Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Senado, serie II, núm. 3-c, de 30/11/2000
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VII LEGISLATURA

Serie II: PROYECTOS DE LEY

30 de noviembre de 2000

Núm. 3 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 16 Núm. exp. 121/000016)

PROYECTO DE LEY

621/000003 De Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


PROPUESTAS DE VETO

621/000003

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2000.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.


El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Palacio del Senado, 24 de noviembre de 2000.--Anxo Manuel Quintana González.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don Anxo Manuel Quintana González (GPMX)

El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


Se propone la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2001 al Gobierno.


JUSTIFICACION

La reducción del déficit público es la gran baza propagandística que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en los últimos ejercicios. El Gobierno nos presenta el equilibrio presupuestario como si se tratase del maná prometido, corrector de todos los males.
Es el empeño en la presentación pública de este fetiche el que obliga al Gobierno a aplicar previsiones de inflación declaradamente inalcanzables, que obligarán, sin lugar a dudas, a realizar ampliaciones de crédito muy considerables en partidas como las correspondientes a las pensiones de jubilación. El déficit cero de este Proyecto de Ley que no impedirá que el Gobierno tenga que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un porcentaje cercano al 1,7 por 100 (que es la desviación actual del IPC con respecto a la previsión presupuestaria), porque dicha actualización es ley, ni que tampoco deban ser revisados los salarios de los funcionarios públicos, así como otras partidas dependientes de la evolución del nivel de precios.
Por lo tanto, estamos ante un equilibrio presupuestario de carácter virtual, o dicho de otra forma, ante déficit diferidos para ejercicios venideros.


Página 134


Pero esto no es lo más grave; lo verdaderamente grave es que el Gobierno del Estado con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, con uno de los menores niveles de Gasto Público con respecto a su PIB (sólo superior a los de Irlanda y el Reino Unido), con niveles de prestaciones sociales de los más bajos de Europa, con diferencias salariales crecientes con respecto a la media comunitaria y, a pesar de todo, con diferenciales de inflación también crecientes, se afane en presentar el equilibrio presupuestario como su gran logro.
La persecución fetichista del déficit cero evidencia la total ausencia de medidas de política económica tendentes a conseguir una verdadera convergencia real con los demás miembros comunitarios y la obstinación en el cumplimiento, a ciegas, de las condiciones del Pacto de Estabilidad.
Ausencia de política económica tendente a contener el imparable crecimiento de los precios de los carburantes, ausencia de iniciativa comunitaria para contener la constante depreciación del Euro desde su entrada en vigor, indiferencia ante la escalada de los tipos de interés en la zona Euro, incapacidad para corregir el déficit comercial, que registra niveles históricos, a pesar de la mencionada depreciación, falta de iniciativa para promover la generación de empleo estable, y en condiciones dignas, fomento de la brecha salarial con los estados comunitarios, son algunos de los elementos que justifican esta enmienda.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2000.--El Portavoz del G. P.
Socialista, Juan José Laborda Martín.--El Portavoz Adjunto del G. P.
Entesa Catalana de Progrés, Ramon Aleu i Jornet.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto a la totalidad.


JUSTIFICACION

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 se sustentan en previsiones y estimaciones del entorno económico carentes de la menor credibilidad. Así, la previsión de inflación del 2 por 100 está más basada en el deseo que en la realidad, como vienen advirtiendo reiteradamente la mayoría de expertos y organismos internacionales.
Los Presupuestos aparecen, en consecuencia, como un mero ejercicio contable al objeto de su presentación como los primeros con déficit cero, déficit cero que, curiosamente, sólo se sustenta en el esfuerzo de los trabajadores cuyas cotizaciones sociales son las que permiten el supuesto equilibrio de las cuentas del Estado. Junto a ello, la citada previsión consolida la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, en un ejemplo claro de cómo entiende el Gobierno la distribución de los efectos beneficiosos del actual ciclo económico, ciclo que, por cierto, está empezando a dar muestras de inquietantes incertidumbres sin que el Gobierno sea capaz de adoptar la más mínima medida al respecto.
Los Presupuestos continúan restringiendo, además, las inversiones públicas --fenómeno agravado por la escasa y defectuosa ejecución posterior-- lo que sin duda va en detrimento de la necesaria modernización de la estructura económica de España, afectándose de forma esencial a la productividad y competitividad de nuestra economía.
Asimismo, en aras al tan publicitado déficit cero, se perjudican aquellas actuaciones necesarias para lograr la convergencia real con los países de nuestro entorno; las carencias en materia educativa, sanitaria, de empleo, etc., hacen del Presupuesto un instrumento regresivo e insolidario, generador de mayores desigualdades sociales y territoriales.
De la misma forma se profundiza en el esquema regresivo de los ingresos del Estado, donde los impuestos indirectos superan ya claramente a los directos, ingresos cuya efectividad se hace depender exclusivamente del actual ciclo económico.
A todo lo anterior se suma la opacidad y falta de transparencia de los Presupuestos, fenómeno también progresivo en los sucesivos documentos presentados por el Gobierno desde 1996. La ingeniería financiera (por ejemplo, traspaso de RTVE a la SEPI, cuantificación de los gastos militares como de I+D, etc.), se pone una vez más al servicio de la consecución de fines contables, ignorándose las exigencias y necesidades reales de la sociedad española.
Por todo ello, se solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001.


Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2000.--El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo

Página 135


107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto a la totalidad.


JUSTIFICACION

Las recientes variaciones de alza de los precios del petróleo y sus derivados energéticos, la periódica devaluación del euro en relación al dólar, el descenso del poder adquisitivo, de la competitividad y de la producción originados en una inflación, incontrolable por las medidas gubernamentales, están contribuyendo a modificar el marco económico del Estado de forma considerable.
Desde la presentación de los Presupuestos Generales para el año 2001, y durante el período del debate en el Congreso, las estimaciones macroeconómicas del Gobierno y sus objetivos de política económica se han visto afectados e incluso contradichos, poniendo en cuestión la consecución del déficit cero, bandera exprimida por el Gobierno como fundamento de la construcción económica y de las medidas legales contenidas en el Proyecto de Presupuestos para el año 2001.
No sólo los acontecimientos internacionales citados, sino también las precipitadas medidas económicas que ha tomado el Gobierno con compromisos de financiación contraídos en favor de determinados agentes económicos y sociales, a lo que se añaden las graves consecuencias de un incremento de la inflación han puesto de relieve las debilidades estructurales que afectan a la economía española, una vez que se le desprende de elementos propagandísticos y autocomplacencia. La llamada política económica carece de estrategia y objetivos precisos para afrontar las limitaciones que impone la economía globalizada y corregir los factores estructurales, que además de los aportados por los productos energéticos, siguen presentes y vigentes en la economía del Estado, y que en un futuro inmediato derivarán en actuaciones que afectarán negativamente al crecimiento económico, al empleo, al ahorro familiar y a la inversión empresarial.
El Gobierno en un ejercicio ilusorio sigue empeñado en hacer oídos sordos a las opiniones cualificadas de los expertos, de las instituciones internacionales, de la oposición parlamentaria y no se mueve para adoptar la política económica y a la realidad internacional y a la realidad concreta que afecta a los ciudadanos a los que debe servir. El Gobierno plantea en el Proyecto de Presupuestos para el año 2001 un cuadro macroeconómico que no se acomoda a los cambios del entorno, y por tanto no resulta lógico apoyar un proyecto cuyos méritos tienen su origen en el ciclo económico vigente y en los que además no se propone una sola reforma estructural que contribuye tanto a controlar y reducir el gasto público, como a conseguir una inflación más baja, a garantizar bajas tasas de paro, y a continuar con crecimientos del PIB superiores a la media de la zona euro de la Unión Europea.
El Proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio continúa presentando, pese a la machacona realidad económica en la que nos encontramos, un escenario de crecimiento elevado de los ingresos públicos por impuestos, una previsión infundada de inflación descendente, un injustificado crecimiento de la producción y el empleo y proporciona una visión optimista y triunfante de la economía española propia de un Gobierno instalado en el inmovilismo de su mayoría absoluta, sin contemplar que el Proyecto presentado deberá aplicarse en una época de transición hacia situaciones de ciclo y coyuntura económica menos favorables.
A juicio del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos entendemos que estas cuestiones justifican sobradamente la presentación de este veto.


Los Senadores don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares (IU-GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2000.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.


PROPUESTA DE VETO NUM. 4 De don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares (GPMX)

Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, elaborados por el Gobierno del Partido Popular, profundizan en la línea neoliberal que ha caracterizado la política económica de los últimos años. La consecución del equilibrio presupuestario supera ampliamente el debate contable al que quiere reducir el Gobierno estos Presupuestos, que vienen avalados por un pésimo nivel de ejecución en ejercicios anteriores y con elevadas dosis de artificios contables. Lo más preocupante para Izquierda Unida es que la consecución del déficit cero se convierte en una coartada para limitar las políticas activas públicas, máxime si atendemos a nuestra estructura de ingresos y a los efectos a medio plazo de las reformas fiscales emprendidas y de las que se anuncian en estos Presupuestos.
El cuadro macroeconómico intenta desdibujar el deterioro de las expectativas que se ha producido este año, limitándose a plantear un crecimiento menor que en 2000, una inferior creación de empleo y un nuevo alegato a favor de la moderación salarial. El efecto de las subidas de los tipos de interés sobre el crecimiento de los países de la UE --que puede provocar una mayor ralentización de la actividad económica--, las incertidumbres sobre la evolución del precio del crudo y la inflación, o la propia cotización del euro, son factores suficientes para proyecciones macroeconómicas menos favorables.


Página 136


En todo caso, las previsiones sobre la evolución de los precios en 2001 no se sostienen. El Gobierno simplemente desea que remitan las tensiones inflacionistas para estimar una inflación interanual del 2 por 100 en diciembre de 2001 (el IPC alcanzó en septiembre de este año el 3,7 por 100). Esta insensata previsión tiene una implicación negativa sobre buena parte de los asalariados de nuestro país como son los empleados públicos, trabajadores que toman como referencia el SMI o perceptores del subsidio por desempleo. En particular, los empleados públicos serán, un año más, los que paguen las imprevisiones y ajustes presupuestarios de este Gobierno; no van a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y en 2001 revisarán sus rentas con aquella irreal previsión, sin contar con una cláusula de revisión salarial. Por otro lado, se continuará en 2001 con la amortización de empleo público, una política que contribuye negativamente a aumentar la temporalidad en la Administración (que alcanza ya al 20 por 100 de los empleados públicos).
Sobre las prioridades en las políticas de gasto proclamadas por el Gobierno, están rodeadas de propaganda, ya que estos Presupuestos dilatan el proceso de convergencia real con la UE. Las Administraciones Públicas no recuperan mínimamente su papel inversor, el supuesto esfuerzo en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) es tal que nuestro país seguirá a la cola de la UE en investigación y, en gasto social, no se avanza en absoluto en recortar la brecha que nos separa de nuestros socios comunitarios.
El gasto en inversión presupuestado de las AA. PP. ni siquiera llegará al porcentaje sobre el PIB de 1995 (3,6 por 100) y estará aún muy lejos del 5 por 100 del PIB alcanzado en 1990. Y esto en el mejor de los casos, porque es muy difícil saber lo que crece realmente la inversión pública (buena parte de ella se realiza de manera extrapresupuestaria reduciendo la transparencia tanto en las prioridades de las obras a acometer como en la adjudicación de las mismas) y su nivel de ejecución es inaceptable.
Según la liquidación del Presupuesto de 1999, tan sólo se ha realizado en ese año el 55 por 100 del crédito total para inversiones reales del Estado; en 2000 --avance de liquidación hasta septiembre-- los pagos realizados significan el 56 por 100 sobre el crédito total.
De la misma forma, los Presupuestos no atienden con suficiencia el gasto en I+D+I. Este Gobierno insiste en aumentar las transferencias al sector privado, pero la participación de éste en los gastos de investigación ha aumentado en menos del 1 por 100, en pesetas constantes, en el período 1995-1999; en un período de expansión económica y aumento del beneficio empresarial, el sector privado no refuerza su apuesta por la investigación. A todo ello hemos de añadir que España es el país de la UE con mayor porcentaje de inversión en investigación militar, más del 50 por 100 en 2000.
Ante esta situación, el gasto público presupuestado en investigación para 2001 asciende a 571.584 millones de pesetas, el 0,5 por 100 del PIB, cantidad que queda sensiblemente reducida si descontamos la deriva hacia el gasto militar. Aún más, el 52 por 100 del gasto presupuestado se articula a través de la cuenta financiera del Estado, en forma de préstamos o aportaciones a empresas privadas.
El gasto social no corre mejor suerte en estos Presupuestos. Si bien el Gobierno afirma que «uno de los principales logros de la política presupuestaria del último cuatrienio ha sido el garantizar y mejorar la protección social», no es difícil comprobar la falacia de esta aseveración. Si atendemos a los datos de la Contabilidad Nacional, el gasto en protección social pierde peso en nuestro país con relación al PIB: Representó en 1992 el 16,1 por 100, el 15,7 por 100 en 1996 y el 14,5 por 100 en 1999. De la misma forma, si atendemos a EUROSTAT, el diferencial de gasto en protección social con la UE se amplía: 5,9 puntos del PIB en 1995 hasta casi 7 puntos de diferencia en 1998.
El Gobierno del Partido Popular practica una política contraria a la distribución al propiciar que el gasto en protección social pierda peso en el conjunto de la riqueza del país, lo cual implica, además, consolidar un período de divergencia continua respecto a la UE. El discurso de la convergencia real en boca del Gobierno es sólo papel mojado, pues en uno de sus capítulos más importantes --la protección social-- su política no hace sino ensanchar la brecha que nos separa de Europa.
Pero además, la financiación de las políticas sociales se efectúa de manera regresiva. En primer lugar, en el contexto de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, el Gobierno sigue añadiendo incertidumbre y contribuye al deterioro de nuestra protección social. El Estado no cubre con sus aportaciones la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones sino que las reduce: desde los 232.000 millones que se aportaban en 1996 hasta los 16.000 millones que se vienen transfiriendo Presupuesto tras Presupuesto desde entonces. El famoso Fondo de Reserva, pensado para afrontar momentos delicados en el pago de pensiones, se presupuesta en 2001 en 90.000 millones de pesetas, el 14 por 100 de la paga de un mes en pensiones contributivas. Así puede entenderse que la Seguridad Social arroje contablemente un superávit del 0,3 por 100 del PIB que, por otra parte, financia el déficit del Estado para conseguir el equilibrio presupuestario.
En segundo lugar, continúa la caída del gasto en prestaciones por desempleo en paralelo al aumento de ingresos por cotizaciones, provocando un excedente de recursos que el Gobierno no utiliza para superar los niveles de desprotección que padecen los desempleados en nuestro país. En 2001 el Estado no aportará nada para la financiación del INEM y se presupuestan 1.352 miles de millones de pesetas para prestaciones económicas, frente a una previsión de ingresos de cuotas por desempleo de 1.830,7 miles de millones. El exceso (479.000 millones de pesetas) no se destina a mejorar la protección al desempleo, pero sí se dedican 300.000 millones de esa cantidad para subvencionar a los empresarios.
Como resultado de todo ello, según estos Presupuestos, el gasto en desempleo en pesetas constantes será en 2001 un 48 por 100 inferior al ejecutado en 1992, un 20 por 100 inferior al gasto medio por perceptor, y las personas en paro que reciben algún tipo de prestación económica se habrán

Página 137


reducido en 558.000 personas. En suma, el gasto en prestaciones, que representó en 1992 el 3,2 por 100 del PIB, supondría en 2001 el 1,3 por 100 del PIB, y España seguirá siendo uno de los países de la UE que menos gasto en protección al desempleo dedica por cada punto de tasa de paro, sosteniendo una proporción de desempleados sin cobertura de las más altas de toda la UE.
Estos Presupuestos continúan con el trasvase de recursos desde el Sector Público al privado en capítulos tan importantes como la educación o la sanidad. Políticas que, sin reducir costes para la Administración, privilegian a unos sectores de la población en detrimento de la mayoría de la ciudadanía. Respecto a la financiación autonómica tan sólo constatar el fracaso del Gobierno del Partido Popular en el modelo de nivelación de servicios y de participación en el IRPF.
Tampoco encontraremos en estos Presupuestos una coordinación de políticas que sean más rigurosas con el medio ambiente en las actuaciones en energía, infraestructuras o agricultura. Las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Medio Ambiente son insuficientes para resolver los más acuciantes problemas de degradación del medio, y los fondos destinados a políticas activas de preservación no alcanzarán para atender las necesidades existentes e incluso para dar respuesta a compromisos internacionales.
Por el lado de los ingresos públicos, estos Presupuestos representan un paso más en la conformación de un sistema fiscal cada vez más injusto e insolidario. El trasvase de la presión fiscal desde los impuestos directos a los indirectos es cada vez más evidente, de tal forma que la recaudación por impuestos indirectos es ya superior a la realizada por impuestos directos, acentuando la regresividad impositiva. El anuncio de una nueva reforma en el IRPF (para la segunda parte de esta Legislatura) agravará esta situación y mermará aún más el preciso margen de maniobra para potenciar el gasto público necesario para resolver problemas estructurales de nuestra economía.
Los gastos fiscales se presupuestan en casi 6,2 billones de pesetas, el 25 por 100 de los ingresos tributarios estimados. Buena parte de estos incentivos fiscales no se justifican ni desde el punto de vista económico ni desde el social. Son recursos que deja de ingresar la Administración y que, dedicados de forma directa, tendrían un impacto más positivo sobre la actividad económica y el empleo.
Izquierda Unida rechaza estos Presupuestos y pide su devolución al Gobierno porque no contribuyen a avanzar en el proceso de convergencia real con la Unión Europea (UE), son ineficaces para apoyar la creación de empleo estable y de calidad, profundizan los déficit sociales de nuestro país, y consolidan un sistema fiscal cada vez más injusto y regresivo.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal