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BOCG. Senado, serie II, núm. 33-c, de 02/11/2001
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VII LEGISLATURA

Serie II: PROYECTOS DE LEY

2 de noviembre de 2001

Núm. 33 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 29 Núm. exp. 121/000029)

PROYECTO DE LEY

621/000033 General de Estabilidad Presupuestaria.


PROPUESTAS DE VETO

621/000033

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 30 de octubre de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.


Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan un veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 18 de octubre de 2001.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares (GPMX)

Los Senadores Manuel Cámara y José Cabrero, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Desde Izquierda Unida se interpreta este proyecto de ley como una vuelta de tuerca más en la pretensión de limitar la actividad económica del Sector Público bajo el paraguas de ensalzar las bondades que para la economía produciría el equilibrio presupuestario, al tiempo que se demonina el déficit público por su efecto sobre la inflación y los tipos de interés. Siendo todo esto relativo, y en absoluto casual, ya que el déficit público no es más inflacionista ni presiona más sobre los tipos de interés que si la actividad que financia la realizase el sector privado de la economía, ya que los efectos macroeconómicos que se obtienen por acometer, por ejemplo, una infraestructura no difieren si es llevada a cabo por el Sector Público o por el privado, ya que en ambos casos se consumen los mismos recursos financieros del sistema. En este punto habría que recordar que el déficit público debe ser un instrumento de política macroeconómica y no un objetivo en sí mismo.
Para lo que nos ocupa, desde el punto de vista del Sector Público, es más importante el grado de endeudamiento y la capacidad de obtener ingresos fiscales, que el déficit concreto de un ejercicio económico. Y es en este punto, donde el Gobierno del PP y su reforma fiscal ha originado un importante coste en términos de recaudación, ya que las bajadas impositivas tienen un carácter estructural y son más preocupantes que los desequilibrios presupuestarios

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coyunturales. Con la estructura de ingresos y la presión fiscal inferior a la media comunitaria que tiene nuestro país y con las medidas tributarias que se aplican, el ataque al déficit público se traduce en un ataque al gasto público que hará que la protección social necesaria para que nuestro país supere los déficit sociales que mantenemos respecto de la media de países de la UE sea muy difícil, por no decir, imposible de alcanzar.
Así mismo esta Ley obligará también a mantener el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por tanto, la presentación de este proyecto de ley cuando está por ver cuál será el nuevo modelo de financiación y de suficiencia económica de las Comunidades Autónomas, así como qué es lo que ocurrirá con los ingresos que los Ayuntamientos reciben por el IAE, dado que es un impuesto que el Gobierno quiere que desaparezca, nos parece que es una presión innecesaria para llevar a cabo una buena negociación con estas Administraciones, ya que esta Ley cuestiona abiertamente la competencia de éstas en materia presupuestaria y supeditará la misma a la consecución del déficit cero.


El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 22 de octubre de 2001.--Anxo Manuel Quintana González.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 De don Anxo Manuel Quintana González (GPMX)

Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Los Proyectos de Ley de Estabilidad Presupuestaria se presentaron inicialmente por el Gobierno cuando las Comunidades Autónomas no conocían aún su futuro modelo de financiación. Incluso en estos momentos, a pesar de haberse presentado recientemente en el Congreso de los Diputados dos Proyectos de Ley que contienen el futuro sistema de financiación autonómica, no está totalmente cerrada la reforma del sistema por no haberse iniciado el debate parlamentario de la futura financiación autonómica. Es inadmisible, por tanto, la pretensión del Gobierno de imponer objetivos de equilibrio presupuestario a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales cuando éstas no conocen con un grado suficiente de certidumbre, cuál será la evolución de sus ingresos en los próximos ejercicios económicos.
Ambos Proyectos de Ley no están justificados por un mal funcionamiento de los llamados escenarios de consolidación presupuestaria (ECP), que han tenido un seguimiento casi generalizado por todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ni tampoco por mayores exigencias comunitarias.
El principio de estabilidad presupuestaria es una invención «ex novo» que no aparece recogida en la Constitución Española, en la que sí aparecen la Estabilidad Económica y el Pleno Empleo como principios informadores del sistema económico.
La Constitución obliga a todos los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, y para una distribución de la renta regional más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. Además, encomienda la realización de políticas orientadas a lograr el pleno empleo. Por el contrario, el Proyecto de Ley minimiza la importancia de ambos objetivos constitucionales subordinándolos a la consecución del principio de estabilidad presupuestaria, esto es, supedita todos los principios constitucionales informadores del sistema económico al cumplimiento de la condición de estabilidad presupuestaria, entendida como equilibrio presupuestario o superávit.
El Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria quiebra el principio de suficiencia financiera de las Administraciones Locales por cuanto considera prioritario alcanzar el equilibrio presupuestario por encima de garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales.
La Constitución otorga autonomía a las Corporaciones Locales para que dispongan de medios económicos propios para atender al cumplimiento de sus funciones, principio que se subordina a la presentación del saneamiento financiero de sus cuentas. En la situación actual, la ejecución de este Proyecto de Ley puede paralizar el funcionamiento de la Administración Municipal, por su elevado nivel de endeudamiento, particularmente en los ayuntamientos con menor número de habitantes.
En suma, el BNG formula el presente veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, pues el verdadero objetivo del mismo es el control y la tutela efectiva de todas las Administraciones Territoriales por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 29 de octubre de 2001.--El Portavoz Adjunto, Francisco Xabier Albistur Marín.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


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JUSTIFICACION

Los argumentos que pueden esgrimirse para solicitar la devolución al Gobierno del presente Proyecto de Ley son múltiples y contundentes y, por tanto, a nuestro juicio, incontestables.
El Proyecto encadena un cúmulo de despropósitos que van desde el ámbito económico o macroeconómico hasta el jurídico y el político.
El fin último del mismo no es, tal y como reza en el preámbulo, contribuir a través del déficit cero o superávit presupuestario del conjunto de las Administraciones Públicas que conforman el Sector Público del Estado (administración Central, Administración de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales), a una estabilidad presupuestaria que favorezca el crecimiento económico y el empleo en el marco de la Unión Europea y conforme a los compromisos adoptados en el seno de la misma.
Según el documento de Actualización del Programa de Estabilidad (2000-2004), el déficit del conjunto de las denominadas Administraciones Territoriales representa tan sólo el 0,1 por ciento del PIB y su previsión es que se mantenga en torno al 0 por ciento a lo largo de los próximos años.
Es, pues, irrelevante, a todas luces, el déficit conjunto de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Además, como es sobradamente conocido, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y mediante acuerdo de las partes se ha llevado a cabo desde el año 92 un proceso efectivo de consolidación presupuestaria sin necesidad de imposiciones legales.
La irrelevancia del objetivo y la innecesariedad de hacerlo por Ley pone en evidencia la intención oculta del Gobierno del Estado y que no es otra que entrometerse en el ámbito económico-financiero de las Comunidades autónomas y Administraciones Locales con el fin de usurparles competencias que les corresponden en exclusiva según la Constitución.
Lo argumentado es motivo suficiente, según nuestro Grupo, para solicitar la devolución del Proyecto al Gobierno.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 29 de octubre de 2001.--El Portavoz Adjunto, Ramón Aleu i Jornet.


PROPUESTA DE VETO NUM. 4 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria al que acompaña el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, supone un pacto de estabilidad interno. Se trata de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Pacto de estabilidad y Crecimiento de la UE por parte de las distintas Administraciones Territoriales españolas y de garantizar el objetivo del Gobierno de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, y para el cumplimiento de dichos objetivos, estos proyectos de Ley contienen normas que suponen una injerencia en la autonomía financiera que consagra la legislación de las Administraciones Territoriales --Autonomías y Municipios--, por lo que constituyen unos proyectos de Ley de dudosa constitucionalidad.
Suponen una agresión contra la autonomía política de las CC. AA., que tienen reconocida constitucionalmente la autonomía financiera, lo que comporta la posibilidad de decidir dentro de los límites que se establecen los mecanismos de financiación de su presupuesto. Y así mismo, se vulnera claramente la autonomía municipal, también reconocida en la Constitución.
Por otra parte, estos proyectos de Ley limitarán fuertemente la necesaria inversión pública de las CC. AA y de los ayuntamientos, lo que perjudicará la convergencia con la UE en dotaciones de equipamientos e infraestructuras. Asimismo, afectan de manera no equitativa a los municipios --ya que no se tiene en cuenta la situación financiera propia de cada uno de ellos y su capacidad de devolución de la deuda--; penaliza a los municipios que se han endeudado menos o que habían programado realizar sus inversiones a lo largo de un período dilatado de tiempo; y perjudica a los proyectos de desarrollo, especialmente en el caso de los municipios de menor capacidad económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés considera que los proyectos de ley deben ser modificados, con el fin de corregir los aspectos negativos contenidos en ellos y conseguir un amplio acuerdo de las Administraciones Territoriales y de los Grupos Parlamentarios en torno a la estabilidad presupuestaria.
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés propone las siguientes líneas de modificación:

1.La Ley debe consagrar el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero es preciso redefinir dicho concepto. Las finanzas públicas deben estar saneadas y como norma general el sector público debe hacer usos de su responsabilidad fiscal para financiar el gasto público. Este objetivo debe aplicarse de forma compatible con otros dos: el respeto a la autonomía presupuestaria de las CC. AA. y los Entes Locales; la posibilidad de recurrir al endeudamiento, dentro de los límites prefijados, para financiar la inversión.
2.La Ley debe regular el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sobre la base de los siguientes aspectos:

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a)Obligatoriedad de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.
b)Redefinición de este objetivo, introduciendo la distinción entre el presupuesto corriente (capítulos 1 a 5 de ingresos y gastos) y la financiación de las inversiones. La estabilidad será aplicable al presupuesto corriente y será evaluada con carácter plurianual.
c)Limitaciones al endeudamiento: 1) máximo del 65% del presupuesto de inversiones a financiar mediante endeudamiento; 2) mantenimiento de los actuales límites cuantitativos al endeudamiento.


3.La Ley no vulnerará en ningún caso las competencias autonómicas y locales, ni limitará o reducirá la autonomía presupuestaria de que gozan las CC. AA y los Entes Locales.
El Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés considera de gran trascendencia el que pueda conseguirse un amplio pacto sobre el principio de estabilidad presupuestaria y su regulación. Y, es por ello que, presenta esta propuesta de veto al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a fin de propiciar una modificación en el trámite legislativo en el Senado, sobre la base del diálogo entre todos los Grupos de la Cámara.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Palacio del Senado, 29 de octubre de 2001.--La Portavoz Adjunta, María Antonia Martínez García.


PROPUESTA DE VETO NUM. 5 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El Proyecto de Ley de referencia pretende introducir, como obligación legal, la necesidad de que todos los presupuestos de las entidades integrantes del sector público se elaboren y aprueben en situación de «estabilidad presupuestaria», entendiendo por tal la situación de equilibrio o de superávit. Tal obligación alcanza al Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la iniciativa legislativa no constituye un instrumento conveniente ni indispensable para la consecución del deseable objetivo de estabilidad presupuestaria, sino que más bien parece la expresión de una importante operación de imagen o publicitaria que pretende sacralizar un principio --el de déficit cero o superávit-- que sólo es un elemento más de los que inciden en la consecución de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es más, los hechos demuestran que la norma proyectada no resulta necesaria para lograr el fin que se persigue; en efecto, si reiteradamente se afirma que la disminución del déficit ha sido una de las claves de la política económica que ha hecho posible el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria de 1999, y si este déficit es calculado para el conjunto del sector público (incluidas las CC. AA. y Entidades Locales) no se alcanza a comprender por qué se considera ahora que debe existir una norma estatal, cuando los mecanismos de coordinación han demostrado su idoneidad para alcanzar el objetivo señalado.
Además de los posibles problemas de constitucionalidad que se plantean en relación con el debido respeto al principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, el Proyecto de Ley contiene relevantes contradicciones y previsiones incompletas o indeterminadas. Y así, aunque pudiera parecer lo contrario, los proyectos no garantizan la inexistencia de déficit dado que, en todos los supuestos, se prevé la posibilidad de aprobación de presupuestos en posición de déficit, aunque dicha situación se califique de excepcional. La Ley es, pues, una norma voluntarista, que parte de la base de que por enunciar la necesidad de que los presupuestos se elaboren, aprueben y ejecuten en situación de equilibrio o superávit, el mismo se va a producir. Sin embargo, y entre tanto, como el principio de estabilidad se predica de todas las Administraciones, la norma sí tiene una específica consecuencia práctica, en especial con relación a las CC. AA. y Entidades Locales: la toma de control y fiscalización de los presupuestos de dichas entidades y de sus planes de saneamiento o corrección. Voluntarismo para el Estado, control para el resto de las Administraciones.
Igualmente, resulta esencial para la valoración de la iniciativa la falta de definición y precisión de la regulación respecto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás Entes de Derecho Público. Si tomamos en consideración la creciente y progresiva tendencia de acudir a la creación de estas personificaciones para, especialmente, amparar actividades deficitarias, ¿en qué quedan las, en principio, rigurosas exigencias del Proyecto de Ley? Todo ello hace que la norma, lejos de disciplinar y ordenar la actuación presupuestaria del sector público, será en el futuro una fuente de conflictos de repercursiones imposibles o difíciles de prever.

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