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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 213, de 18/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 213

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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 2819 a la 2836. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease "DS. Congreso de los Diputados" Comisiones, núm. 285) *********************************************************************

SANIDAD Y CONSUMO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a BLANCA FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS, VICEPRESIDENTA PRIMERA

Sesión núm. 12

celebrada el miércoles, 18 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. (Número de expediente 121/000024.) . . .
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Se abre la sesión a las diez y veinticinco minutos de la mañana.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000024.)

La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de Capel Baños): Buenos días. Se abre la sesión.
Como punto primero y único del orden del día, tenemos el debate y votación del proyecto de ley por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, según el texto que propone la ponencia.
El régimen del debate seguirá los criterios habituales y reglamentarios de aplicación en la Cámara. Lo iniciaremos con la discusión del articulado, para pasar al preámbulo y examen de las enmiendas que permanecen vivas por su orden, con un turno a favor de diez minutos y otro en contra por el mismo tiempo.
Antes de iniciar el debate, les comunicamos que acumularemos las votaciones, si SS.SS. no tienen inconveniente, que tendrán lugar no antes de las 12 de la mañana. Si hubiésemos terminado la discusión antes, tendríamos un descanso por el tiempo que fuese necesario para proceder a la votación a esa hora.
Por último, debemos aclarar que hay que salvar la omisión de un texto en el artículo 2.1 in fine. El señor letrado leerá el texto que han acordado los portavoces.


El señor LETRADO: Hay un error por omisión de una parte del texto del artículo 2.1 in fine, es decir, a continuación de las palabras siguientes: serán objetivos específicos a) b) c). Dentro de este número 1 figurará un nuevo apartado, que podría ser C mayúscula, que dirá: Sus ámbitos de actuación son los siguientes: Primer guión: La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.
Segundo guión: La seguridad de toda la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases. Tercer guión: Aquellos aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o indirectamente en la seguridad alimentaria. Cuarto guión: Cualquier otro que se le asigne a la luz de los avances científicos y las nuevas demandas sociales.
El texto es resultado de las enmiendas número 45 del Grupo Socialista y 110 del Grupo Popular. Digo resultado porque coge en parte texto de una de las enmiendas y, en parte, texto de la otra. No hay ninguna modificación realmente, sino sólo la ordenación de acuerdo con ambas enmiendas. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, con carácter previo, aparte de estas sorpresas que nos dan ahora y que rogaría se nos diesen por escrito, a poder ser, le pediría que no se hable de acuerdo entre los portavoces cuando se trata solo de los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista; los demás portavoces -yo, por lo menos, y el portavoz del Grupo Mixto- no hemos tenido noticia de esta introducción, que no es salvar un error sino un texto largo, tal como lo ha leído el letrado.
A lo que iba ahora, quisiera preguntar a la señora presidenta cuál va a ser el orden del debate. En las comisiones, cuando se debate un proyecto de ley, es práctica habitual que los portavoces, además de tomar posición sobre nuestras enmiendas, podamos hacer una introducción de valoración del proyecto desde la perspectiva de nuestro grupo. Quisiera saber si esto se va a hacer antes, a la vez que la defensa de nuestras enmiendas, o con posterioridad en una valoración global.
Me parece que es importante que nos lo diga para que cada uno sepa qué sistema seguir a la hora de fijar su posición; si hacerlo en un solo bloque o en dos distintos, según sea el tenor del debate.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, la enmienda que se ha acordado venía ya expresada en el informe de la ponencia, que dice: Se acuerda sustituir su texto por el de las enmiendas 45 del Grupo Socialista y 110 del Grupo Popular. Quiero decir que la sustitución se había acordado previamente y lo que ha hecho esta Presidencia ha sido manifestarlo. No se ha tomado ningún acuerdo que no hubiera sido debatido previamente entre ustedes.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Me va a perdonar la señora presidenta, pero estuve en la reunión de la ponencia y referirse a la enmienda 110 y a la 45 es referirse a dos textos legales casi enteros. No conocía yo ese tenor y, desde luego, no se nos ha entregado el texto completo a los portavoces. No quisiera empezar sembrando polémica, pero me parece que resulta sorprendente el sistema de articulación o, por lo menos, que se nos anuncie ahora in voce lo que no está publicado como informe de la ponencia.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, gracias por su intervención, pero tengo que aclararle que no hay ninguna enmienda in voce, sino que estaba acordado previamente; éste ha sido un arreglo de tipo técnico sobre lo acordado durante la discusión del texto de la ponencia. (Pausa.) Vamos a proceder a la discusión del articulado según la normativa expuesta anteriormente, y aclaro a la señora Uría que puede hacer su valoración sobre el aspecto global del texto que vamos a debatir cuando se realice la discusión del preámbulo de la ley. Gracias.


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Al artículo 1 se mantiene viva para su defensa una enmienda de Coalición Canaria. (La señora Pozuelo Meño pide la palabra.) ¿Sí, señora Pozuelo?

La señora POZUELO MEÑO: Le pido la palabra para una cuestión de orden, señora presidenta. Yo entiendo que si hay acuerdo entre los portavoces de los grupos políticos sería más operativo que cada grupo hiciera una intervención global que incluyera su posición sobre el conjunto del proyecto de ley y la defensa de sus enmiendas en una sola intervención, porque hacer una intervención artículo por artículo puede ser muy prolijo y quizá nos lleve al mismo sitio. Si le parece a la señora presidenta, pediría que se siguiera ese procedimiento, que es el mismo que ha solicitado la señora Uría.


La señora VICEPRESIDENTA: Esta Presidencia no tiene ninguna objeción que hacer para ordenar el debate de esta forma y, por tanto, si los señores portavoces no opinan en contrario, procederemos a hacerlo de la forma solicitada. ¿Algún grupo tiene objeción? (Pausa.) Procedemos, pues, a la discusión de la ley.
En el turno de portavoces tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Voy a intervenir para defender las enmiendas de todos los partidos que están integrados en el Grupo Mixto y, dándolas por defendidas, voy a hacer referencia especial a las enmiendas presentadas por mí mismo en nombre del Bloque Nacionalista Galego. Son enmiendas que desde luego vamos a mantener vivas para su discusión en el Pleno, ya que la discusión ha sido avocada al Pleno, porque nosotros pensamos que esta ley, aunque haya mejorado parcialmente a partir de un pacto no entre los portavoces sino, como se suele decir ahora, entre las dos únicas fuerzas que pueden gobernar -son expresiones que se emplean-, nos deja insatisfechos por varias razones. La primera de ellas es que no cumple en absoluto con los requisitos que establece la Unión Europea en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria; no es un organismo que goce, por ejemplo, de las condiciones de independencia respecto del Gobierno, respecto del poder político que establece ese libro blanco sino que es simplemente un organismo incardinado en el Ministerio de Sanidad, que es su administración matriz, y directamente dependiente tanto orgánica como sobre todo funcionalmente de este Ministerio. Esto por un lado. En segundo lugar, el proyecto de ley también nos suscita muchas dudas desde el punto de vista competencial. Nosotros no tendríamos nada que objetar a que la Administración del Estado creara un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que integrara las competencias que corresponden a la Administración del Estado en materia de seguridad alimentaria y que actuara, integrando también las competencias que pueden estar dispersas entre diferentes órganos, como órgano de coordinación entre esas competencias estatales y las que estatutariamente corresponden a las comunidades autónomas de acuerdo con los artículos 148 y en especial 149 de la Constitución.
Se ha optado por otra vía, como por otra parte dice hoy claramente la prensa, que es la vía de utilizar esta ley y utilizar como excusa ciertas crisis alimentarias, en las que el Gobierno no es inocente, para recuperar competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las comunidades autónomas. Yo creo que desde ese punto de vista estamos ante una ley de dudosa constitucionalidad, y con una enmienda como la que nosotros presentamos, y que el letrado intentó no admitir ya a trámite -felizmente se mantiene viva y ya digo que será objeto de discusión en el Pleno-, pretendíamos limitar el objeto y el contenido de esta ley precisamente a que la Agencia de Seguridad Alimentaria fuera un organismo que integrase las diferentes funciones de la Administración del Estado y, a partir de ese organismo, la Administración del Estado se coordinase y colaborase con los órganos competentes de las comunidades autónomas, pero en ningún caso se utilizase este organismo para recuperar competencias tanto ejecutivas como normativas que ya hoy están ejerciendo las comunidades autónomas.
Por estas razones, esperamos que el texto pueda mejorar tanto en el debate en esta Comisión como después en el Pleno, pero nos reservamos nuestro voto, que no creo que pueda ser favorable a este proyecto de ley, y nuestras enmiendas van en el sentido de dar la independencia a este órgano, precisar sus funciones y sobre todo hacer que esta ley y el órgano que por ella se crea sea respetuoso del marco constitucional y estatutario de distribución de competencias.


La señora VICEPRESIDENTA: El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado también enmiendas al articulado, y para su defensa tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: En primer lugar quiero señalar el esfuerzo que yo creo que han realizado los portavoces y los grupos en el transcurso de los trabajos de la ponencia para intentar llegar a puntos de acuerdo y de consenso, de forma que creo que hoy estamos discutiendo, afortunadamente, un texto de ponencia bastante enriquecido, desde mi punto de vista, con respecto a la propuesta inicial. Eso es importante para que aseguremos entre todos al máximo posible la continuidad desde el punto de vista de los contenidos y de la política de la Agencia de Seguridad Alimentaria por el bien de las políticas de salud pública y de seguridad alimentaria en el futuro de este país.
Una vez aclarado eso y también el magnífico trabajo -creo que hay que decirlo- realizado por el letrado

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con las múltiples enmiendas que se han tenido que ir refundiendo, paso a resaltar brevemente las enmiendas que hoy por hoy mantenemos vivas. Muchas de las presentadas, por ejemplo en cuanto a la exposición de motivos, entendemos que han sido subsumidas por el texto que hoy tenemos aquí delante en la medida en que se recogen en algunos casos desde el punto de vista de la filosofía e incluso, en otros, desde el punto de vista del propio texto muchas de las enmiendas que nosotros planteábamos para resaltar la importancia de la Agencia en la protección de la salud pública y en el de considerar a la cadena alimentaria en su integridad incluyendo, además de los aspectos de seguridad, los de calidad nutricional y los de promoción de la salud. Aspectos como la participación de los Ministerios de Agricultura, de Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente se han recogido en los diversos artículos del nuevo texto, así como los términos de salud, que han sido reforzados en muchos de los articulados. Por otra parte, nosotros hemos propuesto que la Agencia pase a denominarse Agencia española de salud y seguridad alimentaria, lo que no ha sido aceptado por la mayor parte de los grupos, pero como su contenido se refuerza en el articulado entendemos subsumida nuestra enmienda.
Con respecto al artículo 2.1 tengo que decir que se ha puesto énfasis en una de nuestras enmiendas, aquella con la que queremos introducir algo que no se refleja en el texto originario: la protección al consumidor. Esto ha quedado recogido, de la misma forma que la relación que debiera tener la Agencia con el resto de las autoridades alimentarias de las comunidades autónomas. Se ha reflejado en un punto que habla específicamente de las relaciones con otras autoridades alimentarias, recogiéndose el papel de la Agencia desde el punto de vista de su coordinación con las comunidades autónomas.


He hecho llegar a los portavoces de los grupos parlamentarios las enmiendas números 88, 89, 91 y 102 y ahora se las facilitaré a la Presidencia y al señor letrado. Dichas enmiendas las hemos refundido y hemos elaborado un nuevo texto teniendo en cuenta los aspectos que no se han recogido en el que actualmente estamos discutiendo.
Queremos introducir en el artículo 2.2 un apartado b), con la consiguiente modificación correlativa del resto de los apartados, que diría lo siguiente: Elaborar planes anuales de actuación en donde se especifiquen los objetivos a desarrollar por la Agencia en las diferentes áreas de su competencia, los mecanismos de coordinación y los indicadores de evaluación a utilizar. En dicha planificación se tendrán en cuenta tanto las recomendaciones de la Unión Europea como las necesidades específicas en materia de riesgo y seguridad alimentaria de los diferentes territorios del Estado español. De esta forma queremos dejar constancia de que, aun habiéndose recogido los aspectos de programación que nosotros recomendábamos en las enmiendas, no es suficiente, puesto que hoy en día tanto en el ámbito de la empresa privada como en el de la pública trabajar por objetivos y planificaciones anuales es algo que se impone cada vez más. En ese sentido, al igual que la Agencia va a elaborar una memoria anual que refleje de alguna forma la evaluación de la situación de la seguridad alimentaria del país, dicha memoria debería reflejar también la evaluación de las propias actividades de la Agencia. Así, el ejercicio de planificación ha de hacerse tanto desde un punto de vista teórico como práctico, de forma que la Agencia pueda estar dotada de un plan anual en el que en sus diferentes áreas, área de coordinación, de planificación, de investigación, etcétera, se marquen los objetivos a cumplir durante el año ante una materia tan dinámica, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar durante este último año, en el que han aparecido nuevas enfermedades y riesgos. Insisto en que ha de hacerse un ejercicio de planificación anual en función de la evaluación y de la memoria de ese mismo año y que quede reflejado en un documento que sirva de guía a todas las administraciones a la hora de actuar en este campo. Al ser una función de la Agencia coordinar las diversas administraciones del Estado, administraciones autonómicas y locales, es necesario reforzar los nuevos mecanismos de coordinación para hacer frente a los problemas que puedan surgir. Por eso creemos que es importante -se han aceptado varias de las enmiendas que hemos refundido en este sentido-, y lo hemos defendido a lo largo de los trabajos de la ponencia, que esta planificación recoja las recomendaciones, como es lógico, de la Unión Europea, pero también debe tener en cuenta la diversidad que en materia de riesgos y de seguridad alimentaria puede haber en los diferentes territorios del Estado. Cada comunidad autónoma tiene sus competencias y las ejerce a la hora de dar respuesta a sus riesgos específicos, pero es lógico que, si existe una agencia estatal, también se compartan los recursos que ella pueda tener a la hora de apoyar los riesgos emergentes. En Canarias, por ejemplo, y también en otros territorios, existe un puerto abierto a terceros países, y no me refiero a países de Europa, sino a África y a otros, lo que implica una serie de riesgos emergentes, riesgos que pueden ser diferentes de los de otros territorios del Estado, debiendo ser contemplado como una posibilidad de apoyo por parte de los comités científicos a la hora de dar respuesta a esa diversidad.
Entrando en el artículo 3, órganos de dirección de la Agencia, las enmiendas que hemos planteado han sido más o menos recogidas en el nuevo texto, habiéndose cambiado algunos nombres. Nosotros entendemos que tiene que haber un director que tenga funciones de carácter ejecutivo, que tiene que haber un consejo de dirección en el que se encuentren representadas las comunidades autónomas y que dentro de los órganos de dirección tiene que haber un comité ejecutivo de coordinación, comité al que ustedes han denominado comisión institucional, aunque en el texto se especifica que

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su principal función será ejecutar la coordinación con las comunidades autónomas. También creemos que debe haber un organismo de participación más reforzado que el que existe en el texto originario.
Nosotros lo hemos llamado consejo de salud y seguridad alimentaria y ustedes lo han denominado consejo consultivo. Asimismo, que haya un comité científico que no sea único, sino que permita la configuración de diferentes comités de expertos, puesto que la especialización sobre el tema requiere de esa diversidad. Así se ha recogido.
Quiero llamar la atención sobre algo que me preocupa, puesto que puede inducir a confusión. En el nuevo texto ya no aparece como órgano unipersonal el presidente de la Agencia y estamos de acuerdo con ello, pero creo que esto debiera aclararse. En el punto 5 se dice que la comisión institucional estará presidida por el presidente de la Agencia y esto hay que aclararlo, ya que, tal y como está expresado, nosotros creemos que da a entender que en el consejo de dirección se nombrará a un presidente del mismo y es que un presidente del consejo de dirección no es lo mismo que un presidente de la Agencia. No es lo mismo un órgano unipersonal presidido por el presidente de la Agencia que por un presidente del consejo de dirección. Eso puede inducir a confusión, por lo que debiera aclararse.
En relación con la comisión institucional, entendemos que, igual que se especifica en el consejo de dirección, debe haber un apartado en el que se diga que la organización y el funcionamiento de la comisión institucional será regulado por el estatuto de la Agencia. El desarrollo reglamentario de dicha comisión institucional debe verse recogido en el estatuto de la Agencia, pero esa referencia que aparece en el consejo de dirección no existe en la comisión institucional.
En lo que se refiere a las enmiendas al artículo 10, por supuesto, entendemos que debe corresponder al Gobierno la aprobación del estatuto de la Agencia, a iniciativa de los Ministerios de Sanidad y de Agricultura y previo conocimiento de los restantes ministerios, pero proponemos, tal como aparece en nuestra enmienda, que, previamente a su aprobación, habrán de realizarse las pertinentes consultas a las comunidades autónomas y sectores implicados, y también habrá de remitirse el borrador del estatuto para su debate y dictamen a esta Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Entendemos que muchos aspectos de gran relevancia están remitidos al estatuto y, por tanto, debería discutirse por los organismos que he mencionado antes de ser aprobado definitivamente por el Gobierno.
No me voy a referir al resto de las enmiendas porque entendemos que la mayoría, en su filosofía y en algunos aspectos, están recogidas en el nuevo texto que hoy estamos aquí debatiendo. Como dije al principio, creo que en la ponencia que ha trabajado en este tema ha habido un talante de consenso apropiado, como merecía la importancia del impacto que tiene hoy en día para los ciudadanos todo lo relativo a la salud, pero sobre todo los problemas de seguridad alimentaria. Esperamos que podamos terminar los trabajos de esta Comisión haciendo el último esfuerzo de consenso para conseguir que el resultado de esta legislación que hoy estamos aquí debatiendo permita dotar a España, en su conjunto, de una nueva norma que asegure la continuidad y la coherencia en las políticas de seguridad alimentaria.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Julios. Antes de dar la palabra a otro portavoz, quiero hacerle una aclaración.
Señora Julios, esta Presidencia entiende que su propuesta sobre la comisión institucional, la presidencia del consejo de dirección, etcétera, es susceptible de una enmienda transaccional que debe usted formular para que sea sometida a la aprobación del resto de los grupos. Le ruego que haga la propuesta ahora o antes de proceder a la votación, pero sería conveniente que lo hiciera ahora para saber en qué términos la hace y poder incorporarla al texto que se debate.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Como nota previa, quiero dejar constancia de que a la formación política a la que pertenezco le parece mejor este texto, el texto aprobado en ponencia, que el inicialmente presentado por el Gobierno, y que estoy de acuerdo con la representante del Grupo de Coalición Canaria en la corrección y hasta en la amabilidad personal por las que se han regido las relaciones entre los ponentes del texto; corrección y amabilidad que no quitan para que, en lo técnico y hasta en lo político, tenga que poner pegas al modo de tramitarse este proyecto de ley. Mi crítica al acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista responde a que creemos que se ha producido algún fraude en el proceso. Me explicaré.
Todos los grupos parlamentarios que no somos el Partido Popular y el Partido Socialista hemos podido formular enmiendas al texto inicial del Gobierno. El Partido Popular y el Partido Socialista, fruto de sus conversaciones, conocían lo que iban a presentar y, troceado, han presentado textos iguales o muy parecidos respecto de los cuales nos han hurtado a las demás formaciones la posibilidad de presentar enmiendas. No caben enmiendas a las enmiendas. Nuestra ocasión es decir ahora lo que pensamos o presentar enmiendas en el Senado. El Partido Socialista tiene que ser forzosamente consciente de esto porque, por un tema parecido, más grave, tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad por haber introducido el Partido Popular, en trámites sucesivos, ya en el Senado, en la Ley de acompañamiento del año pasado, cuestiones respecto de las cuales se había hurtado a todos los grupos la posibilidad de debate. En este caso, repito, nos hemos visto privados de la posibilidad de enmendar determinadas partes del proyecto. Diré lo que opino (espero que se me deje decir

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lo que opino), a pesar de no poder tener enmiendas a esa parte, porque no existía en el proyecto. Mi grupo podrá decir luego (porque tenemos grupo de senadores, evidentemente) lo que opina, pero formular enmiendas no podía, repito, porque no caben enmiendas a las enmiendas. Lo correcto hubiera sido que, puesto que existía esta voluntad de pacto o existe tanto acuerdo en determinadas cuestiones, lo hubiesen hecho antes de la presentación del proyecto y lo hubiesen presentado como proposición de ley las dos formaciones juntas para que los demás hubiésemos podido formular enmiendas al todo y no pronunciarnos sobre lo ya previamente pactado por estas formaciones políticas.
Me parece también importante señalar en qué entorno político se produce este debate. Es evidente que todos constatamos la trascendencia y la esencialidad que en una sociedad moderna tiene la producción y el consumo de alimentos, con evidentes repercusiones en la protección y en el fomento de la salud de las personas y, asimismo, con notables repercusiones económicas y sociales, y en numerosos casos también hasta medioambientales. Distintos portavoces se han referido a la importancia que tuvo para este debate, que es un debate político, el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria presentado a principios del año 2000 por la Comisión de las Comunidades Europeas y cuanto en esta materia se ha ido recomendando o advirtiendo por la Unión Europea.
Es forzoso también referirse a las propias resoluciones adoptadas por este Congreso de los Diputados, en concreto, a la aprobada en junio de 1999 (la exposición de motivos hace referencia a ella), con ocasión del debate del estado de la Nación, en la que se insta al Gobierno a constituir esta Agencia, pero con unas pautas. Existe, por tanto, un mandato político al que creemos que debiera responderse, el respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y, también, unas finalidades, que son: asumir los mecanismos de cooperación de todas las administraciones públicas responsables del control sanitario e higiene de los alimentos; mantener las relaciones técnicas y científicas que fueran pertinentes, de acuerdo con el sistema competencial, con los organismos similares de la Unión Europea y sus Estados miembros; promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia de alimentos y, en general, cuantas otras faciliten la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Es ésta una vinculación exclusivamente política, no jurídica, pero que me parece que es importante y que ahí está.
Es forzoso también referirse (y así no lo tendré que hacer después en cada enmienda) a los títulos competenciales que se utilizan, ya que, según el proyecto de ley que examinamos, estamos hablando de sanidad y, por tanto, deben tenerse en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto, sobre todo la jurisprudencia habida en los años ochenta y singularmente la famosa sentencia -en esta materia famosa- 32/1983, referida al registro sanitario de alimentos y a coordinación y planificación sanitaria. Por una vez diré cuál es su contenido, puesto que toda la ley habla de coordinación constantemente y me parece importante decir qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional para que quede constancia, cuando menos a los efectos del "Diario de Sesiones", de qué es coordinación general según el Tribunal Constitucional. Primero, es un complemento de la noción de bases, por lo que se trata de una competencia distinta de la fijación de bases (no cabe fijar bases en esta ley, sino que estamos hablando de coordinación); segundo, presupone que hay algo que debe ser coordinado (esto es, presupone la existencia de competencias en las comunidades autónomas que el Estado, al coordinarlas, debe respetar sin que pueda dejarlas vacías de su contenido); tercero, significa no sólo que hay que coordinar las competencias comunitarias, sino que esa coordinación corresponde hacerla al Estado; cuarto, la coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalización del sistema sanitario. Esto y no otra cosa es coordinación.
Se ha expresado que la ley, a pesar de que dice que utiliza el título Sanidad, hace también referencia a la protección de los consumidores y usuarios y el Tribunal Constitucional también tiene dicho que la protección del consumidor genera problemas competenciales en la medida que las normas que se refieren a ella pueden estar comprendidas en más de una de las reglas delimitadoras de competencias. A los efectos de la corrección de encaje en el sistema del texto nos parece que debe ser tenido en cuenta a la hora de la elaboración de todo el proyecto. Forzoso es también hacer alguna referencia, aunque en el texto se ha querido obviar la competencia, a que algún roce con la competencia Agricultura se tendrá y que respecto de esto el artículo 148.1.7 de la Constitución establece que es asumible por las comunidades autónomas de acuerdo con la ordenación general de la economía. En el texto, a pesar de que se dice que el título que se emplea es sólo Sanidad, hay referencias a las competencias en materia agrícola y ganadera.
Entraré ya en el tenor del texto, refiriéndome a que al grupo al que represento no le parece mal la articulación institucional que se hace con encaje dependiente de un ministerio concreto. El que sea un organismo adscrito nos parece que nada empece al contenido de las competencias que pueda llegar a desarrollar. En concreto, las enmiendas 60 y 61, que se defienden por el Grupo Mixto, no nos parece que aportan esencialmente nada a cuál deba ser la misión del organismo que se crea. En el apartado 1 del artículo 2 empiezan a sus citarse

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ya problemas más importantes o de mayor enjundia desde la perspectiva de nuestro grupo. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mantiene viva su enmienda número 69, que evidencia lo que yo ya decía respecto a que hay competencias de agricultura, puesto que en el tenor de la enmienda que se sostiene se habla de unificar y gestionar las competencias de la Administración general del Estado.
Si me permite la señora Riera decirlo, esto expresa de una forma evidente que las competencias no están unificadas, que hay cierto lío, que hay pelea entre Sanidad y Agricultura, lo cual todos sabemos que es cierto pero no sé si está bien expresarlo de una forma tan clara en un texto legal. Lo que se pretende en el texto de la ponencia es promover que resulta algo más filosófico y, por tanto, también más correcto. En cuanto al resto de las enmiendas que sostiene la señora Riera nos parece -y por eso lo he dicho en el inciso inicial- que el Tribunal Constitucional ya ha dicho lo que es coordinación y que, por tanto, esta definición que aquí se contiene tampoco añade nada al tenor de lo que queda ya expresado en el texto del artículo, que siempre deberá interpretarse conforme a la sentencia 32/83, salvo que, siendo llevado nuevamente al Tribunal Constitucional, éste diga ahora algo distinto. En este mismo artículo, al apartado 1.c) está presentada la enmienda 29, del Grupo Vasco, que sostenemos, porque entendemos que es más correcta que el texto que aparece en el informe de la ponencia, a diferencia de lo que se contiene en la enmienda 110 como apartado c). Se hace para seguir lo que se está haciendo en Europa. Al hablar de autoridad única, creemos que es más correcta la expresión que se utiliza en Europa que es la de foro, que -repito- ya está acuñada como tal. La expresión centro hace referencia a lo prestacional y la Agencia que nosotros creamos no va a prestar servicios. Centro de referencia de ámbito nacional, que ahora se quiere resucitar respecto de la formación profesional, según leí el otro día, remite a un vestigio histórico que evoca una organización centralizada de aquel único Insalud. Creemos que debería utilizarse la misma expresión que en los ámbitos europeos. El resto de la enmienda número 29, presentada por el Grupo Vasco, define lo que es constitucionalmente coordinación, conforme a la sentencia que he citado reiteradamente. Nos parece que debe desaparecer del texto de la ponencia la expresión especialmente, que, si se me permite que me repita, es especialmente peligroso porque parece que quiere decir que lo que este apartado contiene se va a hacer siempre por el Estado y más todavía en algunas ocasiones.
¿Quiere decirse con esto que la Agencia va a sustituir a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en la comunicación a sus ciudadanos de una crisis? No nos ha parecido que ésta haya sido la tendencia en las últimas existentes, cuando desde el Estado constantemente se hacía referencia a que lo arreglen las comunidades autónomas porque es cosa de ellas. Lo correcto, lo que debe querer pretender la Agencia es que desaparezca esta expresión, porque esta misión se hará sólo en situaciones especiales y no siempre. De la misma manera, y tal y como me pronuncié en ponencia, es mejor sustituir el término de emergencia por el de alarma. No es que sean conceptualmente distintos, pero el término de emergencia, por lo que he constatado, se emplea más en el ámbito de la protección civil, mientras que el de alarma tiene más arraigo sanitario, y me remito a cuando se habla de alarma farmacéutica, que todo el mundo sabe a qué se refiere.
Paso al artículo 2.2. Bien está que en el artículo 2.2.a) haya desaparecido la idea de coordinar políticas, porque según el Tribunal Constitucional las políticas no se coordinan, lo que se coordinan son las actuaciones. Ahora el texto de la ponencia lo dice bien. Pero sugerimos que debiera aceptarse un combinado de las enmiendas 72, de Convergència i Unió, y 30, de mi formación política, fusionando los contenidos a) y b), llegando así a una redacción que creemos que es más acorde con lo que debe pretenderse y que técnicamente es más correcta. Tal y como consta en la enmienda 30, de la formación a la que represento, la tarea de programar tiene un contenido gestor que comprende inseparablemente la función política. Esta función política creemos que pertenece al Gobierno correspondiente, que puede ser el de las comunidades autónomas, por lo que no podrá ser encomendada a la Agencia por invadir la esfera competencial constitucionalmente asignada a las comunidades autónomas. Con el tenor de la enmienda 72 y de la 30 -repito- podría llegarse a un texto mucho más acorde con lo que ha de ser el contenido y la finalidad de la Agencia que se pretende. Lo mismo podría decirse de la enmienda número 31, del PNV, y de la número 73, de Convergència i Unió, que ahora son la letra c), volviendo a utilizar otro cambio de expresión, el de proponer por instar. Ello evitaría reticencias. Debe desaparecer la idea de programar e instar (programar como he dicho antes e instar como digo ahora) porque lo que parece que se quiere hacer no es coordinar sino mandar. Ya sabemos que es lo que se intentará, pero el mandato de la Cámara era regular un organismo que coordine. La enmienda número 32, del Grupo Vasco, al que represento, es una mejor redacción de la letra h), respecto de lo cual también he oído -no se me ha comunicado pero he oído- que había conversaciones previas a la entrada en esta Comisión, en la que hemos estado sólo medio informados de lo que se cocía. Ni aún en los términos en que me ha parecido intuir que se acordaba nos parece correcto, porque tal y como está en la actualidad la referencia a organismos internacionales va delante de Unión Europea y el término europeo enerva la internacionalidad. Creemos que debe hablarse de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y del Codex Alimentarius en la forma que se haya pactado, del Consejo de Europa y añadirse después "y demás organismos internacionales". Es decir,

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lo internacional debe ir después, quedando claro que en este ámbito, siendo un país europeo y europeísta, no debemos considerar internacional a Europa, puesto que Europa ya no es internacional, y la expresión debe ir de forma más correcta como aparece redactado -repito- en la enmienda número 32, del Partido Nacionalista Vasco, en ese aspecto en concreto.
Mi grupo no tiene enmiendas sobre otros apartados de este artículo (no las podría tener ya que no existían en el texto inicial), pero creo que estoy en mi derecho de poder decir algo y de formular las correspondientes enmiendas en el Senado. La letra o) contiene la expresión "sirvan de referencia". Creemos que lo que tiene que decir este texto, si pretende ceñirse a los ámbitos competenciales, es que "puedan servir de referencia". Estamos hablando de la competencia de elaborar procedimientos de certificados de control. Las comunidades autónomas hacen y van a seguir haciendo cosas en esta materia, diga lo que diga el texto. En el ámbito vasco existen los conocidos labeles de calidad respecto de determinadas cuestiones. La posibilidad de otorgar estas certificaciones acreditando calidades es gestión y la gestión, señorías, se pongan como se pongan, corresponde a las comunidades autónomas. Bien está que puedan servir de referencia. Es decir, si desde el Estado, si desde la Agencia se hace algo que es atendible y bueno para todos, nadie tendrá inconveniente en que eso sea copiado; pero pretender que con carácter general la elaboración de los certificados de control de alimentos o de ciertos estándares de control vayan a corresponder por la creación de la Agencia siempre a ella nos parece que no es acertado desde el punto de vista de la delimitación competencial, por lo que debiera añadirse la expresión "puedan servir de referencia". En la letra p) encontramos otro problema cuando se habla de proponer la simplificación y la unificación. Se reconoce aquí nuevamente una evidencia -la normativa hasta ahora es compleja- que dista mucho de ser unitaria y existe la dualidad de procedencia de las normas, lo cual es sincero, pero trasladarlo a un texto legal no es excesivamente correcto. Nos gustaría que se aceptase la enmienda número 86, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que habla de promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia de alimentos. Es sensiblemente más correcto que el tenor literal del texto que ahora ha quedado.
En cuanto al artículo 3, debo manifestar al portavoz del Grupo Popular, señor Mingo, que a partir de aquí han caído ustedes en manos del Partido Socialista. La ley pasa a ser extraordinariamente reglamentista en esta materia y la oposición es normal que quiera una ley muy minuciosa, muy pormenorizada, que quede todo amarrado en el texto para que al Gobierno le quede más bien poco en el reglamento, pero ustedes han caído en la trampa. Cuando el Partido Socialista mandaba era mucho más escueto; basta que revisen los textos en esta misma materia sanitaria elaborados en aquellos tiempos.
Han metido ustedes todo lo que es reglamentario dentro del texto de la ley.
Me referiré a otra de las cuestiones que se han debatido y a la que Izquierda Unida sostiene enmiendas, que es la representación de los consumidores y de los ayuntamientos en el consejo de dirección. Nos parece que es una pretensión demagógica y que además genera agravios.
¿Por qué no también los sindicatos, como desde Izquierda Unida se propone? Sobre todo nos parece que es muy poco operativo. Desde nuestro punto de vista, la presencia de este tipo de entidades, consumidores y ayuntamientos, debería estar en el consejo consultivo y no en el consejo ejecutivo. Esto sería también coherente con la Ley General de Sanidad que, con el carácter de básico -su artículo 5.2 es básico-, habla de introducir a los sindicatos, y estos no están en este momento ni en el consejo consultivo, por lo que hay que introducirlos. Nuestra preferencia sería en el consejo consultivo no en el ejecutivo, pero introducirlos hay que introducirlos, si bien el artículo 102 hace referencia a quien haga política sanitaria, y ciertamente política sanitaria aquí no se va a hacer, pero lo correcto, lo adecuado sería introducirlos a todos en el consejo consultivo. Además, queda mejor, más clara, más limpia -si se me quiere aceptar esta expresión- la correlación de fuerzas en el consejo de dirección, porque así estaría presente el Estado y las comunidades autónomas (ustedes la cifran en cuatro-cuatro, mi formación política propone otra cosa) y al Gobierno, quien gobierne, cualquiera de los dos partidos con posibilidades de gobernar, como ahora se dice, le queda la satisfacción de pensar que de las cuatro comunidades autónomas que vayan a estar en el consejo siempre alguna será de su propio color político, con lo cual sí se garantiza la mayoría, que supongo que puede ser la pretensión última. Nuestra enmienda 33 proponía elevar a siete el número de representantes de las comunidades autónomas, y no lo hacíamos por capricho ni porque sea un número cabalístico, sino porque las históricas en materia sanitaria son siete. Entendemos por tales las que tienen competencias asumidas en agricultura, en ganadería y en sanidad con carácter pleno desde hace más tiempo. En todo caso, nos gustaría saber qué se pretende con ese número de cuatro. Puesto que lo han pactado algo habrá detrás de ello, y sería bueno que los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista nos contasen a los demás el porqué de ese número cuatro, de qué se está hablando en concreto.
Otro asunto es el de los vicepresidentes. Hablamos de uno o de varios, porque se emplea la expresión en plural, y estamos hablando de los necesarios o de los bastantes para empatar. Si se pone en el consejo de dirección, como nosotros decimos, todo el número de representantes que se pretende en el texto aprobado en ponencia, los vicepresidentes serán los suficientes para que se produzca el empate o para ganar, o es que existetambién algún pacto respecto de quién o quiénes. Presidente

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y vicepresidentes están fuera de lo que es representación del Estado.
Es decir, los del Estado son cuatro, y luego están el presidente y los vicepresidentes, cuando lo más habitual en los órganos de formación compuesta es que de entre ellos, de entre el número que sea, se elija presidente y vicepresidentes. ¿Por qué los que son en representación del Estado no tienen el mandato vinculado a los cuatro años que tiene el resto y por qué sí el presidente y los vicepresidentes? Suponemos que no es caprichoso y que algo habrá detrás. Como no hemos tenido ocasión de poderlo examinar, estaría bien que nos lo vayan contando.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, le ruego brevedad porque ha doblado el tiempo que le permite el Reglamento.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, he pedido magnanimidad en el uso del tiempo. Aparte de la importancia que tiene, puesto que es el primer proyecto de ley que se aprueba en esta Comisión, no sólo en esta legislatura sino también en la pasada, tiene la relevancia social suficiente y, además, se nos ha hurtado parte del articulado hasta un momento avanzado de la tramitación, con lo cual lógico es que se nos deje pronunciarnos al respecto puesto que el trámite en Pleno siempre es mucho más breve.


La señora VICEPRESIDENTA: Seré flexible en el tiempo, pero intente ser breve.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Me queda ya muy poco. Únicamente quería dejar claro que nos parece bien la idea de que exista un consejo de dirección. Nosotros proponíamos un órgano que no se llamaba así pero que era de este estilo, pero queremos que se nos explique exactamente la concreta plasmación porque si no nos abstendríamos en este artículo 4.
La última referencia es al título usado. Se dice en la disposición adicional primera que es el 149.1.16.a En esto hay un pequeño batiburrillo, una falta de corrección técnica en el proyecto, puesto que en la exposición de motivos se habla de los principios que rigen la ley y, dentro de los principios, además de lo que sí son principios constitucionales, se ha metido el 149.1.16.a, que no es principio sino delimitación competencial. Se ha utilizado una técnica distinta de lo que suele ser práctica, que es el título competencial que se utiliza en los artículos primigenios. Así está hecho en la Ley General de Sanidad, pero con todo es una opción política. En todo caso, el que se diga en la disposición adicional que el título usado es Sanidad y sólo Sanidad, no tiene más efecto que el mero enunciado, puesto que la ley será lo que materialmente es, con independencia de lo que los legisladores digan que es.
Con estas aseveraciones que he hecho, dando por concluida mi intervención, manifestaré que mi grupo está en condiciones de votar a favor el texto de la ley, excepción hecha del apartado 1 c) del artículo 2; del apartado 2 en sus letras a), b) y c); del apartado 2 h), salvo que se altere la redacción que se ha dado respecto de los organismos internacionales; y anunciamos también la abstención al contenido del artículo 4.
Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia.


La señora VICEPRESIDENTA: La señora Castro tenía problemas de tiempo.
¿Va a intervenir ahora o en otro momento?

La señora CASTRO FONSECA: Quiero pedir disculpas porque tengo que ausentarme, tengo pedida una comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. No voy a hacer ninguna valoración en este momento porque tengo que irme, pero sí quiero decir que me parece importante el trabajo que se ha realizado en la Comisión.
Pienso que se ha trabajado con muchísimo rigor, que hemos hecho todos un esfuerzo importante para tratar de llegar a acuerdos, y que como método es el camino indicado. Por tanto, me parece que es bueno que resaltemos que ha habido un buen método de trabajo, con mucho rigor, y desde luego ha habido una inestimable colaboración del letrado de la Comisión, que nos ha facilitado mucho las cosas, a quien quiero personalmente y en nombre de mi grupo agradecérselo.


Mantengo vivas las enmiendas de mi grupo y, como me tengo que ausentar, no les voy a hacer perder más el tiempo.


La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Ante todo mi grupo, como han hecho también otros portavoces, quiere manifestar la valoración positiva al talante que a lo largo de los trabajos de esta ponencia han mostrado los distintos portavoces representantes de todos los grupos en esta Comisión.
Ojalá cundiera esta manera de intentar que prime la voluntad de hallar puntos de encuentro por encima de los de disenso, que muchas veces, a pesar de ser totalmente legítimos, inciden mucho más en poner énfasis en las diferencias que en lo que puede tener de positivo encontrar aquellas cosas que nos son comunes, con las cuales todos estamos de acuerdo, y más sobre todo en un proyecto de ley como éste, que nuestro grupo entendió que nació ya muy mal porque tras ser presentado por el Gobierno, automáticamente, como pasó en un principio, el principal grupo de la oposición y otros grupos de la Cámara anunciaron enmiendas a la totalidad. Nos pareció que era un desastre, por decirlo de forma clara, que en el contexto en que se producía esta iniciativa, donde la preocupación por la seguridad alimentaria en la población era una evidencia, el proyecto de ley

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presentado por el Gobierno y al que se anunciaban enmiendas a la totalidad no sólo no contribuía a tranquilizar a la población sino, más bien al contrario, aumentaba y generaba mucho más una sensación de desconfianza y desconcierto, que obviamente era lo contrario de lo que pretendía este proyecto de ley. Mi grupo tuvo mucho interés en colaborar y podemos decir que fuimos los que promovimos, una vez más, este punto de encuentro. A partir de ahí hubo voluntad de reconducir la situación, tanto por parte del grupo que apoya al Gobierno como de los otros grupos de la Cámara, y el texto de la ponencia que hoy se debate recoge en buena parte la sensibilidad y las enmiendas que propusimos muchos grupos y que dista mucho del que presentó el Gobierno, pero para mejorarlo.
Mi grupo presentó al texto inicial unas enmiendas dirigidas, por un lado, a intentar justificar y definir mejor el objetivo de la Agencia y, por otro, a dejar muy claro que el criterio centralista de la Agencia de Seguridad Alimentaria no tiene por qué estar reñido ni ser contrario a unas competencias que tenemos asumidas las comunidades.
En ningún momento entendíamos que la Agencia debía retrotraer estas competencias, sino coordinar las de las comunidades autónomas con las de otros órganos de la Administración central del Estado. Pensamos que el texto de la ponencia que se trae a debate a la Comisión recoge en buena parte este sentido. De las enmiendas que presentó mi grupo damos por subsumidas todas las que hasta este momento hemos dejado vivas, con excepción de la número 76 al artículo 3. A la espera de ver cómo se manifiesta el portavoz del Grupo Popular, de momento nos abstendremos en el texto de la ponencia, dejando viva nuestra enmienda, porque algún criterio del artículo 3, por ejemplo cuáles van a ser los miembros del comité directivo o por qué son cuatro los representantes de las comunidades autónomas -mi grupo pedía seis- , nos parece que delimita mucho el contenido de estos órganos de dirección, entra mucho en un aspecto reglamentista y consideramos que este criterio no está justificado. Por consiguiente, señora presidenta, a pesar de manifestar que mi grupo considera subsumidas el resto de las enmiendas que hemos presentado y de nuestra adhesión al texto en su gran mayoría, por decirlo de alguna manera en un 80 por ciento, dejamos esta cuestión pendiente de que pueda ser aclarada en este trámite y si no en el Pleno. Agradecemos, como han hecho otros grupos, el trabajo, la colaboración y la ayuda que nos ha prestado en todo momento el letrado de la Comisión. Esperamos que, al final, este proyecto de ley influya de manera positiva para que un problema que durante esta legislatura ha sido uno de los más importantes para la salud pública, que ha generado un debate social y mediático muy importante, pueda salir con el mayor consenso posible y sirva para devolver a la ciudadanía la confianza que deben tener en los distintos órganos competenciales de las administraciones del Estado y, cómo no, del Parlamento, buscando un amplio consenso para que la seguridad alimentaria sea una de las prioridades del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos. Esperamos con esta voluntad servir de acicate, de aliciente, y ser líderes en los órganos competentes europeos, ya que en materia de seguridad alimentaria valen pocos inventos. Lo que hay que hacer es coordinar políticas de salud que tranquilicen a todos los ciudadanos, no sólo del Estado español sino del entorno europeo, que se reconduzca lo que hasta ahora muchas veces parece un sin sentido, es decir, que lo que se admite en un Estado de nuestro entorno europeo en otro no. Debemos ser conscientes de que la importancia de la Agencia de Seguridad Alimentaria lo es a nivel español, pero también tiene que ser una agencia que trabaje coordinada y dependiente de las directivas y reglamentos que salgan de la Unión Europea, porque en la salud de las personas en cuanto a seguridad alimentaria las únicas directivas y los únicos reglamentos que llegan a tener sentido son aquellos que nos unen como europeos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Antes de entrar a valorar el proyecto de ley y de defender de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, quería hacer algún comentario sobre lo expresado por la señora Uría en su intervención. Quiero negar radicalmente que se haya hurtado el debate y parte del articulado en los trabajos de la ponencia. El Grupo Parlamentario Socialista, al igual que el resto de los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Vasco, han tenido las mismas oportunidades para elaborar una serie de enmiendas al proyecto de ley que presentó el Gobierno en esta Cámara, al que me referiré más adelante. Las oportunidades han sido las mismas, el trabajo desarrollado por cada uno de los grupos en la elaboración de las enmiendas presentadas a ese texto han sido las que han sido y el trabajo que se ha desarrollado en la ponencia ha permitido poner de manifiesto que no se ha hurtado ningún debate ni ningún contenido del texto al mismo, sino que ha existido la oportunidad de debatir ampliamente el contenido de esas enmiendas presentadas por el conjunto de los grupos políticos en base, es cierto, a las enmiendas presentadas, alguna de carácter común y otras no, por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
Entrando a analizar el proyecto de ley que debatimos en esta Comisión de Sanidad, las recientes crisis de seguridad alimentaria que hemos vivido en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea han puesto de manifiesto la carencia de políticas de seguridad alimentaria que padecemos, que han supuesto una pérdida de confianza de la sociedad en la inocuidad de los alimentos y en las administraciones públicas que deben garantizarla.


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De todo ello se desprende que se hace necesario un profundo replanteamiento de las políticas de seguridad alimentaria que permitan afrontar los problemas asociados a la cadena de alimentos con los mayores márgenes y cuotas de seguridad posible. De ahí que la Unión Europea pusiera en marcha la elaboración de un libro blanco sobre seguridad alimentaria con la idea de redactar el proyecto de la agencia de seguridad europea basada en el análisis de riesgos alimentarios bajo la triple consideración de la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos como la herramienta más adecuada para promover los niveles de protección y de confianza entre los consumidores.
El Grupo Parlamentario Socialista, consciente de las carencias existentes en nuestro país y de la importancia que tenía la creación de una agencia de seguridad alimentaria, estuvo solicitándolo reiteradamente desde 1996, pero hasta junio de 1999 el Grupo Parlamentario Popular no apoyó en esta Cámara una resolución pidiendo la creación de la agencia española. Así y todo, no hemos visto la presentación de este proyecto de ley hasta finales de diciembre de 2000, cuando había estallado la crisis de la encefalopatía, la mayor crisis de seguridad alimentaria sufrida en nuestro país desde el envenenamiento del aceite de colza. En ese momento el Gobierno se vio urgido a adoptar una serie de medidas para garantizar la salud pública de sus ciudadanos y recuperar la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos y en la gestión del Gobierno de la nación en esta grave crisis.
Este proyecto de ley, redactado con premura y con falta de previsión, se presentó en esta Cámara sin el necesario debate previo y sin el conocimiento y el consenso suficiente entre las distintas fuerzas políticas, las administraciones autonómicas y locales y los sectores afectados, asociaciones de consumidores y sectores económicos referidos fundamentalmente a la producción, a la distribución y a la transformación agroalimentaria. Un proyecto de ley que carecía, desde nuestro punto de vista, de los principios de actuación y de las líneas directrices imprescindibles para que la Agencia española fuera equiparable a las existentes en el resto de los países miembros de la Unión y al propio proyecto de agencia europea sobre el que se estaba trabajando y, por tanto, incapaz de convertirse en un elemento fundamental de contribución desde nuestro país a la construcción de la seguridad europea en el marco de la Unión. Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Socialista elaboró un texto alternativo a este proyecto de ley que sirvió de base para la discusión y negociación con el Gobierno y con el Grupo Popular, lo que ha permitido llegar a acuerdos y modificaciones sustanciales sobre el texto original a través de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario; enmiendas en gran medida coincidentes en sus líneas generales con las que han presentado otros grupos parlamentarios, lo que ha permitido afortunadamente realizar en la ponencia un trabajo muy importante de acercamiento de posiciones y llegar a puntos de coincidencia y de acuerdo entre los distintos grupos políticos sobre los principios, las funciones y las directrices sobre las que ha de regirse la Agencia de seguridad española. Nuestro grupo ha hecho un gran esfuerzo por lograr este consenso con la convicción de que nuestro país, sobre todo nuestros ciudadanos, no podía ver perdida la oportunidad de dotarse de un instrumento imprescindible y eficaz para garantizar de una manera integral, desde la producción hasta el consumo final, la seguridad y la calidad de los alimentos; de gestionar tanto las situaciones de normalidad como las de crisis o emergencia que puedan presentarse; de tener un organismo que basado en los principios de independencia, autonomía funcional, transparencia y excelencia científica tenga la suficiente capacidad de coordinar las políticas de seguridad alimentaria entre las administraciones del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre los que está repartido el ámbito competencial en materia de salud pública y de consumo. Estos son los principios que deben impregnar este organismo y que son irrenunciables en el modelo socialista de agencia de seguridad alimentaria. En este sentido, lógicamente, han ido nuestras enmiendas, que han mejorado, como decía anteriormente, sustancialmente el texto, junto con las aportaciones de los otros grupos políticos.
A la exposición de motivos hemos presentado cuatro enmiendas que han sido aceptadas en su integridad y que se refieren a reconocer que la seguridad alimentaria, además de una exigencia constitucional, es una obligación de los poderes públicos y una exigencia de los ciudadanos para que prevalezca sobre cualquier otro tipo de intereses. Se contempla también en estas enmiendas la necesidad de un profundo replanteamiento de la política de seguridad alimentaria que permitiera afrontar los problemas que puedan asociarse a la cadena con mayores cotas de seguridad. Se refieren también a la consideración de la Agencia como ese elemento fundamental dentro de la construcción europea de la seguridad alimentaria que debe obedecer a esos mismos principios que han dado lugar a organismos similares en los países miembros de la Unión. También se prevé que, transcurrido un tiempo suficiente desde la constitución de la Agencia, se procederá a un análisis de su funcionamiento por si fuera conveniente dotarla de un mayor ámbito de autonomía funcional del que se le reconoce en el texto del proyecto de ley.
En la enmienda al artículo 2, sobre objetivos y funciones de la Agencia, hemos querido resaltar que se crea con el objetivo general de promover la seguridad alimentaria como un aspecto fundamental de la salud pública y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y a los agentes económicos del sector agroalimentario.
Por otra parte, hemos ampliado y definido las funciones y los ámbitos de actuación de laAgencia en los apartados a, f, g, j, k, n, ñ, p y q contenidos

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en la enmienda número 46 al proyecto de ley del Gobierno. En algunos de ellos, el a, g y q, existen diferencias de redacción con nuestra enmienda, ya que el Grupo Popular quiere darle un carácter más generalista y más descafeinado, desde nuestro punto de vista, a las funciones a que hacen referencia estos apartados.
Las enmiendas a los artículos 3 y 4 que ha presentado nuestro grupo, las números 48, 49 y 50, configuran los órganos de funcionamiento de la Agencia y la naturaleza y la composición de los mismos, a los que les hemos dado la máxima importancia. Así, se establecen como órganos de la Agencia el consejo de dirección, la comisión institucional, el consejo consultivo, un comité científico y el director ejecutivo, excluyéndose de manera expresa de órganos de la Agencia al presidente de la misma, lo cual sirve para aclarar en alguna medida las dudas que se planteaba el Grupo de Coalición Canaria ante la redacción de los siguientes artículos referidos sobre todo a la comisión institucional y al consejo consultivo, en los que aparece como presidente de estos órganos el presidente de la Agencia, y en las enmiendas que nosotros mantenemos aparece como presidente de la comisión institucional y del consejo consultivo el director ejecutivo de la Agencia y no el presidente de la misma, precisamente por no darle ese carácter de órgano más presidencialista de la Agencia que el Grupo Popular quiere mantener. El consejo de dirección estará formado por personas de reconocida solvencia profesional, según nuestra enmienda, por un mandato de cuatro años y será nombrado por el Gobierno de la nación y por las comunidades autónomas, en igual número, por las corporaciones locales, por el Consejo de Consumidores y Usuarios y por los operadores económicos del sector de producción, transformación y distribución. En estos artículos, como digo, existen diferencias con las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y recogidas en ponencia en el texto del proyecto de ley. No podemos estar de acuerdo en que se incluyan uno o dos vicepresidentes como miembros de más del consejo de dirección de la Agencia. Los presidentes o vicepresidentes que haya, desde nuestro punto de vista -y así se recoge en las enmiendas del Grupo Socialista- deben elegirse de entre los miembros del consejo de dirección y no sumar de más a los presentados por el Gobierno de la nación. Proponemos, además, que se amplíen en dos los miembros nombrados por los consumidores y usuarios y en otros dos los propuestos por los operadores económicos, en lugar de uno y uno como propone el Grupo Popular. Desde luego, no podemos estar de acuerdo de ninguna de las maneras en que todos los miembros del consejo de dirección propuestos por el Gobierno y por el resto de las instituciones no tengan igual tiempo de mandato. La propuesta de la enmienda presentada por el Grupo Popular, aceptada por la ponencia, recoge la excepción de que los miembros propuestos por los distintos departamentos ministeriales del Gobierno estén exentos de un mandato determinado, mientras que el resto de los miembros propuestos por comunidades autónomas, corporaciones locales, Consejo de Consumidores y operadores económicos tendrán un mandato de cuatro años renovable.
La comisión institucional, desde nuestro punto de vista -y así se recoge en nuestras enmiendas- es el órgano encargado de establecer los mecanismos eficaces de coordinación y de cooperación entre las administraciones públicas con competencia en seguridad alimentaria que se han visto tan necesarias y tan imprescindibles y se ha mostrado ante los ciudadanos como uno de los principales fallos en la última crisis que estamos aún viviendo y gestionando de seguridad alimentaria de las encefalopatías espongiformes bovinas. El consejo consultivo es el órgano de participación activa de la sociedad en la Agencia de Seguridad Alimentaria y está compuesto por representantes de las organizaciones de consumidores y de las organizaciones económicas, profesionales y sociales, que tendrán cabida de esta manera para poder hacer oír su voz en la Agencia española. El comité científico proporcionará a la Agencia dictámenes científicos y definirá el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para sus funciones coordinará los grupos de expertos y su composición tendrá en cuenta la diversidad de disciplinas que requiere el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria en un mundo tan complejo y con avances científicos tan importantes y tan rápidos para los que se necesita un trabajo en red entre los distintos comités científicos que operan en nuestro país, como en el resto de países de la Unión Europea y del ámbito internacional. El comité científico, por tanto, tendrá esas funciones de cooperación, de representación y de relación en los ámbitos nacional e internacional.
En las siguientes enmiendas hemos definido y relacionado los principios específicos de actuación de la Agencia, basados en la transparencia y en la comunicación a los ciudadanos, que tendrán acceso a los dictámenes científicos y a los acuerdos tomados por el consejo de dirección de la Agencia. Asimismo, la Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población, especialmente en las situaciones de crisis alimentaria, para las que elaborará un plan general de comunicación de riesgos. El consejo de dirección presentará a las Cortes, al Gobierno de la nación y a los gobiernos de las comunidades autónomas los programas de actividades y la memoria de gestión de la Agencia. Nos parece importante haber planteado esta posibilidad para que haya una incardinación y una relación permanente de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no sólo con los órganos directos de gestión y de dirección de la Agencia, a través de la participación de los miembros nombrados por estas instituciones, sino también por el hecho de que la Agencia tenga que elevar a los gobiernos autónomos y al Congreso de los Diputados para su

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conocimiento los trabajos, los planes de actuación y las memorias relativas a sus actuaciones a lo largo del año. En este sentido y dentro de este artículo de los principios de actuación de la Agencia, el Grupo Socialista presenta una enmienda in voce que se añadiría al final de este apartado y que desde nuestro punto de vista vendría a reforzar la capacidad de autoridad moral de la Agencia, ya que el contenido de la redacción que se propone puede ser ejercida de oficio por cualquier administración del Estado. Diría así: La Agencia de Seguridad Alimentaria, cuando en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella tuviera noticias de un hecho que pudiera revestir carácter de delito, procederá a ponerlo en conocimiento inmediato del ministerio fiscal. Como decía antes, este es un elemento que puede ser ejercido de facto por cualquier organismo público o cualquier institución, que no sobra recalcar y precisar en el articulado de la ley que estamos debatiendo y que se aprobará próximamente por esta Cámara. Por otra parte, a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista se encomienda a la Agencia la coordinación de las redes de alerta alimentaria existentes en el Estado y será la responsable de su integración en el sistema comunitario internacional de alerta alimentaria. En las situaciones de crisis y de emergencia se establecerá un plan específico para cada crisis y constituirá un comité de crisis y emergencia específico en cada caso, dotándolo de los medios necesarios para la coordinación de las actuaciones que se precisen. En cuanto a la financiación de la Agencia, hemos planteado la eliminación, dentro del texto inicial presentado por el Gobierno, de la posibilidad de que reciba financiación externa de carácter privado, asegurando de esta manera la financiación estrictamente pública para que no haya lugar a dudas de que es un organismo de esta naturaleza.
La enmienda 58 de mi grupo parlamentario hace referencia -y no ha sido recogido en el texto de la ponencia- a la necesidad de que a la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno encomiende a un grupo de expertos la elaboración de un informe que sirva de base a la redacción del proyecto de estatuto de la Agencia, informe que será hecho público como documento de consulta por todos los sectores implicados y, por supuesto, por el propio Congreso de los Diputados.
De esta manera creemos que el estatuto que salga, que se tendrá que aprobar y redactar (nosotros apoyamos lo planteado por Coalición Canaria en el sentido de que sea conocido por esta Comisión de Sanidad previamente a su aprobación), será un elemento de trabajo importante desde nuestro punto de vista antes de la redacción definitiva del estatuto que regule el funcionamiento de la Agencia.
La enmienda número 59, que tampoco ha sido recogida en el texto de la ponencia, hace referencia a que transcurridos tres años desde la constitución de la Agencia -lo que en parte se recoge en la exposición de motivos pero que desde nuestro punto de vista debía recogerse en el texto articulado de la ley- se procederá a un análisis del funcionamiento de la misma con el fin de que se pueda proceder, en su caso, a darle un mayor ámbito de competencia funcional a este organismo, tal como recoge la disposición adicional décima de la Ley 6, de 14 de abril de 1997, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado. La Agencia debe ser un organismo que tenga una amplia capacidad de funcionamiento -y así lo planteamos- porque es lo que le dará mayor credibilidad y autoridad moral ante las distintas administraciones públicas, ante los sectores afectados, consumidores y sectores económicos, y sobre todo ante el conjunto de los ciudadanos, que tienen en gran medida perdida la confianza en las administraciones públicas por las crisis alimentarias que se han sufrido últimamente.
Termino ya, señora presidenta. Resumiendo, las aportaciones del conjunto de los grupos políticos al texto inicial presentado por el Gobierno de este proyecto de ley han sido de gran valía. Creo que se ha hecho un buen trabajo en la ponencia y que afortunadamente, como decía al principio, el texto que espero que salga finalmente aprobado por las Cámaras sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria nos va a permitir tener un organismo homologado con los similares que tienen los Estados miembros de la Unión Europea y el propio organismo que creará la Unión Europea. Cree el Grupo Socialista que el papel que debe hacer nuestro país a través de esta Agencia debe ser de la mayor importancia en la coordinación y en las aportaciones a la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos en el proceso integral desde la producción a la mesa y del trabajo en red, que debe entenderse desde estos momentos la única forma de asegurar al ciudadano la inocuidad y la calidad de los alimentos que van a consumir.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Pozuelo, le ruego que haga llegar el texto de su enmienda in voce a la Mesa para facilitar la votación.
Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor Castillo.


El señor CASTILLO JAÉN: En primer lugar, quiero decir que coincido con mis compañeros de ponencia y portavoces de los diferentes grupos en la gran responsabilidad política, el deseo y la capacidad de acuerdo en el texto que hoy debatimos. Manifestar que el texto inicial que recibimos del Gobierno al texto final hay una gran diferencia, como decía la señora Uría, nosotros no lo consideramos un engaño. Los ponentes del Grupo Popular, en el primer contacto que tuvimos con el ministerio sobre el texto, le hicimos saber que seríamos los primeros en presentar bastantes enmiendas, como así ha sido, de las 125 enmiendas presentadas por los grupos. Se ha hecho un esfuerzo de incorporación de filosofías diferentes en una ley que va a tener gran

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trascendencia para la vida de los españoles. A nuestro entender, esta ley va a suponer un punto de inflexión en la defensa del consumidor.
De aquí -estoy seguro, señorías- nacerán otros organismos de seguridad en otros ámbitos del consumo, como automóviles, cosmética, transportes públicos. Me consta la importancia de esta ley puesto que va a ser un punto de inflexión para nuevas creaciones en el ámbito de la seguridad del consumidor. Creo que se ha hecho una ley importante y además una ley buena. El Parlamento, con la aprobación de esta ley, dotará a las diferentes administraciones públicas de un instrumento oportuno e imprescindible para la defensa de la salud de los consumidores. Hemos querido crear una agencia estatal fuerte, una agencia estatal que sirva de instrumento de evaluación, de gestión y de comunicación de riesgos, siempre dentro de la transparencia que hemos querido dar a esta ley.
El articulado de esta ley quizá sea más propio de un desarrollo estatutario o de un desarrollo reglamentario, pero así lo hemos querido todos en aras de esa transparencia a la que aludía anteriormente, en la que no hay nada oculto. Respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas, sin dejar a la Agencia en un mero ente de recomendación, sino dotándonos de un marco nacional de referencia que garantice la salud de los consumidores; respeto también a las decisiones comunitarias al haber recogido las directrices emanadas de las dos directivas comunitarias últimas relativas a este tema.
Voy a responder a algunas de las cuestiones planteadas por los diferentes grupos. Al representante del Bloque Nacionalista Galego he de decirle que el respeto a las competencias de las diferentes comunidades autónomas ha sido exquisito. Hemos hecho un gran esfuerzo para asumir algunas de las enmiendas tanto de su grupo político como del resto del Grupo Mixto. Nos hubiese gustado haber podido debatir con su grupo en la ponencia pero no ha sido posible, quizá por la dimensión del mismo.
A la señora Julios he de decirle que el texto refundido que nos presenta en sus enmiendas números 88, 89, 91 y 92 ya está perfectamente recogido en el proyecto que hoy debatimos en los apartados f), g), h) y t). Respecto a la manifestación de la señora Julios en el sentido de que no tiene claro la presidencia de la Agencia o que pueda haber confusión, le remito al punto 1, letra b) 1. del artículo 4, que dice textualmente: El presidente del consejo de dirección de la Agencia, que ostentará la presidencia del organismo. Creo que con ello le despejo algunas de las dudas que tenía.
A la señora Uría quiero decirle de manera categórica que no comparto en absoluto la afirmación que hace sobre la ausencia de oportunidad igualitaria en el debate. Ella ha participado de manera activa en las diferentes reuniones de la ponencia y rechazo que diga que se ha intentado ocultar algo puesto que ha existido una total transparencia que yo nunca he tenido oportunidad de ver en ponencia durante el tiempo que llevo en este Congreso. La enmienda número 29, del Grupo Vasco, no la aceptamos puesto que consideramos que interactuar sugiere que la Agencia, más que coordinar, interactuaría con otras entidades análogas en el propio territorio nacional, lo cual no se compadece con un centro que todos queremos sirva de referencia y sea unitario a estos efectos. Todo lo que viene a aportar está recogido principalmente en el artículo 2.1 a), 2.1 c) y 2.2 a) del texto resultante de la ponencia. La enmienda número 30, también del Grupo Vasco, no nos es posible aceptarla puesto que el término programar que figura en el proyecto y que se pretende modificar se refiere a la responsabilidad del Estado frente a organismos supranacionales o internacionales que, en virtud de actos normativos vinculantes, requieren de aquél tal programación.
Entendemos que las razones de fondo expresadas en la enmienda, que podrían compartirse si el significado del término no fuese el que se acaba de exponer, quedan adecuada y suficientemente salvaguardadas por las reiteradas menciones al marco competencial vigente recogidas en todo el proyecto. Respecto a la número 31, reiteramos que no renunciamos a la palabra instar sustituyéndola por proponer. Como ya se comentó en varias ocasiones en la ponencia, queremos seguir teniendo un marco competencial e intentar mejorar los elementos que se han demostrado insuficientes e inadecuados. Como hemos dicho anteriormente, esta ley nace para suplir algunas deficiencias aparte de unificar. Respecto a la número 32, consideramos que no aporta nada e incluso podría llegar a confundir un poco la claridad del texto.
En cuanto al artículo 3, no aceptamos la enmienda número 33, del Grupo Vasco, porque creemos que entra en colisión frontal con el modelo organizativo que ha merecido el consenso de la ponencia.
En el artículo 4 quedan vivas las enmiendas número 51 y 53, del Grupo Socialista. En la ponencia ya hemos debatido todo lo relativo a estas cuestiones y no tenemos nada que añadir.
Al artículo 10 se mantiene viva la enmienda número 58, del Grupo Socialista. No admitimos la inclusión de un nuevo apartado 5, tal como propone, para la creación de un grupo que prepare un informe que sirva de base para la elaboración del proyecto de estatuto. El estatuto será aprobado por decreto y en su tramitación administrativa se asegura la participación e intervención de todas las partes interesadas, por lo que no lo consideramos oportuno. Además, creemos que el punto 2 ha sido integrado completamente en ponencia y, por tanto, no admitimos la adición de un nuevo punto 5.
Respecto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero destacar, como de costumbre, el buen hacer profesional y político de su representante, señora Riera. Sus enmiendas han sido subsumidas en diferentes partes del texto y sólo queda viva la número 76, al artículo 3, que no podemos aceptar, porque se

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produciría un desequilibrio en la composición del órgano denominado junta directiva, con una presencia de administraciones territoriales netamente superior a la de miembros propuestos por el Gobierno del Estado, aspecto que no cabe aceptar en una agencia estatal. Las comunidades autónomas se encuentran perfectamente representadas.
Recuerdo que en la ponencia añadimos las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla y, por tanto, consideramos nuestra posición de manera firme.
Para terminar, quiero dejar constancia, a modo de epílogo, de la disposición final del texto de la ponencia, refrendado por todos los grupos. Dice literalmente: La ponencia desea hacer constar, por último, que ha llevado a cabo un trabajo en el que se han podido aunar muchos criterios para alcanzar un importante grado de convergencia entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, resultado que entiende positivo y espera que obtenga el respaldo de estas Cortes.


La señora VICEPRESIDENTA: Antes de proceder a la votación, vamos a ordenar las enmiendas, ya que algunos grupos han pedido la votación separada de algunas de estas enmiendas y del texto propuesto por la ponencia. ¿Alguien desea alguna aclaración? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: El señor letrado me hace señas de que ya está recogida la petición de mi grupo parlamentario de que se vote por separado el actual artículo 4 del texto de la ponencia.


La señora VICEPRESIDENTA: Durante diez minutos, la Mesa va a proceder a la ordenación de las enmiendas y seguidamente votaremos.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, vamos a votar de forma conjunta las enmiendas de los grupos parlamentarios y luego aquellas cuya votación se ha pedido a la Mesa que se haga por separado. A continuación, votaremos el texto propuesto por la ponencia teniendo en cuenta la votación separada solicitada expresamente por los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Coalición Canaria. Enmienda número 107 y enmiendas transaccionales números 1, 3, 4 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 2 de Coalición Canaria, que sometemos a votación con el siguiente texto que ha sido facilitado a la Mesa.


El señor LETRADO: El texto consta de un apartado e) nuevo al artículo 4.2, que diría: La organización y funcionamiento de la Comisión institucional se establecerá reglamentariamente.


Efectuada la votación, dijo.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas del Partido Nacionalista Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 15.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.


A continuación, se votarán las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 15.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la enmienda 76, del Grupo de Convergència i Unió, propuesta al artículo 4 del texto de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional in voce del Grupo Socialista a la número 6, cuyo texto se ha distribuido a SS.SS.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, tres.


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La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votación del resto de las enmiendas vivas del Grupo Socialista, a saber las números 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58 y 59.
Señora Pozuelo, ¿es así? (Asentimiento.) Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia, con votación separada de las enmiendas que les han sido facilitadas a la Mesa y que SS.SS. tiene recogidas en el resumen de votaciones que se les ha entregado.
Votación separada pedida por el Grupo Vasco, PNV, a los artículos 2.1.c) y 2.2.a), b) y c). (Pausa.)

La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, me gustaría saber si estamos votando el texto de la ponencia entero o excepcionadas las partes que algunos no queremos votar.


La señora VICEPRESIDENTA: Excepcionadas las partes. Votamos los artículos que S.S. ha pedido separadamente y que acabamos de leer.
Repito que vamos a votar los artículos del texto de la ponencia cuya votación se ha solicitado aparte y que son los artículos 2.1.c) y 2.2.a), b) y c).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, uno.


La señora VICEPRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votación separada, pedida por el Grupo Socialista, de los artículos 2..2.q); 4.1; 4. 2.c); 4.5.a) y b).
Señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Hemos pedido también votación separada de las letras a) y q) del artículo 2.2.


La señora VICEPRESIDENTA: La letra a) del artículo 2.2 ya se ha procedido a su votación, porque también lo había solicitado el Grupo Vasco. (Rumores.)

Señorías, un momento. Quede claro que por la dificultad del texto hay algún error y que podemos anular la votación sólo en lo que se refiere al artículo 2.2.a), porque coincidía la petición del Grupo Vasco, PNV, con la del Grupo Socialista. Sólo y exclusivamente para ese apartado votaremos en este momento. ¿Están de acuerdo los grupos? (Pausa.)

El señor MINGO ZAPATERO: Perdón, señora presidenta.


Si hemos hecho una votación que es correcta en relación con la petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), podemos dividir esta votación del Grupo Socialista en dos distintas.


La señora VICEPRESIDENTA: Señor Mingo, esto es lo que propone la Presidencia, hacer extrapolación solamente de ese artículo y votarlo.
Se vota exclusivamente el artículo 2.2.a). Votación separada pedida por el Grupo Socialista que también había solicitado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que se incluyó antes con todo el bloque de peticiones separadas que pedía el Partido Nacionalista Vasco. Repito que queda anulada sólo y exclusivamente para ese artículo, y procedemos a la votación del artículo 2.2.a).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos a la votación de los artículos 2.2.q); 4.1; 4.2.c); 4.5.a) y b), solicitados por el Grupo Socialista.


La señora POZUELO MEÑO: Le agradecería votación separada, por una parte, del artículo 2.q) junto con el artículo 4.1, 4.5.a) y b); y, por otra parte, del artículo 4.2.c).


La señora VICEPRESIDENTA: Procedemos a la votación de los artículos 2.2.q); 4.1; y 4.5.a) y b).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado el texto de la ponencia.
Procedemos a la votación separada del artículo 4.2.c) solicitada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del artículo 4 del texto propuesto por la ponencia.
(El señor Mingo Zapatero pide la palabra.) Señor portavoz del Grupo Popular ¿Qué desea?

El señor MINGO ZAPATERO: Pensaba que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quería votación separada del artículo 4.


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La señora VICEPRESIDENTA: Del resto del artículo 4 que no se ha sometido a votación.
Señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Mi grupo ha pedido votación separada del artículo 4 en su conjunto, pero como otros grupos han pedido votación separada de parte del citado artículo 4, se produce un solapamiento de votaciones. Aprovecho este turno que me ha concedido para dejar claro que al haber votado, a petición del Grupo Socialista en la misma votación, parte de los artículos 2 y 4, mi grupo no ha podido discriminar lo que sí comparte del texto de la ponencia del artículo 2 con lo que no comparte del artículo 4. No le damos mayor trascendencia, pero quisiéramos dejar claro, si la presidenta me lo permite, que mi grupo solicita votación separada del artículo 4 en su integridad.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Riera, parte del artículo 4 ha sido ya votado separadamente. En cuanto al resto de la votación de dicho artículo, vamos a realizarla ahora.
Aclarado lo referente al artículo 4, votación propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el resto del artículo 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, cuatro.


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.
Vamos a someter a votación el resto del texto que no ha sido objeto de votación.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Queda dictaminado el proyecto de ley, de lo que se dará cuenta inmediata a la señora presidenta de la Cámara para su sometimiento al Pleno.
Quiero dar las gracias a todas las señoras y señores diputados por su contribución a los debates porque ha sido un texto consensuado y tratado, como ha quedado claro en la Comisión, con suma elegancia y generosidad por todos los grupos. Señorías, quiero recordarles que el mantenimiento de enmiendas para el Pleno deberá efectuarse por escrito en el plazo de 48 horas, conforme al artículo 117 del Reglamento. Esta Comisión se reunirá de nuevo el próximo miércoles 9 de mayo, a las 10 horas. Aunque sea una semana un poco peculiar en la Cámara, ya estaba prevista la convocatoria, por la reunión de Mesa y Portavoces.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.

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