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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 52, de 11/09/2000
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie D: 11 de septiembre de 2000 Núm. 52 GENERAL

ÍNDICE

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley

DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000005 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social ... (Página 5)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno 162/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre consideración como efectivamente cotizado a la Seguridad Social del tiempo de duración del servicio militar o de la prestación social sustitutoria ... (Página 25)

162/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las becas predoctorales y postdoctorales de formación de personal investigador ... (Página 27)

162/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre mantenimiento de los horarios y apertura de los centros comerciales ... (Página 28)

162/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el uso de las tarjetas de crédito ... (Página 29)

162/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificaciones de la liquidación de la supertasa anunciada por exceso de la cuota láctea asignada ... (Página 30)

162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el tratamiento tributario de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión ... (Página 31)

Comisión de Asuntos Exteriores 161/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a firmar en Jerusalén con la Autoridad Palestina o la Organización para la Liberación de Palestina los dos próximos acuerdos, convenios o tratados ... (Página 32)

Página 2


Comisión de Justicia e Interior 161/000192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de un tercer juzgado de primera instancia e instrucción en Carballo (A Coruña) .. (Página 32)

Comisión de Defensa 161/000193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la cesión del antiguo edificio de la Ayudantía de Marina de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) al Ayuntamiento de dicha localidad ... (Página 33)

Comisión de Educación, Cultura y Deporte 161/000194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la restauración del Monasterio de Monfero (A Coruña) ... (Página 34)

Comisión de Economía y Hacienda 161/000179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre tributación de las percepciones recibidas por prejubilación ... (Página 36)

161/000181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adopción de diversas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ... (Página 37)

Comisión de Infraestructuras 161/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre realización de la conexión de la carretera N-340 con la autovía del Llobregat ... (Página 38)

161/000180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adopción de diversas medidas en relación con la línea férrea de Barcelona a Puigcerdá-La Tour de Querol ... (Página 39)

161/000183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ampliación de los horarios de los trenes de cercanías que circulan por la comarca del Maresme ... (Página 40)

161/000184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ampliación de los horarios de los trenes de cercanías de Barcelona ... (Página 41)

161/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la construcción de la autovía Onzanilla-Benavente ... (Página 42)

161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre introducción de las mejoras y soluciones acordadas por los grupos municipales en las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona, a su paso por Lleida ... (Página 42)

161/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre gratuidad para los turismos del peaje de la autopista A-18, entre Manresa y Esparraguera (Barcelona) ... (Página 43)

Comisión de Política Social y Empleo 161/000187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) ... (Página 44)

Comisión de Sanidad y Consumo 161/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la retirada del anuncio de Frigo ... (Página 46)

Comisión de Medio Ambiente 161/000182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al estudio de impacto ambiental sobre las instalaciones aeroportuarias de Bell- Lloc-Vilanova d?Alcolea (Castelló) ... (Página 46)

161/000190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), relativa a la consideración de las Comunidades Autónomas con competencias en medio ambiente como autoridades competentes para el conocimiento y la tramitación de los proyectos presentados en el marco de las futuras convocatorias de la Comisión Europea Life-Naturaleza ... (Página 48)

161/000191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a cumplir los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero ... (Página 49)

Página 3


Comisión de Ciencia y Tecnología 161/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre solicitud a la Unión Europea (UE) de medidas en relación con el sector naval, así como para la integración de dicho sector público español en la empresa Bazán ... (Página 49)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia e Interior 181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen del Campo Casasús (GS), sobre destino que se piensa dar a la antigua prisión de Córdoba ... (Página 50)

Comisión de Infraestructuras 181/000160 Pregunta formulada por la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo (GS), sobre razones por las que el «Puerto Seco» de Coslada (Madrid) no se ha puesto aún en funcionamiento ... (Página 51)

Comisión de Política Social y Empleo 181/000164 Pregunta formulada por el Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez (GP), sobre actuaciones para la formación del colectivo de disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales 51 181/000165 Pregunta formulada por el Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez (GP), sobre medidas para mejorar el grado de empleabilidad de los disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales ... (Página 51)

181/000166 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo (GP), sobre motivos por los que la tasa de paro y el índice de precios al consumo (IPC) de Canarias son los más altos de España ... (Página 52)

181/000167 Pregunta formulada por la Diputada doña María Rosa Estarás Ferragut (GP), sobre medidas para promover el empresariado femenino ... (Página 52)

181/000168 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre política prevista para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda ... (Página 53)

181/000169 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla (GP), sobre principales medidas para promover el protagonismo de los jóvenes en la vida social, económica y cultural ... (Página 53)

181/000170 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla (GP), sobre presupuesto previsto para el Plan de Acción Global de Juventud 2000-2003 ... (Página 53)

181/000171 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla (GP), sobre medidas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes ... (Página 54)

181/000172 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre medidas para favorecer la educación para la salud de los jóvenes ... (Página 54)

181/000173 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre medidas para establecer alternativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes ... (Página 55)

181/000174 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre medidas para propiciar la integración de colectivos de jóvenes desfavorecidos ... (Página 55)

Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 181/000163 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre medidas para fijar las compensaciones económicas necesarias para evitar que la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas suponga algún perjuicio para las corporaciones locales y garantizar su autonomía y suficiencia financiera ... (Página 56)

Comisión de Medio Ambiente 181/000175 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Marti i Galbis (GC-CiU), sobre medidas a adoptar por el Gobierno al objeto de reducir la emisión de gases que provocan el cambio climático ... (Página 56)

Página 4


Competencias en relación con otros órganos e instituciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

230/000001 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia -tramitado en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad (art. 67 LOTC)- número 5447/ 1998, que fue planteado por el Gobierno contra Comunicación de 2 de noviembre de 1998 del Director General de Ingresos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura dirigida al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura ... (Página 57)

232/000013 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1404/1989, que fue promovido por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Minoría Catalana, contra la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/ 1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos ... (Página 58)

Página 5


CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000005

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(132) Real Decreto Legislativo que aprueba texto refundido.


AUTOR: Gobierno.


Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


Acuerdo:

Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL

La Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, de 28 de noviembre, establece que corresponde al legislador estatal la tarea de reelaborar la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, en aras del respeto y clarificación del orden constitucional de competencias y en beneficio de la seguridad jurídica, imprescindibles en materia sancionadora.


El legislador, a través de la Disposición adicional primera de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor, un texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas las distintas disposiciones legales que enumera.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de agosto de 2000.


DISPONGO:

ARTÍCULO ÚNICO.


Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que se inserta a continuación.


DISPOSICIÓN FINAL

Única.


El presente Real Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día 1 de enero de 2001.


TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Infracciones en el orden social.


1. Constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las Leyes del orden social.
2. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo especial en esta materia, a propuesta de la Inspección de

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Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.
3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.


Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción.


Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. El empresario en la relación laboral.
2. Los empresarios, trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados, perceptores y solicitantes de las prestaciones de Seguridad Social, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y demás entidades colaboradoras en la gestión, en el ámbito de la relación jurídica de Seguridad Social, así como las entidades o empresas responsables de la gestión de prestaciones en cuanto a sus obligaciones en relación con el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y demás sujetos obligados a facilitar información de trascendencia recaudatoria en materia de Seguridad Social.
3. Los empresarios, los trabajadores y, en general, las personas físicas o jurídicas, respecto de la normativa de colocación, fomento del empleo y de formación profesional ocupacional y continua.
4. Los transportistas, agentes, consignatarios, representantes, trabajadores y, en general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en operaciones de emigración o movimientos migratorios.
5. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la normativa sobre trabajo de extranjeros.
6. Las cooperativas con respecto a sus socios trabajadores y socios de trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las obligaciones que se establecen en su legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de lo establecido en otros números de este artículo.
8. Los promotores, los propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
9. Las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de Prevención de las empresas y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa sobre dicha materia.
10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares de los centros de trabajo y empresas de dimensión comunitaria situadas en territorio español, respecto de los derechos de información y consulta de los trabajadores en los términos establecidos en su legislación específica.
11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa legal que regula el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, respecto de las condiciones de trabajo que deben garantizar a dichos trabajadores desplazados temporalmente a España.


Artículo 3. Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.


1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
4. La comunicación del tanto de culpa al Órgano Judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por parte de éstos, no afectará al inmediato cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos adoptadas en los casos de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud del trabajador, a la efectividad de los requerimientos de subsanación formulados, ni a los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean objeto de las eventuales actuaciones jurisdiccionales del orden penal.


Artículo 4. Prescripción de las infracciones.


1. Las infracciones en el orden social a que se refiere la presente Ley prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción, salvo lo dispuesto en los números siguientes.
2. Las infracciones en materia de Seguridad Social prescribirán a los cinco años, excepto las cometidas por trabajadores y beneficiarios que supongan el reintegro de prestaciones de Seguridad Social indebidamente percibidas, en que el plazo de prescripción será de cuatro años.


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3. En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones prescribirán: al año las leves, a los tres años las graves y a los cinco años las muy graves, contados desde la fecha de la infracción.
4. Las infracciones a la legislación de sociedades cooperativas prescribirán: las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al año, contados desde la fecha de la infracción.


CAPÍTULO II

Infracciones laborales

Artículo 5. Concepto.


1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional y de trabajo temporal, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se regulan en el presente Capítulo.
2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los empresarios, las de las entidades que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral sujetas a responsabilidad conforme a la presente Ley.


SECCIÓN 1.a

Infracciones en materia de relaciones laborales

Subsección 1.a

Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas

Artículo 6. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.
2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado.


3. No poner a disposición de los trabajadores a domicilio el documento de control de la actividad laboral que realicen.
4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos reglamentariamente.
5. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.


Artículo 7. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado el trabajador.
2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva.
3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de tramitación de los recibos de finiquito.
5. La transgresión de las normas y los límites legales o paccionados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 23 y 34 a 38 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
6. La modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario, según lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
7. La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos.
8. La transgresión de los derechos de los representantes de los trabajadores y de las secciones sindicales en materia de crédito de horas retribuidas y locales adecuados para el desarrollo de sus actividades, así como de tablones de anuncios, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos.
9. La vulneración de los derechos de las secciones sindicales en orden a la recaudación de cuotas, distribución y recepción de información sindical, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos.


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10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente.


Artículo 8. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.
2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente.
3. El cierre de empresa o el cese de actividades, temporal o definitivo, efectuados sin la autorización de la autoridad laboral, cuando fuere preceptiva.
4. La transgresión de las normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral.
5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores, de sus representantes y de las secciones sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieran establecidos.
6. La vulneración del derecho de asistencia y acceso a los centros de trabajo, en los términos establecidos por el artículo 9.1, c) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, de quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas.
7. La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores.
8. La transgresión de las cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los convenios colectivos.
9. La negativa del empresario a la reapertura del centro de trabajo en el plazo establecido, cuando fuera requerida por la autoridad laboral competente en los casos de cierre patronal.
10. Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento.
11. Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores.
12. Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa, lengua dentro del Estado español, o por razón de disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales.
13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.
14. El incumplimiento por el empresario de la paralización de la efectividad del traslado, en los casos de ampliación del plazo de incorporación ordenada por la autoridad laboral a que se refiere el artículo 40.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
15. El incumplimiento por la empresa de la obligación de instrumentar los compromisos por pensiones con el personal de la empresa en los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.


Subsección 2.a

Infracciones en materia de derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria

Artículo 9. Infracciones graves y muy graves.


1. Son infracciones graves, salvo que proceda su calificación como muy graves de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo:

1.1 No facilitar la información solicitada sobre el número de trabajadores a efectos de definir la existencia de una empresa o grupo de empresas de dimensión comunitaria con el fin de constituir un comité de empresa europeo o de establecer un procedimiento alternativo de información y consulta a los trabajadores.
1.2 No dar traslado a la dirección central de la petición de inicio de las negociaciones para la constitución de un comité de empresa europeo o el establecimiento de un procedimiento alternativo de información y consulta.
1.3 La transgresión de los derechos de reunión de la comisión negociadora, del comité de empresa europeo, y, en su caso, de los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de información y consulta, así como de su derecho a ser asistidos por expertos de su elección.
1.4 La transgresión de los derechos de la comisión negociadora, del comité de empresa europeo y, en su caso, de los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de información y consulta, en materia de recursos financieros y materiales para el adecuado funcionamiento y desarrollo de sus actividades.
1.5 La falta de convocatoria, en tiempo y forma, de las reuniones, ordinarias y extraordinarias, del comité de empresa europeo con la dirección central.
1.6 La transgresión de los derechos y garantías delos miembros de la comisión negociadora, del comité

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de empresa europeo y de los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de información y consulta, en los términos legal o convencionalmente establecidos.


2. Son infracciones muy graves:

2.1 Las acciones u omisiones que impidan el inicio y desarrollo de la negociación para la constitución de un comité de empresa europeo o el establecimiento de un procedimiento alternativo de información y consulta a los trabajadores.
2.2 Las acciones u omisiones que impidan el funcionamiento de la comisión negociadora, del comité de empresa europeo y del procedimiento alternativo de información y consulta, en los términos legal o convencionalmente establecidos.
2.3 Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio efectivo de los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, incluido el abuso en el establecimiento de la obligación de confidencialidad en la información proporcionada o en el recurso a la dispensa de la obligación de comunicar aquellas informaciones de carácter secreto.
2.4 Las decisiones adoptadas en aplicación de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación, favorable o adversa, por razón del sexo, nacionalidad, lengua, estado civil, condición social, ideas religiosas o políticas y adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de las actividades sindicales.


Subsección 3.a

Infracciones de las obligaciones relativas a las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación transnacional

Artículo 10. Infracciones.


1. Constituyen infracciones leves los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los términos legalmente establecidos.
2. Constituye infracción grave la presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad a su inicio.
3. Constituye infracción muy grave la ausencia de comunicación de desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos contenidos en la misma.
4. Sin perjuicio de lo anterior, constituye infracción administrativa no garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española en los términos definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate. La tipificación de dichas infracciones, su calificación como leves, graves o muy graves, las sanciones y los criterios para su graduación, se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley.


SECCIÓN 2.a

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales

Artículo 11. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.
2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves.


Artículo 12. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales,

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o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones.
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de los riesgos. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cada proyecto de edificación y obra pública, con el alcance y en la forma establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, mediante alteraciones, en fraude de ley, en el volumen de la obra o en el número de trabajadores.
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los Delegados de Prevención.
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales.
14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
15. No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo.
16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de:

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas.
b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.
c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo.
d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados.
f) Medidas de protección colectiva o individual.
g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo.


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h) Servicios o medidas de higiene personal.
i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.


17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.
18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal.
19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.
21. Facilitar a la Autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización.
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a Servicios de Prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable.


Artículo 13. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.


2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores.
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización.


4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes.
7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva acreditación o autorización, cuando esta hubiera sido suspendida o extinguida,cuando hubiera caducado la autorización

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provisional, así como cuando se excedan en su actuación del alcance de la misma.
12. Mantener las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su actuación como tales, así como certificar, las entidades que desarrollen o certifiquen la formación preventiva, actividades no desarrolladas en su totalidad.


SECCIÓN 3.a

Infracciones en materia de empleo

Subsección 1.a

Infracciones de los empresarios y de las agencias de colocación en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo en general y formación profesional ocupacional

Artículo 14. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No comunicar a la Oficina de Empleo las contrataciones realizadas en los supuestos en que estuviere establecida esa obligación.
2. No comunicar a la Oficina de Empleo la terminación de los contratos de trabajo, en los supuestos en que estuviere prevista tal obligación.
3. La falta de registro en la Oficina de Empleo del contrato de trabajo y de sus prórrogas en los casos en que estuviere establecida la obligación de registro.


Artículo 15. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. No informar las empresas de selección de sus tareas al servicio público de empleo.
2. El incumplimiento de las medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo dictadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3. El incumplimiento en materia de integración laboral de minusválidos de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para minusválidos, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional.
4. No notificar a los representantes legales de los trabajadores las contrataciones de duración determinada que se celebren, o no entregarles en plazo la copia básica de los contratos cuando exista dicha obligación.
5. La publicidad por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo que no respondan a las reales condiciones del puesto ofertado, o que contengan condiciones contrarias a la normativa de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.


Artículo 16. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. Ejercer actividades de mediación con fines lucrativos, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores, así como ejercer actividades de mediación sin fines lucrativos, sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa o continuar actuando en la intermediación y colocación tras la finalización de la autorización, o cuando la prórroga se hubiese desestimado por el servicio público de empleo.
2. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua dentro del Estado.
3. Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la creación de empleo o formación profesional ocupacional ajenas al régimen económico de la Seguridad Social.
4. La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las ayudas, o subvenciones de fomento del empleo, de reinserción de demandantes de empleo, y de la formación profesional ocupacional concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado, o por las Comunidades Autónomas en el marco de la ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social.


Subsección 2.a

Infracciones de los trabajadores

Artículo 17. Infracciones de los trabajadores.


Constituyen infracciones de los trabajadores:

1. Leves.


1.1 No comparecer, previo requerimiento, ante el servicio público de empleo, las agencias de colocación sin fines lucrativos o las entidades asociadas de los Servicios Integrados para el Empleo, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda salvo causa justificada.
1.2 No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio público de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación sin fines lucrativos, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicadospara cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos.


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2. Graves: Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por el servicio público de empleo o por las agencias de colocación sin fines lucrativos, o negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por el servicio público de empleo o por las entidades asociadas de los Servicios Integrados para el Empleo.
A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por empleo adecuado y por trabajos de colaboración social, los que reúnan los requisitos establecidos respectivamente, en los números 2 y 3 del artículo 213 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
3. Muy Graves: La no aplicación, o la desviación en la aplicación de las ayudas, en general, de fomento del empleo percibidas por los trabajadores.


SECCIÓN 4.a

Infracciones en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias

Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo temporal.


1. Infracciones leves:

a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, los contratos a que se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las Empresas de Trabajo Temporal y los contratos de puesta a disposición.
b) No incluir en la publicidad de sus actividades u ofertas de empleo su identificación como empresa de trabajo temporal y el número de autorización.
c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del contrato de trabajo o la orden de servicio de los trabajadores puestos a disposición de la misma; así como la restante documentación que esté obligada a suministrarle.


2. Infracciones graves:

a) No formalizar por escrito los contratos de trabajo o contratos de puesta a disposición, previstos en la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
b) No remitir a la autoridad laboral competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la información a que se refiere el artículo 5 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, o no comunicar la actualización anual de la garantía financiera.
c) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos.


d) No destinar a la formación de los trabajadores temporales las cantidades a que se refiere el artículo 12.2 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto de selección, formación o contratación.
f) La puesta a disposición de trabajadores en ámbitos geográficos para los que no se tiene autorización administrativa de actuación, salvo lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.


3. Infracciones muy graves:

a) No actualizar el valor de la garantía financiera, cuando se haya obtenido una autorización administrativa indefinida.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen reglamentariamente.
c) No dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de la empresa de trabajo temporal.
d) La falsedad documental u ocultación de la información facilitada a la Autoridad Laboral sobre sus actividades.
e) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal o a otras empresas para su posterior cesión a terceros.


Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias.


1. Son infracciones leves.


a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el contrato de puesta a disposición.
b) No facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo aplicable para el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato de puesta a disposición.


2. Son infracciones graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos.
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por los trabajadores puestos a su disposición de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.


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d) La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, y en la normativa de prevención de riesgos laborales.
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o funciones que, en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido improcedente, despido colectivo o por causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya cubiertos por más de trece meses y medio, de forma continua o discontinua, por trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal, entendiéndose en ambos casos cometida una infracción por cada trabajador afectado.


3. Son infracciones muy graves:

a) Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga, consistentes en la sustitución de trabajadores en huelga por otros puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal.
b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de aquellas actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen reglamentariamente, entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en tales circunstancias.


CAPÍTULO III

Infracciones en materia de Seguridad Social

Artículo 20. Concepto.


1. Son infracciones en materia de Seguridad Social las acciones y omisiones de los distintos sujetos responsables a que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley, contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el Sistema de la Seguridad Social, tipificadas y sancionadas como tales en la presente Ley.
2. A los efectos de la presente Ley se asimilan a las infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social las producidas respecto de otras cotizaciones que recaude el Sistema de Seguridad Social.


SECCIÓN 1.a

Infracciones de los empresarios, trabajadores por cuenta propia y asimilados

Artículo 21. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No conservar, durante cinco años, la documentación o los registros o soportes informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, en su caso, se produjeran en relación con dichas materias, así como los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago delegado de prestaciones.
2. No exponer, en lugar destacado del centro de trabajo, o no poner a disposición de los trabajadores, dentro del mes siguiente al que corresponda el ingreso de las cuotas, el ejemplar del documento de cotización o copia autorizada del mismo o, en su caso, no facilitar la documentación aludida a los delegados de personal o Comités de empresa.
3. No comunicar en tiempo y forma las bajas de los trabajadores que cesen en el servicio a la empresa, así como las demás variaciones que les afecten.
4. No facilitar a las Entidades correspondientes los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente.
5. No comunicar a la entidad correspondiente cualquier cambio en los documentos de asociación o de adhesión para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.


Artículo 22. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. Iniciar su actividad sin haber solicitado su inscripción en la Seguridad Social; no comunicar la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo a efectos de su identificación; y las variaciones de datos u otras obligaciones establecidas reglamentariamente en materia de inscripción de empresas e identificación de centros de trabajo.
2. No solicitar, en tiempo y forma, la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, considerándose una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.
3. No disponer en el centro de trabajo o no llevar en orden y al día el Libro de Matrícula de Personal o, en su caso, el sistema de documentación cuya utilización hubiera sido autorizada para sustituir dicho Libro.
4. No presentar, en plazo reglamentario, los documentos de cotización cuando no se ingresen en el mismo las cuotas ni se tenga solicitado aplazamiento de pago; y la no transmisión o no acogimiento de los datos de cotización por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios informáticos electrónicos o telemáticos.
5. No ingresar, en la forma y plazo procedente, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda el Sistema de la Seguridad Social, o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una situación extraordinaria

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de la empresa y no se haya efectuado la presentación prevista en el número anterior.
6. Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social.
7. Formalizar la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en su caso de la incapacidad temporal del personal a su servicio en entidad distinta de la que legalmente corresponda.
8. No entregar al trabajador, en tiempo y forma, el certificado de empresa y cuantos documentos sean precisos para la solicitud y tramitación de cualesquiera prestaciones.
9. No solicitar los trabajadores por cuenta propia, en tiempo y forma, su afiliación inicial o alta en el correspondiente Régimen especial de la Seguridad Social cuando la omisión genere impago de la cotización que corresponda.
10. No abonar a las Entidades correspondientes las prestaciones satisfechas por éstas a los trabajadores cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación.
11. No proceder en tiempo y cuantía al pago delegado de las prestaciones que correspondan.
12. Obtener o disfrutar indebidamente reducciones o bonificaciones en el pago de las cuotas sociales que correspondan, entendiendo producida una infracción por cada trabajador afectado.


Artículo 23. Infracciones muy graves.


1. Son infracciones muy graves:

1.1 Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad.
1.2 Retener indebidamente, no ingresándola dentro del plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus trabajadores, o efectuar descuentos, no ingresándolos, superiores a los legalmente establecidos.


1.3 El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.
1.4 Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario, o bien su renuncia a los derechos que les confiere el Sistema de la Seguridad Social.
1.5 Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones.
1.6 Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización que ocasionen deducciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la Seguridad Social.
1.7 No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes, clase de las prestaciones y fecha de efectos de su concesión.


2. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social.
En las infracciones señaladas en los apartados 1, 3 y 5 del número anterior el empresario responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador.
Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el número 1 anterior, cometidas por el empresario contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.
3. Las infracciones de este artículo, además de a las sanciones que correspondan por aplicación del Capítulo VI, darán lugar a las sanciones accesorias previstas en el artículo 46 de esta Ley.


SECCIÓN 2.a

Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones

Artículo 24. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No facilitar a la entidad correspondiente o a la empresa, cuando le sean requeridos, los datos necesarios para su afiliación o su alta en la Seguridad Social y, en su caso, las alteraciones que en ellos se produjeran, los de la situación de pluriempleo, y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo.
2. No comparecer, previo requerimiento, ante la Entidad Gestora de las prestaciones en la forma y fecha que se determinen, salvo causa justificada.


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Artículo 25. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo siguiente.
2. No comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos médicos ordenados por las Entidades Gestoras o colaboradoras, en los supuestos así establecidos, así como no presentar ante las mismas los antecedentes, justificantes o datos que no obren en la Entidad, cuando a ello sean requeridos y afecten al derecho a la continuidad en la percepción de la prestación.
3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación.


Artículo 26. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas.
2. Compatibilizar el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa correspondiente. En el caso de subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, se entenderá que el trabajador ha compatibilizado el percibo de la prestación con el trabajo por cuenta ajena o propia cuando los días trabajados no hayan sido declarados en la forma prevista en su normativa específica de aplicación.
3. La connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social.


SECCIÓN 3.a

Infracciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

Artículo 27. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No cumplir las obligaciones formales relativas a diligencia, remisión y conservación de libros, registros, documentos y relaciones de trabajadores, así como de los boletines estadísticos.
2. Incumplir las obligaciones formales establecidas sobre inscripción, registro y conservación de documentos y certificados, en materia de reconocimientos médicos obligatorios.
3. No remitir al organismo competente, dentro del plazo y debidamente cumplimentados, los partes de accidentes de trabajo cuando éstos tengan carácter leve.
4. No informar a los empresarios asociados, trabajadores y órganos de representación del personal, y a las personas que acrediten un interés personal y directo, acerca de los datos a ellos referentes que obren en la Entidad.


Artículo 28. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. No llevar al día y en la forma establecida los libros obligatorios, así como los libros oficiales de contabilidad o sistema contable autorizado, de conformidad con el Plan General de Contabilidad y Normas Presupuestarias de la Seguridad Social.
2. Aceptar la asociación de empresas no incluidas en el ámbito territorial o funcional de la entidad sin estar autorizadas; no aceptar toda proposición de asociación que formulen las empresas comprendidas en su ámbito de actuación; concertar convenios de asociación de duración superior a un año; y no proteger a la totalidad de los trabajadores de una empresa asociada correspondientes a centros de trabajo situados en la misma provincia.
3. No observar las normas relativas a la denominación y su utilización, y a la constitución y funcionamiento de sus órganos de gobierno y de participación.
4. No remitir al organismo competente, dentro del plazo y debidamente cumplimentados, los partes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cuando tengan carácter grave, muy grave o produzcan la muerte del trabajador.
5. No cumplir la normativa establecida respecto de constitución y cuantía en materia de fianza, gastos de administración, reservas obligatorias, así como la falta de remisión dentro de plazo al organismo competente del balance anual, memoria y cuenta de resultados, y presupuesto de ingresos y gastos debidamente aprobados y confeccionados.
6. No facilitar al organismo competente y, en todo caso, a los Servicios Comunes y Entidades Gestoras, cuantos datos soliciten en materia de colaboración, ni coordinar la actuación de la Entidad con dichos organismos y con las Administraciones competentes en materia de gestión de Servicios Sociales u otras materias en las que colaboren las Mutuas de Accidentes deTrabajo y Enfermedades Profesionales, así como la

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negativa a expedir a los empresarios asociados los certificados del cese de la asociación.
7. Dar publicidad o difundir públicamente informaciones y datos referentes a su actuación, sin la previa autorización del órgano superior de vigilancia y tutela, cuando la misma se requiera.
8. No solicitar en tiempo y forma establecidos las autorizaciones preceptivas en materia de inversiones, contratación con terceros, revalorización de activos y actualización de balances, y cualesquiera otras en materia económico financiera en que así lo exijan las disposiciones en vigor.


Artículo 29. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. Llevar a cabo operaciones distintas a aquellas a las que deben limitar su actividad o insertar en los convenios de asociación condiciones que se opongan a las normas de la Seguridad Social y de las que regulan la colaboración en la gestión de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
2. No contribuir en la medida que proceda al sostenimiento económico de los Servicios Comunes de la Seguridad Social y no cumplir las obligaciones que procedan en materia de reaseguro o del sistema establecido de compensación de resultados.
3. Aplicar epígrafes de la tarifa de primas o, en su caso, las adicionales que procedan, distintas de las que sean perceptivamente obligatorias, según las actividades y trabajos de cada empresa, así como promover u obtener el ingreso de cantidades equivalentes o sustitutorias de las cuotas de la Seguridad Social por procedimientos diferentes a los reglamentarios.
4. Concertar, utilizar o establecer servicios sanitarios, de prevención de accidentes, de recuperación o de rehabilitación propios o de terceros, sin la previa autorización del organismo competente.
5. Exigir a las empresas asociadas, al convenir la asociación, el ingreso de cantidades superiores al importe anticipado de un trimestre de las correspondientes cuotas en concepto de garantía, o bien exigir dicho ingreso mas de una vez.
6. Ejercer la colaboración en la gestión con ánimo de lucro; no aplicar el patrimonio estrictamente al fin social de la Entidad; distribuir beneficios económicos entre los asociados, con independencia de su naturaleza; afectar los excedentes anuales a fines distintos de los reglamentarios; continuar en el ejercicio de la colaboración cuando concurran causas de disolución obligatoria sin comunicarlo al órgano competente; y no diferenciar las actividades desarrolladas como Servicios de Prevención, o no imputar a las mismas los costes derivados de tales actividades.


7. Incumplir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones establecido en el artículo 75 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


SECCIÓN 4.a

Infracciones de las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión

Artículo 30. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. No llevar en orden y al día la documentación reglamentariamente exigida.
2. No dar cuenta, semestralmente, al Comité de Empresa de la aplicación de las cantidades percibidas para el ejercicio de la colaboración.


Artículo 31. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. No mantener las instalaciones sanitarias propias en las condiciones exigidas para la prestación de la asistencia.
2. No coordinar la prestación de asistencia sanitaria con los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social.
3. Prestar la asistencia sanitaria con personal ajeno a los Servicios de la Seguridad Social, salvo autorización al efecto.
4. Conceder prestaciones en tiempo, cuantía o forma distintos a los reglamentariamente establecidos.
5. No ingresar las aportaciones establecidas para el sostenimiento de los Servicios Comunes.
6. No llevar en su contabilidad una cuenta específica que recoja todas las operaciones relativas a la colaboración.


Artículo 32. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. Ejercer las funciones propias del objeto de la colaboración sin previa autorización.
2. Continuar en el ejercicio de la colaboración después de la pérdida de los requisitos mínimos exigibles.
3. Destinar los excedentes de la colaboración a fines distintos de la mejora de las prestaciones.
4. No aplicar a los fines exclusivos de la colaboración, incluyendo en ella la mejora de las prestaciones, las cantidades deducidas de la cuota reglamentaria.


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CAPÍTULO IV

Infracciones en materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros

a SECCIÓN 1.


Infracciones en materia de emigración y movimientos migratorios internos

Artículo 33. Concepto.


Son infracciones en materia de emigración y movimientos migratorios laborales las acciones u omisiones de los sujetos a quienes se refiere el artículo 2.4 tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley.


Artículo 34. Infracciones leves.


Son infracciones leves:

1. La modificación de las condiciones de la oferta para emigrar, una vez autorizada administrativamente, si no causa perjuicio grave para los emigrantes.
2. No presentar los contratos de trabajo para su visado por la autoridad laboral, o no entregar al trabajador la copia del contrato ya visado.
3. La inaplicación de los descuentos establecidos para el transporte de los emigrantes.


Artículo 35. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

1. La difusión por cualquier medio de ofertas de trabajo para el extranjero sin la obtención de la preceptiva autorización administrativa.
2. La modificación de las condiciones de la oferta para emigrar, una vez autorizada administrativamente, si causa perjuicio grave para los emigrantes.
3. La ocultación, falsificación o rectificación de cláusulas sustanciales de un contrato ya visado.
4. El desplazamiento del trabajador al país de acogida sin la documentación necesaria o la retención injustificada por la empresa de dicha documentación.
5. La contratación de marinos españoles por cuenta de empresas armadoras extranjeras realizada por personas o entidades no autorizadas por la autoridad laboral para realizar ese cometido.


Artículo 36. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

1. El establecimiento de cualquier tipo de agencias de reclutamiento de emigrantes.
2. La simulación o engaño en el reclutamiento o en la contratación de los emigrantes.


3. El abandono de trabajadores emigrantes en país extranjero por parte del empresario contratante o de sus representantes autorizados.
4. El cobro a los trabajadores de comisión o precio por su reclutamiento.
5. La obtención fraudulenta de ayudas a la emigración y movimientos migratorios interiores, ya sean individuales o de reagrupación familiar, o la no aplicación o aplicación indebida de dichas ayudas.


SECCIÓN 2.a

Infracciones en materia de permisos de trabajo de extranjeros

Artículo 37. Infracciones.


Serán consideradas conductas constitutivas de infracción muy grave las de:

1. Los empresarios que utilicen trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado.
2. Los extranjeros que ejerzan en España cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia, sin haber obtenido el preceptivo permiso de trabajo, o no haberlo renovado.
3. Las de las personas físicas o jurídicas que promuevan, medien o amparen el trabajo de los extranjeros en España sin el preceptivo permiso de trabajo.


CAPÍTULO V

Infracciones en materia de sociedades cooperativas

Artículo 38. Infracciones en materia de cooperativas.


Se sujetan a las prescripciones de este artículo, las infracciones de las sociedades cooperativas, cuando la legislación autonómica se remita al respecto a la legislación del Estado, cuando no se haya producido la referida legislación autonómica o cuando aquéllas desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.


1. Son infracciones leves:

El incumplimiento de las obligaciones o la vulneración de las prohibiciones impuestas por la Ley de Cooperativas, que no supongan un conflicto entre partes, no interrumpan la actividad social y no puedan ser calificadas de graves o muy graves.


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2. Son infracciones graves:

a) No convocar la Asamblea General ordinaria en tiempo y forma.
b) Incumplir la obligación de inscribir los actos que han de acceder obligatoriamente al Registro.
c) No efectuar las dotaciones, en los términos legalmente establecidos, a los fondos obligatorios o destinarlos a finalidades distintas a las previstas.
d) La falta de auditoría de cuentas, cuanto ésta resulte obligatoria, legal o estatutariamente.
e) Incumplir, en su caso, la obligación de depositar las cuentas anuales.
f) La transgresión generalizada de los derechos de los socios.


3. Son infracciones muy graves:

a) La paralización de la actividad cooperativizada, o la inactividad de los órganos sociales durante dos años.
b) La transgresión de las disposiciones imperativas o prohibitivas de la Ley de Cooperativas, cuando se compruebe connivencia para lucrarse o para obtener ficticiamente subvenciones o bonificaciones fiscales.


CAPÍTULO VI

Responsabilidades y sanciones

SECCIÓN 1.a

Normas generales sobre sanciones a los empresarios, y en general, a otros sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados

Artículo 39. Criterios de graduación de las sanciones.


1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios establecidos en los apartados siguientes.
2. Calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta Ley, las sanciones se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida.
3. En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.


b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
d) El número de trabajadores afectados.
e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.
f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes.
h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.


4. Las infracciones en materia de sociedades cooperativas se graduarán, a efectos de su correspondiente sanción, atendiendo al número de socios afectados, repercusión social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa.
5. Los criterios de graduación recogidos en los números anteriores no podrán utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
6. El acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que inicie el expediente sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en los anteriores apartados de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su tramo inferior.
7. Se sancionará en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que consista en la persistencia continuada de su comisión.


Artículo 40. Cuantía de las sanciones.


1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 siguiente, en materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:

1.1 Las leves, en su grado mínimo, con multa de 5.000 a 10.000 pesetas; en su grado medio, de 10.001 a 25.000 pesetas; y en su grado máximo, de 25.001 a 50.000 pesetas.


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1.2 Las graves con multa, en su grado mínimo de 50.001 a 100.000 pesetas; en su grado medio, de 100.001 a 250.000 pesetas; y en su grado máximo, de 250.001 a 500.000 pesetas.
1.3 Las muy graves con multa, en su grado mínimo de 500.001 a 2.000.000 de pesetas; en su grado medio de 2.000.001 a 8.000.000 de pesetas; y en su grado máximo, de 8.000.001 a 15.000.000 de pesetas.


2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:

2.1 Las leves, en su grado mínimo, con multa de 5.000 a 50.000 pesetas; en su grado medio de 50.001 a 100.000 pesetas; y en su grado máximo, de 100.001 a 250.000 pesetas.
2.2 Las graves, con multa, en su grado mínimo de 250.001 a 1.000.000 de pesetas; en su grado medio, de 1.000.001 a 2.500.000 pesetas; y en su grado máximo, de 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas.
2.3 Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 5.000.001 a 20.000.000 de pesetas; en su grado medio de 20.000.001 a 50.000.000 de pesetas; y en su grado máximo de 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente.
Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la Autoridad laboral.


3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a los mismos hechos y se practiquen simultáneamente, se reducirán automáticamente al 50 por 100 de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente.
4. Las infracciones en materia de cooperativas se sancionarán:

4.1 Las leves, con multa de 50.000 a 100.000 pesetas.
4.2 Las graves, con multa de 100.001 a 500.000 pesetas.
4.3 Las muy graves, con multa de 500.001 a 5.000.000 de pesetas, o con la descalificación.


Artículo 41. Reincidencia.


1. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los 365 días siguientes a la notificación de ésta; en tal supuesto se requerirá que la Resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza.
2. Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas en el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder, en ningún caso, de las cuantías máximas previstas en el artículo anterior para cada clase de infracción.
3. La reincidencia de la empresa de trabajo temporal en la comisión de infracciones tipificadas como muy graves en esta Ley, podrá dar lugar a la suspensión de sus actividades durante un año.
Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la propuesta de suspensión de actividades, será competente para resolver el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o la autoridad equivalente de las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución de la legislación laboral.
Transcurrido el plazo de suspensión, la empresa de trabajo temporal deberá solicitar nuevamente autorización administrativa que le habilite para el ejercicio de la actividad.


SECCIÓN 2.a

Normas especificas

Subsección 1.a

Responsabilidades empresariales en materia laboral y de prevención de riesgos laborales

Artículo 42. Responsabilidad empresarial.


1. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 42 a 44 del Estatuto de los Trabajadores determinarán la responsabilidad de los empresarios afectados en los términos allí establecidos.
2. Las responsabilidades entre empresas de trabajo temporal y empresas usuarias en materia salarial se regirán por lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
3. La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades

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propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.
4. La corrección de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, en el ámbito de las Administraciones Públicas se sujetará al procedimiento y normas de desarrollo del artículo 45.1 y concordantes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso- administrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del Sistema de Seguridad Social.


Subsección 2.a

Responsabilidades en materia de Seguridad Social

Artículo 43. Responsabilidades empresariales.


1. Las sanciones que puedan imponerse a los distintos sujetos responsables, se entenderán sin perjuicio de las demás responsabilidades exigibles a los mismos, de acuerdo con los preceptos de la Ley General de la Seguridad Social y de sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
2. Las responsabilidades entre empresas de trabajo temporal y empresas usuarias en materia de Seguridad Social se regirán por lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.


Artículo 44. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.


1. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, o el correspondiente órgano de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en función de su competencia respectiva en orden a la imposición de sanciones, y siempre que las circunstancias que concurran en la infracción así lo aconsejen, podrán acordar, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la aplicación a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social de las medidas que a continuación se señalan, con independencia de las sanciones que puedan imponerse a las mismas de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1.


1.1 La intervención temporal de la entidad, en caso de infracción calificada de grave.
1.2 La remoción de sus órganos de gobierno, juntamente con la intervención temporal de la entidad, o bien el cese de aquéllas en la colaboración, en caso de infracción calificada de muy grave.


2. Si los empresarios promotores de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social realizasen algún acto en nombre de la entidad antes de que su constitución haya sido autorizada por el órgano de la Administración Pública competente y sin que figure inscrita en el correspondiente registro, o cuando falte alguna formalidad que le prive de existencia en derecho y depersonalidad en sus relaciones jurídicas con terceros, los que de buena fe contraten con aquella Mutua no tendrán acción contra ésta, pero sí contra los promotores. En este supuesto, la responsabilidad de los promotores por dichos actos será ilimitada y solidaria. En tales casos, los empresarios promotores de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social serán sujetos responsables asimismo de las infracciones comprendidas en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley.


Artículo 45. Sanciones a los empresarios que colaboren voluntariamente en la gestión.


Con independencia de las sanciones que correspondan de acuerdo con el artículo 40.1, y siempre que las circunstancias del caso lo requieran, en beneficio de la corrección de deficiencias observadas en la propuesta elevada al órgano directivo responsable de la vigilancia, dirección y tutela de la Seguridad Social, se podrán aplicar, además, las siguientes sanciones:

1. Suspensión temporal de la autorización para colaborar por plazo de hasta cinco años.
2. Retirada definitiva de la autorización para colaborar con la pérdida de la condición de Entidad colaboradora.


Subsección 3.a

Sanciones accesorias a los empresarios en materia de Empleo, Ayudas de Fomento del Empleo, Formación Ocupacional y Protección por Desempleo

Artículo 46. Sanciones accesorias a los empresarios.


Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1, los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley en materia de empleo y de protecciónpor desempleo:

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1. Perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.
2. Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período máximo de un año.
3. En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 16, quedan obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente.


Subsección 4.a

Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios en materia de Empleo y de Seguridad Social

Artículo 47. Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios.


1. Las infracciones se sancionarán:

1.1 Las leves, con pérdida de la prestación, subsidio o pensión durante un mes.
1.2 Las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o pensión durante un período de tres meses, salvo las de su número 3 en las prestaciones y subsidios por desempleo en que la sanción será de extinción de la prestación. Las graves tipificadas en el apartado 2 del artículo 17 y la reincidencia en las leves de los artículos 24.2 y 17.1 se sancionarán con la extinción de la prestación o subsidio por desempleo.
Asimismo, quedará sin efecto la inscripción como desempleado, con pérdida de los derechos que como demandante de empleo tuviera reconocidos, de quienes incurran en infracciones en materia de empleo, formación profesional, ayudas para fomento de empleo, y prestaciones y subsidio por desempleo.
1.3 Las muy graves, con pérdida de la pensión durante un período de seis meses o con extinción de la prestación o subsidio por desempleo.
Igualmente se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación económica y, en su caso, ayuda por fomento de empleo durante un año.


2. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
3. A efectos de reincidencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 41.1 de esta Ley.
4. No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la transgresión de las obligaciones afecten al cumplimiento y conservación de los requisitos que dan derecho a la prestación, podrá la Entidad Gestora suspender cautelarmente la misma, hasta que la resolución administrativa sea definitiva.
5. La imposición de las sanciones por las infracciones previstas en esta Subsección se llevará a efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.5 de esta Ley, respetando la competencia respectiva del órgano sancionador y estableciendo la cooperación necesaria para la ejecución de la sanción impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro órgano.


CAPÍTULO VII

Disposiciones Comunes

Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras.


1. La competencia para sancionar las infracciones en el orden social, en el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Autoridad competente a nivel provincial, hasta 1.000.000 de pesetas; al Director General competente, hasta 5.000.000 de pesetas; al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 10.000.000 de pesetas; y al Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 15.000.000 de pesetas.
2. En el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales serán sancionadas, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Autoridad competente a nivel provincial, hasta 5.000.000 de pesetas; por el Director General competente, hasta 15.000.000 de pesetas; por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 50.000.000 de pesetas; y por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 100.000.000 de pesetas.
3. Las infracciones en materia de cooperativas tipificadas en la presente Ley serán sancionadas, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el órgano directivo del que dependa el Registro de Sociedades Cooperativas, hasta 1.000.000 de pesetas y por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 5.000.000 de pesetas y la descalificación.
4. La imposición de las sanciones por infracciones leves y graves a los trabajadores, en materia de empleo, formación profesional, ayuda para el fomento del empleo, Seguridad Social y protección por desempleo, corresponde a la Entidad Gestora de la Seguridad Social u Organismo Público de Colocación competente; la de las muy graves a la Autoridad competente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Cuando la sanción impuesta consista en la pérdida temporal o definitiva de la prestación por desempleo, la Autoridad competente que haya impuesto la sanción dará traslado a la Entidad Gestora de dicha prestación a los efectos procedentes para su aplicación.
5. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma.


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6. La atribución de competencias a que se refieren los apartados anteriores no afecta al ejercicio de la potestad sancionadora que pueda corresponder a otras Administraciones por razón de las competencias que tengan atribuidas.
7. En los supuestos de acumulación de infracciones correspondientes a la misma materia en un solo procedimiento, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias sancionadoras efectuada en los apartados anteriores.
8. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta Ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.


Artículo 49. Actuaciones de advertencia y recomendación.


No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.2 del Convenio 81 de la OIT y 22.2 del Convenio 129 de la OIT, ratificados por el Estado español por Instrumentos de 14 de enero de 1960 y 11 de marzo de 1971, respectivamente, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y siempre que no se deriven daños ni perjuicios directos a los trabajadores, podrá advertir y aconsejar, en vez de iniciar un procedimiento sancionador; en estos supuestos dará cuenta de sus actuaciones a la Autoridad laboral competente.


Artículo 50. Infracciones por obstrucción a la labor inspectora.


1. Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora se califican como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido y de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme se describe en los números siguientes.
2. Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora que se calificarán como graves, excepto los supuestos comprendidos en los números 3 y 4 de este artículo.
3. Son infracciones leves:

3.1 Las que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas obligaciones sean requeridas en el curso de una visita de inspección y estén referidas a documentos o información que deban obrar o facilitarse en el centro de trabajo.
3.2 La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el centro de trabajo.


4. Se calificarán como infracciones muy graves:

4.1 Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad.
4.2 Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social así como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves.
4.3 El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


5. Las obstrucciones a la actuación inspectora serán sancionadas conforme a lo establecido en la presente Ley, por la Autoridad competente en cada caso en función del orden material de actuación del que traiga causa o se derive la obstrucción.
6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso necesario la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar de la autoridad competente o de sus agentes el auxilio oportuno para el normal ejercicio de sus funciones.


CAPÍTULO VIII

Procedimiento sancionador

Artículo 51. Normativa aplicable.


1. Corresponde al Gobierno dictar el Reglamento de procedimiento especial para la imposición de sanciones del orden social.
2. El procedimiento sancionador, común a todas las Administraciones Públicas, se ajustará a lo previsto en la presente Ley y en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo de aplicación subsidiaria las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.


Artículo 52. Principios de tramitación.


1. El procedimiento se ajustará a los siguientes trámites:

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a) Se iniciará, siempre de oficio, por Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de actuaciones practicadas de oficio, por propia iniciativa o mediante denuncia, o a instancia de persona interesada.
b) El acta será notificada por la citada Inspección al sujeto o sujetos responsables, que dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho, ante el órgano competente para dictar resolución.
c) Transcurrido el indicado plazo y previas las diligencias necesarias, si se hubieren formulado alegaciones se dará nueva audiencia al interesado por término de ocho días, siempre que de las diligencias practicadas se desprenda la existencia de hechos distintos a los incorporados en el acta.
d) A la vista de lo actuado, por el órgano competente se dictará la resolución correspondiente.


2. El procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones leves y graves a que se refiere el artículo 48.5 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Entidad o por comunicación a la misma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Entidad o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma notificarán los cargos al interesado, dándole audiencia, todo ello con sujeción al procedimiento que reglamentariamente se establezca.


Artículo 53. Contenido de las actas y de los documentos iniciadores del expediente.


1. Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la infracción y de la graduación de la sanción.
b) La infracción que se impute, con expresión del precepto vulnerado.
c) La calificación de la infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y su cuantificación.
d) En los supuestos en que exista posible responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal.


2. Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.
El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.
3. Las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y las actas de infracción en dicha materia, cuando se refieran a los mismos hechos, se practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se tramitarán conforme al procedimiento establecido en la correspondiente normativa.


4. En los documentos de inicio de expedientes sancionadores por las Entidades Gestoras o servicios correspondientes de las Comunidades Autónomas, se comunicarán a los interesados los hechos u omisiones que se les imputen, la infracción presuntamente cometida, su calificación y la sanción propuesta, con expresión del plazo para que puedan formular alegaciones.


Artículo 54. Recursos.


Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.


DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Actualización del importe de las sanciones.


La cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la presente Ley podrá ser actualizada periódicamente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.


Segunda. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.


La Disposición adicional tercera de la Ley 8/1988, de 7 de abril, en su redacción vigente, quedará derogada en cada territorio autonómico cuando se logre el respectivo acuerdo con cada Comunidad Autónoma a que se refiere el artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el número dos de su Disposición derogatoria.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.


1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley.


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2. Quedan expresamente derogadas las siguientes - De la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, disposiciones: los artículos 114 y 115.
- De la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre - Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y el desplazamiento de trabajadores en el marco de la Sanciones en el Orden Social, sin perjuicio de lo dispuesto prestación de servicios transnacionales, los artículos 10 en la Disposición adicional segunda de la presente a 13.
Ley.
- De la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 3. Las referencias contenidas en la normativa Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo vigente a las disposiciones y preceptos que se derogan

1/1995, de 24 de marzo, el Título IV, artículos 93 expresamente en el apartado anterior deberán entenderse

a 97. efectuadas a la presente Ley y a los preceptos de ésta

- De la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención que regulan la misma materia.


de Riesgos Laborales, los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y los artículos 45 a 52. DISPOSICIÓN FINAL - De la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, el Capítulo V, Única. artículos 18 a 21.
- De la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos La presente Ley, así como sus normas reglamentarias de información y consulta de los trabajadores en de desarrollo, constituyen legislación dictada al las empresas y grupos de dimensión comunitaria, el amparo del artículo 149.1. 2.ª, 7.ª, 17.ª y 18.ª de la Capítulo I del Título III, artículos 30 a 34. Constitución Española.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000101

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre consideración como efectivamente cotizado a la Seguridad Social del tiempo de duración del servicio militar o de la prestación social sustitutoria.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre consideración como efectivamente cotizado a la Seguridad Social, del tiempo de duración del Servicio Militar o de la Prestación Social Sustitutoria, para su debate ante el Pleno del Congreso de los Diputados.


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Exposición de motivos

La profesionalización de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha traído consigo una serie de reformas legislativas que responden a la necesidad de diseñar un sistema coherente con la profunda reforma que significa este proceso. Así, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, ha establecido un nuevo régimen de personal en las Fuerzas Armadas para responder a la nueva concepción, ya profesionalizada, de esta institución, y la Ley 26/1999, de 9 de julio, ha establecido medidas, fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, para responder a la obligatoria movilidad geográfica derivada de la disponibilidad de sus miembros por razones profesionales.
También se han realizado reformas, de carácter orgánico a iniciativa de los Grupos Parlamentarios, que han afectado a la legislación de la prestación social sustitutoria, a través de la Ley 22/1998, de 6 de julio, o a las previsiones del Código Penal, como la Ley Orgánica 7/ 1998, que suprime las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Aún es necesario, sin embargo, llevar a cabo determinadas modificaciones en diferentes ámbitos, como son los asuntos que afectan al conjunto de derechos y deberes de quienes han venido cumpliendo el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, y específicamente en cuanto a la consideración del período de cumplimiento en relación con el sistema de Seguridad Social.
De conformidad con la normativa vigente, el cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria constituye una situación suspensiva del contrato de trabajo [artículo 45.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995], si bien asimilada a la de alta (artículo 55.2 Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar en relación con el artículo 125.2 Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/ 1994, y artículo 36 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, Real Decreto 84/1996), sin obligación de cotizar (artículos 13.2 y 71 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, Real Decreto 2064/1995).
Es decir, las personas que se encuentran realizando el servicio militar o la prestación social sustitutoria continúan comprendidas en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que estuvieran encuadradas cuando se produjo la suspensión de la relación laboral, pero ven rotas sus carreras de seguro en tanto en cuanto durante el tiempo que dura la prestación no se produce ninguna cotización.


Habida cuenta de que las prestaciones económicas contributivas requieren el cumplimiento de una serie de requisitos para poder ser acreedor de las mismas, resulta paradójico que estas personas, a quienes se les reclama el cumplimiento de una «prestación personal fundamental», se vean perjudicadas al no poder computar, a todos los efectos, de carencia y económicos, ese tiempo de prestación en el que se suspendió su relación laboral y consiguiente cotización.
La medida que, en consecuencia, se propone adoptar significaría considerar el cómputo efectivo de unos períodos, dedicados al cumplimiento de un interés nacional, con el fin de completar el tiempo de carencia exigido para el reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema y mejorar su cuantía.
La iniciativa propuesta tiene, asimismo, especial importancia por su coherencia con los cambios producidos en la exigencia del cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria, pues es difícilmente comprensible en términos sociales el perjuicio que, como consecuencia de tal prestación, se produce en la carrera de seguro del trabajador, cuando dicha prestación ya no va a ser exigida a las generaciones que accedan por primera vez a la vida activa, lo que justifica, a su vez, el carácter retroactivo de la medida y que la financiación de la medida se efectúe como una aportación finalista de la Hacienda Pública, toda vez que el beneficio obtenido por la prestación del servicio efectuado alcanza a toda la comunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se considere como efectivamente cotizado el tiempo de suspensión del contrato de trabajo como consecuencia del cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria, con el fin de cumplir los períodos de carencia exigidos para el reconocimiento de las prestaciones económicas de la acción protectora de la Seguridad Social y mejorar su cuantía.
Asimismo, el Gobierno adoptará las disposiciones necesarias para que la financiación de esta medida se efectúe con una aportación finalista del Estado, a través de una transferencia al Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez calculado, anualmente, su coste económico.
Las disposiciones a adoptar garantizarán el efecto retroactivo de la medida».


Madrid, 19 de julio de 2000.-Jordi Marsal i Muntalá, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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162/000102

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre las becas predoctorales y postdoctorales de formación de personal investigador.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las becas predoctorales y postdoctorales de Formación de Personal Investigador, para su debate en el Pleno.
Es un tópico hablar de la carencia de recursos suficientes dedicados a la investigación, desarrollo e innovación en nuestro país. En los últimos años del Gobierno del Partido Popular se han aumentado estos presupuestos de forma artificial, ya que más del 50 por 100 de los mismos se dedican a la construcción de armamento militar (avión de combate EFA, fragata y carros europeos de combate), situación que ha llevado a nuestro país a ocupar el dudosamente honorable primer puesto en cuanto a porcentaje de I+D militar en toda Europa. Con toda esta estrategia de ingeniería presupuestaria, no se ha conseguido, sin embargo, llegar al 1 por 100 de la inversión en I+D en relación al PIB.
Estudiar algunas cifras puede ser esclarecedor. La inversión en I+D de la Administración Central (Función 54 de los PGE) en términos de PIB, o en pesetas constantes, ha aumentado menos del 5 por 100 en los últimos 5 años. Actualmente, el total de gastos de I+D del Estado roza el umbral de 0,9 por 100 del PIB, el mismo que en 1990, menos de la mitad de lo que se realiza en la Unión Europea de los quince, incluyendo a Portugal y Grecia; menos de la tercera parte de lo que dedican a I+D EE.UU., Japón o Corea.
Todos los estudios específicos sobre nuestro sistema científico- técnico coinciden en la necesidad de incrementar los recursos financieros, ampliar las plantillas de científicos, motivar a la empresa privada para que dedique parte de sus ingresos a este apartado para mejorar su eficiencia, y en la necesidad de una mayor implicación de la universidad, que debe complementar la formación con la investigación. Por otro lado se coincide en la necesidad de agilizar y divulgar el proceso de investigación, mejorando la transferencia de resultados de la investigación al sector productivo y social, en forma de patentes de propiedad pública o en contratos de mejora de procesos o productos. Un nivel adecuado y creíble consistiría en aumentar los recursos en esta legislatura, por lo menos, al 1,5 por 100 del PIB e incrementar en un 50 por 100 el personal dedicado a I+D en el plazo de 5 ó 6 años.
Sobre eso hay bastante consenso.
Pero hay cuestiones manifiestamente mejorables dentro de ese consenso. Es necesario incrementar el número de personal investigador, pero en condiciones dignas.
Si contemplamos el perfil de investigador comprobamos que existe dentro de ese conjunto un elevado número de personas cuyas condiciones laborales y sociales son calificables de trabajo peor que precario, ya que no son reconocidos como trabajadores, aunque realizan más de la mitad de la investigación de este país. Nos referimos a los becarios.
Existe toda una gama de personas que son licenciadas, pre y postdoctorales, investigadores, cuya relación universitaria depende jerárquicamente de la cátedra de turno y su contratación, si es adecuada la palabra, de un concurso de becas. Éstas están sujetas al Impuesto sobre las Personas Físicas y, en función de su cuantía, deberán tener retenciones y ser liquidadas, junto con otras percepciones si las hubiera, en la liquidación final del impuesto.
Esas personas tienen varias salidas profesionales. Integrarse en la vida académica, si logran superar unas evaluaciones y pruebas determinadas, al puesto de titular universitario; ser captados por la empresa privada; también pueden intentar ser investigadores en algún centro público de investigación o, finalizado un determinado período de tiempo, aun habiendo cumplido los objetivos fijados en su beca, quedarse en el paro.
Y como no existe en la actual normativa una relación jurídica laboral, ya que se los considera «personal en formación» y no trabajadores, sus centros académicos no cotizan por ellos a la Seguridad Social, y por

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tanto no tienen derecho al seguro de desempleo y a las demás contrapartidas.
Esta situación no es singular. El colectivo de becarios supera las 10.000 personas, muchas de ellas con más de 10 años de experiencia en la investigación. No es racional, ni conveniente, ni eficiente para un país con debilidad estructural tecnológica que a tantas personas con vocación investigadora se les planifique el desamparo, haciendo vigente el eslogan carpetovetónico aunque unamuniano de «que inventen ellos».
Porque hay remedio. Es cuestión de recursos y de permutar el pseudoempleo de becas pre y postdoctorales para licenciados y doctores por contratos temporales.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a sustituir en el terreno de la investigación las becas predoctorales y postdoctorales de Formación de Personal Investigador, por contratos laborales con características adecuadas a cada perfil investigador, por tiempo determinado, con todos los derechos laborales y sociales de la actual normativa laboral. Los contratos predoctorales deben tener un plazo máximo de 4 años, y tras la consecución del mismo y si se ha conseguido la tesis doctoral, habría otro contrato de un máximo de 5 años al cual se podría acceder previa evaluación.
Además, el Gobierno determinará y aumentará las partidas presupuestarias necesarias para que las contribuciones sociales, a que dé lugar la modificación de las actuales becas en contratos laborales, no representen una menor cuantía de ingresos del personal investigador no en plantilla.
Por otro lado, esta política debe completarse con un aumento sostenido de las plantillas de investigación, tanto en la Universidad, como en el CSIC y en el resto de los OPIS en el camino de cubrir la brecha que nos separa de nuestros vecinos y contribuir a la convergencia real con el resto de Europa».


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


162/000103

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre mantenimiento de los horarios y apertura de los centros comerciales.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre mantenimiento de los horarios y apertura de los centros comerciales, para su debate en el Pleno de la Cámara.
El Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios, de 23 de junio de 2000, que entre otros, establece nuevos horarios comerciales y más días de apertura en domingos y festivos así como una amplitud en el horario de apertura al público.
En distintas Comunidades Autónomas la regulación de establecimientos comerciales en domingos y festivos hasta la aprobación del mencionado Real DecretoLey, estaba limitado a un máximo de ocho festivos al año, y ese marco jurídico era homologable con la práctica habitual de otras Comunidades Autónomas del Estado, y de países de la Unión Europea como Alemania, Austria, Suecia, Irlanda, Bélgica o Dinamarca.
Esta nueva regulación de horarios comerciales no está basada en ninguna demanda social, al contrario, las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan que los actuales horarios comerciales satisfacen mayoritariamente las necesidades de los consumidores, esgrimiendo únicamente el Gobierno como razón fundamental de la misma, el que favorecerá la bajada de precios e incrementará el consumo, favoreciendo de esta forma la economía. Ante estas medidas distintas organizaciones de pequeños y medianos comerciantes han convocado movilizaciones de distinto tipo para mostrar su rechazo a las

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mismas, por lo que el Gobierno debe abrir un diálogo que facilite el máximo consenso dentro del sector del comercio.
Ante esta situación, cabe afirmar que las nuevas propuestas de apertura de los establecimientos comerciales sólo beneficiarán a las grandes superficies y a las multinacionales propietarias que solamente representan el 7 por 100 de los trabajadores del sector, poniendo en peligro la competitividad del pequeño y mediano comercio y a tres millones de trabajadores relacionados con el sector comercial. Esta posible pérdida de competencia puede dar lugar justamente a lo contrario de lo que el Gobierno pretende, es decir, puede originar más paro y, por lo tanto, menos capacidad de consumo global y dotar de una mayor hegemonía a las grandes superficies que podrán aplicar medidas tendentes a subir los precios, perjudicando de esta forma a los consumidores.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

- derogue el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios.
- respete las competencias actuales de las Comunidades Autónomas sobre esta materia.
- cualquier medida que afecte al sector comercial, y en concreto a los horarios de apertura, se tome con el máximo consenso de todos los intereses del sector de comercio y de los consumidores y el máximo respaldo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


162/000104

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre el uso de las tarjetas de crédito.
Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso de las tarjetas de crédito, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Se han debatido en el Congreso de los Diputados distintas iniciativas sobre el uso y coste de las tarjetas de crédito y débito. De hecho, en la última legislatura se aprobó la creación de una comisión ministerial que buscase un consenso entre intermediarios financieros y comerciantes y otros usuarios para lograr una reducción de costes y tarifas. Más que un acuerdo, desde el Ministerio de Economía se fijó un calendario de reducción de tarifas. En este caso, el Gobierno del PP entendió una grosería atacar a los monopolios.
En otros países, la situación es diferente. El día 12 de junio empezó un juicio en Nueva York sobre la acusación de colusión de los emisores de tarjetas Visa y Mastercard que dominan el 75 por 100 del mercado estadounidense. Por su parte los servicios de la Competencia de la Comisión Europea investigan si las comisiones que cobran las entidades emisoras a comerciantes y usuarios son justas o no y si afectan a los precios de los bienes y servicios.
En nuestro país, sobre 56,7 millones de tarjetas, 44,8 millones fueron tarjetas bancarias y el resto 11,5 millones serían las emitidas por empresas de elevado volumen de comercio.
Las tarjetas de débito, las más extendidas con 26 millones de unidades, cargan el importe de lo comprado instantáneamente contra el saldo del cliente. Las tarjetas de crédito permiten comprar aunque en ese momento no se disponga del dinero. El cliente dispone de un mes para hacer frente al pago. Si el cliente paga a plazos, el banco cobra intereses, superior al crédito al consumo, hemos visto un contrato del 19 de junio de 2000 que decía que el TAE, el interés anual normalizado, es del 26,82 por 100 (!). Si se puede calificar como usura lo anterior, cuando los usuarios de ambas tarjetas dejan sus

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depósitos al descubierto, el interés de demora que se podría considerar superando lo de usura. Menos mal que tenemos al Banco de España controlando. Además, existen 8,6 millones de tarjetas monederos.
Los emisores de tarjetas cobran comisiones arbitrarias y abusando de su posición de dominio. Es decir, cobran una comisión elevada a los comerciantes y proveedores de servicios considerados pymes y poco o nada a las grandes superficies. También al usuario por su posesión.
En resumen, al Gobierno en las medidas que ha calificado como liberalizadoras y positivas para la economía se le ha olvidado apoyar a las pymes frente a los colosos financieros y su «partenaires» de las grandes superficies.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Regular el cobro de comisiones por el uso de las tarjetas, teniendo en cuenta que las de débito deberán ser gratuitas y las de crédito, como máximo, tendrán un coste de 50 pesetas.
2. Reglamentar la obligatoriedad de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito a informar al Banco de España sobre los tipos de interés, tasa de descuento y tasa de intercambio que se cobran a usuarios de las tarjetas y comerciantes. Esta información deberá ser pública.
3. Adoptar las medidas necesarias para que se evite la usura, por parte de las entidades financieras, por el uso de estas tarjetas, asimismo los intereses en ningún caso, deberán sobrepasar dos veces y media el tipo interés legal del dinero.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


162/000105

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre modificaciones de la liquidación de la supertasa anunciada por exceso de la cuota láctea asignada.
Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la Cámara.
Los ganaderos españoles se han enterado a través de los medios de comunicación de que van a tener que pagar una supertasa (multa) por exceder la cuota láctea asignada de más de 5.195 millones de pesetas.
Esta multa tiene como único criterio el volumen de rebasamiento de la cuota asignada, independientemente de la contribución económica, social y ambiental y de calidad del producto de las explotaciones lácteas.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en relación con la aplicación de la supertasa, a realizar las modificaciones oportunas de la liquidación de la mencionada multa, con los siguientes criterios:

* Anulación o exención de la multa anunciada por rebasamiento de la cuota asignada a los ganaderos de zonas de montaña, a los de un bajo volumen de cuota por explotación, así como a las explotaciones de jóvenes agricultores con una cuota escasa.
* Modulación de la liquidación de la mencionada supertasa en función del volumen de cuota por explotación y de su contribución al empleo, la conservación del medio ambiente y la calidad del producto, de manera que favorezca el desarrollo de una ganadería de leche extensiva sostenible.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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162/000106

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre el tratamiento tributario de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el tratamiento tributario de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión, para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado José Núñez Castaín, del Partido Andalucista.


Exposición de motivos

El turismo rural es un tipo de turismo en expansión desde hace años y en el que la oferta de servicios se caracteriza por la enorme diversidad de establecimientos en términos, tanto de tipología y calidad, como de tamaño. Frente a esta diversidad existe un régimen fiscal que no reconoce, y por lo tanto no se adapta adecuadamente a las distintas situaciones.
En España, las diferentes normativas sobre turismo rural en las distintas Comunidades Autónomas se han adaptado a la singularidad y diversidad propias de cada zona, sin que desde el punto de vista fiscal y tributario la normativa estatal haya producido un proceso paralelo de adaptación.
Aunque el peso económico del turismo rural es muy desigual, en algunas Comunidades, entre las que se encuentra Andalucía, su impacto sobre el bienestar de algunas zonas está siendo particularmente intenso por cuanto supone de complemento de rentas, de diversificación de la base productiva y fijación de la población en sus lugares de origen. Por otra parte, se está manifestando como una importante fuente de empleo incluso para colectivos de cualificación media y alta que en el pasado se veían forzados a emigrar a zonas urbanas para realizar sus expectativas profesionales.
En cuanto a la tipología de pequeños establecimientos y servicios que se prestan al turista en el medio rural, hay que señalar la necesidad de diferenciar con claridad a los empresarios que prestan servicios complementarios a los de alojamiento en sus establecimientos, se comercializan a través de los circuitos turísticos tradicionales, y que por lo tanto deben ser considerados como empresarios turísticos a todos los efectos, de aquellos otros que se limitan a ceder el uso de un inmueble por un período determinado de tiempo mediante un precio pactado similar al de un arrendamiento temporal. En este caso, el marco regulador debe situarse en el entorno de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y consiguientemente, sus rendimientos a efectos fiscales ser tratados como rentas del capital inmobiliario.
En el caso de los empresarios que prestan servicios complementarios a los de alojamiento rural, es donde se hace necesario reconocer el carácter singular de este tipo de explotaciones turísticas y adaptar la normativa fiscal aplicable a sus circunstancias económicas concretas. La insatisfación en la resolución de este problema hace que el despegue definitivo del turismo rural en general, y en Andalucía en particular, se encuentre, en parte, bloqueado por la inadecuada adaptación del marco normativo de la seguridad social y fiscal aplicables. Es por ello que se considera imprescindible avanzar en la creación de un modelo fiscal específico para esta escala, de forma que se atiendan las necesidades concretas de las unidades de menores dimensiones.
Existe, como punto de partida, una indefinición acerca de qué ha de considerarse alojamiento en espacio rural a efectos fiscales. Debe quedar bien claro cuál es el tratamiento de estas actividades, tanto en los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Actividades Económicas, como en el IVA.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

La redacción de una normativa fiscal específica de alojamientos rurales de pequeña dimensión, que defina

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un epígrafe propio en el IAE que diseñe un sistema de módulos a los efectos del IVA e IRPF, a partir del ejercicio del 2001.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-José Núñez Castaín, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Asuntos Exteriores

161/000178

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a firmar en Jerusalén con la Autoridad Palestina o la Organización para la Liberación de Palestina los dos próximos acuerdos, convenios o tratados.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Es frecuente en la política internacional que los países hagan gestos, declaraciones, acciones culturales, etcétera, que indican a las otras partes la intencionalidad y objetivos de esa política internacional.
Bajo el presupuesto de que el Reino de España aboga por una paz justa en Oriente Medio es preciso hacer un bello gesto. Antes ha habido dos gestos por parte de los gobiernos anteriores, liderados por el Partido Socialista y por el Partido Popular, de firmar acuerdos internacionales entre el Reino de España y el Estado de Israel en Jerusalén. Y no ha habido ninguno entre el Reino de España y la Autoridad Palestina o la Organización para la Liberalización de Palestina.
La firma entre el Reino de España y la representación palestina de cualquier acuerdo, convenio o tratado en Jerusalén, formalmente, y en palabras de un representante de la opinión del actual Gobierno español, no afectaría ni a la posición política del Gobierno ni al «estatus» jurídico de Jerusalén, ni a la teoría del «corpus separatum», ni a la Resolución 181 de Naciones Unidas sobre Jerusalén con motivo de la partición de Palestina, y no tendría nada que ver con la política de nuestro país con Estados Unidos o con nuestra posición para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero será un bello gesto, equilibrado, y consecuente con el apoyo a una paz justa en la zona.
Por todo ello se presenta la siguiente

Poposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a firmar en Jerusalén, como representante del Reino de España, con la Autoridad Palestina o la Organización para la Liberación de Palestina los dos próximos acuerdos, convenios o tratados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2000.-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comisión de Justicia e Interior

161/000192

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a la creación de un tercer juzgado de primera instancia e instrucción en Carballo (A Coruña).


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Carlos Aymerich Cano (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la creación de un tercer juzgado de primera instancia e instrucción en Carballo (A Coruña).


Exposición de motivos

Con una población y un número de asuntos superior a la de otros partidos judiciales que cuentan con dos y aún con tres juzgados, el de Carballo (A Coruña) cuenta únicamente con dos que, además, no están ni atendidos por jueces titulares ni -debido a la falta de acuerdo entre la Xunta de Galiza y el Concello de Carballo- ubicados en instalaciones adecuadas. Por otra parte, la necesidad de un nuevo juzgado en Carballo ha sido además formulada en sus respectivas Memorias correspondientes al año 1999, tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
De este modo, y por sólo poner algunos ejemplos, la duración de los procesos ejecutivos cambiarios se mide en Carballo en años o un divorcio por mutuo acuerdo que se resuelve en otros juzgados en quince días se prolonga en Carballo más de cinco meses.
Retrasos de esta magnitud, que se verán agravados con la prevista entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sólo impiden la realización del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas sino que aumentan la desconfianza en la administración de justicia como medio útil de solución de conflictos. Y es que, como dijo el precesalista uruguayo Couture, en el proceso el tiempo es algo más que oro: es justicia. La justicia que en este momento falta en Carballo.
Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de tiempo más breve posible y al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley de Planta y Demarcación Judicial, proceda a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en Carballo (A Coruña).


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2000.-Carlos Ignacio Aymerich Cano, Diputado y Portavoz Suplente del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Defensa

161/000193

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a la cesión del antiguo edificio de la Ayudantía de Marina de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) al Ayuntamiento de dicha localidad.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados.


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a

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cesión al Ayuntamiento del antiguo edificio de la Ayudantía de Marina de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).
El edificio de la antigua Ayudantía de Marina de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) se encuentra en un estado de deterioro por abandono de las funciones militares para las que servía y falta de usos. Situado en el centro de la villa y a escasos metros del mar, ya desde 1997 el Ayuntamiento intentó hacerse con el edificio para darle los usos sociales y/o administrativos adecuados. En 1998 llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para su compra por 25 millones de pesetas, depositando una cantidad superior a los cinco en el Banco de España, en concepto de fianza por la adquisición. El objetivo era que el edificio fuese de propiedad municipal en el 2000. Pero en 1999, el Ministerio se vuelve atrás al percatarse de que no puede negociar la venta del edificio, pues se inscribe en el dominio público marítimo- terrestre y se rige, por lo tanto, por la Ley de Costas, según argumenta. Devolvió los más de cinco millones de pesetas de fianza depositados por el Ayuntamiento en 1998 y, según parece, se comprometió a agilizar el traspaso del inmueble a la Administración competente.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ceder, a través de la fórmula jurídico-administrativa que se considere adecuada, el edificio de la antigua Ayudantía de Marina de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), hoy abandonado y en desuso, al Ayuntamiento, de forma que se puedan ver colmadas las gestiones que éste viene realizando desde 1997 con el objetivo de rehabilitar el inmueble y dedicarlo a usos sociales y/o administrativos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2000.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Ignacio Aymerich Cano, Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Educación, Cultura y Deporte

161/000194

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la restauración del Monasterio de Monfero (A Coruña).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la restauración del Monasterio de Monfero (A Coruña).
El Monasterio de Monfero (A Coruña) está situado entre los valles del Eume y del Lambre, zona de gran importancia histórica en la Alta y Baja Edad Media, ya que constituye una parte de la Galicia situada al norte del Tambre (Trastamara). Esta importancia histórica es aún hoy rastreable por los restos artísticos conservados, especialmente románicos, góticos y también barrocos, muchas veces superpuestos. En el caso de Monfero, estamos ante un centro monástico del siglo X, relacionado con las actividades fundacionales de San Rosendo. Ya al inicio del siglo XII existía una iglesia románica, de la que hoy quedan restos entre la monumental barroca (S. XVII) y el denominado claustro antiguo, ojival del siglo XV.
En aquella Galicia medieval, Monfero comenzó dependiendo del monasterio de Carracedo en el Bierzo, pero pronto pasó a depender de Sobrado dos Monxes, mucho más cerca, en la Galicia trastamárica, base fundamental de apoyo al rey gallego Alfonso VII. Perteneciente a la orden cisterciense, el monasterio constituyó un centro económico y cultural de gran importancia, contando con una riquísima biblioteca.
Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto está constituido por:

a) una imponente iglesia con fachada barroca, de original ajedrezado, compuesto por losas de granito y

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pizarra, con planta de cruz latina, de una sola nave y gran amplitud, y una grandiosa cúpula octogonal. Este templo, tan sintomático del barroco inicial gallego, la parte mejor conservada del conjunto, si bien sometido a un proceso de expoliación y deterioro por falta de cuidados, fue trazado en 1620 por Simón de Monasterio. Desde la Iglesia se accede a la Sala Capitular y al Baptisterio, de los siglos XVI y XVII y a una capilla denominada Chirola, detrás del altar mayor, con rosetas, cruces y formas geométricas muy variadas.
b) Un claustro ojival-renacentista, del siglo XV, con dos pisos, y una fuente barroca. Es la única parte en la que se inició una cierta restauración a finales de los setenta, inacabada, pero que impidió su ruina. Es obra de Juan de Herrera.
c) Otros dos claustros, denominados de la Hospedería y del Dormitorio, en el lateral derecho e izquierdo del anterior, respectivamente, de los siglos XVI-XVII (básicamente renacentista) el uno, y del XVII-XVIII, el otro, en estado ruinoso los dos.
d) Las ruinas del refectorio, del siglo XVII y XVIII, y de la biblioteca, entre otros espacios indicativos de la gran dimensión de este monasterio.


Mención especial merecen los sepulcros ubicados hoy en el templo. En el altar se encuentran los sepulcros de Nuño Freire de Andrade, del siglo XV, con epigrafía en lengua gallega, y de un Pardo o Moscoso, según el criterio de Otero Pedraio, del siglo XIV, dañado precisamente en la parte en la que figuraba la inscripción, fenómeno muy habitual en Galicia en los sepulcros conservados de esta época.
En la parte lateral sur de la cruz latina se encuentran sepultados Fernán Pérez de Andrade y Diego de Andrade, caballeros del siglo XV, de la casa nobiliaria dominante en la zona después del triunfo de Enrique de Trastamara, al que los Andrade prestaron una ayuda crucial para ganar la guerra a D. Pedro I. Las losas tienen sus figuras en bajo relieve y unas inscripciones que no parecen ser de la época.
Con la exclaustración de los cistercienses empezó el proceso de ruina y expolio. Inicialmente -1836- desapareció la Biblioteca y el archivo fue saqueado. Se robaron imágenes, retablos, joyas y vestiduras. La Iglesia colaboró repartiendo, entre distintas parroquias de la zona, parte del material expoliado. Pisos y tejados fueron privados de la madera, al igual que se aprovecharon grandes cantidades de piedra para otras construcciones. La iglesia barroca se utilizó como templo parroquial desde 1835. A comienzos del siglo XX, el Monasterio ofrecía el más lamentable estado, que no hizo más que empeorar con el paso de los años. Excepción hecha de la pequeña actuación a finales de los setenta en el claustro ojival, ninguna administración se preocupó nunca de paralizar este deterioro. Sólo recientemente la Corporación Municipal decidió realizar obras de rehabilitación, con ayudas del programa Proder, de los restos de la Iglesia románica y limpiar la maleza que actualmente invade algunas de las estructuras más significativas del edificio. Pero Monfero es un Ayuntamiento de 2.800 habitantes y la inversión aprobada no llega a los once millones de pesetas.
Naturalmente, para acometer unas obras de rehabilitación del conjunto, se necesita la participación de otras administraciones públicas, especialmente la autonómica y la estatal. Urge una actuación global, hecha con rigor y responsabilidad.
Según respuesta del Gobierno al BNG, de 5 de junio de 2000, «El Instituto del Patrimonio Histórico Español es consciente del deterioro a que está expuesto el Monasterio de Monfero», pero nunca fue incluido en las actuaciones programadas por dicho Instituto.
Hasta ahora se actuó en los monasterios que forman parte del patrimonio de la Iglesia, y de forma especial en los que albergan órdenes de clausura, como reconoce el Gobierno en la misma respuesta.
Sería de desear que se actuase también en aquellos que padecen un mayor deterioro y que deben ser directamente cuidados por las administraciones públicas, especialmente la estatal, pues es la que tiene más responsabilidad en el abandono padecido hasta hoy por el conjunto monumental, que no es propiedad de la Iglesia Católica.
Felizmente, hoy es posible visitar la Iglesia, pues está abierta al público en horarios de mañana y tarde, por lo menos en verano, dentro de un programa de gestión turística privada que abarca la zona del Eume. Desde todos los puntos de vista, cultural, artístico, histórico, paisajístico, turístico, económico-social, la rehabilitación y restauración del Monasterio de Monfero debe ser un objetivo básico de los Ayuntamientos de la zona. En este objetivo tienen que ser ayudados por la administración estatal y autonómica.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, de acuerdo con la administración local y autonómica, un plan de restauración del Monasterio de Monfero (A Coruña), y a ejecutarlo conjuntamente, teniendo en cuenta el imprescindible respaldo económico del Estado en una obra de esta envergadura y su responsabilidad en el abandono y deterioro de este patrimonio cultural e histórico-artístico, así como la importancia de su rehabilitación, desde el punto de vista socio-económico, para la zona.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2000.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Ignacio Aymerich Cano, Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Economía y Hacienda

161/000179

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre tributación de las percepciones recibidas por prejubilación.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre tributación de las percepciones recibidas por prejubilación, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.


Exposición de motivos

La prejubilación de trabajadores se ha convertido, desgraciadamente, en una práctica muy extendida en algunas empresas que desean de este modo aliviar sus costes laborales. Ciertas empresas, como Telefónica, han acudido a este expediente de manera masiva originando un colectivo de personas con específicos problemas actuales y de futuro.
Y, naturalmente, afecta a trabajadores que se sitúan en edades perfectamente útiles para el trabajo y que, con frecuencia, acumulan una importante experiencia y conocimiento especializado. La reducción de la vida activa de estos trabajadores y, también, la reducción de sus rentas actuales y esperadas son consecuencias nada deseables del proceso de prejubilaciones que afectan, primordialmente, a quienes se ven en esa situación pero, también, al conjunto de la sociedad.
Esta es la razón de que el régimen de prejubilaciones se instrumente a través de un acuerdo entre la empresa y el trabajador, jurídicamente voluntario, pero las más de las veces forzado por las circunstancias, que aspira a compensar los efectos negativos del cese anticipado en la relación laboral. Sin embargo, en algunos colectivos como el de los prejubilados de Telefónica, determinadas circunstancias parecen aliarse para agravar indebidamente los efectos indeseables de las prejubilaciones.
El artículo 16 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, considera rendimientos de trabajo aquellas percepciones que se deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria. Por su parte, el artículo 17 de la citada Ley prevé una reducción del 30 por 100 en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Por último, el artículo 10.1.f) del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, califica como notoriamente irregular las cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral. El conjunto de previsiones en esta materia se completa previéndose que si los rendimientos se cobran de forma fraccionada, deberá tenerse en cuenta el número de años de fraccionamiento [artículos 17.2.a) de la Ley 40/ 1998 y 10.2 del Real Decreto 214/1999].
Con tal base normativa resulta claro que, en los supuestos de prejubilaciones, las prestaciones que se reciben proceden de un derecho (indemnización o compensación), generado en un período mayor a dos años, por lo que deberían resultar aplicables las normas citadas en cuanto a la consideración irregular de los rendimientos.
Siendo esto cierto no lo es menos que, en ocasiones, la instrumentación del pago de los mismos (por ejemplo, a través de una póliza de seguro), esté originando que algunos órganos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria rechacen tal carácter de rendimiento irregular, formalismo que desconoce la realidad subyacente y la naturaleza jurídica de los hechos o circunstancias que están en la base de las percepciones. En ese sentido, debe recordarse que según dispone el artículo 23 de la Ley General Tributaria, las normas tributarias deben interpretarse con arreglo a los criterios admitidos en Derecho, por lo que, en principio, los hechos imponibles gravados deben responder, como queda dicho, a su verdadera naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.
En consecuencia, la Administración Tributaria debe interpretar la Ley y el espíritu legislativo de forma correcta, evitando interpretaciones restrictivas que

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agravan el deterioro de las rentas disponibles por parte de estos contribuyentes, ciudadanos que, en la mayoría de los supuestos, se ven realmente obligados a aceptar tales prejubilaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar urgentemente cuantas medidas sean necesarias, incluso cursando las oportunas instrucciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para que las rentas del trabajo procedentes de los incentivos por cese, percibidas en forma de capital o fraccionadas, que no superen los límites legalmente establecidos, tengan la consideración de rentas del trabajo de carácter irregular.
2. Articular cuantos procedimientos o cauces sean precisos para posibilitar que los contribuyentes afectados puedan acreditar ante la Administración Tributaria el carácter irregular de sus rentas, con independencia del mecanismo o instrumento utilizado para hacer efectivas las prestaciones económicas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2000.-Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000181

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre adopción de diversas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).


Acuerdo:

Entendiendo que las menciones de los puntos 1 y 2 de la iniciativa a las modificaciones del marco legal vigente se refieren al ejercicio por el Gobierno de su potestad de iniciativa legislativa, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en comisión.


Exposición de motivos

Tradicionalmente, diversas Comunidades Autónomas del Estado español, entre ellas Catalunya, han sido zonas industriales, y hoy, si tenemos en cuenta que muchos de los servicios que existen en ellas tienen su razón de ser en la industria, podemos considerar que aún lo son.
En España, el denominado sector secundario (industria y construcción), comprende alrededor del 31 por 100 de la población ocupada y aporta un 24,4 por 100 de su PIB. Dentro del sector, la pequeña y mediana empresa es una parte fundamental del tejido empresarial.
Por lo tanto, en términos generales, existe una industria potente y abierta al exterior, con unas PYMES que crecen y se especializan cada vez más. Pero es fundamental conseguir que estos sectores se queden en su territorio y generen una actividad económica importante.
La lógica de país desarrollado obliga a marcarse un objetivo claro en el panorama industrial. España necesita empresarios que tengan empresas con un alto nivel tecnológico y que presenten unas ratios de productividad elevadas. La función lógica de la administración consiste en facilitar que los empresarios puedan asumir este reto.
La administración debe proteger los intereses de su empresariado frente a aquellos factores externos que dificultan la vida normal de sus empresas, y lo debe hacer con más intensidad sobre aquellas empresas que, por su naturaleza productiva y jurídica, por su capacidad y volumen de negocio y por su localización territorial se ven mermadas a nivel competitivo.
Son numerosos los estados que en sus relaciones industriales internas disponen de mecanismos protectores para este tipo de establecimientos industriales. Sin perjuicio de un entorno socioeconómico que nos separa notablemente, el Estado que representa el paradigma de la economía de mercado más agresiva, los Estados Unidos, dispone desde 1953 de legislación específica

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sobre la pequeña empresa, proclamando que «el gobierno de la nación ha de ayudar, aconsejar y proteger en la medida de lo posible los intereses de la pequeña empresa». Esta postura es canalizada a través del SBA (Small Business Administration), la agencia federal encargada de apoyar a las pequeñas empresas, creada también en la misma época.
Esta movilización a favor de las pequeñas y medianas empresas les ha permitido jugar un rol más importante en la economía. Los 22 millones de pequeñas empresas norteamericanas dan trabajo al 53 por 100 de la población y son responsables de un porcentaje similar de su PIB. Las pequeñas y medianas empresas norteamericanas han sido responsables del 90 por 100 de los 11 millones de nuevos puestos de trabajo creados en el período 1993-1996 en los Estados Unidos. Entre otras cosas, se ha conseguido este balance gracias a los programas de acceso a los mercados públicos.
Otros estados, como Francia, se han hecho eco de esta iniciativa. Es el momento de que el Estado español también lo haga. Si un país no tiene una política industrial activa su desarrollo irá a remolque de la política industrial que hagan los otros. Por todos estos motivos, basados en el convencimiento de que el Gobierno debe de completar sus iniciativas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar el marco legal vigente por lo que respecta a concursos públicos de obras y servicios para conseguir el objetivo de que el 20 por 100 de la licitación pública sea reservada a las PYMES en el plazo de un año.
2. Modificar el marco legal vigente por lo que se refiere a concursos públicos de obras y servicios para conseguir el objetivo que el 5 por 100 de la licitación pública sea reservada a las PYMES y cooperativas de iniciativa social, con una especial consideración para aquellas empresas que ofrezcan servicios de proximidad al ciudadano.
3. Establecer sistemas de control sobre aquellas PYMES que quieran optar a las licitaciones que emanen de esta proposición para garantizar la independencia respecto a otras empresas que no respondan a la definición de PYME, incluyendo criterios de volumen de negocios, número de trabajadores y propiedad e incompatibilidad de cargos públicos según la legislación vigente.
4. En los mismos términos que en el apartado 1, establecer medidas de reserva/priorización a las empresas que por su actividad y/o personal fomenten la integración social y laboral de los colectivos desfavorecidos, con especial incidencia en:

4.1 Las empresas integradas o gestionadas por una mayoría considerable de mujeres.
4.2 Las empresas integradas o gestionadas por una mayoría considerable de discapacitados físicos o psíquicos.


4.3 Las empresas que fomenten la integración laboral, social y cultural de colectivos de inmigrantes.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Infraestructuras

161/000176

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre realización de la conexión de la carretera N-340 con la autovía del Llobregat.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conexión de la N-340 con la autovía del Llobregat, para su debate en la Comisión de Infraestructuras, a instancia del Diputado Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
El Ministerio de Fomento ha aprobado la construcción de un enlace de la carretera N-340 con la autovía del Llobregat a su paso por el municipio de Pallejà. El proyecto tiene un impacto ambiental importante ya que

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en algún punto está a una distancia muy cercana a distintas viviendas y, además, fragmenta distintos barrios del municipio.
Consecuentemente, este proyecto del Ministerio de Fomento ha provocado un fuerte rechazo entre los vecinos y vecinas de Pallejà, los cuales se han organizado para movilizarse en contra del actual proyecto de la variante.
Recientemente, se ha extendido, de forma oficiosa, la noticia que se variaba el proyecto trasladando la variante a la Riera de Cervelló, hecho que también comportaría un impacto ambiental importante, en este caso en el municipio de Sant VicenÁ dels Horts.
A pesar de eso, la construcción de la variante es una necesidad urgente para poder dar una solución a los problemas de circulación que esta vía soporta históricamente y que repercuten muy negativamente en la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas que viven o trabajan en los municipios afectados.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a elaborar en un plazo máximo de tres meses -de forma urgente para no retrasar las obras- un nuevo proyecto que contemple un trazado diferente de los dos propuestos que reduzca al mínimo el impacto ambiental y las consecuencias negativas en los municipios afectados.
Este nuevo trazado se debe forzosamente consensuar con los Ayuntamientos implicados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2000.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000180

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre adopción de diversas medidas en relación con la línea férrea de Barcelona a Puigcerdá-La Tour de Querol.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el «BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES».


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La línea de férrea de Barcelona a Puigcerdà-La Tour de Querol es ciertamente singular y estratégica, por diferentes motivos, en todo su trazado. Así, desde Barcelona hasta Vic es claramente un servicio de cercanías que debe potenciarse incrementando la potencia de los trenes, dado el crecimiento de los municipios por donde discurre y la existencia de la ciudad universitaria de Vic.
En el tramo de Vic a Ripoll, se trata de una infraestructura de importancia estratégica para reactivar la comarca del Ripollès, mientras que de Ripoll a Puigcerdà-La Tour de Querol constituye un patrimonio histórico-ferroviario de innegable interés turístico. Por estas razones, expuestas de manera muy resumida, se han solicitado insistentemente mejoras en esta línea férrea, y también un posicionamiento claro por parte del Gobierno respecto a un programa urgente de inversiones en todo su trazado y teniendo en cuenta las diferentes singularidades de los tramos de la línea.
A pesar de ello, permanentemente se observa como RENFE toma decisiones en sentido contrario, es decir, que tienden a la disminución de los servicios que hoy en día, con dificultades y deficiencias, aún realiza esta importante vía férrea.
En este sentido, hace pocos meses se ha suprimido, argumentando procesos de automatización, el personal de las estaciones de Les Franqueses, el Figaró, Sant Martí de Centelles, Centelles, Aiguafreda, Balenyà i Hostalets, situadas en el tramo Barcelona-Vic, y ello ha actuado en detrimento del servicio, convirtiendo estas estaciones en simples bajadores.
La última decisión de RENFE ha sido la de suprimirel personal de la estación de La Garriga, que se

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encuentra en fuerte proceso de expansión y es donde empiezan y acaban trayectos de determinados trenes de esta vía férrea, hecho del todo incomprensible y que ha generado la protesta de todos los usuarios de esta estación ferroviaria, así como de sus entidades e instituciones.
Por todos estos motivos se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Requerir a RENFE que devuelva el servicio existente al conjunto de estaciones de la línea férrea Barcelona-Puigcerdá comprendidas entre Parets del Vallès y la ciudad de Vic, y de manera especial evitar el desmantelamiento de los servicios existentes en la estación de La Garriga.
2. Llevar a cabo un plan de mejoras del conjunto de la línea férrea, teniendo en cuenta que el tramo Barcelona- Vic actúa de servicio de cercanías de poblaciones con fuertes crecimientos demográficos, que de Vic a Ripoll debe dársele la condición de infraestructura de reactivación de la comarca del Ripollès y que el tramo Ripoll- Puigcerdà es claramente turístico y de conexión con el Pirineo, sus parajes y sus pistas de esquí, con lo cual debe evitarse su permanente degradación y desmantelamiento.


3. Dotar a la línea del personal necesario para que el servicio funcione con una mínima eficacia, e intensificar la colaboración con la SNCF -la compañía ferroviaria del Estado francés- para realizar una oferta conjunta y potenciar el interés turístico y social del trayecto, además de adecuar la línea para el transporte de mercancías.
4. Declarar que la línea sea de cercanías hasta Ripoll (capital de comarca que se encuentra a unos 100 kilómetros del nexo de Barcelona), y, mientras no se adopte esta medida, disponer un tren semidirecto a partir de Vic para reducir la duración del trayecto.
5. Aumentar la circulación de trenes durante el fin de semana y/o incrementar el número de plazas (más vagones para los pasajeros), en las horas de mayor afluencia. En este sentido, la doble vía hasta Vic permitiría un aumento de la circulación de trenes.
6. Eliminar las barreras arquitectónicas en las estaciones de la línea, subir los andenes hasta la altura del tren y mejorar la confortabilidad en el interior de los ferrocarriles, tanto por lo que respecta a los asientos como al funcionamiento de la climatización y a la existencia de un servicio de cafetería en los trayectos de más de una hora y media de duración. Por lo que se refiere a la comodidad de los pasajeros, tener en cuenta las ventajas que ofrece la utilización del Talgo en lugar de los trenes convencionales.
7. Mejorar todos los tramos de la línea en los cuales la velocidad es reducida (en algunos casos se llega a los 20-30 kilómetros/hora), y utilizar para ello materiales nuevos y garantizados, no reutilizados como se ha hecho hasta ahora.
8. Suprimir los pasos a nivel sin barreras de Ripoll, donde hasta la fecha se han producido numerosos accidentes, alguno de ellos mortal.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000183

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre ampliación de los horarios de los trenes de cercanías que circulan por la comarca del Maresme.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La línea de cercanías de RENFE en la comarca del Maresme es una de las que tiene más usuarios, y su

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servicio finaliza alrededor de las 23 horas. La proximidad de la comarca del Maresme a Barcelona comporta que exista un alto grado de movilidad de personas, tanto en días laborables como festivos.
Debido a la importancia que debe tener el transporte público, tanto por su utilidad laboral como por el uso que recibe en días festivos de cara a las ofertas culturales y de ocio, y teniendo en cuenta también la peligrosidad que comporta el transporte privado nocturno, se propone la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el servicio de cercanías de RENFE en el Maresme se amplíe hasta las 24 horas en días laborables.
2. Instaurar un servicio nocturno los viernes y sábados durante determinadas horas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000184

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre ampliación de los horarios de los trenes de cercanías de Barcelona.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Actualmente, el servicio de cercanías de RENFE en Barcelona deja sin servicio a casi todas las poblaciones hacia las once de la noche, tanto en días laborables como en festivos, produciéndose a partir de esta hora una situación de incomunicación en transporte público o un servicio muy limitado entre muchas localidades de los alrededores de Barcelona.
Debido a esta falta de servicio nocturno, diversos Ayuntamientos del Baix Llobregat, como por ejemplo los de Viladecans y Molins de Rei, haciéndose eco de las quejas de sus ciudadanos, ya han aprobado en sus respectivos plenos municipales mociones conjuntas y unánimes entre todos los partidos políticos en las que se reclama a RENFE la ampliación de los horarios de cercanías en los municipios situados alrededor de Barcelona.
Entendemos que esta ampliación de servicios es necesaria en todas las líneas de cercanías de RENFE de los alrededores de Barcelona, pero que aún es más importante para una comarca tan densamente poblada como el Baix Llobregat, en la cual los desplazamientos de la población son muy numerosos a todas las horas del día. Además, en dicha comarca el nivel de población joven es muy elevado, y ésta tiene la necesidad de desplazarse en horario nocturno, sobre todo los fines de semana, disfrutando así de una mayor libertad de movimiento para el ocio, la cultura, la educación y el trabajo y, en definitiva, para su propia autonomía e independencia de movimiento personal.
Por todos estos motivos se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Iniciar las gestiones oportunas ante la compañía RENFE para que, lo antes posible, presente una propuesta para la ampliación de los horarios de cercanías en Barcelona en los términos siguientes: De lunes a jueves y el domingo, hasta las doce de la noche, y viernes y sábados durante toda la noche, con intervalos de dos horas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/000185

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre la construcción de la autovía Onzanilla- Benavente.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
La autovía Onzanilla-Benavente es el único tramo pendiente para la comunicación, en régimen de autovía- autopista en la N-630, y constituye una parte de la autovía de la Plata. Una obra tan necesaria como aplazada ya desde el estudio e impacto ambiental de agosto de 1994.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.o La adjudicación y realización del Proyecto constructivo de la autovía Onzanilla-Benavente a lo largo del último trimestre del 2000 y primero del 2001.
2.o La adjudicación de la obra a lo largo del año 2001, de manera que su ejecución se pueda completar antes de finalizar el año 2003, en sus cuatro tramos previstos (Valverde de la Virgen-Ardón/Ardón-Villamañán/Villamañán-Le-412 y Le-412-Villabrázaro).


3.o Para todo ello a destinar en el período 2001- 2003, las consiguientes partidas en los PGE.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


161/000188

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre introducción de las mejoras y soluciones acordadas por los grupos municipales en las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona, a su paso por Lleida.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Leypara su debate en Comisión.


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Exposición de motivos

Si bien las obras y proyectos en curso de la línea de alta velocidad ferroviaria que enlazará Madrid con Barcelona se encuentran en una fase avanzada dentro del término municipal de Lleida, lo cierto es que desde esta ciudad se asiste con preocupación a la falta de respuestas claras y positivas a las propuestas del Ayuntamiento respecto a este tema. Dicha falta de respuestas reviste una especial gravedad si se tiene en cuenta que nos encontramos en el momento más importante de la ejecución de las obras de acceso a la ciudad, antes de empezar las reformas de la estación de RENFE, y que las demandas del Ayuntamiento, lejos de ser nuevas, se remontan al año 1988 (con el primer acuerdo del Consejo de Ministros que decidió la creación de la red AVE en el Estado español) y se han mantenido e intensificado a medida que avanzaba el proyecto.
En cualquier caso, el Ministerio de Fomento continúa ignorando las mejoras y soluciones acordadas por los grupos municipales, y una muestra de ello es que ya se han iniciado los trámites de las expropiaciones del «by-pass» previsto en la zona de Rufea-Gardeny de acuerdo con un proyecto que no ha sido enviado oficialmente al Ayuntamiento. Además, los proyectos actuales a nivel de la plataforma en el sector de la Bordeta y Magraners no resuelven correctamente las conexiones con los crecimientos previstos y las medidas ambientales oportunas.
Por todas estas razones, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas oportunas para que en las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona, a su paso por el término de Lleida, se introduzcan las mejoras y soluciones acordadas por los grupos municipales:

1.1 Reconstrucción del puente de la calle Joc de la Bola-camí de Vallcalent, además de la construcción del paso lateral del camino de Vallcalent nord.
1.2 Replanteamiento correcto de la pasarela de tres metros de anchura (Ciutat Jardí).
1.3 Cubrimiento de un tramo en la entrada del túnel ferroviario, bajo la rotonda de Doctor Fleming.
1.4 Continuación del túnel ferroviario hasta la calle Comtes d?Urgell.
1.5 Articulación de las propuestas de reforma de la estación de RENFE para adaptarla a la alta velocidad, de acuerdo con el Plan Director y/o el Plan Especial, responsabilidad de RENFE y del Ayuntamiento (que considera necesario trasladar los trenes de mercancías fuera de la estación).
1.6 Definir la situación final de la estación de Vilanoveta, en coordinación con los otros organismos competentes en el transporte ferroviario y con la posibilidad de crear un Museo o Centro del Ferrocarril.
1.7 Estudiar el soterramiento de la línea en el tramo entre la Bordeta y Magraners, que mejoraría las obras actuales y, en todo caso, requeriría las siguientes actuaciones:

a) Reconstrucción del puente del carrer Palauet, no limitándose a reforzarlo.
b) Construcción de un puente de unión de los barrios de la Bordeta y Magraners en la calle Pla d?Urgell, así como la construcción de un triple paso por debajo de la vía en este mismo sector y por idénticos motivos.
c) Tratamiento medioambiental y paisajístico de la franja de 100 metros a ambos lados del trazado ferroviario entre los dos barrios, para integrarlos en el sistema de espacios libres y reducir el impacto ambiental.


2. Dar los pasos necesarios para la construcción en viaducto horizontal del "by-pass" entre la carretera N-II, el paso del río Segre y la carretera N-230, con la intención de disminuir las afectaciones a las propiedades agrícolas y a las actividades allí existentes y también para impedir que se forme una barrera urbanística para el futuro crecimiento de la zona. Además, un trazado de viaducto horizontal permite que en un futuro se construya una estación, requisito básico en las comunicaciones ferroviarias de Lleida con Europa.
3. Realizar las gestiones precisas para que se desarrollen los proyectos complementarios de los dos acuerdos anteriores, y también para que se redacten inmediatamente los proyectos de tratamiento ambiental del entorno de la línea, que permitan una integración ambiental, paisajística y urbana, una protección acústica y de vibraciones y una mejora de la relación tren-ciudad en todos los tramos, pero muy especialmente entre los barrios de la Bordeta y Magraners y en el sector de paso del río Segre en Rufea-Gardeny.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000189

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


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Proposición no de Ley sobre gratuidad para los turismos del peaje de la autopista A-18, entre Manresa y Esparraguera (Barcelona).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La caída de un puente de la carretera N-II a su paso por Esparraguera, después de la tromba de agua que el pasado 10 de junio asoló la Catalunya central, provocó el cierre de la autovía del Llobregat en el tramo que discurre por este municipio y propició que ACESA permitiera que el peaje de la autopista A-18 en dirección a Manresa fuera gratuito para los vehículos pesados. Desde entonces, ACESA calcula que más de 35.000 vehículos pesados han circulado gratuitamente por este tramo de la A-18.
No obstante, ACESA aún no ha hecho ningún tipo de comentario sobre los numerosos turismos que también utilizan la autopista A-18 en el citado tramo, pero pagando, para evitar la carretera N-II y las retenciones que diariamente se producen en la misma, ni parece dispuesta a admitir que los conductores de dichos turismos también tienen derecho a disfrutar del peaje gratuito, como mínimo durante los días laborables, mientras no se resuelvan los problemas de tráfico derivados de la caída del puente.
Por todo ello, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las medidas oportunas para que el peaje de la autopista A-18 entre Manresa y Esparraguera también sea gratuito para los turismos, como mínimo durante los días laborables, mientras no se resuelvan los problemas de tráfico derivados de la caída del puente de la N-II.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Política Social y Empleo

161/000187

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la

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Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Actualmente, las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) presentan una serie de incompatibilidades, ya sea con la realización de un trabajo que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social, con otras pensiones del mismo SOVI o con cualquier otra pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, o de las entidades que han de integrarse en dicho sistema. La incompatibilidad de las pensiones del SOVI es un tema polémico, que ha sido objeto no solo de distintas interpretaciones jurisprudenciales, sino también de diferente tratamiento en las disposiciones.
Así, el Tribunal Constitucional ha declarado la incompatibilidad de las pensiones del SOVI con cualquier pensión a cargo de los diferentes regímenes que integran la Seguridad Social, mientras que la incompatibilidad con las pensiones de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, únicamente se aplica cuando las pensiones son de igual naturaleza por haber sido causadas por el mismo sujeto. Sin embargo, sí son compatibles las pensiones causadas por sujetos distintos (jubilación o invalidez con viudedad) con independencia de la no aplicación de los complementos por mínimos al haber concurrencia de pensiones. Lo mismo debe entenderse respecto a la incompatibilidad del SOVI con las pensiones de clases pasivas, pero a partir del 2 de mayo de 1991 -entrada en vigor del cómputo recíproco- (RD 691/1991).
Las pensiones del SOVI también son incompatibles con las pensiones de los regímenes en proceso de integración en el Sistema de la Seguridad Social, como la de los empleados de notarías, pero hay sentencias contradictorias que afirman, por ejemplo, que no existe incompatibilidad entre la pensión del SOVI y la pensión a favor de familiares de la Seguridad Social (TCT 7 de febrero de 1989. Art.
1.568) o que no existe incompatibilidad entre las pensiones del sistema de Seguridad Social y las pensiones del SOVI reconocidas antes de 1 de enero de 1967, fecha en que se constituyó dicho sistema (TSJ Andalucía 26 de febrero de 1991).
Por otra parte, si a pesar de la incompatibilidad de la pensión con el trabajo el pensionista del SOVI desarrolla un trabajo, puede cumplimentar un nuevo período de cotización que genere el derecho a otra prestación del sistema de la Seguridad Social, con independencia de considerarse indebida -durante dicho período trabajado- la percepción de la pensión del SOVI (TCT 19 de enero de 1989. Art.
1.018). Asimismo, cuando por realizado un trabajo se le reconoce una pensión de la Seguridad Social, el pensionista pierde el derecho a la pensión del SOVI que estuviera percibiendo (TCT 25 de enero de 1989.
Art. 1.057).
La pensión de vejez se devenga a partir del día siguiente a la fecha de cumplimiento de los 65 años, siempre que se presente la solicitud dentro de los treinta días siguientes a aquélla. Si la solicitud se formula después, se devenga a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación. En todo caso, la pensión de vejez del SOVI agrario se devenga a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud, mientras que la pensión de invalidez se comienza a devengar a partir del primer día del mes siguiente en que tenga entrada la instancia en las delegaciones o agencias del organismo competente.
Por lo que se refiere a la cuantía anual de las pensiones no concurrentes de vejez e invalidez, del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, es de 593.600 pesetas. A estos efectos, no se considera pensión concurrente la percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española. La cuantía básica de la pensión del SOVI se fijó en 1.000 pesetas, más un incremento del 14 por 100 (OM 1 de julio de 1972; RD 2 de febrero de 1979). El Gobierno, a través de diferentes disposiciones, ha ido revalorizando dicha cuantía. Sin embargo, estas revalorizaciones no son consolidables, por lo que si la pensión del SOVI concurre con otra no se revaloriza salvo que la suma de las pensiones concurrentes y la del SOVI, una vez revalorizadas aquéllas, sea inferior a la cantidad fijada para ése por el Gobierno para ese período. En tal caso, se revalorizan en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que experimenten las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones periódicas.


Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la diversidad de interpretaciones y tratamientos que hasta el momento han recibido las pensiones del SOVI por parte de los diferentes tribunales e incidiendo en la necesidad de proteger al máximo los derechos de los pensionistas, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las medidas necesarias para que las personas que cobran la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) continúen percibiéndola aunque a partir de un momento determinado deban cobrar la pensión de viudedad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Sanidad y Consumo

161/000186

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre la retirada del anuncio de Frigo.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del anuncio de Frigo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Asistimos en los últimos días a la emisión televisiva del spot publicitario de un helado, concretamente Magnum de la marca Frigo, donde se emite un mensaje distorsionado de la importancia de uso del preservativo en las relaciones sexuales entre los jóvenes. En el mismo se puede ver una secuencia donde un chico, a punto de tener una relación con su pareja, va a comprar un condón a una máquina. Sin embargo, prefiere gastarse el dinero que le queda en un helado de la citada marca, antes de invertirlo en la compra de un condón, deduciendo que después de comerse el helado mantendrán esa relación pero ya sin utilizar este método anticonceptivo.


Existen datos más que suficientes para afirmar que el uso del preservativo en las relaciones sexuales es uno de los métodos más eficaces no sólo para la prevención de embarazos no deseados, sino también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo del contagio del SIDA.
Así lo entienden los jóvenes que, cada vez más, están concienciados por este problema, debido a la labor de prevención desarrollada por distintas ONG?s y en los recursos que las Administraciones Públicas han venido invirtiendo en los últimos años en los medios de comunicación para difundir este mensaje.
La televisión es, sin duda, un medio de comunicación capaz de generar opiniones a gran parte de la ciudadanía en temas concretos. En este caso es una contradicción que se vean en este medio campañas que fomentan el uso del preservativo y al mismo tiempo también se vean este tipo de anuncios que ponen en una posición secundaria este serio, importante y necesario uso.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al estudio del citado anuncio publicitario, para poner en marcha las medidas necesarias que lleven a la retirada o modificación por parte de la empresa anunciadora del mismo, por transmitir un mensaje distorsionado entre los jóvenes de la necesidad del uso del preservativo en sus relaciones sexuales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Marisa Castro Fonseca, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comisión de Medio Ambiente

161/000182

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa al estudio de impacto ambiental sobre las instalaciones aeroportuarias de Bell-Lloc-Vilanova d?Alcolea (Castelló).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente.Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al

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Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Puigcercós Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El estudio de impacto ambiental de las instalaciones aeroportuarias de Bell-Lloc-Vilanova d?Alcolea (Castelló), presentado recientemente, ha generado una gran inquietud entre numerosos sectores de la población, ya que, además de adolecer de la minuciosidad y el rigor exigible en una obra de esta envergadura, pone de manifiesto una larga serie de deficiencias que a continuación se enumeran:

1. Violación del Decreto de la Generalitat Valenciana 162/1990, de 15 de octubre de 1990, y más concretamente del artículo 8, por lo que se refiere a las «características generales del proyecto, alternativas y soluciones». En este sentido, debe destacarse que no observan alternativas, limitándose a analizar marcos territoriales amplios sin ninguna ubicación concreta.
2. Vulneración de lo que dispone el Decreto de la Generalitat Valenciana 162/1990, de 15 de octubre de 1990, en su artículo 9: Inventario ambiental y descripción de las alteraciones ecológicas y ambientales claves.
3. Incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, puesto que no se ha realizado un estudio sistemático y pormenorizado de la flora y vegetación del territorio.
4. Tergiversación del Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por el que se crea y regula el catálogo de especies de fauna amenazadas y se establecen las categorías y normas de protección de la fauna.
5. Se vuelve a incumplir el Decreto de la Generalitat Valenciana 162/ 1990, de 15 de octubre de 1990, en su artículo 9, dado que no están inventariados todos los aspectos recogidos en el artículo 6 y, más concretamente, los que determinan la fauna, siendo precisamente en el apartado dedicado a la descripción de la fauna donde más incongruencias se pueden encontrar.
6. Por lo que se refiere a la contaminación acústica, el estudio se limita a hacer consideraciones generales sin ningún valor específico sobre los ruidos de los aviones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la «huella sonora» se calcula con los aviones menos ruidosos y no con los vuelos chárter, y sobre 50 operaciones día y no con 40, pudiéndose llegar a los 50 NEF, nivel desaconsejable para cualquier actividad humana.
7. En lo referente a las variables meteorológicas y climáticas, el estudio ignora que el conocimiento de las características climáticas del área donde se quiere instalar el aeropuerto es necesario para calcular el impacto ambiental que puede originar la construcción y explotación del mismo, y también pasa por alto la influencia de algunas variables meteorológicas en su funcionamiento. Entre otras variables, cabe destacar que los vientos dominantes en la zona atravesarían la pista de aterrizaje de manera perpendicular. Tampoco existen datos rigurosos sobre la lluvia que cae en la zona.
8. Vulneración de la Ley de Vías Pecuarias. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Vías Pecuarias, 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el caso de la Colada de los Caminos de Orpesa y Balsaenchil, no pertenece a la Diputación y, por lo tanto, deberá seguir con lo estipulado en el artículo 13 de dicha normativa. Sin embargo, el estudio no ofrece ningún trazado alternativo ni recoge estos extremos, por lo que si se ejecuta una obra en terrenos de vías pecuarias se estaría infringiendo el artículo 21.
9. Vulneración de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. En su artículo 11 se dispone la incorporación del informe de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia conformando el proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural y vinculando dicho informe a la declaración de impacto ambiental. Así, junto con el inventario y valoración del patrimonio cultural y arqueológico del estudio, figura un informe negativo que deberá vincular, como se ha dicho, al órgano que emita la posterior declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, la documentación aportada es insuficiente al faltar el estudio de impacto ambiental. Además, en el informe, falto de rigor, no consta la indicación de que el trazado afecta a la Vía Augusta.
10. Vulneración de la Ley de Aguas. La zona se sitúa en un llano alto por el que discurre la divisoria de dos ríos importantes: El Cuevas de San Miguel y la Rambla de la Viuda, refiriéndose el estudio a la vulnerabilidad a la contaminación acuífera, que califica de alta, por fisuración y carstificación. Asimismo, el informe habla de conducir aguas residuales al barranco de la Fuente, donde se verterán justo en el mismo lugar

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donde ya lo hace la depuradora de Benlloch, sin prevenir los impactos adicionales sobre el ecosistema del barranco.
11. Tráfico aéreo y cambio climático. No se puede olvidar la incidencia de la contaminación producida por el tráfico aéreo, dado que la generación de energía y el transporte son algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero: Las emisiones gaseosas derivadas de la actividad aérea no sólo contribuyen al cambio climático, sino también a la destrucción de la capa de ozono.
Por todas las razones expuestas, se presenta la siguiente

Proposición no de ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Reclamar al Ministerio de Medio Ambiente que valore negativamente el estudio de impacto ambiental de las instalaciones aeroportuarias de Bell-Lloc-Vilanova d?Alcolea (Castelló) y que suspenda todo tipo de actuación relacionada con el proyecto de construcción de las mismas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000190

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposición no de Ley relativa a la consideración de las Comunidades Autónomas con competencias en medio ambiente como autoridades competentes para el conocimiento y la tramitación de los proyectos presentados en el marco de las futuras convocatorias de la Comisión Europea LIFE-Naturaleza.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en Comisión una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la consideración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias en medio ambiente como autoridades competentes para el conocimiento y la tramitación de los proyectos presentados en el marco de las futuras convocatorias de la Comisión Europea LIFE-Naturaleza.


Exposición de motivos

La convocatoria LIFE-Naturaleza 2000-2001 de la Comisión Europea, publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 2000/c 101/03 de 9 de junio de 2000, establece los requisitos que deben cumplir los proyectos elegibles con cargo a los fondos LIFE- Naturaleza.
En el apartado relativo a las autoridades nacionales competentes para conocer de los proyectos se establece que cada proyecto deberá enviarse a las autoridades nacionales competentes antes del 30 de septiembre del presente año. Asimismo, se establece una excepción referida a Alemania, Francia y Austria, países cuyas autoridades regionales o lánders serán las competentes para conocer y tramitar los proyectos.
El Estado español, de acuerdo con las previsiones del bloque constitucional, se articula en lo relativo a su organización territorial en regiones y nacionalidades cuyos gobiernos autónomos tienen transferidas competencias en diversas materias de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.
Atendiendo a la realidad de la distribución competencial que en esta materia tiene lugar en diferentes países europeos, a la propia realidad política del Estado español, y a la propia necesidad de profundizar en el principio de subsidiariedad en materia medioambiental -principio conciliable al de la globalización e internacionalización de los intereses y de las problemáticas vinculadas al medio ambiente- deben darse los pasos necesarios para aproximar las iniciativas de la sociedad civil a las Administraciones Públicas más cercanas a ésta.


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Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente Proposición no de Ley:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer y otorgar, en el marco de la distribución competencial existente en materia de medio ambiente y mediante el procedimiento oportuno, la consideración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, como autoridades competentes para conocer y tramitar los proyectos presentados dentro de las convocatorias LIFE-Naturaleza de la Comisión Europea 2001-2002 y siguientes, en la línea de los casos particulares que afectan a Alemania, Francia y Austria, y que están previstos en la convocatoria LIFE-Naturaleza 2000-2001.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000191

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a cumplir los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Dentro de unos meses se reunirán en La Haya los países signatarios del convenio marco de (NN.UU.) sobre el cambio climático con el objetivo de cerrar los detalles del protocolo de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
En el protocolo de Kioto, la Unión Europea se ha comprometido a reducir entre los años 2008 y 2012 un 8 por 100 de las emisiones respecto del nivel del año 1990. Dentro de este esfuerzo comunitario, España se ha comprometido a no superar las emisiones de 1990 en más de un 15 por 100.
Sin embargo, mientras los países europeos con mayores compromisos de reducción como Inglaterra o Alemania han adoptado ya planes de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, España sobrepasa ya en más de un 20 por 100 las emisiones producidas en 1990.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé cumplimiento a los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero mediante:

a) La elaboración antes de finalizar el año 2000 del Plan de Acción sobre el Cambio Climático al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero de un incremento de emisiones inferior al 15 por 100.
b) A que en este marco se incorporen objetivos cuantificables, acciones, medidas y previsiones presupuestarias y fiscales encaminadas a reorientar los actuales modelos de transporte y energético en un sentido sostenible.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comisión de Ciencia y Tecnología

161/000177

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


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AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre solicitud a la Unión Europea (UE) de medidas en relación con el sector naval, así como para la integración de dicho sector público español en la empresa Bazán.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados se formula la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La Unión Europea acaba de anunciar un expediente de infracción contra el Gobierno español en relación a la compra de «Astilleros Españoles, S. A.», por parte de la SEPI. Este expediente puede dar al traste con los esfuerzos comprometidos por el Gobierno y Sindicatos a favor de la viabilidad de astilleros públicos españoles (integración en Bazán).
Llama la atención el celo del comisario de la competencia mientras la Comisión mantiene una exasperante pasividad frente al «dumping» de Corea que pone al sector naval europeo al borde de la desaparición.
Por todo ello se presente la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.o Defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas públicas al sector naval a partir de diciembre de 2000.
2.o Exigir de la Unión Europea la inmediata puesta en marcha de medidas anti "dumping" que frenen la competencia desleal de países como Corea en el sector naval.


3.o Avanzar y culminar la integración del conjunto del sector naval público español en Bazán».


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia e Interior

181/000161

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Campo Casasús, Carmen del (GS).


Destino que se piensa dar a la antigua prisión de Córdoba.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.


Diputada doña Carmen del Campo Casasús.


Texto

¿Qué destino piensa dar el Gobierno a la antigua prisión de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Carmen del Campo Casasús, Diputada.


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Comisión de Infraestructuras

181/000160

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: García-Hierro Caraballo, Dolores (GS).


Razones por las que el «Puerto Seco» de Coslada (Madrid) no se ha puesto aún en funcionamiento.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras.


Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo.


Texto

¿Podría explicar el Gobierno a qué razones obedece que el «Puerto Seco» de Coslada (Madrid) cuya construcción finalizó en octubre de 1999 no se haya puesto aún en funcionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2000.-Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.


Comisión de Política Social y Empleo

181/000164

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).


Actuaciones para la formación del colectivo de disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez.


Texto

¿Qué actuaciones en el ámbito de la formación piensa adoptar el Gobierno en relación con el colectivo de disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2000.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.


181/000165

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).


Medidas para mejorar el grado de empleabilidad de los disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales.


Página 52


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez.


Texto

¿Qué medidas se piensan poner en marcha para mejorar el grado de empleabilidad de disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2000.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.


181/000166

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).


Motivos por los que la tasa de paro y el índice de precios al consumo (IPC) de Canarias son los más altos de España.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo.


Texto

¿A qué se debe que la tasa de paro y el índice de precios al consumo sean en Canarias de los más altos de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2000.-Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.


181/000167

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Estarás Ferragut, María Rosa (GP).


Medidas para promover el empresariado femenino.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Página 53


Diputada doña Rosa Estarás Ferragut.


Texto

¿Qué medidas adoptará el gobierno al efecto de promover el empresariado femenino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2000.-Rosa Estarás Ferragut, Diputada.


181/000168

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP).


Política prevista para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputada doña Sandra Moneo.


Texto

¿Qué política piensa adoptar el Gobierno para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.
181/000169

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel (GP).


Principales medidas para promover el protagonismo de los jóvenes en la vida social, económica y cultural.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla.


Texto

¿Cuáles son las principales medidas que el Gobierno va a adoptar para promover el protagonismo de los jóvenes en la vida social, económica y cultural de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-Juan Manuel Moreno Bonilla, Diputado.


181/000170

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


Página 54


AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel (GP).


Presupuesto previsto para el Plan de Acción Global de Juventud 2000- 2003.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla.


Texto

¿Qué presupuesto total y en qué proporción cada año ha previsto el Gobierno destinar al Plan de Acción Global de Juventud 2000-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-Juan Manuel Moreno Bonilla, Diputado.


181/000171

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel (GP).


Medidas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla.


Texto

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para favorecer la inserción laboral de los jóvenes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-Juan Manuel Moreno Bonilla, Diputado.


181/000172

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Moneo Díez, María Sandra (GP).


Medidas para favorecer la educación para la salud de los jóvenes.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Página 55


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputada doña Sandra Moneo.


Texto

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para favorecer la educación para la salud de los jóvenes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.


181/000173

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Moneo Díez, María Sandra (GP).


Medidas para establecer alternativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputada doña Sandra Moneo.
Texto

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para establecer alternativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.


181/000174

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Moneo Díez, María Sandra (GP).


Medidas para propiciar la integración de colectivos de jóvenes desfavorecidos.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputada doña Sandra Moneo Díez.


Texto

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para propiciar la integración de colectivos de jóvenes desfavorecidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2000.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.


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Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

181/000163

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).


Medidas para fijar las compensaciones económicas necesarias para evitar que la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas suponga algún perjuicio para las Corporaciones Locales y garantizar su autonomía y suficiencia financiera.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas.


Diputado don Jordi Jané i Guasch.


Texto

Al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas.


¿Qué medidas concretas prevé el MAP para fijar las compensaciones económicas necesarias para las Corporaciones Locales al objeto de evitar que la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas suponga ningún perjuicio para dichas haciendas territoriales y con la finalidad de garantizar, en su actual nivel, la autonomía y suficiencia financiera de las Corporaciones Locales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2000.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente

181/000175

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).


Medidas a adoptar por el Gobierno al objeto de reducir la emisión de gases que provocan el cambio climático.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.


Diputado don Jordi Martí i Galbis.


Texto

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno al objeto de reducir la emisión de gases que provocan el cambio climático?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.-Jordi Martí i Galbis, Diputado.


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COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

230/000001

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.


AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el conflicto positivo de competencia -tramitado en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad (artículo 67 LOTC)- número 5447/1998, que fue planteado por el Gobierno contra Comunicación de 2 de noviembre de 1998 del Director General de Ingresos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura dirigida al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el conflicto positivo de competencia número 5447/98, planteado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación contra la Comunicación de 2 de noviembre de 1998 del Director general de Ingresos de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura dirigida al Presidente del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Extremadura. Ha comparecido la Junta de Extremadura y ha sido ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

HA DECIDIDO

o 1. Inadmitir el conflicto positivo de competencias número 5447/1998 (tramitado como recurso de inconstitucionalidad), promovido por el Gobierno de la Nación frente a la Comunicación de 2 de noviembre de 1998 del Director general de Ingresos de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura dirigida al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, en lo referente a los recargos autonómicos sobre tributos del Estado.
2.o Estimar en lo restante dicho conflicto positivo de competencia y, en consecuencia:

a) Declarar que la competencia controvertida corresponde al Estado.
b) Declarar inconstitucional y nulo el inciso «como de tributos cedidos» del párrafo primero de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1998, de 18 de junio, de la Asamblea de Extremadura, de Tasas y Precios Públicos.
c) Declarar que la Comunicación de 2 de noviembre de 1998 del Director general de Ingresos de la Consejería

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de Economía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura vulnera las competencias del Estado.


Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».


Dada en Madrid a 13 de julio de 2000.


232/000013

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1404/1989, que fue promovido por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Minoría Catalana, contra la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 1404/89, promovido por don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde y don Josep López de Lerma López, comisionados al efecto por setenta y ocho Diputados, contra la Disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Han sido parte el Congreso de los Diputados, representado por el Letrado de las Cortes Generales don León Martínez Elipe; el Senado, representado por el Letrado de las Cortes Generales, don José Merino Merchán, y el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer del Tribunal.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

HA DECIDIDO

Declarar inconstitucional y nula la Disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y su reproducción en el artículo 14.7 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.


Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».


Dada en Madrid a 19 de julio de 2000.

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