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BOCG. Senado, serie II, núm. 22-b, de 17/04/2001
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VII LEGISLATURA

Serie II: PROYECTOS DE LEY

17 de abril de 2001

Núm. 22 (b) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 34 Núm. exp. 121/000034)

PROYECTO DE LEY

621/000022 De modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.


PROPUESTAS DE VETO

621/000022

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.


Palacio del Senado, 11 de abril de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.


El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado.


Palacio del Senado, 9 de abril de 2001.--Anxo Manuel Quintana González.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don Anxo Manuel Quintana González (GPMX)

El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

La intervención pública en la economía es realmente muy importante, y se asienta sobre tres funciones fundamentales: asignación eficiente de los recursos, la redistribución equitativa de la renta y la riqueza, y, por último, la contribución a la estabilización de los ciclos económicos y la aportación al desarrollo.
Junto a ello, el Estado también tejió durante décadas una amplia red empresarial pública, volcada hacia sectores productivos estratégicos, integrada por empresas públicas sólidas y solventes, que permitieron reforzar el papel del Estado en la planificación estratégica de la economía.


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Desde el inicio de la década de los años 90, comienza a desplegarse una política de desmantelamiento del sector público empresarial, acorde con la estrategia trazada desde los grandes cenáculos financiero-industriales internacionales, que prácticamente está culminada en estos instantes.
Ese proceso denominado eufemísticamente «modernización, optimización y racionalización del Sector Público», fue acelerado intensamente durante la anterior legislatura, a partir de la creación de la SEPI, sociedad estatal instrumental que ha servido de escaparate para la puesta en venta de empresas públicas, y cuya función primordial ha consistido en desgajar el sector público empresarial, y colocarlo en manos privadas, favoreciendo en la titularidad y control de las antiguas empresas públicas a un reducido grupo de bancos e instituciones financieras.
Ahora que la práctica totalidad de empresas públicas han sido privatizadas (en días recientes lo han sido IBERIA y SANTA BARBARA), el Gobierno presenta este proyecto de ley con la intención política de reducir aún más el papel del Estado en la economía, relegándolo a ostentar meras funciones de supervisión y regulación de algunos sectores estratégicos, pero sin una capacidad de actuación e influencia decisorios en los mismos. La exigua modificación legislativa apuntada por el Ejecutivo en este Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado contiene una honda intencionalidad política, al facilitar las facultades del Gobierno para incorporar a la SEPI participaciones accionariales de la Administración General del Estado, con el objetivo de ser ofertadas y vendidas al sector privado; constituyendo, en suma, una reforma al servicio de la estrategia de adelgazamiento primero, y ahora definitiva desaparición de la actividad pública en sectores económicos fundamentales.
La incorporación de participaciones accionariales de la Administración General del Estado a la SEPI es encomendada directamente al Gobierno, sin incluir ninguna previsión de participación de las Cortes Generales ni de las Comunidades Autónomas.
Tal y como ha sucedido durante el proceso de privatización de empresas públicas, con este Proyecto de Ley asistimos a una relegación de las Cortes Generales en la política de reestructuración de sectores económicos, otorgándoles solamente un papel secundario limitado a conferir autorización para proceder a la reordenación de las participaciones accionariales del Estado, y privándoles de cualquier participación directa y control posterior en la gestión de esa habilitación legal. En segundo término, se soslayan las competencias socioeconómicas de las CC. AA., al negarles la oportunidad de contribuir a la planificación general de la economía que la Constitución les atribuye, puesto que en el proyecto no se les concede ninguna posibilidad de participación en el proceso de trasferencia de participaciones accionariales a la SEPI, optando por una gestión de la política económica totalmente centralizada, en conflicto con el esquema institucional de la Constitución, fundamentada en la división de poderes y la descentralización territorial.
En definitiva, el núcleo de este Proyecto de Ley consiste en conceder al Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política económica, despreciando el papel institucional de determinación de la planificación general que les corresponde a las CC. AA. y a las Cortes Generales en lo relativo a decisiones de importante significación económica; llegando a simplificar de manera alarmante el mecanismo de transferencia de participaciones accionariales del Estado a la SEPI, en vez de articular un procedimiento de participación democrática, que conjugase la voluntad de las Cortes Generales y las opciones económicas de las CC. AA. en la adopción de las decisiones relativas a las participaciones societarias del sector público estatal.


Los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formulan 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.


Palacio del Senado, 10 de abril de 2001.--El Portavoz del G. P.
Socialista, Juan José Laborda Martín.--El Portavoz Adjunto del G. P.
Entesa Catalana de Progrés, Ramón Aleu i Jornet.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 De los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

Los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El Proyecto de Ley de referencia pretende habilitar al Consejo de Ministros para acordar la incorporación de participaciones accionariales de titularidad de la Administración del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o de ésta a aquélla. Adicionalmente se atribuye también al Gobierno la posibilidad de realizar tales adscripciones en relación con aquellas participaciones accionariales de las que sean titulares cualesquiera organismos Públicos o entidades de Derecho Público.
Como puede observarse, el Proyecto de Ley tiene como único objetivo deslegalizar esta materia, otorgando una autorización general e incondicionada al ejecutivo para la reorganización de las sociedades integrantes del sector público estatal. Sin embargo, tal previsión ni se sustenta en un plan previamente diseñado ni responde a criterios de racionalización o unificación de los órganos o entidades de

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las que dependen las empresas afectadas, manteniéndose la dualidad de instancias actualmente existente en el Ministerio de Hacienda.
Si esto es así, resulta claro que el proyecto, lejos de suponer una mejora efectiva en la utilización de los recursos humanos y materiales, parece sólo perseguir el facilitar la libre y discrecional actuación del Gobierno en esta materia, lo que sin duda redundará en una mayor opacidad aún, si cabe, de la gestión y de los procesos de privatización de las empresas públicas, hurtando al Parlamento de una información esencial, tanto para el debido seguimiento de dichos procesos, como para el conocimiento del déficit real del Estado.
Por lo expuesto, los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés presentan la siguiente propuesta de veto.

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