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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 270, de 27/11/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

VII LEGISLATURA

Serie D: 27 de noviembre de 2001 Núm. 270 GENERAL

ÍNDICE

Páginas Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

041/000025 Baja de don Miguel Antonio Campoy Suárez como Secretario Segundo en la Comisión de Economía y Hacienda ... (Página 3)

SECRETARÍA GENERAL

292/000006 Convocatoria de 19 de noviembre de 2001 de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas ... (Página 3)

PERSONAL

299/000002 Personal eventual adscrito a la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados ... (Página 6)

Nombramiento ... (Página 6)

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

DECRETOS-LEYES

130/000024 Real Decreto-Ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo ... (Página 6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno 162/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas "Ventanillas Unicas Empresariales". Enmiendas ... (Página 9)

Retirada ... (Página 12)

162/000358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre impulso de la simplificación administrativa para la creación de empresas. Enmiendas ... (Página 9)

Retirada ... (Página 12)

Página 2


Páginas

162/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervención del Parlamento en situaciones de crisis. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 11) 162/000377 Proposición no de Ley para impulsar la simplificación administrativa para la creación de empresas. Aprobación de texto transaccional ... (Página 12)

Comisión de Infraestructuras 161/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejecución de la segunda ronda de Málaga. Retirada ... (Página 13)

INTERPELACIONES

Urgentes 172/000128 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período 1996-1999 ... (Página 13) 172/000129 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana ... (Página 13) 172/000130 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomia de Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación del techo competencial del mismo ... (Página 14)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes 173/000091 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmienda formulada ... (Página 15) 173/000092 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 15) 173/000093 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada ... (Página 17)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/014272 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Juan José Otxoa de 181/001194 Eribe Elorza (GV-PNV) sobre construcción de la llamada "Presa de Andagoya" (río Bayas).
Conversión en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 18)

Otros textos

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

140/000016 Declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género ... (Página 18)

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS 152/000001 Texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2001, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera, así como votos particulares presentados al mismo. Texto aprobado por el Pleno ... (Página 19) Votos particulares ... (Página 72)

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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

041/000025

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja, notificada con fecha 13 de noviembre de 2001 por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de D. Miguel Antonio Campoy Suárez como Secretario Segundo en la Comisión de Economía y Hacienda.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


SECRETARÍA GENERAL

292/000006

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 19 de noviembre de 2001, ha acordado la convocatoria de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, de acuerdo con las bases que constan en el anexo.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


ACUERDO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS

En el ámbito de sus actividades, destinadas a difundir el conocimiento de las instituciones parlamentarias, el Congreso de los Diputados, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de noviembre de 2001, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar doce becas individuales para la realización de estudios y trabajos de carácter archivístico, bibliotecario y documental, relacionados con el Parlamento y las asambleas deliberantes, de acuerdo con las bases que figuran a continuación.


Primera. Objeto.


El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales para realizar los trabajos o estudios de carácter archivístico, bibliotecario y documental, relacionados con la actividad parlamentaria y con la documentación obrante en la Cámara, que encomiende la Dirección de Estudios y Documentación. Los estudios y trabajos realizados quedarán de propiedad del Congreso de los Diputados.


Segunda. Duración y cuantía.


1. Cada una de las doce becas tendrá una duración de veinticuatro meses y su cuantía total será de diez mil ochocientos seis euros (10.806) brutos cada año, que se percibirán finalizado cada mes, a razón de 900,5 euros. El Congreso de los Diputados contratará un seguro de accidentes y de enfermedad para cada uno de los becarios por el tiempo de duración de la beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias, y dentro de las condiciones propias de este tipo de contratos. Las becas terminarán el 31 de diciembre de 2003 y serán indivisibles e improrrogables; además, serán incompatibles con cualquier otra concedida para el mismo período.
2. La concesión y disfrute de la beca no supone vinculación laboral o funcionarial entre el becario y la Cámara.


Tercera. Jurado.


1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario de la Mesa, el Director de Estudios y Documentación, un Jefe de Departamento de la Dirección de Estudios y Documentación y un Archivero-Bibliotecario del mismo Departamento, que actuará como Secretario. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa para su aprobación. Se levantará acta de sus acuerdos, con la firma del Secretario y el visto bueno de su Presidente.


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3. El Jurado propondrá, asimismo, treinta suplentes para el caso de renuncia o no justificación de requisitos y méritos de los adjudicatarios.
4. El concurso puede declararse total o parcialmente desierto cuando los solicitantes no reúnan las condiciones que el Jurado estime idóneas para su adjudicación.


Cuarta. Condiciones de los solicitantes.


1. Pueden solicitar la concesión de beca los licenciados universitarios españoles que reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido la licenciatura en los cinco años anteriores a la fecha de la publicación oficial de esta convocatoria.
b) Acreditar preparación teórica en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales.
c) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las mismas características.


2. Los solicitantes no podrán padecer enfermedad o defecto físico que impidan la realización efectiva de las prácticas ni haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier ente territorial.
3. Los solicitantes pueden ser sometidos a pruebas para comprobar que su preparación en biblioteconomía, archivística o documentación les sitúa en condiciones de adquirir una formación práctica sólida.
Asimismo, pueden ser sometidos a pruebas de conocimiento de idiomas y de otros méritos alegados.


Quinta. Solicitudes.


1. Los solicitantes deben presentar una instancia dirigida al Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en el Registro de la Secretaría General (calle de Floridablanca, sin número, 2.a planta, Palacio del Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10 a 14 horas.
2. La instancia deberá incluir relación de méritos que se alegan, a cuyo efecto será imprescindible adoptar el esquema del modelo que figura en el anejo. Asimismo, debe adjuntarse fotocopia del documento nacional de identidad.
3. Los aspirantes deberán presentar justificación fehaciente de los méritos alegados que les reclame el Jurado.
4. Los aspirantes seleccionados deberán presentar, en un plazo de diez días siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de la toma de posesión, fotocopia compulsada de su título universitario (anverso y reverso) y certificación acreditativa de no padecer enfermedad contagiosa o defecto físico que impida la realización de los estudios y trabajos que implica la aceptación de la beca.


Sexta. Obligaciones del becario.


1. La aceptación de la beca implica el compromiso de cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas que resulten consecuencia de la misma y comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.
2. El becario llevará a cabo las tareas que se le encomienden en alguna de las dependencias de los Departamentos de Documentación, Biblioteca y Archivo a la que esté adscrito. Las prácticas tendrán una duración de treinta y cinco horas semanales y se desarrollarán con sujeción a las normas sobre horarios del Congreso de los Diputados.
3. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que el becario no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.
4. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Ubeda.


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ANEJO

MODELO DE INSTANCIA PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EXCMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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PERSONAL

299/000002

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG, del cese, con efectos de 22 de noviembre de 2001, de D. Alejandro Sánchez-Brunete Varela como miembro del personal eventual adscrito a la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien disponer el cese, con efectos de 22 de noviembre de 2001, de D. Alejandro Sánchez- Brunete Varela como miembro del personal eventual adscrito a la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
299/000002

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación, en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG, del nombramiento de D.a María Lojendio Camilleri como miembro del personal eventual adscrito a la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


De conformidad con el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar, a propuesta de la Excma.
Sra. D.a María Jesús Sainz García, con efectos de 23 de noviembre de 2001 y con carácter de personal eventual, a D.a

María Lojendio Camilleri para el cargo de Secretaria de la Secretaría Tercera del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEYES

130/000024

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo (núm. expte. 130/000024).


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


REAL DECRETO-LEY 15/2001, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO

La regularidad y la seguridad del transporte comercial aéreo revisten en los tiempos en que vivimos una trascendencia realmente singular a la hora de defender con eficacia bienes jurídicos de relevancia constitucional, como son el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre circulación y el principio rector de la política social y económica, en cuya virtud los poderes públicos han de garantizar la defensa de la seguridad y de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
Por otra parte, son evidentes el impacto y las repercusiones de todo orden en la situación del sector aéreo que representan los excepcionales acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre de este año. Así ha sido reconocido expresamente en el punto 7 del documento donde se recogen las conclusiones alcanzadas por el

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reciente Consejo de Transportes y Telecomunicaciones celebrado en Luxemburgo el día 16 de octubre de 2001.
El punto 8 del documento anteriormente citado señala también que "el Consejo hace notar el requerimiento de ciertas aerolíneas de cierta flexibilidad en la aplicación de las normativas en la próxima temporada de invierno e invita a la Comisión a analizar la situación urgentemente para adoptar una postura antes de que llegue la estación de invierno".
Sin perjuicio de lo que llegue a determinarse por la Comisión acerca de la flexibilización solicitada y que lógicamente incidirá en la aplicación que haya de hacerse de las previsiones sobre asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios contenidas en el Reglamento (CEE) número 95/93, del Consejo, de 18 de enero, es lo cierto que por los poderes públicos responsables deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar que la referida situación de excepcionalidad no suponga un uso de estas franjas horarias por parte de las compañías aéreas que las tuvieran asignadas que, de modo injustificado, implique restricciones excesivas para otros operadores en detrimento de la libre competencia y en perjuicio, finalmente, de los legítimos intereses de consumidores y usuarios.
La urgencia en la adopción de estas medidas obedece al mismo motivo por el que el documento de conclusiones del último Consejo de Ministros de Transportes y Telecomunicaciones invita al análisis de la situación antes de que llegue la próxima temporada de invierno, resultando necesario, por tanto, que medidas como las que se adoptan en este Real Decreto-ley puedan aplicarse durante la temporada de invierno 2001-2002.
Con las previsiones incluidas en este Real Decreto-ley se pretende reforzar la posición jurídica del poder público responsable, dotándole del mínimo de instrumentos legales que, en este momento y por esta vía de urgencia, se han juzgado imprescindibles, sin perjuicio de que, en función del desarrollo de los acontecimientos, más adelante, pueda procederse a su posterior perfeccionamiento.
La cuestión que ahora es objeto de un refuerzo de las potestades públicas estriba en el establecimiento de normas precisas, tanto de carácter organizativo como sancionador, sobre la determinación de las clases, sobre la capacidad y sobre la coordinación de los aeropuertos de interés general a efectos de lo previsto en el Reglamento CEE número 95/93, así como sobre la supervisión de la asignación de las franjas horarias y su adecuado cumplimiento.
A este respecto, resulta particularmente oportuno e ilustrativo poner de relieve la coherencia entre las medidas que se adoptan en esta norma y la decisión de la Comisión Europea, recogida en su reciente Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) número 95/93, del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, de proponer "la adopción de medidas nacionales obligatorias sobre imposición de multas y/o sanciones periódicas a las compañías que abusen de sus franjas horarias", siendo de significar que, como la propia Comisión manifiesta expresamente en el documento anteriormente citado, esta concreta propuesta de medidas nacionales sancionatorias "es ya práctica habitual en varios Estados miembros" de la Unión.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de noviembre de 2001,

DISPONGO:

Artículo 1. Determinación de los aeropuertos de interés general coordinados y totalmente coordinados, de su capacidad y de su coordinación a efectos de fijación de franjas horarias.


1. A efectos de la aplicación del Reglamento (CEE) 95/93, del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, se consideran aeropuertos de interés general coordinados y totalmente coordinados los que figuran en la lista incorporada como anexo al presente Real Decreto-ley.
2. El Ministerio de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Aviación Civil, previo informe de la Entidad Pública Empresarial "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA), y realizados los trámites previstos en los artículos 3 y 6 del citado Reglamento, podrá incorporar o excluir aeropuertos de interés general de la lista de aeropuertos coordinados y totalmente coordinados, así como modificar la categoría de cualquiera de los aeropuertos ya incluidos dentro de la citada lista.
3. Corresponderá a "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA), por delegación del Ministro de Fomento revocable por Orden ministerial, determinar la capacidad disponible para la asignación de franjas horarias para el movimiento de las aeronaves. "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA) designará la persona o personas encargadas de la coordinación en aeropuertos coordinados o totalmente coordinados para la fijación de las citadas franjas horarias en los términos previstos por el Reglamento (CEE) 95/93 anteriormente citado.


Artículo 2. Supervisión de la asignación de franjas horarias y de las programaciones de vuelo.


La Dirección General de Aviación Civil supervisará el procedimiento de asignación de franjas horarias, así como la utilización por las compañías aéreas de las franjas asignadas.
Para ello, la Dirección General de Aviación Civil podrá acceder a los sistemas de información implantados por AENA para coordinar y controlar la programación

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de los movimientos de las aeronaves y recabar toda la información que resulte pertinente del coordinador designado y de las compañías aéreas.


Artículo 3. Responsabilidades de las compañías aéreas.


1. Las compañías aéreas que, por causas no justificadas a ellas imputables, no devuelvan en las fechas previstas por el Reglamento (CEE) 95/93 las franjas horarias asignadas que no vayan a utilizar en la correspondiente temporada de tráfico, impidiendo así la posibilidad de su reasignación a otras compañías, podrán ser sancionadas, como responsables de una infracción administrativa, con multa de 1.000.000 hasta 15.000.000 de pesetas por cada serie de franjas no devuelta.
Se considerará "serie de franjas horarias" un mínimo de cinco franjas horarias solicitadas para un período de programación a la misma hora, regularmente, el mismo día de la semana, y asignada de esta forma o, si ello no fuera posible, a aproximadamente la misma hora.
2. Las compañías aéreas que, por causas no justificadas a ellas imputables, operen en aeropuertos totalmente coordinados sin la previa asignación por el coordinador de la franja horaria que corresponda podrán ser sancionadas, como responsables de una infracción administrativa, con multa de 500.000 a 2.000.000 de pesetas por cada vuelo operado sin la previa obtención de la franja horaria correspondiente.
3. Las compañías aéreas que, por causas no justificadas a ellas imputables, exploten, intencionada y reiteradamente, las franjas horarias a horas distintas de las autorizadas por el coordinador, podrán ser sancionadas, como responsables de una infracción administrativa, con multa de 500.000 a 5.000.000 de pesetas por cada vuelo efectuado fuera de las franjas horarias autorizadas.
4. Las compañías aéreas que, mediante intercambios entre ellas, realicen transferencias de franjas horarias no permitidas por el Reglamento (CEE) 95/93 podrán ser sancionadas, como responsables de una infracción administrativa, con multa de 3.000.000 a 10.000.000 de pesetas por cada serie de franjas horarias indebidamente intercambiada.
5. Las compañías aéreas que incumplan el deber de facilitar la información a que se refiere el artículo 2 podrán ser sancionadas, como responsables de una infracción administrativa, con multa desde 250.000 hasta 750.000 pesetas.


Artículo 4. Graduación de las sanciones.


1. Para la graduación de las infracciones y sanciones establecidas en el artículo anterior se considerarán como infracciones graves las realizadas con intencionalidad o con reiteración, salvo la infracción prevista en el artículo 3, apartado 3. En todos los casos se considerarán graves las que hubieran producido riesgo para la seguridad aérea o perjuicios graves para el buen funcionamiento aeroportuario o para los usuarios. Las infracciones definidas anteriormente como graves se considerarán muy graves si concurriera cualquiera de las siguientes circunstancias: Riesgo grave para la seguridad aérea, perjuicios muy graves para el buen funcionamiento aeroportuario o para los usuarios.
2. Los límites de las sanciones anteriormente previstas podrán ser actualizados mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.


Artículo 5. Procedimiento sancionador.


1. El procedimiento para la imposición de las sanciones establecidas en este Real Decreto-ley se ajustará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo.
2. La instrucción de los expedientes corresponderá a AENA y la competencia para la imposición de las sanciones al Director general de Aviación Civil.


Artículo 6. Multas coercitivas.


Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, el incumplimiento de los requerimientos de la Administración para remediar los daños graves a los legítimos intereses de los usuarios o al transporte aéreo o a los intereses generales que se estuvieran produciendo podrá dar lugar, una vez transcurrido el plazo que en dichos requerimientos se fijara, a la imposición de multas coercitivas cuya cuantía no excederá del 10 por 100 de la cuantía máxima de la sanción correspondiente.


DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Normativa de defensa de la competencia.


Lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley se entiende sin perjuicio de la normativa de defensa de la competencia y de la obligación de los órganos encargados de la aplicación del mismo de notificar al Servicio de Defensa de la Competencia los supuestos que procedan.


DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.


El Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto-ley.


Segunda. Entrada en vigor.


Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.


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ANEXO

I. Relación de aeropuertos designados como coordinados

A Coruña.
Almería (temporada invierno).
Asturias.
Badajoz.
Córdoba.
El Hierro.
Girona.
Granada.
Ibiza (temporada invierno).
Melilla.
Menorca (temporada invierno).
Murcia/San Javier.
Pamplona.
Reus.
Sabadell.
Salamanca.
San Sebastián.
Santander.
Santiago.
Sevilla.
Valencia.
Valladolid.
Vigo.
Vitoria.


II. Relación de aeropuertos designados como totalmente coordinados

Alicante.
Almería (temporada verano).
Barcelona.
Bilbao.
Fuerteventura.
Gran Canaria.
Ibiza (temporada verano).
Jerez.
La Palma.
Lanzarote.
Madrid/Barajas.
Málaga.
Menorca (temporada verano).
Palma de Mallorca.
Tenerife Norte.
Tenerife Sur.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000334 y 162/000358

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas "Ventanillas Únicas Empresariales" (núm. expte. 162/000334) y a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre impulso de la simplificación administrativa para la creación de empresas (núm. expte. 162/000358), publicadas en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 225, de 7 de septiembre de 2001, y 244, de 5 de octubre de 2001, respectivamente.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la creación de empresas con "Ventanillas Únicas Empresariales", del Grupo Parlamentario Popular, para su debate en Pleno (núm. expte.
162/000334).


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda

De adición.


Añadir el siguiente párrafo:

"A este fin el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer un plazo máximo de tres días para la expedición de certificaciones y documentos necesarios, incluidos los de fedatarios públicos.


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2. Extender, con carácter urgente y cobertura nacional, la instalación de nuevas Ventanillas Únicas Empresariales, mediante el establecimiento de convenios directos entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las Cámaras de Comercio con aquellas Comunidades Autónomas que se adhieran al proyecto, pudiendo éstas, a su vez, establecer convenios con otros organismos públicos o de tutela pública que reúnan las condiciones de idoneidad por su objetivo y capacidad técnica."

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don José Núñez Castain, del Partido Andalucista, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular (núm. expte. 162/000334), relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas "Ventanillas Únicas Empresariales", para su debate en pleno del 20 de noviembre de 2001.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-José Núñez Castain, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmienda

De adición.


Añadir al texto de la Proposición lo señalado en negrita:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar simplificando los trámites administrativos para la creación de empresas, mediante la instalación de nuevas "Ventanillas Únicas Empresariales".
2. Impulsar la utilización de Internet en la gestión de los trámites necesarios para la creación de una empresa vía Internet.
3. Establecer un procedimiento especial para la creación de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), ofreciendo una definición de las mismas en la que queden comprendidas, en todo caso, las empresas familiares, las empresas creadas por jóvenes menores de treinta años, las empresas con participación mayoritaria de mujeres, las empresas de la tercera edad y otras fórmulas alternativas de autoempleo, contemplando un abaratamiento de los costes de constitución y puesta en marcha de las mismas." A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas "Ventanillas Únicas Empresariales".


Madrid, 19 de noviembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmienda

De modificación.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar el proceso ya iniciado de simplificar los trámites administrativos para la creación de empresas. A estos efectos deberán servir de directrices:

1. La reducción del número de trámites y plazos actualmente existentes.
2. La descentralización de la presentación de la documentación se efectuará en los términos establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procurando su concentración en un único soporte informático.
3. La potenciación de la creación de ventanillas únicas empresariales.
4. El impulso de la utilización de Internet en la gestión de los trámites necesarios para la creación de empresas."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don José Núñez Castain, del Partido Andalucista, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) (núm. expte. 162/ 000358), sobre impulso de la simplificación administrativa para la creación de empresas, para su debate en pleno del 20 de noviembre de 2001.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-José Núñez Castain, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Enmienda

De adición.


Añadir al texto de la Proposición un punto 5 (nuevo):

"5. El establecimiento de un procedimiento especial para la creación de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), ofreciendo una definición de las mismas en la que queden comprendidas, en todo caso, las empresas familiares, las empresas creadas por jóvenes menores de treinta años, las empresas con participación mayoritaria de mujeres, las empresas de la tercera edad y otras fórmulas alternativas de autoempleo, contemplando un abaratamiento de los costes de constitución y puesta en marcha de las mismas."

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre impulso de la simplificación administrativa para la creación de empresas.


Madrid, 20 de noviembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmienda

De modificación.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar el proceso ya iniciado de simplificar los trámites administrativos para la creación de empresas. A estos efectos deberán servir de directrices:

1. La reducción del número de trámites y plazos actualmente existentes.
2. La descentralización de la presentación de la documentación se efectuará en los términos establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procurando su concentración en un único soporte informático.
3. La potenciación de la creación de ventanillas únicas empresariales.
4. El impulso de la utilización de Internet en la gestión de los trámites necesarios para la creación de empresas."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


162/000369

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervención del Parlamento en situaciones de crisis (núm. expte. 162/000369), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 258, de 2 de noviembre de 2001.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a intervención del Parlamento en situaciones de crisis.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmienda

De modificación.


Apartados: 1, 2 y 3.


Texto que se propone:

Se sustituyen los apartados 1, 2 y 3, por el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Regirse conforme a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado español,

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en los casos de intervención de fuerzas españolas o aportación de medios o infraestructura material española en conflictos armados exteriores.
2. Adoptar las decisiones que hagan posible la participación militar española en misiones auspiciadas solamente bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De ello dará cuenta inmediatamente al Congreso, mediante comunicación dirigida al Presidente de la Cámara, compareciendo ante la misma para recabar la autorización necesaria para posibilitar esa participación. Asimismo, el Gobierno explicará pormenorizadamente al Congreso los objetivos de la misión, el grado de participación española y el esfuerzo presupuestario que ello comporte.
3. En los casos en que la participación española sea consecuencia obligada de la aplicación de un Tratado internacional de defensa colectiva en que sea parte el Estado español, el Gobierno requerirá la autorización previa de las Cortes Generales para adoptar cualquier decisión de intervención o aportación de infraestructura material española."

Enmienda

De supresión.


Apartado: 4.


Texto que se propone:

Se suprime el apartado 4 y, en consecuencia, el apartado 5 pasa a numerarse 4.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre intervención del Parlamento en situaciones de crisis.


Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir los mecanismos de información y de consulta al Parlamento para la intervención de fuerzas españolas en conflictos armados exteriores y la aportación de medios armados a los mismos, en desarrollo del artículo 63.3 de la Constitución, y en el marco de los Tratados internacionales ratificados por España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.- Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


162/000334, 162/000358 y 162/000377

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas "Ventanillas Únicas Empresariales" (núm. expte. 162/000334), y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre impulso de la simplificación administrativa para la creación de empresas (núm. expte. 162/000358), ha acordado tener por retiradas las citadas iniciativas y aprobar el siguiente texto transaccional para impulsar la simplificación administrativa para la creación de empresas (núm. expte. 162/000377):

"El Congreso de los Diputados insta al Gobiemo a continuar el proceso ya iniciado de simplificar los trámites administrativos para la creación de empresas. A estos efectos deberán servir de directrices:

1. La reducción del número de trámites actualmente existentes, procurando la concentración documental para la constitución de una empresa en un único soporte de papel o informático.
2. La utilización de los instrumentos legales previstos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a los efectos de ampliar la descentralización en la recepción de la documentación necesaria para crear una empresa.
3. La potenciación y extensión de las ventanillas únicas empresariales.
4. El impulso de la utilización de Intemet en la gestión de los trámites necesarios para la creación de empresas."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


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Comisión de Infraestructuras

161/000884

Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2001 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre ejecución de la segunda ronda de Málaga (núm. expte. 161/000884), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 216, de 13 de julio de 2001.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


INTERPELACIONES

Urgentes

172/000128

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobiemo ante la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período 1996-1999 (núm. expte. 172/000128), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno en materia de política general sobre su posición ante la propuesta de la UE de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período 1996-1999.


MOTIVACIÓN

En fechas recientes, las autoridades de la UE han comunicado al Gobierno español la propuesta de devolución de la totalidad de las ayudas concedidas al lino durante las campañas 1996-1997, 1997-1998 y 1998-1999. En total, unos 21.000 millones de pesetas. En julio de 1999 se desarrollaron los trabajos de una Comisión de investigación con el fin de estudiar un posible fraude relacionado con la producción de lino. Posteriormente, la Fiscalía ha concluido investigaciones sobre el mismo asunto y llega a la conclusión de un supuesto fraude.
El organismo antifraude de la Comisión Europea, OLAF, concluyó en marzo pasado sus investigaciones y detectó una declaración de la transformación de las producciones muy superior a la materialmente posible. Este informe ha servido de base para la propuesta de devolución de ayudas y, según manifestaciones de la Comisión en el Parlamento Europeo, será el punto de partida para la decisión que tendrá que tomar la propia Comisión.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno en materia de política general sobre su posición ante la propuesta de la UE de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período 1996-1999."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2001.-Jesús Cuadrado Bausela, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


172/000129

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana (núm.
expte. 172/000129), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta la siguiente interpelación urgente sobre el déficit de plazas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya y sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana, para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.


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En los últimos años se viene observando con preocupación un déficit en el número total de efectivos que componen las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya. Esta situación se da mientras se produce el despliegue de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.
Este cuerpo va asumiendo funciones de seguridad ciudadana en distintos territorios de Catalunya, pero, mientras tanto, las vacantes que se originan en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil en los territorios donde el despliegue está todavía pendiente no son cubiertas con efectivos por parte del Ministerio del Interior.
El proceso de despliegue de los Mossos d'Esquadra tiene previsto finalizar en el año 2010, de forma que la preocupación por este déficit aumenta, puesto que se convierte en un problema estructural de la sociedad catalana. Los descensos del número de miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil son significativos.
Estos hechos vienen provocando numerosas quejas que efectúan -de forma insistente- las autoridades locales. La Delegación del Gobierno y el propio Ministerio del Interior no han satisfecho estas demandas y los deseos de resolver la situación parecen relegados a satisfacerse sólo cuando el despliegue de los Mossos d'Esquadra haya finalizado.
Ante esta fotografía de lo que es hoy la seguridad ciudadana en Catalunya, la solución pasa inevitablemente por cubrir las vacantes que van produciéndose en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y por encontrar métodos de financiación que compensen las operaciones que se han realizado desde los ayuntamientos para cubrir el déficit policial.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2001.-Joan Saura Laporta, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

172/000130

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación del techo competencial del mismo (núm. expte. 172/000130), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente interpelación urgente para su debate en el Pleno de la Cámara.


El desarrollo del Modelo de Estado de la Constitución Española de 1978 tras veintitrés años de vigencia y aunque aparentemente tiene inconcluso el techo competencial fijado, por lo que estamos asistiendo a una demanda de ultimación de ese techo que no sólo afecta a Euskadi, Cataluña, sino que afecta a todas las Comunidades Autónomas, entre ellas también a la andaluza.
En 1980 el pueblo andaluz conquistó su derecho a la autonomía plena, el impulso andaluz rompía el proyecto de un Estado desequilibrado que pretendía limitar las posibilidades de autogobierno de Andalucía. De esta forma la conquista del 28 de febrero inauguraba la posibilidad de un futuro diferente en el que Andalucía podía aspirar a otro papel, el desarrollo de un Estado solidario equilibrado.
Lo que sin duda fue un cambio decisivo en la historia reciente de Andalucía y España, su conquista de un Estatuto de Autonomía que reflejaba los problemas sociales pendientes, permitió a los andaluces y andaluzas un marco institucional con pretensión de acercar las instituciones de autogobierno al pueblo, acercar la administración a la sociedad, dando respuesta a sus demandas y reivindicaciones sociales.
Sin embargo, veinte años después de que el pueblo andaluz refrendara el Estatuto de Autonomía de Andalucía aquel impulso se ha visto mediatizado por diversos motivos, entre los que no es ajeno el hecho de que todavía no se hayan completado el nivel de competencias que permitía el citado Estatuto, e incluso el haber favorecido un desarrollo del Estado cada vez más desigual.
Consideramos imprescindible que esta celebración del veinte aniversario del Estatuto de Andalucía no puede sino estar enmarcado en una actividad reflexiva sobre la necesidad de poner los instrumentos eficaces para superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente, sobre el desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de Andalucía e iniciación del proceso de transferencias pendientes del actual Estatuto y la necesaria ampliación del mismo, para una ampliación del techo competencial del mismo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2001.-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000091

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral (núm. expte. 173/000091), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm 265, de 16 de noviembre de 2001.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
la Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por parte del Gobierno para reducir los altos índices de siniestralidad laboral (núm. expte. 173/000091).


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda

De adición.


Añadir un nuevo punto 8 con la siguiente redacción.


"8. Desarrollar una campaña específica de divulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incidiendo de forma especial en las sanciones y en las responsabilidades penales, civiles, administrativas y de la Seguridad Social en que se puede incurrir por incumplir sus obligaciones." Enmienda

De adición.


Añadir un nuevo punto 9 con la siguiente redacción.


"9. Reforzar el papel y la actividad de la Inspección de Trabajo en sus funciones de asesoramiento e información y en las de vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia preventiva, dotándola de los suficientes recursos humanos, técnicos "y presupuestarios, en línea con los parámetros europeos."

Enmienda

De adición.


Añadir un nuevo punto 10 con la siguiente redacción.


"10. Dotar presupuestariamente el Plan Nacional de Formación para su inmediata puesta en marcha."

173/000092

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral (núm. expte.
173/000092), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm 265, de 16 de noviembre de 2001.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de interpelación para que el Gobierno informe sobre su gestión en política de

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empleo y explicite las soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2001.- Antero Ruiz López, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Enmienda

De adición.


Al punto 4.


Añadir in fine:

"De manera particular, es preciso diseñar actuaciones en materia de vivienda orientadas a aumentar el gasto público directo en lugar del sesgo actual hacia las ayudas fiscales indirectas y articular medidas que garanticen el derecho al acceso a la vivienda, dando preferencia a las políticas de viviendas en régimen de alquiler."

MOTIVACIÓN

Sobre la movilidad geográfica, es preciso apuntar explícitamente la cuestión de la vivienda como condición necesaria para el teórico desplazamiento de los trabajadores fuera de su lugar de residencia.


Enmienda

De modificación.


Al punto 5 párrafo segundo.
Sustituir el segundo párrafo por el siguiente:

"En tal sentido, el Congreso de los Diputados estima necesario desarrollar un Programa Social y de Empleo, ampliando y mejorando nuestro sistema de protección social, dirigido a la atención de personas con dependencia, asistencia a mayores y servicios de atención a la infancia o discapacitados, potenciando ciertas prestaciones económicas, ampliando la oferta de algunos servicios públicos y desarrollando medidas complementarias. El objetivo es atender múltiples carencias de nuestro sistema de bienestar, conciliar efectivamente la vida personal y laboral, y potenciar la creación de empleo."

MOTIVACIÓN

Estamos de acuerdo en potenciar ciertos servicios públicos para que sea efectiva la famosa conciliación de la "vida familiar" y laboral (hombres y mujeres, indistintamente, se entiende), de tal forma que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado se realice con garantías y en igualdad de derechos con relación al hombre.
Enmienda

De modificación.


Al punto 6.


Sustituir el texto desde el primer punto hasta los dos puntos por el siguiente texto:

"En especial, se considera preciso incrementar el gasto en políticas activas, revisando y reduciendo dentro de éstas el coste de las bonificaciones a las empresas por contratos fijos. En todo caso, las políticas activas, en general, y las bonificaciones coyunturales y centradas en ciertos colectivos de la contratación estable, en particular, se financiarán con aportaciones del Estado. Las políticas del INEM se adaptarán a las siguientes orientaciones."

MOTIVACIÓN

Está muy bien potenciar las políticas activas de empleo pero esto no puede significar limitar las llamadas "políticas pasivas" (prestaciones económicas a los desempleados). Hay que dejar claro que los incentivos a la contratación (subvenciones a los empresarios) que se encuadran dentro de las políticas activas no pueden financiarse con los excedentes del INEM. Estos recursos excedentarios, que provienen de los salarios de los trabajadores, deben dedicarse a mejorar la protección por desempleo.


Enmienda

De adición.


Al punto 7.


Se propone añadir el siguiente texto:

"En todo caso, el plan para la mejora del empleo en España recogerá las medidas oportunas para reducir la temporalidad en la Administración, acabando con la amortización de empleo público y asegurando la suficiente calidad en la prestación de los servicios públicos."

MOTIVACIÓN

Es preciso resaltar la cuestión de la temporalidad en la Administración. Desde que gobierna el PP, la tasa de temporalidad en la Administración ha aumentado un 31%. La tasa de temporalidad ha pasado del 15,5% en 1996 al 20,3% en 2001.


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Enmienda

De adición.


Se propone añadir dos nuevos apartados 8), 9) y 10) del siguiente tenor:

"8) Adopción de las medidas legales y reglamentarias oportunas para establecer la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas con vistas a la creación de nuevos puestos de trabajo.
9) Ampliación de la cobertura del subsidio de desempleo, en particular, para los parados de larga duración con cargas familiares.
10) Elevación gradual del salario mínimo en la perspectiva de alcanzar el 68% del salario medio prevista en la Carta Social Europea."

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de substitución a la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral (núm. expte. 173/000092). Redacción que se propone:

Moción

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Elaborar un informe sobre los efectos en el mercado de trabajo por las modificaciones legales introducidas desde 1996.
- Comparecer ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, cada seis meses, para informar de la evolución del mercado de trabajo.
- Convocar la correspondiente Conferencia Sectorial para analizar y, en su caso, proponer las correspondientes medidas para incrementar la eficacia de los servicios de intermediación pública y privada, favorecer la eficacia del conjunto de la Formación Profesional, incrementar la movilidad de las personas trabajadoras e incrementar la población activa, especialmente por lo que hace referencia a las mujeres, las personas mayores de cincuenta años, las personas discapacitadas y los jóvenes que han abandonado el sistema educativo.
- Presentar un estudio sobre el fomento de nuevas fórmulas de acceso al empleo, haciendo especial referencia al ámbito de la protección social (teletrabajo, trabajo autónomo dependiente, nuevos emprendedores, ...).
- Impulsar la elaboración de un contingente de trabajadores extranjeros para el año 2002, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, que responda a las demandas del mercado de trabajo y que agilice la tramitación de todo el proceso administrativo existente para autorizar la contratación de un trabajador extranjero.
- Impulsar en la territorialización de los recursos de los planes de formación continua de trabajadores por Comunidades Autónomas, al objeto de aumentar el grado de efectividad de la formación continua."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.- Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


173/000093

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español (núm.
expte. 173/000093), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 265, de 16 de noviembre de 2001.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2001.-María Teresa Fernández de la VegaSanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Enmienda

Al punto 1.


De supresión.


Enmienda

Al punto 5.


De adición de un nuevo apartado b):

"b) Defender ante el Consejo de Ministros correspondiente de la Unión Europea que se apruebe un sistema de ayudas directas a la construcción naval que supere las limitaciones de la actual propuesta de la UE, abarcando a barcos gaseros, quimiqueros, ferrys u otros."

Enmienda

De adición de un nuevo punto 8.


8. Asignar a Izar líneas de productos y distribución de la carga de trabajo entre los centros de producción de forma equilibrada y, especialmente en los Centros de San Fernando (Cádiz) y Sevilla, para conseguir una optimización de los recursos humanos y tecnológicos de todos los centros.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/014272 181/001194

La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

AUTOR: Otxoa de Eribe Elorza, Juan José (EAJ-PNV).


Solicitud de que su pregunta sobre construcción de la llamada "Presa de Andagoya" (río Bayas) sea incluida en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente al no haber sido contestada en el plazo establecido.


Acuerdo:

1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Medio Ambiente (nuevo núm. de expte. 181/001194).
2. Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


OTROS TEXTOS

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

140/000016

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, aprobó, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género (núm.
expte. 140/000016).


"El Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del día 25 de noviembre, declarado por Naciones Unidas día internacional contra la violencia de género, considera que esta violencia adquiere diferentes formas, desde los malos tratos psicológicos y físicos hasta las mutilaciones genitales y el tráfico de mujeres y niñas; violencia de género que es la expresión más agresiva de un orden social que responde a comportamientos derivados de las relaciones de poder que históricamente han diferenciado a hombres y mujeres. Señala que la violencia de género es un obstáculo para los objetivos de igualdad y desarrollo individual de las personas y viola el disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Considera que este día, 25 de noviembre, tiene que ser un día especialmente dedicado a las mujeres y niñas que viven en Afganistán y que han visto eliminados todos sus derechos como seres humanos. Por unanimidad, todos los grupos políticos manifiestan su más enérgico rechazo ante las situaciones de violencia de género que vienen padeciendo las mujeres, el compromiso del Congreso de los Diputados para contribuir con cuantas iniciativas se puedan desarrollar con el fin de crear un ambiente de tolerancia cero capaz de producir un inequívoco rechazo social del agresor y un claro apoyo a las mujeres víctimas, y su apoyo especial para que en la nueva situación política que se produzca en Afganistán el Gobierno que resulte se comprometa a respetar y garantizar los derechos de lasmujeres y de las niñas, derechos a la educación, a la

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sanidad, al trabajo y derecho a su libertad, así como a su presencia institucional."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-P. D.
La secretaria general del congreso de los diputados, Piedad García- Escudero Márquez.


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000001

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2001, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera, así como los votos particulares mantenidos por los diferentes Grupos Parlamentarios que no han sido recogidos en el citado texto.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 denoviembre de 2001.- P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.


TEXTO APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN SU SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE GESCARTERA

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1. Antecedentes y actuaciones . . . 19 2. Hechos . . . 23

2.1 Descubrimiento de los hechos objeto de la Comisión de Investigación. 23 2.2 Significación cuantitativa del caso en los Mercados Financieros españoles . . 23 2.3 Existencia de una estafa con implicaciones complejas de otros sujetos privados . . . 24

2.4 Actuaciones de la CNMV en relación con la sociedad . . . 25 2.5 Procedimientos tramitados en otras Administraciones Públicas en relación con Gescartera con anterioridad a la creación de la Comisión de Investigación . . . 28 2.5.1 Secretaría de Estado de Economía. 28 2.5.2 Agencia Estatal de la Administración Tributaria . . . 30 2.6 Respuesta política: creación de la Comisión de Investigación.
Características de ésta . . . 30 2.7 Respuesta del Gobierno: investigaciones internas . . . 30 2.8 Investigación de destino de los fondos. 31

3. Valoración de la actuación de las Administraciones Públicas y de otros sujetos . . . 31 3.1 Funcionamiento de la CNMV . . . 31 3.2 Funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Secretaría de Estado de Hacienda . . . 32 3.3 Funcionamiento del Banco de España . . . 33 3.4 Funcionamiento de la Secretaría de Estado de Economía . . . 34 3.4.1 Dirección General del Tesoro y Política Financiera . . . 34 3.4.2 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones . . . 35

3.5 Inversiones realizadas por entidades integradas en el sector público . . . 35

3.6 Inversiones realizadas por entidades de previsión social, de carácter asistencial u otras análogas . . . 36

4. Responsabilidades políticas . . . 37

5. Otras conclusiones . . . 38

6. Propuestas de mejora . . . 38

1. Antecedentes y actuaciones.


I. Antecedentes:

Con fecha 30 de julio de 2001 y al amparo del artículo 61.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se recibe escrito del Gobierno solicitando la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, para que la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezca, con carácter urgente, a efectos de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por

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la CNMV en relación con la Sociedad de Valores Gescartera. Dicha sesión se celebró el jueves 2 de agosto de 2001.


II. Creación de la Comisión por el Pleno:

Con fecha 3 de agosto de 2001, 78 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, solicitaron la creación de una Comisión de Investigación sobre el funcionamiento de la CNMV y las actuaciones de los Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas, Interior y Defensa, todo ello en relación con la Agencia de Valores Gescartera (y sociedades del Grupo) intervenida el pasado 14 de julio de 2001 por la CNMV.
Igualmente y al amparo del mismo artículo del Reglamento, el 6 de agosto de 2001 los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto solicitaron la creación de una Comisión de Investigación sobre las responsabilidades políticas que pudieran existir en el "caso Gescartera".
Finalmente, los Grupos Parlamentarios Popular, Catalán (CiU) y de Coalición Canaria solicitaron también, con fecha 27 de agosto de 2001, la creación de una Comisión de Investigación sobre Gescartera.
Las citadas solicitudes se debatieron conjuntamente en el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 6 de septiembre de 2001, que acordó la creación de una Comisión de Investigación sobre Gescartera (núm. expte.: 152/1) (BOCG, Serie D, núm. 225, de 7 de septiembre de 2001) (Diario de Sesiones núm. 99) con las siguientes características:

"1. Objeto:

1. Conocer a fondo la actuación de Bolsa Consulting, Gescartera y otras empresas del mismo grupo, tanto en el cumplimiento de sus obligaciones legales y societarias como en su relación con el órgano supervisor y con otras administraciones.
En este ámbito de actuación, la Comisión debe incidir asimismo en la investigación sobre miembros del Consejo de Administración de Gescartera, apoderados y socios, también en el doble ámbito mencionado.
2. Analizar el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras administraciones en relación a la historia de estas empresas desde 1992, su comportamiento, su eficacia en la detección de irregularidades y los motivos de la última intervención.
3. Investigar el comportamiento fiscal del grupo y sus responsables, así como el conocimiento profundo de si se produjeron actuaciones para ocultar fiscalmente dinero, blanquearlo o facilitar cumplimientos fiscales irregulares, así como la actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda en relación con el Grupo Gescartera.
4. Analizar la existencia de información privilegiada tanto para invertir como para desinvertir, además de conocer si las condiciones de inversión se adecuaban a la legalidad vigente.
5. Investigar la actuación de empresas terceras que pudieran haber actuado con connivencia o negligencia, al no realizar bien su trabajo, haber ocultado datos o haber facilitado la trama de presuntas irregularidades (análisis de las valoraciones de las cuentas auditadas, falsificación de documentos de entidades financieras, etc.) 6. Posibles irregularidades en la captación de inversiones públicas o privadas, tanto por su inducción como por posibles "tratos de favor" tendentes a que se produjesen, analizando y evaluando las políticas de colocación de excedentes de tesorería de determinados servicios, organismos y empresas de la clase de las afectadas por el caso.
7. Cualquier otro comportamiento irregular de personas jurídicas o físicas, públicas o privadas, que pudieran deducirse al hilo de la investigación que se realice.
8. Propuesta de medidas para ampliar, en su caso, el control de los órganos de supervisión sobre las empresas y seguir impulsando la transparencia e igualdad en los mercados financieros.
9. Analizar y evaluar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y, en especial, el de algunas personas que se han visto involucradas en las actuaciones de Gescartera.
10. Analizar y evaluar las actuaciones realizadas por el Banco de España en relación con Gescartera y su Grupo, y el marco de supervisión sobre las entidades financieras.


2. Composición:

La Comisión estará compuesta por cinco diputados del Grupo Parlamentario Popular, cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dos del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, uno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), uno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y uno del Grupo Parlamentario Mixto.
Aquellos Grupos con un representante en la Comisión podrán designar un suplente en previsión de posibles ausencias del miembro titular.
Si hubiese votaciones, el voto sería ponderado.


3. Plazo:

La Comisión habrá de culminar sus trabajos en un plazo de dos meses, prorrogables, pudiendo ampliarse dicho plazo por acuerdo de ésta. La Comisión elevará al Pleno del Congreso para su debate y aprobación el correspondiente escrito de conclusiones."

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III. Constitución de la Comisión:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 4 de septiembre de 2001, acordó establecer un plazo hasta el 6 de septiembre de 2001 a las 20,00 horas para que los Grupos Parlamentarios designasen a sus representantes en la Comisión.
La Comisión se constituyó el día 7 de septiembre de 2001 bajo la Presidencia del Sr. Vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados, quedando integrada por los siguientes diputados:

Vocales:

Alcaraz Masats, Felipe GIU Ayala Sánchez, Andrés GP Azpiazu Uriarte, Pedro María GV (EAJ-PNV) Cámara Rodríguez-Valenzuela, Rafael GP Costa Campí, María Teresa GS Cuevas Delgado, Antonio GS Frutos Gras, Francisco GIU Jané i Guasch, Jordi GC-CiU López Aguilar, Juan Fernando GS Martínez-Pujalte López, Vicente GP Pigem i Palmés, Mercè GC-CiU Puigcercós i Boixassa, Joan GMx Souvirón García, Federico Javier GP

Suplentes:

Mauricio Rodríguez, José Carlos GCC Rodríguez Sánchez, Francisco GMx Uría Etxebarría, Margarita GV (EAJ-PNV)

En dicha sesión de 7 de septiembre de 2001 se procedió a la elección de la Mesa de la Comisión, integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, resultando elegidos:

Presidente: Mardones Sevilla, Luis Vicepresidente: Romay Beccaria, José Manuel Secretario: Martínez Sanjuán, Ángel

La Comisión abrió un plazo de presentación de solicitudes de comparecencias y documentación hasta el día 10 de septiembre de 2001, a las 20:00 horas, entendiendo que este plazo sería abierto, de forma que durante los trabajos de la Comisión pudieran presentarse nuevas solicitudes de comparecencia y documentación.


IV. Solicitudes de comparecencia y documentación:

Se adjuntan los siguientes anexos:

Anexo I: Se recogen en un cuadro todas las solicitudes de comparecencia presentadas por los Grupos Parlamentarios, tanto las solicitadas el 10 de septiembre (A) como las posteriormente requeridas durante los trabajos de la Comisión (B), señalando las que han sido celebradas, que suman un total de 54, con sus fechas correspondientes.
Anexo II: Se relacionan todas las solicitudes de documentación presentadas por los Grupos Parlamentarios, tanto las solicitadas el 10 de septiembre (A), como las posteriormente requeridas durante los trabajos de la Comisión (B), señalando las fechas en que se cursaron.
Anexo III: Se recoge toda la documentación recibida en la Comisión (A), así como la relación de comparecientes que aportaron documentación durante o como consecuencia de las comparecencias (B).


V. Sesiones celebradas por la Comisión:

1) 7 de septiembre de 2001 (sesión constitutiva).
2) 13 de septiembre de 2001 (ordenación de trabajos).


3) 19 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. Antonio Rafael Camacho Friaza, accionista de Gescartera.
- D.ª Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, Presidenta de Gescartera.


4) 20 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. José Manuel Pichel Jallas, ex Director General de la Fundación ONCE y Consejero Delegado de Gescartera.
- D. Jaime García Morey, Director General de Gescartera Holding y ex Asesor del Presidente de la Comunidad Valenciana.
- D. Javier Valenzuela Seoane, Delegado de Gescartera en Valladolid.


5) 21 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. José María Ruiz de la Serna, accionista y Apoderado de Gescartera Dinero.


- D. Francisco Javier Sierra de la Flor, Administrador de Gescartera.
- D. José María Castro Martínez, Jefe Comercial de Gescartera.
- D. Aníbal Sardón Alvira (AGP).


6) 24 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Jaime Galobart Sánchez-Marco, DirectorGeneral de HSBC Bank plc, sucursal en España.


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- D. José María Arroyo Zarzosa, Presidente de la ONCE.
- D. Jesús María Zabalza Lotina, Director Jefe de la zona de Madrid de La Caixa.


7) 25 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Enrique Giménez-Reyna, ex Secretario de Estado de Hacienda.
- D. Gabriel López García, socio responsable de la auditoría de la Sociedad Deloitte & Touche.


8) 26 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. Luis Peigneux Vía, ex Subdirector de Supervisión en la CNMV.
- D. David Vives Llor, ex Director General de la CNMV.


9) 27 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D.ª Pilar Valiente Calvo, ex Presidenta de la CNMV.
- D. Rafael de Lorenzo García, ex Vicepresidente de la Fundación ONCE.


10) 28 de septiembre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Luis Carlos Croissier, ex Presidente de la CNMV.
- D. Juan Fernández-Armesto Fernández-España, ex Presidente de la CNMV.
- D. Luis Ramallo García, ex Vicepresidente de la CNMV.


11) 1 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Antonio Botella Dorta, Director General de Supervisión de la CNMV.
- D. Enrique Peralta Álvarez, Ecónomo de la Diócesis de Valladolid.


12) 2 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, Presidente de CETARSA.
- D. Francisco José Torrente Sánchez, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Defensa.


13) 3 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Antonio Jesús Alonso Ureba, ex Secretario General de la CNMV.


14) 9 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. José Giménez-Reyna Rodríguez, Coronel de la Guardia Civil.
- D. Santiago López Valdivielso, Director General de la Guardia Civil.
- D. Jesús García Blanco, ex Director General de Electrónica Submarina (SAES).
- D. Antonio Hermosín Bono, Director de la Empresa Thales International Spain, S.A.
- D. Rafael de los Reyes Román Medina, Presidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía.


15) 10 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. José Manuel Barberán López, ex Consejero de la CNMV (Responsable de Supervisión).
- D. José María Roldán Alegre, ex Consejero de la CNMV.
- D. Miguel Martín Fernández, ex Consejero de la CNMV.


16) 11 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de la Asociación de Usuarios, Inversores de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).
- D. Agustín Fernández Ameneiro, empleado de Gescartera (Asesor Fiscal).


17) 16 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Jesús Ibarra Iragüen, Director de la Inspección desde 1989 a 1999 de la CNMV.
- D. Juan Carlos Basallote Ureba, Director General de Entidades del Mercado de Valores de la CNMV.
- D. José Eugenio de Cabo Martínez, Técnico de la CNMV.
- D. Ramiro Martínez Pardo, ex Director de Fomento de la CNMV.


18) 17 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. Ángel Malpartida Torres, Administrador de Administraciones y Proyectos Abral.
- D. Antonio Blanes García, Presidente del Consejo de Gobierno de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.
- D. Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- D. Julio Rodríguez Gil, Administrador de SEIN, S.A. y socio de HARI 2000.


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19) 24 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias y ordenación de trabajos):

- D. José Luis López Combarros, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
- D. Jaime Pérez Renovales, Jefe del Gabinete del Ministro de Economía.


20) 25 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. José Nevado Infante.
- D. Roberto Santos Alonso, Asesores 2000.
- D. Salvador Ruiz Gallud, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- D.ª Gloria Hernández García, Directora General del Tesoro y Política Financiera.


21) 26 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Jaime Caruana Lacorte, Gobernador del Banco de España y ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- D. José Folgado Blanco, Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa.


22) 29 de octubre de 2001 (celebración de comparecencias):

- D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda.
- D. Rodrigo de Rato y Figaredo, Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía.


23) 30 de octubre de 2001 (ordenación de trabajos).


24) 7 de noviembre de 2001. Se aprueba el Dictamen de la Comisión con las conclusiones que se elevan al Pleno del Congreso de los Diputados. Asimismo se acuerda fijar como plazo para la presentación de votos particulares el lunes, día 12 de noviembre de 2001, a las 12:00 horas.


2. Hechos.


2.1 Descubrimiento de los hechos objeto de la Comisión de Investigación.


El conocimiento público de los hechos objeto de esta Comisión de Investigación comienza cuando el Consejo de la CNMV, en su reunión de 14 de junio de 2001, decide intervenir la sociedad GESCARTERA en atención a la imposibilidad de conocer la situación económico financiera de GESCARTERA y el destino de los fondos que administraba.
Como consecuencia del Acuerdo adoptado por la CNMV, el propio supervisor envió un escrito de denuncia al Ministerio Fiscal el 15 de junio, en el que se ponía en conocimiento del mismo la intervención acordada y los hechos que la motivaron, completado posteriormente por otro de 20 de junio de 2001, en el que se ponían de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo por los interventores, que reflejaban la posible existencia de indicios de los delitos de estafa, apropiación indebida y delito contable. El 21 de junio la CNMV presentó también denuncia ante la Audiencia Nacional en la que se precisaba que "teniendo en cuenta las importantes cantidades pecuniarias y el elevado número de personas afectadas puede producirse en el caso una alarma social que hace necesaria la inmediata adopción de las medidas legales pertinentes y, en particular, las de intervención o, en su caso, administración judicial de las entidades afectadas y cuantas medidas cautelares sean precisas para el aseguramiento de los valores y efectivo que se hallen en poder de aquéllas".
En consecuencia, ha sido la propia CNMV en cumplimiento de las responsabilidades que le son propias, sin mediar denuncia de clientes ni de socios, ni tampoco salvedades de la auditora, la que ha adoptado las medidas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas y judiciales a que hubiera lugar.


2.2 Significación cuantitativa del caso en los Mercados Financieros españoles.


El caso GESCARTERA tiene una indudable relevancia para la multiplicidad de clientes que han perdido sus ahorros, para los cuales constituye una crisis de suma trascendencia.
Pero para apreciar su verdadera dimensión, en el contexto del sistema financiero español, baste decir que los 18.000 millones de pesetas aparentemente perdidos supondrían alrededor de un 0,015% sobre el total de los aproximadamente 121 billones de pesetas de volumen de ahorro gestionado por las instituciones financieras durante 2000, lo que representa el 0,05% del ahorro cuya gestión supervisa la CNMV.
En un contexto económico de reducción de los tipos de interés, el inversor español se ha incorporado a la tendencia global de la participación masiva de ciudadanos en los mercados de capitales, lo que se pone de manifiesto en los datos relativos a la contratación bursátil. La negociación de renta variable ha evolucionado desde cerca de cinco billones de pesetas anuales en 1990 a 12,88 billones en 1996, y desde esta fecha, el crecimiento ha sido extraordinario, alcanzando los 82 billones de pesetas en el año 2000 (49 billones hastaagosto de 2001).


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El valor bursátil de las sociedades cuyo capital cotiza, ha evolucionado desde 20,8 billones de pesetas en 1990 a cerca de 90 billones de pesetas en 2001. Se negocian más de 325.000 millones de pesetas al día.
Por dar algún dato adicional que refleje el volumen del sector que supervisa la CNMV, puede indicarse que el número de empresas de sociedades y agencias de valores ha pasado de 32 en 1991 a más de 100 en la actualidad, y el importe de las carteras gestionadas por ellas se ha incrementado un 40% desde diciembre de 1999 a junio de 2001, pasando de 609.000 a 852.000 millones de pesetas.
Es destacable que en unos mercados financieros que han registrado este espectacular crecimiento han sido realmente escasos los supuestos de crisis de entidades supervisadas, lo que refleja el correcto funcionamiento de las autoridades supervisoras. Como indicó en su comparecencia el Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, "en su conjunto, el sistema financiero español goza de una buena salud, funcionando de manera eficaz y con un alto grado de profesionalidad, y tiene un nivel comparable a los mercados del entorno europeo, en lo que se refiere a diversidad de productos financieros, protección de los inversores y solvencia de los sujetos de estos mercados".
Para finalizar este apartado, y como expresión del hecho de que en unos mercados de crecimiento vertiginoso siempre pueden surgir situaciones de crisis de entidades privadas, se han puesto de manifiesto en los trabajos de esta Comisión ejemplos de mercados de reconocida seriedad cuyos supervisores no han podido evitar pérdidas de dimensiones extraordinarias, como las del británico Banco Barings (1.400 millones de dólares USA), el norteamericano Long Term Capital Management Fund (4.300 millones de dólares USA) o la aseguradora británica Equitable Life (2.200 millones de dólares USA).


2.3 Existencia de una estafa con implicaciones complejas de otros sujetos privados.


Como consecuencia de las comunicaciones de la CNMV al Ministerio Fiscal y a la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción n.º 3 procedió a la apertura de las Diligencias Previas 240/2001, en cuyo seno se acordó el ingreso en prisión provisional de D. Antonio Camacho Friaza y de D.ª Pilar GiménezReyna, así como la imputación de otros implicados. Los delitos cuyos indicios el Juzgado considera existentes son los de estafa, apropiación indebida y delito contable.
Estas actuaciones reflejan a las claras que han sido estas personas las causantes de las pérdidas de los clientes.
En los trabajos de la Comisión ha quedado constatado que no estamos en presencia de un simple caso de defectuosa gestión o de decisiones empresariales equivocadas.
Se trata de personas que han cometido hechos presuntamente delictivos, que se han servido de documentos falsos para engañar al supervisor.
Por todo ello, y sin perjuicio de la valoración de las Administraciones intervinientes que posteriormente se hará, debe ponerse de manifiesto la gravedad de la conducta de los imputados en el proceso penal, que se han servido de su posición en una sociedad gestora de carteras para disponer de los ahorros que confiadamente les entregaron los inversores.
Sin embargo, existen otros sujetos que, sin tener parte activa en la comisión de los hechos, han contribuido, por acción u omisión, a que no se descubriesen con anterioridad.
En primer lugar, determinados clientes de la sociedad gestora frustraron con su actitud la investigación abierta por la CNMV. Se ha manifestado en esta Comisión cómo la circularización iniciada por el supervisor, con el objeto de comprobar si los fondos existentes a nombre de cada cliente en la contabilidad de la gestora coincidían con los que a ellos se les informaba, se reveló ineficaz por la permanente conexión de los clientes con Gescartera, e incluso, por la falta de colaboración de algún cliente, que siempre daba la razón a los administradores de Gescartera por increíbles y dispares que fueran las versiones ofrecidas por aquéllos. Este hecho demuestra que, en un futuro, es necesario incrementar e intensificar los controles que realiza la CNMV cuando se producen circularizaciones con el objeto de comprobar los fondos realmente existentes a nombre de cada cliente. Este control debe ser muy riguroso siempre y, de forma especial, cuando de las respuestas de los clientes pueda deducirse un concierto de voluntades entre los propios clientes y la entidad investigada con la finalidad de confundir al supervisor en el normal desarrollo de sus responsabilidades de inspección. Asimismo, del conocimiento de los hechos que ha tenido esta Comisión de Investigación a través de las distintas comparecencias, se constata la necesidad de reglar los procedimientos de cada área de actuación.
En segundo lugar, también debe destacarse la deficiente actuación de la sociedad de auditoría que verificó las cuentas de GESCARTERA.
Ninguno de los informes emitidos por la firma reflejó salvedad alguna en las cuentas anuales de la sociedad, lo que dada la situación en la que se encontraba, refleja una deficiente realización de su trabajo.
Así ha quedado patente en la comparecencia del Presidente del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, que enumeró una serie de incumplimientos del auditor que le llevaron a emitir informes claramente equivocados.
A partir de un determinado tamaño, las sociedades mercantiles deben someter sus estados financieros a auditoría, la cual tiene por objeto verificar que la contabilidad refleja la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la sociedad. En el caso de entidades financieras, la importancia de las auditorías es doble:

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en primer lugar, porque los informes se depositan en el supervisor, influyendo así en su percepción de la situación de la sociedad; y en segundo lugar, porque a través de dicho supervisor los informes quedan a disposición del público, de modo que los inversores actuales y potenciales puedan formarse opinión sobre la entidad a quien piensan confiar sus ahorros.
El socio auditor responsable de la misma afirmó que no se había puesto salvedad al informe porque no tenían obligación de comprobar el patrimonio gestionado de los clientes. Sin embargo, el Presidente del ICAC señaló que sí debería haberse realizado porque esa información aparece en la memoria, que forma parte de las cuentas anuales y, en consecuencia, debe ser auditada. En consecuencia, la auditoría de Deloitte & Touche a Gescartera, a expensas del resultado definitivo del expediente sancionador incoado por infracciones graves, no se hizo correctamente, e indujo a error a los clientes y al supervisor sobre la fiabilidad de su contabilidad.
Y en tercer lugar, debe señalarse que, como ha reflejado el Banco de España, se han detectado irregularidades entres varias entidades financieras españolas en su relación con Gescartera. En algunas de las entidades se ha detectado la expedición de certificaciones no adecuadas que podían inducir a error y en otra las deficiencias se referían a la formalización de los contratos de apertura de cuenta corriente.
Finalmente, debe hacerse referencia a la Fundación ONCE. Sin hacer valoraciones sobre su gestión, lo cierto es que la entrada en el capital de Gescartera que refleja la propia memoria de la Fundación ONCE, y el nombramiento de su representante como Consejero Delegado, junto con otras circunstancias como la salida de la gestión de los señores Camacho y Ruiz de la Serna, fueron determinantes de la transformación de la sociedad en Agencia de Valores y para formar en la CNMV una opinión de que su situación iba a mejorar, tal como han declarado unánimemente todos los Consejeros de la Comisión. Sin embargo, las contradicciones mostradas sobre la realidad de su entrada en el capital; la investigación interna de la propia ONCE sobre el papel desempeñado por algunos de sus administradores, que ha originado la salida de los Sres. De Lorenzo y Pichel; y el escaso ejercicio real de las funciones inherentes al Consejero Delegado por parte del Sr. Pichel, con posible dejación de sus responsabilidades, son circunstancias relevantes en este caso.


2.4 Actuaciones de la CNMV en relación con la sociedad.


Se detallan a continuación las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la CNMV en relación con Gescartera Dinero, desde su creación hasta el 14 de junio de 2001, fecha de su intervención.
La sociedad Gescartera Dinero Sociedad Gestora de Carteras S.A. (en adelante Gescartera Dinero) fue inscrita en el registro de la CNMV el 16 de junio de 1992. Los socios de Gescartera Dinero fueron en un primer momento Antonio Camacho Friaza (70%), José Camacho Martínez (16,6%), Juan Suárez de Figueroa (6,6%) y Antonio Pérez Pazos (6,6%). Este accionariado coincidía con el de la sociedad Bolsa Consulting S.L. fundada el 2 de mayo de 1991, y que el 7 de febrero de 1994 fue sancionada por la comisión de una infracción muy grave consistente en realizar actividades sujetas a reserva (concretamente, de gestión de carteras) sin estar autorizada para ello. El montante de la sanción impuesta fue de 128.516.744 pesetas que no han sido pagadas ya que la sanción fue recurrida.
En marzo de 1993, los servicios de supervisión de la CNMV llevaron a cabo una visita a Gescartera Dinero, S.G.C., para verificar su situación y las relaciones mantenidas con Bolsa Consulting S.L. Y es que, a pesar de haberse constituido la primera para regularizar la situación de la segunda, Bolsa Consulting continuó desarrollando la actividad de gestión de carteras sin la autorización correspondiente.
Paradójicamente, desde la creación de Gescartera aumenta el número de clientes de Bolsa Consulting S.L. y sólo un pequeño número de clientes de ésta pasa a ser clientes de Gescartera Dinero. La visita de inspección no detecta irregularidades graves en Gescartera Dinero, dada su escasa actividad, aunque sí aprecia una carencia de medios humanos y una falta de cumplimiento del volumen de negocio marcado en la memoria de constitución.
El 11 mayo de 1993, Gescartera Dinero presentó la primera solicitud de transformación en Agencia de Valores, desistiendo poco después de la misma.
En octubre de 1995, se inicia una nueva visita de inspección. La visita termina el 6 de noviembre y la razón de su iniciación es que no se conoce con certeza el patrimonio gestionado a 30 de septiembre.
Las principales conclusiones alcanzadas tras esa visita son: 1) que no se puede conocer con certeza el patrimonio gestionado en dicha fecha, 2) que existe arbitrariedad en los procesos de desglose y de asignación entre los patrimonios gestionados, 3) se comprueba la existencia de operaciones cruzadas entre clientes que perjudican sistemáticamente a una de las partes, operativa que la gestora sigue por expreso deseo de los clientes por motivos fiscales, 4) se detectan operaciones de clientes gestionados cuya contrapartida son cuentas personales de socios de la S.G.C., o de sociedades con accionistas comunes a la S.G.C., 5) el 71% de los ingresos de explotación consiste en retrocesión de comisiones de los miembros del mercado con los que opera. A pesar de las conclusiones alcanzadas en esta inspección, la CNMV no incoó ningún expediente sancionador.
El 5 de junio de 1997, la CNMV autorizó la constitución de Gescartera Gestión, como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Los accionistas eran José Camacho Martínez (23%), Antonio CamachoFriaza (20%), Rufino Gallego Bernal (20%), Teodoro

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Bonilla Álvarez (16%), Aníbal Sardón Alvira (14%) y Fundación Banco de Alimentos (7%).
El 27 de junio de 1997, se produjo la segunda solicitud de transformación de Gescartera, S.G.C. en Agencia de Valores, aunque el 10 de diciembre del mismo año desistió nuevamente de la solicitud.
El 15 de octubre de 1997, se inició una nueva visita de inspección.
La visita terminó el 19 de noviembre y su objeto era analizar las medidas adoptadas por la sociedad para subsanar las debilidades detectadas en la visita realizada en el año 1995. Los resultados fueron resumidos en las siguientes conclusiones respecto a la operativa de Gescartera Dinero: 1) inexistencia de un sistema preestablecido objetivo de desglose de las operaciones entre los clientes, 2) elevado número de operaciones "intra-día", 3) Gescartera Dinero S.G.C. concedió diversos préstamos a su Consejero Delegado, Antonio Camacho, 4) deficiente nivel de control de los procedimientos de gestión y liquidación, 5) incumplimientos en materia de normas de conducta, 6) deficiencias en la estructura organizativa que no asegura el control del flujo de la información. La CNMV requirió a Gescartera (mediante carta de 17 de diciembre de 1997) para que antes del 30 de enero de 1998 propusiera medidas de subsanación. Gescartera atendió a dicho requerimiento.
El 9 de diciembre de 1998, se inicia una nueva visita de inspección de Gescartera, con el fin de comprobar las medidas adoptadas por la sociedad para subsanar las debilidades detectadas en la visita realizada en el año 1997. Dicha inspección finalizó en julio de 1999.
Paralelamente, el 5 de marzo de 1999, se produjo la reestructuración del Grupo Gescartera. El Grupo se conforma en una entidad holding (Gescartera Holding, S.L.), cuyos accionistas son: Antonio Camacho Friaza (56,5%) y José Camacho Martínez (43,48%) y las entidades Gescartera Dinero S.G.C., Gescartera Red Comercial S.L. y Gescartera Gestión S.G.I.I.C.
El 6 de abril de 1999, el Consejo de la CNMV por unanimidad acuerda incoar expediente sancionador a Gescartera Dinero, S.G.C., S.A., a su Consejero Delegado, D. Antonio Camacho Friaza y a su Director General, D. José María Ruiz de la Serna, por la presunta comisión de una infracción muy grave por obstrucción de la actuación inspectora.
El 16 de abril de 1999, el Consejo de la CNMV decide por unanimidad ampliar la incoación del expediente sancionador acordada el 6 de abril (que sería finalmente resuelto el 13-7-2000) a todos los miembros del Consejo de Administración de Gescartera Dinero S.G.C., S.A. y a su Director General José María Ruiz de la Serna por la presunta comisión de dos infracciones muy graves consistentes en: 1) inobservancia de la obligación de tomar medidas adecuadas en relación con los valores y fondos que les han confiado los clientes para proteger sus derechos y evitar una utilización indebida de aquéllos, 2) carecer de contabilidad y registros legalmente exigidos o llevarlos con vicios o irregularidades esenciales.
Dicho Consejo fue convocado con carácter extraordinario y urgente tras la visita al Arzobispado de Valladolid y comprobar la especial situación de su cuenta "omnibus", utilizada por Gescartera con un saldo de alrededor de 30 millones de pesetas y que sin embargo da lugar a un reembolso a su favor de 1.105 millones. El Consejo, tras valorar la situación y analizar las distintas posibilidades y alternativas legales, acuerda la adopción de medidas de carácter provisional consistentes en la prohibición de disposición de fondos o nuevas aportaciones a la cuenta "omnibus" en tanto en cuanto no se acreditase haber procedido a la distribución e individualización de los saldos de esa cuenta.
En dicho Consejo todas las decisiones se adoptan por unanimidad. No obstante, en las comparecencias se han manifestado contradicciones entre los miembros del Consejo que estuvieron presentes (Sr.
Fernández Armesto, Presidente, y Sres. Barberán, Roldán, Valiente, Ramallo y Martín, Consejeros.) Esas contradicciones no tienen reflejo en el acta de la reunión que fue aprobada por todos ellos por unanimidad y tampoco en el orden del día de la convocatoria y en la propuesta de acuerdo que, finalmente, se aprobó por unanimidad.


En la mencionada reunión del Consejo de la CNMV de 16 de abril de 1999 asistió también a una parte de la misma el propio Director de Supervisión, David Vives, que dio cuenta a dicho Consejo de las actuaciones hasta el momento emprendidas, de las posibles medidas a adoptar y de la información que se tenía en la CNMV en relación a Gescartera. En esa misma sesión se entregó a todos los miembros del Consejo un informe sobre Gescartera realizado por la División de Supervisión titulado "Borrador sujeto a cambios", en el que se relataban las distintas actuaciones, requerimientos y respuestas recibidas en relación a Gescartera y hasta el momento de la celebración del mencionado Consejo extraordinario.
De las distintas comparecencias ante la Comisión de Investigación, puede constatarse que las medidas provisionales aprobadas en esa reunión extraordinaria del Consejo fueron finalmente consideradas adecuadas por todos los asistentes, incluyendo al Director de Supervisión, especialmente teniendo en cuenta que no impedían una intervención futura de Gescartera.
No obstante, han existido versiones distintas sobre si en ese Consejo se llegó a proponer expresamente o no la intervención, aunque sí quedó constancia por parte de todos los comparecientes que en el mismo no pudo acreditarse con certeza la existencia real de desbalance en las cuentas de Gescartera. Por tanto, según todos los comparecientes, no se tenía en esa fecha la certeza de que faltara el dinero, incluso se llegó a afirmar por parte de algún compareciente que si se hubiese

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tenido la certeza de que faltaba una sola peseta de los clientes, no únicamente hubiese sido necesaria la intervención o la substitución de administradores, sino que, además, hubiese sido necesario poner los hechos en conocimiento de la Justicia, dado que en una gestora de carteras no puede faltar nunca el patrimonio de los clientes que han confiado allí su dinero y, si el mismo falta, es un hecho constitutivo de delito.
Con posterioridad a la fecha de ese Consejo, los técnicos de supervisión de la CNMV, Luis Peigneaux y Luis Martín, elevaron al Director del área, David Vives, un Informe de seguimiento de la actuación de Gescartera que concluía en mayo de 1999. El contenido de ese Informe, según han manifestado a la Comisión de Investigación tanto el que fue Presidente como los que entonces eran miembros del Consejo de la CNMV, no tuvo después una comunicación expresa y formal a quienes, como miembros del citado Consejo, tenían la responsabilidad última de decidir las actuaciones sobre Gescartera.
Por todo ello, parece evidente que en un futuro debe establecerse un procedimiento más preciso para regular las actuaciones inspectoras dentro de la CNMV, incluyendo en el mismo la obligación de trasladar a los miembros del Consejo los distintos informes internos del área de supervisión que puedan contribuir a sustentar las decisiones que el mismo adopte con respecto a las entidades reguladas.
El 17 de junio de 1999, el Consejero, Sr. Barberán, informa al Consejo de la CNMV, señalando que parece que el dinero correspondiente al descuadre ha sido destinado a la creación de una SICAV luxemburguesa denominada Gescartera Internacional SICAV.
El 11 de noviembre de 1999, se realiza una nueva visita de inspección a Gescartera. La visita finaliza el 14 de diciembre. Tiene por objeto lograr que la liquidez no acreditada de 4.518 millones de pesetas, a 30 de noviembre de 1998, se ingrese en cuentas de clientes. De esta cantidad se justificaron 3.949 millones de pesetas mediante certificados de La Caixa.
Debe destacarse que, en esa fecha, el técnico responsable de realizar la supervisión directa a Gescartera era Don Antonio Botella, que sustituyó en ello a Don David Vives en la segunda quincena de julio de 1999, a petición del entonces Presidente, Don Juan FernándezArmesto. También debe destacarse que el nuevo responsable de la supervisión directa a Gescartera introdujo una nueva fecha de referencia para realizar las distintas comprobaciones relativas a los estados de cuentas de Gescartera. En la Comisión de Investigación se han aportado versiones distintas sobre la relevancia o no de haber cambiado la fecha de referencia para realizar las distintas actuaciones de inspección y supervisión. Por tanto, en un futuro, se considera necesario establecer unos parámetros técnicos objetivos, que avalen en todo momento la decisión de cambiar la fecha de referencia para comprobar la evolución de los estados contables de las entidades que supervisa la CNMV.
El 2 de marzo de 2000, Gescartera Dinero presentó una nueva solicitud de transformación en Agencia de Valores. En dicha solicitud se pone de manifiesto el cese del Consejero Delegado, Antonio Camacho, y del Director General y Consejero, José María Ruiz de la Serna, junto con el nombramiento de Pilar GiménezReyna como Presidenta y la entrada de José Manuel Pichel (Director General de la Fundación ONCE) como consejero delegado.
El 3 de abril de 2000, se produce una nueva visita de inspección a Gescartera. La visita finaliza el 17 de abril y su objeto es comprobar que la entidad había cumplido los compromisos asumidos en la visita anterior. Nuevamente, la liquidez de los clientes es justificada, en gran parte (4.430,7 millones de 5.792,7), por medio de certificados de La Caixa. Los certificados emitidos en esta ocasión resultaron finalmente falsos aunque no se comprobó su autenticidad en estas fechas.
El Consejo de la CNMV de 13 de julio de 2000 aprueba la imposición de sanciones por comisión de sendas infracciones graves a Gescartera Dinero, S.G.C. S.A., a Antonio Camacho Friaza y a José María Ruiz de la Serna. Las infracciones graves imputadas tanto a Gescartera Dinero, S.G.C., como a los otros dos sancionados son: 1) falta de remisión en plazo de forma adecuada a la CNMV de la información y documentación por ella requerida en el ejercicio de sus funciones de supervisión, 2) el incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización, formulación de cuentas y modo de llevanza de los libros y los registros oficiales. Se sobresee el expediente referido a Dña. Pilar Giménez-Reyna, respecto de la cual la propuesta de resolución se limita a señalar que tan solo ejercía funciones comerciales en Gescartera, S.G.C.. Asimismo, se sobresee el expediente respecto de todos los imputados por inexistencia de la infracción muy grave consistente en la inobservancia de la obligación de tomar las medidas adecuadas, en relación con los valores y fondos que les han confiado sus clientes, para proteger sus derechos y evitar una utilización indebida de aquéllos. El mismo Consejo aprueba por unanimidad la remisión de la propuesta de transformación de la S.
G.C. en A.V. al Comité Consultivo y, en su caso, la elevación de la misma al Ministro de Economía.
El 28 de julio de 2000, el Comité Consultivo de la CNMV presidido por el Vicepresidente de la Institución, con representación del sector bursátil y financiero y en el que no hay representante del Ministerio de Economía, informa favorablemente la propuesta de transformación de Gescartera Dinero en Agencia de Valores. A la vista de la información que se ha dado a esta Comisión de Investigación, sería aconsejable para el futuro, atendiendo a que el informe del Comité Consultivo es preceptivo, que dicho Comité tuviera los antecedentes pormenorizados de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la CNMV en relación a las entidades acerca de las que debe emitirse

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informe para su ulterior transformación en Agencia de Valores. De forma especial, debería conocerse la existencia de sanciones graves y muy graves impuestas a la entidad sobre la que se debe elaborar el informe, con la finalidad de que las mismas puedan ser objeto de consideración para condicionar la emisión o no de un informe favorable a la transformación en Agencia de Valores.
El 4 de agosto de 2000, el Presidente de la CNMV remite a la Directora General del Tesoro la propuesta de transformación de Gescartera Dinero en A.V. para que la eleve al Ministro de Economía.
La tramitación de este expediente en la Secretaría de Estado de Economía es objeto de estudio detallado más adelante.
El 6 de febrero de 2001, se dicta resolución de la CNMV por la que se da publicidad a la inscripción de la A.V. "Gescartera Dinero", en el Registro de Agencias de Valores correspondiente. El artículo 4.1 del RD 276/1989, sobre Sociedades y Agencias de Valores, establece que: "Una vez obtenida la autorización e inscritas en el Registro Mercantil, las Sociedades y Agencias de Valores deberán inscribirse en los Registros correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre tanto, no podrán dar comienzo a sus actividades".
De donde se desprende que Gescartera no ha podido operar como Agencia de Valores más que cuatro meses y una semana hasta la intervención, aunque dos meses después de su transformación ya empezó a ser sometida a un muy intenso control, como se verá a continuación.
La resolución de la CNMV de 6 de febrero de 2001 es publicada en el "BOE" de 27 de febrero de 2001.
El 19 de abril de 2001, la CNMV envía un requerimiento a Gescartera solicitando información relativa a la acreditación del cumplimiento del coeficiente de liquidez y a la certificación de las entidades de crédito en las que estuviese depositada la liquidez. El requerimiento se realiza con motivo de la inscripción en la CNMV de la transformación de Gescartera S.G.C. en A.V., tomando como base los primeros estados reservados mensuales remitidos por la entidad. Estos estados reservados referidos a febrero de 2001 (primer mes de actividad como A.V.) no fueron remitidos hasta finales de marzo del mismo año.
El 25 de mayo de 2001, Gescartera aporta un certificado emitido por La Caixa relativo a 4.342 millones de pesetas, correspondientes a saldos de clientes de Gescartera. Anteriormente, los días 7 y 14 del mismo mes, Gescartera había aportado documentación para dar cumplimiento al requerimiento de la CNMV de 19 de abril.
El 11 de junio de 2001, se produce un nuevo requerimiento remitido por la Dirección General de Supervisión de la CNMV en el que se pide a Gescartera que complete la información solicitada el 19 de abril.
En particular se solicita que amplíen el contendido del certificado remitido por La Caixa con fecha 25 de mayo y que aporten certificación pendiente de recibir por importe de 2.615 millones de pesetas. El plazo fijado para aportar dicha documentación vencía el 12 de junio de 2001.
Durante los dos días que mediaron entre el 12 y el 14 de junio se contactó en numerosas ocasiones con los representantes de Gescartera instándoles a que presentasen los certificados requeridos. También había llegado a conocimiento de la Comisión la denuncia de una falsificación de tampones bancarios posiblemente relacionada con Gescartera.
El 14 de junio de 2001, Gescartera aporta un certificado emitido por un apoderado no identificado del BSCH, por importe de 2.607 millones de pesetas. En la tarde de ese mismo día, previo requerimiento de la CNMV, el BSCH y La Caixa remitieron sendos escritos en los que manifestaban no haber emitido los certificados aportados por Gescartera ese mismo día, en el caso del BSCH, y con anterioridad, en el caso de La Caixa. A las 19:30, el Consejo de la CNMV se reúne en sesión extraordinaria y acuerda la intervención de Gescartera Dinero, A.V. y Gescartera Gestión, S.G.I.I.C.


2.5 Procedimientos tramitados en otras Administraciones Públicas en relación con Gescartera con anterioridad a la creación de la Comisión de Investigación.


2.5.1 Secretaría de Estado de Economía.


En esta Secretaría de Estado, dos centros directivos tramitaron expedientes relacionados con sociedades del grupo Gescartera: la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La primera tramitó el expediente relativo a la transformación de Gescartera Dinero en Agencia de Valores y la segunda los expedientes referidos a la constitución de la Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, al propio Fondo de Pensiones y a los Planes de Pensiones integrados en dicho Fondo. Sobre estos expedientes pueden sacarse las siguientes conclusiones.


Por lo que se refiere a las actuaciones seguidas ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la secuencia de los hechos fue la que se resume a continuación.


El día 4 de agosto de 2000, el Presidente de la CNMV remite a la Directora General del Tesoro y Política Financiera la propuesta de transformación de Gescartera Dinero en Agencia de Valores.
El 24 del mismo mes y año, la Directora General del Tesoro y Política Financiera remite al Director de Gabinete del Secretario de Estado de Economía la propuesta de transformación.
El 1 de septiembre de 2000, se dicta Orden del Ministro de Economía, firmada por delegación por el Secretario de Estado de Economía, Energía y PYME, por la que se autoriza la transformación de Gescartera Dinero en Agencia de Valores. Dicha autorización

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se condiciona a que "en el momento de otorgamiento de la escritura de transformación se perfeccione la entrada en el capital de la nueva Sociedad, con un 10 por ciento del mismo, de la Fundación ONCE tal como se describe en la memoria que se acompaña a la solicitud." En lo que se refiere a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la secuencia de acontecimientos fue básicamente la siguiente.
La solicitud de constitución de la Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Gescartera Pensiones S.G.F.P. S.A. fue presentada ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el 20 de septiembre de 2000. Junto con la solicitud fueron presentados los documentos preceptivos. Dicha solicitud fue firmada conjuntamente por D. José María Ruiz de la Serna, en representación de Gescartera Holding 2000, S.L. y D. José Manuel Pichel Jallas, en representación de la Fundación ONCE.
El 29 de septiembre de 2000 fue concedida la autorización administrativa previa para la constitución de Gescartera Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. El 2 de febrero de 2001 fue presentada ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación preceptiva para proceder a la inscripción definitiva. Esta documentación respondía a las exigencias del artículo 5.3 de la Orden de 7 de noviembre de 1988: se aportaba copia de la escritura pública de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil (en la que se detallaba quiénes iban a ser los administradores y apoderados de la sociedad), así como copia de los asientos contables, debidamente autentificados notarialmente, en los que constaba el desembolso del capital social en el que eran partícipes Gescartera Holding al 80% y la Fundación ONCE al 20%. No existía, pues, motivo legal para denegar la inscripción solicitada.
El 8 de febrero de 2001, la Directora General de Seguros autorizó la inscripción de Gescartera Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., remitiéndola para su publicación en el "BOE".
Posteriormente, el 19 de febrero de 2001, Gescartera Pensiones comunicó a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones su cambio de domicilio, de lo cual acusó recibo la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones el 5 de marzo de 2001.
En lo que se refiere a la constitución de Gescartera Pensiones I, Fondo de Pensiones, los acontecimientos, también recogidos en el informe de la Inspección General de los Servicios del Ministerio de Economía, fueron en síntesis los siguientes.
El 12 de febrero de 2001, José María Ruiz de la Serna, en representación de Gescartera Holding 2000 S.L., presentó solicitud de autorización previa para la constitución de Gescartera Pensiones, Fondo de Pensiones. De dicho fondo sería promotora Gescartera Holding 2000 S.L., depositaria Deutsche Bank, S.A.E.; y gestora, Gescartera Pensiones, S.G.F.P., S.A.. Dicha solicitud iba acompañada de toda la documentación preceptiva exigida por el artículo 2.3 de la Orden ministerial de 7 de noviembre de 1988.
El 16 de febrero de 2001 fue concedida la autorización administrativa previa solicitada. El cambio de denominación de Gescartera Pensiones a Gescartera Pensiones, Fondo de Pensiones, fue autorizado por Resolución de 14 de marzo de 2001 del Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones, a solicitud de la propia promotora, dada la denegación del Registro Mercantil Central de la inscripción inicialmente solicitada.
El 4 de abril de 2001, fue presentada ante la Dirección General de Seguros la fotocopia cotejada de la escritura de constitución de Gescartera Pensiones, Fondo de Pensiones. Una vez comprobada por la Dirección General de Seguros la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos, el 9 de abril de 2001 procedió a la inscripción del Fondo de Pensiones, remitiendo la Resolución de la Directora General de Seguros para su publicación en el "BOE".
El 19 de abril de 2001, Enrique Díaz de Diego, Consejero Delegado de Gescartera Pensiones, S.G.F.P., S.A., comunica a la Dirección General de Seguros la decisión de integración en Gescartera Pensiones I, Fondo de Pensiones, de dos planes de pensiones de sistema individual y aportación definida (denominados respectivamente "Gescartera Individual" y "Gescartera Plan Solidaridad") adoptada por Gescartera Pensiones, S.G.F.P., S.A. el 18 de abril de 2001. En dicha comunicación se advierte que todavía no está constituida la Comisión de Control de dichos planes. Asimismo se señala que la promotora de ambos planes es Gescartera Dinero, A.V., S.A.
En virtud de las referidas notificaciones, la Dirección General de Seguros, en fecha 6 de junio de 2001, comunicó a la Gestora de Fondos Gescartera Pensiones, la inscripción de los Planes en el registro correspondiente.
Es preciso señalar que la inscripción en el Registro de Fondos no es un requisito constitutivo ni de funcionamiento de los Planes de Pensiones que son contratos privados entre partes con efectos desde el momento en que el Plan queda integrado en un Fondo de Pensiones (artículo 9.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones).
Así pues, desde el 18 de abril de 2001, los Planes citados pudieron funcionar y captar clientes y ahorro, como de hecho así ocurrió. No consta, por otro lado, ni que Gescartera Pensiones, Fondo de Pensiones, tuviese integrados otros planes de pensiones distintos de los dos citados, ni que Gescartera Pensiones S.G.F.P., gestionase otro fondo de pensiones distinto.
El 15 de junio de 2001, se acuerdan por la Dirección General de Seguros medidas de control especial referidas a Gescartera, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones.


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El 31 de julio de 2001, la misma Dirección General acuerda revocar la autorización administrativa a la entidad gestora de Fondos de Pensiones.


2.5.2 Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


Tal y como consta en el informe remitido a esta Comisión de Investigación por el Servicio de Auditoría Interna de la AEAT, han existido en la Agencia Tributaria, hasta el 1 de julio de 2001, 536 actuaciones en todas las áreas funcionales de la Agencia Tributaria, sobre un censo de 124 contribuyentes, relacionadas con Gescartera Dinero o con sus socios mayoritarios y apoderados.


De las 536 actuaciones totales, 258 corresponden a actuaciones de gestión, 258 a actuaciones de recaudación ejecutiva y 20 a actuaciones de inspección. Asimismo, de este informe se deduce que están canceladas 237 deudas, quedando pendientes de cancelación 21, por un importe total de 19 millones de pesetas. El informe del Servicio de Auditoría interna recoge el siguiente estado de deudas pendientes de cancelar: 7 están en período de pago voluntario, 10 están en fase de recaudación ejecutiva y 4 están suspendidas por recurso o reclamación. Asimismo, debe constatarse que de estas 536 actuaciones, en 4 se consideró que existía alguna circunstancia significativa que hubiese requerido una investigación más profunda.
De estos 4 supuestos ha tenido conocimiento la Comisión de Investigación a través de la documentación remitida por el servicio de auditoría interna de la AEAT y a través de las comparecencias de su ex Director, Sr. Ruiz Jarabo, y de su actual Director, Sr. Ruiz Gallud, en las que quedó constancia de las medidas adoptadas al respecto, afirmándose que en estos 4 supuestos la AEAT ha tenido que investigar más y que, finalmente, se ha producido el cese de un funcionario responsable de la inspección en su puesto de trabajo por considerar que había perdido la confianza de la Dirección de la Agencia Tributaria, al haber actuado con un nivel de celo inferior al que se exige en la AEAT a una persona que ocupa un puesto de libre designación.


2.6 Respuesta política: creación de la Comisión de Investigación.
Características de ésta.


Distintos Grupos Parlamentarios consideran que este tipo de actuaciones fraudulentas con escándalo social no sólo deben ser rechazadas enérgicamente, sino que además deben ser examinadas e investigadas en su totalidad, ejercitando todas las medidas que permita el ordenamiento jurídico.
El Parlamento aprobó, por impulso de varios Grupos Parlamentarios, la creación de esta Comisión de Investigación por unanimidad, la cual fue debatida en la sesión plenaria de 6 de septiembre de 2001, constituyéndose al día siguiente, 7 de septiembre.


En cuanto a los trabajos de la Comisión, debe destacarse que ha sido la que más tiempo ha dedicado a su tarea (182 horas y treinta minutos), mucho más que otras anteriormente constituidas (la que investigó el posible fraude en el uso de las ayudas europeas al cultivo del lino trabajó durante 80 horas y treinta y cinco minutos, mientras que la que indagó sobre la supuesta amnistía fiscal del Gobierno Socialista se alargó durante algo más de 73 horas).
En lo que se refiere al cómputo de comparecientes, la Comisión de Investigación sobre el caso Gescartera también ha contado con el mayor número, con un total de 54 comparecencias, muy por encima del resto de comisiones de investigación.
Finalmente, debe destacarse que la investigación política realizada por esta Comisión de Investigación y la elaboración de sus conclusiones se efectúa sin esperar a que concluya la instrucción judicial y antes de que se fijen las responsabilidades judiciales.
En otros casos las Cortes Generales habían denegado las peticiones de creación de comisiones de investigación por la existencia de actuaciones judiciales abiertas.


2.7 Respuesta del Gobierno: investigaciones internas.


Además de su total colaboración con la Comisión de Investigación, el Gobierno inició con celeridad una serie de investigaciones internas dirigidas a aclarar la participación de cualquier Administración Pública en expedientes relativos a Gescartera o a las personas físicas relacionadas con ella. Estas inspecciones internas son las siguientes:

- En el ámbito del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria se han encargado investigaciones a los servicios de auditoría interna y a la inspección de los servicios, sobre los que esta Comisión ha tenido cumplida información.
El día 2 de agosto se encarga al Director de la Agencia Tributaria una auditoría interna de todos los expedientes relacionados con GESCARTERA y con D. Enrique Giménez-Reyna al ser éste hermano de la Presidenta y al detectarse la posibilidad de la existencia de dinero no declarado.
Se ordena una investigación en la Sociedad Española de Participaciones Industriales -SEPI- para conocer si alguna empresa pública invirtió en GESCARTERA y cuáles fueron las razones. Tras confirmarse las inversiones de CETARSA y S.A.ES, se encarga la elaboración de auditorías en estas empresas.
Por parte de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, se ordena a la Inspección General de Servicios la realización de una investigación sobre las actuaciones del Sr. Giménez-Reyna durante el tiempo que ocupó los cargos de Director General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, Director General de Tributos y Secretario de Estado de Hacienda, para conocer si dentro del Ministerio de Hacienda se produjeron

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actuaciones del anterior Secretario de Estado a favor de la sociedad GESCARTERA o con personas físicas o jurídicas relacionadas con ella.
En cuanto se ponen de manifiesto las primeras sospechas de fraude fiscal en el ámbito de GESCARTERA, se dan instrucciones a la Agencia Tributaria para que ponga los medios y esfuerzos necesarios para investigar estos indicios y para identificar a las personas físicas y jurídicas implicadas.
- El Ministro de Economía encargó el 27 de julio al ICAC la realización de una investigación para determinar posibles responsabilidades en la actuación de la compañía auditora de Gescartera, investigación que ha dado lugar a la incoación de un expediente sancionador, por ocho infracciones graves, contra Deloitte & Touche.
- Dentro de la Secretaría de Estado de Economía, el 14 de agosto se dieron instrucciones para realizar una investigación interna, que fue efectuada por la Inspección de los Servicios, en el que se analizaron los expedientes tramitados en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera (expediente de transformación de Gescartera en Agencia de Valores) y en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (constitución de Gescartera Pensiones, S.G.F.P.; constitución de los Planes y Fondos de Pensiones; e intervención de la gestora), habiendo concluido el informe el 19 de octubre de 2001.
- El Ministro de Economía encargó al Banco de España una investigación sobre las relaciones de Gescartera con Entidades de Crédito. Para la realización del informe, se han realizado dos actuaciones. En primer lugar, y dentro de la labor de supervisión que realiza el Banco de España, en el marco del contacto habitual con entidades de crédito, recabó información preliminar para saber en qué medida había entidades afectadas por el caso Gescartera. En segundo lugar, se realizó un informe sobre las relaciones entre las entidades de crédito que han podido tener un volumen de operaciones relevantes con Gescartera.
- El Banco de España ha anunciado que no ha detectado cuentas numeradas sin identificación del titular, pero que sí ha constatado la existencia de 136 cuentas en el Banco HSBC, abiertas a nombre de un Banco suizo. Esto ha sido puesto en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales con el objeto de comprobar si HSBC ha cumplido su obligación de averiguar el titular último de las cuentas, como exige la normativa de capitales cuando existen indicios de que el titular formal actúa por cuenta de terceros.
- El 29 de octubre de 2001 el Ministro de Economía dio instrucciones para que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Banco de España investigasen la existencia de cuentas numeradas en entidades de crédito españolas e informasen sobre las que se hayan podido detectar.


- Al surgir los primeros indicios, el Ministerio de Economía encargó a la propia CNMV la realización de una investigación interna cuyas conclusiones se plasmaron en un informe remitido en agosto en el que se relacionan todas las actuaciones practicadas en relación con Gescartera.
- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha efectuado una investigación interna con el objeto de examinar las inversiones realizadas por empresas participadas por la misma.
- De igual modo, el Ministerio de Defensa inició el 2 de agosto de 2001 una investigación interna con el objeto de establecer con claridad los mecanismos de gestión de los fondos del servicio de Seguridad Social de la Armada.


En consecuencia, han sido importantes y numerosas las investigaciones puestas en marcha por todas las Administraciones Públicas que han tenido alguna relación con Gescartera, siguiendo la intención del Gobierno de utilizar todos los instrumentos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos. Todos estos informes de servicios de alta profesionalidad e independientes han sido puestos a disposición de la Comisión de Investigación y han constituido un elemento básico para la realización de su tarea.


2.8 Investigación del destino de los fondos.


La Comisión no tenía como objetivo conocer cuál ha sido el destino de los fondos de los inversores de Gescartera y de las distintas comparecencias que se han ido celebrando en la Comisión no se ha podido concluir ni dónde está el dinero ni cuál era el procedimiento de su ocultación o cuáles han sido los mecanismos utilizados para su desaparición. Pero la Comisión sí debe instar a que se adopten medidas para que se sancionen con gravedad las actuaciones que produzcan quebrantos no recuperados y vigilar especialmente la utilización fraudulenta de figuras fiduciarias.
Será la jurisdicción penal la que realice las actuaciones destinadas a averiguar el destino de los fondos, para lo cual cuenta con el apoyo de los funcionarios del Banco de España y de la AEAT, al margen de las investigaciones de carácter fiscal efectuadas por ésta.


3. Valoración de la actuación de las Administraciones públicas y de otros sujetos.


3.1 Funcionamiento de la CNMV.


Para juzgar el funcionamiento de la CNMV hay que partir de la base de que ésta ha intervenido la sociedad sin mediar reclamación de clientes, accionistas o salvedad en la auditoría y de que ha puesto los hechos en conocimiento de los Tribunales de Justicia.
La sociedad ha estado sometida a constante vigilancia por la CNMV y, como ha quedado de manifiesto en

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las declaraciones de los Sres. Croissier y Martín, desde su creación ha dado problemas, agravados por el paso del tiempo.
En relación con las decisiones adoptadas por el Consejo de la CNMV, deben destacarse tres circunstancias relevantes:

- Todas ellas se han tomado por unanimidad. En el transcurso de las comparecencias de los miembros del Consejo han podido quedar de manifiesto diferencias de criterio y diferentes motivaciones a la hora de tomar las decisiones, pero lo cierto, tal como reflejan las actas de las sesiones, es que las decisiones adoptadas contaron con el respaldo, sin fisuras, de todos los consejeros. Esto es necesario subrayarlo, toda vez que, al no existir votaciones decididas por ajustadas mayorías ni constantes votos particulares, nunca ha aparecido una señal que denote externamente diferencias que perjudicasen al funcionamiento del órgano colegiado.
- Las decisiones siempre se han tomado de acuerdo con las propuestas de los técnicos, tanto en lo que se refiere a las decisiones del expediente de transformación como las sanciones impuestas y la intervención finalmente acordada.
- Ningún miembro de la CNMV, ya sea miembro del Consejo, ya técnico del organismo, ha manifestado recibir indicaciones de cómo tratar a GESCARTERA de ningún miembro del Gobierno o de la Administración General del Estado. Los técnicos han manifestado que ningún miembro del Consejo les ha realizado indicaciones sobre los expedientes.


Además debe ponerse de manifiesto que la actuación de determinados sujetos privados ha contribuido a formar en la CNMV una opinión equivocada de la verdadera situación de la sociedad, como son, la entidad auditora, cuyos informes no reflejaban salvedades; determinados clientes de Gescartera, que no aportaron información que permitiese comprobar la realidad de sus inversiones; y algunas entidades de crédito, que emitieron certificados sin el celo exigible a las mismas.
Respecto de la publicidad de las sanciones graves impuestas, debe indicarse que la CNMV no se apartó del criterio seguido en relación con las sanciones normalmente impuestas a las Sociedades y Agencias de Valores, que siempre había sido la de multa, y que en cuanto sanción por infracción grave no lleva legalmente aparejada la publicación en el "BOE".
Por último, en cuanto a la transformación de la sociedad en Agencia de Valores, tanto el Sr. Martín como el Sr. Folgado han declarado que fue el reforzamiento de los controles inherentes a esta condición lo que ha permitido intervenirla. Y de nuevo debe volver a resaltarse que las decisiones del Consejo de la CNMV se tomaron por unanimidad, con el informe favorable de su Comité Consultivo, de acuerdo con las propuestas de los técnicos, y con la idea de que la entrada de la Fundación ONCE iba a dotar de seriedad a la gestión de la sociedad.
Lo que debe ponerse de manifiesto es la ausencia de procedimientos reglados en el funcionamiento interno de la CNMV, que sin influir en los resultados de la supervisión, ha impedido a la Comisión de Investigación contrastar con eficacia las diferentes versiones dadas en el transcurso de las comparecencias. Asimismo, tampoco han quedado claros, y da la sensación de no estar correctamente definidos, los criterios de selección del personal de la CNMV. También se ha constatado que, a pesar de la carencia de medios personales y materiales suficientes dentro de la CNMV, los funcionarios técnicos que en ella desarrollan sus servicios son rigurosos y han merecido por parte de los distintos miembros de la Comisión de Investigación una valoración globalmente positiva. No obstante, se ha constatado también que en determinadas ocasiones ha existido una superposición de criterios y actuaciones de distintas áreas dentro de la CNMV y ello no siempre ha contribuido a generar unas buenas dinámicas de funcionamiento interno dentro de la Comisión.


3.2 Funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Secretaría de Estado de Hacienda.


Se han investigado 536 actuaciones de todas las áreas funcionales de la Agencia Tributaria, correspondientes a 124 contribuyentes, se ha interrogado a 20 funcionarios y todos ellos manifiestan que no han recibido presiones de las autoridades de la Agencia Tributaria.
También se ha interrogado al anterior Director General de la Agencia Tributaria, a los Directores de los Departamentos de Inspección, Gestión y Recaudación de la Agencia Tributaria y a los máximos cargos regionales. Todos ellos han afirmado que nunca han recibido instrucciones de hacer o no hacer, respecto a los contribuyentes afectados por la investigación del Servicio de Auditoría Interna.
De las 536 actuaciones investigadas, el informe concluye que 532 se han desarrollado de acuerdo con los parámetros normales de la inspección tributaria. Sólo en los 4 restantes, el Servicio de Auditoría Interna ha considerado que existía alguna circunstancia significativa que requería una investigación más profunda.
Después de una investigación exhaustiva de estos 4 expedientes, no se han encontrado indicios suficientes para iniciar procedimientos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias, aunque se produjo, en uno de estos 4 expedientes, el cese de un funcionario responsable de la inspección por considerar que había perdido la confianza de la Dirección de la Agencia Tributaria, al haber actuado con un nivel de celo inferior al exigido por la misma.
El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria elabora un segundo informe referido a las relaciones de D. Enrique Giménez-Reyna con las distintas

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personas físicas y jurídicas que habían tenido una participación conocida en el asunto GESCARTERA. Después de las comprobaciones hechas a más de 76 contribuyentes, y tras un estudio completo y pormenorizado de los principales inversores institucionales de GESCARTERA, el Servicio de Auditoría Interna concluye que todas las actuaciones de la Agencia Tributaria están dentro de los parámetros normales de funcionamiento.
En ninguna de las dos investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, tanto la de GESCARTERA y su entorno como la de D. Enrique GiménezReyna, se han detectado conductas concertadas para favorecer a los contribuyentes de GESCARTERA a través de D. Enrique Giménez- Reyna.
La investigación del Ministerio de Hacienda, cuyos documentos y conclusiones se han aportado a la Comisión de Investigación, se ha orientado en un doble sentido: en primer lugar, se ha tratado de identificar las responsabilidades de todo tipo que se hubieran derivado de este asunto. Por otro lado, se han iniciado los procedimientos de investigación fiscal necesarios para perseguir los posibles delitos o infracciones administrativas que, en relación con la Hacienda Pública, se pudieran haber cometido. En cuanto a la primera cuestión, las conclusiones de los informes realizados por los distintos servicios de inspección evidencian que no se ha producido connivencia entre GESCARTERA y su entorno y los funcionarios públicos que, en los distintos ámbitos, se ocuparon de la tramitación de los procedimientos en que esas personas físicas y jurídicas fueron parte.
En lo relativo a las inspecciones tributarias, éstas se encuentran ya iniciadas y comienzan a rendir sus frutos en términos de deuda tributaria descubierta. De hecho, se ha detectado una deuda tributaria no declarada de importe superior, hasta el momento, a 3.500 millones de pesetas, de acuerdo con lo señalado por los responsables de la Hacienda Pública en sus comparecencias.
En definitiva, la Hacienda Pública ha tenido en el asunto GESCARTERA la condición de perjudicada y, como tal, ha ejercido las acciones legales tendentes a la garantía de sus derechos.
La Hacienda Pública ha sido perjudicada por dos vías: en el caso de dos sociedades -SAES y CETARSA- como uno más de los inversores que han visto defraudada la confianza que, quizá indebidamente, tuvieron en GESCARTERA, y que, como ellos, se han visto abocadas a su personación como perjudicadas en la causa abierta en la Audiencia Nacional. En segundo lugar, y por lo que va conociéndose de las actuaciones de investigación seguidas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se han producido igualmente irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de determinados contribuyentes, clientes de Gescartera con dinero fiscalmente no declarado actualmente sujetos a los correspondientes procedimientos de inspección. La Comisión entiende que dichos procedimientos darán en su momento lugar a los correspondientes ingresos -voluntarios o en vía de recaudación ejecutiva-. En declaraciones judiciales efectuadas por el Sr. Camacho se han señalado algunas personas como comerciales no integrados en la estructura de Gescartera y que aportaban clientes especiales (Roberto Santos, Asesores 2000, Carlos Ortín...). En las comparecencias se ha negado este hecho, pero sí hay indicios claros de dinero fiscalmente opaco en Gescartera y su entorno.
De los datos obtenidos en las investigaciones realizadas en los distintos órganos del Ministerio de Hacienda no se ha desprendido connivencia alguna con GESCARTERA o las personas con ella relacionadas, sin que las circunstancias producidas en los cuatro expedientes fiscales a los que el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a que se ha hecho anterior referencia, hayan tenido su origen en la existencia de cualquier recomendación o presión sobre los actuarios o en la identidad de los contribuyentes. Por otra parte, el hecho de que en algún caso no llegaran a iniciarse actuaciones inspectoras respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas relacionadas con el asunto GESCARTERA no ha incidido, ni directa ni indirectamente, en el perjuicio sufrido por los inversores presuntamente defraudados.
Dichas actuaciones se referían a ejercicios (anteriores a 1996) en que, al parecer, la operatoria y el volumen de inversiones gestionado por GESCARTERA se encontraban muy alejados de lo que ocurrió en los años siguientes, por lo que la información obtenida hubiera sido, probablemente, de escasa significación.


3.3 Funcionamiento del Banco de España.


Con carácter previo a cualquier valoración acerca de este Organismo, debe aclararse que las sociedades del Grupo Gescartera (y en concreto Gescartera Dinero) no estaban sujetas a supervisión por parte del Banco de España, razón por la cual la única valoración posible es la que se refiere a la adecuada supervisión de las entidades de crédito que operaban con Gescartera.
Es por ello necesario referirse al informe emitido por el Banco de España el día 4 de octubre de 2001. En dicho informe, remitido a esta Comisión de Investigación, se analiza la actuación de la Banca española con Gescartera y vinculados.
En el citado informe se señala que a 30 de junio de 2001, la financiación viva total del sistema bancario a las personas físicas y jurídicas incluidas en el denominado "colectivo de seguimiento de Gescartera" ascendía aproximadamente a 1.200 millones de pesetas. Se añade que el riesgo de crédito asumido a través de estas operaciones no es de importancia significativa ni para las entidades individualmente consideradas ni para el sistema crediticio en su conjunto.
Además, de la revisión de la documentación disponible en la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de España, referida al período comprendido entre enero

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de 1993 y julio de 2001, no consta que las personas físicas o jurídicas incluidas en el colectivo de seguimiento de Gescartera hayan comunicado al Banco de España la apertura de cuentas en el extranjero.
El informe en cuestión también realiza un análisis de las certificaciones emitidas por las entidades de crédito relacionadas con las personas físicas y jurídicas incluidas en el colectivo de seguimiento Gescartera.
Como resultado de esta investigación, el Banco de España ha detectado actuaciones irregulares en algunas entidades financieras españolas en relación con Gescartera, como ya se ha señalado anteriormente.
Por último, el Banco de España ha puesto 5 peritos a disposición del Juzgado para ayudar a la investigación de la presunta estafa.
Por todo ello, puede concluirse que el Banco de España no ha cometido irregularidad alguna en relación con las sociedades del grupo Gescartera, dado que ninguna competencia de supervisión tenía sobre las mismas. Por otro lado, siendo la concentración de riesgos de la Banca española con el colectivo de seguimiento de Gescartera muy reducida, tanto en relación con las entidades individualmente consideradas como respecto al sistema crediticio en su conjunto, no existía razón alguna para que el Banco de España hubiese adoptado medidas en relación con este asunto.


3.4 Funcionamiento de la Secretaría de Estado de Economía.


Conviene valorar el funcionamiento de esta Secretaría de Estado, distinguiendo los expedientes según los dos centros directivos competentes para tramitarlos.


3.4.1 Dirección General del Tesoro y Política Financiera.


La propuesta de transformación aprobada por la CNMV no contenía ninguna condición explícita para esta transformación. La propuesta se basaba en el informe elevado al Consejo de la CNMV por la Dirección General de Fomento de la Comisión en el cual se hacía referencia explícita a determinadas circunstancias de la transformación relativas a la entrada de la Fundación ONCE en el grupo Gescartera.
Este informe, a su vez, se basaba en la memoria del proyecto remitido por Gescartera al solicitar la transformación.


En dicha memoria se asumían dos compromisos que debían ser llevados a cabo en dos momentos diferentes:

* El primero, previo a la inscripción en el Registro Mercantil como agencia de valores de Gescartera, era la entrada de la Fundación ONCE en el 10% del capital de Gescartera Dinero, S.G.C., S.A.
* El segundo, diferido en el tiempo a la autorización e inscripción de la transformación en agencia de valores de Gescartera Dinero, era la toma de control por parte de la Fundación ONCE del 25% de Gescartera Holding.


Según la memoria presentada, el grupo Gescartera nunca asumió la segunda obligación como previa a la transformación en agencia de valores, sino que formuló un compromiso cuyo cumplimiento debía verificarse con posterioridad a la transformación, aunque el Sr.
Martínez Pardo, en su propuesta de resolución como Director General de Fomento, señaló que debía realizarse "al tiempo" de la inscripción. Antes de dictarse la resolución de la CNMV por la que se da publicidad a la inscripción de la Agencia de Valores "Gescartera Dinero" en el Registro de Agencias de Valores correspondiente, el Director General de Entidades de la CNMV, Juan Carlos Basallote, remitió a Gescartera, en fecha de 31 de enero de 2001, una carta en la que destacaba que no quedaba acreditado el cumplimiento de determinados elementos que motivaron la autorización de la citada transformación; entre ellos, la entrada de la ONCE en un 25% de Gescartera Holding. Posteriormente, tras una entrevista mantenida con los responsables de Gescartera, se procede a la inscripción por llegar el Sr. Basallote al convencimiento, tras la respuesta verbal del requerimiento que recibe en la mencionada entrevista por parte de los responsables de Gescartera, de que esa entrada del 25% de la ONCE se produciría con posterioridad.
La CNMV, según los documentos que figuran en la Comisión, no estableció ninguna condición a la transformación ni en la resolución adoptada por su Consejo el 13 de julio de 2000 (con la salvedad del necesario informe favorable del Comité Consultivo) ni en la remisión de la propuesta a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
En cualquier caso, la resolución que autorizaba la transformación contenía una condición adicional de eficacia: la necesidad de que la Fundación ONCE adquiriese el 10% del capital de Gescartera Dinero.
En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, la Directora General del Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández, afirmó que la CNMV, como organismo supervisor, una vez efectuada la escritura notarial en la que se plasma la transformación en Agencia de Valores, y antes de proceder a la inscripción registral de la misma, debía comprobar y verificar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones, función que no correspondía realizar al Ministerio de Economía. Dentro de las condiciones que debía verificar la CNMV estaba la relativa a la toma de control por parte de la Fundación ONCE del 25% de Gescartera Holding.
Por otro lado, la Dirección General de Fomento de la CNMV consideró, según las comparecencias celebradas, que el examen de la idoneidad de los accionistas de Gescartera Dinero debía limitarse a los nuevos socios que entraban en su capital, y por eso se hace

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referencia específica en la propuesta de la División de Fomento, declarando al respecto que "no existen razones que impidan apreciar suficiente idoneidad en la Fundación ONCE", pero sin entrar en valoraciones acerca de los antiguos accionistas que ya habían sido examinados con anterioridad y no habían tenido desde entonces ninguna sanción que conllevara la inhabilitación. Este examen de idoneidad es el que debía determinar el parecer del Departamento Ministerial ya que la CNMV es el único organismo que cuenta con los medios necesarios para apreciar la idoneidad de los intervinientes en los mercados financieros.
Por otro lado, la Orden ministerial de transformación, firmada el 1 de septiembre de 2000, autorizó la conversión de Gescartera Dinero en Agencia de Valores pero sin permitirle realizar operaciones de depósito, ni otras propias de las Agencias de Valores ya que no estaban incluidas en el programa de actividades presentado por los propios interesados.
Además de la exclusión de la actividad de depósito, la Orden ministerial no autorizaba a llevar a cabo otras actividades típicas de las agencias de valores como son la ejecución de órdenes por cuenta de terceros o la mediación, por cuenta directa o indirecta del emisor en la colocación de las emisiones y ofertas públicas de venta.
Así mismo, tampoco autorizaba para llevar a cabo otras actuaciones accesorias como son la administración de valores e instrumentos financieros o la realización de transacciones en divisas vinculadas a los servicios de inversión.
Dicho en otros términos, la autorización de transformación en agencia de valores concedida por Orden de 1 de septiembre de 2000 tan sólo autorizaba a Gescartera Dinero a asumir dos funciones adicionales en materia de servicios de inversión respecto de las que ya podía ejercer cuando era tan sólo Sociedad Gestora de Carteras:

1. la recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros, pero sin posibilidad de ejecución de las mismas, 2. y los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.


Estos nuevos servicios autorizados no suponían, en términos generales y desde el punto de vista de los clientes, un mayor riesgo, pero sin embargo implicaban que Gescartera Dinero quedaba sujeta a todos los mecanismos de control propios de las Agencias de Valores, mucho más estrictos que los que corresponden a las Sociedades Gestoras de Carteras.
Este régimen se articula en torno a dos ejes: exigencias específicas en materia de recursos propios, con la finalidad de garantizar la solvencia de estas entidades, y obligaciones de información al supervisor con una frecuencia y contenido muy superiores a las previstas para las sociedades gestoras de cartera.
Por todo lo expuesto, puede concluirse que no se ha detectado ninguna evidencia de irregularidad en la tramitación de este expediente en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que este centro directivo se ha ajustado en todo momento a las propuestas de los órganos técnicos competentes y que ha tramitado el procedimiento con arreglo a las formalidades previstas. En este sentido se ha manifestado la Inspección General de los Servicios del Ministerio de Economía quien, en la página 11 de su informe de 19 de octubre de 2001, concluye lo siguiente: "La Orden ministerial autorizando la transformación de Gescartera Dinero S.G.C., S.A. en Agencia de Valores se corresponde con la propuesta de la CNMV de fecha 4 de agosto de 2000 y con el programa de actividades de Gescartera Dinero S.G.C., de fecha 28 de febrero de 2000, señalándose asimismo la necesidad del estricto cumplimiento de las declaraciones sobre los requisitos contenidos en la solicitud".


3.4.2 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


En este ámbito, no es necesario hacer demasiadas consideraciones ya que no se ha producido perjuicio alguno a los partícipes de los planes de pensiones integrados en el fondo de pensiones gestionado por Gescartera Pensiones S.G.F.P.
Por otro lado, como pone de manifiesto el informe de la Inspección General de los Servicios del Ministerio de Economía, "no se aprecia la existencia de irregularidades en la tramitación de los expedientes mencionados. Las decisiones adoptadas lo han sido en virtud de las competencias que la legislación vigente atribuye a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en defensa de los intereses de los partícipes y beneficiarios".


3.5 Inversiones realizadas por entidades integradas en el sector público.


De la investigación interna realizada en la SEPI se desprenden las siguientes conclusiones:

- CETARSA eligió a Gescartera como gestor de estas inversiones temporales porque uno de los comerciales de Gescartera vinculado profesionalmente a CETARSA antes de 1996, evidenció cierta capacidad para reiterar una oferta convincente de gestión de inversiones y además porque Gescartera les ofrecía repos a un tipo superior al del mercado. La inversión financiera temporal alcanzó un volumen de 450 millones de pesetas.
Sin embargo, algunos aspectos concretos de las citadas inversiones financieras temporales no se ajustaban a lo que se supone debe hacer una empresa no financiera con su patrimonio y tesorería, prueba de ello es que la SEPI pidió a CETARSA que se personara como demandante en el proceso abierto por la supuesta estafa de Gescartera y el resultado del informe encargado en agosto de 2001 a KPMG así lo atestigua.


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En todo caso, con celeridad en el tiempo, la SEPI pidió el relevo inmediato del Director Financiero de la empresa.
Por otro lado, el volumen de inversiones temporales de CETARSA y gestionado por Gescartera en ningún momento alcanzó más allá de un 0,3% del total invertido en el año 2000, lo que significa que Gescartera no supone una concentración de riesgo importante, sino más bien un gestor claramente inadecuado. Sin embargo, de las inversiones temporales de CETARSA, de sus criterios de inversión y los procedimientos de decisión sí se desprenden deficiencias de control interno, que deberían haberse reducido al mínimo al tratarse de empresas públicas.
- En el caso de Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES) la participación de la SEPI se hace a través de IZAR que tiene el 51% del capital social de SAES Capital e INDRA que tiene el 49% de SAES Capital (propietaria mayoritaria de SAES). En este caso también la SEPI pidió un informe de auditoría. En el mismo se ponía de manifiesto que la decisión no era correcta por razones de concentración de riesgo y porque no estaba justificado que una parte muy sustancial de su tesorería, 591 millones de pesetas, se aplicara a inversiones temporales de esas características.
En SAES se diseñaba un plan de tesorería que aprobaba su Consejo de Administración y, precisamente, es un consejero de Thales Under-Water Systems, Antonio Hermosín, el que propone en el Consejo de 29 de mayo de 1996 que se coloquen los excedentes de tesorería de la empresa en Gescartera, justificado por el alto tipo de interés que Gescartera daba por esas puntas de tesorería. Price-Waterhouse detectó algunas irregularidades comerciales de Gescartera para con SAES, lo que no fue óbice para que SAES mantuviera sus criterios de colocación de tesorería.
- En los informes de empresas participadas por la SEPI que han tenido relaciones comerciales con Gescartera también están SAES Capital y Turbo 2000, cuyo Presidente común, Jesús Ruiz Jiménez, también lo era de SAES. SAES Capital, por su carácter de sociedad de cartera, tiene mayor justificación para realizar inversiones temporales, que alcanzan 60 millones de pesetas en Gescartera, ya que se trató de una gestora de patrimonio, cuya información es que está en una situación legal y es competente para actuar en los mercados. Por otra parte, también Turbo 2000 invirtió en Gescartera. Turbo 2000 es una empresa participada por IZAR en un 50%. Al igual que SAES, dado el control minoritario de la SEPI, no se tiene que ajustar a las directrices de inversión de las empresas públicas. En todo caso, su inversión fue de 40 millones en el año 1998 y se recuperó totalmente con un rendimiento del 5% anual. La SEPI a través de su participación en IZAR decidió el relevo del Director General de SAES y de otro Consejero que anteriormente había sido Presidente de esta Compañía.


Al margen de SEPI, existen dos entidades vinculadas con la Administración que también se han visto afectadas por la crisis:

- La Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil realizó una inversión de 420 millones de pesetas en Gescartera Dinero. Es la junta económica de la Asociación la que toma este tipo de decisiones, gestionando unos 500 millones de pesetas en inversiones. La inversión en Gescartera se realiza porque el responsable máximo de la Asociación, el General Blanes, cree conveniente invertir y lo propone al órgano colectivo responsable. Por razones de profesión conocía a José Giménez-Reyna y, con anterioridad, a su padre. A través de esta relación el General Blanes contactó comercialmente con Pilar Giménez- Reyna.
Se ha constatado un grado muy importante de laxitud en cuanto a la toma de decisiones financieras de una entidad con presupuesto público y donde el Presidente es nombrado por la Dirección General de la Guardia Civil.


- En cuanto al Instituto Social de la Armada, en él se siguen unos planes de inversión diseñados por el propio Consejo Directivo del Servicio de Seguridad Social de la Armada. Desde 1998 se optó por un tipo de inversión con un mayor nivel de riesgo en los retornos, en lo que se refería al rendimiento de los ingresos por cuotas corrientes, dado que estaban disminuyendo el montante de cuotas y los tipos de interés derivados de las letras y pagarés del Tesoro. Todo ello para mantener el nivel de prestaciones que se venían dando a los beneficiarios.


La razón por la que se decide utilizar los servicios de Gescartera hay que encontrarla en la atractiva publicidad de la entidad gestora, en su labor comercial de aproximación a los responsables administrativos de la Armada a partir de 1999 y, como en casos anteriores, en tipos de interés superiores a los del mercado. Además, hay que reseñar que se ha abierto un expediente a algunos funcionarios por si las prácticas comerciales habían excedido los comportamientos éticos correctos.
- No parece suficiente la "internalización" de las decisiones de inversión por personas que no son especialistas. En estos casos, se debería actuar "externalizando" los servicios a agentes especialistas como compañías de seguros o especialistas actuariales de reconocido prestigio, de forma transparente, diversificada o sindicada, si fuera el caso, tal y como hizo la SEPI en 1999 con los recursos remanentes de privatizaciones.


3.6 Inversiones realizadas por entidades de previsión social, de carácter asistencial u otras análogas.


Finalmente, debe mencionarse, por la alarma social que ha generado, que en las crisis de Gescartera se han visto afectadas entidades privadas que, por su

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carácter asistencial o benéfico, ha generado perplejidad el hecho de que tuvieran sus fondos invertidos en Gescartera.
En primer lugar, la Mutualidad de Prevención Social de la Policía es una de las instituciones damnificadas en el caso Gescartera y, por derivación, quedan afectados muchos funcionarios del Estado que detraen de su nómina una parte en forma de cuotas voluntarias para el sostenimiento de MUPOL y cubrir aquellos hechos contingentes a los que tengan derecho. Sin embargo, la gestión es privada y no media dinero presupuestario. En la actualidad están gestionando unos 28.000 millones de pesetas, de los que 20.000 aproximadamente son inversiones.
Y por último todas las entidades sin ánimo de lucro cuya implicación en el escándalo como afectados obliga a hacer una reflexión sobre los criterios que han de seguir a la hora de realizar inversiones financieras.
En ningún caso se ha puesto de manifiesto que mediara indicación para invertir por parte de nadie del Gobierno o de la Administración.
Siempre se han debido a las gestoras comerciales de Gescartera.


4. Responsabilidades políticas.


En el caso Gescartera se han producido las siguientes dimisiones o ceses:

- El 20 de julio, una vez conocidos detalles del funcionamiento de Gescartera que inducían a pensar que, al margen de una estafa, podría haberse producido un fraude a la Hacienda Pública, el Ministro de Hacienda acepta la dimisión de D. Enrique Giménez-Reyna como Secretario de Estado de Hacienda, por considerar que su posición como Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria era incompatible con su vinculación familiar con personas relacionadas con Gescartera.
- Posteriormente quedó constatado que el Secretario de Estado de Hacienda había tenido contactos con su hermana, Presidenta de Gescartera, y con el Sr. Camacho, propiciando encuentros de éstos con representantes de la CNMV, contactos considerados inadecuados para un Secretario de Estado.
- La Presidenta de la CNMV, también presentó su dimisión, igualmente aceptada por el Gobierno, por la existencia de contactos en relación con el asunto Gescartera.


- El Director General y otro Consejero, anterior Presidente, de SAES, han sido cesados por el Consejo de Administración de la sociedad, a propuesta de IZAR, una vez analizada la inversión realizada en GESCARTERA y la excesiva concentración de riesgos.
- El Director Financiero de CETARSA, también ha sido removido de su puesto por las decisiones relativas a las inversiones de los fondos de esta sociedad en Gescartera.
Tras escuchar a los comparecientes en esta Comisión de investigación, y tras analizar la documentación a ella aportada, ha quedado constatado que los contactos que motivaron las dos primeras dimisiones no influyeron en las decisiones de los miembros de la CNMV, Comisión, ni en la actuación de los órganos dependientes de la Secretaria de Estado de Hacienda, ni de la Administración Tributaria.
De todo lo conocido por la Comisión, no se desprenden hechos que indiquen que la ex Presidenta de la CNMV hiciera cualquier tipo de indicación a miembros de la CNMV o de la Administración General del Estado.
De los hechos conocidos en la Comisión se hace necesario que los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (sucesora del extinto Instituto Nacional de Industria) aclaren sus relaciones contractuales con entidades vinculadas al Grupo Gescartera. En especial parece oportuno aclarar cuáles fueron las relaciones producidas con la entidad Asesores 2000 en los años anteriores a 1996.
Además, los miembros del Gobierno no tuvieron ningún conocimiento de los hechos, ni pudieron tenerlo como consecuencia del mandato legal de autonomía e independencia de la CNMV, así como de la Agencia Tributaria en materia de inspección tributaria, habiéndose acreditado el adecuado funcionamiento de respeto a la norma de todos los responsables de las instituciones.
Ni de la documentación ni de las comparecencias se ha desprendido implicación alguna, ni directa ni indirecta, de algún miembro del Gobierno, ni de ningún otro alto cargo, en el devenir de la empresa Gescartera o de las empresas ligadas a ella. Por tanto, no existe ninguna responsabilidad política adicional.
En el informe de la Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios, se señala que el Sr. Ramallo no incurrió en incompatibilidad.
La Comisión opina que tanto en este caso como en otros anteriores, donde no se apreció tampoco incompatibilidad, se debería ser especialmente vigilante con las incompatibilidades de miembros de la CNMV en sus relaciones con los supervisados. La Comisión considera también imprescindible que el cobro de la remuneración de transición lleve aparejado una estricta observancia de la cesantía.
Se insta a las autoridades financieras para que, en virtud de los datos conocidos en esta Comisión de Investigación, y por medio de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, procedan a realizar las investigaciones pertinentes en relación con estos hechos.
Igualmente, la Comisión insta al Servicio de Inspección del Banco de España a realizar las pertinentes actuaciones en relación con la apertura de cuentas por procedimientos irregulares. Además, parece oportuno investigar más detenidamente la existencia de certificados bancarios engañosos.


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5. Otras conclusiones.


1. No se ha constatado responsabilidad política de ningún miembro del Gobierno en la presunta estafa que ha supuesto el caso Gescartera, de la que está todavía conociendo la Administración de Justicia en el proceso penal abierto contra los presuntos autores. En concreto, nadie ha podido aportar en la Comisión de Investigación ninguna declaración ni ningún documento que implique de forma directa o indirecta en el caso Gescartera ni al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, Sr. Rato, ni al Ministro de Hacienda, Sr.
Montoro.
2. Con ocasión de las comparecencias y documentos recibidos sobre el caso Gescartera, se ha podido constatar la necesidad de mejorar la actual normativa de funcionamiento interno de la CNMV, a los efectos de evitar la superposición de criterios y actuaciones de las distintas áreas de la CNMV, dado que ello ha provocado, en ocasiones, disfunciones que, además de no contribuir a generar unas buenas dinámicas de funcionamiento interno dentro de la Comisión, dificultan también un óptimo desarrollo de su función como órgano regulador que tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el Mercado de Valores.
3. Se ha constatado la necesidad de actualizar la actual regulación del Mercado de Valores con el fin de mejorar los mecanismos existentes para facilitar el control por parte de la CNMV y para asegurar que los inversores dispongan de información periódica de la existencia actualizada de los patrimonios gestionados, información que deben proporcionarles directamente las entidades bancarias en las que los mismos están depositados, además de la información que ya les deben proporcionar las propias gestoras o agencias de valores.
4. Se ha evidenciado, a raíz del caso Gescartera, que las empresas auditoras de entidades financieras no siempre consiguen reflejar en sus informes el estado contable de las empresas auditadas, ni la existencia del patrimonio realmente gestionado por las mismas. En consecuencia, se considera necesaria una actualización de la normativa aplicable a la realización de auditorías en entidades financieras, con la finalidad de incrementar las garantías y controles, evitando trasladar a la sociedad, al órgano supervisor y a los propios clientes e inversores informaciones que pueden provocar una falsa percepción del funcionamiento de estas entidades.
5. Se considera necesario que, determinadas entidades sin fines lucrativos, cuyo patrimonio, en muchas ocasiones, proviene de aportaciones y donaciones de personas físicas y jurídicas, deben extremar los criterios de selección de aquellas instituciones y productos en donde deciden invertir el dinero que gestionan sus administradores, patronatos y consejos de administración.
Concretamente, se constata que las inversiones que este tipo de entidades realizaron en Gescartera no obedecieron al necesario criterio de prudencia que debe requerirse cuando se administran patrimonios de esta naturaleza.
6. Se constata también que las inversiones realizadas en Gescartera por entidades y empresas integradas en el sector público no se han decidido con los criterios de prudencia que deben exigirse a los administradores de fondos públicos.
7. A pesar de no constituir el objeto directo de la Comisión de Investigación, se ha intentado en la misma averiguar cuál ha sido el destino final de los fondos de los clientes de Gescartera presuntamente estafados, con la finalidad también de obtener información y datos que pudieran ser de utilidad para los propios afectados y para el órgano judicial que actualmente conoce de este caso. Finalmente, se han obtenido informaciones que pueden hacer presumir que una parte de estos fondos se ha perdido al conocerse datos sobre los elevados gastos de funcionamiento interno de Gescartera, así como de la presunta disposición de fondos de los clientes de la entidad por parte de alguno de sus accionistas principales, y conocerse también el elevado riesgo asumido en determinadas inversiones a renta variable y con una evolución negativa del mercado bursátil. No obstante, lo cierto es que la Comisión de Investigación no ha podido esclarecer el paradero final de parte de los fondos de los clientes que presumiblemente pueden encontrarse en algún paraíso fiscal fuera de España.


6. Propuestas de mejora.


Los trabajos de la Comisión de Investigación permiten a ésta instar al Gobierno a que impulse la aprobación de normas para:

1. Mejorar y reglar los procedimientos internos de trabajo de la CNMV, con el objeto de que tengan una tramitación definida que deba respetarse.
2. Impulsar un estatuto orgánico de la Comisión, donde se defina la estructura interna, la distribución de competencias, el acceso del personal y el régimen de incompatibilidades.
3. Extender determinados requisitos de los administradores de entidades financieras a sus apoderados generales.
4. Revisar el régimen de publicidad de las sanciones en el sistema financiero, de modo que no quede a discreción del supervisor la decisión de difundir las sanciones.
5. Establecer mayores garantías para las sociedades gestoras de patrimonio, exigiéndoles mayores obligaciones de información, regulando la diferencia entre decisión de inversión y tenencia de valores, responsabilizando también a la entidad tenedora, incluso estableciendo la obligatoriedad de que existan sólo depósitos, vigilando con mayor profundidad la no discrecionalidad en las cuentas individualizadas.


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6. Impulsar que la inspección de servicios realice informes periódicos sobre métodos y procedimientos de todos los supervisores del Mercado Financiero.
7. Acrecentar las obligaciones de las firmas de auditoría en relación con las entidades financieras sometidas a supervisión, para impedir que se puedan emitir informes sin salvedades sobre entidades con una contabilidad defectuosa.
8. Impulsar todas las medidas, también legislativas, que refuercen las obligaciones de las entidades financieras, y permitan:

a) Elaborar estados de información en los que se detallen las principales magnitudes de la actividad de depósito de valores.
b) Comprobar que la información suministrada coincida con el inventario de clientes de la entidad.
c) Obtener el inventario de clientes, verificando su cuadre con los registros contables de la entidad.
d) Comprobar en el depósito de valores la coincidencia de las cuantías y de las estructuras de las carteras de los clientes con la información de la sociedad y los clientes.
e) Controlar que las operaciones realizadas en la gestión de la cartera lo han sido en régimen de mercado.


f) Controlar que las operaciones realizadas en la gestión de la cartera respetan las condiciones del contrato firmado por el cliente.
g) Recabar del gestor información suficiente que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones de supervisión y vigilancia.
h) Comunicar al organismo supervisor cualquier deficiencia o inexactitud detectada en la documentación de la entidad autorizada.
Para ello se deberá potenciar la colaboración entre el auditor estatutario y la CNMV, mediante la obligación de remisión por parte de esta última de cualquier incidencia detectada en el curso de su supervisión. Reuniones anuales entre CNMV y auditores externos.
i) Comprobar que las liquidaciones de valores y efectivo son realizadas en los plazos al uso.
j) Realizar un envío de estados de posición firmados conjuntamente tanto por la entidad que realiza la gestión de la cartera como por la entidad en la que se depositan los títulos que componen la cartera.
k) Establecer la obligatoriedad de que el auditor elabore un memorándum de recomendaciones: este documento será de obligatoria emisión por el auditor estatutario, siendo adicionalmente obligatorio que lo presente al Consejo de Administración, constatando en acta dicha presentación.


9. Establecer normas que permitan absoluta vigilancia cuando se constituyan depósitos de valores en entidades cuyo domicilio tenga la consideración de paraíso fiscal.


10. Establecer limitaciones o reducciones a la retribución de las entidades en cuanto a posibles excesos en la rotación de las carteras o a excesos en la suscripción de emisiones de valores diseñadas, aseguradas o colocadas por entidades pertenecientes al Grupo en el que se integran las entidades autorizadas.
11. Introducir en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria mejoras en la tramitación de los expedientes fiscales, en el ámbito de selección de contribuyentes (ajustándola a sus distintos perfiles de riesgo), profundización en la informatización de los métodos de trabajo de la investigación tributaria, reforzamiento de los mecanismos de control en las altas, bajas y reasignación de expedientes en el Plan de Inspección, potenciando la coordinación entre las distintas áreas de trabajo.
12. Fijar criterios que garanticen la solvencia de las inversiones financieras del sector público, incluso fomentando un "ranking" de entidades financieras.
13. Establecer criterios de conducta respecto a las inversiones financieras que puedan realizar determinadas entidades sin ánimo de lucro, instituciones de carácter asistencial u otras análogas.
14. Al valorar la idoneidad para autorizar como Agencia de Valores a aquellas entidades que, en su accionariado, tengan personas o se tenga constancia de comportamientos que hayan sido previamente sancionados por la CNMV como faltas graves o muy graves, estas sanciones deben considerarse expresamente. Por ello, el órgano que deba decidir la transformación en Agencia de Valores, así como los órganos que deban realizar informes preceptivos acerca de dicha autorización, deberían recibir siempre los antecedentes pormenorizados de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la CNMV en relación a las entidades acerca de las que deba emitirse informe para su ulterior transformación. De forma especial, debería conocerse la existencia de sanciones graves y muy graves impuestas a la entidad sobre la que se debe elaborar el informe, con la finalidad de que las mismas sean objeto de consideración para condicionar la emisión o no de un informe favorable a la transformación en Agencia de Valores.
15. Establecer la necesidad de que la propuesta de nombramiento del Presidente de la CNMV deba realizarse previa comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, con el objetivo de informar sobre el candidato propuesto.
16. En el marco del nuevo Reglamento que deberá regular los procedimientos y las actuaciones inspectoras dentro de la CNMV, se considera necesario incluir, entre otras medidas:

* La obligación de trasladar a los miembros del Consejo los distintos informes internos del área de supervisión que puedan contribuir a sustentar las decisiones

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que en cada caso el Consejo deba adoptar respecto a las entidades supervisadas, mejorando con ello los propios mecanismos de comunicación interna dentro de la CNMV y el conocimiento de las actuaciones de estas entidades que puedan resultar engañosas o fraudulentas.
* La introducción de parámetros técnicos objetivos, que avalen en todo momento la decisión de cambiar la fecha de referencia para comprobar la evolución de los estados contables de las entidades que supervisa la CNMV.
* El establecimiento de mecanismos que eviten que la actuación de un área pueda paralizar, de forma directa o indirecta, las actuaciones emprendidas por el responsable de otra.


17. Estimular o incentivar la autorregulación de las agencias de valores y de las sociedades gestoras de patrimonio mediante su pertenencia a asociaciones de las mismas que tengan, entre sus finalidades, la de controlar que sus comportamientos sean rigurosamente escrupulosos con la normativa del Mercado de Valores.
18. Debería contemplarse expresamente la prohibición de que las personas que han prestado sus servicios como técnicos en la CNMV puedan, sin que medie ningún período de suspensión o carencia, pasar a prestar sus servicios en entidades sobre las que ese técnico haya ejercido competencias de supervisión y control.
19. El examen de la idoneidad de los accionistas de las agencias de valores debe extenderse a todos los accionistas de la misma y la idoneidad no debe circunscribirse a la ausencia de inhabilitación especial para ser accionista.
20. Se considera necesario incrementar e intensificar los controles que realiza la CNMV cuando, de acuerdo con los criterios de supervisión, se considere adecuado realizar circularizaciones con el objeto de comprobar los fondos realmente existentes a nombre de cada cliente. Este control debe ser muy riguroso siempre y, de forma especial, cuando de las respuestas de los clientes pueda deducirse un concierto de voluntades entre los propios clientes y la entidad investigada con la finalidad de confundir al supervisor en el normal desarrollo de sus responsabilidades de inspección.
21. Se considera necesario que las aportaciones para la financiación de las contingencias que hayan de ser cubiertas por el recientemente creado Fondo General de Garantía de Inversiones puedan ser cubiertas también mediante aportaciones realizadas por los Fondos de Garantía de Depósitos y por otras fuentes alternativas de financiación que se consideren adecuadas para dicha finalidad.
22. Instar al Congreso de los Diputados para que realice una regulación detallada de las Comisiones de Investigación, de acuerdo con la experiencia manifestada en la Comisión de Investigación sobre Gescartera, dentro del Proyecto de Reglamento de la Cámara, actualmente en trámite.
23. Instar al Gobierno para que confeccione una propuesta de cambios normativos para que las sociedades de auditoría aumenten sus obligaciones para detectar desbalances, descuadres o anomalías.
24. Instar al Gobierno a impulsar, unilateralmente y en el seno de las organizaciones supraestatales de las que el Estado español forme parte, iniciativas decididas para la desaparición de los paraísos fiscales.
25. Proceder a las modificaciones normativas necesarias para que las auditorías sobre las empresas de servicios de inversión se extiendan a las carteras de valores gestionadas por las mismas y a todos aquellos aspectos que permitan conocer su real situación patrimonial y operativa bancaria.
26. Instar al Gobierno a promover los acuerdos necesarios entre la Unión Europea, sus Estados miembros, y la Confederación Helvética, para que todas las autoridades supervisoras de los distintos países tengan acceso a la información de posibles irregularidades operativas, así como para garantizar la transparencia del sistema financiero europeo.
Además, se propone:

1. Que el Presidente de la CNMV comparezca en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una vez cada período de sesiones, para presentar la Memoria Anual e informar del desarrollo de los trabajos del organismo.
2. Remitir, a través de la Mesa de la Cámara, al Ministerio Fiscal, los Diarios de Sesiones correspondientes a las comparecencias celebradas ante la Comisión, así como toda la documentación aportada por los comparecientes durante o como consecuencia de las mismas.
Todo ello para colaborar con la investigación que se está desarrollando en relación a Gescartera.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 denoviembre de 2001.


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[Página con imagen] ANEXO I

A) Relación de solicitudes de comparecencia presentadas con fecha 10 de septiembre de 2001 en relación con la Comisión de Investigacion sobre Gescartera, con expresa indicación de las celebradas y sus fechas.


COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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[Página con imagen] GESCARTERA

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[Página con imagen] GOBIERNO

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[Página con imagen] ONCE BANCO DE ESPAÑA

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[Página con imagen] IGLESIA OTRAS INSTITUCIONES

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[Página con imagen] B) Ampliación de solicitudes de comparecencia solicitadas por los Grupos Parlamentarios, con expresa indicación de las celebradas y sus fechas.


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[Página con imagen] ANEXO II

A) Documentación solicitada, con fecha 10 de septiembre de 2001, a:

- Gobierno.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores, solicitando además de la misma, al estar Gescartera, S.A. intervenida por la CNMV, diversa documentación relacionada con Gescartera.
- Asesores 2000, S.A.
- Banco de España.
- Caja Madrid.
- Generalitat Valenciana.
- Colegio de Notarios de Madrid.
- ONCE.
- D. Luis Ramallo García.
- Registro Mercantil.
- Tribunal de Cuentas.
- Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados.
- Departamento de Prensa del Congreso de los Diputados.


B) Ampliación de solicitudes de documentación, con indicación de la fecha en que se cursan:

- Gobierno.
- CNMV.
- Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
- Loewe, Hermes y Joyería Suárez.
- Junta de Extremadura.
- Deloitte and Touche.
- HSBC Bank y HSBC Investment.
- Sr. Vives.
- Sr. Alonso Ureba.
- Xunta de Galicia.
- Rector de la Universidad Complutense de Madrid.
- Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
- Joyería Suárez.
- Instituto de Contabilidad y Auditorí a de Cuentas (ICAC).
- Arzobispado de Valladolid.
- Compañía ARTAC.


A) Documentación solicitada, con fecha 10 de septiembre de 2001, a: - Gobierno: 1. Todos los informes de la CNMV dirigidos al Excmo. Sr. Ministro de Economía en relación con el Grupo Gescartera, desde 1996.
2. Informes elaborados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con GESCARTERA y sus clientes, incluidas las auditorías internas.
3. Investigaciones acometidas por la Agencia Tributaria con relación a la existencia de dinero fiscalmente no declarado gestionado por GESCARTERA.


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4. Declaraciones de renta y patrimonio de D. Antonio Camacho, D.ª Pilar Giménez-Reyna, D. José M.ª Ruiz de la Serna, D. Jaime García Morey, D. Aníbal Sardón, D. José Manuel Pichel, D. Javier Sierra de la Flor, D.ª Laura García Morey, D. Rafael de Lorenzo, D. Alberto Alonso Ureba y D. Ángel Malpartida GiménezReyna, desde el año de creación de GESCARTERA.
5. Declaración de Patrimonio y/o de Bienes de D. Enrique Giménez- Reyna, D. Francisco GiménezReyna, D. José Giménez-Reyna, D.ª Pilar Valiente, D. Luis Ramallo, D. Antonio Botella, D. Antonio Alonso Ureba, desde el año de creación de Gescartera.
6. Auditoría de la Agencia Tributaria sobre su propio funcionamiento.
7. Actuaciones inspectoras realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con las empresas del Grupo GESCARTERA.
8. Copia del expediente del Ministerio de Economía por el que se autoriza a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera su transformación en Agencia de Valores, resuelto mediante Orden del Ministerio de Economía de fecha 1 de septiembre de 2000, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información; así como toda la correspondencia cursada entre el Ministerio de Economía y GESCARTERA.
9. Documentación relativa a la inversión acordada por la Mutua de la Policía en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso la Mutua con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por la Mutua en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.
10. Documentación relativa a la inversión acordada por el Patronato Pro Huérfanos de la Guardia Civil en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso el Patronato con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por el Patronato en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.


11. Documentación relativa a la inversión realizada por el Ministerio de Defensa a través de la Armada en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso el organismo con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por el organismo en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.
12. Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de la Mutua de la Policía, Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, Ministerio de Defensa (Armada) y empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI.
13. Características y documentación del Ministerio del Interior acerca de la venta del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en la calle Zumalacárregui de San Sebastián y destino del importe de la venta.
14. Información de las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispusieron las empresas con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos de GESCARTERA.
15. Informe sobre otras inversiones realizadas en GESCARTERA por la Administración Central del Estado, organismos, empresas y entidades integrantes del sector público estatal.
16. Informes emitidos por la Dirección General de Tributos, siendo su titular el señor Giménez-Reyna, sobre el tratamiento fiscal de los premios de la ONCE.
17. Informes emitidos por la Dirección General de Tributos y por la Secretaría de Estado de Hacienda siendo su titular el señor Giménez- Reyna, sobre la regulación de la llamada lotería instantánea o cualquier otro juego de azar.
18. Documentación y correspondencia relativas a las negociaciones entre la ONCE y la Administración Central del Estado en relación con cualquier juego de azar.
19. Relación de las empresas con cualquier objeto o actividad en los que figuren o hayan figurado D. Enrique Giménez-Reyna, D. José Manuel Pichel, D. José M.ª Ruiz de la Serna y D. Luis Ramallo García como accionistas, consejeros, apoderados, administradores o asesores.
20. Informe de la Comisión para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias sobre GESCARTERA, sus socios, administradores y clientes, así como respecto de cualquier persona física o jurídica que tenga o haya tenido relación con los mismos.
21. Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación.
22. Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de la empresa Cantábrico Producciones S.L. y forma de adjudicación.
23. Informe del Ministro de Trabajo, como Presidente del Protectorado estatal de la ONCE, relativo a las inversiones de la ONCE y Fundación GESCARTERA.
24. Contratos que consten en las Administraciones Públicas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto

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Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público.
25. Diligencias informativas y expediente, incluidos todos los documentos internos, realizados por el Ministerio de Administraciones Públicas en torno a la situación de don Luis Ramallo en aplicación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
26. Informe que ha realizado el ICAC acerca de la Auditoría de Deloitte and Touche sobre GESCARTERA.
27. Conclusiones de la Auditoría interna realizada por la Agencia Tributaria sobre la actuación llevada a cabo por D. Enrique Giménez- Reyna en relación con el caso GESCARTERA.
28. Informe de Auditoría del Servicio de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda sobre el caso GESCARTERA.
29. Documentos de declaración de trabajadores por cuenta ajena de GESCARTERA y sociedades filiales, (TC1) de los tres últimos años.
30. Aportaciones de fondos públicos a la Iglesia Católica recibidos en los últimos tres años detallando todos los movimientos habidos.
31. Informe presentado al Ministro de Economía por la Presidenta de la CNMV tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados en relación con GESCARTERA del pasado 2 de agosto de 2001.
32. Informe sobre cooperación internacional de modelos de supervisión de los mercados financieros.
33. Informe sobre estándares internacionales sobre supervisión del mercado de seguros.
34. Informe sobre comparación internacional sobre supervisión del mercado de seguros.
35. Acta del órgano de dirección de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil en la que se decidió la inversión en GESCARTERA.
36. Declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y de Patrimonio de todos y cada uno de los miembros de los Consejos de Administración, accionistas y administradores de Bolsaconsulting, GESCARTERA y sus sociedades filiales desde la creación de cada una de ellas.
37. Instrucciones dictadas por el Secretario de Estado de Hacienda desde 1992 sobre medidas de control tributario.
38. Escritos de petición de información del Protectorado de Fundaciones y de la ONCE de agosto de 2001, así como de los Patronos designados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como los escritos e informes de contestación a los mismos.
39. Programa Director de Control Tributario 1999-2003.
40. Plan General de Control Tributario 2000-2001.
41. Declaraciones fiscales remitidas al Juzgado sobre los clientes de la empresa GESCARTERA y sus filiales.
42. Investigación del Ministerio de Administraciones Públicas sobre actuaciones relacionadas con GESCARTERA 43. Modelo 198. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios de GESCARTERA y sus filiales, en su caso, desde 1998.
44. Plan de Acción de servicios financieros [Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 COM (1999) 232].
45. Informe Lanfalussy (Informe del "Comité de Sabios").
46. Decisión de la Comisión 2001/527/CE, de 6 de junio de 2001, por la que se crea el Comité de Responsables europeo de reglamentación de valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el número C (2001) 1501].
47. Decisión de la Comisión 2001/528/CE, de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité Europeo de Valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el número C (2001) 1493].
48. Declaraciones tributarias presentadas desde el año 1992 por las mencionadas sociedades de cartera, agencias de valores y la ONCE.
49. Información fiscal que obre en poder de la Agencia Tributaria en relación con la ONCE.
50. Informe de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda sobre el caso GESCARTERA.
51. Informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre las Empresa o Empresas Auditoras de Bolsaconsulting y GESCARTERA.
52. Instrucciones o normativa sobre auditoría de sociedades y agencias de valores y gestoras de patrimonio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
53. Reglamento de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil.
54. Inventario detallado y valorado de los bienes, propiedades e inversiones, de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil.
55. Expediente elaborado por el Estado Mayor de la Armada sobre las inversiones del Servicio de la Seguridad de la Armada en la Sociedad GESCARTERA.
56. Estatuto del Servicio de Seguridad Social de la Armada.
57. Composición del Consejo de Dirección y componentes desde 1999 del Servicio de Seguridad Social de la Armada.


- Comisión Nacional del Mercado de Valores:

1. Expediente completo de Bolsaconsulting y GESCARTERA, y sus sociedades filiales desde su constitución hasta la fecha obrantes en la CNMV y en los Registros Mercantiles.
2. Actas y Expedientes del Consejo de la CNMV relacionadas con Bolsaconsulting y GESCARTERA y de todas sus sociedades filiales.


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3. Copia de los documentos en los que se contengan las actuaciones de supervisión e inspección realizadas por la CNMV a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera, desde su constitución en 1992 hasta su transformación en Agencia de Valores, con toda la documentación interna utilizada en las mismas.
4. Copia de los documentos en los que se contengan las actuaciones de supervisión e inspección realizadas por la CNMV a GESCARTERA Agencia de Valores desde su constitución, con toda la documentación interna utilizada en las mismas.
5. Copia de todos y cada uno de los expedientes sancionadores incoados por la CNMV a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera desde su constitución en 1992, incluyendo los pliegos de cargo y las actas de las reuniones del Consejo de la CNMV así como la documentación interna utilizada en los mismos.
6. Copia de los expedientes sancionadores, si los hubiere, incoados por la CNMV a GESCARTERA Agencia de Valores, incluyendo los pliegos de cargo y las actas de las reuniones del Consejo de la CNMV, así como la documentación interna utilizada en los mismos.
7. Expedientes sancionadores que han concluido con imposición de sanción por falta grave o muy grave a cualesquiera Sociedades de Cartera y Agencias o Sociedades de Valores.
8. Relación de empresas de servicios de inversión que, sancionadas por falta grave o muy grave, hayan sido autorizadas con posterioridad como Agencias o Sociedades de Valores.
9. Copia de los informes de auditoría, ordinarios, especiales y confidenciales referidos a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de GESCARTERA, correspondientes a los ejercicios de 1992 y posteriores hasta su transformación en Agencia de Valores.
10. Copia de los informes de auditoría, ordinarios, especiales y confidenciales referidos a GESCARTERA Agencia de Valores, desde su constitución como Agencia de Valores.
11. Expediente de solicitud de transformación en Agencia de Valores formulada por GESCARTERA en 1997.
12. Copia de todas las notas, comunicados y correspondencia mantenida entre la CNMV y GESCARTERA o con sus empresas participadas o relacionadas, desde 1992.
13. Copia del expediente completo por el que se autoriza a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de GESCARTERA su transformación en Agencia de Valores, desde su inicio hasta su aprobación por el Consejo de la CNMV el 13 de julio de 2000 incluyendo los documentos relativos a los trámites posteriores de información por el Comité Consultivo de la CNMV y el expediente que se envía al Ministerio de Economía para su autorización definitiva, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información utilizados para la redacción de la referida autorización.
A dicho expediente se acompañarán todas las actas de las reuniones y deliberaciones del Consejo de la CNMV y del Comité Consultivo de la CNMV en los que se trató sobre este asunto. Se requiere asimismo copia autorizada de la escritura de transformación de GESCARTERA en Sociedad de Valores.
14. Copia del expediente por el que se autoriza a GESCARTERA Sociedad Gestora de Cartera su inscripción en el Registro de la CNMV como Agencia de Valores, resuelto mediante decisión del órgano competente de la CNMV el 6 de febrero de 2001, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información.
15. Todos los informes de la CNMV dirigidos al Excmo. Sr. Ministro de Economía en relación con el Grupo GESCARTERA, desde 1996.
16. Copia de los escritos en los que por parte de GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera se notifica a la CNMV, a partir de 1992, los cambios en la composición de los órganos de gobierno y apoderados de dicha entidad.
17. Actas, notas y demás documentos internos del Consejo y de la Comisión Consultiva de la CNMV donde, por cualquier motivo, se hayan tratado asuntos relacionados con GESCARTERA.
18. Expediente sancionador completo, incluidos antecedentes e informes internos, abierto por la CNMV a la sociedad Bolsa Consulting.
19. Documento de trabajo elaborado en 1999 por D. David Vives en relación con la empresa GESCARTERA.
20. Escrito dirigido al Director de Supervisión, don David Vives, relevándole en sus responsabilidades como Supervisor de GESCARTERA.
21. Escrito encomendando la supervisión de GESCARTERA a don Antonio Botella, Director de la Unidad de Vigilancia de Mercados.
22. Informes emitidos por los Servicios Jurídicos de la CNMV con relación a la visita de supervisión a GESCARTERA en 1998-1999, e informe presentado al Consejo de la CNMV.
23. Informe y acta de la reunión celebrada en la CNMV el 30 de marzo de 1999, entre la sección de la Inspección de la CNMV y representantes de GESCARTERA.


24. Diligencias realizadas por las Direcciones de Supervisión e Inspección acerca de la inversión realizada en GESCARTERA por el Obispado de Valladolid.
25. Relación de las operaciones realizadas en el Mercado de Valores y de Deuda por las empresas del Grupo GESCARTERA a partir de 1999 y controles realizados por la CNMV.
26. Informe de la CNMV sobre su obligación de registro de las operaciones y de verificación de realidad de las mismas que GESCARTERA decía efectuar.
27. Operaciones realizadas, cantidades e importe de las mismas, así como precios de compra y venta delas acciones de las sociedades SNIACE y

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RADIOTRÓNICA efectuadas, en su momento, por las empresas vinculadas al Grupo GESCARTERA o Bolsa Consulting.
28. Información sobre si Caja Madrid comunicó a la CNMV, verbalmente o por escrito, el hecho de haber tenido conocimiento del intento de falsificación del sello de la entidad.
29. Informe realizado por la CNMV en relación a las inspecciones practicadas en su día por los señores Ruiz de la Serna y Alcaraz en relación con GESCARTERA.


30. Documentación emitida por las empresas del Grupo GESCARTERA o AGP ofreciendo inversiones en los llamados Fondos Estructurados y condiciones de los mismos.
31. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la ONCE desde Enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
32. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la Fundación ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
33. Carta del 2 de febrero de 2001 de D. José María Ruiz de la Serna a D. Juan Carlos Basallote Ureba reconociendo que "no existe voluntad ninguna por parte de la Fundación de entrar en GESCARTERA".
34. Carta de 31 de enero de 2001 de D. Juan Carlos Basallote Ureba a D. José María Ruiz de la Serna sobre la entrada de la Fundación ONCE en GESCARTERA.
35. Información sobre aquellos hechos o datos que llevaron a la CNMV a adoptar la decisión de intervenir GESCARTERA.
36. Informe elevado al Consejo de la CNMV que sirvió de base a la Comisión para adoptar la decisión de intervención.
37. Acta de la reunión del Consejo en que se acordó la intervención de GESCARTERA y otras decisiones complementarias.
38. Comunicación a la Fiscalía denunciando los hechos acaecidos en GESCARTERA.
39. Denuncia formulada a la Audiencia Nacional por parte de la CNMV y con relación a GESCARTERA.


40. Copia del Acuerdo y de las deliberaciones del Consejo de la CNMV por el que se aprueba el Código de Conducta para sus miembros.
41. Fechas y asistentes a las reuniones, comidas y encuentros de todo tipo mantenidos por la Presidenta de la CNMV y personas relacionadas con GESCARTERA.


42. Posibles regalos recibidos por doña Pilar Valiente de don Luis Ramallo tras su cese como Vicepresidente de la CNMV.
43. Expediente sancionador completo, incluidos antecedentes y documentos internos, incoado por la CNMV a la Agencia de Valores SEFISUR.
44. Relación de las empresas de servicios de inversión en las que figura o ha figurado D. Enrique Giménez-Reyna como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor.
45. Documentación acreditativa de la participación accionarial de la ONCE o Fundación ONCE en GESCARTERA.
46. Informes y notas emitidas desde el 1 de enero de 1995 por los Consejeros de la CNMV que asistieron desde esa fecha a las reuniones del Consejo de la CNMV, dirigidas a sus Ministerios u organismos respectivos sobre lo tratado en la CNMV.
47. Informe sobre todas las actuaciones como notario de don Luis Ramallo en relación a cualesquiera empresas de servicios de inversión.
48. Informe de las auditorías de Deloitte and Touche realizadas sobre GESCARTERA referentes a los ejercicios de 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000, así como explicación detallada de los procedimientos empleados para realizar las mismas.
49. Contratos, protocolos y acuerdos suscritos entre GESCARTERA o cualquiera de sus filiales y el banco Hong Kong and Sangai Bank Corporation (HSBC) ya sea directa o indirectamente a través de alguna entidad intermediaria.
50. Informe especial de análisis de la situación de los recursos propios consolidados del grupo GESCARTERA a 30 de septiembre de 2000.
51. Relación de Sociedades y Agencia de Valores que han intervenido en las distintas operaciones protagonizadas por GESCARTERA o alguna de sus filiales, en su caso.
52. Informes de inspección de la CNMV que han fundamentado otras intervenciones de empresas, y sanciones a otras sociedades de cartera o Agencias de Valores desde la creación de la Comisión hasta la fecha.
53. Memorias anuales de reclamaciones a la CNMV desde su creación.
54. Información financiera periódica publicada por la CNMV sobre entidades de supervisión y entidades emisoras, desde su fundación .
55. Informes Anuales de la CNMV desde su creación.


56. Memorias Anuales de la CNMV desde su creación.


57. Guía de la CNMV sobre Instituciones de Inversión Colectiva.
58. Informe del auditor o auditores legales de Bolsaconsulting, GESCARTERA y sus sociedades filiales desde su creación.


- Dado que GESCARTERA S.A. está intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y considerando que los interventores tienen acceso a todos los documentos de GESCARTERA, S.A., se solicita también de la CNMV:

1. Datos bancarios de las relaciones del Grupo GESCARTERA, o de sus propietarios, administradores

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y directivos, con la Caixa, Banco Zaragozano, Caja Madrid, Deutsche Bank, HSBC y cualquier otra entidad de crédito española o extranjera, con detalle de cada operación y expresión de nombres completos, domicilios y NIF. Listado de entidades financieras con las que ha mantenido relación esporádica o permanente GESCARTERA y sus sociedades filiales.
2. Factura del cuadro del pintor D. José Vega Osorio que D. Luis Ramallo envió a D. Antonio Rafael Camacho.
3. Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en LOEWE, HERMES, Joyería Suárez o cualesquiera otras empresas, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan.
4. Listado de clientes vinculados a las empresas del Grupo GESCARTERA y a la empresa AGP, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF, con especificación de aquellos que lo eran también antes del año 1996; cantidades invertidas por cada uno de ellos.
5. Listado de accionistas y porcentaje correspondiente en cada caso de las diferentes empresas del grupo GESCARTERA, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF.
6. Listado de los llamados clientes especiales de las empresas del Grupo GESCARTERA y de la sociedad AGP, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF y cantidades invertidas por cada uno de ellos.
7. Listado de clientes de las empresas del Grupo GESCARTERA que han presentado reclamación ante dicha Sociedad o ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con expresión de la fecha, importe de las mismas, nombre completo, domicilio y NIF.
8. Listado de clientes que han retirado su inversión en GESCARTERA desde 1998 hasta hoy, con expresión de la fecha, cuantía, nombre completo, domicilio y NIF.
9. Informe sobre el volumen de recursos captados por GESCARTERA en 1998, 1999, 2000, principios de 2001 y a junio de 2001.
10. Documentación sobre las relaciones de Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory y Franlou con el Grupo GESCARTERA, S.A. Camacho y D.ª Pilar Giménez Reyna.
11. Todos los faxes enviados desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a GESCARTERA.
12. Relación de proveedores de GESCARTERA desde su fundación.
13. Listado de trabajadores de GESCARTERA que incluya fijos y temporales; así como los comerciales que trabajan o hayan trabajado para la empresa. Altas, bajas y currículum de cada empleado de los últimos cuatro años.
14. Organigrama de GESCARTERA y de cada una de sus empresas filiales.
15. Listado de entidades financieras con las que ha mantenido relación permanente o esporádica GESCARTERA y cada una de las sociedades filiales.
16. Certificación del órgano de administración de Asesores 2000 de las relaciones administrativas, financieras y contables mantenidas con GESCARTERA o sus sociedades filiales.


- Asesores 2000, S.A.:

1. Organigrama de la Sociedad Asesores 2000, S.A.
2. Certificación del órgano de administración de Asesores 2000 de las relaciones administrativas, financieras y contables mantenidas con GESCARTERA o sus sociedades filiales.


- Banco de España:

1. Documentación disponible sobre movimientos -con detalle de ordenante, origen y destino de ingresos y pagos- y firmas autorizadas en las cuentas de D. Antonio Camacho Friaza en EGB Bank Group de Suiza, en la sociedad Beta Capital Investment de Miami y en la sociedad Wilow en Gran Caiman.
2. Informes del Banco de España en relación con las sociedades del Grupo GESCARTERA.
3. Informe del Banco de España sobre las relaciones económicas y financieras entre el Banco HSBC con las empresas del Grupo GESCARTERA o con algunos de sus socios.


- Caja Madrid:

1. Copia de la denuncia interpuesta por Caja Madrid con relación al intento de falsificación del sello de la entidad por GESCARTERA.
2. Información sobre si Caja Madrid comunicó a la CNMV, verbalmente o por escrito, el hecho de haber tenido conocimiento del intento de falsificación del sello de la entidad.


- Generalitat Valenciana:

- Informe sobre las funciones potestades, retribuciones dinerarias o en especie y uso de bienes públicos, así como informes que haya realizado D. Jaime García Morey como asesor del Presidente de la Generalitat Valenciana.


- Colegio de Notarios de Madrid:

1. Modelo 198. Declaración anual de operacionescon activos financieros y otros valores mobiliarios de

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D. Luis Ramallo desde su incorporación al ejercicio notarial tras el cese de su cargo en la CNMV.
2. Relación de Índices mensuales de operaciones (poderes, fusiones, etc.) remitidos por el Sr. Luis Ramallo al Colegio Notarial de Madrid desde su incorporación al ejercicio notarial tras el cese de su cargo en la CNMV.


- ONCE:

1. Carta del 2 de febrero de 2001 de D. José María Ruiz de la Serna a D. Juan Carlos Basallote Ureba reconociendo que "no existe voluntad ninguna por parte de la Fundación de entrar en GESCARTERA".
2. Carta de 31 de enero de 2001 de D. Juan Carlos Basallote Ureba a D. José María Ruiz de la Serna sobre la entrada de la Fundación ONCE en GESCARTERA.
3. Informe interno elaborado por la ONCE en relación a su participación en el capital de las empresas del Grupo GESCARTERA, e inversiones hechas en el mismo; así como la documentación relativa a las relaciones con la CNMV y Ministerio de Economía a propósito de GESCARTERA.
4. Informe interno elaborado por la Fundación ONCE en relación a su participación en el capital de las empresas del Grupo GESCARTERA, e inversiones hechas en el mismo; así como la documentación relativa a las relaciones con la CNMV y Ministerio de Economía a propósito de GESCARTERA.
5. Auditorías de Arthur Andersen sobre la ONCE y Fundación ONCE desde 1999.
6. Documentación acreditativa de la participación accionarial de la ONCE o Fundación ONCE en GESCARTERA.


7. Documento acreditativo de la orden dada a D. José Manuel Pichel por la Dirección de la ONCE en noviembre de 2000 de retirar la inversión en GESCARTERA.


8. Todos los faxes enviados por la Fundación ONCE a GESCARTERA exigiendo recuperar el dinero invertido por la Fundación.
9. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
10. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la Fundación ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
11. Memorias, liquidaciones de presupuestos anuales, informe y cuentas anuales de la ONCE desde 1992 hasta la fecha.


-D. Luis Ramallo García:

1. Factura del cuadro del pintor D. José Vega Osorio que D. Luis Ramallo envió a D. Antonio Rafael Camacho.
2. Informe sobre todas las actuaciones como notario de don Luis Ramallo en relación a cualesquiera empresas de servicios de inversión.
- Registro Mercantil:

1. Relación de las empresas con cualquier objeto o actividad en los que figuren o hayan figurado D. Enrique Giménez-Reyna, D. José Manuel Pichel, D. José María Ruiz de la Serna y D. Luis Ramallo como accionistas, consejeros, apoderados, administradores o asesores.


2. Organigrama de la Sociedad Asesores 2000, S.A.
3. Historia registral de Asesores 2000 S.A. obrante en el Registro Mercantil.


- Tribunal de Cuentas:

1. Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación.
2. Contratos que consten en el Tribunal de Cuentas u organismos de control externo de las Comunidades Autónomas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público.


- Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados:

1. Normativa completa de la regulación del mercado de valores en España.
2. Regulación, debidamente traducida, de los mecanismos de control y supervisión del mercado de valores en los países de la UE.
3. Normativa completa de la regulación de las incompatibilidades de los altos cargos.
4. Procedimiento de inspección en materia de seguro (Ley 30/1995 y desarrollo reglamentario de Ordenación del Mercado de Seguros).
5. Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (modificada por Ley 37/1998, de 16 de noviembre).
6. Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión.


7. Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores.
8. Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores.
9. Orden de 28 de julio de 1989, sobre el coeficiente de solvencia y de liquidez de Sociedades y Agencias de Valores.


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10. Circular 6/1990, de 28 de noviembre, de la CNMV, sobre coeficiente de solvencia y liquidez de las Sociedades y Agencias de Valores.
11. Circular 5/1998, de 4 de noviembre, de la CNMV, sobre representantes de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Cartera.
12. Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrollo la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades Financieras.
13. Orden de 29 de diciembre de 1992, sobre Recursos Propios y supervisión en base consolidada de las Sociedades y Agencias de Valores y sus grupos.
14. Circular 6/1992, de 30 de diciembre, de la CNMV, sobre exigencia de recursos propios de Sociedades de Agencias de Valores y sus grupos consolidables.
15. Orden de 26 de julio de 1989 por la que se desarrolla el artículo 86 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
16. Circular 5/1989, de 25 de octubre, de la CNMV sobre comunicación y difusión de informaciones relativas a las Sociedades y Agencias de Valores.
17. Circular 9/1989, de 20 de diciembre, de la CNMV, sobre auditorías de Sociedades y Agencias de Valores.
18. Circular 5/1990, de 3 de marzo, de la CNMV, sobre normas contables, modelos reservados y públicos de los estados financieros y cuentas anuales de carácter público de las Sociedades y Agencias de Valores.
19. Circular 1/1993, de 3 de marzo, de la CNMV, sobre normas contables de consolidación aplicables a los grupos y subgrupos de Sociedades y Agencias de Valores.
20. Circular 1/1995, de 14 de junio, de la CNMV, sobre normas contables y obligaciones adicionales de registro y de información de quebrantos de negociación de determinadas Agencias de Valores.
21. Circular 1/1998, de 10 de junio, de la CNMV, sobre sistemas internos de control, seguimiento y evaluación continuada de riesgos.
22. Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y registros obligatorios.
23. Orden de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y registros obligatorios.
24. Orden de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del Código General de Conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión.
25. Circular 3/1993, de 29 de diciembre, de la CNMV sobre registro de operaciones y archivo de justificante de órdenes.
26. Circular 1/1996, de 27 de marzo, de la CNMV, sobre normas de actuación, transparencia e identificación de los clientes en las operaciones del Mercado de Valores.


27. Circular 2/2000, de 30 de mayo, de la CNMV, sobre modelos normalizados de contratos, tipos de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión y otros desarrollos de la Orden de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del Código General de Conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión.
28. Ley 26/1998, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
29. Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sobre el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
30. Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
31. Directiva 89/592/CEE del Consejo de 13 de noviembre de 1989, sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información privilegiada.


32. Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables.
33. Directiva 93/6/CEE del Consejo de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito.
34. Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores.
35. Plan de Acción de servicios financieros [Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 COM (1999) 232].
36. Informe Lanfalussy (Informe del "Comité de Sabios").
37. Decisión de la Comisión 2001/527/CE, de 6 de junio de 2001, por la que se crea el Comité de Responsables europeo de reglamentación de valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el número C (2001) 1501].
38. Decisión de la Comisión 2001/528/CE, de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité Europeo de Valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el número C (2001) 1493].
39. Normativa fiscal aprobada desde 1998 que afecte a sociedades de cartera, agencia de valores y Organización Naciones de Ciegos Españoles (Leyes, Decretos-Leyes, Reales Decretos, Reglamentos, Ordenes Ministeriales, etc.) que afecta a impuestos concretos, tratamiento de sociedades, fundaciones y otras entidades.
40. Reglamento de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil.


- Departamento de Prensa del Congreso de los Diputados:

1. Transcripción de las declaraciones completas del Ecónomo del Arzobispado de Valladolid, a la Cadena Ser.


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2. Dossier de prensa completo sobre el asunto GESCARTERA y sobre los trabajos de la Comisión de Investigación.


B) Ampliación de solicitudes de documentación con indicación de la fecha en que se cursan:

Al Gobierno:

Con fecha 14 de septiembre de 2001:

- Informe elaborado por la Agencia Estatal Tributaria sobre inversiones de la Agencia de Valores GESCARTERA en las que se revela según diversos medios de comunicación, que D.ª Pilar Giménez-Reyna, figura con unas inversiones en diversas operaciones próximas a los 1.500 millones de pesetas.
- Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo GESCARTERA.
- Copia del expediente abierto por el Ministerio del Interior al Coronel de la Guardia Civil, D. José Giménez-Reyna.


Con fecha 18 de septiembre de 2001:

- Agenda oficial de visitas en su despacho oficial de D. Enrique Giménez-Reyna.
- Documentación de la Agencia Tributaria sobre inversiones de D.ª Pilar Giménez-Reyna.
- Certificación de los abonos en concepto de IVA efectuados por D.
José Vega Ossorio, con NIF 5.558.408-Z, correspondientes al segundo trimestre del año 2001.


Con fecha 19 de septiembre de 2001:

- Todas las notas informativas que se mandan a la Presidencia del Gobierno desde el Ministerio de Hacienda, desde mediados de julio de 2001, momento en el que comienza el tema GESCARTERA.


Con fecha 20 de septiembre de 2001:

- Todas las declaraciones anuales de operaciones con terceros (modelo 347) de D. Enrique GiménezReyna y de Zurdo Giménez-Reyna Consultores, Sociedad Comanditaria por acciones.
- Todos los accesos informáticos, con identificación de usuarios, a la información fiscal de GESCARTERA y en particular del Grupo desde 1999.
- Declaraciones de Actividad y de Bienes de D. Enrique Giménez-Reyna y de D.ª Pilar Valiente, depositadas en el Ministerio de Administraciones Públicas.


- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de D. Enrique Giménez-Reyna.


Con fecha 28 de septiembre de 2001:

- Informes realizados por Inspecciones de Servicios Ministeriales, de los Ministerios de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, desde junio de 2001, en relación con altos cargos o ex altos cargos de dichos Ministerios que hayan sido o sean citados a comparecer ante la Comisión de Investigación.


Con fecha 2 de octubre de 2001:

- Actualización del expediente gubernativo seguido contra el Coronel D. José Giménez-Reyna Rodríguez, a medida que avancen los actos procedimentales.


Con fecha 9 de octubre de 2001:

- Comunicaciones internas e informes que los cinco Ministerios implicados en el caso GESCARTERA, han remitido a Presidencia de Gobierno, desde que estalló este escándalo en el mes de junio de 2001.
- A través de la Dirección General de la Guardia Civil: declaración escrita del general de brigada D. Antonio Blanes García sobre el expediente gubernativo 138/01.
- Del Ministerio de Hacienda: información de carácter fiscal relacionada con GESCARTERA, que se halle en poder del Ministro de Hacienda.
- Toda la documentación que obre en poder de la AEAT sobre la inspección fiscal abierta a GESCARTERA en marzo de 1998, con manifestación expresa de quién dio la orden de que la investigación se interrumpiera y de las causas que se adujeron para ello.


Con fecha 10 de octubre de 2001:

- Documentación relativa a la investigación fiscal que la Agencia Tributaria abrió en marzo de 1998 a GESCARTERA y a las personas que canalizaban la inversión a través de esta empresa y sus sociedades y que al parecer se canceló o dejó inconclusa a los pocos días de abrirse.
- Al amparo de lo que establece el Real DecretoLey 5/1994, se requiere con carácter urgente la remisión de todos los datos relativos a Altos Cargos o ex Altos Cargos de la Administración concernidos por alguna de las 536 actuaciones a que se refiere el Informe de la Agencia Tributaria, remitido en el día de ayer, y que titula "Informe dirigido a la Comisión Parlamentaria de GESCARTERA sobre actuaciones de la AEAT relacionadas con GESCARTERA Dinero AV S.
A. y su entorno más próximo", o en su caso, certificación de la AEAT de que no hay ningún Alto Cargo o ex Alto Cargo concernido por ninguna de las 536 actuaciones.
- Descripción de las consecuencias que han tenido las 536 actuaciones referidas en el punto anterior en lo atinente a actas, conceptos tributarios y cuantías.


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- De las cuatro actuaciones significativas a que se refiere el Informe de la AEAT, explicación detallada del procedimiento.
Especificando los conceptos tributarios a que se refieren las actuaciones, el importe de la deuda tributaria y las incidencias de todo tipo del expediente.


Con fecha 17 de octubre de 2001:

- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria:

* Acuerdos de inclusión en el Plan de Inspección y, en su caso, acuerdos sobre el alcance de las actuaciones a realizar (con inclusión de los responsables).
* Requerimientos.
* Citaciones.
* Diligencias realizadas por los actuarios e informes, en su caso.
* Acuerdos sobre la paralización de las actuaciones.
* Acuerdos de baja en el Plan de Inspección.
* Todos los Informes, todas las actas y todos los documentos sobre las actuaciones realizadas.
* Relación de actuarios y en su caso de los inspectores jefe de los equipos que han actuado.
* Acuerdos de remisión de actuaciones a la correspondiente Delegación Territorial, si las hubiere.


Todo ello con la omisión de los estrictos datos personales, para garantizar que se preserva la confidencialidad o el secreto fiscal.


- Los expedientes planteados a las propuestas de sanción a GESCARTERA o a cualquier otra entidad de valores planteadas como recursos administrativos y que obran en el Ministerio de Economía.
- Informe de la Inspección de los Servicios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda sobre don Enrique Giménez-Reyna, ordenado por el Ministro D. Cristóbal Montoro.
- Del Ministerio de Defensa la identificación de los militares implicados en el dispositivo de seguridad de GESCARTERA.


Con fecha 24 de octubre de 2001:

- Al Ministerio del Interior: la identificación de los guardias civiles en situación de reserva o de baja total o parcial que hayan formado parte del dispositivo de seguridad de GESCARTERA.


A la CNMV:

Con fecha 18 de septiembre de 2001:

- Agenda oficial de visitas de D.ª Pilar Valiente en su despacho de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Con fecha 9 de octubre de 2001:

- Expedientes de sanción de GESCARTERA que se hayan tramitado por la CNMV, incluyendo las alegaciones que en cada caso se hayan presentado.
- Informe de la Auditoría Deloitte & Touche sobre GESCARTERA correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000, y si fuera posible, estando intervenida GESCARTERA por esa Comisión, los "documentos de trabajo" que pudieron servir a esa Auditoría para realizar su informe.
- Documentos repartidos en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores celebrado el día 17 de junio de 1999 y que fue explicitada por el consejero D. José Manuel Barberán, según consta en el acta de la sesión del mencionado día.


Al Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional:

Con fecha 18 de septiembre de 2001:

- Copia del dietario o agenda de D.ª Pilar Giménez- Reyna

Con fecha 20 de septiembre de 2001:

- Copia de los testimonios de todas las declaraciones de D.ª Pilar Giménez-Reyna.


A LOEWE, HERMES y Joyería Suárez:

Con fecha 18 de septiembre de 2001:

- Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en LOEWE, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan.
- Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en HERMES, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan.
- Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en Joyería Suárez, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan.


A la Junta de Extremadura:

Con fecha 1 de octubre de 2001:

- Documentación que acredite sus aseveraciones sobre la existencia de financiación ilegal del Partido Popular con el caso GESCARTERA.


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A Deloitte and Touche:

Con fecha 27 de septiembre de 2001:

-"Papeles de trabajo" que soportan la opinión de la auditoría de GESCARTERA correspondiente a los ejercicios de 1999 y 2000.


A HSBC Bank y HSBC Invesment:

Con fecha 27 de septiembre de 2001:

- Relación de empresas con las que tienen, o han tenido, contratados servicios de comunicación e imagen.


Con fecha 10 de octubre de 2001:

- Relación de créditos concedidos por HSBC a entidades o sociedades participadas en cualquier proporción por el Estado, las Comunidades Autonómicas o los Ayuntamientos, con expresión de la cuantía y condiciones del préstamo.


A D. David Vives durante su comparecencia del día 26 de septiembre de 2001:

Con fecha 27 de septiembre de 2001:

- Pruebas documentales para mantener las aseveraciones que hizo durante su comparecencia.


A D. Antonio Jesús Alonso Ureba:

Con fecha 27 de septiembre de 2001:

- Pruebas documentales a las que alude en su carta dirigida al Presidente de la Comisión de Investigación sobre GESCARTERA.


A la Xunta de Galicia:

Con fecha 10 de octubre de 2001:

- Copia de la carta que D. Jaime García Morey envió al Presidente de la Xunta de Galicia con motivo de su nombramiento como directivo de GESCARTERA.


Al Rector de la Universidad Complutense de Madrid:

Con fecha 3 de octubre de 2001:

- Certificación por la Universidad Complutense de Madrid del título de Licenciado en Derecho o, en su caso, expediente académico, de D.
Antonio Rafael Camacho Friaza.


Al Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas:

Con fecha 10 de octubre de 2001:

- Identificación del vuelo en que D. Antonio Rafael Camacho Friaza, D. José Giménez-Reyna Rodríguez y D. Ángel Malpartida viajaron el 23 de mayo de 2000 hasta París, el nombre de la compañía en que viajaron, el número de pasajeros que tomaron el vuelo y sus nombres y apellidos.


A la Joyería Suárez:

Con fecha 9 de octubre de 2001:

- De la Joyería Suárez: Marca y número de serie de todos los relojes adquiridos por D. Antonio Camacho Friaza.


Al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC):

Con fecha 11 de octubre de 2001:

- Toda la documentación remitida a ese Instituto por la razón auditora Deloitte & Touche que fundamenta la opinión e informe de la auditoría sobre GESCARTERA correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000 para que ese organismo determinara si su trabajo en la agencia de valores cumplió la legalidad.


Al Arzobispado de Valladolid:

Con fecha 24 de octubre de 2001:

* Contabilidad del Arzobispado de 1996 al 2000 (ambos inclusive).
* Documentos de naturaleza fiscal que haya presentado el arzobispado en el mismo período.
* Contratos suscritos para la gestión de su cuenta de valores con GESCARTERA.
* Documentación acreditativa de la transferencia de Fondos por parte del arzobispado a GESCARTERA para su inversión en el Mercado de Valores.
* Comunicaciones recibidas en el arzobispado, proveniente de GESCARTERA, sobre situación de su Cartera de Valores.
* Toda la documentación relativa a la devolución de las cantidades invertidas en GESCARTERA.
* Número de cuentas con identificación de las entidades bancarias de las que salieron los fondos para su inversión en GESCARTERA y donde se depositaron, luego, las desinversiones.


A la Compañía ARTAC:

Con fecha 24 de octubre de 2001:

- Identificación de los 13 pasajeros que utilizaron el vuelo de la Compañía ARTAC, AVS-400, matrícula EC-GJM, el 23 de mayo de 2000, con salida 21:40 h (hora local).


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ANEXO III

A) Documentación recibida:

Documentación remitida por el Gobierno:

Con fecha 14 de septiembre de 2001:

- Programa Director del Control Tributario 1999- 2002.
- Plan General de Control Tributario 2000-2001.
- Recopilación de disposiciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (febrero de 2001).
- Informe sobre cooperación internacional de modelos de supervisión de los mercados financieros. Informes "Borwer".
- Plan de acción de servicios financieros [Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 COM (1999) 232].
- Informe Lanfalussy (Informe del "Comité de Sabios").
- Decisión de la Comisión 2001/527/CE de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité de Responsables europeo de reglamentación de valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el n.º C (2001) 1501].
- Decisión de la Comisión 2001/528/CE de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité Europeo de Valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [Notificada con el n.º C (2001) 1493].
- Informe sobre estándares internacionales de supervisión del mercado de seguros. Adjunto se incluye informe sobre el procedimiento de supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
- Informe sobre comparación internacional sobre supervisión del mercado de seguros.


Con fecha 18 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Documentación relativa a la inversión acordada por la Mutua de la Policía en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso la Mutua con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por la Mutua en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.
- Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de la Mutua de la Policía.


2) Remitida por la CNMV:

- Copia de los informes de auditoría, ordinarios, especiales y confidenciales referidos a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de GESCARTERA, correspondientes a los ejercicios de 1992 y posteriores hasta su transformación en Agencia de Valores.
- Copia de los informes de auditoría, ordinarios, especiales y confidenciales referidos a GESCARTERA Agencia de Valores, desde su constitución como Agencia de Valores. (Se comunica que al haberse inscrito la Sociedad en el Registro de Agenciade Valores en febrero de 2001, a esta fecha no ha terminado el ejercicio económico del año 2001 y por lo tanto no consta auditoría alguna como Agencia de Valores).
- Expediente de solicitud de transformación en Agencia de Valores formulada por Gescartera.
- Copia de los escritos en los que por parte de GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera se notifica a la CNMV, a partir de 1992, los cambios en la composición de los órganos de gobierno y apoderados de dicha entidad.
- Expediente sancionador completo, incluidos antecedentes e informes internos, abierto por la CNMV a la Sociedad Bolsa Consulting.
- Documentación emitida por las empresas del Grupo GESCARTERA o AGP ofreciendo inversiones en los llamados Fondos Estructurados y condiciones del mismo.
- Copia del Acuerdo y de las deliberaciones del Consejo de la CNMV por el que se aprueba el Código de Conducta para sus miembros.
- Expediente sancionador completo, incluidos antecedentes y documentos internos, incoado por la CNMV a la Agencia de Valores SEFISUR.
- Relación de las empresas de servicios de inversión en las que figura o ha figurado D. Enrique Giménez- Reyna como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor.
- Informes y notas emitidas desde el 1/01/1995 por los Consejeros de la CNMV que asistieron desde esa fecha a las reuniones del Consejo de la CNMV, dirigidas a sus Ministerios u organismos respectivos sobre lo tratado en la CNMV.
- Informe especial de análisis de la situación de los recursos propios consolidados del grupo GESCARTERA a 30 de septiembre de 2000.
- Relación de Sociedades y Agencias de Valores que han intervenido en las distintas operaciones protagonizadas por GESCARTERA o alguna de sus filiales, en su caso.
- Memorias anuales de reclamaciones a la CNMV desde su creación.
- Información financiera periódica publicada por la CNMV sobre entidades de supervisión y entidades emisoras, desde su fundación.
- Informes Anuales de la CNMV desde su creación.


- Memorias Anuales de la CNMV desde su creación.


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- Guía de la CNMV sobre Instituciones de Inversión Colectiva.
- Informe del auditor o auditores legales de Bolsaconsulting, GESCARTERA y sus sociedades filiales desde su creación.


Con fecha 19 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Copia del expediente del Ministerio de Economía por el que se autoriza a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera su transformación en Agencia de Valores, resuelto mediante Orden del Ministerio de Economía de fecha 1 de septiembre de 2000, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información; así como toda la correspondencia cursada entre el Ministerio de Economía y GESCARTERA.


2) Remitida por la CNMV:

- Expediente completo de Bolsaconsulting y GESCARTERA, y sus sociedades filiales desde su constitución hasta la fecha obrantes en la CNMV y en los Registros Mercantiles.
- Copia de los expedientes sancionadores, si los hubiere, incoados por la CNMV a GESCARTERA Agencia de Valores, incluyendo los pliegos de cargo y las actas de las reuniones del Consejo de la CNMV, así como la documentación interna utilizada en los mismos.
- Copia de todas las notas, comunicados y correspondencia mantenida entre la CNMV y GESCARTERA o con sus empresas participadas o relacionadas, desde 1992.
- Copia del expediente completo por el que se autoriza a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de GESCARTERA su transformación en Agencia de Valores, desde su inicio hasta su aprobación por el Consejo de la CNMV el 13-07-2000 incluyendo los documentos relativos a los trámites posteriores de información por el Comité Consultivo de la CNMV y el expediente que se envía al Ministerio de Economía para su autorización definitiva, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información utilizados para la redacción de la referida autorización. A dicho expediente se acompañarán todas las actas de las reuniones y deliberaciones del Consejo de la CNMV y del Comité Consultivo de la CNMV en los que se trató sobre este asunto. Se requiere asimismo copia autorizada de la escritura de transformación de GESCARTERA en Sociedad de Valores.
- Copia del expediente por el que se autoriza a GESCARTERA Sociedad Gestora de Cartera su inscripción en el Registro de la CNMV como Agencia de Valores, resuelto mediante decisión del órgano competente de la CNMV el 6 de febrero de 2001, incluidos los antecedentes, informes internos y requerimientos de información.


- Escrito dirigido al Director de Supervisión, don David Vives, relevándole en sus responsabilidades como Supervisor de GESCARTERA.
- Escrito encomendando la supervisión de GESCARTERA a don Antonio Botella, Director de la Unidad de Vigilancia de Mercados.
- Informes emitidos por los Servicios Jurídicos de la CNMV con relación a la visita de supervisión a GESCARTERA en 1998-1999, e informe presentado al Consejo de la CNMV.
- Informe y acta de la reunión celebrada en la CNMV el 30 de marzo de 1999, entre la sección de la Inspección de la CNMV y representantes de GESCARTERA.


- Diligencias realizadas por las Direcciones de Supervisión e Inspección acerca de la inversión realizada en GESCARTERA por el Obispado de Valladolid.
- Información sobre si Caja Madrid comunicó a la CNMV, verbalmente o por escrito, el hecho de haber tenido conocimiento del intento de falsificación del sello de la entidad.
- Informe realizado por la CNMV en relación a las inspecciones practicadas en su día por los señores Ruiz de la Serna y Alcaraz en relación con GESCARTERA.
- Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
- Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la Fundación ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
- Carta del 2 de febrero de 2001 de D. José María Ruiz de la Serna a D. Juan Carlos Basallote Ureba reconociendo que "no existe voluntad ninguna por parte de la Fundación de entrar en GESCARTERA".
- Carta de 31 de enero de 2001 de D. Juan Carlos Basallote Ureba a D.
José María Ruiz de la Serna sobre la entrada de la Fundación ONCE en GESCARTERA.
- Información sobre aquellos hechos o datos que llevaron a la CNMV a adoptar la decisión de intervenir GESCARTERA.
- Fechas y asistentes a las reuniones, comidas y encuentros de todo tipo mantenidos por la Presidenta de la CNMV y personas relacionadas con GESCARTERA.


- Posibles regalos recibidos por doña Pilar Valiente de don Luis Ramallo tras su cese como Vicepresidente de la CNMV.
- Documentación acreditativa de la participación accionarial de la ONCE o Fundación ONCE en GESCARTERA.


Con fecha 20 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe de la Comisión para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias sobre GESCARTERA,

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sus socios, administradores y clientes, así como respecto de cualquier persona física o jurídica que tenga o haya tenido relación con los mismos.


Con fecha 21 de septiembre de 2001:

1) Remitida por la CNMV:

- Datos bancarios de las relaciones del Grupo GESCARTERA, o de sus propietarios, administradores y directivos, con la Caixa, Banco Zaragozano, Caja Madrid, Deutsche Bank, HSBC y cualquier otra entidad de crédito española o extranjera, con detalle de cada operación y expresión de nombres completos, domicilios y NIF. Listado de entidades financieras con las que ha mantenido relación esporádica o permanente GESCARTERA y sus sociedades filiales.
- Factura del cuadro del pintor D. José Vega Osorio que D. Luis Ramallo envió a D. Antonio Rafael Camacho. (Se comunica que no se dispone de esta documentación.) - Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en LOEWE, HERMES, Joyería Suárez o cualesquiera otras empresas, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan. (Se comunica que no se dispone de esta documentación.) - Listado de clientes vinculados a las empresas del Grupo GESCARTERA y a la empresa AGP, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF, con especificación de aquellos que lo eran también antes del año 1996; cantidades invertidas por cada uno de ellos.
- Listado de accionistas y porcentaje correspondiente en cada caso de las diferentes empresas del grupo GESCARTERA, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF.
- Listado de los llamados clientes especiales de las empresas del Grupo GESCARTERA y de la sociedad AGP, con expresión de nombre completo, domicilio y NIF y cantidades invertidas por cada uno de ellos.
- Listado de clientes de las empresas del Grupo GESCARTERA que han presentado reclamación ante dicha Sociedad o ante la Comisión Nacional del Mercadode Valores, con expresión de la fecha, importe de las mismas, nombre completo, domicilio y NIF.
- Listado de clientes que han retirado su inversión en GESCARTERA desde 1998 hasta hoy, con expresión de la fecha, cuantía, nombre completo, domicilio y NIF. (Se comunica que no se dispone de esta documentación.) - Informe sobre el volumen de recursos captados por GESCARTERA en 1998, 1999, 2000, principios de 2001 y a junio de 2001.
- Documentación sobre las relaciones de Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory y Franlou con el Grupo GESCARTERA, D. A. Camacho y D.ª Pilar Giménez- Reyna.
- Todos los faxes enviados desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a GESCARTERA.
- Relación de proveedores de GESCARTERA desde su fundación.
- Listado de trabajadores de GESCARTERA que incluya fijos y temporales; así como los comerciales que trabajan o hayan trabajado para la empresa. Altas, bajas y currículum de cada empleado de los últimos cuatro años.
- Organigrama de GESCARTERA y de cada una de sus empresas filiales.
- Listado de entidades financieras con las que ha mantenido relación permanente o esporádica GESCARTERA y cada una de las sociedades filiales.
- Certificación del órgano de administración de Asesores 2000 de las relaciones administrativas, financieras y contables mantenidas con GESCARTERA o sus sociedades filiales.


Con fecha 21 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Declaración de Patrimonio de D.ª Pilar Valiente Calvo.
- Informe del Departamento de informática Tributaria sobre declaraciones de D. Luis Ramallo García y de D. Enrique Giménez- Reyna.
- Informe especial sobre la gestión de los excedentes de tesorería para el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de julio de 2001. Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES) de Price Waterhouse Coopers.
- Relación de empresas en las que D. Enrique Giménez-Reyna es administrador socio, autorizado a cuentas bancarias y participante en el capital social.
- Recopilación de disposiciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Programa Director de Control Tributario 1999- 2002.
- Plan General de Control Tributario 2000-2001.
- Informe que ha realizado el ICAC acerca de la Auditoría de Deloitte and Touche sobre GESCARTERA.
- Informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre las Empresas o Empresas Auditoras de Bolsaconsulting y GESCARTERA.
- Instrucciones o normativa sobre auditoría de sociedades y agencias de valores y gestoras de patrimonio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
- Información y documentación referente al expediente relativo a D.
Luis Ramallo García.


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- Información y documentación referente al expediente relativo a D.
Enrique Giménez-Reyna.
- Información y documentación referente a altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Con fecha 22 de septiembre de 2001:

1) Remitida por la CNMV:

- Actas y Expedientes del Consejo de la CNMV relacionadas con Bolsaconsulting y Gescartera y de todas sus sociedades filiales.
- Copia de los documentos en los que se contengan las actuaciones de supervisión e inspección realizadas por la CNMV a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera, desde su constitución en 1992 hasta su transformación en Agencia de Valores, con toda la documentación interna utilizada en las mismas.
- Copia de los documentos en los que se contengan las actuaciones de supervisión e inspección realizadas por la CNMV a GESCARTERA Agencia de Valores desde su constitución, con toda la documentación interna utilizada en las mismas.
- Copia de todos y cada uno de los expedientes sancionadores incoados por la CNMV a GESCARTERA Dinero Sociedad Gestora de Cartera desde su constitución en 1992, incluyendo los pliegos de cargo y las actas de las reuniones del Consejo de la CNMV así como la documentación interna utilizada en los mismos.
- Expedientes sancionadores que han concluido con imposición de sanción por falta grave o muy grave a cualesquiera Sociedades de Cartera y Agencias o Sociedades de Valores.
- Relación de empresas de servicios de inversión que, sancionadas por falta grave o muy grave, hayan sido autorizadas con posterioridad como Agencias o Sociedades de Valores.
- Todos los informes de la CNMV dirigidos al Excmo. Sr. Ministro de Economía en relación con el Grupo GESCARTERA, desde 1996.
- Actas, notas y demás documentos internos del Consejo y de la Comisión Consultiva de la CNMV donde, por cualquier motivo, se hayan tratado asuntos relacionados con GESCARTERA.
- Documento de trabajo elaborado en 1999 por D. David Vives en relación con la empresa GESCARTERA.


- Relación de las operaciones realizadas en el Mercado de Valores y de Deuda por las empresas del Grupo GESCARTERA a partir de 1999 y controles realizados por la CNMV.
- Informe de la CNMV sobre su obligación de registro de las operaciones y de verificación de realidad de las mismas que GESCARTERA decía efectuar.
- Operaciones realizadas, cantidades e importe de las mismas, así como precios de compra y venta de las acciones de las sociedades SNIACE y RADIOTRÓNICA efectuadas, en su momento, por las empresas vinculadas al Grupo GESCARTERA o Bolsa Consulting.
- Informe elevado al Consejo de la CNMV que sirvió de base a la Comisión para adoptar la decisión de intervención.
- Acta de la reunión del Consejo en que se acordó la intervención de GESCARTERA y otras decisiones complementarias.
- Comunicación a la Fiscalía denunciando los hechos acaecidos en GESCARTERA.
- Denuncia formulada a la Audiencia Nacional por parte de la CNMV y con relación a GESCARTERA.
- Informe sobre todas las actuaciones como notario de don Luis Ramallo en relación a cualesquiera empresas de servicios de inversión.
- Informe de las auditorías de Deloitte and Touche realizadas sobre GESCARTERA referentes a los ejercicios de 31/12/1999 y 31/12/2000, así como explicación detallada de los procedimientos empleados para realizar las mismas.
- Contratos, protocolos y acuerdos suscritos entre GESCARTERA o cualquiera de sus filiales y el banco Hong Kong and Sangai Bank Corporation (HSBC) ya sea directa o indirectamente a través de alguna entidad intermediaria.
- Informes de inspección de la CNMV que han fundamentado otras intervenciones de empresas, y sanciones a otras sociedades de cartera o Agencias de Valores desde la creación de la Comisión hasta la fecha.


Con fecha 24 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Documentación relativa a la inversión acordada por el Patronato Pro Huérfanos de la Guardia Civil en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso el Patronato con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por el Patronato en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.
- Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de la Mutua de la Policía, Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, Ministerio de Defensa (Armada) y empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI.
- Características y documentación del Ministerio del Interior acerca de la venta del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en la calle Zumalacárregui de San Sebastián y destino del importe de la venta.
- Acta del órgano de dirección de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil en la que se decidió la inversión en GESCARTERA.
- Reglamento de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil.


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- Inventario detallado y valorado de los bienes, propiedades e inversiones, de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil.
- Documentación relativa a la inversión realizada por el Ministerio de Defensa a través de la Armada en GESCARTERA: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispuso el organismo con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos por GESCARTERA. Información sobre los procedimientos a seguir por el organismo en materia de inversiones y forma en que estas inversiones están materializadas.
- Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte del Ministerio de Defensa (Armada).
- Expediente elaborado por el Estado Mayor de la Armada sobre las inversiones del Servicio de la Seguridad de la Armada en la Sociedad GESCARTERA.
- Estatuto del Servicio de Seguridad Social de la Armada.
- Composición del Consejo de Dirección y componentes desde 1999 del Servicio de Seguridad Social de la Armada.


Con fecha 25 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe Lanfalussy (Informe del "Comité de Sabios"):

* Primer informe del Comité de Notables sobre la regularización de los mercados europeos de valores mobiliarios. Doc. 13526/00 del Consejo de 9 de noviembre de 2000.
* Proyecto de Informe dirigido al Consejo Europeo sobre una regulación más eficaz del mercado de valores mobiliarios de la Unión Europea. Doc. 6718/01 de 9 de marzo de 2001 y Doc. 6718/01 REV 1 de 22 de marzo de 2001.
* Resolución del Consejo Europeo sobre una regulación más eficaz del mercado de valores negociables en la Unión Europea. Doc. 7934/01 de 2 de mayo de 2001.
* Anexo I de las Conclusiones de la Presidencia (Consejo Europeo de Estocolmo, 23 y 24 de marzo de 2001) relativo a la Resolución del Consejo Europeo sobre una regulación más eficaz del mercado de valores mobiliarios en la Unión Europea.


- Información de las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI.
Informe de Auditoría "Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A." (CETARSA).
- Informe sobre otras inversiones realizadas en GESCARTERA por la Administración Central del Estado, organismos, empresas y entidades integrantes del sector público estatal.
- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación.
- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de la empresa Cantábrico Producciones S.L. y forma de adjudicación.
- Contratos que consten en las Administraciones Públicas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público.
- Aportaciones de fondos públicos a la Iglesia Católica recibidos en los últimos tres años detallando todos los movimientos habidos.
- Todas las notas informativas que se mandan a la Presidencia del Gobierno desde el Ministerio de Hacienda, desde mediados de julio de 2001.
- Legislación general.


Con fecha 26 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1996-2000, de D. Enrique Giménez-Reyna.


Con fecha 27 de septiembre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Certificación de 25 de septiembre de 2001 del Registro General del Departamento.
- Escrito de la empresa TRAGSA, de 24 de septiembre de 2001, al que se adjuntan sendas certificaciones de TRAGSA y TRAGSATEC.
- Escrito de la empresa MERCASA, de 24 de septiembre de 2001.


Con fecha 28 de septiembre de 2001:

- Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo GESCARTERA. (Referida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.)

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- Documentación y correspondencia relativas a las negociaciones entre la ONCE y la Administración Central del Estado en relación con cualquier juego de azar.
- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación.
- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de la empresa Cantábrico Producciones S.L. y forma de adjudicación.
- Informe del Ministro de Trabajo, como Presidente del Protectorado estatal de la ONCE, relativo a las inversiones de la ONCE y Fundación GESCARTERA.
- Contratos que consten en las Administraciones Públicas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público.
- Documentos de declaración de trabajadores por cuenta ajena de GESCARTERA y sociedades filiales, (TC1) de los tres últimos años - Escritos de petición de información del Protectorado de Fundaciones y de la ONCE de agosto de 2001, así como de los Patronos designados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como los escritos e informes de contestación a los mismos.
- Informe de la Asesoría Jurídica General en información reservada del Ministerio de Defensa.


Con fecha 1 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación. (Referida al Ministerio de la Presidencia.) - Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de la empresa Cantábrico Producciones S.L. y forma de adjudicación. (Referida al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda.) - Contratos que consten en las Administraciones Públicas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público. (Referida al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda.) - Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo Gescartera. (Referida al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda.) - Relación de las empresas con cualquier objeto o actividad en los que figuren o hayan figurado D. Enrique Giménez-Reyna, D. José Manuel Pichel, D. José M.ª Ruiz de la Serna y D. Luis Ramallo García como accionistas, consejeros, apoderados, administradores o asesores.
(Referida al Ministerio de Hacienda.) - Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI. (SAES Y CETARSA.) - Información de las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispusieron las empresas con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos de GESCARTERA.
- Informes emitidos por la Dirección General de Tributos, siendo su titular el señor Giménez-Reyna, sobre el tratamiento fiscal de los premios de la ONCE.
- Informes emitidos por la Dirección General de Tributos y por la Secretaría de Estado de Hacienda siendo su titular el señor Giménez- Reyna, sobre la regulación de la llamada lotería instantánea o cualquier otro juego de azar.
- Certificado del Registro General del Cuartel General de la Armada.


Con fecha 5 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo GESCARTERA (referido a Presidencia del Gobierno y a los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores y Educación).
- Aportaciones de fondos públicos a la Iglesia Católica recibidos en los últimos tres años detallando todos los movimientos habidos.
- Certificación del Registro de Presidencia del Gobierno sobre notas informativas con el Ministerio de Hacienda.
- Informes de inspecciones de los servicios ministeriales (M.º Administraciones Públicas).


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Con fecha 5 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Diligencias informativas y expediente, incluidos todos los documentos internos, realizados por el Ministerio de Administraciones Públicas en torno a la situación de don Luis Ramallo en aplicación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos - Investigación del Ministerio de Administraciones Públicas sobre actuaciones relacionadas con GESCARTERA

Con fecha 9 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe sobre otras inversiones realizadas en GESCARTERA por la Administración Central del Estado, organismos, empresas y entidades integrantes del sector público estatal. (Referido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.) - Nueva documentación relativa al expediente gubernativo seguido contra el Coronel Giménez-Reyna.


Con fecha 9 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Expedientes de depuración de responsabilidades por las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI.
- Información de las inversiones realizadas en GESCARTERA por parte de empresas participadas directa o indirectamente por la SEPI: personas que propusieron la inversión, órganos que acordaron la inversión, información de que dispusieron las empresas con relación a la naturaleza de su inversión y extractos y certificaciones recibidos de GESCARTERA.
- Informe dirigido a la Comisión Parlamentaria "GESCARTERA", sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA Dinero AV, S.A. y su entorno más próximo.


Con fecha 9 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, sobre actuación de la Banca española con GESCARTERA y vinculados (remitido por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía).


Con fecha 11 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe sobre la confidencialidad de los datos tributarios y su cesión a las Comisiones Parlamentarias de Investigación.


Con fecha 15 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Conclusiones de la auditoría interna realizada por la Agencia Tributaria sobre D. Enrique GiménezReyna.


Con fecha 16 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo GESCARTERA. (Referido a los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente.) - Informe sobre otras inversiones realizadas en GESCARTERA por la Administración Central del Estado, organismos, empresas y entidades integrantes del sector público estatal. (Referido a los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente.) - Diligencias informativas y expediente, incluidos todos los documentos internos, realizados por el Ministerio de Administraciones Públicas en torno a la situación de don Luis Ramallo en aplicación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
- Investigación del Ministerio de Administraciones Públicas sobre actuaciones relacionadas con GESCARTERA.


Con fecha 17 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Declaración escrita del General de Brigada Antonio Blanes García sobre el expediente gubernativo 13801.


Con fecha 18 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Comunicaciones internas e informes que los cinco Ministerios implicados en el caso GESCARTERA, han remitido a Presidencia de Gobierno, desde que estalló este escándalo en el mes de junio de 2001. (Se comunica que no constan tales documentos.)

Con fecha 23 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC):

- Escrito del Presidente del ICAC argumentando diversas consideraciones con el fin de solicitar la declaración del carácter secreto de su comparecencia.


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2) Remitida por el Gobierno:

- Informe sobre otras inversiones realizadas en GESCARTERA por la Administración Central del Estado, organismos, empresas y entidades integrantes del sector público estatal. (Relativa al Ministerio de Fomento.) - Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación. (Relativa al Ministerio de Fomento.) - Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de la empresa Cantábrico Producciones S.L. y forma de adjudicación. (Relativa al Ministerio de Fomento.) - Contratos que consten en las Administraciones Públicas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público. (Relativa al Ministerio de Fomento.) - Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo Gescartera (relativa al Ministerio de Fomento).


3) Remitida por el Aeropuerto de Madrid-Barajas:

- Identificación del vuelo en que D. Antonio Rafael Camacho Friaza, D. José Giménez-Reyna Rodríguez y D. Ángel Malpartida viajaron el 23 de mayo de 2000 hasta París, el nombre de la compañía en que viajaron, el número de pasajeros que tomaron el vuelo y sus nombres y apellidos.


Con fecha 25 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Documentación del Ministerio de Sanidad y Consumo consistente en certificados de los Centros Directivos correspondientes.


Con fecha 25 de octubre de 2001:

1) Remitida por el ICAC:

- Expediente sancionador a Deloitte & Touche, S.A.


Con fecha 25 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Características y documentación del Ministerio del Interior acerca de la venta del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en la calle Zumalacárregui de San Sebastián y destino del importe de la venta.


Con fecha 26 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe de Auditoría del Servicio de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda sobre el caso GESCARTERA

- Informe de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda sobre el caso GESCARTERA.


Con fecha 29 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Certificación del Registro correspondiente de todos los Ministerios y organismos de la Administración General del Estado, incluido el correspondiente a la Presidencia del Gobierno, comprensiva de los regalos recibidos en dichos Ministerios procedentes del Grupo GESCARTERA. (Relativo al Ministerio del Interior.)

Con fecha 31 de octubre de 2001:

1) Remitida por el Gobierno:

- Informe sobre actuaciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación con GESCARTERA.


Documentación remitida por la CNMV:

Con fecha 17 de septiembre de 2001:

1) Relativa a la CNMV:

- Informes y notas emitidas desde el 1/01/1995 por los Consejeros de la CNMV que asistieron desde esa fecha a las reuniones del Consejo de la CNMV, dirigidas a sus Ministerios u organismos respectivos sobre lo tratado en la CNMV.


2) Relativa a Gescartera, S.A.:

- Datos bancarios de las relaciones del Grupo GESCARTERA, o de sus propietarios, administradores y directivos, con la Caixa, Banco Zaragozano, Caja Madrid, Deutche Bank, HSBC y cualquier otra entidad de crédito española o extranjera, con detalle de cada

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operación y expresión de nombres completos, domicilios y NIF. Listado de entidades financieras con las que ha mantenido relación esporádica o permanente Gescartera y sus sociedades filiales.
- Certificación del órgano de administración de Asesores 2000 de las relaciones administrativas, financieras y contables mantenidas con Gescartera o sus sociedades filiales.


Con fecha 15 de octubre de 2001:

1) Relativa a la CNMV:

- Expedientes de sanción a Gescartera que se hayan tramitado por la CNMV, incluyendo las alegaciones que en cada caso se hayan presentado.
- Informe de la Auditoría Deloitte & Touche sobre Gescartera correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000, y si fuera posible, estando intervenida Gescartera por la CNMV, los documentos de trabajo que pudieron servir a esa Auditoría para realizar su informe.


Documentación remitida por Caja Madrid:

Con fecha 13 de septiembre de 2001:

- Copia de la denuncia interpuesta por Caja Madrid con relación al intento de falsificación del sello de la entidad por GESCARTERA.


Documentación remitida por el Colegio de Notarios de Madrid:

Con fecha 13 de septiembre de 2001:

- Relación de Índices mensuales de operaciones (poderes, fusiones, etc.) remitidos por el Sr. Luis Ramallo al Colegio Notarial de Madrid desde su incorporación al ejercicio notarial tras el cese de su cargo en la CNMV.


Documentación remitida por el Registro Mercantil:

Con fecha 14 de septiembre de 2001:

- Notas simples expedidas de las empresas con cualquier objeto o actividad en los que figuran o han figurado D. Enrique Giménez-Reyna, D. José Manuel Pichel, D. José María Ruiz de la Serna y D. Luis Ramallo como accionistas, consejeros, apoderados, administradores o asesores.
- Organigrama de la Sociedad Asesores 2000, S.A.
- Historia registral de Asesores 2000 S.A. obrante en el Registro Mercantil.


Documentación enviada por D. Luis Ramallo:

Con fecha 14 de septiembre de 2001:

- Factura y carta del pintor D. José Vega Ossorio.
- Relación de todas sus actuaciones como notario.
Con fecha 18 de septiembre de 2001:

- Complementa su escrito de fecha 14 de septiembre, relativo a sus actuaciones como notario.


Documentación enviada por el Presidente del Consejo General de la ONCE:

Con fecha 17 de septiembre de 2001:

1. Carta de 2 de febrero de 2001 de D. José María Ruiz de la Serna a D. Juan Carlos Basallote Ureba.
2. Carta de 31 de enero de 2001 de D. Juan Carlos Basallote Ureba a D. Javier Sierra de la Flor sobre la entrada de la Fundación ONCE en GESCARTERA.
3. Informe interno elaborado por la ONCE en relación a su participación en el capital de las empresas del Grupo GESCARTERA, e inversiones hechas en el mismo; así como la documentación relativa a las relaciones con la CNMV y Ministerio de Economía a propósito de GESCARTERA.
4. Informe interno elaborado por la Fundación ONCE en relación a su participación en el capital de las empresas del Grupo GESCARTERA, e inversiones hechas en el mismo; así como la documentación relativa a las relaciones con la CNMV y Ministerio de Economía a propósito de GESCARTERA.
5. Auditorías de Arthur Andersen sobre la ONCE y Fundación ONCE desde 1999.
6. Documentación acreditativa de la participación accionarial de la ONCE o Fundación ONCE en GESCARTERA.


7. Documento acreditativo de la orden dada a José Manuel Pichel por la Dirección de la ONCE en noviembre de 2000 de retirar la inversión en GESCARTERA. (Se comunica que tal documento no existe.) 8. Todos los faxes enviados por la Fundación ONCE a GESCARTERA exigiendo recuperar el dinero invertido por la Fundación.
9. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA. Se comunica que no existe documentación al no haber existido relación con Gescartera.
10. Copia de los escritos y correspondencia mantenida entre la CNMV y la Fundación ONCE desde enero de 1998, en relación con GESCARTERA.
11. Memorias, liquidaciones de presupuestos anuales, informe y cuentas anuales de la ONCE desde 1992 hasta la fecha.


Documentación remitida por Asesores 2000:

Con fecha 24 de septiembre de 2001:

- Certificación del Consejo de Administración en la que se explican las relaciones habidas entre ASESORES

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2000, S.A. y GESCARTERA o sus sociedades filiales.
- Explicación del organigrama de la sociedad ASESORES 2000, S.A.


Documentación remitida por el Tribunal de Cuentas:

Con fechas 28 de septiembre, 10, 22 y 26 de octubre de 2001:

- Relación de todos los contratos con la Administración General del Estado de empresas o sociedades en las que D. Jaime García Morey figure o haya figurado como accionista, consejero, apoderado, administrador o asesor, y forma de adjudicación.
- Contratos que consten en el Tribunal de Cuentas u organismos de control externo de las Comunidades Autónomas entre las empresas Amerinvest Sp-S1, Martin Investment, Murrells LLC, Stock Selection, Euroinvestments Limited, Asesoría y Gestión de Patrimonios, Asesores 2000, Link Securities, Km Inverges S.A., Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Cultural Salamanca, Hípica Adonay, Albergues Sierra de Gata, Factory, Franlou, Inversiones Colombo y las Administraciones Públicas y entidades integrantes del sector público.


Documentación remitida por la Generalidad Valenciana:

Con fecha 24 de octubre de 2001:

- Informe sobre las funciones, potestades, retribuciones dinerarias o en especie y uso de bienes públicos, así como informes que haya realizado D. Jaime García Morey como asesor del Presidente de la Generalitat Valenciana.


Documentación remitida por Joyería Suárez:

Con fecha 25 de septiembre de 2001:

- Relación de regalos y su valor encargados por Gescartera a la Joyería Suárez, con expresión de los nombres de sus destinatarios y lugares de entrega.


Documentación remitida por LOEWE:

Con fecha 5 de octubre de 2001:

- Relación de regalos y su valor encargados por Gescartera al Grupo LOEWE, con expresión de los nombres de sus destinatarios y lugares de entrega.


Documentación remitida por HERMES:

Con fecha 9 de octubre de 2001:

- Relación de regalos y su valor encargados por el Grupo GESCARTERA, sus socios, administradores, apoderados o asesores en HERMES, con expresión de los nombres completos de sus destinatarios y domicilios, despachos o lugares en los que se entregan.


Documentación remitida por el Banco de España:

Con fecha 8 de octubre de 2001:

- Documentación disponible sobre movimientos con detalle de ordenante, origen y destino de ingresos y pagos y firmas autorizadas en las cuentas de Antonio Camacho Friaza en EGB Bank Group de Suiza, en la sociedad Beta Capital Investment de Miami y en la sociedad Wilow en Gran Caiman.
- Informes del Banco de España en relación con las sociedades del Grupo GESCARTERA.
- Informe del Banco de España sobre las relaciones económicas y financieras entre el Banco HSBC con las empresas del Grupo GESCARTERA o con algunos de sus socios.


Documentación remitida por el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid:

Con fecha 23 de octubre de 2001:

- Certificado académico de estudios de D. Antonio Camacho Friaza.


Documentación remitida por la Xunta de Galicia:

Con fecha 23 de octubre de 2001:

- Saluda de D. Jaime García Morey al Presidente de la Xunta.
Asimismo se recibió toda la documentación solicitada del Departamento de Prensa y de la Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados.


B) Asimismo, durante sus comparecencias aportaron documentación los Sres.:

- D. José María Arroyo Zarzosa, Presidente de la ONCE.
- D. Jaime Galobart Sánchez-Marco, Director General de HSBC Bank plc, sucursal en España.
- D. Luis Peigneux Vía, Subdirector de Supervisión en la CNMV.
- D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez, ex Secretario de Estado de Hacienda.
- D. David Vives Llor, ex Director General de la CNMV.
- D.ª Pilar Valiente Calvo, ex Presidenta de laCNMV.


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- D. Rafael de Lorenzo García, ex Vicepresidente de la Fundación ONCE.
- D. Luis Ramallo, ex Vicepresidente de la CNMV.
- D. Antonio Jesús Alonso Ureba, ex Secretario General de la CNMV.
- D. Santiago López Valdivielso, Director General de la Guardia Civil.
- D. Antonio Hermosín Bono, Director de la empresa Thales International Spain S.A.
- D. Juan Carlos Basallote Ureba, Director General de Entidades del Mercado de Valores de la CNMV.
- D. Rafael Román Medina, Presidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía.
- D. Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, Presidente de CETARSA.


- D. Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, Presidente de la SEPI y ex Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- D. Roberto Santos Alonso, Asesores 2000.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Federal de IU presenta el siguiente voto particular al Dictamen de la Comisión de Investigación sobre GESCARTERA para su debate en Pleno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2001.- Francisco Frutos Gras, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


VOTOS PARTICULARES

VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA SU DEBATE EN PLENO

1. Las responsabilidades políticas.


El 6 de septiembre de 2001 se crea por el Pleno del Congreso de los Diputados una Comisión de Investigación sobre GESCARTERA, solicitada, entre otros, por los Grupos Parlamentarios Federal de IU y Mixto.
El amplio objeto de esta investigación abarca, entre otros, puntos como: la relación de GESCARTERA con el órgano supervisor y otras administraciones, el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el comportamiento fiscal del grupo y sus responsables, así como cualquier otro comportamiento irregular de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Igualmente contiene la necesidad de realizar propuestas de cara a ampliar, en su caso, el control de los órganos de supervisión, evaluación del régimen de incompatibilidades, así como analizar las actuaciones realizadas por el Banco de España.
La Comisión se constituye el 7 de septiembre de 2001, celebrándose más de 50 comparecencias a lo largo de unas 20 sesiones, que suponen un tiempo de más de 180 horas. En las primeras reuniones, a puerta cerrada, la Comisión aprueba su plan de trabajo y el método que va a seguir, que fundamentalmente se basaen un interrogatorio ágil, de pregunta-respuesta, con respecto a los comparecientes que se aprueben.
El Grupo Federal de IU, a través del presente escrito, deducirá las responsabilidades políticas que cree adecuadas, así como las alternativas legales y de todo tipo necesarias para evitar casos similares en el futuro.
El caso GESCARTERA se puede caracterizar de manera muy resumida hablando de una gran estafa, que se desarrolla a lo largo de un plazo amplio de tiempo,

sin que funcionen adecuadamente ni los órganos ni las personas responsables de regular y vigilar el denominado mercado de capitales.
Junto a la estafa, es preciso hablar de una serie de comportamientos fiscales irregulares, que le han llevado a algún alto dirigente del partido del Gobierno a hablar, en referencia a GESCARTERA, de "una gran lavadora de dinero negro".
Dicha actuación de los responsables de GESCARTERA se ha podido prolongar en el tiempo no sólo en función del engaño, y aquí radica uno de los temas claves de este caso, sino fundamentalmente por una responsabilidad de los órganos reguladores, singularmente la CNMV, que se puede derivar, según los casos y los momentos específicos, de la acción o pasividad, de la negligencia o, incluso, de la colaboración necesaria.
Consiguientemente, a juicio del Grupo Parlamentario Federal de IU, el funcionamiento de la CNMV, que pasa de un intento de intervención a una dialéctica de protección de GESCARTERA, ha estado marcado por la irregularidad y, más allá, afectado por un proceso degenerativo evidente. En este orden de cosas, el Banco de España y sus autoridades han tenido un funcionamiento, cuando menos, abúlico, insuficiente a todas luces, concordante en todo caso con el funcionamiento de la Dirección General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía. En este sentido, la actitud y el funcionamiento de los dos consejeros externos de la CNMV (subgobernador del Banco de España y Director/ a General del Tesoro), no han aportado alternativas a ninguno de los problemas enunciados, más bien es equiparable al funcionamiento global de la CNMV y su Consejo, específicamente a partir del 16 de abril de 1999. Igualmente consideramos insuficientes las actuaciones, generalmente interrumpidas sin justificación consolidada, de la Agencia Tributaria con respecto a GESCARTERA, fundamentalmente en el período 1999-2000.
Especial mención merece, a nuestro juicio,

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la actuación profundamente negativa de don Enrique Giménez-Reyna, que como Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda ha puesto, en gran parte, su responsabilidad pública al servicio de GESCARTERA y los intereses privados de unos y de otros.
El Grupo Parlamentario Federal de IU intenta establecer las responsabilidades políticas correspondientes; no obstante, dada la naturaleza de los hechos, también parece lógico plantear la necesidad de la remisión al Fiscal General del Estado de los pormenores del trabajo desarrollado en la Comisión de Investigación. Capítulo singular en esta remisión es el que se refiere a las posibles mentiras, producidas en el seno de las comparecencias en esta comisión, sancionadas expresamente por el Código Penal, y que pueden afectar a comparecientes como Pilar Valiente, Enrique Giménez-Reyna, Luis Ramallo, entre otros.
Por tanto, el funcionamiento de la CNMV y, más exactamente de su Consejo, constituyen un exponente objetivo de lo ocurrido, de cómo ha ocurrido y de lo que es preciso rectificar de cara al futuro.
A mediados de abril de 1999 se podría haber solucionado uno de los problemas fundamentales. La presunta estafa ya estaba consumada en un cierto y determinado grado. El desbalance rondaba entonces los 4.500 millones de pesetas. Pero no se intervino. A juicio de IU, la división interna del Consejo y la intervención directa de responsables políticos como don Enrique Giménez-Reyna, dificultaron que se pudiera adoptar la resolución adecuada, a pesar de las luces rojas de alarma que se detectaban en el informe de supervisión.
Precisamente el día 15 de abril, un día antes de la celebración del Consejo, tiene lugar, en la sede del Ministerio, una entrevista que no es posible pasar por alto, entre el denominado número 2 de Hacienda y los Señores Ramallo, Vicepresidente de la CNMV, y Ramírez, su jefe de gabinete. La caracterización de dicha entrevista puede concretarse a través del dietario de doña Pilar, hermana del citado responsable del Ministerio y a la sazón Presidenta de GESCARTERA Dinero.
El mismo día, en la sede de la CNMV, y en torno al informe de Supervisión dirigido por el Sr. Vives, se reúnen éste, el Sr.
Barberán y el Presidente, Sr. Fernández Armesto. Deciden convocar el Consejo para el día siguiente, con carácter de urgencia, y lo hacen de forma telefónica, a través de las llamadas del Presidente.
Sin embargo, al día siguiente el Consejo no interviene GESCARTERA, a pesar del informe de supervisión. La división del Consejo se hace evidente, conformándose una mayoría con los consejeros Valiente, Ramallo y Roldán Alegre, que son los consejeros propuestos por el Sr.
Rato para formar, según todos los indicios, una nueva forma de funcionar en la CNMV. Dicha mayoría funciona con el apoyo muy activo, con impulsos coordinadores, del Secretario, Alonso Ureba, y ante el conservadurismo apático del representante del Banco de España y la ausencia del Director General del Tesoro.
Al Sr. Ramallo, en su momento, tal como él declara, el Sr. Rato le ofrece la dirección de Transmediterránea o la CNMV, y el Sr. Ramallo elige la CNMV por proximidad con la dedicación profesional que prepara en un futuro no demasiado lejano. Lo que da a ver la forma improvisada y teñida de intereses personales con que se realiza la propuesta de consejeros.
El Sr. Martín, subgobernador del Banco de España, informa al Gobernador de lo ocurrido en el Consejo, pero no así el Sr. Caruana al Sr. Rato o al Secretario de Estado de Economía y Hacienda. Parece existir un "corte" no suficientemente explicado ni justificado, que aisla al Sr. Rato, en este tema y en otros, del conocimiento de lo que está ocurriendo, según sucesivas declaraciones, tan reiterativas como difíciles de entender, máxime teniendo en cuenta la redacción que se le va a dar en el verano del 2000 a la Orden Ministerial que aprobará la elevación de GESCARTERA a Agencia de Valores.
Dos meses después, en el Consejo de 17 de junio de 1999, se va a consumar una inflexión de suma importancia en el caso GESCARTERA: se pasa de la filosofía de la INTERVENCIÓN a la filosofía del SALVAMENTO de GESCARTERA. Salvamento, protección o ayuda que va a resultar constante hasta el verano del 2001. Y con independencia del "engaño" al que alude el Gobierno para justificar lo ocurrido, se dan una serie de circunstancias, o de casualidades, que tienen mucho de impulsos más o menos coordinados, repletos de prácticas irregulares, que no pueden ser todas justificadas bajo el rótulo de "engaño" a todos durante todo el tiempo, no siendo las menos vistosas las relativas al trasiego de cheques sin fondos o certificaciones falsas no descubiertas por una serie de instituciones bancarias. El Grupo de IU piensa que esta operativa engañosa no se debe tanto a la habilidad del regulado, cuanto a la complacencia del regulador y a las prácticas inéditas e inaceptables de una serie de entidades bancarias. Una de las causas que hay que tener en cuenta no es otra que la captura del regulador por el regulado obsequioso, de ahí los grandes gastos en regalos que realiza el Sr. Camacho. Sin olvidar otras causas, a las que se ha tenido menos acceso, como las que se derivan de una operativa sistemática de blanqueo de capitales y de las consecuencias "complacientes" que de ellas pueden derivarse.
En este orden de cosas, y por ilustrar algo de lo anteriormente expuesto, nos vamos a referir al Consejo de 17 de junio de 1999.
Durante la celebración de este Consejo, según las declaraciones habidas en la Comisión, llegan noticias "tranquilizadoras" con respecto a GESCARTERA, ya que se anuncia la constitución de una SICAV, en Luxemburgo, de esta sociedad con el HSBC. SICAV que nunca se constituirá y que, correlativamente, en el tiempo adecuado, debiera haber aportado noticias

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"intranquilizadoras" sobre la estabilidad de GESCARTERA que esta vez nunca se produjeron. La asimetría protectora será un hecho que continuamente se repita hasta el 14 de junio de 2001.
A raíz de este Consejo se encadena, un par de meses después un burdo episodio que demuestra hasta dónde podía llegar el manto protector sobre GESCARTERA. Efectivamente, el Sr. Camacho le entrega al Sr.
Rodríguez Gil, de quien es cliente en empresas como Hari 2000 y otras, tres talones por un valor de 3.900 millones de pesetas. Como contrapartida, para asegurar que no se van a cobrar, le pide tres talones del mismo importe a Rodríguez Gil, que éste le da advirtiéndole que, naturalmente, no tiene esos fondos. En todo caso, el Sr. Camacho le dice que es para constituir una SICAV que, naturalmente, tampoco se constituirá nunca. Lo que sí ocurre es el "peloteo" impúdico de los tres talones del Sr. Rodríguez Gil en manos de Camacho Friaza, que de nuevo "logra engañar" a algún banco y, desde luego, al regulador. Esto es, siguen llegando noticias "tranquilizadoras" a la CNMV.
Se maneja igualmente otro dato "tranquilizador", que no es otro que la auditoría de Deloitte & Touche, de la que se repite hasta la saciedad, incluido el Sr. Rato, que no tiene salvedades, que está limpia. Pero a nadie se le ha ocurrido, ni siquiera a la Dirección General del Tesoro, si las auditorías se siguen realizando conforme al Decreto 1393 de 1990, que en su artículo 62 habla de que en ningún caso las comprobaciones se extenderán a los patrimonios administrados. Cuando este artículo, entre otros, se deroga, es ya un poco tarde: verano de 2001 (Decreto 867/2001, de 20 de julio).
Y siguen las medidas de protección en torno al verano de 1999. El Sr.
Botella, que dirige la Comisión "ad hoc" para el caso GESCARTERA, decide un cambio de fecha en el expediente de supervisión, lo que legalmente implica segregar todo lo actuado hasta el momento por el Sr. Vives y, en la práctica, empezar de cero.
Por entonces el Sr. Vives, después de lo que denominó "campaña de desprestigio" y de evidentes y probados puentes por parte del Sr.
Alonso Ureba, como se demostró en la Comisión, prepara los trámites para su jubilación.
Un año después, en julio de 2000, mientras la línea de supervisión está "sumergida" y no ha vuelto a documentarse ninguna noticia intranquilizadora, se da en el consejo un paso muy importante de cara a la salvación de GESCARTERA. Importante e inédito, puesto que en una sola sesión, a la vez, se sanciona y se eleva a Agencia de Valores la sociedad de marras. En los primeros puntos del Orden del Día se sanciona a GESCARTERA, eso sí, bajando el grado de la sanción de muy grave a grave. Y al final del Orden del Día, a través de una propuesta articulada, se aprueba el ascenso a Agencia de Valores.
Entre las condiciones que se han de dar y que así figuran en la propuesta aprobada, elaborada por el Sr.
Martínez Pardo, figura la necesidad de que la ONCE participe en un 10% en el accionariado de la nueva Agencia y en un 25% en GESCARTERA Holding, aparte de la necesidad de sustituir en los puestos de gestión a Camacho y Ruiz de la Serna.
El 5 de agosto llega el expediente a la Dirección General del Tesoro, que en un tiempo record, en pleno mes de agosto, redacta y firma (el Sr. Folgado, Secretario de Estado, por Delegación del Sr. Rato) la Orden Ministerial, vigente desde el 1 de septiembre de 2001.
Dicha Orden Ministerial es un ejemplo vivo de lo que nunca debe ser un texto con consecuencias jurídicas, ya que todo es confusión, sobre todo a raíz del último párrafo, que realmente rebaja las condiciones aprobadas por la CNMV. Dicho párrafo dice:

"Esta autorización de transformación queda condicionada a que en el momento del otorgamiento de la escritura de transformación se perfeccione la entrada en el capital de la nueva Sociedad, con un 10 por ciento del mismo, de la Fundación ONCE tal como se describe en la Memoria que acompaña la solicitud."

En realidad la propuesta de la CNMV dice otra cosa, ya que junto al 10% citado, dice que: "Al tiempo de la transformación de Gescartera Dinero S.G.C. en AV, Gescartera Holding 2000 SL se transformará en SA cuyos accionistas serán la FUNDACIÓN ONCE en un 25%" y Camacho y herederos de José Camacho un 75%.
Quizá por esto se desarrolla otro acto de ópera bufa cuando Basallote Ureba, que ha sustituido a M. Pardo, exige a Camacho el tema del 25%, a través de un escrito, rectificando de inmediato y aceptado misteriosamente sólo el 10% para poder realizar la inscripción de la nueva AV.
En su declaración ante la Comisión de Investigación, el Sr. Martínez Pardo opinó acerca de la confusión de la Orden Ministerial, pero afirmó que él hubiese exigido todas las condiciones, tal como aprobó la CNMV, de cara a la elevación a Agencia de Valores.
En febrero de 2001 se realiza la inscripción. Por cierto, sin estar Camacho en minoría, sino como propietario casi absoluto, y aunque no es ya Presidente sigue siendo el gran accionista, conculcándose así el espíritu del artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores, que habla de la necesaria honorabilidad no sólo de los gestores, sino también de los accionistas destacados, no cumpliéndose por tanto el requisito por lo que respecta al Sr. Camacho Friaza. Pero parece que todo vale con tal de seguir ayudando a GESCARTERA.
Cuatro meses después todo se desploma como un castillo de naipes: se decide la intervención final el 14 de junio de 2001.
De nuevo se produce un cúmulo de "casualidades" o, más bien, de episodios extrañamente coordinados o,

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si se quiere, de extrañas simultaneidades. A estas alturas, el anterior Director General del Tesoro, Sr. Caruana, ha sido designado Gobernador del Banco de España, cuyo subdirector sigue asistiendo al Consejo de la CNMV como miembro nato, y doña Gloria Hernández ha sido nombrada Directora General del Tesoro y, consecuentemente, consejera nata del citado organismo. A pesar de todo, el Banco de España y el Ministerio de Economía han seguido impasibles todos los episodios hasta la intervención definitiva.
Un día antes de esta intervención todo se electriza a través de una llamada desde Caja Madrid al Sr. Botella, tal como éste reconoció en la Comisión (nadie ha desmentido la posibilidad de otra llamada al Gobierno). Por esta llamada el Sr. Botella conoce que se ha intentado falsificar, por parte de dirigentes de GESCARTERA, un sello identificador de la Caja citada. Y todo parece desatarse. En todo caso, hay un detonante para que ocurran las cosas con la precipitación y con la cadena de "casualidades" que hoy se conocen; el 14 de junio dos entidades bancarias descubren, por fin, que los certificados referentes a GESCARTERA son falsos y una más, desde Atlanta, remite un certificado avalando los fondos que esta vez sí, y de un simple vistazo, las autoridades del CNMV descubren que no es real.
La convocatoria del Consejo se hace el mismo día 14, oralmente, sin orden del día y sin informe de la división de supervisión. Hay una reunión por la tarde, que dura poco más de una hora, y al día siguiente se ponen los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
¿Se tenía que haber intervenido en estas condiciones, que aún en menor grado que el 16 de abril de 1999 reunían las condiciones formales suficientes? Pues sí. Como se pudo intervenir en 1999, en una reunión convocada con más tiempo y acompañada de un informe maduro, elaborado por el Departamento de Supervisión. Se acertó en esta intervención, sólo que la CNMV "llegó 13.500 millones tarde". Y aquí radica la mayor responsabilidad de la CNMV. Es decir, de forma sistemática y consciente, a juicio de IU, sostiene a GESCARTERA más de dos años, prolongando la estafa y agrandando el "agujero". Y no sólo de forma consciente, sino aceptando prácticas irregulares de ciertas entidades bancarias. De otro lado, además, se prolonga la inacción de los órganos encargados de perseguir el blanqueo de dinero negro. Al mismo tiempo, el Banco de España permite, entre otras cosas, la existencia en el HSBC de cuentas opacas, contrarias a la legalidad española.
Por lo tanto y resumiendo:

Se ha constatado una actitud, talante y funcionamiento absolutamente escandaloso en el caso de don Enrique Giménez-Reyna, ex-Secretario de Estado de Hacienda. Su nombramiento habría requerido un análisis más en profundidad de su currículum. A juicio de IU, con su dimisión no se agotan las responsabilidades políticas.
El funcionamiento de la CNMV, singularmente de sus máximos responsables, sobre todo a raíz de la mayoría que se consolida en el Consejo a partir del 16 de abril de 1999, es absolutamente inaceptable, constituyéndose en la causa, por acción y omisión, según los casos, de todo el proceso de corrupción ocurrido. Desde luego, la dimisión de doña Pilar Valiente, como Presidenta de la CNMV, en absoluto agota las responsabilidades políticas que se deben deducir.
El Banco de España tiene un funcionamiento apático y permisivo, imponiéndose una serie de autolimitaciones que lo convierten en un regulador de funcionamiento casi nulo en temas como GESCARTERA o blanqueo de capitales. Es muy grave su inacción ante las 138 cuentas opacas del HSBC.
La Dirección General del Tesoro, cuyo funcionamiento depende del Ministerio de Economía, no sólo ha sido apática, sino que, de una forma u otra, ha colaborado en la estrategia de protección de GESCARTERA, ya que en caso contrario no se podría entender la redacción de la Orden Ministerial citada, a través de la cual se autorizaba el ascenso de GESCARTERA a Agencia de Valores.
El funcionamiento de la Agencia Tributaria no queda totalmente despejado, por cuanto las explicaciones con respecto a las actuaciones anuladas para investigar GESCARTERA no están plenamente justificadas.
Es inevitable, por cuanto hablamos del regulador de reguladores, hacer una referencia al crédito obtenido por el Sr. Rato en el HSBC, que lo coloca en una difícil, posición, no sólo porque las condiciones del crédito no se han aclarado y no parecen ser plenamente normales, sino porque en base a este hecho las dudas sobre la neutralidad e independencia del regulador de reguladores han crecido de manera lógica y, desde luego, no lo sitúan en las mejores condiciones para el trabajo absolutamente necesario a partir de ahora: recuperar el prestigio, a todo los niveles, de los distintos mecanismos de regulación, que han resultado seriamente dañados por el denominado caso GESCARTERA.
El precipitado cierre de la Comisión de Investigación, de otro lado, no ha permitido conocer una de las vías de investigación fundamentales, referida al blanqueo de dinero negro. Quizás sea éste uno de los aspectos más negativos, por cuanto, al mismo tiempo, ha sido utilizado como arma arrojadiza desde instancias del Gobierno y desde la cúpula del PP.
En el mismo sentido, es preciso reseñar de manera muy crítica, con respecto al funcionamiento de la Comisión impuesto por el PP, el cambio de los planes de trabajo aprobados al principio, que basaron el trabajo en el interrogatorio directo y ágil, a través de la dialéctica pregunta-respuesta. La mayoría del PP, al final, con el objeto de proteger fundamentalmente a los dos ministros afectados, le dio un "bajonazo" reglamentario

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al funcionamiento de la Comisión, rompiendo los planes de trabajo y adoptando el formato de una comisión informativa.
Por todo ello, a la hora de PLANTEAR LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS a juicio del Grupo Parlamentario Federal de IU, hay que partir de la base de que estamos ante un caso complejo de corrupción, donde se han confundido los intereses públicos y los privados y donde los organismos de regulación, las administraciones concernidas y los cargos políticos de máxima responsabilidad, tienen responsabilidad por acción o por omisión. Responsabilidad que, como se ha dicho, en absoluto queda despejada en función de las dimisiones habidas. Máxime por cuanto siempre hay que tener en cuenta, a la hora de deducir las responsabilidades políticas, la responsabilidad de quien "elige" y la necesidad de que el responsable de la elección ejerza la capacidad de "vigilancia" característica de toda democracia (responsabilidad "in eligendo" y responsabilidad "in vigilando").
Al mismo tiempo, por razones de coherencia y porque, además, en un enfoque válido de política de regeneración el PP, en la oposición, dijo cosas a tener en cuenta, es preciso recordar lo que al respecto mantuvo el Sr. Aznar, hoy Presidente del Gobierno:

"Los ciudadanos tienen derecho a comprobar que el Estado no está hipotecado a intereses particulares."

"... dígame Vd. -se dirige al anterior Presidente del Gobierno- quién es el responsable de estos casos, escójalo, señale usted a quién debemos atribuir los errores cometidos manifiestamente en los nombramientos. Le conviene hacerlo si pretende que le creamos y porque si no lo hace, y mientras no lo haga, el responsable político tendrá que ser Vd."

"El responsable político ante la nación es el Gobierno, quien Vd.
señale del Gobierno, o en su defecto usted mismo. Aquí no hemos venido a tratar de las culpas de las personas que usted nombró, sino de la responsabilidad que le alcanza a usted por lo que hayan hecho, que son cosas muy distintas."

"¿Qué es eso de que se verán las responsabilidades cuando se tengan todos los datos?

"Mientras no se nos señale otro, es usted responsable de haber nombrado a los causantes."

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de IU cree que, en el capítulo de las responsabilidades políticas, el Sr. Aznar, Presidente del Gobierno, debe cesar a los Ministros Sres. Montoro y Rato.
De otro lado, en función de los hechos ocurridos y de la necesidad de recuperar el prestigio de los órganos concernidos, el Grupo Parlamentario Federal de IU pide la dimisión del Sr. Caruana, Gobernador del Banco de España.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos descritos y de las consecuencias que han tenido, el Grupo Parlamentario de IU solicita la remisión al Fiscal General de todo lo actuado por la Comisión de Investigación, por si de las declaraciones o documentos se dedujese alguna responsabilidad civil o penal.


II. Alternativas y modificaciones legales (30 medidas).


1. Una de las medidas más importantes que debe adoptarse, a juicio del Grupo de IU, debe suponer una respuesta adecuada al durísimo golpe sufrido por los ahorradores modestos. El fraude sucedido y la falta de amparo, en función de la respuesta inadecuada de los poderes públicos, así lo justifican. En este sentido, parece proporcionado establecer un FONDO DE GARANTÍA, cuya cuantía, origen de las aportaciones y funcionamiento debe ser negociado entre los grupos parlamentarios. Dicho fondo en ningún caso afectará a las pérdidas por inversiones en renta fija o variable, sino a los casos de fraude, estafa o similares.


Corregir el funcionamiento de la CNMV.


2. Las reuniones del Consejo de la Comisión del Mercado de Valores deberán ser taquigrafiadas y grabadas en audio y archivadas en un registro especial para su posible posterior audición o lectura.
3. Todas las sanciones que reciban las Empresas de Servicios de Inversión, las Entidades de Crédito, las Sociedades de Inversión Mobiliaria, las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, las Sociedades de Titulización, las Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones, las Sociedades de Capital-Riesgo, las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital-Riesgo y las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones serán publicitadas con el fin de lograr una mayor transparencia tanto en los mercados como para los inversores.
4. Los organismos rectores del correspondiente mercado oficial de valores o, en su caso, la CNMV, deberán emitir con carácter semestral un informe público descriptivo de la evolución y características más destacadas de aquellas operaciones que revistan el carácter de extraordinario, en la forma que se establezca reglamentariamente. De esta forma se aumentará la publicidad y la transparencia en los mercados financieros.
5. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitirán un informe anual sobre las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a precios que se desvíen significativamente de los precios de mercado, en especial en aquellas operaciones realizadas entre miembros del mercado y terceros no pertenecientes al mismo, estableciendo

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los mecanismos sancionadores al efecto según se determine reglamentariamente. De esta forma se aumentará la publicidad y la transparencia en los mercados financieros.
6. Modificación del número 6 del artículo 69 del Capítulo III del Título V de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el sentido de que ante la información de una solicitud de compra, directa o indirecta, de una participación significativa de una empresa de servicios de inversión por parte de una persona física o jurídica, de no resolverse ésta en el plazo máximo de dos meses se entienda como desestimada con el fin de eliminar posibles confusiones. Para la eficacia de la desestimación presunta deberá solicitarse la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 del Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común.
7. Modificación de la letra h) del número 1, del artículo 70 del Capítulo III del Título V de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el sentido de que, en ningún caso, las empresas de servicios de inversión podrán captar fondos del público o mantener con éste cuentas acreedoras, debiendo depositar los fondos recibidos como provisión de órdenes de compra de valores en cuentas específicas de las entidades de crédito, con el fin de evitar una utilización indebida de aquéllos y mejorar las garantías y derechos del inversor en sus relaciones con el mercado financiero.
En situaciones concursales se otorgará al Banco de España, en la forma en que se determine reglamentariamente, un derecho de separación absoluta por el importe de las garantías constituidas, al actuar éste como organismo responsable de la compensación y liquidación de la Central de Anotaciones.
8. La CNMV elevará semestralmente al Congreso de los Diputados y al Senado un informe sobre la situación de los mercados financieros organizados, el desarrollo de sus actividades y de expedientes en los que esté trabajando o haya trabajado con la situación de los mismos y las medidas adoptadas en relación a éstos. Asimismo el Presidente y el Vicepresidente de la CNMV comparecerán ante las Comisiones competentes de cada Cámara para dar cuenta del contenido de dichos informes, así como cuantas veces sea requerido para ello. Todo ello con el fin de obtener una mayor fluidez y veracidad en la información entre la CNMV y el Parlamento, aumentando la transparencia de la actuación de la CNMV sobre el mercado.
9. Crear la figura del "Defensor del Inversor" con el fin de dotar de mayores medios de defensa y garantías a los inversores, dada la plena movilidad del capital existente, la aparición de un número cada vez mayor de instrumentos y activos financieros, unido a la amplitud que están adquiriendo los mercados financieros, se propone crear un nuevo Título II bis en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
En este nuevo Título regulará la figura del "Defensor del Inversor", que será el comisionado de la CNMV para atender las quejas y reclamaciones que los inversores formulen en relación con las operaciones que se efectúen en los mercados financieros organizados, en especial los de valores.
La designación se realizará entre personas de reconocida competencia y experiencia en este tipo de mercados. Tendrá plena autonomía para desarrollar sus funciones y organizará y dispondrá libremente de cualquier medio material y humano puestos a su disposición por la CNMV para el cumplimiento de sus cometidos.


Su tiempo de duración en el cargo no será superior a 5 años y no podrá ser reelegido, y podrá cesar por expiración de mandato, renuncia, muerte o incapacidad sobrevenida, condena firme por delito doloso o por actuaciones notoriamente negligentes o dolosas en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones cuando así sea apreciado por mayoría de tres cuartas partes del Comité Consultivo de la CNMV.
Entre sus funciones deberían destacarse:

a) Examinar y atender las reclamaciones y quejas que cualesquiera personas físicas o jurídicas le dirijan en relación con las operaciones efectuadas en cualquier mercado financiero organizado, en especial el de valores, y en las actuaciones directamente relacionadas con las mismas.
b) Examinar las quejas y reclamaciones que los particulares formulen en relación con las actuaciones de los diversos departamentos y servicios dependientes de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores; de las Sociedades Rectoras de Bolsa de Valores o de cualquiera de sus miembros; de las entidades de crédito; intermediarios financieros; entidades emisoras y empresas de servicios financieros. Asimismo en sus resoluciones indicará a los interesados las medidas de orden administrativo o judicial que pudieran proceder como consecuencia de las mismas.
c) Preparar y remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuantos informes, recomendaciones, propuestas, iniciativas y sugerencias redunden en beneficio de los inversores.


Asimismo podrá, siempre que lo estime oportuno, asistir a las reuniones que celebre el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Igualmente el Defensor del Inversor podrá concurrir a tales reuniones cuando sea expresamente invitado por su Presidente.


Se excluirán de las funciones y competencias del Defensor del Inversor:

a) Las reclamaciones cuya tramitación y resolución puedan causar perjuicios a terceras personas ajenas a la actuación que se somete a su consideración.


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b) Los asuntos que están pendientes de resolución judicial o que, con posterioridad a habérsele planteado, sean sometidos a cualquier instancia jurisdiccional.
c) Los asuntos que estén sujetos a un procedimiento arbitral.
d) Las reclamaciones que estén pendientes o se sometan a conocimiento del Servicio de Reclamaciones del Banco de España.


El Defensor del Inversor podrá recabar la colaboración de los distintos departamentos y servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Rectoras de Bolsa de Valores, de las entidades de crédito, intermediarios financieros, entidades emisoras y empresas de servicios financieros, así como de sus miembros respectivos, y coordinará sus actuaciones con las que desarrolle la Comisión de Vigilancia del Mercado. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto quedarán obligadas a remitir cuanta documentación y antecedentes les sean requeridos.
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Defensor del Inversor los acuerdos que adopte en relación con sus informes y éste dará traslado a su vez a los interesados.
En los casos de reclamaciones y quejas dirigidas contra la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Rectoras de Bolsa de Valores, entidades de crédito, intermediarios financieros, entidades emisoras, o empresas de servicios financieros, o cualquier miembro de las mismas, el Defensor del Inversor remitirá a todas las partes interesadas los informes que elabore al respecto.
Las personas y entidades destinatarias de los informes comunicarán al Defensor del Inversor las decisiones que adopten al respecto, y éste comunicará a los interesados las medidas administrativas y judiciales que pudieran proceder.
Sin perjuicio de lo anterior, el Defensor del Inversor elevará anualmente al Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe en el que se resuman las actuaciones practicadas durante el ejercicio anterior, exponiendo las sugerencias y observaciones de carácter general que estime necesarias.
Asimismo, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pondrá en conocimiento del Defensor del Inversor las iniciativas que desarrolle a propósito del mencionado informe anual.
10. Debe modificarse el artículo 17 a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a los efectos de posibilitar que Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sean elegidos por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores, así como de probada independencia política. El objetivo de la anterior reforma no es otro que el de garantizar la independencia política y profesional de los dos máximos puestos de responsabilidad en el regulador del mercado de valores y con ello evitaran disfunciones como las comprobadas con motivo del caso GESCARTERA.


11. Debe modificarse el artículo 20 c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, de tal manera que el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores puedan ser cesados por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados en caso de grave incumplimiento de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. De esta manera, y en combinación con la reforma anterior, se garantizaría no sólo la independencia "ab initium" de los dos máximos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino que también quedaría garantizado el blindaje a posteriori ante cualquier tipo de presiones políticas partidistas. Para cesar a estos dos cargos sería necesario un consenso mayoritario en el Pleno del Congreso que no es susceptible de producirse en los casos de presiones políticas partidistas, sino sólo en los casos de graves incumplimientos de las funciones del regulador.
12. Debe modificarse el artículo 21 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el sentido de someter al presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al control parlamentario de la Comisión competente por razón de materia del Congreso de los Diputados, a la que deberán acudir cuando su presencia sea demandada por los Grupos Parlamentarios. Cerrando el círculo de las dos anteriores reformas legales, el presidente y vicepresidente no sólo son nombrados y cesados por el Congreso de los Diputados, sino que además deben ser controlados por la Comisión competente de la propia Cámara. La respuesta al interrogante clásico "qui custodiat custodies" es clara. El Parlamento, representante de la soberanía popular, es el único capacitado para controlar la actuación del regulador del mercado de valores. Todo ello sin perjuicio de la necesaria independencia de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el desempeño de sus funciones.
Pero la independencia total del regulador sin ningún otro tipo de control se ha comprobado en este caso que deviene en capacidad del Ejecutivo para influir de forma espuria en el funcionamiento de los mercados. Parece por ello más eficaz garantizar la independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto del Gobierno de la Nación y establecer como garantía de "ultima ratio" el control parlamentario del propio Congreso de los Diputados.
13. Debe modificarse el artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a los efectos de introducir la posibilidad de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores asesore al Congreso de los Diputados, y no sólo al Gobierno, en materiasrelativas a los mercados de valores. El objeto de esta

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reforma no es otro que el de estrechar los lazos entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Congreso de los Diputados, en conexión con las reformas legales antes propuestas.
14. Deben realizarse las modificaciones legales, pero sobre todo reglamentarias, necesarias para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo del texto del artículo 21 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de incompatibilidades. El caso GESCARTERA ha probado con total claridad que varios de los Altos Cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han respetado sus obligaciones en materia de incompatibilidades ni en el ejercicio del cargo público ni en su posterior actividad privada.
Especial atención deben merecer las modificaciones legales y reglamentarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación de abstenerse de realizar actividad profesional privada en el campo de los mercados de valores en los dos años posteriores al cese como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
15. Debe modificarse el artículo 92 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a los efectos de crear un nuevo registro oficial, de libre acceso y máxima publicidad, que contenga el nombre de todas las empresas a las que se les haya abierto un expediente sancionador, así como los motivos de la sanción, la cuantía pecuniaria u otra modalidad de sanción y la forma en la que han dado cumplimiento a la misma. Debe acabarse con la práctica detectada con motivo del caso GESCARTERA consistente en hacer públicas unas sanciones y silenciar otras. Todos los operadores del mercado y muy especialmente los potenciales y efectivos clientes de las empresas privadas que operan en el mercado tienen el derecho de conocer con quién se están jugando su dinero.
16. Debe modificarse el artículo 88 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, de tal manera que no parezca que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene sólo un deber de colaborar con el Ministerio Fiscal cuando esa colaboración haya sido rogada, sino que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una verdadera obligación de acción en primera instancia, consistente en poner en conocimiento del Fiscal General del Estado cuantos hechos conozca con motivo de su actividad que sean susceptibles de ser considerados delitos. Con esta reforma no se pretende nada más que dejar por escrito y de forma explícita por la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que ya es evidente para todos los poderes públicos en relación a la colaboración con las labores de investigación penal del Ministerio Fiscal y muy especialmente del Fiscal General del Estado.
17. Debe modificarse el artículo 92 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a los efectos de crear un nuevo registro oficial, de libre acceso y máxima publicidad, que contenga un ranking de las empresas privadas que funcionan en el mercado de valores en orden a su solvencia, seriedad y calidad de sus servicios y productos. Los potenciales y efectivos clientes de las empresas privadas que operan en el mercado de valores tienen derecho a conocer este tipo de información. En cierta medida esta información ya es suministrada por distintos medios privados (prensa generalista, especializada, webs en internet, etc.), pero los ciudadanos tienen el derecho y la necesidad de recibir dicha información avalada por el marchamo de respetabilidad y credibilidad que le debe dar un organismo público regulador como es o debería de ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Cumplimiento efectivo del régimen de incompatibilidades de los Altos Cargos.


18. Debe modificarse el artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, a los efectos de colocar de forma expresa bajo el ámbito de esta Ley a los presidentes, vicepresidentes y vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En principio todos estos Altos Cargos parecen estar afectados por el artículo 1.1 de la citada ley, pero después no son citados en el artículo 1.2, cuando sí lo es un órgano regulador de características no idénticas, pero sí muy similares como es el Tribunal de Defensa de la Competencia. Se trata, por tanto, de explicitar algo que de forma implícita ya está vigente.
19. Debe modificarse el artículo 2.1 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, a los efectos de proscribir cualquier regalo que tenga un valor.
20. Debe modificarse la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, a los efectos de crear una Autoridad Independiente de designación parlamentaria y vinculada a la Administración de Justicia, que garantice el cumplimiento por parte de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos sus obligaciones en materia de incompatibilidades. Es evidente que el régimen actual de incompatibilidades es casi perfecto sobre el papel (la Ley 12/1995 es, en términos generales, más que correcta), pero tremendamente deficiente en la realidad. Los mandatos de la Ley 12/1995 no se cumplen en muchos casos fundamentalmente porque el controlado y el controlador son la misma persona (jurídica). Las incompatibilidades de los Altos Cargos son enjuiciadas por otros Altos Cargos, cuando no por compañeros de partido, Ministerio, o Consejo de Ministros. Nuestro sistema democrático no puede resistir ni un sólo informe más

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como el que ha declarado compatible la actividad del Sr. Ramallo como notario en el ámbito de los mercados de valores en los dos años posteriores a su cese como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a pesar del tenor literal del artículo 2.4 de la Ley 12/1995. Nuestro sistema democrático no puede aguantar ni un Ministro más de Economía que es titular de porcentajes superiores al 10% del capital social de empresas bajo la supervisión de su Ministro. Nuestra democracia no puede aguantar ni un sólo Ministro más de Economía que solicita créditos de bancos que operan en España para aplicarlos a empresas cuya titularidad no consta en los registros de bienes e intereses de los Altos Cargos. Nuestra democracia no puede aguantar ni un caso más de negación de acceso a la información mercantil, comercial y patrimonial de los Altos Cargos so pretexto del necesario respeto del secreto comercial de terceras personas implicadas. Es por ello necesario encargar a una entidad de nueva planta y totalmente independiente de la Administración General del Estado y del Gobierno de la Nación el control y efectivo cumplimiento de lo prescrito por nuestro ordenamiento jurídico en materia de incompatibilidades.


A) Regular por ley esta Autoridad Independiente en materia de incompatibilidades y su máximo órgano colegiado deberá estar presidido por persona de reconocida solvencia profesional en el entorno de la función pública y probada independencia política que concite el apoyo de los tres quintos del Congreso de los Diputados.
La Autoridad Estatal en Materia de Incompatibilidades de los Altos Cargos estará vinculada al Congreso de los Diputados a través del nombramiento y cese de su presidente, vicepresidente y consejeros por mayoría de tres quintos. Dicha autoridad trabajará en estrecha colaboración con la Fiscalía Especial Anticorrupción. Y en todo lo demás será total y efectivamente independiente.
B) Deben acometerse las modificaciones oportunas en el Reglamento del Congreso de los Diputados de tal forma que las denuncias presentadas por Grupos Parlamentarios de la oposición en relación a las incompatibilidades sobrevenidas de diputados de los Grupos Parlamentarios que sustentan al Gobierno sean tramitadas por la Mesa del Congreso y estudiadas por la propia Comisión del Estatuto de los Diputados. No puede ocurrir ni una vez más lo ocurrido con motivo del caso GESCARTERA y de la investigación de los intereses empresariales privados del diputado y Ministro de Economía. Si la oposición dispone de datos que apunten a una situación sobrevenida de incompatibilidad entre los negocios privados de un diputado o miembro del Gobierno, la Mesa no debe bloquear dicha investigación y debe ser la propia Comisión del Estatuto del Diputado la que estudie y dictamine sobre el asunto.
C) Deben realizarse las modificaciones necesarias en el artículo 10 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno, y en el Reglamento del Congreso de los Diputados para culminar en debate en Comisión y Pleno los informes semestrales sobre compatibilidad con actividades privadas, declaración de actividades y bienes e incompatibilidades de Altos Cargos del Gobierno, remitidos por el Ministerio de Administraciones Públicas. De esta manera se permitiría un debate con transparencia y relevancia pública en relación a las incompatibilidades de los Altos Cargos al servicio de la Administración General del Estado de forma periódica y sistemática.


Potenciar la capacidad de las Comisiones de Investigación del Congreso de los Diputados

21. Debe modificarse el texto del artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados de tal forma que las Comisiones de Investigación se formen una vez que hayan sido solicitadas por un 25% de los diputados de la Cámara o un número de Grupos Parlamentarios que integre a esa cantidad de diputados. No es de recibo que la constitución de una Comisión de Investigación quede al albur de la voluntad del que va a ser investigado (el Gobierno de la Nación, el partido y Grupo Parlamentario que lo sustenta). Es por ello necesario invertir el estado actual de la situación y conceder a la oposición la capacidad de crear Comisión de Investigación, todo ello si de verdad se pretende que las Comisiones de Investigación sean verdadera y eficazmente investigadoras.
22. Debe modificarse el texto del artículo 52.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, a los efectos de garantizar que la presidencia de las Comisiones de Investigación será siempre presidida por un diputado o diputada de uno de los Grupos Parlamentarios que solicitó la creación de dicha Comisión. Sin llegar a rebasar el límite marcado por el artículo 52.4 del Reglamento del Congreso, es necesario realizar modificaciones reglamentarias que permitan que la conducción de los trabajos de la Comisión se realice con cierta independencia de los intereses del investigado. No es de recibo que la ordenación de los trabajos de la Comisión y la solución de las dudas interpretativas que pudiesen surgir sean resueltos por un Presidente de Comisión que proviene de un Grupo Parlamentario que tiene por objeto precisamente el que dicha Comisión no investigue de forma efectiva y real sino meramente nominal.
23. Deben acometerse las modificaciones reglamentarias y legales tendentes a garantizar que toda documentación solicitada por una Comisión de Investigación a cualquier organismo público o privado o persona física sea remitida a la misma, sin perjuicio de que en el seno de la Cámara se tomen las medidas necesarias en orden a garantizar "inter alia" el derecho a la intimidad, el respeto del secreto comercial, etc. No es de recibo que organizaciones privadas le nieguen al Congreso de los Diputados una información que necesita

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para el desarrollo de los trabajos de una Comisión de Investigación.
No puede oponerse a la voluntad investigadora del Congreso los presuntos riesgos de los derechos de los remisores de la información, pues nadie mejor que las Cortes Generales para tutelar unos derechos que ellas mismas han desarrollado por ley.


Transparencia y fiscalidad de la ONCE.


24. Nuevo Decreto sobre reordenación de la ONCE en el sentido de sustituir al Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, modificado por el 1200/1999, de 9 de junio, en el sentido siguiente:

a) Modificar el control público de la ONCE introduciendo la participación en el órgano de tutela tanto de representantes de los Grupos Parlamentarios como de los agentes sociales, con el objetivo de preservar el eficaz control que sobre los fines delegados en la ONCE debe ejercer el Estado.
b) Recoger controles específicos sobre el ejercicio de los fines de la ONCE, que conviertan al órgano de tutela en el garante de los derechos de sus afiliados.
c) Democratizar:

- La participación institucional dentro de la ONCE, sustituyendo la normativa electoral actual o bien estableciendo otro mecanismo de participación distinto como podrían ser los procesos congresuales.
- La composición del Patronato de la Fundación ONCE, de forma que los distintos grupos de discapacitados estén representados en pie de igualdad desapareciendo la mayoría absoluta de la ONCE en el mismo.


d) Modificar la actual forma de gestión que tiene la ONCE, de forma que pase a regirse por parámetros que preserven la igualdad de oportunidades de sus afiliados y trabajadores y se ajuste escrupulosamente a principios democráticos -eliminando toda discriminación derivada de la pertenencia política o sindical de los mismos- debiendo ejercer el órgano de tutela el adecuado control de los procesos electorales, asumiendo como competencia la aprobación de la normativa electoral y posibilitando la existencia de representación de los trabajadores en los órganos de Gobierno.


25. Modificación de los Estatutos de la Fundación ONCE a fin de fijar una nueva regulación en materia de funcionamiento económico, que evite el caer en inversiones como las que han tenido lugar en el caso GESCARTERA, y con el objetivo de realizar una correcta aplicación de los recursos económicos a los fines sociales, estableciendo todas las limitaciones en materia de inversiones que resulten pertinentes para cumplir tal misión.
26. Modificar los Estatutos de la ONCE para adecuarlos al nuevo marco legal que se establezca en función de los cambios legales que se fijen dadas estas actuaciones a desarrollar.
Claridad legal de las cuentas e inversiones de la IGLESIA.


27. Tratamiento de las aportaciones realizadas por el Estado a la Iglesia Católica:

Uno. Las asignaciones que recibe la Iglesia Católica vía Presupuestos Generales del Estado se ajustarán al resultado estricto de la cantidad recaudada efectivamente en concepto de asignación tributaria existente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por las aportaciones que los contribuyentes decidan realizar por este concepto.
Dos. Para el año 2002 los pagos a cuenta, en concepto de recaudación de IRPF, no podrán sobrepasar la cantidad recaudada efectivamente en concepto de asignación tributaria para la Iglesia Católica en el año 2001.
Tres. No se elevarán a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en el año 2001, hasta que la Iglesia Católica proceda a la devolución de las cantidades que, entregadas a cuenta, hayan sobrepasado lo efectivamente recaudado, en ese mismo año, por el procedimiento de asignación tributaria.
Cuatro. En cualquier circunstancia y con carácter general, la utilización de las cantidades que se entreguen a cuenta deberán orientarse hacia activos públicos e instrumentos de ahorro ordinarios como cuentas de ahorro o fondos de inversión de renta fija, en ningún caso se podrán utilizar estas cantidades para la compra de valores mobiliarios, fondos de inversión de renta variable o instrumentos de inversión con alto riesgo.


28. Cualquier institución dependiente y/o relacionada con la Iglesia Católica, como por ejemplo, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, etc., deberá presentar anualmente, ante el Ministerio de Hacienda, un balance que recoja todos los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos las donaciones de los feligreses y operaciones patrimoniales realizadas, así como todas las transacciones y gastos satisfechos. Con esto se logrará una mayor transparencia fiscal y se acabará con la opacidad existente en estos conceptos.
29. Adoptar las medidas necesarias para recuperar el carácter finalista de las aportaciones realizadas por el Estado a la Iglesia Católica para cubrir el gasto educativo, en especial el de los sueldos del profesorado, que la enseñanza privada de esta Institución realiza, con el fin de que el uso de este dinero sirva realmente para los fines para los que se concede. Con ello se lograría una mayor transparencia en la distribución y uso de los recursos que llegan a la enseñanza religiosa y a los centros de enseñanza privados en manos de la Iglesia.
30. Proceder a realizar una revisión y renegociación, en virtud de la actual realidad constitucional y dado el nuevo marco jurídico y tributario, de todos los asuntos económicos acordados en 1979 con la Santa Sede, con el fin de actualizar los mismos y adecuarlos a la nueva realidad socioeconómica de nuestro país.


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31. EI Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita que sean prorrogados los trabajos de la Comisión de Investigación sobre Gescartera como consecuencia de los nuevos datos conocidos la semana pasada y que afectan al funcionamiento de los Ministerios de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, así como a los Sres.
Giménez-Reyna y Ramallo y a la Sra. Valiente. Como consecuencia de lo anterior y de la alta probabilidad de seguir conociendo en el futuro nuevos datos en relación al citado caso Gescartera, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la prórroga de los trabajos de la Comisión de Investigación por el tiempo que sea necesario para completar de forma real y efectiva el objeto de la misma.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presenta el siguiente voto particular al Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera para su debate en el Pleno de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2001.-Pedro Azpiazu Uriarte, Diputado.- Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) PARA SU DEBATE EN PLENO

Hechos relevantes

* El 14 de junio de 2001 es intervenida Gescartera. El Consejo de la CNMV, en sesión extraordinaria, sin orden del día previo y sin informe técnico que lo soporte, interviene la sociedad.
* Los inversores afectados (alrededor de 2.000) ven desaparecer al menos 18.000 millones de pesetas; sin contar los detentores de dinero negro, que desconocemos el número de personas y el importe del mismo.
* Esta sociedad intervenida, Gescartera, antes Bolsa Consulting, venía mostrando irregularidades en su funcionamiento desde el inicio.
Ya en 1994 se impuso a Bolsa Consulting una sanción de más de 128 millones de pesetas, sanción recurrida e impagada.
* Las inspecciones realizadas por la CNMV a Gescartera han sido numerosas a lo largo de los últimos 10 años. En todas ellas se observan ocultaciones de información sobre el patrimonio gestionado, manipulaciones contables, demoras en la rendición de cuentas, falsificación de documentos. En definitiva, engaños y tomaduras permanentes de pelo al órgano supervisor.


* El órgano supervisor, la CNMV, en lugar de actuar con diligencia, demora sus actuaciones y busca justificaciones para no intervenir (la intervención supondría el fin de la sociedad, dicen algunos miembros de la CNMV). Prefieren defender a una sociedad que comete irregularidades continuas que los intereses de cientos de inversores que han arriesgado y, sin saberlo, en exceso su dinero.
* El 16 de abril de 1999 se convoca un Consejo Extraordinario en la CNMV para tratar sobre la posible intervención en Gescartera. El denominado informe Vives pone de manifiesto un desbalance patrimonial superior a los 4.500 millones de pesetas, entre otras cuestiones. Sin embargo, ante la pregunta de si hay certeza de que falta dinero, se decide no intervenir y adoptar medidas cautelares como solución de consenso. Las posiciones entre los Consejeros son inicialmente opuestas; Pilar Valiente, Luis Ramallo, José María Roldán y el Secretario Antonio Alonso Ureba, están por la no intervención; es más, en las comparecencias querían hacer ver que de intervención no se habló. Juan Fernández Armesto y José Manuel Barberán defendieron las posiciones de David Vives, que sí planteó la intervención. Los defensores del "chiringuito" de Camacho evitan la intervención, en perjuicio de los inversores.
* En julio de 1999 se cambió de equipo supervisor; se crea un equipo "ad hoc" y se reorienta la investigación, cambiando el período base del informe anterior (desaparece el desbalance).
* Van apareciendo justificaciones teóricas y supuestas explicaciones de dónde puede estar el dinero; primero es una SICAV en Luxemburgo, y posteriormente son cheques falsos de Bankinter y La Caixa los que "tranquilizan" a la CNMV y les permiten demorar la intervención.
* Paralelamente se está tramitando una petición de Gescartera para que ésta pase de ser gestora de carteras a agencia de valores.
El mismo día que se le rebaja una sanción de falta muy grave a grave (el 13 de julio de 2000), la CNMV aprueba en su Consejo la transformación de S.G.C. en AV.
* El Ministerio de Economía tramita este expediente en agosto de 2000 y lo firma el Secretario de Estado de Economía el 1 de septiembre de 2000, si no modificando, sí ocultando los requisitos exigidos por la CNMV (10% de participación de la Fundación ONCE en Gescartera Dinero y el 25% en Gescartera Holding, así como la no participación en la gestión de las empresas de Camacho y Ruiz de la Serna).
* La CNMV, y en concreto el Sr. Basallote Ureba, se dirigen a Gescartera para exigirle los requisitos de la CNMV y del Ministerio de Economía, y sin recibir respuesta satisfactoria del Sr. Camacho y de Gescartera, decide dar el paso e inscribir a Gescartera en el registro de la CNMV.
* El Sr. Camacho, la Sra. Pilar Giménez-Reyna y el Sr. Ruiz de la Serna, artífices directos de la estafa,

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están imputados, encontrándose los dos primeros en prisión; el tercero no lo está por enfermedad grave.
* El tema GESCARTERA no hubiera sido posible con la única actuación de los precitados. El papel de la CNMV ha sido determinante al igual que el del Secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.
Éste actuaba de intermediario entre la CNMV y Gescartera, en defensa de los intereses de la empresa en la que su hermana era Presidenta; concertando comidas y entrevistas entre la CNMV y Gescartera, en las que él también participaba. Es también destacable la relación o el contacto entre Luis Ramallo y Enrique Giménez-Reyna, el día 15 de abril de 1999, víspera de la posible intervención.
* Los clientes más importantes estaban concentrados en unos pocos sectores significativos, lo que induce a pensar en favores, clientelismos y amiguismos. Entre éstos destacan:

- La Iglesia (Arzobispado de Valladolid, diferentes órdenes religiosas, el Padre Bonilla, etc.).
- La Mutualidad de Huérfanos de la Guardia Civil, cuyo responsable, el Sr. Blanes, era el superior inmediato de un hermano de Enrique y Pilar GiménezReyna, José Giménez-Reyna, cuya relación con Antonio Camacho era muy estrecha.
- La Mutua de la Policía.
- Las Fuerzas Armadas.
- Las Empresas Públicas de la SEPI como CETARSA y SAES (que han sacrificado a algunos de los supuestos responsables).


Una clientela selecta y que recuerda más a una España del pasado que del presente.
* Trasvase de personas entre la CNMV y otras Instituciones, con ascensos sustanciales incluidos:

- Pilar Valiente, de Inspectora de Hacienda (asunto del fraude de los 200.000 millones) a Vocal de la CNMV, y de ahí a Presidenta del Organismo.
- Luis Ramallo (asunto vestuario de la Directora General de RTVE) a Vicepresidente de la CNMV, y de ahí a su despacho de notario con una cartera nutrida de clientes obtenidos en la CNMV y vinculados a Gescartera (incluso Telefónica).
- Antonio Alonso Ureba pasa de Secretario de la CNMV a Secretario del Consejo de Telefónica, aparentemente sin hacer más que esperar en su casa a que le llamen (según declaró en Comisión).
- José María Roldán pasa del Gabinete del Ministro a Vocal de la CNMV y de ahí a Director General del Banco de España.
- Javier Pérez Renovales transita de la CNMV a Director de Gabinete del Sr. Rato.
- La Agencia Tributaria tiene también responsabilidades en el asunto Gescartera. En primer lugar, porque no ha detectado, a priori, las bolsas de fraude que se estaban produciendo en su entorno, lo que cuestiona la eficacia de la Agencia. En segundo lugar, hay cuatro expedientes en los que la inspección ha paralizado sus actuaciones y que están vinculadas con Gescartera.
- Banco de España. Es increíble la confusión que generó en su comparecencia el Sr. Caruana con el asunto de las cuentas numeradas y la responsabilidad de que éstas existan en el sistema financiero español. Las actuaciones del Banco de España en relación a las Entidades Financieras relacionadas con Gescartera ha sido insuficiente y deficiente.


* Actuación incomprensible de la auditora Deloitte & Touche, encubriendo la actuación de Gescartera (no analizando el patrimonio gestionado ni la viabilidad de la empresa a tenor de sus ingresos y estructura de costes).
* El papel de la ONCE, Fundación ONCE, en el proceso de conversión de Gescartera de Sociedad de Carteras en Agencia de Valores es todavía un enigma, no se conoce quién propuso a la ONCE como socio partícipe en Gescartera.
* Los trabajos de la Comisión de Investigación fueron controlados en todo momento por el Partido Popular, cambiando el formato de comparecencias de algunos comparecientes y, sobre todo, dando por finalizados los trabajos de la Comisión cuando aún faltaban por interrogar comparecientes importantes y por recibir mucha información, dándose el caso de documentación no recibida por imposición de la mayoría.
* Nula actuación del Ministerio de Administraciones Públicas en el control de las incompatibilidades. No se exigen las declaraciones con rigor, y en los informes solicitados por la Comisión respecto de personas concretas la pretensión exculpatoria se impone siempre a preservar las garantías de ejercicio no contaminado de un puesto público. Caso Luis Ramallo y declaraciones de bienes y actividades de Rodrigo Rato.
* Regalos de Loewe, Hermes y Joyería Suárez, entre otros, realizados por Antonio Camacho a muchas personas significativas del asunto Gescartera (ej.: Luis Ramallo).


Principales conclusiones

1. Cabe señalar anomalías en el funcionamiento de la Comisión de Investigación de Gescartera que han impedido una mejor averiguación de los hechos y responsabilidades políticas.
2. Irregular funcionamiento de los órganos de control. Comenzando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pasando por el Banco de España y la Agencia Tributaria, además de la Dirección General del Tesoro. Sólo un comportamiento anómalo de estos organismos ha hecho posible la existencia y funcionamiento de Gescartera y, por lo tanto, del fraude cometido.
3. Desacertada política de nombramientos en los órganos reguladores, basada más en la búsqueda de

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fidelidad personal que en la competencia y solvencia profesional (ej.: Luis Ramallo, Pilar Valiente o el Sr. Basallote Ureba, entre otros).
4. Incumplimiento de la legalidad en las incompatibilidades que acompañan al desempeño de cargos públicos. Falta tanto de respeto de los propios cargos como de la Administración encargada de controlarlos.
5. Incumplimiento por parte del Gobierno de la obligación legal de constituir el Fondo de Garantía para hacer frente a este tipo de insolvencias.
6. Evidencia de responsabilidades políticas. Actuaciones de responsables y altos cargos de los Ministerios de Economía y Hacienda, así como de responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de la Agencia Tributaria han permitido la estafa financiera de Gescartera.


Propuestas

1. Introducir elementos de control parlamentario en la designación o en los trámites previos del Presidente y Vicepresidente de la CNMV, del Gobernador del Banco de España y del Director de la Agencia Tributaria.


Reforzar las responsabilidades de los Consejeros de la CNMV en relación con las áreas que tengan encomendadas, además de las responsabilidades colegiadas.
2. Exigencia de la cualificación técnica, predefinida como necesaria para el adecuado desempeño de los puestos de responsabilidad de la CNMV.
3. Exigencia de que por el Ministerio de Administraciones Públicas se vigile el estricto cumplimiento de la normativa de incompatibilidades, dando periódica cuenta al Parlamento.
4. Exigir al Presidente del Gobierno el cese del Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, don Rodrigo Rato Figaredo, y del Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro. Igualmente se solicita la dimisión del Gobernador del Banco de España, don Jaime Caruana.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista al Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera para su debate en el Pleno de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2001.- Antonio Cuevas Delgado, Ángel Martínez Sanjuán, Juan Fernando López Aguilar y María Teresa Costa Campí, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA SU DEBATE EN PLENO

ÍNDICE

1. Introducción.
2. El funcionamiento de la Comisión.
3. GESCARTERA, su entorno y sus clientes.


3.1 Introducción.
3.2 La actuación de los responsables de GESCARTERA.


3.3 Los clientes de GESCARTERA.
3.4 Los clientes institucionales de GESCARTERA.
3.5 Los auditores de GESCARTERA. p3.6 Las instituciones financieras relacionadas con GESCARTERA.


4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
5. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
6. El Banco de España.
7. Otras actuaciones de la Administración Pública.


7.1 El Ministerio de Economía.
7.2 El Ministerio de Administraciones Públicas.


8. Responsabilidades políticas.
9. Conclusiones. 10. Propuestas. 11. Anexo 1: Documentación pendiente. 12. Anexo II: Comparecencias pendientes.


1. Introducción.


El 2 de junio de 2001, Caja Madrid presentó una denuncia ante los Tribunales de Justicia por la falsificación de unos tampones de esa entidad. Fue interrogado por esta razón J. Ignacio Casanova, vinculado a GESCARTERA. Caja Madrid puso en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estos hechos.
El 14 de junio de 2001 la CNMV intervino GESCARTERA cuando ya habían desaparecido al menos 18.000 millones de ptas., de fondos depositados por los inversores.
En días posteriores se tuvo conocimiento público de estos hechos así como de las peculiares circunstancias en las que se habían desarrollado los acontecimientos: presunto trato de favor a GESCARTERA por la CNMV, relación de parentesco del Secretario de Estado de Hacienda don Enrique Giménez-Reyna con la Presidenta de GESCARTERA, doña Pilar GiménezReyna, la aparición de listados de inversores entre los que estaban entidades dependientes de varios Ministerios, como el Servicio de Seguridad Social de la Armada, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, etc., y

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empresas públicas vinculadas a la SEPI como CETARSA y SAES, junto a diócesis, congregaciones religiosas y ONG dependientes de la Iglesia Católica que, en algunos casos, retiraron el dinero con antelación a la intervención. Todo ello desata la alarma social y la preocupación ciudadana.
Las actuaciones judiciales en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional y los nuevos hechos que se van conociendo ponen de manifiesto la magnitud del escándalo, la posible connivencia de la CNMV y los indicios de responsabilidad del Gobierno.
El 2 de agosto de 2001 compareció en el Congreso la Presidenta de la CNMV, doña Pilar Valiente, para explicar las actuaciones de este Organismo en relación con GESCARTERA y con la intervención de la entidad. De sus palabras surgieron más dudas y se suscitó mayor preocupación en los Grupos Parlamentarios.


El Grupo Parlamentario Socialista exigió en ese debate la creación de una Comisión de Investigación. El Grupo Popular se negó aduciendo que "eso sería como reconocer que ha habido dolo en la conducta del Gobierno y no hay tal", y tan sólo propuso la creación de una subcomisión de estudio.
Con fecha 3 de agosto de 2001, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la creación de una Comisión de Investigación sobre el funcionamiento de la CNMV y las actuaciones de los Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas, Interior y Defensa en relación con la Agencia de Valores GESCARTERA y las sociedades que componen su Grupo.
Con posterioridad, otros Grupos Parlamentarios de la oposición también solicitaron su creación. Finalmente el Grupo Parlamentario Popular se vio obligado a admitir el 27 de agosto de 2001 la constitución de la Comisión de Investigación, junto con Convergència i Unió y Coalición Canaria.
El Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 2001 aprobó su constitución con el siguiente objeto:

1. Conocer a fondo la actuación de Bolsa Consulting, GESCARTERA y otras empresas del mismo grupo, tanto en el cumplimiento de sus obligaciones legales y societarias como en su relación con el órgano supervisor y con otras administraciones. En este ámbito de actuación, la Comisión debe incidir asimismo en la investigación sobre miembros del Consejo de Administración de GESCARTERA, apoderados y socios, también en el doble ámbito mencionado.
2. Analizar el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras administraciones en relación a la historia de estas empresas desde 1992, su comportamiento, su eficacia en la detección de irregularidades y los motivos de la última intervención.


3. Investigar el comportamiento fiscal del grupo y sus responsables, así como el conocimiento profundo de si se produjeron actuaciones para ocultar fiscalmente dinero, blanquearlo o facilitar cumplimientos fiscales irregulares, así como la actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda en relación con el Grupo GESCARTERA.
4. Analizar la existencia de información privilegiada tanto para invertir como para desinvertir, además de conocer si las condiciones de inversión se adecuaban a la legalidad vigente.
5. Investigar la actuación de empresas terceras que pudieran haber actuado con connivencia o negligencia, al no realizar bien su trabajo, haber ocultado datos o haber facilitado la trama de presuntas irregularidades (análisis de las valoraciones de las cuentas auditadas, falsificación de documentos de entidades financieras, etc.).
6. Posibles irregularidades en la captación de inversiones públicas o privadas, tanto por su inducción como por posibles "tratos de favor" tendentes a que se produjesen, analizando y evaluando las políticas de colocación de excedentes de tesorería de determinados servicios, organismos y empresas de la clase de las afectadas por el caso.
7. Cualquier otro comportamiento irregular de personas jurídicas o físicas, públicas o privadas, que pudieran deducirse al hilo de la investigación que se realice.
8. Propuesta de medidas para ampliar, en su caso, el control de los órganos de supervisión sobre las empresas y seguir impulsando la transparencia e igualdad en los mercados financieros.
9. Analizar y evaluar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y, en especial, el de algunas personas que se han visto involucradas en las actuaciones de GESCARTERA.
10. Analizar y evaluar las actuaciones realizadas por el Banco de España en relación con GESCARTERA y su Grupo, y el marco de supervisión sobre las entidades financieras.


2. El funcionamiento de la Comisión.


Con carácter inicial debe significarse que el Grupo Parlamentario Popular por disponer de mayoría absoluta en la Cámara, y por tanto en la Comisión de Investigación, ha impuesto unilateralmente desde el principio sus criterios para el funcionamiento de la misma, sin admitir otras propuestas efectuadas por los otros Grupos Parlamentarios, de tal forma que el tiempo de duración de los trabajos de la Comisión, las personas convocadas y su orden de comparecencia, el sistema de comparecencias aplicadas a los Ministros de Economía y Hacienda, al Secretario de Estado de Economía y al Gobernador del Banco de España, así como las diversas solicitudes documentales realizadas al Gobierno, a distintas Instituciones y Organismos públicos, a Entidades Privadas y a personas

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físicas han sido limitadas, restringidas, e incluso impedidas por la voluntad del Partido Popular.
Es necesario valorar inicialmente las posibilidades de actuación que ha tenido la Comisión de Investigación de GESCARTERA y hasta qué punto ésta ha cumplido el mandato del Pleno de 6 de septiembre.
Para este fin no conviene olvidar que el Grupo Popular en su inicio, se opuso a una Comisión de Investigación, que intentó sustituir por una subcomisión de estudio y análisis, si bien fue el devenir de los hechos el que le hizo reconsiderar su posición y aceptar la Comisión de Investigación, aunque se llegara a decir que "eso sería como reconocer que ha habido dolo en la conducta del Gobierno y no hay tal".
El siguiente obstáculo lo estableció el PP con su propuesta de un plazo extremadamente corto para la realización de las tareas de la Comisión. Tras la insistencia del Grupo Parlamentario Socialista que consideraba imprescindible disponer de un tiempo suficiente para la realización de las tareas, se acordó que el plazo podía ser prorrogable. Por ello no se entiende que, sin ninguna explicación, se cierren los trabajos de la Comisión, máxime cuando es cuantiosa la documentación por recibir y fundamentales las comparecencias que no se han realizado.
En materia de documentación, debe destacarse, en primer lugar que la misma se comenzó a recibir bastante después de que se hubiera iniciado el trámite de comparecencias, en muchos casos por voluntad del Gobierno.
La Comisión ha recibido un volumen considerable de papeles aunque en ocasiones con un sospechoso acompasamiento entre su recepción y la realización de las comparecencias.
Se han detectado casos en que la documentación se ha remitido de manera incompleta y en asuntos significativos que resultaron ser de importancia capital. Así ocurrió por ejemplo con el llamado "Informe Vives", que los comisionados sólo pudieron conocer en su extensión cuando el Sr. Vives hizo referencia a números de páginas que no existían en el Informe remitido por la CNMV. Ello extiende la duda sobre la integridad de la documentación enviada por la CNMV, máxime cuando el grueso de ésta ya se había remitido por la Presidenta Dña.
Pilar Valiente, luego dimitida.
Como se ha dicho, la mayoría decidió impulsar las comparecencias cuando todavía no se había recibido ningún documento en la Cámara. No obstante, se ha podido constatar que a los comisionados de la mayoría no les faltaban los datos, incluso en aquellos momentos en que la Comisión todavía no se había constituido. Han sido múltiples los casos en que los diputados del Grupo Popular han hecho exhibición de información que sólo se podía obtener de las Administraciones Públicas y era documentación que no obraba en poder de los demás comisionados (por ejemplo, información sobre el dinero negro).
Referencia especial debe hacerse a la carta del Sr. Galobart, Director General de HSBC Bank plc, en la que se daba cuenta de que su entidad había concedido un crédito a la Sociedad MUINMO, S.L. de la que es accionista el Vicepresidente Segundo del Gobierno. Pues bien, como se ha puesto de manifiesto en los escritos del Grupo Socialista de fechas de 5 de octubre (núm. de registro 47.705) y de 8 de octubre (núm. de registro 47.756) no sólo quedó acreditado que esa documentación no se entregó a varias personas del Grupo Socialista y sí a algún diputado del Grupo Popular, que, de manera sorprendente, ya conocían su existencia cuando la demandaron en la Comisión. Cierta luz la aportó el propio Sr. Galobart cuando afirmó a una cadena de radio que se había puesto de acuerdo con "un miembro destacado del PP" en la Comisión de Investigación no sólo para decidir cuándo remitía la documentación, sino también para el cómo; "en términos suaves y con los mínimos datos posibles de los detalles". Efectivamente, el resto de los comisionados sigue sin poder conocer los detalles.
Hay otro incidente en materia de información a la Comisión de Investigación, que ejemplifica el cómo se ha operado y que compromete seriamente la dignidad de la Cámara. Se trata de las listas de regalos de Joyería Suárez, Hermés y Loewe. La mayoría parlamentaria ha impuesto el cierre de la Comisión de Investigación sin que haya sido posible conocer a buena parte de los beneficiarios de estos regalos. Se ha asistido a las manifestaciones de responsables de empresas que se amparaban en un secreto profesional más que dudoso, a la publicación de anuncios en los medios de comunicación en los que se manifestaba haber accedido a colaborar con la Comisión "sólo bajo las estrictas garantías de mantener dicha confidencialidad manifestadas a Loewe por la Presidenta del Congreso de los Diputados", en un claro reproche a la Cámara por no haber guardado una confidencialidad que no se puede asumir. O también ante otras empresas que todavía no han dado cumplimiento a todos los requerimientos de información que desde la Comisión se les ha hecho.
Otro incidente que por lo revelador parece oportuno reseñar es el referido a don Antonio Alonso Ureba, quien en un escrito de fecha 27 de septiembre de 2001 afirmaba que obraba en su poder material susceptible de constituirse en prueba documental irrefutable a la hora de responder a las falsedades citadas -se refería a las manifestaciones del Sr. Vives-. Independientemente de que los documentos que aportó el Sr. Ureba, en absoluto tuvieran la consideración de pruebas y menos irrefutables, no es aceptable en términos de dignidad de la Cámara, que un compareciente pueda desoír los requerimientos de ésta y aportar la documentación, que se le requirió de forma reiterada, cómo y cuándo le pareció oportuno.
Merece capítulo aparte, por fin, la prácticamente nula información tanto verbal como escrita aportada por la AEAT. Debe destacarse que la actuación del Gobierno y de los responsables de la AEAT ha sido, en este ámbito, claramente obstruccionista, negándose sistemáticamente a facilitar datos esenciales para una correcta

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valoración de la actuación de la administración tributaria. Y así, pese a los antecedentes existentes -Comisión de Investigación sobre tramitación de expedientes en la AEAT-, no se ha concretado, en la escasa documentación remitida, ni el volumen de deuda perjudicada ni los conceptos tributarios a que correspondía la misma, intentándose, incluso, ocultar la delegación o delegaciones en las que se habían producido incidentes.
En cuanto al análisis del dinero negro que el grupo GESCARTERA podría haber gestionado, se ha informado a la Comisión que el correspondiente informe no estará ultimado hasta enero de 2002 y, lo que es más grave, que en cualquier caso el mismo no sería facilitado a la Comisión, en función de una peculiar interpretación del principio de confidencialidad de los datos tributarios, en la que se ha escudado reiteradamente el Gobierno para dificultar al máximo los trabajos de la Comisión. Respecto de la actuación de don Enrique Giménez-Reyna como Secretario de Estado de Hacienda, la Comisión sólo ha dispuesto de un breve informe titulado "Conclusiones de la auditoría interna realizada por la AEAT sobre don Enrique Giménez- Reyna" en el que sin argumentos realmente fundados, se concluye la correcta actuación del Secretario de Estado, pese a que se reconoce la existencia de, al menos, dos reuniones con contribuyentes, inversores institucionales de GESCARTERA.
En conclusión, en el apartado referido a la documentación se constata que es mucha la que aún queda por recibirse y en algunos casos especialmente significativa para aclarar algunas de las cuestiones que el Pleno encomendó a la Comisión de Investigación (ver anexo I).
La solicitud de esta documentación debe ser reiterada por la Presidencia del Congreso y distribuida a los comisionados independientemente del momento en que se reciba en la Cámara.
En el mismo planteamiento obstruccionista se inscribe la actitud del Grupo Popular en lo referido a las solicitudes de comparecencia. Se decidió que se aceptarían todas a trámite. Luego, mediante un único debate y votación, la mayoría ha cerrado las puertas de la Comisión, dejando fuera a muchos comparecientes que sin duda hubieran podido aportar datos importantes y necesarios para cumplir adecuadamente el mandato del Pleno.
Produce escándalo, por lo que supone de sometimiento del poder Legislativo al Ejecutivo, que la primera noticia sobre las comparecencias de los ministros de Hacienda y Economía se tuviera en el Congreso de boca de uno de los comparecientes cuando todavía la Comisión no había deliberado sobre tal particular. A ello hay que añadir la imposición de un formato de comparecencia "ad hoc" para miembros del Gobierno y asimilados. Es de todo punto inaceptable la aplicación de los artículos 202 y 203 del Reglamento. Siguiendo la doctrina de la Presidencia de la Cámara para otras Comisiones de Investigación, la Comisión es soberana en su autorregulación y ésta ya se había dotado de un procedimiento de trabajo. Que estos artículos no son de aplicación se justifica, además, por el mero hecho de que una hipotética incomparecencia del Gobierno citado al amparo de los artículos 202 y 203 del Reglamento tan sólo ocasionaría una protesta de la Cámara porque sería un acto de desconsideración al Parlamento.
Mientras que la incomparecencia ante una Comisión de Investigación, acarrea sanción penal para todos los ciudadanos en general, sean ministros o no, de acuerdo con el artículo 502 del Código Penal.
Resulta igualmente incoherente el repentino cierre de la Comisión cuando tan sólo hace unos días que se solicitó de los Grupos que manifestaran por escrito cuáles eran las comparecencias que consideraban irrenunciables. No se ha entrado siquiera en el debate de estos escritos.
En lo atinente a las comparecencias efectivamente celebradas, recordar que la mayoría ha ido imponiendo el esquema o su modificación cuando lo ha considerado conveniente para sus intereses, como en el caso del Sr. Alonso Ureba al que nos hemos referido más arriba. Pero sobre todo obligó a iniciar las sesiones con unos comparecientes, que por estar imputados en procedimiento ante el Juzgado Central de Instrucción número 3, tal y como era de prever, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
Hay que añadir que no se ha cumplido el compromiso adquirido por la Comisión en el sentido de que sería posible repetir comparecencias en aquellos casos que se considerase oportuno. La mayoría lo ha impedido.
La celeridad impuesta en los trabajos ha obligado a hacer de lo excepcional lo ordinario. Es decir, se ha convocado a todos los comparecientes por el plazo extraordinario contemplado en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 5/1984 de comparecencia ante las Comisiones de Investigación y nunca por el procedimiento ordinario de los 15 días.
Se señala en el Anexo II las comparecencias que solicitadas han quedado pendientes de celebración.
A la vista de los limites impuestos a la Comisión por la mayoría hay que concluir que ésta no ha podido concretar en todos sus extremos y alcance los objetivos para los que fue creada, que en sus aspectos concretos aparecen reflejados en el Acuerdo del Pleno de la Cámara de 6 de septiembre y a los que nos referimos a continuación:

1. No se ha cumplido satisfactoriamente el mandato 3 del punto 1 del acuerdo de 6 de septiembre.
Porque, como queda dicho, la información facilitada por la Agencia Tributaria ha sido casi inexistente y en algún momento la AEAT ha podido parecer más empeñada en justificar el porqué no remitía determinada documentación que en atender los requerimientos de la Comisión. Y porque, en lo referido al llamado "dinero negro" la propia Agencia Tributaria se ha dotado de un plazo que finalizaría en el mes de enero, aunque a renglón seguido ha afirmado que no podría dar información a la Cámara.


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2. No se ha dado cumplimiento al mandato 4 del punto 1 del acuerdo de 6 de septiembre. Al no ser posible conocer en el momento actual las características de las inversiones y desinversiones de uno de los clientes, el arzobispado de Valladolid, que en el arranque de los trabajos de la Comisión aparecía claramente como presunto beneficiario de información privilegiada, según las manifestaciones del propio ecónomo del arzobispado. Si bien las contradicciones en la comparecencia de éste no hicieron más que acentuar la impresión de que nos podíamos encontrar ante un supuesto de esta naturaleza.
Tampoco ha sido posible porque no se ha producido la comparecencia de los inspectores de la CNMV que llevaron a cabo la intervención de GESCARTERA, momento que se estima capital para esta averiguación.
3. Tampoco podemos considerar satisfactoriamente cumplido el mandato 5 del punto 1 del acuerdo de 6 de septiembre.
Por lo que hace a la empresa de auditoría Deloitte & Touche no se ha facilitado a la Comisión la documentación sobre la que trabajó esta empresa. A estos efectos nos remitimos a la carta de esta empresa de auditoría de 8 de octubre de 2001 en la que da cuenta de que no facilita los papeles de trabajo y demás documentos relativos a la auditoría de GESCARTERA Dinero, Agencia de Valores, 1999 y 2000.
En este mismo aspecto tampoco se puede considerar satisfactoria la aportación de documentos del HSBC Bank toda vez que se han remitido de forma elusiva y, en todo caso, con posterioridad a la comparecencia de su Director General. Siendo imposible, por imposición de la mayoría, que el mismo vuelva a comparecer.
No ha sido posible valorar la actuación de entidades bancarias e intermediarios financieros en la medida en que la mayoría ha impedido la comparecencia de responsables de Bankinter, Deutsche Bank y Caja Madrid, o del responsable de la Agencia de La Caixa en Majadahonda o de distintos intermediarios financieros que trabajaron con GESCARTERA.
4. Resulta llamativa la forma en que la mayoría de la Comisión ha interpretado el mandato 7 del punto 1 del acuerdo de 6 de septiembre que decía: "Cualquier otro comportamiento irregular de personas jurídicas o físicas, públicas o privadas, que pudieran deducirse al hilo de la investigación que se realice". Puesto que en respuesta a un comisionado perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, se tuvo conocimiento que la entidad bancaria, el HSBC, que ha resultado ser el instrumento necesario para la operativa de GESCARTERA, había concedido un préstamo a MUINMO, S.L., empresa de la que es accionista un miembro del Gobierno, se solicitó la documentación relativa a este crédito. Obviamente se trataba de averiguar si se podían dar las circunstancias de un posible comportamiento irregular de una persona pública. La mayoría de la Comisión ha rechazado por dos veces esta solicitud del Grupo Socialista alegando que no guardaba relación con el objeto de la Comisión, lo que constituye un incumplimiento del mandato del Pleno, en concreto, del referido mandato 7 del punto 1.
5. En el mismo orden de cosas, creemos que la Comisión tampoco ha cumplido el mandato 9 del punto 1 del acuerdo de 6 de septiembre.
De un lado, referido al Vicepresidente Segundo del Gobierno, se alegó por la mayoría que los registros públicos, por su carácter, estaban a disposición de los ciudadanos y por ende de los diputados. Ignorando que la Comisión había ya solicitado información de otros registros con el mismo carácter público sin que se planteara ningún inconveniente para ello.
Pero es que a continuación se negó el acceso a las declaraciones de bienes del Vicepresidente Segundo y diputado, invocando su carácter de reservado. No resulta sostenible en pura lógica que al mismo tiempo que se niegue el acceso a un registro que tiene el carácter de público por ser de libre acceso y a uno reservado por su carácter de secreto. Sencillamente se aprecia una clara actitud obstruccionista de la mayoría en el cumplimiento por la Comisión del mandato 9 antes citado.
Añadir la circunstancia casi esperpéntica, de un escrito firmado por la Presidencia de la Comisión, en relación con la solicitud de las declaraciones de bienes y actividades del Sr. Rato. Escrito que horas después la Presidencia retiró. Lo que constituye un flagrante incumplimiento de lo acordado por la Comisión, según consta en el Acta del día 17 de octubre.
Tampoco se ha atendido la solicitud del Grupo Socialista de 22 de octubre en el siguiente sentido: "Que por los Letrados del Congreso de los Diputados adscritos a la Comisión de Investigación de GESCARTERA, se elabore un informe sobre la adecuación al objeto de esta Comisión de la solicitud núm. 9624 del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos del Acuerdo de creación -especialmente a los puntos 7 y 9 del mismo- aprobado por el Pleno de la Cámara el 6 de septiembre de 2001".
Por último no ha sido posible, en lo que a incompatibilidades se refiere, contrastar los mucho más que discutibles informes del Ministerio de Administraciones Públicas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte del Vicepresidente de la CNMV y del Secretario de Estado de Hacienda, impidiéndose la comparecencia en la Comisión del Ministro de Administraciones Públicas.
No ha sido posible, por la actitud obstruccionista del Grupo Parlamentario Popular, entrar a fondo en conocimiento por la Comisión de asuntos como:

Importe exacto del dinero estafado, destino del dinero, número y relación exacta de personas perjudicadas, destino de la mayoría de los regalos adquiridos por GESCARTERA o el Sr. Camacho, lo relacionado con el llamado "dinero negro", lo relativo a la existencia de cuentas cifradas a que se refiere el Banco de España, condiciones del crédito concedido por HSBC a MUINMO,

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S.L., grado de cumplimiento de la obligación de declarar bienes y actividades del Vicepresidente Segundo y diputado Sr. Rato, cuentas del Arzobispado de Valladolid, cuantía y origen del dinero que invirtió y destino de sus desinversiones, así como si hubo información privilegiada, grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de GESCARTERA y sus clientes, así como lo relativo al adecuado funcionamiento de la AEAT.


3. GESCARTERA, su entorno y sus clientes.


3.1 Antecedentes.


Desde el comienzo de la actividad en el mercado de capitales las empresas de Antonio Camacho se caracterizaron por su opacidad en materia de información así como por sus políticas de inversión muy arriesgadas.
Ya en su antecedente como Bolsa Consulting, fue sancionada en cuanto se detectaron irregularidades "muy graves" al conocerse que realizaba actividades no permitidas como gestionar carteras de valores sin estar autorizada (no era ni Sociedad Gestora de Carteras ni Agencia o Sociedad de Valores). La sanción fue de más de 100 millones de ptas.
lo que indica que el Organismo Supervisor actuó adecuada y eficazmente, no así en años posteriores, como se señala más adelante.
Fue en el año 1992 cuando entra a formar parte del accionariado la que fue luego Presidenta Pilar Giménez- Reyna, hermana del Secretario de Estado de Hacienda y ex miembro del Consejo de Admón. de SEFISUR, empresa sancionada ya por la CNMV. Durante los trabajos de la Comisión de Investigación se ha conocido que el Sr. Giménez-Reyna mantuvo negociaciones con el Sr. Camacho para la venta de SEFISUR a GESCARTERA en el año 1995, además de mantener una estrecha colaboración con la misma.
La empresa GESCARTERA experimentó un importante crecimiento a partir de la llegada del Gobierno del PP, pues en el año 1995, según el informe realizado por la inspección de la CNMV, se constata el pequeño tamaño de esta sociedad. Se gestionaban 1.047 millones de ptas. materializados en 60 de liquidez y 987 en valores. Tenía 6 empleados y 42 millones de ptas. de gastos.
Es con el Gobierno del PP, y fundamentalmente a partir de 1998, cuando GESCARTERA aumenta notablemente su volumen de negocios, con la captación de inversiones de Fundaciones y Sociedades de ámbito público. En esta época, se empieza a ingresar, igualmente, dinero de clientes a nombre de GESCARTERA y se prometen rentabilidades fijas a los inversores, se ofrecen productos financieros de dudosa legalidad, estableciéndose asimismo operativas de actuación rechazables por el sector (concentración de riesgos en dos valores, aparcamiento de acciones y multitud de operaciones intradía).
Se producen una serie de "coincidencias" entre gestores de la empresa y otras personas relacionadas con la Administración Pública. El Director General de Tributos y posterior Secretario de Estado de Hacienda es hermano de la Presidenta de la sociedad. El despacho de abogados que asesora a GESCARTERA es de un hermano del Secretario General de la CNMV. El Director General de GESCARTERA es un antiguo técnico de la CNMV. El ex Vicepresidente de la CNMV actúa como notario de la sociedad. La Presidenta de la Comisión tiene varias reuniones y comidas con el dueño de la sociedad y admite regalos de éste. Todo lo anterior induce a la sospecha de un trato de favor, por parte de distintas instituciones, que benefician a la sociedad defraudadora.


3.2 La actuación de los responsables de GESCARTERA.


Al margen de las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los responsables directos de GESCARTERA y su grupo de empresas, que son objeto de un procedimiento judicial que se sigue ante el Juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional, nada han aportado las comparecencias de don Antonio Rafael Camacho Friaza, su principal accionista, don José Manuel Pichel Jallas, Consejero Delegado y doña Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, su Presidenta, pues al estar imputados en el citado procedimiento judicial decidieron acogerse a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismos, razón por la cual nada de interés manifestaron para el esclarecimiento de los hechos.
Otros comparecientes como don Jaime García Morey, Director General de GESCARTERA Holding y Asesor de don Eduardo Zaplana, Presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, don José M. Ruiz de la Serna, accionista y apoderado de GESCARTERA Dinero, don Francisco Javier Sierra de la Flor, Administrador de GESCARTERA, don José M.ª Castro Martínez, Jefe Comercial de GESCARTERA, y don Agustín Fernández Ameneiro, asesor fiscal de los clientes de GESCARTERA, pusieron de manifiesto en sus declaraciones la absoluta falta de rigor profesional con la que actuaba esta entidad así como la multitud de irregularidades existentes en su gestión en el mercado de valores.
Llama especialmente la atención la actuación del Delegado de GESCARTERA en la Comunidad Autónoma de Castilla y León don Javier Valenzuela Seoane, ex Director General de Economía del Gobierno de esa Comunidad Autónoma, por su especial relación con diversas instituciones religiosas ubicadas en ese ámbito territorial y muy significativamente con el Arzobispado de Valladolid a través de su ecónomo, don Enrique Peralta Álvarez, con el que colaboró en dificultar las labores de inspección llevadas a cabo por el ex Director General de la CNMV don David Vives Llor y don Luis Peigneux Via, Subdirector de dicha Institución.


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En todo caso las investigaciones judiciales en curso determinarán en su momento las responsabilidades en que cada uno de ellos haya podido incurrir por estos hechos y si es posible determinarán el paradero del dinero sustraído a los inversores.
No obstante es importante resaltar que de la escasa documentación a la que ha tenido acceso la Comisión de Investigación, proveniente de GESCARTERA y sus responsables, por encontrarse gran parte de ella bajo secreto sumarial, ha sido de enorme transcendencia para el esclarecimiento de las responsabilidades políticas derivadas de este asunto, el contenido de los Dietarios elaborados por la Presidenta de GESCARTERA, doña Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, reconocidos por ella como propios incluyendo la veracidad de lo allí expresado, así como por su esposo don Ángel Malpartida Torres y por cuyas anotaciones se ha podido conocer una parte significativa del desarrollo de los hechos, así como de la participación en los mismos de altos cargos de la CNMV y del Gobierno, encaminados a proteger las actuaciones de los responsables de GESCARTERA.
En cualquier caso resulta imposible entender las actuaciones que desarrollaron los responsables de GESCARTERA si no es por la impunidad que tuvieron al gozar de la protección que se les brindó por altos cargos del Gobierno y de la CNMV que les permitió las prácticas absolutamente ilegales que han llevado a cabo.


3.3 Los clientes de GESCARTERA.


Con carácter general llama la atención toda una serie de inversores de capitales a través de GESCARTERA que al día de hoy no han planteado reclamación alguna por la pérdida de los mismos, lo que induce a pensar que su origen era opaco fiscalmente.
En todo caso, es importante resaltar que diversas instituciones públicas o religiosas invirtieron fondos de los que eran administradores a través de GESCARTERA, corriendo riesgos que chocan directamente con la prudencia necesaria en la gestión de capitales ajenos o bien con los fines que sus propias normas reguladoras les imponen, e incluso con los criterios éticos por los que deben regirse.
La actuación de empresas públicas tales como CETARSA y SAES, como se verá más adelante, pone en evidencia una considerable falta de control por parte de la SEPI, entidad titular de una parte considerable del capital de dichas sociedades y a quien correspondía por tanto una vigilancia de las mismas. Por otro lado, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía o el Servicio de la Seguridad Social de la Armada no establecieron los adecuados controles para vigilar el proceso de inversión de los cuantiosos capitales que entregaron para su gestión a GESCARTERA.


Diversas instituciones religiosas también entregaron fondos, en algunos casos provenientes de subvenciones públicas, para su gestión en el mercado de capitales por GESCARTERA, corriendo enormes riesgos, y lo que es más grave especulando en valores de alto riesgo y por tanto en contra de las normas éticas mínimas que deberían imperar en sus actuaciones.
Altamente significativo resulta en este capítulo las inversiones realizadas por el ecónomo del Arzobispado de Valladolid don Enrique Peralta Álvarez, que en ningún momento colaboró adecuadamente con los servicios de inspección de la CNMV en relación con GESCARTERA y además no facilitó e incluso ocultó y tergiversó información en sus declaraciones ante la Comisión de Investigación.
Capítulo aparte merece la ONCE en su doble condición de entidad inversora de fondos a través de GESCARTERA y a su vez supuesto titular de un paquete accionarial del 10% de su capital, en dicha entidad.
Esta organización fuertemente dependiente de decisiones de la Administración por la gestión de juegos de azar y por ser concesionaria del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, no aclaró totalmente por medio de sus responsables don José M.a Arroyo Zarzosa, Presidente, y don Rafael de Lorenzo García, ex Vicepresidente de la Fundación ONCE, en sus respectivas comparecencias ante la Comisión de Investigación, el papel que representó en los hechos que han podido ser investigados.


Por otra parte, no ha podido aclararse, por la falta de colaboración de diversas instituciones públicas, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Banco de España, cuál era el origen y titulares de muchos de los capitales que se invirtieron a través de GESCARTERA, que tienen una importante apariencia de ser fondos opacos.
A ello apunta también las declaraciones efectuadas ante la Audiencia Nacional por responsables de entidades colaboradoras con GESCARTERA como AGP de la que es responsable don Aníbal Sardón Alvira, que puso de manifiesto esta operativa de captación de capitales destinados al blanqueo de los mismos, así como de la declaración en la Comisión de don Julio Rodríguez Gil, Administrador de SEIN, S. A. y socio de HARI 2000.
Por otra parte, algunos otros clientes, como don Cristóbal Serrán Pagán, con inversiones importantes retiraron las mismas con carácter previo a la situación que posteriormente se produjo en GESCARTERA.


3.4 Los clientes institucionales de GESCARTERA.


Entre los clientes de GESCARTERA Dinero se ha de destacar la existencia de empresas públicas o con participación pública vinculadas a la SEPI -CETARSA y SAES- así como órganos de la Administración

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del Estado -Servicio de Seguridad Social de la Armada-, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, Asociación de interés público cuyos cargos directivos son nombrados por el Ministerio del Interior, la Mutualidad de Previsión de la Policía, que, aún siendo una entidad privada actualmente, tuvo un origen público, su actividad está sometida al control de la Dirección General de Seguros y tiene cierto amparo del poder público que se manifiesta en que cargos directivos están liberados de sus puestos funcionariales para dedicarse a la gestión de la mutualidad. También la Fundación ONCE, entidad sin ánimo de lucro, cuya actividad está sometida al control de un protectorado integrado por diversos ministerios y cuyos recursos provienen fundamentalmente de juegos autorizados por el Estado.
De las diferentes intervenciones de representantes de estas entidades y de la documentación remitida a la Comisión (normativa reguladora de las instituciones, contratos de gestión de carteras suscritos con GESCARTERA, documentación sobre las inversiones realizadas y, en algunos casos, auditorías externas realizadas con posterioridad a la intervención de GESCARTERA ...) se desprende además de lo dicho anteriormente que:

a) Las decisiones de invertir en GESCARTERA se han adoptado en todos los casos sin que respondieran a ningún criterio objetivo técnico- financiero y sin asesoramientos internos o externos de carácter profesional, asumiendo imprudentemente un riesgo que posteriormente se ha visto confirmado.
b) La decisión se adopta, en la mayoría de los casos, sin solicitar previamente otras ofertas e incluso, en los casos en que se recabaron, sin hacer posteriormente un análisis comparativo entre las mismas, del cual se dedujera que las inversiones en GESCARTERA suponían una mayor rentabilidad, liquidez o seguridad.
c) La decisión de invertir en GESCARTERA venia predeterminada por contactos previos entre alguno de los responsables de las instituciones y la Presidenta, directivos o comerciales de GESCARTERA. Éstos mostraban como "garantía" de la fiabilidad y seriedad de la empresa la existencia de otros clientes institucionales y entidades sociales de especial relevancia, así como las relaciones familiares de D.a Pilar Giménez-Reyna con un alto cargo del Ministerio de Hacienda. ("GESCARTERA estaba bien vista").
d) No se aseguraban de la solvencia y seriedad de GESCARTERA.
Confiaban en su inscripción como empresa de servicios de inversión en la CNMV y en la ausencia de sanciones conocidas tanto de la propia sociedad como de sus directivos. De ello se deduce una responsabilidad del órgano supervisor puesto que, si hubiera actuado pronta y diligentemente -o al menos hubiera publicado las sanciones impuestas a sus directivos y a la propia empresa-, algunas de estas inversiones fallidas no se habrían producido, otras se habrían retirado o no se habrían prorrogado.


e) Ninguna entidad comprobó si GESCARTERA Dinero, que fue sociedad gestora de carteras hasta febrero de 2001, podía legalmente ofrecer los servicios financieros que aquéllas contrataron, lo que según la auditoría realizada por Price Waterhouse sobre las inversiones de SAES, pero extensible en este aspecto al resto, le estaba vedado según la Ley del Mercado de Valores. Además, en general estas entidades suscribían unos contratos de gestión que otorgaba a GESCARTERA una excesiva discrecionalidad.
f) Alguno de estos inversores (Servicio de Seguridad Social de la Armada, Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, MUPOL, Fundación ONCE) no tenía ni siquiera conocimiento de en qué productos financieros estaban invirtiendo.
g) Los responsables de estas instituciones no exigieron a GESCARTERA ningún tipo de garantía de que sus inversiones se adecuaban a los productos nominalmente ofrecidos, ni se preocuparon de comprobarlo.
h) Ha existido algún supuesto en que, pese a haber habido incumplimientos en los reembolsos, se ha seguido invirtiendo en GESCARTERA (Servicio de Seguridad Social de la Armada) sin haberse informado de ello a los órganos competentes.


En conclusión, han sido causa de la pérdida de estas inversiones, además obviamente de la propia actuación de GESCARTERA, la falta de diligencia apreciada en todo el proceso de adopción de las decisiones de inversión y de la buena marcha de las mismas, la discrecionalidad que otorgaban a GESCARTERA, y fundamentalmente, la confianza que les ofrecía que se tratara de una sociedad autorizada por la CNMV sin tacha aparente alguna.
La Comisión constata además que las inversiones de estas entidades se iniciaron a partir de 1996 (SAES), pero los años en que se intensificaron fueron 1999, 2000 y 2001, es decir cuando ya en la CNMV se habían apreciado indicios muy graves de la existencia de un "descuadre" patrimonial.
Un aspecto importante es la actuación de la SEPI que no controló las inversiones de SAES ni de CETARSA, empresas con participación pública. Pero lo más relevante es su actuación discriminatoria una vez intervenida GESCARTERA. Paradójicamente SEPI requiere el cese del Director General de SAES -empresa en la que tiene una participación minoritaria- mientras que, por el contrario, no exige responsabilidad ni cese alguno en la empresa CETARSA -cuyo capital social pertenece mayoritariamente a la SEPI-, en la cual ha sido sólo destituido el Director Financiero, a propuesta del Consejo de Administración.


3.5 Los auditores de GESCARTERA.


También ha quedado puesto de relieve la, cuando menos, incapacidad, por no decir falta de rigor, con la

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que operó en sus auditorías a GESCARTERA la entidad Deloitte & Touche, incapaz de descubrir del análisis de las cuentas de la citada sociedad las actuaciones absolutamente irregulares que estaba llevando a cabo, circunstancia que se resaltó en la declaración prestada ante la Comisión de Investigación por don José Luis López Combarros, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
No obstante, como se pone de manifiesto en el apartado 4, esta circunstancia no debería haber impedido al Órgano Regulador el correcto control de GESCARTERA.


3.6 Las instituciones financieras relacionadas con GESCARTERA.


También se ha puesto de manifiesto en los trabajos realizados por la Comisión de Investigación la actitud colaboradora en el ocultamiento de la operativa llevada a cabo por GESCARTERA, practicada por los responsables de algunas entidades financieras.
Es el caso, por lo expresado ante la Comisión por el Director Jefe de la zona de Madrid de la Caixa don Jesús M.ª Zabalza Lotina, en relación con las certificaciones falsas expedidas por la Agencia de dicha entidad ubicada en Majadahonda (Madrid), con las que se pretendió justificar por GESCARTERA ante la CNMV la existencia de unos depósitos de capitales en la misma que nunca existieron.
Capítulo aparte merece la actuación de la Entidad HSBC en estos hechos, pues de lo investigado aparece una especial participación de sus responsables en España en la operativa para encubrir las actuaciones de GESCARTERA.
Es más, el Director General de dicha entidad en España don Jaime Galobart Sánchez-Marco, no facilitó el trabajo de la Comisión, ocultando o tergiversando información, siendo especialmente significativo su olvido en cuanto a la visita al HSBC en Londres financiada por este Banco, de don José M.a

Aznar, su esposa doña Ana Botella y don Rodrigo Rato Figaredo en el momento en que se encontraban en la oposición.
A ello ha de unirse la existencia de un número considerable de cuentas opacas de las que dispone este Banco en España, de la que se ignoran sus titulares y que no han sido objeto de investigación por el Banco de España, según manifestó en su comparecencia el Gobernador de dicha institución don Jaime Caruana Lacorte, de las que tampoco dio cuenta el responsable del HSBC.
No puede olvidarse tampoco que dicho Banco ocultó inicialmente a la Comisión de Investigación la existencia de un crédito, absolutamente inusual en el mercado, concedido por un importe de más de 500 millones de pesetas a la Sociedad Limitada MUINMO cuyo capital pertenece a don Rodrigo Rato Figaredo y sus hermanos.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).


Las actuaciones realizadas por la CNMV en relación con Bolsa Consulting S.L. fueron adecuadas y oportunas.
Entre marzo de 1993 y enero de 1994, la CNMV instruyó y resolvió un expediente sancionador a Bolsa Consulting S.L. que terminó con una sanción de 128.516.744 pesetas por una falta muy grave consistente en la realización de actividades reservadas a entidades debidamente registradas, puesto que la citada Bolsa Consulting S.L. no estaba registrada como sociedad gestora de carteras. En el curso del expediente no se puso de manifiesto un fenómeno de apropiación de dinero ni tampoco se apreciaron perjuicios para los clientes.
La CNMV actuó de manera diligente, impuso una multa en una cuantía apropiada, equivalente a la totalidad de los ingresos obtenidos por Bolsa Consulting S.L. entre enero de 1992 y abril de 1993 y moduló las sanciones de acuerdo con la legislación vigente que no contemplaba la imposición de sanciones personales para los administradores.
El funcionamiento de la CNMV en relación con el Grupo GESCARTERA entre 1993 y 1998 fue, en términos generales, adecuado y estuvo sometido a criterios técnicos. No se han detectado tratos de favor o comportamientos discriminatorios del Consejo de la CNMV en relación con GESCARTERA durante ese periodo.
En lo que se refiere a las actuaciones de supervisión, los Informes correspondientes a las visitas de finales de 1995 y de 1997, ponen de manifiesto (más allá de las características específicas de cada uno de ellos) la existencia de algunas deficiencias en los sistemas de control interno de GESCARTERA Dinero SGC, el elevado número de operaciones "intra day" en los mercados de valores y algunas otras irregularidades que, sin embargo, no permiten concluir que existieran riesgos para los fondos aportados por los clientes o incumplimientos sustanciales de las normas reguladoras de la actividad de las sociedades gestoras de carteras; en particular, cabe resaltar (en contraposición a lo que ocurrirá a partir de 1999) que los fondos aportados por los clientes estaban depositados en cuentas cuyos titulares eran los propios clientes y no la sociedad GESCARTERA.
Además, ambos procedimientos de supervisión acabaron, con algunos rasgos singulares de importancia no relevante, con requerimientos a GESCARTERA Dinero S.G.C. para que modificara determinadas pautas de comportamiento y con sendas cartas de contestación de la sociedad indicando los programas de actuación puestos en marcha para atender a las instrucciones recibidas de la CNMV.
En otro orden de cosas, la CNMV no fue favorable, en 1993 y en 1997, a que GESCARTERA DINERO

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accediese a la condición de Agencia de Valores. En los dos casos, los responsables de GESCARTERA desistieron de sus solicitudes de transformación reflejando, así, de acuerdo con las pautas de conductas habituales de la CNMV, que los responsables técnicos de la misma no consideraban que GESCARTERA reuniese las condiciones legales establecidas para las Agencias de Valores.
El comportamiento de la CNMV fue coherente -no permitir la transformación de GESCARTERA en Agencia de Valores cuando no funcionaba adecuadamente como Sociedad Gestora de Cartera- y dirigido a la defensa de los intereses de los clientes de GESCARTERA, en tanto que requirió a la sociedad para que mejorase los sistemas de gestión y enmendase los errores detectados.
En el año 1999 cambiaron sustancialmente las relaciones entre el Consejo de la CNMV y GESCARTERA: en vez de soluciones, sustentadas técnica y jurídicamente, a problemas reales, se adoptaron decisiones regidas por criterios políticos que perjudicaban a los intereses generales y beneficiaban a los de GESCARTERA. Existe una clara relación entre el nuevo enfoque que adoptó el Consejo de la CNMV y la nueva relación de fuerzas en el seno del mismo.
La actuación de supervisión iniciada a principios de diciembre de 1998 (que tomó como fecha de referencia para analizar la situación de GESCARTERA el 30 de noviembre de 1998) demostró que:

1. GESCARTERA estaba operando con dinero de sus clientes desde cuentas a nombre de GESCARTERA.
2. GESCARTERA utilizaba una cuenta global de clientes incumpliendo las normas vigentes.
3. Existían falseamientos de extractos bancarios.
4. GESCARTERA reintegró fondos a un cliente -Arzobispado de Valladolid- con recursos procedentes de aportaciones de otro cliente, lo que no estaba permitido a las sociedades gestoras de cartera, y 5. Se apreciaba un desfase contable entre aportaciones y justificación de cartera y efectivo superior a 4.500 millones de pesetas. El comportamiento de los directivos de GESCARTERA, negándose a proporcionar información veraz y suficiente cuando eran requeridos por la CNMV, imposibilitaba conocer la situación real del patrimonio gestionado de los clientes de la sociedad.


En coherencia con la situación detectada, el Consejo de la CNMV acordó (en sendas reuniones de su Consejo de 6/04/1999 y 16/04/1999) incoar expediente sancionador a GESCARTERA y a sus directivos por la comisión de tres presuntas infracciones muy graves. Sin embargo, en la reunión del Consejo de 16/04/1999, a pesar de que se producían las condiciones establecidas en el articulo 31 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y de la propuesta de intervención formulada por el Director General de Supervisión, un sector del Consejo de la CNMV (el Vicepresidente Sr. Ramallo, los Consejeros Sra. Valiente y Sr. Roldán y el Secretario del Consejo Sr. Alonso, este último, sin voto) se opuso a tal propuesta y, apoyándose en su mayoría y en la posición del Consejero externo Sr. Martín, consiguió que no prosperase la propuesta de intervenir GESCARTERA contra el criterio técnico del Director de Supervisión y las opiniones del Presidente Sr. Fernández Armesto y del Consejero Sr. Barberán. El hecho de que en el acta del Consejo de 16-Abril-1999 aparezcan los acuerdos por unanimidad responde a un criterio de imagen del propio Consejo pero no refleja la realidad del debate y de las propuestas realizadas.
La decisión de intervención de GESCARTERA estaba justificada, según criterios técnicos y jurídicos, en la medida en que se detectaron irregularidades contables y de otro orden que impedían conocer la situación real de los fondos aportados por los clientes; subsidiariamente, si se hubiese querido evitar el riesgo jurídico asociado a la intervención, la decisión pertinente, a la vista de las causas que motivaron la incoación de los expedientes sancionadores, era la suspensión de las actividades de la sociedad.
Esta decisión de no intervención, que influirá decisivamente en los comportamientos posteriores de los actores, supuso un claro respaldo a las prácticas irregulares de los directivos de GESCARTERA, perjudicó a los intereses de sus clientes, impuso un criterio político en detrimento del trabajo y esfuerzos realizados por los servicios técnicos de la CNMV y reflejó una ruptura en el seno del Consejo de la CNMV, producto de los últimos nombramientos realizados en su seno y de la existencia de criterios distintos en relación con el grado de independencia del organismo en relación con el Gobierno.
En los días inmediatamente anteriores a la reunión del Consejo de la CNMV se produjeron contactos entre altos cargos del Gobierno, de la CNMV y directivos de GESCARTERA con la finalidad de frenar el proceso que conducía a la decisión de intervenir la sociedad.
El Consejo de la CNMV huye hacia adelante: la autorización de transformación en Agencia de Valores, la resolución del expediente sancionador y la inscripción en el registro administrativo no se sustentaron en criterios legales y técnicos y aumentaron el riesgo para el patrimonio aportado por los clientes y para la credibilidad de la propia CNMV.
En julio de 1999, el Director de Supervisión es relegado del expediente GESCARTERA y se nombra un nuevo equipo (Sres. Botella y Pérez Renovales) que modifica la fecha de referencia anterior (30-11- 98) del Informe sobre la situación de GESCARTERA con lo que obliga a reincidir los trabajos de comprobación de la situación de los fondos aportados por los clientes. Se han detectado, en la fase inmediatamente anterior, relaciones privilegiadas entre GESCARTERA y el Secretario

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del Consejo Sr. Alonso Ureba que reflejan, tanto el rechazo a los criterios técnicos del Sr. Vives, como la existencia de una red de protección a los intereses de GESCARTERA en el seno de la CNMV.
Las actuaciones de supervisión realizadas por el nuevo equipo a finales de 1999 y en abril de 2000 acabaron con informes favorables sobre la situación de GESCARTERA que no detectaron la existencia de certificados falsos emitidos aparentemente por entidades financieras sobre los saldos mantenidos por los clientes de GESCARTERA. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida sobre GESCARTERA, resulta sorprendente que el equipo de supervisión dirigido por el Sr. Botella no requiriese a las entidades financieras para comprobar la veracidad de los certificados aportados por GESCARTERA; sorprende igualmente que no se realizara una investigación sobre el origen y titularidad de los fondos aportados. El comportamiento descrito sugiere la existencia de connivencia entre altos directivos de la CNMV y la dirección de GESCARTERA; la dirección de la CNMV ha asumido ya la responsabilidad de gestionar una solución a la situación crítica de GESCARTERA.
Los citados informes del equipo de supervisión sirvieron de soporte argumental para que el Consejo de la CNMV, en su reunión de 13 de julio de 2000, resolviera el expediente sancionador rebajando la naturaleza de las infracciones -de muy graves a graves-, sobreseyendo el expediente respecto de algunos de los directivos y, lo que es más relevante, sobreseyendo el expediente respecto de la infracción consistente en no cumplir las obligaciones de custodia de los fondos y valores confiados por los clientes. Esta resolución del expediente resulta contradictoria con los hechos conocidos y sólo se explica por la existencia de una voluntad concreta de beneficiar a GESCARTERA.
El nuevo enfoque respecto del expediente sancionador permitió que el expediente de transformación en agencia de valores no tuviera que abordar el problema de la honorabilidad de Doña Pilar Giménez-Reyna, cuyas conductas presuntamente infractoras (según el expediente incoado en abril de 1999) fueron sobreseidas en el expediente sancionador posibilitando, así, que fuese designada Presidenta de GESCARTERA. El resto de los elementos necesarios para cumplir los requisitos legales para la transformación en agencia de valores fueron aportados por el informe favorable del Sr. Martínez Pardo que contiene, al menos, las siguientes irregularidades:

1. No aportar elementos objetivos respecto de la honorabilidad de los demás directivos y accionistas de GESCARTERA, olvidando, de forma inadmisible, que el Sr. Camacho seguiría siendo el máximo accionista de GESCARTERA, agencia de valores.
2. No contrastar mediante un informe o consulta adicional los datos referidos a la situación de los fondos aportados por los clientes de GESCARTERA,

3. No confirmar con los responsables de la ONCE y su Fundación sus aparentes intenciones de constituirse en el accionista de referencia del grupo GESCARTERA adquiriendo el 25% del capital de GESCARTERA Holding 2000 y el 10% de GESCARTERA DINERO, además de asumir importantes responsabilidades en los órganos de gobierno de tales sociedades y 4. No comprobar la estructura real de poderes en el seno de GESCARTERA para verificar que los Sres. Camacho y Ruiz de la Serna habían sido alejados de las responsabilidades de gestión.


El contenido de la Orden del Ministerio de Economía de 1 de septiembre de 2000 se aparta claramente del acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) por el que se autoriza la transformación de GESCARTERA en agencia de valores, en lo que se refiere al número y naturaleza de las condiciones exigidas a GESCARTERA en relación con la presencia de la Fundación ONCE en su capital y órganos de gobierno, sugiriendo la existencia de cierta connivencia entre los responsables del Ministerio de Economía y de GESCARTERA o, cuando menos, una dejación de responsabilidades del Ministerio de Economía al no motivar el cambio de criterio respecto al adoptado por el Consejo de la CNMV.
Esta contradicción entre el contenido del acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) y de la orden del Ministerio de Economía (1 de septiembre de 2000) queda reflejada en el expediente de inscripción de GESCARTERA en el registro administrativo de agencias de valores. En este caso, el Sr. Basallote propuso al Vicepresidente de la CNMV la inscripción de GESCARTERA cometiendo, al menos las siguientes irregularidades:

1. Dar por buenos los argumentos de GESCARTERA sobre las condiciones exigidas de participación de la Fundación ONCE rechazando, de forma inadmisible, el contenido del informe del Sr. Martínez Pardo que sirvió de base para el acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) sobre la transformación en agencia de valores.
2. No confirmar que la Fundación ONCE había cumplido la condición de adquirir el 10% del capital de GESCARTERA DINERO, y 3. No comprobar la estructura de poderes en GESCARTERA, permitiendo que el representante de la Fundación ONCE (nombrado Consejero Delegado de GESCARTERA) no los tuviera y que si los mantuviesen como apoderados los Sres. Camacho y Ruiz de la Serna, sancionados en el expediente resuelto en julio de 2000.


Al admitir la transformación de GESCARTERA en agencia de valores se dio cobertura legal a las prácticas irregulares que GESCARTERA realizaba y que se

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habían detectado en el informe de supervisión de abril de 1999. Con ello, aumentaba el riesgo para los fondos aportados por los clientes y se exponía a la CNMV a tener que justificar un comportamiento a favor de los intereses de GESCARTERA y en contra de las normas vigentes.
La utilización de la "opinión limpia" de los informes de auditoría como argumento justificativo de la buena situación de GESCARTERA refleja la voluntad de eludir las responsabilidades propias de la CNMV.
Con independencia de cuál deba ser el alcance de los informes de auditoría en las sociedades de inversión, resulta evidente que los directivos de la CNMV hicieron un uso espurio de los informes correspondientes, cuando menos, a los ejercicios posteriores a 1999.
Si los informes de supervisión emitidos a partir de 1999 pusieron de manifiesto que GESCARTERA operaba con cuentas a su nombre en las que se ingresaban fondos aportados por los clientes, tales cuentas deberían formar parte de las pertinentes partidas en el activo del balance de situación presentado por la empresa auditora. Si no era así, como de hecho no lo fue, los responsables de supervisión de la CNMV deberían haber requerido a la empresa auditora para que explicara semejante contradicción; como no lo hicieron, cabe deducir que conscientemente dieron por buena una opinión del informe de auditoría que no reflejaba la situación real de GESCARTERA.
El cambio sustancial en el comportamiento del Consejo de la CNMV con GESCARTERA ha tenido una estrecha relación temporal y material con la trama de vínculos políticos y personales entre altos cargos del Gobierno, miembros del Consejo de la CNMV y responsables empresariales de GESCARTERA. El Consejo de la CNMV relegó el cumplimiento de sus obligaciones legales en favor de la satisfacción de intereses privados, políticos y de otro tipo.
El cúmulo de decisiones incorrectas del Consejo de la CNMV a partir de abril de 1999 sólo puede ser explicado si se acepta la existencia de una trama de relaciones políticas y personales entre altos cargos del Gobierno, responsables de GESCARTERA y miembros del Consejo de la CNMV que actuó de forma coordinada para beneficiar a los intereses de GESCARTERA. Ha quedado demostrado suficientemente que:

1. Enrique Giménez-Reyna (cuando fue Director General de Tributos y Secretario de Estado de Hacienda), que había mantenido relaciones profesionales con el Sr. Camacho desde 1993, era informado por su hermana, alta directiva de GESCARTERA desde 1992 y Presidenta en la última época, de los hitos de los procesos de supervisión e inspección de la CNMV sobre GESCARTERA y proporcionaba consejos y criterios a la misma sobre cómo actuar.
2. En los días inmediatamente anteriores al Consejo de la CNMV de 16 de abril de 1999, el Sr. Ramallo, Vicepresidente de la CNMV, mantuvo contactos con el Sr. Giménez- Reyna, entonces Director General de Tributos, en relación con la posibilidad de intervención de GESCARTERA.
3. A partir de abril de 1999, se produjeron numerosos contactos y reuniones (inexistentes en la práctica normal de la CNMV) entre los directivos de GESCARTERA particularmente, los Sres. Camacho y Ruiz de la Serna y altos directivos y Consejeros de la CNMV, particularmente los Sres. Ramallo y Alonso Ureba, con la finalidad de orientar el proceso de transformación de GESCARTERA en agencia de valores y de resolver los problemas técnicos y jurídicos implicados.
4. A partir de octubre de 2000, el Sr. GiménezReyna, secretario de Estado de Hacienda, organizó dos comidas en las que participaron altos directivos de GESCARTERA y miembros del Consejo de la CNMV (su Presidenta nombrada en octubre de 2000, y el Sr. Alonso Ureba) con el propósito de ponerlos en contacto. Sorprende tamaño interés del Secretario de Estado y de la Presidenta de la CNMV teniendo en cuenta el pequeño tamaño y la escasa relevancia de GESCARTERA en el conjunto de los mercados financieros.
5. Doña Pilar Giménez-Reyna y el Sr. Camacho realizaron, entre 1999 y 2001, numerosos y valiosos regalos a varios miembros del Consejo de la CNMV, a algunos directivos de la CNMV y a ciertos altos cargos del Gobierno. Buena parte de estos regalos fueron aceptados incumpliéndose, así, las normas éticas básicas que deben regir el comportamiento de los altos cargos del Gobierno y de la Administración y, en el caso de los miembros de la CNMV, los preceptos del Código de Conducta de esta institución, normas y Código que tienen como objetivo preservar la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. En este caso, estando sometida GESCARTERA a diversos y relevantes procesos de supervisión y autorización por parte de la CNMV, el ofrecimiento de regalos, y su aceptación, no pueden ser considerados como la consecuencia natural de la existencia de relaciones personales (argumento aducido por doña Pilar Valiente) sino como un elemento coadyuvante para crear un clima propicio para la toma de decisiones favorables a GESCARTERA.
6. La prevalencia de los intereses privados en detrimento del ejercicio de las funciones públicas fue una regla de comportamiento de buena parte de los miembros del Consejo de la CNMV y de algunos de sus directivos. Especial mención merece el Sr. Ramallo, Vicepresidente de la CNMV entre octubre de 1996 y octubre de 2000.
Además de participar de forma activa en la adopción de decisiones favorables a GESCARTERA (reuniones con el D. Gral. de Tributos antes del Consejo de 16-04-1999, rechazo a la intervención en esa sesión del Consejo, no comunicación al Comité Consultivo de la CNMV de las sanciones acordadas enel citado Consejo), trabajó activamente en romper la

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cohesión del Consejo, recibió regalos de alto valor económico procedentes de GESCARTERA y ha mantenido, después de octubre de 2000, intensas relaciones profesionales con las empresas del Grupo GESCARTERA y con otras entidades respecto de las que adoptó decisiones cuando era Vicepresidente de la CNMV; en suma, el Sr.
Ramallo hizo prevalecer sus intereses personales al ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones como Vicepresidente de la CNMV porque, entre otras razones, esperaba hacer uso de las amistades y relaciones recolectadas en su desempeño del cargo público para su posterior ejercicio profesional.
7. La política de nombramientos realizada en la CNMV a partir de finales de 1999 y, más claramente, a partir del nombramiento de la Sra. Valiente como Presidenta, estuvo orientada a confirmar y promocionar a aquellas personas tolerantes con las irregularidades de GESCARTERA, a relegar a aquellas otras que habían mostrado firmeza y profesionalidad en la aplicación de criterios técnicos y a nombrar a amigos sin cualificación profesional suficiente.


La intervención de GESCARTERA en junio de 2001 no es el resultado de una decisión diligente y autónoma del Consejo de la CNMV sino una actuación ineludible e inevitable para salvar la cara de los responsables de la CNMV ante una evidente estafa a los clientes de GESCARTERA.
La transformación de GESCARTERA en agencia de valores supuso un régimen de supervisión de la CNMV más frecuente. En el primer examen de sus estados financieros, que tomaba como referencia los del mes de febrero de 2001, se pusieron de manifiesto, como ya ocurrió en 1999, la existencia de irregularidades en la gestión. Durante los meses de abril y mayo de 2001, la CNMV requirió en diversas ocasiones a GESCARTERA para que aportara documentación justificativa de la situación del efectivo y valores en que se materializaban los fondos aportados por los clientes. Como en 1999, GESCARTERA entregó a la CNMV certificados bancarios incompletos o insuficientes y realizó prácticas dilatorias varias. Ante la clara insuficiencia de la documentación aportada, la CNMV siguió requiriendo mayor concreción en los certificados bancarios que justificaban la situación de las carteras de los clientes. Pero, sólo cuando se conoció que un apoderado de una de las empresas del Grupo GESCARTERA y amigo del Sr.
Camacho había intentado falsificar un sello de Caja de Madrid, la CNMV pidió a las entidades financieras confirmación de la autenticidad de los certificados aportados por GESCARTERA para justificar la situación del patrimonio entregado por los clientes.
Comprobada por la CNMV la falsedad de tales certificados, no tiene más remedio que adoptar la decisión de intervención porque la estafa es evidente y la intervención judicial inminente.
No puede decirse, en consecuencia, que la decisión de intervenir sea expresiva de un comportamiento diligente del Consejo de la CNMV ante una situación singular y desconocida, hasta entonces, de GESCARTERA.
De hecho, los motivos para la intervención en junio de 2001 han sido los mismos ya apreciados en el Informe de la Dirección de Supervisión de abril de 1999 y los motivos por los cuales se incoa expediente sancionador a GESCARTERA DINERO A.V. y a los miembros de su Consejo de Administración y apoderados son los mismos que justificaron la apertura del expediente en abril de 1999.
En consecuencia cabe concluir que:

Las normas legales y reglamentarias vigentes en relación con las sociedades de servicios de inversión y con las funciones de la CNMV no son, en absoluto, las causas explicativas básicas de los comportamientos irregulares realizados por GESCARTERA y miembros del Consejo de la CNMV. Las normas vigentes permitían que la CNMV y las autoridades económicas hubieran actuado de otra forma impidiendo que GESCARTERA consumase la estafa a sus clientes.
La CNMV y el Ministerio de Economía han actuado a orillas de la legislación vigente y han dado cobertura legal a las actuaciones de GESCARTERA que finalmente han devenido en estafa a sus clientes. Y lo han hecho:

1. Permitiendo cuentas a nombre de GESCARTERA donde se depositaban fondos aportados por sus clientes.
2. Recalificando las conductas sometidas a un expediente sancionador desde infracciones muy graves a graves y 3. Autorizando la transformación de GESCARTERA en agencia de valores olvidando el requisito de la idoneidad de sus accionistas y directivos, condicionándola al cumplimiento de condiciones dependientes de terceros (Fundación ONCE y la propia GESCARTERA) y olvidándose de las condiciones cuando así interesó.


La necesidad y oportunidad de realizar mejoras en la legislación vigente no debe considerarse como una deducción lógica e inevitable de los fenómenos conocidos en el caso GESCARTERA. Las iniciativas que el Gobierno y/o los grupos parlamentarios quieran proponer al respecto deben basarse en análisis sosegados y rigurosos del nivel de adecuación de las normas vigentes a la realidad social y desvincularse de una supuesta reacción rigorista y justiciera ante los desmanes de los directivos de GESCARTERA.
Los errores aparentes cometidos por el Consejo de la CNMV a partir de 1999 no son casuales, es decir, no derivan de una inadecuada interpretación de los hechos o de una incapacidad técnica o profesional para someter

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a GESCARTERA a la disciplina de las normas vigentes y evitar la estafa.
Ha existido desde 1999 una voluntad clara y consciente en buena parte de los miembros del Consejo, y de algunos directivos, de la CNMV en proteger a GESCARTERA y sus directivos permitiéndoles actuar de manera irregular en relación con las prácticas habituales en los mercados.
Además, en momentos básicos del proceso, ha sido determinante la actitud de don Enrique Giménez-Reyna -tanto cuando era Director General de Tributos como cuando fue Secretario de Estado de Hacienda- para sugerir e inducir determinados comportamientos delConsejo de la CNMV favorables a GESCARTERA.
Los cambios en la composición del Consejo de la CNMV a partir de finales de 1998 tienen una estrecha ligazón con los comportamientos favorables a GESCARTERA de la mayoría del Consejo de la CNMV. La promoción de Doña Pilar Valiente a Presidenta en octubre de 2000 supone un paso sustancial para despojar al Consejo de la CNMV de cualquier atisbo de independencia e imparcialidad en sus comportamientos. A su vez, doña Pilar Valiente ha realizado una política de nombramientos que ha primado más el amiguismo y la sumisión acrítica que la capacidad y el mérito.
En suma, a partir de finales de 1998, ha existido una política de nombramientos que refleja una intervención consciente dirigida a desestabilizar al Consejo de la CNMV, a evitar su funcionamiento cohesionado y a someterlo a las directrices y criterios del Gobierno.
Los responsables de estos nombramientos deben explicar a los ciudadanos los motivos por los que han confiado a algunas personas la gestión de asuntos públicos de tanta importancia y asumir, en su caso, las responsabilidades políticas que se deriven de los errores cometidos.
La credibilidad de la CNMV está en entredicho. Los responsables de los Ministerios de Economía y de Hacienda y los miembros del Consejo de la CNMV que adoptaron las decisiones relevantes en el caso GESCARTERA son los causantes de esa pérdida de credibilidad.


A ellos corresponde dar una explicación veraz, comprensible y suficiente de lo ocurrido, a ellos corresponde asumir las responsabilidades que procedan, a ellos corresponde, especialmente al Gobierno, poner todos los medios disponibles para que los estafados sean resarcidos de sus pérdidas patrimoniales.


5. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


El punto 3 del objeto de la Comisión ordenaba a ésta investigar el comportamiento fiscal del grupo GESCARTERA y sus responsables, el conocimiento profundo de si se produjeron actuaciones para ocultar fiscalmente dinero, blanquearlo o facilitar cumplimientos fiscales irregulares, así como la actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda.
Pese a que la actuación del Gobierno ha sido en este ámbito, como ha quedado expuesto en el anterior apartado 2, claramente obstruccionista, de la documentación existente, de los trabajos de la Comisión y de las declaraciones de los Sres. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, Salvador Ruiz Gallud, Director de la AEAT y Juan Ignacio Ruiz-Jarabo, ex Director de la AEAT, se ha podido constatar:

1. La existencia de, al menos, cuatro actuaciones irregulares de la AEAT en relación con GESCAR- TERA. Dos de ellas se producen por no reasignarse expedientes a otros actuarios cuando los que los tramitaban cambiaron de puesto de trabajo o por cuestiones de carga de trabajo no pudieron finalizarlos. Otra actuación se perjudica cuando una dependencia provincial de inspección no actúa a pesar de disponer de información significativa de relevancia fiscal, por estimarse que se trataba de una empresa domiciliada en Madrid. Por último se ha constatado la existencia de actuaciones que concluyen con actas previas de comprobado y conforme, sin haberse investigado toda la información relevante obrante en el propio expediente (Informe dirigido a la Comisión GESCARTERA sobre actuaciones de la AEAT relacionadas con GESCARTERA DINERO AV SA y su entorno más próximo).
2. Tales irregularidades se producen en la Delegación de Hacienda de Madrid -incluso la señalada como segunda del apartado anterior, pues siendo Cuenca la dependencia provincial correspondiente, tampoco actuó la Delegación del domicilio de la entidad-, dándose la circunstancia de que en el tiempo a que se refieren las actuaciones la Inspectora Jefe de Madrid -después promocionada a vocal de la Comisión Nacional de la Energía- era D.a María del Carmen Fernández Rozado, persona unida por lazos de amistad con doña Pilar Valiente, ex Presidenta de la CNMV, con don Juan Beceiro, Inspector Jefe Regional de Madrid y con el propio ex Director de la AEAT -también ascendido posteriormente a Presidente de la SEPI-, don Juan Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Tomando en consideración las concretas circunstancias que concurrían en los expedientes perjudicados -en todos existían datos de relevancia fiscal que constaban en las propias actuaciones y que son ignorados- puede deducirse racionalmente un nexo de unión entre los comportamientos de cobertura de GESCARTERA llevados a cabo en el seno de la CNMV y en la AEAT.
3. La Comisión ha podido conocer igualmente la existencia de un expediente de defraudación por importe de casi 120 millones de pesetas que, no obstante su cuantía, no se traslada al Ministerio Fiscal, liquidándose en vía administrativa con fecha 31 de julio de 2001,liquidación notificada al contribuyente con fecha 3 de

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septiembre de 2001, irregularidad producida cuando ya era públicamente conocido el asunto GESCARTERA.
4. Circunstancias igualmente irregulares han concurrido respecto de un acta incoada a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, uno de los principales inversores institucionales de GESCARTERA. El 26 de julio de 2001, es decir transcurrido casi un año y medio desde el acta de disconformidad, se ha anulado la sanción impuesta por importe de 802 millones de pesetas. A este respecto debe destacarse que consta la celebración de reuniones entre el propio Secretario de Estado de Hacienda, don Enrique Giménez-Reyna, con responsables de la citada Mutualidad y con D. Juan Ignacio RuizJarabo Colomer, en ese momento Director de la AEAT.
5. En fechas recientes se ha conocido el cese del Inspector Jefe de Cuenca. Pese a la negativa de los responsables de la administración tributaria de explicar a la Comisión las causas de dicha destitución, es de conocimiento público, pues así se ha informado en los medios de comunicación, que la misma obedece a irregularidades de la AEAT en el control e inspección de GESCARTERA y/o las empresas de su grupo en el ámbito territorial de la Delegación.
6. Por último, el actual Director de la AEAT, Sr. Ruiz Gallud, declaró a esta Comisión que recientemente se han abierto 65 nuevos expedientes relacionados con GESCARTERA. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ha informado de 180 actuaciones de control de la Agencia, cuantificándose en aproximadamente 3.500 millones de pesetas la deuda descubierta. Pues bien, de ninguna de estas actuaciones se ha informado detalladamente a la Comisión. En cualquier caso las mismas ponen de manifiesto la negligencia y el retraso en la actuación de la AEAT pues, pese a tenerse conocimiento de las posibles irregularidades en el comportamiento fiscal de GESCARTERA, las empresas de su grupo, sus administradores, socios y clientes -al menos desde 1998, fecha de algunos de los expedientes que constan en el Informe remitido-, la Agencia no inició ninguna actuación de control e inspección, reaccionando únicamente cuando salta a la luz pública el escándalo GESCARTERA. Los responsables de la administración tributaria hicieron así, cuando menos, caso omiso de las señales de alarma que existían, favoreciendo con su inactividad el desarrollo de GESCARTERA y del fraude fiscal que formaba parte de su oferta y funcionamiento.


De la misma forma se ignoraron las señales de alarma, como luego se verá, al no actuarse después de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias informase que el 25 de agosto de 2000 la Unidad de Inteligencia Financiera de Guernsey solicitaba datos sobre Aníbal Sardón Alvira -estrechamente relacionado con GESCARTERA- y otras personas por operaciones sospechosas. Tampoco se actúa cuando el 3 de enero de 2001, el servicio de Inteligencia Criminal del Reino Unido solicitó antecedentes de la citada persona por los mismos motivos.
A la vista de lo anterior, resulta claro que, pese a la actitud obstruccionista del Gobierno y de los responsables de la AEAT, la Comisión ha podido constatar la existencia de graves irregularidades en el funcionamiento de la administración tributaria en relación con el debido control a que debería haberse sometido a GESCARTERA, las empresas de su grupo, sus administradores, socios y clientes. Y todo ello máxime cuando la propia AEAT disponía de suficientes y significativos datos de relevancia fiscal que habrían conducido, en un funcionamiento normal de las instituciones, a una actuación diligente, exhaustiva y eficaz en la inspección de la situación fiscal de GESCARTERA y su entorno. Se reproduce así en la AEAT una situación análoga a la sucedida en la CNMV, en la que la intervención de personas concretas -curiosamente también aquí relacionadas con la ex Presidenta de la CNMV designada por el Vicepresidente Segundo del Gobierno, Sr. Rato-, conduce a que determinadas actuaciones de Control tributario no se concluyan o se cierren artificialmente. Esta circunstancia no sólo ha afectado a los expedientes que constan en el Informe de la AEAT, sino, lo que es más grave, ha servido para ocultar las evidentes señales de alarma existentes respecto al riesgo fiscal de GESCARTERA y algunos de sus inversores, como lo demuestra el mero hecho de la deuda tributaria que ahora se dice descubrir, pero siempre "a posteriori" -una vez conocido el escándalo de la empresa de servicios de inversión-, lo que hace albergar serias dudas acerca de cuál habría sido el comportamiento de los responsables políticos de la AEAT si dicho escándalo no llega a conocimiento público.
En el caso pues del Ministro de Hacienda, Sr. don Cristóbal Montoro, concurre una clara responsabilidad política, tanto por los nombramientos efectuados -Secretario de Estado de Hacienda, don Enrique Giménez-Reyna; mantenimiento de don Juan Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer como Director de la AEAT-, como por el funcionamiento irregular de la administración tributaria que estas últimas personas han posibilitado, en una actuación coordinada con lo sucedido en la propia CNMV, actuación de apoyo y promoción de GESCARTERA que ha tenido como consecuencia la magnitud del quebranto patrimonial ocasionado.
Se ha podido constatar así la responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando" del Ministro de Hacienda, Sr. don Cristóbal Montoro, a la que habría que añadir la que le es imputable por la actitud obstruccionista y las dificultades que, en este ámbito, ha padecido la Comisión para el correcto desarrollo de sus trabajos.


6. El Banco de España.


El Banco de España remitió a la Comisión de Investigación un informe que suscribe el Gobernador de esta

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institución, don Jaime Caruana, en el que se daba cuenta de las entidades que trabajaron con GESCARTERA, los movimientos realizados, las actuaciones y las operaciones desarrolladas. Pues bien, en dicho informe se detectan irregularidades en los depósitos de GESCARTERA muy notables a partir de los años 1996, 1997 y 1998, consistentes en deficiencias y omisiones en la operativa bancaria, realizada con el HSBC, la Caixa, Caja Madrid, Bankinter y Deutsche Bank; llegando en algún momento incluso a emitirse certificados que ocultaban la existencia de cuentas a nombre de empresas vinculadas a GESCARTERA.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPELAC) del Banco de España elaboró un informe a petición de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sobre la documentación que obrara en el Banco de España relativa a GESCARTERA. En dicho Informe se menciona que a su requerimiento, la CNMV, el 6 de octubre de 1995, envió una relación de sociedades que pudieran haber realizado algún tipo de actividades dentro del ámbito del mercado de valores sin encontrarse inscritas en los registros oficiales pertinentes. Entre dichas sociedades aparece Bolsa Consulting S.L. a la que el 22 de enero de 1996 el SEPELAC le solicitó información y documentación con objeto de comprobar, entre otras cosas, la adecuación de sus actuaciones a la normativa vigente dentro del control de cambios.
Ese mismo Servicio Ejecutivo (SEPELAC) menciona la solicitud de información recibida el 25 de agosto de 2000, por parte de la unidad de Inteligencia Financiera de Genrsey sobre Aníbal Sardón Alvira y otras personas, indicando haber recibido una comunicación de operación sospechosa sobre las mismas. El 3 de agosto de 2001, es la Unidad de Inteligencia del Reino Unido quien se interesa por las mismas personas y motivos.
Conviene recordar que don Aníbal Sardón Alvira, está imputado en las diligencias penales que se siguen en la Audiencia Nacional sobre GESCARTERA.
En el informe sobre el caso GESCARTERA remitido por el Banco de España a esta Comisión se afirma que desde enero de 1993 a julio de 2001, los movimientos en forma de cobros y pagos al exterior alcanzaron un volumen del orden de 59.021 millones de pesetas, sin que se ofrezcan los datos relativos a los titulares últimos para los que GESCARTERA realizó dichas operaciones, ni tampoco ofrece explicación alguna sobre si las instituciones de crédito daban cobertura a la realización de operaciones activas y pasivas y de compras y ventas de valores por cuenta de clientes sin el conocimiento de éstos.
A su vez en el referido Informe enviado por el Banco de España a esta Comisión los datos recogidos en la evolución histórica de los saldos de valores y de efectivo de GESCARTERA en las entidades de crédito no se corresponden con el volumen de operaciones que GESCARTERA alegaba realizar en la documentación entregada a la CNMV, sin que el Banco de España haya procedido a ninguna investigación al respecto.
Por otra parte, el Gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación, informó de la existencia de 138 cuentas cifradas abiertas en la sucursal de España del banco británico HSBC, cuyo titular es una filial suiza de la misma entidad bancaria, respecto de las que el Banco de España dice no tener información alguna al estar fuera del acceso de la jurisdicción española. No ha sido posible constatar el volumen de estas operaciones, ni sus movimientos en España, ni se tiene constancia de que el Gobernador del Banco de España ateniéndose a la normativa vigente, haya solicitado la colaboración de las autoridades supervisoras del Estado miembro de la Unión Europea donde la matriz esté autorizada (Reino Unido).


A la vista de cuanto queda expuesto,

- El Banco de España ha venido conociendo desde 1995 de los movimientos realizados, las actuaciones y las operaciones desarrolladas relativas a las entidades bancarias que trabajaron con GESCARTERA y sociedades del Grupo, detectando un cúmulo de irregularidades en sus depósitos y graves deficiencias y omisiones en su operativa bancaria, sin que actuara eficazmente contra las mismas.
- El Banco de España ha permitido la existencia de 138 cuentas cifradas abiertas en la sucursal de España del HSBC, cuyo titular es una filial suiza de la entidad bancaria británica, de las que desconoce sus titulares últimos, sin que haya realizado actividad alguna tendente a conocer el objeto de dicha operativa bancaria.
- El Banco de España no ha utilizado los procedimientos previstos en la normativa de supervisión de las entidades de crédito que le permiten solicitar la colaboración de las autoridades supervisoras de otro Estado miembro de la Unión Europea. En concreto, no se ha solicitado al Financial Service Authority del Reino Unido que supervisara al grupo HSBC y, en particular, a su filial suiza con el fin de conocer los titulares y operativa bancaria de las referidas cuentas. Esta situación es tanto más grave cuanto que se desconoce si estas cuentas encubren actividades de las previstas en la Ley 19/ 1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas actividades de prevención del blanqueo de capitales.
- El Gobernador del Banco de España ha mantenido esta situación sin que en ningún momento se haya dirigido al Gobierno poniendo de manifiesto la dificultad en la que, a su juicio, se encuentra el Banco de España ante este tipo de actuaciones de determinadas sucursales bancarias de bancos extranjeros, ni ha solicitado del Gobierno los instrumentos necesarios, que le permitanactuar frente a este tipo de practicas bancarias.


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7. Otras actuaciones de la Administración Pública.


7.1 Ministerio de Economía.


La legislación española en el ámbito de creación y autorización de empresas de servicios de inversión (Ley del Mercado de Valores y Real Decreto 276/1989) establece la competencia del Ministro de Economía para autorizar mediante Orden Ministerial, a propuesta de la CNMV y a través de la Dirección General del Tesoro, la transformación de sociedades de cartera en agencia de valores.
De las comparecencias de la Directora General del Tesoro y Política Financiera, doña Gloria Hernández, de don José Folgado, Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa y del propio Vicepresidente Económico del Gobierno, Sr. Rato y de la documentación aportada a la Comisión de Investigación: expediente de transformación de GESCARTERA en agencia de valores y Orden Ministerial de 1 de septiembre de 2000, firmada por delegación del Ministro de Economía, por el Secretario de Estado de Economía, Sr.
Folgado, esta Comisión concluye que:

* En el expediente elevado al Ministerio no se hizo referencia alguna a la sanción por infracción grave impuesta a GESCARTERA por el Consejo de la CNMV de 13 de julio de 2000. Resulta relevante señalar aquí que la titular de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, organismo que tramita la referida propuesta en el ámbito del Ministerio de Economía, es miembro nato del Consejo de la CNMV y, por ello, tuvo información de la sanción impuesta a GESCARTERA, del sobreseimiento del expediente sancionador abierto a D.a Pilar Giménez-Reyna así como de la nueva calificación que en el Consejo de 13 de julio de 2000 se dio a las infracciones cometidas por GESCARTERA -unos hechos calificados en principio como muy graves pasan a graves-.
* Ni la propuesta elevada por la CNMV, ni el expediente ministerial valoraron la idoneidad de todos los socios, como exige el artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores, limitándose a valorar únicamente la idoneidad de los nuevos socios que se incorporan a la estructura empresarial, es decir de la ONCE. Ni la Dirección General del Tesoro ni la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa en la Orden Ministerial tuvieron en cuenta este extremo.
* La referida propuesta de la CNMV establecía, entre otras, una doble condición para dicha autorización: la entrada en el capital social de la Fundación ONCE mediante el desembolso efectivo de un 10% en GESCARTERA Dinero y un 25% en GECARTERA Holding (puntos 2, 18 y 26 del Informe de Don Ramiro Martínez Pardo, entonces Director de Fomento de la CNMV).


* La Dirección General del Tesoro no recogió en la Orden Ministerial, que firma por delegación del Ministro el Secretario de Estado de Economía, Sr. Folgado, esta doble condición establecida en la propuesta elevada por la CNMV, por lo que la Orden Ministerial de autorización de transformación de GESCARTERA en agencia de valores, sólo contempló la entrada de la Fundación ONCE con un 10% en el capital social de GESCARTERA Dinero, contraviniendo así la propuesta elevada por la CNMV y reduciendo los requisitos de solvencia de la estructura empresarial exigidos por ésta.
* Es de señalar también que en la solicitud de transformación en agencia de valores presentada ante la CNMV, don Antonio Camacho Friaza no incluyó en su declaración el hecho de estar incurso en un procedimiento sancionador abierto por este órgano Regulador, mientras que sí aparece dicha circunstancia en el expediente que tramitó el Ministerio de Economía, extremo del mismo que no se tiene en cuenta por la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.


Las irregularidades en la tramitación del referido expediente y la constatación de que la Directora General del Tesoro, por su condición de miembro nato de la CNMV, conocía la situación de GESCARTERA, permiten concluir a esta Comisión que desde el Ministerio de Economía, por acción o por omisión, se favoreció a GESCARTERA, permitiendo su transformación en agencia de valores mediante Orden Ministerial de 1 de septiembre de 2000, firmada por delegación por el Secretario de Estado de Economía, sin tener en cuenta la totalidad de los requisitos impuestos por la CNMV para su autorización.


7.2 El Ministerio de Administraciones Públicas.


Conocido que don Luis Ramallo, Vicepresidente de la CNMV, dentro de los dos años inmediatamente posteriores a su cese, había mantenido relaciones profesionales en su condición de notario con empresas de servicios de inversión, entre ellas de manera especial con las pertenecientes al Grupo GESCARTERA, la Comisión de Investigación requirió un informe al Ministerio de Administraciones Públicas sobre la posible violación de la legislación de incompatibilidades de altos cargos.
Con injustificable retraso, pues no fue entregado a la Comisión de Investigación con anterioridad a la comparecencia del Sr. Ramallo, el informe elaborado por el Ministerio justifica tendenciosa e indebidamente su conducta y, en consecuencia, la no imposición de sanción alguna, a pesar de que la colisión entre los intereses públicos y privados en su actuación es notoria e indiscutible desde la objetiva interpretación de la normativa sobre incompatibilidades.
Es tendenciosa pues parte del criterio preconcebido, que se impuso en el Ministerio de Administraciones Públicas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno,

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de limitar el régimen establecido por la Ley 12/1995 que, desde su posición (¿intereses?), se consideraba demasiado rígida y estricta.
Es indebida, ya que, violentando el espíritu que informa la Ley (esto es la preeminencia de los intereses públicos y generales sobre los privados y particulares, resolviendo a favor de los primeros cualquier conflicto que entre ellos pueda provocarse por la actuación del alto cargo), establece como principio de interpretación y aplicación de la misma el de la excepcionalidad de la incompatibilidad, interpretando las normas de la manera que más favorezca la declaración de compatibilidad.
En el caso presente se trataba de determinar si el Sr. Ramallo estaba inmerso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley 12/1995 (que impide a los altos cargos realizar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes que hayan resuelto en el ejercicio de sus cargos, durante los dos años siguientes a su cese) y en la Ley del Mercado de Valores (que impide a los Consejeros de la CNMV actividades profesionales relacionadas con el Mercado de Valores).
Cualquier interpretación neutral y objetiva concluiría que lo que la Ley trata de evitar es que los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores prevaleciéndose de su posición -participan en la formación de resoluciones y acuerdos que afectan directamente a las empresas y sociedades que actúan en el Mercado de Valores- utilicen el cargo como instrumento de captación de futuros clientes para su posterior actividad profesional, caracterizada por fundarse en intereses exclusivamente privados (cuanto mayor sea el número y calidad de la clientela, mayores serán los beneficios).
No es, en absoluto cierto, que no existan más incompatibilidades para la actuación notarial que las que establece el Reglamento Notarial.
Tampoco es cierto que la actividad notarial no sea una actividad profesional. La Ley establece una radical prohibición durante el período de tiempo señalado, con independencia de que se perciba o no indemnización compensatoria a los miembros cesantes de la CNVM, de prestar servicios profesionales relacionados con este mercado.
Estamos ante un caso de incompatibilidad objetiva. La prohibición no tienen por objeto pedir a los miembros cesantes de la CNMV que sean honrados (esto se les presume) lo que les pide, es que además, lo parezcan. Y que lo parezcan renunciando a beneficiarse de las relaciones y conocimientos a que han accedido como consecuencia de su pertenencia a la institución.
Negar, por tanto, el carácter profesional de la actividad notarial alegando las presunciones de autenticidad y legalidad vinculadas a los documentos en que se concretan sus actuaciones resulta, cuando menos, disparatado. El ciudadano casi nunca está obligado a ir a un notario; todavía menos a un notario determinado, y, sin excepción, recae sobre el coste de los honorarios devengados por la intervención notarial solicitada.
Todos los notarios hablan de su "clientela" y hay notarías económicamente buenas, regulares o malas en una misma población, en función de la apreciación que los ciudadanos tienen de la calidad o de la eficiencia del servicio prestado por cada fedatario.
Por tanto, cuando la actividad consiste en la notarial es incuestionable que aquella prohibición tienen plena validez, pues, cualquiera que sea la interpretación que pueda hacerse sobre la naturaleza jurídica -pública, privada o mixta- de aquella función, lo cierto es que en el ámbito de su demarcación territorial, la elección de notario es libre para todos los ciudadanos y empresas, de tal manera que la posibilidad de captación de clientela, ajena a todo interés público, permanece.
Sin embargo el Ministerio de Administraciones Públicas, nuevamente, con una interpretación restrictiva y manifiestamente contraria al sentido de la norma, afirma que la actividad notarial queda al margen del régimen de incompatibilidades por no tratarse de una actividad privada sino de naturaleza pública.
Sin perjuicio de desconocer la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre la doble naturaleza de la actividad notarial, la interpretación del Ministerio de Administraciones Públicas, pretendidamente literal de la Ley, ha eludido la diferenciación entre la función pública notarial (dación de fe) y su vertiente estrictamente privada (captación de clientela, asesoramientos varios, etc.), cuando en este caso concreto debería haber sido este aspecto, actividad privada, el considerado.
Por todo ello la Comisión de Investigación, disconforme con el Informe recibido considera que el Sr. Ramallo ha incurrido de manera manifiesta en las conductas prohibidas tanto por la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, como por la propia Ley del Mercado de Valores.
Por otra parte y como consecuencia de un documento que envió el HSBC a la Comisión, se conoció que dicho Banco (aunque su Director General lo había negado en su comparecencia) había concedido un crédito a MUINMO, S.L., propiedad de don Rodrigo Rato y de sus hermanos. Esta empresa MUINMO es concesionaria de emisoras de radio, e incluso, al parecer, es contratista del sector público. Y así, don Rodrigo Rato, en virtud de la Ley 12/1995, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, no podía tener una participación superior al 10% en dicha empresa, pues se trata de una conducta prohibida por la citada Ley.
Para aclarar estos extremos y también determinar si don Rodrigo Rato ha cumplido con sus obligaciones de declaración de actividades y bienes, tanto como Ministro (Registro de Actividades y Bienes, gestionado por el MAP) como en su condición de Diputado (Registro de intereses del Congreso de los Diputados), hubiera sido necesario que la Comisión de Investigación hubiera tenido acceso a los mismos, máxime cuando en el

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objeto de la Comisión figura "Analizar y evaluar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y, en especial, el de algunas personas que se han visto involucradas en las actuaciones de GESCARTERA". Sin embargo, las trabas puestas por el Grupo Parlamentario Popular, han hecho imposible dicho acceso durante el período de trabajo de la misma.
Pese a ello, el Grupo Parlamentario Socialista seguirá intentando el esclarecimiento de estos hechos, en su convencimiento de que no hay ámbitos inmunes al conocimiento por parte de los representantes de la soberanía popular de todos aquellos hechos que pueden poner en peligro la dedicación de un miembro del Gobierno a la consecución de los intereses públicos y generales, sin interferencias de sus intereses particulares, económicos o de cualquier clase, y sin que puedan estos últimos verse favorecidos.


8. Responsabilidades políticas.


El Grupo Parlamentario Popular ha elevado a la Comisión de Investigación una propuesta de conclusiones en la que, en apenas veintidós líneas, se afirma que "no se ha desprendido implicación alguna ni directa ni indirecta, de algún miembro del Gobierno ni de otro Alto Cargo, en el devenir de la empresa GESCARTERA o de las empresas ligadas a ella", actitud ésta que supone desconocer la naturaleza de las Comisiones de Investigación ya que, de existir estas implicaciones directas o indirectas, estaríamos ante un supuesto de responsabilidad penal que se dirime en el ámbito de los Tribunales de Justicia.
Esta actitud contrasta llamativamente con la doctrina que sobre responsabilidades políticas mantuvo el Partido Popular durante los años en los que ejercía las labores de oposición. En ese sentido cobran plena vigencia las siguientes palabras pronunciadas solemnemente en el Congreso de los Diputados por el entonces líder de la oposición y hoy Presidente del Gobierno, don José María Aznar:

"Señale y diganos quién es el responsable de haber hecho la vista gorda... díganos quién es el responsable, y tiene unos cuantos por señalar. Le conviene hacerlo si pretende que le creamos, porque si no lo hace, y mientras no lo haga, el responsable político tendrá que ser usted. Así de sencillo..., dice usted que lo hizo de buena fe. ¿Y quién lo niega? Si no fuera así no hablaríamos de responsabilidades políticas, sino penales. Usted confunde o pretende confundir culpa y responsabilidad... y aquí ni siquiera tratamos de la culpa, para eso están los jueces que se pronunciarán como corresponda en justicia para determinar culpabilidades. La Nación reclama otra cosa. Lo que los demócratas llaman responsabilidad política y que no juzga sobre si las cosas se han hecho de buena o de mala fe... y no pretenda trasladar la responsabilidad a quien no corresponda. A quienes han cometido irregularidades, podremos exigirles responsabilidades penales, pero no podremos exigirles una responsabilidad política. El responsable político ante la nación es el Gobierno, quien usted señale del Gobierno o, en su defecto, usted mismo. Aquí no hemos venido a tratar de las culpas de las personas que usted nombró, sino de la responsabilidad que le alcanza a usted por lo que hayan hecho, que son cosas muy distintas..., haga lo único que la democracia exige en estas circunstancias: señale a los responsables... "(Aznar. Debate del Estado de la Nación, 19 de abril de 1994).
En esta misma línea de exigir a los demás responsabilidades, cobra igualmente actualidad una conocida intervención del actual Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo del Gobierno, en su etapa de Portavoz Parlamentario en la oposición y en las que de manera nítida resumía de forma precisa el concepto que sobre la asunción de responsabilidades políticas defendía, en esos momentos, él mismo y su propio partido:

"Nosotros no vamos a pedir responsabilidades políticas al Presidente de la CNMV ni al Gobernador del Banco de España, se la vamos a pedir al Gobierno que es quien tiene que responder aquí, porque además el Gobierno se ha tomado un muy buen cuidado en ambos casos de ser el que elige a ambas autoridades..., nadie va a discutir aquí cuestiones de presunción de inocencia, porque esto no es un tribunal... sería importante que en esto el Gobierno no hiciera suya aquella vieja y cínica frase de Henry Adams según la cual, la política práctica consiste en ignorar los hechos... por el contrario cuando pasan cosas, hay responsabilidad; de que, cuando hay un sentimiento difuso o concreto de ataque, de frustración nacional y ataque al Gobierno, alguien debe empezar a sentirse responsable y adoptar decisiones políticas..."

De acuerdo con estos principios y aplicándolos a los hechos conocidos y probados del caso GESCARTERA, las responsabilidades políticas del Gobierno no se zanjarían con las pasadas dimisiones de don Enrique Giménez-Reyna y doña Pilar Valiente. Esta actitud resultaría un ejercicio de cinismo político sin precedentes, manifiestamente incoherente con su propio discurso y lo que es más grave, constitutiva de engaño a muchos ciudadanos que creyeron en el mismo.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que su misión, en este momento, es depurar las responsabilidades políticas a que ha dado lugar el caso GESCARTERA y que van más allá del escándalo financiero, que no hubiera sido posible sin la intervención de determinados cargos políticos nombrados por el Gobierno. El papel de las Comisiones de Investigación no es el de ser meros instrumentos de colaboración que aporten documentación adicional a los órganos judiciales en un procedimiento penal en curso, sino instrumentos de los parlamentos para depurar responsabilidades políticas.


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Ha de quedar claro que la responsabilidad política no es sino la relación de confianza que se establece entre quien designa para el ejercicio del cargo público, por nombrarlo o elegirlo, y el que ostenta dicho cargo.
Mientras que la responsabilidad jurídica supone la sujeción de la actuación de los poderes públicos a la ley (art. 9.1 CE), la política, pone el acento en la oportunidad de las actuaciones realizadas dentro del margen de maniobra legítimamente establecido por la ley. En consecuencia, se ejerce por parte del cargo público cesando o dimitiendo si alguna de esas actuaciones son tan desacertadas que no admiten una explicación creíble y democráticamente asumible por la opinión ciudadana. A dicha opinión contribuyen, entre otros actores, los partidos políticos y los grupos parlamentarios.
La relación de responsabilidad política entre el Gobierno y el Parlamento es la que tiene una cristalización jurídica más clara. El Gobierno tiene la confianza del Parlamento y sus miembros ejercen su responsabilidad política ante el mismo. Pero en ningún caso, es un deshonor, desdoro o infamia. Es una relación vital en toda democracia, reconocida en nuestra Constitución, que acompaña el ejercicio de todo cargo público y que va más allá de la dimisión o el cese: es necesario asumirla y explicarla.
Se es responsable de los errores de la propia actuación, no de la actuación de los demás. Pero entre los errores que generan responsabilidad política se deben situar, sin duda alguna la equivocación en nombrar a personas incompetentes o respecto a las que existen indicios racionales de estar incursos en procesos de corrupción para puestos de especial importancia (responsabilidad política "in eligendo"); y la pasividad o negligencia a la hora de no conocer la actuación irregular de los subordinados (responsabilidad política "in vigilando").
La responsabilidad al elegir no hace al Ministro/Ministra que nombró al subordinado responsable jurídico de los actos del mismo. Pero sí le hace politicamente responsable, pues hizo un nombramiento desacertado, con lo que arriesgó los intereses públicos y depositó su confianza en quien no la merecía. Es este elemento, el haber depositado la confianza en quien no la merecía, el que le hace políticamente responsable; dicho de otra forma, le presenta como persona en cuyas designaciones no es prudente confiar.
La responsabilidad política de vigilar hace responsable al Ministro/ Ministra que no vigiló convenientemente al subordinado que ha nombrado. Es decir, no conocer la actuación de los subordinados no es suficiente para no ser responsable político de sus actos: para eludir la responsabilidad política, es preciso no haberlo podido saber. Este régimen, en apariencia riguroso, tiene una lógica impecable: si el desconocimiento bastara para eximir de la responsabilidad política, un eventual ministro que de nada se enterase nunca sería responsable.


Pues bien, en el escándalo GESCARTERA y de todo lo actuado por la Comisión de Investigación, se deduce de forma clara una responsabilidad inequívoca del Gobierno y, muy en particular, de su Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos así como de su Ministro de Hacienda.
Resulta evidente la responsabilidad directa de ambos Ministros en el nombramiento de los titulares de instituciones como la CNMV, el Banco de España o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Resulta evidente que sin la actuación llevada a cabo por los responsables políticos de dichas instituciones, GESCARTERA no hubiera sido posible o al menos no hubiera llegado tan lejos.
Resulta evidente la responsabilidad directa de ambos Ministros en el nombramiento de otros altos cargos de la Administración sin cuyo concurso GESCARTERA no hubiera consumado una estafa de 18.000 millones de pesetas con miles de ciudadanos perjudicados.


Resulta evidente que el dinero invertido por algunos responsables de empresas y otros organismos públicos permanecería en las arcas públicas.
Y resulta impensable por fin, que por las conexiones personales existentes entre ambos Ministros y los responsables de instituciones y otros altos cargos de la Administración cuyas intervenciones fueron decisivas en GESCARTERA, éstos no conocieran lo que estaba sucediendo.
Ninguna responsabilidad política se ha ejercido ante la ciudadanía con las dimisiones de doña Pilar Valiente y de don Enrique Giménez- Reyna. La responsabilidad ante un escándalo de corrupción como el que hemos vivido ha de ir más allá y debe abarcar también la confianza depositada por el Congreso de los Diputados, representante de la soberanía popular, en el Gobierno y en sus Ministros mediante un ejercicio de responsabilidad política de los Ministros implicados.


9. Conclusiones.


1. El funcionamiento de la Comisión de Investigación ha venido determinado por los criterios impuestos unilateralmente por el Grupo Parlamentario Popular que ha limitado el tiempo de duración de los trabajos, las personas convocadas y su orden de comparecencia, las solicitudes documentales y el sistema de comparecencias aplicado a los miembros del Gobierno.
2. El comportamiento del Gobierno con la Comisión de Investigación se ha caracterizado por una actitud obstruccionista, dificultando en unos casos e impidiendo en otros, el conocimiento detallado de los hechos y su alcance.
3. Al margen de las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los responsables de GESCARTERA y que ya son objeto de un procedimiento judicial, ha quedado patente la falta de rigor profesio nal

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con la que actuaron, así como la multitud de irregularidades de su gestión en el mercado de valores.
En todo caso no se puede entender esta operativa si no es por la impunidad que tuvieron al gozar de la protección que se les brindó desde la CNMV, la AEAT y el Banco de España.
4. Las entidades y empresas públicas (Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, Mutualidad de Previsión Social de la Policía, Servicio de la Seguridad Social de la Armada, CETARSA y SAES) invirtieron fondos de los que eran administradores corriendo riesgos contrarios a la prudencia necesaria en la gestión de capitales ajenos, sin atenerse a ningún criterio objetivo técnico-financiero.
5. Diversas instituciones religiosas entregaron fondos, en algunos casos provenientes de subvenciones públicas, para su gestión en el mercado de valores, asumiendo grandes riesgos guiados, presumiblemente, de un ánimo especulativo que contraría las normas éticas que deberían regir sus actuaciones.
6. Se ha constatado que determinadas sucursales de algunas instituciones financieras españolas colaboraron con GESCARTERA en el ocultamiento de las prácticas irregulares de sus responsables.
7. Ha quedado acreditado que la entidad financiera HSBC Bank plc, colaboró activamente con GESCARTERA en ocultar a la CNMV la realidad patrimonial de ésta, mediante la certificación no veraz de la colocación de fondos de los inversores, así como dotando a GESCARTERA de una infraestructura bancaria destinada al movimiento de capitales opacos.
8. De las actuaciones desarrolladas por la Comisión de Investigación se ha podido acreditar que la actuación de determinados Consejeros y Directivos de la CNMV ha sido más que negligente, adoptando decisiones que, en clara connivencia, favorecieron y ampararon las actividades de GESCARTERA.
9. En la actuación de la AEAT en relación con GESCARTERA, las empresas de su grupo, sus socios, administradores y determinados clientes, se han podido constatar acciones y/o omisiones de los responsables políticos que han permitido las actividades irregulares de GESCARTERA.
10. Se ha comprobado que la actuación del Gobernador del Banco de España en relación con GESCARTERA ha sido negligente, toda vez que no ha utilizado los instrumentos que el ordenamiento jurídico ponía a su disposición para asegurar el correcto funcionamiento de las entidades de crédito, lo que habría evitado las prácticas irregulares de las que se ha servido GESCARTERA.


11. El Ministerio de Economía autorizó la transformación de GESCARTERA en agencia de valores haciendo caso omiso de la normativa legalmente aplicable y de la situación real de GESCARTERA.
12. La Comisión de Investigación muestra su disconformidad con el informe del Ministro de Administraciones Públicas sobre incompatibilidades, pues ampara conductas irregulares prohibidas por la legislación sobre la materia.
13. De todo lo actuado por la Comisión de Investigación se deduce una inequívoca responsabilidad del Gobierno y muy en particular del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía don Rodrigo Rato Figaredo y de don Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda.


Por un lado resulta patente la responsabilidad política en la que ha incurrido el Gobierno en relación con la Orden de 1 de septiembre de 2000 por la que se autorizó la transformación de GESCARTERA en Agencia de Valores y la tramitación del expediente que dio origen a la misma, por la falta de vigilancia y control de lo que sucedía con dicha entidad, que en modo alguno hubiese permitido tal calificación.
Por otro lado se ha podido constatar de forma fehaciente que don Rodrigo Rato Figaredo, como Ministro de Economía y Hacienda y, con posterioridad, como Ministro de Economía, practicó una política de nombramientos en instituciones tales como la CNMV, el Banco de España, o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que se ha demostrado claramente errónea a la luz de las actuaciones de sus titulares.
Así nos encontramos con que pertenece a su directa responsabilidad el nombramiento de doña Pilar Valiente Calvo en sus cargos de Directora de Inspección de la AEAT, Vocal de la CNMV y Presidenta de este organismo; de don Luis Ramallo García en sus cargos de Vocal y Vicepresidente de la CNMV; de don José M.ª Roldán Alegre en sus cargos de Director de su Gabinete y Vocal de la CNMV; de don Jaime Pérez Renovales en sus cargos de Director de su Gabinete y Subdirector de los Servicios Jurídicos de la CNMV; de don Enrique Giménez-Reyna Rodríguez en sus cargos de Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y Director General de Tributos; de don Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer en su cargo de Director de la AEAT; de doña Carmen Fernández Rozado en su cargo de Inspectora Jefe de Madrid y de don Jaime Caruana Lacorte en sus cargos de Director General del Tesoro, Vocal de la CNMV y Gobernador del Banco de España; todos ellos actores principales e intervinientes necesarios en el desarrollo de los hechos relacionados con GESCARTERA.
En el caso del Ministro de Hacienda don Cristóbal Montoro Romero también concurre una clara responsabilidad política, tanto por el nombramiento efectuado en la persona de don Enrique Giménez-Reyna Rodríguez en calidad de Secretario de Estado de Hacienda, como en el mantenimiento de don Juan Ignacio RuizJarabo Colomer como Director de la AEAT y posteriormente Presidente de la SEPI, a lo que hay que unir elfuncionamiento irregular de la Administración Tributaria

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que estas últimas personas han posibilitado, en una actuación coordinada con determinados cargos de la CNMV, apoyo y promoción a GESCARTERA que ha tenido como consecuencia la magnitud del quebranto patrimonial ocasionado a los inversores. A ello se añade la responsabilidad que le es imputable por la actitud obstruccionista y las dificultades que, en este ámbito, ha padecido la Comisión para el correcto desarrollo de sus trabajos.
Todo este proceder de los Ministros citados constata su responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando".
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista exige del Presidente del Gobierno, de acuerdo con los principios sobre responsabilidades políticas que figuran en el punto octavo de este documento, que proceda al cese de los Ministros de Economía, don Rodrigo Rato Figaredo, y de Hacienda, don Cristóbal Montoro. Igualmente, en función de dichos principios se exige la dimisión del Gobernador del Banco de España, don Jaime Caruana Lacorte, por su incorrecta actuación en la supervisión de las entidades financieras relacionadas con GESCARTERA y su grupo.


10. Propuestas.


1. Sobre las Comisiones de Investigación

1.1 El Congreso de los Diputados debe establecer un procedimiento para el acceso a las declaraciones de bienes de los diputados y los Altos Cargos. En lo que a los diputados se refiere, en línea con el Acuerdo de la Mesa de 29 de mayo de 1990, ampliando la actual regulación a supuestos en que las denuncias que se formulen se refieran a incumplimientos del artículo 18 del Reglamento, y en todos los casos, a requerimiento de una Comisión de Investigación.
1.2 El Congreso de los Diputados debe establecer un procedimiento para que las Comisiones de Investigación puedan acceder a los datos tributarios de todas las personas, con las debidas garantías que salvaguarden el derecho a la intimidad personal, pero que no cercenen las posibilidades indagatorias de una Comisión de Investigación.
1.3 El Congreso de los Diputados debe establecer un procedimiento para que cualquier empresa afectada por la investigación que se realiza esté obligada a facilitar la documentación que se le requiere en relación con el objeto de la investigación.
1.4 El Congreso de los Diputados debe establecer un procedimiento para que la documentación que se solicita tanto a las Administraciones Públicas como a empresas en general o a los ciudadanos, se facilite en el plazo que por la Comisión se establezca.
1.5 El Congreso de los Diputados deberá establecer reglamentariamente un único procedimiento para la realización de todas las comparecencias ante las Comisiones de Investigación.
2. Sobre las garantías a los inversores.


Se debe poner en marcha de forma inmediata el Fondo de Garantía a los inversores de carácter privado que garantice adecuadamente sus aportaciones en el caso de situaciones de fraude o quiebra como el que nos ocupa.


3. Sobre las inversiones de entidades y empresas del sector público.


3.1 Elaboración de una normativa clara y precisa sobre las inversiones que realice el sector público estatal. En todo caso, dicha regulación contemplará los activos financieros autorizados para la inversión de sus fondos y el procedimiento de adopción de decisiones inversoras, así como la exigencia de documentación de todo el procedimiento. Además, se exigirá la solvencia y garantía de los intermediarios financieros con los que operen.
3.2 Prohibición de que las entidades sin ánimo de lucro, que reciban subvenciones del Estado puedan realizar inversiones en valores especulativos o en activos que impliquen un riesgo cierto para la inversión.


4. Sobre las entidades financieras.


Necesidad de incrementar la vigilancia y control de determinadas entidades financieras que con sus prácticas facilitan el blanqueo de capitales y la ocultación de sus titulares y distorsionan la auténtica situación patrimonial de sociedades de inversión.


5. Sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


5.1 Participación del Congreso de los Diputados en el nombramiento de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejeros externos de la CNMV.
Los citados cargos serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, previa comunicación al Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdos de los tres quintos de sus miembros, manifestará su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.
5.2 Nuevas normas de funcionamiento del Consejo de la CNMV para aumentar su eficacia y responsabilidad.


El Presidente del Consejo de la CNMV será el responsable máximo de los servicios internos de la CNMV que se organizarán bajo su coordinación y supervisión.
Los Consejeros de la CNMV tendrán asignadas áreas funcionales concretas respecto de las cuales realizarán

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funciones de coordinación y supervisión bajo la superior dirección del Presidente.
5.3 Mejorar el régimen de incompatibilidades adecuándolo a las características de la CNMV.
Incluir de manera expresa a los directivos del primer nivel de la CNMV en el ámbito de aplicación de la Ley 12/1995, de 12 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Mejorar la regulación de las incompatibilidades durante los dos años posteriores al cese, desarrollando con rigor el artículo 2.4 de la citada Ley.


6. Sobre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


6.1 Mejorar el sistema de información de las actuaciones practicadas, conservando los registros históricos de las más relevantes: bien ampliando el contenido de la BDP o bien creando ficheros específicos al efecto.
6.2 Un mayor rigor en la motivación formal de las decisiones y en la justificación documental de todas las actuaciones de gestión de los tributos.
6.3 Establecer un sistema interno de revisión periódica de las actuaciones que implican más riesgos de errores o perjuicios para el Tesoro.
6.4 Mejorar la actividad de planificación relativa a todas las áreas de gestión de los tributos en el ámbito de la Agencia Tributaria. A tal efecto, deberían definirse objetivos e indicadores válidos y adecuados; cuantificarse los mismos de modo proporcionado a los medios disponibles; y mejorarse el sistema de seguimiento y control de dichos indicadores. Además, todas estas actuaciones deberían estar debidamente formalizadas y documentadas. En particular, se recomienda fundamentar de modo exhaustivo la planificación de las actividades de gestión tributaria e inspección de los tributos mediante estudios suficientemente detallados sobre el fraude.


7. Sobre incompatibilidades.


7.1 La Comisión propone que, teniendo en cuenta las interpretaciones tendenciosas e injustificadas que reiteradamente viene realizando el Ministerio de Administraciones Públicas de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, contraria a su espíritu y finalidad de prevalencia de los intereses públicos sobre los privados, se estudie las necesarias reformas de ésta, así como las sanciones pertinentes que no dejen ningún resquicio a interpretaciones benevolentes hacia los incumplidores de las leyes.
7.2 Igualmente se propone que el órgano público encargado de velar por la correcta interpretación y aplicación de esta Ley goce de una auténtica autonomía funcional, sin sujeción a relación jerárquica alguna.
8. Responsabilidades penales.


A la vista de todo lo actuado por la Comisión de Investigación resulta necesario deducir testimonio de ello y dar traslado a la Fiscalía para que promueva las actuaciones judiciales procedentes toda vez que se han podido determinar toda una serie de conductas susceptibles de sanción penal e imputables a distintos cargos públicos y otras personas que han comparecido ante la Comisión, no sólo por sus actividades sino también por haber faltado a la verdad en sus manifestaciones.


9. El Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno que declare insatisfactoriamente cumplido el mandato de éste, de fecha 6 de septiembre de 2001, y acuerde la devolución del Dictamen a la Comisión de Investigación, a fin de que continúe sus trabajos por un mes más. Y al mismo. tiempo, insta al Gobierno a la inmediata remisión de toda la documentación pendiente sin más dilación.


ANEXO I

Documentación pendiente

Solicitada al Gobierno:

1. Informes elaborados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con GESCARTERA y sus clientes, incluidas las auditorías internas. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 2. Investigaciones acometidas por la Agencia Tributaria con relación a la existencia de dinero fiscalmente no declarado gestionado por GESCARTERA. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 3. Declaraciones de renta y patrimonio de don Antonio Camacho, doña Pilar Giménez-Reyna, don José M.ª Ruiz de la Serna, don Jaime García Morey, don Aníbal Sardón, don José Manuel Pichel, don Javier Sierra de la Flor, doña Laura García Morey, don Rafael de Lorenzo, don Alberto Alonso Ureba y don Ángel Malpartida Giménez-Reyna, desde el año de creación de GESCARTERA. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 4. Declaración de Patrimonio y/o de Bienes de don Enrique Giménez- Reyna, don Francisco GiménezReyna, don José Giménez-Reyna, doña Pilar Valiente, don Luis Ramallo, don Antonio Botella, don Antonio Alonso Ureba, desde el año de creación de GESCARTERA. (Recibido únicamente Declaración de la Renta de don Enrique Giménez-Reyna y Declaración de Patrimonio de Pilar Valiente y Luis Ramallo.) 5. Auditoría de la Agencia Tributaria sobre su propio funcionamiento.
6. Actuaciones inspectoras realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en

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relación con las empresas del Grupo GESCARTERA. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 7. Informe presentado al Ministro de Economía por la Presidenta de la CNMV tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados en relación con GESCARTERA del pasado 2 de agosto de 2001.
8. Declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y de Patrimonio de todos y cada uno de los miembros de los Consejos de Administración, accionistas y administradores de Bolsaconsulting, GESCARTERA y sus sociedades filiales desde la creación de cada una de ellas. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 9. Instrucciones dictadas por el Secretario de Estado de Hacienda desde 1992 sobre medidas de control tributario.
10. Declaraciones fiscales remitidas al Juzgado sobre los clientes de la empresa GESCARTERA y sus filiales. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 11. Modelo 198. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios de GESCARTERA y sus filiales, en su caso, desde 1998. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 12. Declaraciones tributarias presentadas desde el año 1992 por las mencionadas sociedades de cartera, agencias de valores y la ONCE.
(Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 13. Información fiscal que obre en poder de la Agencia Tributaria en relación con la ONCE. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 14. Informe elaborado por la Agencia Estatal Tributaria sobre inversiones de la Agencia de Valores GESCARTERA en las que se revela según diversos medios de comunicación, que doña Pilar GiménezReyna, figura con unas inversiones en diversas operaciones próximas a los 1.500 millones de pesetas. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/ 1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 15. Agenda oficial de visitas en su despacho oficial de don Enrique Giménez-Reyna.
16. Documentación de la Agencia Tributaria sobre inversiones de D.a Pilar Giménez-Reyna. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 17. Certificación de los abonos en concepto de IVA efectuados por don José Vega Ossorio, con NIF 5.558.408-Z, correspondientes al segundo trimestre del año 2001. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 18. Todas las declaraciones anuales de operaciones con terceros (modelo 347) de don Enrique Giménez-Reyna y de Zurdo Giménez-Reyna Consultores, Sociedad Comanditaria por acciones. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 19. Todos los accesos informáticos, con identificación de usuarios, a la información fiscal de GESCARTERA y en particular del Grupo desde 1999. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 20. Declaraciones de Actividad y de Bienes de don Enrique Giménez- Reyna y de D.a Pilar Valiente, depositadas en el Ministerio de Administraciones Públicas.
21. Informes realizados por Inspecciones de Servicios Ministeriales, de los Ministerios de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, desde junio de 2001, en relación con altos cargos o ex altos cargos de dichos Ministerios que hayan sido o sean citados a comparecer ante la Comisión de Investigación (contestado sólo por el Ministerio de Administraciones Públicas).
22. Del Ministerio de Hacienda: información de carácter fiscal relacionada con GESCARTERA, que se halle en poder del Ministro de Hacienda. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 23. Toda la documentación que obre en poder de la AEAT sobre la inspección fiscal abierta a GESCARTERA en marzo de 1998, con manifestación expresa de quién dio la orden de que la investigación se interrumpiera y de las causas que se adujeron para ello. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 24. Documentación relativa a la investigación fiscal que la Agencia Tributaria abrió en marzo de 1998 a GESCARTERA y a las personas que canalizaban la inversión a través de esta empresa y sus sociedades y que al parecer se canceló o dejó inconclusa a los pocos días de abrirse. (Informes sujetos al Real Decreto-Ley 5/1994 y al artículo 113 de la Ley General Tributaria.) 25. Al amparo de lo que establece el Real Decreto-Ley 5/1994, se requiere con carácter urgente la remisión de todos los datos relativos a Altos Cargos o ex Altos Cargos de la Administración concernidos por alguna de las 536 actuaciones a que se refiere el Informe de la Agencia Tributaria, remitido en el día de ayer, y que titula "Informe dirigido a la Comisión Parlamentaria de GESCARTERA sobre actuaciones de la AEAT relacionadas con GESCARTERA DINERO AV S.
A. y su entorno más próximo", o en su caso, certificación de la AEAT de que no hay ningún Alto Cargo o ex Alto Cargo concernido por ninguna de las 536 actuaciones.
26. Descripción de las consecuencias que han tenido las 536 actuaciones referidas en el punto anterior en lo atinente a actas, conceptos tributarios y cuantías.


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27. De las cuatro actuaciones significativas a que se refiere el informe del punto 1, explicación detallada del procedimiento.
Especificando los conceptos tributarios a que se refieren las actuaciones, el importe de la deuda tributaria y las incidencias de todo tipo del expediente.


* Acuerdos de inclusión en el Plan de Inspección y, en su caso, acuerdos sobre el alcance de las actuaciones a realizar (con inclusión de los responsables).
* Requerimientos.
* Citaciones.
* Diligencias realizadas por los actuarios e informes, en su caso.
* Acuerdos sobre la paralización de las actuaciones.


* Acuerdos de baja en el Plan de Inspección.
* Todos los Informes, todas las actas y todos los documentos sobre las actuaciones realizadas.
* Relación de actuarios y en su caso de los inspectores jefe de los equipos que han actuado.
* Acuerdos de remisión de actuaciones a la correspondiente Delegación Territorial, si las hubiere.
Todo ello con la omisión de los estrictos datos personales, para garantizar que se preserva la confidencialidad o el secreto fiscal.


28. Los expedientes planteados a las propuestas de sanción a GESCARTERA o a cualquier otra entidad de valores planteadas como recursos administrativos y que obran en el Ministerio de Economía.
29. Informe de la Inspección de los Servicios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda sobre Don Enrique Giménez-Reyna, ordenado por el Ministro Cristóbal Montoro.
30. Del Ministerio de Defensa la identificación de los militares implicados en el dispositivo de seguridad de GESCARTERA.
31. Del Ministerio del Interior: la identificación de los guardias civiles en situación de reserva o de baja total o parcial que hayan formado parte del dispositivo de seguridad de GESCARTERA.
Solicitada al Juzgado Central de Instrucción n.o 3 de la Audiencia Nacional: 32. Copia del dietario o agenda de D.a Pilar Giménez-Reyna.
33. Copia de los testimonios de todas las declaraciones de D.a Pilar Giménez-Reyna.
Solicitada a la Joyería Suárez: 34. De la Joyería Suárez: Marca y número de serie de todos los relojes adquiridos por don Antonio Camacho Friaza.
Solicitada a la Compañía Artac: 35. Identificación de los 13 pasajeros que utilizaron el vuelo de la Compañía ARTAC, AVS-400, matrícula ED-GJM, el 23 de mayo de 2000, con salida 21:40 horas (hora local).
ANEXO II

Comparecencias pendientes

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

1. D. Juan Jesús Roldán, Vicepresidente de la CNMV.
2. D. José Félix de Luis y Lorenzo, Consejero de la CNMV.
3. D.a M.a Soledad Plaza y Jabat, Consejera de la CNMV.
4. D. José Ramón del Paño Palop, ex Secretario General de la CNMV.
5. D.a Sol Bourgón Camacho, Directora General del Servicio Jurídico y Secretaria del Consejo de la CNMV.
6. D. Pedro Villegas, Director General de Inspección de la CNMV.
7. Inspectores de la CNMV nombrados interventores en las empresas del Grupo GESCARTERA.


GESCARTERA.


8. D. José Antonio García Lachica, Secretario de GESCARTERA.
9. D.a Laura García Morey, Administradora de las sociedades DACNA y COLOMBO.
10. D. Salvador Alcaraz, Empleado de GESCARTERA.


11. D. Alberto Alonso Ureba, asesor de GESCARTERA.


12. D. José Ignacio Casanova Machimbarrena, ejecutivo de GESCARTERA.
13. D. José M.a García Tejerina, ex Delegado en Valladolid de GESCARTERA.
14. D. Israel Gómez Sánchez, Empleado de GESCARTERA.


a 15. D. Ángeles Leis, Contable de GESCARTERA.


16. D. Marcos Quevedo Balboa, Director General de GESCARTERA Gestión SGIIC S.A.
17. D.a Inmaculada Baltar, Administradora única de AGP.
18. D. Francisco Javier Vicente, Administrador único de GESCARTERA I+ D.
19. D. Justo Martín Sánchez, empleado de GESCARTERA.


20. Responsable de GESCARTERA en Vigo.
21. D. Luis Villota, contable de GESCARTERA.
22. D. Cristóbal Serrán Pagán, Presidente de la Gestora de Negocios de Levante.


GOBIERNO.


23. D. Pedro Ferreras Díez, ex Presidente de la SEPI.


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24. Presidente de IZAR.
25. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer, Director General de la Policía.
26. D. Fernando Díaz Moreno, Secretario de Estado de Defensa.
27. D. Estanislao Rodríguez-Ponga, Secretario de Estado de Hacienda.
28. D. Amador Elena, Director General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas.
29. D. José Sombrero, Director y Vicepresidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía.
30. D. Federico Trillo, Ministro de Defensa.
31. D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura.


32. D. Mariano Rajoy, Ministro del Interior.
33. D. Jaime Mayor Oreja, ex Ministro del Interior.
34. D.a M.a del Pilar González de Frutos, Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
35. D. Rafael Catalá Polo, Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
36. Presidente del Patronato Militar.


IGLESIA.


37. José Ignacio Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid.
38. Monseñor Dorado Soto.
39. D. Teodoro Bonilla, Párroco del Castillo de Garcimuñoz (Cuenca).
40. Responsable de Filipenses Misioneras de Enseñanza.
41. Responsable de Agustinas Misioneras Provincia San Agustín.
42. Responsable de Salesianos Inspectora de María Auxiliadora Provincial.
43. Ecónomo del Obispado de Astorga.
44. D.a Elvira Serratosa Luque, de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón.


OTRAS INSTITUCIONES.


45. D. José Manuel Salgado, Sección de CC.OO. de AA.PP.
46. D. Francisco Giménez-Reyna Rodríguez, Consejero de Equipos Nucleares.
47. D.a Begoña Santamarina, Sección UGT Servicios Públicos.
48. D. Miguel Pratt, Sucursal de la Caixa de Majadahonda.


49. Directores de sucursales del Banco Zaragozano, Caja Madrid Bolsa y Deutch Bank que mantuvieron relaciones con GESCARTERA.
50. D. Jesús Pantoja, Directivo en Madrid del Banco Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC). Responsable de Unidad de Banca de HSBC.
51. D. Francisco José Bauzá, Vicepresidente de HSBC. PES.


52. D. Rufino Gallego Bernal, Accionista de GESCARTERA Gestión.
53. D. Esteban Iglesias, BC lnvest, Salamanca S.L.
54. D. Juan Ignacio Zurdo, Administrador de Velázquez World Wide.
55. D. Ángel Soriano Martín Moreno, Apoderado de BC Fis Consulting.
56. Presidente de Deloitte and Touche.
57. Sr. Lozano, abogado del Sr. Camacho.
58. D. Juan Antonio Mayorga.
59. D. Pedro Solbes Mira.
60. D. Pablo Oliveras.
61. Presidente de Construcciones Rico.
62. D. Rafael Jover Mora Figueroa, Diplomático.
63. D. Responsable de la Fundación Emilio Alvarez Gallego.
64. D. Enrique Mota Romera, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas.
65. D.a Ana María Alvarez de Lara Alonso, Manos Unidas-Comité Católico de la Campaña contra el hambre en el mundo.
66. Responsable de la Fundación Banco de Alimentos de España.
67. D. Urbano García Revilla, Fundación Caldeiro.
68. D. Carlos Ramos Casado, Administrador de SEIN S.A. y socio de HARI 2000.
69. D. Agustín Fernández Muñoz.
70. D. Salvador Pastor, de HSBC lnvestment.
71. Responsable de la Joyería Suárez.
72. Conductor o conductores de don Rafael Camacho Friaza.
73. D. José María Ramírez. Ex Jefe de Gabinete de don Luis Ramallo durante su etapa como Vicepresidente de la CNMV.
74. D. César Alierta, Presidente de Telefónica.
75. D. Rafael Mateu de Ros, Secretario General de Bankinter, S.A.
76. D. Juan Munguira, Técnico de la CNMV.
77. D. Jaime Galobart Sánchez-Marco, Director General HSBC Bank plc (nueva comparecencia).
78. D.a Beatriz González-Cristóbal Poyó, Directora General de Hermés Ibérica, S.A.
79. D.a María del Carmen Fernández Rozada, ex Inspectora Jefa de Madrid en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
80. Inspectores Jefes que actuaron en los 4 expedientes con irregularidades a que se refiere el informe de la AEAT de 8 de octubre de 2001 "sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA Dinero AV SA., y su entorno más próximo" y los inspectores que hayan elaborado el referido informe.
81. D. José Aurelio García Martín, ex Director de la AEAT.
82. D. Juan Costa Climent, ex Secretario de Estado de Hacienda.


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83. Inspectores que en la actualidad tienen encomendada la investigación de dinero negro en GESCARTERA.


84. D. Juan Beceiro, Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
85. Delegado Especial de la Agencia Tributaria en la que se realiza la tercera inspección relacionada en el informe de la AEAT de 8 de octubre de 2001 "sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA DINERO AV SA. y su entorno más próximo".
86. Los cuatro responsables de las Delegaciones en las que se llevan a cabo las cuatro inspecciones referidas en el informe de la AEAT de 8 de octubre de 2001 "sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA DINERO AV SA. y su entorno más próximo".
87. Inspectores o actuarios que realizaron las cuatro inspecciones a las que se refiere el informe de la AEAT de 8 de octubre de 2001 "sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA Dinero AV SA. y su entorno más próximo.
88. Actual Director de Auditoria Interna de la AEAT.
89. Inspectores de Servicio Autores de los Informes de la AEAT de 8 de octubre de 2001 "sobre las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relacionadas con GESCARTERA DINERO AV SA. y su entorno más próximo" y el 11 de octubre "sobre las relaciones de D. Enrique Giménez- Reyna Rodríguez con diversas personas físicas y entidades".
90. Inspectora General del Ministerio de Hacienda.
91. Juan M. Jáudenes Traid, apoderado en la Empresa DACNA y COLOMBO.
92. D. Luis Ramallo García, ex Vicepresidente de la CNMV (nueva comparecencia).
93. D. José María Ruiz de la Serna, Accionista y Apoderado de GESCARTERA DINERO (nueva comparecencia).


94. D. Jesús Posada Moreno, Ministro de Administraciones Públicas, a fin de que informe en relación con el Dictamen del Ministerio de Administraciones Públicas "sobre el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades del ex Vicepresidente de la CNMV, don Luis Ramallo García".
95. D. Jesús Apraiz, Director General de HSBC.


Al Presidente de la Comisión de Investigación sobre Gescartera.


El Grupo Parlamentario Mixto (ERC, BNG, PA, ICV, EA y CHA), presenta el siguiente Voto particular al debate de la Comisión de investigación sobre Gescartera para su debate en el pleno.


Madrid, 13 de noviembre de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Grupo Parlamentario Mixto.


VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO PARA SU DEBATE EN PLENO

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCARTERA.


PROPUESTA DE CONCLUSIONES DEL GRUPO MIXTO

Hechos. Conclusiones. Propuestas.


Hechos.


CNMV.


* La incapacidad de la CNMV para detectar el fraude y el engaño de la sociedad de valores GESCARTERA desde 1995 y que se interviene el 14 de junio de 2001, seis años más tarde, con la desaparición de unos 18 mil millones de pesetas. Una incapacidadque se basa en el desconocimiento por parte del regulador de la totalidad del patrimonio gestionado, el movimiento real de compra y venta de acciones, la concentración de los depósitos de los clientes en una cuenta omnibús -no en las cuentas individuales- y la existencia de operaciones cruzadas que cargan plusvalías a unos clientes y minusvalías a otros.
* En octubre de 1997 y diciembre de 1998 la división de Supervisión detecta anomalías en el funcionamiento de la Sociedad Gescartera, que a pesar de contar con un acuerdo final unánime del consejo para ampliar la incoación del expediente sancionador del 6 de abril de ese mismo año, divide el Consejo entre los partidarios de la intervención y los contrarios a este tipo de actuaciones.
* La frivolidad y el relativismo en los nombramientos de los miembros del consejo de la CNMV por parte del Ministerio de Economía y el mismo gobierno. Algunos de ellos no reúnen los criterios de idoneidad.
* Quedan probadas las constantes y recurrentes interferencias de la Sociedad Gescartera y su entorno comercial y financiero a los trabajos de los miembros de la CNMV, sobre todo respecto a la División de Supervisión, mediante Antonio Camacho o Ruiz de la Serna o los gabinetes de asesores o divisiones de banca privada con las cuales trabajaban. Las diferentes comparecencias

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de miembros de la CNMV confirman que al menos una vez el responsable del departamento jurídico de la CNMV, Antonio Alonso Ureba, tuvo contactos con responsables de Gescartera así como los tuvo el Vicepresidente Luis Ramallo con el máximo accionista de dicha Sociedad, Antonio Camacho. Asimismo, queda probado que el responsable del Departamento jurídico y secretario del Consejo, A. Alonso Ureba, intercedió en las quejas de determinados Bancos para parar o suavizar las tareas de supervisión del Director de esta División, David Vives.
* La mediación de Enrique Giménez Reyna desde su cargo como director general de Tributos primero y como Secretario de Estado de Hacienda, a posteriori, sobre algunos miembros del consejo de la CNMV y más tarde de la misma Presidencia cuando la pasa a ocupar Pilar Valiente, es un hecho evidente y de sobras contrastado. Y también lo es su capacidad de influencia sobre algunos miembros del Consejo de la CNMV en dos almuerzos y al menos una reunión con Luis Ramallo, Vicepresidente de la CNMV.
* La incompetencia de la División de Supervisión de la CNMV para verificar la información de los depósitos bancarios y la compra de valores que ofrecen las sociedades y Agencias de Valores y la inexistencia de automatismos con el Banco de España. Tal como hace referencia el informe de Antonio Botella, como responsable de la División de Supervisión en el caso Gescartera en sustitución de David Vives, de las visitas del 11 de noviembre y el 14 de diciembre de 1999, y en los cuales se da el visto bueno a unos certificados de "La Caixa" que a posteriori se descubren falsos.
* No se comprueba la veracidad de la SICAV que la Sociedad Gescartera constituye en Luxemburgo mediante el HSBC, con la denominación Gescartera internacional SICAV, tal como se informa en el Consejo del 17 de junio de 1999, ni se sigue su proceso de creación.
* La División de Fomento no es capaz de cumplir los criterios de idoneidad y honorabilidad de los máximos accionistas de la sociedad Gescartera para su transformación en Agencia de Valores. Además, este mismo error o negligencia se reproduce en los servicios jurídicos y en el mismo Consejo. Desde el inicio del trámite de transformación el 13 de julio del 2000 hasta el 6 de febrero de este mismo año.
* No se certifica en ningún momento la entrada de la Fundación ONCE como socio y con el 10% del accionariado de GESCARTERA DINERO, SA SGC ni en la División de Fomento, ni en el Departamento Jurídico, ni en el Consejo, ni en el Ministerio de Economía que da el visto bueno el 1 de septiembre de 2000, mediante una Orden Ministerial firmada por el Secretario de Estado de economía en delegación del ministro.
* Funcionamiento arbitrario del Comité Consultivo de la CNMV por parte del Vicepresidente anterior de la CNMV, Luis Ramallo, que impedía la anotación de discrepancias o votos particulares en el acta con la colaboración del Secretario del consejo de la CNMV, Antonio Alonso Ureba.


AEAT.


* Incapacidad de la AEAT para detectar la falta de solvencia económica y fiscal de la Sociedad de Valores Gescartera, y sus máximos accionistas, desde su creación en junio de 1992. No se detectan delitos o infracciones administrativas que se pudieran haber cometido, ni tampoco ninguna deuda tributaria hasta que se cursa una orden de investigar más a fondo después de la intervención de la sociedad.
* La AEAT no ha conseguido detectar, desde la creación de la Sociedad Gescartera en 1992, y con los antecedentes de los máximos accionistas que obraban en poder de la CNMV, indicios claros de dinero fiscalmente opaco en Gescartera y su entorno, aunque todo indica su existencia.
* No finalización de 4 de las 11 actuaciones en el núcleo de personas relacionadas con la sociedad Gescartera y aparcamiento de éstas, de las cuales aún se desconocen los motivos del aparcamiento.


Banco de España.


* Negligencia absoluta en la fuga de capitales hacia otros países a partir de entidades bancarias instaladas en el Estado Español y falta de control de la circulación de capitales de las sociedades de Valores.
* Existencia de cuentas numeradas a nombre de un Banco Suizo en el Banco HSBC, desconociendo los titulares de estas cuentas.
* Nulo papel del Vicepresidente del Banco de España como miembro nato del Consejo de la CNMV: no cruza información, no coordina las funciones de los organismos, no se crean automatismos de consulta y comprobación de datos.
* No se han abierto ningún expediente a las entidades de crédito o bancarias por las situaciones irregulares que se generan en algunas de sus oficinas o delegaciones con la Sociedad de Valores Gescartera.


ICAC.


* La incapacidad de algunas empresas de auditorías denota la negligencia para detectar falsedades, dobles contabilidades o simplemente ocultación de datos.
* El órgano reguladores no coordina ni controla la actividad de este sector ni tampoco existe información cruzada entre los diferentes reguladores.


Conclusiones.


1) Comisión de Investigación. El funcionamiento normal de la Comisión de investigación se ha visto alteradopor diferentes actuaciones o negligencias:

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a) Documentación requerida por los diferentes grupos parlamentarios y comisionados que no fue facilitada por el Gobierno o instituciones dependientes de éste.
b) Documentación requerida que se entregaba tarde o con una demora suficiente para que no pudiera ser examinada antes de las comparecencias.
c) Cambio de formato de las comparecencias a los altos cargos del gobierno. Rompiendo la dinámica que hasta ese momento había regido el funcionamiento de la Comisión e impidiendo que los altos cargos, ministros y gobernador del Banco de España, contestaran escuetamente todas las preguntas.
d) No se pudieron realizar más comparecencias y una hipotética segunda vuelta de comparecencias por la negativa del grupo que apoya el gobierno a prorrogar las reuniones de la comisión.


2) Constatar el irregular funcionamiento de los órganos reguladores y supervisores, la alteración de las condiciones de mercado que esto conlleva y el grave prejuicio que ha tenido para los clientes de la Sociedad de Valores Gescartera y para la credibilidad del sistema financiero en el Estado español. Estas irregularidades, connivencias y negligencias se han observado en la CNMV, Banco de España, Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Dirección General del Tesoro.
3) La política de nombramientos es desacertada y no contempla en muchos casos la idoneidad profesional, la técnica y la experiencia suficiente en el ámbito del mercado de valores y que ha facilitado el desarrollo de casos como AVA y más tarde Gescartera.
4) El papel asignado al Ministerio de Administraciones Públicas para discernir entre las incompatibilidades existentes entre los cargos públicos y de responsabilidades públicas y los intereses privados queda en entredicho en casos como el de don Luis Ramallo, entre el cargo de Vicepresidente de la CNMV y su ejercicio posterior como fedatario público, notario, de diversas agencias y Sociedades de valores. El caso de don Enrique Giménez Reyna que se cruza sus cargos de responsabilidad tanto en la dirección General de Tributos y la Secretaria de Estado de Hacienda en diferentes sociedades como Sefisur o Zurdo-Giménez Reyna Asociados o el del Vicepresidente 2.o del gobierno y ministro de Economía don Rodrigo Rato, donde se cruzan diferentes empresas de índole privado con sus responsabilidades políticas.


Propuestas.


Cese de los responsables políticos:

* Vicepresidente 2.o del Gobierno Ministro de Economía: Rodrigo Rato.
Como responsable político máximo de los nombramientos al frente de la CNMV tanto de los Presidentes Juan Fernández Armesto y posteriormente Pilar Valiente, así como los Consejeros que forman parte del Consejo que eludió la intervención de la Sociedad de Valores Gescartera.
Además, por la autorización de la transformación de la Sociedad Gescartera en Agencia de Valores sin la participación de la Fundación ONCE tal como quedo establecido por la CNMV.
* Ministro de Hacienda: Cristóbal Montoro. Como responsable político máximo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al observar ésta la incapacidad manifiesta para el control tributario de la Sociedad de Valores Gescartera.


Dimisión del Gobernador del Banco de España y ex Vicepresidente de la CNMV:

* Gobernador del Banco de España: Jaime Caruana por la incapacidad de órgano supervisor del sistema financiero para garantizar la suficiente transparencia al sistema de información bancaria de los otros órganos reguladores y la persecución de la fuga y blanqueo de capitales mediante diferentes entidades bancarias. Además de haber sido miembro del Consejo de la CNMV como representante del Banco de España, podía conocer mejor que nadie la necesidad real de coordinación de los dos organismos.


Cambios normativos:

* El Congreso efectuará los cambios legislativos necesarios en las diferentes normas que rigen el Mercado de Valores y las funciones de su regulador para que: * El Presidente y los demás miembros del Consejo de la CNMV no natos sean elegidos por el Congreso de los diputados por una mayoría cualificada de 3/4 partes a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios.


* Responsabilidad directa y pública de cada Consejero de la CNMV sobre la División que tutela.
* Descentralización de la CNMV, la lejanía del poder político fortalece su independencia y sus competencias y blinda al organismo regulador ante los intentos de captura por parte de los intereses regulados.


Comisiones de investigación:

* Modificación del artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados y de la legislación que afecte a las comisiones de investigación del Congreso con los siguientes objetivos:

a) Que se pueda crear una comisión de investigación siempre que lo soliciten un 25% de los diputados y diputadas o 3 grupos parlamentarios de la cámara.
b) Que se establezcan los procedimientos adecuados para que las comisiones de investigación puedan

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acceder a todos los datos tributarios de las personas que puedan tener relación con el objeto de la investigación, y también a las declaraciones de bienes y patrimonio de miembros del gobierno y de la alta administración del Estado.
c) Que se introduzcan los cambios necesarios en el Reglamento del Congreso y en las leyes que afecten a las comisiones de investigación con el objeto de recabar toda la información y las comparecencias requeridas.
Endurecimiento de la legislación de incompatibilidades.


* Endurecer la actual legislación de incompatibilidades de altos cargos y miembros del Gobierno, así como establecer instrumentos que permitan una aplicación eficaz de la misma, con el fin de asegurar la efectividad del principio constitucional de imparcialidad en la gestión de los asuntos públicos y de impedir la patrimonialización de los partidos políticos u otros grupos de presión.

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