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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 120, de 13/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2000 VII Legislatura Núm. 120

RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA

Sesión núm. 5

celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes . Mesa Comisión:

- Elección del Vicepresidente primero de la Comisión. (Número de expediente 0411000015) . . . (Página 3471)

- Comparecencia del señor secretario de Estado para la Administración Pública (González González) para dar cuenta de las medidas que piensa adoptar para evitar que datos de carácter personal de muchos españoles puedan ser conocidos públicamente por negligencia en su custodia o destrucción por parte de las distintas Administraciones Públicas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000303) . . . (Página 3471)

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Preguntas:

- De la señora López González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre motivos por los que sólo se han ejecutado 11.342 horas efectivas de las presupuestadas para el año 1999 para el apartado «Funciones encomendadas a la Escuela de selección y formación administrativa», dentro del programa presupuestario del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. (Número de expediente 1811000227) . . .
(Página 3479)

- De la señora López González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre motivos del aumento del capítulo 1 en un 6,5 por ciento de] proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2001 en el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. (Número de expediente 181/000228) .
. . (Página 3481)

- De la señora López González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre motivos del aumento del capítulo 2 de gastos corrientes en un 14,5 por ciento de proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2001 en el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. (Número de expediente 181/000229) . . . (Página 3482)

- De la señora López González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre los motivos por los que se transfiere a familias e instituciones sin ánimo de lucro casi la misma cantidad que a las Comunidades autónomas en el capítulo 4 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2001 del programa destinado al Instituto de las Administraciones Públicas. (Número de expediente 1811000230) . . . (Página 3483)

- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales. (Número de expediente 121/000011) . . . (Página 3484)

- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista de# informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley por la que crea el Consejo General de Colegios Protésicos Dentales. (Número de expediente 12 11000011) . . . (Página 3485)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/ 000118) . . . (Página 3486)

- Sobre indemnizaciones por razón del servicio. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 1611000302) . .
. (Página 3491)

- Sobre medidas relativas al envío institucional de información a los ciudadanos por lasAdministraciones Públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 1611000027) .
. . (Página 3493)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.


- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000015)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, si les parece bien, empezamos la Comisión, que tiene un orden del día muy cargado. Antes de proceder al primer punto del orden del día, que es la elección del vicepresidente primero de la Comisión, querría notificarles que, de acuerdo con los portavoces, hemos señalado las 12,30 como la hora en que se producirán las votaciones, si es que hemos acabado el orden del día en ese momento.
Por lo tanto, procedemos al primer punto del orden del día: elección del vicepresidente primero. Don Rafael Merino, ¿quiere hacer uso de la palabra para proponer un candidato o directamente pasamos a votar la propuesta de su grupo?

El señor MERINO LÓPEZ: El Grupo Popular propone a la persona de don Antonio Merino, porque cree que está perfectamente capacitado para desarrollar esta labor y que cuenta con todo el apoyo del Grupo Popular y confiamos en que también con todo el de los miembros de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Supongo que no hay intervenciones de otros grupos en este punto del orden del día. Procede votar con papeleta y urna. Vamos a llamar a los miembros de la comisión para proceder a la votación. (Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Comisión no ha sido citado? (Pausa.)

Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Por 26 votos a favor y uno en blanco hemos elegido a don Antonio Merino vicepresidente primero de la Comisión.
(Aplausos.) Podríamos seguir la sesión con él en la Mesa.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (GONZÁLEZ GONZÁLEZ) PARA DAR CUENTA DE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA EVITAR QUE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE MUCHOS ESPAÑOLES PUEDAN SER CONOCIDOS PÚBLICAMENTE POR NEGLIGENCIA EN SU CUSTODIA O DESTRUCCIÓN POR PARTE DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000303).


El señor PRESIDENTE: Seguimos el orden del día con el punto segundo, comparecencia del secretario de Estado para la Administración Pública. Agradezco al señor González su presencia.
El señor Martínez Sanjuán, don Angel, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Dos cuestiones de carácter formal: una, antes de empezar el orden del día y a efectos de conocimiento de la Comisión, dado que vamos a tener una proposición no de ley y otra proposición de ley al final, según los puntos del orden del día, quizá sería bueno, si le parece bien a la Mesa, indicar de una forma aproximada cuándo se producirán aproximadamente las votaciones de las proposiciones no de ley y de ley. ¿Lo ha dicho? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: A partir de las 12,30.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Disculpe, señor presidente.
La otra cuestión que quería plantear al señor presidente, y a la Comisión es respecto a la facultad evidentemente que tiene -y acataré la decisión que tome- la Mesa en relación con la ordenación del debate y el orden de las intervenciones. Ya sé que esta comparecencia, como todas las pedidas y aceptadas en esta Comisión y en otras, se efectúa según el artículo 203 del Reglamento así como a la ordenación del debate en cada Comisión, ya sé que como práctica habitual de funcionamiento interviene el compareciente en primer lugar, pero yo solicitaría, señor presidente, dado que mi grupo parlamentario es el peticionario único de esta comparecencia, puesto que no es una comparecencia que se produce a raíz de la petición del propio Gobierno, y como ha sido práctica habitual en otras comisiones en otros períodos legislativos y también en éste en alguna otra Comisión, concretamente en la Constitucional -estoy viendo a su presidenta-, el uso de la palabra en primer lugar para fijar los términos de la petición de la comparecencia por el Grupo Parlamentario Socialista antes de que pudiera intervenir el compareciente, en este caso el secretario de Estado para la Administración Pública. Es una petición que hago a la Mesa, pero, como decía al principio, quedaré a disposición de la decisión que ella tome.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, voy a comentarlo con el nuevo señor vicepresidente primero.


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Señor Martínez, ¿agotará su turno con la primera intervención o además querrá usar el derecho de réplica?

El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, sólo si es menester aplicar el Reglamento en función de que haya sido contradicho en virtud del artículo 73.1

El señor PRESIDENTE: Aunque no es el uso normal de esta Cámara, pero sí recientemente se ha hecho en varias comisiones, (ayer estuve viéndolo), daremos la palabra al Grupo Socialista que ha solicitado la comparecencia para que dé las razones y, posteriormente, el compareciente intervendrá; a no ser que sea contradicho y concluida la intervención del secretario de Estado, intervendrán los demás grupos para fijar su posición.


Adelante, señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente, que hago extensivas a la Mesa y al resto de los portavoces porque me parece que es un sistema práctico más lógico que la interpretación formal del Reglamento. En este caso concreto es el Grupo Parlamentario Socialista quien la solicita, pero en otro momento puede ser cualquier otro grupo parlamentario quien solicite de una forma única la comparecencia de un alto cargo o un representante del Gobierno.
Nos parecía lógico realizar esta interpretación para fijar, en términos generales, cuáles son las razones por las que solicitamos la comparecencia. Hago extensivo mi agradecimiento no solo al presidente, sino también a la Mesa y a los señores portavoces por esta interpretación que me parece positiva y, en términos generales, benevolente del Reglamento, que puede dar lugar una interpretación más flexible y más lógica de por qué se pide una comparecencia.
Hace un par de meses, concretamente el 9 de octubre, un periodista, Antonio Sanjosé, en una revista de amplia difusión escribía que vidas, haciendas, patrimonios, domicilios, teléfonos, cartas personales, se encuentran en los cubos de la basura a disposición de quien quiera cogerlos, husmear en ellos y utilizarlos de una u otra manera. Quizá sea -lo digo personalmente, esto no forma parte del artículo- una interpretación un tanto exagerada de la realidad, pero es una aproximación a una cierta realidad ; como dicen los gallegos, meigas no sé si hay, pero haberlas haylas. Yo he podido ver en alguna ocasión que alguna información, algunos papeles, algunos documentos que obraban en la Administración general del Estado, por unas razones o por otras, aparecen en lugares absolutamente pintorescos. Y cuando determinada información, documentos o papeles pueden ser aprehendidos por determinadas personas, porque se encuentran a disposición de cualquiera que pase por allí, la primera pregunta es: si alguien utiliza, coge o se apropia de esa documentación, de esos papeles, la va a utilizar con buena o mala intención. Esa es una pregunta inicial que, lógicamente, la quiero formular al comienzo de mi intervención. Esta realidad, señor González, esta problemática, esta casuística se viene denunciando desde hace varios años de forma sistemática. Se han producido en determinadas ocasiones filtraciones de datos de los ciudadanos que obran en poder de determinadas administraciones públicas a través de determinadas entidades, colectivos, etcétera, y tristemente en algunos momentos se producen circunstancias especiales, bien porque ha habido una filtración específica o porque se han encontrado cientos de expedientes sanitarios, como ocurrió hace unos años, me parece, concretamente en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en un vertedero. De vez en cuando conocemos a través de los medios de comunicación que ha habido filtraciones de datos de la Agencia de la Mujer o de otros organismos públicos, es decir, que de una forma recurrente aparecen en los medios de comunicación y en la realidad, filtraciones, conocimientos de datos de determinados ciudadanos españoles que obran en poder de la Administración. Es verdad que en el año 1992 y posteriormente en 1999 se aprobó una Ley de protección de datos que trata de regular y acotar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, respecto a los que detentan la posibilidad de obtención y custodia de datos personales. En la última comparecencia en la Comisión Constitucional, el 20 de septiembre, del director de la Agencia de Protección de Datos, señor Fernández López, se pusieron de manifiesto las imperfecciones del sistema, en general, en la custodia y en el tratamiento de la información que obra en poder de las administraciones y de otras entidades de propiedad de los ciudadanos. Se pusieron de manifiesto no solamente las imperfecciones del sistema, sino la vulnerabilidad de las leyes, ya que reiteradamente se viene demostrando que el que debe ser más celoso guardián de toda esta información, como es la Administración, a veces, es el que más torpemente actúa, puesto que debido a irresponsabilidades, a descuidos, a deslices, a diferentes cuestiones, determinadas informaciones salen de donde debían estar y pasan a disposición de cualquiera que pueda tener acceso a esa información. En aquella ocasión fue mi compañera Carmen del Campo Casasús, quien, interpelando al señor Fernández, hacía referencia al último informe de la Agencia de Protección de Datos y a algunos puntos negros que se habían venido detectando en aquel período y en aquella memoria. Se hacía referencia a las inspecciones y a las sugerencias que se producían en determinadas entidades u organismos de la Administración (la Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Hospital Gómez Ulla, Centro Nacional de Epidemiología, etcétera). Se decía en aquel momento, el 20 de septiembre, que se reiteraba la obligación por parte de la Agencia de Protección de Datos, de unamejor custodia de los datos personales, de las características

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documentales, que obran en poder de la Administración y con la que se puede actuar de una forma torpe e irracional. En aquella época, el 20 de septiembre, mi grupo parlamentario se confió y conoció este informe y estaba convencido de que las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos iban a ser suficientes para que la Administración general del Estado, en este caso, actuara con diligencia y con prontitud para evitar errores que en determinados momentos habían sido detectados, denunciados y sugeridos por parte de la Agencia de Protección de Datos con el fin de que se corrigieran las posibles desviaciones que pudieran producirse en el seno de la Administración en cuanto a la custodia de determinados documentos y papeles. Decía que el 20 de septiembre estábamos confiados en que esto iba a ser así, pero la realidad es tozuda y posiblemente no nos da la razón. Parece que se siguen reiterando los errores, algunas irresponsabilidades en la Administración pública española, algunas negligencias que no sé si molestan o preocupan al Gobierno ni al máximo responsable en este caso de la Administración pública después del ministro, que es el secretario de Estado. Pocos días después de aquel 20 de septiembre, volviendo la mirada atrás, el señor González compareció concretamente en esta Comisión hablando de los proyectos, de los planes del Gobierno y de su Ministerio en relación con medidas, programas, decisiones que había que tomar en el año 2001, inversiones que había que realizar, y es verdad que nos presentó los objetivos de modernización, el programa Intranet, la Administración virtual, la informática, etcétera, pero del tema que hoy plantea mi grupo parlamentario no se habló: de medidas que debiera tomar la Administración pública para evitar que determinada información, documentos, papeles, etcétera, pudieran llegar donde no tenían que llegar. Después de aquella comparecencia que fue conocida el 20 septiembre y de las sugerencias que se hicieron por parte de la Agencia de Protección de Datos a la propia Administración pública, yo me pregunto si toda esta problemática no se conocía, no les preocupaba, pensaban que era de otra forma, confiaban en que los procedimientos que seguramente existen en cualquier administración se cumplen siempre, se cree en las virtudes seráficas de todos los ciudadanos que trabajan en el conjunto de la Administración y en que lo harán todo bien; es decir, ¿no se había tomado ninguna medida adicional para evitar toda esta problemática?. Quizá no se hayan puesto todos los medios para impedir que se puedan conocer datos, informes, cuestiones de la Administración y que nadie más que la Administración y el interesado que se ha relacionado con ella deben conocer.
Tengo que reconocer que, después de pedir la comparecencia del Gobierno en esta Comisión, he indagado, he preguntado, he visto cuál era la realidad de otras administraciones y la verdad es que se llevan poco entre ellas; corporaciones locales, comunidades autónomas, organismos de cualquier tipo se llevan poco en cuanto a la eficacia en la custodia de todos los papeles y documentos que obran en su poder. Por tanto, esta recomendación o las conclusiones que saquemos no son sólo para el conjunto de la Administración general del Estado, sino que, y aunque no sea éste el foro de discusión, sirven para el conjunto de las administraciones públicas.
Mi grupo cree, señor González, que se está vulnerando la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, porque, como dice la ley, dato de carácter personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas e identificables; y en determinadas ocasiones se ha visto que información de personas físicas identificadas e identificables es conocida o puede ser conocida por alguien que no es el receptor final de la documentación. Es decir, se está vulnerando la Ley de protección de datos esa ley que mañana será objeto de análisis en la Comisión Constitucional para un tema similar a éste y para hablar de las posibles modificaciones que supone la sentencia del Tribunal Constitucional. Nos gustaría saber si también se están vulnerando, cosa que no sé y por eso se lo pregunto, las medidas de seguridad que figuran en el reglamento que regula los ficheros automatizados, promulgado por Real Decreto 994/1999, cuando, a través de bolsas de basura o de filtraciones interesadas se puede conocer información de decenas de organismos, oficinas de la Administración, que casi ponen a disposición de cualquiera que pase por allí información sobre los costes de un programa para la instalación de un sonar en una fragata de la Armada -que, por cierto, lleva el membrete de difusión limitada y es conocida por todos aquellos que hayan podido comprar un medio de comunicación que la ha obtenido de una bolsa de la basura-, o la nómina de un comandante del ejército, o las dietas del personal del Ministerio de Defensa desplazado a la empresa Indra, o los datos de comandantes del Digeneo que participan en unos cursillos en Francia, o los teléfonos particulares de una agenda y direcciones de mandos militares con sus destinos. Puede parecer chusco, pero, en los tiempos que corren, señor González, el que estos papeles puedan estar a disposición de cualquiera que pase por allí y se lleve una bolsa de basura es verdaderamente serio. No quiero dramatizar esta negligencia, entre comillas, pero es tan importante como para que se tomen todas las medidas oportunas y necesarias para que circunstancias de estas características no se vuelven a producir. Así, podríamos conocer, a través de la información que saca la Agencia de Cooperación Internacional, los nombres de los becarios, el dinero que cobran las oficinas de colaboración de Malabo, de Namibia o de Méjico o podríamos acercarnos a informes de la Agencia Tributaria, con datos de personas que establecen relaciones con la propia Agencia Tributaria.


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Señor González, en el pasen y vean, busquen y encuentren, quizá algunos ya lo han hecho y se han aprovechado de ello; se han aprovechado no quizá de la Administración, pero sí de información que ha podido venir de entidades económicas, como bancos o cajas de ahorro, para defraudar y timar entre comillas, a cientos de ciudadanos a los que han estafado falsificando sus datos. Es decir, que estamos hablando de un problema, en general, importante y serio; no quiero magnificarlo, pero es verdaderamente relevante. Mi grupo, que quiere ejercer y ejerce una oposición constructiva, no quiere que se vuelven a producir hechos como los que han denunciado algunos medios de comunicación, como la revista Interviú, a la que hay que felicitar por el trabajo que ha hecho y que nos ha servido no como documentación final para formular esta petición de comparecencia, pero sí para alertar de un problema serio. Queremos que el Gobierno tome medidas urgentemente porque es su responsabilidad, la responsabilidad de la Administración; pidiendo esta comparecencia al Ministerio de Administraciones Públicas, en este caso de la Secretaría de Estado, hemos querido personalizar en un ministerio, aunque lo podíamos haber hecho en todos, cosa que nos parecía absolutamente ridícula. Queremos que se asuman responsabilidades, que se tomen decisiones; queremos que se aumenten los controles, que se renueven o se vuelvan a estudiar los contratos que puedan existir por parte de la Administración y las exigencias de los mismos con aquellas empresas especializadas en la retirada y destrucción de documentos y papeles, porque -y yo no sé si la Administración lo hace así- la verdad es que es un espectáculo un tanto bochornoso pasar por las calles de Madrid y ver cómo montones de bolsas de oficinas privadas y algunas públicas son depositadas en camiones de recogida de papel y, al final, no sabemos qué pasa con ellas. Por tanto, queremos que se aumenten los controles, que se renueven los contratos, que se amplíe la inversión, si es necesario, en lo que son aparatos de destrucción de documentos; queremos que actúen como sea necesario porque este es un tema verdaderamente importante y que, insisto, no quiero magnificar. Estamos en un debate sobre la documentación que obra en poder de la propia Administración, pero estamos también en vísperas de un debate que se está produciendo ya en el Reino Unido y que se producirá en España: el debate sobre qué pasa, cómo se conoce, cómo se puede actuar con la información que obra en poder de la Administración. En este caso estamos hablando de papeles, de documentos, etcétera, pero tenemos encima de la mesa otro debate, el de la información electrónica que obra o puede obrar en poder de la propia Administración. Queremos que el debate, las soluciones y las conclusiones vayan por fases y por ello hemos pedido su comparecencia: para que nos informe, para que nos diga exactamente cuáles son las medidas a adoptar. Nosotros, en esta oposición responsable y razonable, le daremos a la Administración un plazo prudencial para que se hagan todos los planes, se tomen todas las medidas y se hagan todas las recomendaciones necesarias para que estas circunstancias no se vuelvan a producir, si no, presentaremos una iniciativa parlamentaria con el fin de que estas decisiones, que creemos que son compartidas por todos los grupos, se lleven a la práctica.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Buenos días. Con el permiso del señor Martínez Sanjuán, voy a hacer un planteamiento general sobre la cuestión y después intentaré dar respuesta a aquello por lo que me ha preguntado.
El tema central que ha mencionado el señor Martínez Sanjuán ha sido su interés, como es lógico, por las medidas que se toman para garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de datos personales se refiere. Como usted sabe y como se trasluce de su propia intervención, el Gobierno, no éste, sino el gobierno en general, desde hace muchos años ha venido tomando medidas en relación con la defensa de estos derechos y la protección de los datos, especialmente los datos de los ciudadanos. En este sentido, desde la Ley del patrimonio histórico nacional del año 1985 hasta la Ley de Protección de Datos del año 1999, pasando por la Ley de procedimiento administrativo del año 1992, los distintos desarrollos reglamentarios, etcétera, todas estas normas han regulado de una manera detallada las medidas necesarias para conservar los documentos, para tratarlos, para difundirlos, para archivarlos, para destruirlos, etcétera. La Ley de patrimonio histórico, como usted sabe, contiene una amplia regulación en la que se señala ya qué valor tienen los documentos, cómo se deben guardar, cómo se deben custodiar, cuál es el derecho de los particulares a la salvaguarda de sus derechos a la intimidad en cuanto a la protección de esos datos, la necesidad de contar con la autorización de la Administración para que se puedan destruir los documentos, cómo se regulan los accesos a los datos de los particulares; se prevé un desarrollo reglamentario para todo lo que se refiere a la eliminación de documentos y también la creación de una comisión superior calificadora de documentos administrativos, que es la que tiene que fijar los criterios para la aplicación y el desarrollo de todas estas previsiones contenidas en la ley del año 1985. Como usted ha dicho también, la Ley de protección de datos del año 1992, la Ley orgánica de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, venía a establecer también un marco de regulación de las garantías y derechos de los ciudadanos en el caso de que se tratase no ya de documento en soporte físico, papel, sino también en todo lo que

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se refiere al tratamiento informatizado de ficheros, es decir, todos aquellos que pueden ser objeto de tratamiento a través de procesos electrónicos. La Ley de procedimiento administrativo establece también en su articulado una regulación sobre acceso a los documentos de la Administración, estableciendo igualmente cómo se debe funcionar, cuáles son las garantías, qué derechos tienen los ciudadanos, cómo deben autorizar o no el acceso, etcétera. Lo que pretendía la Ley última de protección de datos, que modifica la de 1992, era avanzar en el sistema de mayor protección y garantía al ciudadano respecto a estos derechos, y en ese sentido las modificaciones que se introdujeron iban dirigidas a garantizar todavía más ese derecho que, ya digo, preocupa a su grupo, nos preocupa a nosotros y preocupa, como es lógico, a todo el mundo.
Pero, como usted ha dicho, no conviene dramatizar sobre esto; ya que no es menos cierto que el volumen de gestión de los organismos públicos de las administraciones es elevado. Es decir, nuestras administraciones cada día son más complejas, cada día hay más procedimientos y hay que recabar y mover más papel; no es razonable concluir de la existencia de algunos funcionamientos anómalos aislados en el tratamiento y funcionamiento de estos documentos, cuando se mueven millones de documentos que contienen datos de todo tipo, que el funcionamiento puede poner en grave perjuicio los derechos de los ciudadanos. Esto no es así y no ha sido así, como se viene demostrando a lo largo del tiempo. Se han venido produciendo situaciones aisladas desde hace muchos años, se siguen produciendo y probablemente se producirán. Lo que hay que hacer es tratar de evitar que se produzcan y que si se producen, no afecten a aspectos fundamentales de los derechos de los ciudadanos, a los que hay que proteger. Eso es lo que se ha producido básicamente cuando han aparecido algunos documentos que, evidentemente, no han sido tratados con la debida diligencia o a lo mejor no se han seguido los procedimientos establecidos. Pero, a mi juicio, lo que esto pone de manifiesto es que respecto a los sistemas que están establecidos y la aplicación que se hace de los mismos, tenemos un sistema lo suficientemente garantista como para poder afirmar que, con carácter general, el derecho de los ciudadanos a la intimidad en cuanto a la conservación y protección de sus datos personales está suficientemente acreditado, y en ese sentido no debemos alarmar con carácter general. Debemos avanzar, lógicamente, en la profundización de las medidas necesarias para garantizar la protección, pero no creo que sea oportuno transmitir la sensación de que no existen controles o de que cualquier documento está a disposición de cualquier persona para el uso anómalo que pueda realizar; más bien es todo lo contrario.
Respecto a qué medidas se han venido tomando, como les digo, se han venido tomando medidas de todo tipo, que, lógicamente, seguiremos aumentando, como luego explicaré. Se ha modificado desde la Ley de protección de datos al reglamento, como usted citaba, de medidas de seguridad y ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal del año 1999, por cierto, uno de los más avanzados y pioneros en cuanto a sistemas de seguridad que existen en estos momentos; también hemos regulado y creado la comisión superior calificadora de documentos administrativos pendientes del año 1985, que es un elemento fundamental para poder hacer las aplicaciones e interpretaciones necesarias en cuanto al funcionamiento más adecuado de la conservación de los documentos, que estaba prevista en esa ley y que no habíamos conseguido todavía poner en funcionamiento, y también tenemos ya en tramitación el real decreto que preveía el artículo 55 de esa ley, en una disposición normativa de carácter general, en cuanto a los criterios de eliminación de documentos de la Administración del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Pero, evidentemente, no solamente es esto lo que existe. Desde hace ya mucho tiempo se viene funcionando a través de las instrucciones del órgano responsable en cuanto a la aplicación y conservación de estos documentos, que es, como usted sabe, básicamente el Ministerio de Cultura, a través del Archivo General del Estado, que ha hecho multitud de publicaciones relativas a los criterios de conservación, guarda y custodia de documentos; existen unas instrucciones de carácter general que regulan muy detalladamente el tratamiento que debe darse a estos documentos, cómo se deben conservar, cómo se deben archivar, cómo se deben transmitir y cómo se deben destruir. Entre esas instrucciones de carácter general, se establece la recomendación de la contratación de empresas para la destrucción y eliminación de esos documentos con las garantías necesarias para evitar que se pueda producir un mal uso de los mismos en el proceso de eliminación. De hecho, existe desde hace tiempo una recomendación que llevan adelante las dependencias administrativas de contratación de destructoras de papel para evitar que se pueda producir alguna eliminación no adecuada de esos papeles. También existen planes de formación de carácter anual para los empleados públicos, que se realizan por el Archivo General de la Administración del Estado en colaboración con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, con el fin de instruir a los documentalistas, a los archiveros, etcétera, es decir, a las personas que manejan esta documentación para que se haga un uso correcto de la misma, y hay además un sistema de garantías en la ley para responder frente a los incumplimientos que se pueden producir en la aplicación de estas previsiones legales. De hecho, existen un régimen sancionador y un régimen de infracción muy acreditados en estas disposiciones generales, que ha sido objeto de aplicación reiteradamente tantas cuantas veces se ha detectado algún funcionamiento anómalo por los serviciosadministrativos. Además, como usted sabe, existen

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también una serie de disposiciones que se han venido haciendo en el ámbito de la protección de los datos para los tratamientos informatizados, desde la elaboración de métodos específicos para las garantías de seguridad de los sistemas de información elaborados por el consejo superior de informática o por la Comisión interministerial de adquisición de bienes y servicios informáticos, la elaboración del método Magerit, que es un método específico que está a disposición de los usuarios para las garantías del sistema de la información de datos de carácter personal, también el desarrollo del programa Ceres, que es un elemento fundamental para las garantías de las transacciones electrónicas a las que usted se refería, que está en un proceso avanzado y que lo que pretende es establecer un sistema de seguridad en todas las transacciones y accesos a los datos propios de la Administración.
También existe una previsión en relación con instrucciones relativas al funcionamiento de los propios ficheros automatizados para un adecuado uso y protección de los mismos. En definitiva, toda una serie de medidas dirigidas a la preocupación que todos tenemos de que cada día sea más eficaz el sistema de protección y garantía de los datos de los ciudadanos que obran en poder de las administraciones públicas.
Dentro del planteamiento a que usted se refería, conviene hacer una definición del marco de responsabilidades y competencias para ver hasta dónde podemos llegar las partes y a partir de ahí poder tomar las medidas efectivas para llevarlas adelante. Como usted sabe, el tema de la conservación y archivo de documentos tiene dos ámbitos distintos en estos momentos: el que se refiere a los documentos de soporte físico papel, que básicamente podríamos remitir a la regulación de la Ley de patrimonio histórico y a esos desarrollos que estamos produciendo desde principios de este año; y, por otro lado, lo que es el tratamiento informatizado de la información, que estaría básicamente recogido en el ámbito de la Ley de protección de datos.
Las competencias en materia de conservación y archivo de documentos le corresponde a cada Administración competente, por tanto, es en sus propios ámbitos donde se deben fijar los criterios de carácter general. En el ámbito del Estado, como decía, el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Estado, de quien depende el Archivo General de la Administración, ha fijado los criterios generales de funcionamiento de esos archivos y de cómo se debe tratar la información; ello se completa con instrucciones de cada uno de los departamentos ministeriales sobre el funcionamiento de cada uno de esos archivos y del tratamiento de sus propios papeles, de cómo se recaba la información, etcétera. En el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas se completa además con una instrucción posterior al año 1998 como consecuencia de la reordenación de la Administración periférica que establece la Lofage. Existe todo un mecanismo muy detallado sobre cómo se debe tratar la información que está en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, su remisión a los archivos históricos provinciales, etcétera, y cómo se debe llevar a cabo todo ese proceso. En el ámbito del tratamiento de la información a través de medios electrónicos, la Agencia de Protección de Datos, como usted sabe, tiene competencia con carácter general en todo el territorio nacional; es una ley orgánica de aplicación en todas partes, lo que no es óbice para que las comunidades autónomas puedan establecer en su propio ámbito y dentro de ese marco general definido por la ley su propia agencia de protección de datos. Hasta el momento, que yo sepa, solamente existe esa previsión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dentro de este marco, insisto en que las medidas que se están tomando que nos llevan a determinar que el sistema de garantías es suficiente para transmitir la tranquilidad a los ciudadanos de que el uso de los documentos en poder de la Administración es correcto.
En cuanto a las denuncias puntuales, como usted muy bien ha dicho, denuncias puntuales sobre funcionamientos singulares anormales se vienen produciendo desde hace muchos años. Yo no me voy a extender aquí en situaciones producidas en pasados años, pero sí debemos situar esas denuncias en el contexto, en la transcendencia y en la concreción de la importancia que a la hora de la verdad tienen y cómo se ha actuado frente a ellas. Pues bien, como usted sabe, todas esas denuncias, en general, se han venido refiriendo a documentación de un valor menor desde el punto de vista de la protección de los datos de intimidad personal, no son documentos de transcendencia en el sentido de atentar a los derechos a la intimidad y al honor personal; además, inmediatamente ha provocado la reacción y el funcionamiento de los organismos de control. Es decir, en todos esos casos se ha procedido a la apertura de unas diligencias previas por parte de los órganos competentes. El caso famoso del Instituto de la Mujer, que se produjo en septiembre de este año, provocó la apertura inmediata de un expediente por parte del Ministerio de Trabajo, puesto que se trataba de una serie de datos en soporte físico. Como usted sabe, hubo una comparecencia del ministro de Trabajo, en la que explicó cuál era la transcendencia o intranscendencia real de la documentación y por qué se había producido esa situación anómala en la eliminación de esos papeles; las investigaciones previas dieron lugar a la determinación de una negligencia de tres funcionarios del servicio que han visto abierto un expediente disciplinario que en estos momentos está en tramitación.
Las denuncias a las que usted se refiere de la revista Interviú, han dado lugar a la correspondiente apertura de investigaciones bien en el seno de los departamentos ministeriales, bien en la Agencia de Protección de

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Datos, como me imagino que el director de la Agencia tendrá ocasión de explicar en su comparecencia de mañana. Según los datos de que dispongo, en lo que se refiere a algunos de esos casos que usted presentaba aquí como un poco alarmantes, en el de la Agencia Española de Cooperación Internacional lo que se desprende del expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos es que se trata de siete documentos en bolsas de basuras, de los cuales sólo uno afecta a datos personales; se trata de una resolución de becas que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado», que por tanto es de conocimiento público y el expediente ha sido archivado. En el Ministerio de Defensa se abrió el correspondiente expediente, que también ha sido archivado; parece ser que el problema de las nóminas a que usted se refería era el de una persona que tiró su propia nómina. En la Agencia Estatal de Administración Tributaria existe el correspondiente expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos, que es el órgano competente, y está actualmente en tramitación; y así sucesivamente. Todo ello demuestra que el sistema tiene las garantías necesarias para actuar cuando se produce algún funcionamiento anormal; que con carácter general lo que se produce en las circunstancias que se han venido denunciando son eliminaciones probablemente no correctas de documentos, pero de escaso valor a efectos de ataques al derecho de la intimidad personal, y que, en todo caso, el sistema reacciona en tiempo y en modo para impedir, en la medida de lo posible, que se produzca un mal uso de esas informaciones. En ese sentido, como decía al principio, no debemos alarmar. La propia comparecencia a la que usted se refería del director de la Agencia de Protección de Datos de hace unos meses ponía de manifiesto cuál ha sido la actuación de la Agencia durante todo este tiempo. La agencia ha realizado centenares de procesos de instrucción, centenares de procesos de investigación y lo que se deduce de esas actuaciones es relativamente favorable para el funcionamiento de las administraciones. No obstante, nosotros no vamos a cejar en el empeño de tratar de ir mejorando el sistema de garantías porque esa es una necesidad evidente, y más, como usted decía, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Como usted sabe, una de las medidas contenidas en la Ley de protección de datos del año 1999, que es fruto de la trasposición de una directiva que se aprobó con carácter posterior a la ley de 1992, no sólo supone trasladar al derecho español las previsiones de la directiva comunitaria sino reforzar las medidas de garantía en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al uso de los datos contenidos en ficheros informatizados. Además, lo que se prevé en esa ley, que es fruto de la directiva, es por fin, (al final del periodo transitorio que ofrece la ley, que terminará aproximadamente en el año 2007), la integración en el tratamiento de los datos de ficheros informatizados con los no informatizados, unificando así el sistema pero permitiendo desde ese momento la participación de los ciudadanos respecto a ficheros no informatizados en cuanto a las garantías para la defensa en el uso de esos documentos que puedan afectar a su intimidad.
Desde el punto de vista de las inversiones, yo comparecí aquí, expliqué un plan, etcétera. Efectivamente, la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas, en materia de nuevas tecnologías, como usted sabe y como hemos explicado reiteradamente, supone sólo una pequeña parte del volumen de inversiones que la Administración general del Estado realiza en nuevas tecnologías.
Dentro de las inversiones que con carácter general se realizan en nuevas tecnologías hay una parte importante que lleva en sí misma la introducción de medidas de seguridad en las transacciones y en el uso de la información, tanto por parte de la Agencia Estatal Tributaria como por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera. Dentro de esos planes que hemos presentado, y en lo que se refiere a las garantías de acceso a Intranet, se incluyen, como es lógico, todas las medidas de seguridad para la salvaguarda y defensa de los derechos de los ciudadanos y también para las transacciones informáticas que se producen. Desde luego, los funcionarios tienen la mejor de las voluntades en el ejercicio de sus tareas y, con carácter general, todo el mundo actúa con la diligencia debida en el ejercicio de sus funciones, lo cual no quita para que en alguna ocasión se pueda producir algún mal funcionamiento. Eso no es predicable de la generalidad. Yo no presumo ni digo que haya que confiarlo a la diligencia de las personas, pero sí creo que las personas que tenemos en la Administración son diligentes en el ejercicio de sus funciones y en la guarda y custodia de los documentos que manejan. Señoría, afirmar que se está vulnerando con carácter general la Ley de protección de datos, que el sistema es muy preocupante, que los ciudadanos tienen que tener preocupación por el posible uso que se está produciendo, creo que es excesivo. Coincido en que es un asunto que no se debe dramatizar y que hay que seguir avanzando todo lo necesario en la adopción de las medidas oportunas para que cada vez sea un sistema mucho más proteccionista de los derechos de los ciudadanos. Pero no creo que sea una buena vía tirar por elevación para generar una alarma no razonable, ni los hechos demuestran que sea necesario.
Nosotros estamos de acuerdo con el aumento de los controles, con las inversiones que sean necesarias para mejorar el sistema, con la revisión y aumento de las garantías de los contratos que se realicen con las empresas que conservan y manejan los documentos y que los destruyen. Estaremos de acuerdo en todas las propuestas que se hagan, porque avanzan en el objetivo común, que es mejorar el sistema de garantías que tenemos.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado. ¿Grupos que desean fijar su posición en relación a la comparecencia? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, quisiéramos, con carácter previo, hace constar en el «Diario de Sesiones» reconocimiento y agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular al anterior vicepresidente de esta Comisión, don José Ignacio Llorens, por toda la colaboración que nos prestó desde ese puesto, así como desearle los mayores éxitos en su nuevo empeño en esta Cámara. También queremos agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el gesto de transformar la comparecencia solicitada del señor ministro para que pudiera llevarse a cabo por parte del secretario de Estado, al cual agradecemos su presencia aquí y sus explicaciones.
Cree nuestro grupo parlamentario que el secretario de Estado ha centrado perfectamente cuál es la situación, qué es lo que se ha hecho y adónde vamos. Reconocemos el tono y el talante empleados por el portavoz socialista y nuestro grupo parlamentario acepta su ofrecimiento de colaboración para mejorar en todo lo posible las garantías, como ha dicho el señor secretario de Estado. Pero ambos han dicho que no debemos dramatizar. Efectivamente, no hay que dramatizar ni sacar las cuestiones del contexto en el que nos movemos. Todos los ciudadanos -nosotros también lo somos- queremos que nuestros datos estén protegidos con las mayores garantías y que no puedan ser utilizados por cualquier persona, pero también queremos que nuestras ideas estén protegidas y no creo que haya ninguna formación política en esta Cámara cuyas ideas no hayan sido filtradas. Pero mucha norma que tengamos, lo cierto es que las personas cometemos errores. Decía el secretario de Estado que se manejan millones de documentos, pero yo estoy convencido de que se manejan miles de millones de datos no sólo en la Administración central, como bien ha dicho el portavoz socialista, sino en todas y cada una de las administraciones del Estado español.
En la comparecencia se podría discutir sobre este tema o pedir una comparecencia cuando no se actúa, pero el Grupo Parlamentario Popular estima que el Gobierno está actuando. Desde el año 1996 en que asumió sus obligaciones, el Gobierno del Partido Popular ha legislado, ha establecido normas de garantía, mecanismos e ha establecido instrucciones desde todos los ámbitos y competencias. Decía el secretario de Estado que es el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la subdirección general correspondiente y en base a la normativa vigente, el responsable de la vigilancia, custodia y archivo de los documentos y que después cada departamento ministerial tiene sus instrucciones, sus formas de actuación y de comportamiento.
Creemos sinceramente que en las administraciones, tanto en la estatal como en la central, en la autonómica y en las locales, existe celo por cuidar y vigilar los datos de los ciudadanos, pero es muy difícil llegar a la perfección, al cien por cien, cuando son muchas las personas que intervienen en todos los procesos de archivo y protección de documentos y datos de personas. Este Gobierno ha demostrado su preocupación por mejorar las garantías. El secretario de Estado ha dado un dato importante, la Ley de patrimonio histórico nacional, del año 1985, aprobada por el Gobierno socialista, establecía la creación de una comisión superior calificadora de documentos administrativos. Esa comisión se ha creado durante el gobierno del Partido Popular, porque durante 10 años el Partido Socialista no la creó. No quiero provocar un debate con el Grupo Socialista porque estoy convencido de que cuando estaba en el Gobierno también se preocupaba por la protección de datos de los ciudadanos. Hay que delimitar la competencia y la actuación del Gobierno, pero recalco que el Gobierno está actuando, está creando los mecanismos y está dando instrucciones en todos y cada uno de los departamentos ministeriales.
Hacía referencia el señor secretario de Estado a las instrucciones que se han dado y que están llevando a cabo las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todos los archivos donde existe documentación y que hay criterios técnicos y cursos de formación que se dan a los funcionarios. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, podía haberse provocado la comparecencia de todos los departamentos ministeriales para hablar de la custodia y protección de datos. Se ha hecho a través del MAP, con la comparecencia que hoy está celebrando el secretario de Estado como referente del conjunto de las administraciones. Los datos avalan el que se está llevando a cabo una buena gestión por parte del Gobierno en cuanto a la protección de los datos. El último informe de la Agencia de Protección de Datos de 1999, viene a demostrar que está actuando bien, con celo, y que los ciudadanos se pueden sentirse protegidos en cuanto a la intimidad de sus datos.
De los expedientes y las instrucciones llevadas a cabo por la Agencia de Protección de Datos se puede destacar, en cuanto a la Administración pública se refiere, un expediente a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por mandar a una entidad privada un fax con datos relativos a una persona y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por haber facilitado un certificado sobre declaración de IRPF de un contribuyente a terceras personas. Esas han sido las actuaciones de la Administración central en el año 1999; ha habido otras en distintos ayuntamientos, como el de Arganda del Rey o el de Alcobendas, y en distintas comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos de distinto signo.
Estas actuaciones sancionadoras de la Agencia de Protección de Datos, que es el órgano que tiene asumidas las competencias para llevarlas a cabo, vienen a demostrar que se está actuando bien, con eficacia, en cuanto a la protección de los datos de todos los ciudadanos.


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Como bien se ha dicho, esta Cámara, no puede transmitir a los ciudadanos un desasosiego al hacerles entender que nuestros datos están en manos de cualquier persona. ¿Que ha habido errores? Evidentemente. Cuando en un cubo de basura un grupo de periodistas -a los cuales hay que felicitar y agradecer su trabajo, porque lo han puesto en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos para que actúe- encuentra datos relativos a personas, nadie puede decir que se haya hecho bien, pero no se ha hecho bien puntualmente y por error de algunas personas. Cuando hay errores de personas la Administración tiene los mecanismos apropiados y, como bien ha dicho el secretario de Estado, se abren expedientes disciplinarios y se depuran responsabilidades.
En una administración como la española unos casos tan puntuales no pueden llevarnos a poner boca abajo todo el sistema legal y la propia actuación de la Administración, que es muy correcta y garantiza a los ciudadanos la protección de sus datos. Pero es algo nuevo, porque el Partido Socialista ha gobernado durante muchos años España y sabe que mientras gobernaba también se cometieron errores, no provocados por su voluntad, y aparecieron 800 historiales de enfermos del Hospital 12 de Octubre en cubos de basura. Ha habido otras situaciones que tampoco viene al caso relatar aquí, porque el tono y el ambiente en el que se han desarrollado las intervenciones del Grupo Socialista y del secretario de Estado no lo hacen necesario.
El Grupo Parlamentario Popular cree, y así lo ha dicho el secretario de Estado, que el conjunto de medidas es correcto, aunque todo es mejorable. Hay que partir de la base de que la normativa existente es la más completa en el ámbito de la Unión Europea y de que España es el país en el que mejor y más normativa hay en cuanto a protección de datos de todos los ciudadanos. Repito que todo es mejorable y que podemos seguir mejorando la norma porque tenemos preocupación por la protección de los datos y por la información que las nuevas tecnologías van a provocar, y todos tendremos que hacer un esfuerzo de colaboración y de trabajo en común, no sólo desde nuestro ámbito, puesto que los especialistas en las nuevas tecnologías tendrán mucho que aportar a las distintas administraciones para explicarnos y poner en práctica cómo garantizar la protección de todos los datos.
El Grupo Popular quiere dejar expresa constancia en el «Diario de Sesiones» de su felicitación al Gobierno por el conjunto de normativas que ha venido desarrollando en este último año en cuanto a la protección de los datos y de la intimidad de las personas, por las actuaciones que se han llevado a cabo en distintos ámbitos de los departamentos ministeriales. Reconocemos que cuando actúan las personas se cometen errores, pero no creemos sinceramente que éste vaya a ser el último error, no creemos que en una materia de esta complejidad se pueda lograr el cien por cien de efectividad, pero confirmamos con el informe de la Agencia de Protección de Datos que el que se hayan abierto solamente dos expedientes a dos departamentos ministeriales de la Administración central, uno por mandar un fax y otro por emitir un certificado, demuestra que los ciudadanos podemos estar tranquilos con la actuación del Gobierno de España en cuanto a la protección de nuestros datos.


PREGUNTAS.


- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE SÓLO SE HAN EJECUTADO 11.342 HORAS LECTIVAS DE LAS PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 1999 PARA EL APARTADO «FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA ESCUELA DE SELECCIÓN Y FORMACION ADMINISTRATIVA», DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 181/000227)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas que se formulan al señor secretario de Estado.
La primera es la formula por doña María José López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Quisiera hacer mención de otro tema reglamentario. Para formular y responder las preguntas el Reglamento concede diez minutos, y volvería a existir otro turno de cinco minutos. La Presidencia no quiere condicionar a ningún interviniente, pero la Comisión agradecería que fuéramos capaces todos, los preguntantes y el preguntado, de utilizar menos tiempo del que autoriza el Reglamento.
Doña María José López tiene la palabra.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a hacer caso a la sugerencia del señor presidente, y seré lo más breve posible, porque a lo largo de los debates presupuestarios hemos tenido la oportunidad de ir aclarando algunas cuestiones que en la primera comparecencia del señor secretario quedaron pendientes, y estas preguntas responden a aquella comparecencia. En aras a esa brevedad, voy a hacer una reflexión antes de la formulación de la pregunta y de la respuesta del señor secretario de Estado.
Usted es un gran conocedor de la Administración y sabe perfectamente que los objetivos y los indicadores de seguimiento no son una mera palabra, una relación numérica, y que cuando se incluyen en el presupuesto y en la memoria han de responder de una forma contundente y definitiva a la actuación de ese Ministerio cuando los cotempla. A través de esos objetivos podemos conocer dónde se gasta el dinero del presupuesto. A nuestro entender, no parece lógico que se

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prevean una serie de dotaciones económicas que luego no han aparecido como realidades en el ejercicio presupuestario.


En este caso, nuestra pregunta se ciñe a la previsión para el año 1999. El Gobierno tenía previstas 18.830 horas lectivas de las cuales se realizan 11.342, lo cual supone haber realizado en ese ejercicio presupuestario la ejecución de solamente un 60 por ciento de esa previsión a la que hemos hecho referencia anteriormente. Nos llamó la atención en su momento ese dato -ya lo pusimos de manifiesto el día 10 de octubre-, pero luego hemos podido observar, comparando los años 2000 y 2001, que no se cumplen ni uno solo de los indicadores que aparecen en ese presupuesto. Si usted repasa con suficiente precaución cada uno de esos indicadores, verá que no aparece el cumplimiento de ninguno de ellos. De los muchos que hay, voy a citar única y exclusivamente un ejemplo. En las jornadas de formación aparecen 270 previstas y ejecutadas sólo 75. Volvemos a quedarnos en el parámetro de menos del 25 por ciento de ejecución.
Ya manifestamos en otras ocasiones, así como en el debate presupuestario, que es imposible que se pueda realizar el seguimiento con esos indicadores y controlar -es nuestra obligación como partido en la oposición- ese ejercicio presupuestario. De ahí proviene la pregunta que en aquel momento realizábamos y que hoy hemos mantenido: ¿Por qué si en el año 1999 se presupuestaron para el apartado funciones encomendadas a la Escuela de selección y formación administrativa, dentro del programa presupuestario del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 18.830 horas lectivas sólo se ejecutó el 60 por ciento, 11.342?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): No sé si soy un gran conocedor de la Administración, pero seguro de que lo soy tanto como S.S.. Y como S.
S. la conoce tanto como yo, sabe que los indicadores son eso, indicadores y lo que indican son las previsiones de los objetivos que se pretenden desarrollar a lo largo de un año. Luego, la vida de la propia gestión anual tiene sus propios avatares y se pueden producir diferencias.
En concreto, en lo que se refiere a la pregunta de S.S. de por qué del programa del Instituto Nacional de Administraciones Públicas de las 18.830 horas lectivas sólo se han ejecutado 11.342, señalaré que de debe fundamentalmente a que el parámetro en el que se establece esa diferencia es el de los cursos que se hacen en colaboración con otros organismos. Y esos cursos, que no son financiados en su totalidad por parte del INAP, sino que en su mayoría son financiados por otros organismos, se desarrollan por la voluntad de esos organismos. Se hacen unas previsiones y luego depende de la capacidad de alcanzar acuerdos y del alcance de los acuerdos que se logren, para determinar cuál es el número de horas que al final se acaban realizando. Efectivamente, ahí había una previsión que era algo superior a las 16.000 horas y que al final se ha quedado un poquito por debajo de las 10.000, como consecuencia de que no ha sido posible suscribir y desarrollar con los organismos esos cursos de formación que inicialmente estaban previstos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María José López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Intervendré con la misma brevedad que anteriormente, señor presidente.
El único inconveniente que yo encuentro es que ustedes hacen la previsión entre los meses de mayo y junio, si no estoy equivocada, con lo que ya conocen cuál ha sido el desarrollo de esa actividad hasta ese período del año. Si usted me dijese que esa situación se produce de forma esporádica y que la previsión ha de hacerla el Ministerio en un momento determinado podría ser así, pero ustedes tienen el referente de años anteriores, con las actividades y los proyectos de futuro para el año siguiente. Entiendo que es una mala previsión, que es un mal ejercicio el presupuestar algo que después no se puede ejecutar porque es un mal referente a cómo se gasta y cómo se ejecuta ese presupuesto. El problema no es que aparezcan unos números determinados en un presupuesto sino qué ocurre con ellos, cómo y dónde se aplican.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Lo es determinante para evaluar cómo se produce la formación dentro del Instituto de Formación es cuál es el resultado final de las horas formativas que se imparten y cuál es el estado de ejecución de su presupuesto. Creo recordar que en el año 1999 el número de horas lectivas ha estado no en las 18.000 sino en 22.000, es decir, algo más de las que S.S. señalaba.
En cuanto al grado de ejecución del presupuesto del INAP en cursos de formación, prácticamente llega a la totalidad de los créditos.
Además, no sólo hay que medir la formación sobre la base de las previsiones que se contienen inicialmente, sino que los criterios de los indicadores también se cambian. Es decir, hay una previsión, cuya evolución también habrá visto S.S., y no es que se hayan hecho menos horas sino que se computan de una manera distinta, en otro lado. Por ejemplo, se trata de cursos en colaboración con comunidades autónomas . Si usted observa esa diferencia, que no aparece en el año 1999, en el año 2000 aparece ya con 10.000 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido un reajuste de las distribuciones de la formación,

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que hace que un indicador esté en un determinado momento referenciado en un año y en otro año de una manera distinta.
Hay otros cambios. La formación de la Administración periférica ha pasado a hacerse por la Subsecretaría, en una parte, y ya no por el INAP, como consecuencia de la reorganización de los servicios periféricos, que ha tenido lugar por la reordenación del Ministerio de Administraciones Públicas. Por eso digo que es un indicador y que hay que ver cómo está evolucionando la actividad de formación del INAP en el conjunto global de la actividad que acaba haciendo el Instituto formativamente, al final del año, y cuál ha sido el estado de ejecución de sus créditos en la actividad formativa. En general, la actividad de formación del Instituto Nacional de Administraciones Públicas se está ajustando, año a año, a las previsiones presupuestarias. Evidentemente, lo que pretendemos es que cada año pueda ir mejorando esa actividad de formación.


- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS DEL AUMENTO DEL CAPÍTULO 1 EN UN 6,5 POR CIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 2001 EN EL INSTITUTO NACIONALDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 181/000228)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta, que también formula doña María José López González, que tiene la palabra.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Durante la discusión del presupuesto para el año 2001 se puso de manifiesto la voluntad del Gobierno de continuar con el proyecto de una Administración moderna, mejor dotada, mucho más cercana, más ágil, más dinámica, y nos encontramos con que en el capítulo 1 aumenta en un 6,5 por ciento. Nos llama la atención que este aumento sea consecuencia de que las retribuciones de funcionarios en prácticas pasan de 253.172.000 pesetas, el año 2000, a 308.707.943 pesetas para el año 2001. La mayoría de ellos, según he podido tener conocimiento, provienen de la promoción interna, porque hay dos modos de acceso, si no estoy en un error: por la promoción interna o por oposición libre. Si vienen de la promoción interna, me imagino que el organismo de procedencia sigue abonando el sueldo hasta tanto exista la incorporación definitiva; y si vienen de la opción libre, lógicamente sólo se abona una parte de lo que luego será el salario total. Pero me temo que esté ocurriendo como en el caso anterior, y es que no hay una previsión para que después en los presupuestos se pueda hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de la gestión de la Administración. Voy a decírselo de la manera más suave que se me ocurre. No tengo conocimiento de que haya un acceso masivo en oposiciones libres, e imagino que la mayoría de estos puestos se están cubriendo por promoción interna. Señor secretario de Estado, mi grupo tiene la percepción de que la Administración general del Estado se está convirtiendo en el Inserso de la Administración. Me gustaría hacer sobre el capítulo 1 esa reflexión a la que he hecho referencia al formular la pregunta, porque tenemos mucho interés en conocer por qué, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, en su capítulo 1, aumenta el 6,5 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Yo creo que S.S. se ha contestado a sí misma en la exposición que ha hecho. El capítulo 1 del Instituto crece, como ya explicamos en las comparecencias de presupuestos, porque tiene una parte que es el componente de incremento general de las retribuciones de los empleados del INAP, es decir, el 2 por ciento que está previsto para el año que viene, que representa unos cuarenta y tantos o cincuenta millones de pesetas, y el resto son las previsiones para pagar a los funcionarios en prácticas. Efectivamente, los funcionarios en prácticas acceden a ese curso de formación, bien por promoción interna, bien por acceso libre.
Siendo atento a las recomendaciones del señor presidente, no voy a entrar en el funcionamiento de la oferta, en los procesos selectivos y en si esto es el Inserso o son las juventudes, porque es otro debate que nos llevaría mucho tiempo. No estoy de acuerdo con lo que dice S.S., porque la oferta anual está en el entorno de los 2.300/ 2.500 personas de nuevo acceso, más las promociones internas de empleados públicos, que pueden ser por miles. No recuerdo el dato ahora, pero si S.S. quiere, en algún otro momento se lo puedo dar.
¿Por qué dice S.S. que no hay previsión? Sí hay una previsión. Lo que nosotros hemos puesto de manifiesto al presupuestar este incremento es que tenemos una carencia de dotaciones económicas suficientes en el capítulo 1 para hacer frente al pago de los funcionarios en prácticas, teniendo en cuenta la cadencia de procesos selectivos que se está produciendo, bien por promoción interna, bien por acceso. Por eso, lo que se refleja en ese presupuesto son las insuficiencias que, más o menos, estimamos que se van a producir en el capítulo 1. Dice S.S. que hay falta de previsión. No, lo que pasa es que los procesos selectivos no los convocamos nosotros, los convoca cada organismo, cada dependencia y, por tanto, la cadencia no la controla el Ministerio ni el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Lo único que podemos hacer es una previsión sobre cómo se han venido comportando los procesos selectivos en el año anterior y una estimación de lo que

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entendemos que se puede ir produciendo en el año siguiente.
Una aclaración. Efectivamente, el problema es que los funcionarios en prácticas no son retribuidos, porque expresamente lo impide el reglamento, cuando están en prácticas en su puesto de origen. Y ésa es una de las cosas que nosotros estamos estudiando, para ver si podemos cambiar y minorar la carga de lo que supone la retribución del funcionario en prácticas.


- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS DEL AUMENTO DEL CAPÍTULO 2 DE GASTOS CORRIENTES EN UN 14,5 POR CIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 2001 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
(Número de expediente 181/000229)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que corresponde también a doña María José López.
Tiene la palabra para formular la pregunta.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Durante los casi cinco años que cumplimos de su Gobierno, en multitud de ocasiones han manifestado su eficacia y su intención de hacer un control exhaustivo del gasto público en la Administración. Siempre que hacemos esta reflexión, esta diputada se mantiene en el mismo punto. Yo creo que en la Administración socialista nunca hubo ese despilfarro al que aludía el Partido Popular, y de ahí el ejercicio de autocomplacencia de llamar ahora eficacia al control del gasto. Al Grupo Popular no le parece que hay un excesivo control del gasto. Por ejemplo, les parece muy bien la subida del 2 por ciento que se establece para los funcionarios y estiman que no existe para ellos ninguna pérdida de poder adquisitivo; sin embargo, el aumento del gasto corriente es del 14,5 por ciento.
Nos ha sorprendido la partida 226.06, que hace subir considerablemente el presupuesto, puesto que aumenta casi un 140 por ciento respecto al presupuesto del año 2000. Me refiero concretamente a la partida de reuniones y conferencias, que pasa de 110.436.000 pesetas a 260.436.000 pesetas. Si S.S. no me dice lo contrario, debe de ser que han pensado en estar permanentemente reunidos; si no, no le encuentro ninguna explicación.
Hay otro concepto, que es en cierto modo clarificador, y es que el INAP pasa de abonar tres a siete millones de pesetas por tributos locales. La subsecretaria de Estado ya puso de manifiesto que no había sido posible hacer el control de los alquileres. Pensamos que el Ministerio se ha lanzado masivamente a hacer adquisiciones de inmuebles de las que no tenemos conocimiento (porque para pasar de los tres a los siete millones, al parecer, ha habido alguna adquisición) o es que hace aguas el discurso del señor Manzano y los impuestos municipales han subido más de lo que el señor Manzano ha dicho.
De ahí que queramos saber por qué el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2001, el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, en su capítulo 2, de gastos corrientes, aumenta ese 14,5 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): Como S.S. dice, el capítulo 2 del presupuesto del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas crece un 14,55 por ciento, pero eso no tiene nada que ver con el objetivo del control del gasto, sino con una adecuación del gasto. Como ya se le explicó en la comparecencia de presupuestos (y seguramente mucho mejor de lo que yo lo pueda hacer) por parte de la señora subsecretaria, que es la que tiene la competencia directa en las materias propias de funcionamiento de los inmuebles, el incremento del 14,5 por ciento responde fundamentalmente a un concepto, que es el relativo a la formación continua.
El Instituto Nacional de Administraciones Públicas es el instrumento a través del cual se canalizan los recursos de la formación continua; fondos procedentes del Forcem, la parte correspondiente al sector de las administraciones públicas. Tradicionalmente, la previsión de esa dotación, que es bastante grande (creo que el año pasado fueron cerca de 9.000 millones de pesetas), se consignaba en capítulo 2. El problema está en que, al consignar eso en capítulo 2, luego había que hacer una modificación presupuestaria en el capítulo 4 para poder dar las aportaciones a las entidades que gestionan esos créditos.
Nosotros somos aquí, simplemente, instrumentales. Para tratar de agilizar la gestión de los fondos de la formación continua, lo que se estableció ya en años pasados fue asignar esos fondos al capítulo 4.
Pero este año se produce una peculiaridad y es que el acuerdo de formación continua, que es trianual, termina este año y está en negociación el nuevo acuerdo de formación continua. Ese nuevo acuerdo de formación continua, como usted sabe, se discute en la mesa general del Forcem y está pendiente de firma. Nosotros somos aquí subsidiarios del acuerdo general de formación continua. Tenemos negociado en nuestro ámbito el futuro acuerdo de formación continua, pero no lo podemos llevar a la práctica en tanto en cuanto no se suscriba el acuerdo general. Dentro de las previsiones de la negociación de los nuevos repartos de fondos, existe un incremento de fondos para la formación continua de quinientos y pico millones de pesetas, que eslo que da ese saldo tan grande de incremento dentro de

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la dotación de capítulo 2, y que se consigna en capítulo 2 porque no lo podemos consignar nominativamente en capítulo 4 puesto que, hasta que no esté el acuerdo, no sabemos cuál es el reparto entre las partes. Por lo tanto, esa parte la tenemos que consignar en el capítulo 2, lo que explica ese incremento de gasto, que es para estar reunidos permanentemente, pero en cursos de formación, no es para otro tipo de gastos.
En cuanto a las cantidades de ciento y pico millones, etcétera, a las que usted se refería, es simplemente un cambio entre el artículo 23 y el artículo 22. Es un ajuste presupuestario interno, creo recordar.
Por lo que se refiere a las tasas, no creo que el señor Manzano haya subido las tasas porque yo, que procedo de allí, sé que lleva muchos años congelándolas. Me imagino que esto responderá a algún ajuste de lo que realmente sean los costes fiscales que haya tenido que pagar el Instituto, y que este año se haya procedido a una regularización.
No le puedo decir otra cosa porque no lo sé.


- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE TRANSFIERE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO CASI LA MISMA CANTIDAD QUE A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CAPÍTULO 4 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 2001 DEL PROGRAMA DESTINADO AL INSTITUTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 181/000230)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente y última pregunta, que también corresponde a doña María José López.
Tiene usted la palabra para formularla.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Siento estar tan preguntona esta mañana, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Cuatro veces. (Risas.)

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Finalmente, la última pregunta hace referencia a por qué, dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2001, en el capítulo 4, en el programa destinado al Instituto de Administraciones Públicas se transfiere a familiares e instituciones sin ánimo de lucro casi la misma cantidad que a las comunidades autónomas, unos 2.000 millones de pesetas. Nos hemos detenido en observar las cantidades y estará de acuerdo el señor secretario de Estado en que ambas son similares. Nos imaginamos que van destinadas a programas que la Administración controla y decide su idoneidad.
Una de las cuestiones más importantes es que el personal de la Administración no sólo debe tener una formación continua -que la debe de tener, coincidimos con el secretario de Estado-, sino que es prioritario que esa formación sea adecuada para que, con arreglo al puesto de trabajo que desempeñe, un funcionario pueda prestar un mejor servicio al ciudadano y se logre el objetivo que todos buscamos, que es el mejor funcionamiento de la Administración pública.
Suponemos que esa idoneidad de esos programas la controla el Gobierno, que decide cuáles son los proyectos de formación más adecuados, dependiendo de los objetivos de la Administración, pero tenemos serias dudas -permítame que lo diga con claridad- de que esa formación se esté llevando adecuadamente y no existan relaciones con formaciones privadas sin ese control y que se haga de un modo un tanto arbitrario.
Me gustaría preguntar al señor Secretario de Estado por qué aparece esa partida y cómo se va a gestionar, de qué forma y cuándo, ya que es la primera vez que aparece en el presupuesto el premio de estudios de investigación, que está valorado en 16 millones de pesetas, cantidad nada despreciable. Nos gustaría saber cuál va a ser el objetivo de ese premio, dónde irá destinado y cuál será el control.
Le agradeceríamos también, cualquier otro dato que al secretario le parezca de interés a la oposición para controlar esa partida presupuestaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (González González): Si he entendido bien, pregunta S.S. por qué las cantidades del capítulo 4 del programa destinado al Instituto de Administraciones Públicas se transfiere a familia e instituciones sin ánimo de lucro casi la misma cantidad que a comunidades autónomas. La contestación a esta pregunta se realiza en los mismos términos que la anterior. Como ya le he explicado a S.S., lo que figura en el capítulo 4, en términos generales, no son más que las distribuciones de los fondos de formación. Dentro de lo que se refiere a familias e instituciones sin ánimo de lucro, lo que hay detrás son las organizaciones sindicales y la Federación de Municipios y Provincias, que son las dos partes que, junto a las comunidades autónomas y el Estado, firman el acuerdo de formación continua en la Comisión general de formación continua. En ese acuerdo se determinan los repartos de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes, y esa cantidad es la que se refleja en los presupuestos en el capítulo correspondiente.
Las cantidades son las que son, las que están en el acuerdo, y se vienen repitiendo todos los años en razón de lo que dice el acuerdo- marco. El acuerdo-marco, como explicaba antes, es por tres años, termina el 31 de

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diciembre, está en negociación el nuevo. Para el año que viene, como no está cerrada la negociación, lo que se ha hecho es poner las mismas cantidades que se han dado en el 2000. Esas cantidades probablemente se verán cambiadas a lo largo del 2001 cuando se firme el nuevo acuerdo y se decida cómo se reparte el resto del dinero que actualmente está en capítulo 2. Probablemente se podrá mantener esa misma proporción o no, dependiendo de lo que las partes acuerden en la mesa de negociación que, como digo, en estos momentos está abierta, aunque con las negociaciones muy avanzadas.


Pero ha dicho S.S. alguno que a mí me preocupa, que no está directamente en el ámbito de la pregunta, que es que no existe control de la formación. El control de la formación existe, sobre todo de esta formación, que viene determinada dentro del propio acuerdo y que se sujeta a los sistemas de control y funcionamiento que establece el acuerdo general de formación, del Forcem, del que, repito, nosotros somos una parte aplicada al ámbito de las administraciones públicas.
Yo no tengo ahora datos, pero el Instituto de Administraciones Públicas todos los años hace un seguimiento de cuál es el gasto que se realiza de ese dinero, y donde no se ha justificado la realización de esos cursos por las distintas partes que reciben este dinero, se les exige el reintegro, y, de hecho, se reintegra. No sé exactamente cuáles son las cantidades, pero ahí están y estarán reflejadas en el presupuesto.
Existe un control. Yo no conozco ninguna denuncia de otro tipo, que no conviene mezclar con la formación en el ámbito de las administraciones públicas, que está funcionando relativamente bien.
Le digo más. Nosotros, en el ámbito de la comisión superior de la Función pública, con la colaboración de las comunidades autónomas y en el ámbito también de la Comisión de formación continua con los representantes de las federaciones de municipios y provincias y con los sindicatos, queremos, en primer lugar, establecer en el nuevo acuerdo una serie de criterios generales para determinar cuáles son las prioridades de los cursos de formación, de manera que respondan a una objetivo común, y, en segundo lugar, aumentar los criterios de evaluación de los resultados de la formación, que no es lo mismo que no aumentar los controles de la formación, que ya existen, sino ver si la formación que estamos dando está respondiendo a los objetivos que nos marcamos. Este es uno de los temas que en este momento tenemos en discusión en la negociación y que esperamos poder concluir cuanto antes porque el acuerdomarco vence el 31 de diciembre de este año.


El señor PRESIDENTE: Si la señora diputada quiere replicar, tiene la palabra.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Creo que al secretario de Estado se le ha olvidado la segunda parte, a la que he hecho referencia, del premio de los 16 millones de pesetas.
Ante las manifestaciones que ha realizado, se me ocurre que se han podido cumplir las moras en la formación en este programa porque no se han dado cerca de la mitad. Tenemos conocimiento de que esta situación se está produciendo. Yo he hablado de dos conceptos diferentes: de la idoneidad y del control exhaustivo de los cursos de formación. De ahí, que insista en esas dos cuestiones.


El señor SECRETARIO DE ESTADOS PARALA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (González González): He contestado a S.S. en los términos en los que formula la pregunta. Reitero que yo no sé si lo que me está preguntando ahora es cómo está el grado de cumplimiento de los cursos que se derivan de la formación continua. Le vuelvo a decir que en este momento se está produciendo el desarrollo de los cursos del año 2000. Por lo tanto, cuando termine este año el Instituto de Administraciones Públicas hará su evaluación sobre cómo se han comportado esos cursos, y, por supuesto, rendirá las cuentas correspondientes al Forcem.
En estos momentos, no se lo puedo decir porque lo desconozco, pero reitero lo que se viene produciendo en años anteriores. En términos generales, los programas de formación continua se desarrollan con carácter general y correctamente por los ayuntamientos, sindicatos, comunidades autónomas y por el Estado, y hay algunos cursos que no se ajustan a los objetivos que se reclaman y lógicamente se produce la devolución del dinero a los presupuestos del INAP. No le puedo decir más.
Respecto a los datos sobre el premio que me ha solicitado, en estos momentos no le puedo contestar porque desconocía que me iba a formular esta pregunta y no tengo aquí los datos.


El señor PRESIDENTE: Con su intervención hemos terminado el punto 6.º del orden del día, la última pregunta.
Vamos a suspender dos minutos la sesión para despedir al secretario de Estado y continuar inmediatamente con los demás puntos del orden del día.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESGINADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES. (Número de expediente 121/000011)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.


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El punto número 7 es el correspondiente al proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales. En primer lugar, debemos ratificar la ponencia desginada para informar esta iniciativa legislativa. ¿Hay alguna oposición de algún grupo a que ratifiquemos la ponencia por asentimiento? (Pausa.) Queda ratificada la ponencia.


- APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES.
(Número de expediente 121/000011)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la aprobación, porque tenemos competencia legislativa plena, del informe elaborado por la ponencia que acabamos de ratificar.
A este proyecto de ley se han presentado varias enmiendas por parte del Grupo Federal de Izquierda Unidaa. No está en la sala en este momento ningún miembro de ese grupo parlamentario, por lo cual, a no ser que otros grupos parlamentarios asumieran estas enmiendas, decaen en esta sesión de la Comisión. Pregunto, ¿hay algún grupo parlamentario que asuma las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida? (Pausa.) No siendo así, decaen las enmiendas y paso a dar la palabra para que fijen posición los grupos parlamentarios antes de votar el proyecto de ley. Entonces, por orden de menor a mayor, tiene la palabra don Josu Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, intervengo para expresar nuestro voto favorable al proyecto de ley en el que se plasma un acto emitido por un órgano legislativo, pero que no tiene naturaleza normativa. Es emitido por un órgano legislativo porque por exigencias constitucionales, pero fundamentalmente legales, el acto de ejecución en este caso tiene que revestir rango legal, pero materialmente se trata de un acto administrativo, es un acto de creación de un consejo superior de colegios profesionales que se produce en el marco de lo previsto en el artículo 15 párrafo 3 de la Ley del proceso autonómico. No tenemos nada que objetar. Tenía previsto intervenir para explicar las razones por las que nos íbamos a oponer a las enmiendas planteadas por el Grupo de Izquierda Unida, pero puesto que han decaído, ahorro más comentarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergènia i Unió, tiene la palabra doña Zoila Ferré.


La señora RIERA I BEN: Zoila Riera, señor presidente. Es el calor que compartimos, señor presidente. (Risas.) Con todo brevedad, señor presidente, en el mismo sentido de lo expresado por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, al haber decaído las enmiendas a las cuales mi grupo hubiera manifestado su voto en contra ya no tiene sentido reiterarnos en ello.
Celebramos que se apruebe este proyecto de ley y deseamos, además, que el consejo general de protésicos dentales tenga un papel preponderante de coordinación que dé relieve a una profesión que sin duda está valorada por nuestra sociedad, además, en el ámbito sanitario al que me siento vinculada como portavoz de sanidad que soy, es una profesión a la que quiero rendir homenaje por el trabajo que hacen, indispensable para que, entre otras cosas, podamos lucir mejor sonrisa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen Marón tiene la palabra.


La señora MARÓN BELTRÁN: En primer lugar, lo único que quiero hacer en este caso es lamentar la demora en la tramitación de este proyecto de ley para la creación del consejo general de protésicos dentales, que quedó paralizado en el Senado al disolverse las Cortes Generales la pasada legislatura, ya que había pasado el trámite parlamentario en esta Cámara; es una demora que lamentamos y que ha sido significativa para este colectivo. Nuestro grupo, desde luego, apoya esta iniciativa por las mismas razones que mantuvimos en el debate de hace un año, exactamente el 23 de noviembre pasado, que iban en la línea de completar el marco normativo con la creación del consejo general, algo desde luego de interés para la sociedad y también de interés para un colectivo de profesionales muy importante. Por tanto, nuestro voto será favorable.
En cuanto a las enmiendas, como han decaído, no ha lugar a ninguna discusión.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, don Mario Mingo tiene la palabra.


El señor MINGO ZAPATERO: Quiero manifestar la posición favorable del Grupo Parlamentario Popular en relación a este proyecto de ley, que va a permitir que muchísimos profesionales enmarcados en los distintos colegios puedan acceder a tener estas reuniones y esta competencia legislativa en el consejo de colegios de protésicos dentales, demanda que, como han dicho otros grupos políticos, venían realizando en los últimos años. Nos congratulamos de que hayan decaído las enmiendas y damos nuestro apoyo a la tramitación de esta ley.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVAA LA NORMATIVA REGULADORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000118)

El señor PRESIDENTE: Procedería ahora votar el proyecto de ley en los términos en que lo aprobó la ponencia, que son los del Gobierno, pero tenemos el acuerdo de la Mesa de hacer todas las votaciones a partir de las doce y media.
Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que no será el 9, sino el 10, puesto que el 9 ha sido retirado, aunque sea monentáneamente, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. El punto 10 ha sido también presentado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que no tiene en este momento ningún miembro asistiendo a la Comisión, por lo cual vamos a pasar al punto 11; si en la discusión de los dos siguientes asiste a la Comisión algún diputado de ese grupo parlamentario, entonces podríamos darle la palabra para defender esa proposición no de ley.
El punto 11 es una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia.
Tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Voy a ser muy breve, señorías, porque creo que en este tema vamos a contar con la aquiescencia del resto de los grupos.
El Boletín Oficial de la Provincia tiene una regulación antiquísima, la importancia de los boletines oficiales, tanto del orden jurídico como administrativo, es esencial. La regulación, que parte de una Real Orden de 1833, con una precisión posterior en otra Real Orden de 1856 y una mención en la Ley provincial del año 1870, se encomienda en el año 1871, a efectos económicos y de publicación, a las diputaciones provinciales. En definitiva, su regulación es escasísima, a la par que, como digo, antigua y, por lo que se refiere a la dependencia funcional, garantía de publicación y servicios de difusión, requiere de una nueva regulación que acoja de alguna forma lo que se ha suscitado en la Federación Española de Municipios y Provincias, debates en los que participé. Tanto en la Comisión de Diputaciones como en la de Economía de la FEMP se requirió reiteradamente debatir temas relativos al Boletín Oficial de la Provincia. Por tanto, entendemos que convendría que por parte del Gobierno se hicieran los estudios y consultas correspondientes, de forma que esa normativa se pueda clarificar y adaptar a las nuevas circunstancias. Todo ello teniendo en cuenta que concurren una serie de elementos que deben tenerse muy presentes, como es la nueva estructura de comunidades autónomas y la composición de esas comunidades autónomas con distintos números de provincias, lo que hace que en cada una de ellas el estudio deba ser exhaustivo, mediante consulta a las diputaciones provinciales y los entes locales, que en definitiva son a los que se presta esa seguridad jurídica en la publicación de sus respectivos acuerdos a través de los boletines oficiales.
Existe algún precedente, por ejemplo en el año 1999 en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ha legislado sobre este tema integrando dentro del boletín oficial de la comunidad autónoma los boletines de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Entendemos que, si bien esa competencia no ha sido discutida por el Ministerio de Administraciones Públicas, es preciso que se haga un estudio y una consulta de manera que se pueda refundir, a efectos de dar mayor seguridad jurídica y sobre todo de que se pueda marcar su dependencia funcional y económica. En este sentido, hay que tener en cuenta que las diputaciones provinciales tienen servicios diseñados exclusivamente para la publicación del Boletín Oficial de la Provincia, ya que las imprentas provinciales existen en las diputaciones en función de esta publicación y al mismo tiempo devienen una serie de tasas por esos servicios, lo que implica ingresos directos para las corporaciones provinciales. Por consiguiente, creemos que convendría que se instara al Gobierno a que, después de los oportunos estudios y consultas con los municipios, provincias y comunidades autónomas afectados, procediera a dictar una normativa que adecue y regule con mayor precisión todo lo relativo a la publicación del Boletín Oficial de la Provincia.
Como decía al principio, compartimos con el resto de los grupos la necesidad de que esa regulación que ha venido sirviendo hasta este momento, pero que no deja de tener un anquilosamiento importante en el tiempo, se adecue a las nuevas circunstancias.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Socialista y Convergència i Unió. Vamos a dar la palabra en primer lugar a los enmendantes y luego solicitaremos fijación de posición a los grupos que no hayan intervenido.
Tiene la palabra don Jordi Jané, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, nuestro grupo parlamentario valora positivamente la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular. Realmente, la nueva configuración autonómica y los cambios estructurales habidos en la Administración local hacen aconsejable instar al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, proceda a dictar la normativa adecuada reguladora

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del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia.
Compartimos ese interés y lo consideramos necesario. De todas formas, consideramos que esa nueva normativa debe tener en cuenta la estructura autonómica del Estado, una estructura que ha originado que en cada una de las comunidades autónomas exista una publicación oficial. Esa circunstancia positiva origina en ocasiones una duplicidad no querida de publicaciones oficiales y son muchas las corporaciones locales que en una misma comunidad autónoma deben publicar un aspecto relativo a su corporación en dos boletines oficiales. Son muchísimos los operadores jurídicos, las corporaciones locales y de toda índole que deben suscribirse forzosamente a varias publicaciones oficiales de su territorio si quieren recibir la información que precisan. Por ello, nuestro grupo parlamentario comparte la necesidad de elaborar una nueva normativa del Boletín Oficial de la Provincia partiendo de la voluntariedad, ya que en ningún caso queremos una imposición. Si una comunidad autónoma quiere seguir con el actual sistema de duplicidad de boletines oficiales provinciales, si una comunidad autónoma decide, de acuerdo con sus corporaciones locales y con su gobierno autonómico, hacer una integración de boletines oficiales, lo puede hacer. Lo que pretende nuestra enmienda es que esa nueva normativa prevea esa posibilidad, de acuerdo con las corporaciones locales afectadas, de acuerdo con el gobierno autonómico y de acuerdo con la voluntad que exprese su parlamento. Nuestra enmienda no es una imposición a nadie, puesto que parte de la voluntariedad. Intentamos agilizar en algunos aspectos la seguridad jurídica con la concentración en una única publicación oficial de lo que ahora es una dispersión no deseada. Repito que no se parte de la obligación, sino de la voluntariedad, del respeto a las corporaciones locales de ese territorio. Creemos que la nueva normativa debe intentar normativizar este aspecto y posibilitarlo.
Hace unos momentos lo decía la portavoz del Grupo Popular. Aragón ya ha intentado, a través del Decreto 59, de 28 de marzo de 2000, una solución: que los boletines oficiales de la provincia se integren dentro del boletín oficial de la comunidad autónoma. Otra solución es que exista una única publicación oficial en una comunidad autónoma.
Eso se debe regular, pues no podemos poner límites a esas posibilidades, siempre y cuando se den los aspectos de voluntariedad, de respeto a las voluntades de las corporaciones locales afectadas.
Entre todos debemos hacer que la nueva normativa del Boletín Oficial de la Provincia se adapte a la estructura autonómica del Estado, respete a las corporaciones locales y agilice la vida de los operadores jurídicos, de las corporaciones de derecho público y de derecho privado que en estos momentos reciben muchas publicaciones oficiales. De común acuerdo, y partiendo de esa voluntariedad, encontraremos vías de solución.
En ese sentido, señor presidente, señorías, hemos presentado esta enmienda, que concretamente dice que, entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas comunidades autónomas en que así lo acuerden sus respectivos parlamentos puedan unificar en una sola publicación oficial los boletines oficiales de las provincias del territorio con el boletín oficial de la comunidad autónoma, de acuerdo con el respectivo gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Sebastián Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Nosotros, desde nuestro grupo, también valoramos positivamente la proposición no de ley del Grupo Popular.
La enmienda que hemos presentado a la misma va encaminada a clarificar la regulación normativa que se pretende en orden a que sea un servicio de competencia de las diputaciones provinciales, pues no queda claro en la proposición no de ley.
Como dice la proposición no de ley, la normativa que regula el BOP es escasísima y antiquísima, lo que ha producido que muchos problemas relativos a este boletín se hayan tenido que resolver en los tribunales contencioso-administrativos, como consecuencia, quizá, de la falta de una normativa que lo regule adecuadamente teniendo en cuenta la nueva configuración territorial del Estado, y vive una situación de gran confusión jurídica ya que, por una parte, las diputaciones consideran que se trata de un servicio de su competencia y, por otra, el Estado considera que es titular de dicha competencia.
Las diputaciones, como se ha dicho anteriormente, vienen prestando este servicio mediante gestión directa en su gran mayoría, para lo cual han establecido la mayor parte su propia imprenta. Podemos decir que las diputaciones vienen prestando este servicio y asumiendo su coste porque consideran que son titulares de la competencia del servicio del Boletín Oficial de la Provincia en base a los siguientes argumentos. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de 1978 la provincia es básicamente una estructura territorial del Estado. En este sentido, en el momento de crearse el Boletín Oficial de la Provincia la competencia era de la Administración estatal, ya que no podía ser de otra manera al ser la provincia una simple circunscripción territorial para la prestación de los servicios estatales. Por tanto, la provincia carecía de la capacidad para ser titular de intereses propios específicos diferentes a los propios de la Administración estatal, hasta tal punto que puede afirmarse que diputaciones y ayuntamientos se constituyen en las piezas sobre las que descansa la acción del Estado en la periferia. La Administración local se constituye en la organización periférica

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del Estado, salvo mínimas excepciones. Posteriormente se produce el desdoblamiento entre Administración local y Administración estatal periférica. Así sucede con el servicio del Boletín Oficial de la Provincia, al establecer la norma 6 de la Real Orden de 8 de octubre de 1856 que su publicación se hará por cuenta de los fondos provinciales. Aunque podríamos hablar de un reconocimiento de la Administración local, se puede entender en ese sentido, realmente es al propio gobernador a quien le corresponde las funciones de comunicar y ejecutar los acuerdos de la Diputación y de llevar el nombre y representación de la provincia en todos esos asuntos. Por lo tanto, no podemos hablar de una plena autonomía de la Diputación y de la Administración local.
Las diputaciones, al constituirse, asumen las funciones que realmente les va dejando la Administración estatal. Con este sistema de asignación se producen muchas indefiniciones que se agravan en la medida en que se va produciendo el amplio despliegue de efectivos de la Administración periférica del Estado en la provincia. Pero esta situación cambia radicalmente con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, cuyo artículo 177, como todos conocemos, establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por tanto, la Constitución prefigura una nueva ordenación territorial, prevé la participación en el ejercicio de poder de entidades territoriales de distinto rango y asimismo el principio de autonomía, y rechaza controles genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades locales, en cuanto a la gestión de sus respectivos intereses, en una posición de subordinación o dependencia de la Administración del Estado.
Entendemos que el control que ejercía anteriormente el gobernador civil y actualmente el subdelegado de Gobierno de la provincia, al ordenar la inserción de los anuncios, hoy en día es contrario al principio de autonomía que consagra nuestra Constitución. Sobre el particular es especialmente clarificadora la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981 al decir que los principios generales de derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico, pero es también claro que allí donde la oposición de la ley anterior y los principios generales plasmados en la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo. En este sentido, hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo, de 2 de octubre de 1999, que resume la evolución legislativa en esta materia y considera que la intervención de los gobernadores civiles en la composición y publicación de los boletines oficiales de las provincias respondía al control general en muchas materias -se refiere a materias relativas al régimen local, como la presente- que antes del advenimiento del actual sistema constitucional ejercía a través de ella la Administración central y que hoy no puede sostenerse tras el reconocimiento de la autonomía local. Estamos en presencia, por tanto, de un servicio de las diputaciones. De todas formas, y aun considerando que el servicio fuese de competencia estatal, entendemos que, de acuerdo con el régimen jurídico local vigente, no es admisible que las entidades locales tengan que sufragar los gastos de prestación de servicios cuya titularidad corresponde al Estado.
Especial interés tiene la sentencia número 958 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, con sede en Valladolid, cuyo apartado 3º, de los fundamentos jurídicos, dice: La extensa y documentada alegación de derechos de ambas partes demuestra la complejidad del tema y la insuficiencia de su regulación en la normativa vigente. Aun en la hipótesis más favorable para aquélla de que se trate de la cooperación provincial a un servicio estatal, se deberá tener en cuenta que los artículos 68 y 71 del Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, exigen dar una dotación económica y excluyen la posibilidad de que los servicios del Estado se costeen con fondos provinciales.
Por lo expuesto, entendemos que no se puede defender la titularidad estatal de competencia del Boletín Oficial de la Provincia amparándose en normas, como se ha dicho anteriormente, del siglo XIX que no tienen en cuenta la provincia como ente territorial dotado de autonomía, en base a nuestra Constitución de 1978, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda a la proposición no de ley relativa a la normativa reguladora del servicio de publicación del BOP, por entender que no queda clara en la misma qué tipo de normativa quiere establecer para la regulación del BOP.
Quizá el verbo dictar no sea muy apropiado para esta resolución porque con este verbo se entiende que el Gobierno regule por decreto, en cuyo caso estaríamos ante una competencia estatal, por lo que con nuestra enmienda pretendemos, por un lado, que se consulte a la FEMP -a la Federación Española de Municipios y Provincias- que, nos consta, tiene avanzado un anteproyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de provincias, y, por otro, que quede claro que el Congreso insta al Gobierno al reconocimiento de la competencia exclusiva de las diputaciones con respecto al BOP y que, por tanto, la normativa reguladora debe hacerse a través de un proyecto de ley, tal como establece el artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se dice que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios quieren fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo

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Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Josu Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Puesto que el texto de la proposición hace referencia expresamente a que aquello a lo que se insta al Gobierno se llevará a cabo tras los oportunos estudios y consultas, nosotros no queríamos desaprovechar esta ocasión para expresar nuestro punto de vista, que condicionará, efectivamente, cualquier posición que por parte del Gobierno se tome en relación con la ejecución de esta iniciativa.
Para nosotros hay dos cuestiones a la hora de abordar la regulación del Boletín Oficial de la Provincia que son determinantes. La primera es determinar cuál es el ente público territorial que ostenta la titularidad del servicio Boletín Oficial de la Provincia, cuál es, por tanto, el ente público territorial titular del servicio; y la segunda, en función de la respuesta que se dé a esta pregunta, es la determinación de la competencia que tenga el Estado para regular ese servicio, que puede ser de titularidad provincial o de titularidad estatal.
Efectivamente, como ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Popular, el Boletín Oficial de la Provincia se crea en la primera mitad del siglo XIX en virtud de una Real Orden del año 1833. Esta orden no clarifica a quién corresponde la titularidad del servicio.
Veintitrés años después se produce un primer paso a favor de la provincialización del servicio. Hay una Real Orden de 8 de octubre de 1956 que declara que la publicación se producirá por cuenta de los fondos provinciales. El Tribunal Supremo -no este portavoz, sino el Tribunal Supremo-, en sentencia del 2 de octubre de 1999, ha postulado que en virtud de esta real orden se produce una transformación del servicio en provincial. Sin embargo, esta transformación es todavía solamente parcial. ¿Por qué es parcial? Porque todavía se compatibiliza la titularidad de las diputaciones provinciales en lo que se refiere a la financiación y a la materialización de la publicación de este boletín con la retención por los gobernadores civiles de unas facultades vinculadas sobre todo al control sobre los actos objetos de la publicación. La retención de esta facultad en manos del gobernador civil guarda relación con la caracterización de este agente estatal como, por un lado, órgano encargado de difundir, publicar y comunicar a los entes públicos y privados de la provincia las disposiciones de carácter general dictadas por el Estado y, por otro, como agente estatal encargado de controlar la actuación de las instituciones provinciales y de las autoridades locales. Esta duplicidad entre la competencia provincial y la estatal que se articula a través del gobernador civil permanece básicamente inalterada hasta la entrada en vigor de la Ley reguladora de bases de régimen local. Todavía en los albores de los años ochenta, el estatuto de los gobernadores civiles -Real Decreto de 22 de diciembre del año 1980- seguía atribuyéndoles la facultad de difundir en la provincia las disposiciones de carácter general dictadas por el Estado, y la Ley 41/1981, de 28 de octubre, seguía reservando a esta autoridad periférica del Estado la facultad exclusiva no ya de suspender los actos de las corporaciones locales, algo que había desaparecido como consecuencia de la Constitución, pero sí de impugnarlos ante la jurisdicción contencioso administrativa, con los efectos suspensivos que preveían las normas en cuestión.
Se da en este contexto un segundo paso a favor de la provincialización del servicio. Hoy, estas condiciones, que han permanecido básicamente inalteradas desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente los albores de los años ochenta, se han visto notablemente alteradas como consecuencia de unos cambios legislativos importantes, a los que no me voy a referir de manera especial porque ya han aludido a ellos anteriores portavoces, fundamentalmente la Constitución y la garantía institucional de la autonomía local que configura y después la concreción de esa autonomía local en la Ley reguladora de las bases de régimen local. Pero también las circunstancias materiales de funcionamiento y de actuación de los entes públicos han cambiado. En primer lugar, porque la sociedad de la información en la que vivimos convierte en ridícula, creo yo, la función de difundir en la provincia las disposiciones generales del Estado, que se publican íntegramente en el Boletín Oficial del Estado, el cual llega a todos los rincones de todas las provincias incluso mucho antes que el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. En este sentido, el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1999 se hace eco en la página 315 de una queja en relación con el habitual retraso en la publicación de los boletines oficiales de varias provincias españolas. Sostener en el siglo XXI una idea de la difusión de las disposiciones generales del Estado como la que a mediados del siglo XIX justificaba la publicidad sucesiva en todos los boletines provinciales creemos que carece de todo sentido. Pero, en segundo lugar, han cambiado también las circunstancias, porque la potestad jerárquica y de tutela del gobernador civil sobre las autoridades provinciales y locales se ha visto superada en el marco constitucional que reconoce la autonomía local. También el Tribunal Supremo, en su sentencia del 2 de octubre de 1999, ha afirmado en este sentido que la intervención de los gobernadores civiles en la composición y publicación de los boletines oficiales de las provincias respondía al control general e innominado en muchas materias, como la presente, que antes del advenimiento del actual sistema constitucional ejercía a través de ellos la Administración central y que hoy no puede sostenerse tras el reconocimiento de la autonomía local. ¿Cuál es, por tanto, el ente público territorial titular del servicio? El Tribunal Supremo ha afirmado que estamos ante un servicio de la competencia de las diputacionesque se presta mediante el abono de la tarifa

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legalmente aprobada. Y en este sentido, además, expresa claramente la voluntad de desmarcarse de lo pronunciado por el propio Tribunal Supremo en otras sentencias de mediados del año 1980 en las que había declarado que la titularidad del servicio correspondía a la Administración general del Estado. En este mismo sentido, la Ley, por ejemplo, de régimen legal de las tasas estatales y locales viene a alterar la regulación anterior y afirma también que las diputaciones provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios.
Nótese que el precepto dice que seguirán editando y publicando -cuando se refiere a las diputaciones-, y no editarán y publicarán.
Es más, la tasa va acompañada a la titularidad de servicio público, por lo que la doctrina del Tribunal Supremo es clara en este sentido y ha sido hecha suya por otros tribunales de rango inferior. Por tanto, si es un servicio de titularidad provincial, la pregunta es: ¿Y qué puede regular el Estado en relación con un servicio que es de titularidad provincial, como ha declarado expresamente el Tribunal Supremo en sentencias muy recientes? En nuestra opinión, el único título jurídico en el que puede basarse el Estado para dictar una norma reguladora del servicio público Boletín Oficial de la Provincia es el recogido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, relativo a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, y ello en la medida en que el fundamento de esta atribución competencial es la garantía de un tratamiento común de los administrados ante las administraciones públicas. Y el Boletín Oficial, también el provincial, constituye un instrumento de publicidad oficial que se sitúa precisamente en el núcleo de la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos. La competencia estatal para la regulación de este servicio, que no es estatal sino provincial, sólo puede descansar en el hecho de que se trata de un servicio que incide sobre la actuación administrativa de relevancia externa, y más concretamente sobre las relaciones de las administraciones con los administrados. Ahora bien, tanto porque la competencia estatal en esta materia tiene por objeto la fijación de bases como por el hecho de que incide sobre un servicio público de titularidad provincial, un ente local protegido por la garantía institucional de la autonomía local constitucionalmente garantizada, la norma a dictar por el Estado habrá de tener rango de ley, por ambas razones. Es más, la normativa básica dictada en la materia habrá de respetar la enorme heterogeneidad de situaciones que en la actualidad se dan en la prestación del servicio Boletín Oficial de la Provincia; heterogeneidad que no constituye únicamente una situación fáctica, sino que encuentra fundamento directo en el propio ordenamiento jurídico, por ser el efecto de la pluralidad de regímenes que se dan en torno a la provincia. Porque ¿qué elementos de identidad puede haber entre la prestación de este servicio por parte, por ejemplo, de provincias de régimen común insertas en la estructura autonómica, su prestación por las comunidades autónomas uniprovinciales en las que el Boletín Oficial de la comunidad autónoma y el de la provincia se han fundido en un único instrumento de publicidad oficial y la prestación del servicio en cuestión por unos territorios históricos de naturaleza jurídica dual, provincia y foral, en la que el boletín oficial es el único instrumento de publicidad de unas normas jurídicas, las forales, que en algunas materias, como la tributaria, por ejemplo, pueden llegar a cubrir la reserva de ley? No es casual que la mayor parte de la litigiosidad que se ha producido en torno a los boletines provinciales, tanto la que ha llegado al Tribunal Supremo como la que no, lo haya sido en relación con los boletines oficiales que editan, con regulaciones, por cierto, claras, los territorios históricos vascos, que sin duda habrán de tener, a nuestro juicio, un tratamiento específico y singular en la norma que regule esta materia. En este sentido, por tanto, nos adherimos y expresamos nuestro apoyo a la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere fijar posición brevemente? (Pausa.) Señora Ruiz, si en su intervención fija ya su posición en relación con las enmiendas, dejamos la cuestión lista para la votación.


La señora RUIZ RUIZ: En ese mismo orden es en el que iba mi intervención.
Quería hacer simplemente una puntualización. Por las intervenciones de los portavoces de todos los grupos se ve cómo en la situación actual la falta de regulación en algunos aspectos hace que sea oportuno plantear esta proposición porque, efectivamente, han cambiado las circunstancias.
Partiendo de la base de que somos respetuosos con el principio de autonomía local, hay sin embargo una serie de normas que se verían afectadas y que debieran estudiarse de forma separada para unificar toda esa temática. Las manifestaciones hechas en relación con los diferentes aspectos hacen que todavía sea más claro el motivo por el que nosotros hemos planteado esta proposición con un carácter amplio, en la que no se incide en aspectos concretos porque hay muchos que están subsumidos en el estudio y en la consulta que es necesario hacer para refundir. Hemos creído que, planteándola de forma genérica y respetándose todos esos principios a los que han aludido los portavoces del resto de los grupos parlamentarios y que nosotros también compartimos, se podría dictar una normativa en base al artículo 149.1.18.ª, como ha señalado el portavoz del PNV, relativo a la competencia que tiene el Estado para regular el régimen jurídico administrativo. Como digo, que se refundan y se estudien cada uno de los matices, que afectarían también a regulaciones concretas

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en la Ley reguladora de las haciendas locales, en la Ley reguladora de las bases del régimen local y en lo que se refiere al control de legalidad por parte de las subdelegaciones del Gobierno en este momento, que efectivamente debieran corregirse y ver de qué manera eso se puede evitar en un Estado en el que ha cambiado la configuración de las autonomías. Nos parece bien la enmienda de adición que ha presentado Convergència i Unió en la que se recoge esa circunstancia que ya se ha dado en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero siendo conscientes de que el resto de las comunidades autónomas no tienen la misma configuración provincial. Castilla y León o Andalucía, por ejemplo, requerirían de un estudio y una consulta más exhaustiva. Así pues, creemos conveniente hacer la precisión de que, efectivamente, puesto que ya se ha dado un caso, se abra la posibilidad de que aquellas comunidades autónomas que así lo acuerden, en el sentido de la redacción de la enmienda de Convergència i Unió, puedan unificarlo en una sola publicación, pero siempre y cuando exista un acuerdo con los entes locales de su ámbito territorial, puesto que nosotros también compartimos que ésta sería una competencia de un ente como la diputación provincial o, como en este caso, de una corporación local. Por tanto, la enmienda que plantea Convergència i Unió subsumiría al mismo tiempo la que presenta el Grupo Socialista, en la que se pide que se haga una consulta específica a la Federación de Municipios y Provincias, como no puede ser de otra forma cuando se está diciendo que se tenga en cuenta la autonomía local y sobre todo la competencia que en este tema históricamente, en la práctica y jurídicamente tienen las diputaciones provinciales. Creemos que, aceptando la enmienda de adición que propone Convergència i Unió, estaría contemplado todo lo que aquí se ha dicho en relación con los distintos aspectos de esta proposición. Así pues, aceptaremos esa propuesta en el sentido de que entendemos que al mismo tiempo va incorporada, si está de acuerdo el Grupo Socialista, esa petición expresa que se hace de consultar a la Federación de Municipios y Provincias.


El señor PRESIDENTE: Finalizamos esta cuestión con la aceptación de la enmienda de Convergència i Unió por parte del Grupo Popular para su votación a partir de las doce y media.


- SOBRE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000302)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día.
Tiene la palabra doña Juana Serna para presentar la proposición no de ley sobre indemnizaciones por razón del servicio.
La señora SERNA MASIÁ: Al Grupo Parlamentario Socialista le parecería enormemente importante que el resto de los grupos parlamentarios coincidiesen con él tanto en el análisis del problema que va a plantear como en la solución al mismo, que tiene forma de proposición no de ley. Como saben SS.SS., el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, que regula las indemnizaciones del personal al servicio del Estado por razones precisamente del servicio, se ha convertido en nuestra opinión en un real decreto obsoleto y asimismo injusto, por circunstancias que igualmente vamos a plantear, para los empleados públicos. Consideramos que es obsoleto porque las indemnizaciones en la actualidad están completamente desfasadas. Tenemos que recordar que este decreto estableció en su día, en el año 1988, las cuantías por las indemnizaciones por diferentes conceptos, seis, aunque nos parece que los más representativos, los más importantes que podríamos destacar son las dietas por alojamiento y manutención, la indemnización por residencia eventual y los gastos de viaje por utilización de cualquier medio de transporte. Por otro lado, este real decreto preveía que periódicamente se realizase una revisión o actualización de estas indemnizaciones por acuerdo del Consejo de Ministros. Pues bien, en relación con esta última cuestión queremos también recordar que solamente se han hecho dos revisiones generales de este decreto, en los años 1991 y 1993, época del Gobierno socialista, y tan solo una de carácter parcial de estas dietas en el año 1998, y digo parcial porque solamente se actualizó para territorio extranjero. Para nosotros, un real decreto sobre cuantías de indemnizaciones que lleva siete años sin actualizarse está obsoleto y a ello queríamos añadir unos datos que nos parecen de gran relevancia, puesto que confirman precisamente esta caducidad de las cuantías de las indemnizaciones. Si tenemos en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que entre diciembre de 1992 y diciembre de 1999 el IPC ha tenido una variación en cuanto al índice general de más del 25 por ciento. Si nos atenemos a una cuestión concreta, como es la utilización de vehículos, resulta que ha sido una variación de más del 29 por ciento. Y en cuanto a turismo y hostelería, esa variación ha sido casi del 39 por ciento. Pues bien, estos datos, unidos a los siete años que lleva sin actualizarse este real decreto, indican con claridad y creemos que de una forma objetiva que las indemnizaciones fijadas en 1988 han quedado realmente desfasadas. Quiero poner un ejemplo para que se vea con más nitidez. A menudo la Administración ha firmado convenios con hoteles para que los empleados públicos pudiesen adecuar sus gastos a dichos convenios y resulta que en la actualidad esos hoteles han roto tales convenios porque precisamente las cuantías que recibían eran claramente insuficientes para sus intereses.
Dicho esto, este real decreto ha devenido injusto también para los empleados de las administraciones

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públicas por la siguiente razón. Quiero recordar a SS.SS. que las indemnizaciones se realizan en función de cuatro grupos de clasificación y que el cuarto grupo, por ejemplo, recibe en la actualidad unas indemnizaciones ridículas, puesto que fueron fijadas en el año 1993: 4.100 pesetas por alojamiento y 3.100 por manutención. Como SS.SS. comprenderán, hoy en día es muy difícil alojarse por 4.100 pesetas, sobre todo cuando ya no hay ningún convenio con estos hoteles por parte de la Administración. Es decir, por resumirlo de una forma gráfica, lo que ocurre es que la dieta ha dejado de ser una dieta. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente en este real decreto se define la dieta como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial por razones de servicio. Es obvio que la dieta ya no devenga ni satisface los gastos que tienen los empleados públicos, lo cual significa que son los empleados públicos los que tienen que pagar de su propio bolsillo un trabajo al que están obligados por razones de servicio. Es en ese sentido por lo que nos parecía injusto. Pero además se producen situaciones que podríamos denominar extrañas o quizás incorrectas y quería llamar la atención sobre dos de ellas. Hemos constatado en la investigación de esta situación para poder presentar esta proposición no de ley que cotidianamente se produce un incumplimiento del servicio. Resulta que una serie de ciudadanos tienen que ir escoltados para poder sobrevivir, encontrándonos con que los escoltas tienen que abandonar a los escoltados en un restaurante mientras van a otro lugar a comerse un bocata, ya que la indemnización no les da para comer con el escoltado. Eso significa que se produce un flagrante incumplimiento del servicio. Por otro lado, a menudo surgen comisiones de servicio conjuntas que tienen que realizar personas que pertenecen a diferentes grupos de clasificación, como por ejemplo el grupo C con el E o el grupo primero con los grupos Ao B, que sería el segundo. Pues bien, tengo que decirles que esto da lugar a situaciones que ellos llaman humillantes, denominación con la que nosotros estamos de acuerdo, ya que, aunque hacen el viaje conjunto, cuando llega el momento del alojamiento y la manutención tienen que separarse porque las dietas son completamente distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, y espero que al resto de los grupos -sobre todo lo espero hoy, día 13, porque sería un buen momento para que este Congreso resolviese un problema de los empleados públicos, los cuales inician mañana una huelga general por motivos económicos-, nos parece que si estas dietas no se actualizan, como antes decíamos, dejan de ser dietas.
El problema es que, entonces, este real decreto habrá dejado de cumplir la función para la cual fue hecho en el año 1988, para que los empleados públicos no tuviesen que desembolsar un dinero extra por un trabajo que, precisamente, la Administración les obliga a hacer por razones de servicio. ¿Cuál es la solución al problema que hemos planteado? A nosotros nos parece que habría que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, la disposición final cuarta indica que el importe de las indemnizaciones establecidas en este real decreto será revisado periódicamente mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Recuerdo a SS.SS., como les indicaba antes, que desde hace siete años, desde el año 1993, no ha sido actualizado. Además hay algo importante, que esto no es una mejora social, es una mejora económica, lo cual es sorprendente, puesto que la indemnización por razón de servicio es un concepto retributivo. Pero mientras el resto de los conceptos retributivos se van actualizando año tras año en la Ley de Presupuestos, éste lleva siete años sin actualizarse. Por tanto, nos parece que la situación hay que situarla tanto en el ámbito de las indemnizaciones como en el ámbito de resolver de la mejor manera posible la división o la clasificación por grupos, en el ámbito de las indemnizaciones por razón de servicios.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley instando al Gobierno para que en el plazo de tres meses realice dos actuaciones. Por un lado, actualizar el importe de las indemnizaciones por razón del servicio, reguladas en el Real Decreto 236/1988, y, por otro, modificar este real decreto de acuerdo con tres criterios que nos parecen muy importantes. El primero sería la reducción de los grupos en función de los cuales se determina la cuantía de estas indemnizaciones. El segundo criterio sería reducir la diferencia de las cuantías entre los diferentes grupos. Quiero recordarles que el grupo primero hoy recibe 22.700 pesetas mientras el último grupo recibe solamente 7.100 pesetas. Por otro lado, consideramos que tendría que haber una equiparación en las dietas de manutención y alojamiento, dado que, precisamente, las comisiones de servicio se realizan conjuntamente por personal que pertenece a estos diferentes grupos. Quisiera decir que hay un precedente para ello: las indemnizaciones por gastos de viaje, por la utilización del vehículo, se cobra exactamente igual por todos los grupos, es decir, por los cuatro grupos en los que la Administración, en su día, clasificó al personal al servicio de la Administración del Estado. Por último, para hacer un poco más contundente el asunto, creo que deberían recordar -aunque supongo que todas SS.SS. lo saben- que precisamente la indemnización de gastos de viaje hoy está en 24 pesetas por kilómetro, cuando todos sabemos -a pesar de que hoy viene la noticia de que va a bajar tres pesetas la gasolina- que los carburantes para la utilización de vehículos está entre 140 y 150 pesetas. Por tanto, repito, este real decreto ha quedado obsoleto, hay que actualizarlo con carácter de urgencia y desde luego ha devenido completamente injusto para los empleados públicos.


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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre esta proposición no de ley? (Pausa.) Por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra don Josu Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Muy brevemente voy a expresar nuestra posición en relación con esta iniciativa.
La portavoz del Grupo Socialista que ha hecho la exposición ha pedido al resto de los grupos que coincidamos en su diagnóstico y en las soluciones. Nosotros coincidimos en el diagnóstico, creemos que existe un problema, y coincidimos también en la solución, creemos que, efectivamente, la resolución de este problema pasa por modificar el real decreto que regula las indemnizaciones por razón de servicio incrementando la cuantía de las indemnizaciones por cada uno de los conceptos que ahí aparecen.


El señor PRESIDENTE: Don Rafael Merino tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor MERINO LÓPEZ: Procuraré intervenir con mucha brevedad, señor presidente.
En el Grupo Parlamentario Popular nos alegramos enormemente por esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, pero tenemos que decirles que instan al Gobierno a que lleve a cabo esta serie de medidas en el plazo de tres meses y la cuestión es, señores del Grupo Socialista, que ustedes han llegado dos meses tarde. Lo que me extraña es que en todo el proceso de investigación que la señora portavoz del Grupo Socialista dice que ha hecho para el estudio y la elaboración de esta proposición no de ley no se haya enterado de que hay un estudio realizado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre todas estas materias, y que el Gobierno, en la mesa general de negociación celebrada en el mes de septiembre, informó a todas las organizaciones sindicales de que el estudio estaba ya efectuado, que estaba ya en la Secretaría de Estado y que próximamente iba a ir a Consejo de Ministros. Por tanto, con su proposición no de ley lo que están haciendo es apoyar la actuación que el Gobierno viene llevando a cabo desde hace más de dos meses, y que se ha notificado oficialmente a la mesa general de negociación en los mismos términos que ustedes plantean, lo cual hace pensar a este grupo parlamentario que cuando ustedes firman este escrito el 26 de octubre, que tiene entrada en el Parlamento el 8 de noviembre, y la mesa general de negociación, donde el Gobierno ha informado que se van a llevar a cabo esta serie de medidas, se ha celebrado en septiembre, ustedes están actuando dentro del oportunismo político, muy legítimo, y desde la coyuntura que en estos momentos se está viviendo.


Espero, y en ello confiamos desde el Grupo Popular, que cuando el Gobierno apruebe esta serie de medidas que ustedes proponen, que ya conocen los sindicatos de la mesa general de negociación, aplaudan la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno, feliciten al Gobierno por esta iniciativa y apoyen todas las propuestas que van a ir contenidas en esa normativa, recordándoles también que ésta es una materia propia del Poder Ejecutivo, que la está ejercitando, y que no correspondería a este ámbito legislativo el llevarla a cabo.
Por tanto, como lo que ustedes piden es lo que el Gobierno viene haciendo hace más de dos meses, que tiene ya los estudios hechos y todo ello ya ha sido presentado a la mesa general de negociación, nosotros, evidentemente, no vamos a apoyar algo que el Gobierno está a punto de aprobar en Consejo de Ministros, porque sería absurdo pedirle al Gobierno que haga algo en el plazo de tres meses cuando ya tiene la tarea debida y cumplidamente hecha. (La señora Serna Masiá pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Serna, no está previsto en el Reglamento que después de la fijación de posiciones haya más intervenciones del grupo proponente.


- SOBRE MEDIDAS RELATIVAS AL ENVÍO INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/ 000027)

El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos no al siguiente punto del orden del día, sino al punto número 10, que habíamos pospuesto esperando la asistencia de don Antero Ruiz, que ya está en la Comisión, por lo que le doy la palabra para que presente su proposición no de ley, rogando brevedad a estas alturas del debate de la mañana.


El señor RUIZ LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero pedir disculpas, pero en estos últimos días del período de sesiones se nos amontona el trabajo, no ha sido otro el motivo por el que no he podido estar presente en toda la sesión.
Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida afecta, ni más ni menos, al proceso electoral. En ese sentido he de decir que no pasan elecciones, sean cuales sean, sin que las respectivas juntas electorales deban, por denuncia o por razón de oficio, tomar posición y, en varias ocasiones, penalizar la edición del distinto tipo de publicidad que, con pretexto de colaborar en el proceso animando al voto e informando de la ubicación de

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mesas y colegios electorales, no son otra cosa que publicidad partidaria pagada con dinero público.
Todas las fuerzas políticas hemos padecido, en uno u otro nivel, el correspondiente rapapolvo de las autoridades electorales, sin que la normativa, por otra parte bastante clara, cierre las ventanas a este pequeño falseamiento de la legislación que por consenso nos hemos ido dando. Desde siempre, la legislación electoral española ha intentado evitar las influencias publicitarias subrepticias que penalizaban la igualdad en el proceso electoral. Este era el sentido que tenía la aparición de la cabina, en un momento dado, o la extensión de la financiación electoral al mailing dirigido a electores o electoras.
Sabemos por experiencia que la diferencia entre publicidad institucional e información de las distintas instituciones es muy tenue, tanto que incluso las juntas electorales tienen dificultades para discriminar entre la legítima acción de estímulo a la participación y el espurio intento partidista de hacerse propaganda electoral con dineros públicos. Desde luego, caben iniciativas legales como las que les presentamos, pero tan importante como eso es establecer un código ético entre distintas instituciones y fuerzas políticas que regule esta forma de soslayar la regulación electoral.
Entre otros, me refiero a tres problemas que deberían superarse fundamentalmente: la patrimonialización pública de la información electoral, las capacidades interventoras del Tribunal de Cuentas en materia de publicidad institucional y la regulación de las conocidas campañas informativas.
Respecto a la animación a la participación o la información sobre mesas y colegios, el hecho cierto es que la legislación atribuye a las instituciones convocantes la realización de campañas de esta naturaleza. No es por el contrario inusual observar que los rectores políticos de las instituciones, especialmente de ámbito autonómico y local, convierten esta campaña en un mailing personalizado y con la firma del rector político de turno, práctica que, deberá reconocerse, constituye un abuso de la letra de la ley y una evidente vulneración de su espíritu. Distintas alternativas caben para evitar este extendido vicio. La más sencilla, eficaz y respetuosa con el esquema legislativo vigente es reforzar en la legislación vigente el envío de información de circunscripción y mesa, eliminando los envíos de información personalizada y firmada por responsables políticos de la misma información, en lo que no es otra cosa que apropiarse de la publicidad pagada con recursos públicos. Es evidente que las juntas electorales deben, como garantes del derecho electoral, definirse ante infracciones como las que venimos comentando, pero la eventual penalización o restauración del derecho electoral no resuelve la sanción y penalización administrativa de prácticas que constituyen evidentes vulneraciones del transparente y legal funcionamiento institucional. No sólo se trata de publicaciones interesadas de gasto público, sino de una utilización de recursos que soslaya las normas que regulan el gasto público de las administraciones públicas.
Nosotros proponemos que se amplíe la capacidad del Tribunal de Cuentas para que consideren e intervengan los gastos de esta publicidad institucional de diferentes administraciones realizada al mismo tiempo. Debe formar parte inexcusable de la renovación del código ético electoral que les proponemos la regulación de los envíos institucionales de diversa naturaleza. Desde la revalorización de pensiones a infinitas advertencias o recomendaciones públicas se convierten en publicidad personalizada suscrita por diversos responsables públicos. En ese sentido, debemos sugerirles que entre todos limitemos estos impulsos informativos, mediante el sencillo expediente de la referencia publicada en el Boletín Oficial del Estado y la firma del departamento administrativo oportuno, sin personalizar la firma del responsable.
Por último, esta proposición no de ley pretende regular aspectos sustanciales del código ético que les proponemos. Muchos otros aspectos podrían ser contemplados en estos momentos en los que podemos afrontar con cierta tranquilidad el próximo escenario electoral. Podríamos lanzar a la sociedad española un mensaje de pacificación del uso de la publicidad, que con toda seguridad sería agradecido por los ciudadanos y ciudadanas.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra doña María José López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: De entrada, hemos de adelantar que la cuestión a la que hace referencia esta proposición no de ley no es una cuestión baladí. Se trata de un tema importante, que puede crear, y de hecho está creando, alguna problemática especial en las diversas administraciones públicas.
Tenemos que hacer dos consideraciones que nos parecen importantes.
Efectivamente, publicidad, información y promoción son términos que pueden confundir o pueden permitir que se llegue a otro tipo de actuaciones desde la Administración pública. Eso es cierto y comprobable a lo largo de estos años. Pero también es cierto que esa situación se ha ido restringiendo con las modificaciones que se han hecho del artículo 50.1 de la Loreg; más que restringirse, se ha tratado de acomodar a las situaciones sociales y reales que parecía que podían producir algún problema. De ahí que nuestras modificaciones sean muy concretas y muy concisas para instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley que establezca la normativa que regule la publicidad institucional de la Administración General del Estado y en especial que desarrolle, en esa misma regulación legal, los límites de aquéllas que excepcionalmente hayan de

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desarrollarse en los períodos electorales. De esa forma tratamos de evitar que esas situaciones se produzcan tal como vienen haciéndolo hasta este momento en algunas ocasiones.
Hay una segunda enmienda. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas ya resolvió en su momento -puesto que esas competencias están dentro de las que tiene el Tribunal de Cuentas-, pero quizás habría que hacer una precisión, que puede ser importante y que de alguna forma podría posibilitar que algunas situaciones que se producen dentro de esa anormalidad pudieran ser controladas antes de que se produjesen.
Habría que ampliar la capacidad del Tribunal de Cuentas para que considere e intervenga los gastos de las administraciones públicas producidos en su caso como consecuencia de campañas institucionales sobre procesos electorales una vez concluidos estos. Todos sabemos que la rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas es mucho más lenta y se produce posteriormente. Si arbitráramos que el Tribunal de Cuentas tuviese capacidad para hacer la rendición de cuentas y establecer la transparencia de las mismas inmediatamente terminados los períodos electorales, podríamos dar solución a una problemática que ha ido surgiendo con la actuación de la Administración y tendríamos posibilidad de ir regulando esas situaciones poco a poco.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición con relación a esta proposición no de ley? Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Josu Erkoreka.
Estoy seguro de que intervendrá con la brevedad de anteriores ocasiones.


El señor ERKOREKA GERVASIO: La iniciativa recoge una cuestión que genera gran preocupación en la clase política y también en la sociedad. Una cuestión que reviste gran trascendencia desde el punto de vista del buen funcionamiento del sistema democrático. Porque si bien la publicidad institucional específicamente orientada a estimular la participación de los ciudadanos en los procesos electorales constituye un instrumento imprescindible para despertar la conciencia cívica de los ciudadanos y promover su efectiva implicación personal en la vida política, algo absolutamente imprescindible para la salud del sistema democrático, es cierto también que mal utilizada, como con frecuencia ocurre, utilizada para sugerir subliminalmente al cuerpo electoral que además de votar ha de hacerlo a favor de quien desde las instituciones públicas promueve las citadas campañas públicas, puede convertirse en un peligroso elemento de adulteración del propio sistema .
A nuestro juicio la iniciativa apunta a un tema que trasciende el estricto ámbito de las campañas publicitarias promovidas con el fin de estimular el voto. Y lo ha puesto de manifiesto además la portavoz del Grupo Socialista. Entronca con un problema más general que es el de la publicidad institucional; un terreno en que la Administración general del Estado emplea ingentes recursos económicos sin que, en ocasiones, sea posible apreciar si se superan o no las sutiles diferencias que existen entre la legítima y necesaria información al ciudadano y la promoción personal de los responsables de las administraciones públicas o la campaña política abiertamente en favor de los partidos políticos a los que pertenecen. En este sentido hay una proposición de ley del Grupo Mixto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 12 de mayo del presente año, que plantea regular la publicidad institucional.
El problema de la publicidad institucional es más general, reviste una dimensión mucho mayor que la que sugiere la iniciativa que hoy tomamos en consideración, pero, a nuestro juicio, eso no es razón suficiente para rechazarla. El control de la publicidad institucional ha de comenzar por la zona más lacerante, la zona potencialmente más perniciosa para el buen funcionamiento del sistema democrático que es el electoral y posteriormente podrá ir extendiéndose a otros terrenos. Tampoco es, a nuestro juicio, razón suficiente para rechazar la iniciativa las deficiencias técnicas que cabe achacar a la misma, algunas de las cuales intentan enderezar la enmienda del Grupo Socialista. El sentido de la iniciativa es claro. Los dos ejemplos que se recogen en el preámbulo son lo suficientemente explícitos y elocuentes para que cualquier lector, y por supuesto también el Gobierno, como destinatario de la iniciativa, pueda hacerse una idea indubitada en torno a lo que pretende, que es sujetar legalmente a límites la publicidad institucional, promovida desde los poderes públicos, con el fin de estimular la efectiva participación de los ciudadanos en los procesos electorales, para evitar que, so pretexto de incentivar el voto, se intente orientarlo en favor del partido del Gobierno. Por tanto, expresamos nuestro apoyo a la iniciativa y nuestro voto favorable a la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Merino, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor MERINO LÓPEZ: Intervendré con la brevedad que nos ha recomendado. Espero que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida no tome la intervención del Grupo Parlamentario Popular como otra riña, sino como una colaboración en el trabajo que S.S. desarrolla en esta Cámara. Pero es que lamentablemente tenemos que decir que en esta proposición no de ley hay errores muy importantes, técnicos y jurídicos, de una enorme trascendencia y de una enorme preocupación.
A mí no sólo me preocupa que Izquierda Unida cometa esos errores; me preocupa que el resto de los grupos políticos me da la impresión de que se han cegado con el primer punto de la proposición y no han visto la trascendencia del resto de los mismos, como ahora les vamos a aclarar desde el Grupo Parlamentario Popular.


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De esta proposición no de ley con respecto a la propaganda electoral hay que decir varias cosas: En primer lugar, que no es materia de ley ordinaria sino de ley orgánica, como establece el artículo 81 de la Constitución. Este es un elemento técnico que hace insalvable esta proposición no de ley. En segundo lugar, se olvida aquí, y se ha olvidado por parte de los portavoces, que las comunidades autónomas tienen su competencia en materia electoral y que cuando hay elecciones autonómicas es la comunidad autónoma quien tiene la competencia en la propaganda de la materia electoral que se lleva a cabo por parte del Gobierno de cada comunidad. Y no se pretende desde el Grupo Parlamentario Popular, por el respeto que tenemos a la autonomía local y a la propia independencia de las comunidades autónomas, interferir en cuestiones que no son competencia de la Administración central o del Gobierno. Con respecto al punto segundo, el Tribunal de Cuentas nosotros entendemos éste tiene las máximas competencias que la ley le otorgada. Y también olvida el proponente y los grupos que han intervenido con anterioridad que prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas tienen sus propios órganos fiscalizadores; materia que aquí no se ha comentado, que se ha obviado y que sin embargo tiene su trascendencia y su importancia.
Lo que más preocupa al Grupo Parlamentario Popular es el punto tercero. No me explico, y se lo digo sinceramente, cómo los grupos de la oposición pueden estar votando y apoyando una presunta ilegalidad que contiene esa proposición no de ley. Lo que se está planteando en este tercer punto es vulneración de los derechos, indefensión e inseguridad jurídica a millones de pensionistas de este país. Y el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular no pueden votar a favor de una presunta ilegalidad que impide que un ciudadano, al que se revalorice su pensión, no tenga derecho a plantear un recurso contra esa revalorización. Aquí se dice que se notifique, sin personalizar, la revalorización de las pensiones, con lo cual, estamos negando el derecho a un ciudadano a plantear un recurso, si no está de acuerdo con esa revalorización o con alguna actuación que contenga ese escrito. Eso, señorías, lo que ustedes están pidiendo y que quieren votar favorablemente, permítanme que se lo diga con la mayor cortesía parlamentaria, es una autentica barbaridad jurídica.
Sería provocar que millones de pensionistas tuvieran que plantear recurso a la Administración central del Estado por no ir personalizado el incremento de la pensión que anualmente se produce.
Esta es una situación que ni el Partido Popular ni el Grupo Parlamentario Popular, ni hoy ni nunca, podrá aprobar, porque somos defensores de los derechos de los ciudadanos, respetuosos con la capacidad de los mismos a no estar de acuerdo con las situaciones que se produzcan en la Administración y queremos que cuando un ciudadano no esté conforme con alguna actuación de la Administración tenga derecho a defenderse ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular quiero anunciar que vamos a votar en contra del conjunto de la proposición no de ley y de las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz, tiene la palabra a los solos efectos de que acepte o no la enmienda presentada a su proposición no de ley.


El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Conozco el Reglamento y me limitaré a él.


El señor PRESIDENTE: Como todos, señoría.


El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Como todos, aunque algunas veces le quedan a uno ganas de contestar a algunos temas.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista, porque creemos que mejoran técnicamente la propia enmienda. Sólo pedimos al Grupo Socialista que en el punto 1 que incorporamos se acepte el párrafo para evitar la propaganda partidaria subliminal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López para responder a esta cuestión.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No hay ningún inconveniente en la aceptación de la propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unida.
Señor presidente, en base al artículo 73.1 del Reglamento, a esta portavoz le gustaría intervenir, porque en una cuestión que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular hay contradicciones a las que este grupo quisiera contestar.


El señor PRESIDENTE: ¿Se considera contradicha?

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: La voy a dar la palabra por un tiempo máximo de dos minutos, señora López, a fin de que quede claro en qué se siente contradicha y defienda su posición.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Sólo voy a necesitar un minuto, señor presidente. A mí me gustaría que el portavoz del Grupo Popular, cuando venga a la Comisión, al menos se hubiese leído la documentación. Y hay una cuestión que a nosotros nos parece importante. Es que no hay ninguna barbaridad jurídica. No estamos hablando de ninguna modificación de ley orgánica, no hay ningún tipo de contradicción en ese sentido. El artículo 51.1 de la Loreg lo dice claramenteen su modificación del año 1991 y del año 1994. En

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nuestras modificaciones nos estamos refiriendo exclusivamente a la Administración general del Estado, que es la única que tiene competencias para la convocatoria de elecciones generales, municipales y europeas. Si se da lectura a la propuesta, se ve que es exclusivamente publicidad institucional de la Administración general del Estado. No hay ningún roce de competencias con las comunidades autónomas, ni siquiera por el forro, fundamentalmente porque la mayoría de las comunidades autónomas, incluida la andaluza, tienen su propia ley, con lo cual no estamos interviniendo en absoluto ni estamos rozando ningún tipo de competencia que no sea la institucional de las competencias del Estado. Y hablamos única y exclusivamente de tres elecciones: municipales, europeas y nacionales. Exclusivamente, insisto.


El señor PRESIDENTE: Producida esta aclaración, hemos terminado los puntos del orden del día y vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar el proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios de protésicos dentales. Ratificamos ya la ponencia por aclamación y nos queda votar el proyecto de ley. Las enmiendas presentadas decayeron por no estar el grupo parlamentario que las había presentado ni asumirlas otro grupo parlamentario presente. Por tanto, vamos a votar el texto aprobado por la ponencia, que es idéntico a la propuesta del Gobierno.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Pasamos a votar el punto décimo del orden del día: proposición no de ley sobre medidas relativas al envío institucional de información a los ciudadanos por las administraciones públicas. Votamos el texto propuesto con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en los términos en que la ha aceptado don Antero Ruiz.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar ahora el punto undécimo, que se refiere a la normativa reguladora del Boletín Oficial de la Provincia. Se habían presentado dos enmiendas. El grupo proponente ha aceptado la enmienda correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y no al Grupo Socialista. Votamos conjuntamente la propuesta con la modificación de la enmienda de Convergència i Unió, aceptada por el grupo proponente.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Y terminamos las votaciones con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre indemnizaciones por razón de servicio. No hay enmiendas y por tanto la vamos a votar en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.

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