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BOCG. Senado, serie II, núm. 29-b, de 08/06/2001
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VII LEGISLATURA

Serie II: PROYECTOS DE LEY

8 de junio de 2001

Núm. 29 (b) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 37 Núm. exp. 121/000037)

PROYECTO DE LEY

621/000029 De medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo).


PROPUESTAS DE VETO

621/000029

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo).


Palacio del Senado, 6 junio de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.


Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 1 veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo).


Palacio del Senado, 5 de junio de 2001.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares (GPMX)

Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Con este Proyecto de Ley el Gobierno ha optado, rompiendo su compromiso de fortalecer el diálogo social, por las posiciones y exigencias de la patronal. El diálogo entre los agentes sociales ha sido torpedeado por el Gobierno desde el principio, avalando las peticiones de la patronal; una patronal consciente, cómo no, de que el Gobierno de la derecha «legislaría» a favor de sus propuestas e intereses. La actitud del Gobierno fractura unas relaciones laborales basadas en el acuerdo y el diálogo.
Las medidas contempladas por el ejecutivo «de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad», según titula el Proyecto de Ley, pueden acabar siendo contraproducentes.
Primero, porque la creación de empleo no depende de reformas laborales, y en segundo lugar, aunque sí pueden actuar sobre la calidad del

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empleo, los contenidos del Proyecto no abordan con garantías el problema de la precariedad laboral y la excesiva rotación en la contratación temporal. Sabemos, además, que las reformas impuestas y sin contar con la aceptación de las organizaciones sindicales llevan el marchamo del fracaso.
No parece posible reducir la temporalidad limitando a 12 meses (desde los13,5 meses) la duración del contrato eventual, cuando únicamente el 0,2% del total de contratos eventuales supera el año de duración; o estableciendo una indemnización de 8 días por año trabajado, cuando la duración media del total de contratos temporales supera escasamente los tres meses, dando lugar a potenciales cuantías indemnizatorias ridículas (para un salario medio, 88 pesetas al día). Medidas, como decimos, insuficientes, casi ornamentales, que no evitarán que los empresarios sigan abusando de los contratos temporales para cubrir puestos de trabajo estables.
Por el contrario, la reforma desvirtúa aún más el contrato para la formación convirtiéndolo en un auténtico cajón de sastre del subempleo al incluir colectivos muy heterogéneos, al margen de su edad. Un contrato temporal, el formativo, pensado para el aprendizaje de los jóvenes sin titulación y que inician su vida laboral, no puede ser utilizado para trabajadores inmigrantes, desempleados de muy larga duración o en situación de exclusión social, pues supone marginar sus capacidades y someterlos al mercado laboral como mano de obra barata y vulnerable. Las características de este contrato, que no da derecho a prestaciones por desempleo y con un salario que puede ser inferior al SMI, hacen que sea injustificable su aplicación para estos colectivos, insistimos, al margen de la edad.
De la misma forma, es sintomática la actuación del Gobierno con relación al trabajo a tiempo parcial. En 1998 los sindicatos y el Gobierno acordaron una regulación del contrato indefinido a tiempo parcial, que ahora es regresivamente reformada unilateralmente por parte del Gobierno.
Eliminar el tope del 77% de horas máximas con relación a la contratación a tiempo completo, acabar con la consolidación de las horas complementarias y aumentar discrecionalmente el poder del empresario en la distribución de la jornada laboral, significa, simple y llanamente, eliminar garantías para quienes «desean» trabajar a tiempo parcial, precarizando las condiciones laborales de jóvenes y mujeres, que son los principales destinatarios de esta modalidad de contratación. Desde luego que, con esta nueva regulación, será muy difícil compaginar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, trabajo y estudio o, con carácter general, «conciliar» la vida laboral y familiar.
Frente al aumento de la temporalidad en el Sector Público (15% en 1996 y 20% en la actualidad), proceso ligado a la amortización de empleo público, se crea un contrato de inserción temporal, sin duración máxima, para la Administración. El objeto del mismo es demasiado general, «realizar una obra o servicio de interés general o social», como para delimitar la causa del contrato y no está claro el salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados bajo esa modalidad. Pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas.
Como decimos, medidas improcedentes, ineficaces y regresivas algunas, de cara a disminuir la elevada temporalidad que soporta el mercado laboral.
Esta reforma laboral no pretende reducir la temporalidad, busca presionar aún más a la baja sobre los costes laborales.
En este sentido, la extensión de las bonificaciones que plantea el Proyecto de Ley camina hacia un proceso de reducción estructural de los llamados «costes no salariales del trabajo», en palabras del Gobierno del Partido Popular. Los incentivos, cada vez mayores, superan el carácter temporal con el que fueron concebidos en 1997 y resulta inaceptable que se bonifiquen, incluso, contratos de carácter temporal, tal y como se hace con el contrato de inserción temporal de nueva creación.
Pero además es inadmisible que el coste de estas políticas (transferencias de renta a las empresas) lo siga sufragando el INEM con recursos que provienen de las prestaciones al desempleo.
La posibilidad de bonificar coyunturalmente, y centrada en ciertos colectivos, la contratación estable sin un encarecimiento relativo de la contratación temporal es poco operativa. Es preciso aumentar la cotización empresarial por desempleo en los contratos temporales. Y, desde luego, la financiación de los incentivos debe sufragarse con aportaciones del Estado, con la imposición general.
El contrato a tiempo parcial debe ser una opción voluntaria con plenos derechos sociales y laborales. Pero por encima de todo, se precisa potenciar ciertos servicios públicos (escuelas infantiles, atención a personas mayores o discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales) para apoyar con garantías toda política realmente enfocada a la igualdad de sexos o para conciliar la vida laboral y familiar. Las iniciativas públicas en este sentido cubrirían necesidades sociales evidentes, pero también serían una considerable fuente de creación de empleo.
La propia Administración tiene que cumplir un papel activo en la lucha contra la temporalidad en el empleo, eliminado el tope actual del 25% para la cobertura de vacantes y primando la contratación indefinida a través de los concursos públicos.
Los gobiernos del PP han despreciado a más de 1.200.000 ciudadanos y ciudadanas que suscribieron las Iniciativas Legislativas Populares, por un lado, para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, por otro, para el control de la subcontratación en el sector de la construcción y una mayor prevención en los riesgos laborales, esta última auspiciada por la Federación de la Construcción de CC. OO. Pensamos que los contenidos de ambas iniciativas son necesarios para mejorar las condiciones laborales y potenciar la creación de empleo estable y con derechos.
No es menos importante el control democrático de parte del excedente empresarial como punto clave para determinar el carácter del proceso de acumulación y para evitar que responda exclusivamente a la lógica del beneficio individual. Se trataría de articular instrumentos para vincular el beneficio empresarial con la creación de empleo, de tal forma que un porcentaje de aquél se dirigiese a la formación de capital fijo generador de puestos de trabajo.


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El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.


Palacio del Senado, 5 de junio de 2001.--El Portavoz, Juan José Laborda.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Desde la segunda mitad de 1994, el mundo occidental y en particular los países de nuestro entorno económico y político, han vivido una fase de crecimiento económico, que se ha traducido, como en otros ciclos expansivos de la economía, en un proceso de creación de empleo.
En este contexto, el mercado de trabajo español sigue mostrando hoy, cuatro años después de la última reforma, gravísimos problemas estructurales que se traducen en una serie de consecuencias negativas cuya corrección debe ser prioritaria para el Gobierno.
Efectivamente, la situación injusta que se deriva de la falta de igualdad de oportunidades para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo en las mismas condiciones y con tasas de actividad similares a los varones; la alta tasa de temporalidad, especialmente entre los jóvenes, más del 70% de los menores de 26 años que trabajan en España, lo hacen con contratos temporales con retribuciones salariales discriminatorias y sujetos además a una elevada tasa de rotación, lo cual influye muy negativamente en la salud laboral; el bajísimo porcentaje de contratos a tiempo parcial, 8% frente al 20% de la media de los países de UE y casi el 40% de Holanda; el continuado y abusivo recurso a la subcontratación y externalización de las empresas españolas que está suponiendo un formidable deterioro de las condiciones de trabajo.
En este marco, aparece el Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, no sólo no da respuesta a estos problemas, sino que, al contrario, origina tensiones en el marco de relaciones laborales en España.
El Proyecto de Ley es inadecuado en el fondo y en la forma en que se ha producido.
En el fondo, porque su contenido no aborda con rigor los problemas señalados. Baste como ejemplo el disparate discriminatorio que supone la extensión a prácticamente la totalidad de la población femenina que se incorpora al mercado de trabajo, la posibilidad de indemnizaciones menores por despido, o la eliminación del límite de edad de 21 años en los contratos de formación.
En la forma, porque el Real Decreto-ley que dio origen al actual Proyecto de Ley ha supuesto una agresión al diálogo social, que ha dejado al descubierto cuáles eran las verdaderas intenciones de un Gobierno que en la pasada Legislatura hizo precisamente del diálogo social uno de los ejes de su política y que en cuanto ha tenido mayoría absoluta en las Cámaras se ha apresurado a imponer sus criterios.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.


Palacio del Senado, 5 de junio de 2001.--El Portavoz, Isidre Molas i Batllori.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad no favorece la consecución de ninguno de los objetivos que pretende conseguir. Al contrario, va a provocar más problemas que solucionar algunos.

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