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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 222, de 31/07/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VII LEGISLATURA

Serie D: 31 de julio de 2001 Núm. 222 GENERAL

ÍNDICE

Páginas

Composición y organización de la Cámara

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008 Composición de la Diputación Permanente ... (Página 4)

PERSONAL

299/000003 Cese de personal eventual para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ... (Página 4)

Nombramiento de personal eventual para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ... (Página 4)

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

DECRETOS-LEYES

130/000021 Real Decreto-Ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades ... (Página 5)

DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000006 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas ... (Página 6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Justicia e Interior 161/000908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Carballo (A Coruña) ... (Página 40)

Comisión de Economía y Hacienda 161/000905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre concentración energética en la provincia de Cádiz ... (Página 41)

Página 2


Páginas

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la celebración de ferias y mercados de ganado. Retirada ... (Página 42)

Comisión de Política Social y Empleo 161/000909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al acceso a las prestaciones contributivas por desempleo de los emigrantes retornados desde Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o con los que existan convenios de totalización de períodos de cotización a efectos de desempleo ... (Página 42)

Comisión de Medio Ambiente 161/000907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar las inversiones en materia forestal ... (Página 43)

161/000910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto ... (Página 44)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia e Interior 181/000995 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de la puesta en funcionamiento de un EDATI (Equipo de Atención al Inmigrante) en la provincia de Cádiz ... (Página 46)

181/000996 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre situación de los inmigrantes menores de edad y sin padres o tutores identificados ... (Página 46)

181/000997 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre asistencia de emergencia prevista para atender a los inmigrantes que llegan a las costas de Cádiz ... (Página 47)

181/000998 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre atención sanitaria que reciben los inmigrantes ubicados en la provincia de Cádiz... (Página 47)

Comisión de Política Social y Empleo 181/000993 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Muñoz Uriol (GP), sobre medidas en favor de los emigrantes residentes en el exterior... (Página 47)

Comisión de Ciencia y Tecnología 181/000987 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre recursos con los que se ha dotado al Organismo responsable de la gestión de la acción estratégica cintífica del Programa Nacional de Espacio ... (Página 48)

181/000988 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre razones por las que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha adscrito becas de formación de personal investigador a ningún proyecto del Programa Nacional de Espacio ... (Página 48)

181/000989 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre modo en que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene previsto resolver los problemas planteados en la justificación de las anualidades en los proyectos científicos del Programa Nacional de Espacio que llevan a cabo Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y Universidades... (Página 49)

181/000990 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre porcentaje de la cuota obligatoria que España aporta para el Programa Científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se dedica al mantenimiento y desarrollo del Programa Nacional de Espacio en su vertiente científica... (Página 49)

181/000991 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre solución prevista ante la situación creada por la exclusión de la convocatoria de «acción especial», dentro del Programa Nacional de Espacio, de los grupos de investigación científica pertenecientes a Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y Universidades... (Página 50)

Página 3


Páginas

181/000992 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar (GS), sobre razones de la exclusión de la acción estratégica de investigación científica del Programa Nacional de Espacio del sistema general de investigación científica recogido en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para incluirlo en el PROFIT... (Página 50)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/000994 Pregunta formulada por la Diputada doña Berta Rodríguez Callao (GP), sobre proyectos de ayuda de emergencia que tiene actualmente en marcha la Agencia Española de Cooperación Internacional ... (Página 51)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/008126 Pregunta para respuesta escrita formulada por la Diputada doña Francisca Pleguezue181/001003 los Aguilar (GS), sobre convenios firmados por RENFE con las Comunidades Autónomas para resolver los problemas que el ferrocarril causa a su paso por las ciudades.
Conversión en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras... (Página 51)

Página 4


COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de los cambios habidos en la composición de la Cámara.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000007)

Titulares:

Baja:

MAYOR OREJA, Jaime

Alta:

BURGO TAJADURA, Jaime Ignacio del

Suplentes:

Baja:

BURGO TAJADURA, Jaime Ignacio del

Alta:

LARA CARBÓ, María Teresa de

Grupo Parlamentario Mixto (061/000005)

Titulares:

Baja:

LABORDETA SUBÍAS, José Antonio

Alta:

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Guillerme

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


061/000008

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Grupo Parlamentario Mixto (061/000005)

Titulares:

Baja:

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Guillerme

Alta:

LABORDETA SUBÍAS, José Antonio

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


PERSONAL

299/000003

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el «BOCG. Congreso de los Diputados», del cese, con efectos de 2 de septiembre de 2001, de doña Inmaculada Agreda i Linero como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien disponer el cese, con efectos de 2 de septiembre de 2001, de doña Inmaculada Agreda i Linero como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


299/000003

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones

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conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el «BOCG. Congreso de los Diputados», del nombramiento de doña Natàlia Márquez i Ruiz para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en sus reuniones de 12 de abril de 2000 y 6 de febrero de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.o del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña Natàlia Márquez i Ruiz, con efectos de 3 de septiembre de 2001 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS LEYES

130/000021

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (núm. expte. 130/ 000021).


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


REAL DECRETO-LEY 12/2001, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES URGENTES EN MATERIA DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

En recientes sentencias del Tribunal Supremo se han anulado determinados preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de retenciones que obligan a introducir modificaciones urgentes en la normativa fiscal para que, en consonancia con el mandato del alto Tribunal, quede garantizado el cumplimiento de las exigencias derivadas de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las sentencias del Tribunal Supremo de 22 y 23 de marzo de 2001 anularon el número 2.° del apartado 1 del artículo 75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, que establecía en el 40 por 100 el porcentaje de retención aplicable a las retribuciones percibidas por los administradores y miembros de consejos de administración.
Resulta preciso, como consecuencia de estas sentencias, establecer un nuevo porcentaje de retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las rentas percibidas por los administradores y miembros de los consejos de administración, minorando en cinco puntos porcentuales el tipo de retención aplicable hasta ahora, dejándolo fijado en el 35 por 100, con reducción a la mitad, si se obtienen en Ceuta o Melilla, cuando resulte procedente la deducción prevista en el artículo 55.4 de la Ley del Impuesto.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2001 ha anulado el epígrafe 3.° del artículo 4 del Real Decreto 2060/1999, de 30 de diciembre, que modificó el apartado 3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, que establecía en el 25 por 100 el porcentaje de retención aplicable a la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o del consentimiento o autorización para su utilización.
Como consecuencia de esta sentencia, es necesario establecer un nuevo porcentaje de retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades para las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o del consentimiento o autorización parasu utilización, que se fija en el 20 por 100, igual al establecido

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en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con lo que se consigue la uniformidad en los porcentajes de retención de estos dos impuestos.
La necesidad de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes respecto a las retenciones e ingresos a cuenta que soportan, y a las empresas que resultan obligadas a practicarlos, así como las exigencias derivadas del cumplimiento del presupuesto de ingresos con la finalidad de garantizar la política económica de estabilidad presupuestaria, son circunstancias en las que concurre, por su naturaleza y finalidad, la extraordinaria y urgente necesidad que requiere el artículo 86 de la Constitución para acudir a la figura del Real Decreto-ley, al objeto de que las medidas adoptadas produzcan sus efectos de manera inmediata.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2001,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del artículo 83 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.


Con efectos a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, se modifican la rúbrica del artículo 83 de la Ley 40/ 1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y el apartado 1, párrafo segundo, de dicho artículo, que quedarán redactados de la siguiente forma:

«Artículo 83. Importe de los pagos a cuenta.»

«El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será del 35 por 100. Este porcentaje de retención e ingreso a cuenta se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción de la cuota prevista en el artículo 55.4 de esta Ley.»

Artículo segundo. Modificación del artículo 146 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.


Con efectos a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 146, «Retenciones e ingresos a cuenta» de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«6. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, será del 20 por 100.»

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Dado en Madrid, 29 de junio de 2001.


DECRETOS LEGISLATIVOS

132/000006

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, a adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(132) Real Decreto Legislativo que aprueba texto refundido.


AUTOR: Gobierno.


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.


Acuerdo:

Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la

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Ley 6 /2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.
Para ello, se hace preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9.a 2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica los apartados 1.o, segundo párrafo y 2.o, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; por los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando respectivamente los artículos 63 y 109.2 de la Ley de Aguas; por los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley de Aguas, al que añade un nuevo apartado y, finalmente, por la Ley 11/ 1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley de Aguas, relativos al Consejo Nacional del Agua y a la composición de la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca.
Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se ha entendido adecuado incluir en el texto refundido, el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta norma constituye un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en relación con los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros ámbitos legislativos diferentes, como ocurre con las aguas marítimas reguladas por la Ley de Costas. Por ello, sin perjuicio de su vigencia y aplicación, se entiende que su inclusión en el texto refundido de la Ley de Aguas ocasionaría importantes disfunciones desde el punto de vista de la técnica legislativa.


En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2001,

DISPONGO:

ARTÍCULO ÚNICO.


Se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas que se inserta a continuación.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.


Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes:

1. La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
2. La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, excepto la disposición adicional primera.
3. La disposición adicional 9.a, apartado 2, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica los apartados 1.o, segundo párrafo y 2.o, del artículo 109 de la Ley de Aguas, de 1985, en materia de sanciones.
4. Los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando, respectivamente, los artículos 63 y 109.2 de la Ley 29/1985.
5. Los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción y/o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley 29/1985, al que añade un nuevo apartado.
6. El artículo 3 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía, respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley 29/1985, de Aguas.


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DISPOSICIÓN FINAL

Única.


El presente Real Decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley.


1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.
2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.
3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.
4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica.


TÍTULO I

Del dominio público hidráulico del Estado

CAPÍTULO I

De los bienes que lo integran

Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico.


Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.


Artículo 3. Modificación de la fase atmosférica.


La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice.


CAPÍTULO II

De los cauces, riberas y márgenes

Artículo 4. Definición de cauce.


Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.


Artículo 5. Cauces de dominio privado.


1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.
2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.


Artículo 6. Definición de riberas.


1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.


b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.


2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.


Artículo 7. Trabajos de protección en las márgenes.


Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes

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de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido.


Artículo 8. Modificaciones de los cauces.


Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente.


CAPÍTULO III

De los lagos, lagunas, embalses y terrenos inundables

Artículo 9. Lecho o fondo de los lagos, lagunas y embalses superficiales.


1. Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario.
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.


Artículo 10. Las charcas situadas en predios de propiedad privada.


Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental correspondiente.


Artículo 11. Las zonas inundables.


1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren.
2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
CAPÍTULO IV

De los acuíferos subterráneos

Artículo 12. El dominio público de los acuíferos.


El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 54.


CAPÍTULO V

De las aguas procedentes de la desalación

Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos.


1. Cualquier persona física o jurídica podrá realizar la actividad de desalación de agua de mar, previas las correspondientes autorizaciones administrativas respecto a los vertidos que procedan, a las condiciones de incorporación al dominio público hidráulico y a los requisitos de calidad, según los usos a los que se destine el agua.
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable si a la actividad de desalación se asocian otras actividades industriales reguladas, así como las derivadas de los actos de intervención y uso del suelo.
Aquellas autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado, se tramitarán en un solo expediente, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. La desalación de aguas continentales se someterá al régimen previsto en esta Ley para la explotación del dominio público hidráulico.


TÍTULO II

De la administración pública del agua

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas.


El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:

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1.o Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
2.o Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3.o Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.


Artículo 15. Derecho a la información.


1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas.
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos de que formen parte.


Artículo 16. Definición de cuenca hidrográfica.


A los efectos de la presente Ley, se entiende por cuenca hidrográfica el territorio en que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único. La cuenca hidrográfica, como unidad de gestión del recurso, se considera indivisible.


Artículo 17. Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico.


En relación con el dominio público hidráulico y en el marco de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, el Estado ejercerá, especialmente, las funciones siguientes:

a) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas.
b) La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas.
c) El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.
d) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma.
La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.
Artículo 18. Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas.


1. La Comunidad Autónoma que, en virtud de su Estatuto de Autonomía, ejerza competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, ajustará el régimen jurídico de su administración hidráulica a las siguientes bases:

a) Aplicación de los principios establecidos en el artículo 14 de esta Ley.
b) La representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren.


2. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.


CAPÍTULO II

Del Consejo Nacional del Agua

Artículo 19. El Consejo Nacional del Agua.


Se crea, como órgano consultivo superior en la materia, el Consejo Nacional del Agua, en el que, junto con la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, estarán representados los entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los organismos de cuenca, así como las organizaciones profesionales y económicas más representativas, de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del agua. Su composición y estructura orgánica se determinarán por Real Decreto.


Artículo 20. Materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua.


1. El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente:

a) El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de su aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes.
b) Los planes hidrológicos de cuenca, antes de su aprobación por el Gobierno.
c) Los proyectos de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la ordenación del dominio público hidráulico.
d) Los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en

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tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua.
e) Las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.


2. Asimismo, emitirá informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno o por los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.
El Consejo podrá proponer a las Administraciones y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y economía del agua.


CAPÍTULO III

De los organismos de cuenca

SECCIÓN 1.a CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 21. Los organismos de cuenca.


En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan en esta Ley.


Artículo 22. Naturaleza y régimen jurídico de los organismos de cuenca.


1. Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son organismos autónomos de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente.
2. Los organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las Leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
3. Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales.
4. Los organismos de cuenca se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado, así como por la presente Ley y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.


Artículo 23. Funciones.


1. Son funciones de los organismos de cuenca:

a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
b) La administración y control del dominio público hidráulico.
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
e) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.


2. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en los párrafos d) y e) del apartado anterior, los organismos de cuenca podrán:

a) Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en general, realizar cualesquiera actos de administración respecto de títulos representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas mercantiles que tengan por objeto social la gestión de contratos de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
b) Suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresas que tengan como objeto cualquiera de los fines anteriormente indicados.
c) Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a cualquiera de las entidades relacionadas en los párrafos a) y b).


Artículo 24. Otras atribuciones.


Los organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos:

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.
b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.


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c) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.
d) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.
e) La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.
f) La realización, en el ámbito de sus competencias, de planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial.
g) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y demás entidades públicas o privadas, así como a los particulares.


En la determinación de la estructura de los organismos de cuenca se tendrá en cuenta el criterio de separación entre las funciones de administración del dominio público hidráulico y las demás.


Artículo 25. Colaboración con las Comunidades Autónomas.


1. Los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la Junta de Gobierno de dichos organismos, según lo determinado en esta Ley.
2. Los organismos de cuenca podrán celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y las Comunidades de usuarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
3. Los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una Ley estatal, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigibles por otras Administraciones Públicas en relación a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo trámite de informe se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 24, párrafo f).
4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado. Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
No será necesario el informe previsto en el párrafo anterior en el supuesto de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo por la Confederación Hidrográfica.


a SECCIÓN 2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 26. Órganos de Gobierno de los organismos de cuenca.


1. Son órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y el Presidente.
2. Son órganos de gestión, en régimen de participación, para el desarrollo de las funciones que específicamente les atribuye la presente Ley, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de obras.
3. Es órgano de planificación el Consejo del Agua de la cuenca.


Artículo 27. Composición de la Junta de Gobierno.


La composición de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca se determinará por vía reglamentaria, atendidas las peculiaridades de las diferentes cuencas hidrográficas y de los diversos usos del agua, de acuerdo con las siguientes normas y directrices:

a) La presidencia de la Junta corresponderá al Presidente del organismo de cuenca.
b) La Administración General del Estado contará con una representación de cinco Vocales, como mínimo, uno de cada uno de los Ministerios de Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de

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Ciencia y Tecnología; de Sanidad y Consumo y de Economía, y un representante de la Administración Tributaria del Estado, en el supuesto de que por convenio se encomiende a ésta la gestión y recaudación en la cuenca de las exacciones previstas en la presente Ley.
c) Corresponderá a la representación de los usuarios, al menos un tercio del total de Vocales y, en todo caso, un mínimo de tres, integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
d) Las Comunidades Autónomas que hubiesen decidido incorporarse al organismo de cuenca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, estarán representadas en su Junta de Gobierno, al menos, por un Vocal. El total de Vocales representantes y su distribución se establecerán, en cada caso, en función del número de Comunidades Autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas.
e) Las provincias estarán representadas de acuerdo con el porcentaje de su territorio afectado por la cuenca hidrográfica.


Artículo 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno.


Corresponde a la Junta de Gobierno:

a) Aprobar los planes de actuación del organismo, la propuesta de presupuesto y conocer la liquidación de los mismos.
b) Acordar, en su caso, las operaciones de crédito necesarias para finalidades concretas relativas a su gestión, así como para financiar las actuaciones incluidas en los planes de actuación, con los límites que reglamentariamente se determinen.
c) Adoptar los acuerdos que correspondan en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 23 de la presente Ley, así como los relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de cuenca.
d) Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo de Agua de la cuenca.
e) Aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la cuenca, las modificaciones sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 de la presente Ley.
f) Declarar acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo, determinar los perímetros de protección de los acuíferos subterráneos, conforme a lo señalado en el artículo 56 de la presente Ley, aprobar las medidas de carácter general contempladas en el artículo 55 y ser oída en el trámite de audiencia al organismo de cuenca a que se refiere el artículo 58. Asimismo, le corresponde la adopción de las medidas para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas a que se refiere el artículo 99 de la presente Ley.


g) Adoptar las decisiones sobre comunidades de usuarios a las que se refieren los artículos 81.4 y 82.4.
h) Promover las iniciativas sobre zonas húmedas a las que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 111.
i) Informar, a iniciativa del Presidente, las propuestas de sanción por infracciones graves o muy graves cuando los hechos de que se trate sean de una especial trascendencia para la buena gestión del recurso en el ámbito de la cuenca hidrográfica.
j) Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de acuerdo con el artículo 118 de la presente Ley.
k) Proponer al Consejo del Agua de la cuenca la revisión del plan hidrológico correspondiente.
l) Y, en general, deliberar sobre aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por su Presidente o por cualquiera de sus miembros.


Artículo 29. Nombramiento de los Presidentes de organismos de cuenca.


Los Presidentes de los organismos de cuenca serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. Los nombramientos se ajustarán a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


Artículo 30. Funciones del Presidente del Organismo.


1. Corresponde al Presidente del organismo de cuenca:

a) Ostentar la representación legal del organismo.
b) Presidir la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse y el Consejo del Agua.
c) Cuidar de que los acuerdos de los órganos colegiados se ajusten a la legalidad vigente.
d) Desempeñar la superior función directiva y ejecutiva del organismo.
e) En general, el ejercicio de cualquier otra función que no esté expresamente atribuida a otro órgano.


2. Los actos y acuerdos de los órganos colegiados del organismo de cuenca que puedan constituir infracción de Leyes o no se ajusten a la planificación hidrológica podrán ser impugnados por el Presidente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La impugnación producirá la suspensión del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a treinta días. El procedimiento será el establecido en el artículo 127 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


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Artículo 31. La Asamblea de Usuarios.


La Asamblea de Usuarios, integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación, tiene por finalidad coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen concesional y derechos de los usuarios.


Artículo 32. Las Juntas de Explotación.


Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias se trasladarán, a los efectos previstos en el artículo 30.1, al Presidente del organismo de cuenca.
La constitución de las Juntas de Explotación, en las que los usuarios participarán mayoritariamente con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se determinará reglamentariamente.
Se promoverá la constitución de Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas en todos los casos en que los aprovechamientos de unas y otras aguas estén claramente interrelacionados.


Artículo 33. La Comisión de Desembalse.


Corresponde a la Comisión de Desembalse deliberar y formular propuestas al Presidente del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente atendiendo al criterio de representación adecuada de los intereses afectados.


Artículo 34. Las Juntas de Obras.


La Junta de Gobierno, a petición de los futuros usuarios de una obra ya aprobada, podrán constituir la correspondiente Junta de Obras, en la que participarán tales usuarios, en la forma que reglamentariamente se determine, a fin de que estén directamente informados del desarrollo e incidencias de dicha obra.


Artículo 35. Consejo del Agua de la cuenca.


1. Corresponde al Consejo del Agua elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la cuenca y las relativas a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico.


2. Las Comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una cuenca hidrográfica, se incorporarán en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.


Artículo 36. Composición.


La composición del Consejo del Agua de los organismos de cuenca se establecerá, por vía reglamentaria, en cada caso, ajustándose a las siguientes normas y directrices:

a) Cada Departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará representado por un número de Vocales no superior a tres.
b) La representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de Vocales y estará integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
c) Los servicios técnicos del organismo estarán representados por un máximo de tres Vocales.
d) La representación de las Comunidades Autónomas que participen en el Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, se determinará y distribuirá en función del número de Comunidades Autónomas de la cuenca y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las Comunidades Autónomas participantes, al menos, por un Vocal.
La representación de las Comunidades Autónomas no será inferior a la que corresponda a los diversos Departamentos ministeriales señalados en el párrafo a).
e) Las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la cuenca estarán representadas en función de la extensión o porcentaje de dicho territorio afectado por la cuenca hidrográfica.


SECCIÓN 3.a HACIENDA Y PATRIMONIO

Artículo. 37. Adscripción de bienes a los organismos de cuenca.


Los bienes del Estado y los de las Comunidades Autónomas, adscritos o que puedan adscribirse a los organismos de cuenca para el cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria, correspondiendo tan sólo al organismo su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes en la materia.


Artículo 38. Patrimonio propio.


Con independencia de tales bienes y para el mejor cumplimiento de sus fines, los organismos de cuenca podrán poseer un patrimonio propio integrado por:

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a) Los bienes y derechos que figuren en el patrimonio de las actuales Confederaciones Hidrográficas.
b) Los que en el futuro pudieran adquirir con los fondos procedentes de su presupuesto.
c) Los que por cualquier título jurídico pudieran recibir del Estado, de las Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas, o de los particulares.


Artículo 39. Ingresos del organismo.


Tendrán la consideración de ingresos del organismo de cuenca los siguientes:

a) Los productos y rentas de su patrimonio y los de la explotación de las obras cuando les sea encomendada por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y los particulares.
b) Las remuneraciones por el estudio y redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras que les encomiende el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, así como las procedentes de la prestación de servicios facultativos y técnicos.
c) Las asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
d) Los procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y precios autorizados al organismo.
e) Los reintegros de los anticipos otorgados por el Estado para la construcción de obras hidráulicas que realice el propio organismo.
f) El producto de las posibles aportaciones acordadas por los usuarios, para obras o actuaciones específicas, así como cualquier otra percepción autorizada por disposición legal.


TÍTULO III

De la planificación hidrológica

Artículo 40. Objetivos de la planificación hidrológica.


1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
2. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico se determinará reglamentariamente.
3. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios.
5. El Gobierno aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1 y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional.


Artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca.


1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de cuenca se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará por vía reglamentaria, en la que necesariamente se preverá la participación de los Departamentos ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas por los organismos correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta.


Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca.


Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:

a) El inventario de los recursos hidráulicos.
b) Los usos y demandas existentes y previsibles.
c) Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.
d) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural.
e) Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales.


f) Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.


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g) Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.
h) Los planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la Administración.
i) Las directrices para recarga y protección de acuíferos.
j) Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.
k) Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los condicionantes requeridos para su ejecución.
l) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.


Artículo 43. Previsiones de los planes hidrológicos de cuenca.


1. En los planes hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua y de terrenos, necesarias para las actuaciones y obras previstas.
2. Podrán ser declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección.
3. Las previsiones de los planes hidrológicos a que se refieren los apartados anteriores deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio.


Artículo. 44. Declaración de utilidad pública.


1. El Gobierno podrá hacer la declaración de utilidad pública de los trabajos, estudios e investigaciones requeridas para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos que se realicen por los servicios del Ministerio de Medio Ambiente, por el Instituto Geológico y Minero de España o por cualquier otro organismo de las Administraciones Públicas.
2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el plan.


Artículo 45. Contenido del Plan Hidrológico Nacional.


1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:

a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca.


b) La solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.


2. Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, conjuntamente con los Departamentos ministeriales relacionados con el uso de los recursos hidráulicos.
3. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los planes hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.


Artículo 46. Obras hidráulicas de interés general.


1. Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley:

a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la cuenca.
b) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico.
c) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte a más de una Comunidad Autónoma.
d) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.


2. El resto de obras hidráulicas serán declaradas de interés general por Ley.
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán ser declaradas obras hidráulicas de interés general mediante Real Decreto:

a) Las obras hidráulicas contempladas en el apartado 1 en las que no concurran las circunstancias en él previstas, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubiquen, cuando por sus dimensiones o coste económico tengan una relación estratégica en la gestión integral de la cuenca hidrográfica.


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b) Las obras necesarias para la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos, pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique.


4. La declaración como obras hidráulicas de interés general de las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, a que se refiere el párrafo c), apartado 1 del artículo 45 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional.


TÍTULO IV

De la utilización del dominio público hidráulico

CAPÍTULO I

Servidumbres legales

Artículo 47. Obligaciones de los predios inferiores.


1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven.
2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de no existir la correspondiente servidumbre.


Artículo 48. Régimen jurídico de la servidumbre de acueducto.


1. Los organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en el Reglamento de esta Ley, la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera.
2. Con arreglo a las mismas normas, los organismos de cuenca podrán imponer las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y, en general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil.
3. El expediente de constitución de servidumbre deberá reducir, en lo posible, el gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente.


4. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de revisión, que seguirá los mismos trámites reglamentarios que los previstos en el de constitución.
5. El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente.


Artículo 49. Titularidad de los elementos de la servidumbre.


En toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan destinadas las aguas o, en caso de evacuación, de los que procedieran.


CAPÍTULO II

De los usos comunes y privativos

Artículo 50. Usos comunes.


1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado.
2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales, tendrán, además, las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso, las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.
3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.
4. La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.


Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a autorización.


Requerirán autorización administrativa previa los siguientes usos comunes especiales:

a) La navegación y flotación.
b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.


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c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.


Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso privativo.


1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico.


Artículo 53. Extinción del derecho al uso privativo.


1. El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, se extingue:

a) Por término del plazo de su concesión.
b) Por caducidad de la concesión en los términos previstos en el artículo 66.
c) Por expropiación forzosa.
d) Por renuncia expresa del concesionario.


2. La declaración de la extinción del derecho al uso privativo del agua requerirá la previa audiencia de los titulares del mismo.
3. Cuando el destino dado a las aguas concedidas fuese el riego o el abastecimiento de población, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquélla.
En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el Plan Hidrológico Nacional, el organismo de cuenca tramitará el expediente excluyendo el trámite de proyectos en competencia.
4. Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional.
5. Los derechos adquiridos por disposición legal se perderán según lo establecido en la norma que los regule o, en su defecto, por disposición normativa del mismo rango.
6. La vigencia de los contratos de cesión de derechos de uso del agua a que se refiere el artículo 67 será la establecida por las partes en dichos contratos. En todo caso, la extinción del derecho al uso privativo del cedente implicará automáticamente la resolución del contrato de cesión.


Artículo 54. Usos privativos por disposición legal.


1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.


Artículo 55. Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidos.


1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones.
4. Los organismos de cuenca determinarán, en su ámbito territorial, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias del organismo de cuenca, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados.
Reglamentariamente se establecerá la forma decómputo de los caudales efectivamente aprovechados

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cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos.


Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integran en ellas.
La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico.
Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine el organismo de cuenca previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados.
Las medidas previstas en el presente apartado podrán ser adoptadas por el organismo competente de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el organismo de cuenca, cuando así se haya encomendado.


Artículo 56. Acuíferos sobreexplotados.


1. El organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En estas zonas el organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de la comunidad de usuarios u órgano que la sustituya, conforme al apartado 2 del artículo 87, aprobará, en el plazo máximo de dos años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el organismo de cuenca podrá establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.
El referido plan ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos y podrá establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el plan de ordenación.
2. Podrá determinar también perímetros dentro de los cuales no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV de esta Ley.
3. Asimismo, a fin de proteger las aguas subterráneas frente a los riesgos de contaminación, el organismo de cuenca podrá determinar perímetros de protección del acuífero o unidad hidrogeológica en los que será necesaria autorización del organismo de cuenca para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarlo.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de acuífero sobreexplotado y la determinación de los perímetros a que se refieren los apartados anteriores.


Artículo 57. Aprovechamientos mineros.


1. Los titulares de los aprovechamientos mineros previstos en la legislación de minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras. A estos efectos, deberán solicitar la correspondiente concesión, tramitada conforme a lo previsto en esta Ley.
2. Si existieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las pondrá a disposición del organismo de cuenca, que determinará el destino de las mismas o las condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especialmente a su calidad.
3. Cuando las aguas captadas en labores mineras afecten a otras concesiones, se estará a lo dispuesto al efecto en esta Ley.


Artículo 58. Situaciones excepcionales.


En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.


CAPÍTULO III

De las autorizaciones y concesiones

SECCIÓN 1.a LA CONCESIÓN DE AGUAS

EN GENERAL

Artículo 59. Concesión administrativa.


1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa.
2. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.
3. Si para la realización de las obras de una nueva concesión, fuese necesario modificar la toma o captación de otra u otras preexistentes, el organismo decuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación,

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siendo los gastos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de esta Ley.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los órganos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de las aguas previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros.
6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de río.
8. El otorgamiento de una concesión no exime al concesionario de la obtención de cualquier otro tipo de autorización o licencia que conforme a otras leyes se exija a su actividad o instalaciones.


Artículo 60. Orden de preferencia de usos.


1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.


3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente:

o 1. Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.
2.o Regadíos y usos agrarios.
3.o Usos industriales para producción de energía eléctrica.
4.o Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
5.o Acuicultura.
6.o Usos recreativos.
7.o Navegación y transporte acuático.
8.o Otros aprovechamientos.


El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1.o de la precedente enumeración.
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.


Artículo 61. Condiciones generales de las concesiones.


1. Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.
2. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el artículo 67.
3. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen, con el fin de racionalizar el aprovechamiento del recurso.
La Administración responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo repercutir estos gastos sobre los beneficiarios.
4. Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las comunidades de usuarios y de lo que se establece en el artículo siguiente. La concesión para riego podrá prever la aplicación del agua a distintas superficies alternativa o sucesivamente o prever un perímetro máximo de superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
5. El organismo de cuenca podrá otorgar concesiones colectivas para riego a una pluralidad de titulares de tierras que se integren mediante convenio en una

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agrupación de regantes, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 81. En este supuesto, el otorgamiento del nuevo título concesional llevará implícita la caducidad de las concesiones para riego preexistentes de las que sean titulares los miembros de la agrupación de regantes en las superficies objeto del convenio.


Artículo 62. Concesiones para riego en régimen de servicio público.


1. Podrán otorgarse concesiones de aguas para riego, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, aunque no ostenten la titularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.
2. En este supuesto, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.
3. El titular de una concesión para riego en régimen de servicio público, no podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 55.3, correspondiendo a los titulares de la superficie regada el derecho a instar una nueva concesión, en los términos de dicho apartado.
4. Las obras e instalaciones que no hayan revertido a la Administración competente pasarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesionario.


Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos.


La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.
En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.


Artículo 64. Modificación de las características de la concesión.


Toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante.


Artículo 65. Revisión de las concesiones.


1. Las concesiones podrán ser revisadas:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.


c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.


2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.
A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.
3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.
4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado 2 no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. Sin perjuicio de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones concesionales.


Artículo 66. Caducidad de las concesiones.


1. Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera de condiciones esenciales o plazos en ella previstos.
2. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.


SECCIÓN 2.a CESIÓN DE DERECHOS AL USO PRIVATIVO

DE LAS AGUAS

Artículo 67. Del contrato de cesión de derechos.


1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les correspondan.
Los concesionarios o titulares de derechos de usos privativos de carácter no consuntivo no podrán ceder sus derechos para usos que no tengan tal consideración.
2. Cuando razones de interés general lo justifiquen, el Ministro de Medio Ambiente podrá autorizar con carácter excepcional cesiones de derechos de uso del agua que no respeten las normas sobre prelación de usos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
3. Los adquirentes de los derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las obligaciones que correspondan

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al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del agua.
4. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta sección será causa para acordar la caducidad del derecho concesional del cedente.


Artículo 68. Formalización, autorización y registro del contrato de cesión.


1. Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en conocimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que pertenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en el plazo de quince días desde su firma. En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá constar en el contrato la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación durante la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el adquirente con el caudal cedido.
2. Se entenderán autorizados, sin que hasta entonces produzcan efectos entre las partes, en el plazo de un mes a contar desde la notificación efectuada al Organismo de cuenca, si éste no formula oposición cuando se trate de cesiones entre miembros de la misma comunidad de usuarios, y en el plazo de dos meses en el resto de los casos. Cuando la cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos agrarios, el Organismo de cuenca dará traslado de la copia del contrato a la correspondiente Comunidad Autónoma y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que emitan informe previo en el ámbito de sus respectivas competencias en el plazo de diez días.
3. El Organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo.
4. Los Organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesión de derechos de uso del agua en el Registro de Aguas al que se refiere el artículo 80, en la forma que se determine reglamentariamente.
Posteriormente, podrán inscribirse, además, en el Registro de la Propiedad, en los folios abiertos a las concesiones administrativas afectadas.
5. Las competencias de la Administración hidráulica a las que se refiere la presente sección serán ejecutadas en las cuencas intracomunitarias por la Administración hidráulica de la correspondiente Comunidad Autónoma.


Artículo 69. Objeto del contrato de cesión.


1. El volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el cedente. Reglamentariamente se establecerán las normas para el cálculo de dicho volumen anual, tomando como referencia el valor medio del caudal realmente utilizado durante la serie de años que se determinen, corregido, en su caso, conforme a la dotación objetivo que fije el Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del agua, sin que en ningún caso pueda cederse un caudal superior al concedido.
2. Los caudales que sean objeto de cesión se computarán como de uso efectivo de la concesión a los efectos de evitar la posible caducidad del título concesional del cedente.
3. La cesión de derechos de uso del agua podrá conllevar una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes y deberá explicitarse en el contrato. Reglamentariamente podrá establecerse el importe máximo de dicha compensación.


Artículo 70. Instalaciones e infraestructuras hidráulicas necesarias.


1. Cuando la realización material de las cesiones acordadas requiera el empleo de instalaciones o infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, su uso se establecerá por libre acuerdo entre las partes.
2. En el caso de que las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titularidad del Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explotación, los contratantes deberán solicitar, a la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autorización, la determinación del régimen de utilización de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las exacciones económicas que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
3. Si para la realización material de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas instalaciones o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán presentar, a la vez que solicitan la autorización, el documento técnico que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las aguas cedidas se vayan a destinar al abastecimiento de poblaciones, se presentará también informe de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para dicho uso.
4. La autorización del contrato de cesión no implicará por sí misma la autorización para el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere este artículo.
La resolución del Organismo de cuenca sobre el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere elpárrafo anterior será independiente de la decisión que

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adopte sobre la autorización o no del contrato de cesión, y no se aplicarán a la misma los plazos a que se refiere el artículo 68 apartado 2.


Artículo 71. Centros de intercambio de derechos.


1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y en aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente.
En este caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.
2. Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar las adquisiciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de interés autonómico en el ámbito de sus competencias.
3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen conforme a este artículo deberán respetar los principios de publicidad y libre concurrencia y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen.


Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas.


Sólo se podrán usar infraestructuras que interconecten territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca para transacciones reguladas en esta sección si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase así lo han previsto. En este caso, la competencia para autorizar el uso de estas infraestructuras y el contrato de cesión corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, entendiéndose desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse notificado resolución administrativa.


SECCIÓN 3.a ALUMBRAMIENTO Y UTILIZACIÓN

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Artículo 73. Preferencia para el otorgamiento de autorizaciones de investigación de aguas subterráneas.


Los propietarios de los terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozarán de preferencia para el otorgamiento de la autorización dentro del mismo orden de prelación a que se refiere el artículo 60.


Artículo 74. Autorizaciones para investigación de aguas subterráneas.


1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para investigación de aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo el trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse.


2. El plazo de la autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la realización de las labores.
3. Si la investigación fuera favorable, el interesado deberá, en un plazo de seis meses, formalizar la petición de concesión, que se tramitará sin competencia de proyectos.


Artículo 75. Determinación del lugar de emplazamiento de las instalaciones.


Cuando el concesionario no sea propietario del terreno en que se realice la captación y el aprovechamiento hubiese sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determinará el lugar de emplazamiento de las instalaciones, con el fin de que sean mínimos los posibles perjuicios, cuya indemnización se fijará con arreglo a la legislación de expropiación forzosa.


Artículo 76. Afección a captaciones anteriores.


A falta de Plan Hidrológico de cuenca, o de definición suficiente en el mismo, la Administración concedente considerará para el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, debiendo, en todo caso, el titular de la nueva concesión indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes, como consecuencia del acondicionamiento de las obras e instalaciones que sea necesario efectuar para asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente explotados.


SECCIÓN 4.a OTRAS AUTORIZACIONES

Y CONCESIONES

Artículo 77. Aprovechamiento de los cauces o bienes situados en ellos.


1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización administrativa.


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2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
3. La incoación de los expedientes sobre aprovechamientos de áridos se notificará a los órganos responsables del dominio público marítimo terrestre de la misma cuenca para que éstos puedan optar por su uso en la regeneración del litoral que siempre será preferente sobre cualquier otro posible uso privativo.


Artículo 78. Navegación recreativa en embalses.


Las autorizaciones para navegación recreativa en embalses se condicionarán atendiendo a los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.


SECCIÓN 5.a PROCEDIMIENTO

Artículo 79. Procedimiento para otorgar concesiones y autorizaciones.


1. La duración de las concesiones y autorizaciones, los supuestos y requisitos para su declaración de utilidad pública, así como el procedimiento para su tramitación serán establecidos reglamentariamente.
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor protección de su entorno. El principio de competencia podrá eliminarse cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones.
3. Para las concesiones de escasa importancia por su cuantía, incluidas las destinadas a aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña potencia, se establecerán reglamentariamente procedimientos simplificados acordes con sus características.
4. En el caso de concesiones y autorizaciones en materia de regadíos u otros usos agrarios, será preceptivo un informe de la correspondiente Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con las materias propias de su competencia, y en especial, respecto a su posible afección a los planes de actuación existentes.


SECCIÓN 6.a REGISTRO DE AGUAS

Artículo 80. Características del Registro de Aguas.


1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. La organización y normas de funcionamiento del Registro de Aguas se fijarán por vía reglamentaria.
2. El Registro de Aguas tendrá carácter público, pudiendo interesarse del Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido.
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el Registro correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión y de lo establecido en la legislación en materia de aguas.
4. La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión.


CAPÍTULO IV

De las comunidades de usuarios

Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios.


1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibirán el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.
Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca.
Los estatutos u ordenanzas regularán la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.
El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.
2. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, podrán formar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses.
3. Del mismo modo, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios, podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos.


4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintostipos de comunidades y juntas centrales de usuarios.


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5. Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos, que deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.


Artículo 82. Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios.


1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan.
Los estatutos y ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.
3. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios se compondrán de representantes de los usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
4. Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podrá establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.


Artículo 83. Facultades de las comunidades de usuarios.


1. Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
2. Las comunidades de usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las comunidades de usuarios vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquéllas se realicen.
4. Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de riego.


Artículo. 84. Órganos de las comunidades de usuarios.


1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta general o asamblea, una junta de gobierno y uno o varios jurados.
2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano.
3. La junta de gobierno, elegida por la junta general, es la encargada de la ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta general.
4. Serán atribuciones de la junta de gobierno:

a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos.
b) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales.
c) Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que estime oportuno.
d) Ejecutar en el ámbito de sus competencias las funciones que le sean atribuidas por las leyes o que puedan asumir en virtud de los convenios que suscriban con el Organismo de cuenca.


5. Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos

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en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca.
6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción.
Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que determine la costumbre y el reglamento. Sus fallos serán ejecutivos.


Artículo 85. Pervivencia de organizaciones tradicionales.


Los aprovechamientos colectivos, que hasta ahora hayan tenido un régimen consignado en ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientras los usuarios no decidan su modificación de acuerdo con ellas.
Del mismo modo, allí donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continuarán con su organización tradicional.


Artículo 86. Titularidad de las obras que integran el aprovechamiento.


La titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de la comunidad de usuarios quedará definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización.


Artículo 87. Comunidades de usuarios de unidades hidrogeológicas y de acuíferos.


1. Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento del Organismo de cuenca, a constituir una comunidad de usuarios, correspondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar sus límites y establecer el sistema de utilización conjunta de las aguas.
2. En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo en aplicación del apartado 1 del artículo 56 de esta Ley, será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios. Si transcurridos seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio, o encomendará sus funciones con carácter temporal a un órgano representativo de los intereses concurrentes.
3. Los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, al objeto de establecer la colaboración de éstas en las funciones de control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas. En estos convenios podrá preverse, entre otras cosas, la sustitución de las captaciones de aguas subterráneas preexistentes por captaciones comunitarias, así como el apoyo económico y técnico del Organismo de cuenca a la comunidad de usuarios para el cumplimiento de los términos del convenio.


Artículo 88. Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas.


El Organismo de cuenca podrá obligar a la constitución de comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.


Artículo 89. Requisitos para el abastecimiento a varias poblaciones.


1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las Corporaciones Locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través de una misma empresa concesionaria.
2. Con independencia de su especial estatuto jurídico, el consorcio o Comunidad de que se trate elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 81.


Artículo 90. Comunidades de usuarios de vertidos.


Las entidades públicas, corporaciones o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, podrán constituirse en comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explotaciones y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección del entorno natural. El Organismo de cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de comunidades de usuarios.


Artículo 91. Otras comunidades de usuarios. Normas de aplicación.


Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores podrán ser aplicadas a otros tipos de comunidades no mencionadas expresamente, y, entre ellas, a las de avenamiento o a las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.


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TÍTULO V

De la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 92. Objetivos de la protección.


Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico:

a) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general.
b) Establecer programas de control de calidad en cada cuenca hidrográfica.
c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas.
d) Evitar cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.
e) Recuperar los sistemas acuáticos asociados al dominio público hidráulico.


Reglamentariamente, se establecerán los niveles de calidad correspondientes a los estados indicados en el párrafo a) y los plazos para alcanzarlos.


Artículo 93. Concepto de contaminación.


Se entiende por contaminación, a los efectos de esta Ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
El concepto de degradación del dominio público hidráulico a efectos de esta Ley, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.


Artículo 94. Policía de aguas.


La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente.


Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio público.


1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.


2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento.
3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.


Artículo 96. Zona de servidumbre y policía en embalses superficiales, lagos y lagunas.


1. Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio, necesarias para su explotación.
2. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.


Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas.


Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular:

a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico.


Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones.


Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica.


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En la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de un informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que, a su juicio, deban introducirse como consecuencia del informe presentado. Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio, conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la consideración del órgano ambiental competente la conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.


Artículo 99. Protección de aguas subterráneas.


La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se realizará, entre otras acciones, mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para ello serán incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo al Organismo de cuenca la adopción de las medidas oportunas.


CAPÍTULO II

De los vertidos

Artículo 100. Concepto.


1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
2. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley. Esas normas y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico.


Por buen estado ecológico de las aguas se entiende aquel que se determina a partir de indicadores de calidad biológica, físico- químicos e hidromorfológicos, inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema hídrico, en la forma y con los criterios de evaluación que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen.
4. La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.


Artículo 101. Autorización de vertido.


1. Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.
En todo caso, deberán especificar las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon de control del vertido definido en el artículo 113.
2. Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco años, renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.
En caso contrario, podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 105.
3. A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de vertido el solicitante acreditará ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten.
Los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
4. Las solicitudes de autorizaciones de vertido de las Entidades locales contendrán, en todo caso, un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. Las Entidades locales estarán obligadas a informar a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias tóxicas y peligrosas reguladas por la normativa sobre calidad de las aguas.


Artículo 102. Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneas.


Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminarlos acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá

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autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.


Artículo 103. Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantes.


Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.
El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las aguas, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones excepcionales previsibles.


Artículo 104. Revisión de las autorizaciones de vertido.


1. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los siguientes casos:

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así lo solicite el interesado.
c) Para adecuar el vertido a las normas y objetivos de calidad de las aguas que sean aplicables en cada momento y, en particular, a las que para cada río, tramo de río, acuífero o masa de agua dispongan los Planes Hidrológicos de cuenca.


2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, los Organismos de cuenca podrán modificar, con carácter general, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad.


Artículo 105. Vertidos no autorizados.


1. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las condiciones de la autorización, el Organismo de cuenca realizará las siguientes actuaciones:

a) Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a la calidad de las aguas.
b) Liquidará el canon de control de vertido, de conformidad con lo establecido en el artículo 113.


2. Complementariamente, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación de los siguientes procedimientos:

a) De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, para el caso de incumplimiento de alguna de sus condiciones.


b) De autorización del vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de legalización.
c) De declaración de caducidad de la concesión de aguas en los casos especialmente cualificados de incumplimiento de las condiciones o de inexistencia de autorización, de los que resulten daños muy graves en el dominio público hidráulico.


3. Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas conforme al apartado anterior no darán derecho a indemnización.


Artículo 106. Suspensión de actividades que originan vertidos no autorizados.


El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, de no estimar más procedente adoptar las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrir los causantes de los mismos.


Artículo 107. Explotación de depuradoras por el Organismo de cuenca.


El Organismo de cuenca podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales, cuando no fuera procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.
En este supuesto, el Organismo de cuenca reclamará del titular de la autorización, incluso por vía de apremio:

a) Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los términos previstos en la autorización.
b) Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones.


Artículo 108. Empresas de vertido.


Podrán constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Las autorizaciones de vertido que a su favor se otorguen, incluirán, además de las condiciones exigidas con carácter general, las siguientes:

a) Las de admisibilidad de los vertidos que van a ser tratados por la empresa.
b) Las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica.
c) La obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia de los tratamientos.


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La cuantía de la fianza y los efectos que se deriven de la revocación de la autorización se determinarán reglamentariamente.


CAPÍTULO III

De la reutilización de aguas depuradas

Artículo 109. Régimen jurídico de la reutilización.


1. El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos.
2. La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.
3. Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de reutilización de aguas, podrá subrogarse por vía contractual en la titularidad de la autorización de vertido de aquellas aguas, con asunción de las obligaciones que ésta conlleve, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control de vertido. Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente Organismo de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización de vertido. En el caso de que la concesión se haya otorgado respecto a aguas efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato que deberá ser autorizado por el correspondiente Organismo de cuenca.
4. Las personas físicas o jurídicas que asuman las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, podrán solicitar la modificación de la autorización de vertido previamente existente, a fin de adaptarla a las nuevas condiciones de vertido. Para su revisión se tendrá en consideración el volumen y la calidad del efluente que se vierta al dominio público hidráulico tras la reutilización.
5. En todo caso, el vertido final de las aguas reutilizadas se acomodará a lo previsto en la presente Ley.


CAPÍTULO IV

De los auxilios del Estado

Artículo 110. Ayudas del Estado para actividades que mejoren la calidad de las aguas.


Se determinarán reglamentariamente las ayudas que podrán concederse a quienes procedan al desarrollo, implantación o modificaciones de tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, así como a cambios en la explotación, que signifiquen una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas.
Asimismo, podrán concederse ayudas a quienes realicen plantaciones forestales, cuyo objetivo sea la protección de los recursos hidráulicos.
Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la potabilización y desalinización de aguas y a la depuración de aguas residuales, mediante procesos o métodos más adecuados, a la implantación de sistemas de reutilización de aguas residuales, o desarrollen actividades de investigación en estas materias.


CAPÍTULO V

De las zonas húmedas

Artículo 111. Concepto y características.


1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica.
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa.
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquellas que posean un interés natural o paisajístico.
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medioambiental.
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de Medio Ambiente, podrán promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de interés público.


TÍTULO VI

Del régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico

Artículo 112. Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico.


1. La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio público hidráulico incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 2 de la presente Ley, que requieran concesión o autorización administrativa,

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devengarán a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico, destinada a la protección y mejora de dicho dominio. Los concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.
2. El devengo de la tasa se producirá con el otorgamiento inicial y el mantenimiento anual de la concesión o autorización y será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización.
3. Serán sujetos pasivos del canon los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, quienes se subroguen en lugar de aquéllos.
4. La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca según los siguientes supuestos:

a) En el caso de ocupación de terrenos del domino público hidráulico, por el valor del terreno ocupado tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos.
b) En el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de dicha utilización o del beneficio obtenido con la misma.
c) En el caso de aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico, por el valor de los materiales consumidos o la utilidad que reporte dicho aprovechamiento.


5. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) del apartado anterior, y del 100 por 100 en el supuesto del párrafo c), que se aplicarán sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.
6. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.


Artículo 113. Canon de control de vertidos.


1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos.
2. Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos, quienes lleven a cabo el vertido.
3. El importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración, que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte.
El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01202 euros (2 pesetas) para el agua residual urbana y en 0,03005 euros (5 pesetas) para el agua residual industrial. Estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El coeficiente de mayoración del precio básico no podrá ser superior a 4.
4. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del año.
Durante el primer trimestre de cada año natural, deberá liquidarse el canon correspondiente al año anterior.
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
6. Cuando se compruebe la existencia de un vertido, cuyo responsable carezca de la autorización administrativa a que se refiere el artículo 100, con independencia de la sanción que corresponda, el Organismo de cuenca liquidará el canon de control de vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su importe por procedimientos de estimación indirecta conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
7. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de saneamiento y depuración.


Artículo 114. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua.


1. Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.


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2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada «tarifa de utilización del agua», destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando las siguientes cantidades:

a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.
b) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras.
c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.


4. La distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se determine.
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias las exacciones previstas en este artículo serán gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
6. El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma en cantidades superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas en los Planes Hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen reglamentariamente.


7. El Organismo de cuenca aprobará y emitirá las liquidaciones reguladas en este artículo en el ejercicio al que correspondan.
Artículo 115. Naturaleza económico-administrativa de las liquidaciones.


1. Reglamentariamente podrá establecerse la autoliquidación de los cánones o exacciones mencionados en los artículos anteriores.
2. Los actos de aprobación y liquidación de estos cánones o exacciones tendrán carácter económicoadministrativo. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del débito por la vía administrativa de apremio. El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.
3. El pago de las exacciones previstas en la presente Ley, cuando los obligados a ello estén agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa de los mismos, se podrá realizar a través de tales comunidades o entidades, que quedan facultadas a tal fin para llevar a cabo la recaudación correspondiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.


TÍTULO VII

De las infracciones y sanciones y de la competencia de los Tribunales

Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción.


Se considerarán infracciones administrativas:

a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.
b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
d) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.
e) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización.
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.


g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.
h) La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas

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subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas.


Artículo 117. Calificación de las infracciones.


1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:

- Infracciones leves, multa de hasta 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas).
- Infracciones menos graves, multa de 6.010,13 a 30.050,61 euros (1.000.001 a 5.000.000 de pesetas).
- Infracciones graves, multa de 30.050,62 a 300.506,06 euros (5.000.001 a 50.000.000 de pesetas).
- Infracciones muy graves, multa de 300.506,06 a 601.012,10 euros (50.000.001 a 100.000.000 de pesetas).


2. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. En relación con las primeras se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado y sumario, respetando los principios establecidos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Será competencia del Ministro de Medio Ambiente la sanción de las infracciones graves y quedará reservada al Consejo de Ministros la imposición de multas por infracciones muy graves.
3. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de las sanciones, previsto en el apartado 1 de este artículo.


Artículo 118. Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico.


1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera lugar, podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.


Artículo 119. Multas coercitivas.


1. Los Órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos contemplados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
2. Para garantizar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, podrán adoptarse, con carácter provisional, las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar la continuación de la actividad infractora, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos, y el cese de actividades.


Artículo 120. Infracciones constitutivas de delito o falta.


En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.


Artículo 121. Jurisdicción competente.


Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo.


TÍTULO VIII

De las obras hidráulicas

CAPÍTULO I

Concepto y naturaleza jurídica de las obras hidráulicas

Artículo 122. Concepto de obra hidráulica.


A los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones, y depósitos

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de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección del dominio público hidráulico.


Artículo 123. Régimen jurídico de la obra hidráulica.


1. Las obras hidráulicas pueden ser de titularidad pública o privada.
No podrá iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión de nuevos usos del agua, sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales, salvo en el caso de declaración de emergencia o de situaciones hidrológicas extremas.
A las obras hidráulicas vinculadas a aprovechamientos energéticos les resultará igualmente de aplicación lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
2. Son obras hidráulicas públicas las destinadas a garantizar la protección, control y aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público hidráulico y que sean competencia de la Administración General del Estado, de las Confederaciones Hidrográficas, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.


Artículo 124. Competencias para la ejecución, gestión y explotación de las obras hidráulicas públicas.


1. Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas.
También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, las Comunidades Autónomas en virtud de convenio específico o encomienda de gestión.
2. Son competencia de las Confederaciones Hidrográficas las obras hidráulicas realizadas con cargo a sus fondos propios, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
3. El resto de las obras hidráulicas públicas son de competencia de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales, de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos Estatutos de Autonomía y sus leyes de desarrollo, y la legislación de régimen local.
4. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán celebrar convenios para la realización y financiación conjunta de obras hidráulicas de su competencia.
Artículo 125. Encomienda de gestión. Concesiones sin competencia de proyectos.


1. El Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas, en el ámbito de sus competencias, podrán encomendar a las comunidades de usuarios, o juntas centrales de usuarios, la explotación y el mantenimiento de las obras hidráulicas que les afecten. A tal efecto, se suscribirá un convenio entre la Administración y las comunidades o juntas centrales de usuarios en el que se determinarán las condiciones de la encomienda de gestión y, en particular, su régimen económico-financiero.
2. Asimismo, las comunidades de usuarios y las juntas centrales de usuarios podrán ser beneficiarios directos, sin concurrencia, de concesiones de construcción o explotación de las obras hidráulicas que les afecten. Un convenio específico entre la Administración General del Estado y los usuarios regulará cada obra y fijará, en su caso, las ayudas públicas asociadas a cada operación.


Artículo 126. Gastos de conservación y funcionamiento.


A los efectos previstos en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 114, tendrán la consideración de gastos de funcionamiento y conservación las cantidades que se obliguen a satisfacer la Administración General del Estado o las Confederaciones Hidrográficas, en virtud de convenio suscrito con un tercero a quien se haya atribuido la gestión de la construcción o explotación de una obra hidráulica de interés general, o sea concesionario de las mismas.


Artículo 127. Prerrogativas de la obra hidráulica de interés general.


1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere el apartado siguiente.
3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se

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refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.


Artículo 128. Coordinación de competencias concurrentes.


1. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales tienen los deberes de recíproca coordinación de sus competencias concurrentes sobre el medio hídrico con incidencia en el modelo de ordenación territorial, en la disponibilidad, calidad y protección de aguas y, en general, del dominio público hidráulico, así como los deberes de información y colaboración mutua en relación con las iniciativas o proyectos que promuevan.
2. La coordinación y cooperación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará a través de los procedimientos establecidos en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de los específicos que se hayan previsto en los convenios celebrados entre las Administraciones afectadas.
3. Respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística que afecten directamente a los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional requerirán, antes de su aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la protección y utilización del dominio público hidráulico y sin perjuicio de lo que prevean otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Este informe se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.
4. Los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras hidráulicas de interés general, así como los que sean estrictamente necesarios para su posible ampliación, tendrán la clasificación y calificación que resulte de la legislación urbanística aplicable y sea adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de dichas obras, la protección del dominio público hidráulico y su compatibilidad con los usos del agua y las demandas medioambientales. Los instrumentos generales de ordenación y planeamiento urbanístico deberán recoger dicha clasificación y calificación.
Artículo 129. Evaluación de impacto ambiental.


Los proyectos de obras hidráulicas de interés general se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los casos establecidos en la legislación de evaluación de impacto ambiental.


Artículo 130. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.


1. La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.
2. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.


3. La propuesta de declaración de urgencia para la ocupación de bienes y derechos afectados por obras hidráulicas de interés general corresponderá al órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente.
4. Cuando la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección.


Artículo 131. Declaración de una obra hidráulica como de interés general.


1. La iniciativa para la declaración de una obra hidráulica como de interés general, conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la presente Ley, corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de quienes tuvieran interés en ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del apartado 3 del artículo 46. Podrán instar la iniciación del expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general, en el ámbito de sus competencias:

a) El resto de los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.
c) Las comunidades de usuarios u organizaciones representativas de los mismos.


En todo caso, serán oídos en el correspondiente expediente las Comunidades Autónomas y Entidades locales afectadas.
2. Cuando se trate de obras hidráulicas que tengan como finalidad principal los regadíos u otros usos agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

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informará preceptivamente sobre las materias propias de su competencia, en especial sobre la adecuación del proyecto a lo establecido en la planificación nacional de regadíos vigente.
3. Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá ponderarse la adecuación del proyecto a las exigencias medioambientales, teniendo especialmente en cuenta la compatibilidad de los usos posibles y el mantenimiento de la calidad de las aguas.
4. El expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general deberá incluir una propuesta de financiación de la construcción y explotación de la obra, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los beneficiarios. A estos efectos, dicho expediente será informado por el Ministerio de Hacienda.


CAPÍTULO II

De las sociedades estatales

Artículo 132. Régimen jurídico de las sociedades estatales.


1. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir una o varias sociedades estatales de las previstas por el artículo 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social sea la construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas que al efecto determine el propio Consejo de Ministros.
2. Las relaciones entre la Administración General del Estado y las sociedades estatales a las que se refiere el apartado anterior se regularán mediante los correspondientes convenios, previo informe favorable del Ministerio de Economía, que habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros y en los que se preverán, al menos, los siguientes extremos:

a) El régimen de construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas de que se trate.
b) Las potestades que tiene la Administración General del Estado en relación con la dirección, inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad corresponderá en todo caso a la misma.
c) Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración General del Estado a la sociedad estatal, a cuyo efecto aquélla podrá adquirir los compromisos plurianuales de gasto que resulten pertinentes, sin sujeción a las limitaciones establecidas por el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Lo dispuesto en esta letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las aportaciones que la sociedad estatal pueda recibir de otros sujetos públicos o privados, en virtud, en su caso, de la conclusión de los correspondientes convenios.
d) Las garantías que hayan de establecerse a favor de las entidades que financien la construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas.


3. En los contratos que las sociedades estatales a las que se refiere este artículo concluyan con terceros para la construcción de las obras públicas hidráulicas se observarán las reglas siguientes:

1.o Se aplicarán las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, y de las disposiciones que la desarrollen, en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
2.o Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes para la adecuada defensa por dichas sociedades estatales y por la Administración General del Estado de los intereses públicos afectados.
3.o El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y la adjudicación.


CAPÍTULO III

De los contratos de construcción y explotación de obras hidráulicas

Artículo 133. Concepto.


1. Para la construcción, conservación y explotación de las obras e infraestructuras vinculadas a la regulación de los recursos hidráulicos, su conducción, potabilización y desalinización, y al saneamiento y depuración de las aguas residuales, las Administraciones públicas podrán utilizar el contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas, que se regirá por los preceptos contenidos en esta Ley y, en su defecto, por lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que resulten aplicables por razón de la materia.
2. A los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, aquel en el que, teniendo por objeto la construcción, conservación y explotación de las obras definidas en el apartado primero, la contraprestación al cesionario consista en el derecho a percibir la tarifa prevista en el apartado 1, párrafo a), del artículo 135 de la presente Ley.
La Administración concedente, cuando existan razones de interés público, rentabilidad social o uso colectivo, podrá compensar al concesionario parte de la obra pública prevista, en los términos que en cada caso

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se establezcan en los correspondientes pliegos contractuales.


Artículo 134. Régimen jurídico.


1. El régimen jurídico de este contrato será el establecido en la legislación básica estatal, con las salvedades siguientes:

a) El plazo de explotación de la obra será el previsto en cada pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que pueda exceder en ningún caso de setenta y cinco años.
b) La Administración podrá imponer al concesionario, en el contrato, que ceda a un tercero un porcentaje de la construcción de la obra que represente, al menos, un 30 por 100 del valor total de la misma, debiendo expresar razonadamente en el pliego de cláusulas particulares los motivos que aconsejan dicha cesión. La selección del cesionario deberá seguir las normas generales de los contratos de obras.
c) Quedan exceptuados estos contratos de lo previsto en los artículos 11.e), 62.c) y 69.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todo caso, se unirá al expediente certificación de compromisos de crédito para ejercicios futuros y un informe del Ministerio de Hacienda sobre los aspectos presupuestarios y financieros del contrato.
d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo, 14.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el supuesto de compensación por parte de la Administración al concesionario de parte de la obra pública prevista, se autoriza a que el pago se lleve a cabo de forma aplazada, en los términos fijados en el propio contrato de concesión.
2. El otorgamiento del contrato de concesión de las obras hidráulicas a que se refiere el artículo 133.2 de esta Ley, se considerará título habilitante para ocupar y usar los terrenos y bienes de dominio público necesarios para la construcción de la obra y la producción de los bienes y servicios a los que se destina.
3. El régimen jurídico del uso del dominio público necesario para ejecutar el contrato de concesión será el siguiente:

a) El concesionario tendrá el derecho a utilizar privativamente los bienes de dominio público incluidos en la concesión, y el beneficio de la expropiación forzosa de los bienes, terrenos y derechos afectados, en los términos fijados en el contrato de concesión de obra hidráulica.
b) Las obras, bienes e instalaciones que realice el concesionario sobre el dominio público serán utilizados, ocupados y gestionados por el concesionario hasta que expire el plazo para el que se otorgó la concesión, momento en que revertirán a la Administración pública competente.


c) Las concesiones serán susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad.


Artículo 135. Régimen económico financiero.


1. El régimen económico-financiero del contrato se regirá por los siguientes principios:

a) Las tarifas que perciban los concesionarios serán fijadas por la Administración competente incluyendo en las mismas los gastos de funcionamiento, conservación y administración, la recuperación de la inversión y el coste del capital, en los términos previstos en el contrato de concesión.
b) La Administración velará para que en todo momento se mantenga el equilibrio financiero de la concesión.


2. El otorgamiento del contrato de concesión regulado en el artículo anterior, solo podrá modificar el régimen de utilización de los recursos hídricos previsto en esta Ley, en aquello que se derive expresamente de lo establecido en este capítulo.
3. El Gobierno desarrollará reglamentariamente los preceptos contenidos en esta Ley, especialmente en cuanto se refiere al régimen económico-financiero de las concesiones.


DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lagos, lagunas y charcas inscritas en el Registro de la Propiedad.


Los lagos, lagunas y charcas, sobre los que existan inscripciones expresas en el Registro de la Propiedad, conservarán el carácter dominical que ostentaren en el momento de entrar en vigor la Ley 29/ 1985, de 2 de agosto, de Aguas.


Segunda. Administración hidráulica de las cuencas internas de una Comunidad Autónoma.


Las funciones que, de acuerdo con esta Ley, ejercen los Organismos de cuenca en aquellas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, corresponderán a las Administraciones hidráulicas de aquellas Comunidades que en su propio territorio y en virtud de sus estatutos de autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate de cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial.


Tercera. Estadísticas sobre la evolución de las aguas continentales.


El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá una estadística que permita la vigilancia de la evolución de

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la cantidad y la calidad de las aguas continentales en relación con las características definidas en los Planes Hidrológicos.


Cuarta. Actuaciones a realizar por el Instituto Geológico y Minero de España.


Sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecidas en la presente Ley, el Instituto Geológico y Minero de España formulará y desarrollará planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos subterráneos, y prestará asesoramiento técnico a las distintas Administraciones públicas en materias relacionadas con las aguas subterráneas.


Quinta. Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio.


Las posibles limitaciones en el uso de suelo y reservas de terreno, previstas en los artículos 6, 11, 20, 1.d), 43 y 96 de esta Ley, se aplicarán sin menoscabo de las competencias que las Comunidades Autónomas puedan ejercer en materia de ordenación del territorio.


Sexta. Plazos en expedientes sobre dominio público hidráulico.


A los efectos previstos en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de modificación de la anterior, los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley serán los siguientes:

1.o Procedimientos relativos a concesiones del dominio público hidráulico, excepto los previstos en el artículo 68, dieciocho meses.
2.o Procedimientos de autorización de usos del dominio público hidráulico, seis meses.
3.o Procedimientos sancionadores y otras actuaciones referentes al dominio público hidráulico, un año.


Séptima. Acuíferos sobreexplotados.


1. En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán otorgar concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca y de acuerdo con el Plan de ordenación para la recuperación del acuífero.
2. Los derechos de aprovechamiento del artículo 54.2 y los derechos sobre aguas privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley estarán sujetos a las restricciones derivadas del Plan de ordenación para la recuperación del acuífero o las limitaciones que, en su caso, se establezcan en aplicación del artículo 58, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización.


Octava. Obras de mejora de infraestructura hidráulica del Delta del Ebro.


Una vez finalizado el Plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del Delta del Ebro, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica del Estado, la Administración hidráulica de Cataluña, en la parte de la cuenca del Ebro situada en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, ejecutará las obras que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de la misma previstas en la Ley 18/1981, de 1 de julio, de actuaciones en materias de agua en Tarragona, con cargo al porcentaje del canon ingresado que se determine de forma definitiva en el Plan Hidrológico Nacional.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.


1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.
2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.
El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales.


Segunda. Titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de manantiales, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.


1. A los titulares de algún derecho conforme a la Ley de 13 de junio de 1879, sobre aguas privadas procedentes de manantiales que vinieran utilizándose en todo o en parte y hubieran obtenido su inclusión en elRegistro de Aguas como aprovechamiento temporal de

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aguas privadas, les será respetado dicho régimen por un plazo máximo de cincuenta años, a contar desde el 1 de enero de 1986. Quienes, al término de dicho plazo, se encontraran utilizando los caudales, en virtud de título legítimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos con arreglo a la disposición transitoria segunda 1, mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación según lo establecido en la presente Ley.
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico.


Tercera. Titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de pozos o galerías, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.


1. Los aprovechamientos temporales de aguas privadas procedentes de pozos o galerías, inscritos en el Registro de Aguas al amparo de la disposición transitoria tercera 1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, serán respetados por la Administración, durante un plazo de cincuenta años a contar desde el 1 de enero de 1986, en lo que se refiere al régimen de explotación de los caudales, y derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la citada Ley.
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos, de conformidad con la disposición transitoria tercera 1, mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación, según lo establecido en la presente Ley.
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas privadas a que se refiere esta disposición transitoria, les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.


Cuarta. Registro de los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de 1879.


1. Los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de 13 de junio de 1879 se podrán inscribir en el Registro de Aguas a petición de sus titulares legítimos y a los efectos previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
2. Todos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declararán por sus titulares legítimos ante el Organismo de cuenca, en los plazos que se determinen reglamentariamente.
El Organismo de cuenca, previo conocimiento de sus características y aforo, los incluirá en el Catálogo de aprovechamiento de aguas privadas de la cuenca.
3. Los titulares de aprovechamiento de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de Aguas o incluido en el Catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 117 de la presente Ley.


Quinta. Eficacia jurídica de los Planes Hidrológicos de cuenca.


Los Planes Hidrológicos de cuenca, aprobados antes de la promulgación del Plan Hidrológico Nacional, tendrán plena eficacia jurídica. Los titulares de concesiones administrativas otorgadas al amparo de dichos Planes deberán ser indemnizados, de no haber dispuesto otra cosa en sus respectivos condicionados, por los perjuicios que, en su caso, les irrogue la aplicación del Plan Hidrológico Nacional.


Sexta. Revisión de características de aprovechamientos inscritos el Registro de Aguas Públicas.


En el plazo y del modo que reglamentariamente se determine, los Organismos de cuenca revisarán las características de los aprovechamientos actualmente inscritos en el Registro de Aprovechamiento de Aguas Públicas, como trámite previo al traslado de sus asientos al Registro de Aguas del Organismo de cuenca correspondiente.


Séptima. Actualización de valores a efectos del artículo 114 de esta Ley.


Sólo computará, para la actualización de los valores de las inversiones de obras ya realizadas a que se refiere el artículo 114, el período que haya transcurrido desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.


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Octava. Canon de control de vertidos.


1. El canon de control de vertidos entrará en vigor el 1 de enero del año 2002. En el período impositivo correspondiente al año natural 2001 se aplicará el canon de vertido establecido en el artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
2. Lo previsto en el apartado 5 del artículo 113, de la presente Ley, para la gestión y recaudación del canon de control de vertidos en las cuencas intercomunitarias será de aplicación a las cuencas intracomunitarias sin traspaso de competencias.


DISPOSICIONES FINALES

Primera. Supletoriedad del Código Civil.


En todo lo que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil.
Segunda. Desarrollo reglamentario.


El Gobierno y el Ministro de Medio Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias que requiera el desarrollo y aplicación de la presente Ley.


Tercera. Vigencia de los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios.


Los estatutos u ordenanzas de las comunidades de usuarios ya constituidas seguirán vigentes, sin perjuicio de que, en su caso, hayan de ser revisados para adaptarlos a los principios constitucionales de representatividad y estructura democrática.


Dado en Madrid a 20 de julio de 2001.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Justicia e Interior

161/000908

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a la creación de un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Carballo (A Coruña).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo Proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Carlos Aymerich Cano (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un tercer Juzgado de Instancia e Instrucción en Carballo (A Coruña), para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Como ya se señalaba en otra proposición no de ley anterior, el partido judicial de Carballo cuenta sólo con dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción a pesar de tener una población y un número de asuntos muy superior a otros partidos judiciales que cuentan con tres. Por otra parte estos dos Juzgados de Carballo carecen

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de instalaciones adecuadas y están atendidos por Jueces titulares, situación ésta que, como bien se comprende, afecta muy negativamente a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sus memorias correspondientes al año 1999, reconocen la necesidad de este nuevo órgano jurisdiccional para la comarca de Bergantiños. Y ello aunque el número de asuntos haya experimentado, por diversas razones, un leve descenso en los últimos tiempos que no hay indicios, más bien todo lo contrario, que se pueda consolidar en los próximos años. Y prueba de ello es que el propio Conselleiro de Xustiza de la Xunta de Galicia, señor Pillado, se comprometió a que el tercer Juzgado de Carballo estuviese en funcionamiento antes del fin del pasado año 2000 -lo que, evidentemente no ha ocurrido- y que el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso y diputado por A Coruña, señor Pérez Corgos manifestara, para justificar su voto negativo a una proposición de ley anterior en la que también se pedía la creación del tercer Juzgado de Carballo, que «instar al Gobierno a que en el más breve plazo posible se decida a la creación de esta nueva unidad judicial creo que carece de sentido porque ya lo ha hecho» («Diario de Sesiones» de 20 de diciembre de 2000, núm. 130, pág. 3744).
Sin embargo el Gobierno no sólo no había creado el tercer Juzgado de Instancia e Instrucción de Carballo sino que, amparándose en cifras recogidas en la misma Memoria en la que el Consejo General del Poder Judicial recomienda la creación de ese nuevo órgano jurisdiccional, reconoce, en una contestación reciente, que la misma «no ha sido recogida en la programación de creación de nuevos órganos judiciales para el año 2001.»

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. A incluir en el correspondiente Real Decreto de creación de nuevos órganos jurisdiccionales la creación de un tercer Juzgado de Instancia e Instrucción en Carballo.


2. A realizar cuantas actuaciones sean precisas para mejorar la dotación de medios personales y materiales con que cuenta la Administración de Justicia en el partido judicial de Carballo y, en concreto, a que cada uno de los Juzgados existentes sea atendido por un juez titular.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2001.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Hacienda

161/000905

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre concentración energética en la provincia de Cádiz.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo Proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre concentración energética en la provincia de Cádiz para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.


Exposición de motivos

El cambio de modelo que se deriva de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinadas características estructurales han determinado que un número elevado de proyectos de nuevas instalaciones de centrales termoeléctricas de ciclo combinado pretendan localizarse en la provincia de Cádiz: las previsiones actuales de nuevos proyectos que han iniciado la tramitación administrativa en dicha provincia suponen una nueva potencia de 5.805 megawatios, de los que 2.400 megawatios se instalarían en Arcos de la Frontera, municipio de reconocido valor histórico artístico y de gran potencial turístico y puerta de entrada a

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dos parques naturales que son la base para un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente.
La localización de las nuevas plantas de generación termoeléctrica debe atender no sólo a criterios económicos y energéticos sino que debe respetar también determinados objetivos sociales y medioambientales. Es responsabilidad del Gobierno establecer, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, un marco de planificación indicativa en el sector eléctrico en el que se desarrollen las iniciativas empresariales. En este sentido la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para la formulación de un Plan Energético Andaluz 2001-2006 (Decreto 81/2001, de 13 de marzo).
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.o Presentar, en el plazo más breve posible, ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, un informe expresivo de las razones que justifican la autorización de nuevas plantas termoeléctricas en la provincia de Cádiz, particularmente en el término municipal de Arcos de la Frontera, y de los efectos medioambientales que se derivan de las mismas.
2.o Acordar con la Junta de Andalucía un programa de actuación para elaborar de forma coordinada un documento de planificación indicativa energética antes de la puesta en marcha de nuevos proyectos de generación termoeléctrica en la provincia de Cádiz.
3.o Suspender la autorización de nuevas centrales, especialmente las de Arcos de la Frontera, en tanto no se produzca dicho Acuerdo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2001.-Carmen Romero López, Salvador de la Encina Ortega, José Fernández Chacón, María del Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

161/000713

Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2001, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley relativa a la celebración de ferias y mercados de ganado (núm. expte. 161/000713), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 176, de 14 de mayo de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Comisión de Política Social y Empleo

161/000909

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa al acceso a las prestaciones contributivas por desempleo de los emigrantes retornados desde Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o con los que existan convenios de totalización de períodos de cotización a efectos de desempleo.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo Proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Carlos Aymerich Cano (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al acceso a las prestaciones contributivas por desempleo de los emigrantes retornados desde Estados miembros de la Unión Europea, del

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Espacio Económico Europeo o con los que existan convenios de totalización de períodos de cotización a efectos de desempleo, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Tal y como se informa en la guía del retorno editada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores que hayan cotizado en Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o con los que existan convenios de totalización de períodos de cotización a efectos de desempleo (en la actualidad, sólo Australia) sólo pueden acceder al disfrute de las prestaciones por desempleo si, tras su retorno, este trabajador trabaja en el Estado español y vuelve a recaer en situación legal de desempleo.
Este requisito de haber trabajado y haber vuelto a recaer en situación legal de desempleo en el Estado español constituye un obstáculo injustificado para el acceso a unas prestaciones a las que los trabajadores han contribuido con sus cotizaciones. Injustificado porque ese trabajo posterior al retorno en territorio español puede ser -y así sucede con frecuencia- de sólo unas horas o unos días, con lo cual, además, se incentiva el fraude. La única justificación que esta exigencia parece tener es, pues, la de dificultar el acceso a las prestaciones, en beneficio de un economicismo estrecho que se está constituyendo, al calor del «déficit cero», en la principal directriz de la política social del Gobierno.
Se trata además de un requisito de dudosa legalidad. No parece recogido ni en el Real-Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ni tampoco en el Real-Decreto 625/1985, de 2 de abril, de Protección por Desempleo. Todo indica pues que la exigencia de haber trabajado y haber vuelto a recaer en situación legal de desempleo en el Estado español con posterioridad al retorno se ha introducido a través de una norma de ínfimo rango y en contra del espíritu que, de conformidad con el artículo 42 CE, debe inspirar la legislación relativa a los trabajadores emigrantes y que no es otra que la de facilitar su retorno.
Así pues, a la luz de estos datos, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Eliminar para los emigrantese retornados desde Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o desde otros Estados con los que existan convenios de totalización de períodos de cotización a efectos de desempleo, la exigencia de que para acceder a la prestación por desempleo hayan vuelto a trabajar y a recaer en situación legal de desempleo con posterioridad a su retorno al Estado español.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Medio Ambiente

161/000907

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar las inversiones en materia forestal.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo Proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.


Motivación

El Ministerio de Medio Ambiente incumplió sus compromisos de inversión forestal desde 1997 hasta 1999, al haber retirado del Fondo de Cohesión los proyectos de esa naturaleza, sin establecer una financiación alternativa.


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Para Comunidades Autónomas como Andalucía, ello supuso la pérdida de 17.000 millones de inversión forestal, con sus importantes repercusiones ambientales y sociales.
De cara al nuevo marco comunitario, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió a impulsar las inversiones forestales, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Para ello, en el Programa Operativo Integrado de Andalucía para el período 2000-2006 oficialmente aprobado por la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente se ha reservado una importante cuantía para actuaciones de la medida 3.9, denominada Silvicultura.
Concretamente para Andalucía son de orden de 19.600 millones de pesetas.
Desde el mes de julio de 2000, por medio de reuniones de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, el Ministerio de Medio Ambiente ha venido anunciando su voluntad de acordar la ejecución de dichas inversiones con las Comunidades Autónomas, habiéndose barajado diversas formas de instrumentación (convenio, borrador de Real Decreto, acuerdo de Conferencia Sectorial, acuerdo de Consejo de Ministros), sin que se haya establecido la definitiva.
No obstante, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2000, se transfirieron a las Comunidades Autónomas un total de 5.283 millones de pesetas, con el carácter de tasa de inversión autofinanciada que debe completar la ayuda con cargo a FEOGA-Orientación. De esta cantidad a Andalucía le corresponden 546 millones de pesetas.
Dicha ayuda con cargo a FEOGA no ha sido consignada por el Ministerio de Medio Ambiente en sus presupuestos 2000 y 2001, si bien el Programa Operativo Andalucía responsabiliza al Ministerio de Medio Ambiente de la gestión de tales fondos.
En tanto en cuanto el Ministerio de Medio Ambiente no formalice sus intenciones con un documento oficial explícito, no es posible recibir ingresos con cargo a FEOGA, al no ser las Comunidades Autónomas órgano gestor de dichos fondos, ni pueden generarse los créditos para su ejecución.
Hay que tener en cuenta que en el período 2000-2006 se ha endurecido la gestión de los Fondos Europeos. A título de ejemplo, se instaura el mecanismo de descompromiso automático, que puede llevar a la pérdida de fondos programados y no ejecutados transcurridos dos años después de la primera anualidad. Así mismo, se crea la llamada reserva de eficacia, a fin de distribuir el 4 por 100 del total de los recursos a las administraciones que, entre otras condiciones, ejecuten al 100 por 100 las anualidades 2000 y 2001.
Para el conjunto de las Comunidades Autónomas podemos estar hablando de una inversión superior a los 120.000 millones de pesetas para todo el período con cargo a FEOGA-Orientación, dirigida a la gestión de los bosques, la prevención de incendios forestales y la conservación de la biodiversidad.
Tanto el Presidente del Gobierno como el Ministerio de Medio Ambiente se han comprometido a potenciar las inversiones en materia forestal, circunstancia que no se corresponde con los problemas que apuntamos.
A tenor de la expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. El Ministerio de Medio Ambiente de un impulso a la inversión en el medio natural, mediante acuerdos con las Comunidades Autónomas y el sector privado.
2. El Ministerio de Medio Ambiente reconozca la deuda de inversión forestal que arrastra con las Comunidades Autónomas, así como la forma de proceder para subsanarla.
3. El Ministerio de Medio Ambiente proceda a convenir con cada Comunidad Autónoma las inversiones forestales y de biodiversidad consignadas en los Programas Operativos y Documentos de Programación de cada uno de ellos para el período 2000-2006.
4. Las transferencias que efectúe el Ministerio de Medio Ambiente a las Comunidades Autónomas recoja la totalidad de los recursos que vayan a ejecutarse en cada una de ellas.
5. Las inversiones de aplicación forestal que se efectúen por las Confederaciones Hidrográficas o las Sociedades Estatales de Aguas tienen que convenirse con las Comunidades Autónomas, así como los que se refieran a actuaciones de costas, dentro de los espacios protegidos del litoral.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2001.-Sebastián Quirós Pulgar, Diputado. María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000910

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto.


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de ley sobre Control del Cambio Climático y ratificación del Protocolo de Kyoto, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, a instancia del Diputado Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
Las emisiones de gases de invernadero crecieron un 27 por 100 entre 1990 y 1999. El Consejo de Ministros creó el pasado 6 de abril la Oficina Española de Cambio Climático, que cuenta con un presupuesto para este año 2001 de 200 millones de pesetas y que tiene su sede en el Ministerio de Medio Ambiente. La oficina dependerá de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Según cifras presentadas por Comisiones Obreras, las emisiones de gases de invernadero en el Estado español habían aumentado en 1999, utilizando la metodología oficial, un 26,8 por 100, cifra que supera en un 11,8 por 100 lo permitido en Kioto.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el Estado español han aumentado un 29 por 100 entre 1990 y 1999, según estas cifras. El gobierno del Estado, como demuestra el aumento de las emisiones, no tiene hasta el momento ninguna política eficaz para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15 por 100 de aumento entre 1990 y el 2010. Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 26,8 por 100 en España entre 1990 (año base) y 1999, cifra que casi duplica al 15 por 100 al que se ha comprometido el gobierno en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo. Con el escenario actual, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el período 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 60 por 100 a las del año base.


La evolución de las emisiones de gases de invernadero es el mejor indicador del compromiso de un gobierno con el medio ambiente. En el caso español el indicador es muy negativo. El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 incluyó con la adopción de un protocolo de reducción de emisiones de gases de invernadero de un 5,2 por 100 para los países industrializados.
Emisiones de dióxido de carbono (CO ): Las emisiones 2 de dióxido de carbono (CO2) en el Estado español entre 1990 y 1999, sin incluir los sumideros, han aumentado un 29 por 100, pasando de 226 millones de toneladas en 1990 (año base) a 291,3 millones de toneladas en 1999.
El sector energético fue el responsable del 90,8 por 100 del total de las emisiones, y dentro de éste el transporte emitió 29 por 100 del total de las emisiones de CO2. La producción de cemento ocasionó el 7,5 por 100 de las emisiones totales. El 1,7 por 100 restante corresponde a la incineración de residuos, industria química y metalúrgica.
Emisiones de metano (CH4): En 1990, año base, se emitieron un total de 1.648.874 toneladas de metano, mientras que en 1998 se llegó a 2.076.926 toneladas, con un aumento del 26 por 100, cifra muy considerable y que demuestra que la administración no ha hecho nada para reducir las emisiones.
Emisiones de óxido nitroso (N O): Las emisiones 2 de óxido nitroso (N 2O) en 1990, año base, ascendieron a 133.019 toneladas, y representaron el 11,9 por 100 de las emisiones de gases de invernadero en España en 1998, sin incluir los sumideros. En 1998 ascendieron a 141.447 toneladas, cifra ligeramente superior.
Otras emisiones contaminantes que se recogen en el citado estudio son las de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC), las de compuestos perfluorocarbonados (PFC) y las de hexafluoruro de azufre (SF ).
6 En este marco se ha celebrado en Bonn una conferencia para conseguir un acuerdo sobre el Protocolo de Kioto. Tras muchas horas de discusiones se ha logrado que todos los países participantes en la Cumbre, a excepción de Estados Unidos, llegaran a un acuerdo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, a pesar de que para lograrlo se ha reducido en un 4 por 100 el objetivo previsto en el Protocolo de Kyoto.
El Estado español debe asumir un compromiso claro en el cumplimiento de los acuerdos a que se ha llegado en la Cumbre de Bonn, con la visión de futuro de alcanzar las propuestas del Protocolo de Kyoto.
Por todo ello se presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas necesarias para reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, especialmente en lo que se refiere a:

* Mayor desarrollo de las energías renovables,

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* políticas de desarrollo forestales, * reducción de uso de energías térmicas, * fomento del ahorro energético en el uso doméstico, * políticas de fomento del uso del transporte colectivo en detrimento del privado.


2. Que adopte las medidas necesarias para que en el Estado español se ratifique con la mayor celeridad posible el Protocolo de Kyoto.
3. Defender en los foros mundiales la ratificación del Protocolo de Kyoto.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2001.-Joan Saura Laporta, Diputado.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia e Interior

181/000995

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).


Previsiones acerca de la puesta en funcionamiento de un EDATI (Equipos de Atención al Inmigrante) en la provincia de Cádiz.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.


Texto:

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un EDATI en la provincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2001.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.- Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


181/000996

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).


Situación de los inmigrantes menores de edad y sin padres o tutores identificados.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.


Texto:

¿Cuál es la situación actual de los inmigrantes menores de edad y sin padres o tutores identificados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2001.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.- Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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181/000997

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).


Asistencia de emergencia prevista para atender a los inmigrantes que llegan a las costas de Cádiz.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.


Texto:

¿Qué asistencia de emergencia tiene prevista el Gobierno para atender a los inmigrantes que llegan a las costas de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2001.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.- Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


181/000998

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Atención sanitaria que reciben los inmigrantes ubicados en la provincia de Cádiz.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.


Texto:

¿Qué atención sanitaria reciben los inmigrantes ubicados en la provincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2001.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.- Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Social y Empleo

181/000993

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP)

Medidas en favor de los emigrantes residentes en el exterior.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social y Empleo.


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Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo.


Diputada doña Ángeles Muñoz Uriol.


Texto:

¿Qué medidas han sido impulsadas por el Gobierno en favor de los emigrantes residentes en el exterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2001.-Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.


Comisión de Ciencia y Tecnología

181/000987

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Recursos con los que se ha dotado al Organismo responsable de la gestión de la acción estratégica científica del Programa Nacional de Espacio.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


Texto:

¿Cuáles son los recursos humanos, materiales y financieros con los que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha dotado al actual Organismo responsable de la gestión de la acción estratégica científica del Programa Nacional de Espacio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


181/000988

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Razones por las que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha adscrito becas de formación de personal investigador a ningún proyecto del Programa Nacional de Espacio.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Página 49


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


Texto:

¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha adscrito becas de formación de personal investigador a ningún proyecto del Programa Nacional de Espacio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


181/000989

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Modo en que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene previsto resolver los problemas planteados en la justificación de las anualidades en los proyectos científicos del Programa Nacional de Espacio que llevan a cabo Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y Universidades.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.
Texto:

¿Cómo tiene previsto el Ministerio de Ciencia y Tecnología resolver los problemas planteados en la justificación de las anualidades en los proyectos científicos del Programa Nacional de Espacio que llevan a cabo OPIS y Universidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


181/000990

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Porcentaje de la cuota obligatoria que España aporta para el Programa Científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se dedica al mantenimiento y desarrollo del Programa Nacional de Espacio en su vertiente científica.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


Texto:

¿Cuál es el porcentaje de la cuota obligatoria que España aporta para el Programa Científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se dedica al mantenimiento

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y desarrollo del Programa Nacional de Espacio en su vertiente científica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


181/000991

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Solución prevista ante la situación creada por la exclusión de la convocatoria de «acción especial», dentro del Programa Nacional de Espacio, de los grupos de investigación científica pertenecientes a Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y Universidades.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


Texto:

¿Qué solución ha previsto el Ministerio de Ciencia y Tecnología ante la situación creada por el propio Ministerio en la que los grupos de investigación científica pertenecientes a OPIS y universidades quedan excluidos de la convocatoria de «acción especial» dentro del Programa Nacional de Espacio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/000992

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Razones de la exclusión de la acción estratégica de investigación científica del Programa Nacional de Espacio del sistema general de investigación científica recogido en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para incluirlo en el PROFIT.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Socialista.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.


Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


Texto:

¿Cuáles son las razones del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la exclusión de la acción estratégica de investigación científica del Programa Nacional del Espacio del sistema general de investigación científica recogido en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica para incluirlo en el PROFIT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2001.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/000994

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Rodríguez Callao, Berta (GP).


Proyectos de ayuda de emergencia que tiene actualmente en marcha la Agencia Española de Cooperación Internacional.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


Grupo Parlamentario Popular.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional.


Diputada doña Berta Rodríguez Callado.
Texto:

¿Qué proyectos de ayuda de emergencia tiene actualmente en marcha la Agencia Española de Cooperación Internacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2001.-Berta Rodríguez Callao, Diputada.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/008126 181/001003

La Presidencia de la Cámara, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).


Solicitud de que su pregunta sobre convenios firmados por RENFE con las Comunidades Autónomas para resolver los problemas que el ferrocarril causa a su paso por las ciudades se incluya en el orden del día de la primera Comisión competente como pregunta oral.


Acuerdo:

1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Infraestructuras (nuevo número de expediente 181/ 001003).


2. Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a la señora Diputada preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.

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