazo de ejecución tienen previstos para empezar y culminar esta obra en Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2000.-Manuel Ceferino Díaz Díaz.


181/000077

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: (181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Sánchez Garrido, Joaquín Manuel (GS)

Fecha prevista para construir una autovía o autopista que enlace Madrid con Toledo, Ciudad Real y Córdoba.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras

Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido

Texto

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomento construir una autovía o autopista, que en lace Madrid con Toledo, Ciudad Real y Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Joaquín Manuel Sánchez Garrido.


181/000079

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Sánchez Garrido, Joaquín Manuel (GS)

Proyectos inmediatos relacionados con la implantación de la Alta Velocidad en Toledo.


Acuerdo:

Página 67


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras

Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido

Texto

¿Cuál son los proyectos inmediatos del Ministerio de Fomento relacionados con la implantación de la Alta Velocidad en Toledo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Joaquín Manuel Sánchez Garrido.


181/000094

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMX)

Inversiones previstas para acondicionar la antigua carretera N-II en Aragón, concretamente en los tramos del acceso a Aluenda, los tramos entre el Paraje de Marivella y Calatayud y entre Calatayud y Contamina (Calatayud, Terrer, Ateca, Bubierca, Alhama de Aragón y Contamina).


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don José Antonio Labordeta Subías

Texto

¿Tiene previsto el Gobierno inversiones para acondicionar la antigua carretera N-II en Aragón, concretamente en los tramos del acceso a Aluenda, los tramos entre el Paraje de Marivella y Calatayud y entre Calatayud y Contamina (Calatayud, Terrer, Ateca, Bubierca, Alhama de Aragón y Contamina), que siguen siendo utilizada por los vecinos de las poblaciones que atraviesa soportando un intenso tráfico rodado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2000.-José Antonio Labordeta Subías.


Comisión de Medio Ambiente

181/000078

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Sánchez Garrido, Joaquín Manuel (GS)

Medidas para aumentar la depuración de las aguas de Madrid y paliar la contaminación agresiva de los ríos Jarama, Henares y Tajuña.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LASCORTES GENERALES.


Página 68


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras

Diputado don Joaquín Manuel Sánchez Garrido

Texto

¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Fomento, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, para paliar la insuficiente depuración de las aguas de Madrid y la contaminación agresiva de los ríos Jarama, Henares y Tajuña, ya que todas sus aguas van a parar al Tajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Joaquín Manuel Sánchez Garrido.


181/000080

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (GS)

Nueva política del Ministerio de Medio Ambiente en relación a los parques naturales.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente

Diputada doña María Teresa Riera Madurell

Texto

En declaraciones a los medios de comunicación el Ministerio de Medio Ambiente afirmó ser "absolutamente contrario a los parques naturales en terrenos que no sean públicos", por ello se formula la siguiente pregunta:

¿Será esta la nueva política del Ministerio de Medio Ambiente en relación a los parques naturales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-María Teresa Riera Madurell.


181/000096

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS)

Controles medioambientales que se realizan en el Pantano del Quiebrajano que aseguren la calidad de su agua.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente

Diputado don Sebastián Quirós Pulgar

Página 69


Texto

¿Cuáles son los controles medioambientales que se realizan en el Pantano del Quiebrajano que aseguren la calidad de su agua, de la que se abastecen municipios de las provincias de Jaén y Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Sebastián Quirós Pulgar.


181/000097

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS)

Fase en que se encuentra el estudio de impacto ambiental de la presa de Úbeda la Vieja.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente

Diputado don Sebastián Quirós Pulgar

Texto

¿En qué fase se encuentra el estudio de impacto ambiental de la presa de Úbeda la Vieja propuesta en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Sebastián Quirós Pulgar.
Comisión de Ciencia y Tecnología

181/000081

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS)

Previsiones sobre la transferencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a las Comunidades Autónomas.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputado don Jaime Lissavetzky Díez

Texto

¿Tiene previsto al Gobierno transferir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a las distintas Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Jaime Lissavetzky Díez.


Página 70


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/000089

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Pajín Iraola, Leire (GS)

Previsiones acerca de colaborar con el programa llamado "Vacaciones en Paz" organizado por el Frente Polisario para mejorar temporalmente la situación de los niños saharauis.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Diputada doña Leire Pajín Iraola

Texto

El desierto argelino de Tindouf, acoge a miles de saharauis que aguardan desde 1975 una solución definitiva a una situación insostenible que pueda acabar con un terrible exilio que dura ya demasiado tiempo, y que ha producido que muchos saharauis ni siquiera conozcan su tierra de origen.
En este contexto los saharauis permanecen esperando y tratando de sobrevivir a través de la solidaridad de aquellos pueblos que se identifican con su causa. Esperan que de una vez por todas se celebre el referéndum de autodeterminación que les permita volver a ser libres.
Además, las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los saharauis refugiados en Argelia hacen de su día a día una lucha feroz por la supervivencia.


En esta situación los niños saharauis son el colectivo más vulnerable. Niños nacidos en el exilio que ni siquiera conocen su país natal, sobreviven en el desierto, sin recursos a pesar del extraordinario esfuerzo de su pueblo por garantizarles una educación y una sanidad básicas.
Por dichos motivos el Frente Polisario en colaboración con las asociaciones de ayuda a este pueblo y con diferentes administraciones locales organiza todos los años un programa llamado "Vacaciones en Paz", el cual pretende por un lado apartar a los niños de la situación en que viven durante el período estival, y por otro ofrecerles servicios sanitarios, alimentación adecuada, etc.
Por todo ello:

¿Tiene previsto el Gobierno colaborar, en términos asistenciales y económicos, con dichos programas de "Vacaciones en Paz"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2000.-Leire Pajín Iraola.


181/000095

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pérez Casado, Ricard (GS)

Cumplimiento por España de los compromisos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Página 71


Diputado don Ricard Pérez Casado

Texto

¿Considera el Gobierno que España está cumpliendo los compromisos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo solemnemente asumidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2000.-Ricard Pérez Casado.

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