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BOCG. Senado, serie II, núm. 40-c, de 30/11/2001
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VII LEGISLATURA

Serie II: PROYECTOS DE LEY

30 de noviembre de 2001

Núm. 40 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 46 Núm. exp. 121/000047)

PROYECTO DE LEY

621/000040 De Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


PROPUESTAS DE VETO

621/000040

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.


Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan el siguiente veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares (GPMX)

Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, elaborados por el Gobierno del Partido Popular, se conforman como un mero ejercicio contable, ajenos a la desaceleración económica mundial y al temor de una crisis generalizada, y sin capacidad de respuesta ante un contexto caracterizado por el deterioro de las expectativas, un exceso de capacidad productiva y una escasez por el lado de la demanda. El Gobierno afirma que las bases de nuestra economía son sólidas, que estamos en condiciones de afrontar sin grandes esfuerzos un contexto recesivo internacional, y plantea el equilibrio presupuestario y ciertas rebajas impositivas a las empresas como la respuesta a la incertidumbre internacional.
Sin embargo, nuestra economía, que va consolidando los signos de desaceleración, se encuentra en una situación de relativa debilidad a la hora de afrontar un posible ciclo recesivo. Nuestro diferencial de inflación con los países de la zona monetaria del euro y el reducido crecimiento de la productividad en nuestro país, las menores dotaciones de capital físico, tecnológico y humano, nuestra débil estructura de ingresos (basculada hacia la imposición indirecta), o unos niveles de protección social por debajo del promedio comunitario, son rasgos que así lo explican. Por no hablar de las todavía elevadas tasas de desempleo y precariedad y de la desmesurada rotación en la contratación temporal. Con esta estructura laboral es impredecible atisbar

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los efectos de una recesión, o de una profunda desaceleración, sobre el mercado de trabajo.
En estas condiciones, el objetivo de déficit cero para 2002 reduce los márgenes de maniobra y puede ser responsable de que la política fiscal no se utilice para sostener la actividad económica y la creación de empleo, y para mejorar nuestra protección social.
Más allá del fundamentalismo del Gobierno sobre el déficit público, estos Presupuestos son un cúmulo de despropósitos que los convierten en papel mojado. Las previsiones macroeconómicas sobre las que se sustentan son absolutamente inconsistentes al no reflejar el previsible impacto de la contundente desaceleración de la economía mundial y contribuyen al descrédito de la política económica del Gobierno. Estimar que la economía española va a crecer en 2002 un 2,9%, en términos reales, es un acto de fe carente de sentido, y establecer una previsión de inflación del 2%, una política deliberada para provocar pérdidas de poder adquisitivo a buena parte de la población asalariada.
Son, además, unos Presupuestos abonados a una falta de transparencia y claridad inaceptables. Existen partidas de ingresos y gastos sin homogeneizar y la llamada «contabilidad creativa» es doctrina oficial, utilizando la cuenta financiera para que ciertos gastos no tengan impacto sobre el déficit público actual. Son mecanismos que, además de maquillar el déficit, reducen la capacidad de acción de los instrumentos de control presupuestario y restan, si cabe, más credibilidad a las cuentas públicas.
El Sector Público no va a recuperar su papel inversor, imprescindible en estos momentos para sostener la actividad económica y aproximarnos a la media comunitaria en el nivel de infraestructuras, cuestión que se agrava por la escasa y deficiente ejecución posterior de la inversión pública.
De la misma forma, el esfuerzo público en investigación es absolutamente insuficiente y la deriva hacia el gasto militar ronda el 40% del total del gasto en I+D+I.
Los empleados públicos seguirán soportando pérdidas en su poder adquisitivo, continuará la sustitución de empleo estable por temporal en la Administración y estos Presupuestos no van a contribuir a mejorar nuestra protección social y a cerrar la brecha que nos separa de nuestros socios comunitarios.
El pretendido equilibrio presupuestario que nos ofrece el Gobierno se consigue gracias al superávit de la Seguridad Social, utilizando recursos que deberían destinarse a prestaciones sociales. El Gobierno, ni siquiera recoge en estos Presupuestos las mejoras en ciertas pensiones que materializaba el «Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social», y remite a la Comisión de Seguimiento esta cuestión para discutir el momento de su efectiva aplicación.
La situación es especialmente sangrante en lo que respecta a la protección por desempleo. El Estado no aporta nada para la financiación del INEM y buena parte del excedente de este organismo se traspasa a los empresarios vía subvenciones a la contratación. Las políticas activas, si descontamos esta transferencia de recursos, se reducen al 0,48% del PIB, un porcentaje irrisorio en comparación con nuestros socios comunitarios.
Respecto a los ingresos públicos, la evolución de las principales figuras tributarias que estima el Gobierno se corresponde con una situación económica que ni los más optimistas esperan se produzca en 2002. La reducción de impuestos a las empresas y los mayores incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, además de su coste en términos de recaudación, sumarán mayor regresividad a nuestro sistema impositivo.
Pero también son medidas inoportunas y seguramente poco efectivas, en los momentos actuales.
No es posible concluir que las ayudas fiscales a las empresas aseguren una recuperación de la inversión privada porque la decisión de invertir está relacionada con las expectativas sobre los rendimientos esperados del propio proyecto de inversión, y las rebajas fiscales no van a alterar la naturaleza rentable o no de la inversión. Tampoco tiene mucho sentido promocionar el ahorro a medio y largo plazo, procurando mayores incentivos a la previsión social complementaria, cuando las incertidumbres actuales sobre la economía justifican un impulso del consumo, no del ahorro.
La política desfiscalizadora del Gobierno del Partido Popular, además de la regresividad impositiva que supone y del reparto injusto de la carga fiscal que conlleva, impide consolidar a medio plazo una estructura de ingresos públicos suficiente que aporte el preciso nivel de recaudación para poder avanzar en un verdadero proceso de convergencia real con Europa, particularmente en lo que respecta al gasto social.
Con la estructura de ingresos que tiene nuestro país (una presión fiscal muy inferior a la comunitaria) y con las medidas tributarias que se aplican, el fundamentalismo sobre el déficit público se traduce en un ataque al gasto público. Nuestra economía necesita mayores dotaciones de capital físico y humano para avanzar en un verdadero proceso de convergencia real y para aumentar la productividad global de nuestro sistema económico. El Sector Público debería cumplir un importante papel en este sentido, pero la política del Gobierno del Partido Popular lo complica sustancialmente.
Izquierda Unida propondrá una nueva orientación en la política presupuestaria, para que las prioridades de estos Presupuestos se centren en sostener la actividad económica, potenciar la creación de empleo, fortalecer los mecanismos de cohesión social, y mejorar la situación laboral de los empleados públicos. Es preciso realizar un esfuerzo mayor en el gasto público, tanto en su componente de inversión como en gasto social, y revisar y reducir el conjunto de beneficios fiscales en algunos tributos. En los momentos actuales, es asumible y oportuno para nuestra economía un déficit público razonable, una política activa y anticíclica desde los Presupuestos que ayude a estimular la demanda interna.


Por todo ello, Izquierda Unida rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.


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El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto a la totalidad.


JUSTIFICACION

Durante el último año la economía internacional ha experimentado un proceso de ralentización. El entorno económico global ha afectado negativamente a la economía de la zona Euro y empieza a ser amenazante para la economía española, donde las previsiones de crecimiento previstas por el Gobierno hace escasamente un año se han visto superadas. La economía española crece menos de lo previsto, es más inflacionista y se ha generado menos empleo de lo estimado.
El Gobierno de nuevo, colocándose al margen de la realidad, plantea en el Proyecto de Presupuestos para el 2002 un cuadro macroeconómico que no es acorde con los cambios que se están experimentando en el entorno. Además la ausencia de inversiones claves en sectores estratégicos y en investigación y desarrollo están llevando a la economía española a la cola de las economías europeas.
El objetivo de política económica denominado «déficit cero» en las cuentas públicas, contribuirá a ahondar más el proceso de ralentización ante la paralización de las inversiones en infraestructura y la inyección de recursos en el sistema económico. Ni siquiera se observa un cambio de tendencia en la ampliación de la política social, tanto en recursos como en destinatarios, ya que seguimos figurando con un gasto per cápita en asistencia social inferior a la media europea.


Entendemos que estas cuestiones justifican, a juicio de este Grupo Parlamentario, la presentación de este veto por el que se solicita la devolución de este Proyecto de Presupuestos al Gobierno.


La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--Inmaculada de Boneta y Piedra.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3 De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX)

La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Eusko Alkartasuna presenta una enmienda a la totalidad solicitando en consecuencia su devolución de acuerdo con los siguientes argumentos:

El Gobierno del Partido Popular nos presenta unos Presupuestos para el año 2002 que, a juicio de Eusko Alkartasuna, resultan contradictorios.
Presentan muchos elementos de incertidumbre y continuistas respecto de anteriores Presupuestos, especialmente en lo que corresponde al llamado «déficit cero» o equilibrio presupuestario.
Son varias las razones de carácter técnico que pueden aducirse al criticar el Proyecto presentado por el Gobierno.
Como ya señalábamos en ejercicios anteriores la mayor dificultad del déficit cero era tratar de conseguirlo a costa de no invertir en el futuro, es decir, en aquellos factores que se aluden al hablar de la nueva economía, y entre los que se encuentran las inversiones en la sociedad de la información, conocimiento o comunicación. La inversión en investigación y desarrollo en estos Presupuestos sigue estando muy alejada de la media europea, a pesar de que el Gobierno declara su posición de considerar prioritario el capítulo de investigación, desarrollo e innovación: estamos hablando de una inversión estatal en I+D que sigue sin superar el 0,9% del PIB, cuando la media europea se instala en el 1,8-1,9% y por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca invierte con recursos propios un 1,3% de su PIB en I+D.
Resulta pues difícil pensar que se dan las condiciones para que se pueda asegurar el crecimiento como lo hace el Gobierno en el futuro inmediato, especialmente cuando no se pueda utilizar los factores tradicionales, tanto de demanda y de oferta, que han permitido el crecimiento de la economía, especialmente en los últimos años.
A mayor abundamiento, podríamos apuntar que:

1.El proyecto de Presupuestos se ha basado en unas previsiones de desaceleración de la economía mundial inferiores a las que realmente estiman organismos tan prestigiosos como el Fondo Monetario Internacional.
2.Las Previsiones de Crecimiento del PIB para el estado español son superiores a las que estiman organismos como el citado (2,7% para 2001 y 2,8% para 2002, según FMI, frente a 3% para 2001 y 2,9% según el Proyecto de Presupuestos).
3.En este sentido, en una situación de desaceleración lo primero que se nota es la caída del consumo y del empleo y consecuentemente, los ingresos presupuestados parece

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que serán menores que las propuestas en el Proyecto de Presupuestos.
4.Los gastos corrientes suben (9,4%) por encima de la inflación prevista y del crecimiento del PIB.


Pero además, preocupa que estos Presupuestos puedan conseguir el objetivo final que debemos pretender, avanzar hacia la convergencia real. Resulta difícil de admitir que el déficit cero, con las dificultades de inversión anteriormente citados, inversión en infraestructuras, educación... pueda permitir ir en la dirección de avanzar y alcanzar la convergencia real.
Ello nos lleva a suponer que difícilmente la renta española pueda alcanzar e igualar la media europea.
Estos presupuestos parecen haber obviado la realidad en la que deben ser aplicados, no teniendo en cuenta las incertidumbres que hoy existen en la economía mundial, agravadas tras el 11 de septiembre. Resulta curioso que el cuadro macroeconómico que se presenta a finales de septiembre sea el mismo que el de julio, como si nada hubiera sucedido.
Además partir de un objetivo de inflación del 2% para el año 2002 cuando hemos visto que en el año 2001 se ha casi doblado el mismo y que existe entre los analistas un cierto consenso relativo a que el IPC pueda estar en torno al 3%, algo difícil de creer. Igualmente sucede con el crecimiento que se establece para el 2002. Se señala en los Presupuestos que la economía española va a crecer incluso más que en el 2001, el 2,9%, lo que, según muchos analistas, desborda todas las previsiones, incluso las más positivas sobre la evolución de la economía.
Coincidimos en que la búsqueda del equilibrio presupuestario es loable desde un punto de vista académico, pero en una situación de desaceleración económica se hace preciso que el Sector Público ejerza un efecto tractor en la economía. Si bien la política presupuestaria y la actividad financiera del sector público en orden a conseguir el déficit cero debe de enmarcarse en el pacto de estabilidad y crecimiento del Consejo de la Unión Europea y el Reglamento correspondiente del Consejo de fecha de 7 de julio de 1997, no es menos cierto que este pacto permite hasta un 3% de endeudamiento en circunstancias especiales como la de desaceleración económica.
En segundo lugar razones de desacuerdo en las políticas sociales, que nos sitúan nuevamente ante unos presupuestos insolidarios.
En este sentido se puede aducir que:

1.Las inversiones en infraestructuras, si bien sufren un incremento notable (10,4%), se hace constar el incremento del presupuesto de inversiones en Defensa (23%) que consideramos que debieran dedicarse a unas mejores prestaciones sociales.
2.El equilibrio fiscal previsto en el Proyecto de Presupuestos se basa en el superávit de la Seguridad Social. Dicho superávit, en lugar de maquillar las cuentas generales, sería más correcto que fuera empleado para mejorar las prestaciones sociales o en su caso para incrementar las reservas pertinentes para años futuros y así consolidar el sistema de previsión social público.
3.En lo que podría ser calificado como vorágine recaudatoria, por segundo año consecutivo la tarifa del IRPF no ha sido deflactada según la inflación con lo que los ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a pagar más de lo que realmente crecerá su renta efectiva, afectando este punto, en mayor medida, a aquellos ciudadanos, cuyas rentas son menores y especialmente a aquellos receptores de rentas de trabajo.
Por último y en tercer lugar, aspectos fundamentales para nosotros avalan esta justificación global al rechazo del Proyecto de Presupuestos presentado: resulta imprescindible denunciar un año más el incumplimiento de las atribuciones competenciales establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (L. O. 3/1979, de 18 de diciembre) que se materializa en estos presupuestos.
Resulta contradictorio, por no decir un sarcasmo, que el Gobierno declare constantemente su defensa del Estatuto de Gernika cuando en sus actuaciones y a través de la iniciativa legislativa incumple aspectos vitales para el desarrollo del autogobierno de la CAPV, no permitiendo que las instituciones de la comunidad tengan todos los instrumentos políticos necesarios que por ley le son propios para hacer frente a los problemas económicos, sociales y, muy especialmente, al grave problema de la falta de empleo.
Como ejemplo que abona nuestra postura, basta citar una vez más, la posición del Estado ante transferencias básicas para el desarrollo socio-económico: investigación, políticas de empleo, etc.; o la presentación por parte del Gobierno del Estado de proyectos que como el de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no respetan las competencias que en materia presupuestaria y fiscal corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra en virtud del Concierto y Convenio Económicos.
La única defensa del Estatuto es cumplir el mismo y para ello, proceder a transferir las competencias relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), la Investigación Científica y Técnica en coordinación con el Estado (artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), así como las demás transferencias pendientes en materia socio-laboral y relativas al empleo y formación y cuyo desglose puntual comprende las prestaciones por desempleo, intermediación, promoción y gestión del empleo, formación profesional, regulación, INSS, inspección de trabajo o fondo de garantía salarial.
Nos encontramos ante un incumplimiento del Estatuto y una actuación que se corresponde más a una regresión autonómica que a la aplicación de los Estatutos de Autonomía, tal y como fueron aprobados y ratificados por los ciudadanos en este caso de la CAPV.
Cabe añadir una última razón: las inversiones que este Proyecto de Presupuestos prevé para la Comunidad Autónoma del País Vasco son inferiores a las de ejercicios pasados (7,1 % respecto de 2001), inferiores a las que corresponden por la ausencia de casi 40 transferencias contenidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco e inferiores a las que corresponden al cupo del País Vasco al Estado (6,24% de aportación frente a 1,2% de inversiones). De

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esta manera, el País Vasco se ve obligado a detraer recursos propios para hacer frente a dicha discriminación.


El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--Anxo Manuel Quintana González.


PROPUESTA DE VETO NUM. 4 De don Anxo Manuel Quintana González (GPMX)

El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El Bloque Nacionalista Galego considera que los Presupuestos del Estado para el año 2002 se presentan, como en los ejercicios anteriores, como unos presupuestos restrictivos, socialmente regresivos e incapaces de impulsar la convergencia con la UE que es, según la propaganda oficial, uno de los objetivos del Gobierno.
Resulta especialmente preocupante que se mantenga la misma línea de actuación y los mismos análisis para un contexto caracterizado por una recesión internacional que ya nadie niega. Nunca la consideración del déficit cero como un fetiche puede ser la panacea para la economía de un Estado caracterizado por profundos desequilibrios territoriales y sociales, al mismo tiempo desequilibrado, en todos los índices, respecto de la media del espacio económico con el que aspira a converger.
Empecinarse en este criterio, en una situación internacional en la que los demás Gobiernos de la UE reconocen la necesidad de hacer más laxa la teoría sobre el déficit cero y el equilibrio entre ingresos y gastos, no hace más que colocar en una dialéctica más peligrosa la evolución económica del Estado español.
Por lo demás, esta teoría formal no deja de tener graves lagunas e incluso mucho de ingeniería financiera. No se puede entender de otra manera la forma en que se piensa enjugar el déficit estatal del 0,5 por 100 del PIB, recurriendo al superávit de la Seguridad Social. Esta artimaña, además de fraudulenta, es contraria a los intereses de los ciudadanos y al funcionamiento expansivo de las coberturas sociales. Las expectativas del Gobierno respecto al crecimiento del PIB (2,9 por 100) resultan poco realistas. Todos los organismos financieros internacionales, antes de la actual recesión, cifraban el crecimiento en un 2.8 por 100. Pero cada vez es más evidente que lo realista será un crecimiento del 2 por 100. Las cuentas del Gobierno no están, por lo tanto, bien ajustadas. Existirá una diferencia en los ingresos, a la baja, que habrá que compensar de alguna manera.
La fiscalidad indirecta sigue primando sobre la directa. Así nos encontramos en un ejercicio en el que se dejarán de ingresar 800.000 millones de pesetas por cotizaciones del IRPF, debido a la reforma de este impuesto. El Gobierno rebaja la tasa radioeléctrica a las compañías telefónicas, pero se suben los peajes de las autopistas y el IVA del butano para uso doméstico.
El carácter antisocial y regresivo de los Presupuestos se evidencia, una vez más, en la negativa a que aumente la demanda interna a través de una subida de salarios adecuada para los trabajadores de la Administración y para los pensionistas. El aumento del 2 por 100 incidirá en una pérdida de poder adquisitivo que se viene repitiendo desde hace muchos años. El IPC subirá más que este 2 por 100, como viene ocurriendo también desde hace años, por lo que la demanda interna se restringe y las condiciones de vida empeoran, tanto para los funcionarios como para los trabajadores en general. Por último, el objetivo de aumentar el empleo en 1,8 por 100 demuestra el reconocimiento del fracaso de la política del Gobierno en este terreno. Mucho más cuando el empleo creado sigue siendo mayoritariamente precario e inestable.
En conclusión, estamos ante unos Presupuestos rutinarios, continuistas, que siguen apostando por dejar la economía del Estado español a capricho de lo que llaman libre mercado. Es continuar dentro de la militancia entusiasta en la ortodoxia neoliberal, cuando ésta se demuestra incluso más peligrosa.
En relación con las inversiones del Estado en Galicia, el BNG quiere destacar las siguientes características:

1.Continúa la marginación estructural. Para el ejercicio 2002, se invertirá por cada gallego o gallega un total de 37.590 pesetas. La media estatal por habitante es de 75.404 pesetas. Esta relación Galicia/Estado es la habitual. Estamos ante una consideración cualitativa.
2.Después del Ministerio de Fomento (28.938 millones de pesetas), el Ministerio más inversor es el de Defensa (19.000 millones de pesetas).
Resulta fraudulento atribuir a Galicia la totalidad de las inversiones destinadas a la construcción de las Fragatas F-100 o al mantenimiento de la flota de la Marina de Guerra. No es difícil de entender que, en una industria de enclave como la naval, una gran parte de la inversión para construir los buques no repercute en la zona donde está instalada, además de que la carga de trabajo se reparte con otras factorías del grupo IZAR.
3.Las inversiones en ferrocarril (15.564 millones de pesetas) resultan insuficientes para la ejecución de un plan que dote a Galicia, no ya de un ferrocarril de alta velocidad, sino de un ferrocarril convencional adecuado para el siglo XXI, en un período de tiempo aceptable. Construir una obra del Eje Atlántico, consistente en doble vía entre A Coruña-Vigo, en un período de diez años, con una situación de colapso del tráfico ferroviario y con velocidades medias actuales de 60 km/h, resulta bien elocuente. Galicia

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es la única Comunidad Autónoma, junto con Cantabria y Extremadura, que no figura para nada dentro de las inversiones del GIF, lo que hace más evidente el hecho de que no contará con infraestructuras de alta velocidad propiamente dichas.


Por las razones expuestas de carácter general, el modelo socioeconómico subyacente, y de carácter particular, las inversiones en Galicia, es por lo que el Grupo Mixto-BNG presenta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2002.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2001.--El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan José Laborda Martín.--El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Ramón Aleu i Jornet.


PROPUESTA DE VETO NUM. 5 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 se sustentan, una vez más, en previsiones y estimaciones del entorno económico carentes de la menor credibilidad. En tanto el Gobierno estima un crecimiento del 2,9 por 100, las previsiones de la mayoría de los analistas se mueven entre el 1,8 por 100 y el 2,2 por 100. La previsión de inflación del 2 por ciento adolece igualmente del más mínimo rigor, extremo ya habitual en los presupuestos de este Gobierno. Los mismos parecen así elaborados a partir del cuadro macroeconómico de los meses de junio y julio del presente año, ignorándose, en consecuencia, los graves acontecimientos sucedidos desde entonces y que, sin duda, generan importantes incertidumbres.
En este contexto, mantener el objetivo de déficit cero no deja de ser un mero ejercicio contable, considerado ya inalcanzable, curiosamente, tanto por el Banco de España como por el propio Gobierno. En cualquier caso, tal objetivo sólo se sustenta en el esfuerzo de los trabajadores cuyas cotizaciones sociales son las que permiten el supuesto equilibrio de las cuentas del Estado.
El Gobierno, consciente quizá de que los graves acontecimientos internacionales exigían, al menos, crear una apariencia de reacción, ha aprobado, además, una serie de medidas, fundamentalmente de índole fiscal, a incluir en la Ley de Acompañamiento, que constituyen un conjunto heterogéneo e inconexo de previsiones, cuyo sentido y finalidad no se acomoda a las exigencias de la actual situación económica. Es más, las mismas aparecen como exclusivamente favorecedoras de las rentas más altas y de los rendimientos empresariales, y, todo ello, mientras no se procede a la actualización de la tarifa y de los mínimos personales y familiares en el IRPF lo que implica, en la práctica, una subida real de los impuestos.
Los PGE tampoco reflejan adecuadamente el nuevo acuerdo de financiación autonómica, resultando imposible comparar las cifras de ingresos y gastos con el ejercicio anterior, y saber, en consecuencia, si se trasladan correctamente los acuerdos con las CC. AA. Tal opacidad y falta de transparencia se suma así a la ya existente (ingeniería contable, traspasos a la SEPI, etc.) por lo que se desconoce realmente el nivel del gasto público en España.
Si a todo lo anterior se añade una previsión de ingresos ficticia y un nivel de endeudamiento superior al que en pura lógica correspondería, resulta claro que los presupuestos presentados no son los adecuados para reactivar la economía y el empleo, no afrontan correctamente una situación de incertidumbre ni favorecerán, por último, la consecución del objetivo de convergencia real.


Por todo ello, se solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.

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