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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 93, de 06/11/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2000 VII Legislatura Núm. 93

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMMAN

Sesión núm. 5

celebrada el lunes, 6 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por el que se conceden suplementos de crédito, por importe de 8.155.525.000 pesetas, para atender insuficiencas producidas en el Ministerio de Defensa, como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz.
(Número de expediente 121/000006) . . . (Página 2490)

- Proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de los gastos derivados de la ejecución de la ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. (Número de expediente 121/000007) . . . (Página 2490)

- Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a atender el principal y el pago de costas derivados de diversas sentencias judiciales, así como los correspondientes intereses de demora. (Número de expediente 121/000014) . . . (Página 2490)

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- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (Número de expediente 121/000016) . . . (Página 2490)

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:

- Proyecto de ley por el que se conceden suplementos de crédito, por importe de 8.155.525.000 pesetas, para atender insuficiencias producidas en el Ministerio de Defensa, como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz. (Número de expediente 121/000006) . . . (Página 2490)

- Proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de los gastos derivados de la ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. (Número de expediente 121/000007) . . . (Página 2491)

- Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a atender el principal y el pago de costas derivados de diversas sentencias judiciales, así como los correspondientes intereses de demora. (Número de expediente 121/000014) . . .
(Página 2491)

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (Número de expediente 121/000016) . . . (Página 2491)

Elección de vacantes. Mesa de la Comisión.


Elección de secretario primero

Se abre la sesión a las diez de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 8.155.525.000 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN OPERACIONES INTERNACIONALES DE AYUDA HUMANITARIA Y RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ.
(Número de expediente 121/000006)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 46.624.357.971 PESETAS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 121/000007)

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE DE 354.696.080 PESETAS, DESTINADOS AATENDER EL PRINCIPAL Y EL PAGO DE COSTAS DERIVADOS DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES INTERESES DE DEMORA. (Número de expediente 121/000014)

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 121/000016)

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo. Según el orden del día, en primer lugar, procede ratificar la ponencia designada para informar iniciativas legislativas para concesión de créditos extraordinarios, y del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Hay algún grupo que desee intervenir o se pueden dar como aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobados por asentimiento.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 8.155.525.000 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLASEN OPERACIONES INTERNACIONALES

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DE AYUDA HUMANITARIA Y RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ. (Número de expediente 121/000006)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 46.624.357.971 PESETAS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 121/000007)

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE DE 354.696.080 PESETAS, DESTINADOS AATENDER EL PRINCIPAL Y EL PAGO DE COSTAS DERIVADOS DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES INTERESES DE DEMORA. (Número de expediente 121/000014)

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 121/000016)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley por el que se conceden suplementos de crédito para atender insuficiencias producidas en el Ministerio de Defensa. ¿Algún grupo desea solicitar la palabra? (Pausa.) Como saben ustedes, quedó aprobado en la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión la semana anterior que todas las votaciones, incluidas las de estos proyectos de ley de créditos suplementarios extraordinarios, se realizarían al final de cada una de las sesiones, es decir, que estos dictámenes los votaremos a partir de las dos de la tarde, en el momento en que el debate futuro sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado pueda quedar interrumpido por haber finalizado la sesión de alguno de los bloques.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, ¿puede ser a partir de la una?

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, hoy al mediodía las únicas votaciones que van a tener lugar son las de estos proyectos de ley, que se realizarán en un momento.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Si a las dos queda alguna sección, nos podemos ir a las tres.


El señor PRESIDENTE: Pues votaremos entre la una y las dos.
Si ningún grupo quiere tomar la palabra, pasaremos a votación este dictamen sobre el proyecto de ley al mediodía.
Dictamen sobre el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario para atención de gastos derivados de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. ¿Alguna intervención? (Pausa.) Igualmente, se someterá a votación al mediodía.
En tercer lugar, proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios destinados a atender el principal y el pago de costas derivados de diferentes sentencias judiciales. ¿Alguna intervención? (Pausa.) Se pasará a votación también en el momento en que interrumpamos el dictamen sobre presupuestos, entre la una y las dos de la tarde.
Pasamos al debate del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado a para el año 2001. En la reunión de la Mesa y portavoces de la semana anterior tratamos la forma de discutir este dictamen. Empezaremos, como es habitual, por dividir el proyecto de ley en siete bloques: títulos I y II del proyecto; título III; títulos IV y VIII, así como la sección 7; título V y la sección 6; título VI; título VII, y, por último, las disposiciones adicionales, transitorias y los anexos conjuntamente.
En cada uno de estos bloques de discusión, con independencia de que los grupos parlamentarios hayan o no presentado enmiendas a cada uno de ellos, iremos dando la palabra de mayor a menor, interviniendo en último lugar el Grupo Parlamentario Popular. Como les decía, las votaciones se realizarán a partir de la hora convenida. En la mañana de hoy votaremos exclusivamente los dictámenes a los créditos extraordinarios y suplementarios. Esta tarde, a partir de las ocho y media, votaremos lo debatido esta mañana sobre el proyecto de ley de presupuestos y todas las enmiendas a las secciones que hayamos podido debatir a lo largo de la sesión de la tarde. Se continuará por la noche, después de las votaciones, sin interrumpir la sesión de la Comisión, con las secciones 17 y 23, ministerios de Fomento y Medio Ambiente, hasta el final del debate de las mismas, y reanudaremos mañana la sesión a las nueve de la mañana, debatiendo las secciones en el orden que establecimos en la Mesa, hasta la finalización de ese debate que, previsiblemente, tendrá lugar a lo largo de la tarde de mañana. Al acabar las discusiones de mañana tendrá lugar la votación de todas las enmiendas a las secciones que no hayan sido votadas esta tarde. Por último, habrá una votación final que incluirá la exposición de motivos y el artículo 2, en la medida en que se haya podido modificar, mediante la aprobación de enmiendas, el estado de ingresos y gastos previsto en dicho artículo del proyecto de ley de presupuestos.
Si no hay ninguna intervención de los grupos para aclarar o precisar el procedimiento del debate, empezamos

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con la discusión de los títulos I y II del proyecto de ley de presupuestos. Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista, señor Fernández Marugán. El tiempo de las intervenciones será flexible, pero les rogaría que no exceda, en la medida de lo posible, de diez minutos en cada una de ellas. Además, habrá algún turno de réplica corto, después de las intervenciones de todos los grupos, si alguien lo solicita y exclusivamente para réplica, no para reabrir debates.
Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Dividiremos la intervención, de modo que yo me referiré al título I y mi compañero señor Lissavetzky la del título II.


El señor PRESIDENTE: Siempre que la división no provoque multiplicación.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Entiendo lo que dice, señor presidente Señor presidente, señoras y señores diputados, creo que hay factores de identidad en las políticas presupuestarias de las naciones de la Unión Europea que ya vienen determinados fundamentalmente por la existencia de un ciclo largo e intenso, en el que se ha podido ver la compatibilidad del crecimiento económico y una buena retribución de los factores de la producción con unos bajos niveles de precios. Esa identidad también se ha determinado por el hecho de que algunas de dichas políticas han encontrado algunos hechos imponibles, como el del espacio radioeléctrico, que están posibilitando sanear la hacienda de estas naciones. Ahora bien, pocas cosas se han hecho por parte de los socios de la Comunidad en materia de gasto público. Ahí se adolece de un déficit que se viene acusando a lo largo de los últimos años.
Desde nuestro punto de vista, el Partido Popular ha tratado de presentarse ante la sociedad española como un seguidor de este tipo de políticas. Ha coincidido para ello con el protagonismo de los ingresos que se ha reflejado en la Unión Europea y ha pretendido seguir con una política de continuismo de gasto, con ausencia de reformas estructurales. Esa pretensión se acompaña del afán de congelar una situación económica que día a día aparece con menos expectativas, pese a lo cual y de alguna manera se está dejando ver la pereza y la rigidez mental a la hora de adaptarse a este nuevo cambio de situación. Si esas son las coincidencias, también hay algunas diferencias.
En España y desde hace algunos meses el ciclo se fuerza por el lado del consumo, con el riesgo de ahogarlo en lugar de alargarlo. En España apenas si se produce una inserción en la política económica de los acuerdos de la cumbre de Lisboa, que desde luego estos presupuestos no recogen. Seguimos siendo una sociedad de atrasos, de retrasos, de colas, de listas de espera, de recortes y hasta de apagones, y todas estas deficiencias inciden fundamentalmente en la condición de vida de los ciudadanos. Hay una asimetría en la ejecución del presupuesto que es en alguna medida escandalosa. El gasto corriente se ejecuta, el gasto de intervención se paraliza y los equilibrios presupuestarios se buscan como si fueran una vitola. Creo que en una parte de la política presupuestaria se toman decisiones con el afán de enseñarlas por el mundo. Quizá no sea mi grupo quien tenga que dar consejos a otros grupos de esta Cámara, pero desde luego huiríamos del papanatismo y nos alejaríamos de ceremonias levíticas.
El equilibrio presupuestario requiere tres condiciones que han de actuar conjuntamente. Ha de actuarse bajo el principio de la universalidad; deben estar sometidos al control, al análisis y a la valoración del presupuesto todos los organismos públicos y, además, este es el criterio que mejor entienden los ciudadanos cuando se les dice que se gastará única y exclusivamente lo que se pida. Ha de actuarse bajo el criterio de la disciplina, y tendremos ocasión de hablar a lo largo de estos días de la ausencia de la misma en este proyecto de ley; a título de ejemplo, me referiré única y exclusivamente al comportamiento, ya reiterado en otros ejercicios, de este método de presupuestar en el capítulo 8, activos financieros, partidas imputables a los capítulos 6 y 7, con la única finalidad de disminuir el volumen de déficit. Hay que actuar además con criterios de realismo. A nadie se le puede ocultar que el dislate que hoy existe en el conjunto de deflactores es un dislate deliberadamente buscado. Como consecuencia de ello, funcionarios, perceptores de desempleo, pensionistas, el gasto sanitario y todo el gasto vinculado a las transferencias a las administraciones territoriales experimentan una especie de impuesto oculto, dado que los precios ya están alejados del 2 por ciento, terminarán alejados de ese 2 por ciento en noviembre o en diciembre del año 2000 y continuarán alejados del 2 por ciento en el año 2001. En este contexto cabría preguntarse qué es lo que habría que hacer. Nosotros les vamos a ofrecer nuestro punto de vista.
Somos conscientes de que las cosas que nosotros creemos que habría que hacer son muy distintas de las que ustedes proponen, pero vivimos en una democracia exigente en la que la sana rivalidad política se acompaña de la participación de los ciudadanos y de un sentido de la responsabilidad de los gobernantes y del conjunto de las instituciones.
En ese sentido, creemos sinceramente que estos son unos malos presupuestos, que para arreglarlos habría que cambiarlos enteramente, plantearlos de otra forma y empezar el trabajo desde el principio. El proceso presupuestario es, como el proceso tributario, un proceso político, donde no solamente se conjugan técnicas, mecanismos y estructuras administrativas, sino que se explicita un conjunto de preferencias; preferencias que se han de dar a conocer, que se han de discutir, que sehan de contrastar, desde el Gobierno y desde la oposi ción,

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y esta operación ha de hacerse sin manipulaciones, sin concesiones y con el menor grado de hipocresía posible. Nosotros vamos a esforzarnos en señalar una parte importante de lo que pensamos sobre estas materias.
Señorías, nosotros suprimiríamos entes como los que han creado para encubrir el déficit público en materia de infraestructura; suprimiríamos empresas como las que han creado para llevar a cabo actividades que no están sujetas ni al control ni a la responsabilidad de esta Cámara; computaríamos las verdaderas subvenciones de Renfe o de Radiotelevisión Española, aquellas que se derivan de sus pérdidas; terminaríamos con la actividad bancaria del capítulo 8, aunque sólo sea porque es una auténtica ruina financiera, dado que se reintegra poco más del 10 por ciento de lo que se presta, y reclasificaríamos los gastos destinados a modernizar las Fuerzas Armadas. Pero no nos quedaríamos ahí, señorías. Creemos que el protagonismo no puede establecerse a partir de la superioridad del ingreso sobre el gasto y, tal como se viene actuando a lo largo de los últimos años, hay una auténtica perversión en el proceso presupuestario. El compromiso más firme de esta ley es el de la fiscalidad, el de la imposición y, si me apura, el compromiso de la tarifa del IRPF. ¿Y en el gasto? El gasto es otro cantar. Se ejecuta o no según convenga y el grado de compromiso del Gobierno es mucho menor. Los impuestos se pagan para tener servicios y si son altos los impuestos, los servicios deberían ser buenos y de calidad, y si son bajos, no es posible tener una estructura de servicios como las que tienen Holanda o Dinamarca.
Nosotros queremos llevar a cabo acciones positivas que contribuyan a aumentar el activo comunitario de la sociedad española. Para eso creemos que estos presupuestos han de marcar algunas preferencias.
Las voy a decir sin criterio de prioridad, pero lógicamente con un carácter ordinal: la primera, en el servicio público; la segunda, en la capitalización de la sociedad española -España necesita más capital humano, más capital tecnológico, más capital físico-; por último, en la igualdad social. Por tanto, nosotros eliminaríamos esas disfunciones y llevaríamos a cabo esas actuaciones, pero para hacer eso se necesita -y ya termino- un compromiso, y estos presupuestos, en términos que utilizarían los liberales del siglo XIX, son unos presupuestos mostrencos, unos presupuestos de un Gobierno sin un diagnóstico de lo que ocurre en este momento en la economía española, que un día habla de que pretende mantener la expansión y al día siguiente arrastra los pies reconociendo que son evidentes los signos de desaceleración. Son unos presupuestos hechos desde la pasividad política. Si yo hablaba antes de una democracia exigente, en la cual se tenía que plantear la rivalidad política sana, la participación de los ciudadanos y el sentido de responsabilidad de los gobernantes, uno de esos tres pilares de la democracia falla y eso ocurre en estos presupuestos. Desde nuestro punto de vista, muchos créditos están mal dotados -a lo largo de la discusión de los títulos, de los capítulos y de las secciones se irá poniendo en evidencia- y los ingresos no se levantan con arreglo a los criterios de equidad que forman parte de la pretensión de mi grupo. Por eso no los vamos a aprobar y hemos enmendado prácticamente todos los títulos, los capítulos y las secciones de este documento presupuestario.
Termino ya mi intervención y continuará mi compañero en el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Me voy a referir al título II, gestión de los presupuestos docentes, muy concretamente al artículo 13, que tiene que ver con el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados. Seré breve porque nuestras enmiendas al título no son numerosas, lo que no quiere decir que no sean intensas. Su base fundamental tiene que ver con la LODE.
Creo que cuando se aprobó esta ley se dio un paso importante en cuanto a la enseñanza en nuestro país y sobre todo se superó la dicotomía enseñanza pública-enseñanza privada, entendiendo la enseñanza como servicio público para asegurar desde él que existiera, independientemente de la renta familiar o del origen social, una educación de mayor calidad para que no se perdiera ningún talento en nuestro país. A partir de ahí se marcaron unas reglas del juego, con un reconocimiento de la enseñanza privada concertada como parte del servicio público, que los socialistas no sólo respetamos sino que también impulsamos. Queremos que el cumplimiento sea escrupuloso, lo que daría mucho que hablar, pero no es el tema de ahora mismo. Sí nos preocupa que en este artículo 13, que hemos venido enmendando a lo largo de los últimos años, se contemple la posibilidad de dar conciertos educativos a enseñanzas no obligatorias. Por tanto, de alguna manera, está transfiriéndose dinero público al sector privado en enseñanzas que no son obligatorias. Entendemos que todavía queda un camino muy importante que recorrer en lo que se refiere a la educación en nuestro país. Como todos sabemos por los datos existentes por estudiante en gasto público, creemos que no ha sido una prioridad. Debíamos de atenernos al espíritu de la LODE y no vulnerarlo, de manera que sí a los conciertos, con la mayor transparencia y control, pero conciertos para aquellas enseñanzas de carácter obligatorio. Por tanto, las enmiendas que presentamos tienen que ver con lo que estoy diciendo, con el artículo 13, apartados uno y cinco, enmiendas 1067 y 1068.
La posición que mantenemos aquí será válida a la hora de fijar nuestro criterio respecto a las otras enmiendas de los diferentes grupos. De esta manera podremos entrar en un debate realmente importante y

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no sólo de modo testimonial, aunque no sea en este foro, sobre la financiación de la enseñanza privada para que cumpla el papel que se le aplica desde el punto de vista estrictamente legal y para que, desde el punto de vista social, este concepto permita avanzar en esa línea de igualdad de oportunidades, porque, no lo olvidemos, el Estado debe de velar para que no existan desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras al estar transferida esta competencia.
Partiendo de la base de que esta parte corresponde claramente a la Administración general del Estado, creemos que las enmiendas que presentamos pueden permitir no sólo mejorar el texto sino sobre todo entrar en un concepto que nos parece que tiene mucho más que ver con la igualdad que lo que plantea el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas al artículo 12, del título II, una al apartado uno y otra al apartado cuatro. La primera se refiere a la Seguridad Social y pretende corregir o al menos dejar regularizado lo que estaba previsto respecto a la financiación de la sanidad en el periodo 1998- 2001 para obtener un ahorro en el gasto farmacéutico mediante la aportación de la industria farmacéutica y otras medidas de racionalización del gasto. Debido a que con las medidas aplicadas para la contención del gasto farmacéutico no se ha conseguido lo previsto, deben incluirse en el escenario presupuestario para 2001 los recursos correspondientes a dichas medidas de ahorro para dar cumplimiento a la cifra garantizada por el acuerdo financiero sanitario 1998-2001 para las comunidades autónomas, como estableció en el ejercicio de 1999. Por tanto, es una regularización de unos acuerdos existentes.
La segunda enmienda, también al apartado cuatro -Seguridad Social-, se refiere a que hay una disfunción en el momento en que desde el Gobierno central se introducen nuevas actuaciones en la sanidad como, por ejemplo, la vacuna contra la meningitis. Hay determinadas decisiones de ámbito estatal que reducen la financiación acordada con las comunidades autónomas. Al introducir estas decisiones en lo que ya estaba acordado como financiación de la sanidad desde 1994, hay que regularizar este concepto. Nosotros proponemos añadir un apartado cuatro, que contemple el hecho de que el Estado aporte los recursos necesarios para financiar cualquier incremento de gasto originado por las nuevas prestaciones sanitarias no previstas inicialmente. Éstas son las dos enmiendas que presentamos a este título II.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Sólo quiero decir que en estos títulos I y II, al no estar presente la diputada que tenía que defender estas enmiendas, las damos por defendidas tal y como se han presentado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Reitero el escrito que acabo de presentar al señor letrado por el cual retiramos las enmiendas al título II.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Comienza este debate referente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 como solían comenzar los debates presupuestarios de otros ejercicios. Yo recuerdo a varios intervinientes del Grupo Parlamentario Socialista, pero a pocos relacionados con el Grupo Parlamentario Popular; creo que prácticamente intervenía yo mismo en los títulos I y II y debo decir que, aun existiendo renovación en las filas de la oposición, sigo observando los mismos planteamientos políticos que veníamos escuchando. Solían comenzar las intervenciones de los grupos de la oposición con una intervención más propia de los debates de Pleno, de los debates de totalidad, que de las comisiones parlamentarias en las que se veían las enmiendas. En aquellos debates presupuestarios en los que intervenían, en su día, el señor Borrell, el señor Pérez Segura, o el señor don Fernando Gimeno -en esta ocasión es el señor Fernández Marugán-, yo me preguntaba por qué comenzaban haciendo esa especie de repetición del debate. Yo les quiero recordar por qué lo hacían. Porque prácticamente era el único sustento político que podían arrogarse los miembros de la oposición, pero no porque los presupuestos fueran formidables, que lo son, sino porque la alternativa en forma de enmiendas numeradas de los grupos de la oposición, especialmente a estos títulos I y II, no da para más.
Ocurre exactamente lo mismo que en otros ejercicios presupuestarios: que las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, especialmente por el Grupo Socialista, son exactamente las mismas que hace cinco ejercicios presupuestarios. Es tremendamente difícil intentar vender alternativa política, intentar explicar a los españoles que el Grupo Socialista tiene cosas que ofrecer a la sociedad española, cuando, más allá de los discursos, más o menos estructurados -el del señor Fernández Marugán es un magnífico discurso en cuanto a estructura política-, no hay propuestas en forma de enmiendas, que es lo que nos trae a esta Comisión: discutir las enmiendas al presupuesto de modo que se pueda desarrollar un presupuesto diferente en función de las alternativas de los grupos parlamentarios.


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Yo podría empezar explicando -como hizo el ministro de Hacienda en el Pleno-que la economía española del siglo XXI comienza con un presupuesto equilibrado por primera vez en la historia de la democracia; podría seguir explicando que son las primeras cuentas públicas sin déficit no porque el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que sustenta nuestro grupo necesiten de ningún tótem presupuestario, sino porque es lo que necesita la sociedad española y podría seguir diciendo que la firmeza presupuestaria iniciada con aquella ya vieja Ley de 1996 de disciplina presupuestaria es lo que ha permitido que en el día de hoy estemos hablando de un presupuesto equilibrado y de un nuevo modelo de crecimiento económico que contrasta vivamente con otros modelos vividos en décadas anteriores; un presupuesto que se enfrenta a una situación económica diferente, con un modelo de crecimiento diferente, un modelo con más empresas, con mucho más empleo, con mayores tasas de ahorro, con mayor inversión, con mayor credibilidad en nuestras cuentas públicas, con mayor crecimiento económico; en definitiva, con mayor bienestar. Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si uno de los gobiernos socialistas hubiera presentado un presupuesto equilibrado, cuántas veces hubieran muerto de éxito los dirigentes del Partido Socialista al presentar un presupuesto equilibrado como el que hoy presenta el Partido Popular.
Sencillamente, hubiéramos visto expresiones más o menos acertadas de algún dirigente de aquella época explicando las bondades de presentar un presupuesto equilibrado, pero lo cierto es que no fueron capaces porque era realmente difícil en las condiciones en las que ustedes manejaban los presupuestos.
Pero vamos a hablar estrictamente del presente y no del pasado y el presente es que este presupuesto va a servir para seguir apuntalando la economía española donde estaba en la legislatura anterior y donde comienza estando en ésta. Un presupuesto equilibrado que indudablemente sirve para generar mayores expectativas de crecimiento y bienestar en nuestro país, ésta es la única realidad. El Grupo Parlamentario Socialista dice que éstas son propuestas o presupuestos mostrencos. Pues yo no voy a calificar las enmiendas del Partido Socialista, simplemente las voy a relatar, ya que el Grupo Socialista no tuvo el arrojo ni el ardor suficientes para presentar sus propias enmiendas. Yo sí que las voy a comentar.
La enmienda 1059 del Grupo Socialista -insisto, es la quinta vez que la vemos-fue defendida con diferente fortuna por los portavoces que ya mencioné con anterioridad y ustedes siguen sin hacernos caso.
Lamentablemente, ustedes intervienen en términos muy políticos y siguen sin ver que en términos técnicos sus propuestas son tan deficientes como lo que explico. Ustedes pretenden vincular al nivel de concepto las partidas presupuestarias, cuando debían saber que muchas de las partidas de este presupuestos, como de los otros cuatro anteriores los que se presentaban antes de 1995, tienen vinculación a nivel de subconcepto, lo que significaría que habría que hacer modificaciones de crédito en número innecesario, que algunas vinculaciones de crédito harían imposible ejecutar algunos presupuestos de gasto y que harían prácticamente inflexibles algunas partidas del presupuesto de modo que no podrían ejecutarse. Yo estoy dispuesto a seguir refiriéndome con el mismo respeto y paciencia a estas enmiendas tantas veces como las presenten, pero tienen las mismas deficiencias de carácter técnico que explico.
Con las enmiendas 1060 y 1061 se cargarían la posibilidad de dotar presupuestariamente créditos de un departamento ministerial cuando el gasto se haga a través de un convenio de colaboración, un instrumento que es habitual no solamente en la Administración española, sino en todas las administraciones públicas, incluidas las de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que ejercitan muchas de sus posibilidades de gasto a través de convenios de colaboración con otros ministerios, otros departamentos de comunidades autónomas, etcétera. Se cargarían la posibilidad de que esos convenios tuvieran dotación presupuestaria. Por tanto, insisto, repasen la oportunidad de este tipo de enmiendas. Lo mismo pasa con la 1063, en que ustedes nos siguen explicando, de los créditos ampliables, cuál es el origen, qué motiva el que un crédito sea ampliable o no. Esto, por concepto, es imposible. El origen de las ampliaciones, por definición, no existe en el presupuesto, y esa es la razón por la que muchos de los créditos que aparecen son declarados ampliables. No hay ninguna partida que amplíe las finanzas, y esta es la virtualidad de los créditos ampliables, que además, en un presupuesto de carácter equilibrado como éste, es absolutamente necesario.
En la enmienda 1064, que es la nueva -por decirlo así-, incurren en un desatino bienintencionado, pero desatino en definitiva. Digo bienintencionado porque con esta enmienda ustedes pretenden que no existan transferencias de gasto corriente a capital. Esta es una máxima que queda garantizada por el artículo 11 de la ley de presupuestos, que todos los años ha procurado que las excepciones sean las menos, de modo que el principio sea el que aparece en el presupuesto, es decir, que no haya posibilidad de transferir gasto corriente a gasto de capital. Pero hacerlo de forma tajante, eliminando este artículo, sería tanto como impedir la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios transferidos. Si ustedes piensan mínimamente lo que supondría esto, verían que significaría reducir los créditos en el departamento ministerial correspondiente, que transfiere sus servicios a los capítulos corrientes 1 y 2, para hacer imposible la transferencia al capítulo 6, en la sección 32 del presupuesto. Por tanto, harían imposible que los créditos presupuestarios destinados a los servicios transferidos de las comunidades autónomas

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pudieran tener efecto. Insisto -lo hago con toda la paciencia y respeto del mundo- en que sus propuestas no sirven; servirían otras, pero éstas, no. Les recomiendo con el mismo respeto que analicen si su discurso del principio, relacionado con este calificativo que utilizan sobre los presupuestos, se compadece con sus propias propuestas, porque es tremendamente difícil congeniar una cosa con la otra. No quiero insistir más.
Quiero decirle al portavoz de Izquierda Unida que es una lástima que no vaya a haber una defensa de las enmiendas de su grupo, porque también habría cosas que decir. Dígaselo usted a la portavoz que tenía previsto intervenir sobre este punto. Ustedes proponen constantemente, en este presupuesto y en otros, que exista mayor transparencia política en la presentación del presupuesto. Presentan la oficina presupuestaria del Congreso -que verá la luz algún día- como el tótem al que todos los diputados podremos referirnos para descubrir de verdad si las cuentas del Estado se presentan con transparencia o no. Yo le digo que esto no es necesario. La oficina presupuestaria puede suponer un plus de control sobre las cuentas públicas, pero desde luego no es la única manera, hay otras. Lo que estamos haciendo el día de hoy sirve para esto; lo que se hace en las comisiones parlamentarias, por ejemplo en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, cuando se discute la declaración definitiva de la cuenta general, sirve para esto; cuando los altos cargos de la Administración pública vienen al Congreso de los Diputados a explicar lo que los grupos parlamentarios han solicitado de antemano, sirve para esto, para dar transparencia a la gestión y control de las cuentas públicas. Pero el Grupo de Izquierda Unida no está. Desde el comienzo de la legislatura, viene sin acudir reiteradamente a las sesiones del Tribunal de Cuentas y a las sesiones de explicación de los presupuestos de los altos cargos, y después dice que los medios de control que existen no son suficientes y que hay que implementar más. Quizás haya que implementar alguno más, pero lo que es necesario es que ustedes utilicen las potencialidades de los controles que existen en la actualidad, porque realmente no los utilizan, y es una lástima, porque muchas de sus propuestas, que fueron defendidas en otros ejercicios, fueron aceptadas por nuestro grupo, por entender que había un trabajo intenso y concienzudo en algunas de ellas. Si hace usted un repaso de los debates parlamentarios de otros ejercicios, verá como es fácil encontrar propuestas aprobadas por nuestro grupo parlamentario.
Ustedes no están acreditando demasiado interés por utilizar los mecanismos que este Congreso de los Diputados tiene para controlar al Gobierno. Más allá de las propuestas por escrito, les recomendaría que lo demostraran con los hechos, acudiendo al menos a las sesiones en las que esta posibilidad se ofrece a los grupos políticos.
Señor presidente, tengo una duda sobre las enmiendas no defendidas por el Grupo Parlamentario Vasco, que tiene un buen número de enmiendas al título II. Si no han sido presentadas, ¿qué hago yo con ellas?

El señor PRESIDENTE: Dejarlas en paz.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Bueno, pues las dejo en paz.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: He escuchado con mucho interés la intervención del señor Cámara. El señor Cámara y yo somos un poco nuevos en esta Comisión y en este trámite, lo que pasa es que él es mucho más nuevo que yo, para su ventura y dicha. Lo digo con absoluta sinceridad. Yo me estrené en el año 1982, siendo coordinador de presupuesto del grupo que en aquel momento apoyaba al Gobierno. Por tanto, créame, tengo mucha comprensión hacia la tarea que va usted a realizar en esta Cámara, y le puedo garantizar que aspiro a que, dentro de la sana rivalidad de la que hablaba antes, ambos portavoces mantengamos una relación cordial.
He querido utilizar la palabra mostrenco como lo hacían los liberales del siglo XIX. Es una palabra que en su acepción primitiva hacía alusión a un elemento de propiedad de determinados bienes muebles e inmuebles, objeto de una hipotética desamortización. Luego ha derivado hacia interpretaciones menos venturosas, pero yo dije que el sentido que quería darle era más histórico.


Dice usted: las mismas enmiendas; yo diría: los mismos artículos. En el fondo, lo que estamos discutiendo es si, una vez dada al Gobierno la autorización por la Cámara a esos cuarenta billones de ingresos y de gastos, cosa que hicimos hace una semana, estamos de acuerdo o no con la distribución de los unos y de los otros. Ahí sí se plantea una opción política que es absolutamente legítima, la que representa su partido político, la que representa el mío y la que representa cualquier otro grupo político de la Cámara. Nosotros podemos poner el énfasis en unas cuestiones y otros grupos pueden ponerlo en otras, pero serán los españoles, al cabo de cuatro años, los que se encarguen de dirimir esa contienda. Eso no quiere decir que una vez dirimida, los que no estamos con las opciones del Ejecutivo y del Gobierno no podamos seguir reivindicando aquellas preferencias que nos resultan más o menos relevantes.
Ha dicho usted que la economía española goza de un momento importante. Yo creo que es verdad, y no lo he dejado de decir en ningún momento. No hemos querido presentar en modo alguno una visión tenebrosa de esta situación, porque no lo es ni para las empresas ni para los ciudadanos normales y corrientes, aunque hay signos que deberían llevarnos a prestar más atención.


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Hace un par de domingos, un notable economista, que fue profesor mío de facultad, ponía un ejemplo a la hora de valorar la situación económica, que era el de los leones y las gacelas en la sabana africana. Decía que las gacelas eran conscientes de que tenían que ser más rápidas que el más rápido de los leones, porque, si no lo eran, corrían algún peligro. Decía que todas las mañanas, cuando se levantaban las gacelas y los leones, la primera obligación que tenían unas y otros era demostrar con hechos que estaban extraordinariamente despiertos. Eso es lo que le ocurre a los gobiernos y es lo que le ocurre a determinadas situaciones económicas. En este momento hay una discusión sobre si estamos en un punto de giro o si no lo estamos, si estamos en un falso llano, si vamos hacia un valle o si no vamos hacia él. Yo no voy a entrar en esa discusión. Los agentes económicos españoles y las instituciones tienen que estar extraordinariamente despiertos. ¿Por qué? Porque las materias primas van a ser más caras, porque la negociación colectiva se va a endurecer y porque el gasto financiero va a ser más elevado. Seguramente, si nos acercáramos a la información de la Agencia Tributaria, veríamos que las ventas -he hablado de una cara del balance, ahora voy a hablar de la otra- tienen algunas dificultades y que las exportaciones tratan de abrirse paso en un mundo cada vez más competitivo y más difícil. Estando la economía española en un momento distinto del anterior, la cuenta de explotación marca el emerger de unos costes crecientes y ésos deberían ser tomados en cuenta por parte de la política económica. En este momento eso no se ha hecho de manera muy eficiente. Se ha hecho una apuesta, que no voy a descalificar porque me parece también legítima, por una estructura presupuestaria equilibrada. Tengo poca fe, como podré demostrar, en que, a partir de los diseños de política económica que se vienen realizando a lo largo de los últimos años, eso sea una realidad tangible. He dicho -y no me importa repetirlo- que estamos ante un concepto más contable que real y he puesto un ejemplo, pero saldrán más a lo largo del debate.
Nosotros vivimos otro momento distinto de la economía española. Los presupuestos se adecuan a las circunstancias económicas, lo primero que se le pide a un presupuesto es que sea compatible con la coyuntura y luego que cumpla tres o cuatro funciones: la de crecimiento, la de estabilidad, la de distribución, etcétera. Si a este presupuesto se le hacen las preguntas de si es compatible con la situación económica, si responde bien a los criterios de crecimiento, de estabilidad o de redistribución, las respuestas son muy discutibles. Desde luego, esas respuestas (yo no las daría de la misma manera que las daría usted, lo cual me parece normal y corriente) son las que han llevado a mi grupo a decir que es un ejercicio mejorable, perfeccionable, donde nosotros vamos a defender los criterios que tenemos en esa dirección y esperamos que esa defensa de nuestros criterios y de nuestras opciones sirvan para que esta Cámara haga un debate más rico, más diverso y en el que se tengan en cuenta los intereses y las maneras de entender la política y la economía de grupos distintos de los que hoy tienen el privilegio democrático de dirigir los destinos de esta sociedad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Muy brevemente quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular la intervención en el sentido de que parece que aceptan las enmiendas del Grupo Socialista al título II, artículo 13, porque no puedo creer que al no haberse referido a ellas la educación tengan tan escasísima importancia en los discursos del Partido Popular o al menos en el de S.S. Quiero ser benévolo en el juicio y, por tanto, estarán ustedes de acuerdo. Si no es así, me parece inexplicable que cuando hay que hablar de educación un poquito, aunque no sea usted experto, no diga nada.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor portavoz del Partido Popular, me parece que sobraba y no ha lugar a la reprimenda que nos acaba de echar. He dicho que no defendíamos aquí las enmiendas, pero que, tal y conforme están redactadas, se daban por presentadas en esta Comisión. Me parece fuera de lugar lo que acaba de decir sobre el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; grupo que para los efectivos que tiene, está cumpliendo con la responsabilidad que se nos puede exigir. Ya nos gustaría a nosotros tener doscientos diputados y poder estar en más sitios y con más gente. Si de lo que se trata es de aceptar las enmiendas que en otros debates presupuestarios se han admitido, no hay ningún problema, que no se intervenga no obsta para que no se puedan aceptar las enmiendas, porque están presentadas tal y conforme se ha dicho antes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, no sabe cómo lamento que los veteranos diputados se enojen por la intervención de este enérgico, joven y quizá impertinente diputado. Lo cierto es que digo lo que tengo que decir y voy a seguir diciéndolo.
Al señor Lizzavetzky, quiero decirle que sólo he aplicado a mi intervención el mismo trato que ha dado su grupo parlamentario a sus propias enmiendas en el título I. Exclusivamente eso. El debate sobre la educación de la sección 18 será particularizado, pero insisto en que el tratamiento de las enmiendas en su propio grupo no parece haber merecido el interés en ser defendidas una a una. Qué quiere que le diga. No le exigirá a

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nuestro grupo parlamentario el mismo juego con respecto a las enmiendas de la oposición que el que hubiera hecho con las nuestras.
Le puedo asegurar que nuestro grupo no hubiera hecho nunca una intervención como la que hemos vivido en el día de hoy del Grupo Parlamentario Socialista a los títulos I y II.
Respecto a la intervención del señor Fernández Marugán, es cierto que el señor Fernández Marugán es un diputado veterano, que lleva desde tiempo inmemorial en esta casa trabajando por los intereses de los españoles, pero en lo que afecta a los debates parlamentarios le ruego que haga una visión más o menos detenida de quién intervino en esta Comisión de Presupuestos en los años 1997, 1998, 1999 y 2000 y comprobará quién era; no era usted, sin embargo, sí era yo. Puedo aceptar que sea un joven hasta impertinente en la forma de presentar nuestras posiciones, pero estoy haciendo uso de razones políticas bastante más evidentes de las que han presentado SS.SS.
La economía española se enfrenta a estos presupuestos de una manera completamente distinta a como lo hacía hace unos años. Voy a hablar de los años en los que la economía española se enfrentaba a unos presupuestos elaborados ya con el Gobierno del Partido Popular, para que ustedes no acusen a nuestro grupo parlamentario de hacer uso indiscriminado del pasado socialista. El año 1996, cuando el Partido Popular accede al Gobierno tuvo que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos de 720.000 millones de pesetas y ese fue el inicio de nuestros debates parlamentario como consecuencia de cómo estaban la situación de las arcas públicas y la economía española en aquel momento. Lo que ha ocurrido en estos cuatro años es que hemos pasado de un déficit presupuestario del 7 por ciento a uno del cero; hemos llegado a un equilibrio presupuestario quizá con un pequeño superávit de carácter contable. Yo hubiera querido saber qué habría ocurrido en otras épocas si se hubiera podido presentar por otros gobiernos un presupuesto así.
Ustedes saben que las primeras previsiones que se hicieron en los años 1996 y 1997 sobre el desenvolvimiento de la economía española anunciaban catástrofes acerca del incumplimiento reiterado de las propuestas y de los objetivos que marcaba el Gobierno y que, año tras año, se les ha ido quitando razón. Esa es la única y exclusiva razón por la que el Grupo Socialista hoy no hace manifestaciones relacionadas con el futuro de forma catastrofista o tenebrosa, como en ejercicios anteriores, sencillamente porque la realidad ha ido quitando razón a las propuestas de adivinación del Partido Socialista con respecto a las cuentas públicas. Es la realidad, como realidad es que en el año 1997 España resistió mejor que otras economías europeas de nuestro entorno. Todos ustedes recordarán lo que ocurrió en el año 1997 cuando la crisis asiática hacía temer por el crecimiento de economías tan poderosas como la alemana o la italiana, cuando en ese mismo año se estaban viendo aparecer nubarrones de deflación en las economías alemana, italiana y francesa y, sin embargo, la nuestra seguía con crecimientos superiores al 3 por ciento. Esto se debe a una razón compleja pero fácil de comprender: porque nuestra economía hoy está preparada para resistir de modo diferente las crisis tal y como se resistieron otros años. España era un país habituado a que las crisis se eternizaran, en España las crisis duraban años, además los términos de decrecimiento económico bajaban más con respecto a otras economías europeas y, por lo tanto, nos costaba mucho más salir del bache. Es cierto que cuando se crecía se crecía más que el resto; más tarde, pero se crecía más. Y como consecuencia de eso se producían los desequilibrios económicos que hemos vivido y que ha tenido que atajar el Gobierno del Partido Popular. Las recetas que ha puesto en marcha el Gobierno popular a través de las leyes de presupuestos están resultando bien para los españoles, yo diría que modélicas. Se me ocurre pensar que también son mejorables. Naturalmente que son mejorables, pero de momento no están yendo mal para la economía española. Esto como mínimo debía ser un punto de partida para los discursos de la oposición.
Yo estoy dispuesto a defender la bondad de las cuentas presentadas por el Gobierno y que respalda nuestro grupo parlamentario, pero insisto, ustedes siguen sin tener el arrojo de presentar sus propias propuestas políticas. Necesariamente se lo tengo que recordar, se enfaden o no; se enfade quien se enfade. Porque usted, señor Fernández Marugán, ha seguido sin explicar a esta Cámara qué es lo que dicen sus enmiendas, éstas que yo denominaba viejas o caducadas.
Esa es la realidad. He querido seguir escuchando qué opinión le merecen las enmiendas que ustedes mismos presentan. Vamos a votarlas negativamente, y con la misma paciencia lo haré posiblemente en el ejercicio presupuestario siguiente, y entonces, si Dios lo quiere, será la séptima vez que intervenga para hacer referencia a sus enmiendas. A esto es a lo único que aspira este diputado, con más o menos fortuna.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de los títulos I y II.
Comenzamos el debate del título III.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta 10 enmiendas al título III de los gastos de personal, tres de ellas a los artículos 22, 25 y 37, y siete que están relacionadas con disposiciones adicionales nuevas. Sé perfectamente que se discutirán y se verán en bloque a lo largo del debate, pero no tenemos más remedio que hacer mención a ellas puesto que conforman toda la filosofía de lo que consideramos que debe ser la Administración pública y que se va viendo perfectamente al analizar el título III.


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Estas enmiendas que presentamos tienen dos motivaciones importantes.
Estamos en desacuerdo con las líneas generales, tal y como ha explicado el señor Fernández Marugán, con la hipótesis que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, relacionada con un hipotético cumplimiento de previsión de la inflación en el 2 por ciento, cuando vemos que en este momento estamos en el 3,6, o que, según datos del Instituto Nacional de la Estadística, nos encontramos en el 3,7. El problema que a nosotros se nos plantea es que esta hipótesis -que más que una hipótesis económica parece un supuesto religioso en cuanto que continuamente vuelven a él a pesar de que la realidad económica nos va demostrando lo contrario- del 2 por ciento de la inflación de la que estamos hablando, va a pesar de una forma tremenda sobre los incrementos salariales de los empleados públicos, que es de lo que estamos hablando en este momento. Vemos que a pesar del buen momento económico por el que estamos pasando la función redistributiva de los presupuestos no se cumple con relación a estos salarios. Por ejemplo, quisiera recordar que en el año 1997 el aumento salarial es del cero por ciento; en el año 1998, es del 2,1; en el año 1999, es del 1,8; en el año 2000, del 2 por ciento. Este año de nuevo se prevé un aumento salarial simplemente del 2 por ciento, lo que está dando lugar a que haya una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Nosotros tenemos fuertes diferencias con relación al articulado del título III porque, leyendo todo el articulado, se ve un modelo de Administración pública totalmente contrario al que defiende mi grupo.
En ese sentido, analizando los presupuestos de estos años anteriores conjuntamente con los presupuestos de 2001, nos encontramos con que hay unos indicadores constantes que están reflejando cómo considera la Administración pública el Partido Popular y, dentro de esos indicadores constantes que mencionaba, vemos que aparecen escasas remuneraciones para los empleados públicos, que hay congelación continua de plantillas, privatización continua de los servicios públicos, y múltiples contratos privados que hacen las diferentes administraciones públicas allí donde gobierna el Partido Popular, que están relacionados con actuaciones que muy bien podrían llevar a cabo los empleados públicos, con menos gasto para la Administración. En definitiva, se está produciendo un importante deterioro en los servicios públicos, y no solamente lo decimos nosotros sino que se puede ver a partir tanto del título III como de las declaraciones que hace escasos días ha realizado el secretario de Estado para la Administración, don Ignacio González, donde dice: estoy a favor de reducir lo público y de que el sector privado tome la iniciativa.
Leyendo todo el título III es obvio que ese es el objetivo que de alguna manera está llevando a cabo el Partido Popular con relación a las Administraciones públicas, que es reducir la eficiencia y la eficacia de lo público y que el sector privado vaya tomando la iniciativa.
En este sentido, presentamos estas 10 enmiendas que he mencionado antes, que están relacionadas con tres grandes bloques que muestran de alguna forma la filosofía de la Administración pública que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, presentamos un bloque de enmiendas relacionadas con el bienestar social y económico de los empleados públicos, enmiendas que intentan restituirles aquello de lo que han carecido en los últimos años, que es una verdadera política social y retributiva.
La enmienda 1119 defiende la compensación de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos durante el año 2000. Teniendo en cuenta el incumplimiento que ha habido de esa hipótesis del 2 por ciento de inflación de los presupuestos de 2000, y que en estos momentos estamos ya en el 3,7, nos parece que es fundamental que de alguna manera sea restituida esa pérdida de salario. A pesar de que ustedes defienden que los salarios han crecido un 3,3, nosotros, y no solamente nosotros sino viendo las enmiendas del resto de los grupos, vemos que hay un total desacuerdo con la hipótesis que ustedes han planteado, y la realidad económica viene a darnos la razón.
La enmienda 1127 establece una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos para 2001. Si no se cumple, que es lo que nosotros esperamos teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año, se abonará a los empleados públicos la diferencia que le correspondiese en un pago único en enero de 2002, que tendrá carácter consolidable.
La enmienda 1125, referida a las pagas extraordinarias, trata de aproximar el modelo retributivo de las administraciones públicas al resto de los sectores, no solamente dentro de nuestro país, sino que nos encontramos con que las administraciones públicas de la mayoría de los países europeos tienen bastante próximo la paga extraordinaria en relación con lo que se cobra o lo que se percibe mensualmente.
La enmienda 1116 establece la necesidad de consignar una partida en los Presupuestos Generales del Estado, previa negociación con los sindicatos, con el fin de financiar programas de carácter social, cuyas partidas actualmente son de muy escaso valor, viendo cada uno de los sectores y de los ministerios.
La enmienda 1122 sobre indemnizaciones por razón del servicio, establece la necesidad de actualizar estas indemnizaciones, teniendo en cuenta que no se han actualizado desde el año 1993, y se producen a menudo anécdotas y situaciones un poco humillantes cuando el servicio lo realizan empleados públicos de diferentes niveles.
En segundo lugar, presentamos un bloque de enmiendas relacionadas con la calidad de los servicios públicos, que en estos momentos se ven enormemente afectados por la temporalidad y por la inestabilidad que

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se ha producido en las administraciones públicas en relación con el empleo. Quiero recordar que en los años 1997, 1998 y 1999, ha habido fuertes limitaciones a la oferta de empleo público y que la tasa famosa del 25 por ciento en la tasa de reposición de empleo ha generado una altísima temporalidad en las corporaciones locales del 33 por ciento y en la Administración general del Estado del 20 por ciento. Por lo tanto, para mejorar estos presupuestos el número de plazas de nuevo ingreso debería ser del cien por cien, y eso es lo que pretendemos con la enmienda 1071.
La enmienda 1120 lo que busca es la estabilidad del empleo en la Administración pública mediante una serie de medidas paulatinas.
Entendemos que no pueden ser a lo largo de este año, pero sí que debería negociarse en la mesa de la Función pública que se vaya reduciendo paulatinamente esa alta tasa de inestabilidad y de temporalidad en las administraciones públicas en relación con el empleo.
La enmienda 1121, referida a las horas extraordinarias, establece que éstas deban limitarse al máximo; desde luego no pueden ser compensadas de una forma retributiva, sino con tiempos de descanso equivalente y con unas limitaciones temporales que en este momento no se cumplen.
Por último, el bloque de enmiendas que presentamos están relacionadas con la publicidad y la transparencia que deben tener siempre las actuaciones de las administraciones públicas en un Estado de derecho.
Las enmiendas presentadas a los artículos 25 y 37, son la 1072 y la 1073. La 1072 se refiere a los altos cargos del Gobierno de la nación, de sus órganos consultivos y de la Administración general del Estado y establece que ese complemento de productividad no debe superar el 30 por ciento, así como que tales cantidades deben ser conocidas por las Cortes Generales. La enmienda 1073 propone la adición nueva del apartado seis, en el que establece que los contratos de personal realizados con cargo a créditos de inversiones deben ser informados trimestralmente, tanto al Parlamento como a las organizaciones sindicales.
Por lo tanto nos parece que estas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pueden mejorar notablemente el título III de los Presupuestos Generales del Estado y que son medidas justas, porque si estamos en un buen momento económico, este buen momento económico, a través de los presupuestos, debería tener la función retributiva que durante estos años no ha tenido en relación con los empleados públicos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a presentar 20 enmiendas a este título III: la 99, 108, 109, 112, 115, 116, 117, que se corresponden con retribuciones; la 110 y la 111, con altos cargos y Banco de España y la 113 y 114 con complementos de productividad. Sobre estos temas Izquierda Unida mantiene un criterio de derecho y justicia laboral. El incremento salarial no sólo debe anticipar la inflación prevista sino, además, resarcir a los funcionarios y empleados públicos de las desviaciones de la inflación de este año y hacer partícipes a los empleados públicos del incremento de productividad de la economía española.
Debe tenerse en cuenta, para reforzar la importancia de esta enmienda, que los empleados públicos han perdido entre 1993 y 1999 cerca de 11 puntos respecto a la evolución del IPC. Desde esta consideración la estructura del aumento del 4,6 que propone la enmienda respondería un 2 por ciento para cubrir la inflación prevista, un 1,6 para cubrir la desviación sobre el IPC previsto en 2000 y un 1 por ciento del complemento de productividad.
Las enmiendas que defendemos conjuntamente extienden este aumento al personal del servicio del sector público con la ampliación del complemento de productividad a los salarios más desfavorecidos, compensando la técnica de aumentar la capacidad adquisitiva en el pasado, medida de RPT, reclasificación de puestos de trabajo, al personal laboral, a los funcionarios incluidos en la Ley 30/1984, al personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, de la Administración de justicia y la Seguridad Social. También se extiende este crecimiento a la recompensas y al personal de los cuerpos sanitarios locales. Las enmiendas incorporan el derecho de revisión salarial precisamente para evitar las desviaciones que penalizan la renta de los trabajadores y trabajadoras de la Función pública. Defendemos, por otra parte, el derecho de participación sindical en la reforma de las relaciones de puestos de trabajo y en las ampliaciones de los créditos destinados a productividad, cuyo objetivo viene siendo en muchos casos el incremento selectivo de algunos salarios en detrimento de otros. Se plantea, una vez más, la necesidad de que el sistema de retribuciones establecido en el artículo 21 pierda su carácter básico, esto es, que la legislación presupuestaria deje de invadir la autonomía de corporaciones locales y comunidades autónomas y pase a respetar su capacidad de autoorganización. Nuestras enmiendas eliminan la percepción del complemento de productividad por los altos cargos, y que sea convenido en un incremento fijo independientemente de su productividad. Se propone que el Gobierno elabore una relación de puestos de trabajo de altos cargos con el objeto de determinar las cuantías de complementos para cada puesto de esta naturaleza. Se insiste en las enmiendas en que la autonomía del Banco de España debe ser compatible con la transparencia de las retribuciones de su personal, exigiendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por último, deseamos concluir con la práctica de los contratos blindados en el sector público.


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Las enmiendas 100, 101 y 104 se refieren a la oferta pública de empleo; la 102, 103 y 106 a limitaciones de oferta pública en corporaciones locales; la 105 y 107 a temporalidad y la 118 a seguimiento sindical de contratación. El objetivo de estas enmiendas es, en primer lugar, mantener el volumen de empleo público, orientando las nuevas plazas a sectores prioritarios entre los que deseamos destacar la sanidad, la educación, la investigación y desarrollo, el medio ambiente, etcétera. Un segundo objetivo para el empleo del sector público debe ser la transformación del empleo precario en fijo, para lo que las enmiendas proponen un proceso de concertación con los sindicatos y la eliminación de las horas extraordinarias en la Administración pública. Una tasa de temporalidad del 20 por ciento de media superior en diversos ámbitos de la Administración no deja de ser un gesto en la mala dirección por parte de la Administración pública española.
En segundo lugar, a través de nuestras enmiendas, demandamos que se evite la contratación con ETT o con sociedades prestatarias de servicios personalizados. En tercer lugar, las enmiendas pretenden que las corporaciones locales puedan ejercer su autonomía en este ámbito de las contrataciones, exonerándolas de unas limitaciones que pueden ser razonables con notables matices en la Administración central, pero no lo es en el caso de la Administración local, que aumentan su capacidad de prestación de servicios públicos con un notable debilitamiento de sus recursos humanos. Esta situación está llevando a las corporaciones locales, especialmente las inferiores a 50.000 habitantes, a una tasa de temporalidad notablemente elevada, temporalidad que tiene su origen en el límite del 25 por ciento como tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo. En cuarto lugar, se propone el desarrollo de un sistema de información y control que permita a los sindicatos intervenir en los procesos de contratación laboral, como elemento de garantía del uso adecuado de esta modalidad de contratación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señorías, intervengo muy brevemente para dar por defendidas las 33 enmiendas que presenta el Grupo Mixto a este título y para resumir el espíritu de la inmensa mayoría de las mismas cuya justificación está incluida en la misma enmienda, enmiendas que van dirigidas a evitar la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en base a lo que estimamos un error en la tasa de inflación prevista para el año 2001. En cualquier caso, aunque las enmiendas van dirigidas a cambiar la previsión del 2 por ciento, también incorporan el espíritu de calcular de forma real en un determinado tiempo del año cuál ha sido la desviación respecto a las previsiones del Gobierno,y que se incorporen mediante pagas especiales para que no pueda existir esa pérdida de valor adquisitivo, incluso cuando se produzcan errores en la propia previsión del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Con brevedad voy a contestar a todos los grupos que han intervenido y a los que no están aquí presentes para defender su bloque de enmiendas, anunciando que el Grupo Popular no va a apoyar las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios.
Desde la óptica del Grupo Popular tenemos una visión muy distinta de sus planteamientos y posturas en cuanto a este título III y de la visión catastrofista que en el caso de algunos portavoces intervinientes se ha llevado a cabo. Quiero decir, en nombre del Grupo Popular, que ustedes podrán o no estar de acuerdo con nosotros, pero desde que el Partido Popular gobierna España la situación de los funcionarios en nuestro país ha mejorado. La realidad de los hechos y de los datos viene a demostrar que los funcionarios de nuestro país, desde que el presidente Aznar gobierna España, no han perdido poder adquisitivo, y eso lo dicen hasta los propios sindicatos. No es cuestión de que hablemos ahora aquí, año tras año, de las distintas cifras económicas de los funcionarios. Han subido los salarios por encima del IPC en los últimos años; pero no sólo eso, ustedes eluden hablar en este y en otros debates de las medidas de política global económica del Gobierno del presidente Aznar, del Gobierno del Partido Popular, que han favorecido a los funcionarios. Porque no todo consiste en subir o no subir el IPC o en subir o no subir más por encima del mismo. Cuando un funcionario y su familia tienen una hipoteca con intereses mucho más baratos de los que tenía en la época del Partido Socialista, ese funcionario y su familia están teniendo mejor calidad de vida y están teniendo más dinero en su bolsillo.
Cuando un funcionario y su familia pagan un recibo de luz inferior al que pagaban en la época del Gobierno del Partido Socialista, ese funcionario y su familia están teniendo más dinero del que disponer y está mejorando su calidad de vida. Lo mismo le pasa con el agua, con el gas y con el teléfono. El portavoz del Grupo Socialista ha hecho una visión catastrofista de la Administración pública, olvidando que ellos en sus 14 años de gobierno no fueron capaces, por ejemplo, de arreglar la cuestión de las pagas extras; que ellos en su mandato iniciaron privatizaciones; que en su momento fue el gobierno fue el que más personal interino y en condición de temporalidad ha metido en las administraciones públicas y que en aquellas administraciones en que gobierna el Partido Socialista sigue actuando de esa forma. Y ya verán ustedes dentro de algún tiempo, en algunas de las administraciones públicas más importantesde este país donde ustedes gobiernan, los problemas

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que van a tener por la temporalidad y por la interinidad de sus funcionarios y de los altos representantes de su formación política.
Según ustedes parece que el Partido Popular en el Gobierno del presidente Aznar tiene olvidados a los funcionarios. Es una visión que no refleja ninguna de las realidades de España y sus enmiendas no aportan ninguna solución a los problemas. Este Gobierno ha presentado por primera vez en la democracia española un presupuesto equilibrado con déficit cero. En los cuatro años y medio que lleva gobernando el Partido Popular se ha arreglado la crisis económica que habían dejado tras 14 años de presentar presupuestos en esta Cámara. Hoy la situación economica de los funcionarios y de los españoles en general es mejor, por mucho que ustedes quieran negarlo. Se podrá estar o no de acuerdo en la previsión económica del Gobierno del IPC del 2 por ciento, pero habrá que esperar a los acontecimientos. Les consta que dentro de la Administración pública se producen deslizamientos que suponen mayores retribuciones para los funcionarios.


En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, no podemos estar de acuerdo con las enmiendas que presentan. Al igual que el Partido Socialista, ustedes dicen una cosa en esta Cámara y donde gobiernan hacen la contraria. Hablan de retribuciones de altos cargos, pero les recomendaría que se dieran una vuelta por el Ayuntamiento de Córdoba y le dijeran a la alcaldesa, máxima responsable de Izquierda Unida, que no se suba el sueldo el 71 por ciento, que fue lo que hizo en el primer presupuesto municipal que dirigió. Cuando veamos que Rosa Aguilar y su gobierno municipal de Izquierda Unida no se sube el 71 por ciento como retribución de algos cargos, tendrán legitimidad política para venir a esta Cámara a hablar de retribuciones de altos cargos. El Gobierno del presidente Aznar ha dado claras muestras de austeridad en cuanto a retribuciones y gastos, no sólo de altos cargos, sino a lo largo y ancho de todo el presupuesto y de toda la Administración. Anunciamos, por tanto, el rechazo de todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Estoy realmente sorprendida por lo que ha contestado el portavoz del Grupo Popular. Entiendo que diga que no va a apoyar las enmiendas del resto de los grupos que hemos intervenido porque tiene un planteamiento distinto, pero me gustaría debatir con él dónde está el error. Lo que nosotros decimos lo apoyan, por ejemplo, catedráticos de economía. En el día de hoy nos encontramos con que al hablar del sueldo de los funcionarios, dicho sin ambages -así empieza su artículo el señor don Francisco Cabrillo- el Gobierno tiene previsto reducir el salario real de los funcionarios el año próximo. Esto no sólo lo dicen los analistas económicos o lo decimos el resto de los grupos de este Parlamento, excepto ustedes, sino las organizaciones sindicales y los funcionarios. Porque si no me gustaría saber por qué el 3 de noviembre nos encontramos como primera noticia en los diarios con que habrá una huelga los días 14 y 15, precisamente porque están perdiendo capacidad adquisitiva y porque el Gobierno, de forma tozuda, insiste en unos planteamientos y en unas hipótesis de inflación que no se cumplen nunca. Por otro lado, algo debe fallar en lo que dicen. El error tiene que ser de ustedes. Me acaba de explicar que las hipotecas están a un bajo interés, pero quiero recordarle, señor Merino, que no sólo han subido las hipotecas, sino también los carburantes. Una de las cosas que le están pidiendo en este momento los sindicatos es que de la misma manera que el señor Álvarez Cascos firmó un acuerdo y comprometió 129.000 millones con aquellos sectores a los que el precio de los carburantes incidía de forma directa, también al resto de los españoles nos incide de forma indirecta. Por tanto, aunque fuera un bloque menor de esos 129.000 millones, pediríamos una cantidad que pondría a los sindicatos, a los funcionarios, a los empleados públicos con el sueldo que les corresponde.
Cuando pregunta qué está ocurriendo y por qué nosotros no arreglamos estas cuestiones, quiero recordarle que los incrementos salariales a lo largo de estos años han sido los siguientes. En 1983, el primer año en que gobernaba el Partido Socialista, se subió a los funcionarios un 9 por ciento y al personal laboral un 12 por ciento.
En 1984 se subió un 6,5. En 1985, un 6,5. En 1986, un 7,2. En 1987, un 5 por ciento. En 1988, un 4 por ciento más un 1 por ciento no consolidable. En 1989, un 4 por ciento. En 1990, un 6,96 por ciento.
Así podría ir diciéndole todos los años, hasta llegar a 1993 y 1994 -y todo el mundo sabe el porqué- en que se subió sólo un 1,8 y un cero. Sin embargo, desde que están ustedes en el Gobierno ha habido una pérdida importante del poder adquisitivo.
Dicho esto, cuando hablan de qué es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gobierna el Partido Socialista en los que las administraciones públicas tienen mayor porcentaje de interinos y problemas de inestabilidad, quiero recordarle que nosotros creemos que tiene que haber calidad en los servicios públicos y que esa calidad no puede producirse sin que haya un número adecuado de empleados. Es precisamente el principio del 25 por ciento de reposición que ustedes están llevando a cabo lo que está dando lugar a que haya contratos y subcontratos en aquellos lugares donde sí creemos que los servicios públicos tienen que ser adecuados para la ciudadanía.
Por otro lado, dice que nuestras enmiendas no arreglan nada. Sin embargo, nosotros creemos que nuestras enmiendas arreglarían bastante y las hacemos con todo respeto y con absoluta buena fe, con el deseo de que la Administración pública en España mejore. Creemos

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que arreglan una política retributiva y social, que es la que se merecen los empleados públicos, que con ustedes no se ha producido durante estos cuatro años, ni tampoco en el quinto en el que entramos. Nuestras enmiendas darían lugar a la estabilidad del empleo y bajarían contratos, subcontratos, interinos e inestabilidad. Le recuerdo las altas tasas de temporalidad que se han producido con ustedes, como dicen las organizaciones sindicales, que dicen que han sido ustedes los que han roto la mesa de la Función pública, y por eso en este momento estamos como estamos.
Por último, es muy importante que haya transparencia en las administraciones públicas. A ello iban dirigidas nuestras enmiendas, en cuanto a los contratos de personal con los créditos de inversiones y en cuanto a los altos cargos del Gobierno, de sus organismos autónomos y de la Administración general del Estado. Creo que no ha leído con detenimiento las enmiendas que presentamos con el fin de que mejore la Administración pública, los servicios públicos que tienen que tener los españoles en el siglo XXI, sin ninguna fisura, gobierne quien gobierne en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruíz.


El señor RUÍZ LÓPEZ (don Antero): No sé que se pretende conseguir intentando negar la evidencia al decir que los funcionarios no pierden poder adquisitivo, o como decía en su comparecencia el secretario de Estado de Administraciones Públicas, al referirse a la media salarial. Nosotros no estamos hablando de la media salarial, estamos hablando del salario de los funcionarios públicos. Repito, como dije en la Comisión de Administraciones Públicas, que ahí están las estadísticas para el que quiera tirar de ellas; ahí están los sindicatos de clase que dicen que en los últimos años los trabajadores de la Administración pública han perdido cerca de 11 puntos de poder adquisitivo.
No creo que la gente se queje de vicio ni que los trabajadores estén preparando una movilización para este otoño porque les guste la marcha; me imagino que será por algo. Si nos conformamos con decir que estamos mejor que nunca y que desde que está el Gobierno del PP la gente está mejor, sigamos por este camino. Les veo muy agresivos entrando mucho en el terreno personal. Nosotros somos de este mundo y, mientras llega el socialismo, tendremos que seguir comiendo.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, ¿desea usted tomar la palabra en el turno de réplica?

El señor NÚÑEZ CASTAIN: Intervendré para hacer una única observación.
En la intervención del portavoz del Partido Popular me ha parecido oir que los funcionarios tienen un poder adquisitivo mayor gracias a la bajada de los intereses bancarios. Me deja bastante sorprendido. Si esta es la tesis, que se diga claramente. Hagan los números y digan que la economía va tan bien que bajando los sueldos se sigue ganando más dinero.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: A la portavoz del Grupo Socialista le diré que ustedes tienen el apoyo de algunos catedráticos, como usted dice, y nosotros tenemos el apoyo de más de 10 millones de votos. Ese es el apoyo, simple y llanamente, a las tesis del presupuesto que presenta el Partido Popular.
Creo que el Gobierno del presidente Aznar ha demostrado capacidad y voluntad de diálogo. Esa voluntad se mantiene y se mantendrá con los funcionarios, a pesar del anuncio de huelga, y se harán todos los esfuerzos para llegar a puntos de encuentro. que es lo que desde este grupo parlamentario y desde el Gobierno de España se pretende conseguir. Nos ha facilitado una serie de datos sobre las subidas de sueldo de los funcionarios en la época en que ustedes gobernaban España. Lo que hábilmente no nos ha dicho, porque usted es una diputada con habilidad y experiencia, es la inflación que existía en esos años; no nos ha dicho la inflación que había cuando tenían que subir ustedes el sueldo de los funcionarios un 9 y un 12 por ciento.
Ahí se demuestra su habilidad y yo se la reconozco, señora diputada.
No se puede decir que no hay transparencia por parte del Gobierno de España. Está demostrado que hay transparencia, no sólo en cuanto a contrataciones sino en todas y cada una de las actuaciones que se vienen llevando a cabo desde que el presidente Aznar dirige el Gobierno y el grupo parlamentario lo sustenta.
En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, manejaremos las cifras este mes y en el mes de diciembre, y con el anuncio de huelga que hay vamos a estar mareando las cifras.
Usted sabe que no es verdad que los funcionarios han perdido poder adquisitivo en un 11 por ciento, es usted consciente de ello. Ustedes manejarán esa cifra e intentarán aprovecharla desde el punto de vista electoral y rentabilizarla políticamente, pero sabe que el dato es absolutamente incierto; si no, este Gobierno no hubiera tenido el apoyo que ha tenido en las últimas elecciones generales.
Por otro lado, nos parece muy bien que tengan ustedes los pies en la tierra y que sigan comiendo. Ahora bien, con los incrementos del 71 por ciento que se hacen allí donde gobiernan comen de maravilla y no practican el reparto. Repartan ustedes el 71 por ciento del incremento de sueldo que se hacen sus dirigentes políticos en algunas ciudades y estoy convencido de que su política de solidaridad y reparto permitirá a otras personas comer mejor de lo que, según ustedes, comenhoy en día.


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El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado, pues, el debate del título III del proyecto de ley de presupuestos.


Vamos a alterar el orden previsto inicialmente, dado que algunos de los portavoces que tienen que intervenir en el título IV tienen problemas para llegar pero están en camino. Debatiremos primero el título V del proyecto de ley junto con la sección sexta de los presupuestos. Para ello tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, quiero agradecerle a usted y al conjunto de los grupos parlamentarios que nos hayan permitido esta modificación en la marcha del debate porque así podremos hacer frente a la contingencia que se ha presentado, esta vez meteorológica más que de calidad del servicio público.
Comenzamos ahora a debatir dos títulos que tienen una destacada importancia desde el punto de vista de mi grupo: cómo va a financiarse el volumen de gasto que se autoriza en estos presupuestos. Se financia por dos vías: el endeudamiento y la imposición de tipo general. El Gobierno del Partido Popular ha pretendido seguir en materia de endeudamiento y en materia de política presupuestaria una serie de criterios que se han venido estableciendo en la Unión Europea. Se ha mostrado sensible a lo que opinan Bruselas y los mercados financieros. Me parece bien que quieran quedar bien delante de instituciones de esta naturaleza.
Siempre es bueno tratar de quedar bien, pero además es razonable tratar de hacerlo delante de quien hoy tiene una capacidad importante en la definición de la política de la Unión y en el crédito que el Reino de España merece en los mercados internacionales. Ahora bien, quedar bien depende de la solidez de los argumentos. No estamos ante una materia inmóvil y la solidez de los argumentos de la política económica en el año 1999, con alto crecimiento y baja inflación, es distinta de la del año 2000 y será distinta de la de 2001, en que lamentablemente, sin tratarse de una situación grave, nos encontraremos con menos crecimiento y más inflación. Insisto entonces en que si los argumentos son sólidos y de calidad las cosas irán bien, mientras que si los fundamentos de la política en España son menos importantes las cosas no irán bien. No está mal hacer un esfuerzo por merecer el beneplácito de Bruselas, pero el crédito del Reino de España en Bruselas se ha asentado a lo largo del tiempo. En Bruselas saben que los Gobiernos de España han explicitado en muchas ocasiones su compromiso con la Unión Europea. Me atrevería a decir que en Bruselas ha habido confianza en España desde el año 1986, confianza que los españoles han sabido ganarse día a día. No quisiera dejar de expresar aquí cierta preocupación, que me consta que existe en España y fuera de ella, acerca de que al Gobierno del señor Aznar se le ve relativamente distante últimamente en algunas cuestiones del proceso de construcción europea. No quisiera decirlo de soslayo, pero las críticas se ponen de relieve en cuanto a que la inhibición en determinadas cuestiones es muy importante y por eso hay quien se pregunta si en Madrid se hace lo que se debe hacer, si se tiene una actitud activa para hacer frente a los problemas de España, y dentro de ellos a los de la Unión Europea, o si, por el contrario, se mantiene una actitud pasiva y distante sobre cuestiones europeas y domésticas. Uno tiene la impresión de que en esta sociedad y en este Gobierno se espera todo del precio del barril, de la cotización del euro o de la negociación colectiva, pero se dice poco de las cosas que hacemos para resolver nuestros problemas.


En Europa son conscientes, por ejemplo, de que el déficit público en España tiene un componente estructural. A veces oigo decir a destacados portavoces del Gobierno del Partido Popular que esa es una discusión académica para la cual no tienen tiempo ni les preocupa. Yo me pregunto qué pasaría si la tasa de crecimiento flexionara. ¿Que no es deseable? Sin lugar a dudas. ¿Que es probable? Seguramente no, pero ya ocurrió en otro tiempo; y si ya ocurrió en otro tiempo nos encontraríamos con una situación un tanto problemática. Seamos sinceros. El gasto público ha podido reducirse dado que los tipos de interés han flexionado a la baja cinco puntos a lo largo de los últimos años, dado que el gasto en el desempleo no adquiere en el año 2000 la magnitud que adquirió en el año 1996. Si no recuerdo mal -y quizás el presidente de la Comisión me podría corregir-, por aquella época, la aportación del Estado al presupuesto del Inem se acercaba a los 800.000 millones de pesetas y en este ejercicio es de cero pesetas. El caudal de recursos que deriva de sociedades o de renta viene proporcionando un proceso de expansión económica habido entre 1997 y el año 2001. Por tanto, una parte importante del esfuerzo que hemos hecho se ha debido a la complicidad -bendita complicidad- del ciclo económico; complicidad del ciclo económico que quizás haya cubierto los errores de muchas administraciones -desde luego también los aciertos- y los errores de la Administración central.
Decía que está bien buscar el beneplácito de Europa, pero también está bien buscar el beneplácito de los mercados. Tengo que decir que hoy los mercados son menos sensibles al saldo presupuestario de lo que lo fueron en ejercicios anteriores, y como consecuencia de esa menor sensibilidad se produce un fénomeno que tiene alguna importancia. Hoy nosotros tenemos déficit, un déficit más reducido del que teníamos -seguimos teniéndolo, venimos reduciéndolo a lo largo de los últimos años-, pero a pesar de ello hemos podido colocar la deuda pública española y la hemos podido colocar a un precio similar al del resto de los socios y en unas condiciones similares a las del resto de lossocios. Por tanto, nos encontramos con que la deuda

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pública es atractiva y tiene un aprecio superior al que tenía hace unos años. Algunos dicen que es atractiva por su rareza, por su escasez, quizá porque llegan a hacer apuestas en torno a cuándo desaparecerá. Creo que la deuda pública es atractiva por su rentabilidad y por su menor volatilidad. Hay mercado para ella. A través de las emisiones de deuda pública se pueden seguir buscando y persiguiendo determinados objetivos de política económica y, desde luego, uno de los que podría buscarse es una ampliación de la inversión pública.
En la intervención anterior he dicho que tenemos la sensación de que España se está quedando pequeña, se está quedando encogida, se está quedando atrasada en una serie de servicios públicos que tienen que ver con la infraestructura, con la capacidad para desarrollar nuestro capital humano, nuestro capital tecnológico, nuestro capital físico.
Ese esfuerzo podía haberse aumentado con una política que expandiera el endeudamiento, que garantizara la rentabilidad de las inversiones y, por tanto, que posibilitara seguir creciendo a un ritmo superior al del resto de los socios comunitarios y cerrando el espacio que hay entre el nivel de vida de los españoles y el de los ciudadanos europeos. La convergencia real podía perseguirse a lo largo de los próximos años sin tener que recurrir al parón que se va a producir en ese ejercicio. ¿Qué habría que hacer para ello? Algunas cosas con carácter general se las vamos a decir aquí y también más adelante en el debate en Pleno. Había que haber lanzado activos inteligentes, es decir, activos cuya aceptación en el mercado estuviera plenamente garantizada. Quizás hubiera que haber hecho un discurso totalmente distinto al que se está haciendo, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Esta es una sección que en alguna medida supone la bóveda de la financiación del gasto público. Esta sección ha venido estando muy determinada por la conveniencia de que los socios de la Unión fueran capaces de cumplir las condiciones de convergencia nominal establecidas en Maastricht. Como consecuencia de ello se tuvo una tolerancia y se permitió una ingeniería presupuestaria que ha creado algunos hábitos. En este momento, cuando ya se ha cubierto esa etapa de la convergencia nominal, cuando queremos hacer avances en la convergencia real, sería bueno que los gobiernos volvieran atrás de algunas de las prácticas contables que hicieron en ejercicios anteriores y que, como consecuencia de esa vuelta atrás, volvieran a recuperar parte de la disciplina presupuestaria que se permitió ejercer con laxitud, para que todo el que quiso estar en el euro estuviera.
He tenido la curiosidad de acercarme a las cifras del presupuesto del Estado, de los organismos autónomos, de los organismos públicos, de los entes y de la Seguridad Social, y contemplar el consolidado de este conjunto de instituciones; en definitiva, tratar de ver ese volumen de ingresos que demandamos a la sociedad. Si uno se acerca a la cuantía del ingreso no financiero y a la cuantía del gasto no financiero previsto en el ejercicio de 2001 ve que tiene razón el señor Cámara cuando dice que el saldo de las operaciones financieras arroja por primera vez un leve superávit. Es verdad, si los ingresos no financieros son 34,508 billones de pesetas y los gastos no financieros son 34,472 billones de pesetas, lo que daría origen a un superávit de 36.000 millones de pesetas. Pero está claro que si en lugar de ir al saldo de las operaciones no financieras fuéramos a lo que nosotros entendemos que son los auténticos requerimientos de financiación del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, medidos a través de todos estos organismos que he citado anteriormente, el saldo de operaciones no financieras y el de activos financieros varía sustancialmente. ¿Por qué? Porque estamos consolidando una línea de actuación presupuestaria que sitúa fuera de la banda una parte importante del gasto público. Estos presupuestos elevan los activos financieros que van a adquirirse por parte de los organismos integrantes del consolidado de los Presupuestos Generales del Estado en un billón 299,9; es decir, en 1,3 billones de pesetas que van a ser, según viene siendo habitual, gasto público asumido por parte de los distintos agentes del sector público administrativo, dado que la tasa de retorno es meramente simbólica. En el año 2000 será del 10 por ciento. Si balanceamos bien la situación nos encontramos con que frente a esos 36.000 millones de pesetas de superávit en el presupuesto de operaciones no financieras hay un déficit de un saldo de operaciones no financieras y un de activos financieros que será negativo, de 956.000 millones de pesetas; prácticamente el 0,9 por ciento, casi un 1 por ciento de déficit público se incorpora en estos presupuestos. Es más -en mi intervención quiero dejar esta idea- en el supuesto de que todo le fuera bien a la economía española, de que ingresara lo que tiene que ingresar y lo que está previsto que ingrese en el gasto y en el ingreso no financiero, de que gastara lo que tiene previsto gastar en el gasto no financiero, de que obtuviera los reembolsos que dicen que van a obtener de activos y que los activos financieros en el año 2001 se comportaran como se han venido comportando en ejercicios anteriores, no estaríamos en un superávit de 36.000 millones de pesetas sino en un déficit de 956.000 millones, en un 0,9 por ciento de déficit en el PIB.
Este es un ejercicio, una reflexión que a mi grupo le preocupa, y a lo largo de las intervenciones que hagamos en las próximas horas y en el debate de Pleno en que vamos a insistir, la política tiene factores de credibilidad y de confianza y la calidad, de la cual hablaré en la siguiente intervención cuando me refiera a los presupuestos de la política económica del Gobierno de España, ya cotiza a la baja. Cotiza a la baja por muchas decisiones, entre otras, porque ha pretendido presentar un presupuesto equilibrado cuando es un presupuesto desequilibrado en el cual el comportamiento de los

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agentes financieros no se ajusta a la disciplina presupuestaria debida. A poco que analice uno críticamente el presupuesto se ve que incorpora un déficit público de al menos el 0,9 por ciento, y utilizo para ello las mismas cifras del Gobierno en su documentación, que se debe fundamentalmente a esa práctica de esconder bajo la línea de flotación gastos de inversión importantes que se han visto elevados a 1 billón 300.000 millones en el inicial del año 2001, cuando el Gobierno en el avance de la liquidación del presupuesto del 2000 nos dice que van a ser simplemente 632.000 millones. Estamos ante una actuación que en lugar de corregirse se acentúa y que en modo alguno contribuye a que la imagen del Gobierno de España, de la política de España, sea la imagen que querríamos que tuviera una sociedad como ésta y un Gobierno como éste, que dice, con razón, que quiere cumplir los criterios del plan de estabilidad aprobado en el seno de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Aunque el portavoz en este tema no ha llegado, dado que hay problemas en el aeropuerto de Barajas y en el tráfico de Madrid, nuestro grupo parlamentario ha presentado a este título V enmiendas que tienen que ver con los fondos de ayuda al desarrollo y con la creación de un fondo para la condonación de la deuda externa.
En la primera enmienda que presentamos al artículo 57 planteamos que se reduzca la cantidad que se prevé para el Fondo de Ayuda al Desarrollo, dado que desde 1995 la media que se viene aplicando a este tipo de ayudas es de 35.000 millones de pesetas. Es necesario que esta cantidad se adecue. Lo que nos parece mucho más importante, señorías, es la creación de un fondo de condonación de la deuda externa dotado con 45.000 millones de pesetas. A ninguno de nosotros se nos pasó por alto, al mismo tiempo que celebrábamos las elecciones generales, una organización no gubernamental hizo una consulta a la ciudadanía para la abolición de la deuda externa en los países en vías de desarrollo. No hay que despreciar el hecho de que haya más de un millón de ciudadanos de nuestro país que crean conveniente la condonación de esta deuda. De ahí que pensemos que es tan importante como los fondos de ayuda al desarrollo la creación de este fondo de condonación, que lo dotemos en un principio con 45.000 millones de pesetas y que esté enmarcado en la Ley de Cooperación y el reglamento que tiene que desarrollarla. Este artículo es lo suficientemente importante y las enmiendas son novedosas. Sería un paso adelante crear un fondo de condonación de la deuda externa, ya que es una demanda de la ciudadanía, y pensamos que los 45.000 millones nos permitirán ir avanzando. (El señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.) Los países en vías de desarrollo, en este momento, además de necesitar préstamos para poder seguir desarrollándose, lo que necesitan es que se les condone la deuda externa para que los intereses que nos tienen que pagar no les sigan ahogando.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEAPABÓN: Al señor Fernández Marugán no ha defendido ninguna de sus enmiendas. Sorprende que la portavoz del Grupo Socialista llamara antes la atención al señor Cámara porque no había hecho referencia a ellas, por lo que yo podría ahora eludir de la posición de mi grupo sobre sus enmiendas puesto que no las ha defendido ni ha hecho mención a ellas, pero no voy a hacerlo así.
Resulta curioso que el señor Fernández Marugán se queje de que el Gobierno sea sensible a lo que diga Bruselas. Usted llama ser sensible a pretender cumplir con el Tratado de Maastricht, que como sabe establecía llegar al 60 por ciento. Cuando entramos en la unión monetaria estábamos en el 68 por ciento y aunque nuestro objetivo para el 2002 es alcanzar el 60 por ciento, como el de todos los países, ya estamos en el 62 por ciento. Es curioso que para S.S. los pactos y los tratados no haya que cumplirlos. Respecto a que el Gobierno ha querido quedar bien, claro que sí, y ha querido también cumplir el pacto de crecimiento y estabilidad, lo que naturalmente también quiere conseguir. Ha dicho que España se ha quedado pequeña y encogida. Quiero recordar a S.S. que el incremento de la economía española desde el año 1996 ha sido siempre superior al crecimiento de la media europea, luego eso de que España se ha quedado encogida, nada. Ha recomendado expandir el endeudamiento, lo cual es sorprendente porque S.S. sabe que sería imposible la convergencia real a la que aspiramos todos es imposible si no hay convergencia en la inflación y en los tipos de interés. Por tanto, con un endeudamiento tan alto y los intereses que habría que pagar por ello esa convergencia real.
Todas estas consideraciones que ha hecho el señor Fernández Marugán carecen de rigor porque la gestión de la financiación del Estado por parte del Gobierno del Partido Popular, está siendo modélica. En el año 2001 se va a reducir nuevamente la necesidad de endeudamiento del Estado. Las estimaciones actuales la sitúan en torno a los 10,3 billones de pesetas y eso significa que la reducción esperada en el año 2001 respecto a cómo se piensa cerrar el año actual, el 2000, es de tres billones de pesetas. Asimismo, esa menor necesidad de acudir a los mercados por parte del sector público permite liberar recursos financieros para el sector privado y contribuir al crecimiento y al empleo. Si nos referimos, en concreto, a los intereses, quiero recordar que los pagos por intereses en el 2001 se situarán

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en torno al 2,85 por ciento del producto interior bruto, mientras que en 1996, cuando el Gobierno del Partido Popular accedió al poder, alcanzaba casi el 5 por ciento. Por tanto, nuestro grupo puede sentirse legítimamente orgulloso de cómo está gestionando el Gobierno del Partido Popular la financiación del Estado.


Entrando ya en las enmiendas, me van a permitir que no glose las tres presentadas por mi grupo parlamentario puesto que han sido incorporadas al informe de la ponencia, y solamente quiero recordar que en la enmienda 1498 al artículo 52 se ha omitido la palabra pesetas a la cifra de 200.000, que habrá que agregar, y completo ahora in voce esa omisión.
Respecto a las cinco enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, en la 1079 propone un artículo 49 bis nuevo para que el Estado asuma deuda del Ente Público Radiotelevisión Española por importe de 80.000 millones de pesetas. Esta enmienda, señor Fernández Marugán, es recurrente año tras año y ustedes proponen la misma cifra cualquiera que sea el endeudamiento de Radiotelevisión Española. Por las mismas razones que hemos dicho otras veces, porque habría que modificar los créditos correspondientes al capítulo III y porque no proponen ustedes una baja en otra aplicación que financie el incremento de gasto que proponen, no la vamos a apoyar.
La enmienda número 1080 propone la supresión del aval del Estado a Radiotelevisión Española, fijado en 133.000 millones de pesetas. La supresión de este aval no está en consonancia con las necesidades financieras del grupo Radiotelevisión Española y tampoco es coherente con su enmienda anterior, porque si proponían que el Estado se hiciera cargo de una deuda de 80.000 millones, ¿cómo proponen que se suprima el aval de los 133.000 millones? Ahí existe una diferencia de financiación ajena a largo plazo que en ningún caso podríamos suprimir.
La enmienda 1081, al artículo 57, propone modificar la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo, así como las operaciones que podría autorizar el Gobierno en el año 2001. Fijan ustedes el límite en 50.000 millones, queriéndolo reducir de 80.000 a 50.000 millones.
Vamos a rechazar esa enmienda ya que la experiencia nos dice que el gasto real que se viene realizando anualmente con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se aproxima mucho a esos 80.000 millones de pesetas. Así ha sucedido en años anteriores, en 1997 y 1998, donde el Consejo de Ministros aprobó operaciones por importe superior a los 77.000 millones de pesetas. Este año 2000 se espera que la aprobación de créditos sea por importe cercano a los 80.000 millones y, por tanto, durante el año 2001 se calcula qye habrá un nivel similar de utilización de este instrumento.
En cuanto a la enmienda número 1082, al artículo 58, que propone establecer límites reglamentarios a los gastos de asistencia técnica de los proyectos que se paguen con cargo al fondo para la concesión de microcréditos, quiero decirle que es absolutamente innecesario porque ya está reglamentariamente establecido. De acuerdo con el Real Decreto 24/ 2000, de 14 de enero, regulador del Fondo de concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior, el comité ejecutivo de dicho fondo es el encargado de analizar y aprobar en su caso las operaciones que se realicen con cargo al mismo, que después deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Entre los gastos a financiar están los de asistencia técnica y, por tanto, el límite de estos gastos viene impuesto por los propios proyectos. De ahí que resulte innecesaria una regulación exhaustiva del funcionamiento del fondo.
Por lo que se refiere a la enmienda 1083, proponen ustedes un nuevo artículo, que sería el 58 bis, para crear un nuevo fondo de condonación y conversión de deuda externa con una dotación inicial de 30.000 millones de pesetas. Consideramos que ello no es necesario ya que la ausencia de una partida presupuestaria propia no ha impedido una gestión activa y ambiciosa de la deuda externa y en ningún caso esta ha estado sujeta a los vaivenes presupuestarios. Por otro lado, desde el punto de vista de la iniciativa para la reducción de la pobreza de los países pobres altamente endeudados, la condonación se hace efectiva en el momento en que el país deudor completa los procesos de reformas estructurales que se consideran necesarios para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza. Por ello no es posible saber de antemano a cuánto ascenderá la condonación efectiva en un período determinado.
Entro a considerar las cuatro enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La número 122, al artículo 57, propone que la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo se reduzca -lo mismo que proponía el Grupo Socialista, pero con una reducción mayor- a 35.000 millones de pesetas. No podemos apoyarla por las mismas razones que hemos expuesto al analizar la enmienda número 81 del Grupo Socialista, puesto que ambas persiguen el mismo objetivo.
Aprovecho ya para comentar la enmienda número 1636, del Grupo Mixto, propuesta por el Partido Andalucista. Paradójicamente esta enmienda pretende justamente lo contrario que las de los grupos Socialista e Izquierda Unida, propone aumentar la dotación hasta 100.000 millones.
Obviamente no podemos apoyarla por las mismas razones que hemos rechazado las otras: aquéllas por defecto y ésta por exceso no se ajustan a lo que la experiencia nos dice que son las necesidades reales. Una vez más se pone de manifiesto -y perdonen ustedes la digresión- que en el término medio está la virtud; es decir, en el centro que es el lugar que representa el Grupo Popular.
Volviendo a las enmiendas de Izquierda Unida, la número 123, que añade al artículo 57 un nuevo párrafo in fine y la número 124 que adiciona un nuevo artículo

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57 bis proponen ambas la creación de un fondo de condonación de la deuda exterior, por importe de 45.000 millones de pesetas. Sin entender muy bien por qué formulan ustedes dos enmiendas del mismo tenor, me remito, para no aceptarlas, a las razones invocadas al rechazar la enmienda número 1083, del Grupo Socialista.
En cuanto a la enmienda número 125, al artículo 58, que propone que la utilización del fondo para microcréditos cumpla los requisitos establecido en la Ley de cooperación para el desarrollo, tengo que recordarles que no vamos a apoyarla tampoco por innecesaria, ya que en el artículo 105 de la Ley de acompañamiento del año 1998, que regula el fondo para la concesión de microcréditos se dispone explícitamente que este fondo será destinado a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico a que se refiere el artículo 28 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo.
Finalmente, la enmienda número 1637, del Grupo Mixto, presentada por el Partido Andalucista, al artículo 58, que propone dotar con 15.000 millones de pesetas al fondo para la concesión de microcréditos, tampoco podemos apoyarla. Quiero recordar que la cifra de 10.000 millones de pesetas que se contempla en el proyecto de ley significa un incremento del 25 por ciento respecto al año 2000. Además, tras el estudio realizado, se constata que no existen peticiones que hagan necesaria la mayor dotación. Por otra parte, esta enmienda al articulado debería ir acompañada de otra sobre el estado de gasto, que no se ha formulado, y por esa razón formal tampoco podría ser aprobada.
Dicho todo esto, quiero reiterar que la gestión de la financiación pública llevada a cabo por el Partido Popular es claramente ventajosa y exitosa para los intereses españoles y también para acercarse a cumplir cada vez más con los compromisos internacionales, con los compromisos que el Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam le imponen a España.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Mis palabras van a ser breves y están orientadas fundamentalmente a aclararle al señor Albendea algunas cuestiones que yo creo haber expresado de otra forma a la que él ha entendido. Yo no me quejo, en modo alguno me quejo de que el Gobierno de España trate de cumplir con sus obligaciones en el seno de la Unión. Tampoco me quejo de que el Gobierno de España sea sensible al crédito que el Reino merece en los mercados internacionales. Me parece bien y lo he dicho claramente. Creo que es bueno tratar de quedar bien en esas instituciones. He señalado que la posibilidad de quedar bien depende de los fundamentos de la política y eso es discutible. Su señoría entiende que los fundamentos son sólidos y yo entiendo que los fundamentos son menos sólidos. Pero eso entra dentro del mundo de la discrepancia política y en ese sentido nos hemos expresado los dos.
Quedar bien significa hacer una razonable aproximación a la verdad -escrito esto en minúsculas-, es decir, la parte de verdad de cada uno de nosotros. Soy de los que cree que en materia de política presupuestaria la aproximación es muy discutible. Yo soy de los que cree que este presupuesto incorpora una cifra de déficit, que yo he señalado. Si uno coge el saldo de operaciones no financieras y los activos financieros que no tienen reembolso en el 90 por ciento de lo que se compromete, si uno suma esos dos conceptos, este presupuesto trae un déficit de 956.000 millones de pesetas. ¿Que los mercados financieros no lo quieren leer? Mejor para el emisor, pero una cosa es que los mercados no lo quieran leer y otra cosa es que la soberanía nacional no tenga la responsabilidad de decir en alguna circunstancia y en alguna instancia que al menos ve de esta forma la evolución financiera del presupuesto del Estado.
He dicho, y me reitero en ello, que tengo la sensación de que España se vuelve a quedar pequeña y encogida. No es la primera vez, en otras oportunidades esta sensación la tuvieron otros gobiernos -no me importa el color de esos gobiernos- y se pudo resolver con un salto hacia delante, en el cual se articuló una serie de medidas que favorecieron el despegue de lo público y de lo privado; se tuvo ambición política y se logró que, progresivamente, se fueran acortando las diferencias que, en el ámbito de la convergencia real, se han producido a lo largo de los últimos años. Lo ha hecho en alguna ocasión el Gobierno conservador y en otra el Gobierno socialista y, como español, me siento orgulloso de lo conseguido. Yo digo que, en este momento, en lugar de alargar el ciclo económico, seguramente ustedes están llevando a cabo una política que ahoga el ciclo económico. ¿Por qué? Porque, una vez más, nos hemos encontrado con que, después de unos ejercicios creciendo a niveles muy estimables, la balanza comercial se presenta problemática. Yo le diría una cosa que suelen decir los catalanes. Dicen que ellos se lo harían mirar y que se lo harían mirar bien. Yo me haría mirar bien el déficit comercial de la economía española, porque el que uno esté debajo del paraguas protector del euro no implica, en modo alguno, que no se tenga que ver cómo evolucionan las magnitudes económicas.
Sobre esto que voy a abordar ahora discutiremos más en el Pleno, pero admítame que si todos los agentes, todas las instituciones y todas las personas adoptaran el criterio de no endeudarse, seguramente estaríamos en un panorama bien distinto. Creo que endeudarse es asumir riesgo, aunque depende de quién asuma el riesgo y de las condiciones en las que se materialice la operación. Insisto, este presupuesto se presenta equilibrado, pero trae, como discutiremos más adelante, unas posibilidades de endeudamiento financiero

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para las administraciones públicas que merece la pena considerar. ¿El no endeudarse evita el efecto expulsión, el crowding out? He visto momentos en los que el protagonismo del sector público español era importante y los agentes económicos, privados y públicos, invertían.
Decía Keynes que la inversión depende de las expectativas, del espíritu animal, entre comillas, de quien tomaba la decisión de la inversión. Yo creo que, si hay rentabilidad, se puede invertir.
Termino, señor presidente, y le agradezco que me permita seguir en el uso de la palabra. Me ratifico en una idea. La bajada de los tipos de interés ha sido tan importante que ha posibilitado que se reduzca la pulsación del gasto público. A pesar de todo, le significo un hecho, señor Albendea. Comparando la parte de servicio de la deuda que va en el capítulo III, y la parte de amortización, que va en el capítulo IX de pasivos financieros, nos encontramos con que, en deuda, nos vamos a gastar 6,389 billones de pesetas, el 6,03 por ciento, y el año pasado nos íbamos a gastar el 5,4. Eso se debe a dos cosas, a que se amortiza más de lo que se amortizó en ejercicios anteriores, pero también se debe a un hecho que hay que empezar a internalizar, a que la bajada de los tipos de interés ha tocado suelo, y el Estado se va a encontrar, como se encuentran muchos contribuyentes, con tipos de interés más altos que tendrá que pagar.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señoría, como en el centro está la virtud, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no pretende ser virtuoso sino realista. Según nuestros datos, lo que se ha venido gastando en los préstamos de los fondos de ayuda al desarrollo ronda los 35.000 millones de pesetas y por eso pretendemos adecuar la cantidad.
Lo que nos parece más extraño es que nos digan que no hace falta la creación de un fondo de condonación de la deuda externa, porque nosotros sí creemos necesario que por ley, en la Ley Presupuestos Generales del Estado, deba estar este fondo de condonación de la deuda; no nos sirve que se nos diga que se va condonando la deuda según estos países vayan emprendiendo actuaciones para erradicar o disminuir la pobreza. Además, aunque fuera innecesario porque el Gobierno estuviera llevando a la práctica realmente que se condona una parte de la deuda a los países que demuestran que han podido llevar a cabo programas de lucha contra la pobreza, en mi tierra se dice quant més sucre més dolÁ, es decir, cuanta más azúcar, más dulce. Por tanto, no sería innecesario sino que, en todo caso, creándolo por ley, vendría a reforzar la posición del Gobierno y le obligaría a llevarlo a la práctica.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muy brevemente también.
Señor Fernádez Marugán, perdone la vulgaridad, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Su señoría dice que está muy bien que las cifras se ajusten a lo establecido en las normas, pero ha venido a decir más o menos que hay que incrementar el endeudamiento. No estamos de acuerdo en absoluto. Usted da sus datos de endeudamiento y de déficit, que en absoluto se ajustan a la realidad. No solamente lo dice el Gobierno sino que España está sometida a las normas de Eurostat y los informes de la Unión Europea, de la OCDE del Fondo Monetario Internacional reconocen la ortodoxia de la contabilidad nacional y de las cifras presupuestarias. Además, no es verdad que el país esté encogido, como lo ha reiterado en su segunda intervención, sino que sabe S. S. que en estos presupuestos y en los pasados las políticas sociales han tenido un protagonismo muy grande, de suerte que han crecido por encima del IPC la sanidad, la educación, las infraestructuras, el I+D+I, etcétera. Endeudarse para crecer en gasto corriente, que es lo que hacían ustedes cuando estaban en el Gobierno, me parece que no es recomendable. Estos presupuestos contemplan inversiones importantes en gasto social.
En cuanto a la bajada de los tipos de interés, es verdad que en estos momentos se ha invertido la tendencia, pero precisamente por eso la gestión de la deuda pública del Estado ha consistido, a lo largo de estos últimos años, 1998 y 199, en canjear deuda antigua, que estaba al 10, al 11 ó al 12 por ciento, por deuda nueva, a más largo plazo, cuando los tipos de interés estaban muy bajos. Esa gestión es la que permite al Estado estar hoy con mucha más tranquilidad ante la subida de los tipos de interés. Por tanto, señor Fernández Marugán, no podemos estar en absoluto de acuerdo con sus recomendaciones para que nos endeudemos más.
A la portavoz de Izquierda Unida, señora Urán, solamente reiterarle que creemos que es perfectamente compatible ser muy sensible acerca de la cancelación de la deuda externa sin necesidad de que esté cifras en los presupuestos, puesto que ahora mismo es imposible prever qué cantidades se van a poder condonar. Además, no es sólo España la que tiene que condonar sino que tiene que haber una coordinación entre todos los países de la Unión Europea. Por tanto, insisto, no es necesario que esté considerada en los presupuestos la creación de ese fondo al que ustedes aluden con muy buen intención.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con esta intervención, damos por concluido el debate en torno al título V y la sección 6, pasando ahora a examinar el título VI.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Este es un título siempre importante y siempre polémico, en el que queremos hacer una brevísima consideración de carácter general, para pasar luego al análisis de tres o cuatro enmiendas de las que hemos presentado a este presupuesto.
En el período que transcurre entre el año 1996 y el año 2000, la presión fiscal en España ha aumentado; calculamos que ha aumentado -tenemos datos de la OCDE que lo avalan-1,5 puntos del PIB, ya que ha pasado de significar el 33,7 por ciento a pesar el 35,2 por ciento.
Por tanto, se ha hecho un recorrido que está contribuyendo a cerrar una de las diferencias que teníamos con la Unión Europea: en el año 1996, la presión fiscal en España estaba a 8,1 puntos de la Unión, y ahora, como consecuencia del movimiento del resto de los países de la Unión y del nuestro propio, está a 7,2 puntos de presión fiscal. Ese incremento de la presión fiscal ha determinado que las rebajas impositivas introducidas en el año 1999 en el impuesto sobre la renta no hayan compensado el volumen general de la imposición que hemos experimentado en esta sociedad. Pero además, cuando uno se acerca a estos presupuestos, se nota que empieza a cambiar el signo, puesto que, de alguna manera, como consecuencia de la negativa del Gobierno del PP a deflactar la tarifa de renta y los mínimos personales y familiares, se va a elevar el nivel de imposición que experimenten algunos españoles. El motivo fundamental de las enmiendas que hemos presentado es que hay que evitar la reducción de renta disponible que la política presupuestaria del PP supone para muchos ciudadanos, en tres ámbitos singulares al menos. En primer lugar, en el sector de los carburantes. Como es bien sabido, los precios de los carburantes se estuvieron remansando durante mucho tiempo para favorecer la presentación de un IPC escasamente realista, pero la elevación del precio del crudo ha ido más lejos de lo previsto y está durando más de lo calculado, por lo cual el sector manufacturero ha decidido defender lo que entiende que es su cuenta de explotación más adecuada y ha elevado sistemáticamente el precio de los carburantes. Esta cuestión está dando origen a una polémica intensa, que llevará a que, más temprano que tarde, el Gobierno del Partido Popular cambie la orientación de su política, dado que el malestar de los contribuyentes es importante. Eso va a hacer que algunas de las políticas de prestigio que ustedes han venido desarrollando se pongan en tela de juicio. Tengo aquí un recorte de la transcripción de un artículo de un periódico londinense, conocido en el mundo económico y financiero, que se llama Financial Times, del 31 de octubre de este año, hace poco más de una semana. En él se dice que el compromiso de Aznar con la liberalización parece vacilar; en dos áreas, energía y telecomunicaciones, el ansia de crear campeones nacionales está socavando las reformas. En el mundo de los carburantes se nota lo correcto que es el planteamiento del Financial Times. En el mundo del petróleo, el precio que se paga en el poste depende del precio del barril de crudo, del que se genera a lo largo del proceso de transformación y de comercialización, y en el último tramo, de la fiscalidad. En el primer tramo, poco es lo que puede hacer un Gobierno de la Europa continental; en el segundo y en el tercer tramo sí se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer más cosas en el mundo de la distribución y de la comercialización, y se pueden hacer más cosas en el mundo de la fiscalidad, y como hemos visto que el Gobierno está paralizado en este sentido, por lo que hemos presentado una serie de enmiendas para evitar esa parálisis.
La segunda de las enmiendas que hemos presentado tiene relación con la negativa, que ustedes han manifestado públicamente, a deflactar la tarifa de renta. Soy consciente del papel que representan los grupos en la Cámara y de la función de defensa del Gobierno o de oposición al. Simplemente quiero recordar que el diputado que en el año 1995 intervino en un trámite similar a éste en el que yo estoy interviniendo, en una cuestión similar a la que ahora abordamos, decía: Sí como resulta previsible, se incumplen las previsiones para 1995 de inflación, estaremos gravando de nuevo rentas nominales y no rentas reales. El diputado que dijo eso en aquel momento seguramente acertó para el año 1995, pero me temo que ha acertado más de lo que él creía para el año 2000. Entonces hacía un planteamiento ex ante, y hoy podemos hacer un planteamiento ex post. Desde luego, la previsión de inflación ha ido por tales derroteros que merece una corrección de la tarifa del impuesto sobre la renta.
En tercer lugar, proponemos un IVA superreducido para la compra de viviendas de protección oficial. Ahí me va a permitir el señor presidente que haga referencia a algunos hechos que también se están conociendo a lo largo de los últimos días por la prensa. Son estudios hechos por dos instituciones financieras: Una, Funcas, vinculada a la Confederación de Cajas de Ahorros, y otra, el BBVA. Voy a hacerlo porque creo que se da un fenómeno importante: las familias españolas, aprovechando las rebajas de los tipos de interés de los dos últimos años, aumentaron sus gastos de consumo e inversión, fundamentalmente en viviendas, pero lo hicieron a un ritmo muy superior al crecimiento de sus rentas. Como consecuencia de ello, hoy nos encontramos con titulares como los que le voy a leer. Un periódico económico, del día 1 de noviembre, decía: El consumo y la inversión llevan la tasa de ahorro al mínimo histórico; eso lo decía en primera. Más adelante seguía: La tasa de ahorro de las familias baja al mínimo histórico del 7 por ciento del PIB. Otro periódico económico hace la radiografía de esas familias españolas, ydice: El perfil de la familia española ahorradora se concreta

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en una en la que están dos o más personas empleadas, con estudios superiores, con vivienda en propiedad, con cabeza de familia menor de cuarenta y cinco años e ingresos superiores a 400.000 pesetas al mes.
Si este colectivo, que es perfectamente reivindicable, tiene dificultades económicas, imaginemos qué ocurrirá en esas familias en las que no haya más de un perceptor, en las que no tengan esa titulación que tiene esa familia prototipo, en las que la vivienda no sea en propiedad o en las que los ingresos sean inferiores a 400.000 pesetas mensuales. Eso me lleva a tomar en consideración el estudio hecho por la segunda institución financiera. El BBVA ha puesto de relieve que las familias dedican el salario íntegro de cinco años a la compra de una vivienda; que los hogares españoles ahorran cada vez menos y que sólo un 15 por ciento podrán hacerlo en el año 2001, cuando alcanzaba el 58 por ciento en el año 1999. La accesibilidad a la vivienda, medida como porcentaje del salario, evoluciona de forma muy preocupante: en el año 1997 suponía el 32,7 por ciento del salario; en el año 1999 bajó al 32,6 por ciento; en el tercer y en el cuarto trimestre subió para terminar siendo el 35 por ciento, y en el segundo trimestre del año 2000 es del 38,8 por ciento. Por eso nos encontramos con que hoy puede decirse con sinceridad que el esfuerzo para pagar una casa llega al 40 por ciento de la renta. Eso ha llevado a que haya instituciones que hayan tratado de ver cuántos años han de trabajar los españoles para comprarse una vivienda, cuánto es el esfuerzo que tiene que hacer una familia española para adquirir una vivienda y cuánto es el valor de una vivienda adquirible últimamente. Han llegado a la conclusión de que una familia media, que podía haber adquirido una vivienda de 14,5 millones de pesetas mediante un crédito hipotecario a veinte años, al 5,5 por ciento de interés, en 1999, el 30 de junio del 2000, esa familia, en lugar de comprar una vivienda de 14,5 millones de pesetas tan sólo podrá comprar una vivienda de 13,5 millones de pesetas. Empeoran las condiciones de los ciudadanos españoles y su ahorro, y eso va a provocar que haya una fuerte pulsación para las viviendas públicas.
Como consecuencia de ese juego de los tres indicadores que hemos dicho anteriormente, nos vamos a encontrar con que va a haber dificultades por parte de un segmento importante de ciudadanos españoles que demandarán viviendas de tipo social. A ese tipo de ciudadanos, fundamentalmente jóvenes, es al que nosotros queremos favorecer estableciendo un IVA superreducido del 4 por ciento.
Vuelvo de nuevo al cuarto de los planteamientos que hemos hecho en materia de fiscalidad. Para ello, recurro de nuevo a ese editorial de The Financial Times. Ahí dice que en el mercado de telecomunicaciones, el deseo de Aznar de llevar a España a la vanguardia del tecnología ha creado problemas; la licencia para los móviles de tercera generación se vendieron a precios irrisorios, en un concurso de belleza textualmente. Eso queremos evitarlo, y proponemos elevar la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico a las empresas titulares de licencia individual de comunicación UMTS. Lo queremos hacer con carácter transitorio porque nuestro propósito es el de que de nuevo se apruebe un marco global en el que se contemplen las sensaciones tributarias que pueden comprometer a todos esos concesionarios.
Termino, señor presidente, reiterando el último de los consejos que este periódico británico, liberal por cierto, le da al Gobierno del Partido Popular. Dice: Un buen principio de política económica sería reforzar las débiles autoridades sobre la competencia que existe en España. Eso me lleva a un análisis que no quisiera hurtar a esta Comisión, que puse de relieve o al menos aludí a él en mi intervención anterior. La calidad institucional es un problema de España, que se deja de ver en la política económica que lleva el Gobierno de España. Las privatizaciones se han dirigido a la creación de un núcleo de empresarios vinculados al PP, y hoy es un hecho, del cual tienen conciencia la inmensa mayoría de los ciudadanos, que el vicepresidente económico del Gobierno dedica la mayor parte de su tiempo a amasar, a conformar, un nuevo núcleo de poder económico, que lidera, por decir de alguna manera, el botín de la elite. En segundo lugar, las intervenciones partidistas han llegado hasta instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Tribunal de Defensa de la Competencia. Y eso me permite hacer una consideración de tipo general. Ustedes pudieron y no quisieron, pudieron continuar las políticas de igualdad existentes en la sociedad española, y hemos perdido la legislatura anterior entera para la igualdad. Después quisieron presentarse, como dice Mario Benedetti que se presentan todas las derechas del mundo, con el ropaje del centrismo. Bueno, ni las privatizaciones, ni las liberalizaciones, ni la diferenciación entre lo privado y lo público, ni el funcionamiento de los organismos reguladores permiten decir en este momento que la calidad de la política económica en España cotiza al alza.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A este título VI del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y a su artículo 63, impuesto sobre actividades económicas, nuestro grupo ha presentado una enmienda que trata de incorporar un artículo 63 bis, para modificar de una manera muy concreta la Ley 37/1997, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
La Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2000, permitió, a través de una enmienda nuestra, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Coalición

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Canaria, etcétera, a los servicios de peluquería y a los servicios complementarios, incluidos en el epígrafe 972.1 de las tarifas del impuesto de actividades económicas, beneficiarse de una reducción en el porcentaje de tributación por IVA de nueve puntos, pasando del 16 al 7 por ciento. Esta medida, que fue impulsada por nuestro grupo parlamentario en el debate presupuestario del año pasado, tenía su aval en la traslación en la transposición a la legislación española, de una norma comunitaria sobre la aplicación de tipos reducidos del IVA a servicios de gran intensidad de mano de obra para promover la creación de empleo en determinados sectores productivos. Esta medida fue bien recogida por el sector, espléndidamente acogida, y a lo largo de este año, prácticamente transcurrido, ha dado suficientes resultados para hacer una valoración altamente positiva; pero lo cierto es que se han registrado disfunciones en su aplicación por la específica definición de los epígrafes 972.1 y 972.2 de actividades muy similares. De hecho, en el espíritu de esta enmienda de entonces, así como la voluntad de voto del Grupo Parlamentario Popular y de otros que nos acompañaron en esa modificación, estaba lo que hoy proponemos, que es que los servicios de belleza o estética personal tengan una rebaja en el IVA.
Nuestra propuesta, que nace al hilo de un interés muy común en el debate presupuestario de la Cámara el año pasado, pero que quedó mal recogida en el texto definitivo, de la aplicación del disfrute de esta rebaja en el IVA a todos los servicios de belleza y de estética personal, en primer lugar, señor presidente, como no podía ser de otra manera, no vulnera la normativa comunitaria, no se nos ocurriría someter a criterio en este caso de una mayoría parlamentaria una norma que fuera contradictoria con la norma de la Unión Europea. Lo que pretende es no vulnerar y además acabar con la discriminación (y a veces más que discriminación interpretaciones variadas -depende de quién la haga-) a la que se han visto sometidos este último año determinados centros de belleza que también ofrecen servicios de peluquería. Por lo tanto, señor presidente, en sintonía con una enmienda introducida en el debate presupuestario del año anterior, en sintonía con la voluntad política que acompañaba a esa enmienda, que iba mucho más allá de los servicios de peluquería, porque entendíamos que los complementarios también acogían los servicios de belleza o estética personal, en sintonía precisamente con esa voluntad y, por supuesto, no siendo contradictorio ni opuesto a lo que marca la norma comunitaria, es por lo que presentamos y defendemos en ese trámite esta enmienda, número 1556, de nuestro grupo parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Nosotros hemos presentado al título VI tres enmiendas, dos de ellas tienen que ver con el aumento de las bases imponibles. Don la primera, en cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, queremos que se adecue al aumento del IPC, que el propio Gobierno plantea en los Presupuestos Generales del Estado, para que estos impuestos no se vean obsoletos dentro de poco tiempo porque la base imponible lleva sin ser aumentada varios ejercicios y habría que aumentarla en un momento determinado, lo que podría ser perjudicial para la ciudadanía. Lo mismo ocurre con la enmienda 128, que habla del impuesto sobre actividades económicas, por lo que pretendemos exactamente lo mismo: conseguir que se aumenten las bases imponibles para que no se vea afectada (aunque no tiene por qué aumentarse la presión fiscal) por obsoletas la aplicación de este tipo de tarifas.
La enmienda 127 lo que plantea es una clarificación en cuanto a lo que tiene que ver con las cajas de ahorro. Lo que queremos es que quede claro en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que las actividades que no supongan ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos , o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución no se vean afectadas por la exención de las obras benéfico-sociales. Todos sabemos que las cajas de ahorro tienen exenciones en las obras benéficosociales y lo que pretendemos es que quede claro que, aunque algunas de ellas puedan estar incluidas en este ámbito de exención, no conlleven finalidades lucrativas o comerciales a la hora de aplicarsele y que quede lo suficientemente claro y explícito en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que, aunque conlleven este tipo de finalidades, no se verían exentas como se ven el resto de las obras benéfico- sociales.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): ¿Quiere intervenir la portavoz de Coalición Canaria para fijar posición? (Denegaciones.) ¿Quiere intervenir el señor Núñez por el Partido Andalucista? (Denegaciones.) Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El título que ahora debatimos no incluye grandes novedades, tiene pocos artículos y, en la mayor parte de los casos, recogen modificaciones o inclusiones necesarias para el desarrollo presupuestario. Estamos hablando de siete u ocho artículos y dos disposiciones transitorias, a las que me referiré porque me parecen muy interesantes, y a las que el portavoz socialista no ha hecho referencia, y son disposiciones transitorias enmendadas por el Grupo Socialista que hacen referencia a la vivienda. No presentan grandes novedades, pero sí señalan una línea de actuación clara.
Domentaba el señor Fernández Marugán si la política económica del

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Partido Popular cotiza al alza o a la baja. (El señor Fernández Marugán: La calidad.); si la calidad -como matiza-cotiza al alza o la baja. Dice la vieja frase evangélica que por sus obras le conoceréis.
Si tenemos que conocer por las obras la política económica de este Gobierno hay que decir que cotiza bastante al alza ya que está creando incesantemente empleo no sólo como efecto de la política presupuestaria, sino también de los esfuerzos de los agentes sociales. Estamos creando incesantemente empleo. Vamos a terminar el año 2000 con una importantísimas creación de empleo que supera la de los anteriores. Estamos creciendo por encima del 3,5 por ciento desde hace cuatro años. Además, estamos consiguiendo que ese crecimiento tenga un diferencial positivo con relación al resto de los países europeos, lo cual señala una línea muy interesante que es la de recortar nuestro diferencial de convergencia en renta per cápita que significa, ni más ni menos, que la sociedad española está creciendo más que Europa, estamos acercándonos a los países más prósperos y estamos construyendo una sociedad más próspera, más justa, más cohesionada y con mejores niveles para todos los ciudadanos. El Partido Popular apuesta por esa política económica y, en concreto, por esa política presupuestaria y fiscal porque nos parece que es necesario seguir trabajando en la modernización de nuestro sistema fiscal, que es lo que venimos haciendo incesantemente desde 1996. En 1996, con el apoyo del Grupo Catalán de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, dimos un empujón enorme a nuestro sistema tributario en unos reales decretos-leyes, que luego se vieron reflejados en mejoras en el crecimiento, en la creación de empleo, en la distribución justa de la riqueza; se siguió en esa línea en la Ley de acompañamiento en el año 1997; seguimos en esa dirección cuando modificamos el marco tributario de las pymes en 1998; seguimos en esa dirección cuando aprobamos un nuevo IRPF y cuando cada ejercicio hemos aprobado una ley de acompañamiento que marca esa buena dirección de la política tributaria; política tributaria que tiene tres ejes, para ser más eficiente con las necesidades de la política económica. Queremos una política tributaria que sea más equilibrada y eficiente al servicio de los objetivos de la política económica: crecimiento, creación de empleo y distribución equitativa de la carga tributaria.


En los debates de presupuesto se conoce a los grupos parlamentarios por lo que se dice y también por lo que se omite. Y esta mañana, como ya sucedió en el debate de las enmiendas de totalidad, los grupos de la oposición no están hablando de un tema esencial como es el empleo y el empleo estable que es el primer objetivo de la política fiscal del Partido Popular; una política fiscal y tributaria que sirva para la creación de empleo, que dé respuesta eficiente a los objetivos de política económica. Queremos impuestos más bajos y se están bajando los impuestos incesantemente. Recuerdo las primeras intervenciones de la señora Aroz en esta Comisión en 1997 y 1998 cuando decía: han bajado ustedes los impuestos en un año algo más de un billón de pesetas,e incluso lo escribió en una iniciativa parlamentaria. También nos decían: ustedes han bajado los impuestos a las pymes en 800.000 millones (es verdad, apostamos por las pymes).
Con respecto al IRPF nos decían: han bajado ustedes los impuestos más de un billón de pesetas, aunque en realidad eran 700.000. Pues bien, queremos una política tributaria que rebaje los impuestos fundamentalmente a las familias, a los asalariados, rompiendo la brecha entre salario bruto y salario en mano de los trabajadores y que baje la carga tributaria de los más necesitados. Política tributaria que reparta con equidad la factura tributaria. Me dice el señor Fernández Marugán en su primer minuto de intervención que si sube o baja la presión fiscal. Pues bien, se puede hablar de la presión fiscal y obviar que para hacer el ratio de la presión fiscal en España hay que sumar cotizaciones sociales. Evidentemente las cotizaciones sociales en España se han incrementado notabilísimamente como efecto de una política que ha hecho que se incremente el empleo y hay más ciudadanos que pagan a la Seguridad Social. Por tanto, el Estado, a través de la Seguridad Social, tiene más ingresos y el ratio de cotizaciones entre ingresos tributarios y el PIB se mantiene estable, fundamentalmente como consecuencia de la aportación de las cotizaciones sociales y también porque hay más ciudadanos que tienen un trabajo y que pagan el impuesto sobre la renta. Todos los ciudadanos pagan hoy menos impuestos, pero hay más ciudadanos que pagan impuestos. Eso hay que reseñarlo, y en esa línea va el texto que mi grupo va a apoyar. Sin embargo, ¿qué quiere Izquierda Unida o el Grupo Socialista? Izquierda Unida tiene una enmienda, la número 94, que marca cuál es la dirección de lo que va a querer en los ingresos tributarios, y quiere que aumenten dos billones de pesetas.
Así lo dice en su enmienda. Y dice: ¿Cómo vamos a aumentar los ingresos? Pues, con mayor presión en el IRPF, eliminando los planes y fondos de pensiones. Y yo les digo: Hay una Constitución española que marca que hay un sistema de pensión complementario que es importante fomentar para que todos los ciudadanos, cuando se jubilen, puedan percibir una pensión pública garantizada por ley en una mano y una pensión complementaria en otra. Pero el Grupo de Izquierda Unida dice: Eliminemos cualquier incentivo, cualquier medida de fomento de las pensiones complementarias. Flaco favor les estamos haciendo a los ciudadanos, flaco favor estamos haciendo a las negociaciones colectivas cuando pueden, como un factor de la negociación colectiva destinar una parte de los incrementos salariales a pensiones complementarias, si aprobáramos ese aumento de impuestos, eliminando las deducciones cuando se aportan a planes de pensiones. Quieren mayor progresividad

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del impuesto, que es una manera de hablar de mayor fiscalidad en el IRPF. Quieren mayores impuestos en sociedad, eliminando deducciones.
Además, dicen: Y 500.000 millones que sacaremos de luchar contra el fraude. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

¿Y el PSOE que dice? El PSOE tiene también una enmienda importante, la número 1.137, que señala el camino de lo que quiere. ¿Y cuál es el camino? Más de 800.000 millones de ingresos nuevos por impuestos. ¿De donde dice el PSOE que va sacar el dinero? Primero, del impuesto de sociedades, y ahí viene el nuevo elemento del PSOE. Permítanme que se lo cuente porque no tiene desperdicio. Dice: Vamos a eliminar el tipo reducido del 30 por ciento para las pequeñas y medianas empresas. Me parece una postura que incluso puede ser coherente. No quiere apoyar a las pyme y las sitúa con el mismo tipo impositivo que tienen las grandes sociedades; me parece hasta defendible. Pero la gran contradicción es que el día 9 de octubre en la Comisión de Economía de este Parlamento, la portavoz socialista no sólo quería eliminarlo, sino ampliarlo. Hizo una intervención en la Comisión diciendo: Señores del Grupo Popular, si ustedes quieren apoyar a las pyme amplíen el número de empresas que se puedan beneficiar de este tipo reducido del 30 por ciento. Y decía: Denuncio al Gobierno que pretende que haya pocas empresas que se beneficien del tipo reducido.
Porque el Gobierno había establecido en 1996 un tipo reducido del 30 por ciento para las empresas con volumen de facturación hasta 350 millones de pesetas. Ahora en el decreto ley que aprobamos en junio, aumentamos ese volumen de facturación a 500 millones. Y el PSOE, el 9 de octubre presenta una enmienda -y no hablo de otra dirección socialista o de otra legislatura- para que no sean sólo las empresas de hasta 350 millones de facturación las que se beneficien, sino las empresas de hasta mil millones de facturación. Pues bien, señorías, hoy dicen que ninguna. Hoy cambian de opinión, y no llega a un mes después dicen que se elimine ese tipo reducido para las pyme. ¡Viva la coherencia! Se entiende muy bien porque quieren sacar más pasta (y perdonen la expresión coloquial). Quieren 800.000 millones de pesetas más, y se lo quieren sacar a las pyme, aumentando el pago fraccionado del 18 al 20 por ciento. Quieren cobrar más en tasas y luego presentan una gran enmienda en la que dicen: Vamos a sacar 200.000 millones más del IVA. Pero ¿va usted a aumentar los tipos? Y la respuesta es: No, los voy a reducir. ¿Cómo va a aumentar usted la recaudación del IVA? No lo sé, será que va a ir mejor la economía o que para hacer las enmiendas necesitaba poner 200.000 millones más para poder gastarme más dinero. Me parece razonable, porque esa es la técnica presupuestaria que siempre usó el Grupo Socialista: Yo preveo los ingresos al alza (los ingresos no son un tope para el Gobierno sino un objetivo), y eso me permite gastar más dinero (que sí que es un techo para el Gobierno). Con lo cual, ¿al final del ejercicio qué resulta? No consigo alcanzar los ingresos, me gasto todo el dinero y un poquito más, con lo cual ya estamos con lo que siempre ha sucedido, que era que había más déficit al final del ejercicio que al inicio. Esa es la gran enmienda del PSOE: Más ingresos. ¿Por qué quieren más ingresos el PSOE e Izquierda Unida? Porque quieren gastar más, cosa razonable. Las necesidades de cada comunidad autónoma, de cada municipio son infinitas. Comprendo que hay que hacer enmiendas para alegrar al grupo parlamentario presentando más gasto. Pero el Grupo Popular no quiere eso, sino un presupuesto equilibrado, realista, y que al final del ejercicio el objetivo de déficit público se cumpla. Por eso presentamos estas cifras presupuestarias. Pero el Grupo Socialista dice: Además voy a plantear la deflactación de la tarifa del IRPF y también la actualización monetaria del mínimo personal y familiar. Comprendo que el Grupo Socialista plantee estas enmiendas, y se ha referido a una intervención mía de 1995 (mía o de Juan Costa, que fuimos los que intervenimos en ese trámite parlamentario para el presupuesto nunca aprobado de 1996.) Señorías, no hay mejor modo de bajar la tributación de las familias de asalariados que bajando los tipos impositivos. Eso es lo que hizo el Grupo Parlamentario Popular con la ayuda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, bajar los tipos impositivos. No hay mejor manera de hacer tributar por la capacidad económica real, y no por la capacidad económica aparente, que establecer un mínimo personal y familiar para que un contribuyente no tenga que pagar impuestos por loque son las necesidades para cubrir su modus vivendi básico. ¿Qué votó el Grupo Socialista a bajar los tipos impositivos y de introducir el mínimo personal y familiar? Que no, porque se iba a destruir España. Hicieron folletos informativos, llenaron España de publicidad diciendo que la bajada del IRPF y la introducción del mínimo personal y familiar iba a ser la destrucción de España y la destrucción del sistema tributario. ¿Qué ocurrió? Obras son amores y no buenas razones. Que España siguió creciendo, que seguimos creando empleo y que hoy el Grupo Parlamentario Socialista se suma a la bajada de impuestos porque considera que el Grupo Parlamentario Popular, junto con Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria somos partidos que estamos haciendo políticas de izquierdas desde 1996. Lo cual es cierto. (Risas.) Estamos bajando los impuestos incesantemente.


Hoy dice el Grupo Socialista: vamos a deflactar la tarifa. (Un señor diputado: Con que deflactes el discurso?) Señor Fernández Marugán, espero que nosapoye usted cuando bajemos los impuestos el año que

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viene. Espero que su grupo apoye, por coherencia, la nueva reforma del IRPF. Espero que su grupo, por coherencia, vaya hoy al Tribunal Constitucional y retire el recurso sobre el mínimo personal y familiar porque no tiene sentido decir que es inconstitucional y pedir hoy la actualización monetaria; eso es una incoherencia, se mire por dónde se mire. El Grupo Parlamentario Popular quiere seguir en esta dirección; en la de establecer una política tributaria más moderna, más eficiente y más justa.
Hay una enmienda del Grupo de Convergència i Unió sobre el IVA. Mi grupo la ha considerado y la estamos estudiando. Hay un problema -por lo menos según mi interpretación-, a pesar de lo que dice el señor López de Lerma, de coordinación de esa enmienda con la Sexta Directiva. Parece que el epígrafe de que se habla, belleza y estética personal, entraña un contenido mucho mayor de lo que autoriza la modificación que se hizo, con motivo del Ecofin y a propuesta del señor Rato, para bajar el IVA de algunos servicios. Ahí se hablaba de peluquería, y parece que estética personal y belleza tiene un contenido más amplio; podríamos estar rebajando el IVApara algunos conceptos que a lo mejor no son los que buscamos. Se trata de buscar una redacción más adecuada para bajar el IVA a la peluquería y no a servicios adyacentes requeridos por ciudadanos de rentas más altas, por lo que sería normal que pagaran el 16 por ciento.
Mi grupo parlamentario va a votar que sí al articulado y va a votar que no a las enmiendas. Vamos a seguir nuestra política de apoyo a las pyme, no vamos apoyar la enmienda de CiU planteando que tributen más. Creemos que las pyme tienen que tributar el 30 por ciento y que la señora Costa, de su grupo parlamentario, estaba en la buena dirección diciendo que las pyme tributaran menos; no sé por qué han rectificado su posición desde el 9 de octubre. Creo que tendrían que buscar el camino de la señora Costa, que era el adecuado.
No queremos aprobar enmiendas que signifiquen que los presupuestos sean irreales, ese era el rasgo de otras políticas presupuestarias; queremos que nuestros presupuestos sean realistas para que, al final del ejercicio, podamos decir en la Cámara, como puede decir mi grupo con satisfacción, que cada año cumplimos mejor el objetivo de déficit y que cada año se bajan impuestos en España, se crea empleo y hay más gasto social.


El señor PRESIDENTE: Para la réplica en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: No cité el nombre del interviniente del año 1995 sencillamente porque aquí actuamos en nombre de los grupos; éste es un Parlamento de grupos y tiene muy poco sentido aludir a personas. No era usted, era otra persona, y me ha parecido poco elegante citarla en este momento; ni siquiera es diputado.
Ha empezado por una expresión bíblica. Me parece bien utilizarlas, pero son expresiones que permiten trayectos de doble dirección. Es verdad que por sus obras los conoceréis, pero eso se puede leer de distintas maneras. Yo he terminado mi intervención hablando de la mala calidad de la política, de la política económica, en España porque entiendo que el proceso de privatización, de liberalización, de diferenciación entre lo privado y lo público, está dando origen a fenómenos de consolidación de un poder económico que constituye el objetivo fundamental de la política del Partido Popular desde que llegó al Gobierno de España en 1996. Eso forma parte de las obras y del conocimiento.
Me va a permitir que me refiera a algunas de las ideas que usted ha manejado. Ha hablado de la cohesión de la sociedad española; ha dicho que la sociedad española se ha cohesionado y que, además, los españoles pagan menos impuestos. Igual que hice antes, le voy a leer algunos titulares: el Gobierno bajó el IRPF en la legislatura, pero aumentó 1,5 puntos la presión fiscal global -eso, según la OCDE-. Eso es una verdad del Evangelio, y lo da en términos de imposición.
(Risas.) Del Evangelio, del Evangelio; si yo soy creyente, en mi grupo lo saben todos; puedo hablar del Evangelio con razón y conocimiento, lo sabe la gente de mi partido desde hace muchos años; no tengo dificultades.
Segunda idea de cohesión: la aportación de las rentas del trabajo al IRPF se ha elevado al 83,51 por ciento con el Gobierno actual. Vaya usted a la distribución factorial y mire el porcentaje. Eso por parte de los ingresos; a ver quién paga impuestos en España y quién deja de pagarlos. En cuanto al gasto: la espera media en España para entrar en una residencia pública de mayores supera los doce meses. También por el gasto: España destina siete veces menos recursos a ayuda a la familia que la media europea. A algunos se les llena la boca al hablar de familias. El siguiente: un estudio revela que la salud de las españolas de renta baja empeora. Alguien decía que yo no era realista cuando me quejaba de que España se estaba quedando pequeña y estrecha, y de que era injusta. No hay que traer mucho más, antes le leí unos cuantos y ahora le leo algunos más. Hay dos maneras de ver verlo: hay grupos a los cuales les ha ido bien -¡claro que sí!-y otros a los que no les ha ido tan bien. Esos grupos tienen derecho a encontrar en esta Cámara alguien que defienda sus intereses.


Por tanto, la primera idea que le transmito es: en España no se han rebajado los impuestos; se ha rebajado un impuesto, y no hablo de él por decoro parlamentario, señor Martínez-Pujalte. Aquí se hizo una reforma sin que el Gobierno diera la información pertinente para que tuviéramos el conocimiento preciso. La última memoria de la imposición que entra en España corresponde al año 1994, y fue un Gobierno del Partido

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Socialista el que gestionó el sistema tributario en aquel momento.
Todavía tienen ustedes seis años por los que darnos cuenta, y han hecho un despliegue tributario de muchísima entidad con una sola finalidad: alterar cualitativamente la distribución de la carga.
Habrá que hablar y estamos dispuestos a ello, pero no creo que las cosas hayan ido en el camino de la cohesión individual ni en el de la equidad fiscal.
Poco ha dicho usted de las enmiendas que hemos presentado. Ha hecho el juego contrario. (Un señor diputado: Yo creo que no.) Aquí cada cual sabe el terreno en el que quiere jugar y el tablero en el que se encuentra más cómodo. Usted se ha encontrado más cómodo en la cifra que carga la sección 31 y, en cambio, no se siente cómodo en las enmiendas al articulado; tiene derecho a elegir en su respuesta el terreno que le es más favorable.
Me ha hablado poco de las enmiendas concretas y nada de carburantes, y ha hecho una digresión sobre correcciones monetarias.
Intelectualmente, estaría dispuesto a admitir la solvencia desde el punto de vista individual de alguno de sus argumentos, pero falla en la coherencia. ¿Por qué no es bueno deflactar el flujo y es bueno deflactar el stock? ¿Nos creemos lo de las correcciones monetarias o no nos lo creemos? Porque si nos creemos las correcciones monetarias, las introducimos en la renta y en el capital y si no nos los creemos, ni en la renta ni en el capital. Lo que no puede ser es que uno venga aquí con un artículo que introduce correcciones monetarias a la hora de determinar el valor de adquisición y luego le diga a unos colectivos que no les deflacta la tarifa. Me parece una cierta contradicción. Jugamos en un sitio o jugamos en otro.
No me ha dicho nada del IVA superreducido y me consta que hoy la capacidad de financiación de las familias españolas se está reduciendo alarmantemente; no lo digo yo, lo dice la Confederación de Cajas de Ahorro. De ahí he tomado la reflexión. Hoy hay muchas familias que tienen dificultades porque adquirieron bienes patrimoniales a los cuales ya no se les puede decir que los tipos de interés bajaron. Si coge el perfil de los tipos de interés en los últimos años o se acerca al estudio del BBVA, se ve que hay gente que tiene dificultades; hay gente con buen nivel de renta que tiene dificultades y hay gente que si tiene todavía peor nivel de renta tendrá mayores dificultades. Esos no encuentran amparo en su planteamiento.
No me ha dicho nada de ese fenómeno novedoso para la Hacienda pública continental que ha permitido en algunas naciones obtener unos pingües beneficios que han discutido si los aplican a una cosa o a otra; pero, por decirlo en los términos benévolos en los que lo dijo el Financial Times, ustedes lo han embargado en un concurso de belleza.
Han podido, y no han querido, hacer una sociedad más igual. Y mire por donde las contradicciones para consolidar un grupo poderoso que les libere en el futuro de algunas de las angustias que vivieron a la muerte del general Franco han podido sobre ustedes. Me resistía a hacer este argumento, pero lo voy a hacer. Durante mucho tiempo ustedes se sintieron preteridos por un grupo importante del capital español; ustedes se sintieron preteridos y maltratados, ustedes creyeron que segmentos importantes del capital español eran poco considerados con las diferentes organizaciones conservadoras que habían surgido en la democracia. Cuando ustedes han llegado al poder han tenido mucho cuidado, han tenido mucho interés en construir un grupo económico que les preserve, cuando pierdan el poder, de volver a vivir una circunstancia como la que vivieron en la transición hacia la democracia. Ese es el objetivo fundamental de este Gobierno. Este Gobierno manda presupuestos como los que aquí ha mandado, que no van a poder cumplir a poco que se den condiciones de transparencia. Pero el objetivo fundamental de la política económica de este Gobierno es dar origen a un nuevo grupo de poder económico en España.
He señalado antes, y lo repito, que usted no me ha dicho nada de delación, no me ha dicho casi nada de deflacción, no me ha dicho nada de IVA, no me ha dicho nada de las UMTS, no me ha dicho nada de la operación de Rato liderando el botín de la elite. Se lo digo sinceramente. Eso se está produciendo en esta sociedad y S.S. -y lo he dicho-no ha querido entrar en esos requerimientos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Intervengo simplemente para insistir en lo que nosotros creemos bondad comunitaria europea de nuestra enmienda. Queremos tomar la palabra al señor Martínez-Pujalte en el sentido de que vamos -al menos así lo hemos entendido- a echarle un vistazo más a fondo a la enmienda. No quisiéramos, en todo caso, que fuera contraria a lo que marca la norma comunitaria, ni muchísimo menos; es probable que técnicamente sea mejorable y esperamos que en los próximos debates, tanto en el Pleno del Congreso como en el Senado, se pueda alcanzar un acuerdo, porque aceptará el señor Martínez-Pujalte que en el fondo de la filosofía de la enmienda que se incorporó el año pasado estaba la cuestión que hoy planteamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor MartínezPujalte, yo creía que estábamos discutiendo el título VI, pero no tengo ningún incoveniente en volver al título I o al título II, porque mi Grupo solamente había presentado

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enmiendas en este título al impuesto sobre vehículos de tracción y al impuesto sobre actividades económicas. De todas formas, no tengo ningún inconveniente, señor Martínez-Pujalte en explicarle la posición de mi grupo parlamentario con respecto a las modificaciones que plantea en cuanto a los impuestos directos; y no tengo ningún inconveniente, entre otras cosas, señoría, porque eso es lo que permite que precisamente las familias españolas puedan pagar en función de los ingresos que tienen y no en función, como está ocurriendo ahora, de lo que compran.
Esta mañana leía en el periódico que el Estado ha ingresado, solamente por el impuesto sobre la gasolina, más de 111.000 millones de pesetas de los que tenían presupuestados. Y eso lo pagan todos los ciudadanos españoles, con independencia de los ingresos que tengan.
Ustedes han aumentado la presión indirecta - eso figura en todos y cada uno de sus presupuestos- y no la directa, que es la que nos permite, desequilibrar, por decirlo de alguna manera, en función de esos ingresos.
Como no me ha dicho usted nada de las enmiendas no voy a insistir en ellas. Señor Martínez Pujalte, entre otras cosas, ustedes hablan -y hablan mucho- de la creación de puestos de trabajo, y es verdad, se han creado puestos de trabajo y mi grupo parlamentario no tiene ningún inconveniente en reconocerlo, pero también le tengo que decir que los puestos de trabajo que han creado, en base a las políticas que ha aplicado el Partido Popular, son puestos inestables, son puestos de trabajo precarios y precisamente las personas que están en esos puestos de trabajo, según su reforma del impuesto sobre la renta, no tendrían por qué pagar impuestos al Estado, porque suelen tener los ingresos más bajos. Su política realmente es esa, no ha sido otra, porque no han mejorado las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo estable, digno y que les permita tener garantías sociales.
Por tanto, señor Martínez-Pujalte, nos reafirmamos en cuanto a las enmienda que hemos presentado al título VI.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Fernández Marugan, hay Evangelios y evangelios apócrifos. No sabía que usted era tan aficionado a un evangelio apócrifo cuyo autor es Polanco, que es El País, porque lo que me ha venido enseñando son textos que pertenecen a recortes de El País. Respeto enormemente sus creencias en tal evangelio, señor Fernández Marugán.
Me habla de algunos temas y yo le quiero responder, porque creo que es necesario. Nuevamente dice: Ha subido la presión fiscal. Yo le tengo que preguntar, señor Fernández Marugán, ¿de qué me está hablando, de la presión fiscal global, entendiendo por presión fiscal la ratio entre ingresos del Estado y producto interior bruto y entendiendo por ingresos del Estado los impuestos, la lucha contra el fraude, las cotizaciones sociales, hasta los ingresos del Banco de España? Efectivamente, señor Fernández Marugán, los ingresos en España van bien. Lo decíamos cuando estábamos en la oposición: Se pueden bajar impuestos y recaudar más. El secreto era bajar impuestos para comprometerse con los objetivos que teníamos como país: crecer y crear empleo. ¡Si ese era el camino. Se podían bajar impuestos y recaudar más! ¡Si lo que era mala política, señor Fernández Marugán, era subir impuestos! ¡Si resulta que cuando se hizo la última subida de impuestos indirectos en España, que la hizo el señor Solbes, subiendo el IVA un punto, se recaudó menos! Es verdad, cuando se subió el IVA un punto con el último gobierno socialista se recaudó menos. Se ha recaudado más por IVA, no cuando se ha subido, sino cuando se ha bajado (se ha bajado no de una manera global, sino de una manera discriminada para algunas actividades.) Se recauda más cuando se produce actividad económica, cuando hay crecimiento, cuando hay empleo, y ese es el secreto, señor Fernández Marugán.
Habla usted de botines y de botones y no se sabe de qué argumentaciones fiscales. Nuestro único compromiso es crecer, crear empleo, construir una sociedad más justa. Ése es nuestro único objetivo por el que estamos trabajando desde 1996 y ése objetivo en España se está logrando. Usted me puede decir que se podía ir más deprisa. Ante eso no se puede decir nada. La velocidad en carretera es una cuestión de pisar más o menos el acelerador de acuerdo con la prudencia que uno quiera tener. Este Gobierno quiere ir a una velocidad adecuada para mantener estabilidad de crecimiento, estabilidad de empleo y estabilidad en la cohesión de España ¿Se podría pisar más el acelerador? Sí, con mayores riesgos, pero queremos dar estabilidad al crecimiento. Crecimientos del 3,5 de una manera sostenida son crecimientos adecuados. Se han creado más de dos millones de puestos de trabajo y es adecuado. Hemos pasado de una tasa de paro del 25 por ciento a poco más del 13, y se podría avanzar más.
Usted me dice que en España sigue habiendo problemas, señor Fernández Marugán, por eso hemos presentado los presupuestos de 2001 con mayor carga en políticas sociales, porque este Gobierno del Partido Popular tiene sensibilidad social y quiere ir dando soluciones a los problemas; vamos mejorando, aunque se podía mejorar más. Eso no se lo discuto, señor Fernández Marugán, se podía ir más aprisa, pero vamos mejorando.


Usted lanza al aire algunos titulares de periódicos, por ejemplo, en relación con las listas de espera. Se podía ir más rápido en el Estado y en las comunidades autónomas con competencia, pero a lo largo de estos

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cuatro años hemos dado más financiación a la sanidad que nunca (Una señora diputada: Eso es falso.) Los incrementos han sido como nunca y hay que seguir avanzando porque necesitamos una sociedad más justa.
Se puede avanzar más en política social, pero hoy el presupuesto en políticas sociales tiene un porcentaje como nunca se había conocido en este país. Eso se ha hecho con una política económica adecuada comprometida con los objetivos que antes le describía.


Dice que no se han bajado los impuestos. Esto es una novedad porque llevaban cuatro años diciendo que habíamos bajado todos los impuestos. Hoy dice que no. Hemos bajado, como le decía, el IVA de una manera discriminada, pues se mantienen los mismos tipos globales.
El año pasado, a petición del señor Rato se bajó el IVA del 16 al 7 por ciento para dos sectores intensivos en mano de obra, como ha puesto de manifiesto la enmienda de Convergència i Unió. Hemos pasado el IVA al 7 por ciento para actividades asistenciales de residencias públicas. Hemos pasado el IVA al 7 por ciento en actividades intensivas en mano de obra o más sociales. Hemos bajado el tipo impositivo de sociedades para las pyme, del 35 al 30 por ciento.
Hemos bajado el IRPF. Hemos bajado la tributación del ahorro. No quiero recordar lo que pasó aquí en esta Cámara, cuando en 1996, cuando pasamos la tributación del ahorro al 20 por ciento.
Afortunadamente, hoy el Grupo Socialista se ha sumado a ese planteamiento y ya no discute la tributación del 18 por ciento que hemos aprobado en junio. Hemos bajado la tributación para las pyme que tienen un sistema de estimación objetiva o de módulo. Se ha avanzado enormemente. Pero me habla del impuesto de carburantes.
Señor Fernández Marugán, ¿qué quiere? Señoría, ¿sabe lo que paga por impuestos especiales la gasolina sin plomo de 95? 61,84 pesetas/litro ¿Sabe que ese impuesto es el más bajo de Europa? ¿Sabe que el Estado no recauda una peseta más por el impuesto de hidrocarburos cuando sube la gasolina? Sé que usted sabe que el impuesto de hidrocarburos es un impuesto específico y que se cargan 61,84 pesetas por litro.
Ustedes ahora nos plantean que el impuesto sea flexible, es decir, que si Repsol aumenta el precio, bajemos el impuesto; que si Repsol baja el precio, subamos el impuesto. Tendríamos que estar aprobando una ley cada semana, dependiendo de lo que haya decidido una empresa privada con sus precios e igual podríamos hacer con otros productos.
Lo que habría que hacer para dar una respuesta adecuada a la situación internacional de crisis a causa de los precios de los hidrocarburos es actuar con esos sectores para ayudarles a que no tuvieran una disminución de rentas y, además, que procuraran la modernización y la innovación. Eso hicimos ¿Sabe lo que votó su grupo parlamentario cuando dijimos que íbamos a bajar los impuestos a los agricultores? Votó que que no ¿Sabe lo que votó su grupo parlamentario cuando dijimos que íbamos a bajar los impuestos a los transportistas? Votó no ¿Sabe lo que votó su grupo cuando dijimos que a los transportistas de viajeros que hicieran sus vehículos más accesibles para los discapacitados les íbamos a dar bonificaciones? Votó que no ¿Sabe qué votó su grupo parlamentario cuando le dimos bonificaciones a los pescadores? Votó que no.
Señor Fernández Marugán, lo que ha hecho este grupo parlamentario, y quiero resaltarlo una vez más, con el apoyo de Coalición Canaria y Convergència i Unió, es ayudar a los sectores más afectados por la crisis energética. Ahí es donde nos mantenemos. No me diga que no le hablo de hidrocarburos porque podemos hablar de ello. Le ha hablado de hidrocarburos hasta su antiguo ministro de Hacienda, el señor Solbes, cuando ha dicho que no iban por el camino adecuado, que iban planteando una política por un camino inadecuado.
Se ha referido a la vivienda. El Grupo Popular aprobó en el IRPF un nuevo mecanismo para la deducción de la vivienda, como bien conoce.
Dijimos que, a partir de ese año, a los señores que habían comprado una vivienda les íbamos a respetar la deducción que tenían antes de aprobarse el IRPF. ¿Sabe lo que hace el Grupo Socialista hoy? Enmendarlo y decir que no respetemos esos derechos adquiridos de los compradores antiguos de vivienda. Eso es lo que plantea una de sus enmiendas y me parece mal camino. Hay que mantener el apoyo fiscal a la vivienda a los antiguos y a los nuevos y, además, políticas activas de vivienda para ayudar a los más necesitados. Eso es lo que recoge el presupuesto para 2001.
Me dice que tampoco hablo de la tasa del espacio radioeléctrico. La mejor manera de hablar de ella es regularla por un precio adecuado, regularla por 160.000 millones de pesetas y decir: si la sociedad europea ahora le está poniendo un precio al uso del espacio radioeléctrico, nosotros vamos a cobrar ese precio a las empresas que usen ese espacio. Sin embargo, no vamos a cobrar ahora el uso del espacio en el año 2010. No, cada año se va a cobrar el espacio radioeléctrico porque eso es más justo, porque si recaudamos ahora lo que correspondería a 2010 estaríamos haciendo un fraude al Gobierno de entonces y, sobre todo, a los ciudadanos de entonces. Queremos establecer una tasa en la que se pague por el uso del espacio radioeléctrico en cada uno de los ejercicios en que se usa. Eso nos parece más justo. Como usted debe comprenderá, no tendríamos ninguna objeción por parte de este grupo parlamentario en recaudar ahora dos o tres billones de pesetas y poderlos gastar. Eso es lo que desea todo Gobierno, pero el Gobierno del Partido Popular es riguroso, serio y lo que quiere es que cada año el presupuesto tenga los ingresos de ese ejercicio y los gastos de ese ejercicio. Por eso, equilibrio presupuestario y no adelantamiento de impuestos de ejercicios posteriores.


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El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate del título VI del proyecto de ley. Volvemos hacia atrás para debatir ahora los títulos IV y VIII y la sección 7, pero antes de empezar, el señor Núñez me pide la palabra.
Adelante, señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Quería hacer una consideración, señor presidente, para insistir en que aunque este portavoz no intervenga, da por defendidas y mantenidas las enmiendas del Grupo Mixto; incluso cuando interviene este portavoz lo hace con las enmiendas del Partido Andalucista y no del resto de los partidos, pero quiero que en todos los títulos se den por defendidas y mantenidas las enmiendas del Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, dadas las características especiales del debate de la ley de presupuestos y de las secciones, desde la Mesa se debe mantener la máxima flexibilidad para que todas las enmiendas presentadas por los grupos sean sometidas a votación, aunque sus portavoces no puedan estar en ese momento presentes o decidan no intervenir.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a los títulos IV, VIII y sección 7, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Quería dar las gracias a todos por haber permitido el aplazamiento de este título hasta que pudiera llegar.
Quería expresarles en muy breves palabras cuál es el sentido de las enmiendas que nuestro grupo presenta al título IV y al VIII, referidas a la determinación de las pensiones públicas tanto en el régimen de clases pasivas como en el régimen general. Lo voy a hacer circunscribiéndome especialmente a las enmiendas que nuestro grupo ha presentado al capítulo de las llamadas pensiones mínimas. Quiero que nos centremos en la cuestión recordando de qué estamos hablando, porque, como se ha dicho en algún momento en este debate presupuestario, a veces lo macro nos impide ver la cara y los ojos que hay detrás de cada cifra. Quiero que recordemos, señorías, que en nuestro país hay aproximadamente 3.200.000 españoles que reciben lo que se llaman pensiones mínimas. Si hacemos una pequeña distribución de quiénes son y lo que cobran, descubriremos que hay aproximadamente 800.000 hogares españoles que reciben en torno a las 40.000 pesetas al mes, he dicho bien: 40.000. Son las pensiones no contributivas, 450.000 personas aproximadamente, viudas menores de 60 años y el SOVI. Juntando estos tres colectivos, tenemos casi 800.000 hogares que reciben 40.000 pesetas al mes de sueldo. Luego hay 1.400.000 pensionistas aproximadamente que reciben en torno a las 60.000 pesetas. Por último, hay 1.000.000 de jubilados con cónyuge que reciben 70.000 pesetas. Por tanto, señorías, en 3.200.000 hogares españoles entran de 40.000 a 70.000 pesetas al mes como pensiones llamadas mínimas.
Pues bien, ¿qué les propone el presupuesto del Gobierno a estos 3.200.000 hogares españoles? Les propone que el próximo año tengan un incremento de 1.000 pesetas al mes aproximadamente. Aquí me paro, porque la simple referencia me evita más comentarios. Estamos hablando, señorías, de que 3.200.000 hogares recibirán,en este año de crecimiento económico a través de creación de empleo, de sociedad más justa, de eficacia presupuestaria, de tanto y tanto triunfalismo como oyen y escuchan día a día, 1.000 pesetas más durante los próximos 12 meses, en 14 pagas -eso sí- . Pues bien, señorías, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor y, en concreto, las enmiendas del Grupo Socialista proponen una revisión relativamente importante de este capítulo tan primordial de nuestra política social que son las pensiones mínimas. Se lo concreto en cuatro grandes ideas.
Nuestra propuesta es que las pensiones no contributivas -repito, 450.000 hogares españoles que reciben en torno a 40.000 pesetas- no vean incrementada su pensión en el 2 por ciento, sino en el 5 por ciento, que todo el conjunto de las pensiones mínimas crezca en ese mismo porcentaje, 5 por ciento, y que distingamos las pensiones mínimas más desfavorecidas todavía y les hagamos un mayor incremento.
En concreto me refiero a orfandad y al SOVI, es decir, que a esos dos capítulos que reciben las prestaciones más bajas todavía les subamos el 8 por ciento. Por último, pedimosque hagamos una reordenación del capítulo relativo a las de viudas -hace tiempo que venimos considerando la conveniencia de simplificar las escalas de viudas: mayores de 65 años, menores de 64, entre 60 y 64 y por debajo de 60- y que las equiparemos, porque no acabamos de entender la razón por la que una viuda menor de 60 años tenga que cobrar, obviamente si no recibe ninguna otra renta, menos dinero o menos pensión que viudas por encima de esa edad . La diferencia es importante y el Grupo Socialista ha propuesto en estas enmiendas que unifiquemos estas pensiones. Por eso el cuarto capítulo de las enmiendas que les señalo contempla la necesidad de equiparar a estas viudas -por cierto, lass menores de 60 años cobran 600.000 pesetas al año, 42.850 al mes- para que pasen a cobrar 55.000. Aquí sí que hablamos de un incremento notable. Por último, incluimos en la revisión de pensiones mínimas un nuevo colectivo que nos parece importante incorporar a las llamadas pensiones mínimas, que es el de aquellas personas que tienen reconocida una invalidez permanente total, y son menores de 60 años y, sin embargo, tienen una pensión tan baja y tienen una edad tan alta que no les permite trabajar prácticamente y, sin embargo, no tienen asegurado el sistema de garantías de los complementos de mínimos para las pensiones mínimas.


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Alguien puede pensar que este incremento -he visto que es más alto que lo que proponen otras enmiendas de otros grupos- es una propuesta exagerada. Obviamente, si interpretamos el importe de lo que estamos contemplando coincidirán conmigo en que no es así. Les haré una confesión y es que hemos llegado a pensar en que nos habíamos quedado cortos en la reclamación del 5 por ciento de incremento, porque si tenemos en cuenta que el año que viene el Gobierno ha previsto un crecimiento del 2 por ciento de los precios y sumamos la desviación del año 2000, que no estará por debajo del 1,7 por ciento y le incorporamos una desviación, que seguro estará por encima del 0,5 o del 1 de lo que se incrementarán los precios en el año 2001, esto ya suma 4,5 ó 4,7. No sé si me han seguido en la reflexión, pero si sumamos esos tres conceptos, es casi seguro que el Gobierno va a gastar muy cerca del 5 por ciento en la revisión de las pensiones mínimas realmente al cabo del ejercicio del 2001. Mi pregunta es por qué no hacerlo ya e inclusive por qué no hacemos una revisión de la tabla, que -como les decía antes- merece algunos ajustes muy importantes, como los que ya les he señalado.
Señorías, no se puede hacer una propuesta de esta naturaleza sin evaluar su importe, y el Partido Socialista lo ha hecho. Sabemos que tocar pensiones mínimas, tocar pensiones de 3.200.000 personas obviamente es hablar de cifras económicas importantes en el presupuesto de la Seguridad Social. Como somos rigurosos, especialmente en todo lo que se refiere al futuro de la Seguridad Social,no podemos por menos que evaluar cuál es su coste y cómo podemos asumir esta realidad. El Partido Socialista considera que esta propuesta que les hacemos puede tener un coste anual de aproximadamente 150.000 millones de pesetas. Déjenme que les dé otra cifra de inmediato. El propio presupuesto de la Seguridad Social para el año 2001 -como ustedes saben muy bien- contempla un superávit de 311.000 millones de pesetas, que el Gobierno generosamente dedica, aunque sea en un ejercicio contable simplemente puesto que no hay trasvase financiero entre la Seguridad Social y el presupuesto general del Estado, a equilibrar y a conseguir ese nuevo tótem macroeconómico que es el déficit cero, pero no dedica una peseta a mejorar un poco la previsión de estas pensiones mínimas. Voy acabando con una simple pregunta, ¿puede este país gastar 150.000 millones de pesetas más en pensiones.?Esta es la pregunta. ¿Puede gastar esta mitad del superávit que el propio Gobierno prevé para la Seguridad Social en mejorar los ingresos de 3.200.000 hogares, para los cuales el Gobierno propone un incremento de 1.000 pesetas al mes? ¿Puede? ¿Debe? Esta es la pregunta, señorías.
He oído decir antes al señor Martínez-Pujalte, con acierto, que el debate presupuestario no puede esconderse en las cifras macreoeconómicas y tiene que afectar a lo que verdaderamente es importante. Él hablaba del empleo. Creo que tiene razón: le incorporo las pensiones mínimas al debate. ¿Puede este país incorporar a la reflexión de su gasto la necesidad de mejorar un poco más las pensiones mínimas, señorías? He oído decir al señor Martínez-Pujalte -y yo creo en su intención- que desde el año 1996 el Partido Popular no quiere más que hacer de este país una sociedad más justa. ¿Hay mejor ocasión para hacer más justicia que mejorar las pensiones mínimas, señorías? ¿Hay mejor oportunidad, señor Azpiroz, para hacer redistribución de verdad con los beneficios de una sociedad que crece y que esta pequeña cantidad de los beneficios se reparta para estos 3.200.000 hogares? Sobran más palabras. Espero que de su apuesta por la redistribución y por la justicia no se pueda obtener más que una respuesta afirmativa a nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Al título VIII del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, hemos presentado dos enmiendas, que lo son al artículo 87 en sus apartados dos.1 y cuatro.2. La primera de estas enmiendas, la número 1559, se justifica por la voluntad de abrir una moratoria en el proceso de aproximación de las bases máximas de cotización de las diferentes categorías laborales o de destope iniciado en el año 1997, como recordarán SS. SS., en el contexto del llamado, popular y políticamente, Pacto de Toledo. El proceso de destope de bases máximas de cotización comporta un aumento de los costes laborales no salariales de aquellas empresas que ocupan un elevado número de empleados, que son en este caso los adscritos a los grupos 5.o

al 11.o, según el propio proyecto de ley, precisamente los de menor cualificación, lo cual genera problemas de competitividad por el hecho de soportar este sobrecoste la propia empresa contratante. Por estos motivos, después de cuatro años consecutivos de incremento de los costes de Seguridad Social superiores a la inflación -porque esta es otra verdad a la que se puede añadir la que ha citado el señor Jáuregui-, se propone abrir una moratoria en el proceso de destope, de manera que para el ejercicio próximo las bases máximas de cotizaciónde las categorías laborales, reitero, de los grupos 5.o al 11.o, se incrementen solamente un 2 por ciento respecto de las vigentes en el año 2000, y no más allá, como propone el proyecto enviado por el Gobierno.
La segunda de las enmiendas a ese título VIII es la 1560, señor presidente, que lo es al artículo 87 en su apartado cuatro.2. Ese apartado trata genéricamente de la cotización en régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y fija las bases de cotización para el 1 de enero del año 2001 para los trabajadores que tengan una edad inferior a 50 años, que será

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elegida por ellos dentro de las bases máximas y mínimas fijadas en el apartado precedente del proyecto enviado por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, la elección de la base de cotización por los trabajadores autónomos que en fecha 1 de enero del año 2001 tuvieran 50 o más años cumplidos se pone en un tope de 222.000 pesetas, 1.334,25 euros mensuales. Nosotros lo creemos limitativo y lo incrementamos un poquitín, como se dice coloquialmente, salvo que con anterioridad vinieran cotizando por una base superior, en cuyo caso podrían mantener dicha base de cotización o incrementarla como máximo en el mismo porcentaje en que haya aumentado la base máxima de cotización de este régimen.
Su objeto, como se expone en la propia justificación de nuestra enmienda, no es otro que equiparar el incremento del límite máximo de las bases de cotización de los trabajadores autónomos mayores de 50 años al 2 por ciento, es decir, un porcentaje que, aunque finalmente no se recoja en el documento presupuestario, es el que, verbalmente y de manera un tanto propagandística, viene aplicando el Gobierno respecto de la inflación a 31 de diciembre del año próximo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida propone tres enmiendas solamente al título IV; no proponemos ninguna al título VIII ni a la sección 7. La primera está en coherencia con el incremento salarial propuesto para el sector público, que hemos cifrado en el 4,6. Por tanto, esta enmienda tiene el mismo sentido que las propuestas al título III. Las otras dos enmiendas son de adición. La primera pretende añadir una letra d) al artículo 41, siete, sobre pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Sus normas limitativas se considerarán como extraordinarias siendo su importe máximo de percepción, por la propia pensión o en concurrencia con cualquiera otra a la que se tuviera derecho, el 200 por ciento del límite establecido con carácter general. Estas dos enmiendas se justifican por el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto 670/1987, que regula y contempla las pensiones extraordinarias como de carácter indemnizatorio, y su señalamiento inicial es del 200 por ciento del regulador general sólo para aquellas originadas por el hecho causante de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad ocasionada en acto de servicio o como consecuencia del mismo y las originadas como consecuencia de actos de terrorismo. Este hecho extraordinario no es real, con excepción de las de actos terroristas, si estas se encontraran afectadas por el límite máximo general de las pensiones ordinarias de jubilación, enfermedad, etcétera. Por tanto, sería un contrasentido o un causante de perjuicio injusto que estas pensiones no tuvieran un límite extraordinario, en consonancia con la casuística de su señalamiento inicial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Pido que se den por defendidas las distintas enmiendas del Grupo Mixto respecto al incremento de las pensiones mínimas y el mantenimiento del valor adquisitivo.
Efectivamente, hay que considerar que encuento a la enmienda presentada sobre el mantenimiento de las pensiones, este tema no está recogido en esta ley, pero sí lo está de forma vinculante en leyes anteriores, por lo que la enmienda no procede. Al no verlo incluido en esta ley , se ha presentado la enmienda, pero está recogido desde hace varios años, de modo que huelga la enmienda y se dan por defendidas las que piden ese incremento de todas las pensiones, repito.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlameentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Intentaré dar una respuesta específica a los que han hecho mención a sus enmiendas concretas, pero también daré una contestación general al planteamiento global que ha formulado el representante del Grupo Socialista.
Si lo que se pretende es que respondamos a si las pensiones mínimas nos parecen unas buenas pensiones, es obvio que no, ni a nosotros ni a nadie, por eso son mínimas, como su propio nombre indica, pero esto exige también una reflexión que objetive la situación. Esta situación que pretendo objetivar se basa, en primer lugar, en que el año pasado hubo un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida de las pensiones y recordará el señor Jaúregui que, entre otras, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, que prácticamente es el gran núcleo de estas tpnsiones, se equiparó al salario mínimo interprofesional, atendiendo así a una antiquísima reivindicación sindical que hasta ese momento no había sido aceptada. La subida general de las pensiones fue importante en términos porcentuales, y podremos hablar de ello más adelante en el debate presupuestario o en la sección 60, cuando la abordemos mañana, para clarificar y concretar los extremos del esfuerzo que se planteó el año pasado en esta materia.
Formular las cosas como se ha hecho nos llevaría a endosarle otro planteamiento. ¿Es que el Grupo Socialista no da ningún valor político al diálogo social, al Pacto de Toledo, o a las posibilidades de acuerdo o de frutos que se planteen en el mismo? Porque evidentemente el Gobierno ha propuesto un incremento con carácter general de las pensiones del 2 por ciento, quees la inflación prevista para el año 2001 en los Presupuestos

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Generales del Estado. También es cierto que del mismo modo que en esta casa hay una Comisión no permanente del Pacto de Toledo, en este momento hay un diálogo con los interlocutores sociales, los trabajadores y los empresarios, que además con carácter general son los que pagan las cotizaciones. Evidentemente, hay una previsión de superávit que el Gobierno ha presupuestado prudentemente. Ha hecho un supuesto previo que se ha fundado en mantener una homogeneidad y una estabilidad de acuerdo con lo que se hizo el año pasado en esta misma Cámara, tanto en el contexto de las subidas generales -que no de las mínimas, porque, como he recordado, el año pasado tuvieron un alza importante- como con el fondo de reserva, que inicialmente se establece en 90.000 millones. Tendremos oportunidad de abordar más profundamente esta materia, pero quiero decir que veo muy difícil que el Gobierno cierre los oídos y los ojos si hay un acuerdo social que redistribuya este superávit en una forma consensuada por los interlocutores sociales. Veo muy difícil que haga una cosa diferente, porque nosotros sí hemos concedido un valor al diálogo y al acuerdo social. Nosotros hemos creído que por encima de otras cuestiones, el prever y preservar una estabilidad en el sistema es un valor fundamental que en su día, hace cinco años ya, dio forma concreta a la preocupación de la sociedad y de esta Cámara en el famoso Pacto de Toledo.
Cuando se desagregan, las cifras -también voy a entrar en ello- no siempre dicen la verdad que uno sustenta cuando las argumenta.
¿Cuántas pensiones SOVI concurren en una unidad familiar con la pensión de otro beneficiario, marido o mujer -fundamentalmente marido-, con pensiones de Seguridad Social, incluso con pensiones máximas? Esta sería una pregunta que habría que hacerse. Es decir, puede haber una mujer que esté percibiendo una pensión mínima no contributiva o una pensión SOVI, pero la otra parte de la familia puede estar percibiendo también una pensión contributiva y no mínima sino incluso máxima. Eso habría que dejarlo encima de la mesa. Desde luego este Gobierno va a seguir leleando y propiciando acuerdos para que sigan subiendo, porque es un objetivo común, absolutamente de todos, como no puede ser de otro modo. En esa dirección vamos a seguir trabajando todos en el futuro, pero en este presupuesto comenzamos con el 2 por ciento, como le he dicho.
Dice usted que por qué no nos anticipamos a una acumulación del incremento de las pensiones y nos da un argumento al que, por la vía fáctica, en parte, le voy a tener que dar la razón, pero por la vía de dotación presupuestaria y de acogimiento legal, desde luego, no.
Usted me dice: si este año se va a producir un diferencial de la inflación en torno al 1,7, que efectivamente puede estar ahí -lo sabremos ahora, en noviembre, dentro de diez días escasos-, acumúlese al 2 el 1,7 - ya estamos en un 3,7-, acumulémosle, según usted prevé -no sé si es la previsión del Grupo Socialista en su conjunto-, una teórica desviación a la inflación del año 2001 -que nosotros establecemos en el 2 y usted en 0,5 puntos más-, sumemos todo y prácticamente estaremos en los 5 puntos en que intentan acrecentar las pensiones mínimas.
Voy a recordar -y agradezco la retirada de la enmienda por parte del represente del Partido Andalucista- que el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura aprobó en esta Cámara, mediante el mecanismo de una ley, la recuperación de las desviaciones de inflación en todo tipo de pensiones. Por tanto, el 1,7, el 1,6 o el 1,8 de desviación, lo que finalmente resulte, lo percibirán los pensionistas en marzo o en abril del año 2001, en el momento en que definitivamente se les liquide, con independencia del aumento de esas pensiones, que va a fluctuar sobre el 2 por ciento, salvo que -como le he dicho-, fruto del pacto social, haya una decisión diferente en esta materia, a lo cual nosotros no nos cerraríamos en modo alguno.
Por tanto, le podría decir lo contrario: retire usted sus enmiendas, porque no va a haber una subida del 2 por ciento, si utilizamos la línea argumental y la lógica que usted, con su exposición, ha planteado ahora aquí. Diríamos: tenemos un 2, más un 1,7, ya tenemos un 3,7, y si nos equivocamos en la inflación del año que viene, no se preocupe usted que ya tendrá también su adecuada rectificación. En definitiva, creo que esto es un juego dialéctico más que otra cosa.
Como le he dicho, el año pasado se hizo un esfuerzo. El Gobierno está atento a los acuerdos sociales que se produzcan. Compartimos la preocupación sobre el carácter mínimo de las pensiones y recordamos que algunas de esas pensiones, como las del SOVI, se fundan en el estricto retiro obrero obligatorio, la llamada perra gorda, y en prácticamente ningún esfuerzo cotizante de quien la está percibiendo en este momento, en cuantía baja o alta. Por tanto, estamos dispuestos a ver la evolución de los acontecimientos, pero presupuestando de salida el 2 por ciento, que es la inflación prevista para el año que viene. Con esto respondo, entre otras, a sus enmiendas 1074, 1075 y 1077, en las que usted establece una subida del 5 por ciento. Izquierda Unida plantea una subida del 4,6 por ciento, el Bloque Nacionalista Galego del 5,5 por ciento y Eusko Alkartasuna pide una subida en las pensiones de viudedad del 15 por ciento. En esto habrá que convenir que hay, como en la feria, un poco de todo. Es decir, ¿cuál es el punto? No es el 2, pero ¿cuál es? ¿El 4, el 7, el 15? Desde luego, voy a verificar el dato que usted daba de un costo de 150.000 millones. Yo lo desconozco, no lo pongo en tela de juicio, pero lo confrontaré para ver si efectivamente es el marco económico del debate, como plantea usted en sus enmiendas 1074, 1075, 1077 y en el 1078, referida al SOVI y a pensiones de orfandad, donde pedían una subida de un 8 y no de un 5 por ciento.


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Acabo de responder al Bloque Nacionalista Galego cuando nos propone una subida del 4,5 por ciento y respondo también a la enmienda número 119 de Izquierda Unida, que plantea una subida del 4,6 por ciento y que, por cierto, señor presidente, creo que está duplicada, porque afecta al artículo 46 y al 47. O es la misma enmienda duplicada o son dos enmiendas diferentes, porque se refiere a dos artículos distintos. Puede deberse a un error de fotocopiado o a una clonicidad extraña. El mismo argumento empleado para el Grupo Socialista vale para el representante del Grupo de Izquierda Unida. Eusko Alkartasuna, con su enmienda 759, pide un incremento del 15 por ciento de la pensión de viudedad. Obviamente, tiene la misma respuesta, y con más motivo.
La enmienda 1635 ha sido retirada por el representante del Partido Andalucista, lo cual agradezco y es coherente con lo que expuse anteriormente.
Dentro del título IV, la última enmienda que tenemos en esta materia, la 1559, de Convèrgencia i Unió, plantea una moratoria en la transición en el llamado proceso de destope, iniciado en el año 1997.
Le he de recordar que aquí tenemos una previsión legal, que es la del artículo 3, de la Ley 24/1997, que determina la equiparación para el año 2002 de los grupos de cotización 5.o al 11.o, del régimen general, con las bases máximas de cotización. Por otro lado, aunque comprendo el argumento que ha explicado a la hora de motivar su enmienda, justamente hay opiniones divergentes en sentido cuando otros grupos nos dicen que hay que acelerar los procesos de acercamiento del salario real a la cotización real para que los trabajadores en el momento de la percepción de una prestación, adecuen sus pensiones a los salarios y nóminas que en activo han tenido.
Entendiendo su argumento, no nos es posible admitir esta enmienda porque hay una previsión legal, y en el año 2002 nos obligaría a hacer un esfuerzo brutal en la escalada de subida de los tramos de cotización, que efectivametne en algunos supuestos han sido altos.
Preferimos hacerlo de una forma transitoria. Una moratoria implicaría un cambio más brusco y menos asumible, y una lógica protesta de beneficiarios de estas cotizaciones a efectos de lucrar sus pensiones que probablemente verían un año en stand by como consecuencia de este no incremento. Yo creo que también hay que atender a esta situación.
En cuanto al título VIII, hay unas enmiendas del BNG, la 845 y la 848, que nosotros no podemos atender bajo ningún concepto. ¿Plantean un incremento de las cotizaciones para los discapacitados. Pensamos que una política de integración de los minusválidos y los discapacitados en nuestro país es una política prioritaria. Hay que hacer una discriminación positiva y hay que continuar en la senda de incorporar aquellos nichos donde no se produce realmente un gran nivel de contratación, como es el de los minusválidos, y por lo tanto el incremento en estos sectores del costo de la Seguridad Social nos parece que es contraproducente y no facilitaba en línea contraria a lo que debe ser una política social y una política de sensibilidad, que pretende incorporar como en este caso a los discapacitados al empleo.
La enmienda 846 es idéntica a la 849. Aquí hay una duplicación al revés; antes teníamos una enmienda numerada para dos artículos y ahora tenemos dos enmiendas para un solo artículo. Lo digo a efectos de quien proceda, por si se quiere decantar cara al Pleno el filtrado y lavado de estas amalgamas. Lo que pretende estaa enmienda es que el Gobierno no tenga la posibilidad de modificar los tipos de cotización por desempleo. Nos parece que está suficientemente motivado en el texto del proyecto en la realidad jurídico social de nuestro país que, en atención a circunstancias y evolución del empleo y de la economía, el Gobierno pueda actuar en esta materia directamente. Por lo tanto, la rechazamos.
La 1560, de Convergència i Unió, la vamos a estudiar. Piden que las bases de cotización de los autónomos que han cumplido más de 50 años tengan un incremento en su tope máximo del 2 por ciento, que es el que con carácter general hemos aplicado a todo, salvo en los procesos, como se ha dicho hace un momento, de convergencia de bases que se vienen produciendo en los grupos de cotización 5 a 11. Es cierto que en los últimos años, desde 1997 a 1999, en el RETA, este núcleo de trabajadores mayores de 50 años han tenido una subida porcentual superior en 2,6 puntos al resto. Por lo tanto cabría decir que ya están en una situación en que han recuperado con creces la subida de las bases máxima del régimen. Por otro lado, le podría decir que a lo mejor esto es un poco como lo del destope, que tampoco es bueno en esta materia incrementar un 2 por ciento, y que con un 1,4 es suficiente. En este momento, con toda la sinceridad del mundo, no sé decirle a qué obedece este diferencial entre la subida del 2 por ciento y el 1,4 que plantea el proyecto de presupuestos. Lo estudiaremos y le daremos cumplida respuesta antes del Pleno de la semana que viene.
El Grupo Socialista ha presentado otra enmienda tradicional, la 1104, a la cual no ha aludido su portavoz, que es la relativa al régimen especial de los trabajadores del mar. Nosotros pensamos que hay una mayor adecuación en el texto del proyecto en cuanto a que la realidad cotizante se adecue a la realidad salarial que perciben los trabajadores del mar, y por lo tanto, pareciéndonos mejor, le doy la respuesta que le dimos el año pasado y no abundo más en la materia porque usted no lo ha hecho tampoco.
La enmienda 849 ha quedado explicada al contestar a la enmienda 846.
Y hay dos enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, las números 25 y 26, con las cuales no estamos de acuerdo por los argumentos que con carácter genérico hemos dado a las subidas del

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IPC, a las razones del porqué y cómo, y aplicamos lo mismo aquí.
Eusko Alkartasuna, en la enmienda 760, formula una de formación de Hobetuz, que supongo que en el Pleno tendremos oportunidad de debatir.
La enmienda 1565, de Convergència i Unió, se reffiere a la supresión de la disposición adicional vigesimotercera de la gestión directa por el InEm de créditos destinados al fomento del empleo. Nosotros creemos que esta asunción parcial de políticas activas de empleo no invaden en este caso competencias de las comunidades autónomas porque se refieren muy expresa y concretamente a los supuestos contemplados en la disposición a la que acabo de hacer mención y que no son otros que la mejora en la ocupación de demandantes de empleo cuando son relativas a competencias exclusivas del Estado, cuando son la puesta en práctica de programas experimentales que puedan tener un ámbito de desarrollo global de España, cuando se traten de gestiones de programas extracomunitarios porque afectan a una pluralidad de comunidades que atañen a la materia. En definitiva, entiendo que es una posición de una comunidad que pudiera tener la preocupación y la sensibilidad de la invasión competencial, que creo que no se produce sinceramente, y por ese motivo la vamos a rechazar.
Hay una última enmienda, la número 23, de Esquerra Republicana, en esta materia, que es una enmienda de adición de una disposición adicional, prestaciones por desempleo de cargos electos locales. No estamos de acuerdo y ha sido ya una vieja discusión en este país.
El Grupo Socialista no ha hecho mención a las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social, complementos a mínimos y fondos de reserva. Me imagino que lo harán en la sección 60, que loharemos en el debate plenario, y entraremos en su momento a estudiar esa cuestión.


Hay una enmienda vivadel Grupo Popular, que es la 1510. Anuncio al señor presidente, concluyendo mi intervención, que a última hora, antes de votar a las ocho y media de la tarde, le manifestaremos definitivamente nuestra posición al respecto. Nuestro grupo está transando con el Grupo de Convergència i Unió, en virtud de otra enmienda suya, buscando un texto transaccional que satisfaga a ambas partes, lo cual, casi con seguridad o por lo menos con mucha probabilidad, concluirá con la retirada por nuestra parte de la enmienda 1510. La enmienda 1511 fue motivo de su inclusión en el informe de ponencia. Es una percha que hemos entendido necesaria, para que cuando, dentro de siete o diez días, conozcamos la desviación de la inflación de noviembre a noviembre respecto a la previsión gubernamental del presupuesto del año 2000, podamos directamente enmendar el texto que ponemos y que haga a una rápida corrección para que se produzca el cumplimiento de la Ley, el cumplimiento de la actualización de las pensiones por la desviación, y que los pensionistas, aunque sea en el trámite en el Senado, porque probablemente habrá salido ya de esta Cámara, puedan tener la plena tranquilidad de que van a tener su actualización y van a mantener poder adquisitivo o, si no, incrementarlo en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Jáuregui, por el Grupo Socialista.


El señor JÁUREGUI ATONDO: La minuciosidad con la que el señor Azpiroz ha repasado las enmiendas, me obliga a aclarar cuáles han sido las que yo he defendido y las que no y las que quiero hacer después. A efectos de esa aclaración, diré que he defendido las enmiendas 1074 a 1078, a los artículos 40 a 47, y no he hecho la defensa de la 1104, al artículo 87, aunque debía haberlo hecho; y aprovecho para ratificarme en esa enmienda que pretende, como muy bien decía el señor Azpiroz, adaptar, en nuestra interpretación, la posibilidad de que las cotizaciones de los trabajadores del mar, que van a trabajar en el sistema llamado a la parte, puedan tener unas cotizaciones más adecuadas a su salario real. Creemos que nuestra enmienda recoge mejor esa pretensión y, como ya se ha argumentado por la contraparte la negativa, eludo extenderme en explicaciones.
Tenía el propósito, señor Azpiroz, señorías, de defender en el turno de enmiendas a las disposiciones adicionales, las argumentaciones de nuestras enmiendas al fondo de reserva, complementos de mínimos, etcétera; creía que el señor presidente nos daría oportunidad de poderlo hacer en el turno de las enmiendas a las disposiciones adicionales. Aclarado esto, quisiera hacer algunas puntualizaciones al señor Azpiroz. Primero, cuando en un cálculo efectivamente dialéctico le he señalado que la previsión que cabe hacer de un desvío de la inflación del año 2001 pudiera aproximarse al 0,8, no me he inventado la cifra. He tomado precisamente la previsión que el Gobierno ha hecho para el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social; ha estimado que el crecimiento económico en salarios va a rondar el 2,8. Ese 0,8 me ha permitido incorporarlo, como una referencia, a ese cálculo que hemos señalado, pero me apresuro a decirle que era efectivamente un cálculo teórico, porque nuestra pretensión es mejorar las pensiones mínimas el 5 por ciento, contando, naturalmente, con que la revisión de inflación que pudiera hacerse en el desvío en noviembre de 2001 contemplará todas las pensiones, incluidas esas, obviamente. Segundo, el señor Azpiroz ha señalado una parte del problema queriendo, digamos, disminuir la importancia de los 3.200.000 hogares en los que se reciben las pensiones mínimas, argumentando que en algunos de ellos quizá concurran. Es verdad, pueden concurrir, como muy bien ha dicho Azpiroz, el SOVIcon alguna otra, por ejemplo. Pero el problema del que

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les hablaba era el mismo, serán 3.100.000 o serán 3.150.000. En todo caso, hay aproximadamente tres millones largos de hogares en los que entran en España, repito, entre 40.000 y 60.000 pesetas al mes y esto no se desdice por la afirmación de contrario que ha hecho el señor Azpiroz. El argumento de fondo que me ha expuesto el señor Azpiroz es que espere al diálogo social. Cuando discuto con el señor Azpiroz -me ha ocurrido ya varias veces en debates parlamentarios- me ha ocurrido una cosa que es muy frustrante, porque él siempre me acaba dando la razón a toda la argumentación, pero luego vota en contra. Me quedo siempre con una rara sensación, no voy a decir que me toma el pelo, obviamente no es así, pero comprenda que es muy frustrante que a uno le digan: tiene usted razón, pero voto en contra, que es lo que acaba de decirnos. Ha dicho entre líneas: supongo que el señor Jaúregui creerá en el diálogo social. Claro. Ahora déjeme que le pregunte.
Y usted ¿cree en el diálogo político? Dicho de otra manera, es verdad que hay un diálogo social en marcha y todos sabemos que probablemente sobre la mesa esté contemplado, entre sindicatos y empresarios, un ajuste en medidas de mercado laboral, en medidas de política social, etcétera. Quizás lleguen a un acuerdo, quizás no. Mi pregunta, señorías, y es para todos, es si el diálogo social, en el que creemos, puede sustraer el debate político y la soberanía popular. Es una pregunta importante. ¿O es que resulta que, en materia tan importante, no pintamos nada? Es que es así de serio. ¿Es que resulta que mañana, cuando supuestamente, si hubiera un acuerdo, lo que acuerden sindicatos y empresarios va al Parlamento y esa es palabra de Dios, siguiendo con las referencias bíblicas? Es que realmente me pregunto si tengo o no derecho a representar a los millones de españoles que represento para discutir con el Gobierno y su grupo de apoyo cuáles son las pensiones mínimas y si tengo o no derecho a defender una determinada propuesta al margen de lo que piensen los sindicatos. ¡Claro que creo en el diálogo social! Pero mi pregunta es si esta Cámara puede o no debatir cuáles son las pensiones mínimas y si debe hacerlo. Y la respuesta es sí, debe hacerlo. Y no vale escudarse en que están discutiendo, ya veremos, igual hacen un apaño, igual les damos un poquito para complementos de mínimos a cambio de que acepten no sé qué del despido barato. Me parece muy razonable que discutan esto, pero yo tengo derecho a discutir qué quiero para mi país y tengo derecho a que en esta Cámara se respete la soberanía popular. Y ustedes tienen la obligación de decir sí o no a mis propuestas. Nada más.
Como la semana que viene no está el acuerdo, señor Azpiroz, este debate volveremos a reproducirlo igual y quizás en el Senado, porque sinceramente creo que el acuerdo social está verde. ¿Y si no hay acuerdo? ¿Qué hacemos, lo dejamos en el 2 por ciento? Habrá que decidirse. Insisto en que, llevando al extremo el argumento, usted me dice, más o menos: tiene usted razón, las pensiones mínimas son muy bajas, vamos a ver qué hacemos con el superávit de la Seguridad Social, y ya decidiremos. Y yo humildemente le digo que para mí ese turno no me llega. En el Congreso de los Diputados -nada menos- represento a los millones de españoles que nos votaron, al partido principal de la oposición, que tiene que decir qué quiere y que reclama una respuesta. Y su respuesta es no. Se acabó. Y su respuesta es no, no por remisión al diálogo social, porque, repito, igual no hay acuerdo. Su respuesta es no porque no hay una adecuación entre sus palabras y los hechos. Y se ha acabado.
Se puede poner, incluso pensando en el futuro diálogo social, una previsión más alta de incremento en pensiones mínimas y ustedes han puesto el 2 por ciento, mil pelas al mes, hablando vulgarmente, para tres millones de hogares. Se acabó. Este es el debate.
Les voy a dar algunas cifras que conviene recordar. Uno, el coste de la desviación de inflación de este año 2000 superará los 200.000 millones de pesetas; el coste de lo que hay que pagar, el 1,7 por ciento, que habrá que pagar en noviembre, cuando sepamos la inflación de todo el año 2000, a los pensionistas más su doble repercusión, porque ya empezamos en enero de 2001 con ese incremento, aproximadamente rondará los 200.000 millones de pesetas. Yo pido 150.000 millones para mejorar las pensiones mínimas. La rebaja fiscal del IRPF, antes lo decía el señor Martínez-Pujalte, ha podido representar una reducción de ingresos de 800.000 millones de pesetas.
La desviación de ingresos fiscales, señorías, de este año 2000, lo que previó el presupuesto del Gobierno del año 2000 y lo que va a recaudar de verdad el país, va a superar aproximadamente 700.000 millones de pesetas, 700.000 millones, repito, más de lo que estaba previsto. Yo pregunto si se puede dedicar un poco de ese incremento en la recaudación a esta parte de la sociedad española. Repito, no hay un núcleo más sensible a la solidaridad, no podemos encontrar una mejor oportunidad de hacer política social que con esos 3.200.000 hogares en España, que es donde está, digamos, el límite de la dignidad, de la supervivencia. No hay mejor oportunidad de política social, no hay mejor oportunidad de redistribución, no la hay; están ahí justamente. Y no es para tanto. Por eso, sin escudarse en un diálogo social en el que creemos, pero que no puede hurtar el debate de la soberanía popular en esta Cámara, reitero que es urgente que se dé una respuesta a esta petición. Creo honradamente que es perfectamente compatible con la ortodoxia macroeconómica y con la viabilidad del sistema de la Seguridad Social gastar 150.000 millones más, aproximadamente, en mejorar las pensiones mínimas de estos 3.200.000 hogares españoles.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


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El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Muy brevemente, quiero para agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular su predisposición a estudiar con mayor detenimiento la enmienda 1560.
Sólo voy a añadir dos acotaciones. La enmienda 1559 lo es al título VIII, no al IV. Se nos ha respondido ya negativamente a la enmienda 1565, que es a una disposición adicional, que no lo es a ese título.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: Sólo quería hacer dos aclaraciones. La enmienda 119, que habla de los artículos 38 al 47, pretende claramente incrementar -siendo coherentes con lo que hemos venido planteando en la sección 3, el 4,6 en todo lo que se refiere a subidas salariales.
Como todos esos artículos hablan de incrementos salariales y demás, es lo que pretende esa enmienda. Y no le he escuchado -no sé si es que me he distraído un poco- responder -no quiero decir que tenga que responder a todas las enmiendas, pero ha ido respondiendo una a una- a las enmiendas 120 y 121, donde planteábamos una adición, un nuevo apartado, sobre las pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio.


El señor PRESIDENTE: ¿señor Núñez? (Pausa.) Señor Azpiroz, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor AZPIROZ VILLAR: Creo que he dicho una obviedad, y es que las pensiones mínimas son mínimas y, por tanto, no son máximas ni son, probablemente, del agrado de nadie. Decir eso me parece que es poner las cosas en su sitio. Ahora, venir a decir si aquí se puede debatir o no, es otra obviedad. Creo que estamos debatiendo, creo que estamos discutiendo, creo que estamos dialogando. ¿Cómo no se va a poder debatir? ¿O es que el señor Jaúregui no lo ha hecho? Lo está haciendo, evidentemente, y con pleno derecho -me parece perfecto- y representando lo que a usted le parece oportuno; me parece divino.
Decir que no hay debate y que no hay capacidad de diálogo político aquí, me parece que es un absurdo. Otra cosa es que lo que yo le he dicho a usted no le guste; otra cosa es que, cuando usted dice que no hay solidaridad, se olvide, tenga una amnesia, tenga una fragilidad neuronal rápida de, por ejemplo, lo que el año pasado hizo este grupo, hizo este partido, hizo el Gobierno en las subidas de las pensiones mínimas y no contributivas, que no han tenido parangón en la historia contemporánea de la democracia española. Si no, dígame cuándo, cómo y cuánto . Y con acuerdo además social e incluso atendiendo, como le he dicho hace un momento, alguna antigua y hasta entonces frustrada reivindicación del mundo sindical, el cual creo que a usted, sin duda alguna, sensibilidad le debe merecer.


Por tanto, yo le digo que debate, el que quiera. Lo único que le he pretendido decir es que hay en este momento un diálogo, que veremos si fructifica o no, pero que lo hay, y que lógicamente tendrá que concluir no dentro de mucho tiempo; que nosotros preferimos esperar al diálogo y ver qué se acuerda, qué se piensa y qué se dice por parte de los cotizantes a la Seguridad Social. Usted plantea también si, habiendo, como va a haber, la necesidad de 200.000 millones para equilibrar el 1,7 que puede ser la subida del IPC, no hay 150.000 millones, según su cálculo. Yo lo pongo en cuarentena y le he dicho que no se lo voy a discutir, ya tendremos oportunidad de concretar y de ver si es la cifra o no; no se lo discuto, pero tampoco quiero decir que esté de acuerdo con usted. Yo le digo que la Seguridad Social afortunadamente el año que viene y por segundo año consecutivo, va a tener una situación de superávit. ¿Qué vamos a hacer con el superávit? ¿ Que vaya, como ustedes plantean en otras enmiendas, destinado a la dotación de fondo de reserva? ¿O vamos a utilizar parte del superávit para subir las pensiones mínimas o las de viudedad? Sobre las de viudedad hay un compromiso programático del Grupo Popular que públicamente reitero. Le aseguro que en esta legislatura va a continuar el incremento importante de la dotación financiera de las pensiones de viudedad, sobre las cuales, por cierto, recientemente hemos hecho algo, o sobre las pensiones de orfandad, que también eran pensiones mínimas. Yo, a la alegación de falta de solidaridad, no puedo dar ningún crédito, no la puedo atender y la tengo que rechazar obligadamente, porque los hechos, en los cuatro años y medio que lleva gobernando el Partido Popular, van en dirección contraria. Pero, insisto, creemos que hay un valor en sí mismo, que, ojalá, fructifique en un acuerdo, que es el del diálogo social, sin perjuicio de que nosotros, sobre ese acuerdo, debatamos luego lo que nos parezca oportuno. Hoy, con carácter previo, la subida promedio de las pensiones va a ser del 2 por ciento. Y no me vale en ese sentido una dialéctica, pero creo que no cierta, ni objetiva, ni científica alusión a las subidas retributivas, cuando ha hecho mención al 2,8. ¿Es que acaso en las masas salariales no tienen incidencia en el crecimiento que se plantea por elevaciones de categorías, por crecimientos de antigüedad, o por factores que inciden en que la masa salarial, siendo el promedio en un momento determinado en un sector, en un convenio, o en una economía, pueda subir más del dos? Evidentemente, y eso lo sabe usted también como yo. Entiendo, eso sí, que es un argumento que hay que emplear, me parece muy legítimo que lo haga y probablemente todos en algún momento nos vemos en la obligación de argumentar con esas razones.
Concluyo, señor presidente, creo que se puede debatir, que se va a seguir debatiendo. No acepto, ni puedo aceptar esa insinuada afirmación de política insolidaria del Partido Popular. Lo que creemos es que, a veces,

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los pasos de los bueyes son más lentos pero, como se diría en mi tierra, son más firmes y, al final, dan estabilidad, dan profundidad y, a la larga, procuran establecer eso: sistemas que funcionen no sólo para los pensionistas de hoy, máximos, mínimos o no contributivos, sino también para los de mañana.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de los títulos IV, VIII y la sección 7.
Habíamos previsto a principios de la sesión de esta mañana que la votación tuviese lugar entre la una y las dos. Vamos a debatir primero el título VII, después tendrá lugar la votación, incluida, si puede estar presente el candidato, la elección de un nuevo secretario de la Mesa, para sustituir al señor De Juan, y después de la votación, y antes de la interrupción para el almuerzo, debatiremos las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Para el debate del título VII, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: En el debate del título VII, señor presidente, vamos a compartir la intervención, por parte del Grupo Socialista, el señor Arola y yo, en lo referente a corporaciones locales y comunidades autónomas. Yo voy a referirme a los presupuestos en relación con las corporaciones locales.
Quería hacer una observación que ya la hice en la comparecencia del secretario de Estado, en relación con la situacióón de los municipios en nuestro país. En todas las ocasiones que tengo, lo hago, porque me parece que es importante que se conozca claramente su situación. Voy a dar un dato que es importante: en el año 1979-1980, cuando se inicia la andadura de los ayuntamientos democráticos y se pone en marcha el proceso de transformación y de descentralización en nuestro país, la participación de los municipios en el gasto del Estado estaba en el 11 por ciento, no había más que dos administraciones, la Administración central y la Administración local. Bien, hoy estamos en el año 2000 y la participación de los municipios en el gasto del Estado está en el 13 por ciento. Ésta es la situación real de los municipios y de lo que han avanzado los mismos en estos 20 años de transformación profunda de nuestro país. Eso quiere decir que los municipios en España no están bien y, además, se nos llena la boca con frecuencia a todos de la necesidad que tenemos de que esa administración de lo cotidiano, esa administración de lo próximo, esa administración que puede hacer un poco más feliz la vida a la gente esté teniendo una ausencia de atención por parte del Gobierno.


El Gobierno, en el año 1999, llega a un acuerdo sobre algún tipo de reformas en el ámbito local y lo publica como el gran pacto local. El Gobierno dice que ya ha cumplido con los ayuntamientos y, por tanto, ahora le corresponde a otras administraciones, a las comunidades autónomas, continuar el proceso de descentralización. Eso no es verdad. El Estado no ha cumplido con los ayuntamiento y la prueba evidente de ello son estos mismos presupuestos. En estos presupuestos hay un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno para incrementar el Fondo Nacional de Cooperación en el crecimiento del PIB. Eso se da sólo y estrictamente en cuanto al fondo. En cuanto hay otras partidas que no figuran directa o estrictamente en el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno inmediatamente el Gobierno cicatea, congela, no hace ningún esfuerzo. Por tanto, en el cómputo global de lo que son las transferencias del Estado a las corporaciones locales, no existe ese crecimiento del PIB nominal porque se congelan partidas tan importantes como los fondos especiales, el fondo del transporte colectivo, el plan de obras y servicios. Y vemos qque de las transferencias del Estado para el año 2000 a los ayuntamientos hay un crecimiento inferior al PIB nominal.
Esa es la constatación clara de que el Gobierno del Partido Popular, muy lejos de prestar atención a los ayuntamientos, aunque haga esos alardes de que ha cumplido con el pacto y que ya no es responsabilidad suya atender a los ayuntamientos, en cuanto tiene ocasión, porque está obligado también por cumplimiento de compromisos anteriores, de seguir prestando ayuda por vía de otros fondos, no solamente no cumple con esa obligación, sino que regatea y va enseguida a la baja en los compromisos que tiene adquiridos anteriormente.
No hemos presentado enmiendas a la transferencia fundamental porque entendemos que el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias debe respetarse, estemos o no estemos de acuerdo, pero hay un acuerdo entre la FEMP y el Gobierno y le respetamos. Nos gustaría que en breve se puediera discutir de la modificación de la Ley de financiación de las corporaciones locales; además, es necesario y urgente hacerlo porque ya se está incumpliendo un acuerdo de esta Cámara de una proposición no de ley para buscar el mecanismo de sustitución del impuesto de actividades económicas. Esto no se ha hecho y se deberá hacer con urgencia, porque en la legislatura anterior, fue una promesa del señor Aznar que no se cumplió , y en el inicio de esta legislatura ha prometido la eliminación de ese impuesto, sin que se haya visto cuál es el mecanismo de sustitución.
Lo dejaremos para el momento oportuno, cuando se discuta la modificación de la Ley de financiación de las corporaciones locales.
No queremos enmendar no estrictamente el fondo de cooperación, es decir, la participación en tributos del Estado, entre ellos el fondo que se destina al transporte colectivo urbano, porque precisamente este año se dan unas circunstancias muy especiales. Es un fondo deficitario, como saben todas SS.SS., es un transporte público que crea una carga importante para el conjunto de los ayuntamientos

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y que en un momento como el actual es más gravoso. No podemos ocultar la subida de los precios de los carburantes, que tiene una incidencia muy directa en el transporte colectivo y en el transporte colectivo urbano. Lejos de ser sensible a esa situación, el Gobierno incrementa por debajo del PIB el fondo destinado al transporte. Nosotros creemos que debe incrementarse, ya que debe contemplarse no sólo el crecimiento del PIB, sino la incidencia de los carburantes. Tenemos enmendada (no en este capítulo, pero estamos refiriéndonos a ese ámbito) la partida destinada al fondo de plan de obras y servicios, que no sólo no incrementan sino que directamente congelan, con lo que hay una importante disminución de transferencias del Estado a las corporaciones locales.
Tenemos algunas enmiendas de carácter instrumental que creemos que son de puro sentido común. Si uno de los parámetros es la población, debe ajustarse a la población real y no tiene por qué mencionarse la población al uno de enero de 2000. Si los municipios recibirán en función de la población que tienen en el año 2001, la población que debe establecerse es la de enero de 2001 y no la de enero de 2000.
Hay otra que también nos parece importante, puesto que ese fondo del transporte destinado a cumplir con la obligación que tienen los municipios españoles de tener transporte público se refiere exclusivamente a los municipios de más de 50.000 habitantes. Pero no es menos cierto que las capitales de provincias -y hay muy pocas que no lleguen al índice de población de 50.000 habitantes- están obligadas y prestan el servicio público de transporte de viajeros y deberían estar incluidas en la distribución de ese fondo destinado al transporte.
No hemos entrado en otras enmiendas, como las relativas a las compensaciones a los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas de los tributos locales, porque entendemos que es de sentido común, aunque hay otras enmiendas que apoyaremos en el momento en que se traten. Digo de sentido común porque me parece muy bien que el Estado suprima tributos locales si es su voluntad política hacerlo, pero cuando se trate de suprimir tributos locales, debe tener un mecanismo de compensación para aquella Administración que es la que sufre el efecto de la pérdida de esos ingresos. Como hay otras enmiendas en ese sentido, en el momento oportuno fijaremos nuestra posición.


Le cedo la palabra al señor Arola en relación con las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arola.


El señor AROLA BLANQUET: Para justificar nuestras enmiendas diciendo que el sistema de financiación autonómico en estos momentos ni funciona ni se cumple ni se cumple ni funciona, como ustedes prefieran, y que el balance, a punto de terminar el quinquenio previsto, nos parece francamente negativo. Había tres elementos que se destacaban por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta, la corresponsabilidad, la solidaridad y la equidad, que parecían las tres patas en las que se iba a apoyar. La corresponsabilidad que se proyectaba sobre la cesión del 30 por ciento del IRPF no se ha completado; la capacidad normativa no se ha ejercido sino de una forma simbólica, y la correlación entre recaudación e ingresos de esa comunidad autónoma creemos que simplemente no existe. En cuanto a la solidaridad, en este sistema lo que menos crece es el Fondo de Compensación Interterritorial. Aunque luego podremos ver alguna enmienda nuestra y de otros grupos, que también apoyaremos, creemos que no crece la solidaridad puesto que no crece el Fondo de Compensación Interterritorial. Respecto a las transferencias para la financiación o lo que se llama nivelación de los servicios públicos fundamentales, no sólo no se han ejecutado las partidas de los años anteriores, sino que incluso en éste -recordarán la contestación que se nos dio en su momento- parece que se quieren sustituir por una reducción de los importes totales que había y de los actuales por una especie de convenio para el pago de personal asociado de la universidad en aquellas comunidades que han recibido esa transferencia. Reitero que no sólo reduce las cantidades, sino que es de muy difícil justificación que eso corresponda a la nivelación de los servicios públicos. Por otra parte, han tenido muy poca fortuna a la hora de negociarlo con las distintas comunidades autónomas a las que se le ha dado esta posibilidad, puesto que no es sino establecer compromisos ahora de un determinado reparto porcentual, pero dentro de tres años tendrá que ser asumido totalmente por esas comunidades autónomas que firmen dichos convenios.
En cuanto a la equidad, la garantía de financiación por habitante, nunca inferior al 90 por ciento de la media, ni se ha instrumentado ni nosotros creemos que se prevea ninguna medida para cumplirla o, al menos, para realizar un anticipo a cuenta. Es un sistema en el que ha aumentado el número de disfunciones, y va a ser muy difícil iniciar la nueva negociación si antes no se han corregido los defectos que ya he citado y algunos de los cuales pretendemos solucionar a través de nuestras enmiendas. Como la que intenta compensar, por ejemplo, los ingresos por las pérdidas de recaudación en impuestos cedidos que han sido modificados a la baja por el Gobierno central pero que no tienen compensación, y me uno a las palabras que antes ha dicho mi compañero de grupo. O un credito presupuestario para aquellas comunidades que por no haber aceptado el actual sistema de financiación parecen claramente perjudicadas y para las que no parece haber voluntad política de atribuir las previsiones que establece laLofca.


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Es muy importante la actualización de los censos y la repercusión que tienen en las distintas comunidades autónomas, la igualación de las comunidades autónomas, ya que la no aceptación del sistema de financiación no tiene por qué afectar a la participación en los ingresos del Estado. Dicho de otra manera, el instrumento de financiación común a las comunidades autónomas debe evolucionar de forma idéntica. Queremos que se dote de cantidades a cuenta que permitan ir avanzando en el horizonte de la liquidación definitiva a favor de las comunidades autónomas. Creemos que el nivel mínimo de los servicios, por ejemplo en las comunidades de Andalucía o de Extremadura, de acuerdo con sus previsiones estatutarias, debe tener partida presupuestaria en este ejercicio que vamos a empezar. Lo que nos importa es el hecho y no tanto las cuantías. Estoy pensando, por ejemplo, en otras enmiendas como puedan ser las presentadas por el Partido Andalucista u otros grupos que están en la oposición que han presentado enmiendas parecidas respecto al censo, en el caso de Extremadura, o respecto a las cuantías del Fondo de Compensación interterritorial. Creemos que hay que cumplir los acuerdos firmados para no perjudicar a las comunidades autónomas que han asumido recientemente, por ejemplo, la competencia en educación, o que la diferencia de financiación per cápita no puede ser superior en un 2 por ciento a la media, como hemos dicho al principio. Intentamos solucionar problemas que conocemos, como puedan ser los que están surgiendo en Asturias. Pretendemos mantener el mismo porcentaje fijado en el año anterior para el Fondo de Compensación Interterritorial, para evitar la paradoja de que una subida aparente en pesetas sea una bajada real al reducirse el porcentaje con el que se establecía. Finalmente, y con ello termino, en la enmienda 1103 se ve la cantidad que sería la resultante de aplicar el porcentaje que pensamos. Reitero que buena parte de estas enmiendas coinciden en el fondo con las presentadas por otros grupos y no tanto en las cuantías que los distintos grupos hemos propuesto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma tiene la palabra.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A este título mantenemos dos enmiendas: la número 1557, al artículo 72, trata de dar una nueva redacción al mismo de acuerdo -al menos esa es nuestra voluntad- con una sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre, la número 233/1999, dictada en relación -entre otras- con la disposición adicional decimoquinta de la Ley reguladora de las haciendas locales.
En dicha disposición se argumenta que las subvenciones al transporte colectivo a que hace referencia el artículo 72 del proyecto enviado por el Consejo de Ministros tienen naturaleza de subvenciones condicionadas; es decir, que tienen como destinatario las entidades locales, que no pueden regularse ni gestionarse al margen del orden constitucional de atribución de competencias. Este es el sentido y la voluntad que expresamos mediante una redacción alternativa, o menos modificativa en la parte sustantiva, del artículo 72 del proyecto de ley.
También mantenemos y defendemos en este trámite la enmienda 1558 al artículo 73, que trata de la compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, a los que ya se ha referido de forma genérica uno de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. El estudio del Gobierno sobre la posible compensación a los ayuntamientos afectados por la bonificación establecida en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de peaje, establece en sus conclusiones que las entidades que a 31 de diciembre tuviesen la condición de concesionarias de la construcción, conservación y explotación de autopistas continúen disfrutando de una bonificación del 95 por ciento en la cuota del IBI hasta la fecha en que expire la concesión; si bien la bonificación citada -95 por ciento, nada menos- no será aplicable a las concesiones obtenidas después del 31 de diciembre de 1989 ni a los nuevos tramos que queden integrados en las concesiones cuando la modificación se produzca con posterioridad a la citada fecha. Dicho informe clarifica, por tanto, la sujeción al impuesto de las concesiones y tramos incorporados a modificaciones de las concesiones posteriores a 1990.
Por lo que se refiere a compensación del beneficio fiscal, el estudio del Gobierno que he citado se limita a señalar que la posición manifestada por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales en esta materia ha sido, y cito textualmente: la de entender que no resulta aplicable en ese caso la compensación.
Esta posición no coincide, sin embargo, con lo que entienden los ayuntamientos afectados, y así lo han puesto de manifiesto las distintas asociaciones de entes locales. Éstos se han visto privados de unos ingresos correspondientes al 95 por ciento, nada menos, del impuesto de bienes inmuebles a causa de una bonificación legislada por el Estado. Aquí hay un contrasentido que ya ha puesto de manifiesto -repito- uno de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista: un impuesto que en la práctica es vital para las haciendas locales es regulado por el Estado en tanto que impuesto -naturalmente-, pero tiene en su detractación una incidencia absolutamente negativa sobre las haciendas locales que no se ve compensada de ninguna de las maneras.
La disposición transitoria segunda de la Ley reguladora de las haciendas locales establece la vigencia de la antigua bonificación del 25 por ciento de que gozabanlas sociedades concesionarias de autopistas respecto a

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la antigua contribución territorial urbana. La continuidad de esta bonificación hasta la extinción de la concesión se hace recaer en la disposición transitoria indicada de la Ley reguladora de la haciendas locales sobre el nuevo impuesto sobre bienes de naturaleza urbana, impuesto de nueva creación en la propia Ley que entró en vigor el 1 de enero de 1990, que son impuestos de carácter local respecto a los cuales, de acuerdo con la misma ley, toda bonificación o exención que se constituya ha de ser compensada por el Estado, única Administración que tiene competencias para aprobarlas y concederlas.
Por tanto, al contemplar su vigencia en el nuevo impuesto, debe compensarlas en cumplimiento de lo que dispone una ley en vigor, la reguladora de las haciendas locales, como se ha puesto de manifiesto en distintos lugares y por distintos tribunales superiores de justicia. Ese es el sentido de nuestra enmienda. No estamos en contra de esta bonificación, pero no estamos a favor de que el coste de la misma recaiga sobre las haciendas locales porque es contradictorio con lo que marca, expone y de forma imperativa dice la Ley reguladora de las haciendas locales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: A este título VII, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantea once enmiendas destinadas todas ellas a mejorar las partidas presupuestarias de las administraciones locales y autonómicas.


La enmienda 130 al artículo 68 pretende incrementar el crédito presupuestario destinado a realizar la entrega a cuenta de los municipios por la cantidad de 1.241 millones. Se trata de ir mejorando el problema de la insuficiencia financiera de las corporaciones locales incrementando los créditos destinados a este fin en los Presupuestos Generales del Estado del año 2001 en un 30 por ciento.
La enmienda 131 al artículo 68 pretende crear un fondo de solidaridad de 25.000 millones de pesetas, con el fin de garantizar una aportación mínima de los tributos del Estado a cada ayuntamiento de 3.500.000 pesetas para incentivar la creación de mancomunidades intermunicipales de servicios. Se pretende garantizar unas transferencias mínimas desde los Presupuestos Generales del Estado a los ayuntamientos y favorecer la formación de mancomunidades de servicios por parte de éstos, única forma de conseguir una economía de escala suficiente para garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos.
La enmienda 132 al artículo 69 plantea incrementar del 95 al 98 por ciento las cantidades respectivas y relacionadas con el porcentaje inicial respecto del presupuesto en pesetas. El argumento es aumentar la liquidez de las provincias y cabildos dándoles el mismo porcentaje de pagos a cuenta que a las comunidades autónomas.
La enmienda 133 al artículo 72 plantea un incremento de 10.000 millones de pesetas, que se destinarán por parte de los ayuntamientos a subvencionar los títulos de transporte a los parados registrados que cumplan unos requisitos específicos que se reglamentarán oportunamente. Es necesario procurar la movilidad de los parados y la posibilidad de mejorar su salario indirecto y renta disponible apoyando a los ayuntamientos para la ejecución de una política de gasto distributiva, de ahí la financiación estatal.
Como decía el portavoz del Grupo Socialista en una de sus enmiendas, la enmienda 134 al artículo 72 plantea actualizar el Padrón Municipal, pasando del año 2000 a enero de 2001, para acercar las normas a los datos más cercanos y reales que tenemos en estos momentos.
La enmienda 135 al artículo 72 plantea que, en caso de alteración de los precios de los carburantes en un porcentaje superior al 2 por ciento, se habilite una mejora de las subvenciones que compense dicha alteración, procurando el mantenimiento en términos reales de las subvenciones establecidas en este artículo.
La enmienda 137 al artículo 74 pretende, en la misma línea, integrar en la compensación las bonificaciones en las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes a autopistas en régimen de peaje de las que se beneficiarían las sociedades concesionarias de las autopistas, tanto de titularidad estatal como autonómica. En ese sentido, se trataría de integrar en la compensación las exenciones de impuestos decididas en un ámbito competencial diferente a los ayuntamientos, pero no deben detraerse de los ingresos municipales.
Con la enmienda 138 pretendemos la creación de un artículo 82 bis, que dice: «Garantía de financiación en el año 2001 de las comunidades autónomas a las que no sea de aplicación el modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001.» La disposición técnica de cuál de los dos modelos de financiación de las comunidades autónomas era más conveniente estaba desvirtuada por la carencia de la inclusión en la misma de elementos que en ese momento no se habían puesto en la mesa: reforma del IRPF, congelación de la variable de población en uno de los modelos, creación a posteriori de un nuevo modelo de fondo de garantía de ingreso ligado al crecimiento del PIB, etcétera. Los planteamientos que se hicieron en función de las variables y supuestos de 1996 no deben sufrirlos los ciudadanos. No es cuestión de afirmar los aciertos o errores de cada uno o la bondad de un sistema u otro, porque durante los años transcurridos desde esa fecha se ha modificado el supuesto del problema.
Por otro lado, el nuevo modelo de financiación y la renovación de la discusión sobre alternativas e impuestos cedidos, compartidos, transferencias y lo que haga posible la suficiencia y corresponsabilidad fiscal de las

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comunidades autónomas dentro de un sistema fiscal progresista y redistributivo aconsejaría empezar de cero, sin agravios comparativos. De ahí la redacción de este artículo, que posibilitaría alcanzar sólo en este ejercicio el máximo de recursos del modelo 1997-2001, en caso de que éste fuera el más óptimo.
Por último, la enmienda 139 al artículo 86 pretende incrementar en 20.000 millones de pesetas el dinero destinado para el Fondo de Compensación Interterritorial, a dotar de capacidad inversora a las comunidades autónomas más desfavorecidas para corregir los desequilibrios interterritoriales, sobre todo, tras la recepción de las competencias de educación para todas las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: En primer lugar, quería pedir disculpas por el retraso en llegar a esta Comisión debido a razones operativas, como dice Iberia (Risas.), por ello solicito de la Presidencia que las enmiendas al artículo 13 que no han podido ser defendidas por este grupo parlamentario se den por defendidas en su mismos términos en los que están expuestos y puedan ser sometidas a votación. Espero de la flexibilidad de la Mesa y del resto de los grupos parlamentarios que esta consideración pueda ser atendida.
En lo que respecta a las enmiendas que se presentan a estos títulos por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sus razones están ampliamente expuestas en las justificaciones de las mismas y las doy por defendidas en sus propios términos. (El señor Cámara Rodríguez- Valenzuela pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos pide la palabra, señor Cámara?

El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Recuerde que con ocasión del título II le pregunté al presidente qué hacía con las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, ya que no habían sido defendidas. Ruego que con relación a lo expuesto por el Grupo Nacionalista Vasco se estudie la regularidad de lo que ha solicitado por los servicios jurídicos de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: El señor Núñez, en una intervención anterior -no sé si el portavoz del Grupo Popular estaba en ese momento en la Comisión-, ha solicitado a la Mesa y a la Presidencia flexibilidad para poder dar por defendidas todas las enmiendas, con independencia de que se hubiese intervenido o no en cada uno de los bloques de discusión o que se hubiese manifestado o no la posición del grupo antes de someterlas a votación, votación que tendrá lugar esta tarde a partir de las ocho y media. En la respuesta al señor Núñez he manifestado que la Mesa y esta Presidencia serán flexibles teniendo en cuenta las características del debate, como hay que serlo para amparar a todos los grupos con mayor o menor número de enmiendas, con mayor o menor número de diputados, para que puedan defender sus posiciones y permitir que la voz de todos los grupos sea escuchada y sus derechos como parlamentarios y como grupos sean atendidos. Lo mismo que le he contestado al señor Núñez le contesto ahora al señor González de Txabarri: esta Presidencia será flexible y entiende que, manifestada la voluntad de cada uno de los portavoces de los grupos de dar por defendidas sus enmiendas, han cumplido con el trámite reglamentario y se someterán a votación.
Tiene la palabra el señor Núñez, en nombre del Grupo Mixto.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: El Grupo Mixto presenta catorce enmiendas a este título VIII. Me voy a limitar a la defensa de las presentadas por el Partido Andalucista y doy por defendidas y mantenidas las enmiendas del resto de mis compañeros del Grupo Mixto, como he dicho desde el principio del debate.
Hemos presentado enmiendas sobre una cuestión clave, los desequilibrios regionales en España. Hace muy pocas semanas hemos aprobado en esta Cámara, sin ningún voto en contra, el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial. Independientemente de que esto se pueda hacer con más detenimiento y cuantía una vez se determine el modo de financiación hasta los próximos años, hemos entendido que por lo menos debería mantenerse el mismo coeficiente, el mismo tanto por ciento que contenía el presupuesto del año pasado, ya que, como sabe S.S., el FCI se corresponde a un presupuesto sobre la inversión real. Solamente sin que disminuya ese porcentaje, manteniéndolo y aplicando también el deflactor del PIB se produce un incremento de este fondo, donde la cifra no coincide, pero es razonablemente parecida a otras enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego.
Respeto, por tanto, a una fórmula que justifique esa voluntad manifestada unánimemente en la Cámara hace muy pocas semanas de que es necesario incrementar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, el único mecanismo constitucional para la corrección de desequilibrios, cuyo montante absoluto no resiste análisis respecto al peso de los Presupuestos Generales del Estado.
En ese sentido van las enmiendas 1639 y 1640. La presentada por el Grupo Andalucista representa un incremento aproximadamente de 16.000 millones, pero oscilan entre 13.000, 15.000 ó 17.000 las cantidades propuestas por el resto de los grupos.
Hay otra enmienda que también tiene que ver con los desequilibrios, puesto que tiene que ver con la aplicación de la fórmula de financiación de las comunidades autónomas. Se aplica un censo que tiene un tiempo

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que, como SS.SS. saben, distorsiona la población de las distintas comunidades españolas. No habría tanto problema en el reconocimiento del último censo si las variables demográficas hubieran sido constantes en todas las comunidades españolas, pero, como saben SS.
SS., hay comunidades que han crecido y otras han decrecido. Por tanto, aplicar el coeficiente de esta población supone tener menos recursos para el mantenimiento de servicios básicos de estas comunidades. Hemos presentado una enmienda para añadir un párrafo al artículo 82.3, que dice que cuando se proceda a la liquidación definitiva con arreglo al sistema de financiación adoptado en este año 2001 por las comunidades autónomas se haga considerando las últimas cifras oficiales del último padrón y no las que se aplican en la actualidad, que están produciendo estos desajustes. Me parece que son enmiendas fundamentales porque responden a uno de los problemas más graves que tiene este país, el problema de los desequilibrios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Quiero dar respuesta al conjunto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. El Grupo Popular va a apoyar el proyecto que ha remitido el Gobierno y vamos a votar en contra de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios han presentado. Este es un título que invita al mercadeo de las cifras; como se dice en Andalucía: yo dos huevos duros más. Es fácil hacerlo, fácil pedirlo y fácil utilizar enmiendas para pedir y luego poder decir que se ha pedido pero que el Gobierno y el Grupo Popular han rechazado esas peticiones. Pero ateniéndonos a la realidad y al presupuesto, hay que decir que las corporaciones locales en este presupuesto tienen más dinero que en los anteriores, que se pasa de un billón cuatrocientos y pico mil millones a más de un billón quinientos mil millones de pesetas. Esa es una realidad que está ahí, aunque individualmente se quiera decir que se decrece y que se perjudica a los ayuntamientos, dando esa visión catastrofista desde los grupos de la oposición del apoyo del Gobierno al municipalismo.
Coincidiendo con el señor Rodríguez Bolaños en la participación, en el peso que hoy tienen los municipios en el conjunto del Estado, entendemos que también es necesario analizar desde la rigurosidad y desde la seriedad hacia dónde vamos dentro de la aportación y lo que los ayuntamientos significan y representan en este país; como municipalistas que somos los dos en ese aspecto podemos coincidir.
Pero no podemos coincidir en su visión de que este Gobierno tiene abandonados a los ayuntamientos, porque la política global del Gobierno también beneficia a los ayuntamientos y el señor Rodríguez Bolaños lo sabe bien. Los ayuntamientos han saneado parte de su economía con las refinanciaciones que han hecho, y eso es fruto de la política económica del Gobierno del presidente Aznar y del Partido Popular. Yo cuando he sido alcalde de mi ciudad he refinanciado en mejores condiciones, lo que me han permitido ahorrar mucho dinero que se pagaba de intereses a los bancos. Esa es una aportación que se hace por una política y por un comportamiento político en materia económica del Gobierno del Partido Popular. Pero no sólo eso, hoy todos los ayuntamientos cobran mejor sus impuestos, porque la situación económica de los ciudadanos ha hecho que disminuya su morosidad en cuanto al pago de tributos, y los que estamos en el municipalismo sabemos que eso es verdad, y eso es fruto también de la actuación política del Gobierno en materia económica.
En el tema del transporte colectivo podríamos repetir las palabras de nuestro anterior portavoz; podemos estar todo el día subiendo y bajando las aportaciones según las subidas o bajadas del precio de los carburantes, pero hay que mantener un criterio de rigurosidad y de globalidad dentro de todos los aspectos.
Y enlazo con la financiación autonómica y con el modelo de financiación autonómica. Yo quiero decirles a los miembros del Grupo Socialista que lo que hacen con sus enmiendas es intentar cubrir el fracaso de sus dirigentes, que no aceptaron el modelo de financiación, y cubrirles las cifras que no han llegado a alcanzar y que este partido en las distintas comunidades autónomas ha denunciado que estaban perjudicando a los intereses de los ciudadanos de aquellas comunidades. Y lo hacen ustedes vía enmiendas para cubrir las cantidades que no están percibiendo esas comunidades (y que, en el caso de Andalucía, superan los 100.000 millones de pesetas) por no haber aceptado un modelo de financiación que beneficiaba al conjunto de los ciudadanos y a las comunidades y por utilizarlo de manera política en las comunidades donde ustedes estaban gobernando y que no les ha aportado ni un solo voto, aunque ustedes hayan estado durante cuatro años intentando demostrarles a los ciudadanos que desde el Gobierno de España del Partido Popular se estaba perjudicando a esos ciudadanos. Ustedes con estas enmiendas pretenden cubrir ese déficit de financiación que no reciben por no haber aceptado el modelo de financiación y están reconociendo implícitamente el error de la actuación política de sus dirigentes en esas comunidades autónomas.
Mejor que presentar estas enmiendas sería que ustedes les dijeran a sus dirigentes que aceptaran el modelo de financiación. Pero lo que preocupa a este grupo parlamentario no es la situación que tienen ahora, sino la situación hacia la que vamos, porque nos preocupa enormemente que el primer partido de la oposición no tenga modelo de financiación, que el líder de la oposición diga que este es un tema que hay que hablar con los presidentes de las comunidades autónomas, porque si tenemos que hablar con los presidentes de las comunidades autónomas del modelo de financiación autonómica

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tendremos que hablar con sus miles de alcaldes y de concejales de la financiación municipal.
Un partido que aspira a volver a gobernar España dentro de algunos años lo menos que puede tener es un criterio sobre financiación autonómica, porque el partido del Gobierno y el Gobierno necesitan saber cuál es su criterio en financiación autonómica, porque hay que sentarse a hablar y a discutir y el único criterio que ustedes demuestran sobre financiación autonómica es pedir más, bailando cifras, y pedir por pedir. Tienen que reconocer que han fracasado en aquellas decisiones de ámbito político desde las comunidades autónomas que ustedes presiden, que han intentado jugar a favor y les ha salido mal y encima les ha costado dinero al no ingresar en esas comunidades autónomas.
Este es el planteamiento del Grupo Popular respecto a las enmiendas que ustedes presentan, que vamos a votar en contra. Creemos que se hace un esfuerzo desde el Gobierno por apoyar a los ayuntamientos, por apoyar a las comunidades autónomas, y la prueba evidente es que, de todas las comunidades autónomas que están en el sistema de financiación, ninguna, incluso las gobernadas por ustedes, quiere salirse de él, señal de que es un sistema que está funcionando, y hay que estar preparados para sentarse a charlar de la nueva financiación autonómica. Lo que les pedimos es que ustedes se sienten y se pongan de acuerdo entre ustedes mismos para que tengan, cuando llegue el momento de la financiación, un único criterio que permita sentar unas bases de diálogo con el Gobierno de España y con el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Dada la hora en la que nos encontramos y, pese a la flexibilidad mostrada por esta Presidencia tanto en la duración de las primeras intervenciones como en la de las réplicas, les voy a pedir que ahora se atengan a lo que es estrictamente una réplica en relación a los argumentos que hayan sido utilizados previamente en el debate.
El señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Intervengo brevísimamente. En relación con los argumentos casi no queda réplica, porque dice: Si España va bien, ¿de qué se quejan los ayuntamientos? Escuchándole a usted ahora y al señor Martínez-Pujalte antes dan ganas de no venir, porque ¿cómo se nos ocurre decir algo en contra del Gobierno y en contra del Partido Popular? Están a punto de anatematizarnos. Mire usted, aquí venimos a defender las cosas con rigor, señor Merino, y con rigor no es decir que los ciudadanos pagan mejor porque tienen más dinero o que los ayuntamientos van bien porque cobran mejor o porque como los tipos de interés han bajado tienen que pagar menos. Yo le he dicho: si el Estado crece tanto los ayuntamientos deberían crecer lo mismo que el Estado, y como los ayuntamientos no crecen lo mismo que el Estado, ustedes no están tratando bien a los ayuntamientos, los están tratando mal, digan lo que digan, están tratando mal a los ayuntamientos, porque no están viendo a esa administración como están viendo al propio Gobierno, que le tratan mejor, o a otras zonas del Estado o a otras administraciones. Eso es lo que le he dicho. A nosotros nos gustaría decir -¡cómo no!- que los ayuntamientos crezcan el 30 por ciento, y yo le he dicho: No, respetamos el acuerdo que la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho con su Gobierno. Lo respetamos, pero sí decimos algunas cosas que nos parecen escandalosas, como que no se congele el plan de obras y servicios, porque eso es detraer recursos a los ayuntamientos, que se tenga en cuenta un crecimiento similar al del PIB para el servicio del transporte y que, además, si existe una contingencia, como la hay en este momento (y sobre la que anteriormente el señor MartínezPujalte nos ha dicho: ¿No se han dado cuenta ustedes de que hemos tratado sobre un sector determinado porque tenía perjuicios?), nosotros decimos que el sector del transporte público de viajeros en los ayuntamientos y, por tanto, los ayuntamientos están viéndose perjudicados por un incremento de los carburantes y ustedes no lo están teniendo en cuenta. Creo que es actuar con rigor, dreo que eso es decir sinceramente que ustedes no tratan bien a los ayuntamientos, y no me diga que España va bien para contestarme a todo.


El señor PRESIDENTE: Señor Arola.


El señor AROLA BLANQUET: Señor Merino, estoy tan de acuerdo con usted en que hay que ser riguroso, que espero que para la próxima vez que se celebre este debate usted me pueda citar el importante número de reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se habrá producido en un año, porque lo que no me puede citar son los que se han producido en los dos últimos años, como ya nos pusimos de acuerdo en la última comparecencia.
Yo no intento cubrir el fracaso de nuestros dirigentes, sino que intento poner de manifiesto el fracaso del actual sistema de financiación, y que sólo faltaría que alguien siguiera su concepto de la autonomía, que es -según usted- poco menos que ir a decirle a nuestros dirigentes autonómicos lo que tienen que hacer, y además usted lo que plantea es salirse (que ya sería el colmo del disparate) de este sistema de financiación, que ahora algunas comunidades autónomas se quisieran salir, incluso las que gobernamos nosotros.
No, nuestra aportación, señor Merino, será más seria. En cuanto que usted me mande una fotocopia del acuerdo entre el señor Zaplana y el señor Aznar, yo le mando una fotocopia -que sí existe- de cuál es el modelo de financiación que tiene el Partido Socialista, porque, puestos a oír modelos, yo creo que al señor Zaplana le hemos oído varios y, puestos a oír modelos al señor Aznar, por lo que hemos oído y leído, es llevarle la contraria

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al modelo que proponen algunos de sus dirigentes en las comunidades autónomas.
Para ser breve, como no me ha dicho nada del Fondo de Compensación Interterritorial, lo que entiendo es que me da la razón, aunque, como decía antes mi compañero Jáuregui, nos dan la razón, pero no los votos. Pues muy bien, quédense con los votos, que es una cosa transitoria, que nosotros nos quedaremos con la razón, que parece más duradera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Para decir al portavoz del Partido Popular, señor Merino, que me extraña, después de haber sido él incluso ponente en este acuerdo que hubo en la Cámara hace muy pocas semanas acerca de que había que incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial, que no hable del incremento del Fondo de Compensación Interterritorial y de esa propuesta de mantener al menos el mismo porcentaje que el año pasado respecto a las inversiones.
También me apena que se empleen puros argumentos de dialéctica política -dialéctica política que es legítima- en cuanto al castigo que hay que dar a los pueblos que no votan al PP, que haya que castigarlos porque se pierden 100.000 millones por no aceptar el modelo, o que aquí se viene a pedir por pedir. ¿Usted cree, señor Merino, que pedir un incremento del Fondo de compensación interterritorial para aliviar algo el fenómeno de la no convergencia entre comunidades españolas es pedir por pedir? ¿Pedir por pedir es algo que afecta a todas las comunidades autónomas, no a una, cediendo algo de compensación a las más desfavorecidas respecto a las que van mejor? ¿Eso es pedir por pedir? Creo que el debate del incremento del Fondo de compensación interterritorial, que es un debate claro y acotable, no debemos llevarlo al debate, en el que también podríamos entrar, sobre cómo se financian las comunidades autónomas, que esa es otra. Ahí podríamos discutir sobre diversos aspectos, sobre qué fórmula es la mejor.
Hay otro debate que tampoco ha citado. ¿Cree, señor Merino, que es razonable aplicar la cifra de población que se está aplicando, con un censo desfasado? Imagino que no. Creo que hay una propuesta que no cambia el modelo de financiación ni entra a decir qué es lo mejor.
Por cierto, si el Gobierno dice, por su voz y por gente más cualificada que puede ser el propio presidente del Gobierno, que una comunidad autónoma pierde dinero, y dice la cifra, tiene muchos instrumentos en la mano para compensar esa pérdida y no sólo que diga: Pierde dinero por no ser votante de mi causa; si votara a mi causa, no perdería dinero Por tanto, espabilen.
Yo creo que deberíamos dejar a un lado la dialéctica puramente partidaria, que es legítima en cualquier caso, y hablar del fondo de la cuestión, que este país tiene todavía fuertes desequilibrios y que la partida del Fondo de compensación interterritorial no resiste análisis sobre su cuantía y sobre la eficacia en la corrección de estos desequilibrios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señorías, por su intervención.
Yo diría a los portavoces del Grupo Socialista que me preocupaba que ustedes presentaran esta enmienda, que me preocupa que ustedes, a través de las enmiendas, intenten arreglar los errores de sus dirigentes políticos en comunidades autónomas, pero me preocupa más, como ciudadano de España, que tengan un papel sobre el modelo de financiación autonómica y no lo sepa su nuevo y flamante líder, que se reúne esta tarde con los presidentes de comunidades autónomas para fijar el modelo de financiación. Eso me preocupa seriamente, porque viene a demostrar que el señor Rodríguez Zapatero no sabe ni los papeles que ustedes y sus presidentes de comunidades autónomas manejan. (Rumores.) No lo digo yo, lo dice la reunión, anunciada por ustedes, que esta tarde tiene el señor Rodríguez Zapatero. Por tanto, su intervención y la reunión de esta tarde vienen a demostrar que lo que dice el Grupo Parlamentario Popular es la verdad. No saben ni por dónde se andan en financiación autonómica, utilizan los presupuestos para hacer un brindis al sol y para ofrecer a los ciudadanos la visión de que ustedes son los únicos que se preocupan por ellos. Sin embargo, los ciudadanos, hace pocos meses, en marzo, hablaron de quién creían que podía cuidar mejor los intereses generales de España y los intereses generales de los ciudadanos.
Respecto a la intervención del señor Núñez, he de decirle que el Partido Popular y el presidente del Gobierno no castigan a quien no vota al Partido Popular. Son ustedes, el Partido Andalucista, con su apoyo en Andalucía al Gobierno del señor Chaves, del Partido Socialista, los que están castigando a los andaluces por utilizar el juego político en vez de utilizar el juego de la razón y de la financiación y por no aceptar un modelo de financiación que ustedes sabían que era mejor para los andaluces. Ustedes son los que están provocando que en Andalucía se deje de ingresar más de 100.000 millones de pesetas por su testarudez política y buscando un voto que no han conseguido ni ustedes ni el Partido Socialista en las elecciones de marzo, tanto generales como autonómicas; si no, ahí están los datos de esas elecciones generales. La diferencia fue que ustedes y el Partido Socialista se quedaron clavados en votos y el Partido Popular subió de diputados en las autonómicas y en las generales porque los ciudadanos andaluces se dieron cuenta de que ustedes les estaban engañando. Por tanto, no venga a decir que nosotros castigamos sino que ustedes, con su juego político, con

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su juego de pactos, nos están perjudicando a los andaluces, y lo único que pedimos a usted y a su grupo es que recapaciten sobre si a los andaluces nos interesa que ustedes mantengan esa postura política o se adapten a un sistema que ha mejorado las financiaciones de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Damos por acabado el debate del título VII y vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, votaremos la cobertura de la secretaría de la Mesa, que quedó vacante con la dimisión del señor De Juan, y posteriormente votaremos los dictámenes de los tres proyectos de ley de créditos suplementarios extraordinarios que hemos analizado esta mañana, aunque no debatido.
Posteriormente a la votación, debatiremos las disposiciones adicionales, las transitorias y los anexos en un solo bloque de discusión, como estaba previsto.


ELECCIÓN VACANTES MESADE LA COMISIÓN

- ELECCIÓN DELSECRETARIO DE LA MESA.


El señor PRESIDENTE: La votación es nominal, por llamamiento. Por favor, pido al letrado que vaya nombrando a los miembros de la Comisión. En el caso de que los miembros titulares no estén presentes, ruego a los portavoces de los grupos que vayan comunicando las sustituciones que procedan. Organícense los portavoces de cada uno de los grupos para ir comunicando las sustituciones a medida que van siendo llamados los titulares de la Comisión.


(Por el señor letrado se procede a pasar lista de los miembros de la Comisión presentes y sustituidos, que depositan su voto en la urna.)

Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: el resultado de la votación es 39 votos a favor de don Javier Iglesias García y un voto en blanco. Por tanto, don Javier Iglesias García queda elegido secretario primero de la Mesa.
Ruego pase a tomar posesión. (Aplausos.)

PROYECTOS DE LEY SOBRE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (Continuación).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar los dictámenes de los proyectos de ley sobre crédito extraordinario suplementario.
En primer lugar, se somete a votación el dictamen del proyecto de ley por la que se conceden suplementos de crédito, por importe de 8.155.525.000 pesetas, para atender insuficiencias producidas en el Ministerio de Defensa, como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


A continuación, se somete a votación el dictamen sobre el proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario, por importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de gastos derivados de la ejecución de la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


En tercer lugar, dictamen sobre el proyecto de ley de concesión de varios créditos extraordinarios, por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a atender el principal y el pago de costas derivados de diversas sentencias judiciales, así como los correspondientes intereses de demora.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (Continuación)

El señor PRESIDENTE: Queda por debatir el último bloque previsto para esta mañana, que se refiere a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos del proyecto de Ley de presupuestos.
Para los diputados y diputadas que abandonan en este momento la sesión, les recuerdo que esta tarde reanudamos la discusión a las cuatro en punto, y las votaciones tendrán lugar a partir de las ocho y media.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jáuregui, y a continuación hablará el señor Lissavetzky.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Las enmiendas que nuestro grupo ha presentado a las disposiciones adicionales las hemos agrupado bajo el epígrafe de enmiendas adicionales nuevas, y son las números 1111, 1112, 1113, 1115 y 1134. En el fondo, son enmiendas que hace referencia a tres conceptos referidos a la Seguridad Social, que voy a enumerar. Ahorraré a SS.SS. la argumentación de fondo porque son además

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conocidos tanto el sentido de las enmiendas como las pretensiones.
En primer lugar, la enmienda 1111 pretende establecer el principio de que las bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social,que vienen establecidas como consecuencia de políticas diversas ya sean del Ministerio de Trabajo u otras, no sean financiadas con cotizaciones de la propia Seguridad Social. Conocen ustedes que desde hace ya varios años, en particular desde que se acordó en el pacto laboral de 1997 la financiación o el estímulo a los contratos estables así llamados, el acuerdo social estableció un incremento de la participación, una financiación bonificada por así decirlo de las cuotas de Seguridad Social. Si hacemos cuenta de lo que se viene gastando en los últimos años en este concepto, les diré que ya hemos aportado más de 500.000 millones de pesetas desde el Estado a financiar estos contratos, y esto se viene haciendo sin perjuicio de la bondad de esta bonificación, lo que nos preocupa es que se hace desde las cotizaciones, no desde fiscalidad general, y el Partido Socialista en una enmienda adicional propone un texto que precisamente contempla que a partir de ahora y con esta enmienda que se propone las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social, sean por el motivo que sean, se financien exclusivamente con aportaciones del Estado. Esta es la esencia de la propuesta que permitiría, naturalmente si esto fuera avalado, destinar a políticas activas de empleo todos ese dinero que desde cotizaciones de desempleo gastamos en bonificar los contratos.
A este respecto, quiero decirles que el Pacto de Toledo tiene una aplicación inmediata a este principio, porque ustedes saben que en una de sus recomendaciones más importantes el Pacto de Toledo establece que las prestaciones, precisamente lo que no sea de naturaleza contributiva ,debe ser financiado con la fiscalidad general.
La enmienda 1112 contempla también un problema semejante y que también es viejo en nuestro debate sobre la Seguridad Social y su financiación, que es la llamada financiación de los complementos a mínimos. Como saben, desde hace muchos años se viene contemplando la necesidad de que la aportación que el Estado hace a las pensiones mínimas, a los complementos de mínimos, cuyo coste concretamente en este año son 650.000 millones grosso modo, sea financiada por la fiscalidad general y no por cotizaciones de la Seguridad Social.
Conscientes como somos de que esto no puede hacerse en un período inmediato porque el coste tan importante de este concepto no puede ser abordado únicamente en un presupuesto, el Partido Socialista ha contemplado la conveniencia de que adoptemos una decisión definitiva, que por cierto fue asumida en el debate que sobre la misma cuestión tuvimos en el Congreso de los Diputados hace ya aprosimadamenteun mes, cuando todos los grupos estimaron correcto que de una vez conceptuemos la naturaleza jurídica no contributiva de esos complementos a mínimos y abordemos su financiación desde la fiscalidad del Estado. Abordada como digo desde una posición unitaria y de consenso la naturaleza de este concepto, el Partido Socialista considera que ya es hora de empezar concretamente su financiación y en vez de hacerlo de una sola vez, como irresponsablemente sería si hubiéramos planteado una enmienda que contemplara su financiación total, lo que hemos hecho es dividir en un período de cuatro años la financiación desde el presupuesto del Estado desde la fiscalidad general de este concepto. Es por eso que hemos contemplado la necesidad de aportar en este año 160.000 millones de pesetas que es exactamente la división de 650.000 entre cuatro cconssignadndo este primer año una cifra de ese importe para empezar a abordar la financiación de complementos a mínimos.
Por último, con la otra enmienda también importante en cuanto al contenido, porque hace referencia a lo que son ejes macros de lo que es el futuro de la Seguridad Social, el Partido Socialista pretende que se dote ya de manera regular y asentada lo que es el fondo de reserva. A nosotros nos parece fatal que el presidente del Gobierno diga un día que va a dotar generosamente -entre comillas- el fondo de reserva de la Seguridad Social con 90.000 millones o con 60.000 millones, como hizo en el año 2000. Luego, cuando el superávit de la Seguridad Social era un poco más alto dijera graciosamente: no, serán 40.000 más. Esto no puede ser así. Esta decisión no es graciosa ni generosa de nadie, y tampoco del Gobierno. El fondo de reserva tiene que dotarse sustancialmente con el excedente de la Seguridad Social.
Ésta es la filosofía de ls enmienda que desde una previsión de reforma de la Ley de la Seguridad Social, en esta enmienda que presentamos como disposición adicional pretende que la Seguridad Social de manera sistemática y por tanto con imperativo legal al final de cada ejercicio, en mayo, cuando se hace la liquidación de la Seguridad Social determine que el excedente neto de la Seguridad Social en ese ejercicio vaya todo él destinado a dotar el fondo de reserva. Esto es lo que debe hacerse en nuestra opinión si queremos ser serios y rigurosos en el establecimiento de una filosofía muy necesaria, que por otra parte está mandatada por el Pacto de Toledo.
Estas son las tres grandes enmiendas que presentamos en disposiciones adicionales, más una última que es la número 1134, que pretende considerar como ampliable el crédito que se contempla como no ampliable y que debiéramos considerar como ampliable a familias, que nos parece un concepto que requiere mayor flexibilidad presupuestaria como para que la presupuestación de este año contemple esta conceptuación que permita al Gobierno manejar un posible incremento del gasto social a familias.


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Estas son las enmiendas que hemos presentado y su explicación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Mi intervención se va a referir a la enmienda 1114, que tiene que ver con una nueva disposición adicional que permita la tarifa plana de Internet para centros de enseñanza.
En el tema de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, todos partimos de la base de que tiene gran importancia. El Gobierno se reclama defensor social de la información, asumiendo los riesgos de desequilibrio territorial o desequilibrio social que puede tener y hace discursos cuya música no tenemos inconveniente en decir que puede sonar bien. Lo compartimos. El problema es cuando pasamos de la música a la letra, y la letra muchas veces tiene que ver con los números y tiene que ver con los presupuestos. Sin entrar en las medidas, que tienen carácter llamémosle legislativo, lo que se plantea en estos presupuestos no da motivos para la esperanza a la hora de que esa sociedad de la información pueda ser una realidad y que de alguna manera no se sigan generando desigualdades entre los ciudadanos y desigualdades entre los territorios.


En mi opinión son necesarias tres actuaciones básicas a nivel de los ciudadanos y a una de ellas va referida esta enmienda. Por un lado, los ordenadores en los hogares. Creo que el Gobierno tiene una actuación absolutamente coja, está quedando insuficiente su actuación en este tema, y no voy a hablar de el. Sería necesaria la tarifa plana para que las llamadas sean baratas. El Gobierno está llevando a cabo las tarifas onduladas y no planas, y en este sentido creo que se dificulta a la competencia, se favorece a la Telefónica y no avanzamos suficientemente.
El tercer aspecto fundamental, ligado a los ciudadanos y que tiene que ver con esa corrección de desigualdades, podría denominarse alfabetización de carácter informático de los ciudadanos. Para eso es necesario hacer algo en un sitio fundamental que son los centros de enseñanza en las escuelas. En los presupuestos generales para el año 2001 figuran solamente 1.000 millones de pesetas en el programa de nuevas tecnologías que está en el Ministerio de Educación. Creo que nadie que quiera ser riguroso puede pensar que con esta cantidad de 1.000 millones de pesetas se puede hacer algo. Nosotros presentamos unas enmiendas, que debatiremos mañana y que tienen su dotación económica, pero también planteamos una enmienda al articulado en el sentido de añadir una disposición adicional nueva que haga que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que antes de febrero del año 2001 entre en vigor una tarifa plana para los centros de enseñanza públicos o concertados que sean usuarios de sistema de transmisión de datos, a través de redes informáticas, que cubrirá la conexión con el sistema durante todo el horario lectivo y las horas más frecuentes de estudio y actividades extraescolares. La razón es muy sencilla, a partir de las seis de la tarde es cuando se pone en funcionamiento la tarifa plana, obviamente los colegios están funcionando antes de las seis de la tarde y también las actividades extraescolares hay que tenerlas en cuenta. Creo sinceramente que merecería la pena un esfuerzo real por parte del Gobierno, por parte del grupo mayoritario que le apoya, para que, independientemente de acuerdos, convenios con Telefónica o con quien sea, se establezca con carácter general e indefinido en todas las escuelas la tarifa plana.
Éste es el objetivo de nuestra enmienda y pediríamos que se votara a favor porque así pasaríamos, por una vez, de las musas al teatro.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


DE LERMA El señor LÓPEZ I LÓPEZ: Para dar por defendidas las enmiendas en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra .


La señora URÁN GONZÁLEZ: Doy por defendidas las enmiendas a las que no haga mención en los términos que se han presentado y me voy a referir a a aquellas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cconsidera que son más importantes o pueden tener mayor calado social.
La primera se refiere a una disposición adicional nueva (todas las que hemos presentado son disposiciones adicionales nuevas) en la que planteamos que el salario mínimo interprofesional tenga un aumento que quede fijado en los Presupuestos Generales del Estado, que tenga una cuantía mínima y que dicho aumento sea para aquellos sectores de la población que tienen en su salarios como referencia el salario mínimo interprofesional, que fundamentalmente y dentro de la población afecta al sector de la juventud. Creemos que el salario mínimo interprofesional pierde capacidad adquisitiva y por tanto estos sectores que se ven afectados por el salario mínimo interprofesional también están perdiendo capacidad adquisitiva.
La enmienda siguiente habla de las pensiones cuyos importes en términos anuales sean menores que el salario mínimo interprofesional.
Señorías, no son tan pocas sino que afectan a un sector importante de la población, y están viendo que con el aumento de este tipo de pensiones están perdiendo cada vez más no ya capacidad adquisitiva, sino que la no capacidad adquisitiva que tenían con este tipo de pensiones se ve agravada por la escasa subida salarial. Pretendemos que este tipo de pensiones tenga como referencia el salario mínimo

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interprofesional y que se aumenten también hasta dicho salario mínimo interprofesional.
Las siguientes enmiendas, señorías, plantean unos créditos destinados a la promoción del empleo rural. Todos somos conscientes, y lo hemos debatido en muchas ocasiones en nuestra Cámara, que el empleo rural es uno de los que tiene peor solución y se están viendo afectadas numerosas familias. Creemos que las personas que se acojan a ese tipo de programas pueden trabajar al menos dos meses al año y ver favorecida, cuando no mejorada, su situación económica.
El grupo de enmiendas que a continaución vamos a defender tiene que ver con la posibilidad de que esta Cámara pueda no sólo acceder sino hacer un seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a su liquidación y a la información que se nos remite. Todos sabemos que se remite a la Cámara una documentación que tiene que ver con la liquidación provisional, tanto del ejercicio anterior como el avance del ejercicio en curso. Lo que nuestro grupo parlamentario plantea a través de esta enmienda es que además de que se envíe con tiempo suficiente, se haga con el mismo grado de desagregación con que se remiten los presupuestos. Si no, es bastante complicado que se pueda hacer un seguimiento serio y riguroso de los Presupuestos Generales del Estado cuando se remiten en cifras globales y no se puede hacer un seguimiento de los programas y de las inversiones que se están planteando. El grupo de enmiendas al que hago referencia están orientadas en la misma dirección.
La siguiente enmienda se refiere a la declaración del Año 2001 como año europeo de las lenguas que incluya la lengua de signos. Tanto en esta Cámara como en el Senado se han aprobado mociones para fomentar el uso de los signos, para que la comunidad sorda pueda acceder en condiciones de igualdad a la información y al lenguaje que se utiliza en nuestra sociedad, y que no sólo nosotros podamos entendernos con ellos, sino que ellos nos puedan entender a nosotros. Es importante hacer un esfuerzo presupuestario, ya que además se va a celebrar el Año europeo de las lenguas, para que podamos llevar a cabo programas en educación, programas en el campo laboral y programas sociales que permitan la divulgación y el aumento de los programas de televisión para que sea una televisión sin barreras y también la producción cinematográfica. Lo que hace esta enmienda es crear una partida presupuestaria de 1000 millones de pesetas para que se pueda llevar a la práctica.
Tenemos dos enmiendas que creemos son importantes. Una de ellas propone que el Gobierno destine el 0,1 por ciento del presupuesto, tanto del Ministerio de Fomento como del Ministerio de Medio Ambiente, para que se pueda crear una red nacional de carriles bici.
No sólo tiene que ver con la necesidad de fomentar la utilización de la bicicleta como vehículo menos contaminante y usarla en los desplazamientos cortos, sino que además es necesario que el Ministerio de Fomento potencie y fomente la creación de estos carriles bici entre otras cosas para crear seguridad a la hora de que las personas utilicen la bicicleta, seguridad que, como todos conocemos, no es de las más adecuadas en nuestras carreteras. Por desgracia, en más de una ocasión tenemos que ver accidentes en los que see produce pérdida de vidas humanas.
La siguiente enmienda propone la creación de una disposición adicional nueva, en la que aumentamos las plazas de funcionarios en los organismos y departamentos del Ministerio de Medio Ambiente, para que las declaraciones de impacto ambiental se puedan resolver en el plazo de tiempo lógico y considerable, y no como ocurre en estos momentos, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta misma Cámara vamos a discutir una nueva ley de impacto ambiental que va a aumentar la necesidad de estos recursos humanos, puesto que se van a aumentar las obras con necesidad de declaración de impacto ambiental. Es importante que se dote al Ministerio de Medio Ambiente con las plazas necesarias para que puedan cubrir esta nueva declaración de impacto ambiental y para que puedan llevarlas a cabo en condiciones adecuadas.
Por último, en una disposición adicional nueva planteamos que durante el año 2001 no se realice obra alguna ni proyecto de construcción de autopistas de peaje y que se elabore por parte del Gobierno un plan para rescatar todas las autopistas existentes. Señorías, todas las medidas que ha venido adoptando el Gobierno para intentar rebajar los peajes no han sido suficientemente útiles. Por un lado tenemos el coste para los ciudadanos, para los transportistas que utilizan las autopistas de peaje, que repercute al final en toda la ciudadanía, y por otro lado el coste que tiene la creación de variantes de todas las carreteras nacionales que suelen atravesar poblaciones. Desde luego, señorías, como diputada de Valencia les puedo decir que en nuestra comunidad autónoma hay infinidad de ellas. Se reclaman variantes, que son necesarias, pero desde luego si se estuviera rescatando el peaje de la autopista y fuera la red arterial que vinculara no solamente en el País Valenciano sino en otras comunidades autónomas, el Estado no necesitaría ese esfuerzo suplementario de creación de nuevas variantes y, desde luego, las poblaciones no tendrían necesidad de estarlas reclamando, rescatando las autopistas, al Estado le saldría muchísimo más económico y lo tendríamos hecho ya.
Señorías, ésta intervención es la última que hago y el resto de enmiendas a las disposiciones adicionales que no he hecho referencia se dan por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Vasco, el señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco presenta tres

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enmiendas a estas disposiciones adicionales, transitorias o anexos, una de adición, otra de modificación y la tercera de supresión.
La 1052, que es la de modificación, solicita como corolario de aquellas enmiendas presentadas al artículo 13 que no han podido ser defendidas como he indicado en mi intervención anterior, la modificación de las partidas de salarios del personal docente y cargas sociales de los distintos módulos de conciertos que se indican en la enmienda, en consecuencia con los planteamientos que en las enmiendas presentadas al artículo 13 de este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Vasco. Entendemos que en este momento en que las transferencias en materia educativa se están realizando a las comunidades autónomas y sólo queda en este presupuesto las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla sostenidas en la sección 18, es importante, para que se cumplan las previsiones de la Lode, de la Logse y de la Lopeg, que estas consideraciones queden recogidas en el proyecto de ley que, como digo, es corolario como enmienda al anexo IV de aquellas enmiendas que hemos presentado al artículo 13 de este proyecto de ley.
En segundo lugar, en cuanto a la enmienda 1056, de adición, dado que la ciudad de Bilbao ha hecho un programa, a través de su ayuntamiento, por el 700 aniversario de la creación de la ciudad de Bilbao con el nombre de Bilbao-III Millenium, en consonancia con el sistema que en distintos ejercicios se ha venido ideando, como ayudas e incentivos fiscales (se hizo en 1999 con Santiago capital europea de la cultura, o en el año 2000 con Salamanca capital europea), dentro de ese mismo estilo y de esos mismos programas el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) presenta una enmienda de adición, de forma que este programa que presenta el ayuntamiento pueda ser recogido en sintonía con programas similares en ejercicios anteriores.
Por último, la tercera enmienda, la 1057, pretende la supresión de la disposición adicional undécima, que en el proyecto del Gobierno pretende consolidar los importes recibidos durante el año 2000, por una sola vez, en concepto de incentivos al rendimiento, lo que en nuestra opinión quiebra el artículo 23 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por lo cual pedimos su supresión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: También brevemente doy por defendidas las enmienda presentadas por el Grupo Mixto y me voy a remitir exclusivamente a las cuatro que presenta el Partido Andalucista.
La primera enmienda es de adición, de creación de un fondo de ayuda o fomento a la inversión en Marruecos, al desarrollo socioeconómico de Marruecos, que creemos debería ser gestionado por la Sociedad estatal mixta para la construcción del enlace fijo por Gibraltar entre España y África, entre Andalucía y Marruecos; un fondo que dentro del espíritu en general de la Unión Europea serviría para el desarrollo socioeconómico de Marruecos y para defender los intereses que ahora mismo España mantiene en Marruecos.
Hay una segunda disposición adicional muy importante para Andalucía, y es que se contemple la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, que dice textualmente: Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo. Sobre esta paartida, que se llaman coloquialmente deuda histórica, pretendemos que se introduzca una cantidad a cuenta, coincidiendo con la misma disposición de Extremadura.
Hay una tercera enmienda a la disposición adicional sobre territorialización de los fondos de cohesión; fondos de cohesión importantísimos que recibe el Estado español de 2000 a 2006. Creemos que su asignación, su no territorialización, impide planes y estrategias a medio plazo de colaboración con las comunidades autónomas. Nos parece que haría el proceso más transparente y nos permitiría perseguir mejor la finalidad de los fondos de cohesión -la corrección de los desequilibrios- la nominación y territorialización de los proyectos que contemplan estos importantes fondos europeos.


Una última enmienda de creación también de un fondo de ayuda a municipios turísticos, municipios que tienen que soportar el peso de una importante población flotante no residente, a la que tienen que dar equipamiento y servicios y por la que no reciben del Estados cantidades razonables, puesto que las cantidades a los ayuntamientos se adjudican en función de la población residente. Esta tipología de municipios turísticos ya está contemplada en algunas legislaciones de comunidades autónomas turísticas y nos parece importante que se vayan corrigiendo esos desequilibrios de financiación que tienen estos municipios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bardisa.


El señor BARDISA JORDA: En primer lugar, voy a proceder a defender las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular a las disposiciones adicionales. Entre ellas -que me dice mi compañero que están aprobadas en ponencia-, hay una enmienda de adición para modificación del capital social de las entidades gestoras de fondos de pensiones, que creemos es una enmienda importante para garantizar una dotación suficiente de recursos propios y de capital a las entidades gestoras de fondos de pensiones.


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En lo que se refiere a las enmiendas presentadas por los restantes grupos parlamentarios, voy a intentar defender nuestra posición respecto a cada una de las enmiendas citadas por los distintos portavoces, empezando por el del Grupo Parlamentario Socialista.
La enmienda 1111, del Grupo Socialista, pretende establecer la financiación exclusiva por parte del Estado de las bonificaciones y deducciones de las cuotas, queremos decir que la legislación vigente contiene ya las previsiones necesarias para dar adecuado cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo, de modo que las medidas de fomento de empleo a través de bonificaciones y otras medidas de apoyo a sectores productivos no producen distorsiones en el presupuesto de la Seguridad Social como ha señalado el diputado del Grupo Socialista.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas siguientes, la 1112 y la 1113, que pretenden la financiación de los complementos a mínimos y la adición de una nueva disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que propone destinar la totalidad del excedente resultante por las operaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social a la dotación del fondo de reserva. No las podemos aceptar porque el contenido de la enmienda de financiación de los complementos a mínimos se refiere a la naturaleza no contributiva de dichos complementos que serán financiados exclusivamente por aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social antes del ejercicio económico del año 2004.
En cuanto a la enmienda 1113, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 ya se incluye una dotación al fondo de reserva de 90.000 millones de pesetas, frente a los 60.000 millones previstos en el presupuesto del año 2000. Además, por acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2000, se adicionan otros 40.000 millones de pesetas procedentes de la liquidación positiva de 1999.
En cuanto a la enmienda 1114 que ha defendido el señor Lissavetzky sobre la tarifa plana para los centros de enseñanza públicos o concertados, quiero decir que todo lo que sea intentar mejorar la enseñanza, todo lo que sea dar entrada a Internet en los centros de enseñanza nos parece siempre positivo, pero esta enmienda no establece unos objetivos específicos y en el presupuesto general que se ha presentado por el Gobierno en materia de enseñanza se encuentra el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el establecimiento de vías distintas de estudio según la diversidad de intereses de los alumnos. Por ello se va a crear el centro nacional de la información y comunicación educativa con el objetivo de incorporar nuestro sistema educativo a la sociedad de la información y comunicación. Entre sus líneas de actuación destaca la creación de un portal educativo como soporte a la formación en la red donde se integrarán profesores, alumnos y ciudadanos y también se va a desarrollar un canal temático de televisión educativa convergente con Internet y que va a colaborar con la Comisión Europea. Por tanto, creemos que está bastante contemplado todo lo que es, dentro de la acción educativa, el desarrollo de Internet y por eso no podemos aceptar esta enmienda que se nos propone. Lo que sí podemos indicar es que, de cara al futuro y con unos objetivos específicos, sí podría contemplarse.
Respecto a las enmiendas que ha defendido la diputada del Grupo de Izquierda Unida (que en estos momentos no se encuentra presente, pero la contesto a efectos de su constancia en el «Diario de Sesiones»), quiero decir que no podemos aceptarlas porque las disposiciones adicionales -y es lo que hacen todos los grupos- son un cajón de sastre donde hay una serie de reivindicaciones políticas que no tienen su correspondiente partida para hacer frente al gasto que se pide. Es decir, por pedir que se aumente el gasto que no quede, pero nunca se ofrecen contrapartidas, y en este sentido adolecen de este vicio casi todas las enmiendas que se presentan a las disposiciones adicionales, porque no hay una partida que compense este gasto que se pide.
Por ejemplo, lo que pretende Izquierda Unida es modificar el salario mínimo interprofesional a través de una enmienda a las disposiciones adicionales del presupuesto. Debe saber perfectamente S.S. cuando lo ha defendido que esta no es la vía para fijar el salario mínimo interprofesional, y así lo dice, además, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno lo fija anualmente previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. Además, el salario mínimo interprofesional se determina no sólo teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, sino también otros factores como son la productividad media nacional alcanzada, así como el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Por tanto, creemos que esta no es la vía para intentar cambiar el salario mínimo interprofesional.


Izquierda Unida sigue con una serie de enmiendas. Por ejemplo, quiere la paralización del plan de autopistas de peaje, y esto va en contra de la filosofía del Gobierno y del Partido Popular. Nosotros siempre hemos defendido las autopistas de peaje, hemos defendido que la Europa del bienestar tiene autopistas de peaje, que los países más desarrollados de Europa - Alemania, Francia, Italia y Holanda- tienen autopistas de peaje por las cuales circulan con más seguridad los transportes, los automóviles, los viajeros en general. Quien no tiene autopistas de peaje (precisamente ese será el modelo, tal vez, que refleje Izquierda Unida por su carácter comunista) es la Europa del este, donde no se han podido hacer porque el desarrollo económico de esos países no lo ha permitido. Nosotros estamos a favor de que se incrementen. La señora ddiputada se ha referido a Valencia -que creo que también le hacen falta autopistas de peaje- y yo voy a hablar de mi

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comunidad autónoma, que es Madrid, donde se van a hacer varias radiales de entrada, varias radiales de peaje, con lo cual vamos a estar de acuerdo todos los componentes del Partido Popular y creo que al final los ciudadanos también nos van a agradecer que se construyan en Madrid esas autopistas de peaje.
En cuanto a otra enmienda defendida por Izquierda Unida, que se refire a crear un fondo de 1.000 millones de pesetas para celebrar en el 2001 el año europeo de las lenguas, que incluye la lengua de signos, son suficientes los medios para conseguir estos objetivos fijados por la declaración, sin necesidad de constituir ningún fondo especial. Y esta enmienda, como todas, adolece también de que no hay ninguna contrapartida para hacer frente a este gasto de 1.000 millones que pretende el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
En definitiva, señorías, y con el objeto de no demorar mucho esta Comisión dada la hora que es, en el mismo sentido no vamos a poder aceptar las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, aunque sí la celebración del 700 Aniversario de Bilbao Tercer Milenium, que está contemplado ya en la Ley de fundaciones y de incentivos fiscales. Lo que pretende el Partido Nacionalista Vasco es una subida mayor, es decir, la elevación de cinco puntos de porcentaje de deducción. Nosotros consideramos, señor diputado, que, tal y como está planteado por el Grupo Popular, es suficiente para la celebración de este importante evento en la ciudad de Bilbao.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, Partido Andalucista, respecto a añadir una nueva disposición transitoria para dotar un fondo de 25.000 millones de pesetas, porque supone un incremento del gasto. Le rogaría al señor diputado que me dijese de dónde piensa detraer esos 25.000 millones, es decir, qué vamos a hacer, si lo vamos a quitar de las inversiones, de dónde va a salir. Si usted presenta la enmienda, sea un poco coherente y por lo menos díganos de dónde va a salir ese dinero.
Lo mismo pasa con la enmienda que presenta el Partido Andalucista sobre un fondo de 1.000 millones de pesetas para la concesión de ayudas a empresas españolas. Quiero decir al señor diputado que ya existe un fondo para inversiones en el exterior y un fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, que está dotado con 10.000 millones de pesetas, y que esa cantidad puede encuadrarse en ese fondo que usted pretende específicamente para empresas en Marruecos. En caso de que S.S.
pretenda que se cree un nuevo fondo, también le rogaría que me indicase de dónde se van a detraer los gastos para crearlo.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Buenas tardes. Vamos a continuar el debate de la Comisión de Presupuestos. Como quiera que a las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no hay enmiendas, pasaremos directamente a las secciones 12 y 34 que se agrupan para el debate.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Manuel Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Le significo que repartiré el tiempo de palabra con el señor Pérez Casado. Defenderé rápidamente las distintas enmiendas.
La primera enmienda es a la totalidad de la sección y tiene que ver con el presupuesto tal cual ha sido presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y su relación con el llamado Plan estratégico de acción exterior. Como ustedes saben, en esta legislatura el Gobierno tomó la iniciativa, sin duda positiva, de presentar un plan estratégico de acción exterior con la creación de un consejo de política exterior. En cuanto a los objetivos e ideas del Plan estratégico de acción exterior, no tenemos mayores dificultades; tal vez algunos matices sobre algunas de las pretensiones del Gobierno, pero, en términos generales, insisto, no nos crea mayores dificultades. Cosa distinta es la concepción que nosotros tenemos de un plan estratégico, ya que pensamos que un plan así exige normalmente, aparte de las ideas, que éstas se combinen con medios operacionales y, naturalmente, que estos medios operacionales lleven el soporte de medios financieros. Estas tres patas, o ideas más medios operacionales más medios financieros, es lo que le da a un plan precisamente su valor estratégico. Si no tenemos mayores problemas con las ideas, sí con los medios operacionales porque, mirando el presupuesto de la sección 12, a excepción del Instituto Cervantes, al que verdaderamente sí se le dota de medios operacionales, no vemos en el resto de las partidas que estos medios operacionales se reflejen, y por los recursos propios del Ministerio de Asuntos Exteriores, siguiendo una tradición que no se remite sólo a este Gobierno, también al anterior, no es precisamente un objetivo en sí mismo. En cuanto a los medios financieros, el Plan estratégico precisa que el Reino de España -cosa que nos parece bien- tenga una ambición global, quiera jugar el papel de potencia global dentro de este nuevo mundo, pero quitando el programa último de Asia-Pacífico, que ahora precisaré, tampoco vemos ningún medio financiero que pueda servir de soporte para lo que se denomina plan estratégico sin que, desde nuestro punto de vista, tenga luego mayor contenido. Hago la advertencia -y es lo que nos lleva a querer hacer este debate posteriormente en sesión plenaria- de que ni siquiera en la programación plurianual existen vestigios de medio operacionales ni de medios

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financieros. Se nos dijo que era para el año 2001 y que progresivamente se iría impulsando a través de la programación plurianual. Tampoco en la programación plurianual, insisto, existe una correlación entre lo que se desea y lo que se va a hacer.
En segundo lugar, la única precisión habida hasta ahora en términos del Plan estratégico de acción exterior es el anuncio hecho recientemente por el ministro de Economía, señor Rato, con motivo de la cumbre de Essen, que tuvo lugar en Corea del Sur de un plan AsiaPacífico. Se podrá discutir si es poco o si es mucho, pero al menos se anunció que estaría dotado con 5.500 millones de pesetas.
Nuestra enmienda tiene como objetivo precisamente situar esta cantidad dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores; si ese trabajo lo va a hacer el Ministerio para optimizar el trabajo que hacen los otros ministerios de la Administración, es bueno y positivo que se residencie allí esta cantidad anunciada por el ministro de Economía.
Así pues, no se trata de pedir más dinero al Gobierno; se trata simplemente de reflejar la cantidad ya anunciada por el ministro de Economía en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pedimos doblar la partida relativa a la defensa y protección de los derechos humanos, ya que la cantidad que viene es muy pequeña.
Pedimos que al menos se doble, entre otras cosas, porque pensábamos -y esto abre otro tipo de debates- que, aprovechando el 50 Aniversario del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que ha tenido lugar el fin de semana pasado en Roma, se le iba a dar un impulso. No le oculto, señor presidente, que no terminamos de comprender por qué el Reino de España ha sido uno de los escasos países que no ha querido firmar este convenio. Pero este es otro debate que tendremos en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La última enmienda tampoco trata de aumentar el gasto. Pensamos que, dentro de la partida relativa a protección de españoles en el extranjero, sería útil identificar -insisto, no se pide más gasto- la parte relativa a asistencia a ciudadanos españoles presos en el extranjero. Proponemos que se atribuya una cantidad en torno a los 100 millones de pesetas. Insisto, no se pide más gasto. ¿Por qué? Ha habido malos entendidos. Yo creo que todos, autolimitándonos, hemos querido ser prudentes porque el caso era muy emotivo. Dentro de pocas semanas empieza el juicio del chico de Miami al que se le va a revisar la condena de pena de muerte. Como ustedes recordarán, hubo un debate sobre si el consulado le asistió bien o le asistió mal. Es verdad que muchas veces los consulados responden diciendo que les falta una referencia exacta de lo que pueden hacer o no. Como hay varios casos de españoles en el extranjero en situación penalmente delicada o cumpliendo condenas, y eventualmente se podría negociar la repatriación para que la cumplan en España, no está de más que por lo menos se identifique, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, esta partida de modo que los consulados españoles tengan claro al menos desde el punto de vista presupuestario, cuál es el límite de sus posibilidades. No pretendo con esto decir que los consulados obligatoriamente tengan que resolver todas y cada una de las pequeñas o grandes cuestiones que tienen los españoles en el extranjero. Se trata de que hay conciudadanos nuestros que están en situación delicada, como el caso del ciudadano español al que, afortunadamente, se le revisó la condena de pena de muerte, como ustedes conocen.
Esto es todo. Le paso la palabra a mi querido colega.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): El señor Pérez Casado tiene la palabra.


El señor PÉREZ CASADO: Procuraré ceñirme al tiempo acordado. Hablaré del conjunto de enmiendas que presentamos a la cooperación internacional. Comenzaré por la primera, que pretende la devolución del programa 134.A, por algunas razones que, aunque hemos reiterado, conviene expresar de nuevo en este ámbito: porque es insuficiente, en un momento de bonanza económica, como tanto se insiste, para cumplir los objetivos que se relacionan, por ejemplo, en temas tan sumamente importantes como las migraciones. Taambién creemos que es insuficiente, en los términos en que se ha concebido, para hacer frente a los compromisos internacionales del Reino de España adoptdos en la cumbre de Copenhague, así como a los compromisos internos, como el Pacto de solidaridad que firmamos todos los partidos políticos y organizaciones sociales o también lo que se nos antoja que pueden ser las buenas intenciones que se prodigan en el borrador del proyecto del plan director de la cooperación internacional de España. Si todas esas buenas intenciones y compromisos de carácter interno e internacional han de ser cumplidos en los términos en que se formula el presupuesto para el año 2001, estimamos que no va a ser posible.
Por eso creemos que se debe devolver la totalidad del programa.
El crecimiento respecto del PIB de la cooperación internacional de España, aun admitiendo la compleja suma de componentes a que nos tiene habituados el Gobierno, estaría en el antepenúltimo puesto de los países de nuestro entorno, según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, con alrededor del 0,23 por ciento del PIB, muy lejos del compromiso del 0,35 por ciento para el año 2001 o del 0,7 por ciento como aspiración que todos los grupos políticos, si no me falla la memoria -yo no era diputado en la pasada legislatura-, admitieron como objetivo razonable para la cooperación internacional de España.
Además, creemos que en su composición actual, en los términos en que se propone, tampoco se cubren algunos de los elementos claves de la cooperación internacional, como es el caso de la deuda externa o los proyectos de codesarrollo, a los que nosotros presentamos una enmienda que

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creemos que debería aceptar la totalidad de los grupos políticos.
¿Por qué? Porque si es un objetivo social de nuestro país, de nuestro Gobierno, y un objetivo en el que la mayoría de las fuerzas políticas se haya comprometida, una de las formas de ayuda eficaz a paliar, a remediar, en origen, es precisamente que todo esfuerzo de cooperación vaya a los países emisores de emigración. En ese sentido hemos planteado una serie de enmiendas, que entendemos que en ningún caso se pueden rechazar, puesto que son estrictamente rigurosas, realistas, con capacidad propia dentro del ámbito que el propio Gobierno ha señalado al enviar este proyecto de presupuestos. Creemos que, con ese realismo, cumpliremos -esta vez, sí- con el compromiso que tiene esta Cámara, y el Gobierno, con una sociedad que quiere ser solidaria, que es solidaria y que en el pasado ha demostrado serlo, y mucho. Por eso hemos presentado pequeñas enmiendas, que también entendemos que no deberían ser rebatidas en términos virulentos, para favorecer la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Es cierto que se destinan algunas partidas para sus proyectos específicos de desarrollo, pero también hay una serie de gastos que se originan, por ejemplo, a través de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales. Nos parece que sería prudente contribuir a hacer más fácil el trabajo de quienes hacen de la solidaridad su norte, su funcionamiento ordinario y cotidiano, y en ese sentido les pediremos a todos sus votos.
Hay otra serie de cuestiones que derivan, tal vez (nos gustaría que no fuera así), de alguna disfunción entre los departamentos ministeriales que tienen que ver con la cooperación al desarrollo internacional. En este sentido, nosotros pensamos que de las partidas del propio Ministerio de Economía es de donde podríamos extraer una cantidad respetable de dinero (30.000 millones es nuestra propuesta) para esos programas de codesarrollo en países emisores de emigración.
Esto es perfectamente compatible (habrá ocasión de debatirlo si se lleva al Pleno) en la medida en que ha habido fondos disponibles durante años y no han sido aplicados. Es decir, no estamos proponiendo incrementar el gasto, sino reubicar ese gasto para propósitos muy concretos, como puede ser incrementar las transferencias a las ONG y crear una partida específica para atender a programas de codesarrollo en los países emisores de emigración.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, intervengo para explicar nuestra enmienda a la totalidad, partiendo de que espero que ni la literatura ni el fondo le gusten al portavoz del Grupo Popular, dado que ya ha mostrado en diversas ocasiones lo que le disgustan los textos literarios de nuestras enmiendas.
Dicho esto, nosotros planteamos esta enmienda porque estamos en contra de los principales objetivos políticos que se plantean, porque consideramos que responden a una política exterior encaminada a mantener una situación que creemos que no sólo no es justa, sino que además no es beneficiosa para este país. Queremos recalcar que en el momento en que discutimos estos presupuestos se cumplen más de diez años desde que terminó la guerra fría, y entonces se anunció que ello iba a suponer un nuevo orden mundial donde los conflictos disminuirían y todo sería paz y armonía; sin embargo, la realidad se está caracterizando por todo lo contrario. Cuando nuestro país tenía que jugar un papel de liderazgo intentando cambiar la máxima de si quieres la paz, prepárate para la guerra por la de si quieres la paz, prepárate para la paz, nuestro país (y estos presupuestos son una muestra evidente) sigue actuando de una forma continuista y sigue estando entre los países que más promocionan las acciones militares para resolver los conflictos. Nosotros seguimos pensando que ése no es el mejor camino.
Entrando en temas concretos, cuando se hace una descripción de los objetivos para Iberoamérica, se indica la necesidad de promover la consecución de la democracia y la defensa de los derechos humanos (algo que evidentemente a todos nos gusta y en lo que todos nos vemos reflejados); sin embargo, luego vemos la obcecación del Gobierno en señalar a un único país al hablar del incumplimiento de estos aspectos en el conjunto de la región, lo cual no sólo es sorprendente sino, en algunas ocasiones, algo fuera de la realidad. La especial relación que tenemos con esta zona debería hacer que nuestro país tuviese un papel mucho más activo en la adopción de medidas encaminadas a alcanzar estos objetivos, pero con estos presupuestos no vemos cómo podemos lograrlo.
Con estos presupuestos, desde Izquierda Unida comprobamos -y lo hacemos con decisión- la voluntad del Gobierno de seguir apostando por fortalecer la OTAN y por que nuestro país esté cada vez más implicado en su estructura militar, intentando jugar un papel activo en su seno; que el Gobierno no es partidario de un modelo de seguridad y defensa europeo y que quiere que la OTAN se encargue del aspecto fundamental de la soberanía y de la política exterior de los europeos. Creemos que son unos presupuestos que van en el sentido contrario al que deberían de ir. Por eso, nuestras enmiendas plantean ayudas para la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo y, también, ayudas concretas a convenios para la erradicación del trabajo infantil, porque consideramos que éste es un tema al que nuestro país debiera aportar bastante más que hasta ahora.
Entendemos que en estos presupuestos hay dos defectos fundamentales, que nos llevan a plantear una enmienda a la totalidad. En cuanto a la cantidad, hay que recordar que el Gobierno se sigue distanciando,

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cada vez más, del compromiso que en su día adquirió el Partido Popular (eso sí, antes de unas elecciones) de alcanzar el 0,7 por ciento del PIB, recomendado por Naciones Unidas. Los recursos que se destinan a cooperación son una cuestión de definición política. Al gobernar se da prioridad a determinadas cuestiones y vemos cómo el Gobierno no da prioridad (más allá de los juegos de cifras que haga) a este objetivo del 0,7 por ciento del PIB. Presentamos esta enmienda a la totalidad, entre otros aspectos, porque vemos que el Gobierno no quiere priorizar la solidaridad de los españoles para con los pueblos más desfavorecidos del planeta.


Para Izquierda Unida, los Presupuestos Generales del Estado representan un instrumento más, junto con la propuesta del plan de cooperación internacional y la propia composición del consejo de cooperación para el desarrollo, de una involución de la cooperación española hacia posiciones menos solidarias de las que ya existían. De esta manera, los 251.000 millones de pesetas que se anunciaron, si bien suponen un pequeño aumento cuantitativo con respecto al año 2000, no se traduce en ninguna subida porcentual, ya que no lo hace proporcionalmente al crecimiento del PIB y sitúa nuestra ayuda oficial al desarrollo en torno al 0,22 por ciento, cifra muy similar a la del año 2000 y, repito, muy lejos del 0,7 por ciento del PIB propuesto por Naciones Unidas. Este estancamiento de la ayuda es una opción de este Gobierno, que choca radicalmente con lo que debía ser el papel de nuestro país en relación con la ayuda al desarrollo. Pero no es sólo una cuestión de cantidad, sino también de calidad, ya que en estos presupuestos no se apuesta claramente por apoyar a aquellos países y a aquellos sectores en cuyos ciudadanos más incide la pobreza, y se orientan partidas importantes a zonas que tienen una prioridad más comercial que a lo que debe ser una prioridad solidaria en política estratégica de desarrollo.
Creemos que estos presupuestos desoyen las grandes movilizaciones que ha habido en este país para conseguir la abolición de la deuda externa, son unos presupuestos que están en contra de esta política que ha sido avalada por más de un millón de ciudadanos y son unos presupuestos que no van en el sentido de que España juegue también un papel de liderazgo, a nivel internacional, en la abolición de la deuda externa.Por otra parte -y para ir terminando-, entendemos que las cantidades destinadas a la financiación del programa son totalmente insuficientes, que este instrumento no está completo en el aspecto de su gestión y que falta claridad en los procedimientos y sectores a intervenir, todo lo cual sigue generando ambigüedad e inestabilidad.


Por todo esto consideramos que estos presupuestos, también en el ámbito de la cooperación, siguen en la línea de involución y situando a la política del Partido Popular como insolidaria en lo exterior y contraria al que debe ser el papel de nuestro país.
En cuanto a las enmiendas concretas que hemos presentado sobre la cooperación, queremos destacar la que tendría que ir dedicada a la cancelación de la deuda externa. Ya tuvimos hace pocas semanas un debate en esta Cámara sobre el tema en el cual nos reiteramos. Todo lo demás sería palabrería si no se dedican cantidades específicas y si nuestro Gobierno no hace una apuesta nuestro Gobierno por resolver los problemas en origen. Podemos poner muchos muros que intenten contener las pateras en el Estrecho, pero mientras no hagamos una apuesta por la cancelación de la deuda externa, sonará a cinismo todo lo que realicemos. Estos son los argumentos que nos llevan a defender nuestra enmienda a la totalidad.


VICEPRESIDENTE El señor (Sanz Palacio): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Creo que no asombraré a los diputados hoy presentes al anunciar el voto contrario de mi grupo a las enmiendas presentadas; lo raro hubiera sido lo contrario. Tengo que decir que este año los grupos que se han expresado aquí han sido mejores en la literatura que en el fondo. Tengo que felicitar al señor Centella, que ha hecho un esfuerzo de claridad conceptual -evidentemente, la experiencia es un grado, y la antigüedad también y aprende rápido-, y por lo tanto no objetaré nada que tenga que ver ni con la gramática ni con la sintaxis; solamente objetaré las cuestiones de fondo, que, al fin y al cabo, son las importantes.
Es evidente que sobre los objetivos de la política exterior española, tal y como entiende la gran mayoría de esta Cámara que han de estar planteados, existe una discrepancia fundamental entre Izquierda Unida y el Grupo Popular. En el texto explicativo de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida todavía queda, señorías, una cierta nostalgia de la política de bloques y lo que les molesta es que no haya dos bloques y que solamente haya uno. De ahí nace la contradicción fundamental de esa enmienda a la totalidad, porque es evidente que nuestro país está mucho mejor integrado en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea y en los demás mecanismos de seguridad, de libertad y de progreso que fuera de ellos, pero desde luego está mucho mejor integrado habiendo desaparecido el Pacto de Varsovia de lo que estaríamos si este pacto siguiera en pie. Esto es algo que, al parecer, todavía provoca nostalgia en las filas de Izquierda Unida.
Por lo que se refiere a esa y a otras enmiendas a la totalidad, que no tienen ese nombre, porque las enmiendas de devolución no están previstas en el Reglamento de esta Cámara, pero equivalen a una enmienda a la totalidad pura y dura, no me queda otro

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remedio que referirme también a la que presenta el Grupo Socialista.
Plantea una cuestión realmente interesante, esto es, la concordancia entre los fines y los medios, entre lo que uno quiere ser en el mundo y la cantidad de pesetas de hoy y de euros de mañana que uno necesita para hacerlo. Claro, no es sólo una cuestión de pesetas; también es una cuestión de recursos humanos y materiales, es una cuestión de análisis, de actores, de recursos, y se nos reclama una concordancia entre los planes a largo plazo y la inmediatez presupuestaria de las cifras que hoy debatimos. En cualquier caso, es bueno reconocer que por primera vez en muchos años tenemos planteado sobre la mesa ese debate, que es un debate razonable y que debe ser naturalmente razonado, y razonado con datos y con cifras, que es como debe plantearse la dialéctica entre fines y medios que trae a esta reunión el Grupo Socialista.
Diré solamente, para tranquilizar a SS.SS., especialmente a las del Grupo Socialista, que se ha producido un aumento importante del gasto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que equivale a alrededor del 7 por ciento, por lo tanto, muy superior a la media del gasto total del Estado. Si es bueno mirar hacia adelante y decir que lo que se propone cuenta con pocos recursos, también es bueno hacer un cierto análisis histórico. En el año 1994, la relación entre el gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores y el gasto total del Estado era del 0,31 por ciento; hoy estamos en el 0,46 por ciento, es decir, como ya dijo el secretario de Estado señor Nadal, en la comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, en seis años, el peso del gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el gasto total ha aumentado en un 50 por ciento. Claro, no basta fijarse sólo, si uno habla de la gran política exterior de España, en los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores; hay que fijarse también en los demás actores de la política exterior de nuestro país. Afortunadamente, nuestro país tiene una presencia tan importante que son muchos, no solamente actores públicos sino también privados, los que actúan en la proyección, en la defensa y en la promoción de nuestros intereses en el extranjero, en una sociedad, por otra parte, cada vez más intercomunicada globalmente. Hay que fijarse también en los gastos del Ministerio de Defensa, por ejemplo en las operaciones de mantenimiento de la paz; en el importante papel que tienen el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Comercio en las operaciones de deuda externa, etcétera. Además, el Plan estratégico de política exterior de nuestro país debe permitir -y yo creo que esa es la clave que nos debe hacer acertar en el juicio que sobre él hagamos- ir progresivamente aumentando los medios y los recursos que destinamos a la promoción y a la defensa de nuestros intereses exteriores. Debe tratarse de un esfuerzo continuado en el tiempo. No bastaría con aumentar los recursos de forma brutal de un año para otro, sino que se trata de ir incorporando, como se ha hecho en los últimos seis años, aumentos paulatinos, razonables y asumibles, del gasto en nuestra política exterior, y eso es lo que se hace en este presupuesto. Creo que el 7 por ciento de aumento del gasto es una cifra lo bastante relevante como para pensar que existe una voluntad política de ir dotando a nuestra acción exterior de los medios que le son necesarios. Es cierto que sobre esto habrá que hacer esfuerzos importantes también en el futuro y esa es la visión que transmite el Plan estratégico de acción exterior de España, esa es la idea que está en la base de la creación del Consejo de Política Exterior y esa es la voluntad del Grupo Popular.
Sobre las enmiendas presentadas a la totalidad del programa de cooperación para el desarrollo hay que recordar que el presupuesto de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica supone un 7,028 por ciento de aumento, esto es, un aumento que está por encima de la media de los Presupuestos Generales del Estado; que el presupuesto total de la Agencia Española de Cooperación supone un incremento del 4,11 por ciento respecto al presupuesto del presente ejercicio y que esto significa la continuación del aumento progresivo y constante que han tenido estos presupuestos en los últimos años. Solamente por referirnos al presupuesto de la Agencia diré que se ha pasado de un poco más de 19.000 millones en el año 1996 a 40.500 para el año 2001, lo cual es más del doble de las cifras que se manejaban hace cuatro años.
Las demás enmiendas presentadas significan en la mayoría de los casos aumentos sobre partidas ya existentes que cubren ampliamente las necesidades planteadas por los grupos y en cualquier caso se consideran suficientes para atender a las necesidades expresadas.
Existe una enmienda de Izquierda Unida sobre la erradicación del trabajo infantil y recordaré a dicho grupo que nuestro país participa muy activamente en los distintos convenios de Naciones Unidas que se ocupan de la infancia. España es un activo participante en los programas de Unicef y, por ello, aun siendo bienintencionada, no parece necesario aceptar esa enmienda.
Por último, a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se refiere a los proyectos de inversión en países emisores de emigración y debo decir que el principal país generador de emigración legal e ilegal es Marruecos, que es el país que recibe más ayuda bilateral de España, por encima de los 8.000 millones de pesetas, por lo que tampoco parece necesario crear otra línea presupuestaria que de nuevo se refiera a temas que ya están cubiertos por el presupuesto.


Señorías, este presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores no es el único en la Administración que se ocupa de la promoción y de la defensa de nuestros intereses en la acción exterior. Hay que mirar el presupuesto en su conjunto, pero, en cualquier caso, la cifra del 7 por ciento de aumento es más que suficiente paraexpresar la voluntad de este Gobierno, del grupo mayoritario

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que le apoya y de los grupos que nos acompañan en esta Cámara de aumentar de forma continuada y razonable los recursos disponibles al servicio de nuestra mejor política exterior.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): ¿Algún grupo desea intervenir brevemente? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señor presidente, mantendremos nuestras enmiendas en el clima constructivo que señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No estamos pidiendo un incremento desmesurado ni brutal. Hemos hecho más un debate de ideas que de cifras y no hemos aportado ningún aumento en términos de miles de millones, que hubiera sido por nuestra parte extravagante. No obstante, hago notar otra vez que aunque este plan estratégico se tenga que desarrollar en el tiempo, no hay nada en la parte relativa a la programación plurianual. Si al menos hubiera habido: Plan estratégico de acción exterior, programación plurianual, se hubieran incluido los 5.500 millones de pesetas, y no lo he anunciado yo, sino que es una propuesta firme y formal del ministro de Economía manifestada en rueda de prensa con el ministro señor Piqué. En consecuencia, no terminamos de entender que en lo poco o mucho que hay ahora definido, como el plan Asia-Pacífico, no se acepte que un buen comienzo sería precisamente incluir en el Plan de acción estratégico esta cantidad.
Seguimos insistiendo en las otras dos enmiendas, una de las cuales nos parece particularmente importante. Si ha habido problemas de malos entendidos de si se presta o no se presta bien la atención a los ciudadanos españoles que están en dificultad, sería bastante útil identificar la partida dentro de esa cantidad,

No estaría de más que se identificara para todos los consulados en torno a 100 millones de pesetas -hemos puesto 100 como se podía haber dicho otra cantidad- para evitar malos entendidos en el futuro y que cuando haya problemas de ciudadanos condenados a muerte; que están en prisión, a los que hay que repatriar o haya convenios bilaterales con tal o cual país, se diera una cierta garantía a los consulados españoles en el extranjero de que tienen una base operacional de unos pocos millones de pesetas. Como nos interesa fundamentalmente hacer un debate de ideas, mantendremos nuestras enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Muy brevemente, señor presidente, para recordarle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que si ha habido una fuerza en este país que ha estado contra (sic) la disolución de todos los bloques, ha sido esta que yo represento en este momento.
Cuando otras fuerzas estaban por el hundimiento y por ganarle a un bloque, Izquierda Unida, los comunistas en este país hemos estado por la disolución de los bloques, desde siempre. Por lo tanto, nos sentiríaamos a gusto en un mundo en el que no hubiese ningún bloque.
El señor Robles Fraga se siente a gusto en un mundo donde haya un bloque que gane a otro bloque. En fin, eso lo digo sólo como dato histórico.


Mantenemos nuestras enmiendas porque se trataría de hacer unos presupuestos que fuesen realmente un instrumento para las políticas de cooperación y solidarias y no un instrumento para seguir manteniendo una política seguidista e insolidaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Robles Fraga, tiene la palabra para terminar.


El señor ROBLES FRAGA: También muy brevemente, señor presidente. Por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para dotar al plan Asia-Pacífico con 5.500 millones de pesetas, creemos que se trata de una enmienda de carácter inmaterial, puesto que no especifica el proyecto concreto a realizar sino solamente los objetivos generales de dicho plan, para el que, por otra parte, ya existen dotaciones presupuestarias como la contribución a la fundación Asia-Europa y para profundizar en el grupo de visión Asia- Europa. Es decir, en su filosofía, la enmienda, que es razonable en su concreción técnica, debe ser rechazada.
La atención a los ciudadanos españoles en el extranjero en situaciones de dificultad tiene una partida de 682 millones de pesetas. Podríamos crear subconceptos que atendieran a cada una de las distintas situaciones en las que estos españoles residentes o en situación de tránsito puedan encontrarse. Sin embargo, teniendo en cuenta la multiplicidad y la variedad de casos en los que estas situaciones de dificultad se producen, parece más razonable mantener el carácter unitario y global de la partida presupuestaria de 682 millones de pesetas que en los presupuestos se contempla, añadiendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y concretamente la Dirección General de Asuntos Consulares ha atendido siempre a los españoles que se han encontrado en situaciones difíciles y que los consulados prestan una tarea constante, dedicada y esforzada de respuesta a las dificultades de nuestros conciudadanos en el exterior, señalando naturalmente que el auge de las comunicaciones, de los desplazamientos, del turismo y de los viajes ha provocado una multiplicación de los casos y de las peripecias en las que nuestros conciudadanos pueden encontrarse.
Al señor Centella le ha traicionado el subconsciente; luego lo ha corregido, pero muchas veces el subconsciente habla más que el consciente. Estoy convencido

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de que el orden mundial que hoy tenemos no era el que contemplaba el señor Centella hace doce o veinte años y que el mismo día de la caída del muro de Berlín el señor Centella todavía seguía pensando que aquel muro estaba bien hecho, que estaba bien construido y los que tenían razón eran los que estaban del otro lado y no los que están en éste. Gracias a Dios -quizás en esto el viejo Hegel alguna razón tenía- no sólo no ganaron los del otro lado, sino que estuvieron muy contentos de poder saltar por encima del muro, pasar a este lado e ingresar en la OTAN, ser candidatos a la Unión Europea, entrar en el Consejo de Europa, en la OSCE, etcétera, etcétera.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con esto damos por terminado el debate de las secciones 12 y 34. Pasamos a continuación al debate de la sección 13.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 13 de los presupuestos del Ministerio de Justicia porque consideramos que la consignación de 171.787 millones de pesetas, que ha supuesto un aumento de tan sólo 13.096 millones de pesetas con relación al año 2000, es claramente insuficiente para la urgente mejora de la prestación del servicio público de la justicia, lamentablemente cada vez peor valorado por el conjunto de los ciudadanos, a tenor de los resultados de los distintos barómetros de opinión que se van realizando. El incremento ni siquiera da cobertura suficiente al necesario aumento de gastos obligatorios y a la financiación de nuevas leyes, fundamentalmente dos que van a entrar en vigor en el año 2001, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de responsabilidad penal del menor, para las que no se han dotado ni los medios personales ni materiales imprescindibles para su eficaz aplicación. Advertimos -lo venimos denunciando hace más de un año- que estas dos leyes importantísimas que van a empezar a aplicarse en enero de 2001 no tienen la preparación de personal ni los medios, insisto, adecuados para su eficaz aplicación y puede devenir en un auténtico escándalo en el servicio público de la Administración de justicia.
El necesario pacto de Estado para la justicia necesita y requiere de un plan financiero y económico estable de carácter plurianual y por ello desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos venido abogando porque se tienda a llegar a un 2 por ciento para el área de justicia en el total de los Presupuestos Generales del Estado frente al 0,7 por ciento actual de forma progresiva durante los próximos cuatro años. La insuficiencia financiera no sólo de este ejercicio presupuestario sino de los anteriores presupuestos del Partido Popular hace que no se hayan llevado a cabo los compromisos de creación de los necesarios institutos de medicina legal ni de los juzgados de vigilancia penitenciaria ni de los juzgados de menores, así como que tampoco se hayan podido implantar con eficacia los juicios rápidos, ni se haya realizado la modernización de la oficina judicial, ni se hayan aplicado adecuadamente el Código Penal del año 1995 ni que tampoco se haya luchado eficazmente contra la violencia doméstica. En este sentido, la ridícula cantidad de 76,6 millones de pesetas que había en el año 2000, no ejecutados por cierto, la elevan este año a 110 millones de pesetas, que no cubren ni siquiera la copiosa publicidad y propaganda, que es lo único que hace el Partido Popular en ésta tan delicada materia de la violencia doméstica. No se recoge tampoco un plan inversor mínimamente suficiente para dotar de los órganos necesarios para la aplicación de las nuevas leyes y la adecuada de las ya existentes, es decir, el funcionamiento ordinario de juzgados y tribunales. El incremento es de 230 millones de pesetas respecto al año anterior. Tampoco se da cobertura al número necesario de abogados del Estado, teniendo en cuenta además el aumento de la litigiosidad y la mayor función preventiva que deben realizar. Se consolidan importantes aumentos producidos en ejercicios anteriores para la contratación del personal sustituto, en contra de las recomendaciones del Libro Blanco de la justicia. Es generoso el presupuesto con partidas más opacas, que no son las que más directamente están relacionadas con la prestación del servicio público de la justicia, como indemnizaciones, dietas, incentivos, trabajos realizados por terceros, etcétera. Por todo ello -en el Pleno debatiremos más ampliamente esta enmienda de totalidad- , el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 13 y luego una serie de enmiendas parciales.
La fundamental, porque afecta a más del 90 por ciento del presupuesto de Justicia, es la relativa al programa 142.A, tribunales de Justicia y ministerio fiscal, con un incremento de 21.825 millones de pesetas en los distintos capítulos, de forma globalizada y tendente a ese incremento paulatino y progresivo en los cuatro años de legislatura, hasta llegar como planteábamos antes, al necesario 2 por ciento, que haría posible ese pacto de Estado para la justicia, pacto de Estado que necesita de una reforma global, de reformas procesales, orgánicas, funcionales, de la oficina judicial, de medios personales y materiales, etcétera. Estamos perdiendo un año más, con toda la publicidad, como en el resto de las áreas de este Gobierno, y propaganda, pero sin llegar a los hechos, que es la dotación y consignación efectiva de cantidades.
Planteamos también otra serie de enmiendas parciales al programa 146.
A, registros vinculados con la fe pública, tanto desde el punto de vista de medios materiales como de informatización y de personal, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. En definitiva, en aras a la brevedad, las damos por defendidas.


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Voy a dar unas pinceladas en dos minutos para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios. Respecto a las enmiendas 1573 a 1577, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos vamos a abstener por dos cuestiones. Se refieren a traspasos de competencias, a la financiación de la Ley de responsabilidad penal del menor y a la construcción puntual de diversos edificios de juzgados y tribunales.
Pues bien, estando de acuerdo con la ya denunciada, y en aras a la brevedad la doy por reproducida, carencia de recursos para la aplicación de la Ley de responsabilidad penal del menor, porque se ha producido y se va a producir en enero del 2001 una transferencia de competencias implícitas a las comunidades autónomas, que van a tener que aplicar esta ley sin haber sido transferidos paralelamente los recursos, no vamos a apoyar expresamente enmiendas individualizadas para una sola comunidad autónoma, sino que lo que demandamos es el necesario estudio financiero para proporcionar los recursos necesarios a todas las comunidades autónomas, y por lo que se refiere a las enmiendas puntuales sobre construcción de edificios de juzgados y tribunales, tanto con respecto a éstas como a otras de otros grupos nos vamos a abstener, puesto que lo que nosotros hemos planteado es un plan plurianual, un plan de inversiones de edificios nuevos y de mantenimiento de los existentes con una dotación de 9.000 millones de pesetas. No es que no estemos de acuerdo con la construcción puntual, sino que no queremos llevar nuestro voto a la aceptación concreta de algunas obras en detrimento de lo que pudieran ser otras incluidas en el plan plurianual. Por la misma razón nos vamos a abstener con respecto a las enmiendas 176 a 181 de Izquierda Unida, aunque, insisto, estaríamos parcialmente de acuerdo con ellas y con las que se refieren a ejecuciones concretas de obras, y vamos a votar a favor las números 174 y 175. Igualmente, nos abstendremos en relación con la 645, del señor Labordeta, también por tratarse de inversiones puntuales de edificios de juzgados de la Comunidad Autónoma de Aragón. En cuanto a las del Grupo Parlamentario Mixto, Iniciativa per Catalunya, votaremos a favor de la 523 y en contra de la 159 por la imposibilidad real de llevarla a cabo en el año 2001 en los términos en que se plantea, aunque en el fondo también estaríamos de acuerdo con ella, y nos abstendremos en la 160.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Efectivamente, a esta sección número 13 nuestro grupo parlamentario ha presentado cinco enmiendas al área de justicia, gastos de personal, gastos corrientes, gastos de inversión y aplicación de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. Todas ellas, aunque tengan sus propias particularidades, tienen una concepción que estoy seguro SS.SS. van a compartir, aunque probablemente no sea aceptada por la mayoría, que no es otra cosa que entender que la creación de nuevos juzgados es buena, como así se dijo en el momento de su aprobación mediante ley, y que es igualmente buena la aplicación correcta, es decir, eficaz, de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor y que para poner en marcha unos y otra, es decir, juzgados y además la aplicación de esa ley, es necesario el correspondiente crédito. Digo que van a estar de acuerdo desde el punto de vista conceptual porque lo que no se puede, entendemos, es derivar hacia las comunidades autónomas el coste de la aplicación de una ley o el coste de la aplicación en su sentido de creación, de mantenimiento, gastos de personal, etcétera, de nuevos juzgados si no se aporta la correspondiente cuantía. ¿Qué está ocurriendo, señorías? Pues está ocurriendo algo que esta mañana hemos tratado en el debate sobre las haciendas locales. Por un lado, se otorgan nuevos edificios de juzgados con el correspondiente personal e infraestructura, por otro se otorga a las comunidades autónomas la competencia para ejecutar las medidas tipificadas en la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, pero no se adhieren a ese traslado de responsabilidades, que es correcto desde el punto de vista constitucional y estatutario, las cantidades presupuestarias correspondientes. Con ello, en la práctica lo que se hace es: usted se encarga de esto, usted se responsabiliza de esto, pero no le damos ni una sola peseta para poderlo llevar a cabo. En definitiva, hay un traslado de déficit, porque esa es la palabra, que si esta mañana lo centrábamos en las haciendas locales, concretamente en las corporaciones locales, esta tarde lo señalamos hacia las comunidades autónomas, que, como en el caso de Cataluña, tienen competencia en materia de justicia.
Nosotros estuvimos y estamos de acuerdo en la creación de numerosos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, juzgados de lo Social, juzgados Penales, Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona y un largo etcétera, estamos de acuerdo en que esto comporta inversión de creación de juzgados, gastos corrientes y gastos de personal, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que en los Presupuestos Generales del Estado no haya partida alguna para afrontar este gasto. Y que este gasto vaya a lo que es el presupuesto ordinario, entre comillas, de la Generalitat de Cataluña sin incremento alguno que lo compense. También estamos de acuerdo, reitero, en que la aplicación de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, que entra en vigor en el mes de enero del año 2001, otorgue a las comunidades autónomas la competencia para ejecutar las medidas tipificadas en ella, lo cual implica automáticamente la necesidad de adecuar los medios humanos y materiales, tanto de los juzgados de Menorescomo de las fiscalías, así como la creación de una

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Sala especializada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en las Audiencias Provinciales. La previsión de estos gastos corrientes, para dar cumplimiento a unas previsiones legales en materia de recursos humanos y materiales de apoyo a la Administración de justicia, corre a cargo, naturalmente, en este supuesto de la Generalitat de Cataluña. Entendemos que debe ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y nuestras enmiendas van en el sentido de aceptar que esto es competencia autonómica, pero solicitando que estos gastos nuevos, porque es innovación en la línea positiva de un mejor funcionamiento de la justicia, tienen que ir con un cálculo económico del correspondiente gasto en los Presupuestos Generales del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para justificar la enmienda a la totalidad de esta sección, por entender que la cuantía global es tan insuficiente que incluso imposibilita afrontar los pocos programas de gastos e inversión que aparecen en el proyecto de presupuestos. No sólo no aparecen los créditos suficientes para acometer las reformas legislativas procesales, juzgados de lo Contencioso, Ley de Jurisdicción, etcétera, sino ni siquiera lo previsto en las leyes en rigor, la Ley del Jurado, la Ley de Vigilancia Penitenciaria, etcétera. Entendemos y nos parece que es grave que con estos presupuestos se pone en peligro el mantenimiento de la justicia como un servicio público y no quisiéramos asistir a lo que sería la privatización del servicio de justicia. Por consiguiente, creemos que estos presupuestos son insuficientes y en ese sentido mantenemos esta enmienda a la totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Intervengo para dar por defendidas las enmiendas que a esta sección han presentado diversos diputados del Grupo Mixto y si por parte de la Presidencia y de los demás miembros de la Comisión disculpan el lapsus, también las presentadas por el Grupo Mixto, en concreto por los señores Saura y Puigcercós, a la sección 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra don Leocadio Bueso. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor BUESO ZAERA: En lo que respecta a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida, tengo que manifestar que los créditos que figuran en el proyecto de presupuestos para el año 2001, para el conjunto de la sección 13, se consideran adecuados para el cumplimiento de los objetivos programados por el Gobierno, de acuerdo con la escala de prioridades definida por el Ministerio de Justicia en el contexto de austeridad presupuestaria exigida por la coyuntura económica del país, la convergencia con Europa y el objetivo irrenunciable de alcanzar el equilibrio presupuestario en este ejercicio. Las dos enmiendas, tanto la de Izquierda Unida como la del Grupo Socialista, no proponen ninguna alternativa razonable para la asignación de recursos y utilizan argumentos en nuestra opinión erróneos e incompletos en su exposición, además de resultar técnicamente inviables, dado que el Reglamento del Congreso tan sólo prevé la devolución de las enmiendas a la totalidad.


Sobre a la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, debo manifestar, demás, lo siguiente: la dotación global consignada en el proyecto asciende, como él bien ha dicho, a 172.787 millones de pesetas, cantidad que supone un incremento del 8,4 por cien sobre el presupuesto del año anterior, una vez deducidas las transferencias de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia realizadas en el año 2000 con destino a la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo cual demuestra un esfuerzo considerable muy superior al crecimiento del PIB para el 2001, estimado en un 3,6 por cien. Ello va a permitir también consolidar la oferta de empleo público del año 2000, dar cobertura a 79 juzgados nuevos, 33 de Menores, siete secciones de Audiencias Provinciales, 52 fiscalías de Menores y 20 agrupaciones de Paz, lo que supone un incremento de 1.058 plazas, que irán entrando en funcionamiento a lo largo del ejercicio, ajustándose a los planes diseñados por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y en línea con las directrices expuestas en el Libro Blanco de justicia. Por otro lado, la dotación para personal sustituto obedece al plan de refuerzos para reducir el gran número de recursos pendientes de resolución, y los incrementos en dietas y gastos diversos se refieren exclusivamente a gastos de oposiciones y derechos de examen financiados con tasas, que anteriormente no aparecían recogidos en el presupuesto de gastos y ahora se recogen por cambio de criterio contable. En cuanto a los trabajos realizados por otras empresas, su incremento viene justificado por los gastos de limpieza y servicios de seguridad de los órganos judiciales de nueva creación, así como peritajes y gastos de custodia y depósito y en modo alguno puede decirse que sean partidas opacas.
Por lo tanto, consideramos que tanto la enmienda del Grupo Socialista como la de Izquierda Unida deben ser rechazadas, entre otras, por estas razones.
Pasando a lo que son enmiendas particulares, voy a hacer referencia a algunas y concretamente a la 175, de Izquierda Unida, que solicita una especialización de fiscales en materia de violencia doméstica, que cifra en 50 millones. Tengo que decir que el programa 142.A

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no es el adecuado para la financiación de un plan de formación específico para fiscales, ya que existe el programa 142.C, gestionado por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia, que está íntegramente dedicado a la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, en el que se incluyen desde los secretarios judiciales, fiscales y médicos forenses, hasta los auxiliares y agentes. La dotación del Programa 142.C, de formación de personal de la Administración de justicia, para el año 2001, ha experimentado un incremento del 8,6 por cien sobre el presupuesto del año anterior, cantidad que se estima adecuada para el cumplimiento de los objetivos y la determinación de los cursos concretos a impartir queda abierta a prioridades establecidas por el Ministerio y el propio Centro de Estudios Jurídicos, que establecerán los contenidos más adecuados a las necesidades de formación específica del personal al servicio de la Administración de justicia.
En cuanto a las enmiendas 176, 180 y 181, que solicitan modificar el anexo de inversiones del proyecto, a fin de atender la ampliación de una serie de inversiones en los juzgados, en la Ciudad de Justicia de Murcia, el Palacio de Justicia de Cartagena, el de Cieza, el de Mula, un nuevo palacio en Jumilla, en San Javier, el Juzgado Social de Menorca y el Juzgado Social de Mallorca, consideramos que la cantidad que figura como previsión para el año 2001, en el anexo de inversiones correspondiente al programa Tribunales de Justicia y ministerio fiscal, ha sido determinada en función de las prioridades del Ministerio, según el plan de actuación de justicia previsto en la Ley de demarcación y planta. Por otro lado, la propuesta, en nuestra opinión, no se ajusta a lo previsto en el artículo 173 del reglamento.
Sobre la enmienda 177, también de Izquierda Unida, que pretende dotar de un cuerpo de traductores al Tribunal Superior de Justicia y a la Audiencia de la región de Murcia, con categoría de personal laboral y con una dotación de 80 millones de pesetas, consideramos que no es imprescindible la contratación de traductores e intérpretes, con categoría de laborales, toda vez que siempre se puede acudir a los servicios de empresas especializadas, en los casos individuales que así se requiera. En cualquier caso, sería necesaria su creación previa en una norma específica que estableciera sus funciones, y especiales características, etcétera.
La enmienda 178, también de Izquierda Unida, pretende reforzar el Juzgado de Paz de Formentera, con un oficial, un auxiliar y un agente judicial, con una dotación de 10 millones. Consideramos que el destino concreto de los incrementos de plantilla recogidos en el actual proyecto está sujeto a eventuales variaciones que el Ministerio puede ir acomodando a las necesidades que pudieran ir surgiendo a lo largo del ejercicio, sin que por ello sea necesario modificar los créditos globales de los distintos conceptos, ya que la vinculación presupuestaria es, en principio, a nivel de artículo y las dotaciones financieras no especifican la ubicación geográfica de la plaza a cubrir. Por otro lado, en el aspecto puramente técnico, la enmienda tampoco se adecua al artículo 133.
De la enmienda 645, del señor Labordeta, del Grupo Mixto, Chunta Aragonesista, que pretende mejorar las inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón con 1.000 millones de pesetas, tenemos que decir que la cantidad que figura como previsión para el año 2001 en el anexo de inversiones correspondiente a este programa, ha sido determinada también en función de las prioridades. Y el alta y la baja que se proponen en el artículo 62, del servicio 01, del programa 142.A, son incorrectas y, además, no se especifica ni el proyecto ni el superproyecto en que deben realizarse las modificaciones propuestas.
En cuanto a las enmiendas parciales del Grupo Socialista, en especial la 1149, que dice que hay una insuficiencia de dotaciones para cumplir los compromisos de creación de órganos judiciales y mejora de la justicia, los créditos que figuran en el proyecto se consideran adecuados, como hemos dicho anteriormente. La enmienda 1150, que pretende dotar 95 millones para evitar la reducción de efectivos, consideramos que se basa en un error de interpretación, habida cuenta de que, según consta en los anexos de personal adjuntos al proyecto de presupuestos, los efectivos de personal del programa 146.A, registros vinculados con la fe pública, no sólo no disminuyen sino que se incrementan en cuatro plazas, concretamente dos magistrados y dos secretarios. Quiero destacar la enmienda 1153, que pretende aumentar el número de efectivos de abogados del Estado, puesto que dice que se están reduciendo por falta de cobertura de plazas y aumento de excedencia. La dota con 125 millones. Consideramos que el servicio jurídico del Estado, Abogacía General del Estado, ya experimenta un crecimiento del 5,5 por ciento sobre el año precedente, porcentaje superior al crecimiento del PIB, estimado, como he dicho antes, en un 3,6 por ciento, lo que supone, entre otras cosas, aumentar en 19 el número de efectivos dotados para el próximo ejercicio.
Finalmente, tenemos las enmiendas de Convergència i Unió, números 1573 a 1577, en las que se fundamentan los mayores costes de los servicios traspasados, ocasionados por la creación de nuevos órganos judiciales, nuevos juzgados y fiscalías de Menores, previstos en la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la aplicación de la nueva normativa en materia de guardias. Dado que las transferencias a la Generalitat de Cataluña en materia de Administración de justicia se han efectuado básicamente en virtud del Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, momento al que debe referirse la evaluación económica de los traspasos, las eventuales obligaciones, surgidas con posterioridad, en nuestra opinión, deben en principio, ser asumidas por

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los receptores de la competencia, con cargo a la financiación global disponible. En cualquier caso, de existir imposibilidad absoluta para poder atender las nuevas obligaciones con los presupuestos propios de la Generalitat, la transferencia adicional requerida debería figurar en la sección 32, entes territoriales, y no en el presupuesto del Ministerio de Justicia. Para ello sería imprescindible, en nuestra opinión, el acuerdo previo de la Comisión mixta de transferencias Administración del Estado- Generalitat de Cataluña y su posterior aprobación por el Gobierno, mediante real decreto, como se ha venido haciendo en distintos ejercicios desde 1994. En consecuencia, entendemos que estas enmiendas deben desestimarse en los términos en que se proponen, lo mismo que aquéllas a que he hecho referencia anteriormente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz socialista, señor Villarrubia, para una réplica.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Tan sólo un minuto, señor presidente, para indicar respetuosamente al portavoz del Grupo Popular que lamentablemente no ha dado respuesta, no ya satisfactoria sino de ningún tipo, a las graves carencias que expresamente hemos puesto de manifiesto en la prestación del servicio público de justicia. Un par de apreciaciones sobre lo que sí ha mencionado, que nos parece grave y que se va a producir a partir de la primera quincena del mes de enero del año 2001. Van a entrar en vigor las leyes de enjuiciamiento civil y de responsabilidad penal del menor y no se ha previsto la dotación mínima suficiente de medios personales y materiales. Se nos decía ya en el presupuesto anterior, que así lo veníamos demandando, que tenía cobertura presupuestaria en el ejercicio del año 2000, y lo que hoy se nos reconoce expresamente es que en el 2001 se van a crear 129 plazas de fiscales, 103 de jueces, 52 de fiscales de Menores y 33 juzgados de Menores. Ahí está la respuesta. Se van a crear primero los fiscales de Menores y los jueces no se improvisan en cuatro días. Sendas leyes van a entrar en vigor en la primera quincena de enero del año 2001 y va ser -ojalá nos equivoquemos-, lamentablemente, un auténtico escándalo en la Administración de justicia. Tampoco se han dotado los recursos a las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de responsabilidad penal del menor, pese a que en la misma se contienen transferencias implícitas a las comunidades. No hay dotaciones suficientes ni se pueden crear estas plazas porque los jueces, repito, no se improvisan. Hay más de 500 vacantes de plazas creadas y no cubiertas.
En definitiva, la enmienda de totalidad, a la que nos referiremos notablemente en el Pleno, está más que justificada. El servicio público de justicia se está deteriorando con el Gobierno del Partido Popular y la respuesta, lamentablemente es una realidad, la dan los barómetros de opinión de los ciudadanos, que no se fían, que se fían cada vez menos, del servicio público que el Partido Popular está ofertando a la sociedad española en el ámbito de la Administración de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán, Convergència i Unió, señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Hemos escuchado con atención las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y nos sorprende cuanto ha dicho, porque si bien es cierto que hay un acuerdo de transferencia, y con ese acuerdo de transferencia va el de valoración, no es menos cierto que de esto hace ya muchísimos años, está ad kalendas graecas, para entendernos. Esto tiene una vigencia para el año 2001, por tanto es innovación, y a mayor número de juzgados, más gastos. Esto debe ir en todo caso, a cargo de una transferencia en la sección 32, entes territoriales.
Puede haber un error de planteamiento por nuestra parte; lo acepto enseguida. Pero lo lógico y la consecuencia de la aceptación de ese erróneo planteamiento nuestro sería una enmienda transaccional para ubicar cuanto nosotros pedimos, y me parece que es absolutamente lógico y racional, casi tangible, ubicarlo en la sección 32, entes territoriales. Dejarlo a la Comisión mixta de Transferencias para que cada vez que se cree un juzgado se valoren los costos de inversión, los costos de personal, los folios y los sellos, etcétera, me parece insólito, desde el punto de vista conceptual.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.) ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Popular? Señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Quiero contestar al Grupo Socialista que no debe tener ningún temor, que no va a haber ningún escándalo cuando se aplique la Ley de enjuiciamiento civil o la Ley penal del menor.
Antes ha hecho referencia a ello y ahora lo ha ampliado diciendo que no hay preparación de personal ni medios. Tengo que decir que hay preparación de personal y medios y me remito a los hechos, a las circunstancias que se van a dar a partir del día 8 de enero del año 2001, cuando entre en vigor esta ley. Y lo mismo digo respecto a la Ley penal del menor. Otra cosa es que al Grupo Socialista le gustara que hubiese más dotaciones, pero yo estoy convencido de que la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley penal del menor no van a tener ningún problema y buena prueba de ello es que, en los distintos cursos intensivos que ha habido, que está habiendo y que van a seguir hasta el 31 de diciembre, hay personal suficientemente especializado y que se ha tomado muy en serio estas leyes y de manera especial la Ley de enjuiciamiento civil, que, en mi opinión, es la ley de leyes de todos los temas civiles en la jurisdicción

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ordinaria. Creo que no va a haber ningún problema y, si lo hubiese, estamos para resolverlo.
En cuanto a lo que dice del barómetro de opinión, le diré que puede haber barómetros de muchas clases, siempre los ha habido. Desde luego, se están poniendo las bases para que la justicia vaya cada día mejor y el Gobierno está totalmente abierto, tomando como base lo que se dijo en su día por el propio ministro de Justicia, en relación con el pacto por la justicia, que va a ser una realidad, un esfuerzo y una aportación de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Ésa no es una cuestión de un presupuesto y mucho menos del presupuesto del 2001; es cuestión de los distintos presupuestos a lo largo de toda la legislatura. Ése es el mensaje que hay que trasmitir y, en ese terreno, no va a haber ningún problema, por lo menos por parte del Gobierno del Partido Popular.
En lo que respecta a lo dicho por el portavoz de Convergència i Unió, creo que he dejado una puerta abierta, bien abierta y de manera sincera, con mis palabras. En cualquier caso, de existir imposibilidad absoluta para poder atender las nuevas obligaciones, ya he dicho lo que había que hacer. El hecho de que sea un acuerdo previo de la Comisión mixta de Transferencias con la Generalitat de Cataluña y la Administración central del Estado no es ningún obstáculo para llegar a esa fórmula. A lo mejor hay otras fórmulas, pero en este momento no me corresponde a mí plantear ninguna enmienda transaccional. De todos modos, sí se ha dejado una puerta abierta para subsanar posibles problemas y hay que verlo desde ese punto de vista y no desde otro.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de la sección 13, Ministerio de Justicia, y pasamos a la sección 14, Ministerio de Defensa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: En primer lugar, tengo que decir que hemos presentado una enmienda a la totalidad, de devolución de esta sección 14, Ministerio de Defensa, ya que creemos que con este presupuesto no se garantizan los propios objetivos que el Ministerio se ha fijado para el año 2001. Pero, con el permiso de la Presidencia, dejo el debate de esa enmienda para el Pleno y voy a centrarme en este trámite en la presentación y defensa de las enmiendas parciales que hemos presentado al presupuesto de Defensa.
Hemos presentado un conjunto de enmiendas, de la 1155 a la 1159, que tienen relación con el tan discutido y discutible asunto de la forma de financiar los grandes proyectos de inversión del Ministerio de Defensa. Me refiero, como es lógico, a las fragatas F-100, al Eurofighter 2000 y al programa Leopard, así como a otros programas de menor entidad, pero también de gran importancia. Proponemos en esta enmienda que las cantidades asignadas para estos proyectos, que aparecen en el capítulo 8 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se lleven precisamente allí donde deberían estar: dentro del Ministerio de Defensa. Por tanto, proponemos que consten como capítulo 6, de inversión, ya que de eso se trata, y no como programas de I+D. Esto debería estar dentro del programa de modernización de las Fuerzas Armadas, que es realmente a lo que corresponden las cantidades asignadas a estos proyectos, y sirva de muestra un ejemplo. Podríamos coger cualquiera de los proyectos, pero, si me permiten, voy a coger el proyecto de las fragatas F-100, un proyecto con un coste de 380.000 millones de pesetas. En los acuerdos entre el anterior Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa y la empresa Bazán, como contratista principal de este proyecto, se prevén ayudas por valor de 320.000 millones de pesetas. Nadie puede creerse que, en un proyecto de inversión de 380.000 millones, 320.000 millones sean de I+D, por mucha innovación tecnológica que sumemos a ello, teniendo en cuenta además que buena parte del proyecto ya estaba desarrollado por Bazán y otra parte del proyecto es un proyecto americano, el sistema de armas de defensa AX. El único aspecto que realmente existe en este proyecto de I+D es el proyecto CIS, una adaptación de los distintos sistemas de armas, que tiene un coste de 3.000 millones de pesetas y que consta precisamente dentro de los proyectos de I+D del Ministerio de Defensa. Por tanto, no son proyectos de I+D, sino proyectos de ayuda a las industrias que trabajan para el Ministerio de Defensa. En este sentido, no son criticables, pero sí es criticable su ubicación dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y su consideración como I+D. Con estas enmiendas proponemos que sean considerados como lo que realmente son y en el lugar en el que realmente tendrían que estar.
En la siguiente enmienda, la 1.160, proponemos hacer una dotación para que se pueda fabricar la segunda serie de cazaminas. La fabricación de la segunda serie de cazaminas tiene una historia, si no larga, sí interesante. El año pasado, en el debate de los presupuestos para el 2000, en el Pleno, se aprobó por unanimidad una enmienda transaccional presentada por el propio Grupo Popular por la cual se dotaban 1.000 millones para dar inicio a este proyecto. En el primer semestre del año, estos 1.000 millones han sido dados de baja en los cambios de partida realizados por el Ministerio de Defensa. En las comparecencias de los jefes de Estado Mayor y del secretario de Estado no se supo dar respuesta satisfactoria a por qué se habían dado de baja estos 1.000 millones. Tan no se supo dar una explicación que, en una posterior comparecencia del ministro de Defensa, se indicó que se había vuelto a dotar este proyecto con 800 millones para poder iniciarlo, para iniciar la construcción de esta segunda serie de cazaminas. En el debate de las comparecencias se nos dijo que para el año 2001 aparecía una consignaciónpresupuestaria dentro de la Gerencia de Infraestructuras.


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Sin embargo, al estudiar el presupuesto de dicha gerencia, tal y como señalamos en la comparecencia, no existe consignación expresa para la segunda serie de cazaminas, como no sea que se entienda que está asumida dentro del proyecto genérico de adquisición, armamento y material para las Fuerzas Armadas, dotado con 22.277 mil millones de pesetas. Nosotros hemos propuesto una enmienda en la que hay una cantidad específica asignada para este proyecto, en lo que hay consenso de todos los grupos, como lo demuestra el acuerdo unánime del año anterior que ya he señalado anteriormente. Por lo tanto, estamos abiertos a una enmienda transaccional del Grupo Popular que permita que, aunque sea con una cantidad distinta a la que nosotros proponemos, aparezca dentro de la Gerencia de Infraestructuras específicamente el proyecto de fabricación de la segunda serie de cazaminas.
Tenemos que señalar que la otra enmienda a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente el BNG, nos extraña su aparición en esta sección, ya que, por lo que hemos visto, en realidad no es un equipamiento de Defensa sino que es un cuartel de la Guardia Civil y, por lo tanto, debería aparecer en el debate de la sección 16 y no de la 14. Nos parece bien esta enmienda, pero creemos que no está correctamente situada. Si se vota dentro de la sección 14 estamos dispuestos a votarla favorablemente y si no aquí, dentro de la sección 16.
Igualmente existen dos enmiendas del señor Labordeta con las que podemos estar de acuerdo en el fondo, pero no técnicamente, puesto que se trata de dar de baja unas cantidades superiores a las que existen consignadas en la propia partida presupuestaria, por lo que es difícil que esto se pueda realizar. Por lo tanto, aún estando básicamente a favor de los razonamientos de las dos enmiendas, no podemos votarlas favorablemente y tendremos que abstenernos, porque técnicamente no vemos posible su realización.
Quedan dos enmiendas nuestras referidas al INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Estas dos enmiendas son redundantes, por lo que en este momento procedemos a retirar la 1162 y mantenemos únicamente viva la 1161. Dentro del interés que en estos presupuestos ha habido por los temas de I+D, Investigación y Desarrollo, tanto por parte del Gobierno como por parte de la oposición, y aunque tenemos en cuenta que el presupuesto del INTA sube en 3.000 millones de pesetas, aunque hay que tener en cuenta que estos 3.000 millones de pesetas tienen una finalidad específica que es únicamente el proyecto de I+D de minisatélites y que sigue existiendo otra serie de proyectos no estrictamente de defensa sino de carácter dual, es decir, tanto utilizables con finalidades civiles como militares y que para ellos es necesaria la presencia de un mayor número de investigadores, proponemos un aumento de la partida de personal para que se pueda contratar mayor personal investigador.
Finalmente, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha sido incorporada en el trámite de ponencia. La verdad es que no acabamos de entender esta enmienda. Seguramente será un problema de capacidad nuestra y no de su propio contenido. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no es una enmienda comprensible ni creíble y, en cualquier caso, da mayor razón a los argumentos que antes exponía respecto a la colocación de las cantidades presupuestadas para las grandes inversiones de Defensa, ya que lo que propone esta enmienda es únicamente un cambio del servicio que tiene que gestionar estas inversiones. Se trata de cambiar el servicio mando de apoyo logístico por el servicio dirección de asuntos económicos. Nosotros no vemos de ninguna manera qué ventaja tiene este traspaso de centro de gestión, a pesar de las explicaciones que se dan en la enmienda del Grupo Popular. Como ha sido incorporada por parte de la ponencia, solicitamos que el representante del Grupo Popular nos explique en su intervención, de una forma que podamos entender, y haremos todo lo posible, por qué se ha presentado y se ha incorporado esta enmienda.
Si los argumentos que se nos dan no son convincentes, utilizaremos nuestro derecho a pedir un voto particular en esta enmienda, manteniendo el texto original. Con todo ello acabo la defensa y posicionamiento de nuestro grupo en las enmiendas a la sección 14, Ministerio de Defensa.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Tenemos una enmienda a la totalidad a la sección 14, Ministerio de Defensa. Esta sección de los presupuestos para el 2001 inicia ya, con fuerza de primera prueba, una serie de dinámicas que nosotros no podemos compartir de ninguna forma. Hemos expresado esta opinión en distintos ámbitos y la voy a pormenorizar, si bien brevemente, señor presidente. No podemos compartir la filosofía general del proyecto, el aumento desmesurado de los gastos militares en un momento en que se consigue como si fuese un objetivo, que no lo es, el déficit cero, momento fuerte de gastos militares, muchos de ellos incluso camuflados a través de otros ministerios, por ejemplo, las partidas referidas a aviones y navíos de guerra que se presupuestan en partidas correspondientes a I + D + I. De una parte, lo que se va a presupuestar aquí es la asunción de la nueva OTAN, remodelada hace poco en Washington, una nueva OTAN en el seno de la cual España tiene un papel creciente, con una serie de objetivos que España ha asumido de manera directa, sin ningún debate previo en este Congreso de los Diputados y con muy poco debate fuera, que suponeunos gastos bastante fuertes. No sólo se asumen

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objetivos de la nueva OTAN, sino que se va a cambiar el acuerdo bilateral con los Estados Unidos, socio fundamental y fundacional de la OTAN, en el próximo período, posiblemente dentro de un año o año y medio, pero que ya empieza a tener consecuencias, no en estos presupuestos pero sí en los siguientes, teniendo en cuenta la ampliación de la base de Rota que se contempla como paso previo o simultáneo al cambio de relación bilateral entre España y los Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de esa dinámica aparecen gastos muy fuertes que se incrementan notablemente por ese factor. Hay otro factor que también sirve de trampolín al aumento de los gastos militares, que es el ejército profesional tal y como se ha diseñado.
Es un ejército, ya lo dijimos, sobredimensionado, de unos 170.000 efectivos, un ejército a la ofensiva, un ejército de ataque, un ejército con una serie de perspectivas que no tienen ningún tipo de justificación en este momento, cuando además se ha roto la dinámica de los dos bloques enfrentados, y que, sin embargo, dinamiza los gastos militares hasta dimensiones que no es posible aceptar. Tanto es así que de cara al año 2003 nos vamos a encontrar con unos gastos militares, incluidos los que se camuflan siempre, aviones y navíos que aparecen en Investigación y Desarrollo y otros temas que también se disfrazan bajo este epígrafe, gastos militares que van a llegar a unos 2 billones de pesetas del año 2003, un dos y pico por ciento del producto interior bruto. Por tanto, es una dinámica que nosotros no podemos compartir de ninguna de las maneras. Para qué un ejército de 170.000 efectivos con un montón de mandos, casi más jefes que indios, señor presidente. No podemos compartir esta dimensión, este diseño, ya lo dijimos en su momento y volvemos a reiterarlo aquí sobre los números. En un momento en que empieza el ciclo negativo de la economía, tiene muchísima más justificación lo que estoy diciendo, no me voy a detener aquí en ello, pero ahí están las cifras, los declives, los gráficos y ahí está, incluso, el sentimiento popular que empieza a asumir como propio que va a sufrir consecuencias serias en un momento no de nueva recesión todavía, pero sí de ciclo negativo de la economía en sectores fundamentales. Lo que quiere decir que la gente cuando dice en la calle: menos gastos militares y más gastos sociales, está resumiendo muchísimo nuestra opinión; la opinión que estoy expresando aquí en este momento, señor presidente. Como se invierte en sumas desmesuradas también sin justificación alguna, en ciertos organismos y en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial para seguir investigando, por ejemplo, en el avión de combate europeo o en el Eurofigther 2000. De la misma forma, el presupuesto de investigación en este Ministerio supera al de varios ministerios en su conjunto, todo ello para investigar no de cara al futuro civil, al bienestar social de los ciudadanos españoles sino para perfeccionar e investigar armas de muerte y agresión. Por tanto, no estamos de acuerdo y pedimos su devolución. Esperemos que esta vez no se nos diga que, como somos comunistas, opinamos así, y se vaya al portavoz correspondiente, sino que se haga un esfuerzo de entrar en el debate con argumentos en esta situación de inicio del ciclo económico negativo, donde estos argumentos que acabo de esgrimir reglamentariamente tienen incluso, si cabe, mucha más fuerza que en lo abstracto de un debate, de una dialéctica sin asiento posible en la realidad que vivimos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Quiero intervenir para dar por defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto a esta sección y, en particular, la enmienda 851 que, como decía ya el portavoz del Grupo Socialista, pensamos que está mal ubicada no sólo porque no se refiere a un acuartelamiento de la Guardia Civil, con lo que seguiría estándolo, sino a un acuartelamiento de la Policía Nacional en A Coruña, cuyos calabozos, como han manifestado personas que han tenido que pasar allí algunos momentos de su detención, están en un estado lamentable y no guardan el mínimo respeto debido a la dignidad de las personas detenidas. Suponiendo que la ubicación sistemática de esta enmienda no obedezca a ninguna intención del Grupo Popular o de nadie de militarizar, por ahora, a la Policía Nacional, la damos por defendida pero, sobre todo, solicitamos que se ubique en la sección correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar posición sobre las distintas enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Y, si me lo permite, señor presidente, haré una sucinta exposición primero por las enmiendas parciales para referirme en último lugar a las enmiendas a la totalidad presentadas con respecto a los Presupuestos Generales del Estado en su sección 14.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido Esquerra Republicana de Cataluña, del Grupo Mixto, hemos de decir que los presupuestos de Defensa, que son una consecuencia del artículo 8 de nuestra Constitución, no se establecen por de criterios geográficos sino por objetivos, esto es, por programas en aras de su consecución y, amén de los numerosos defectos formales en la presentación, que han sido aludidos por algún portavoz de otro grupo, quiero decir que las bajas propuestas afectarían al funcionamiento de nuestros ejércitos, imposibilitando los importantes retos de modernización que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas. Si bien uno de los objetivos es la racionalización de sus estructuras, no pasa ésta por suprimir partidas

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absolutamente necesarias e incluso de entidades como el ISFAS que, como saben SS.SS., atiende a la protección social de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por tanto, le anticipo que votaremos en contra de todas las enmiendas presentadas.
Quiero hacer alusión ahora a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. En relación a la enmienda número 183, no entendemos muy bien a qué responde la solicitud de disminución de un crédito de tres millones y pico, dedicado a gastos generales en Albacete, porque no tiene ubicación del proyecto concreto, ni del código; en cualquier caso, de ser correcta, entendemos que esta cantidad es más que ajustada y está suficientemente justificada.
En relación con las enmiendas presentadas por la Chunta Aragonesista del Grupo Mixto, el señor Labordeta solicita una compensación de 1.000 millones de pesetas a los municipios aragonesas por posibles inconvenientes por utilización de su espacio, incluso alude S.S. a su territorio. Entendemos que aquí sólo hay un territorio que es el español y fundamentar una indemnización por posibles inconvenientes por una supuesta servidumbre de uso de espacio nos parece carente de todo fundamento legal. Puestos a valorar, habría que tener en cuenta también los beneficios que generan las 9.000 personas que forman parte de las Fuerzas Armadas en la provincia de Zaragoza, por poner un ejemplo, y que suponen una renta superior a 11.000 millones de pesetas, a los que habría que añadir las cantidades que se gastan en mantener y abastecer las unidades que participan en las distintas maniobras que en esa comarca tienen lugar y que se estiman en más de 5.000 millones de pesetas. Si se hace referencia a los daños que ocasionan el Ejército del Aire o el de Tierra, hay que decir que, tanto en uno como en otro caso, son oportunamente indemnizados. Por tanto, más que de inconveniente habría que hablar de beneficios. En relación a otra enmienda que presenta la Chunta destinando una dotación de 100.000 millones de pesetas para abrir al público una instalación deportiva, desde el Grupo Parlamentario Popular nos solidarizamos con dicha barriada por carecer de instalaciones deportivas, pero no creemos que corresponda al Ministerio de Defensa paliar esta carencia, que compete más bien a la comunidad autónoma correspondiente. En cualquier caso, este club que consta de más de 12.800 socios, según los datos que yo tengo, se autofinancia a través de las cuotas de los mismos y, por tanto, puede considerarse como privado.
Acontinuación me voy a referir a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. En relación con las controvertidas enmiendas 1155 a 1159, nuestro grupo entiende que está perfectamente justificada su inclusión en la sección 20, toda vez que suponen un gran impulso para la industria, como sabe S.S., generan más de 60.000 puestos de trabajo, tanto directos, como indirectos y, además, reporta un considerable avance tecnológico que proporciona a nuestro sector competitividad en este difícil sector del comercio exterior, mejorando nuestra posició y en algunos sectores, como bien conoce S.S. , incluso llega a la de liderazgo, como es el caso del transporte militar aéreo, y a nuestra integración en empresas europeas, como es el caso de CASA, en EADS. En todo caso, como sabe el portavoz del Grupo Socialista, una vez iniciada la entrega de unidades, la financiación pasará a depender de la sección 14.
En relación a la enmienda 1156 del Grupo Socialista, que se refiere a la contratación de los C-295, el Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, ha iniciado ya su adquisición. En relación a la enmienda 1160, la GIE en este caso tiene previsto contratar la adquisición de la segunda serie de cazaminas, con presupuesto de 22.277 millones en cinco años, o sea que ya se ha iniciado la fase de adquisición de dicho proyecto.
Tomando nota de la enmienda retirada queda otra en relación al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en la que se solicita la partida para la contratación de 56 nuevas plazas. En esto momentos el INTAva a iniciar una planificación de recursos humanos y estudio de plantillas necesarias para atender el plan de actividades que tiene previsto. Creo que habría que estar pendiente de las conclusiones de estos estudios y de este plan para ver las necesidades reales del Instituto, en cuyo caso estamos seguros que se atenderá a las mismas oportunamente.


Paso a hacer referencia a los argumentos esgrimidos por las dos enmiendas a la totalidad presentadas. Por una parte el Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda basada en la insolidaridad. Aquí debo decir al portavoz de dicho grupo que los presupuestos de Defensa son solidarios porque contribuyen a cumplir el objetivo prioritario del Gobierno, que es el equilibrio presupuestario, mediante la reducción del déficit, asegurando la estabilidad y el crecimiento necesarios. Además, los presupuestos de defensa aumentan, como sabe S.S., un 4,5 por ciento, sin menoscabo de las prioridades fijadas por el Gobierno, cuyos presupuestos se han ido viendo aquí, y se seguirán viendo. Debo destacar de manera particular el aumento en sanidad en un 6,1 por ciento; prestaciones sociales aumentan un 11,6 por ciento; infraestructuras, un 8,7; I+D+ I, un 11,3; justicia, un 9,5; seguridad ciudadana, un 8,4. En definitiva, en la mayoría de los casos alcanzan el doble que el incremento que sufre el presupuesto de Defensa, prueba de la solidaridad de estos presupuestos, de manera particular los de Defensa y de manera general los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ya lo ha manifestado el ministro de Defensa en su comparecencia ante la Comisión, así como el subsecretario de Defensa. La profesionalización se alcanzará en los términos aprobados por el dictamende la Comisión mixta para este cometido, incluso

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adelantando un año el fin del servicio militar obligatorio, compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, con el esfuerzo añadido que supone y que viene reflejado en el capítulo 1, más afectado por este proceso de profesionalización, con un 58 por ciento del total del presupuesto. Además, contempla 6.000 millones de pesetas en previsión de la entrada en vigor para el próximo año del nuevo reglamento de retribuciones, así como fija unas mejoras retributivas para todo el personal en torno al 2 por ciento, cumpliendo también con la Ley 17/1999.
El proceso de modernización sigue avanzando de manera considerable, y usted lo conoce incluso mejor que yo, no sólo con la importancia de los programas de la fragata F-100, del Eurofighter F-2000 o del carro de combate Leopard, sino con la multitud de programas que los distintos ejércitos están desarrollando y que por cuestiones de economía no voy a detallar. En cualquier caso, sabe S.S. que el proceso de modernización es inacabable en sí mismo. La manera de evaluar correctamente si estamos en una buena o mala posición es valorando si nuestras Fuerzas Armadas tienen los medios y la capacidad suficientes para atender las misiones que les vienen asignando.
En este sentido, y con esto termino, señor presidente, la repuesta no puede ser más afirmativa. De manera contundente, la demostración de la eficacia que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en todas las operaciones que han realizado y que vienen desarrollando en el exterior, ha tenido un reconocimiento unánime encomiable por parte de todos los países aliados.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Rápidamente, señor presidente. Respecto a las contestaciones que nos ha dado el representante del Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a las consignaciones en la sección 20, nuestra crítica no es a las ayudas a la industria, sino a la situación de estas ayudas. Son programas militares y tendrían que estar dentro del presupuesto de Defensa. En este momento ya no son proyectos que estén en fase de I+D, sino en fase de fabricación. Por tanto, ni es lógico que consten dentro de lo que era el Ministerio de Industria, ahora Ciencia y Tecnología, ni es lógico que consten dentro del programa de I+D. Lo que proponemos no es darlos de baja, no que desaparezcan estas ayudas, sino que estén allí donde deben estar, si es que los presupuestos deben representar la realidad de lo que se hace. Si los presupuestos tienen otra finalidad, el debate es distinto. Pero si el presupuesto tiene como finalidad representar lo que se hace, lo lógico sería que aceptasen nuestras enmiendas, además, con toda seguridad el Ministerio de Defensa estaría muy satisfecho.
Respecto a la respuesta a la enmienda sobre la segunda serie de cazaminas, se nos dice que ya está previsto y que la cantidad ya está. Si está, debe aparecer. Lo único que proponemos es que aparezca. Si no, como decíamos en ponencia, nos encontramos ante lo que serían las partidas del hombre invisible, que no se ve pero está. Y, como decía antes, si la finalidad del presupuesto es que se vea lo que se hace, lo lógico es que aparezca esta cantidad. Yo le sigo ofreciendo una salida que no es contradictoria: presenten una enmienda transaccional en que conste la cantidad que hay destinada en el año 2001 para el proyecto de la segunda serie de cazaminas. ¿Que es una cantidad más pequeña de la que decimos nosotros? Estamos dispuestos a transaccionar. Se podría criticar que no hay suficiente dinero, sin embargo, le aconsejo que vea cómo han evolucionado los remanentes de tesorería desde 1998 hasta 2001, de 2.705 millones a 16.113 millones, y verá que a partir de una mayor cantidad de ingresos es posible sufragar estas inversiones. Esto no supone ningún disparate desde el punto de vista presupuestario. Pero, repito, propóngannos una enmienda transaccional y estaremos dispuestos aceptarla y a retirar la nuestra. Hace cuatro años que el INTA está en un proceso de reestructuración. Tal vez empieza a ser hora de que en vez de pensar, tanto tomemos decisiones.
Nosotros les proponemos algunas. Si ustedes las proponen mejores, estamos dispuestos a aceptarlas.
No me ha respondido a los motivos de su enmienda ni justifica su presentación. No es un tema secundario. Seguramente durante el año 2001 y, sobre todo, en el año 2002, veremos los motivos de esta enmienda. Pero como no queremos ser mal pensados o excesivamente peor mal pensados -la oposición, por lógica, debe serlo siempre un poco-, le pedimos que nos convenza de la bondad de esta enmienda para que no tengamos la necesidad de presentar un voto particular, aunque sepamos que vamos a perderlo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señor presidente. Señor portavoz del Grupo Popular, usted ha considerado como subida en el presupuesto los gastos de defensa que aparecen específicamente, sin considerar todo lo que está en el horizonte de la defensa en este país. Por ejemplo, Guardia Civil, clases pasivas, industria o I+D, que suponen una subida superior a la media a la que usted aludía como prueba de que este presupuesto es solidario ya que no suben los gastos militares. Suben por encima de la media y a nuestro juicio de manera insolidaria. No lo compartimos ni tampoco compartimos el sistema de armas pensado por ustedes para la intervención fuera de nuestras fronteras. Usted lo ha dicho. Un ejército ofensivo y amplio que tiene en cuenta el Leopard 2, el Eurofighter o la F-100, supone gastos que no tienen ningún sentido. Sólo lo tiene en el diseño del Ejército que ustedes han

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hecho, sobredimensionado y a la ofensiva. Eso no es solidario ni tiene sentido para un país en esta situación, en cuanto a la estructura social y laboral. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros y no estamos desconectados de la realidad social, por lo menos de lo que piensa la gente en este punto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Señor Marsal, no sufra con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que se ha incorporado en la ponencia. Se trata de hacer más fácil una cuestión que ya de por sí es compleja. No tiene más sentido que ese. Por tanto, no nos preocupemos tanto de la forma como del fondo que es lo importante.
Quisiera terminar mi intervención -lo que me parece importante y refiriéndome a la intervención que ha tenido el señor Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida- diciendo que estamos ante un nuevo modelo de defensa, con unos nuevos objetivos que han sido establecidos desde la Comisión mixta para la profesionalización en 1998 con la directiva de defensa nacional 1/1996, la que fijó -por nuestra realidad geopolítica, a la que no debemos escapar, amén de nuestro compromiso constitucional- una serie de objetivos que son, como bien sabe S.S., profesionalización, modernización y racionalización. ¿Para qué? Para el cumplimiento de compromisos internacionales por nuestra pertenencia a organismos como la OTAN, la UEO, etcétera, para colaborar en el mantenimiento de la paz y la estabilidad y para prestar ayuda humanitaria. Estas son las premisas que mueven los Presupuestos Generales del Estado en su sección 14 y que permiten tener unas Fuerzas Armadas más operativas con estas nuevas misiones que desarrollan, más polivalentes y flexibles para poder realizar acciones conjuntas, integradas con el resto de las fuerzas de nuestros aliados para seguir avanzando en los objetivos de modernización y profesionalización para cumplir con nuestra proyección exterior y nuestros compromisos de paz y de seguridad y para fomentar la cultura de defensa. Por tanto, responden a los principios de seguridad compartida y defensa colectiva, siendo solidarios -y yo diría que coherentes- con nuestra realidad social y con el resto de los Presupuestos Generales del Estado.
Quisiera acabar, señor Marsal, con lo que dijo el Jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando compareció ante la Comisión de Defensa y que yo, textualizando, diré que los presupuestos se ajustan a los objetivos marcados por la Comisión mixta Congreso-Senado.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de la sección 14, Ministerio de Defensa.
El señor PRESIDENTE: Abordamos ahora el debate de las secciones 15 y 31, simultáneamente. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Fijaré la de posición de mi grupo de forma separada para las secciones 15 y 31.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de devolución de toda la sección 15 por incongruencia de los créditos presupuestados con las finalidades perseguidas. Mi grupo parlamentario no comparte la filosofía, estructura y asignaciones presupuestarias del Gobierno en la medida en que responden, al menos en su teoría, a una política económica que consideramos inadecuada para los intereses de la sociedad española. Además, como ya pusimos de manifiesto en la comparecencia del señor subsecretario de Hacienda, los diputados, al menos los de mi grupo, hemos recibido unos presupuestos del Ministerio de Hacienda ininteligibles. El desprecio que el Ejecutivo tiene hacia el Parlamento y a su ejercicio democrático se hace evidente al tratar de averiguar los criterios seguidos por el Ministerio de Hacienda a través, al menos, de la información que ha suministrado al Parlamento en la elaboración de su presupuesto. La falta de transparencia informativa que se desprende de la lectura del presupuesto del Ministerio de Hacienda es absolutamente inaceptable.
La segregación del anterior Ministerio de Economía y Hacienda ha dado lugar a una serie de cambios en los programas y en los servicios que exigen entregar al Parlamento una tabla de equivalencias que nos consta que existe, que los funcionarios del Ministerio de Hacienda han trabajado con ella y que ya requerimos en la comparecencia que realizó el señor subsecretario, sin que ello se haya subsanado. Este problema nos lleva a considerar, al menos lo sospechamos, que el Gobierno ha tratado de ocultar a la oposición la información precisa para saber cuál es la estructura presupuestaria y los cambios habidos en este Ministerio.
Todos los servicios están afectados por la nueva estructura organizativa: en unos casos desdoblándose en otros manteniéndose un servicio agregado para los dos ministerios, para Economía y Hacienda, cambios que debemos apreciar, la mayoría de ellos, intuitivamente, ya que -repito- no hemos podido basar nuestro criterio en una información rigurosa. Así, por ejemplo, el programa sobre coordinación y relaciones financieras con los entes territoriales era gestionado en el presupuesto de 2000, es decir, antes de la segregación de Economía y Hacienda, por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales, servicio 15.07. En los presupuestos de 2001, el programa ha pasado a depender de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, desarrollándose en otro servicio que es el 15.14. En los presupuestos del 2001 este servicio pasa a estar en otro programa, en el 612.B, planificación, presupuestación y política fiscal y en concreto, dentro de éste, a la Secretaría

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General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria. Como ya señalamos en la comparecencia del señor subsecretario, todo intento de comparación que permita ver cómo se han ajustado las plantillas y el resto de partidas es infructuoso. Y si se quiere hacer otro itinerario de búsqueda y ver a qué corresponde en el presupuesto del 2001 el anterior servicio 15.14 del presupuesto del 2000 se llega averiguar que aparece desagregado en dos programas, en el 124.D y en el 612.B, pero aún así no puede entenderse qué se ha hecho. Una buena parte de los programas han perdido sus competencias, los servicios que realizaban, y su presupuesto se concentra en el 90 por ciento del total de cada programa en el capítulo 1; es el caso del programa 124.
D, por lo que consideramos que no tiene sentido mantener estos programas. También en la comparecencia del señor subsecretario denunciamos que en el programa 611.A, que corresponde a la dirección y servicios generales de Economía y Hacienda, servicio 15.0, la rúbrica arrendamientos y cánones suponía en el presupuesto del año 2000 una cantidad reducida de unos tres millones de pesetas, algo más, y en cambio en el presupuesto del 2001 supera los 2.300 millones de pesetas. Debo decir que a solicitud de esta diputada el señor subsecretario respondió muy rápidamente y el compareciente, a pesar de su rapidez y la amabilidad con que hizo su gestión, no nos satisfizo en su respuesta, y no porque no haya cumplido adecuadamente con la transmisión de la información sino porque yo creo que era muy difícil, imposible, satisfacer la pregunta que hacíamos porque la suma de las cantidades que se agregan en el presupuesto del 2001 y que provenían de otros programas en el presupuesto pasado siguen sin cuadrar a pesar de la información que nos han suministrado. Problemas similares apreciamos en el capítulo 1 de la Secretaría General Técnica, que pasa de 4.000 millones a 786 millones en el 2001. El capítulo 2 de ese mismo servicio registra también variaciones muy relevantes, se reduce la cantidad presupuestada de 4.737 millones de pesetas a 129 millones de pesetas. Igualmente, continuamos sin tener información, a pesar de haberla requerido, sobre la partida de activos financieros. No sabemos todavía a quién se están concediendo los créditos a corto y a largo plazo fuera del sector público.
Mi intervención -y lo siento por lo que ello significa- es un rosario de reiteraciones porque las anomalías que hemos denunciado aparecen de forma continuada en otros programas, a los que no me he referido pero que complementan esta sección 15, como son los 612.B, 612.F ó 613.D, entre otros. No se nos ha aclarado tampoco qué acciones y participaciones del sector público se están contabilizando en el capítulo 8 del servicio 15.04, correspondiente a la Dirección General del Patrimonio del Estado, ni qué inversiones son las afectadas por la disminución que registra en esa partida la Dirección General del Catastro. Observamos -y así lo denunciamos en su día- una disminución del número de plazas a cubrir de inspectores de Hacienda y del cuerpo de gestión, lo que consideramos -y así lo dijimos- iba a repercutir en el buen funcionamiento de la Agencia Tributaria. Respecto a este punto también debo decir que el señor subsecretario nos dio información, que queda ratificada por la que queda recogida en el presupuesto de gastos del Ministerio, y es evidente que se reduce a la mitad el número de nuevas plazas de funcionarios (deducido por el número de cursos que se van a dar en el año 2001) de inspectores de Hacienda y del cuerpo de gestión. La disminución del número de plazas a cubrir en estos dos cuerpos, inspección y gestión tributaria, va a provocar, indudablemente, problemas en la política que debe seguirse -y a ello se comprometió el Gobierno- de control del fraude.
El estilo guadiánico del Gobierno (que es una característica del Ejecutivo y, más aún es este caso que nos ocupa, del Ministerio de Hacienda) se observa cuando se pasa a la lectura de las transferencias entre subsectores. Se introducen dos transferencias muy importantes, una de operaciones corrientes y otra de capital, para convertir al Instituto de Estudios Fiscales en organismo autónomo, fórmula que ya utilizaba el Gobierno socialista.
Obviamente, no seremos nosotros quienes cuestionaremos el actual cambio que evidencia, a todas luces, el error anterior del Ministerio de Economía y Hacienda cuando se produjo el cambio y asumió la responsabilidad el Gobierno del Partido Popular, que transformó el organismo autónomo en una dirección general. Es de desear que ese cambio hacia el pasado permita que mejoren las investigaciones tributarias, que habían decaído bastante en estos cuatro últimos años, y se recupere una buena parte de las líneas de estudio que se venían haciendo. El presupuesto del Ministerio de Hacienda presentado a esta Cámara supone una reducción de las dotaciones que afectará en gran medida (y así se puede ver en los objetivos para el año 2001) a los estudios, a las investigaciones y a las publicaciones sobre materias fiscales y tributarias, y también, repito, a los propios recursos humanos con que se debe dotar a la Agencia Tributaria.
Señorías, la propuesta presupuestaria que nos ha presentado el Ministerio de Hacienda tiene el alcance de un vuelo gallináceo.
Tenemos ante nosotros un jeroglífico políticamente inaceptable y técnicamente sin un fundamento hacendista solvente. La reordenación de la hacienda y, junto a ello, la consecución de los objetivos de estabilidad y de convergencia real no pueden en ningún momento alcanzarse a través de un simple maquillaje de cambios orgánicos; una reducción de gastos de forma arbitraria del sector público no significa ningún cambio. El sector público, dentro de unas coordenadas de eficacia y eficiencia, es fundamental en una economía de mercado desde una perspectiva diferente (obviamente del pasado), pero es indudable que de un buen funcionamiento del sector público depende que la

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economía pueda crecer de forma equilibrada. Esto no lo entiende o no lo quiere entender el Gobierno, y en particular el Ministerio de Hacienda, como se desprende del estudio de la propuesta de su presupuesto que estamos debatiendo. Por estas razones y por otras que ampliaremos más en el Pleno, mi grupo rechaza la propuesta presupuestaria del Ministerio de Hacienda y presenta una enmienda a la totalidad de devolución.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco presenta una enmienda, la número 1009, a esta sección 15, que hace referencia al estado en el que se encuentran los puentes internacionales de Irún, con la solicitud de reordenación de los mismos. Transcurridos siete años desde la firma de los acuerdos de Schengen y habiendo desaparecido estos pasos fronterizos, la zona se encuentra en un estado lamentable, por lo que insistimos en que el Ministerio de Hacienda, en concreto la Dirección General de Patrimonio del Estado, que es la titular de la competencia en esta zona, proceda con la máxima urgencia a su reordenación urbanística.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, doy por defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Blancas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Señor presidente, señorías, comenzaré respondiendo a la señora Costa sobre la enmienda a la totalidad, basado en la incongruencia que ella ha sentido al leer los presupuestos del Ministerio de Hacienda. Yo le quiero decir que el Ministerio de Hacienda (ella lo habrá leído perfectamente, igual que yo), desde su creación por el Decreto 557/2000, de 27 de abril, es un Ministerio nuevo, segregado del Ministerio de Economía y Hacienda, que actualmente se denomina Ministerio de Hacienda. Posteriormente, y en desarrollo de su estructura orgánica, en el Decreto 1.330/2000, de 7 de julio, viene detallada perfectamente la función orgánica de todo el Ministerio. Yo le recomiendo que se lea los 20 artículos, las disposiciones adicionales, transitorias y finales que desarrollan y especifican claramente la estructura orgánica del nuevo Ministerio.
Por otro lado, yo considero que el Ministerio cumple sus objetivos y que, como departamento de la Administración encargado de preparar los presupuestos y ejecutarlos, sus fines son la política tributaria, los presupuestos, los gastos y las entidades llamadas empresas públicas. Usted ha vuelto a repetir lo que dijo en la comparecencia del señor subsecretario: ha criticado la falta de transparencia. Los presupuestos están ahí y quizá haya que pasarse muchas horas para compaginar los programas del anterior Ministerio de Economía y Hacienda con el actual Ministerio de Hacienda, pero yo creo que en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara está la respuesta que el subsecretario, señor Catalá, le dio en su día y que yo no voy a repetir, por no ser reiterativo.
Quiero decirle que yo tampoco tengo tablas de equivalencia, pero no me he perdido tanto como usted en estas disquisiciones estilísticas del estilo guadiánico, del vuelo gallináceo. Yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene unos presupuestos, que son 171.845 millones de pesetas; que no es un Ministerio, como yo le decía en la sesión anterior, inversor, sino administrador y fiscalizador en cuanto a la Secretaría del Ministerio de Hacienda. No comprendo esas disquisiciones suyas respecto a que hay oscurantismo. No hay oscurantismo. Usted alababa -quiero recordárselo- la política del Gobierno de reducción de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, pero parece que su partido discrepa de usted. Usted estaba conforme con el 30 por ciento a las pymes y ahora parece que su partido dice que no se puede dar el 30 por ciento a las pymes. Yo digo que la política del Gobierno del Partido Popular ha sido de apoyo y de ayuda a los pequeños y medianos empresarios. Como usted sabrá, en España existen 2.800.000 empresarios autónomos y hay un programa de inversión de 6.000 millones para pymes y habrá 6.000 millones para programas de investigación de la pequeña y mediana empresa. Estas son ayudas del Gobierno del Partido Popular a los pequeños y medianos empresarios. Yo no tengo nada más que objetarle y no voy a entrar en disquisiciones sobre la secretaría, los programas que usted comenta y que no ve correctamente de la antigua Dirección General de Haciendas Territoriales, que actualmente pasa a englobar a la Secretaría General de Política Territorial y Comunitaria. Creo que las transferencias que ha sufrido este Ministerio están perfectamente detalladas. Por otro lado, las cuatro secretarías de Estado que existían en el antiguo Ministerio de Economía y Hacienda actualmente han quedado desglosadas, la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría de Presupuestos y Gastos dentro del Ministerio de Hacienda, y las otras dos secretarías, la de Economía y Energía y la de Comercio y Turismo, están perfectamente deslindadas. La verdad, no veo oscurantismo en absoluto sino una transparencia total. Como ya le dijo el subsecretario, para cualquier duda diríjase al Ministerio, donde con mucho gusto se la resolverán.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) número 1009, efectivamente solicitan la reordenación de los puentes internacionales de Irún y derribos. Este tipo de obras no está dentro del

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programa 612, gestión del patrimonio del Estado, y podrían encuadrarse en la Agencia Tributaria, como aspecto aduanero, o en el Ministerio del Interior. No digo que estén sino que podrían encuadrarse ahí. Desde luego no están encuadradas dentro del programa 612.F y, en principio, en la ejecución de este programa no está prevista la inversión destinada al fin que solicita el Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, lamento decirle que no hay partida presupuestaria para la ejecución de estas obras.
En cuanto al Grupo Parlamentario Mixto, aunque da por defendidas las enmiendas en sus propios términos, no le voy a contestar de forma diplomática que en los propios términos rechazos su enmiendas, sino que voy a contestar a todas las enmiendas que se suscitan en esta Cámara porque me parece de ética parlamentaria. Solicitan la construcción en la ciudad de Pontevedra de un nuevo edificio para la Delegación de Hacienda. No se puede acceder a ello porque en el programa 612 no está prevista la construcción de este edificio.
Actualmente la Agencia Tributaria y la Delegación de Economía y Hacienda están en un mismo edificio con superficie suficiente para dar y cumplir perfectamente el servicio administrativo, pues son 668 metros cuadrados los que tienen, quedando perfectamente atendidos los servicios de la Administración.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún grupo en un turno de réplica? (Denegaciones.)

El señor BLANCAS LLAMAS: Perdón, señor presidente, la sección 31 será defendida por mi compañero diputado señor Bardisa.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ya se ha debatido la sección en el mismo bloque. Si los argumentos empleados los portavoces de los distintos grupos requieren alguna contestación por parte del señor Bardisa, éste tendrá la palabra; si no, la damos por ya debatido.


El señor BLANCAS LLAMAS: Entonces se da por debatida la sección y esperaremos al Pleno para fijar posición.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la sección 16, Ministerio del Interior. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, en un breve turno voy a defender nuestras enmiendas, partiendo de una primera consideración que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. A pesar de toda la propaganda que se haya podido hacer nos encontramos con la realidad de un presupuesto estancado. Basta mirar el presupuesto total consolidado previsto para el 2001 en comparación con el del año 2000. Para el 2001 se prevén 819.000 millones de pesetas y en el año 2000 fueron 774.000 millones, por tanto hay un incremento aproximado de 40.000 millones de pesetas que significan un crecimiento del 5,7 por ciento, que si tenemos en cuenta el índice de precios al consumo -no solamente el previsto sino el real- nos sitúa ante un crecimiento prácticamente nulo. Es decir, que estamos ante un presupuesto estancado. Literalmente quiere decir que es un presupuesto insuficiente para abordar los retos que tiene la sociedad española en lo que se refiere a la preservación de la seguridad ciudadana y es el motivo por el que señalamos una serie de insuficiencias importantes que pueden ir desde la consideración de la inexistencia en términos presupuestarios, en su reflejo presupuestario, de lo que significa el buque insignia de la lucha por la seguridad ciudadana en nuestro país, el Plan Policía 2000, que prácticamente no existe en términos presupuestarios, aunque obviamente conocemos las definiciones de lo que se refiere al ámbito literario de dicho plan. Pero como no lo vemos reflejado, desgraciadamente esto nos lleva a la conclusión de que se trata más bien de un buen deseo. Nos hubiese gustado que ese plan tuviese efectividad porque la inefectividad ya la marca el informe que recientemente presentaba el fiscal general del Estado cuando remitió a las Cortes su memoria, donde se señala un incremento de la delincuencia en nuestro país del 7,7 por ciento, con una grave disonancia en relación con las cifras que maneja el Ministerio del Interior. No voy a entrar ahora en este tema, pero sí quiero señalar que un presupuesto que queda prácticamente estancado en relación al del año 2000 es un presupuesto gravemente insuficiente para los problemas que tiene la sociedad española en materia de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana no nos referimos a la paz de las calles en términos absolutamente mostrencos, no estamos hablando de esa paz que deriva de la simple presencia de una autoridad que impone por su propia actuación, sino de la preservación de bienes que son importantes. El primer bien que se tiene que preservar a través de la seguridad ciudadana es el de la libertad. Lo dice nuestra Constitución cuando habla de seguridad, que antepone el término libertad, y ésta debe ser garantizada a través de un sistema de seguridad pública que nosotros definimos en términos de servicio público que debe estar a disposición y cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. Hoy sabemos que hay sectores de la población que se proveen de este servicio público con el gasto privado.
Obviamente esto no está al alcance de la inmensa mayoría de los ciudadanos. De ahí la enorme importancia que tiene la mejora de la calidad del servicio público de seguridad en nuestro país. Pues bien, a partir de estos juicios hemos presentado una serie de enmiendas.
En lo que se refiere al programa de seguridad ciudadana, creemos que en nuestro país debe introducirse un instrumento que ya fue señalado, incluso anunciado, por lo menos debatido, con ocasión de la subcomisión

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sobre el modelo policial que funcionó la pasada legislatura en nuestro Parlamento, donde se habló de la necesidad de crear un centro superior de estudios para la seguridad ciudadana. La primera enmienda que planteamos los socialistas es que se cree ese centro superior. De la misma manera que existen centros superiores en otros ámbitos de los servicios públicos o de la defensa, también tiene que existir éste, y creo que fue un acierto de la subcomisión plantear este organismo. De las pocas conclusiones que se sacaron en esa subcomisión nos gustaría que el Gobierno aceptara el desarrollo de estas propuestas porque, de lo contrario, consideraríamos que aquél trabajo que se hizo por tantos e importantes diputados en la pasada legislatura habría de considerarse una pérdida de tiempo si en algún momento no tiene una traducción. Una de las posibles traducciones de ese plan, de ese estudio, de ese modelo policial, sería la creación de este organismo. Por otra parte, consideramos que hay problemas importantes que afectan a la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están relacionados fundamentalmente con los incentivos, la operatividad en términos de disposición e incluso de los combustibles, y esto nos parece preocupante. También es necesario incentivar la formación (así lo planteamos en nuestras enmiendas) y es necesario invertir más. Sé que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me va a decir que ha habido un incremento muy importante de las inversiones, pero yo le tengo que decir que aun así son insuficientes.
Por lo que se refiere particularmente a los gastos de reposición en acuartelamientos de la Guardia Civil, que está extendida en todo el ámbito de nuestra geografía, hay que seguir diciendo que incluso lo que está previsto en este proyecto es absolutamente insuficiente, por lo que es necesario abordar con mayor decisión la solución de este problema. Obviamente, no hemos podido plantearle en términos de enmienda presupuestaria algo que sí consideramos que es fundamental en lo que se refiere a la operatividad del servicio público de seguridad ciudadana, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, y es la cobertura de las plantillas. El gasto de personal, en lo que se refiere al capítulo I, prácticamente queda estancado, igual que todo lo demás, pero aquí ese estancamiento nos da a entender que existe un problema añadido, y es que se da una situación en la que no se decide finalmente tener una cobertura plena de estas plantillas, lo cual origina que no haya personal suficiente para actuar, para intervenir y, por supuesto, para preservar la seguridad y la paz que necesitan todos los españoles.
Pasando a lo que se refiere a política penitenciaria, lo que vemos, y de ahí derivan nuestras enmiendas, es que estamos ante otra faceta estancada, en la que no hay ningún elemento añadido que vaya más allá de las insuficientes actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en el año 2000. Por ejemplo, hay una cuestión que clama al cielo desde nuestro punto de vista, y es el tema de los depósitos municipales. No se puede obligar a los ayuntamientos a resolver una cuestión cuyo principal responsable es el Estado en su solución. Se trata de los depósitos municipales para la verificación y ejecución de las medidas previstas en la reforma del Código Penal, equipos técnicos para el tratamiento de drogodependientes, de enfermos del sida, etcétera. Los problemas que tienen nuestros reclusos, fundamentalmente, son dos, señorías: en primer lugar, el de si se actúa sobre ellos de manera suficientemente incisiva o no para conseguir el objetivo de la pena, que es la reinserción, la reintegración. En nuestro derecho penal, la pena no tiene un sentido puramente represivo o vengativo. Se trata de reinsertar, de reincorporar a la sociedad, pero eso requiere un mejor y mayor tratamiento en términos de educación, de reinserción de los drogodependientes. No olvidemos que el recluso está generalmente vinculado a problemas de drogodependencia, de sida, etcétera, y estas cuestiones hay que tratarlas.
Sé que ha habido un programa muy importante de inversiones. El programa que desarrolló el Gobierno socialista significó la dotación de un equipamiento en este terreno muy importante en cuanto a creación de nuevos establecimientos penitenciarios, pero el reto que tiene el Gobierno actual es mantener, a partir de ese equipamiento, una mayor calidad, dotar de calidad el tratamiento penitenciario.
Nosotros no hemos planteado tanto la creación de nuevas prisiones como los gastos de reposición en algunas que todavía se encuentran en estado lamentable.
Paso finalmente a otras cuestiones como las delegaciones de la droga y de inmigración. En términos generales, el juicio que voy a hacer afecta a las dos. Estamos ante dos organismos que difícilmente pueden recibir el calificativo de órganos coordinadores de nada. A veces da la impresión de que tenemos creado una especie de escaparate para tranquilizar a la opinión pública sobre dos graves problemas de nuestra sociedad: el escaparate de la Delegación del Gobierno en la droga y el escaparate de la Delegación del Gobierno para inmigración.
Nosotros estimamos -y esto lo dijimos cuando comparecieron las autoridades del Ministerio del Interior- que las delegaciones de Gobierno en ambos supuestos tienen que coordinar y conocer a fondo cuáles son los programas objeto de coordinación, porque en la Comisión correspondiente de esta Cámara en que informaron las autoridades no se dijo absolutamente nada respecto a los distintos programas que se coordinaban. Desde este punto, nosotros no solamente pedimos que de verdad sean órganos coordinadores y que participen en la ejecución de esos programas y que los conozcan bien, sino que también sean dotados de mayores recursos, y ahí están nuestras enmiendas tanto para el tema de la droga, donde hay un estancamiento en lo que se refiere a las transferencias a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las ONG,

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etcétera, como para la Delegación del Gobierno de inmigración.
Nosotros hemos presentado una enmienda para que esta Delegación cuente con un montante de unos 30.000 millones de pesetas y desarrolle los programas necesarios en distintos ámbitos desde el Estado para la atención y la inserción de los inmigrantes.
Finalmente, en cuanto a Tráfico, tengo que decir que hemos verificado una situación que nos llama poderosamente la atención. Incrementa de una manera significativa dos tipos de ingresos, que son los que en definitiva le hacen tener un presupuesto equilibrado. Por una parte, las tasas y, por otra, las multas. Hay un incremento que nosotros consideramos que no está justificado por los programas que luego se incluyen dentro del capítulo de gastos de la Jefatura de Tráfico. En este sentido, presentamos una serie de enmiendas al objeto de que precisamente con el dinero que se recauda de los contribuyentes, en este caso de los que tienen que pagar multas o de los que tienen que pagar tasas, en lugar de hacer la transferencia al Estado, del orden de 15.000 millones de pesetas, parte se lo quede Tráfico, que al fin y al cabo lo pagan los usuarios, para dotación de nuevas tecnologías de investigación, incremento de la educación vial, que se puede hacer perfectamente con el apoyo de los ayuntamientos y la colaboración de las policías locales, y la eliminación progresiva de puntos negros, que son muy abundantes en nuestras carreteras.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma tiene la palabra.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A esta sección 16 tenemos la enmienda 1578, que trata de una cuestión que ya el señor Mayoral ha explicitado a través de otras enmiendas de su grupo parlamentario, como es la financiación de depósitos municipales de detenidos.
Esta es una cuestión que venimos arrastrando desde hace años, a la que no se ha encontrado una solución satisfactoria para las corporaciones locales, que han cargado con la responsabilidad, y nos encontramos, en el caso de Cataluña -esta enmienda hace referencia a la Generalitat de Cataluña- con que la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo sobre depósitos municipales de detenidos a disposición judicial implica unos gastos complementarios a las cuantías respecto a las que se consideraron en la valoración de los traspasos. Ello en la línea de lo que ha expuesto, repito, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La ejecución de esa sentencia, teniendo en cuenta que los ayuntamientos no disponen de suficiente dinero como para hacer frente a estos gastos, ha ido a cargo de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que se ve implicada, sin desearlo, en algo que es un vacío por parte de esta Cámara y del Senado respecto de los gastos a prever en transferencias a los ayuntamientos para la solución de este problema.
En esta línea va nuestra enmienda, señor presidente, que se debe inscribir lógicamente en la parte conceptual de mi anterior discurso respecto de la sección 13; es decir, se va trasladando déficit a las comunidades autónomas de acuerdo asus competencias, ahorrándose la Administración del Estado el gasto correspondiente, aludiendo que es una competencia autonómica; una competencia autonómica no valorada, sobrevenida como en este caso en cuanto gasto, aunque la titularidad, entre comillas, le corresponda a los ayuntamientos por sentencia.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: También hemos presentado una enmienda a la totalidad de la sección 16, Ministerio del Interior, porque efectivamente refleja que se trata de un presupuesto estancado, cuando no sólo hay compromisos previos o atrasados sino una serie de novedades que han acaecido en la vida social española que no se prevén en estos presupuestos. Compromisos atrasados con los representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en realidad no se cumplimentan.
En relación con las migraciones y la inmigración, hay un déficit muy serio. Han conseguido ustedes no sólo el déficit cero sino el presupuesto cero para la Delegación de extranjería. Presupuesto cero es un mérito tremendo, teniendo en cuenta cómo está este tema. No quiero aquí pormenorizarlo, porque basta con leer cualquier día la prensa o ver las televisiones para saber que esto hubiera requerido un presupuesto bastante serio. Con esta simple y sola idea se podría justificar una enmienda de devolución. Pero si al mismo tiempo añadimos las instituciones penitenciarias, como aquí se ha dicho, también aparece una situación de inanición presupuestaria Sin embargo, se mantienen en su proporción, absolutamente inadecuada para nosotros, los fondos reservados. Se mantienen en una cuantía que no es de aplicación real en un momento en que los servicios de inteligencia y contrainteligencia no se han reformado ni se han ubicado apropiadamente dentro del marco constitucional.
Teniendo en cuenta todos estos factores -y no voy a aludir porque por la brevedad quizá rozara la falta de rigor, a la de adecuación de la política de investigación o de la política de seguridad-, un presupuesto estancado quiere decir que vamos a seguir en la misma situación, y tampoco estamos de acuerdo con esta circunstancia que no quiero pormenorizar en este momento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de CoaliciónCanaria, tiene la palabra la señora Julios.


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La señora JULIOS REYES: En primer lugar y muy brevemente, si me lo permiten, señalaré que por error mío en el debate de la sección 15, la anterior, no intervine, y solamente quisiera, si es posible, dar por defendida la enmienda 507 que presentaba Coalición Canaria en relación a la zona ZEC, sólo eso.
Con respecto a esta sección, la número 16, presentamos dos enmiendas.
Una, la 508, hace referencia al plan de seguridad de Canarias. Lo que planteamos es que se mantenga la dotación de 500 millones que bajo esta denominación existía en presupuestos anteriores, por ejemplo en el del año 2000. Entendemos que el problema de la seguridad en Canarias está creciendo de una forma alarmante, situándose, en cuanto a los indicadores, en los primeros lugares del Estado, por lo que no puede dejarse sin dotación adecuada los servicios de seguridad y de protección. Pondré algunos ejemplos breves. La tasa de criminalidad en Canarias, que es la más alta del país después de las de Ceuta y Melilla, está en 42,3 actos por 1.000 habitantes, el doble de la media nacional que está en 23,0. Según informes del propio Ministerio del Interior el número de delitos y faltas por 1.000 habitantes en Canarias es de 68,8, hay que tener en cuenta que sobrepasa con mucho la media nacional que está en 46,23, y lo que más nos preocupa es que si bien esta situación pudiera verse, a modo de fotografía, de forma estática, si comparamos el crecimiento de delitos y faltas del año 1998 al año 1999, en la media del Estado español el incremento fue del 1 por ciento, mientras en Canarias fue de un 8 por ciento. Esta misma situación se reproduce en otros indicadores, sobre los que no me voy a extender, por lo que nos parece que la situación puede ser desoladora si proyectamos a corto plazo en el tiempo el problema de la inseguridad. Las consecuencias de esta situación son graves para la propia inseguridad sentida por el ciudadano en Canarias, como se refleja en algunas encuestas ya realizadas en el Archipiélago, pero se potencia todavía más el problema que estoy comentando si tenemos en cuenta que gran parte de nuestra economía está centrada en el turismo y estos problemas de inseguridad -y no voy a dar cifras- están afectando de forma preocupante a zonas turísticas del Archipiélago, que se sitúan también a la cabeza del Estado, en cuanto a indicadores de inseguridad, en lo referente a ciudades. Por lo que se refiere al tema de la droga Canarias es la cuarta comunidad y en cuanto a violencia de género tenemos la tasa más alta de mujeres maltratadas en relación con el resto del Estado. Además, debido a que el total de efectivos policiales del Estado asciende a una tasa de 3,6 efectivos por 1.000 habitantes, mientras que en Canarias estamos todavía en una tasa de 3 efectivos por 1.000 habitantes, ello nos ha llevado a presentar la necesidad de que se mantenga esta partida presupuestaria para Canarias.


La siguiente enmienda que presentamos, la 509, se refiere, en concreto, a la Delegación del Gobierno para la extranjería y la inmigración y consiste en una dotación de 300 millones para reforzar el control de las costas de Canarias. Entendemos que hay que evitar la llegada incontrolada de pateras, así como -y ya está ocurriendo en estos últimos meses- de barcos negreros a las costas de nuestras islas. Está más que probado que el control de la frontera nos ayudaría a disuadir la inmigración irregular causada, sobre todo, por el tráfico de seres humanos a través de las mafias que para ello existen.
En este sentido no existen partidas presupuestarias específicas para Canarias y, por el contrario -con lo que estamos además de acuerdo-, sí existen para ciudades como Ceuta y Melilla, que están en nuestro entorno. Estamos hablando de cantidades que son plurianuales, pero la totalidad es de 1.570 millones, más 90 millones. La inexistencia, repito, de partidas que tengan carácter finalista para Canarias, teniendo en cuenta nuestra orografía y el hecho de ser siete islas, con lo cual las tareas de supervisión de las costas son, además de costosas, complicadas, entendemos que podría ocasionar, como está ocurriendo hasta ahora, un efecto de llamada de atención hacia las mafias, que deciden encauzar los flujos migratorios, a modo de una diana, hacia los lugares que están más desprotegidos y son de más fácil acceso.
Señor presidente, solicitamos al Grupo Popular que reflexione sobre estas dos enmiendas, porque se trata de problemas cruciales en estos momentos para el archipiélago canario. Desconocemos si es que estas partidas están contempladas en partidas presupuestarias globales, por así decir, para el resto del Estado, pero incluso si fuese eso así, dado el impacto específico que estos problemas tienen en Canarias, deben constar de una forma finalista, por el efecto disuasor que ya he comentado que pueden producir, y también tranquilizador ante el ciudadano de Canarias. Por eso reitero que sean estudiadas por el Grupo Popular, tanto de cara a la votación que habrá por la noche, imagino, como al Pleno, puesto que las seguiremos manteniendo en caso de no prosperar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich, por el Grupo Mixto.


El señor AYMERICH CANO: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto a esta sección, en particular, como es lógico, las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego.
Las enmiendas números 852, 853 y 854, las dos últimas relativas a la construcción de infraestructuras para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una en Pontevedra y otra en Vilagarcía, se justifican debido al

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deficiente estado en que se encuentran estas instalaciones, denunciadas por los propios usuarios y por los propios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en las mismas.
La primera, la enmienda 852, que va ser objeto de discusión mañana en la Comisión de Justicia, a través de una proposición no de ley, hace referencia a la construcción de un nuevo centro penitenciario en A Coruña, para arrestos de fin de semana y régimen abierto, en atención a que el centro penitenciario existente, que data de los años veinte, actualmente se dedica sólo a esos dos tipos de fines. Dado su estado de conservación, que es pésimo, lamentable, y dadas las propias condiciones del edificio, resulta un centro totalmente inadecuado para el cumplimiento de este tipo de sanciones introducidas en el Código Penal de 1995. Al mismo tiempo, la construcción de un nuevo centro penitenciario en A Coruña permitiría la cesión, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Patrimonio del Estado, de este edificio al Ayuntamiento de A Coruña, para el cumplimiento de otros fines de carácter municipal.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Procuraré, como es natural, atenerme al tiempo señalado para la intervención, con reserva, como es natural, de realizar en el trámite plenario un análisis más detallado de los argumentos esgrimidos por los distintos grupos de la oposición.
Tengo que comenzar señalando que las enmiendas de totalidad, de devolución de la sección, formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida me sorprenden. Me sorprende que tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hayan escogido el mismo calificativo para señalar el presupuesto de esta sección, ya que ambos han coincidido en destacar que éste es, a su juicio, un presupuesto estancado. Precisamente, a la hora de formular un calificativo desde la oposición se podía haber escogido cualquier otro, porque difícilmente se puede argumentar con solidez que éste es un presupuesto estancado. Si por algo se caracteriza esencialmente el presupuesto de la sección 16 es por representar un muy serio compromiso de las políticas del Gobierno con la esencia de las políticas que tiene que desarrollar el Ministerio del Interior como garante de la seguridad, entendida ésta como condición necesaria para la garantía y el ejercicio de la libertad, como recordaba el señor Mayoral. Ese compromiso esencial del conjunto de las políticas del Gobierno queda perfectamente retratado en lo que supone la jerarquización de inversiones de este presupuesto, que, a nuestro juicio, es un presupuesto esencialmente dinámico, por cuanto que, lejos de ser un presupuesto estancado, representa un aumento muy importante en el conjunto de la disposición presupuestaria que se ofrece al Ministerio del Interior para el desarrollo de sus políticas generales y aún más singularmente para lo que afecta al desarrollo de determinados programas, como, por ejemplo, los programas afectos a seguridad ciudadana y lucha contra el terrorismo y los programas, de un indudable carácter social, que tienen que ver con Instituciones Penitenciarias. El señor Mayoral, aun haciendo uso de ese calificativo de estancado, ha tenido que reconocer que el presupuesto consolidado del Ministerio del Interior crece en un 5,6 por ciento. Se ha quedado ahí porque, naturalmente, en el contexto de su valoración, si hubiera entrado en el detalle de otros números hbría supuesto destruir por completo esa valoración del presupuesto como presupuesto estancado. Pero, como es natural, me permitirá el señor Mayoral que yo sí haga referencia a esos números, porque, siendo éste un debate profundamente político y de conceptos, no es menos cierto que esas valoraciones políticas se sostienen sobre los contenidos concretos que el Gobierno destina a ciertas políticas y cuando, como en el caso del Ministerio del Interior, esa priorización es evidente, conviene ver si los calificativos se conjugan con los números.
Efectivamente, como usted bien señalaba, señor Mayoral, el presupuesto consolidado del Ministerio del Interior crece en un 5,7 por ciento, lo que supone más de 44.000 millones de pesetas en relación con el presupuesto del ejercicio anterior, pero esto es más relevante aún, como antes indicaba, en áreas tan significativas como Instituciones Penitenciarias, con un crecimiento de más de 14.000 millones de pesetas, lo que porcentualmente supone un incremento del 15,4 por ciento, teniendo en cuenta además que ese incremento va esencialmente destinado a programas de carácter social, en cuanto que son programas orientados esencialmente a la reinserción y reeducación de la población reclusa y a la mejora de sus condiciones de vida y especialmente de su atención sanitaria y teniendo en cuenta, como también señalaba antes, que, por ejemplo, el área de seguridad crece en 47.858 millones, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento.
Siguiendo con los números, la política preventiva de investigación policial y la potenciación de la lucha contra la criminalidad y el terrorismo, a la que se van a dedicar este año más de 510.000 millones de pesetas, suponen un incremento de más de 42.000 millones respecto al año anterior, porcentualmente una subida del 9 por ciento.
Además, sobre estos incrementos globales, está el sentido dinámico, profundamente dinámico y evolutivo de este presupuesto, conforme a las necesidades que plantean las políticas propias del Ministerio del Interior.


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Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la actualización de retribuciones del personal hay un incremento de más de 12.000 millones y que en aumento de efectivos en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por oferta de empleo público se va a dar un incremento de casi 11.000 millones de pesetas. Por cierto, cuando se habla de plantillas conviene no olvidar que como consecuencia de la oferta de empleo público prevista en estos presupuestos para el próximo ejercicio la sociedad española va a poder disponer de más de 3.000 nuevos profesionales de la seguridad pública a su servicio. Además, para incentivación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay más de 4.000 millones de pesetas de incremento; en relación con el cumplimiento del pacto con los sindicatos sobre la mejora de personal en Instituciones Penitenciarias se recogerá un incremento superior a los 1.000 millones de pesetas; en incrementos de gastos corrientes para corregir algunos déficit crónicos -y permítaseme que me quede simplemente ahí- se va a fijar un incremento de más de 25.000 millones de pesetas; en equipamientos específicos para la lucha antiterrorista habrá un incremento de más de 6.000 millones de pesetas; en implantación de dos sistemas básicos para la seguridad del Estado, como son el sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencias del Estado, llamado sistema Sirde, y el sistema integrado de vigilancia exterior, unos incrementos de casi 3.000 millones de pesetas y de más de 3.500 millones de pesetas respectivamente; en inversiones en seguridad vial, que luego podría detallar, pero que ya digo que suponen la incorporación de nuevas tecnologías, se ha producido un incremento que ronda los 1.500 millones de pesetas. En definitiva, para eso que algún portavoz señalaba como la instauración del déficit cero en materia de extranjería, porque no se dedican partidas o inversiones a este efecto, está previsto un incremento de más de 1.187 millones de pesetas. Me reservo para el trámite plenario, como es natural por no alargar esta intervención, algunas otras cifras que retratan el carácter evolutivo de este Ministerio, el compromiso del conjunto del Gobierno con las políticas propias del Ministerio del Interior y, sobre todo, la adecuación de las previsiones presupuestarias a las necesidades y retos en materia de seguridad, como garantía de la libertad de la sociedad española.
Decir que este presupuesto es rechazable en virtud de ser un presupuesto meramente propagandístico no se corresponde con la realidad de los números, la realidad de la jerarquización de inversiones, la realidad de las previsiones que en esta materia, en una materia tan sensible y delicada como ésta, consigna el Gobierno para el próximo ejercicio. No creemos que se pueda despachar este presupuesto diciendo simplemente que es manifiestamente insuficiente -gravemente insuficiente se ha dicho- para abordar los retos de la seguridad y, desde luego, nos parece que hacer una valoración, aunque sea legítima como cualquier otra, del Plan de policía 2000 diciendo que no existe definición presupuestaria para el mismo y que lo único que ha consagrado la experiencia social de los últimos meses es la ineficacia del plan nos parece, dentro de esa legitimidad que tiene cualquier valoración, profundamente desconectado con la realidad. Si hay un esfuerzo inversor importante en este presupuesto, como lo señalan y lo dicen los números, es sin lugar a dudas en capital humano, inversiones de reposición, infraestructuras, nuevas tecnologías, medios de transporte y de comunicación; en definitiva, en el conjunto de capital humano, medios, recursos e infraestructuras para la seguridad y, naturalmente, siendo para la seguridad, lo son, como es obvio, para ese Plan de policía 2000, que está determinando y definiendo la identidad operativa del Cuerpo Nacional de Policía desde el momento mismo en que dicho plan se concibió. Por otra parte, no creo que las valoraciones ciudadanas ni las valoraciones de los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, en relación con lo que supone y es este Plan de Policía 2000, puedan ajustarse en mucho, ni siquiera aproximarse, a las valoraciones que del mismo se han hecho por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Dar traducción, se nos decía, a los trabajos de la subcomisión del modelo policial, a los trabajos importantes; señor Mayoral, en eso coincido con usted. Básicamente eso es lo que también está haciendo el Gobierno, y lo está haciendo cuando en estos presupuestos se incrementan los recursos disponibles para mejorar la coordinación, para mejorar la comunicación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sociedad, para mejorar los recursos materiales disponibles para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan cumplimentar sus objetivos, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para mejorar la formación inicial y continuada, la especialización de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En definitiva, este presupuesto responde en su concepción como no puede ser de otra forma también a esas líneas maestras que sugirió en su momento el estudio final de la subcomisión del modelo policial, con independencia, como es natural, de que el Gobierno escoja porque ese es su derecho y esa es también su responsabilidad, el momento que crea más oportuno para dar forma a esta o a aquella iniciativa concreta.
Señor Mayoral, se pueden discutir muchas cosas, pero hay algunas que inevitablemente llevan a una discusión resbaladiza y también quiero quedarme simplemente ahí. Desde luego, lleva a una discusión resbaladiza levantar la bandera de algo que todos compartimos, el déficit, las carencias, la necesidad de hacer un esfuerzo manifiesto por mejorar las infraestructurasde vivienda, las infraestructuras profesionales,

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los cuarteles de la Guardia Civil. Entrar en ese debate puede ser resbaladizo para alguien y me quiero quedar ahí. Simplemente quiero apuntar que el Gobierno es consciente de eso, que el Gobierno en los últimos ejercicios presupuestarios ha hecho un esfuerzo dentro de sus disponibilidades para seguir dotando a los miembros de la Guardia Civil de cuarteles y de viviendas dignos, de cuarteles y de viviendas operativos y, sobre todo, acordes con el importante servicio que prestan. Lo ha estado haciendo en los últimos ejercicios en función de las disponibilidades presupuestarias, lo hace este y lo seguirá haciendo en el futuro, y quizá a lo mejor -y digo solamente quizá a lo mejor- si situaciones anteriores hubieran sido distintas hoy ese esfuerzo del Gobierno podría tener un acento igualmente diverso. A situaciones anteriores distintas, acentos distintos. A buen entendedor llaman ciertamente sabio, porque no ha sido ni el Grupo Parlamentario Socialista -quiero decirlo-, ni el Grupo parlamentario Popular, precisamente en relación con los cuarteles de la Guardia Civil quien aplicó aquello de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Fue un señor que desde luego no milita en nuestro partido y que afortunadamente está respondiendo de sus culpas ante la justicia.
En materia de instituciones penitenciarias, decir que nada nuevo se ha hecho me parece que es ciertamente superfluo, cuando estoy señalando que ya en este ejercicio hay un incremento de más de 14.000 millones de pesetas destinados fundamentalmente a eso que podemos concebir como la atención social, la función social, la función reeducadora y resocializadora de la población penitenciaria, conforme a lo que nuestra Constitución determina y define, que es el sentido último del cumplimiento de la pena. Que hay que hacer muchas cosas más, naturalmente, y ese es el empeño y el compromiso del Gobierno, pero para decir que hay que seguir apretando el acelerador, lo que no cabe es decir que no existe acelerador porque en materias tales como la atención a la política alimentaria, la atención a la política sanitaria dentro de instituciones penitenciarias, el cuidado a drogodependientes, el cuidado a enfermos del sida, en materias tan importantes como la política de ocupación y de trabajo dentro de los propios centros penitenciarios, el salto cualitativo es sencillamente espectacular. Este Gobierno, por ejemplo, ha resuelto una situación ciertamente peculiar que se daba en el seno del antiguo organismo autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias en virtud del cual la Administración no abonaba el IRPF que se debía retener a los internos trabajadores como consecuencia precisamente del trabajo que realizaban en los centros penitenciarios.


En definitiva, si situamos el debate en el terreno de las instituciones penitenciarias diciendo: comprometámonos todos a seguir acentuando cuantas medidas de carácter inversor, de carácter político permiten una mejor atención a la población reclusa; si situamos el debate en esos términos, sin lugar a dudas estaremos de acuerdo. Si pretendemos decir simplemente que está todo estancado y que nada se ha hecho, nos estaremos equivocando profundamente, entre otras cosas porque el invocado por el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista programa de creación de nuevos centros, el que se llamó Plan de amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios, si se caracterizó por algo fue por su profundo fracaso, precisamente porque estaba centrado sobre una previsión de ingresos por amortizaciones que no se correspondía con la realidad, entre otras cosas porque la Administración del Estado en la mayoría de los casos no era titular de los terrenos que la propia Administración del Estado preveía amortizar para poder financiar el plan. En este terreno conviene ser extraordinariamente prudentes para no dejarse llevar simplemente por la sana intención, valga la expresión, de la propaganda partidista.
Lo mismo tengo que decir en materia de droga e inmigración. Que el compromiso de este Gobierno en materia de inmigración se pretenda por parte de algunos simplemente eliminar diciendo: Esto que ustedes han creado no sirve para nada, cuando el compromiso de coordinación de las políticas de inmigración, cuando el compromiso de este Gobierno por llevar adelante una política de inmigración realista, que es la mejor forma de llevar adelante una política de inmigración solidaria y de una política de inmigración integradora, es tan manifiesto, no es de recibo. Se puede, como es natural, criticar, pero no se puede tratar de despacharlo simplemente a través de una valoración cero.
Nada se ha hecho, nada significa, no hay ningún género de compromisos.


En materia de tráfico, se nos reclamaban inversiones importantes para poder adecuar nuestra organización, nuestras estructuras de seguridad vial a lo que son las nuevas tecnologías. Este presupuesto, por ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivo, destina 2.496 millones a inversión en transmisiones de información, 400 millones a inversiones en tecnologías aplicadas al tráfico, más de 800 millones a transmisiones y equipos especiales para vigilancia del tráfico, 1.200 millones para equipos ofimáticos e informáticos, y así una larga relación de expresiones concretas que son las que tienen que determinar el análisis del presupuesto y no otros conceptos puramente genéricos o el uso de calificativos traídos por los pelos.
Lo dicho en relación con la justificación esgrimida por el Grupo Parlamentario Socialista para la formulación de su enmienda de devolución de la sección coincide, básicamente, ya no sólo en el calificativo sino en el apunte de argumentos, con lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Sí que tengo que decir algo. En estos momentos

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ponerle comillas a lo que pueden ser las disponibilidades presupuestarias en materia de fondos reservados cuando este país, por tanto todo el conjunto de la sociedad española y todo el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias, y naturalmente el Gobierno, están haciendo un esfuerzo muy importante en materia de lucha contra el terrorismo, me parece un poco sorprendente, teniendo en cuenta además que afortunadamente en estos momentos en la legislación vigente dentro de nuestro sistema de derecho existe un mecanismo suficiente para dar cuenta precisamente ante la Cámara del uso y destino de esos fondos reservados, procedimiento que, como es natural, el Gobierno viene cumpliendo escrupulosamente.
En todo caso, este grupo parlamentario no tiene ninguna duda es que la actuación de los servicios de información, como de cualquier otro servicio, puede ser (en cualquier momento) valorada de una o de otra forma, puede en un momento dado ser una actuación acertada o desacertada, pero nos parece excesivo decir, como se ha dicho, que los servicios de información -y cito casi textualmente- no se han adecuado debidamente dentro del marco constitucional. Esa es una valoración excesiva, porque los servicios funcionan, insisto, con acierto y con error en esta o en aquella operación, pero siempre, como es natural, dedicados al interés del Estado, al interés de España y desde el respeto escrupuloso, como tales servicios, más allá de lo que pueda ser esta o aquella actuación individual, a la defensa indubitada del orden constitucional.
Al señor Aymerich he de decirle que sus enmiendas vamos a rechazarlas, pareciéndonos como es natural muy respetables, simplemente porque con la jerarquización concreta de inversiones y de previsiones que hace el Ministerio del Interior y el Gobierno para este ejercicio los objetivos generales que se pretenden pueden cuadrar mucho mejor en los términos en que están recogidos en el proyecto. El propio señor López de Lerma, y lo digo con todo el afecto y el respeto que él sabe que me merece personalmente y que le merece su grupo a este grupo parlamentario, ha dado la explicación de la razón por la que nosotros vamos a rechazar esa enmienda en estos momentos, aparte de otras consideraciones de naturaleza técnica que quizá durante el Pleno podamos debatir con mayor profundidad.
Finalmente, el Gobierno comparte la preocupación y las necesidades que en materia de seguridad tiene planteada la sociedad canaria. La mejor prueba de que efectivamente se comparten esas preocupaciones es ese Plan integral de seguridad para el archipiélago canario que formuló en su momento el Ministerio del Interior, negociado con las propias instituciones canarias, y que se viene aplicando con rigor, con acierto y suficiencia en las inversiones, y además con éxito en los resultados. Para este ejercicio precisamente las inversiones, algunas de ellas con naturaleza centralizada por tratarse de adquisición de bienes o de equipos, que va a recibir ese Plan integral de seguridad para Canarias van a ser notables y van a permitir pueda seguir cumpliendo gradualmente sus objetivos o, en todo caso, los señalados para este ejercicio. En consecuencia, debo decir a la señora portavoz de Coalición Canaria que, aunque técnicamente en este momento no vamos a poder dar soporte a las enmiendas 508 y 509, ella sabe, como lo sabe el Gobierno de Canarias y Coalición Canaria, el compromiso y la preocupación permanente del Gobierno por estar presente, en la medida de sus responsabilidades y de acuerdo con las instituciones canarias, en el cumplimiento exacto de las obligaciones y de los compromisos de seguridad que tiene contraidos con las islas.
Finalmente, doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular con números 1516, 1517 y 1518.


El señor PRESIDENTE: Dado que las intervenciones iniciales han sido suficientemente extensas, ahora en la réplica les pido una cierta brevedad a los portavoces.


Señor Mayoral, por el Grupo Socialista.


El señor MAYORAL CORTÉS: Lo más breve posible.
Hemos escuchado atentamente la dilatada intervención del señor Gil Lázaro, igual que hemos estudiado y analizado detalladamente el presupuesto del Ministerio del Interior, y a la conclusión a la que hemos llegado ha sido, señor Gil Lázaro, absolutamente responsable: presupuesto estancado. La prueba es que incluso Izquierda Unida y nosotros coincidimos en esto, el señor Alcaraz y yo supondrá usted que no hemos trabajado el acuerdo para venir aquí a decir que es un presupuesto estancado. (Rumores.) Es un presupuesto estancado porque los números lo denuncian.
Ha sido realmente sorprendente su exposición cuando ha empezado a hacer una relación de los incrementos por los distintos capítulos y secciones. Me ha salido una cifra, prácticamente el doble, señor Gil Lázaro, de la que dijo usted inicialmente que era el crecimiento que tenía presupuestariamente el Ministerio. Usted dice que el presupuesto ha crecido 42.000 millones de pesetas, pero yo he empezado a sumar todas las cifras que usted estaba diciendo y me salen cerca de 80.000 millones de pesetas lo que ha crecido el presupuesto del Ministerio. No confundamos la realidad con la propaganda. En este presupuesto desde el principio ha habido una enorme propaganda. Usted está insistiendo en la dimensión propagandística que ha tenido y que tuvo la presentación de este presupuesto por el ministro y de autoridades del departamento, que dijeron aquí que eraun presupuesto histórico, que tenía un crecimiento histórico.


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Si esta es la historia que van a escribir ustedes, es una historia realmente lamentable, señor Gil Lázaro.
El presupuesto y la preocupación, y lo que debiera saber la opinión pública en este país, es que 42.000 millones de pesetas es el 5,7 por ciento de incremento y que la mayor parte del mismo se lo va a comer la propia inflación que ustedes tienen prisionera o detenida, la tienen ustedes sometida a una situación de detención en este caso. Va a ser imposible, porque no se pueden poner puertas al campo, y posiblemente este Gobierno no va a ser capaz de dejar la inflación en el 2 por ciento.


En consecuencia, el presupuesto real del año 2001 va a tener un incremento de poco más de un 2 por ciento, y esa es la realidad. Lo que tiene que saber la opinión pública es que con ese incremento del 2 por ciento no se detiene el incremento de inseguridad ciudadana que existe en este país, tanto en el campo como en las ciudades, y eso lo saben ustedes perfectamente, lo dice el fiscal general del Estado. En la última encuesta del CIS, esta que se ha manejado, que está todavía en medios de comunicación, entre los cinco puntos más importantes de preocupación de los ciudadanos está el tema de la seguridad ciudadana, como problema de España y como problema personal de los españoles. Esto no se puede ocultar, hay que decirlo, y este presupuesto no da respuestas a eso, digan ustedes lo que digan, y hagan la propaganda que hagan. Ya tendremos ocasión de debatirlo en Pleno; ya no voy a ahondar, voy a hacer caso de lo que me ha dicho el presidente y no voy a dar ningún argumento más, solamente haré dos puntualizaciones.
La primera se refiere al presupuesto de Instituciones Penitenciarias.
Señor Gil Lázaro, no crece 14.000 millones de pesetas. En el año 2000 fue de 91.699 y en el año 2001, según los datos que ustedes nos mandan, va a ser de 99.395. Yo lo único que he hecho ha sido simplemente comparar su presupuesto del año pasado con este que presentan, y de ahí es de donde he llegado a la conclusión del estancamiento. Después del estancamiento S.S. ha hablado de los resbalones, o de lo resbaladizo. Lo ha utilizado ya por segunda vez, señor Gil Lázaro, y le voy a decir una cosa. Si usted insiste en tratar de callarnos, de ponernos una mordaza, aludiendo a yo no sé qué señor que hizo acuartelamientos de la Guardia Civil por la responsabilidad que tenía; si usted nos impide hablar de acuartelamientos de la Guardia Civil, queriendo ponernos una mordaza e impidiendo el ejercicio de la oposición, posiblemente tampoco ustedes puedan hablar de libertades, porque tendrán que recordar que también en sus filas hay personas que ocuparon altísimos cargos en otras etapas de la historia de España.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señor presidente.
Yo he sumado su intervención, señor Gil Lázaro, con la calculadora mental que venía utilizando, con dificultades porque iba usted muy deprisa, pero léase su intervención. Teniendo en cuenta que las preposiciones suman, no restan, sale por más de 80.000 millones de pesetas lo que usted nos ha dicho aquí esta tarde como subida del Ministerio del Interior, no 44.000 millones, sale muchísimo más.
Léase su intervención. Es usted un maestro del verbalismo, se lo aseguro. Ha conseguido usted convencernos de que la subida es casi 100.000 millones de pesetas en una simple intervención, sin hablar de la falta de ejecución de presupuestos anteriores y la proporción que se deja de ejecutar cada año. Realmente estamos ante unos presupuestos de artículo único con crédito ampliable. Por lo tanto, ahí cabe ese verbalismo y cualquier otro.
Termino, señor presidente. La intervención que usted ha tenido la oye un guardia y dice: Me van a subir el sueldo el doble? (Risas.) Y están cobrando 150.000 pesetas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, para decir que ni este grupo parlamentario, ni el señor ministro en su momento, ni el señor secretario de Estado, ni las personas que han comparecido para defender este presupuesto han hecho propaganda. Se ha pretendido hacer, y nos parece muy legítimo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, contrapropaganda, simplemente jugando con calificativos y con conceptos que después se atienen muy poco a lo que es la realidad de los números. Señor Mayoral, para que usted lo tenga claro, ha sido usted, y no este grupo parlamentario, el que en dos ocasiones ha venido a decir que todo en materia de cuarteles de la Guardia Civil es un desastre, que este Gobierno no está comprometido con las necesidades que genera esa situación de los cuarteles, etcétera. Yo me he limitado a decir simplemente en esas dos ocasiones, con extrema prudencia como se ha podido ver hoy, porque hay debates resbaladizos, que si la situación heredada hubiera sido distinta, ahora todos, ustedes, nosotros, el conjunto de la sociedad española y, naturalmente, los miembros de la Guardia Civil, estaríamos mucho más satisfechos de las condiciones internas, de las infraestructuras de los cuarteles como tales y como viviendas de los guardias. Pero yo no he sacado ese debate. Lo ha sacado usted en dos ocasiones. Si usted pretende decir eso y que este grupo parlamentario silbe, mire hacia otro lado o no conteste, le diré que cada vez que usted lo diga, con enorme prudencia y sin querer hacer ningún tipo de revocación del

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pasado, no tendremos más remedio que recordar lo que nos parece obvio. Si en un determinado momento cuantas políticas de inversión en materia de acondicionamiento, de creación y de edificación de cuarteles hubieran sido distintas, seguramente hoy la situación sería diferente. Por lo demás, no me asusta que S.S. diga esto o aquello en materia de libertades. Este tiene la edad que tiene y desde que tiene uso de razón, como seguramente S.S. también, ha tenido muy claro cuál era el país que quería, cuál era la convivencia plural que quería para este país y cuál era el ejercicio profundo de las libertades para este país. Y en mi absoluta modestia he intentado servir un granito de arena a ese fin.
Agradezco, y con esto concluyo, que un hombre de letras como lo es don Felipe Alcaráz (quizá por eso le pase lo que a mí que tenemos dificultades para manejar las calculadoras mentales, pero los números precisamente por esas dificultades los estudiamos con detenimiento y están muy claros) me haya calificado de maestro del verbalismo. De lo que estoy convencido es de que si mi intervención la escucha un guardia civil, coincidirá en destacar que por parte de este Gobierno en los últimos cuatro años, como también en este ejercicio presupuestario y en los próximos, ha habido, hay y habrá un esfuerzo muy importante por mejorar sus condiciones retributivas, por mejorar sus percepciones, por ejemplo en materia de horas extras, por mejorar las infraestructuras de que disponen para el desarrollo de su ejercicio profesional y también de su ejercicio privado como ciudadanos, de sus viviendas, en definitiva, por continuar resaltando, como creo que es compromiso de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, la importantísima defensa que los miembros de la Guardia Civil realizan de las libertades y del orden constitucional. Por cierto, este Gobierno ha presentado en su momento un proyecto de ley muy importante que regula de manera novedosa la política de personal y de plantillas del cuerpo de la Guardia Civil, introduciendo una novedad tan estimada como es ese consejo de representación, que va a permitir que también los guardias civiles, toda la escala de mandos, desde el número hasta los mandos superiores, puedan contribuir personal y directamente a exponer sus reivindicaciones y sus opiniones dentro de un cuerpo está al servicio de la sociedad española, pero que es también un cuerpo que pertenece por igual a todos los que lo integran.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de la sección 16.
Pasamos al debate de la sección 25.
La votación tendrá lugar, como estaba previsto desde el principio, a las 8,30. En el supuesto de que el debate de la sección 25 se desarrolle con bastante más celeridad que este último, empezaríamos antes de las 8,30 el debate de la sección 17, pero interrumpiéndola para votar a las 8,30. Una vez producida la votación de todos los títulos y disposiciones del proyecto de ley y las secciones debatidas hasta el momento, reanudaríamos la sección 17. Si sólo debatimos la sección 25, en cuanto acaben las votaciones empezaremos con el debate de la sección 17.
Para la sección 25, Ministerio de la Presidencia, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuan del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Estoy siguiendo atentamente el debate esta tarde y tengo la absoluta sensación de que no sé si se ha acabado la noche de Halloween o si estamos en la política de camuflaje, porque nada es verdad ni es mentira. Todo debe ser, como dice el refrán, según el color del cristal con que se mira. El presupuesto del Ministerio del Interior que acabamos de discutir ahora se ha vendido como expansivo y, sin embargo, parece que no crecía. El del Ministerio de la Presidencia se vende como austero, señor Nuñez, y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque hay que comparar bien los datos y comparar proyectos homogéneos y presupuestos homogéneos de un año a otro.
El presupuesto de la sección 25 es el de una sección nodriza. El año pasado tenía un embrión de un ministerio nuevo, el de Ciencia y Tecnología, y este año esta sección tiene dos ministerios y dos ministros, el de Presidencia y el de Portavoz del Gobierno. Da la sensación de que esta sección siempre tiene dos cosas dentro del mismo Ministerio. ¿Por qué no es austero? Porque el presupuesto del año 2000, como bien decía el señor Nuñez, era de 47.423 millones de pesetas subsector Estado. En la comparecencia que tuvo en esta Comisión la señora subsecretaria, ella nos aclaró que 10.400 millones de pesetas de aquel presupuesto pertenecían a un programa que este año no está, que es el de Ciencia y Tecnología. Es decir, el presupuesto homogéneo 2000-2001 ha pasado de 37.000 millones de pesetas a 42.242. Un crecimiento aproximado del 13 por ciento, cuando el presupuesto medio de las diferentes secciones ministeriales ha crecido el 4,5 por ciento, casi tres veces la media del crecimiento de los gastos de los ministerios, de un presupuesto de un ministerio absolutamente político, de un presupuesto de un ministerio que no tiene un papel relevante en el funcionamiento económico, sí en la vida política, y que como tal no podríamos catalogar de austero.
Precisamente es una de las razones fundamentales que nos mueven a presentar una enmienda de totalidad. No creemos necesario que una sección como la 25 tenga que crecer en estos momentos del orden de 5.000 millones de pesetas, sobre todo en lo que crece, porque quizá igual estaríamos de acuerdo en que creciera en lo que precisamente no crece.
Este presupuesto, que no es austero, incrementa básicamente el capítulo 1, gastos de personal, en 7.000 millones de pesetas, un presupuesto que, como decía al

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principio, ha visto desaparecer una parte importante de su gestión como era todo lo que tenía que ver con ciencia y tecnología. A pesar de ello, el capítulo 1 de este Ministerio, sección 25, crece un 6 por ciento, fundamentalmente en personal eventual, en personal de dirección, en nuevos altos cargos, en inflar la nómina. Esta sección crece considerablemente en contra de todo lo que yo había oído, año tras año, al Partido Popular: hay que reducir, hay que disminuir los altos cargos, hay que disminuir el personal eventual, Curiosamente, en este Ministerio de la Presidencia aumentan. No se sustenta igual el discurso político cuando se está en la oposición que cuando se está en el Gobierno. Ese es el problema de haber dicho una cosa en un momento y tener que defender precisamente lo contrario cuando se está en el Gobierno.
Por tanto, el capítulo 1 crece, el capítulo 2, gastos corrientes, ese gasto improductivo, ese gasto que no hay que desarrollar porque realmente no es productivo para la vida económica, como bien había dicho muchas veces el Partido Popular, crece más de un 8 por ciento en este Ministerio. Hay una parte que a nosotros nos parece bien que crezca en el capítulo 2, como dijimos, que está incluso hasta mal dotada, que son los gastos de la preparación de la Presidencia europea en el primer semestre del año 2002. Porque, aunque estemos en la oposición y aunque no se lo crea el Partido Popular, queremos que España haga un papel digno, porque, en definitiva, es el Gobierno de España, el Gobierno de todos los españoles el que va a presidir la Unión Europea en el primer semestre del año 2002. Creemos que no se le dedican los esfuerzos suficientes y, sin embargo, el crecimiento del capítulo 2 se dedica otras partidas realmente improductivas. Yo recuerdo, y muchos compañeros míos también lo recordarán, aquellos comentarios tan ácidos muchas veces por parte del Partido Popular cuando estaba en la oposición respecto de si acababan algún día las obras en el complejo de La Moncloa, si no era exorbitante la cantidad que se presupuestaba, año tras año, para los gastos de determinadas partidas del complejo de La Moncloa. Pues no parece que se hayan acabado las obras de La Moncloa, señor Núñez. Siguen remodelando edificios, remodelando jardines, remodelando montones de cosas, que no sé si hay que hacerlas o no. En opinión de ustedes, en función de lo que yo he oído años y años, no habría que hacerlas y, sin embargo, siguen aumentando los capítulos 2 y 6.
Este Ministerio, el complejo de Presidencia, tiene lo que es el Ministerio de la Presidencia, la Presidencia de Gobierno y el Ministerio Portavoz del Gobierno; tiene cuatro o cinco programas importantes. Realmente no nos gusta ni la filosofía de los objetivos ni la asignación de gastos a los mismos, y es por lo que hemos presentado una enmienda de totalidad. ¿Cómo vamos a aceptar, señor Núñez, señores del Partido Popular, la estructura del Ministerio Portavoz del Gobierno, que no tiene responsabilidad de gestión, porque, como bien se dijo, queda todo englobado en la gestión presupuestaria de la Subsecretaría del Ministerio, pero que tiene un desarrollo y un crecimiento importantísimo en los gastos en el año 2001 con relación al 2000, un crecimiento del 15 por ciento? No vamos a entrar a valorar si los méritos que hizo el señor Cabanillas en su momento al frente de Radiotelevisión Española justificaban o no un Ministerio con estructura de subsecretarios, directores generales, etcétera, con un crecimiento de los altos cargos de 2 a 6, con un crecimiento de los gastos de personal eventual de 5 a 10, con un crecimiento del gasto corriente importantísimo, a pesar de la dimensión propia de lo que sería el área de la portavocía del Gobierno, pero realmente no se justifica la evolución del gasto público que está teniendo este ministro portavoz, esta estructura, de acuerdo además con la política que lleva a cabo. Ya lo discutiremos más a fondo, yo no tengo tiempo ahora, pero no es un portavoz del Gobierno; se comporta más como un portavoz del Partido Popular. Señores del Grupo Parlamentario Popular, no nos pueden pedir que demos una valoración positiva al presupuesto del ministro portavoz dentro del presupuesto del Ministerio de Presidencia para justificar su política, su actuación, sus decisiones, sus modelos, su política de gastos y, sobre todo, su política de comunicación, que no es una política de comunicación en beneficio de España, ni dentro ni fuera, sino en beneficio exclusivamente de unos intereses partidistas.
Tampoco se justifica, a pesar de lo que se quiera decir, toda la política de inversión. A ustedes que les gusta tanto esto de la esponsorización, sobre todo hablando de La Moncloa, cuando se ponen pistas de paddle, podrían haberla conseguido en todas estas nuevas inversiones que hay que hacer en materia de audiovisual, ahora que parece que se llevan tan bien con determinados representantes o responsables de los medios audiovisuales. Si hay que modernizar las instalaciones del Ministerio Portavoz, podían buscarse una esponsorización en vez de gastar más de 140 millones de pesetas en renovación de tecnología para hacer esa política de comunicación que tanto les gusta a los señores del Partido Popular.
Segundo programa, Presidencia de Gobierno, La Moncloa, 4.000 millones de pesetas. ¿En qué se traduce realmente? Pues en más personal, más arreglos, más jardines. ¿Dónde está la austeridad de este programa, de este proyecto? ¿Todavía siguen manteniendo erre que erre ese famoso director de la Oficina Presupuestaria que no sabemos nadie exactamente qué hace, para qué sirve y que sigue teniendo una política de gasto verdaderamente importante? Tercer programa, Ministerio y servicios generales. ¿Para hacer qué? ¿Para tener una Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que funciona como funciona?

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¿Que tiene tanto en cuenta el papel de esta casa, el papel de lo que es el ejercicio democrático de funcionamiento parlamentario en cuanto a la rapidez, seguridad, eficacia en las contestaciones y en las relaciones que tiene con los diputados? Cualquiera de los que estamos aquí, que pertenecemos a la oposición y que hemos hecho control parlamentario escrito u oral, podríamos constatar que el nivel de satisfacción que podría justificar esta Secretaría de Estado es lamentable por la ineficacia de las respuestas, por la rapidez de las mismas y, desde luego, por la insatisfacción que produce. Éstas son razones suficientes para justificar una enmienda de totalidad, de devolución de un presupuesto realmente poco austero, un presupuesto de propaganda, un presupuesto de culto a una determinada política y que no es el presupuesto que necesita este país para un Ministerio como el de la Presidencia de todos los españoles.
Hemos presentado dos enmiendas parciales -con esto quiero terminar- que van dirigidas a aumentar la plantilla en investigación en dos centros importantes dependientes del Ministerio: el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que ve reducida la plantilla en el año 2001 con relación al año 2000, y el Centro de Investigaciones Sociológicas, para hacer una investigación correcta, una investigación al servicio de todos los españoles y no sólo al servicio del Partido Popular.
Por todo ello, señor presidente, hemos presentado una enmienda a la totalidad y dos enmiendas parciales que acabo de citar ahora mismo.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ PÉREZ: Señor Martínez Sanjuán, utilice más las cifras que los adjetivos, porque en los presupuestos son fundamentales las cifras. Los adjetivos, sobre todo cuando son tan superlativos para cantidades tan pequeñas de crecimiento, desfiguran el debate y yo a usted, que le tengo mucho respeto y mucho afecto, no me gustaría contestarle con adjetivos calificativos. Le voy a contestar con cifras y con argumentos. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad y dos enmiendas parciales, poca cosa para tanta crítica, sobre todo cuando la enmienda de totalidad tiene tan poca sustancia y tan poco fundamento. Por contestarle con el respeto que me merece su grupo, yo creo que puedo agrupar los argumentos que justifican su enmienda en tres grupos: en primer lugar, para ustedes la sección 25 repite -lo acabo de oír- objetivos iguales a los de años anteriores sin ningún cambio significativo.
Luego, por lo visto, sí ha habido cambios significativos. En segundo lugar, justifica usted la enmienda en el incremento excesivo de los gastos de personal, de los gastos corrientes y de los gastos de inversión para actividades no productivas, especialmente en la nueva estructura del Ministerio Portavoz. Finalmente, se deduce de su intervención y también de la exposición de motivos de su enmienda, la inadecuación política de objetivos, fines y estructuras presupuestarias del Ministerio. Pues bien, pienso -dicho con toda modestia y con la mayor serenidad- que ninguna de estas razones o motivos o elucubraciones tienen base suficiente para ser tomadas en consideración y para poder votar favorablemente su enmienda.
Como todo el mundo sabe, los presupuestos del Ministerio de la Presidencia responden a cuatro ámbitos orgánicos claramente diferenciados -no son cuatro programas, son siete programas- y se los voy a recordar. En primer lugar, la Presidencia del Gobierno que es un órgano colegiado, que se regula en el Título IV de la Constitución, en cuya órbita se agrupan los programas de gasto 112.A y 126.A. En segundo lugar, el Ministerio de la Presidencia en sentido estricto, donde se inserta el programa 112, relaciones con las Cortes, secretariado del Gobierno y apoyo de la alta dirección. Las relaciones del Gobierno con las Cortes también se regulan en el título V de la Constitución española. No estamos en estos momentos haciendo una valoración política del comportamiento de la Secretaría de Estado. Por supuesto, rechazo todos los calificativos negativos que le ha dedicado usted al comportamiento de esta secretaría. Para nosotros es justamente todo lo contrario. Tengo aquí abundantes datos y cifras que lo demuestran y si tenemos tiempo, los expondré y si no, en otro momento de este debate o de otros debates que podamos tener a lo largo de la legislatura. En tercer lugar, el portavoz del Gobierno, cuyos gastos se reflejan en el programa 126.B, con un título genérico muy significativo, cobertura informativa, y que ha tenido cambios estructurales muy importantes que tienen su reflejo en los presupuestos. Y en cuarto lugar, los programas gestionados por los organismo autónomos Cepco (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), programa 542.B; CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), programa 542.B; Patrimonio Nacional, programa 458 y el BOE (Boletín Oficial del Estado), programa 126.
Los objetivos, señor Martínez Sanjuán, deben ser los que se derivan de este pie de verso constitucional. No nos podemos inventar un ministerio para no sé qué objetivos, tenemos que hacerlo, fundamentalmente, para que cumpla los objetivos que están marcados en los títulos IV y V de la Constitución española. Los siete programas responden a estos objetivos y cada uno aumenta o disminuye los gastos selectivamente, en función de la previsión de actuaciones y de la mejora de

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los servicios planteados para el ejercicio 2001. Dichos servicios son necesarios y productivos -a nuestro entender, al de ustedes no-, dado que facilitan la coordinación en la acción de Gobierno y propician la información necesaria para la toma de decisiones. Existe, a nuestro entender, una clara adecuación entre objetivos, fines y estructura, que se justifica detalladamente en la memoria de los mismos y que para mayor abundamiento explicó y pormenorizó -creo que de manera espectacular, con abundantes datos y cifras- la señora subsecretaria en la comparecencia ante esta Comisión el pasado 10 de octubre.
Repetir los objetivos no es ninguna razón, señor Martínez Sanjuán, para solicitar la devolución de la sección 25. Podrían ustedes aducir defectos en la previsión de actuaciones o en la distribución del gasto, y en este sentido tengo que reconocer que alguno ha apuntado usted, pero la enmienda no lo hace y hoy tampoco lo ha hecho de manera clara el señor Martínez Sanjuán. Podrían señalarse otros objetivos, pero la enmienda no lo hace y hoy tampoco lo ha hecho el señor Martínez Sanjuán. La enmienda socialista sí que es repetitiva, igual que la de años anteriores, y carece, a nuestro entender, de imaginación. Además, no acierta al analizar el necesario aumento de los gastos, que es el mínimo necesario.
Por eso, y a pesar del aumento, calificamos este presupuesto para el año 2001 de la sección 25 -como ha dicho el señor Martínez Sanjuán que ya lo he hecho y lo voy a repetir- como austero y transparente, adjetivos que ya merecieron anteriores presupuestos, los de 1997, 1998, 1999 y 2000, y esta secuencia -que no se la voy a repetir tan pormenorizada como lo hicimos en otras ocasiones- de presupuestos austeros, prácticamente congelados en cuanto al porcentaje de aumento, fueron elementos importantes, como lo es el presupuesto del año 2000, para rebajar considerablemente el déficit y llegar prácticamente al déficit cero. El presupuesto global para el año 2001 ha sido recortado y asciende, en cifras redondas, como ha dicho usted muy bien, a 42.242 millones de pesetas y la rebaja procede -no nos vamos a engañar aquí con cifras que no existen- de la supresión de la Oficina de Ciencia y Tecnología, y el aumento en determinadas partidas procede también de los cambios producidos sobre todo en el programa 126.B, antes dedicado a la Secretaría de Estado de la Comunicación y en la actualidad al ministro Portavoz del Gobierno.
Restadas unas partidas y sumadas otras, el presupuesto para el año 2001 ofrece un crecimiento no del 13 por ciento, como dice usted, señor Martínez Sanjuán, sino del 7,5 por ciento y, a pesar de este aumento, sigue mereciéndonos, como antes he dicho, la consideración de un presupuesto austero y transparente. La señora subsecretaria, en las comparecencias del 10 de octubre, demostró con claridad meridiana que, consideradas las variaciones que se han producido en la infraestructura y las nuevas necesidades, no existe, en realidad, un aumento del gasto. Si de los 42.242 millones de pesetas descontamos transferencias a organismos autónomos, indemnizaciones de Guinea y la televisión, que representan 31.060 millones de pesetas, estamos demostrando que el presupuesto del complejo de La Moncloa, como a usted le gusta referirlo, representa 11.182 millones de pesetas, de los cuales casi 8.000 son gastos de personal que están perfectamente justificados. El total consolidado del subsector del Estado decrece -si tenemos en cuenta estas cifras- un 18,56 por ciento y ello es fácil de ver si se comparan los presupuestos homogéneos de los dos ejercicios.
Y dentro del capítulo de gastos -voy a entrar en este tema, que yo creo que estoy obligado a hacerlo y lo hago con mucho gusto para contestar a los planteamientos que usted correctamente ha hecho, aunque confundido, por supuesto-, parece que el capítulo 1 del programa 112.A ofrece un crecimiento en personal espectacular. No es espectacular. Es cierto que se aumenta el personal en este programa.
Como usted muy bien ha dicho -y yo no tengo por qué dudar de sus buenas intenciones para que en este punto el Gobierno acierte-, el director del comité organizador de la Presidencia española de la Unión Europea tiene el rango de subsecretario y es un puesto de nueva creación que usted reconoce necesario. Con respecto al personal eventual, aumentan dos personas del Grupo A y dos del Grupo B y disminuyen tres personas del Grupo C y tres personas del Grupo E.
Estos son los cambios del personal eventual en el programa 112.A.
El personal funcionario disminuye un 1,41 por ciento y disminuyen también 15,6 millones de pesetas, y la Presidencia europea va a tener cuatro niveles 30, seis niveles 26 y cuatro niveles 24. Está es la estructura que va a tener este año -y de ahí el aumento del personal- la unidad de apoyo del comité gestor de la Presidencia española de la Unión Europea, que, por cierto, en todo caso, es una estructura similar a la que tuvo esta oficina en la Presidencia anterior de España, cuando gobernaba el Partido Socialista. Usted dice que nos desea que en este punto acertemos y yo, repito, no dudo de sus buenas intenciones y de sus buenos deseos.
Los gastos del ministro portavoz, a los que también usted se refirió mucho, son consecuencia de los Reales Decretos 811/2000, de 19 de mayo, y 1280/2000, del 30 de junio, y se explican en el capítulo 1.
Como lo hizo ya detalladamente la señora subsecretaria, yo no voy, ni muchísimo menos, a perder el tiempo reproduciéndolos, me remito sencillamente al «Diario de Sesiones» del día 10 de octubre. Pero sí voy a recordar algunas cuestiones como es lógico. ¿Por qué? Porque, efectivamente, se aumenta el gasto en este programa, en primer lugar, para dar cumplimiento a dichas disposiciones, pero, en segundo lugar, porque se necesita potenciar la presencia de España en el exterior, mejorando la red de 17 consejerías de información que están

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encuadradas en las correspondientes embajadas de España. Todo el mundo tiene que saber -yo lo recuerdo aquí- que de los países de la Unión Europea, España es la que tiene menos consejerías de información en las embajadas correspondientes. Potenciar el programa en el exterior debe hacerse atendiendo con eficacia y dignidad los compromisos internacionales. También aumentan por una notable renovación tecnológica del departamento y por el incremento del cambio del dólar, que, no es un capítulo menor, puesto que a nuestros funcionarios en estas consejerías se les paga en esta moneda.
Finalmente, el capítulo 6 incluye un proyecto de inversiones que permitirá reordenar informativamente la actividad ordinaria del programa, lo que redundará en una mejora de la información disponible y es una previsible economía de medios en el futuro. Yo no voy a poner aquí, ni muchísimo menos, no tengo ninguna gana, el espejo retrovisor para saber con cuántos funcionarios actuaba el ministro portavoz del Gobierno en otros gobiernos; lo tengo demasiado fácil y, por lo tanto, no lo voy a hacer. Simplemente voy a decir que, en comparación con aquello, la estructura del ministro portavoz del Gobierno, ministro sin cartera, sigue mereciendo, con todo fundamento, el calificativo de austera. Por todas estas razones, señor Martínez Sanjuan, y sintiéndolo mucho, no vamos a votar favorablemente la enmienda de totalidad.
En cuanto a las enmiendas parciales que solicitan la creación de nuevas plazas en el CIS y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, permítame decirle que no deja de ser una incoherencia que usted, que está calificando de derroche el gasto presupuestado en este Ministerio, pretenda crear nuevos funcionarios en el Cepco y en el CIS, pero, en fin, cada uno trata de valorar el presupuesto y, sobre todo, de enmendarlo como Dios le da a entender.
Tampoco vamos a votar estas enmiendas favorablemente, entre otras razones, porque contienen errores técnicos. Usted, que es un avezado parlamentario y muy ducho en materia presupuestaria, sabe que los errores técnicos hacen inviable la aceptación de determinadas enmiendas. No se especifica el proyecto de inversión con su correspondiente código de identificación, que financiaría el aumento solicitado en uno y otro organismo, no se ha recogido la repercusión de la enmienda en el presupuesto de ingresos del organismo ni tampoco, ni muchísimo menos, la transferencia que recibe a través de la sección 25, Ministerio de la Presidencia, al que estos organismos están adscritos y, además, tampoco se especifican las cantidades que deben aplicarse a las retribuciones básicas y complementarias.
Tampoco se tiene en cuenta si el personal al que se refiere tiene encuadre en la relación de puestos de trabajo corrrespondiente. Son errores técnicos. Por razones adjetivas, no aceptaríamos estas enmiendas, pero, tampoco, por razones sustantivas, que quedan perfectamente reflejadas en mi intervención o, por lo menos, así lo he pretendido.


En resumen, señor presidente y señorías, creemos que es un presupuesto del que se puede presumir: es un presupuesto austero, un presupuesto con unos objetivos claros y con unos programas y una financiación que permitirán que, con eficacia y eficiencia, se puedan desarrollar todas las funciones que el Ministerio tiene encomendadas.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, para réplica.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: No tanto como réplica, sino como aclaración.
Señor Núñez, palabras suyas en la Comisión de Presupuestos del día 10 de octubre: el presupuesto del año 2000 del Ministerio de Presidencia era de 47.423 millones de pesetas. Información de la señora subsecretaria: 10.398 millones de pesetas de aquel presupuesto pertenecían al programa de Ciencia y Tecnología, que ya no está. Es decir, 47.423 millones de pesetas menos 10.398 millones de pesetas que hay que descontar porque en este año no está este programa son exactamente 37.000 millones de pesetas. El presupuesto de este año es de 42.242 millones de pesetas subsector Estado, lo ha dicho también el señor Núñez. Luego el crecimiento ha sido de 5.000 millones de pesetas; 5.000 millones de pesetas sobre 37.000 millones de pesetas, que era lo neto en el año 2000, es un crecimiento, señor Núñez, no del 7 por ciento, sino del 13 por ciento. Se lo digo solamente para que revise sus cifras o revise la información que le han dado. Esta es la información real, la que ha dado en esta Comisión la señora subsecretaria del Ministerio de Presidencia, el crecimiento ha sido del 13 por ciento. Y permítame que siga diciendo que si un presupuesto se incrementa un 13 por ciento cuando la media general del crecimiento del gasto de los diferentes ministerios es del 4,5 por ciento es un crecimiento importante. No puede ser catalogado este presupuesto de austero.
Segunda cuestión, señor Núñez. Usted decía que hay que hablar de las cifras y no de los calificativos, pero los objetivos no son numéricos, los objetivos se califican porque son de una forma o de otra, buenos o malos, depende de quien los valore. Porque el dinero, las cifras, lo que está dentro no son ni buenos ni malos, señor Núñez, son cifras, dinero, millones. Y 10 millones de pesetas, por poner un ejemplo, para información desde un ministerio portavoz lo puedo valorar como bueno si realmente pienso que es una información objetiva, una información veraz, una información con sustancia, una información que realmente sirve a los ciudadanos,

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pero a la cifra de 10 millones de pesetas para hacer un determinado tipo de información le pongo calificativos: no me gusta, me parece propaganda, me parecen a veces ruedas de prensa más de la calle Génova que del complejo de La Moncloa, como me gusta llamarlo. Por eso los objetivos en relación a los medios los tengo que calificar, no me gustan y por eso los enmiendo. A usted le parecerán pocas razones, le parecerán razones de poco peso, pero a mí me parece que son razones suficientes. De la misma manera que a esta cifra de 10 millones de pesetas a la Agencia Efe para hacer una política u otra le tengo que poner calificativos, y los calificativos no los pongo yo, los ponen los propios trabajadores de la Agencia Efe. Usted sabe igual que yo lo que piensan cómo está funcionando la Agencia Efe y a dónde podía podría destinarse mejor el dinero. Es decir, que tengo que poner calificativos a los objetivos en relación a las cifras que hay detrás o juntamente con esos objetivos, y ésas son razones suficientes que para un grupo, como el Grupo Parlamentario Socialista, que no coincide ni con los objetivos ni con la asignación de medios que se le dan para cumplir ese tipo de objetivos, justifican, y más que sobradamente, una enmienda de totalidad a la sección 25.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ PÉREZ: Señor Martínez Sanjuán, las citas hay que hacerlas íntegras. Yo dije aquí que el presupuesto del año 2000 era de 47.423 millones y que en éste quedaban 42.242 millones, reducida la supresión de la Oficina de Ciencia y Tecnología, con el importe correspondiente. Está aquí, usted lo sabe muy bien. Y usted, ese día -página 17/16-, dice: Realmente sube el 7,5 por ciento, aproximadamente, superior al crecimiento del PIB y superior al crecimiento del conjunto del gasto público de los diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque no se redujo todo el gasto de la Oficina, personal de la Oficina quedó en el Ministerio de la Presidencia y tiene una valoración en el gasto. (Rumores.) Aquí lo dice. Usted reconoce que sólo ha crecido el 7,5 por ciento el día 10 de octubre y hoy, no sé por qué arte de birlibirloque, salva un aumento posterior. Pero tengo aquí el crecimiento, programa por programa, de todos ellos, con los presupuestos iniciales de los años 2000 y 2001.
Si no supone gastar mucho tiempo, señor presidente, a lo mejor sería bueno que yo recordara, programa por programa, cuánto aumenta el presupuesto, porque aquí no se trata de engañar a nadie con filibusterismos o cifras maquilladas, sino de recoger literalmente y con céntimos los aumentos de cada uno de los programas. Ya veo el gesto inteligente del señor presidente diciendo que no es necesario? (Risas.) Claro, nos quiere ahorrar a todos el suplicio de un cruce de cifras que, sin aspirina, son difíciles de soportar. Y yo no lo voy a hacer, pero sí las voy a dejar a disposición de la Comisión y de todos los miembros de esta Cámara para que sepan cómo y por qué aumenta el presupuesto; el cómo y el porqué nos siguen permitiendo decir que es un presupuesto austero en todos sus programas y que crece lo necesario.
Lo necesario para atender a necesidades que usted en parte reconoce, como las que se refieren a la Oficina de la dirección de la Unión Europea, y también para recoger las variaciones de estructura que exigen normas vigentes, que en esta última parte, en la del portavoz, no superan ni siquiera se acercan a las estructuras de otros portavoces del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de la sección 25.
Tal como habíamos previsto, y en la medida en que quedan 25 minutos hasta la hora fijada para empezar las votaciones, empezamos el debate de la sección 17, que lo interrumpiremos a las ocho y media.
Sección 17. Ministerio de Fomento.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
Sección 17. Ministerio de Fomento.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad de la sección 17, Ministerio de Fomento, que, tal como se recoge en el texto de la enmienda número 1196, se fundamenta esencialmente en dos principios básicos: primero, el principio de la información y segundo, el principio del rigor. La información brilla por su ausencia en los contenidos de esta sección, porque la falta de información acerca de los contenidos de cada uno de los programas que integran esta sección es algo absolutamente relevante. Es una sección en la que no solamente figuran los programas, los subprogramas, los proyectos, los superproyectos, los centenares de obras especificando la responsabilidad política de cada una de las direcciones generales del Ministerio, ya sea de infraestructura del transporte ferroviario, de infraestructura del transporte viario o de la Dirección General de Aviación Civil, sino que, además, entes autónomos básicos en la definición de las políticas de transporte como es el ente Puertos del Estado, del cual dependen todas las autoridades portuarias de este país, o AENA, cuya responsabilidad es la gestión de los aeropuertos nacionales y la aplicación de las políticas que dimanen del propio Gobierno en materia de seguridad aeronáutica y de regulación del transporte aéreo, son entes absolutamente básicos en esa definición.
Y qué decir del Ente Gestor de Infraestructura Ferroviaria, que cumple cometidos

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dictados por el Gobierno a la hora de establecer las infraestructuras ferroviarias ante lo que es un gran reto en nuestro país para los próximos diez años, como consecuencia de las políticas comunitarias que van a intentar producir el necesario trasvase del transporte de mercancías por carretera hacia el transporte ferroviario y, análogamente, lo que a pasajeros se refiere.
Señorías, la Unión Europea se encuentra en los albores de una década absolutamente esencial. No hay más que leer las revistas especializadas y seguir los debates que se producen en los organismos comunitarios, tanto en el Parlamento como en los órganos vinculados a la propia Comisión Europea; no hay más que acudir a Internet para comprobar la preocupación de todos y cada uno de los países de la Unión Europea en materia de política de transporte. Y corresponde precisamente al Ministerio de Fomento del Gobierno español implementar políticas comunitarias, adaptándolas a nuestra realidad, a nuestra orografía, a la geomorfología del Estado español y a la situación política del Estado español. Un Estado descentralizado, un Estado en el que los ámbitos competenciales en materia de infraestructuras se han repartido de forma tal que las comunidades autónomas juegan un papel básico en la definición de esas infraestructuras y en la ejecución de esas políticas que dicte el Ministerio de Fomento, así como ocurre con los ayuntamientos.
Desde esa óptica general, no podemos dejar de pensar que las infraestructuras que ejecute el Ministerio de Fomento no pueden ser, en absoluto, un listado continuado de carreteras en centenares de tramos desde un punto hasta otro, un listado con centenares de actuaciones en las infraestructuras ferroviarias y, análogamente, en las restantes infraestructuras. El Ministerio de Fomento es un ministerio esencialmente planificador de las políticas de transporte y, consiguientemente, las infraestructuras que ejecute deben estar en función de los diseños de esas políticas de transporte, y esos diseños pasan también, inexorablemente, por un diseño logístico en nuestro país. Un ministro de Fomento no puede limitarse, simplemente, a adjudicar importantes volúmenes de dinero que el propio Gobierno aporte o que se deriven de los planes comunitarios y de las transferencias de capital que se producen a nuestro país. No olviden, señorías, que, para las regiones Objetivo 1 van a ser unos 500.000 millones de pesetas los que se van a transferir al Estado español para que ejecute infraestructuras que posibiliten esas políticas, esencialmente de cohesión en el Estado español. Comprenderán SS.SS.
que el Ministerio de Fomento no ha de ser un ministerio que, sencillamente, aporte un catálogo de infraestructuras. Ese catálogo tiene que tener un soporte lógico, un soporte racional, un soporte derivado del análisis, del estudio y de la planificación logística.
Por eso, señorías, con esta enmienda de devolución rechazamos los contenidos de la sección 17. Los contenidos de esta sección tienen que estar esencialmente inspirados en esos estudios. De ahí que al no existir, al no haber sido debatido en la Cámara un plan director de infraestructuras, no podamos compartir el listado de obras y actuaciones que se nos ofrece porque un listado de obras lo pueden hacer los jefes de servicio, los ingenieros cualificados de que está dotado el Ministerio de Fomento.
Pero para ello no necesita ni un ministro de Fomento ni un secretario de Estado de Infraestructuras.
Señorías, desde esta doble perspectiva de la falta de información por un lado y, por otro, de la ausencia de un plan de infraestructuras, es por lo que rechazamos el contenido global de esta sección 17 y planteamos, con el conjunto de enmiendas que hemos presentado, una definición política que marca las líneas directrices que seguiríamos si estuviésemos en la responsabilidad de ejecutar la sección 17, del Ministerio de Fomento. En el primer aspecto, en lo que se refiere a la falta de información, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que consideramos absolutamente esencial a la disposición adicional primera de seguimiento de objetivos, que en su momento será motivo de debate, donde planteamos que en el listado de actuaciones gubernamentales que se ven sometidas a la necesidad de producir informes preceptivos, tal como dice la Ley de Acompañamiento de varios años consecutivos, concretamente desde 1989 hasta ahora, se incluyan organismos nuevos como el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismos que han de someter información periódica, sistemática y metódica a las Cortes Generales para que éstas, en el libre ejercicio de esa autonomía de fiscalización del Gobierno, puedan llevar a cabo con rigor esa necesaria fiscalización.
También queremos incluir en ese conjunto de programas el vinculado al mantenimiento de carreteras. Señorías, el mantenimiento de la red viaria del Estado español no es -permítanme la terminología coloquial- una simple política dee rebacheo, no es una política de arcenes. Es una política de modernidad. Y ustedes, quienes esencialmente se integran en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados sin duda alguna tendrán acceso permanente a artículos de muy diferente índole que marcan una política moderna de mantenimiento de las redes viarias. Señorías, las carreteras inteligentes, las nuevas tecnologías que hay que aplicar a efectos de hacer que el tráfico sea fluido mediante el intercambio de información en toda la red viaria del Estado español, requeriría de una actuación específica, dentro de este programa de la sección 17, que no se recoge. Eso sería un paso adelante en lo que a modernidad se refiere. Por eso pedimos que se incluya el sistema de control de mantenimiento de la red viaria y que estemos en condiciones en el próximo ejercicio, al menos trimestralmente, de tener conocimiento

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del estado de ejecución y de las actuaciones que se llevan a cabo.
Señorías, el proyecto de presupuestos en esta sección 17 hace referencia permanente al Plan de infraestructuras 2000-2007. En las comparecencias del ministro de Fomento en la Comisión de Infraestructuras -un día del mes de junio pasado en el Congreso de los Diputados y otro día del mes de septiembre en el Senado- leyó 50, 60 ó 70 folios donde definió lo que él creía que era un plan de infraestructuras. Y en reiteradas ocasiones, tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -por ejemplo, cuando se produjo el debate en el Pleno de admisión a trámite del proyecto de ley de Presupuestos de 2001- como en distintas intervenciones por parte de diputados y senadores del Grupo Parlamentario Socialista en Comisión, nos hemos quejado de que el Plan de infraestructuras para el septenio 2000-2007 no es más que esto. Es decir, en las Cortes Generales no ha entrado ningún documento que se haya publicado en el Boletín de las Cortes Generales con el soporte justificativo del proyecto logístico que dé lugar a esas infraestructuras, a esas políticas de transporte.
Porque el Ministerio de Fomento es esencialmente un Ministerio que gestiona las infraestructuras que ha de diseñar en función de las políticas de transporte previamente elaboradas.
Señorías, éste es el documento que don José María Aznar repartió en la campaña electoral. Es un documento en papel couché que si lo leen puede llevarles a la tristeza. Por lo siguiente: porque este documento y nada es lo mismo. Es un folleto propagandístico de una campaña electoral. Nosotros no queremos mirar hacia atrás; pero si lo hacemos, nos sentimos muy satisfechos como demócratas por los debates que durante toda una legislatura -la V Legislatura creo recordar- en las Cortes Generales españolas, en el seno de la Comisión, se derivaron como consecuencia del análisis de un plan director de infraestructuras para el Estado español. El Plan director de infraestructuras que se aprobó no era un dogma; pero ustedes, que estaban en la oposición, tuvieron la oportunidad de presentar iniciativas, proyectos de resolución, participar en el debate y consiguientemente coparticipar en la elaboración de todo un proyecto para el Estado español. Eso es lo que nosotros estamos demandando en estos momentos. No estamos demandando sólo un debate sino la coparticipación en algo que consideramos esencial. Señorías, las infraestructuras se vinculan esencialmente con el transporte. Y no me estoy refiriendo a otros aspectos esenciales que gestiona el Ministerio como pueden ser los vinculados a la política de vivienda, que serán objeto de análisis en el momento procedimental adecuado.
Nosotros no podemos dejar de reivindicar que participen las comunidades autónomas y las Cortes Generales en un debate que no tiene por qué ser largo. No queremos hacer chistes fáciles. Aquí el ministro de Fomento ha hecho chistes fáciles diciendo: ustedes los socialistas definían planes, nosotros hacemos planos. Miren ustedes, jugar a payasos, este diputado no lo va a hacer. Son necesarios planes. Sin duda alguna.
Son necesarios planos; sin duda alguna. Es necesario un estudio logístico. Es necesario un estudio de diseño. Es necesario modernizar las infraestructuras de este país definiendo políticas de transporte.
¿Cómo se puede hacer un análisis de la situación de los puertos y aeropuertos españoles; o un análisis de las ejecuciones de las políticas ferroviarias sin que previamente en política ferroviaria se haya debatido acerca de la directiva comunitaria que impulsará la liberalización del transporte ferroviario? Vamos a hacer inversiones ferroviarias con las que nos identificamos en lo que a política general se refiere, ¿sin que las Cortes Generales hayan definido una política de intermodalidad del transporte de mercancías en nuestro país? Cuando las carreteras están colapsadas de camiones que generan un alto índice de siniestralidad. Cómo nosotros podemos apoyar una serie de actuaciones en carreteras con un plan que ofertó el Gobierno de don José María Aznar hace cuatro años, un plan extraordinario de seguridad vial que hace bastantes años cifró en unos 50.000 millones de pesetas; cómo es posible sin que se haya analizado ese plan de seguridad vial donde se concreten los puntos de alta siniestralidad o de siniestralidad más leve en la geografía nacional y que conlleve actuaciones específicas y concretas. No entendemos como podríamos apoyarlo. Por ejemplo, en política portuaria.
Señor presidente, soy consciente. Miro al reloj y sé de las limitaciones de la hora ante la cadencia que ha marcado la Presidencia. Consiguientemente, procuraré sintetizar el resto de esta intervención a los efectos de terminarla en el momento que marque la Presidencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene como máximo cinco minutos, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Este folletito lo repartió el señor Aznar en la campaña electoral y empezando, por ejemplo, por el ente Puertos del Estado, especifica que en los 10 años próximos se van a invertir del orden de 550.000 millones de pesetas en los puertos españoles. La red de puertos españoles, las autoridades portuarias que los regentan, se encuentran con un gravísimo problema de financiación.
Hoy en día, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la antigua Ley de tasas, nos encontramos con que las autoridades portuarias facturan, en función de las tasas que se cobran en los puertos, la T 1, T 2, T 3 o la G 1, G 2, etcétera, unas cantidades que luego son recurridas ante los tribunales y ganadas por los usuarios de los puertos. Por eso, se transfiere una

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partida presupuestaria de 6.000 millones de pesetas del Ministerio de Fomento a las autoridades portuarias para que puedan devolver a los usuarios las cantidades que ilegalmente les han cobrado. ¿Cómo es posible, señorías, que no traigan una ley de financiación y de armonización tarifaria de los puertos españoles? ¿Cómo se puede hablar de inversiones cuando no hay una peseta en los Presupuestos Generales del Estado para financiar obras en los puertos españoles? ¿Por qué? Porque los puertos españoles son autónomos desde el punto de vista financiero. Consiguientemente, si su autonomía tarifaria no funciona, no pueden llevar a cabo esas inversiones.
En lo que se refiere al organismo autónomo AENA, Aeropuertos Nacionales, en la comparecencia de los cargos públicos ante Comisión nos quedamos sorprendidos del desconocimiento que el director general de AENA manifestó con respecto a la red de Aeropuertos Nacionales. El director general de AENa mantiene que prácticamente el 80 por ciento de las inversiones se concentra en los aeropuertos de Barajas y de El Prat. De ese conjunto, el 70 por ciento en el aeropuerto de Madrid- Barajas con unos incrementos que deben ser objeto de análisis. ¿Cómo es posible que aeropuertos como el Reina Sofía, en la isla de Tenerife, o el de Gando, en la isla de Gran Canaria, no tengan una partida presupuestaria específica? Ojo, que no hay que caer en el engaño de pensar que una partida presupuestaria específica como la que nosotros proponemos en una de las enmiendas que presentamos no puede ser ejecutable porque no existe proyecto. Se trata de partidas presupuestarias para financiar el encargo de los proyectos, que es un tema absolutamente diferente de las inversiones.


Señorías, en política de infraestructuras ferroviarias, al igual que ocurrió con el contrato-programa que vinculaba a Renfe con el Estado y que está a punto de terminar, porque se firmó para dos años, ¿cómo es posible que estos Presupuestos Generales del Estado nos vengan sin un proyecto de contrato-programa, sin haber iniciado siquiera el Ministerio de Fomento un proyecto de contrato-programa con Renfe, cuando éste ya está prácticamente terminado, como he dicho? ¿Cómo es posible que el GIF siga siendo un ente tan oscurantista y al que se le transfiere, de acuerdo con la sección 17, 150.000 millones de pesetas para que lo administren de forma oscurantista? Esto significaría, junto con los capitales acumulados de los dos ejercicios anteriores, un volumen de 500.000 millones de pesetas. Y en lo que se refiere a inversiones ferroviarias, por mencionarles tres o cuatro casos que nos han sorprendido, la extensión de la modernización del ferrocarril al nortenoroeste de la Península, se encuentra absolutamente estancado y del proyecto de presupuestos no se deduce ninguna actuación específica. La posibilidad de comenzar las obras en el tramo Segovia-Valladolid, sin que se tengan resueltos los problemas de definición del túnel de Guadarrama, es algo que debería preocupar al grupo parlamentario que mantiene al Gobierno. ¿Creen ustedes que en el 2004, cuando termine esta legislatura, la alta velocidad Madrid-Barcelona estará culminada, con las aspiraciones intermedias de la comunidad de Aragón acerca de la estadía de la alta velocidad en puntos de la citada comunidad como puedan ser el aeropuerto o la estación de la capital aragonesa? Señorías, ¿cómo es posible que en materia de carreteras se recupere el método alemán, que durante dos años ha estado detenido, a efectos de generar dinero que permita pagar débitos de ejercicios de 1997 y de 1998, habida cuenta de que en los dos últimos no se ha aplicado este método? Nosotros hemos presentado -y con ello termino, señor presidente- unas enmiendas generales para inversiones en carreteras y en materia ferroviaria. Esas enmiendas, que están recogidas?

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, vaya concluyendo, por favor.


El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
La enmienda 1202 plantea actuaciones en infraestructuras de carreteras, tiene un amplio listado que surge de un concepto de prioridad; concepto que a su vez deriva de los análisis y de los datos que obran en poder del Grupo Parlamentario Socialista de índices de siniestralidad. Pongo un ejemplo específico y concreto en la provincia de Cádiz, un tema que incluso va a ser objeto de proposición no de ley, recogida en el orden del día de la Comisión de Infraestructuras de mañana. ¿Cómo es posible que obras como la N-340, entre Algeciras y Cádiz, con unos índices de siniestralidad excepcionales, a la altura de Jerez de la Frontera, en los tramos que parten de Chiclana, no sean objeto de una actuación firme por parte del Gobierno? No logramos entenderlo, a no ser que el Gobierno estime que están en una comunidad autónoma en la que no gobierna el Partido Popular. Por eso solicitamos esas actuaciones de incremento de dotación en 1.700 millones de pesetas para la carretera Chiclana- Algeciras, en lo que a duplicación de calzada se refiere, por el alto grado de conflictividad y siniestralidad que tiene esa carretera N- 340. Qué duda cabe que este no es el momento de hacer referencia a algunas actuaciones más, pero en la circunvalación oeste de Jerez de la Frontera la vienen demandando colectivos ciudadanos, partidos políticos, municipios, por cuanto en Jerez de la Frontera tendrá lugar en el año 2002 el conocido festival Speed Festival, el Campeonato Mundial Ecuestre o el diseño de la ciudad del transporte ... (Risas.) Algunos diputados se echan la mano a la cabeza porque no conocen la problemática de la zona y tienden a producir una ridiculización

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en las aspiraciones ciudadanas de ese municipio de Jerez de la Frontera o de la provincia de Cádiz.
Señorías, actuaciones como éstas son las que nos mueven y las que nos han impulsado a definir el conjunto de infraestructuras cuyas dotaciones queremos incrementar y que figuran en las distintas partidas presupuestarias.


El señor PRESIDENTE: Interrumpimos en este momento el debate de la sección 17 para proceder a las votaciones relativas al proyecto de ley y a las secciones que han sido debatidas hasta el comienzo de esta última, relativa al Ministerio de Fomento.
Les ruego a las señoras y señores diputados que colaboren con la Presidencia en el buen desarrollo de las votaciones, que son muchas.
Es un procedimiento complicado que lo podemos favorecer manteniendo orden y atendiendo las indicaciones que se vayan haciendo desde la Presidencia. Espero que en el menor tiempo posible podamos haber realizado todas las votaciones que nos corresponden esta tarde.
Antes de empezar, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, para facilitar la votación, quiero manifestar que el Grupo Mixto va a mantener una posición favorable a todas las enmiendas que presenta el grupo y abstención técnica del resto de todos los puntos, para permitir que en el Pleno los distintos portavoces del Grupo Mixto se puedan posicionar a favor o en contra. De modo que por simplificar la votación, voto favorable del Grupo Mixto a todas las enmiendas del mismo y abstención al resto de los puntos.


El señor PRESIDENTE: Tenemos que interrumpir cinco minutos la sesión, para organizar el desarrollo de las votaciones. Dentro de cinco minutos empezamos a votar. (Pausa.) Vamos a reanudar la sesión.
Procedemos a efectuar las votaciones.
Votamos las enmiendas al título I, artículos 1 a 12, del proyecto de ley.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.
Se ha pedido votación separada de la número 804. Procedemos a la votación de dicha enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez al título I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Me pregunto quién ha pedido votación separada. (Risas.) Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título I.
Votamos la enmienda número 94.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 93, 95 y 98, de Izquierda Unida, al título I.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida, que son la 96 y la 97.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, enmienda 1555.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1554, también de Convergència i Unió, al título I.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmiendas 1062, 1064 y 1068, al título I.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título I.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen del título I del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Pasamos al título II.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Entiendo, señora Julios, que las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al título II están retiradas.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
En primer lugar, la enmienda 1043.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, número 1042, 1047, 1048 y 1050.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1046 y 1049, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, números 1044, 1045 y 1051.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título II.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, someto a votación el texto del dictamen del título II del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Pasamos al título III del proyecto de ley.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, y, dentro de las enmiendas del Grupo Mixto, las números 813, 814, 825 y 826.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, someto a votación las enmiendas 812, 815, 823, 824, 829, 831, 836 y 839.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto al título III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16 .


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del señor Núñez, números 1630 y 1632.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15 ; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Núñez al título III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14 ; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 758, de la señora Lasabagaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, la número 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, números 99, 108, 109, 112, 114, 115, 116 y 117.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, al título III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos el texto del dictamen del título III del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Pasamos al título IV.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez Castain, al título IV, números 1633 y 1634.
Entiendo que la 1635 está retirada. Votamos las dos enmiendas, señor Núñez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 759, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título IV, números 119, 120 y 121.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título IV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título IV del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Seguidamente, votamos las enmiendas al título VIII, que hemos debatido esta mañana, simultáneamente con el título IV del proyecto de ley.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. Las someto a votación todas juntas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que votamos separadamente. Primero, la enmienda 1559.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda 1560, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1104, del Grupo Parlamentario Socialista, al título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del dictamen del título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La sección 7, que hemos debatido simultáneamente con los dos títulos anteriores, no tiene enmiendas, pasamos, por consiguiente, a votar el dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas al título V del proyecto de ley. Votamos, en primer lugar, la número 1636 del señor Núñez, Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1637, del señor Núñez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de Izquierda Unida. Votamos, en primer lugar, la enmienda 122.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida al título V.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos, en primer lugar, la 1081.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22, abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título V.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen del título V.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La sección 6 no tiene enmiendas y se ha debatido junto con el título V. Votamos el dictamen de la sección 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título VI. En dicho título hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos la enmienda número 10, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 11, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós al título VI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura al título VI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al título VI del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1556, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el texto del dictamen del titulo VI del proyecto de ley.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VII del proyecto de ley. Enmiendas del señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Nuñez al título VII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, votamos la enmienda número 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós al título VII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la 516.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 519.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida números 132, 134, 136, 137, 138 y 139.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto deenmiendas del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 1557.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1558.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VII. En primer lugar, votamos la enmienda 1098.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título VII del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En las disposiciones adicionales y transitorias hay presentada una enmienda transaccional del Grupo Popular a la enmienda 1564, de Convergència i Unió. ¿Entiendo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acepta la retirada de su enmienda para facilitar la votación de la transaccional? (Asentimiento.) Es una enmienda transaccional con una disposición adicional nueva que entiendo que conocen el resto de los grupos.
Se somete, en primer lugar, a votación la enmienda transaccional a la enmienda 1564, de CIU, que introduce una disposición adicional nueva sobre pagos de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro. ¿Desean que se lea entera la transacción? (Denegaciones.) Sometemos a votación la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas del señor Núñez a las disposiciones adicionales y transitorias. Primero, las enmiendas 1642 y 1643.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Núñez a este bloque de disposiciones adicionales y transitorias.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster. En primer lugar, la enmienda 760.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, las enmiendas 24, 28, 29 y 30.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. Votamos, en primer lugar, las números 521 y 523.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, la 1056.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1057, del Grupo Parlamentario Vasco.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votamos la enmienda 143.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 156 y 163.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 141, 142, 149, 153, 157, 158 y 159, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida a este bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 1568, 1569 y 1571.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda número 1565.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a este bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 1510, del Grupo Parlamentario Popular, está retirada. Por lo tanto, votamos el dictamen de las disposiciones adicionales y transitorias a excepción de la transaccional que ya hemos votado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A los anexos hay presentada una enmienda de Coalición Canaria que está retirada, la número 506. Pasamos a votar la enmienda número 1052, del Grupo Vasco (PNV-EAJ), presentada a los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra; 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 166, del Grupo Federal de Izquierda Unida, presentada a los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Entramos en la votación de las secciones. En la medida en que no hay ninguna enmienda, vamos a someter a votación el dictamen de las secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de estas secciones.
Entramos en la sección 12. Someto a votación, en primer lugar, la enmienda número 524, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Puigcercós a la sección 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las número 173.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida a la sección 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Someto a votación el dictamen de la sección 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 13. Hay una enmienda, la número 645, del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Federal de Izquierda Unida, someto a votación, en primer lugar, las enmiendas 174 y 175.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15, en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida a la sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmiendas 1149 a 1153.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Texto del dictamen de la sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 14. Hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos la enmienda 646, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 647, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Puigcercós a la sección 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida a la sección 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de la sección 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A la sección 15 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Rodríguez Sánchez, la número 850.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene una enmienda, la número 507.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene presentada la enmienda número 1009.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la sección 15.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la número 1163, a la sección 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el dictamen de la sección 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas a la sección 31, en primer lugar, las del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto .


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 612, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 801, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos ; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 425, 426, 427 y 434, que en principio estaba presentada a otra sección pero debe votarse en la sección 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen de la sección 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Sección 16. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar la número 527.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 525 y 526, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster a la sección 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós a la sección 16.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1660, del señor Núñez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez a la sección 16. En primer lugar votamos las enmiendas números 851, 853, 854, 855, 856, 857 y 1004.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar la número 508.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 509, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar las enmiendas 189 a 195.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 187 y 188, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1578, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar las números 1188 y 1194.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de la sección 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


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Por último, votamos las enmiendas a la sección 25. En primer lugar las del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen a la sección 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, pido la palabra.


El señor PRESIDENTE: ¿Queda algo por votar?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí. Si no me falla el orden, cosa posible a estas horas, creo que la sección 34 no la hemos votado. Hay sólo una enmienda a las secciones 31 y 34. La enmienda se ha votado, pero el texto de la sección no.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el texto del dictamen de la sección 34.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Se dan por finalizadas las votaciones de hoy. En dos minutos continuamos el debate de la sección 17. Muchas gracias por su colaboración. (Pausa.) Reanudamos la sesión continuando con la sección 17. Había intervenido el señor Segura, en nombre del Grupo Socialista, para defender sus enmiendas a esta sección. A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: A esta sección 17, Ministerio de Fomento, nuestro grupo ha presentado 15 enmiendas. La primera de ellas es distinta a las otras 14 e intenta incrementar un crédito en el proyecto de ley de presupuestos de este año, en el que figura la dotación a transferir a las comunidades autónomas, para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje, con un importe claramente insuficiente teniendo en cuenta la valoración real correspondiente al ejercicio anterior. Por tanto, creemos que es necesaria la compensación a las comunidades autónomas por la pérdida de ingresos por la rebaja de estas tarifas de los peajes. Esta enmienda, como digo, es de distinto cariz que las otras. Pide que se incremente un crédito en 1.372 millones de pesetas con el que se compensa esa baja que hay en las tarifas de peaje que corresponde a las comunidades autónomas y a la vez corresponde a lo que queda pendiente de las diferencias del ejercicio anterior. Por lo expuesto, la partida contemplada en el proyecto debe complementarse con la cantidad que antes he citado, pero podría darse el caso de que tuviesen que preverse cantidades para otras comunidades autónomas, que también son competentes en autopistas de peaje y que, por tanto, sufren ciertas diferencias.
Respecto al resto de las enmiendas de nuestro grupo voy a explicar a qué se refieren básicamente. Nuestro grupo está de acuerdo, en líneas generales, con el presupuesto de inversiones que este año nos presenta el Ministerio de Fomento para Cataluña. Para nosotros, en contra de lo que ha dicho en Cataluña algún líder de otro grupo parlamentario, la construcción del tren de alta velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-frontera francesa representa una obra muy importante para Cataluña. Para nuestro grupo es una inversión en Cataluña y de Cataluña, con beneficiarios adicionales -eso sí- en Madrid, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Aragón; y antes, cuando era el TGV, el tren de gran velocidad, tenía otros beneficiarios en Andalucía. No deja de ser cierto que ahora la obra se está realizando con una importante inversión en Cataluña, por tanto con la inversión regionalizada en Cataluña, y durante tres o cuatro años seguirá realizándose con una importante inversión en Cataluña. Cómo no vamos a considerar que el tren de alta velocidad es un gran proyecto para todos, especialmente para nosotros. Hace muchísimos años -quisiera no tener que comentarlo nunca más- fui ponente en la Comisión que entonces se llamaba de Industria, Obras Públicas y Servicios, que incluía los transportes -hablo de unos doce años-, y recuerdo que el ministro de Transportes nos decía que en España ni aunque se tuviese el dinero se tendría que construir el ancho europeo. Lo mismo decía

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el entonces presidente de Renfe, posteriormente ministro, pero admitía que nosotros teníamos presentado ya al Gobierno un plan de viabilidad del tren de alta velocidad, con ancho europeo, Barcelona- frontera francesa. Curiosamente, más o menos seis meses después de aquel debate en Comisión, que figura en el «Diario de Sesiones», acordaba el Consejo de Ministros la construcción del AVE Madrid- Sevilla con ancho europeo. En principio nos pareció bien la obra, aunque pensábamos que quizá políticamente debería empezarse empalmando Francia para entrar hacia el interior de España, pero no fue así. Y nosotros, que hemos sido grandes promotores del tren de alta velocidad, como todos los demás después, consideramos -repito- que la inversión en el tren de alta velocidad en Cataluña es para todos, beneficia a toda España, pero que es una obra regionalizable en Cataluña y que así será en varios años. Digo esto porque en contra de esta gran inversión hay presentada una enmienda en la que se detrae una cantidad de miles de millones de lo que el GIF tiene asignado para repartir en otras obras ferroviarias. De los 89.000 millones de pesetas que la enmienda detrae al GIF para obras en ferrocarriles sólo 5.000 millones van a Cataluña. Es igual, nosotros no vamos a votar esta enmienda. A este plan de grandes inversiones que tenemos en Cataluña, en las que predomina el tren de alta velocidad y el aeropuerto, tenemos presentadas una serie de enmiendas porque el Ministerio de Fomento agotó ya el stock de proyectos que están a punto de licitar. A veces, hablamos con personas del territorio interesadas en alguna obra pública y todos decimos que sí haremos esta carretera o esta obra. Sin embargo, con el estudio informativo, con la declaración de impacto ambiental, con la redacción del proyecto, con las correspondientes informaciones publicas y con el trámite de contratación, a veces pasan más de tres años para ponerla en marcha y no nos damos cuenta. La realidad es que la mayoría de las grandes obras necesitan tres años o más desde el momento en que se logra aprobar la obra hasta que puede entrar una máquina.
Por tanto, nuestras enmiendas pretenden que en los próximos años haya una continuidad, porque prácticamente no hay grandes obras contratadas este año 2001, excepto dos no tan grandes, como muchas obras que ya han empezado. En estos momentos en Cataluña una carretera o una variante de los kilómetros que sean, con un presupuesto del orden de 10.000 millones o superior, no podría salir a contratación. Por tanto, entre lo que ya hay en el presupuesto y las enmiendas que proponemos, pretendemos que figuren cantidades no muy grandes, pero suficientes para que, en el año 2001, o se contrate el estudio informativo de algunos tramos o se realicen los proyectos, una cantidad suficiente, aunque sea mínima, para que puedan salir a contratación las obras cuyo proyecto se haya logrado aprobar. Hay dos obras concretas, la de Lleida-Alamús, cuyo proyecto sí está terminado, pero presentamos una enmienda incrementando la cantidad prevista en el presupuesto para que pueda empezarse. La otra se refiere a la revisión del proyecto, que ya esta aprobado y en este momento se está supervisando a fondo, para que también se pueda adjudicar a finales de este año. Estas enmiendas no tienen otra finalidad que la de que haya continuidad, que haya una biblioteca de proyectos, porque muchos de los problemas que tenemos con el Ministerio de Fomento es que no hay proyectos que estén a punto de licitarse.
Hemos presentado una enmienda que hace referencia a la barriada de la Mina, en el término municipal entre Barcelona y San Adriá del Besós, para incrementar la partida para un convenio que se está terminando y hay que prorrogarlo.
En cuanto a proyectos de inversión ferroviaria, proponemos una partida para proyectos de la segunda fase de la línea Lleida-Manresa.
Hay una primera fase que se está realizando y terminará dentro de poco. Es una línea muy descuidada desde hace muchos años, en la que se ha estado trabajando en los últimos dos años; mientras no se acabe esta primera fase, no puede iniciarse la segunda, pero sí puede hacerse el proyecto para ir ganando tiempo.
También solicitamos créditos para iniciar los proyectos de los enlaces de la autovía del Baix Llobregat. Falta la entrada del Baix Llobregat a la ciudad de Martorell y, más adelante, el entronque entre esta autovía de cuatro carriles con la autopista A-7. También aumentamos la consignación para la carretera BesalúMontagut, en Girona. En la zona de Girona también hay otras obras, más bien hacia la frontera, ColeraPortbou, es un proyecto nuevo. Existía un proyecto terminado, pero era un proyecto tan ambicioso, con tanta complicación, que verdaderamente tuvo que desecharse y actualmente se está redactando el nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto necesita una cantidad base para iniciar su aprobación y posterior adjudicación o licitación dentro de 2001.
Hay una cantidad para la contratación del estudio informativo de la variante de Viella, en el Valle de Arán, teniendo en cuenta que, aunque no figura partida -esto ha creado confusión y hay quien dice que el túnel de Viella no está introducido como inversión- está el nuevo túnel de Viella como inversión en el presupuesto de 2001, lo que pasa es que está en trámite del sistema alemán, que este año vuelve a salir en los presupuestos después de dos en que no ha funcionado ninguna adjudicación por este sistema.
En fin, nuestras enmiendas pretenden que todo lo que refleja el presupuesto de la sección 17 en obras importantes, alguna de ellas atrasada, coja el ritmo necesario. Un ejemplo puede ser que Santa María del Camí, la variante de Cervera, la zona de La Panadella, un proyecto que ha tenido muchas vicisitudes por cuanto

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ha tenido que cambiarse el proyecto inicial, ya licitado, y todavía está pendiente de que por vía judicial se decida si se podrá construir o no. Tal como van las cosas, posiblemente cuando se decida si se puede construir o no este proyecto ya estará construido el que lo sustituya, pero las cosas son como son.
Termino diciendo que nuestras enmiendas, que espero prosperen, van en la dirección de tener suficientemente preparado todo el paquete de proyectos y que en el próximo proyecto de presupuestos algunos puedan ya licitarse y dar así continuidad a las inversiones en Cataluña, entre las cuales va a predominar durante bastante tiempo la construcción del tren de altas prestaciones, cosa que nos parece adecuada, ya que es una inversión para Cataluña y para el resto de España muy importante.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Seré breve; estas horas imponen ser breve en las intervenciones, sobre todo cuando se tiene algo de hambre.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda de devolución de los presupuestos del Ministerio de Fomento por varias razones, razones que, desde nuestro punto de vista, vienen a consolidar más nuestra idea de que el Ministerio de Fomento no tiene unos objetivos claros ni una planificación adecuada que permita un desarrollo económico de todo el Estado español y que lo que están planteando, y así se lo decíamos al señor ministro en su comparecencia para explicarnos las líneas generales de su departamento, son unas grandes obras, comprometer y prometer a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos y ciudadanas que van a tener un AVE o una autovía o una autopista de peaje. Eso es lo que se viene a trasladar de una manera bastante clara al presupuesto del Ministerio de Fomento. La mayoría de la inversión se va en grandes obras de infraestructura que a nuestro grupo parlamentario no le parece que sean las más adecuadas. De ahí que nosotros seamos bastante más modestos, pero bastante más realistas también, y que con nuestras enmiendas pretendamos que se puedan adecuar las zonas ferroviarias y las cercanías de todo o de gran parte del Estado español, los recorridos de mercancías y además algunas otras líneas que son importantes para poder conectar determinadas zonas de este Estado.
En cuanto al ferrocarril, podemos hacerles varias referencias en relación con las demandas constantes de la población, que año tras año se ven totalmente desestimadas en los Presupuestos Generales del Estado. Una de ellas, por ejemplo, es el tramo Sagunto-Teruel- Zaragoza- Somport, una línea lo suficientemente importante, que genera expectativas no sólo para el desarrollo de la zona de Valencia, sino también para la zona de Teruel y para la zona de Zaragoza, porque les permite una conexión con el País Vasco y con la frontera. Esta infraestructura ferroviaria es lo suficientemente importante y afecta a un número bastante alto de comunidades autónomas y de ciudadanos y ciudadanas como para que no se siga echando en el saco del olvido y para que no se sigan sin cumplir las promesas que se hacen en campaña electoral, tanto en las elecciones generales como en las elecciones autonómicas y municipales, como hizo el presidente de la Generalitat valenciana con esta línea, porque todavía siguen sin aparecer los famosos 80.000 millones de pesetas para los estudios. Pero hay muchas más. Están las cercanías de Murcia, están las cercanías de Andalucía, están las cercanías de Madrid y están las cercanías de todos los puntos de España, incluidas las cercanías de Galicia y de la cornisa cantábrica. También están incluidas, señorías, las líneas férreas de las islas Baleares, importante forma de poderse transportar en unas islas lo suficientemente pequeñas como para no poder seguir soportando la presión de más carreteras o más vehículos a motor.
Asimismo nos parece muy importante, señorías, que se pueda llevar a la práctica -y para eso hemos consignado diferentes cantidades económicas- el enterramiento de las líneas de alta tensión. Señorías, no está demostrado científicamente, y ya sabemos que, aunque se demuestre científicamente, la comunidad científica nunca se pone de acuerdo y siempre hay quienes dicen una cosa y quienes dicen otra, pero lo cierto es que es mucho más seguro que las líneas de alta tensión vayan enterradas no sólo para que no perjudiquen a las zonas urbanas próximas a estas líneas, sino para que se puedan evitar determinados riesgos para la salud humana, que aunque todavía no están suficientemente demostrados, parece ser que sí existen. Creemos que esto es lo suficientemente importante como para que desde el Ministerio de Fomento se mire por la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y se pueda llevar a cabo el enterramiento de las líneas de alta tensión, no directamente por el Ministerio, pero sí en colaboración con las entidades privadas.
Nos parece necesario aumentar -lo decía el señor ministro en su comparecencia, y nosotros lo compartíamos- la seguridad vial y la calidad de las prestaciones que la carretera da a la ciudadanía. Pues bien, señorías, en estos presupuestos no nos parece que la cantidad que se dedica a seguridad vial sea suficiente. Hay muchísimos puntos negros a todo lo largo y ancho del territorio que desde luego con la cantidad asignada no se van a poder solventar, si además tenemos en cuenta que en este punto también se incluye la conservación de nuestras carreteras, algunas de las cuales necesitan bastante conservación. Creemos que antes de empezar con obrasde infraestructura mucho más grandes, que desde luego

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quedan mucho más bonitas y lucen más, sería necesario que atendiéramos a lo más diario, a lo más cotidiano, a lo que sufren y padecen muchos más ciudadanos y ciudadanas todos los días cuando van por carreteras que tienen puntos negros o que no están lo suficientemente bien conservadas.
Algo que también nos parece importante -y con esto termino, señor presidente- es que los presupuestos del Ministerio de Fomento siguen sin acometer una política de vivienda clara y digna. De ahí que hayamos planteado diferentes enmiendas, tanto para aumentar las cantidades destinadas a la construcción de viviendas públicas, como para que los particulares, en colaboración con el Ministerio de Fomento, puedan llevar a cabo la rehabilitación de las viviendas de los cascos antiguos de las ciudades y se puedan poner en el mercado de la vivienda con un carácter mucho más económico y más asequible a la gran mayoría de la población, que en estos momentos, señorías, está teniendo dificultades para acceder a una vivienda digna y de calidad, no solamente porque suben los tipos de interés, sino también porque de manera indirecta les bajan sus salarios por otros temas.
Señorías, nos parece que ya resulta bastante inadmisible, desde luego bajo nuestro punto de vista, que se vuelva a rescatar por parte del Gobierno el sistema alemán. Cuando este sistema se implantó hace un par de años, nosotros fuimos muy críticos precisamente porque puede solventar de momento al Gobierno algunas de las inversiones que pretende hacer, que necesita hacer o que ha comprometido hacer, pero lo que hace este sistema es hipotecar futuros presupuestos en los que a lo mejor ya no hay fondos de la Unión Europea para que se pueda financiar esas grandes obras de infraestructura, que pretenden hacernos creer que es modernizar el país pero que nuestro grupo parlamentario no cree tanto que sea modernizar el país sino posiblemente llevarlo a que solamente lo pueda utilizar un sector de la población.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Ochoa.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Abundando en lo que ha dicho mi compañera, a mí no me mueve el hambre, pero sí el apetito, y vamos a intentar ser absolutamente breves. (El señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.) El Grupo Parlamentario Vasco, dada la exposición que en su día nos hizo el señor ministro sobre las actuaciones previstas, que parecía un catálogo de ilusiones y prometía el país de jauja, poco más o menos, en cuanto comunicaciones ferroviarias y en cuanto a sistemas de infraestructuras, y dado el talante proclamado por el Gobierno de su capacidad o sus ganas de consensuar, para no ponerle mucho trabajo sobre la mesa hemos presentado solamente ocho enmiendas a este capítulo, algunas quizá pueden tener un carácter localista, dada la característica de este partido, asentado solamente a una comunidad autónoma, pero otras creemos que tienen calado y que trascienden territorialmente fuera de los límites de nuestra comunidad.
Como saben, nuestra competencia es total en el ámbito de carreteras, y por tanto quizá están más circunscritas las enmiendas a puertos y a ferrocarriles. En este sentido, empezando por la enmienda 1012, de lo que se trata es de que una zona del ferrocarril de Renfe, situada entre Herrera y Martutene, en la zona de Donostia-San Sebastián, presenta una trinchera muy profunda que, con la expansión urbana, crea unos problemas de seguridad alta, tanto para los ciudadanos como para el propio ferrocarril. Por tanto, pedimos que con cargo al presupuesto de Fomento se asigne la cantidad necesaria para realizar los proyectos y estudios técnicos necesarios para cubrir esta trinchera.
La enmienda número 1013 se refiere a que, si efectivamente existe una voluntad de que los usuarios utilizen el transporte público y dejen el privado, es un paradigma de lo que no debe ser el que la estación de Legorreta, en Guipúzcoa, esté situada fuera del ámbito urbano, lo que obliga a los presuntos usuarios a hacer un recorrido a pie muy largo para llegar a la estación y volver desde allá a sus domicilios.
Por tanto, con un coste muy reducido, estimado con proyectos ya sobre la mesa en 40 millones de pesetas (que nos parece una limosna en estos presupuestos), se puede realizar su traslado y aumentar el uso de los potenciales clientes de una forma considerable.
En cuanto a la enmienda 1015, se refiere a una inversión en la autoridad portuaria de Pasaia para mejorar sus servicios y la doy por defendida en sus propios términos. No voy a dedicarle más tiempo porque es una enmienda técnica que está perfectamente explicada en la motivación.
La enmienda 1016 se refiere a la modificación de la vía del FEVE, en Balmaseda. Como se conoce en la zona, el ferrocarril FEVE, que atraviesa la vieja zona minera, es la vía vertebradora de una zona que en declive económico en este momento lucha por levantarse, y en este caso la estrechez del valle conlleva que vayan juntos el tren, la carretera y el río, como es obvio. En el estrechamiento de Balmaseda nos encontramos con que esa vía divide a la población y solamente hay un acceso subterráneo que impide el paso de vehículos necesarios como los camiones de bomberos, ambulancias, etcétera. Por tanto, lo que estamos pidiendo es que se implemente un presupuesto para trasladar esta estación, puesto que el lugar en que se encuentra obliga a un paso a nivel muy conflictivo, aumentado por el tráfico de vehículos que acuden desde los talleres de FEVE a la estación, ida y vuelta, constantemente, y

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crea conflictos de transporte público y de acceso peatonal con la accidentabilidad potencial muy alta.
En la enmienda 1020 se pide un incremento de gasto para que la Dirección General de Arquitectura lleve a efecto el compromiso que, en su día, tuvo con el ayuntamiento de Ormaiztegi para suscribir un convenio para reponer el puente de esta población, que es un elemento arquitectónico singular cuya titularidad es de Renfe.
En la enmienda 1024 pedimos que se aumente la cantidad destinada a los pasos a nivel, porque entendemos que hay una peligrosidad latente. En algunos casos son pasos a nivel muy conocidos, con accidentabilidad alta y nos parece muy pobre la cantidad dedicada en el presupuesto, por lo que pedimos para todos ellos que se aumente a nivel de Estado la cantidad dedicada a su supresión. En el aspecto local hablamos de dos pasos, Pobes y Manzanos, de los que ya se ha tratado en distintas ocasiones con Renfe sin que se haya dado solución a los mismos.
La enmienda 1027 entendemos que es de capital importancia, no sólo para el País Vasco, sino para otras comunidades autónomas e incluso para la conexión de Portugal a Europa. Estamos hablando de la «Y» vasca, es decir, la conexión frontera-Vitoria, para llegar hasta Portugal o Madrid y, a su vez, el ramal que conecta con Bilbao y su puerto. En la memoria del presupuesto se señalaba que esta obra no se encomendaba al GIF, puesto que no existía la declaración de impacto ambiental, que era el único obstáculo que se ponía. Pues bien, esa declaración de impacto ambiental se ha dado con fecha 22 de octubre positivamente y, por tanto, no hay ningún obstáculo para que se incluya esta obra en los presupuestos del GIF por encargo del Ministerio de Fomento. Hay que recordar que esta obra es el proyecto número 3 de la Unión Europea, que tiene preferencia sobre otros proyectos encomendados al GIF, que no tienen ni decisión de trazado, por tanto, no pueden tener declaración de impacto ambiental y, sin embargo, van adelante en este momento. Por ello pedimos una modificación de los estados financieros del GIF para que lo que estamos pidiendo tenga acoplamiento. Fin En la enmienda 1029, en la creación de infraestructuras de carreteras insistimos sobre otro punto, antes en ferrocarril y ahora en carretera, que tiene las mismas funciones de vertebración europea, que está así recogido por las comunidades, también está introducido en la red nacional y, por tanto, entendemos que debe ser sufragado por el Estado, porque es la parte no ejecutada de la llamada autopista del Norte, autopista A-1, que fue adjudicada en 1974 por el Estado a la Concesionaria; la Concesionaria no cumplió con su obligación de construir la totalidad, y el Estado la liberó en su momento sin que se le exigiese la construcción de ese tramo. Ese tiempo que ha tenido que esperar la posible población usuaria y la comunidad en la que se enclava ha supuesto el encarecimiento de esta obra sensiblemente a través de esos años, porque hasta el 5 de agosto de 1994 no se suprimió el encargo hecho en su día de la autopista del Norte, y en este momento es de inminente necesidad su realización. Las diputaciones forales tienen intención de comenzar esta obra pero, insisto, es una obra que trasciende del propio uso de la comunidad autónoma, que está incluida en dos itinerarios europeos, que es necesaria su realización, y desde luego es muy alto su costo. Por tanto, pedimos al Estado que contribuya, por las razones expuestas y otras que vienen en la motivación, que en razón de la brevedad quiero ahorrarles, para que esta autovía, o autopista, en su caso, pueda llegar a feliz término.
Esto es, glosando y resumiendo, lo que nuestras enmiendas pretenden y para las cuales espero el asenso de los grupos de esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): Por parte del Grupo Andalucista tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo no sé que es más estimulante, si hablarle a una Cámara repleta de diputados sometidos a disciplina partidaria y, por tanto, con cero posibilidades de convencer a alguien con el don de la palabra, o hablar en una sala prácticamente vacía donde unas funcionarias taquígrafas toman nota de lo que decimos. Me da la sensación de que no estamos aquí para contarnos lo que hemos escrito en las enmiendas, sino para que al menos conste en acta la filosofía con la cual enmendamos al presupuesto, a esta sección 17.
Yo tengo la sensación, con respecto al Plan director de infraestructuras español, de que sucede lo contrario de lo que se hacía en algunos ayuntamientos del siglo XIX cuando la Ley de ensanche obligaba a las corporaciones a aprobar el Plan general de alineaciones en Madrid y sólo tenían facultades los ayuntamientos para aprobar las alineaciones parciales. Entonces algunos ayuntamientos astutos hacían un plan en secreto, que no tramitaban a Madrid, mientras iban tramitando expedientes parciales que, como si de un puzzle se tratara, cuando se sumaban los expedientes parciales daba el plan; es decir, se operaba por partes en un plan que no se enseñaba, pero cuyas partes tenían sentido.
Yo tengo la sensación de estar al contrario, de tener unos planes pero que luego lo que tenemos son actuaciones parciales y además un cierto planteamiento estéril de preguntar en los presupuestos: ¿de lo mío qué?, y que cada diputado traiga su carretera, su pantano, su obra, y trate aquí de incorporarla. (El señor vicepresidente, Sedó i Marsal, ocupa la Presidencia.) Me parece más productivo discutir los criterios con los cuales el Plan director debería estar redactado y hecho, discutir

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los criterios de prioridad, discutir las anualidades, y poder razonablemente descender a si se está actuando bien. De lo contrario, me parece que todos hacemos un ejercicio de lo que nos hace falta, y nos hace falta a todos mucho y, por tanto, presentamos una serie de enmiendas completando lo imprescindible.
Con respecto a Andalucía, que es de lo que me toca hablar, creo que hay inversiones que son absolutamente suficientes en el tiempo, que no están escaladas en el Plan director ni en los presupuestos y que tienen coartada a la comunidad. A mí me parece que las infraestructuras son los pilares de la creación de riqueza y de empleo, y hay algunas genéricas en Andalucía cuya terminación clama al cielo. No voy a desglosar aquí las treinta y tantas enmiendas, sino a describir esas grandes prioridades del eje del litoral que debe unir a Cádiz y Almería con Levante. De esa autovía del Mediterráneo, la provincia de Granada quizás sea la más deficitaria, no tiene una sola peseta ni tiene ningún tramo hecho. Creo que tiene 1.200.000 pesetas -siempre es un consuelo- para comenzar una autovía que vale decenas de miles de millones. La provincia de Cádiz, con algunos centros de infraestructura como el puerto de Algeciras, que siendo el puerto estratégico más importante del sur de Europa, el que más mercancía y más personas carga, es un puerto sin aeropuerto, sin autovías y sin ferrocarriles. Hablar en el siglo XXI de un gran intercambiador y un nudo de transportes en el que no se mezcle todo es hablar de algo insuficiente, de algo que no sirve. Por tanto, como prioridad, el eje del litoral que nos empalmaría con Levante y los grandes ejes verticales de Andalucía, la Ruta de la Plata, que nos lleva hacia Asturias, la conexión con Albacete y el descenso de la vertical de Granada a la costa. Son retos que llevan décadas pintados en los planes y que no se terminan nunca. Se hacen pedacitos muy pequeños, cuando resulta que la red viaria funciona como la fontanería, que por muy grueso que sea el tubo, si durante un tramo tiene una sección menor, ya no pasa el agua. Es decir, si faltan pequeños tramos, que parecen pequeños (cito el Estepona- Guadiaro o cualquiera de ellos), que son cortos en kilómetros pero que empalman líneas interrumpidas de autovías, no tiene funcionalidad ninguna. Se han hecho inversiones muy fuertes y no resultan eficaces, porque va uno a trozos, interrumpiendo con cuellos de botella la conexión de trozo con trozo.Por tanto, doy por defendidas las enmiendas. No es ni hora ni momento para hacer un listado de todas.
Reivindico que no se puede discutir parcialmente este presupuesto, que tendríamos que tener el plan director delante y debatir cuáles son los criterios de definición de anualidades y de definición de prioridades de ese plan director. Sin ello, sería muy difícil. Existe la necesidad de presentar ese plan en el Parlamento y de impulsar las infraestructuras, sobre todo en estas regiones que son muy anchas en kilómetros cuadrados y muy bajas en densidad y en las que es tremendamente injusto repartir el dinero per capita, porque la misma población ocupa el doble de espacio y, por tanto, el tramo de carretera es doble de grande que otras zonas mucho más densas. Lo mismo digo de las instalaciones ferroviarias, donde hacen falta las conexiones del Euromed con Almería o el resto de conexión a la red. Tengamos metido en la cabeza que la movilidad se produce en una red, no en un tramo, y que tener garantía de índice de movilidad en medias, que sería lo que teníamos que medir en las comunidades, sólo es posible si los tramos están cerrados. Si no lo están, las movilidades no funcionan.


El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich, del Bloque Nacionalista Galego.


El señor AYMERICH CANO: Brevemente también para referirme en esta sección 17 a la falta de inversiones en cantidad suficiente que el Ministerio de Fomento prevé realizar el año que viene en Galicia.
Cuando hablamos del Ministerio de Fomento, nos estamos refiriendo a infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
Y no lo dice sólo el Bloque Nacionalista Galego, sino que también lo dice hoy mismo en La Voz de Galicia un comentarista político poco sospechoso de afinidad con nosotros. Las inversiones del Estado en Galicia rayan en la discriminación. Por eso entiendo que no haya plan director de infraestructuras porque ver recogido en un plan y plasmado negro sobre blanco, o seguramente a colorines, lo que estamos viendo a trozos, podría resultar demasiado duro.
En el ámbito de las infraestructuras viarias, aún no se han terminado las autovías. Se prevé que se terminen en este año unas autovías que debían estar rematadas en 1995, después de sucesivos retrasos. No se liberan de peaje tramos de autopista que son verdaderas circunvalaciones de poblaciones, en el caso de A Coruña, o que carecen de alternativa por vías sin peaje, en el caso del puente de Rande entre la península de O Morrazo y Vigo. La Xunta de Galicia -diría el señor Ortí Bordas que el coste de oportunidad también hay que pagarlo- financia infraestructuras que son estatales. En el caso de la autovía Santiago-Dozón o en el caso de Renfe -y paso ya a las infraestructuras ferroviarias-, las obras que debían ser acometidas por Renfe o por el GIF y que en el ámbito del convenio Renfe-Xunta de Galicia también pagan los gallegos siendo obras de competencia estatal. Por cierto, muchas de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego van dirigidas a que las inversiones ferroviarias en Galicia obedezcan ya no a parámetros de excelencia

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o a lo que sería óptimo en un país como Galicia, y desde luego atendiendo a consideraciones de carácter ambiental, etcétera, sino a estándares mínimos o medios de lo que sucede en otras partes del Estado, como es que haya ferrocarril de cercanías en las capitales gallegas, por cierto, excluidas del Plan de fomento del transporte público por el Ministerio de Fomento, 13 billones, por lo que no benefician a ninguna ciudad gallega. A estas alturas nadie se cree, aunque lo haya repetido ayer el delegado del Gobierno en Galicia, que se van a invertir 500.000 millones en la alta velocidad gallega, salvo que se entienda como inversiones en Galicia lo que son inversiones en Madrid o en CastillaLeón para un AVE que, por cierto, como tal AVE nunca va a llegar a Galicia.
En el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias -lo digo también como sufridor de estas infraestructuras- hay una escasísima inversión, y también hay enmiendas del Bloque Nacionalista Galego para intentar corregir esta carencia. Se trata de una serie de inversiones para hacer operativos los tres aeropuertos gallegos bajo cualquier condición meteorológica. Como ustedes saben, los aeropuertos gallegos gran parte del año no pueden ser operativos, porque hay nieblas, viento, etcétera, fenómenos que son bastante frecuentes en mi país.
En cuanto a las infraestructuras portuarias, no se presupuesta nada para unos puertos de interés general, los gallegos, que aportan muchos recursos al ente Puertos del Estado y, desde luego, ni un duro para los puertos exteriores de A Coruña y de Ferrol, también prometidos por el Ministerio de Fomento y las autoridades portuarias de esas ciudades.
Para acabar, en Galicia las inversiones del Ministerio de Fomento no suben, sino que bajan. Somos los paganos del déficit cero, y eso se nota no sólo en las carencias a las que me he referido, sino también en que en todos aquellos proyectos de carácter plurianual curiosamente la parte de inversión correspondiente al año 2001 baja o desaparece en beneficio de unas cantidades prometidas en los años 2002 y sucesivos -el 2007 parece que va a ser el año mirífico para todas estas infraestructuras-, que veremos el año que viene si llegan o no llegan.


El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Popular, su portavoz, don Fernando López - Amor, tiene la palabra.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Me toca comenzar diciendo lo mismo que han dicho otros compañeros, que dado lo avanzado de la hora y el escenario, tampoco nos vamos a estirar demasiado, por decirlo en términos taurinos. Lo lamento, porque ha habido unas intervenciones por parte de otros portavoces verdaderamente brillantes, como la interrumpida intervención del señor Segura, que ha tenido un gran sentido escénico, un gran sentido omnicomprensivo de lo que debe ser un presupuesto en materia de infraestructura, pero que en sus concepciones de fondo, que no formales, con las que sí podría estar de acuerdo, no coincido en absoluto, porque su crítica a los presupuestos de la sección 17 básicamente se fundamenta en dos temas que no son de fondo, que son para mi absolutamente forzados, que son buscados y ceñidos con alfileres: la ausencia de información y lo que él denomina la falta de planificación. Lo quiero resumir quizá no de forma muy exacta, pero yo lo he entendido de esa manera. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a la ausencia de información, es contradictorio incluso con el propio documento que el Grupo Socialista ha hecho. Después de decirlo y de formularlo como un leit motiv, dice que existe a pesar de todo ello una información desagregada -estoy citando textualmente- para cada uno de los 17 programas presupuestarios, superproyectos y los centenares de proyectos que conforman tales programas.Por tanto, yo creo que queda ya desvirtuada esa ausencia de información que no sólo está implícita o contenida en el documento presupuestario, sino que además está a disposición de los grupos parlamentarios a través de los cauces que ellos conocen que existen.
También se habla de un necesario plan de infraestructuras en el futuro. Yo pienso que el ministro de Fomento ha sido claro y ha hecho un plan de actividades para legislatura profundamente ambicioso, que excede incluso del término de la misma, como pudiera afirmar cualquiera de los grupos de la oposición. No obstante, en primer lugar, hay que decir que el que no le guste a un determinado grupo un planteamiento presupuestario del Gobierno no significa que ese presupuesto sea incorrecto, significa simplemente que es una obligación política de primer grado oponerse a los presupuestos presentados por el Gobierno. En segundo lugar, hay un problema que la Hacienda Pública todavía no ha sabido resolver, y es que el gasto público es escaso, está cuantitativamente cuasi determinado a priori y, por consiguiente, hay que optar y priorizar las elecciones en el gasto público; o, dicho de otra manera, no existe una cantidad de dinero público suficiente para atender todas las necesidades de un Estado. En la ordenación del gasto, yo pienso que al menos debemos respetar la ordenación que ha hecho el Gobierno, siempre que esa sea la adecuada o que se note un esfuerzo importante.
Si estos presupuestos que ha formulado el Gobierno pudieran calificarse de alguna manera es de ambiciosos, porque tienen un presupuesto de inversiones para el conjunto de las competencias propias del Ministerio de Fomento actual de 1 billón 376.000 millones depesetas y eso incrementando porcentualmente de forma

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importante -mucho más que el IPC, mucho más que el crecimiento del producto interior bruto- las inversiones realizadas por áreas o por secciones. Así, las carreteras aumentan sobre los presupuestos del año 2000 un 5,8 por ciento; los ferrocarriles se incrementan la nada despreciable cifra de un 31,4 por ciento. Ahí es donde se demuestra la voluntad transformadora y estructurante de los presupuestos presentados por el Gobierno. En cuanto a los aeropuertos y navegación aérea, la inversión va a crecer con respecto al año 2000 en un 53 por ciento.
Las cifras que estoy manejando, los incrementos porcentuales que estoy plasmando en mi intervención son importantísimos, sin olvidar que algunos no son competencia puramente de la Administración central del Estado, como es la política de vivienda, que tiene una dotación de 107.000 millones de pesetas. También podríamos territorializar eso e incluso en aquellas comunidades autónomas que son gobernadas por fuerzas políticas distintas a las del Gobierno de España no existe un maltrato por parte del Gobierno a esa comunidad autónoma, como a veces se quiere acusar de forma simplista. Me refiero en concreto, y solamente por poner un ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos presupuestos de inversión suben un 44 por ciento, especialmente en aquella provincia que nosotros entendemos que es la gran olvidada por parte de la Junta de Andalucía, Huelva, y ello debido a unas obras absolutamente fundamentales de comunicación viaria. Podría extenderme al resto de las comunidades autónomas. Algún otro portavoz se ha referido a la importancia que tienen los planteamientos contenidos en este presupuesto con respecto a la ejecución de un AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, que al final tiene un gran receptor, que es Cataluña, que es importante, sin perjuicio de que haya muchos beneficiarios, que son todos por los que atraviesan las líneas ferroviarias del AVE. Es una obra enormemente estructurante, y que tiene algo que ver con la filosofía apuntada por el portavoz de Convergència i Unió.
Hay que decir que en términos de inversión estos presupuestos son importantes y que los gobiernos del Partido Popular han hecho permanentemente un esfuerzo de inversión fuerte, salvo el primer año en que tuvieron que recortar los gastos de inversión por problemas de convergencia europea y por tener que ajustarnos a lo determinado y aprobado en Maastricht, ya que, dentro de aquellos no consolidados en los presupuestos, son los únicos en las que el Gobierno tiene capacidad de maniobra. Sin embargo, durante estos años, y gracias a la aplicación de métodos como el alemán, ha podido realizar una cifra de inversiones que no detuviera la obra pública, que no detuviera en definitiva la atención que un gobierno moderno, que un gobierno que recauda impuestos a sus ciudadanos debe tener con ellos como es la de proporcionarles una cosa que en democracia tiene su importancia y es que exista una igualdad de oportunidades en cuanto al movimiento de los ciudadanos y de las cosas.
El Grupo Socialista también hace una crítica que no tiene mucho que ver con los presupuestos pero sí con los del año anterior. Señor Segura, sin ánimo de entrar en controversia, usted critica la ejecución presupuestaria del año 2000. ¿Cómo están las cifras de ejecución presupuestaria en este momento? Pues bien, en este sentido quiero decirle, como usted casi sabe mejor que yo, que las cifras de ejecución presupuestaria se disparan realmente en los meses que quedan hasta final de año y las cifras que usted maneja, que seguramente son cifras al mes de septiembre, no son ni siquiera indicativas. (Indicativas son siempre las cifras, pero, evidentemente, no son indicativas hasta que se cierre el ejercicio puesto que los presupuestos se ejecutan mayormente en los meses que quedan hasta que termine el año.) No voy a entrar en las intervenciones de carácter más concreto. Ya le he dicho lo que han crecido los presupuestos tanto en ferrocarriles como en aeropuertos.
El señor Segura ha hecho una mención muy territorial -yo la comprendo y, además, si estuviera en su lugar, seguramente la haría también- en cuanto a la inversión en aeropuertos en las islas Canarias. Es una de las niñas mimadas de este Gobierno y me voy a permitir leerle unas cifras. El aeropuerto de Fuerteventura tiene una inversión prevista para el próximo año de 2.125 millones de pesetas, el aeropuerto de Gran Canaria de 2.673 millones de pesetas, el aeropuerto de Lanzarote de 1.030 millones de pesetas, el aeropuerto de Hierro tiene una inversión pequeña de 10 millones de pesetas para modernizar las instalaciones actualmente existentes y el de La Gomera de 29 millones de pesetas para el mismo fin. El aeropuerto de La Palma tiene una inversión prevista para el año que viene de 2.225 millones de pesetas, el aeropuerto Tenerife Norte de 2.568 millones de pesetas y el de Tenerife Sur de 3.115 millones de pesetas. En estas cifras presupuestarias existe no sólo la voluntad, sino la comprensión por parte del Gobierno que plantea y formula estos presupuestos de atender una necesidad histórica de las islas Canarias como es la posibilidad de comunicación no con la Península, sino con el resto del mundo. Estas dotaciones presupuestarias son un buen principio para empezar a hacer cosas, sin discriminación además entre las diferentes islas que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquí no hay un trato de favor entre una y otra, hay simplemente un trato que tiene que ver con los movimientos de personas, con el tráfico aéreo que, desde luego, no son comparables en magnitud con las dotaciones presupuestarias existentes para el aeropuerto de Barcelona o de Madrid, que, evidentemente, entre ellos dos solos manejan la mayor parte del tráfico aéreode personas y de mercancías en nuestro país. Pero eso

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no significa que sólo se deban atender esos dos grandes aeropuertos.
Precisamente la labor redistribuidora, la labor de intervención del gasto público es esta: es la labor de modificación de las estructuras que no puede ser hecha simplemente por el mercado o por una presión exterior de necesidad tan importante.
Quisiera decirle al portavoz del Grupo Mixto, Partido Andalucista, que agradezco el tono en que ha hecho su intervención. Coincido en gran parte con los temas que ha planteado, aunque no hayamos descendido al tema de las enmiendas.FIN Al representante del Bloque Nacionalista Galego -lamento que no esté aquí- quiero recordarle que Galicia también es una de las comunidades autónomas mejor tratadas en estos presupuestos.
A la representante de Izquierda Unida le indico que es una preocupación de este Gobierno atender las necesidades de la vivienda social y de todo lo que tenga que ver con el suelo, respetando escrupulosamente las competencias autonómicas y las competencias locales que sobre suelo y vivienda existen. Por ello, en los capítulos 6 y 7 de este presupuesto hay 106.000 millones de pesetas -estoy citando de memoria y a lo mejor me equivoco-; es una preocupación que ahí se ve reflejada y que atenderemos en lo posible.
Además, estamos impulsando y planteando políticamente la necesidad de abordar políticas de vivienda entre las tres administraciones actuantes en el Estado. Ese es el buen camino para dar soluciones a aquellas clases sociales que necesitan de la atención del Estado para resolver sus problemas, pero le voy a dar dos datos. Uno: nunca en la historia de este país se han construido y vendido más viviendas que en los últimos cuatro años. Dos: nunca las familias españolas habían tenido que dedicar menos parte de su presupuesto familiar para acceder a la primera vivienda, ya no estoy hablando de la segunda y tercera, que vienen siendo, dentro de clases sociales de tipo medio, cada vez más habituales en nuestro país.
Política de conservación de carreteras. Es evidente que es absolutamente necesaria, y coincido con los planteamientos que hace la representante y portavoz de Izquierda Unida, pero le voy a decir una cosa. Si usted se da una vuelta por Europa, se dará cuenta de que en este momento España no tiene que envidiar ninguna infraestructura europea, que las infraestructuras de carreteras en nuestro país en este momento son absolutamente comparables, en cuanto a su calidad y a su mantenimiento, a las de cualquier país europeo.
Termino. Al representante de Convergència y Unió quiero decirle que nuestro grupo va a votar a favor de las enmiendas 1581 a 1588, ambas inclusive, y de la 1590 a 1593. Y, por supuesto, va a votar a favor de las enmiendas que nuestro propio grupo ha presentado.


El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica -pido a SS.SS., a todos y a todas, que sepan medir los tiempos-, tiene la palabra el señor Segura, por el Grupo Socialista.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señorías, esta sección 17, sin duda alguna, constituye una de las secciones que pueden ser más polémicas como consecuencia de la gran variedad de materias que abarca. De ahí el que en este turno de réplica me sienta obligado a contestar a algunas de las afirmaciones que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular; afirmaciones que voy a intentar compartimentar en cada uno de los entes públicos que dependen del Ministerio de Fomento. En primer lugar, por lo que se refiere a aeropuertos nacionales, en el proyecto de ley podemos leer con absoluta claridad que la inversión prevista en aeropuertos y navegación ascenderá a 236.727 millones de pesetas, con un incremento del 53 por ciento sobre el año 2000. Esta frase no nos dice nada, por una razón. Es suficientemente conocido que AENA se está descapitalizando de forma alarmante. AENA está muy mal gestionada porque, entre otras cosas, sus mecanismos de ingresos financieros se han visto debilitados por la inoperancia que le ha venido caracterizando a lo largo de este último año y medio; inoperancia que aparece reflejada en los medios de comunicación. Un ejemplo. Hay 28 aeropuertos de interés general integrados en la red de aeropuertos de interés general cuyo segundo operador del handling ha salido a concurso hace ocho meses y aún no se ha resuelto. En los aeropuertos de segundo nivel -entrecomillas- el cometido de operador de handling lo realiza la compañía Iberia y constituye uno de los negocios más importantes del grupo Iberia. El ingreso financiero derivado de la explotación del handling se ha quedado detenido en el tiempo porque ha ido experimentando prórrogas. La estructura aeroportuaria concebida como centros comerciales al lado de los cuales aterrizan aviones se ha puesto de manifiesto que ha fracasado, y como consecuencia de ese fracaso, Aena, para financiar ese proyecto de inversiones, va a tener que acudir prácticamente a un 60 por ciento de créditos financieros, es decir, se va a tener que endeudar. No recibe una peseta de los Presupuestos Generales del Estado, pero para poder mantener ese endeudamiento y las previsibles inversiones, se ve obligada también a incrementar las tasas aeroportuarias, como vienen incrementadas en el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, en unas cuantías muy notables, a lo que se podría aceptar de acuerdo al IPC previsto. La tasa de aproximación aeroportuaria, la tasa de aparcamiento de aeronaves, la tasa de seguridad aeronáutica, en fin, un conjunto de tasas que son del orden de una docena, diferenciadas según sus distintos cometidos, se ven incrementadas espectacularmente para proporcionar recursos financieros a los aeropuertos.


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Señor López-Amor, el sistema aeroportuario canario experimentó en los diez últimos años de Gobierno socialista un crecimiento espectacular.
La terminal de los aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote, la terminal internacional del aeropuerto de Gando o el proyecto de nueva área terminal del aeropuerto de Los Rodeos en la isla de Tenerife, que se está ejecutando actualmente, tuvieron esa gestión y las consignaciones presupuestarias de aquella época. Pero no es cosa de mirar hacia atrás. En las islas, tanto en las Baleares como en las Canarias, la inversión aeroportuaria es un principio de absoluta solidaridad, pero le voy a decir más, no sólo de absoluta solidaridad, sino también de absoluta justicia, porque son las únicas puertas de entrada y salida en cada una de las islas. Y los aeropuertos de Tenerife y de Gran Canaria, ambos, sumados sus recursos financieros, rebasan en mucho -fíjese lo que le digo- los ingresos de Barajas y los ingresos del aeropuerto de El Prat; rebasan en más de 35 millones de pasajeros y de usuarios en el año. Luego son autosuficientes teóricamente, y hay un flujo financiero, en un esquema de solidaridad al que este diputado no se opone en absoluto, hacia un proyecto común. De ahí la enmienda que nosotros hemos presentado, enmarcada en una serie de peticiones de inversiones en otros aeropuertos que requieren de esa solidaridad, como, por ejemplo, el aeropuerto de Zaragoza, para el que demandamos 1.000 millones de pesetas en un planteamiento de una plataforma logística en un área geográfica llamada a jugar un importante papel complementario o intermedio entre la plataforma logística catalana, situada en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat y de la zona franca vinculada al puerto o el área geográfica del aeropuerto de Barajas, que van a integrar un triángulo muy positivo. Y en esa enmienda nosotros planteamos también 1.000 millones de pesetas para el nuevo campo de vuelos del aeropuerto de Gando y para el del aeropuerto Reina Sofía, que antes expuse con absoluta claridad y rotundidad.
A nosotros nos preocupa el avance de las políticas aeronáuticas en la Comisión Europea, que impulsa una política de cielo único en Europa y una política de espacios aéreos liberalizados para poder competir con los flujos aeronáuticos procedentes de Iberoamérica y de América del Norte, que en Europa vienen demandando no solamente los países de esas áreas geográficas, sino también las propias compañías, para encontrarse con una política de cielos abiertos que les permita la libre actuación comercial, y nos preocupa que España se vaya a ver obligada por la normativa que en estos momentos se está elaborando.
Ello va a requerir una serie de mecanismos de ayuda a la navegación, de potenciación de programas de investigación y de nuevas tecnologías para sustituir, por ejemplo, en lo que a localización de aeronaves se refiere, la tecnología vinculada al GPS norteamericano o al Glonass ruso. La Unión Europea está impulsando el proyecto Galileo y el programa Egnos, para el que no hay suficiente dotación presupuestaria. Esto, en lo que se refiere a la estructura de AENA.


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, le ruego que mida el tiempo, por favor.


El señor SEGURACLAVELL: Sí, señor presidente.
En segundo lugar, el sistema portuario. Antes hice una referencia suficiente al respecto. Permítame que le enseñe la portada de un periódico quincenal español muy importante especializado en temas de transporte, Transporte XXI. La portada y la página interior correspondiente lo ponen de manifiesto. Dicen así: Las liquidaciones impugnadas por las empresas contra las tarifas de los puertos alcanzan los 30.000 millones de pesetas. Se ha creado una asociación de operadores portuarios en toda España reclamando en estos momentos más de 200.000 millones de pesetas. Treinta mil millones son los que ya han sentenciado los tribunales en contra de las autoridades y los operadores portuarios demandan más, luego comprenderán que estemos exigiendo una ley específica de financiación de los puertos españoles. En una contestación que dio a este diputado el presidente del ente Puertos del Estado anunciaban que en el primer trimestre del año próximo presentarán ese proyecto de ley que se debería haber presentado ya.
En el área de infraestructuras de carreteras, el Gobierno pretende llevar a cabo con el modelo alemán -que es un modelo con el que no nos sentimos identificados- ante la situación de equilibrio presupuestario que impregna el proyecto de ley del año 2001, actuaciones inversoras en un listado que obviamente no le voy a leer ahora pero lo tengo aquí. Con ello se adelantaría dinero privado, financiado por las entidades financieras a las que se dirijan las constructoras beneficiarias de los concursos que se cargarán en presupuestos próximos e irán también en los hombros de los usuarios de las carreteras. De ahí que le adelante que el Grupo Parlamentario Socialista va a producir próximamente un debate, que pretendemos sólido, tanto en Comisión como en Pleno, sobre autopistas de peaje y mecanismos diferenciadores de lo que constituye una actitud política del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo es posible que se ponga en marcha un mecanismo de cofinanciación de la obra pública sin que exista el marco jurídico que ampare ese mecanismo? El Gobierno lleva casi dos años prometiendo una especie de ley marco de financiación de la obra pública. Suponemos que vendrá algún día, pero, tal como prevé el proyecto de ley, ejecutar obras al amparo de una norma que no existe presenta la indefinición y la inseguridad jurídica a que hemos hecho referencia.


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La política de infraestructuras ferroviarias -y con ello termino- sin duda alguna será objeto de debate en comisiones próximas; pero son muchos los estudios que se encargan, muchas las ilusiones que se generan y es mucha la responsabilidad del Gobierno español para cumplir la normativa de liberalización del transporte ferroviario (no sólo de mercancías sino también de pasajeros) que viene impuesta por una norma incorporada al ordenamiento jurídico español desde mediados de este año. De ahí que en general estimemos que esta sección 17 tiene unos contenidos modificables en la línea que estamos defendiendo en nuestras enmiendas.
Termino en diez segundos, señor presidente. En lo relativo a política de vivienda, que también es competencia del Ministerio y que el Grupo Parlamentario Socialista ha definido en interpelaciones al Gobierno hace mes y medio aproximadamente, nosotros hemos presentado una enmienda con la intencionalidad de incrementar en 10.000 millones de pesetas la partida presupuestaria correspondiente al programa 431.A, de promoción, administración y ayudas a la vivienda, con el objeto de la subsidiación de intereses de préstamos y otros apoyos para posibilitar el acceso a la misma. Si bien es cierto que la vivienda libre ha experimentado unos niveles de venta excepcionales, también es cierto que no tiene paralelismo en la historia de España el crecimiento desmesurado del coste de la vivienda.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida la señora Urán, tiene la palabra.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Voy a intervenir de manera muy breve, señor presidente.
Hay que recordar al portavoz del Grupo Popular que el hecho de estar en la oposición no significa que tengamos que estar per se en contra de unos presupuestos, de los de Fomento ni de los de ninguna otra sección o del articulado. Sencillamente, señorías, desde mi grupo parlamentario no compartimos los presupuestos que hace el Gobierno, no compartimos su política, y nos vemos en la obligación no solamente de enmendarla, sino además, si no se aceptan nuestras enmiendas, de votarla en contra. Es verdad que este año hay un aumento de las inversiones, no lo negamos, pero desde luego sí les tenemos que negar que desde nuestro punto de vista el aumento de esas inversiones vaya a transformar la situación de nuestro país, del Estado española, o vaya a vertebrarlo. La mayoría de las inversiones, como he dicho en mi primera intervención, se van en grandes inversiones de infraestructuras, que desde luego tampoco van a proporcionar igualdad de movimiento a toda la ciudadanía del Estado, porque, señoría, ni las cercanías ni los trenes convencionales ni los trenes de alta velocidad que pueden ser más asequibles a la mayoría de la población, son precisamente sobre los que el Gobierno está lanzando esta política o está haciendo una mayor inversión. Le puedo poner ejemplos de mi comunidad autónoma.
Según lo que ustedes nos dicen, dentro de unos años, aunque todavía no sabemos cuántos, pero dentro de unos años, si se cumplen las expectativas, tendremos un tren de alta velocidad que permitirá que de Valencia a Madrid se tarde dos horas y poco más o una hora y poco menos de las dos; sin embargo, resulta que todavía los ciudadanos de Utiel, que están a 70 kilómetros de Valencia, tardan hora y pico en llegar a dicha ciudad y no hay ningún tipo de inversión para mejorar esas condiciones. Hay gente que va a trabajar a Valencia y tarda una hora y algo. Por tanto, no se está proporcionando igualdad de movimiento a la ciudadanía.
Señorías, no es que el partido que gobierna y el Gobierno hagan esfuerzos, porque no estamos hablando de un presupuesto que pertenezca al Gobierno o al partido que gobierna, pertenece a toda la ciudadanía el esfuerzo, si se hace, lo realiza toda la población en su conjunto, y desde nuestro punto de vista hay un sector mayoritario de la población, el que tiene menos ingresos, que está haciendo más esfuerzos respecto al que tiene mayores ingresos, que desde luego está haciendo menos esfuerzo.
Es verdad que durante estos años se han construido y se han vendido muchas viviendas, pero, señorías, viviendas de renta libre no de promoción pública, aquella que puede estar al alcance de la mayoría de la ciudadanía. Hemos vivido una época en la que los tipos de interés han bajado y, por supuesto, han permitido que se pueda acceder a un tipo de vivienda determinado, pero es que los tipos de interés están empezando a subir y el problema está en que entonces será cuando existan dificultades para que determinadas familias puedan seguir pagando su vivienda. Además, señoría, no va a ser posible que y sectores amplios de la población puedan seguir accediendo a la vivienda, a la primera vivienda y a una vivienda de calidad si no se hace una apuesta clara y concreta por la vivienda pública. Desde luego, señoría, yo no niego que el Gobierno tenga voluntad política de atender esas necesidades de vivienda, pero lo que sí dudo, después además de la última modificación que está en trámite en esta Cámara de la Ley del Suelo, es que sean ustedes totalmente respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Les recuerdo el texto del real decreto-ley.
En cuanto a conservación de carreteras, ustedes utilizan muchas veces en esta Cámara el argumento de la modernidad y de ponernos a la altura y al nivel del resto de los países de la Unión Europea. En alguna ocasión a mí me gustaría que desde este Estado se dijera que estamos por delante y los demás son los que tienen que ponerse a nuestra altura. Desde luego no quiero darme ninguna vuelta por Europa para ver en qué situación

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está la conservación de sus carreteras, me la quiero dar por España y ver que la conservación de las carreteras está a niveles tan óptimos que no haya accidentes por la situación en que está su conservación y que no haya puntos negros donde todos los días tiene que haber un accidente de tráfico.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, el señor Ochoa tiene la palabra.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Con mayor brevedad si cabe que en la sección anterior en la que teníamos ocho enmiendas; en ésta solamente tenemos cinco y las voy a defender? (La señora Urán González: Estamos en el turno de réplica.-Risas.) Perdón, señor presidente, estas horas de la noche no son?

El señor PRESIDENTE: Estamos en la réplica a la sección 17, señor Ochoa.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Perdón de nuevo.
Nosotros simplemente, queremos abundar en la estructuración del país que suponen las vías de comunicación y que creemos que están desatendidas. Insistiremos nuevamente en lo que supone la Y vasca para esa estructuración. Algunas veces hemos comentado que parece ser que el Gobierno ha trazado una diagonal desde Cataluña por el norte de Madrid y todo lo que queda al sureste de esa línea está atendido y con inversiones, y sin embargo lo que queda al noroeste está, valga la expresión, dejado de la mano de Dios y ahí no se están haciendo las inversiones que entendemos necesarias. La conexión del Estado portugués con el resto de las comunidades europeas es absolutamente deficitaria, es exclusivamente por carretera o por unos ferrocarriles obsoletos y tienen que hacer el recorrido Oporto- Lisboa-Madrid para reincorporarse a Europa. Por tanto, reivindicamos aquello que se firmó en su momento en el convenio de Burgos, donde todos los partidos políticos y todas las comunidades afectadas firmamos de buena fe, parece ser, un acuerdo para promocionar el ferrocarril Oporto-frontera y para conectar a su vez la frontera de Irún con la meseta, con Madrid y con Portugal y desde el punto intermedio acceder a Galicia. Esas inversiones no se inician y nosotros insistimos, y es la parte más importante de nuestras enmiendas, en esa conexión de los territorios, en esa mejora de sus comunicaciones, que redunda inmediatamente en mejora de su economía. Insistimos en la Y vasca y en la consecución del vial Urbina-Vitoria-Gazteiz-Eibar, que supone la culminación de dos itinerarios europeos que sirven para cohesionar ese territorio, y perdón por el empleo consecutivo de esta palabra, pero es nuestra obsesión, unir la meseta con el Cantábrico y el Cantábrico con la meseta y a su vez con el Estado francés y las comunidades europeas.
Por tanto, en honor a la brevedad no vamos a insistir más, pero sí queremos dejar bien claro que nuestra idea no es solamente una mejora puntual del entorno dentro del País Vasco sino la interconexión con obras que favorecen a otras muchas zonas del Estado español y también a la mejora de la economía en su conjunto por la conexión con las comunidades europeas.
Nada más, señor presidente; perdón por mi lapsus inicial.


El señor PRESIDENTE: Ahora le llegará el turno para hablar de lo que usted empezaba a tratar.
Por el Grupo Mixto, el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Solamente para decir al portavoz señor López- Amor que me gustaría que además de coincidir en el método de cómo se aborda la planificación de infraestructuras coincidiéramos en el modelo (desde nuestro punto de vista, no es un modelo radial el modelo de nuestra Península), coincidiéramos en el método de reequilibrio territorial imprescindible para conseguir condición homogénea y competitividad y por tanto dónde hay que invertir y cuánto y coincidiéramos en el esfuerzo que hay que hacer en este momento. A lo mejor así coincidiríamos en las enmiendas. Como no coincidimos en las enmiendas, al menos le agradezco sus palabras respecto a la coincidencia del método.


El señor PRESIDENTE: Señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Intervengo brevemente para dar dos pinceladas, porque aquí se handicho algunas cosas que son interesantes. El señor Segura ha esbozado una teoría impositiva verdaderamente interesante, yo no sé si en coincidencia con la doctrina de su partido en estos momentos. Ha venido a decir: súbanse los impuestos para bajar las tasas o, dicho de otra manera, como las tasas son muy altas, suprímanse y páguese el servicio de los aeropuertos con una subida de impuestos. (El señor Segura Clavell: No, no, ¡qué va!) Mire usted, las tasas, figura denostada por algunos sectores de la población, es una figura que yo he venido defendiendo históricamente, y es una figura tremendamente progresista. Las características de una tasa básicamente son dos: una, que haya una demanda individualizada por parte de quien se le presta un servicio (quiero que se me preste ese servicio), y dos, que tiene un beneficio derivado de esa demanda. Luego si tiene un beneficio perfectamente

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identificable y es un beneficio derivado de una demanda previa, es evidente que debe repartirse ese beneficio, porque el operador público que le da ese beneficio debe tener un retorno individualizado. Sería verdaderamente monstruoso y regresivo, y yo sé que usted es un verdadero progresista, que se financiara vía impuestos.
Es verdad que la tasa tiene un límite cuantitativo por arriba, no lo tiene por abajo y como no ha llegado siquiera a ese límite cuantitativo por arriba, evidentemente tiene que ir creciendo a pesar de que está muy alejado del beneficio que tienen las aeronaves por aparcar en los aeropuertos o por la prestación de un servicio de handling, etcétera. En cualquier caso, yo le diría que no siga usted por ese camino, las tasas hacen que las aeronaves, en definitiva los consumidores paguen aquello que solicitan, de lo que se benefician y que no sea trasladable al resto de los ciudadanos.
Luego ha dicho que en este presupuesto se presta poca atención a programas como el Helios. Usted debe buscar en los presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para ver qué hay sobre el programa Helios, porque es el Ministerio correspondiente para tratar de programas de satélites.
No quiero extenderme más, únicamente debo decir que se hace un esfuerzo importante y con esto quiero contestar también con una pincelada a lo que ha dicho la representante de Izquierda Unida. Mi grupo no permite que haya un monopolio de preocupación social por parte de su grupo y excluyente hacia los demás. Ustedes, evidentemente, se preocupan de la vivienda social, pero no más que el Grupo Mixto, ni más que el Grupo Popular, ni más que el Grupo Socialista. Nosotros lo traducimos en hechos, porque tenemos la responsabilidad de Gobierno, como antes lo han hecho gobiernos de otro color. En este país se han vendido más viviendas libres que nunca en la historia, pero también es verdad que han hecho falta menos viviendas públicas que nunca, y ello ha sucedido por dos razones que no han venido del cielo, que no han llovido como el maná, por una razón que nadie controla y que nadie conoce. Han venido fundamentalmente porque ha habido una actividad económica, ha habido una actividad financiera del Estado que ha permitido también una actividad económica y que se ha sumado a un clima de bonanza económica general que ha hecho disminuir las tasas de paro a niveles absolutamente desconocidos en nuestra democracia. Ese empleo generado ha permitido a los empleados, a los que han ocupado puestos de trabajo, acceder a la primera vivienda gracias a que la actividad económica y los presupuestos equilibrados que el Gobierno del Partido Popular ha ido presentando han permitido unos niveles de inflación controlados y además unos niveles de intereses bancarios, de intereses financieros absolutamente desconocidos.
No se preocupe usted porque, evidentemente, los intereses no son fijos, los intereses fijos los dejamos para el franquismo; aquí suben y bajan, pero la banda de fluctuación va a ser mínima. Y si usted me dice que hay familias que se encuentran pilladas por este nivel de subida de tipos de interés le señalaré que, cuando menos, han hecho una compra al límite. Me tendrá usted que reconocer que es una compra al límite, porque si por cada millón de pesetas de préstamo bancario a una persona le suben del orden de 2.000 pesetas de intereses mensuales, muy al límite ha tenido que ir para encontrarse pillada hoy una familia española por 2.000 pesetas al mes.
Por tanto, no crea que ese mundo ideal de buenos y malos, de ricos y pobres existe en la realidad; ahora existe un mundo mucho más complejo. Es un mundo en donde existen tipos de interés, existe inflación, existe la Unión Europea, existe un euro, existe un Banco Central Europeo, existen muchas otras cosas, y todo eso configura una radiografía de este país, que es radicalmente distinto, mucho más rico y mucho más plural que el derivado de un análisis simplificador de la realidad. Con eso no le quiero decir más de lo que le he dicho anteriormente, que la política de vivienda en este presupuesto se ve ampliamente reforzada; que se ve reforzada con una voluntad por parte del Gobierno y por parte de nuestro grupo que es mayoritario en esta Cámara, de ser tremendamente respetuosos y escrupulosos con las competencias autonómicas. Pero ¡cómo un grupo parlamentario no va a ser respetuoso con algo que está en la ley, con los estatutos de autonomía! Eso va de suyo. Evidentemente, nosotros tenemos que respetar la ley, los miembros de esta Cámara y los grupos parlamentarios de esta Cámara somos los primeros obligados a respetarla. Por tanto, vamos a respetar esas competencias autonómicas y locales en materia de vivienda, y no quiero entrar en otras cosas que ha dicho porque creo que sería abundar en más de lo mismo.
Una vez más, quiero agradecer al representante del Grupo Andalucista su intervención. Si antes de presentar sus enmiendas hubiera hablado con nuestro grupo no sólo hubiera coincidido en el fondo sino también, estoy seguro, en la forma.


El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de la sección 17, abrimos el último bloque de discusión, la sección 23, Medio Ambiente. Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Esta sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, tiene un presupuesto de gastos que supone, nadie lo duda, el 10 por ciento más que el presupuesto del año 2000. Eso es indudable; lo que sucede es que cuando uno profundiza en el análisis de este presupuesto se encuentra con algunas sorpresas y con algunas dudas muy razonables sobre el

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gasto del propio presupuesto, porque si en 1999 el presupuesto del Ministerio no fue ejecutado en su totalidad sino que se quedó en el 85 por ciento, y partiendo de que en este 85 por ciento están incluidos los gastos de personal y los gastos corrientes, por mucho que en este momento se plantee un incremento global, la actitud y la actividad política del Ministerio no han variado en absoluto respecto de lo que sucedía en la legislatura anterior con otra ministra, entre otras cosas por un elemento fundamental y es que (salvo que tengan los señores del Grupo Popular datos e informaciones mejores que los nuestros, que seguro que los tendrán, ya que disponen de ese fenómeno del que nosotros no disponemos, que es la mejor información, a pesar de que se reiteran y no lo cumplen) a 31 de agosto hemos observado que en su presupuesto de gastos las obligaciones reconocidas en función de los créditos totales se situaban en el 38 por ciento, cifra similar a la que existía el año pasado en las mismas fechas.
Digo que esto tendrían que contradecirlo el propio Grupo Popular y el Gobierno en razón a que pese a que las comparecencias de presupuestos están destinadas a conocer con detalle por qué razón se hace un determinado tipo de presupuesto, qué tipo de proyectos y de obras se incluyen en el mismo, qué financiación tiene cada una de dichas obras, este diputado y este grupo no han tenido la suerte de otros diputados del Grupo Socialista que han recibido información sobre todo aquello que se preguntó a los diversos altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente sobre ejecución presupuestaria, desarrollo de proyectos y articulación de los planes que había tanto en saneamiento y depuración como en todas aquellas perspectivas que había de inversión en las cuencas correspondientes y en las sociedades de agua. Sin esos datos, la verdad es que se hace un poco difícil afrontar el debate de un presupuesto que se conoce parcialmente, de ahí que la calificación que nosotros hacemos de este presupuesto como y de falto de transparencia, esté perfectamente justificada. No vale decir que en el anexo de inversiones reales figuran los proyectos. Por supuesto que figuran los proyectos, pero algunos, porque cuando en el anexo de inversiones reales, uno analiza las actuaciones en saneamiento y depuración, se encuentra con que de los 27.465 millones de pesetas consignados en este programa, casi el 50 por ciento de los mismos son partidas globalizadas, partidas que no tienen definidos los proyectos ni las cuantías a invertir en el año 2001 en esos proyectos determinados.
Si dentro de ese mismo presupuesto se analiza el programa de gestión e infraestructura de recursos hídricos, de los 55.000 millones de pesetas consignados para otras actuaciones de reposición e infraestructura hidráulica en varias provincias, algo más de 34.000 millones de pesetas vienen consignados en partidas globalizadas, comprendidas en cada una de las cuencas de este país, sin saber dónde se van a invertir. Eso introduce serias dudas sobre el tipo de proyectos, la cuantía de esos proyectos, la anualidad de esos proyectos y el programa plurianual en el que esos proyectos tienen que venir definidos.
Si cogemos el programa de parques nacionales, nos encontramos con algo similar. De los 17.000 millones de pesetas que van consignados en el conjunto de los parques nacionales para la gestión, conservación y mantenimiento de los parques nacionales, no hay una cantidad concreta y específica destinada a cada parque nacional.
Todo eso trae consigo que este grupo tenga serias dudas sobre el destino, la intención y la razón de esos recursos. Nos tienen acostumbrados en otros ministerios, en otras actividades de los departamentos, a que prime más el destino de esos recursos a iniciativas o proyectos vinculados a instituciones, comunidades o ayuntamientos del Partido Popular que a aspectos de interés general.
Este presupuesto reincide, como en años anteriores, en el uso de 47.000 millones de pesetas para adquisiciones patrimoniales. Me imagino que en este caso concreto irán destinados a dos sociedades de agua, como son la sociedad de agua del Norte y la sociedad de agua del Tajo que no están constituidas, no están creadas. No sabemos por qué estas dos sociedades siguen pendientes de su constitución, porque creo que el mismo problema que hubo para crear las otras han debido tener éstas, no creo que hayan tenido ningún problema especial. Si hacemos caso a la rumorología, a la que no se debe hacer excesivo caso pero sí tener en cuenta, parece que los problemas que puedan dar esas confederaciones dentro de la propia dirección de la confederación ponen de manifiesto que no hay una voluntad especial porque no se confía en la gestión de estas sociedades de agua, como de hecho sucede con el resto de las sociedades de agua que existen en España.
Aquí, quisiera destacar un tema. Estas sociedades de agua se han llevado, desde que se crearon en 1997, la cifra de 195.000 millones de pesetas, a cuya cifra hay que añadir los 47.000 millones de pesetas para el próximo año 2001. Estas sociedades de agua, de acuerdo con el anexo de inversiones reales que figura en presupuestos y que no está pormenorizado, van a gastar en el año 2001, para proyectos iniciados antes de 2000 y a iniciar en 2001, 155.000 millones de pesetas. Con estas sociedades de agua sucede una cosa y es que las fórmulas de financiación no tienen nada que ver con lo que ha sido la financiación tradicional de la obra pública hidráulica en este país, porque están obligando a los usuarios del agua a depositar el 50 por ciento previamente al inicio de la obra y a devolver el otro 50 por ciento en cómodos plazos en función del tipo de obra.
¿Qué es lo que sucede con esta fórmula de financiación? Que dependerá de la capacidad económica de los

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usuarios el que se haga una obra o no se haga. Por tanto, quien tenga capacidad económica para hacer frente a ese depósito previo podrá hacer la obra y el que no la tenga se quedará sin obra. Quien no tenga recursos va a tener muy complicado hacer una determinada presa, un determinado embalse, una determinada actuación de acondicionamiento, abastecimiento, saneamiento, y quien los tenga sí lo podrá hacer. Esa filosofía que se plantea desde estas sociedades de agua y desde este Gobierno no la aceptamos, no la asumimos, sino que la rechazamos y criticamos.
Curiosamente, en este presupuesto también se recupera la fórmula del abono total del precio de la obra a la finalización de la misma; es decir, el método alemán, que, de acuerdo con los datos de que disponemos, va a suponer que 26.000 millones de pesetas se abonarán en posteriores ejercicios económicos. Esta fórmula, que deriva hacia ejercicios presupuestarios posteriores el abono de las cantidades adeudadas, constriñe, limita y evita que en cada ejercicio se produzca la inversión necesaria para atender las necesidades que se vayan produciendo conforme va pasando el tiempo.
Además, según nos dijo el secretario de Estado de Aguas, este presupuesto plantea la obtención de una financiación de 140.000 millones de pesetas de la Unión Europea. No sabemos a qué proyectos van destinados; pensamos que esos proyectos pueden estar presentados en Bruselas, pero no sabemos de qué tipo son y cuando se les ha pedido que nos informen han dado la callada por respuesta. Lamento que sea este Ministerio, por lo que se ve, me ha tocado a mí la china, ya que en otros la información ha sido más caudalosa, más detallada. Aquí parece que el Ministerio no tiene muchas ganas de posibilitar que nos enteremos de a dónde van los dineros.
En política de costas sucede una cosa curiosa. Sin lugar a dudas, el Grupo Popular nos va a decir que se incrementa la aportación y efectivamente se incrementa, pero, de todas las inversiones que hay previstas, de uno, dos o tres millones de pesetas, hay una que sube mucho, de cuatro mil ciento y pico millones de pesetas; como es una obra hecha según el modelo alemán, hoy se paga lo que se hizo en los tres años anteriores y eso engorda, por así decirlo, la inversión, pero, como digo, al analizarla, uno se da cuenta de que la inversión del año 2001 va a ser un 3 por ciento inferior a la del año 2000.
Después vienen diciendo que se está incrementando la inversión en costas.
Si vamos a políticas de protección del medio ambiente y de protección del medio natural, de los 446.000 millones de pesetas, el 10,4 por ciento se destina a los programas que están enmarcados en ambas políticas. Si eso es una base fundamental y necesaria para que desde el año 1996 nos vengan diciendo que existe un Ministerio de Medio Ambiente, que es la gran novedad en el Gobierno del señor Aznar, permítanme que les diga que nos están tomando el pelo, porque si es importante el agua, el medio ambiente y su gestión, si es importante la costa, el medio ambiente y su gestión, también lo son importantes en medio ambiente todos aquellos programas y actuaciones encaminados a la protección del medio ambiente y del medio natural. Como quiera que el medio ambiente es una faceta importante en la política global de la Unión Europea y en la preocupación de este mundo respecto a su futuro, al futuro de nuestra calidad de vida en los próximos decenios, uno no acaba de entender que en un presupuesto de este tipo se produzca tanto desequilibrio entre la gestión del agua y la gestión de otras políticas medioambientales y de protección de la naturaleza, que tienen que ver con el desarrollo de programas (Red Natura 2000, Agenda local XXI, el problema de la biodiversidad, el cambio climático, descontaminación de suelos). Es decir, hay toda una serie de facetas que, cuando uno analiza el presupuesto, ve que se encuentran infradotadas y desequilibradas respecto a la gestión del agua. Si a la inversión prevista en el Ministerio para políticas de agua añadimos lo que en teoría deben hacer las sociedades de agua, que no acaban de hacer definitivamente, nos encontramos con que el desequilibrio entre un área y otra del Ministerio de Medio Ambiente es muy importante, y nos ha obligado a presentar una enmienda de totalidad, con la que pretendemos decir al Gobierno que esta forma de llevar a cabo las políticas ambientales en nuestro país es la menos adecuada, la menos correcta y la que menos coincide con la preocupación medioambiental que dimana de la Unión Europea. A nosotros se nos va a forzar a llevar a cabo actuaciones para hacer frente a todos los problemas relacionados con el cambio climático, con la desertificación, con la conservación de la biodiversidad, con la gestión más eficiente y racional del agua, con la protección de nuestros montes, es decir con todos aquellos temas que afectan a la calidad de vida y a la vida de las personas en el futuro.
Desgraciadamente, estos presupuestos no van a hacer frente a los problemas que se derivan de su no contemplación.
Hemos presentado una serie de enmiendas parciales que hacen referencia específica a muchos de los aspectos que aquí se contemplan y que tienen que ver con el dominio público hidráulico, para el que establecemos una dotación más amplia, que nos gustaría que el Gobierno aceptara. El dominio público hidráulico es una preocupación que se discutió en esta Cámara durante mucho tiempo y parece que llevarla a cabo ha sido una iniciativa de este Gobierno, pero la verdad es que la inversión para ponerla en marcha sigue siendo poca.
A lo mejor luego me vienen diciendo, como me dijeron el año pasado y hace dos años, que han revisado no sé cuántos kilómetros de cauces, que han hecho no sé cuántos kilómetros de costa y muchas cosas más, pero a la hora de la verdad cuando uno se da una vuelta

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por el conjunto del Estado las conclusiones de estas actuaciones no tienen nada que ver con la realidad que encuentran en cada momento.
Hemos planteado también una serie de enmiendas encaminadas a concretar el destino de recursos a los parques nacionales. Pensamos que cada parque nacional tiene que saber lo que puede gastar. El Ministerio tiene que programar cuál es la gestión del parque, cuál es la fórmula para su conservación y cuáles son los elementos de inversión de los parques, pero se debe pensar qué es lo que puede gastar cada parque. Si eso no se hace, me temo que esta Cámara va a tener muy difícil -debido a la facilidad con la que se nos suministran los datos- conocer qué tiene que hacerse en cada parque y por qué razón se hace.
También planteamos otro capítulo destinado al dominio público marítimo terrestre, faceta en la que me gustaría que ustedes fueran sensibles, puesto que si de boca lo dicen, la realidad no viene contemplada en estos presupuestos. Deberían aceptar aunque sólo fuera esta enmienda de 2.000 millones que planteamos, porque aceleraría aquellas actuaciones que hay que llevar a cabo en nuestras costas.
Igualmente presentamos una enmienda que ciframos en 15.700 millones de pesetas para actuaciones en las costas españolas, que tienen mucho que ver con las restauraciones ambientales, el tratamiento de aguas residuales urbanas, con los aprovechamientos y con el registro y catálogo de aguas privadas, es decir, actuaciones que pretenden conseguir que la calidad y el conocimiento de nuestras aguas sea cada vez mayor.
En nuestras enmiendas presentamos también una propuesta para hacer frente a la protección del medio natural, y para ello pedimos que se transfieran a las comunidades autónomas 15.325 millones de pesetas.
¿Con qué destino? A pesar de que figura en el texto de la enmienda, es bueno recordarlo, porque pone de manifiesto la sensibilidad que tenemos nosotros, como grupo, con aquellos temas que hemos escuchado en las comparecencias de este Gobierno, pero que no vemos suficientemente dotados, o están infradotados o no existen, en los presupuestos de este año 2001. Para el Plan nacional de residuos peligrosos nos gustaría que hubiera otros 2.000 millones más; para el Plan nacional de descontaminación de suelos otros 1.325 millones más; para el Plan nacional de residuos sólidos urbanos 3.000 millones de pesetas más; para la lucha contra el cambio climático 4.000 millones de pesetas más, (al fin y al cabo, ustedes consignan 300), y para la Red Natura 2000, que ustedes no contemplan, 2000 millones. Bueno, no es que no lo contemplen, lo contemplan en la literatura. Cuando uno coge el documento de cada sección, de cada Ministerio y analiza los objetivos que se pretenden alcanzar con estos presupuestos, ve que todos estos temas que configuramos en las enmiendas están comprendidos en este texto. Lo de escribir es barato, pero lo que no es barato es poner encima de la mesa los dineros suficientes para cumplir lo que se escribe. Ustedes en este caso concreto, lo de la Red Natural 2000 o el desarrollo de la Agenda XXI, han puesto muy poco o nada. Toda la estrategia para la conservación de la biodiversidad a la que indudablemente tienen consignada alguna cantidad tiene que estar mejor dotada.
En definitiva, señor presidente, con esta enmienda a la totalidad de devolución pretendemos que el Ministerio reestudie el presupuesto.
Sabemos que no va a prosperar porque el poder de los votos que democráticamente ha obtenido, como es lógico, va a evitar que esta enmienda salga adelante, pero nos gustaría que el Grupo Popular, en lugar de respondernos con algún comentario, que esperemos que no sea improcedente, fuera sensible a las enmiendas que nosotros planteamos, porque muchas de ellas tienden a completar y a articular lo que desde el Grupo Popular se está diciendo en sus propios discursos. Me gustaría, señor presidente, que cuando podamos salir a defender nuestro medio natural y nuestro medio ambiente está debidamente protegido, las medidas de protección, o están debidamente articuladas, se pueda contar con otros grupos políticos que tienen el deseo y la voluntad de aquellos aspectos necesarios para hacer frente a los problemas que se plantean ahora y en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado también una enmienda de devolución a la Sección 23 del Ministerio de Medio Ambiente, y casi podría remitirme a la lectura de la defensa de la enmienda de totalidad de los presupuestos del año pasado para este año, para el año 2000, porque prácticamente son un calco de lo que fueron aquellos presupuestos y casi nos obliga a tener que utilizar los mismos argumentos.
En cuanto al Ministerio de Medio Ambiente, lo decía antes el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, si sopesamos la inversión que se hace en obra hidráulica, o en costas, o en depuración de aguas, que no decimos que no haya que hacerla, con respecto a lo que es la protección del medio ambiente, de la biodiversidad o del medio natural, la balanza siempre se inclina, sobre todo desde nuestro punto de vista, hacia aquellas obras que nuestro grupo parlamentario considera que son de gran impacto ambiental y desde luego que tienen poca rentabilidad social y que no van a proteger o mejorar el entorno o el medio natural, como tendría que ser en todo caso las funciones más específicas de este Ministerio. Pero hay algo que a nosotros nos parece que es bastante grave. A pesar de la inversión

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que se hace en depuración de aguas residuales o en saneamiento, sabiendo que son competencia de las comunidades autónomas pero que tenemos que cumplir una directiva europea y que ha dado unos determinados plazos, las obras que se están haciendo en depuración, según consta en el anexo de inversiones, en la mayoría de las cuencas o en la mayoría de las comunidades autónomas donde se tienen comprometidas la construcción de estas depuradoras, este año o se han ralentizado, o se han paralizado, o desde luego no se acometen con la rapidez que sería necesario, y tampoco queda claro que se vayan a utilizar las medidas necesarias ni la construcción adecuada e idónea para que las aguas se puedan reutilizar. De ahí que una de las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario, además de la enmienda de devolución, sea la de mejorar el tratamiento de las aguas residuales para que estas puedan ser reutilizadas y en algunas zonas que son deficitarias de recursos hídricos podamos paliar ese déficit en alguna medida.
Bajo nuestro punto de vista, señorías, en los presupuestos que presenta el Ministerio de Medio Ambiente se siguen notando verdaderas deficiencias. Las inversiones que se tendrían que estar planteando, teniendo aprobado un Plan nacional de residuos, siguen siendo escasas para que, junto con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, se pueda llevar a cabo no solamente ese Plan nacional de residuos peligrosos, sino también el de suelos contaminados y se puedan poner en marcha los planes que el propio Ministerio tiene comprometidos, no solamente con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, sino también con la Unión Europea.
Sí se hacen otro tipo de inversiones que, bajo nuestro punto de vista, no son precisamente respetuosas con el entorno. Nos referimos, en concreto, a la regeneración de playas. Se está utilizando un sistema de regeneración de playas que se limita, en la mayoría de los casos, a hacer aportes de arena que en el momento que viene un temporal se las lleva, que tiene un gran coste económico y medioambiental, a pesar de que todavía no se han hecho públicos determinados estudios que así lo aseguran.
No hay un equilibrio que ponga en práctica la protección del medio natural y de la biodiversidad. Así, señorías, en los presupuestos se siguen sin aumentar las partidas presupuestarias necesarias para que esto se pueda llevar a la práctica. Uno de los factores que tendrían que conducir a restablecer equilibrios hidrológicos, mejorar los entornos de los cauces de los ríos, es el deslinde del dominio público hidráulico. Este año hemos avanzado y el secretario de Estado de Aguas y Costas ya reconocía que sí había inversión, cosa que no se reconocía en la legislatura pasada, pero esta sigue siendo no solamente escasa sino que además siguen figurando en los presupuestos las mismas cantidades que hace tres años: los mismos kilómetros, las mismas cantidades, los mismos mapas; todo está exactamente igual, es como si no se hubiera llevado a la práctica ningún tipo de actuación. Eso también nos ocurre en costas y esta diputada, en la comparecencia del secretario de Estado de Aguas y Costas, se quedó un poco asombrada cuando él nos dijo que en costas tampoco hacía falta una gran cantidad de inversión porque, a pesar de que quedaban muchos kilómetros de costa por deslindar, eran las que menos presión urbanística tenían y las que estaban en mejores condiciones y no corrían prisa. Por tanto, señorías, esto no es precisamente lo que tiene que llevar a la práctica el Ministerio de Medio Ambiente, sino todo lo contrario: acelerar los procesos que permitan la conservación y que nos permitan llevar a la práctica lo que se supone que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente.
Pero es más, seguimos planteando que las partidas previstas para los parque nacionales siguen sin tener una claridad de inversión, en cuanto a qué proyectos se van a llevar a cabo en cada parque. Además, es necesario que haya un aumento para que se puedan prever y aumentar las partidas presupuestarias para el personal, ya que sigue habiendo una gran escasez de personal de vigilancia y de mantenimiento y para que se puedan aumentar los fondos para adquirir los terrenos y compensar a la población. Señorías, y eso lo hemos reconocido en todos los ámbitos, es necesario que se compense a las poblaciones que están afectadas por los parques nacionales para que no pierdan poder adquisitivo y puedan seguir llevando a la práctica sus actividades sin ver mermadas sus posibilidades de renta o su capacidad de vida.
Es totalmente necesario, aunque sabemos que no es solamente competencia del Ministerio de Medio Ambiente, que haya un programa nacional del clima, pero este Ministerio tiene que ser el motor que lleve a la práctica un programa que impida que sigamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y que se puedan cumplir los compromisos adquiridos en Kioto. A la velocidad que llevamos en aumentar las emisiones de estos gases, señorías, aunque tardemos algún tiempo en ratificar el protocolo de Kioto, aunque tardemos mucho tiempo en que se pongan de acuerdo para poderlo ratificar, nosotros estaremos ya en unos niveles que no nos permitirá reducirlo en un breve plazo de tiempo. Es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente cumpla la función para la que debió ser creado, y que se preocupe del entorno y no solamente de hacer obras hidráulicas, sino de la situación en la que están los ríos, las cuencas fluviales y algunas zonas que necesitan una regeneración rápida y que se debe llevar a la práctica.
Tengo la obligación de hacer mencionar a una enmienda de mi grupo parlamentario que ya viene siendo tradicional, porque ni se lleva a la práctica ni se le

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dota económicamente, y es la regeneración de la bahía de Portman.
Señorías, esto ya es todos los años, uno tras otro, reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente ponga los recursos necesarios para que, además de que pueda recibir fondos de la Unión Europea, se pueda recuperar esta bahía que es foco de contaminación en la zona en la que está, en la zona de Cartagena, en Murcia; es un foco de contaminación, y no estamos hablando de una contaminación de aguas fecales ni de una contaminación de cualquier otro tipo que se puede diluir o tardar algún tiempo en recuperar, sino de contaminación de metales pesados, de una contaminación grave. Cuanto más tiempo se deje pasar, además de que se puedan perder los fondos europeos, va a ser una zona irrecuperable y a perder la posibilidad de que se puedan utilizar las zonas de aguas aledañas a la bahía.
Señorías, tenemos muchas enmiendas presentadas que hablan de la regeneración de borde litoral, y no se confunda con la regeneración de playas que no tiene nada que ver; la regeneración de borde litoral es una cosa y la reposición de arenas de playas es otra.
Estamos hablando también, señorías, y para terminar, de algo que nos parece muy importante, ahora que está empezando el debate del Plan hidrológico nacional y se habla de las necesidades hídricas de determinadas zonas. El Ministerio de Medio Ambiente tiene también la obligación, aunque sea competencia de comunidades autónomas y de ayuntamientos, de favorecer y de poner al alcance de éstas, de los ayuntamientos y de las comunidades de regantes, los recursos económicos necesarios para que las comunidades de regantes puedan mejorar y modernizar sus regadíos para que puedan ahorrar agua y para que las empresas municipales, que tienen la contrata del suministro de agua, puedan mejorar sus redes de conducción y se deje de perder hasta el 50 por ciento del agua, como se pierde en algunas zonas debido a las redes de conducción. También mi grupo parlamentario ha incluido enmiendas que van en este sentido, para que se pueda, no solamente hablar de grandes obras de infraestructura, sino de obritas o de pequeñas obras que pueden mejorar no solamente el ahorro energético, sino también el suministro que se le concede a los ciudadanos como suministro urbano, y a los regantes, que no solamente les va a permitir ahorrar agua sino también un ahorro económico por el precio que tiene en estos momentos el agua.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Ochoa.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: El Grupo Parlamentario Vasco ha tenido ocasión en su momento de explicar al señor ministro de Medio Ambiente su preocupación por el consumo desmedido y galopante de agua, por la prácticamente nula o insuficiente investigación hidrogeológica en el país; por la persistencia de regadíos de inundación de la época de los árabes que aún siguen funcionando; por la proliferación en este momento de regadíos piratas, que están rebajando sensiblemente los niveles freáticos con problema de salinización superficial; por la inexistencia de un plan de regadíos que venga a paliar, de alguna forma, esas cuestiones; por el problema de la gestión de costas invadidas por presión urbanística o degradadas por ambientes naturales y no regeneradas; por la situación caótica de los parques nacionales que están convertidos en verdaderos reinos de taifas; por el pobre desarrollo de la Agencia XXI; por el olvido de la adhesión al convenio de Kioto; por la situación de no alcanzar en este momento la normativa europea de saneamiento previsiblemente en los ámbitos y en los horizontes de los años que las comunidades europeas exigen; por la existencia presupuestaria de partidas globalizadas de difícil ubicación y, por tanto, de difícil crítica o conocimiento. Todo eso nos preocupaba, pero, a pesar de ello, no ha habido una enmienda a la totalidad a esta sección por una razón, porque el señor ministro empeñó solemnemente su palabra de honor, prometiendo que iba a actuar en todas estas áreas y que se le juzgase por su gestión y no se hiciese un juicio apriorístico.
Nosotros como vascos entendemos que la palabra de honor es importante y le concedemos ese beneficio al señor Ministro. Por lo que a la espera de lo que este presupuesto da de sí, con esa buena voluntad que ha manifestado el ministro, sólo hemos presentado cinco enmiendas puntuales a la sección.
La primera es la 1011, que busca que se cumpla la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la que se declara obra hidráulica de interés general la E.D.A.R del Alto Deba, y queda defendida en sus propios términos.
En segundo lugar, las enmiendas 1017 y 1021 que son prácticamente iguales. La 1017 pide una actuación medioambiental en la regeneración del litoral en Txorrokopunta (Bizkaia), actuación ya apalabrada y firmada en unos preacuerdos del presupuesto del pasado año que pretendemos que se ejecuten. La 1021 pretende también una actuación en costas para regenerar un punto, concretamente entre la zona de Iñurritza, en Zarautz. Es un biotopo declarado muy importante en el que existe el último cargadero de mineral que queda en la costa norte y que está catalogado como bien cultural. Esa actuación supone la conservación de este cargadero y la adecuación del entorno de la costa. La 1022 y la 1023 se refieren a la actuación costera en la playa de Saturrarán, en Mutriku, por un importe de cien millones de pesetas. Se propone llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mutriku para la regeneración de esta zona, cuya actuación correspondería al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, pero que cumpliría la planificación zonal queexiste. Y la última sería la ampliación del Paseo Marítimo

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de Elantxobe, que también correspondería, según nuestro criterio, a la Dirección General de Costas. Es una zona muy frecuentada por todo el turismo local, de gran belleza y con necesidad de ser regenerada por la actuación que han tenido los embates del mar en la zona. En honor a la brevedad, nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente, voy a dar por defendidas todas las enmiendas de los partidos integrantes del Grupo Parlamentario Mixto y, por supuesto, las del Bloque Nacionalista Galego, respecto de las cuales quiero hacer un breve comentario. Se trata de enmiendas relativas a la regeneración ambiental y no sólo al acondicionamiento hidráulico, que es a lo que se refieren mayoritariamente los proyectos previstos en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente de los ríos gallegos.
También al aumento de las inversiones previstas este año. Igual que señalé antes respecto del Ministerio de Fomento, es curioso como en proyectos a cuatro años y con presupuestos de 2.000 millones de pesetas este año, como en el caso del acondicionamiento hidráulico del río Mero, sólo se van a invertir 100 millones de pesetas, que no da ni para elaborar el proyecto y realizar los levantamientos topográficos necesarios.
Por otro lado, también es necesario urgir (y a eso se dirigen bastantes enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, a esta sección 23) la construcción de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales, de estaciones de depuración de aguas residuales, porque si nuestras informaciones no son erróneas -y pienso que no lo son-, el 1 de enero del año que viene las poblaciones con más de 15.000 habitantes, según la directiva de calidad de agua del año 1997, debieran tener ya sistemas de saneamiento secundario. Pues bien, ni Ferrol ni A Coruña cuentan con este tipo de instalaciones. Son obras declaradas de interés general. En el caso de A Coruña -si los datos no me fallan y estoy hablando de memoria- se prevé acabar la obra, aunque al ritmo de ejecución y con las dotaciones previstas va a ser difícil, en el año 2004. Y en el caso de Ferrol, sería la última de todo el Estado, en el año 2005. Desde luego, esto es para nosotros una situación inaceptable y ejerceremos toda la presión institucional y política de que seamos capaces para corregirla.
También hay actuaciones en la costa, en el litoral gallego de regeneración ambiental, de acondicionamiento de playas, pero en aras a la brevedad y porque no son horas de extenderse enmienda por enmienda, dejo la palabra al siguiente portavoz.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Voy a intentar también ser breve en mi exposición dada las horas en las que nos encontramos. Voy a centrar mi intervención fundamentalmente en las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
En lo que se refiere a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, quería indicar al señor Morlán que he leído detenidamente su enmienda de devolución y los motivos que usted alega, como son el oscurantismo, la falta de definición de objetivos claros e identificables, que se pone de manifiesto en el programa de saneamiento y depuración, en el de gestión de infraestructuras hidráulicas, en parques nacionales y en la creación de las sociedades estatales, que dice usted que no comparte las fórmulas de financiación. Esto en cuanto a lo que figura en su enmienda de devolución. Luego ha aludido a más cosas ( ha añadido más cosas en la rueda de prensa que usted ha dado en contra de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente) y después nos ha hecho otra exposición añadiendo los motivos adicionales.
La ejecución del presupuesto, lo repetimos todos los años, la ejecución de presupuestos, señor Morlán, es a fecha 31 de enero.
Usted sabe que las obras hidráulicas son complicadas y que en muchos casos en septiembre la ejecución es baja y, sin embargo, a final de año, cuando se ve a 31 de enero, la ejecución es muchísimo más alta.
Se queja usted de falta de información, falta de datos, de que no le ha contestado el Ministerio desde la comparecencia en que venían a explicar los presupuestos y de que usted no encuentra las obras del Plan nacional de saneamiento y depuración. Creo que con un poquito de interés, señor Morlán, hubiera podido encontrar todas las obras de saneamiento y depuración, todas las depuradoras que se van a hacer; pero para encontrarlas tiene que tener en cuenta que estas obras están incluidas, por un lado, en le capítulo 6, en el anexo de inversiones, por otro lado, en las confederaciones hidrográficas y, por otro lado, en las sociedades estatales. Seguro que si usted lo mira detenidamente encontrará todas las obras de saneamiento y depuración que se van a hacer.
Quiero indicarle también que no es que haya vuelto el modelo alemán, señor Morlán; el modelo del abono total de precio no ha vuelto. Lo que ocurre es que se están pagando algunas de las obras que se iniciaron por este método.
Ha dicho usted que no está de acuerdo con la forma de financiación de las sociedades estatales y, sin embargo, se ha mostrado muy preocupado sobre el motivo por el que no se crean las dos que faltan.
Yo

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creo que es un poco de incongruencia. Usted no quiere las sociedades estatales -y le adelanto que están próximas a crearse ya las dos sociedades estatales que faltan- y yo entiendo que no debe ser un tema prioritario para que usted justifique su enmienda de devolución.
Respecto al Plan nacional de saneamiento y depuración, pienso que la apuesta del Ministerio por este plan es una apuesta que queda clara si se tiene en cuenta que en este momento se encuentran en marcha, cofinanciadas por fondos europeos, obras por importes superiores a 150.000 millones de pesetas y para el año 2001 se han presentado peticiones por importe de 140.000 millones de pesetas. A estas alturas no se puede dudar de que el Ministerio ha apostado claramente por este plan. Ya sea ha dicho aquí, y yo repito, que es competencia autonómica, pero el ministerio está volcado en este Plan nacional de saneamiento y depuración dada la importancia que tiene la calidad de las aguas, por lo que no viene a cuento en este momento. El porcentaje de ejecución del compromiso del Ministerio de Medio Ambiente en este Plan de saneamiento y depuración está, por si a ustedes les interesa el dato, en torno al 90 por ciento. Conviene recordar que las inversiones programadas en el Plan nacional de saneamiento y depuración eran de 472.000 millones de pesetas, y de ellas las inversiones ya realizadas o que están en marcha suponen, aproximadamente, 410.000 millones de pesetas; es decir, aproximadamente el 90 por ciento está realizado. Con estos datos no se puede decir que no llegaremos a tiempo para cumplir la directiva europea.
Sociedades estatales de agua. En este momento las diez sociedades estatales de agua han licitado ya obras por valor de 290.000 millones de pesetas en todo el territorio nacional. Durante el año 2001 tienen programadas inversiones por valor de 194.385 millones de pesetas, lo que supone un incremento respecto al año 2000 del 121 por ciento.
Estas inversiones programadas para el año 2001 abordarán inversiones presupuestadas en los convenios de gestión directa por 690.000 millones de pesetas. Es decir, en las sociedades estatales, tan denostadas tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Parlamentario Socialista, se integran aportaciones de fondos estructurales de la Unión Europea, de los usuarios y de otras administraciones públicas, con lo cual se abren nuevas vías a la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas, lo que posibilita una mayor corresponsabilidad de los usuarios y, además, se anticipan en el tiempo una serie de actuaciones que no hubieran podido ser acometidas solamente con los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. Usted habla de oscurantismo y opacidad en las sociedades estatales, cuando la actuación inversora de las sociedades estatales se ajusta a los principios de publicidad y concurrencia, de conformidad con la normativa legal, y su actividad económica financiera está sujeta al control externo del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al desconocimiento de las inversiones que van a realizar estas sociedades estatales, señor Morlán quiero indicarle que vienen especificadas en el presupuesto por programas de la sección 23, tomo 13, página 134 y siguientes. Mire la página y verá las actuaciones que tienen programadas y las actuaciones del programa 512.A en el anexo de inversiones y en el presupuesto de las confederaciones hidrográficas. Por tanto, señor Morlán, no se empecine usted en cambiar la realidad. Lo que ocurre es que para desmenuzar los presupuestos de medio ambiente hace falta tiempo y hace falta buscar detenidamente cada una de las obras y dónde están financiadas.
Efectivamente, las mayores inversiones del Ministerio de Medio Ambiente son en materia de aguas por las grandes carencias de infraestructuras hidráulicas que todavía hay en España, carencias en las que, sin duda, tiene mucho que ver el Partido Socialista y también se debe a que al incluir la política de agua en el Ministerio de Medio Ambiente se ha dado a la gestión de este recurso un nuevo enfoque medioambiental que antes no existía.¿Sabían ustedes que de las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en política de aguas el 25 por ciento son inversiones en modernización de regadíos, que aquí han reclamado tanto usted como la portavoz de Izquierda Unida, por valor de 107.000 millones de pesetas, el 24 por ciento en abastecimiento, por valor de 103.000 millones de pesetas, y el 14,5 por ciento en saneamiento y depuración? Esto son actuaciones que producen ahorro y gestión eficiente del agua, así como una mejora de la calidad de las aguas, porque el objetivo del Ministerio de Medio Ambiente, señora Urán, también es conseguir la mayor reutilización de las aguas. Creemos que esto es importante, sobre todo para muchas de las cuencas hoy deficitarias.
Ha hablado también el señor Morlán de oscurantismo en parques nacionales. Tampoco aquí hay oscurantismo, señor Morlán, porque cualquier actuación en parques nacionales tiene que ser aprobada por la comisión mixta de gestión. La actuación es pública, transparente y conocida por todos. Hay un incremento presupuestario importante, ya que en el capítulo 6 se pasa de 5.800 millones a 9.300 millones en el año 2001, es el mayor incremento del Ministerio de Medio Ambiente.
¿Cuál es el objetivo del programa de parques nacionales? Consolidar el nuevo modelo de gestión de parques nacionales, modelo de gestión que ni el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ni el Grupo Parlamentario Socialista votaron favorablemente. Nosotros creemos que es realmente el modelo que está desarrollando eficazmente los parques nacionales y que ha conseguido imbricar a los municipios del entorno, en esa política. Nosotros también apostamos por el desarrollo

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socioeconómico de los municipios del entorno y para ello hay partidas presupuestarias.
En cuanto a que ustedes no conocen lo que se destina a cada uno de los parques nacionales, si coge el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente del martes 10 de octubre del año 2000, que seguramente usted tiene, la secretaria general de Medio Ambiente le especifica a una pregunta suya o de la señora Urán, no recuerdo, la inversión en cada uno de los parques nacionales.
Ha dicho usted, y ha recalcado también la señora Urán, que parece que no hay atención especial a los planes de residuos. Para los planes de residuos vienen consignados 6.140 millones de pesetas. Recordemos que los planes de residuos son competencia de las comunidades autónomas, pero sepan ustedes que ni en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ni en el de las comunidades autónomas son lo más importante, ya que la parte principal provendrá de fondos de cohesión y recordemos también que para obtener estos fondos de cohesión deben ser las comunidades autónomas las que presenten los proyectos que quiere, que sean financiados por estos fondos de cohesión. La labor del Ministerio es coordinar e impulsar a las comunidades autónomas a que presenten estos planes.
Al cambio climático se han referido los dos portavoces.
Efectivamente, es importante elaborar la estrategia española sobre el cambio climático. Creo que en estos momentos es de las tareas más importantes que tiene que hacer el Ministerio, pero éste, como ha dicho la señora Urán, tiene que coordinar porque la lucha contra el cambio climático abarca varios ministerios: abarca el sector energético, el sector transportes, el sector agrícola, el sector forestal, el sector de residuos. Por tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, efectivamente, tiene que coordinar. No creo que haga falta una partida presupuestaria específica para ello porque en todo lo que se destine a residuos, sobre todo, todo lo que sea evitar las emisiones de metano de los vertederos, se está colaborando a disminuir el cambio climático. Esto por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El plan nacional forestal -lo tiene muy claro el Ministerio de Medio Ambiente y el presidente del Gobierno lo anunció como una prioridad-, también tenderá a actuar de sumidero en estas emisiones de CO2 que producen el efecto invernadero. Por consiguiente, sí hay que acelerar esta estrategia sobre el cambio climático y hay que coordinar la labor de varios ministerios, cosa que ya se está haciendo. En la próxima conferencia sobre cambio climático esperemos que quede clara la postura española y la postura europea al respecto porque, como ustedes conocen, Europa actúa con una postura unitaria sobre esta estrategia y sobre el cambio climático.
En política forestal se asignan 15.000 millones de pesetas. ¿Es poco, es mucho? Esto siempre es algo objetivo. Desde luego, todos los que estamos defendiendo el medio ambiente siempre desearíamos que las partidas presupuestarias que se destinan para los distintos elementos que influyen en el medio ambiente fueran mayores. Por supuesto que desearíamos que fueran mayores, pero creemos que 15.000 millones de pesetas no es una cantidad desdeñable. ¿Qué es lo que consideramos prioritario? Consideramos prioritario elaborar la estrategia forestal, elaborar la nueva ley de montes y, de una vez por todas, elaborar el plan nacional forestal. Nosotros creemos que el plan nacional forestal va a ser muy importante ya que, como he dicho y es sabido, una de las formas de disminuir las emisiones de CO2 es haciendo que el sumidero que suponen nuestros bosques actúe de forma cada vez mayor.
También hay que incluir los 4.000 millones de pesetas que vienen en el presupuesto para la restauración del bosque forestal, para el control de la erosión y para la defensa contra la desertización, pero recordamos que es competencia compartida del Ministerio con las comunidades autónomas. No es que el Ministerio de Medio Ambiente, no es que el Grupo Parlamentario Popular solamente haga fuertes inversiones en política hidráulica, es que en política hidráulica es donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene las competencias asignadas, mientras que las competencias en residuos, en política forestal y las demás que hemos enumerado son compartidas con las comunidades autónomas o competencias que tienen las comunidades autónomas transferidas.
Podríamos estar de acuerdo con los objetivos de las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Izquierda Unida y otros grupos parlamentarios. Todos queremos que se creen partidas para acciones medioambientales, estamos totalmente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es de dónde detraen ustedes el dinero, es decir, dónde se producen las bajas. Así, por ejemplo, tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida detraen dinero de las sociedades estatales. Nosotros creemos que no se puede detraer dinero de las sociedades estatales, y menos en este momento en que tanto se está comentando el plan hidrológico nacional. Creemos que las infraestructuras hidráulicas no sólo son necesarias, sino que son imprescindibles en España. No entendemos todos sus alegatos sobre el plan hidrológico nacional, las obras hidráulicas, las obras del pacto del agua en Aragón y que, a continuación, detraigan dinero de las sociedades estatales. A lo mejor tendríamos que coger el libro rojo -que seguro que lo conoce el señor Morlán- y que ustedes nos indicaran, con los miles de millones que ustedes detraen de las sociedades estatales para dotar esta serie de partidas que usted plantea y que usted ha expuesto hoy en rueda de prensa, cuáles son las obras de las sociedades estatales que ustedes quieren que no se hagan. Y lo mismo lepreguntaría a la señora Urán: ¿Cuáles de las obras consignadas

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por las distintas sociedades estatales quieren ustedes que dejen de hacerse para aumentar las partidas que ustedes han propuesto en sus enmiendas? Y tampoco pueden detraerse de la sección 31, porque esa sección se refiere a gastos de distintos ministerios, para sucesos que se produzcan de una forma, digamos, catastrófica o para necesidades especiales. Por consiguiente, yo creo que esta sección 31 no es para que ustedes, al plantear sus enmiendas, como en el cuento de La lechera, vayan repartiendo por distintas partidas presupuestarias.
En cuanto al portavoz que ha hablado en representación de todo el Grupo Parlamentario Mixto, quiero decirles que, pudiendo estar de acuerdo con muchas de las enmiendas que plantean, con el alta o con el incremento de algunas partidas presupuestarias, no podemos estar de acuerdo con las bajas que proponen, que en la mayoría de los casos corresponden a la sección 31.
Para terminar, y puesto que estamos hablando de obras hidráulicas, de sociedades estatales y del pacto del agua en Aragón, a lo mejor sería un buen momento para que el señor Morlán nos indicara cuál es la postura del Partido Socialista, a nivel nacional, sobre el plan hidrológico nacional. A lo mejor, esta Comisión podría tener la primicia de saber si tienen ustedes una postura oficial a nivel nacional, porque mientras el presidente de Aragón dice que hay que retirar el plan hidrológico, la secretaria federal de Medio Ambiente, la señora Narbona, dice que no hay que retirarlo, sino que hay que negociarlo. Creo que éste es un buen momento para que usted nos explique en esta Comisión, si es que usted lo sabe, cuál es la postura oficial.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay turno de réplica? (El señor Morlán Gracia: Sí, sí.-Risas.) El señor Morlán tiene la palabra, con moderación.


El señor MORLÁN GRACIA: Lo intentaré.
Señora De Lara, si usted quiere que hablemos del plan hidrológico nacional, yo encantado de la vida, pero no creo que sea éste el momento. (Rumores.) Yo creo que quien tiene en este momento la responsabilidad de presentar un plan hidrológico nacional es el Gobierno, quien tiene que aclararse es el Gobierno, quien tiene que convencer a los suyos en todas partes es el Gobierno y quien tiene que decir las cosas de verdad es el Gobierno, que por ahora la verdad es que está diciendo muy poco. Tendremos tiempo para hablar del plan hidrológico nacional, no se preocupe, que habrá momentos muy oportunos para que este tema se discuta en esta Cámara. Espero observar entonces cuáles son sus reacciones a nuestros planteamientos y si es verdad que este plan hidrológico que ustedes plantean obedece a todos esos buenos criterios que usted pone encima de la mesa, porque lo que usted está diciendo sobre gestión de política del agua en el conjunto del Estado, ustedes no lo ponen en marcha en ese plan hidrológico nacional, en absoluto, no tiene nada que ver.
Señora De Lara, si le digo lo de oscurantismo es porque a mí me gustaría que esta Cámara recibiera del Gobierno el respeto que merece. Por mucho que haya una comisión de parques nacionales que distribuya como le venga en gana las inversiones que están programadas en estos presupuestos, estos diputados tienen perfecto derecho a conocer qué recursos tiene cada parque nacional para hacer frente a sus necesidades. Les guste o no les guste a ustedes. Otra cosa es que nos lo den, pero tenemos perfecto derecho a conocerlo.
Por lo tanto, mientras ustedes no me digan qué dinero va a ir al parque nacional de Ordesa, que es de mi comunidad (puesto que parece que cuando usted me ve, enseguida saca a relucir el pacto del agua, el plan hidrológico nacional y demás temas, pues yo le hablo del parque nacional de Ordesa), yo no sé que va a recibir el parque nacional de Ordesa porque no viene consignado en estos presupuestos.
Y me refiero a ese parque y a los otros parques nacionales que existen en el conjunto del Estado. Por lo tanto, el oscurantismo existe.
Usted me ha hablado del saneamiento y la depuración. Por supuesto que en el listado de inversiones (que lo tengo, señora De Lara, que también me leo los papeles, no se preocupe, que antes de venir aquí, me examinan) ustedes establecen una serie de partidas que son curiosas, en función de lo que usted está diciendo: Saneamiento y depuración en el País Vasco, 5.173 millones de pesetas. ¿Qué proyectos y qué cantidades? Saneamiento y depuración en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 2.975 millones de pesetas. ¿Qué proyectos y qué cantidades? Le digo más, porque hay más. Usted me puede decir que hay otras; por supuesto que sí: depuración de aguas en Elda, bahía de Palma. Saneamiento de Costa del Sol, señora De Lara, 2.489 millones de pesetas. ¿Para qué? ¿O es que no tenemos derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos? No me diga que hay una comisión fuera que lo sabe, que no es ese el problema. Lo queremos saber nosotros, que somos los que tenemos la representación popular aquí. Créanselo, este es un país democrático, que nos eligen, nos votan y nos dicen que nos enteremos de qué dicen los papeles que ustedes escriben. Cúmplanlo al menos, que no creo que sea nada especial.


Sociedades de agua. Señora De Lara, yo les pregunto por dos sociedades no porque me gusten, sino porque veo que son incapaces de sacarlas adelante. Y como son incapaces y tienen problemas, quiere decirse que las que hay actualmente en funcionamiento -entre comillas- no funcionan o no funcionan como debieran funcionar, según su criterio, y no nos gusta su fórmula de financiación, y no nos gusta que no haya representaciónde quien tiene que estar representado en esas

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sociedades de agua. Y nos gusta que las confederaciones funcionen, que no funcionan, que ustedes las están dejando anoréxicas, que cada vez hay menos gente trabajando en las confederaciones. Cada vez hay más desánimo en las confederaciones hidrográficas, y ustedes lo tienen que saber. ¿O es que les engañan también? Usted me ha dicho que me lea los papeles del presupuesto, y yo le digo que tengo varias fotocopias de esos documentos y que hay aquí uno que dice: Presupuestos Generales del Estado, año 2001, anexo de inversiones reales por regiones y provincias de las sociedades de agua. Así como en el Insalud -que usted lo podía conocer, y si no lo puede mirar-, en el presupuesto de inversiones, en este mismo libro dice a qué hospitales concretos van destinados sus recursos, aquí me encuentro que respecto a la Sociedad de Aguas del Ebro, que es la mía y de la señora que está sentada al lado de usted, dice: proyectos iniciados antes del 2001, en el conjunto de la cuenca, 32.568 millones de pesetas, repito, proyectos iniciados antes del 2001; proyectos nuevos a iniciar en el 2001, cero pesetas. No me hable usted del pacto del agua y no me pregunte qué obras queremos que se hagan. Queremos que se hagan las regulaciones, queremos que se hagan los regadíos, queremos que se hagan, pero que se hagan los regadíos cuando haya un plan nacional de regadíos y diga qué se tiene que regar. Si busco otras sociedades de agua, en la del Guadalquivir ustedes sí invierten este año en proyectos a iniciar 3.800 millones de pesetas, frente a los 1.737 millones anteriores. Por cierto, de acuerdo con estas previsiones, no abarca esta sociedad a todas las obligaciones que tiene en el ámbito del Guadalquivir. En la del Segura, que tanto les preocupa, ustedes invierten en Murcia 2.941 millones de pesetas en proyectos a iniciar en el año 2001. En el Sur, cero pesetas para proyectos a iniciar en el 2001. En la del Duero, 2.500 millones de pesetas, y en proyectos iniciados antes del 2001, 4.500 millones de pesetas. Y de los 155.000 millones de pesetas que constan en este documento, que creo que será tan oficial como el que usted dice, solamente 20.000 millones de pesetas son de obras a iniciar en el 2001. Luego no vengan a decirme cosas raras de lo que están haciendo con estos presupuestos no se sabe para qué, y me gustaría saberlo. Si usted me niega que hay oscurantismo, le tengo que decir que lo lamento mucho pero no lo puedo compartir en absoluto.
Ejecución presupuestaria. Yo le he dicho que al 31 de diciembre de 1999 se había ejecutado un 85 por ciento del presupuesto de medio ambiente y que al 31 de agosto había obligaciones reconocidas sobre créditos totales del 38 por ciento. ¿Que sé que se va a llegar al 31 de diciembre y van a estar en el 80 ó en el 85 por ciento? Pues no me cabe la menor duda, porque si no pasara eso sería horroroso. Ahora bien, el ritmo de inversión que llevan ustedes es el mismo que el del año pasado y el mismo que hace dos años, y este ministerio está a la cola de todos los departamentos ministeriales. Nada más tienen que ver ustedes el índice de los ministerios y la ejecución que tiene cada uno de ellos en el presupuesto. No estoy diciendo ninguna cosa rara, no estoy haciendo elucubraciones mentales que no conducen a ningún sitio; estoy constatando realidades que se derivan de unos documentos que ustedes nos presentan cada año y que se nos han presentado con estas conclusiones.


A mí me gustaría que el Ministerio de Medio Ambiente fuera otra cosa.
Y, por supuesto, me gustaría que respondiera a esas inquietudes de las que también hablan ustedes. No me deriven a las comunidades autónomas. Ya sé que muchas de las materias que contemplan en sus inversiones son transferencias de capital a comunidades autónomas para su gestión o son coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Eso ya lo sé. Pero el esfuerzo inversor que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, desde nuestro punto de vista tendría que ser superior. Cuando ustedes hablan de lo que están obteniendo de Europa para financiar y el volumen de obra que están poniendo encima de la mesa, son cifras que a los ciudadanos y ciudadanas de la calle les invita a no creer en nada. En mi comunidad, puesto que usted se refiere a ella y vienen a Aragón, ha habido en un momento un decalaje de cinco o seis presencias de responsables del Partido Popular y del Gobierno y hemos pasado de 200.000 millones a millón y medio de pesetas por los mismos hechos.
Lo siento mucho, pero llega un momento en que desconfío de todo lo que me dicen; eso está perfectamente constatado en prensa, no me lo he inventado yo.
No me haga comulgar con ruedas de molino, señora De Lara. Lo que le estoy diciendo es que este presupuesto es oscuro porque hay cantidades globalizadas que no tienen asignado proyecto concreto que nosotros debemos y tenemos derecho a conocer. Que tengan ustedes la necesidad de tener algún apartado determinado para necesidades excepcionales, pueden tenerlo; que necesitan ampliación de crédito, pueden tenerlo. Pero ustedes me pedirán una ampliación de crédito cuando veamos que los proyectos que tienen están perfectamente diseñados, nominados y cuantificados. No quiera usted justificar esas partidas globalizadas de que le hablo, saneamiento y depuración, gestión de infraestructura de recursos hidráulicos y parques nacionales. No ponga encima de la mesa el modelo alemán porque ustedes lo siguen manteniendo y es una mala forma de gestión, que a lo mejor a ustedes les viene muy bien pero a nosotros nos quieren introducir en la falsa imagen de la inversión. Están pagando lo que antes han hecho en un año. Por supuesto, ese año aumenta la inversión. Pero si quitan ese capítulo, señora De Lara, haga esa prueba y verá cómo disminuye del 18 por ciento al 15 por ciento la inversión del Ministerio en

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materia de costas para el año 2001. Eso es lo que quiero decirle y no plantear ninguna cosa excepcional. Sólo que me he leído los documentos, que el Ministerio me manda los papeles, que necesitaría esos documentos para hacer mejor una valoración de cuál es la gestión del Ministerio y que si no lo quiere hacer él es el responsable y por algo será. Desde luego, yo no tengo la culpa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora De Lara, además de lo que hacía mención en el tema de saneamiento y depuración de costas y la globalización que hay en muchos proyectos, donde no se sabe exactamente a qué se van a destinar las cantidades que figuran en el anexo de inversiones, le puedo poner un par de ejemplos de ese esfuerzo inversor del que usted habla. Uno de ellos es el saneamiento de la Costa del Sol, que además de estar globalizado disminuye respecto al año anterior. Pero hay dos que son específicos y que este año se reducen a cantidades irrisorias. El saneamiento del área de La Albufera tuvo el año pasado una dotación económica de más de 2.000 millones de pesetas y tiene consignaciones presupuestarias, porque es una inversión plurianual, hasta el año 2003 de más de 2.000 millones de pesetas. Este año ustedes lo han dejado en 700 millones de pesetas; una obra de infraestructura que está iniciada y que con esos 700 millones de pesetas se ve paralizada.
Además, le puedo poner otro ejemplo, la Marina Baja y el Vinalopó, donde pasa tres cuartas partes de lo mismo. El año pasado se invirtieron más de mil millones de pesetas y este año se emplea la ridícula cantidad de ciento y pico millones. Es decir, con esas cantidades están ustedes paralizando obras de inversión en saneamiento y no lo entendemos. No estamos pidiéndoles más compromisos que los que ustedes tienen ya adquiridos y que se han puesto en marcha. Señoría, yo no he puesto en duda que el Ministerio de Medio Ambiente quiera reutilizar aguas, pero desde luego las cantidades que se asignan, teniendo en cuenta solamente las depuradoras que está construyendo el propio Ministerio, no son suficientes y todos somos conscientes de que a depuradoras de aguas urbanas se están abocando aguas con otro tipo de contaminación que impiden que se puedan reutilizar. Así que, una de dos, o se hace una buena inversión o seguiremos tirando al mar agua que se podría reutilizar.
Con respecto a la transparencia en la gestión de los parques nacionales, tengo que decirle que el aumento de dotaciones a los municipios afectados por los parques nacionales figura en los presupuestos, pero no es suficiente. Además, señoría, es imposible llevar a cabo un control de cuáles son los proyectos concretos que en cada parque se van a poner en marcha o se van a llevar a la práctica para mejorar sus condiciones y la gestión del parque. Es imposible. Ustedes lo globalizaron hace un par de años y no hay forma de saber si en el parque nacional de Ordesa se puede llevar a cabo un proyecto para regenerar la biodiversidad de no se qué o si en el parque de Cabrera o en el de Picos de Europa se puede hacer otra cosa. Señoría, es imposible saber exactamente cómo se está gestionando cada parque y cuáles son los proyectos que se están llevando a la práctica.
Ustedes consideran que con 6.000 millones de pesetas es posible poner en marcha los planes nacionales de residuos y así están. ¿Cuánto tiempo hace que el Plan de suelos contaminados no se lleva a cabo por prácticamente casi ninguna comunidad autónoma? Es que ustedes no tienen recursos económicos suficientes. El Plan nacional de residuos está aprobado desde enero de este año, pero con esa dotación presupuestaria para todos los planes es imposible que se pueda poner en práctica y que puedan ustedes cumplir con la directiva europea.
Señoría, yo no he hablado de coordinar el cambio climático, sino de impulsar, e impulsar es distinto de coordinar, que también se debe hacer. Y no nos sirve únicamente con que se vayan a reducir las emisiones de metano de los vertederos o que se vaya a ampliar el Plan nacional forestal para que nos puedan servir de sumidero de CO2.
Estamos por encima del 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y, según la burbuja europea, se nos permite el 17.
Pero además de que se impulsen políticas para reducir los gases de efecto invernadero, es necesario que se pueda hacer un buen proyecto que nos permita conocer exactamente qué tipo de gases emitimos y en qué cuantía. Esta diputada ha pedido en diferentes ocasiones datos al Ministerio de Medio Ambiente, así como que se nos faciliten los estudios que se estén llevando a cabo y resulta que los datos disponibles datan de 1995, lo que significa que el Ministerio de Medio Ambiente me ha engañado. Señorías, ésta no es la forma de llevar a la práctica un protocolo que parece ser preocupa a todo el mundo.
Señora De Lara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado varias enmiendas -a ustedes puede que no les guste de dónde las hemos detraído- importantes, ya que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, con la conservación y la gestión de montes y con muchos de los aspectos que tienen como finalidad la protección del patrimonio natural y cultural, y del patrimonio del medio y del entorno natural. Desde luego, a nosotros nos parece que las sociedades estatales de agua no están cumpliendo con la función que ustedes mismos les asignaron. Sigue siendo una forma de detraer recursos que se podrían estar perfectamente utilizando para este tipo de actividades,

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de planes y de proyectos, estando además garantizado que puedan recoger fondos europeos, con lo cual se podría poner en práctica. Es mucho más dudoso que algunos de los proyectos que ustedes han presentado en infraestructura hidráulica sean susceptibles de recoger fondos de la Unión Europea, porque se está poniendo bastante seria con los impactos ambientales que determinadas obras pueden ocasionar, entre ellas las obras hidráulicas, y ustedes lo saben mejor que mi grupo parlamentario. Ustedes están teniendo problemas para alguna financiación en este tipo de obras.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Quería hacer algunas puntualizaciones al señor Morlán. Nuestro grupo parlamentario está convencido de que tiene la representación popular y que en los presupuestos que nos mandan tenemos que encontrar las distintas partidas. Casualmente, señor Morlán, nosotros sí encontramos las distintas partidas, teniendo en cuenta que las obras de saneamiento hay que buscarlas en las confederaciones, en el capítulo 6, y en las sociedades estatales.
Usted ha dicho que la tarea del Gobierno es presentar el plan hidrológico nacional. Estamos de acuerdo. El Gobierno de la nación ha presentado un borrador del plan hidrológico nacional. En esto estamos completamente de acuerdo, señor Morlán. Pero usted no ha contestado a mi pregunta y creo que el lugar era el idóneo. Usted sabrá si no quiere contestarla o no puede. Quiero decirle que de todas las prioridades medioambientales e hidráulicas que he indicado, estas prioridades se ven reflejadas en el borrador del plan hidrológico nacional, donde hay unas inversiones de tres billones de pesetas, y de estos tres billones de pesetas, señor Morlán, uno es para obras de modernización de regadíos, que es ahorro y gestión eficaz del agua; medio billón es para abastecimiento y otro medio es para saneamiento y depuración. También quiero indicarle que en este momento no hay obras por el modelo alemán. Se están pagando los plazos correspondientes, pero ya no se utiliza el modelo alemán, señor Morlán, no se empeñe.
Dice que las confederaciones hidrográficas deben incrementar su personal. Estamos completamente de acuerdo. Si mira los presupuestos, verá que en el capítulo 1 hay un incremento del 6 por ciento, debido al incremento de personal de las confederaciones hidrográficas. Se pretende no solamente aumentar el personal, sino también mejorar la gestión de las confederaciones hidrográficas.
Pacto del agua de Aragón y demás obras de las sociedades estatales.
Tampoco me ha dicho de dónde saca el dinero de las sociedades estatales, que usted distribuye en distintas partidas presupuestarias, porque usted quiere las obras, quiere las partidas, todos querríamos tener dinero para todo; pero usted saca dinero de las sociedades estatales y no me dice cuáles son las obras que anularía de las sociedades estatales, señor Morlán.
Ejecución presupuestaria. Me dice que sabe y que está convencido de que a 31 de diciembre se estará por encima del 85 por ciento.
Entonces, si está convencido de ello, ¿por qué siempre en el mes de octubre o noviembre dicen que la ejecución presupuestaria es baja, si saben que en diciembre la ejecución presupuestaria es la adecuada? Tampoco lo entiendo, señor Morlán.
En su enmienda de devolución, he olvidado decirlo, indicaba que solamente había 25 millones para el plan hidrológico nacional. El plan hidrológico nacional es un borrador que se está empezando a debatir; no hay presupuesto para el plan hidrológico nacional tal cual, sino para los estudios que se están haciendo. Además, quiero indicarle que el presupuesto de costas se ha incrementado en un 15,62 por ciento. Ahora es cuando se pueden empezar a hacer inversiones en costas, porque, como conoce muy bien, los cuatro años de la pasada legislatura los pasamos pagando las deudas que ustedes habían dejado, señor Morlán.
Parques nacionales. Dice la señora Urán que no son suficientes las dotaciones para los municipios del entorno de los parques. También nos gustaría que las dotaciones fueran mayores. En esto estamos de acuerdo. Siempre queremos que las dotaciones sean mayores. Sin embargo, las dotaciones para los municipios del entorno de los parques han cambiado la mentalidad de estos municipios, que están integrados en el parque y que colaboran activamente con las políticas de los parques nacionales.
Ya para ir terminando, el Plan nacional de residuos. He indicado -tal vez no me he explicado bien- que la financiación corre a cargo de los fondos de cohesión, no del Ministerio ni de las comunidades autónomas, sino de los fondos de cohesión, y que para ello hace falta que las comunidades autónomas presenten sus proyectos. Desde luego, el Ministerio tiene que impulsar que se presenten estos proyectos, que en muchos casos no llegan ni para el Plan de residuos ni para el Plan de suelos contaminados.
También estoy de acuerdo en que hay que impulsar la estrategia para el cambio climático. Por supuesto que hay que impulsarla, es obra del Ministerio de Medio Ambiente, y no es que este Ministerio se limite a mejorar el problema y el tratamiento de los residuos para disminuir las emisiones de metano; es mucho más que esto, porque el sector energético y el sector transporte creo que son los principales sectores en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Yo creo que ya se han iniciado obras y esperamos que en un breve tiempo tengamos la estrategia española para el cambio climático, pero yo disiento en que esta estrategiatenga que tener una partida presupuestaria en el

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Ministerio de Medio Ambiente, porque -repito- es obra de varios ministerios.
Finalmente, ha indicado usted que desde el año 1995 no tenemos datos sobre las emisiones. Quiero decirle que me parece que a finales del 1998, con motivo de una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, se nos indicaron los estudios técnicos de las posibles medidas que podrían aplicarse para disminuir los gases productores de efecto invernadero, dándonos los datos de los años 1990, 1995 y 1998.
Es un folleto que seguro que usted tiene, era un libro que nos dieron a todos en la Comisión de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Agradezco al personal de la Cámara el esfuerzo especial que ha realizado hoy y también a las señoras y señores diputados. Dentro de poco nos vemos. Mañana a las nueve se reanuda la sesión.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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