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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 174, de 06/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 174

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMANN

Sesión núm. 8

celebrada el martes, 6 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. (Número de expediente 121/000022.) . . .
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- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. (Número de expediente 121/ 0000022.) . . . (Página 5100)

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- Comparecencia cuatrimestral de la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (Rodríguez Herrer), para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes. (Número de expediente 212/ 000395.) . . . (Página 5102)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR:

- ELPROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuestos.
El punto 1.o del orden del día consiste en ratificar la ponencia sobre el proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario para atender insuficiencias del ejercicio de 1999, por subvenciones que se efectúan para cobertura de diferencias de cambio en las autopistas de peaje, ¿dan su consentimiento? (Asentimiento.) Queda ratificada la ponencia.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: Al dictamen se ha presentado una enmienda parcial del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: No voy a hacer mención al fondo del decreto, porque por muy debatido es conocido. La enmienda del Partido Popular sólo es una enmienda técnica que intenta adaptar los términos del decreto a la nueva estructura presupuestaria aprobada en el año 2000, pasando el crédito extraordinario de la Sección 31 a la Sección 24 y del Servicio 08 al Servicio 04, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y haciendo una adaptación al Programa Gestión de la deuda y de la Tesorería del Estado. En definitiva, señor presidente, señorías, es una simple adaptación técnica a los términos de la estructura de secciones y capítulos presupuestarios.


El señor PRESIDENTE: ¿Desean fijar su posición el resto de los grupos? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Bel, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, nuestro grupo va a votar en contra de este proyecto porque entendemos que se perpetúa el efecto malo de un mecanismo establecido en otra época, en otro modelo de infraestructuras, que hoy ha dejado de tener sentido.
El proyecto de ley prevé una ampliación del crédito para subvención por seguro de cambio a sociedades concesionarias de autopistas de peaje, por 13.858.385.707 pesetas, para satisfacer una subvención total de 33.510 millones correspondientes a 1999. Creemos que hay varios motivos para votar en contra de esta propuesta. En primer lugar, las compensaciones por seguro de cambio han supuesto hasta 1999 una subvención a las concesionarias de autopistas por un total de 565.811 millones de pesetas, desde finales de los sesenta hasta 1999, cifra ésta en términos corrientes. Si la convertimos en pesetas constantes de 1999, el importe equivalente de esta subvención se sitúa en un billón 26.000 millones de pesetas. Este ha sido el coste para los contribuyentes españoles del mecanismo del seguro de cambio.
Transcurrido el año 2000, en pesetas corrientes sin duda la subvención superará los 600.000 millones, y en pesetas constantes

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del año 2000 superará largamente el billón, como ya hizo, por otra parte, en 1999.
Creemos que este mecanismo ha dejado de tener sentido en la medida en que han cambiado radicalmente las circunstancias económicas y de entorno que se producían cuando se aprobó en la Ley de 1972. Hoy, las autopistas no tienen problemas de equilibrio económico- financiero en su explotación, al revés, gozan de una rentabilidad financiera que no tiene parangón en ningún otro sector de la economía española. De hecho, hemos sabido que en el año 2000 los ingresos por autopistas ascendieron un 6 por ciento, los beneficios ascendieron prácticamente en el mismo porcentaje, dada la estructura de costes fuertemente decrecientes, marginales, del negocio de autopistas, y no obstante siguen programándose estas subvenciones por seguro de cambio.
Existen elementos que nos llevan a pensar que en términos jurídicos ha habido algunos cambios que deberían ser tenidos en cuenta. En primer lugar, las concesionarias de autopistas han venido realizando operaciones de refinanciación de sus créditos exteriores, sin embargo una de las cláusulas de los pliegos concesionales establecía que las concesionarias no se endeudaran en la segunda mitad del período concesional. Creemos que ahí hay una estridencia legal que convendría aclarar. En segundo lugar el Tribunal de Cuentas, en su informe para 1995, proponía en su recomendación tercera que no se tuviera en cuenta el seguro de cambio a raíz de operaciones de refinanciación de deuda, puesto que éstas se realizaban no para garantizar el equilibrio económico financiero de la explotación, sino para trasladar perjuicios al erario público y allegar beneficios a las cuentas de explotación. En tercer lugar, existen otros elementos que el paso del tiempo ha traído que hacen necesario estudiar el alcance legal del seguro de cambio. Me refiero en particular al hecho de que los plazos de concesión inicial de algunas autopistas han vencido ya en el año 2000; por ejemplo, en el caso de Aumar, Autopistas del Mediterráneo, la concesión inicial vencía en 1998-1999.
No está en absoluto claro que las ventajas del seguro de cambio, que fueron suprimidas por la Ley de 1988 para todas las concesiones establecidas después de esa fecha, tengan vigencia para prórrogas que llevan más allá de esa fecha la concesión inicial de la autopista.
En la discusión que se produjo en marzo de 1999 sobre el proyecto de ley relativo al año 1998 nuestro grupo, que en ese caso no se manifestó en contra, propuso a la mayoría el establecimiento de una conversación para ver en qué medida un mecanismo tan gravoso como el seguro de cambio de las autopistas tenía que ser objeto de revisión y redefinición. Tanto desde el Gobierno como desde la mayoría en ese momento se acepto la necesidad de llevar a cabo esas conversaciones.
Las conversaciones han sido inexistentes, no ha existido voluntad de discutir cuál es el sentido y el alcance legal hoy del compromiso de subvención por seguro de cambio del Estado.
En resumen, creemos que es necesario definir de una forma estable este tipo de marco regulador del sector, un sector que tiene hoy muchas más incertidumbres, muchos más riesgos regulatorios que los derivados deesta discusión sobre el seguro de cambio. No queda lejos la anulación por la Unión Europea de la disminución de IVA que se hizo hace unos pocos años, una disminución del 16 al 7 por ciento que se efectuó sabiendo ya que era ilegal y que probablemente sería anulada por la Unión Europea.
Señorías, les decimos otra vez que lo que procede es revisar cuál es el alcance y el sentido económico y financiero hoy de este mecanismo del seguro de cambio que se instauró en otra época y hacer preceder este debate y esta conversación, no sólo de éste sino de futuros proyectos que vendrán para ampliar créditos para la subvención por seguro de cambio. Por este motivo, el Grupo Socialista votará que no a este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Me sorprende que el magisterio y la experiencia del representante del Grupo Socialista plantee un debate troceado. Yo creo que habría que hablar de la financiación de las infraestructuras y situar el tema en el tiempo. A mí me gustaría recordarle a S.S., para ver si reconsidera el voto, cuestiones relativas al tiempo. Estamos hablando de la Ley de 1972, de infraestructuras hechas hace treinta años, que han tenido un efecto multiplicador en la economía del país, de 16 empresas que están en nuestro sistema económico cumpliendo una función social importante.
Estamos hablando de múltiples decisiones tomadas a lo largo del tiempo según las cuales se autorizaba a estas empresas a renegociar su deuda exterior. Es verdad que el Tribunal de Cuentas, en su informe referido hasta 1995, ponía en evidencia dos hechos: primero, que las empresas habían hecho un uso abusivo de la ley al pasarse del 45 por ciento de su endeudamiento exterior; y, segundo, que también estaban haciendo un uso abusivo cuando refinanciaban deuda interna por deuda externa. Pero no se olvide S.S. que las autorizaciones para hacer eso eran anteriores a 1995.
Lo que está haciendo el Partido Popular ahora y el Gobierno es lo que puede hacer, y aquí no quiero entrar en si es lo mejor y lo bueno, pero está haciendo lo que tiene que hacer: hablar con las empresas para conseguir lo bueno, que es, primero, bajar el peaje a 20.000 usuarios diarios y, segundo, negociar con las empresas que refinancien su deuda con una moneda estable. No se puede juzgar treinta años después algo que las empresas hacían para mejorar su rentabilidad; si había un

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interés externo más bajo se acogían a él, con el riesgo de que la moneda fuera volátil porque estaba cubierto por el Estado, pero era una práctica que permitía la ley.
En resumidas cuentas, señoría, creo que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que es renegociar con las empresas la deuda exterior para que la refinancien en moneda estable; negociar con las empresas para que bajen el peaje a los 20.000 usuarios; y proponer, y ya lo ha anunciado el ministro, una ley de financiación de infraestructuras. Entonces plantearemos el debate global de las infraestructuras y los distintos sistemas de financiación de las mismas, porque no sé qué efecto sería más pernicioso, si éste o financiar las infraestructuras con deuda pública. Y lo que también está intentando hacer el Gobierno es dar confianza al sistema económico, porque no nos olvidemos que esas empresas, aparte de estar en nuestro sistema económico, cotizan en bolsa y dan una cierta estabilidad. Empezar a cuestionar soportes legales a los que se acogen las empresas no sé si sería bueno.
En resumidas cuentas, señoría, lo que intenta el Partido Popular es dar confianza al sistema económico y que las concesiones de hace treinta años terminen lo mejor posible y con un peaje lo más bajo posible para los 20.000 usuarios de las infraestructuras construidas entonces.


PRESIDENTE: El señor ¿El señor Bel, en nombre del Grupo Socialista, quiere añadir alguna otra cosa? (Pausa.) Finalizado el debate, suspendemos durante cinco minutos la sesión, y procederemos a votar, si es posible, a las doce menos cinco. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del dictamen que hemos debatido esta mañana.


Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda que ha defendido el Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una enmienda de modificación al artículo 1 del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
A continuación, sometemos a votación el texto del dictamen modificado en función de la enmienda que acaba de ser aprobada por al Comisión.
¿Se solicita votación separada de alguno de los artículos? (Pausa.) Votamos el dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, cuatro.
COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DE LA SEÑORASECRETARIADE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (RODRÍGUEZ HERRER), PARA INFORMAR SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LA EVOLUCIÓN DE SUS PRINCIPALES MAGNITUDES. (Número de expediente 212/ 000395.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, da comienzo la comparecencia de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña Elvira Rodríguez, a quien agradezco de nuevo su presencia en esta Comisión.
En esta ocasión, doña Elvira Rodríguez acude para celebrar la comparecencia cuatrimestral, tal como acordamos al principio de la legislatura y como se ha venido haciendo en legislaturas anteriores, para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes.
En primer lugar, tomará la palabra la secretaria de Estado por el tiempo que ella estime conveniente y, a continuación, se abrirá un primer turno para que los diferentes grupos expresen su posición o sometan a la secretaria de Estado las preguntas o peticiones de aclaración que deseen. Habrá un turno de contestación y, si el tiempo no nos ha comido toda la mañana, abriremos un segundo turno, para terminar definitivamente la comparecencia con la intervención de la secretaria de Estado.
La secretaria de Estado tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO (Rodríguez Herrer): Señor presidente, señorías, comparezco en esta Comisión de Presupuestos para exponer ante ustedes los datos de cierre del presupuesto del Estado del año 2000 e informarles sobre la evolución del ejercicio y sus circunstancias más relevantes. A estos efectos, se ha remitido a SS.
SS. información detallada sobre la ejecución del presupuesto del Estado del año pasado, incluyendo los datos provisionales de cierre en contabilidad nacional que fueron enviados a Bruselas el pasado 28 de febrero, de acuerdo con el procedimiento establecido. Como SS.SS.
saben, el Estado trabaja con período de ampliación del presupuesto de gastos de cada ejercicio durante el mes de enero del ejercicio siguiente, por lo que el cierre se acaba prácticamente de efectuar; esa ha sido la causa de que no se les haya podido enviar la información hasta el pasado jueves. Lamento haberles hecho trabajar este fin de semana.
El saneamiento de las cuentas públicas fue un objetivo prioritario del Gobierno en la anterior legislatura, en la que el déficit público descendió desde el 6,6 por ciento del PIB en 1995 hasta el 1,2 por ciento en 1999, y sigue y va a seguir siendo objetivo prioritario en ésta. Además, no sólo ha sido importante la disminución del

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déficit, sino que también se han mejorado año tras año los objetivos marcados en los respectivos programas de estabilidad y crecimiento presentados ante Europa y los de las revisiones a la baja que acompañaron la presentación de los presupuestos.
El año 2000 no ha sido una excepción. Con un objetivo inicial de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1 por ciento del producto interior bruto, que se rebajó al 0,8 por ciento al presentar los presupuestos -si ustedes recuerdan, un 0,7 para la Administración central y un 0,1 para las administraciones territoriales-, el ejercicio se ha cerrado con un déficit del 0,34 por ciento -0,56 para el Estado-, un superávit del 0,50 para la Seguridad Social y un déficit en las administraciones territoriales del 0,28 por ciento de PIB. El esfuerzo para alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos en nuestras cuentas públicas ha recaído en su mayor parte sobre el gasto corriente, lo que ha hecho posible mejorar la calidad del gasto público y reforzar el gasto social. Además, como reconoce en justicia la Comisión Europea, el peso del ajuste ha recaído y sigue recayendo sobre el Estado, cuyo déficit se ha corregido en 4,9 puntos desde 1995 hasta 2000 y cuyo superávit primario ha aumentado en 2000 un 26,2 por ciento, para alcanzar el 2,1 por ciento del PIB.
La importancia que este ajuste presupuestario ha tenido y sigue teniendo en nuestra economía difícilmente puede ser disimulada a la luz de los importantes beneficios que nos ha aportado en el pasado reciente la reducción del déficit público: nos permitió en el año 1999 acceder a la moneda única desde su origen, al causar un cambio de expectativas que influyó decisivamente sobre la evolución de la inflación y de los tipos de interés; ha permitido impulsar la inversión privada al reducir el crowding out que venía produciendo la financiación del desequilibrio de las cuentas públicas; permite reducir progresivamente el endeudamiento que supone el stock de deuda pública en términos de PIB, lo que hará posible enfrentar los retos que a medio y largo plazo tiene nuestra economía como consecuencia de la evolución de la demografía en España. El esfuerzo de la consolidación fiscal que se viene produciendo desde 1996 permitirá en este año 2001 alcanzar el equilibrio presupuestario por primera vez en la historia reciente de nuestra Hacienda pública.
En definitiva, señorías, permítanme subrayar cómo esta política de saneamiento de las cuentas públicas, que recibirá el impulso definitivo de la ley de estabilidad presupuestaria, cuyo debate a la totalidad se celebrará el próximo día 8, es vital para mantener un contexto de estabilidad macroeconómica, contexto que supone la base de un crecimiento duradero. Los datos que nos ha ofrecido la contabilidad nacional trimestral respecto al último trimestre de 2000 ofrecen un escenario de suave desaceleración de la actividad económica completamente compatible con las previsiones del Gobierno.
Nuestra economía se encuentra en una fase de crecimiento sostenido que dura desde 1996 y que, como de hecho confirman las estimaciones de los principales organismos internacionales, se extenderá a los próximos años. Por ello, la desaceleración en el crecimiento del PIB que venimos observando en los últimos meses no puede entenderse con los datos de que disponemos como un hecho negativo; al contrario, después de haber mantenido en el pasado reciente crecimientos superiores al 4 por ciento, nuestra economía, cuya posición cíclica se ha encontrado adelantada respecto a otros países de nuestro entorno, previsiblemente moderará su ritmo de crecimiento. ¿Quiere esto decir que el ciclo de crecimiento y prosperidad que empezó en 1996 ha terminado? Permítanme que para abordar esta cuestión haga unas breves matizaciones.
En primer lugar, no creo, como en los últimos años han venido repitiendo ciertos analistas de la nueva economía, que el ciclo económico haya desaparecido de nuestras economías; de hecho, en las previsiones económicas a medio plazo de este Gobierno incorporamos una reducción de lo que se viene en denominar output gap, es decir, prevemos una moderación del ritmo de crecimiento de la renta. Pero, además de que el ciclo económico nos vaya a acompañar durante mucho tiempo, también hemos de tener en cuenta la tendencia en el crecimiento de nuestra economía. Esta tendencia en la evolución del producto interior bruto ha sido muy positiva en los últimos años y a ella se han dirigido los importantes esfuerzos en reformas estructurales que se están realizando, que alcanzan tanto a los mercados de bienes y servicios y factores de producción como al terreno fiscal y presupuestario. Por todo ello, no hay datos en este momento que objetivamente lleven a la conclusión de que el producto nacional y la renta no vayan a mantenerse en un nivel superior al 3 por ciento ni datos que indiquen, como se ha señalado desde algún partido político, que vamos a asistir a un desplome de la demanda interna. Además, la desaceleración de esta demanda interna y el repunte de la aportación del sector exterior al PIB que se observa en los datos del último trimestre apoyarán la corrección de ciertos desequilibrios que se han producido como consecuencia del shock de petróleo que experimentamos a partir de 1999.
En definitiva, un crecimiento para los próximos años, que se situará en un entorno del 3 por ciento, no es el final de la senda de prosperidad en la que actualmente se encuentra nuestra economía; al contrario, este escenario permitirá seguir avanzando en la convergencia real con las economías más desarrolladas de nuestro entorno, permitirá mantener una creación de empleo satisfactoria y defenderá el equilibrio de nuestras cuentas públicas. De hecho, la actualización del programa de estabilidad 2000-2004, que unos meses atrás fue aprobado, contemplaba ya un escenario central de crecimiento cercano al 3, 6 por ciento y un escenario de bajo crecimiento en un entorno del 3,2 por ciento del PIB. En ambas circunstancias se han tomado las medidas

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para salvaguardar los desequilibrios básicos de nuestra economía y en particular el saneamiento de las cuentas públicas. Como ha recordado nuestro ministro de Hacienda, el objetivo de equilibrio presupuestario para 2001 es irrenunciable y ello porque disponemos del margen necesario para alcanzarlo.
En este momento, señorías, parece oportuno hacer una breve referencia a la reciente valoración de la Comisión Europea respecto al programa de estabilidad 2000-2004 del Reino de España. Una de las consideraciones que efectúa la Comisión es la relativa a la prudencia en las previsiones de ingresos y gastos que contiene el programa.
Pues bien, es precisamente esta prudencia, que es una constante en las previsiones de los anteriores años, la que hace que el equilibrio presupuestario para este ejercicio 2001 tenga el margen suficiente para ser alcanzado. En el informe, la Comisión ha valorado positivamente la contención del gasto corriente que está soportando el esfuerzo de reducción del déficit en los últimos años, y se felicita por el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria por lo que supone de compromiso para todos los niveles de Gobierno. Es precisamente la ley de estabilidad presupuestaria que, como ya señalé y ustedes saben, va a ser debatida el próximo jueves; la garante del equilibrio presupuestario en los próximos años, y viceversa, con esta ley se apuesta por el crecimiento sostenido que garantizan las cuentas públicas saneadas.
Señor presidente, señorías, tras esta introducción relativa al contexto económico y presupuestario, paso a exponer cuál ha sido la ejecución de los distintos capítulos de ingresos y gastos del presupuesto en el año 2000. Hace escasamente dos semanas compareció ante esta Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de Hacienda para explicar, entre otros extremos, la evolución de los ingresos del Estado durante 2000. Por ello, en mi exposición voy a ser breve para no repetir más de lo necesario la información objeto de comentario. La recaudación no financiera del Estado ha ascendido en el año 2000 a 19.749 miles de millones de pesetas, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,5 por ciento respecto a 1999 y un exceso de recaudación sobre la prevista en el presupuesto inicial de algo más de un billón de pesetas. Esta desviación positiva procede en su mayor parte de los impuestos directos y de los ingresos patrimoniales, al situarse por encima de las previsiones en 545.000 y 434.000 miles de millones de pesetas respectivamente. Los derechos reconocidos y liquidados en el ejercicio, en cuyos términos se realiza el cálculo de la necesidad de financiación de las administraciones públicas, han ascendido a 20.268 miles de millones de pesetas, el 7,2 por ciento más que en 1999. Este importante aumento de los ingresos, tanto en recaudación como en derechos reconocidos y liquidados, es consecuencia del desarrollo continuado de la economía española, que ha fortalecido el dinamismo inversor de las empresas y en buena medida, de la política fiscal que viene desarrollando el Gobierno. La recaudación por impuestos directos ha aumentado un 9,3 por ciento, impulsada por el crecimiento económico del último año, que ha dado como resultado un aumento de la masa salarial del 9 por ciento como consecuencia de la creación de empleo y el importante crecimiento de los beneficios empresariales.
La recaudación por IRPF registra un incremento del 4,6 por ciento respecto a la obtenida en 1999 y supera la previsión presupuestaria en 195.000 millones de pesetas. En la evolución de este impuesto es determinante el fuerte crecimiento de las retenciones del trabajo y actividades profesionales debido no sólo a la creación de empleo, sino también al alza de las retribuciones de los salarios de los trabajadores. Las demás retenciones y pagos a cuenta también mejoran sus resultados con la excepción de las retenciones sobre el rendimiento de capital mobiliario, cuyo descenso de un 8,4 por ciento tiene su fundamento en la reducción del tipo de retención aplicable a dividendos y reembolsos de seguros de vida a partir de enero de 2000 en siete puntos. El impuesto sobre sociedades destaca como la figura tributaria con mayor crecimiento en el año 2000, con una recaudación de 2.863 miles de millones y una tasa de variación del 17,6 por ciento, superando en cerca de 300.000 millones la previsión presupuestaria. Los mayores aumentos se producen en los pagos a cuenta y en la liquidación anual del ejercicio 1999 como consecuencia de la evolución experimentada en la actividad y beneficios empresariales. A estos efectos resulta significativo que el número de sociedades con beneficios aumentó en el año pasado un 16,8 por ciento.
La recaudación por impuestos indirectos asciende a 8.532 miles de millones de pesetas y es superior en un 7,3 por ciento a la del ejercicio anterior. Entre ellos, hay que destacar el IVA, cuyos ingresos suponen 5.557 miles de millones de pesetas y superan en un 8,7 por ciento a los obtenidos en 1999, sin embargo se produce una diferencia negativa de casi 98.000 millones de pesetas con el presupuesto inicial. Esta desviación es la consecuencia de las obtenidas con diferente signo en IVA importaciones y en IVA operaciones interiores. En el primer caso se produce un aumento de recaudación sobre las previsiones como consecuencia del crecimiento de las importaciones a terceros países y del aumento del precio del petróleo. En el segundo caso, IVAoperaciones interiores, el descenso sobre las previsiones se debe en gran parte al aumento de las exportaciones -un 19,3 por ciento superiores a 1999, que provoca posteriores devoluciones en este concepto-, a la moderación en el crecimiento del consumo del segundo semestre del año y a que la mayor recaudación de IVA importación reduce luego el IVAinterior vía deducciones.
Los impuestos especiales, por su parte, experimentan un crecimiento interanual del 4,1 por ciento y un aumento sobre el presupuesto inicial de 41,7 miles de millonesde pesetas. Del conjunto de impuestos especiales cabe

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señalar el moderado crecimiento de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre determinados medios de transporte -un 1,5 por ciento y un 2 por ciento respectivamente-, acusando el aumento del precio del petróleo. Por el contrario, el impuesto sobre labores del tabaco aumenta un 9,8 por ciento y el impuesto que grava la electricidad crece un 8,4 por ciento, compensando la rebaja de las tarifas eléctricas con un mayor consumo.
Las tasas, precios públicos y otros ingresos descienden un 26 por ciento respecto a lo recaudado en 1999, debido fundamentalmente a la caída de los ingresos por diferencia entre valores de reembolso y emisión de deuda pública, que pasan de 140.000 millones de pesetas en 1999 a 24.000 millones de pesetas en el año 2000.
La recaudación por transferencias corrientes crece un 38,2 por ciento respecto a 1999, destacando, entre ellas, la recibida de la Seguridad Social por importe de 315,8 miles de millones de pesetas. Asimismo cabe señalar las procedentes de organismos autónomos, por 364,7 miles de millones, de comunidades autónomas, por importe de 281 miles de millones, y de la Unión Europea, por 21.800 millones de pesetas.
Por último, los ingresos patrimoniales registran un descenso del 8,3 por ciento respecto al año anterior debido principalmente a la caída del beneficio ingresado por el Banco de España, 838.000 millones de pesetas, frente al 1,018 billones de pesetas en 1999. No obstante, los ingresos recibidos por este concepto han sido superiores a los presupuestados en 340.000 millones de pesetas.
A continuación, señor presidente, señorías, voy a pasar a analizar la ejecución del presupuesto de gastos del Estado.
Los créditos iniciales por operaciones no financieras del Estado para el año 2000 ascendieron a 19.769,5 miles de millones de pesetas, con un incremento del 4,8 por ciento respecto a los inicialmente aprobados para 1999. El importe de las modificaciones de crédito aprobadas durante el año 2000 ha ascendido a 676,2 miles de millones de pesetas -3,4 por ciento de los créditos iniciales-, con un descenso respecto a las aprobadas en 1999 del 22,8 por ciento. En consecuencia, los créditos finales se han elevado a 20.446 miles de millones de pesetas, un 3,6 por ciento más que en 1999, lo que ha supuesto que por cuarto año consecutivo el presupuesto de gastos del Estado haya crecido por debajo de la tasa de incremento real de la economía.
La presentación de la ejecución del presupuesto del Estado en el año 2000 está marcada por la instrumentación en el ejercicio de las transferencias de las competencias en educación no universitaria a Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, que, por producirse al final de 1999, estaban presupuestadas en los respectivos capítulos de gasto del Ministerio de Educación y Cultura. Así, este Ministerio pierde créditos iniciales por importe de 230.000 millones de pesetas -168.000 millones de personal, 20.000 millones de compras de bienes y servicios, 29.000 millones de transferencias corrientes y 13.000 millones de transferencias de capital- que gana el capítulo IV de la Sección 32, Entes territoriales. Aunque estas modificaciones no producen un incremento del total de los créditos, sí producen variaciones significativas en los capítulos afectados, por lo que es necesario hacer referencia a ellas para entender mejor la ejecución del ejercicio.
Las ampliaciones de crédito han ascendido a 392.000 millones de pesetas, siendo la figura modificativa de importe más elevado, aunque con un descenso respecto a las instrumentadas en 1999 de 67.000 millones de pesetas. Entre ellas destacan las relativas a gastos financieros para dar cobertura a operaciones de canje y recompra de deuda, por importe de 149.000 millones de pesetas, las efectuadas como consecuencia de las sentencias dictadas a favor de los afectados por el síndrome tóxico, por importe de 68.000 millones de pesetas, las relativas al coste de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz de la OTAN, por importe de 40.000 millones de pesetas y, en fin, entre otras, las derivadas de las liquidaciones definitivas a las comunidades autónomas, Insalud y Unión Europea por el incremento del PIB o de los ingresos inicialmente previstos, por importe de 15,1, 15,3 y 37,4 miles de millones de pesetas respectivamente.
Por orden de importancia cuantitativa, la segunda figura modificativa en 2000 ha sido la de generación de crédito por ingresos, que ha ascendido a 148.000 millones de pesetas, frente a los 178.000 millones de pesetas de 1999. Estas modificaciones, que no inciden en el déficit del ejercicio pues necesitan ingresos previos no presupuestados para ser autorizadas, son consecuencia generalmente de la prestación de servicios o venta de bienes mediante precio -Ministerio de Defensa, con 22.000 millones, o Insalud, 24.000 millones de pesetas-, de aportaciones afectadas a gastos concretos -aportaciones de la Jefatura de Tráfico, 30.000 millones de pesetas- y de la normativa especial de la Agencia Estatal Tributaria por su participación de los actos de recaudación, 48.000 millones de pesetas.
Las incorporaciones de remanente de crédito del ejercicio anterior, cuya posibilidad está limitada por la propia Ley de presupuestos del ejercicio frente a lo autorizado por la Ley General Presupuestaria, han ascendido a 69,8 miles de millones de pesetas, 44.000 millones de pesetas menos que en 1999, y los conceptos más significativos son los relativos al Fondo de Compensación Interterritorial, con 41.000 millones de pesetas, los relativos a las dotaciones de modernización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, 11.500 miles de millones, o los derivados de los créditos generados por ingresos de la Unión Europea en el ejercicio anterior, 10,9 miles de millones de pesetas.
Por último, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito -es decir, las modificaciones aprobadas mediante norma con rango de ley en el ejercicio- han ascendido a 55.000 millones de pesetas, 120.000 millones

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de pesetas menos que en 1999, siendo el más significativo el que da cobertura a las indemnizaciones a víctimas de bandas armadas por importe de 46,6 miles de millones de pesetas.
Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, los créditos para operaciones corrientes se han incrementado en 491.000 millones de pesetas respecto a los inicialmente aprobados, ascendiendo a 18.273 miles de millones, es decir, un 3,9 por ciento superiores a los de 1999.
La diferencia entre créditos iniciales y totales es la consecuencia de la disminución del capítulo I, Gastos de personal, en 144.000 millones de pesetas y el incremento del resto de los capítulos, en el que destaca el capítulo IV, Transferencias corrientes, que, además de recoger las modificaciones derivadas de los traspasos de competencias, ampara los créditos relativos al síndrome tóxico, a las indemnizaciones a víctimas de bandas armadas y a la financiación a la Agencia Estatal Tributaria, entre otros extremos.
Los créditos para operaciones de capital se han incrementado en 101,5 miles de millones de pesetas -48.200 millones de pesetas en el capítulo VI y 53.300 millones de pesetas en el capítulo VII-, donde destacan las ya referidas de incorporación de remanentes del Fondo de compensación interterritorial. El importe de los créditos totales ha ascendido pues a 2.172,8 miles de millones, con un incremento frente a 1999 del 0,4 por ciento. Este ligero incremento es consecuencia de las modificaciones de crédito efectuadas en ambos ejercicios, dado que los créditos iniciales crecían un 6,7 por ciento. En efecto, sobre la variación repercute la importante diferencia en las incorporaciones de crédito del Fondo de compensación interterritorial, 36.500 millones de pesetas más en 1999, y las transferencias por el traspaso de competencias en 2000, por 13.000 millones de pesetas.
Las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras en el año 2000 han ascendido a 20.094,5 miles de millones, con un incremento del 3,8 por ciento respecto a 1999. El grado de ejecución ha sido del 98,3 por ciento frente al 98 por ciento de 1999, lo que ha causado el incremento del 3,8 por ciento en las obligaciones frente al 3,6 por ciento de los créditos totales. Comparativamente, es el grado de ejecución más elevado de los últimos años.
Para valorar correctamente el importante esfuerzo de contención del gasto del Estado hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2000 se ha completado el proceso de separación de las fuentes de la Seguridad Social contemplado en el Pacto de Toledo, de forma que han pasado a ser financiadas enteramente por el Estado las prestaciones sociales de carácter no contributivo y los servicios sociales, lo que ha supuesto la realización de nuevas transferencias a la Seguridad Social por importe de 215.000 millones de pesetas. Si se descuenta este gasto, las obligaciones reconocidas del Estado habrían crecido únicamente un 2,7 por ciento respecto a 1999. En la evolución de las obligaciones reconocidas inciden, además de las cuestiones de la propia ejecución, las circunstancias a que se ha hecho referencia al comentar las modificaciones de crédito en el ejercicio, por lo que algunas de ellas volverán a ser comentadas en este apartado.
Los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios han disminuido frente al año anterior en un 8,9 por ciento en ambos casos dado que, como ya se ha señalado, se han visto sensiblemente afectados por las transferencias de la enseñanza no universitaria, en este caso, tanto por las que han tenido sus efectos a comienzos de 2000 como las efectuadas en la Comunidad de Madrid, que se hicieron efectivas mediado el año 1999.
Los gastos financieros, capítulo que recoge los gastos por intereses cuando se pagan, han ascendido a 2.950 miles de millones de pesetas, con un descenso del 7,1 por ciento respecto a 1999 y un grado de ejecución del 99,7 por ciento. En este ejercicio se ha canjeado y recomprado deuda por un importe conjunto de 1,8 billones de pesetas, lo que obligó, al adelantar el pago de intereses, a la ampliación de 150.000 millones a la que hice ya referencia.
Los gastos por transferencias corrientes han ascendido a 12.023 miles de millones de pesetas, con un incremento del 11,7 por ciento respecto a 1999 y un grado de ejecución del 99,1 por ciento. Las obligaciones reconocidas en este capítulo suponen el 59,8 por ciento del total de las operaciones no financieras en 2000, frente al 55,6 por ciento en 1999. Este incremento en su peso relativo, que se refleja en su tasa de crecimiento, obedece a varias razones de diversa índole: a la importancia cuantitativa de las transferencias en materia de enseñanza no universitaria, por encima de las 300.000 millones de pesetas, efectuadas a partir del segundo semestre de 1999; a la culminación de la separación de fuentes de la Seguridad Social, a la que se transfieren del orden de 215.000 millones de pesetas, a lo que ya se ha hecho referencia; a que por este capítulo se hace efectiva la mayor parte de la financiación de la sanidad pública, que, de acuerdo con el modelo de financiación vigente, evoluciona como el PIB nominal, es decir, significamente por encima de la media del crecimiento del gasto -en 2000, las transferencias corrientes a la sanidad ascendieron a 4.185 miles de millones de pesetas-; y, por último, a la financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales a través de este capítulo, que ha ascendido a 3.256 y 1.491 miles de millones de pesetas respectivamente, con crecimientos del 29,9 por ciento y 6 por ciento respectivamente.
Las inversiones reales han ascendido a 982.000 millones de pesetas, con un crecimiento del 8 por ciento respecto a 1999, muy por encima del crecimiento de sus créditos totales debido a la buena ejecución de este ejercicio, 1,1 puntos porcentuales más que en el año

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anterior. Por su evolución, destacan las inversiones realizadas en los programas de infraestructura del transporte ferroviario y conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento, con incrementos del 23 y del 13,8 por ciento respectivamente, y en el de gestión e infraestructura de recursos hidráulicos del Ministerio de Medio Ambiente, con un crecimiento del 11,4 por ciento.
Las obligaciones reconocidas por transferencias de capital disminuyen un 5,2 por ciento respecto a 1999, 56.500 millones de pesetas, viéndose afectadas muy significativamente por las circunstancias a que se ha hecho referencia al comparar los créditos totales. Así, las correspondientes al Fondo de compensación interterritorial y las relativas a las inversiones en educación no universitaria, con descensos de 35.600 y 12.700 millones de pesetas respectivamente.
Adicionalmente, también disminuyen las relativas a la política de vivienda en 34.500 millones de pesetas, afectadas por las bajadas de tipos de interés y porque en el ejercicio 1999 se abonaron obligaciones de ejercicios anteriores por importe de 15.000 millones de pesetas.
Por último, señorías, señor presidente, concluiré la información de la ejecución del presupuesto del Estado con una breve referencia a la evolución de los activos financieros. Los créditos iniciales aprobados para adquisición y constitución de activos financieros han ascendido en 2000 a 795.000 millones de pesetas, y los créditos finales a 785.000, con una disminución respecto a 1999 del 22,7 por ciento. Esta significativa bajada se ha debido principalmente a la supresión de los préstamos a la Seguridad Social, innecesarios debido al saneamiento alcanzado por el sistema.
Las obligaciones reconocidas en 2000 han ascendido a 588.000 millones de pesetas, importe similar al de 1999, año en el que se contrajeron obligaciones en este capítulo por 597.000 millones. Los ingresos recibidos en 2000 como consecuencia de la venta o devolución de activos financieros han ascendido a 133.000 millones de pesetas, correspondiendo en su totalidad a la devolución de préstamos o aportaciones, frente a los 197.000 de 1999, de los que 25.000 correspondían a la venta de acciones a través de Seppa. Las operaciones que se realizan a través de este capítulo de los presupuestos son de variada índole, pudiendo agruparse de acuerdo con los códigos presupuestarios generales: préstamos, adquisición de acciones y aportaciones patrimoniales. Los préstamos concedidos han ascendido a 327.000 millones de pesetas, aunque los pagos efectuados, formalización del préstamo propiamente dicha, importaron 178.000 millones, de los que 36.200 correspondían a ejercicios anteriores.
Una parte muy significativa de este importe corresponde a los efectuados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología tanto para el desarrollo de proyectos tecnológico-industriales como los relativos a políticas de reindustrialización. También destacan los préstamos realizados a Cesce a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que en este ejercicio han ascendido a 76.300 millones de pesetas, 38.100 millones de pagos, y que han obtenido reintegros por importe de 84.000 millones de pesetas. Las adquisiciones de acciones han ascendido a 88.000 millones, de los que 31.200 se han destinado a sociedades de aguas, 25.000 millones a sociedades de regadíos y 15.000 millones a la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios. Las aportaciones patrimoniales han ascendido a 170.200 millones de pesetas, prácticamente igual que en 1999, y se han realizado pagos por importe de 176.000 millones, de los que 26.000 son de ejercicios anteriores. La aportación más elevada corresponde al Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarías, GIF, que ha recibido 123.500 millones de pesetas, quedando pendiente de pago para el ejercicio 2001 un volumen de 17.000 millones. Del resto de operaciones merece destacar la aportación al Fondo de ayuda oficial al desarrollo por 32.700 millones de pesetas.
La necesidad de financiación del Estado, es decir, el déficit en contabilidad nacional, medido según la metodología del sistema europeo de cuentas integrado, SEC-95, se ha situado al cierre del año 2000 en el 0,6 por ciento del PIB, cifra inferior en 0,6 puntos porcentuales a la conseguida en el ejercicio anterior. La reducción del déficit del Estado en un 43,3 por ciento, de 1.105 miles de millones en 1999 a 626.000 millones en 2000, constituye el impulso definitivo hacia la consecución del equilibrio presupuestario en el año 2001. Este resultado es la consecuencia de un crecimiento de los empleos no financieros del 4,7 por ciento respecto a 1999, inferior en 3 puntos al aumento del PIB, mientras que el crecimiento de los recursos no financieros ha sido prácticamente igual al crecimiento de la actividad económica, un 7,7 por ciento en términos monetarios. Es decir, nuevamente el peso del ajuste recae básicamente en el lado de los gastos, que en 2000 suponen el 20,3 por ciento del PIB, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto a su peso en 1999, frente a los ingresos, que mantienen su proporción del 19,7 por ciento del PIB en ambos años. La evolución positiva de las cuentas del Estado se confirma por la evolución del saldo primario, es decir, el saldo de los ingresos y gastos no financieros, descontando de estos últimos los intereses de la deuda. En el año 2000, el saldo primario del Estado presenta un superávit de 2.168 miles de millones de pesetas, cifra que supera en un 26 por ciento a la del año anterior, alcanzando el 2,1 por ciento del PIB, 0,3 puntos porcentuales más que en 1999. Este indicador, que en 1995 registraba un déficit del 1,4 por ciento del PIB, ha pasado a tener en los años siguientes un signo claramente positivo y creciente, lo cual constituye una garantía de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
En resumen, señor presidente, señorías, la ejecución del presupuesto del Estado en el año 2000 es el mejor exponente de la tendencia de las finanzas públicas en

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los últimos años, alcanzando y mejorando objetivos rigurosos que nos llevan a la senda del equilibrio presupuestario, que, para asegurar el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país, pretendemos blindar con la Ley de estabilidad presupuestaria. Señor presidente, señorías, muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para responder a las preguntas que estimen oportuno realizarme.


El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, gracias por la información que nos ha facilitado en su primera intervención, la cual ha abierto su comparecencia. A continuación, vamos a pasar al desarrollo del debate, interviniendo en primer lugar el Grupo Socialista y después el Grupo Parlamentario Popular.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: En primer lugar, quisiera agradecer a doña Elvira la concisa y clara exposición que ha hecho de la ejecución del presupuesto del Estado en el año 2000. Quisiera comenzar mi intervención con algunas consideraciones de carácter metodológico, ya que a fin de cuentas en esta Cámara aprobamos los Presupuestos Generales del Estado -eso abarca al Estado, a los organismos y a la Seguridad Social- y definimos las relaciones que desde la Administración central se establecen con el conjunto de las administraciones territoriales. Lo hicimos en una unidad de acto, un acto político que conlleva actos sucesivos, en esta Comisión de Presupuestos y en el Pleno del Congreso y ahora vamos a analizar separadamente algo que no aprobamos del mismo modo. Es decir, algo que forma parte del primero de los agentes de la Administración central española, de las administraciones públicas españolas, el Estado, lo vamos a aislar a la hora del control cuando no lo hicimos en el momento de la aprobación. Lo hemos aislado en una doble circunstancia, a la cual hacía alusión anteriormente la señora secretaria de Estado, y es que en la Comisión de Economía analizamos la evolución del ingreso -ella ha tenido la gentileza de reiterar el análisis del ingreso en la Comisión de Presupuestos-, pero aquí vemos fundamentalmente también los gastos. Vemos en esta Comisión ingresos y gastos del Estado; sin embargo, sin pretender en modo alguno someter a doble examen partidas o elementos de la actividad financiera pública, cabe la posibilidad de que se nos escape el control de algunos organismos, existiendo un hecho que no se refleja en esta Comisión, como es la evolución de un agente que tiene un peso del 40 por ciento dentro de la Administración pública española: la Seguridad Social. Deberíamos tener alguna vez en esta Cámara la ambición de analizar conjuntamente los ingresos y los gastos de esa serie de agentes que constituyen la Administración pública española, ya que, si la tuviéramos, cumpliríamos con uno de los objetivos del Parlamento, esto es, fijar su ojo sobre todos los ingresos y los gastos, sin que ninguna parte de la actividad financiera pública escapase a su vigilancia. Se trata de un tema que a lo largo de las próximas semanas ocupará mucho más la atención de los señores diputados que la de los miembros del Ejecutivo, pero que tiene que ver con una relación institucional distinta a la que históricamente ocurrió. El Parlamento ya no es el lugar en el que se establece una colisión política entre el Gobierno y la oposición, sino que hay algunos elementos institucionales de colaboración, y deberíamos ser capaces de que los mecanismos de control se auspiciaran en nuestra Cámara. Los mecanismos de aprobación están correctamente definidos, pero yo soy de los que creen que Las Cortes españolas tienen un déficit en los mecanismos de control que todos, cualquiera que sea la mayoría que gobierne o el lugar que ocupe la oposición, deberíamos ir mejorando en los próximos años.
La segunda consideración de tipo metodológico hace referencia a la clase de información que se nos proporciona. El Ministerio de Hacienda -lo dice un funcionario de aquella casa- tiene muchas virtudes, siendo una de ellas que domina relativamente bien la policromía en sus libros. Yo tengo aquí un libro amarillo, hoy estamos analizando un libro morado y -me dicen que además hay uno rojo- tenemos otro verde. Esta policromía responde a la existencia de distintos documentos que aparecen en diferentes momentos, cumpliendo una finalidad diversa. El libro amarillo es un libro de presentación, el rojo por lo visto es un libro de presentación más las enmiendas introducidas por el Congreso y por el Senado, el libro morado nos permite ver el grado de cumplimiento del Estado y el libro verde contiene una liquidación del conjunto de las administraciones públicas, obedeciendo a un requerimiento de un decreto establecido por la Unión Europea, el Decreto 3605. Dicho libro trata de ver en qué medida las administraciones públicas españolas cumplen con sus compromisos de estabilidad. El jueves pasado el Gobierno nos envió el libro morado e hizo público en los medios de comunicación social una primera -supongo yo- evaluación del comportamiento financiero del conjunto de los agentes que constituyen la Administración pública española. La señora secretaria de Estado se ha referido a los datos del año 2000, en relación con lo cual yo le diría dos cosas. El libro verde es casi clandestino en esta Cámara, que tiene una fuerte tradición de discutir el presupuesto con lo que se tiene inicialmente, careciendo de una tradición rigurosa e intensa de debatirlo con su grado de cumplimiento, con el análisis final. ¿Por qué no hacemos normal lo que es normal? ¿Por qué no hacemos normal en esta Cámara lo que es normal en la realidad? Ustedes disponen del avance de 1999 y ya tienen un análisis completo del año 2000. Mi grupo considera que quizás fuera bueno que nos planteáramos no esperar al mes de septiembre para conocer la actuación económica y financiera de las

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administraciones públicas y evaluarla. Desde luego, nosotros le instamos para que usted comparezca cuanto antes y nos explique cómo se ha comportado en el año 2000 el conjunto de las administraciones públicas españolas: el Estado, los organismos, la Seguridad Social y los entes territoriales. Ese sería un avance importante y contribuiría a que cumpliéramos mejor la finalidad para la cual hemos sido elegidos.
Usted, doña Elvira, ha empezado su intervención, quizás como lo han hecho otros miembros del Gobierno que han comparecido en la Comisión de Economía o en la de Presupuestos hace pocos días, haciendo una valoración de tipo general; habiendo dado su opinión sobre la marcha de la economía tiene todo el sentido del mundo que nosotros hagamos también una consideración breve, tan breve como la que ha hecho usted, sobre cómo vemos el momento coyuntural. El año 2000 ha sido un ejercicio peculiar desde el punto de vista del funcionamiento del servicio económico, ha sido un año en el que el primer trimestre fue de clara expansión, que se había iniciado en los ejercicios de 1998 y 1999, y que tiene su cénit en el primer trimestre del año 2000. Es el momento más alto de la actividad económica, y desde el punto de vista de la vinculación entre actividad económica y sistema tributario es el momento también en el que el ciclo tributario adquiere mayor intensidad. Pero ahí se produce un giro que establece algunas dudas durante dos trimestres y que, con la información disponible, en el cuarto trimestre parece que se decanta por una desaceleración relativamente notoria; y digo que parece, porque uno de los problemas que tiene en este momento hacer análisis coyunturales en España son los procedimientos estadísticos que se utilizan. Es decir, los mecanismos de ciclo tendencia, que son los que se han puesto de moda a lo largo de los últimos años y que se diferencian en alguna medida de los corregidos de variaciones estacionales por una suavización de la evolución de las series. Las almidonan, planchan y hasta encañonan -encañonar en el sentido de endurecer la marcha de los indicadores-.
(Risas.) ¿Y qué sucede? Una cosa relativamente divertida que está ocurriendo en estos meses, que cada vez que sale un dato por debajo del ciclo tendencia se produce un fenómeno muy curioso que es el regocijo de los analistas y un poco el enfado del Gobierno. Todos los datos que han aparecido las últimas semanas y seguramente los que van a aparecer las próximas semanas se sitúan por debajo de la previsión del ciclo tendencia, y los analistas desde una perspectiva crítica se dirigen al Gobierno diciéndole: Ahora ya no estamos en el 3,6. Seamos sinceros, el objetivo de crecimiento del 3,6 por ciento no es un objetivo que alguien fijara in illo tempore, sino que fue el del 1 de octubre de 2000 para esta Cámara, y estamos a 6 de marzo de 2001 y ya nadie se apunta al 3,6. Montoro lo abandonó el otro día en una conferencia dada en Madrid, dijo que no era malo crecer al 3 por ciento. Yo no sé si es bueno o malo, yo no voy a entrar en la bondad o no de ello; el crecimiento económico es como tantas cosas en la vida: a la fuerza ahorcan.
Seguramente, se hubiera seguido postulando un crecimiento de 3,6 por ciento si hubiera sido posible. Hoy hay quien cree que el bucle que se inició en el año 1995 en la economía española ha llegado a su etapa final y que la tendencia, analizada de otra forma, dice que en el año 2001 nos vamos a situar en un objetivo del crecimiento del 2,8 por ciento, que es la tasa de tendencia de los últimos 15 años, y eso sí que me preocupa porque cuando ocurre este tipo de fenómenos la evolución de los estabilizadores se desencadena. Puede ocurrir que en el segundo semestre de 2001 la marcha de los ingresos sea distinta a la que ha experimentado durante el año 2000. Por tanto, estamos en un problema de nivel, de cambio de tendencia y de ritmo. Ese es el final y, desde luego, eso se va a tener que ver en la evolución de la economía española y va a tener un correlato en el comportamiento de los agentes económicos públicos a lo largo del próximo ejercicio. Han sido años buenísimos desde la perspectiva del ingreso, buenísimos. No sé si todavía la composición entre crecimiento y nivel de precios, que hace que en realidad el nominal no caiga, pero que pone de relieve que la inflación es un impuesto, va a permitir que el caudal de recursos tributarios que se ha venido manejando a lo largo de los últimos años siga creciendo al mismo ritmo; es posible que así sea.
No nos molestaría a nosotros que así fuera, pero también sabemos que la evolución de algunas magnitudes por el lado del gasto no tenga una pulsación tan moderada como han tenido a lo largo de los últimos años.
Situándome en el análisis del documento, que está bien confeccionado y es rico, que nos ha proporcionado la Administración y que será objeto de atención por mi grupo en sucesivas iniciativas, de él se deducen una serie de hechos que sí quisiera poner de relieve. Usted ha manejado correctamente la evolución del déficit público en términos de caja y la evolución del déficit público del Estado en términos de contabilidad nacional. En términos de caja el ingreso ha crecido -como bien ha dicho- en un 7,5 por ciento y los pagos han crecido el 3,8 por ciento, eso ha permitido una reducción significativa del déficit público que se sitúa en 404.000 millones de pesetas; en términos de contabilidad hay algunas pequeñas diferencias, el crecimiento de los recursos, de los ingresos ha sido del 7,6 y de los empleos del 4,7. En ese otro método de medir el funcionamiento de las cuentas públicas, el déficit se ha situado en 626.000 millones de pesetas, un 0,6 por ciento del producto interior bruto calculado para el año 2000. Esto pone de relieve un hecho, (al menos, para mí, que no llevo mucho tiempo en esta Comisión y que hacía bastantes años que no me dedicaba a este tipo de análisis), que, cuando se ven los datos que usted ha proporcionado y cuando uno se acerca inclusive al libro verde del presupuesto, al menos en los años 1999 y 2000 los

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recursos han crecido por encima de los empleos en el conjunto de las administraciones públicas y me atrevería a decir que en todas y cada una de las mismas. Los recursos durante el año 1999 crecieron en las administraciones públicas el 8,2, en el Estado el 8,8, en la Seguridad Social el 7,9 y en el INEM el 7,1. Los recursos del Estado son los que más crecen en términos de porcentaje frente a unos empleos que para las administraciones públicas fueron el 4,4, para el Estado el 3,3, para la Seguridad Social el 6,2 y para el INEM el 6,1.
Por tanto, han sido unos años excepcionalmente buenos para los recursos que han justificado algunos hechos de los cuales hablaré posteriormente y además lo han hecho por encima del PIB. En el año 1999, si no me falla la memoria, el nominal del PIB fue del 7 por ciento, y prácticamente todos los porcentajes de recursos que he citado están por encima de esa magnitud. ¿Qué pasa en 2000? En 2000 pasa algo parecido. Tengo muchísimo menos información -también usted, simplemente por el hecho de que estamos en el mes de marzo-, pero por lo que he podido deducir de estas volantinas que reparte el señor Cabanillas bajo el epígrafe de El Gobierno informa? (Risas.) No se rían, las volantinas son una cosa a la cual yo tengo muchísimo cariño, porque hubo un tiempo en España en el que la política se hacía con volantinas; era aquel tiempo en el que el señor Cabanillas hacía cola en la plaza de Oriente. (Risas.) Da lo mismo. Los recursos de las administraciones públicas crecieron el 7,5, en el Estado crecieron el 7,6 y en Seguridad Social (aquí me manejo mucho peor, entre otras cosas porque solamente conozco datos hasta el mes de octubre) tengo la sensación de que los recursos no financieros han crecido el 10,5 y las cotizaciones el 9,9. Es decir, vemos una economía que crece el 7,5 y sus cotizaciones sociales crecen el 9,9.
Esto es una bendición del cielo, pero conviene que maticemos algunas afirmaciones sobre cuáles han sido los agentes generadores de algunos puntos de equilibrio.
Si en lugar de hablar de recursos hablamos de obligaciones, las de las administraciones públicas crecieron el 5,3, para el Estado crecieron el 4,7 y, por lo que he podido deducir -tengo muchísima menos seguridad-, el gasto en la Seguridad Social ha crecido el 7,3 y en prestaciones el 7 por ciento. En cualquier caso, los recursos han ido por encima de los empleos, los recursos han ido por encima del nivel de crecimiento del PIB nominal. Esto es un hecho y nosotros nos preguntamos si es mantenible en el tiempo, porque si en lugar de hacer el análisis ejercicio sobre ejercicio lo hacemos inicial sobre final, también tenemos algunos datos que son reveladores. En el año 2000 los ingresos crecieron un billón - cuesta decirlo-, 1,007 billones, con un incremento del 7,6 por ciento, y los gastos crecieron 385.000 millones, como usted bien ha dicho, con un incremento del 3,8 por ciento. Por tanto, han sido años importantes, no sé si repetibles. Yo no soy un liberal, como usted sabe y puede entender, pero, en esa filosofía y con algunos de los elementos de agresividad dialéctica que a veces utilizan los liberales, me atrevería a decir que la sociedad ha hecho dos veces y media más esfuerzo que las administraciones públicas en su conjunto.
El factor que contribuye al equilibrio de las cuentas públicas es un tirón tributario -de cuya naturaleza luego hablaré-, que va acompañado de una cierta moderación del gasto público.
Desde el punto de vista de los ingresos -usted ha hecho un análisis correcto, coincido con él-, quiero poner de relieve un hecho y es que en el año 2000 se inicia el ejercicio con un comportamiento muy tenue, muy bajo, incluso negativo, de la imposición que grava la renta -no me gusta eso de directos e indirectos-, sobre todo como consecuencia de la reforma de 1999 y algunos problemas administrativos en sociedades, y el final de la imposición que grava la renta es esplendoroso en el impuesto de sociedades -y usted lo ha dicho con todo rigor y con toda precisión-; en cambio, en la imposición indirecta las cosas han ido de otra manera. El nivel de la coyuntura declarada por las grandes empresas, según nos expresaron sus compañeros hace 15 días, sigue siendo sólido, pero el IVA operaciones interiores crece el 1,9, en una economía que está creciendo al 7,5. Le digo esto simplemente como elemento de reflexión. Respecto al análisis de los datos que usted nos ha suministrado yo quisiera decir algunas cosas porque a la Hacienda pública, en general, le corresponde aportar una cierta visión de la política, de la sociedad y de la economía, y esa visión de los que se dedican, profesional o políticamente, al mundo de la Hacienda pública tiene alguna trascendencia. Nosotros vamos a analizar hoy aquí el control de 20 billones de pesetas de un presupuesto consolidado del año 2000, que eran 36 billones de pesetas, por lo tanto, nos vamos a situar en torno al 55 por ciento. Cuando nos acercamos a ese agente que tiene una actividad financiera situada en torno a 120 millones de pesetas, lo primero que me pregunto es, ¿a qué se dedica este agente? Eso es muy importante porque es el primer agente económico de España y el primero de las administraciones públicas españolas. Este agente hace tres cosas: transfiere dinero, paga aquellos servicios que adquiere en el mercado a sus funcionarios públicos y al sistema financiero y, presta algunos servicios públicos ¿En qué proporción hace cada una de esas tres actividades? Usted ha dicho, y bien, que el peso de las transferencias corrientes de los 20 billones se sitúa en el 60 por ciento. Si a eso le añadimos lo que le corresponde al pago de los funcionarios que en otro momento le sirvieron, es decir las clases pasivas, y le añadimos lo que tiene que pagar por intereses del dinero que le pidió al sistema financiero, nos encontramos con un agente que tiene comprometido el 84 por ciento del gasto que realiza. Si uno compara ese compromiso del año 2000 con el del año 1999, ve que en éste era el 82 y algo. Tengo la sensación de que el carácter transferidor del agente Estado no solamente no se modera, sino que se acentúa. Recuerdo haber manejado

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cifras de esta naturaleza en el debate presupuestario. Nos encontramos con un agente que con una mano coge dinero y con otra lo da ¿A quién? La simple enumeración de los beneficiarios de las transferencias pone de relieve la rigidez con la cual se está moviendo el presupuesto público del Estado en España y se va a mover en el próximo futuro. Este es un problema que con alguna perspectiva las fuerzas políticas que tengan voluntad de permanencia en una Cámara como ésta se tienen que plantear. Si los grados de libertad del presupuesto no son muy altos ¿qué le queda a este Estado una vez que ha hecho esas dos operaciones, la de transferir y la de pagar a las clases pasivas del Estado y al sistema financiero? Le queda poco.
En 1999 le quedaban 3,4 billones y en el 2000 3,2 billones para pagar el gasto de personal (excluidas clases pasivas), para pagar la compra de bienes y servicios y para hacer frente a las inversiones reales.
Son 3,2 billones de pesetas para hacer una modernización importante en el seno de la sociedad española y para tratar de elevar el nivel de calidad de los servicios en España. O nos planteamos algunas cosas con seriedad o en el próximo futuro no van a funcionar con la simplicidad o con la sencillez que a veces queremos.
Quiero moverme deliberadamente en el margen de las disponibilidades de recursos que tiene el agente Estado en España. Las disponibilidades se ven fundamentalmente por la inversión real y por las transferencias. Cuando uno se acerca a la marcha de la inversión real y de las transferencias y compara obligaciones, es decir, la parte central del documento y la parte más importante del proceso de gestión del gasto público, que está en las obligaciones reconocidas; si uno compara obligaciones de 1999 con obligaciones de 2000 en el capítulo de operaciones de capital, ve que han crecido el 0,8 por ciento. Usted ha dicho separadamente -y tiene derecho a decirlo-, que las inversiones reales crecen el 8, las transferencias decrecen el 5 y el cómputo total crece el 0,8 por ciento. Es decir, que el total de obligaciones, si mis datos no me fallan, reconocidas en el conjunto de operaciones se ha incrementado en 741 millones de pesetas entre ambos ejercicios. De ese incremento de 740.000 millones de pesetas, a las denominadas operaciones de capital única y exclusivamente les corresponden 16.300; en un Estado que tiene poco margen, que tiene muchos compromisos, que tiene además una capacidad para hacer frente a una de las demandas más importantes de esta sociedad, de 740.000 millones en que se ha cifrado el incremento de las obligaciones reconocidas en operaciones totales 16.000 corresponden a los empleos de capital. Esto plantea algunas cuestiones en las que no querría poner mucho énfasis, pero sí decirlas. En la Administración pública española hay algunos vicios históricos. Yo no voy a hacer consideraciones que sean imputables a la última Administración, yo he vivido como funcionario y como responsable político la Administración pública española y creo que tengo capacidad para entender algunas cosas que ocurren. Aquí hay algunos vicios de funcionamiento que cuesta mucho superar. Se pagan las transferencias, se paga el sueldo, se paga fundamentalmente el gasto corriente, se paga la deuda, y el grado de cumplimiento del presupuesto en esos capítulos es el que usted ha dicho, el noventa y tantos por ciento.
Ahora, cuando uno se acerca a las inversiones reales y a las transferencias de capital, la cosa es diferente.
En esa información que a veces desaparece de Internet (tenemos que estar durante semanas y semanas viendo si el servidor tiene ya el dato de octubre, noviembre o diciembre), una de las cosas más curiosas es que, cuando uno ha ido viendo a lo largo de los últimos meses cómo se ejecutaba el gasto público en operaciones de capital, se percibe que en octubre había un modestísimo 51,1 por ciento, en noviembre había un poco más, el 58,8 por ciento, y en diciembre ya hay el 92,7 por ciento. Apelo a mi vieja condición de funcionario.
Cuando una administración entre noviembre y diciembre pega un salto cualitativo del 58,8 al 92,7, yo me malicio que no todo se hace bajo el principio de calidad. Ese es un vicio que deberíamos ser capaces de cambiar en la Administración española, no ver a los subsecretarios firmar toneladas y toneladas de expedientes en las últimas semanas del mes de diciembre para poder cumplir el objetivo del presupuesto.
En eso habría que hacer un esfuerzo importante. Por tanto, algo está pasando en operaciones de capital, algo está pasando en el ritmo de ejecución de operaciones de capital. ¿Y qué está pasando en pagos? También ha sido un buen año de pagos, los pagos han crecido un 3,5 por ciento respecto de los de 1999. Ahora, se ha pagado más en operaciones corrientes que en operaciones de capital. En operaciones corrientes el incremento es del 4,4, y en operaciones de capital hay un decrecimiento del 1,5 por ciento, con los datos del libro que usted nos ha proporcionado. Los pagos financieros, en el conjunto de las operaciones, han aumentado en 732.000 millones de pesetas, si bien en las operaciones de capital se han reducido en 31.000 millones de pesetas, el 1,5 por ciento. Entre lo que se fue quedando por ahí, porque no se comprometieron las obligaciones y lo que no se ha pagado, algo así como 83.000 millones de pesetas en operaciones de capital se han dejado por ahí. Usted ha dicho, y me alegra haberlo oído, que usted cree en el ciclo; a mí me parece estupendo. La verdad es que ha habido unos años en que parecía que íbamos a descubrir la fuente de la eterna de juventud y que aquel objetivo que Ponce de León no fue capaz de encontrar en ninguna isla del Caribe, Greenwich y sus discípulos lo habían encontrado en Estados Unidos y lo habían exportado a algunos pensadores de la Europa continental. Mire usted, no; hay ciclos y hay también un papel para el Estado. Yo no soy de los que cree que el Estado tenga extinguidas sus obligaciones en esta sociedad. Es más, creo que el Estado está experimentando una importante metamorfosis que le lleva a una serie decompromisos que son muy importantes: en infraestructuras,

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en comunicaciones, en innovación tecnológica, en formación del capital humano y en I+D. Y ese tipo de compromisos se ve no solamente en la parte de liquidación de los créditos sino también en la del presupuesto de activos, que tan intensamente se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años en la Administración española. Ha habido demasiadas cosas que han pasado de los capítulos I y VII al VIII y al IX. Esa permisividad que se toleró para cumplir el objetivo de Maastricht debería retornarse porque, si no, vamos a tener ahí una especie de banco dentro del presupuesto cuyo comportamiento habrá que analizar algún día.
En cualquier caso, el presupuesto de activos tiene un grado de realización inferior al de liquidación y lo tiene en el 75 por ciento. Es verdad que usted ha dicho que hay tres tipos de activos: los préstamos, las adquisiciones y las aportaciones. Las aportaciones es el activo que mejor se ha comportado, pero en ellas hay un tipo de préstamos que se dedican a una actividad muy sensible y muy estratégica para el futuro de la sociedad española, que son los llamados proyectos tecnológicos. Estos han tenido en el presupuesto del 2000 una dotación de préstamos de 283.000 millones de pesetas, pero las obligaciones reconocidas se han quedado en 209.000, se han quedado por debajo en la cifra de 74.000 millones, y es una lástima por el tipo de proyectos de los que se trata. Aquí se produce un fenómeno sobre el cual yo quisiera reflexionar. Si uno se acerca al crédito inicial o al crédito final este es un mundo maravilloso, este tipo de créditos crece el 21 por ciento, y como en esta Cámara sólo se discute seriamente el inicial, la imagen que se crea es la de que estamos aprobando en el Parlamento una dotación elevada a favor de este tipo de actividades; un 21 por ciento con los ratios que estamos manejando en los últimos años es un gran crecimiento. Cuando uno se va al análisis de las obligaciones se da cuenta de que de ese 21 por ciento tan sólo se ha comprometido un 74 por ciento; que además los pagos del ejercicio se han reducido en 22.000 millones de pesetas; que, por si fuera poco, los préstamos concedidos habían sido de 171.000 millones en 1999 y son solamente 110.000 en el ño 2000, es decir, que se ha perdido en el camino el 35 por ciento; y al finalizar el ejercicio uno se da cuenta de que están pendientes de pago en este tipo de activida- des 117.000 millones de pesetas, cuando en el ejercicio anterior tan sólo estaban pendientes de pago 19.000 millones de pesetas. Por tanto, mi escepticismo también se manifiesta en este tipo de fenómenos, porque hay créditos que simplemente se aprueban para salir en el periódico, dicho sea en honor a la verdad, y hoy en día somos muchos los que lamentablemente nos sorprendemos de que el sistema de ciencia y tecnología de esta sociedad tenga la cantidad de problemas que tiene y salga a la luz pública con la frecuencia que sale.
Termino, y le agradezco al señor presidente su amabilidad, y desde luego le agradezco su atención a la señora secretaria general. Ha dicho una cosa que es cierta y legal, y figura en el frontispicio del documento que nos ha distribuido. Ha hecho alusión a un hecho singular en el ejercicio de 2000, y es que hay una transferencia de la Seguridad Social al Estado por 314.000 o 315.000 millones de pesetas. Ya figuraba en el avance de la liquidación del presupuesto de 2000 y se ha materializado en estos meses. Eso no indica nada más que una cosa, y es que la Seguridad Social tiene en este momento una holgada situación financiera -y créame que yo soy de los que se congratulan de esa situación-, y como consecuencia de ella está en condiciones de devolver una buena cantidad de dinero al Estado. Pero yo me pregunto algunas cosas que tienen que ver con ese objetivo que usted señalaba antes de llevar a cabo la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social. En una sociedad como la nuestra, en la que son más de tres millones de ciudadanos los que tienen una pensión inferior a 70.000 pesetas, yo no sé hasta qué punto no hubiera sido más lógico, en lugar de proceder a devolver 314.000 millones de pesetas a la Administración central para que equilibre su presupuesto, para que financie con ese equilibrio alguna carretera o alguna oficina de Correos -pensando que en el futuro pueda haber alguna dificultad, y puede que ocurra que las cotizaciones no crezcan al 9,9 por ciento como lo estaban haciendo hasta octubre de 2000-, incrementar esa dotación del fondo de reserva. Si sobraba presupuesto en Seguridad Social en torno a un 314.000 ó 315.000 millones de pesetas, se debería haber sido más ambicioso y haber dotado el fondo de reserva no con 90.000, sino con alguna cantidad superior, para que alguna vez podamos decir públicamente que los pensionistas españoles tienen garantizado algo más de un mes, porque al ritmo que van las dotaciones de ese fondo, lo que podemos garantizar son algunos días.
Por tanto, en un ejercicio tan excepcionalmente bueno como éste, tan importante en recursos, en el que la Seguridad Social puede que tenga un superavit de 1,3 billones de pesetas también, yo hubiera hecho una política menos favorecedora de un comportamiento financiero conservador. No dejo de decir una cosa: la evolución alcista de las cotizaciones está sirviendo fundamentalmente para acentuar la agresividad del resto del sistema tributario.
He empleado mucho tiempo. Le pido disculpas a usted, señor presidente y le doy las gracias a usted, señora secretaria de Estado, porque me consta que ha prestado atención a mis palabras.


El señor PRESIDENTE: En la medida en que sólo hay dos grupos parlamentarios presentes que van a intervenir en el debate, he sido más flexible con su tiempo; de otro modo no hubiese podido serlo.
El señor Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Quiero comenzar por felicitar a la secretaria de

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Estado de Presupuestos por la capacidad de síntesis que ha acreditado en la presentación de lo que es objeto de esta comparecencia, aunque pudiera parecer que no lo es, cual es la presentación de los datos de ejecución presupuestaria del año 2000. Ciertamente uno no deja de estar aturdido por la intervención que me ha precedido, del señor Fernández Marugán, porque me ha costado reconocer si se estaba refiriendo a datos de ejecución presupuestaria del año 2000, ya que el señor Fernández Marugán hablaba de déficit de control. Yo he echado de menos la acción de control de las políticas del Gobierno en materia presupuestaria, que era lo que algunos en principio teníamos como objeto de esta comparecencia. Ciertamente, voy a intentar reconducirlo a esa cuestión. El señor Fernández Marugán hacía una referencia a que estaba preocupado por el déficit de control, en concreto el déficit de control cromático de los libros presentados por el Gobierno. La vida me parece que en principio y para empezar es de colores y la gestión del Gobierno del Partido Popular no se puede decir que sea gris de ninguna de las maneras, sino todo lo contrario.
De ahí quizá la inclinación de los funcionarios del Ministerio a dar cierto colorido a los libros que presentan los magníficos resultados de gestión presupuestaria del Gobierno del Partido Popular.
Ciertamente esto puede parecer dicho con cierta socarronería, pero hay que recordar al señor Fernández Marugán que en otras ocasiones los libros se presentaban de otros colores, los números rojos aparecían con más profusión de lo que se acostumbra últimamente, y esto debería de movernos a una primera reflexión. No se si de todo lo que ha formado parte de la intervención del señor Fernández Marugán se puede desprender que se felicita o no al Gobierno del Partido Popular en la gestión presupuestaria en relación con el año 2000.
Quiero empezar por decir que es fácil felicitar, incluso al Grupo que sustenta al Gobierno del Partido Popular, cuando ya la Comisión en los últimos tiempos (nada proclive a estar ubicada políticamente en posiciones parecidas a las del Partido Popular, sino todo lo contrario) lo hace sin disimulo y felicitando por las políticas implementadas por el Gobierno del Partido Popular desde la presentación del ya viejo escenario del año 1998, el programa de estabilidad 2000-2004, que ha sido renovado, como digo, con felicitaciones por parte de la Comisión. Esto hubiera podido formar parte no sólo de la intervención de este portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino de algún otro, que hubiera sido lo justo, como digo, porque como españoles nos ha de mover a cierto ánimo de regocijo, -aunque no de plena satisfacción, de ninguna de las maneras-, el que lo que al menos el Gobierno presenta en términos políticos está planteado de conformidad con lo que se espera de un Estado que promueve el bienestar e instrumentos de consolidación del crecimiento como lo está haciendo, sin ningún género de dudas, en los últimos cinco años, y ésta es una realidad que es incontestable.
También me quiero felicitar como grupo parlamentario porque he intuido en la intervención de la oposición -y quiero dejar aquí las referencias con relación a la intervención de la oposición- cierta dificultad extraordinaria para articular una política de alternativa, una política de oposición sobre los resultados presentados por el Gobierno; he intuido cierta extraordinaria dificultad en encontrar, dentro de los resultados presentados por el Gobierno esta mañana en materia presupuestaria, instrumentos, argumentos de oposición que sean fáciles de reconocer. Ha sido extraordinariamente difícil reconocer precisamente en qué se puede basar el no rotundo que recibieron los presupuestos del año 2000 en esta Cámara por parte del principal grupo de la oposición. El año 2000 -cuya ejecución se presenta hoy- mereció obviamente la presentación de una enmienda de devolución del presupuesto, porque se decía que era malo, que no era creíble, que no servía para consolidar el crecimiento de la economía española, que no servía para consolidar el crecimiento del empleo en España, que no servía para modernizar las infraestructuras en España, que no se incrementaba suficientemente el nivel de gasto en infraestructura de crecimiento para España, que los escenarios de consolidación fiscal no eran creíbles, que el esfuerzo de reducción no se hacía sobre el gasto corriente, y se seguía hablando en aquella época -estamos hablando tan sólo de hace año y pico- de que se incrementaban los impuestos en España, cuando la realidad ha sido contestada de forma contradictoria por las posiciones de otros grupos, y la realidad está siendo la que ha sido presentada por la secretaria de Estado en esta mañana. Queda por preguntarnos en esta acción de control al Gobierno si es bueno o es malo que la ejecución presupuestaria del año 2000 haya ascendido al 98 por ciento, que pone bien de manifiesto la eficiencia y eficacia de la Administración española en cuanto a la ejecución de la previsión que el Parlamento aprueba anualmente con ocasión del debate presupuestario. Es un magnífico dato que hay que resaltar, y la pregunta es si esto a otros grupos políticos les parece que está bien o mal. La realidad es que estamos hablando de una ejecución del 98 por ciento. Acerca de si es bueno o malo o es un buen resultado de carácter económico y político para España que los gastos hayan crecido por debajo del PIB real en un 3,8 por ciento y los ingresos hayan aumentado un 7,5 por ciento, cuando además ha habido una reforma profunda del sistema fiscal español en cuanto a la renta personal de los españoles, la opinión del Grupo Parlamentario Popular es que se trata de un magnífico dato que los gastos sigan creciendo por debajo de la creación del PIB real, más aún cuando el esfuerzo hubiera sido más señalado del 2,7 por ciento, como ha indicado la secretaria de Estado de Presupuestos, de no existir algo que era un compromiso de toda la sociedad española, una deuda histórica que se mantenía con nuestro sistema de pensiones,

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que era ni más ni menos que separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. En este empeño el Gobierno ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en materia presupuestaria, y estaríamos hablando de una cifra más elocuente aún que de este 3,8 por ciento, que sería de un 2,7 por ciento. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Es bueno o es malo que este crecimiento por debajo del PIB real se produzca en menor término de lo aparentemente posible por parte del Gobierno, cuando el esfuerzo se hace pivotar fundamentalmente en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social? En opinión del Grupo Parlamentario Popular es bueno que esto se haya hecho y que el esfuerzo haya pivotado en torno a este importantísimo aspecto de nuestra política de pensiones y de protección social.
También hay que preguntarse, con respecto a los datos presentados por la señora secretaria de Estado, si las modificaciones de crédito que en el año 2000 cayeron un 23 por ciento hasta los 736.000 millones de pesetas es un buen dato o no lo es. Si tenemos en cuenta que son las modificaciones más bajas desde el año 1996 -lo que quiere decir que año tras año desde 1996 ha habido una notable disminución de las modificaciones de crédito-, habrá que convenir, salvo que no se quiera hacer un juicio justo de lo que ocurre en la ejecución presupuestaria, que el dato es bueno; y esto no es de forma casual, sino que ocurre como consecuencia de lo iniciado en el año 1996, cuando, por cierto, la señora secretaria de Estado era directora general de Presupuestos y grandes dificultades tuvo el Grupo Parlamentario Popular en concreto para zafarse de las críticas sobre aquella, que uno considera ya vieja, Ley de disciplina presupuestaria con la que comenzó esta tendencia de modificación del tipo de gestión presupuestaria que se iba a hacer en España. Esto, que comenzó en el año 1996, se salda hoy, en términos de modificaciones presupuestarias, con esta reducción de 23 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Quiero recordar que las cifras, cuando se aprueba aquella Ley de disciplina presupuestaria, superaban el billón de pesetas. En aquella época, si se aprobó apresuradamente en opinión de algunos -ciertamente había necesidad de aprobar aquella ley con celeridad-, se estaba haciendo frente a créditos pendientes por 720.000 millones de pesetas, y hoy este tipo de acontecimentos forman parte del pasado de la gestión política del presupuesto español y no queda prácticamente sombra alguna de este tipo de gestión.
En cuanto al gasto en inversiones reales, quiero recordar que uno de los motivos en los que se fundamentaba el rechazo a los presupuestos del año 2000 por parte del Grupo Socialista era el insuficiente esfuerzo inversor del Estado con relación a sus posibilidades presupuestarias. En materia de inversiones todo va a ser siempre insuficiente, pero la realidad, vistos los datos de ejecución, es que estamos hablando de un crecimiento de un 8 por ciento por encima casi del billón de pesetas. Había una preocupación en el mes de septiembre de este año que movió a los portavoces de la oposición a pronosticar la imposibilidad del Gobierno del Partido Popular para ejecutar el presupuesto por encima de ratios de ejecución parecidos a ejercicios anteriores. Se negaba la posibilidad de que se pudiera ejecutar el presupuesto de inversiones por encima del 80 por ciento, incluso en declaraciones hechas por el hoy portavoz de presupuestos en esta Comisión. La realidad, según los datos proporcionados por la secretaria de Estado de Presupuestos en esta mañana, es bien distinta, pues se sitúa el avance alcanzado en la ejecución de inversiones reales en el 92,7 frente al 91,6 del año 1999. Por lo tanto, tampoco estamos en una mala trayectoria en lo que se refiere a ejecución de inversiones reales, si bien es cierto que puede existir alguna dificultad más de la que hubo en algún otro ejercicio para ejecutar presupuesto de inversiones reales. De hecho, la modificación que el Gobierno del Partido Popular introduce en la Ley de contratos de administraciones públicas, reduciendo en cierto modo las posibilidades de discrecionalidad de la Administración para poder ejecutar gasto público, en principio puede disminuir las posibilidades de ejecución; sin embargo, fíjese cómo poniendo cuidado en el ejecución de gasto público, especialmente en materia de inversiones, se pueden obtener resultados como los que ofrece en el día de hoy el presupuesto público de España.
Me ha parecido llamativa la ausencia de cualquier referencia por parte de la oposición al déficit del 0,3 por ciento con respecto a las políticas vividas no digo hace muchos años, hace dos años, tres años, cuatro años, que, en definitiva, es objeto de la comparecencia de hoy. Yo aventuro que esto posiblemente sea porque el jueves habrá que hacer referencia al debate sobre la necesidad o no de mantener el equilibrio presupuestario en España. Estamos afirmando y se puede afirmar hoy que en España se vive actualmente una tendencia decreciente en cuanto a materia de déficit público, que hay que reconocer, y habrá que plantearse si estamos en una tendencia que resulta favorable para los intereses de los españoles o no. En nuestra opinión no sólo resulta favorable para los intereses de los españoles, sino trascendental y absolutamente necesario el que esta tendencia se blinde, como decía la secretaria de Estado de Presupuestos. Quiero decir sin disimulo que nuestro grupo parlamentario también está por esta opción de blindaje del equilibrio presupuestario, pero no como tótem, como algún grupo político ha querido significar. La eliminación del déficit presupuestario no es en sí mismo el objetivo de política económica del Gobierno del Partido Popular, sino que, en definitiva -y así ha sido explicado en muchas ocasiones-, además de ser un objetivo de carácter estratégico, no deja de ser más que un instrumento de vital importancia para alcanzar dos objetivos fundamentales que son la convergencia real con el resto de países de la Unión y consolidar

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un sistema de bienestar social, de bienestar público, muy a pesar de los argumentos en contra con los que veníamos luchando de un tiempo a esta parte con relación a si el equilibrio presupuestario favorecía o no políticas de consolidación del sistema de bienestar.
Parece que de nuevo los argumentos en contra de la oposición resultan ser equivocados. Alguna vez se podrían apuntar a alguno de los aciertos -alguno habrá habido en este tiempo- con relación a materia presupuestaria, y ciertamente vendría a ser el momento no sólo de reconocerlo, sino incluso de apostar decididamente por el equilibrio presupuestario. Porque lo tremendamente difícil de articular políticamente es que a los españoles les diga un grupo político que no importa gastarse más de lo que uno recauda, siempre y cuando los criterios de distribución del gasto estén fundamentados en la protección de los gastos de carácter social, sobre todo cuando el Gobierno, sustentado en un grupo político, está acreditando que se pueden no sólo incrementar los niveles de bienestar, sino que además se puede hacer reduciendo de forma significativa el gasto que esto conlleva. Por lo tanto, ya sería hora de que, al menos como aproximación a lo que debe ser bueno para la economía española y para el quehacer del presupuesto público, se diga si se está de acuerdo o no en que el equilibrio presupuestario es un escenario de carácter político favorable para las necesidades de los españoles o no, y si se está de acuerdo o no con lo que el 65 por ciento de los españoles decía en una encuesta del CIS de hace no demasiado tiempo de que el Estado no se gastara más de lo que ingresaba. Nuestro grupo comparte esa idea, y prueba de ello es que va a defender el jueves el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria como un instrumento que garantiza el crecimiento sostenido, el crecimiento saludable de nuestra economía, es decir, si está de acuerdo o no con esta sensibilidad que existe en la sociedad española: Las economías no sólo familiares sino empresariales lo han entendido siempre y perfectamente, y lo que trata de hacer el Gobierno del Partido Popular es trasladarlo no sin dificultades -porque esto ha llevado un tránsito, como digo, desde el año 1996- a la vía de lo público y al trasunto de carácter presupuestario. Entraría en contradicción manifiesta, ya que hay una sensación generalizada por parte de la población española de que el equilibrio presupuestario es un elemento saludable para la economía, que hay que proteger sin ningún género de dudas. Tiene grandes ventajas; yo no quiero adelantar, ni lo voy a hacer, cuáles son las ventajas de mantener escenarios de equilibrio presupuestario de cara al futuro, pero los documentos que se han ido aprobando en el resto de Europa van en esta línea. No parece que el Consejo Europeo de Santa María de Feira, en junio de 2000, cuando instaba a los Estados miembros a continuar el saneamiento de las cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad estuviera hablando de otra cosa que no fuera consolidar escenarios de equilibrio presupuestario en sus presupuestos públicos ni parece que cuando, según los estudios de la Unión Europea, las tasas de dependencia de Europa en el 2050 sean del 70 por ciento, la tendencia deba ser distinta. Tampoco parece razonable no mantener criterios de equilibrio presupuestario cuando lo que hay que hacer, como decía el señor Fernández Marugán y estoy absolutamente de acuerdo, es buscar márgenes, más cuando se está convencido de que los ciclos económicos siguen siendo algo que forma parte del devenir de las economías de los Estados. Es imposible buscar márgenes de este carácter si no es con escenarios de equilibrio presupuestario. Esto parece que es una realidad difícil de discutir, y sin embargo algún grupo político se empeña en no querer ver esta realidad. Las afirmaciones contrarias forman parte de un patrimonio político que no pertenece a las propuestas de futuro, sino a otro tipo de visión de cómo debe ser el desenvolvimiento del presupuesto público, que desde luego nuestro grupo parlamentario no comparte.
A nosotros nos hubiera gustado poder debatir si son buenas o malas las perspectivas pudiendo identificar un discurso más fácil por parte de la oposición a la hora de reconocer si se está de acuerdo o no con los réditos obtenidos por la política presupuestaria implementada por el Gobierno en materia presupuestaria. Más allá de planteamientos formales en la presentación de los datos por parte de la oposición, esto nos sugiere una conclusión final: es muy difícil poner pegas serias a la forma en que se está ejecutando el presupuesto público español; que es difícil poner pegas a las políticas de consolidación fiscal que ha puesto en práctica en España el Gobierno del Partido Popular; que es tremendamente difícil poner pegar, más allá de las formales, en cuanto a los datos de contabilidad nacional que ofrece nuestro país al resto de países de la Unión; en definitiva, que a la oposición cada vez le resulta hacer más difícil hacer precisamente eso, oposición a las propuestas del Gobierno. Quizá lo fácil sería que modificaran el discurso para, al menos en algún momento, estar de acuerdo con que estas políticas están resultando saludables para los españoles, están resultando saludables para el desenvolvimiento del presupuesto público y que ésta es la senda y tendencia que debe seguir nuestro país y no refugiarse en otro tipo de vivencias -fácilmente reconocibles en el pasado- que nos llevaron a donde nos llevaron: a déficit difíciles de soportar por nuestro presupuesto público, a formas de gestionar el presupuesto que nos llevaban permanentemente a repasar las políticas de consolidación fiscal y que además no animaban a más escenario que el de la confusión, el de aportar datos que después eran desmentidos por la realidad. En definitiva, estamos ante una presentación más que razonable de la ejecución presupuestaria, donde se ve claramente que ha habido una mejora de la calidad en el gasto público y que ha habido un reforzamiento del gasto social. Además, el comportamiento de las recaudaciones tiene que ver con el desenvolvimiento

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general de la economía. Aunque sería adelantar argumentos que deberán ser objeto de discusión el próximo jueves en el debate de totalidad sobre la ley de estabilidad presupuestaria, todo esto que viene ocurriendo desde el año 1996, desemboca no como objetivo final sino como objetivo instrumental, en el desarrollo de nuestra política de estabilidad presupuestaria.
Finalmente, quiero agradecer a la secretaria de Estado la profusión de datos. Yo creo que incluso se ha adelantado a alguna de las cuestiones planteadas por el señor Fernández Marugán, aunque me imagino que tendrá la obligación casi formal de volverlo a repetir, pero quiero agradecer el esfuerzo de síntesis que ha hecho. Ha sido usted más breve en la presentación de los datos de ejecución que la propia oposición a la hora de establecer su visión de esos datos.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las dos intervenciones que se han producido, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Rodríguez Herrer): Voy a tratar de ordenar las cuestiones que se han planteado y a ver si soy capaz de responder a todas ellas. Intentaré ser concisa.
En primer lugar, voy a hacer referencia a lo que decía el señor Fernández Marugán en relación con cuestiones metodológicas. No voy a hablar del color de los libros, que lo ponemos para que se diferencien. El libro rojo pequeñito, que publicamos este año por primera vez, es el libro amarillo con los datos actualizados del presupuesto que ha salido de las Cámaras. Todos los años se hacía un libro rojo con datos definitivos, que no era igual que el amarillo, y habíamos observado que ese libro amarillo se usaba con mucha frecuencia utilizando datos incorrecto, y este año, por economía de medios y por facilitar la labor, el libro rojo se ha hecho exactamente igual que el amarillo, por tanto, salvo que ustedes tengan muchas notas en él, pueden coger el libro amarillo y tirarlo a la basura, quedándose con el rojo, que tiene los mismos embuchados pero con la información actualizada. Ése es un libro que tiene que ver con el presupuesto aprobado, con los créditos iniciales y todas esas partes que se tratan en él.
Los libros de ejecución, que es este libro que usted llama morado y que yo llamaría guinda o rojo y el libro verde, son libros en donde como consecuencia de los registros contables en determinados momentos del año, se rinde la información de ejecución, como usted bien dice.
El problema que tenemos en este momento es de tempus. Si yo tengo que venir en los primeros días de marzo o en los últimos días de febrero a informar sobre la ejecución del presupuesto, sólo puedo informar de la ejecución del presupuesto del Estado, que es la única que tenemos en red, y cerrando las cuentas como las cerramos el día 31 de enero, como dije al principio de mi exposición, incluso para hacer este libro estamos un poco cortos de tiempo. El libro verde, que incluye todas las administraciones públicas y sabe usted que da primero datos provisionales y después datos definitivos y que está muy volcado a la visión de los datos en términos de contabilidad nacional, que no de contabilidad presupuestaria, es un libro que necesita otro calendario, pero creo que en la comparecencia que haga no sé si en julio o en septiembre, no sé si en la de presupuestos o en la que si ustedes quieren tengamos para hablar de ese libro, estaré encantada de hablar de ello. Intentamos tener las cosas lo antes posible, pero hay veces que resulta imposible.
Considero que no falta control de la Cámara respecto al Ejecutivo; además, ustedes tienen un instrumento potentísimo, que es el análisis de la cuenta general del Estado, cuyo ámbito se amplió con la Ley de medidas del año 1999, si no recuerdo mal, o la del año 2000, porque a veces tengo problemas para recordar el año justo, que ya se corresponde con la totalidad de los presupuestos que aprueban en la Cámara. Con un poco de retraso, aunque con bastante poco teniendo en cuenta la demora del Tribunal de Cuentas, las Cámaras podrán discutir detalladamente cuál ha sido la ejecución del Ejecutivo y además con el informe técnico del Tribunal de Cuentas.
Voy a hacer ahora una pequeña referencia a la parte económica del comienzo de mi exposición y a lo que ha manifestado S.S. Yo creo en el ciclo, pero no soy determinista, señoría. Precisamente, el Gobierno actúa con medidas de política económica para que ese ciclo funcione de la manera que se estime más oportuna, es decir produciendo crecimiento, convergencia real con el resto de Europa, renta y mayor empleo. Voy a poner dos ejemplos. Nosotros trabajamos con este esfuerzo en consolidación fiscal y cuando usted dice que se produce sólo por el crecimiento de los ingresos, la voluntad plasmada en los datos de ejecución, cuando se ve que los gastos no crecen ni siquiera como crece el producto interior bruto en términos reales, hace que el resultado al final sea consecuencia de los ingresos, obviamente, pero también de los gastos. Estamos haciendo una suma y una resta, una operación que nos da un resultado y al final da lugar a una situación que no presiona sobre el sistema financiero de la economía, sino que ayuda para que la economía privada se financie, entre otras cosas, y genere empleo y riqueza. Una medida que se tomó en el Consejo de Ministros de la semana pasada en relación con la reforma laboral es otro ejemplo de cómo el Gobierno actúa para trabajar sobre el ciclo, no limitándose a meditar y a descansar esperando a que las fuerzas de la naturaleza actúen por sí solas. Por tanto, creo en el ciclo, pero no soy determinista; el camino, como decía el poeta, se hace andando y andando tendremos que trabajar en este sentido. Eso es lo que nos lleva, en la materia que estamos discutiendo hoy, a procurar que nuestras cuentas públicas estén cada vez más saneadas y además a trabajar o a intentar trabajar con esa ley de estabilidad presupuestaria que se va a presentar en la Cámara y a la que me referiré más adelante.


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A S.S. le gusta decir que es funcionario y a mí me ofrece la posibilidad de manifestar que también lo soy. Los dos somos funcionarios y al final acabamos discutiendo sobre cosas técnicas que sólo entendemos nosotros, pero al fin y al cabo tiene que ver con nuestra profesión. Señoría, la presentación que se hace de las cuentas o de la ejecución del presupuesto en el libro rojo, que nace o que se plantea desde la metodología de la contabilidad nacional, a veces puede llevarnos a tener percepciones equivocadas respecto a lo que ha sido la ejecución del presupuesto que aprueban las Cámaras cada año. El libro comienza con una presentación de lo que es el déficit de caja del Estado, magnitud muy importante ya que es la que nos lleva a la necesidad del endeudamiento, es decir a la presión financiera del Estado sobre la economía que se deriva de los gastos y de los ingresos recibidos en el ejercicio en términos de caja, gastos que son los pagos y la recaudación del ejercicio y sólo desde el punto de vista del Estado, como usted ha señalado al principio, que es el que estamos planteando en este momento. Esos pagos obviamente son del ejercicio corriente, se derivan del presupuesto que aprobó el Parlamento para el año 2000, pero también son pagos del ejercicio anterior o de ejercicios anteriores si ha habido algún problema.
Normalmente los pagos son en su mayor parte de ejercicios cerrados, del ejercicio inmediato anterior. No sólo el hecho de que el Estado lleve a cabo la gestión de Tesorería - siempre tiene que hacer una buena gestión y de hecho no ha habido problemas de endeudamiento, sino todo lo contrario-, sino también la propia definición del presupuesto del Estado, que durante 13 meses contrae obligaciones con cargo a un ejercicio, nos trae como consecuencia que necesariamente existan obligaciones que ejecutan el presupuesto de un ejercicio que no se pueden pagar en dicho ejercicio. No se pueden pagar las que se contraigan en la última quincena del mes de diciembre, tal vez ni siquiera las que se contraigan en el mes de diciembre, e indudablemente no se pueden pagar dentro de un ejercicio las que se contabilizan en enero del año anterior. Por eso, cuando usted habla de que es una mala ejecución de las inversiones -y ahora pasaremos a ver el perfil de ejecución propiamente dicho- o una inejecución del presupuesto de activos financieros porque no se han pagado esas obligaciones, lamento tener que discrepar de su visión. Al final tenemos un presupuesto de obligaciones de pago, ni siquiera de devengo sino obligaciones de pago vencidas y líquidas que generalmente se están haciendo efectivas en un plazo breve desde que se contabilizan. Por eso, con independencia de que analicemos qué significa el indicador de déficit de caja, a mí no me gusta medir, no me gusta juzgar la ejecución del presupuesto a través de los datos de caja, sino especialmente en el presupuesto de gastos a través de los datos de obligaciones reconocidas. Usted ha hecho referencia a la ejecución de las inversiones reales, y no sé si era aquí exactamente cuando usted alegaba su condición de funcionario e indicaba esa tendencia que se observa en la Administración, a que el perfil de ejecución de las inversiones se concentra mucho en los últimos meses del año. Eso es así, porque a lo largo del ejercicio, desde los primeros meses hasta que se termina el período de ampliación y se abren las cuentas, se tarda en contabilizar especialmente obligaciones reconocidas y al final de año parece que los servicios se ponen las pilas para aplicar a presupuesto todo lo que han hecho a través de ello. Sin embargo, permítame que discrepe otra vez de su percepción cuando manifiesta que por contabilizarse los expedientes a final de año lo que se decae es en el control y rigor en la ejecución del gasto, porque una cosa es la fiscalización de los expedientes y su control y otra el momento en que se contabilizan y el rigor en la ejecución del gasto. Tal vez eso hace que los servicios de control tengan que hacer horas extras, pero indudablemente es algo que parece que no tiene mucho sentido y tenemos que luchar contra ello, porque es preferible que el trabajo de los servicios sea constante y no concentrado en unos meses. Es cierto que sucede año tras año y en mi experiencia profesional en la Dirección de Presupuestos y también antes en el Tribunal de Cuentas, a veces se veían cuatro meses sin ejecución de inversiones y la inversión contraída en los últimos meses del año. En realidad lo que sucedía en períodos anteriores a la ley de disciplina a que ha hecho referencia el diputado del Grupo Popular, lo que había en los primeros meses de cada ejercicio era la aplicación contable de obligaciones de ejercicios anteriores, como consecuencia de la interpretación que se hacía de la Ley general presupuestaria los gastos se pasaban de un ejercicio al siguiente y a veces en los cuatro, cinco y hasta seis primeros meses el 90 por ciento de las operaciones correspondían a ejercicios anteriores y no al ejercicio corriente con aquella distorsión que intentamos parar y creemos que hemos parado con la ley de disciplina y con el Real decreto-ley de junio de 1996.
El análisis que hace del presupuesto de gastos del Estado es correcto, obviamente no podía ser menos. Tenemos un presupuesto que con 20 billones de pesetas, una parte muy importante de ese presupuesto está comprometida; pero vamos a analizar desde otro punto de vista qué compromiso se cubre con ese presupuesto. Como he anunciado al referirme a las transferencias corrientes, y no tanto a las transferencias de capital pero valdría lo mismo, es una cantidad menor, cómo a través del presupuesto de gastos del Estado los impuestos de todos los españoles financian los gastos que realizan en una buena parte las comunidades autónomas y las corporaciones locales, los gastos de la sanidad pública, los gastos de los servicios sociales, es decir, lo que está reflejando contablemente el presupuesto del Estado es un traspaso o una aplicación de recursos impositivos a otras entidades gestoras de servicios para los ciudadanos,como la sanidad, el Insalud y los servicios que

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tenemos transferidos a las comunidades autónomas de prestación a los ciudadanos por otras entidades gestoras diferentes de la Administración central. Nosotros podríamos establecer el presupuesto de muchas maneras. Al final, si lo vemos por ese lado es un reparto de recursos aplicado a determinadas circunstancias. ¿Es bueno o malo que crezca el capítulo de transferencias? Pues mire usted, depende.
Depende de qué le quede por hacer al Estado. Creo que no ha sido malo el crecimiento de este año, derivado de la culminación del proceso de transferencias de la educación no universitaria, que lleva la educación al nivel del Gobierno que está más cercano a los ciudadanos que la Administración central, y hace que en todo el territorio nacional esa competencia esté transferida. Creo que es bueno ese crecimiento, ni siquiera digo que es neutral. Antes, el Estado tenía los créditos, como he intentado explicar, en su capítulo 1, en su capítulo 2, en su capítulo 4, por los conciertos, y en el capítulo 7 por las inversiones que hacía a través de un organismo autónomo.
Ahora, a través de la sección 32, traspasa esos recursos a las comunidades autónomas, que son las que dan el servicio a sus ciudadanos y tendrán que ser controladas, además de por el Parlamento nacional o por el propio Senado en lo que son las tendencias de educación, por los propiosparlamentos o las cámaras autonómicas. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado tiene recursos libres para prestar los servicios que deba prestar en este Estado que tenemos con competencias separadas, y tenemos que hacer que funcione. Yo creo que el quid de la cuestión está en qué tiene que hacer el Estado, con qué recursos cuenta y si esos recursos los aplica eficazmente o no de acuerdo con los objetivos a que tenga que hacer frente.
Otra vez volvemos a eso que no es una ecuación sino una operación aritmética. Tenemos unos recursos y unos gastos a los que hacer frente y no estamos dispuestos a tomar medidas para que los recursos suban como consecuencia de reformas impositivas que incrementen la carga tributaria de los ciudadanos. Con esos recursos tenemos que cumplir los objetivos y las funciones que quedan en nuestras manos.
¿Qué funciones nos quedan? El servicio exterior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la función de justicia en una determinada parte, los sueldos de los cuerpos nacionales, la Administración de justicia en una serie de comunidades, - en otras esta transferida-, y todas las operaciones de inversiones que hacen que se articule y comunique el territorio nacional y para que se produzcan esos incrementos de capital humano también, la parte de investigación y desarrollo que está en manos del Estado.
Señoría, no me haga trampas con las operaciones de capital. Los netos son siempre netos. El incremento de las inversiones son los 16.300 más los 56.500 millones que disminuye el capítulo 7, es decir, tenemos el incremento al que he hecho referencia en mi comparecencia.
Los números resúmenes son muy traicioneros y hay que saber desagregar lo que ha sucedido en las distintas partidas. Como le he señalado, la ejecución de las transferencias de capital en el ejercicio 2000, en relación con las obligaciones reconocidas del ejercicio 1999, presenta unas peculiaridades que he intentado explicar, con mayor o menor fortuna, en esta comparecencia que a veces me parecía prolija y pesada, pero creo que tenía que decirlo. En primer lugar, se han producido muchas menos obligaciones reconocidas por el Fondo de compensación interterritorial que en 1999, porque en 1999 la ejecución fue muy alta; la incorporación de créditos al año 2000 fue mucho menor y eso se ha traducido en que con los mismos remanentes de crédito en ambos ejercicios, en el año 2000 haya habido en torno a 36.000 millones menos de obligaciones reconocidas por las transferencias de capital a comunidades autónomas del Fondo de compensación interterritorial. Es decir, no es que se haya bajado el apoyo a las inversiones del Estado, es que en el año 1999 tuvimos unas operaciones anómalamente altas en relación con las que se habían dado en otros ejercicios. El nivel de gasto en el año 2000, en Fondo de compensación interterritorial, es más homogéneo con el que había habido otros años.
En segundo lugar, y solamente por las inversiones que se hacían a través de la Junta de construcciones y equipamiento escolar, relativas a las comunidades de Castilla- La Mancha, Extremadura y Asturias, a las que hice referencia, en el año 2000 no se han transferido fondos a este organismo -estamos hablando sólo del presupuesto del Estado sin consolidar-, por importe de 13.000 millones de pesetas, que sí se transfirieron en el año 1999. Ésa es la consecuencia de que esas obligaciones se hayan contraído en el capítulo 4, porque el coste de los servicios transferidos, sea de capital o de corriente, se coloca todo en el capítulo 4 del presupuesto del Estado.
Por último, por hablar de unas transferencias de capital que realmente han disminuido, me he referido a las relativas a la política de vivienda, en donde por una parte ha habido menos gastos como consecuencia de la bajada de tipos de interés, y por otra parte las obligaciones reconocidas en el presupuesto de 1999 han tenido una modificación de crédito referida a obligaciones de ejercicios anteriores, por 15.000 millones de pesetas, que han hecho que la base de comparación sea anómalamente elevada. ¿Qué ha pasado con los gastos o las inversiones realizadas a través del capítulo 8, que también es un problema de ejecución, en relación con los préstamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología por innovación tecnológica? Usted ha hablado de obligaciones reconocidas y de pagos. Yo separaría las dos cuestiones, porque se deben a dos hechos, que no sé si aparecen explicados en el libro, pero que se los explico yo ahora mismo. Las obligaciones reconocidas o los créditos dotados en proyectos de innovación tecnológica, obedecen en una parte significativa a esos importantes proyectos de Defensa, donde los pagos se van haciendo con el mismo calendarioque se van haciendo las inversiones. Ahí están incluidas

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las operaciones del tanque Leopard, que como ustedes saben están en parte en suspenso hasta que se dilucide la privatización de Santa Bárbara Blindados, y ha hecho que la ejecución de esa línea de financiación sea relativamente baja. Eso por lo que respecta a las obligaciones reconocidas. La financiación de los otros proyectos ha ido de acuerdo con el grado de avance de los proyectos en las empresas de que se trate. Además, y como consecuencia del cambio de Ministerio y de la nueva reorganización, muchas adjudicaciones de investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos a entidades de investigación y empresas privadas se han concentrado en los meses de diciembre, y enero, aunque las convocatorias salieron en el mes de diciembre por problemas de reorganización del Ministerio. Eso hace que haya habido una cifra muy importante de pagos pendientes respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio, que obedece a razones o a causas coyunturales y esperamos que no se vuelva a repetir en este ejercicio. Esos pagos se han hecho efectivos en su práctica totalidad en el mes de febrero, y cuando analicemos los datos del déficit de caja y veamos cómo quedan las obligaciones pendientes, nos daremos cuenta que la ejecución ya se ha tramitado. Ha sido un problema del calendario de ejecución, pero no de ejecución del presupuesto propiamente dicho, sin utilizar -me parece que esa es la palabra que usted ha empleado- el presupuesto que se había aprobado. El presupuesto se ha utilizado, solamente se ha demorado un poco en el tiempo su instrumentación.
Por último, voy a hacer referencia a ese hecho singular al que se ha referido usted del ejercicio 2000 de las transferencias de la Seguridad Social al Estado. Aquí vuelve a haber un problema entre lo que son las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, en este caso desde la Seguridad Social al Estado. En el ejercicio 1994 se instaura un procedimiento de la financiación asumida por el Estado con cargo a sus recursos relativa a la sanidad y a los servicios sociales en ese momento, que se prestaban en el País Vasco y en Navarra. El Estado transfería a la Seguridad Social la totalidad del coste que estaba financiando, pero luego la Seguridad Social no hacía efectivo el coste al País Vasco y Navarra de la sanidad y los servicios sociales transferidos, cuyo importe estas dos comunidades autónomas se descontaban al hacer el ingreso de los cupos en el Estado. La Seguridad Social contraía estas obligaciones, el Estado contraía los derechos y no tenía incidencia en el reparto de déficit público entre uno u otro agente público. ¿Qué es lo que supone esto? Que indudablemente la situación de tesorería de la Seguridad Social en el año 2000 ha hecho posible que devuelva - entre comillas- la Seguridad Social al Estado esta cantidad que ya tenía reconocida en sus cuentas y que en ningún caso hubiera servido para mejorar o incrementar el fondo de reserva de la Seguridad Social que se dota con cargo a los resultados, no con cargo a la tesorería del sistema.
También, de acuerdo con las normas, inmoviliza a tesorería, pero tiene que dotarse con cargo a unos resultados efectivos, resultados positivos que no se daban como consecuencia de esta situación que quedaba como reconocida la obligación en los propios presupuestos de gastos de la Seguridad Social tal como estaban dotados y que era contraído como derecho reconocido pendiente de cobro en los presupuestos del Estado.
El portavoz del Grupo Popular se felicita por la tendencia en el presupuesto, tendencia que ha hecho que vaya disminuyendo cada vez más el déficit del Estado. Con independencia del esfuerzo que ha hecho el Estado en los últimos años de financiar gastos que estaban antes en el sistema de la Seguridad Social, es decir, gastos que estaban financiados con cotizaciones laborales desde 1995 hasta la fecha -eso aparecerá en el cuadernillo que les repartió el señor ministro portavoz, el Estado y sus organismos autónomos- han disminuido del 6,26 por ciento, ó 6,26 puntos porcentuales, que se ha reducido el déficit desde 1995, el Estado ha reducido el 5,14, en la Seguridad Social el 0,8, y las administraciones territoriales el 0,32, de la situación que tenían en 1995. A mí esta tendencia me parece muy importante y muy significativa porque lo que marca es el esfuerzo que se está haciendo por sanear las finanzas públicas, el esfuerzo que en los últimos años se ha realizado para apoyar y ayudar a ese ciclo económico que no nos ha venido dado sino por el que hemos trabajado de una manera que a veces es incómoda e ingrata, que nos lleva a ese equilibrio presupuestario, que yo comparto su opinión de que es un objetivo y es una estrategia política, se podría llamar de política económica, que nos tiene que llevar a la convergencia real y a la consolidación del bienestar público. Con eso ayudaremos a ese ciclo en el que yo creo, pero al que no me resigno, porque tenemos que trabajar sobre él para que actúe y cumplir nuestros objetivos.
¿Qué podemos conseguir con el equilibrio que de alguna manera vamos a cerrar con esa ley de estabilidad presupuestaria que me va a permitir que vuelva a pasar sobre ella? Esa ley de estabilidad que nos lleva al equilibrio, que nos brinda el equilibrio, en primer lugar nos va a permitir consolidar la estabilidad de precios, cortando los gastos de los agentes públicos y permitiendo que no presione la economía; va a prolongar el crecimiento económico y la creación de empleo, precisamente por su falta de presión sobre el sistema financiero de la economía; va a garantizar, y eso nos va a dar márgenes, la protección social y el incremento del fondo de reserva de la Seguridad Social. Toda la ley, que es un apoyo a las generaciones futuras por estas generaciones, que mal que bien tenemos lo que tenemos, garantizará con esas situaciones de superávit que se incremente el fondo de reserva de la Seguridad Social. Permitirá asegurar esos márgenes a los que se refería S.S. cuando decía: vamos a buscar márgenes. Si no estamos en equilibrio no vamos a encontrar los márgenes porque siempre iremos empujados por las circunstancias, y lo que hemos pretendido es actuar nosotros

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y no que nos empujen asegurando esos planes de inversión pública a medio y largo plazo.
Estar en equilibrio nos facilitará las reformas tributarias, consiguiendo impuestos más bajos y más eficientes que, como se ve, aun con reforma tributaria la presión o el porcentaje de los ingresos respecto al PIB en el Estado no ha disminuido de 1999 al 2000. Nos va a permitir reducir la deuda pública, circunstancia muy importante también a favor de generaciones futuras y porque además nos descargará de esos gastos financieros que eran tan importantes en nuestro presupuesto y al final, y también es importante, y tiene que ver con la referencia que hacía a una encuesta del CIS el portavoz del Grupo Popular, mejorará el crédito público del Estado y de todas las administraciones públicas, que creo que es algo esencial para que el país funcione adecuadamente, que en muchas encuestas en determinadas epocas estaba absolutamente desprestigiado. Haber llevado el equilibrio e intentar asegurarlo es una cuestión de oportunidad y también de ambición que creo que al final nos va a favorecer especialmente, señoría en asegurar ese crecimiento, del que usted parece que duda y que nosotros estamos trabajando para que se consiga.
Gracias y perdón porque me he extendido demasiado.


El señor PRESIDENTE: Gracias señora secretaria de Estado por responder a las intervenciones de los dos grupos que han solicitado hacerlo previamente.
Para un breve turno de réplica, en este caso sí pido brevedad, tiene la palabra el señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Socialista.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Yo he hecho una intervención reivindicando el libro verde. Creo que el libro verde no puede ser, como hasta ahora, un libro que se ignore en esta casa. No puede ser que el debate en esta casa sea un debate de créditos iniciales, y nunca un debate serio y profundo de comportamiento final del conjunto de las administraciones públicas, porque es ahí donde podemos y debemos aprender: cuáles han sido las tendencias a lo largo de los últimos años, cómo se han comportado los distintos agentes y cómo han ido caminando el ingreso y el gasto. Tanto lo creo que a mí solamente me planteaba un problema formal: si ustedes tenían el grado de conocimiento que tenían el jueves pasado del comportamiento de las administraciones públicas, ¿por qué no hicieron el esfuerzo de mandarnos el libro verde y nos mandaron el libro morado. ¿Por qué vamos a hablar de obligaciones reconocidas del Estado, si podemos hablar de empleos de las administraciones públicas. ¿Sabe por qué? Porque Montoro lo necesita para el jueves que viene. Simplemente por eso. Porque ustedes son rigurosos y serios y cuando uno ve el libro verde, uno se da cuenta de que los funcionarios del Ministerio de Hacienda analizan bien todos y cada uno de los entes administrativos que forman parte de cada uno de los agentes, y que no están en condiciones, el día 1 de marzo, de evaluarlo con la precisión necesaria para cumplir en el año 2001, como cumplieron en octubre o en septiembre del año 2000. Pero ahí hay una subordinación a las necesidades políticas del ministro, y eso es lo que he querido poner de relieve aquí a lo largo del día de hoy. Es un poco contrasentido que discutamos una parte de las administraciones, cuando se dice que se sabe tanto del conjunto de las administraciones. Yo creo que se sabe menos de lo que se dice, pero me alegra que usted entienda que hay ahí una cierta posibilidad de compatibilizar lo uno con lo otro.
En segundo lugar, ¿dónde ponemos el énfasis, en el ingreso o en el gasto? Voy a buscar argumentos de autoridad y los podía encontrar en el sector privado, pero voy a buscar un argumento de autoridad en el sector público. Banco de España, Boletín económico de 23 de febrero de 2001. Habla de la evolución del déficit de caja, y dice: Esta favorable evolución del saldo de caja se explica fundamentalmente por la aceleración de los ingresos que finalizaron el año con un aumento del 7,5 por ciento y en menor medida por la ligera ralentización de los pagos que registraron un incremento del 3,8 por ciento. Hay que saber conjugar ese tipo de análisis. ¿Le voy a negar a la Administración española que ha hecho un esfuerzo considerable en materia de gasto público? No sería muy coherente. Ahora bien, el esfuerzo que se ha hecho por parte de esta sociedad en materia de ingresos es muy importante. Le voy a leer del libro verde un pequeño párrafo que está en la página 27. El libro verde está hecho por la Administración española, no está hecho por la OCDE, ni tiene la espectacularidad que ha podido tener algún análisis de la OCDE cuando ha medido la presión fiscal en España. Sin embargo, este libro es desconocido en el Parlamento. Dice así: Durante el período 1995-1999, la presión fiscal en España ha experimentado un crecimiento de 2,08 puntos porcentuales. No querría pensar que el libro verde no viene aquí, no se debate aquí y no se analiza aquí porque tiene algunos datos que tropiezan con la sabiduría convencional. Sobre el ciclo, ahí se hace lo que se puede, pero en economías abiertas, con un peso del sector servicios como éste, las fases de expansión duran bastante tiempo, pero en algún momento tienen un punto de giro que dura menos de lo que duraba en otro tiempo, pero dura. ¿Ha llegado el momento de pensar que algunas de las cosas que han venido ocurriendo a lo largo de los últimos meses han tocado fin? ¿Subestimamos algún tipo de problemas? Se lo dijimos a ustedes en la discusión del presupuesto y se lo decimos ahora. En la discusión del presupuesto todos estábamos impresionados porque creíamos que el crecimiento de la economía española en el año 2000 iba a ser una consecución del que se experimentaba en el primer trimestre. Lamentablemente no ha sido así.
Hay quien dice en este momento, y se escribe, que en el año 2001 vamos a estar en el 2,8. La velocidad de ajuste no es moderada. Si estamos haciendo análisis situándonos

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en torno al cuatro y en unos meses nos situamos por debajo del tres, convendría que nos lo pensáramos.
Por lo demás, agradezco la explicación que me ha dado fundamentalmente del presupuesto de activos. Yo soy de los que cree que en materia presupuestaria esta Cámara debe hacer un seguimiento más constante. En la medida en que seamos capaces de hacer ese tipo de actividades, podremos mejorar el funcionamiento de una institución como la española y de un sistema presupuestario como el español, que tiene algunas carencias y limitaciones, pues en algún momento la opinión pública en su conjunto ha experimentado unas intensas demandas que posiblemente en este momento sean un poco más limitadas, pero que, en cualquier caso, los márgenes de libertad son los que corresponden a un Estado pequeño. En esta Cámara solemos aprobar normas que no tienen la lógica consignación presupuestaria y cuya ejecución ordenamos a otras administraciones. La modernización legislativa que se viene produciendo en España en los últimos años, carente de recursos, es una contradicción; como tantas otras cosas, la debemos asumir. El problema es durante cuánto tiempo podremos asumir esa contradicción.
En realidad, la cantidad destinada a inversiones reales, de los 40 billones que tiene autorizados el presupuesto del año 2001, es algo más de un billón; es poco.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Me va a permitir que yo también presuma, y empiezo diciendo que también soy funcionario. Yo también me voy a mostrar reivindicativo, como el señor Fernández Marugán; pero no voy a reivindicar el libro verde, ya lo ha hecho él suficientemente. Voy a reivindicar - no sé si puedo decir que con presunción- para los votantes del Partido Socialista la opinión del grupo mayoritario de la oposición sobre qué les parece el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas y la tendencia acreditada en los últimos cinco años por el presupuesto público; empeñados en ponernos reivindicativos, creo que no sería malo hacerlo de este modo, aunque quizá el mejor momento para esto sea el jueves. Lo que sí ha quedado claro, prístino y cristalino en el día de hoy es que a la oposición política del Gobierno del Partido Popular no le interesa hablar de equilibrio presupuestario. No le interesa hacerlo por alguna razón que sospecho que tiene más que ver con cuestiones de tipo formal que con cuestiones de otro tipo.
No se puede estar en desacuerdo con el equilibrio presupuestario porque no se puede estar en desacuerdo con prácticamente todos los organismos internacionales que han opinado sobre él. No se puede estar en desacuerdo con el equilibrio presupuestario porque no se puede estar en desacuerdo con la población española, cuya opinión acreditó la encuesta del CIS que decía que el 65 por ciento de los españoles estaban de acuerdo con él. No se puede estar en contra de una tendencia que durante cinco años ha demostrado que es el camino a seguir en materia de reducción del gasto y el ingreso público. No se puede estar en desacuerdo con el equilibrio presupuestario cuando es la única manera posible de obtener el margen que una sociedad dinámica y moderna como la española necesita para afrontar las posibles variaciones cíclicas que puedan producirse en los ingresos y los gastos como consecuencia de muchos factores, la evolución demográfica entre otros. No se puede estar en desacuerdo. Por eso se rehuye el debate sobre el equilibrio presupuestario; el debate sobre que, a partir del jueves, haya una ley -y hago votos porque sea así- que permita blindar que la tendencia al equilibrio presupuestario sea una realidad en España.
Además de los efectos positivos que ha señalado la secretaria de Estado de Presupuestos, me permitiré apuntar uno más: beneficios de que son buena prueba la ejecución y la presentación de las cifras esta mañana, aunque se haya querido huir de los datos presentados y de lo que éstos suponen en la realidad política española. Por ejemplo, va a suponer un compromiso con los ciudadanos españoles, que es a los que en definitiva nos debemos todos los que tenemos representación en esta Cámara. Lo que legítimamente están esperando los españoles es que se les diga que la tendencia favorable que ellos entienden que debe darse -que el Estado no se gaste más que aquello que deba y pueda ingresar porque ello facilita las políticas de equilibrio, el crecimiento del empleo y la consolidación del crecimiento económico en España- se consolide mediante una ley de equilibrio que, además, consolidará el compromiso de las tres administraciones públicas implicadas en el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria: la Administración local, la Administración autonómica y la Administración estatal. Este es un compromiso con los ciudadanos españoles por la estabilidad, por el crecimiento y por la obtención de mayores márgenes de bienestar social y de márgenes superiores en cuanto al entendimiento que van a tener los españoles de su futuro, un futuro bien incierto hace no demasiado tiempo. Se ha consolidado una tendencia favorable en cuanto al entendimiento de lo que hace la Administración pública con el presupuesto público en beneficio de los españoles.
Hoy, lamentablemente, hemos visto de nuevo que la oposición política en España, sencillamente, señora secretaria de Estado, rehuye un debate fundamental para el futuro de nuestro país: si está o no de acuerdo con el equilibrio en las cuentas públicas.


El señor PRESIDENTE: Para concluir la comparecencia y responder a estas últimas intervenciones de los dos grupos que lo han hecho previamente, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Rodríguez Herrer): Esta es una manifestación sincera: creo en el control parlamentario. Estamos en una sociedad democrática, el reparto de los recursos que se detraen a los ciudadanos de determinada manera es una de las principales expresiones de la democracia moderna, y claro que creo en el control parlamentario. Me parece que estas sesiones, que son cuatrimestrales, siempre son positivas, no sé si para ustedes, para mí seguro que sí, porque siempre se oyen cosas de primera mano o se discuten determinadas cuestiones que si no normalmente no podríamos discutir.
El señor Fernández Marugan reivindica el libro verde. El libro verde que se hace en mi Secretaría de Estado, que lo hace la Intervención General -la interventora ha salido hace escasos momentos-, es detallado, prolijo, serio, con una buena capacidad de análisis y, por tanto, es un libro un poco lento. Señor Fernández Marugán, créame cuando le digo que el libro verde no está hecho, que el primer libro se hace a finales de septiembre u octubre y que si hace escasos días hemos dado los datos de contabilidad nacional, que en buena parte son estimaciones, es porque así nos obliga la Unión Europea, que dice que antes del 28 de febrero debemos enviarlo para la primera previsión o para el primer examen de los datos inmediatos anteriores. El detalle de análisis al que se llega en ese libro es imposible si no se tienen las cuentas rendidas y detalladas, no solamente de los organismos autónomos sino también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, donde hay cifras estimadas, cifras enviadas, no diría de forma no fehaciente, porque si usted hace el seguimiento -que parece que sí lo hace- de la información que viene en esos libros y la que se da provisionalmente en febrero se dará cuenta de que la información en su conjunto es correcta y luego se tarda en trabajar con ella para hacerla detallada. Ese libro no está; ni muchísimos menos hemos repartido el libro rojo del Estado que, por otra parte, es lo que en esta comparecencia se ha repartido en los últimos años. No sé siquiera si podríamos ampliar a las cuentas de organismos autónomos, me temo que no, porque no se cierran hasta el 30 de abril, con lo cual no tenemos cuentas cerradas, y las cuentas de la Seguridad Social, con el ciclo de ingresos que tiene, también tienen problemas concretos. Por tanto, en esta comparecencia no se puede hablar de los Presupuestos Generales del Estado y de la ejecución en su conjunto. Esto es lo que en este momento del año estamos en condiciones de poder presentar. Vuelvo a decirles a ustedes que si les parece oportuno que en algún momento revisemos o comentemos aquí qué es lo que contiene el libro verde, estaría encantada de prestarme a ello.
No me resigno a terminar sin hablar del equilibrio presupuestario.
(Risas.) No lo puedo remediar. Creo que es un logro muy importante que hemos conseguido con mucho trabajo. El esfuerzo de los ingresos ahí está, pero el esfuerzo de los ingresos entendido como tal y como incremento de presión fiscal lo tenemos que ver como presión fiscal global y no individual. No vamos a empezar en este momento a discutir esto. Ha habido una magnífica creación de empleo y un incremento impresionante de cotizantes a la Seguridad Social. Aunque solamente fuera por eso y por las bases de trabajadores en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ya se habría producido un importante incremento de los ingresos, sin necesidad de eso que llama usted esfuerzo de la sociedad, porque indudablemente la sociedad aporta sus recursos para que le presten servicios, pero la sociedad ha recibido una rebaja del impuesto sobre la renta que, ceteris paribus, hemos calculado en torno a 800.000 millones de pesetas, 800.000 millones de pesetas que con las condiciones de empleo que ahora tenemos hubieran tenido que pagar todos los ciudadanos trabajadores. Creo que indudablemente este resultado es consecuencia de un incremento muy importante de los ingresos, pero el resultado nunca se hubiera podido dar si no hubiéramos hecho un esfuerzo sensible con los gastos.
Los adjetivos que utiliza el Banco de España en su libro de estudios -en este momento no lo conozco- son los que usamos normalmente.
Crecen más los ingresos que los gastos. Pues sí, pero hay que ver en esfuerzo relativo de dónde viene dado el crecimiento de los ingresos y qué es lo que supone frenar los gastos.
Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado por su comparecencia aquí esta mañana.
Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.

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