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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 217, de 24/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES CONGRESO DEL DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 217

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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 2921 a la 2948. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease "DS. Congreso de los Diputados" Comisiones, núm. 285) *********************************************************************

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARGARITA MARISCAL DE GANTE

Sesión núm. 7

celebrada el martes, 24 de abril de 2001

Página

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición. (Número de expediente 121/000021) ... (Página 6522)

Comparecencia del señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez) para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente214/000057) ... (Página 6522)

Decisión sobre la celebración de la siguiente comparecencia:

- Del señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez) para que informe sobre el actual modelo audiovisual desde el punto de vista del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000364) ... (Página 6546)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN. (Número de expediente 121/000021)

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Vamos a comenzar la Comisión, de cuyo orden del día tienen ustedes perfecto conocimiento. Con carácter previo a la comparecencia del señor ministro y a su bienvenida a esta Comisión, quisiera poner en conocimiento de los miembros de la misma si no hay inconveniente en que se ratifique por unanimidad la ponencia designada para informar el proyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de petición.
¿Existe algún inconveniente? (Pausa.) Queda ratificada la ponencia designada.


COMPARECENCIA DELSEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (LUCAS GIMÉNEZ) PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO, A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000057)

La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, como saben SS.SS. tenemos la comparecencia del ministro de la Presidencia, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de su departamento.
En primer lugar, y creo que como expresión de todos los miembros de la Comisión, quisiera dar la bienvenida al señor ministro y agradecerle su pronta comparecencia ante esta Comisión. Sin más, señor ministro, tiene el uso de la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora presidenta.
Señorías, he querido comparecer hoy ante esta Comisión para explicarles las principales líneas de actuación de mi departamento en esta intervención que, independientemente de cualquier otro aspecto puramente político, tiene para este ministro cierto aire de recuerdo y de nostalgia dada mi condición durante dos legislaturas de diputado nacional y por consiguiente miembro de la Cámara Baja.
Quisiera comenzar mi comparecencia expresándoles mi más absoluta disposición para con SS.SS. y mi deseo de que esa disposición se transforme en una colaboración eficaz y provechosa entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio que tengo el honor de dirigir.
Tengan SS.SS. la seguridad de que será una de las prioridades al frente del Ministerio.
No hace mucho, creo que no llega a un año, que el anterior ministro de la Presidencia, don Mariano Rajoy, comparecía ante esta Comisión para explicar la política del departamento. Entonces, el ministro de la Presidencia comparecía también en calidad de vicepresidente primero del Gobierno; por ello, el hecho de que yo comparezca únicamente como ministro de la Presidencia nos permitirá sin duda tratar los temas específicos del departamento con algo más de detenimiento.
Voy a estructurar mi comparecencia siguiendo los sectores de actuación integrados en el Ministerio. Haré referencia en primer lugar a las funciones -que tanto tienen que ver con esta casa- dependientes de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, a continuación me referiré a la Subsecretaría para terminar analizando los organismos autónomos dependientes del Ministerio, es decir el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Boletín Oficial del Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Patrimonio Nacional. Hecha esta breve introducción, voy a comenzar, como les he anunciado, refiriéndome a las funciones propias de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, fundamentalmente del programa legislativo del Gobierno y de las relaciones de éste con las Cortes Generales.
En el debate de investidura que se celebró en esta Cámara hace casi un año el presidente del Gobierno hizo un repaso de lo que sería la actuación del nuevo Ejecutivo. No eran pocos los retos que entonces se plantearon, como tampoco lo son los logros conseguidos hasta hoy.
En lo que llevamos de legislatura, el Consejo de Ministros ha presentado a las Cortes Generales 31 proyectos de ley, y destaco entre ellos por su especial importancia el del Plan hidrológico nacional, el de estabilidad presupuestaria o el de reforma de la Ley de extranjería. Todos ellos son compromisos que el partido del Gobierno llevó en su programa en las últimas elecciones generales. En este sentido, quisiera hacerles notar que la mayoría absoluta que los españoles otorgaron al Gobierno no supone en ningún caso un abandono del diálogo por parte del mismo. Seguimos manteniendo el mismo espíritu de colaboración y de diálogo de la anterior legislatura, impulsando la misma línea que ya anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura para que ambas Cámaras sean el centro de la vida política nacional. Buena muestra de ello es que todos los proyectos de ley aprobados por las Cortes han contado con el apoyo al menos de dos grupos parlamentarios. El diálogo, pues, ha sido la herramienta que ha caracterizado la política del Gobierno y con la que el Gobierno y el Grupo Popular han forjado amplias mayorías. No tengan SS.SS. ninguna duda de que desde el diálogo seguiremos gobernando para reforzar la importancia del territorio común y de encuentro que son las Cortes Generales.
Como dije en mi comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado el pasado jueves, mi objetivo es favorecer en la medida de lo posible unas más fluidas relaciones entre la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y las Cortes Generales. La buena sintonía entre Ejecutivo y Legislativo -que son, no loolvidemos, dos de los tres poderes que conforman

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nuestro sistema democrático- pasa sin duda por una eficaz labor de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Por ello, me propongo poner en marcha lo que he venido en llamar una política de puertas abiertas; una política de la que quiero que SS.SS., diputados y senadores, sean partícipes manifestando todas aquellas sugerencias y peticiones que sirvan para facilitar el trabajo de SS.SS. y para mejorar la actividad legislativa. Estoy también en la línea de agilizar la tramitación parlamentaria para que las pretensiones de los grupos se contesten en tiempo y en forma.
En lo que se refiere a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sé que los trabajos están muy avanzados y creo que esa es una noticia por la que todos debemos felicitarnos. Confío que en pocas fechas llegarán SS.SS. a un texto definitivo. Creo incluso que en el Pleno que comienza esta tarde ya se ha introducido alguna novedad -mejor de uso que reglamentaria todavía- que redundará en una mayor agilidad de la actividad parlamentaria. Se trata de una reforma largamente perseguida y que estoy seguro traerá indudables beneficios para esta Cámara. No tengo que decirles que el Ministerio de la Presidencia está a disposición de SS.SS. para colaborar en la medida de sus posibilidades a fin de que la reforma del Reglamento llegue a buen puerto.
El Gobierno está cumpliendo -está tratando de cumplir- el compromiso de hacer del Parlamento el centro de la vida política. Así, por citar algunos datos, en menos de un año de legislatura el presidente del Gobierno ha contestado a 47 preguntas orales ante el Pleno del Congreso, los miembros del Gobierno han contestado a 515 preguntas orales en el Pleno, se han debatido 308 proposiciones no de ley en Comisión, 76 en Pleno, 60 interpelaciones, 56 mociones consecuencia de interpelación, 196 preguntas orales en Comisión y se han contestado 8.019 preguntas para respuesta escrita. En cuanto a las comparecencias en Comisión, el Gobierno ha atendido un total de 206, incluyendo la que se está produciendo ahora.
Otro de los avances que se han producido en cuanto a la revitalización de la actividad parlamentaria ha sido la instauración del sistema de comparecencia previa de los candidatos a aquellos puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta, aceptación o nombramiento de las Cámaras. También era un compromiso adquirido en el discurso de investidura. El presidente dejó muy claro entonces que la política del Gobierno sería de mano tendida y de diálogo y muy especialmente tratándose de asuntos de trascendencia nacional o de aquellos que por su especial importancia hicieran aconsejable buscar el consenso. Señorías, no tengan ninguna duda de que mi voluntad es incrementar ese diálogo al que hacía referencia, será uno de los objetivos prioritarios del Ministerio y para ello vamos a potenciar la presencia en las Cámaras de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para que trasladen al Gobierno sus inquietudes y para posibilitar un mayor tráfico de información entre las Cortes y el Ejecutivo.
En cuanto a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia es conocido que desde el punto de vista funcional tiene un doble carácter al desempeñar por una parte las funciones propias de toda subsecretaría, y por otra aquellas relacionadas con la asistencia al área de la Presidencia del Gobierno, los órganos colegiados del Gobierno y al ministro portavoz. Todas estas funciones adicionales la dotan de una naturaleza singular. Con el permiso de SS.SS., intentando a la vez facilitarles una información suficiente y ser lo más sintético posible, señalaré las áreas de trabajo más importantes de la Subsecretaría del Ministerio durante los próximos meses. Estas áreas son: el impulso de actualización legislativa y calidad normativa, la atención a los compromisos internacionales en el ámbito de la Unión Europea y de los países iberoamericanos, la extensión de las nuevas tecnologías, la actividad del Ministerio en materia de publicaciones, la mejora de la calidad de los servicios, y por último las actuaciones relacionadas con el reconocimiento a la víctimas del terrorismo.
Siguiendo este esquema, quiero destacar en primer lugar el impulso a determinados proyectos incluidos en el programa legislativo del Gobierno y las medidas dirigidas a garantizar la calidad normativa.
Entre los primeros, quisiera subrayar por su indudable relevancia el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición, que pretende desarrollar este derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna, derogando así la regulación preconstitucional contenida en la Ley 92/1960, de 22 de diciembre. En este ámbito es innegable que si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido adecuando la normativa vigente tanto al marco constitucional como a la realidad social, estarán de acuerdo SS.SS. en que es necesario un nuevo desarrollo legislativo de este derecho fundamental. Confío en la buena disposición y en el buen hacer de SS.SS. para que en la ponencia que está a punto de comenzar sus trabajos se consiga el consenso formal y material que permita disponer en el plazo más breve posible de una nueva regulación del derecho de petición.
Por lo que se refiere a la calidad normativa a que he aludido, el Ministerio de la Presidencia tiene previsto elevar al Consejo de Ministros un proyecto de acuerdo que contenga los criterios que deberán tener presentes todos los departamentos para la elaboración de disposiciones de carácter general. La claridad, certeza y simplificación normativa son el objetivo principal de este acuerdo que abordará prioritariamente la complejidad del proceso de trasposición del derecho comunitario. Señorías, en el ámbito internacional el Ministerio cuya titularidad ostento, está integrado en lo que se llama Red Iberoamericana de ministros de la Presidencia y equivalentes, que constituyen una de las redes ministeriales surgidas y propiciadas por la dinámica cooperación marcada por las cumbres iberoamericanas de jefesde Estado y de Gobierno. La participación española en

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esta red, cuya próxima reunión se celebrará en Argentina el próximo mes de septiembre, será objeto de una atención prioritaria ya que considero imprescindible reforzar los lazos con Iberoamérica, apoyar los procesos de reforma administrativa y consolidación de los sistemas democráticos de estos países y -no quiero dejar de mencionarlo- aprender también de la experiencia de otros en asuntos que a todos nos atañen. También en el ámbito internacional, quiero señalar que en el anteproyecto de presupuestos del departamento para el ejercicio 2002 se incluirán importantes consignaciones presupuestarias para hacer frente a los gastos derivados de la Presidencia española de la Unión Europea.
En materia de sistemas de información y nuevas tecnologías, estamos comprometidos en el impulso y modernización de la red interministerial, es decir la que conecta los distintos ministerios con el de Presidencia y cuya mejora tiene una especial repercusión en la tramitación de asuntos ante la Comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios, así como en la publicación de las normas y disposiciones de carácter general en el BOE. La mejora a la que me he referido, está sustancialmente unida al proyecto de implantación de la firma electrónica como sistema general de envío de los asuntos tramitados ante los órganos colegiados del Gobierno.
En cuanto a las publicaciones oficiales, el Ministerio de la Presidencia tiene un decisivo papel en la planificación y coordinación de las 3.685 publicaciones programadas por la Administración general del Estado, a través de la Junta de coordinación de publicaciones oficiales, órgano colegiado de carácter interministerial al que estoy decidido a prestar una especial atención. La calidad de los servicios es una prioridad básica que orientará las actuaciones del departamento en general y de la Subsecretaría en particular, puesto que su papel fundamental es facilitar la actividad de todos aquellos órganos a los que se presta su asistencia. A tal fin pretendo seguir las recomendaciones incorporadas al Libro Blanco para la calidad de los servicios públicos, elaborado y presentado al final de la anterior legislatura.
Señorías, necesariamente debo hacer referencia a las actuaciones desarrolladas en el Ministerio en relación con las víctimas del terrorismo. Como saben, en la Subsecretaría radica la Cancillería de la Real Orden de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, que tiene encomendada la realización de las actividades necesarias para la concesión de las condecoraciones a las víctimas. Aunque es evidente que todos desearíamos que no hubiera víctimas del terrorismo a las que recordar, creo que recojo el sentir general de la sociedad española si afirmo que el reconocimiento y el apoyo para con estas personas es un deber de todos, pero que de manera prioritaria también corresponde al Gobierno. En este sentido, recuerdo con especial emoción el último acto celebrado hace muy pocos meses en esta casa, la casa de todos, y la cariñosa acogida que se dispensó por parte de SS.SS. a las víctimas y a sus familiares. Estoy seguro de que entendieron que, precisamente por realizarse la imposición en el Congreso de los Diputados, el acto contaba con la firme y decidida solidaridad de la sociedad española en su conjunto.
Señorías, paso a continuación a referirme a los organismos autónomos dependientes del Ministerio de la Presidencia. Quisiera subrayar mi propósito de impulsar y fomentar su actividad para que en el futuro ajusten su actividad a un contexto social que plantea demandas crecientes de calidad, rigor técnico y eficiencia en el uso de los bienes públicos. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, es un organismo autónomo dependiente con carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propios adscrito al Ministerio de la Presidencia. Mi deseo es que en esta legislatura podamos contar con el CIS del siglo XXI, que necesariamente debe estar no sólo a disposición de la Administración sino abierto a todos los ciudadanos.
Precisamente con este objetivo hemos de saber aprovechar las ventajas de los cambios tecnológicos en los sistemas de almacenamiento, recuperación y distribución de la información y las enormes posibilidades que se abren en el campo de la difusión a través de Internet. Señorías, en este contexto podemos hablar ya de un ambicioso proyecto que es la creación del nuevo CIS virtual. Son varios pilares los que nos ayudarán a llevar adelante este proyecto.
En primer lugar, continuar enriqueciendo el archivo de estudios sociales, Arces, que incluye los ficheros de microdatos de encuestas de temas sociales de distintos ámbitos internacionales. En segundo lugar, la página web del CIS creada en el año 1997 y que vamos a impulsar de manera decidida modernizándola y configurándola como un servicio de difusión de la información disponible para los usuarios.
Por darles un dato significativo a SS.SS., les diré que en el año 2000 se registraron un total de 108.219 accesos a la página principal del CIS, un 43 por ciento más que el año anterior. Nuestro objetivo será seguir aumentando las visitas para que la página web sea la tarjeta de presentación del nuevo CIS. No quisiera finalizar mi exposición sobre el futuro del CIS sin hacer referencia al impulso que se pretende dar al departamento de banco de datos, responsable del archivo de todas las investigaciones realizadas por el CIS, de atender las peticiones de información y de la gestión informática del centro, así como a la formación, toda vez que la inversión en capital humano es una estratégica apuesta por la calidad del servicio.
Paso, a continuación, a referirme al Boletín Oficial del Estado. El BOE -como se le conoce oficialmente- es un instrumento clave en nuestro Estado de derecho. Tal y como señalé el pasado día 19 ante la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, el BOE es mucho más que la mera prestación de los servicios de edición, distribución y venta del diario oficial. Es la puerta de entrada de las leyes a nuestro ordenamiento jurídico. La misma Constitución no estaría en vigor si no fuera porque ha sido publicada en el BOE; del

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mismo modo las sentencias del Tribunal Constitucional no tendrían el valor de cosa juzgada si no fueran publicadas en el diario oficial.
Por eso, la actividad del BOE tiene una trascendencia fundamental; trascendencia no sólo para la vida de la Administración sino para el conjunto de la ciudadanía, toda vez que infinidad de aspectos de la vida de nuestro país dependen, de una u otra manera, de las páginas del diario oficial. La mejora de la capacidad técnica del personal al servicio de este organismo y las innovaciones tecnológicas serán la base sobre la que se cimentará el futuro del BOE.
Señorías, por lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, el Boletín es ya accesible a través de Internet de modo ininterrumpido y gratuito, y contamos asimismo con una tienda virtual abierta al público, que dispone de 5.000 títulos. La edición del BOE en Internet (que alcanzó en el pasado mes de enero más de seis millones de accesos, desde más de cien países) será perfeccionada -tengan la seguridad- mediante los sistemas más adecuados de presentación de las páginas y la ayuda de un buscador que facilite la selección de los textos en el diario. El BOE tiene marcado también como objetivo la creación de un portal legislativo que recopile información de otras web y proceda a indexarla. Esto permitirá en un futuro próximo ofrecer directamente la información demandada o facilitar conexiones con los sitios de Internet donde hacer las correspondientes consultas.
El BOE es un organismo puntero en la implantación de sistemas de calidad de las administraciones públicas. Este proceso de cambio sostenido se continuará a lo largo de la legislatura, en la línea de la creciente preocupación que existe en la Administración general del Estado en el desarrollo de la gestión de calidad en la organización administrativa, con el fin último de mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia ha firmado tres convenios de colaboración con las comunidades autónomas catalana, gallega y valenciana, para la publicación del BOE en las lenguas cooficiales correspondientes.
Animado por el mismo espíritu de colaboración con las comunidades autónomas que ha inspirado la suscripción de los citados convenios, este Ministerio está ultimando un convenio similar con la comunidad autónoma balear.
Señorías, creo que coincidirán conmigo si afirmo que la mejor forma de tener un contacto y un exacto conocimiento de la evolución y profundo cambio que están experimentando los organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia es el conocimiento de los mismos sobre el propio terreno. Por ello, quiero hacer extensiva a SS.SS. la invitación que formulé la pasada semana, en mi comparecencia en el Senado a los miembros de la Comisión Constitucional, para que SS.SS.
visitaran las instalaciones del propio diario oficial o las de cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Sepan SS.SS. que desde este momento me pongo a su disposición, si así lo desean, para que físicamente puedan conocer más en profundidad las instalaciones mencionadas.
Paso a continuación a referirme al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Mi propósito en relación con este organismo es que el Centro se consolide como un observatorio privilegiado para estudiar y dar a conocer algunos de los principales cambios legislativos que el Gobierno va a impulsar en la presente legislatura. Atal efecto, me propongo desarrollar un amplio programa de jornadas y seminarios con personalidades del mundo académico y representantes de las fuerzas políticas, que contribuyan a enriquecer el debate sobre determinados aspectos normativos. Señorías, debemos rentabilizar y potenciar el prestigio nacional del Centro aprovechando circunstancias tan adecuadas para ello como la celebración, en colaboración con las correspondientes comunidades autónomas, de los aniversarios de distintos estatutos de autonomía que tendrá lugar en fechas próximas. Asimismo, el Centro tiene previsto impulsar convenios sectoriales de colaboración con la Administración local para alcanzar un mayor acercamiento a la que hasta hace bien poco podíamos considerar como la olvidada de nuestras administraciones públicas.
Por lo que se refiere a la proyección internacional del organismo, me parece necesario consolidar y potenciar la atención tanto en el ámbito iberoamericano como en el de la Unión Europea. Especialmente significativa, por su dimensión política y social, es la asistencia constitucional a los antiguos países del este de Europa, y de forma más concreta a aquellos que se encuentran muy próximos a su entrada en la Unión Europea. Este trabajo es apasionante, y para el que nuestra experiencia histórica más reciente puede ser de indiscutible utilidad.
En cuanto a Patrimonio Nacional, quisiera comenzar diciendo que la firme voluntad para esta legislatura es ponerlo de modo efectivo al alcance de todos los españoles. Creo firmemente que hay que dinamizar el gran acervo cultural e histórico que representa el patrimonio nacional, fomentando que los ciudadanos se interesen, conozcan y visiten los bienes que lo integran. Voy a hacer un breve repaso a los principales proyectos que queremos acometer en los próximos años y que se inscriben precisamente en la línea de actuación que acabo de señalar. El más importante de los citados proyectos es sin duda el museo de las colecciones reales. Gracias a este museo, los ciudadanos podrán disfrutar de multitud de obras de arte que hasta ahora no se podían admirar, permitiendo así hacer realidad un ansiado proyecto.
Patrimonio Nacional ya ha comenzado a desarrollar actuaciones concretas relativas a las colecciones reales; así, por ejemplo, la inauguración de las salas de exposiciones temporales, en las que se vienen celebrando muestras relacionadas con las colecciones de la Corona, y la reapertura de la real armería, que es sin duda la mejor armería de Europa. Especial importancia tiene también el reciente convenio firmado por Patrimonio

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Nacional con la fundación Telefónica, por el que se ha puesto en marcha la visita virtual al Palacio Real de Madrid. Internet es un excelente medio para difundir el conocimiento y poner al alcance de todos el patrimonio nacional. En los próximos meses pretendemos que se lleven a cabo los trabajos para la visita virtual a varios palacios y monasterios. Se pretende que esta visita se pueda realizar a través de la página web de Patrimonio Nacional o de la propia página web de la Casa Real. Por otro lado, hemos emprendido importantes actuaciones de rehabilitación en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, y en breve haremos lo mismo en el Palacio de Aranjuez, por citar sólo un par de ejemplos. En otro orden de cosas, quisiera informar a SS.SS. que la residencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias estará terminada en próximas fechas. Patrimonio Nacional, en coordinación directa con la Casa Real, ha elaborado un proyecto y ha asumido la ejecución y la dirección de la obra.
Tras este repaso a las actividades de los organismos autónomos, quisiera concluir mi intervención poniendo de manifiesto la importancia que otorgo al carácter horizontal del Ministerio de la Presidencia. Por ello, me propongo potenciar su función de coordinación de actuaciones interministeriales en determinadas materias. Así, como saben SS.SS., este Ministerio preside el Comité especial de seguimiento de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Este Comité está formado por representantes de los ministerios afectados, es decir, Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente; también participan en el mismo destacados miembros de la comunidad científica. Quisiera dejar constancia de que desde su constitución el Comité ha sido un ejemplo de espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, y sin duda está sirviendo para adoptar las medidas más acertadas y respaldadas por los conocimientos científicos y la experiencia de gestión en los asuntos relacionados con esta enfermedad. Me van a permitir SS.SS.
que les diga que los resultados vienen a demostrar que estamos dando las respuestas más adecuadas a una situación grave, en un contexto de emergencia y tratando de anticiparnos a los problemas que van surgiendo, de manera que podemos afirmar que la situación comienza a presentar un horizonte relativamente más favorable.
Señorías, he procurado que mi intervención no fuera demasiado extensa huyendo de fatigar a SS.SS. con datos puntuales. Quiero agradecerles la atención que me han prestado y su amabilidad al permitirme exponerles las líneas generales de la política de mi departamento. Mi intención ha sido ofrecerles de la manera más precisa posible la información más sustantiva de los objetivos que el Ministerio de la Presidencia tiene marcados para el futuro.
Avanzadas quedan ya las líneas de actuación, en las que continuaremos trabajando y sobre las que espero tener ocasión de volver a informarles, puesto que volveré a comparecer en su día a dar cuenta de lo que he dicho ante esta Cámara, con el fin de exponerles el grado de cumplimiento de los retos que nos hemos marcado. El Ministerio en su conjunto, y este ministro el primero, dedicarán todo su empeño en cumplir los compromisos que hoy -soy consciente de ello- asumimos, con propósito de servicio a los intereses generales y con talante de diálogo y acercamiento a la sociedad. Estaré abierto a las peticiones, sugerencias, iniciativas de las cámaras, no sólo por lo que me corresponde como ministro de la Presidencia, sino también por convencimiento personal y político.
Quedo desde este momento a disposición de SS.SS. para contestar a las preguntas que me quieran formular.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: En primer lugar, quisiera reiterar las palabras de bienvenida formuladas al inicio de la sesión por la señora presidenta de la Comisión. La Comisión, por su ámbito competencial, tiene una relación privilegiada con el ministro de la Presidencia. Esperamos que haya correspondencia por parte del ministro, no dudamos de que será así y de que atenderá a todas las solicitudes para comparecer ante esta misma Comisión a dar cuenta de las actuaciones del Gobierno de las que es responsable.
El ministro ha expresado su propósito de centrarse en los problemas específicos del departamento de Presidencia, marcando la contraposición con lo que ocurrió hace un año con la comparecencia del vicepresidente primero y entonces ministro de la Presidencia, donde se plantearon cuestiones lógicamente vinculadas a sus responsabilidades como vicepresidente primero del Gobierno, más allá de las que le correspondían estrictamente a su condición de ministro de la Presidencia. Yo voy a atender a su sugerencia y me voy a centrar prácticamente en una sola de las atribuciones que, como ministro de la Presidencia, tiene reconocidas en virtud del real decreto que regula la estructura orgánica del Ministerio, en la que hace referencia a la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo del Gobierno y en especial de su tramitación parlamentaria, expresamente recogida en el artículo 1.1 apartado e) del real decreto que regula la estructura orgánica.
En su primera y creo que única comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y entonces ministro de la Presidencia, nos habló, cierto es que sin excesiva sistemática, de los proyectos de ley que el Gobierno tenía previsto remitir a la Cámara a lo largo de la legislatura. A la vista de su exposición -que yo calificaría de deslavazada, como hice también en aquella Comisión porque no ofrecía un cuadro completo y sistemático de las previsiones legislativas del Gobierno sino que se limitaba a enunciar un título genérico por

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cada proyecto de ley al que hacía referencia, sin aportar información suplementaria alguna relacionada con la fecha aproximada de su presentación ante las Cortes Generales o con su contenido-, le pregunté si consideraba oportuno implantar en España una práctica bastante arraigada ya en otros países de larga tradición democrática, que consiste en formalizar al inicio de cada legislatura un documento conocido como programa legislativo en el que se recogen ordenada e individualizadamente todos los proyectos de ley que el Ejecutivo se compromete a presentar en la Cámara durante su mandato, especificando con respecto a cada uno de ellos informaciones como la relativa a la fecha siquiera aproximada de su presentación y algunos datos que le permitan a los diputados hacerse una idea mínimamente precisa acerca de su contenido, su orientación política y el modo en el que tiene previsto incidir en el ordenamiento jurídico.
El programa así elaborado -sostuve y defendí en aquella comparecencia del entonces ministro de la Presidencia- podría constituir una expresión jurídico-formal del programa de Gobierno, dicho de otra manera, el instrumento que viniese a concretar el modo en el que el ordenamiento jurídico se verá afectado por la puesta en práctica del programa de actuación, defendido en la sesión de investidura por el candidato a la Presidencia del Gobierno. Puesto que muchas de las medidas previstas en el programa de Gobierno han de incidir sobre el ordenamiento jurídico, van a traducirse en normas jurídicas que alterarán o modificarán el ordenamiento jurídico, se trataría de elaborar un programa legislativo en el que, entre otras cosas, se identificaran qué leyes se van a ver afectadas, cuándo, cómo y en qué sentido van a serlo. En el derecho comparado existen prácticas de este tipo. La elaboración del programa legislativo responde en general a una doble finalidad: por una parte, permite a los servicios de la Cámara adoptar con la oportuna antelación las previsiones necesarias para afrontar el debate de cada una de las leyes que va a remitir el Gobierno a las Cámaras, contribuyendo de esta manera a mejorar la planificación del proceso legislativo -no quisiera dejar de recordar las actuaciones del Parlamento Europeo, a través de las cuales insta a la Comisión a mejorar las relaciones con el propio Parlamento a efectos de mejorar también la planificación del proceso legislativo-, y, por otra, el programa legislativo así elaborado dotaría a los grupos parlamentarios, no solamente a los de la oposición sino también a los que apoyan al Gobierno e incluso al propio Ejecutivo, de un preciso instrumento de control de la acción legislativa del Gobierno.
A la pregunta que le formulé, el señor Rajoy me dio una respuesta tan hábil como comprometedora. Hábil porque pretendió atribuirse la paternidad de la iniciativa, quiso ponerse la medalla y hacer ver que acariciaba la idea del programa legislativo desde antes de que yo le formulara la pregunta; y comprometedora porque, como se empeñó en dejar sentado que la idea no era mía sino suya, no tuvo más remedio que responderme que sí, que efectivamente iba a hacer un programa legislativo. Yo creo que sus palabras son muy elocuentes y conviene recordarlas literalmente.
Decía el señor ministro de la Presidencia y vicepresidente primero del Gobierno: Me ha preguntado si vamos a hacer un programa legislativo y yo he avanzado un calendario legislativo, pero en sus líneas más generales. Yo voy a hacerlo. Usted me ha preguntado por él y yo creía que era una idea que se me había ocurrido a mí. Ya veo que el crear un programa legislativo se le ocurre a más personas. Sí tengo pensado hacerlo, está esbozado en sus líneas generales, a las cuales antes he hecho referencia, pero yo sí haré un programa legislativo, que lógicamente tendrá como idea básica el cumplimiento del discurso de investidura y el programa electoral del Partido Popular, porque es una buena forma de controlarse uno mismo, de exigirse y de cumplir lo que ha prometido al conjunto de los ciudadanos. ("Diario de Sesiones", Comisiones número 18, página 82).
Como corresponde a un diputado diligente que procura tomar cuenta de los compromisos del Gobierno, con objeto de exigirle después responsabilidades, algunos meses después formulé una pregunta al Ejecutivo, interesándome por la fecha en que tenía previsto remitir a la Cámara el programa legislativo que el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia se había comprometido a elaborar en su primera comparecencia. La pregunta se registró, de entrada, el 29 de junio de 2000, día de San Pedro y San Pablo; y tres meses después, el día de San Miguel, 28 de septiembre, me vi obligado a recabar el amparo de la Presidencia del Congreso, a fin de que requiriese al Gobierno la adecuada y precisa contestación a la pregunta formulada.
La respuesta, fechada el 4 de octubre y registrada el día 9, no pudo ser más decepcionante. En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia ya avanzó a los señores diputados las prioridades legislativas del Gobierno para la VII Legislatura. El vicepresidente se comprometió a elaborar un calendario político -ya no era legislativo, sino político- que evidentemente sería fruto de las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. Es por ello -decía- por lo que no puede darse a priori una fecha efectiva para la aprobación de los diferentes proyectos del Gobierno en el sentido que manifiesta el señor diputado en su pregunta, ya que este calendario está sujeto al curso de esas negociaciones en las que se buscará el necesario consenso.
Como puede verse, la respuesta gubernamental venía a decir que de lo prometido por el señor Rajoy, nada de nada. Difícilmente cabe concebir un cambio tan radical en tan breve espacio de tiempo, de San Pedro a San Miguel. Permítanme que les recuerde, una vez más, las bonitas y prometedoras palabras que el señor Rajoy pronunciara durante el mes de mayo ante esta misma Comisión en referencia al programa legislativo. Voy a

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leerlas directamente del "Diario de Sesiones". Decía: Voy a hacerlo.
Usted me ha preguntado por él y yo creía que era una idea que se me había ocurrido a mí. Ya veo que el crear un programa legislativo se le ocurre a más personas. Sí, tengo pensado hacerlo, haré un programa legislativo, porque es una buena forma de controlarse uno mismo, de exigirse y de cumplir lo que haprometido al conjunto de los ciudadanos.
Pues bien, estas -insisto- tan prometedoras palabras se diluían al término del verano como un azucarillo en un vaso de agua, convirtiéndose en algo radicalmente distinto, en algo que ni es propiamente un programa, porque se asegura que será fruto de las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, ni permite al Gobierno controlarse a sí mismo, como afirmaba desear el señor Rajoy, ni facilita el seguimiento de lo prometido a los ciudadanos. Se convierte en un documento que ya no consiste en un conjunto de previsiones de actuación elaborado ex ante, que es al final y en definitiva lo que caracteriza a los programas, ya que se irá confeccionando conforme avance la legislatura y se vayan consensuando las diferentes iniciativas legislativas. Se convierte, insisto, en un documento ex post, en una especie de memoria de lo ya hecho que nada, absolutamente nada, aporta ya ni a la planificación del proceso legislativo, que es un término acuñado por el Parlamento Europeo (para que vea hasta qué punto esto del programa legislativo efectivamente estaba homologado con las prácticas más sanas de las democracias europeas), ni al debate parlamentario, ni a la transparencia de la Cámara, ni al control político del Gobierno. La contrariedad que esta artimaña, no sé si del Gobierno o del señor Rajoy, provocó inicialmente en este inexperto y todavía ingenuo parlamentario fue disipándose poco a poco a medida que el transcurso del tiempo iba poniendo al descubierto la verdadera faz de la política legislativa del Ejecutivo. Para Navidad ya me había dado cuenta de que el Gobierno carece del mínimo interés en fijar en un programa y por escrito sus compromisos legislativos, porque eso pondría en evidencia más aún, si cabe, su caótica e improvisada política legislativa, una política que olvida iniciativas ya comprometidas, incorpora por sorpresa y con una inusitada urgencia iniciativas nuevas que no estaban entre las previstas, y se apoya excesivamente en dos fuentes normativas que debían revestir un carácter claramente excepcional, que son: los reales decretos-ley y las leyes comúnmente conocidas como de acompañamiento o leyes de medidas. Una serie de ejemplos. Según dispone en su inciso inicial el artículo 86.1 de la Constitución, el decreto-ley es un instrumento normativo del que únicamente puede hacerse uso en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, el año 2000 debió ser un año plagado de urgencias y excepcionalidades, porque se aprobaron nada menos que diez, algunos de los cuales, por cierto, afectaban a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título I, en clara vulneración de lo dispuesto en el citado artículo 86.1 de la Constitución que lo prohíbe expresamente. Frente a ello cabe preguntarse: ¿Cuántas leyes ordinarias se aprobaron? Pues un total de catorce de las que, si restamos las cuatro meramente instrumentales que se limitaban a articular medidas de carácter presupuestario, nos quedamos con diez; es decir, que a lo largo de 2000 hubo tantos reales decretos- leyes como leyes ordinarias, cuando el real decreto- ley, según previsión constitucional, sólo procede en caso de extraordinaria y urgente necesidad. En este año la proporción es todavía más escandalosa, se invierte a favor del real decreto-ley. En lo que llevamos de año, el Boletín Oficial del Estado ha alumbrado ya nueve reales decretos-ley por tres leyes ordinarias. La proporción es abrumadoramente favorable al real decreto-ley que, insisto, por previsión constitucional es un instrumento legislativo que solamente debe utilizarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Leyes de acompañamiento de medidas. Como todos sabemos, es una práctica iniciada el año 1993, que pretende mantener subrepticiamente la viciosa práctica de incorporar a la Ley de Presupuestos todo tipo de disposiciones normativas sin respetar el contenido constitucionalmente establecido para este tipo de leyes. Es habitual que cuando se especifica en Comisión o en Pleno el problema de las leyes de acompañamiento, los líderes del PP, los portavoces del grupo parlamentario, reprochen a los portavoces del Grupo Socialista la paternidad de este tipo de legislación. La Ley de acompañamiento -se dice- no la inventamos nosotros, la hicieron ustedes. Yo tengo toda la legitimidad del mundo para hablar porque el partido al que pertenezco, donde ha tenido ámbitos de responsabilidad -y seguirá teniéndolos durante los próximos años-, nunca ha promovido estos instrumentos legislativos, nunca ha puesto en marcha leyes de acompañamiento. ¿Qué pasa con las leyes de acompañamiento? Que tienen muchos problemas. Como ha denunciado la mejor doctrina, estas leyes incorporan un amplísimo y heterogéneo material normativo de muy difícil sistematización. Pero como no estamos aquí para hacer doctrina, vamos a hablar de la última ley, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Incluye 86 artículos, 39 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos finales. El desconcierto que esta enorme masa normativa genera en el operador jurídico es ciertamente importante, no sólo por su volumen, lo que en un texto de gran heterogeneidad material sería ya de por sí suficiente para desorientar al más incisivo e incluso para disuadir al más tenaz, sino también y sobre todo por su extraña sistemática; unas mismas materias están reguladas en preceptos dispersos a lo largo de la ley, dificultando su comprensión y su razonable intelección: telecomunicaciones, por ejemplo, están reguladas en los artículos 8, 14 y 15, después, per saltum, 55 y 56, nuevo salto hasta el 66, nuevo salto al artículo 80, y además en las disposiciones adicionales dos, once y dieciocho. Además, el criterio de distinción entre los preceptos

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incluidos en el texto articulado y los incorporados a las disposiciones adicionales, si no es caprichoso, no siempre resulta fácil de identificar.
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de octubre de 1991 unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley, cuya regla número 23 establecía que la disposición adicional únicamente contendría regímenes territoriales personales, económicos o procesales, mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas y preceptos residuales. Pues bien, la ley de medidas de este año incluye entre las disposiciones adicionales una, la decimosegunda, que modifica preceptos materiales de la Ley 11/ 1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, que no tiene ni limitación territorial, ni personal, ni procesal, ni es un mandato o autorización no dirigido a la producción normativa, ni desde luego contiene preceptos residuales porque afecta a una ley ordinaria central del ordenamiento jurídico.
Otro problema de las leyes de acompañamiento es que plantean un ordenamiento jurídico de extrema coyunturalidad. Através de las leyes de acompañamiento, las disposiciones entran y salen del ordenamiento jurídico con una fugacidad extrema, dando lugar a un marco normativo absolutamente inestable y cambiante. La última Ley de medidas, la número 14/2000, afecta en distinta medida, a través de derogaciones, modificaciones, supresiones y adiciones de preceptos, a un total de 76 disposiciones con rango legal. Quiero matizar que el cálculo no es exacto porque está contado a mano y es posible que sea una más, una menos, dos más, dos menos, porque es difícil en esa maraña aclararse suficientemente, pero modifica, deroga, suprime o añade a 76 disposiciones con rango legal, entre ellas, a cuatro reales decretos legislativos dictados tan sólo seis meses antes de su entrada en vigor, inutilizando el esfuerzo sistematizador llevado a cabo por estos reales decretos legislativos como corresponde, entre otras cosas, a este tipo de instrumentos que no sólo recogen toda la normativa sino que la sistematizan y la ordenan.
Como muestra representativa del constante parcheo al que las leyes de acompañamiento someten al ordenamiento jurídico, cabe citar la disposición adicional séptima de la última Ley de acompañamiento que modifica la disposición adicional trigesimocuarta de la del año precedente, estableciendo una regulación cuyo título -me estoy refiriendo al título, señor ministro, que es el que se supone que contribuye a orientar al operador jurídico, el que indica al operador jurídico donde está la norma y qué significa-, reza literalmente: Liquidación de tarifas por servicios portuarios al amparo de la Ley 1/1996, de 28 de enero, sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, y de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.
La señora PRESIDENTA: Señor Erkoreka, lleva consumido prácticamente el doble del tiempo que el que le concede el Reglamento. Le ruego lo tenga en cuenta a los efectos de sistematizar.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Sistematizo y concluyo ya.
Los problemas, como usted sabe, son muchos. Más allá de las anécdotas, parece evidente que una excesiva insistencia en estas prácticas legislativas puede provocar una quiebra del principio de seguridad jurídica que incorpora, entre otros valores, los de certeza, legalidad y publicidad normativa, incompatibles todos ellos con regulaciones que carezcan de la suficiente claridad como para eliminar cualquier sombra de incertidumbre acerca de su contenido y alcance, como claramente expresa la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2000, de 5 de octubre. Más claramente aún, el alto Tribunal ha postulado que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Otra sentencia del año 1990 dice también literalmente -y esta es la última, señora presidenta-: Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto estatal como autonómico, por alumbrar una normativa abarcable y comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida, puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia.
Ante todo esto le pregunto. ¿Qué, señor ministro? ¿De lo dicho por Rajoy, qué? ¿De las prácticas legislativas, qué? ¿Qué tiene que aportar? ¿Qué tiene que decir?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero sumarme, como es lógico y natural, a las palabras de bienvenida de la señora presidenta de la Comisión y agradecer al señor ministro de la Presidencia la disponibilidad que en todo momento ha puesto en evidencia a los efectos de unos resultados beneficiosos tanto para la Cámara como para el Gobierno a quien representa en este acto.
Después de su exposición -que yo sí he encontrado ordenada, siguiendo el guión de lo que está en el Boletín Oficial del Estado respecto de su ámbito competencial- uno tiende a preguntarse si lo que ha expuesto es sólo el ámbito en el que va a moverse como ministro o si es mucho más. Si es sólo esto bien pudiera suprimirse el Ministerio y repartirlo entre otros ministerios. Si es

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algo más -es posible que lo sea- deberíamos conocerlo, señor ministro, porque uno que lo conoce desde hace años no ve en usted una vocación contemplativa sino más bien ejecutiva. Lo que hay es lo existente y lo existente es lo que está escrito en el Boletín Oficial del Estado, ¡qué le vamos a hacer! Voy a intentar repasar, siguiendo el hilo conductor de su propia exposición, cuanto ha dicho y voy a hacer algunas apostillas.
Dice usted que en su responsabilidad de relaciones con las Cortes, con el Congreso de los Diputados y el Senado, le guía el mejor espíritu de diálogo con los distintos grupos parlamentarios y que no tiene otro objetivo que el que marcó el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que es asegurar que las Cámaras sean el centro político del país. Nosotros compartimos esa idea. Siempre hemos procurado tener un perfil absolutamente institucional. Creemos todavía en la división de poderes. Estando bajo una fórmula de monarquía parlamentaria, lógicamente la primera derivada es que las Cámaras legislativas, cada una en su ámbito y competencia respectivos, sean el centro político del país. En esa línea nuestro grupo parlamentario estará siempre a su lado.
Habla S.S. de incrementar la fluidez Gobierno-Parlamento después de darnos un listado del número de preguntas respondidas, del número de iniciativas legislativas aportadas por el Gobierno, del número de comparecencias, del largo etcétera de la actividad legislativa y de control de la Cámara respecto del Gobierno y nos dice que usted piensa mantener una política de puertas abiertas, que nosotros agradecemos. No obstante, le rogamos que la explicite más allá de las propuestas, que aceptamos, de ver in situ algunas dependencias de su Ministerio, en la línea de agilizar las tramitaciones parlamentarias, no tanto aquellas cuyo tempo lo marca la Mesa del Congreso de los Diputados o las respectivas mesas de las comisiones -el ritmo parlamentario lo marca, por un lado, el Reglamento y, por otro lado, los órganos de gobierno de las Cámaras- sino respecto de algo que es de su exclusiva competencia, que son las preguntas orales, también las preguntas por escrito, que hay un buen número de ellas como usted ha citado. ¿Qué observa nuestro grupo parlamentario? Algo que usted ha puesto de manifiesto y le honra, que no siempre se cumple con el Reglamento por parte del Gobierno en los plazos fijados en nuestra norma de organización interna. Lo ha dicho usted, se lo agradezco, desde el reconocimiento de una realidad que va a tratar de corregir para que se cumplan los plazos reglamentarios. Todos tenemos causas pendientes -entre comillas-, yo tengo una de hace seis meses respecto de una cuestión muy concreta de mi circunscripción. No entiendo por qué no hay respuesta del Gobierno y menos cuando desde la Mesa de la Cámara, como usted sabe muy bien, se les viene requiriendo de manera automática al cumplimiento de esos plazos.
Además hay otro aspecto, que son las respuestas. Entiendo que a libertad de pregunta hay libertad de respuesta, ¡faltaría más!, estamos en un ámbito absolutamente político. Lo que ocurre es que hay respuestas que no se adecuan a lo que se pregunta y entraríamos, lógicamente, en matices muy subjetivos sobre si la respuesta que se da es la que se corresponde al contenido de la pregunta y un largo etcétera repleto de subjetividades. Lo que sugiero y pido como parlamentario, en este caso como portavoz de mi grupo parlamentario, es que el Gobierno no haga simple literatura para evadirse - también dicho entre comillas-, sino que, en la medida que pueda -que puede mucho y para eso es el Gobierno-, dé respuestas satisfactorias a quien pregunta, que en este caso es un digno representante del pueblo. Sólo a título de sugerencia -no me atrevería a decir otra cosa- señor ministro, escoja de vez en cuando alguna respuesta, algún colaborador suyo que la someta a su consideración y verá que ni a usted le satisfaría. Estoy absolutamente seguro. En esta línea que usted apunta de una mayor fluidez, de un mejor espíritu de diálogo, de una mayor contribución a la causa común como es el buen funcionamiento de esta Cámara y lógicamente al buen funcionamiento del Gobierno por lo que respecta a esta Cámara, le hago esta sugerencia con respeto a su persona y a lo que usted representa.
La reforma del Reglamento es algo que compete al Congreso de los Diputados, a la Comisión correspondiente en primera instancia y al Pleno en última instancia. Aquí poca cosa puede hacer el Gobierno porque el ámbito es estrictamente parlamentario. ¿Disposición buena del Gobierno? ¿Aquí hay una reforma del Reglamento? Me alegra oírlo, aunque tenga poca incidencia en el manejo de las palabras y de las frases, por lo tanto, en el escrito que se produce en esa revisión del Reglamento. Lo que ocurre es que, a veces, uno tiene malos pensamientos en el sentido de que no ve agilidad para dar a luz a un reglamento cuyo hilo conductor, de hecho, nos lleva a las legislaturas de los gobiernos socialistas, porque cuando uno observa el proyecto en el que se está trabajando en esos momentos no alcanza a ver grandes modificaciones respecto de algunos proyectos que coordinó -pongo nombres y apellidos- un gran presidente de esta Cámara como fue don Félix Pons.
Hay algo -no me atrevo a imputárselo a nadie- para que no se produzca el parto del Reglamento. Me gustaría que la buena disposición del Gobierno, que usted ha expuesto y que yo obviamente no puedo negársela, fuera administrada con eficacia ya que hay excesivas consultas a órganos que están por encima, pero no hay excesivas respuestas -usted ya me entiende y me entienden mis compañeros- para dar paso a un reglamento que tanto el Gobierno como los distintos grupos parlamentarios -y no hago excepción- que apoyan o no al Gobierno creemos que es bueno que exista dado que el que está en vigor tiene un montón de resoluciones presidenciales, que no son otra cosa que la buena voluntad del presidente o la presidenta de

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turno, junto con la Junta de Portavoces, para llenar vacíos que existen o ir un poco más allá de lo que son los hábitos parlamentarios y regirlos a través de una norma escrita.
Respecto a la Subsecretaría del Ministerio -señora presidenta, quizá me extienda en el tiempo, usted me avisa-, comparto la necesidad de la claridad normativa. Compartir no quiere decir que vaya a depositar toda la responsabilidad en el Gobierno, porque mayor responsabilidad tiene el Parlamento que el Gobierno en aquello que es ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. Claridad, certeza y simplificación en la normativa. Si en el ámbito de su competencia S.S. puede conseguirlo en algo que enreda bastante como son los reglamentos, que es el ámbito del Ejecutivo, mejor que mejor. Si esto se aplica a los proyectos legislativos, también nos ayudará a todos. Usted apunta un aspecto muy concreto, como es el relativo a la trasposición de las directivas comunitarias. Ahí, primero, debemos velar por el buen fin de lo que marca la propia directiva -es decir, que el resultado final no sea contradictorio con los objetivos que marca la directiva- y, en segundo lugar, que lo que salga en el Boletín Oficial del Estado tenga relación en el ámbito jurídico de la Unión Europea que, al fin y al cabo, es el objetivo final de las fuentes del derecho comunitario.
Estamos absolutamente de acuerdo en esa red de ministros iberoamericanos, a los efectos que usted ha señalado. España tiene una ocasión de oro. Desde hace años se viene administrando buenamente -permítame la expresión-, pero estimamos que se debe administrar con mayor firmeza, como yo he podido deducir de sus palabras, señor ministro, dando apoyo institucional, gubernamental y también parlamentario, por qué no, al buen desarrollo de reformas institucionales que en muchos países del ámbito iberoamericano no sólo son necesarias, sino que podrían suponer una gran aportación histórica de la España nacida de la Constitución de 1978. ¿Es posible aprender de otros? Estoy en la línea que usted marca. No tenemos por qué decir que somos los mejores y que somos indispensables. No es cierto. No lo ha dicho usted y tampoco lo voy a decir yo, pero quienes andamos trabajando desde hace años con responsabilidades o al menos con presencia en ámbitos iberoamericanos, observamos unos vacíos que si los puede cubrir España -lo digo desde el ámbito Ejecutivo y también parlamentario-, mejor que mejor porque forman parte de una cultura más allá de la derivada de la lingüística, una cultura jurídica muy común.
Respecto a los órganos autónomos, el CIS, todo aquello que pueda incidir en una mayor apertura a la ciudadanía -algo que usted ha señalado y subrayado-, nos tendrá a su lado. Todo lo que sea acceso al banco de datos, que cada vez es más importante, más riguroso y más preciado desde una perspectiva histórica, mucho mejor. El CIS no puede ser un instrumento al servicio del Gobierno de turno, con copias al cabo de unos cuantos días para los grupos parlamentarios, porque así lo convinimos un buen día, que antes ni eso, sino que debe ser un instrumento de prospección y de análisis posterior de la realidad sociológica española. Mi beneplácito, señor ministro, como es lógico, a los convenios que vaya suscribiendo con las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano. Todo eso ayuda a una mayor comprensión, a un mayor respeto, a entender que, siendo como somos un Estado complejo, la pluralidad forma parte del mismo y que no debería ser en ningún caso un problema sino una satisfacción mutua, de todos, de unos y de otros, sin exclusión de nadie.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Le damos nuestro apoyo a la línea que usted marca. Tuvimos un Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en los años de Gobierno socialista muy activo, lo digo así de claro, con una gran producción y muy rigurosa, con participación plural. Yo he podido observar -quizás esté equivocado porque tampoco uno lo sigue con el rigor que debiera- cierta inclinación a la baja, cierta pérdida de protagonismo, cierta pérdida de calidad, cierta pérdida sobre todo de pluralidad.
Deberíamos convertirlo en observatorio privilegiado, en impulsor de seminarios, de jornadas, etcétera; incluir el mundo académico y obviamente también el mundo parlamentario pues aquí, entre comillas, fabricamos -es una terminología muy catalana- las leyes. La idea de seminarios monográficos, al hilo de los aniversarios que ahora se van a sucederse uno detrás de otro de estatutos de autonomía y abrirse también a la Administración local, me parece un excelente panorama de trabajo y una buena posibilidad de un mayor protagonismo del citado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales...


La señora PRESIDENTA: Señor López de Lerma, le tengo que rogar que vaya terminando.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Hace muy bien, señora presidenta, en avisarme.
Voy a terminar diciendo que ese carácter horizontal que ha señalado el señor ministro en sus últimas palabras referido a un problema que tenemos respecto del vacuno es una herencia monotemática. Uno ya sabe que en la Constitución las funciones de dirección y coordinación del Consejo de Ministros corresponden al presidente del Gobierno y que son intransferibles porque son ad hoc, como dice la Constitución.
Pero estoy convencido de que sería bueno que hubiera una coordinación de ministerios y que usted tuviera esa función. No le corresponde esto a usted, sino al presidente del Gobierno, pero quizá en esta legislatura vaya uno observando, a medida que va transcurriendo el tiempo, poca coordinación, como decía mi compañero del Partido Nacionalista Vasco desde otra perspectiva, que es el conocimiento de por dónde van los tiros -en el sentido pacífico de la palabra- legislativos. Sería buenoque al Ministerio de la Presidencia, que uno contempla,

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como la mayoría de los ciudadanos, como el gran asistente de la Presidencia del Gobierno, se le incrementaran las funciones de carácter horizontal de coordinación de los trabajos de los distintos departamentos ministeriales, para el mejor fin del buen gobierno del país.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Socialista le agradece, señor ministro, su comparecencia y se une a darle la bienvenida a esta Comisión, en donde esperamos verle más que a su predecesor, que estuvo el primer día para hacer una presentación y a quien no hemos vuelto a ver por aquí. Le agradecemos su disposición y su colaboración con esta Comisión Constitucional, aunque nos tememos que, por lo que ha dicho ya el Grupo Popular, nos veremos frustrados en la primera ocasión para ello, que va a ser cuando acabe esta comparecencia, por la petición del Grupo Socialista de que haya una comparecencia suya para hablar del modelo audiovisual español. Así es que una primera intentona de que usted venga por aquí y colabore con esta Comisión Constitucional seguramente se va a ver frustrada dentro de algunos minutos.
Realmente, su comparecencia ha tenido un perfil muy bajo. Ya nos esperábamos algo de ello, pero desde luego no nos esperábamos un perfil tan bajo como el que nos ha planteado. Básicamente, se ha limitado a hablar del CIS, del BOE y del Patrimonio Nacional, como ha sido ya planteado por algún grupo parlamentario -el señor López de Lerma lo ha señalado-, y esperamos que el Ministerio que usted preside no se limite a lo que nos ha contado aquí esta mañana, sino que realice una labor política que vaya más allá de lo que usted ha proyectado mediáticamente desde que ha sido nombrado ministro, que han sido las loas constantes al presidente del Gobierno. Espero que no se limite a expresar loas a José María Aznar, aunque es verdad que está necesitado de ellas porque, según el CIS, el 52 por ciento de los españoles confía poco o nada en el presidente del Gobierno. Pero, a pesar de eso, yo creo que el Ministerio de la Presidencia debe ocuparse de algunas cosas más, desde el punto de vista político, y desde luego nosotros sí damos importancia -a lo mejor le damos más importancia de la que ustedes mismos le dan- al Ministerio de la Presidencia y exigimos más a ese Ministerio en cuestiones políticas trascendentales, de las cuales este sistema parlamentario y este Gobierno creemos que están necesitados.
Yo me voy a centrar fundamentalmente en tres ámbitos esenciales: el primero, relativo a la coordinación de la actividad del Gobierno y del programa legislativo, que me parece que es típica de un ministerio como el de la Presidencia; el segundo, relativo a las relaciones Gobierno-Cortes, sin duda un elemento nuclear del Ministerio; y el tercero, relativo a algo que nos afecta y nos interesa especialmente en esta Comisión, que es la pensada para ello, que es todo lo que tiene que ver con derechos y libertades, y en concreto con derecho y libertad de información. Estos son los tres ámbitos en los que yo quería centrar mi intervención, y le pediría el mayor detenimiento y concreción en su respuesta.
En cuanto a lo primero, la coordinación de la actividad del Gobierno y del programa legislativo, quiero decir que, desde luego, en cuanto a coordinación, este Gobierno está francamente necesitado de ella. Si nos fijamos en algunas de las cosas que han salido a la luz respecto a posiciones en ocasiones inesperadas o en las que han contrastado claramente las opiniones de ministros o ministras, por ejemplo, respecto a las vacas locas, el caos de posiciones y de declaraciones ha sido impresionante y ha contribuido a una desinformación muy seria de la población española, que no sabía exactamente lo que tenía que comer o cenar todos los días; recientemente, teniendo ya usted la responsabilidad de ministro de la Presidencia, la declaración intempestiva de la ministra Villalobos sobre el copago de los medicamentos por los pensionistas, que supuso, al parecer, una reconvención no del ministro de la Presidencia, que sería quizá lo más lógico, sino del ministro Portavoz; el asunto de las distintas posiciones del vicepresidente Rato y de la ministra Birulés respecto a las licencias de teléfonos móviles, también bastante reciente; las posiciones distintas respecto a la reforma laboral, algo tan importante, del vicepresidente de Economía, a favor de una reforma laboral más dura, no tan dura de Aparicio. Está claro que hace falta una coordinación en el Gobierno, y le animamos a que usted la lleve a cabo, ya que hay serios problemas en cuestiones que llegan a la opinión pública y la sumen en una cierta confusión o desconcierto.
Este es un tema muy importante, y le animamos a usted, que hasta ahora no ha tenido responsabilidad a este respecto porque acaba de aterrizar, por así decirlo, a enfrentarse con él. Pero esta comparecencia, al tiempo que hablar del futuro, tiene también que hablar del pasado, porque ha transcurrido un año de Gobierno del Partido Popular y, lógicamente, también tiene que servir para hacer una cierta dación de cuentas de lo que se ha hecho a este respecto desde la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia anterior.
En cuanto al programa legislativo, yo me sumo a las precisas palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco señor Erkoreka, respecto a la ausencia de un programa legislativo coherente. Por ser precisos, incluso, en las expresiones del señor Rajoy en su comparecencia, la única que ha tenido en esta Comisión Constitucional en esta legislatura, quería referirme, como ha hecho el señor Erkoreka, a un párrafo de la intervención del señor Rajoy el 23 de mayo del año pasado, que está reflejada en la página 58 del "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados de la Comisión Constitucional de ese día. El señor Rajoy decía en aquel momento: De conformidad con la convicción manifestada en su día, y antes recordada, nos gustaría, sin perjuicio

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de que la voluntad de acordar, compatible con la defensa de las propias convicciones, estará siempre presente en el ejercicio de la acción del Gobierno, que llegásemos a acuerdos básicos en al menos los siguientes temas. Y enumeraba el señor Rajoy ocho temas. Uno de ellos era perfeccionar y fortalecer nuestras instituciones democráticas, y de momento no sabemos que haya habido un gran fortalecimiento especialmente de nuestras instituciones democráticas ni parece que haya propuestas en ese sentido; incluso, la reforma del Senado, que evidentemente debe ser constitucional porque si no no hay reforma creíble de esa institución, parece ser que está dejada de lado por el Partido Popular, que no piensa enfrentarse a ella. Otro tema era la reforma de la Ley electoral, y no sabemos nada de ello.
Otro era la reforma de la financiación de los partidos políticos, y tampoco sabemos nada. Otra cuestión era la reforma del modelo del sistema público audiovisual, de la que tampoco sabemos nada; queríamos saber algo haciéndole comparecer, y nos tememos que nos vamos a ver frustrados dentro de unos minutos, como antes anticipé.
Otra cuestión era el pacto de Estado por la justicia, y sobre ello hay algunas conversaciones abiertas. Otra era el diálogo social, que hasta el momento tiene un cariz muy distinto del de la anterior legislatura, y lo que hay es una ruptura del diálogo social; ha habido un auténtico desencuentro respecto a cuestiones de reforma laboral muy importantes, ha habido un acuerdo parcial con un sindicato de los más representativos en el caso de las pensiones y veremos qué sucede respecto a la negociación colectiva. Respecto a otro tema, el de la renovación del Pacto de Toledo, no sabemos qué va a pasar. En cuanto a la definición de un modelo de financiación autonómica estable, que apuntaba también el señor Rajoy, tampoco sabemos nada. Asimismo, no sabemos nada del fortalecimiento del papel de las corporaciones locales. En cuanto al Plan hidrológico nacional, existe un profundo desencuentro en este Parlamento al respecto. Y por último, no sabemos nada de nada de un acuerdo nacional para desarrollar un sistema moderno de formación profesional.
El señor Rajoy hizo hace un año ocho grandes propuestas para esta legislatura y por el momento ninguna se ha plasmado con un mínimo éxito, por lo que queremos saber qué pasa con las mismas y si usted sigue manteniéndolas en nombre del Gobierno como propuestas para la oposición. Aeste respecto, quisiera añadir mi deseo de saber qué va a suceder con la reforma de la Ley de secretos oficiales, que quizá, al igual que ha ocurrido con otras propuestas de reforma, también haya pasado a la historia. Y en relación con la Ley de víctimas del terrorismo, esperemos que se llegue a un acuerdo en esta Cámara para que la misma se reforme y en un futuro no se puedan conceder honores a familiares de personas como el funcionario de Policía Melitón Manzanas.
Nosotros vemos que en esta legislatura no existe una definición de proyectos. Quizá la mayoría absoluta haya sido contraproducente políticamente para el Partido Popular, puesto que no es posible adivinar un proyecto, ni legislativo ni político, para esta legislatura, excepto el mantenimiento del poder.
No se sabe qué se piensa hacer en esta legislatura. Si teníamos alguna esperanza de que surgiera algo de su comparecencia de esta mañana, usted, que es el ministro que se supone coordina el programa del Gobierno, tampoco nos ha dicho nada, con lo cual suponemos que el Gobierno no tiene nada que decir a este respecto. El clima político que nosotros observamos en esta legislatura es más bien un clima de abandono de intentos de consenso una vez que se ha obtenido la mayoría absoluta, puesto que para aprobar leyes en este Parlamento no se necesita ninguna otra cosa. Desde luego, ha habido un cambio de posición respecto del Partido Nacionalista Vasco, el cual ha pasado de tener una actitud cariñosa en la anterior legislatura a tener una actitud profundamente hostil en la actual, y no observamos una actitud de consenso con respecto a otros grupos parlamentarios. Algo tan fundamental como la Ley de extranjería se saldó con un fracaso en este sentido por un empecinamiento todavía incomprensible por parte del Gobierno. Y luego hay acuerdos con algunos grupos parlamentarios, como por ejemplo con Convergència i Unió, algo que creemos tiene mucho que ver con la situación del Parlamento de Cataluña. Al diálogo social ya me he referido y lo que ha habido ha sido un cambio absoluto de clima. En definitiva, nosotros observamos en el Parlamento que el Partido Popular no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos y a consensos en aspectos básicos.
Entramos en el segundo punto que queríamos tocar, el de la relación Gobierno-Cortes, que tiene que ver con esta actitud de consenso.
Usted ha reiterado en esta comparecencia un tópico que también ha reiterado en otras ocasiones el señor Rajoy, esto es, que el Gobierno quiere hacer del Parlamento el centro de la vida política. Pues bien, desde nuestro punto de vista el Congreso de los Diputados no es para nada el centro de la vida política española y cada vez lo es menos.
Durante esta legislatura este Parlamento no ha sido objeto de grandes debates políticos. Se trata de un Parlamento que funciona con una gran lentitud, alejándose de los problemas inmediatos. Suponemos que por parte del Reglamento existe una cierta responsabilidad; Reglamento que por cierto espero que reformemos, puesto que resulta ser muy burocratizado en cuanto al funcionamiento de este Parlamento, que, como digo, para nada es el centro de la vida política. Para ello sería necesario que la actitud del Gobierno fuera otra en relación con la oposición, puesto que, en última instancia, es la oposición la que, utilizando los instrumentos reglamentarios, puede dinamizar la vida parlamentaria. Con lo que nosotros nos encontramos es con que hay multitud de iniciativas legislativas del Gobierno que no tienen un acompañamiento financiero. Una serie de iniciativas legislativas del Gobierno se aprueban alegremente, sin que haya una acompañamiento financiero, encontrándonos con la

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imposibilidad de llevar a cabo dichas iniciativas legislativas. Es una forma un tanto frívola de legislar. Vemos cómo lo que tiene que ver con la iniciativa legislativa del Gobierno se ha potenciado extraordinariamente, y me sumo a las muy acertadas palabras y contundentes cifras que ha dado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre el abuso de los decretos-leyes. El señor Rajoy prometió en una comparecencia que no se iba a seguir perpetrando ese abuso.
Admitió que podría haber habido abuso en la anterior legislatura -85 decretosleyes- y resulta que en la que estamos vamos por el mismo camino. Y en cuanto a las iniciativas legislativas de la oposición, tales iniciativas sencillamente son obviadas. Las proposiciones de ley que con tanto entusiasmo planteamos martes tras martes el Grupo Socialista y otros grupos en muchas ocasiones son obviadas simplemente porque las presenta la oposición. Hoy tendrían ustedes una ocasión estupenda de aceptar la toma en consideración de muchas de esas iniciativas y luego en el trámite parlamentario modificarlas, puesto que ustedes, entre otras cosas, no tienen problemas en cuanto a mayorías parlamentarias. Pero no. Todo lo que venga de la oposición es rechazado, negándosele a la misma un papel colaborador y constructivo en la tarea legislativa en este Parlamento.
Respecto a la labor de control, ésta también va en la línea de esta especie de obsesión de desgastar a la oposición, intentando hacer bueno aquello que decía Andreotti de que lo importante es que la oposición se desgaste. Creemos que es uno de los elementos políticos de fondo que inspira la labor del Gobierno en este Parlamento. Las preguntas que hace el Grupo Popular en los plenos me llevan en ocasiones a escandalizarme. Son preguntas claramente obsequiosas con el Gobierno, intentando copar lo más posible el tiempo de los miércoles con el fin de que la oposición tenga el mínimo tiempo posible para controlar al Gobierno. Es algo incomprensible. Las preguntas que se hacen a los ministros en las comisiones o en los plenos demasiado a menudo encuentran la no comparecencia de tales ministros sin una justificación adecuada, porque tienen que hacer una inauguración o alguna otra cosa por el estilo, cuando la principal obligación política de un ministro es venir al Parlamento a comparecer a instancias de la oposición. Eso es lo que se hace en los sistemas democráticos parlamentarios. No quiero abusar de las cifras, por lo que sólo voy a citar las siguientes. Al día de hoy, hay pendientes de contestar en esta Cámara 279 preguntas en Comisión, así como 398 comparecencias pedidas al Gobierno. Es decir, hay casi 400 comparecencias pedidas a ministros en este Congreso de los Diputados que no se han desarrollado. Y no vale la fórmula, utilizada por algún ministro, de venir e incorporar en la comparecencia, que a veces dura un día entero, 25 ó 28 preguntas, una detrás de otra, con lo cual al final no se sabe exactamente qué ha contestado. Las solicitudes de información que se le hacen al Gobierno en demasiadas ocasiones llegan tarde, mal y nunca, habiéndose solicitado a la Cámara constantemente el amparo a este respecto. La actividad de control deja mucho que desear por el obstruccionismo del Gobierno a la actividad de la oposición, que es especialmente importante cuando hay mayoría absoluta. Cuando existe mayoría absoluta es especialmente importante que haya una actividad de control fuerte del Gobierno, el cual muchas veces se ve tentado a abusar de dicha mayoría absoluta.
En relación con otros órganos constitucionales importantes, se nos niega sistemáticamente la posibilidad de que vengan a comparecer. El fiscal general del Estado parece ser que no puede venir aquí y el presidente del Consejo General del Poder Judicial tampoco y todo ello unido a la ausencia de debates políticos. Salvo el debate sobre el estado de la Nación, no hay debates políticos monográficos ni es posible estar cercano a los intereses de los ciudadanos en este Parlamento. Esperamos que se pueda mejorar algo desde el punto de vista reglamentario, aunque esto es aparte de la voluntad política, puesto que un reglamento se puede mejorar, pero no tener voluntad política. En cuanto a la reforma del Reglamento, hay algunos temas que nos parecen especialmente importantes -ya lo hemos anunciado aquí- para agilizar la vida parlamentaria y estar más cerca de los ciudadanos: las interpelaciones al presidente del Gobierno, que queremos que se introduzcan, los debates políticos monográficos, que también queremos que se produzcan en este Parlamento, y las audiencias. Este Parlamento debería abrirse a los ciudadanos peticionarios para hacer audiencias, algo que se realiza en otros parlamentos democráticos del mundo, audiencias para ciudadanos que quieren que el Parlamento oiga de su propia voz los problemas que plantean. Tenemos una ocasión magnífica para poder hacerlo en la inminente ley del derecho de petición.


La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, lleva consumido el doble del tiempo que le concede el Reglamento, téngalo en cuenta S.S.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Ruego benevolencia a la señora presidenta, la misma que ha dispensado a otros grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que es la primera comparecencia del señor Lucas.


La señora PRESIDENTA: Daba por descontada la benevolencia, señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Terminaré señalando nuestra posición respecto de un tema que nos preocupa extraordinariamente, el de la libertad de información, artículo 20 de la Constitución, en relación con el funcionamiento de los medios públicos de comunicación.
Nosotros esperábamos que existiera la posibilidad de que usted compareciese para hablar del modelo audiovisual, y tendremos ocasión de ver si eso es posible con posterioridad a su comparecencia, pero lo que

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es claro es que en esta legislatura ha habido, acrecentándose, no sé si con motivo de la campaña electoral vasca, un uso y abuso extraordinario de los medios públicos de comunicación, especialmente de Televisión Española, por el Gobierno. Algunos telediarios de Televisión Española son sonrojantes y más bien propios de una república bananera que de un sistema, de un país democrático, y no sólo en cuanto al minutaje.
Recientemente ha habido una investigación, de un diario de tirada nacional, Diario 16, que ayer y anteayer publicó una información muy interesante sobre el tiempo que dedica televisión al Gobierno y el que dedica a la oposición. Dice Diario 16 el domingo 22 de abril: Televisión Española dedicó a Aznar, en marzo, siete veces más tiempo que a Rodríguez Zapatero. Y en el número de ayer decía: Televisión Española dedicó cuatro veces más tiempo al Gobierno y al PP que al PSOE. Televisión Española dedicó al Gobierno y al PP el doble de tiempo que a toda la oposición. Esto es lo que está sucediendo en Televisión Española, lo cual es absolutamente escandaloso. Y lo es no sólo en cuanto al enfoque de las informaciones. Si nos fijamos en los grandes temas de los últimos tiempos, que han surgido en los medios de comunicación, como el tema de las vacas locas, el Plan hidrológico nacional, la inmigración, el submarino Tireless, el asunto de la pesca, el diálogo social, siempre las informaciones están orientadas en el sentido favorable al Partido Popular. Parecen fabricadas desde la Moncloa, orientadas, y enviadas a Televisión Española para que allí se editen como considera el Gobierno que deben editarse. Es absolutamente escandaloso lo que se produce en televisión y nuestro grupo no va a tolerar que siga produciéndose así, y no sólo por una razón de relaciones entre el Gobierno y oposición o de interés de la oposición respecto del Gobierno, sino porque está en cuestión aquí mucho más que eso, está en cuestión el derecho a informar y a ser informado, que es un derecho constitucional, esencial, que figura en nuestra Constitución y sobre el que esta Comisión Constitucional tiene que tener una especial preocupación por que se cumpla.
En estos días, ante la ausencia por enfermedad del señor González Ferrari y la negativa del Partido Popular a que vengan otras personas a hablar sobre Televisión Española en la Comisión de Control, vamos a pedir en esta Comisión Constitucional su comparecencia, la del ministro que usted considere oportuno o la de José María Aznar, si es necesario, para controlar la acción de Televisión Española durante este tiempo, porque no vemos otra fórmula, ya que está decretado el cierre temporal de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española, por cierto en un momento muy importante, el de la campaña vasca, en una televisión en la que ustedes han hecho desaparecer todo debate. No hay programas de debate en la televisión pública. Por tanto, no existe posibilidad de debatir y de contrastar opiniones y de que tanto el derecho a informar, el acceso a los medios, como el derecho a ser informados se puedan garantizar.
Querríamos que nos dijera qué piensa hacer el Gobierno a este respecto o si el Gobierno va a seguir en esta actitud respecto de los medios de comunicación, de manipulación escandalosa de los medios de comunicación públicos, que no tiene parangón con la Unión Europea. A lo mejor tiene algún parangón, si gana Berlusconi las elecciones dentro de unos días, y dispone de las televisiones públicas y las privadas, el socio y querido amigo de José María Aznar, Silvio Berlusconi, repito, en Italia. Esto es algo muy importante y esperamos de usted que nos explique qué se piensa hacer a este respecto.
Por último, querríamos que nos explicase cuál es la política que va a seguir el Gobierno o si el Gobierno está preparando algo tan importante como es la Presidencia de España en la Unión Europea el primer semestre del 2002. En un momento en el que España claramente pierde peso en la escena internacional en la Unión Europea, ¿cuáles son los preparativos del Gobierno a ese respecto? Imagino que tendrá usted que ver con ello, ya que la Presidencia de la Unión Europea sí es algo que compete al conjunto del Gobierno y propicio a la coordinación del mismo.
En cuanto a lo que ha dicho sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas y sus propósitos de apertura, esperamos que, como consecuencia de los mismos, el Grupo Popular apoye la proposición no de ley que acaba de presentar el Grupo Socialista, en la que se solicita que se entregue al Parlamento, de forma inmediata, por el CIS no sólo las encuestas de intención de voto, sino todas las que haga, así como aquellos elementos técnicos necesarios para una mejor valoración de las encuestas que realiza ese centro, dependiente del Ministerio de la Presidencia.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quisiera comenzar, como es natural, dando la bienvenida al ministro de la Presidencia en esta su primera comparecencia ante esta Comisión, como lo ha hecho el resto de los grupos parlamentarios que han intervenido con anterioridad.
Quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya iniciado su intervención haciendo hincapié y recalcando su predisposición al diálogo y a alcanzar el mayor grado de colaboración posible con todos los grupos parlamentarios. Ello significa, sin duda, que la mentalidad abierta y el talante dialogante que caracterizaron su gestión en los años que estuvo al frente de la Junta de Castilla y León van a seguir siendo la pauta, el principio, que se va a plasmar en la política de su Ministerio, algo que sin duda nos alegra pero que no nos sorprende, en absoluto, ni creemos que le vaya a suponer un

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gran esfuerzo porque, repito, su talante dialogante no se presume sino que es bien conocido por todos los grupos parlamentarios.
Y si positivo es ese dato también lo es que el señor ministro haya recalcado al comienzo de su intervención que la política de su ministerio no será muy distinta de la de su predecesor en el cargo, algo lógico si tenemos en cuenta que esa política se asienta en los compromisos contenidos en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, compromisos que fueron contraídos también por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura; compromisos que, en lo referente al impulso de la labor legislativa, vemos que se van cumpliendo, puesto que ya se han presentado a las Cortes, ni más ni menos, 31 proyectos de ley elaborados por el Gobierno, de los alrededor 50 que venían contenidos en nuestro programa electoral, lo que indica lo mucho, repito, que hemos avanzado en este terreno en sólo un año de legislatura. Creo que es un buen comienzo y una buena pauta, señor ministro.
Por ello decía que es lógico y coherente que su política sea de continuidad, lo que en modo alguno significa que sea continuista, que no lo es, dadas las importantes actuaciones y los ambiciosos proyectos que en relación a los organismos dependientes de su ministerio nos ha trazado en su intervención.
Una cuestión importante, yo diría que esencial, a la que se ha referido el señor ministro esta mañana, así como otros grupos parlamentarios, ha sido el ofrecimiento permanente al diálogo para conciliar posiciones y alcanzar acuerdos; diálogo entre los grupos parlamentarios y diálogo entre el Gobierno y las Cortes, cuestiones éstas en las que el Ministerio de Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cumple un papel esencial.
Señorías, creo que esta no es una cuestión baladí y por ello me van a permitir una breve reflexión. Hubo quien vaticinó que la predisposición al diálogo no sería la pauta de comportamiento de un gobierno respaldado por una cómoda mayoría; que esa predisposición, plasmada en importantes acuerdos en la pasada legislatura, era fruto de las ariméticas parlamentarias más que de la convicción. Pues bien, del compromiso y del ofrecimiento a incrementarlo, que ha realizado el señor ministro esta mañana, se desprende claramente que esos augurios no iban bien encaminados. Es algo que nos satisface plenamente porque, a nuestro juicio, la cultura del diálogo no debe ser patrimonio de gobiernos débiles, por minoritarios, sino norma permanente de conducta parlamentaria, ya sea en mayoría o en minoría.
Creo, señorías, que la cultura del diálogo no perjudica a unos y favorece a otros, sino que nos fortalece a todos en la medida en que el principal beneficiario del fruto de ese diálogo es el conjunto de los ciudadanos. En ese sentido, no cabe ninguna duda, guste o no guste, de que a lo largo de esta legislatura la actitud de diálogo ha seguido siendo la pauta de comportamiento del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario. Prueba de ello es que en la presente legislatura, como acertadamente señalaba el señor ministro, todos los proyectos de ley aprobados por las Cortes no sólo han contado con mayoría, sino también con compañía, y por eso se han aprobado con el respaldo de al menos dos grupos parlamentarios, actitud que sin duda esperamos que siga impregnando todos los trabajos legislativos y parlamentarios hasta el final de la legislatura. Y como se ha referido a ello algún portavoz, nuestro grupo parlamentario también espera que los trabajos que mañana iniciamos en ponencia para debatir el proyecto de ley orgánica que desarrolle el derecho de petición culminen con el más amplio consenso posible. Desde luego, mi grupo parlamentario realizará los mayores esfuerzos para que eso se produzca.
Otra de las cuestiones planteadas en la intervención del señor ministro, y que compartimos plenamente, es su manifestación de seguir avanzando en todas las medidas que tiendan a favorecer la actividad parlamentaria y a convertir el Parlamento en centro de la vida política nacional. Eso tiene mucho que ver con los mecanismos de control al Gobierno. Sin duda, los gobiernos tienen una legitimidad de origen, pero tienen que ganarse también una legitimidad de ejercicio, y para eso nada mejor que impulsar los mecanismos de control parlamentario, al punto que se ha dicho, a mi juicio muy acertadamente, que la acción de gobierno se fortalece precisamente por el control parlamentario, como garantía de transparencia de la vida pública. En ese sentido, hemos dado un paso muy importante al inicio de esta legislatura, como recordaba el señor ministro en su intervención, al introducir el sistema de comparecencia previa de los candidatos a aquellos puestos del Estado reservados a propuesta, aceptación o nombramiento de las Cámaras. Sin duda ese ha sido un paso innegable, como también debería ser innegable para todos los grupos que precisamente desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se están dando pasos muy importantes en la mejora de los mecanismos de control al Gobierno y se sigue incrementando la presencia de miembros del Gobierno para someterse al control de esta Cámara, por lo que en modo alguno se puede hablar de obstruccionismo, y mucho menos porque el Grupo Popular ejerza su derecho a preguntar al Gobierno en los plenos del Congreso. En ese sentido, las cifras que el señor ministro ha dado en relación con el número de respuestas escritas, el número de comparecencias celebradas y el número de respuestas orales por el Gobierno, tanto en Pleno como en Comisión, en lo que va de legislatura, son tan contundentes como demostrativas de esa voluntad de seguir revitalizando el Parlamento como eje de la vida política nacional.
Por lo demás -porque no quiero extenderme-, señor ministro, quisiéramos expresarle nuestro firme respaldo a los planes y objetivos que nos ha expuesto de manera clara y pormenorizada en relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas, ese CIS del siglo XXI que quiere construir y sobre el que sin duda tendremos

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muchas más ocasiones de debatir. También quiero expresarle nuestro apoyo para el portal legislativo en el que quiere convertir el Boletín Oficial del Estado o para la potenciación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y para los proyectos e inversiones en el Patrimonio Nacional.
También quisiéramos animarle a que siga impulsando la introducción de las nuevas tecnologías de la información en los mecanismos de comunicación de los diferentes centros directivos y organismos dependientes de su Ministerio, en la medida en que eso será síntoma de modernidad, de vanguardismo y de la necesaria adaptación de la Administración a los nuevos tiempos.
Igualmente queremos pedirle que todo ese copioso y ambicioso proyecto de publicaciones oficiales que debe coordinar -creo que ha hablado de más de 3.600 publicaciones en el conjunto de la Administración general del Estado-, en la medida de sus posibilidades, pueda tener una mejor y más amplia difusión.
En definitiva, señor ministro, desde el Grupo Popular queremos expresarle nuestro apoyo y nuestra colaboración para todos los objetivos de su Ministerio que nos ha expuesto a lo largo de su intervención. Un Ministerio que, si me permite la expresión, señor ministro, ha ganado peso político. Su Ministerio y usted, señor ministro, presiden la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, cuyos trabajos tienen mucho que ver con la buena marcha del Gobierno, y presiden también, como ha mencionado, el Comité especial de seguimiento de las encefalopatías espongiformes transmisibles, lo que da idea de la relevancia que con ocasión de su nombramiento se ha concedido al Ministerio de la Presidencia. En ese sentido, nos gustaría que nos hiciera una valoración de la marcha de los trabajos de ese comité.
Por último, quisiéramos desearle mucha suerte, puesto que si ese deseo del Grupo Popular es común para todos los miembros del Gobierno, especialmente lo es para el ministro de la Presidencia, en la medida en que, como Ministerio horizontal, todos deseamos una mayor y mejor coordinación del Gobierno, porque ello redundará en beneficio del conjunto de la sociedad española.


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Permítanme en primer lugar unas palabras de reconocimiento para las intervenciones de los distintos portavoces. Agradezco, a pesar de la crítica, el tono de respeto parlamentario con el que se han desenvuelto.
Quiero referirme al representante del PNV señor Erkoreka, que ha hecho un análisis crítico, en gran parte muy certero, sobre aspectos de técnica legislativa. También en el ámbito periodístico los grupos de la oposición han criticado todos los temas referidos al uso de las leyes de acompañamiento, que aunque no están inventadas por el Grupo Popular, es verdad que producen alguna alteración. Ha hecho incluso un análisis sobre las disposiciones adicionales y sobre la vulneración de los preceptos obligados que deben regular las propias disposiciones adicionales y que se alteran en la práctica. Algunos de estos temas, independientemente de la crítica que se merece el Gobierno, tal vez sean de crítica puramente parlamentaria a los propios grupos que lo aprueban, porque hasta ahí no llega la intervención del Gobierno, pues aunque es verdad que remite los proyectos de ley, también es verdad que una de las obligaciones del propio Parlamento es mejorarlos y corregir esas deficiencias. Con esto no trato de quitarme de en medio, pero sí quiero decir que estoy seguro de que algunos de esos defectos se hacen patentes también en el propio debate parlamentario, cuando se presentan los propios proyectos de ley. Las disposiciones adicionales tienen como fin complementar el régimen legislativo que regula la ley, pero no creo sinceramente que se ponga en riesgo el principio de seguridad jurídica, ni siquiera haciendo alusión a las sentencias del Tribunal Constitucional, que, naturalmente como defensor de ese principio básico en un Estado de derecho, aboga por la claridad y por la transparencia que debe imperar en todo el cuerpo normativo para todos. En todo caso, recojo su iniciativa en sentido positivo.
Naturalmente, mi obligación es trasladarla a los ámbitos de mi competencia, incluido el Gobierno, porque considero que esta técnica de mejora de los textos debe ser tenida en cuenta por el Legislativo.
Ha habido una crítica al uso abusivo de los decretosleyes. Hay que recordar una vez más que el decreto-ley es una facultad constitucional del Gobierno por razones de urgencia y que el propio decreto-ley se remite a la revisión parlamentaria, a pesar de que se ponga en vigor con anterioridad. Digo esto porque algunos de los decretos-leyes publicados últimamente -estoy hablando del período que llevo al frente del Ministerio-, como el decreto-ley de ayudas para los ganaderos en el tema de las vacas locas o el decreto-ley sobre la reforma laboral, no hay duda que tenían los condicionantes claros de razones de urgencia, en algunos casos razones de mucha urgencia, y el Gobierno estaba no sólo facultado sino obligado a regular esas ayudas a los ganaderos o esas intervenciones en materia laboral, a pesar de que será -insisto- el propio Parlamento quien revise al final la legalidad e incluso la oportunidad del texto que en su día aprobó el Consejo de Ministros. Pero tampoco hay que sacralizar una crítica generalizada al sistema de decretos-leyes, diciendo: es bueno elaborar 25 decretos-leyes en un año o es malo elaborar 28 ó 32. Son las propias circunstancias y los criterios de oportunidad y de urgencia los que determinan en muchos casos la necesidad de los mismos. Yo recojo su sugerencia o su crítica a este punto, pero defendiendo no sólo la legalidad, sino la oportunidad.
Ha examinado las intervenciones del anterior ministro de la Presidencia y vicepresidente primero que, por

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qué no decirlo, tengo obligatoriamente que hacerlas mías. La elaboración de un programa legislativo sin duda no sólo está señalado en el debate de investidura, sino que tampoco hay que excluir con ese sentido de oportunidad futuras comparecencias del propio presidente del Gobierno ante la Cámara, en las cuales pueden señalarse plazos de remisión de textos legales. No se puede pedir un cuadro en el que se señalen en los próximos tres años las fechas en las que se van a remitir proyectos de ley, que algunas veces, por cierto, también vienen determinados por condicionantes económicos, políticos o sociales que no se pueden precisar, y no sólo eso, sino que a veces no es ni siquiera la propia voluntad del Gobierno la que determina los plazos. Quiero pensar en ello cuando, por ejemplo, como en la mayoría de los casos ocurre, los proyectos de ley tienen imperativamente que someterse al Consejo de Estado u otros órganos, al margen del propio Gobierno, como informe preceptivo para su aprobación y remisión a las Cortes. Quiero decir con esto que existe la elaboración de un cuadro, si quiere usted, de carácter interno de programa legislativo. En cuanto a la remisión como documento a la Cámara, que se sacralice ese texto como un compromiso político claro, con una fecha determinada, no me atrevería a decir que esto se convierta en los antecedentes históricos de España, que no ha existido nunca, pero en derecho comparado como norma. En cualquier caso, yo recojo en sentido positivo su sugerencia, y tenga la seguridad de que la estudiaremos, tal vez no para la legislatura, pero sí para procesos más cortos, que en período más corto de tiempo pudieran adelantarse las iniciativas que tiene previstas el Gobierno para los próximos meses o para el próximo año o los próximos dos años.
Al señor López de Lerma quiero agradecerle especialmente su intervención que, por qué no decirlo, está también preñada de cierta astucia, aunque quizá no sea el término correcto, de adivinanzas de qué hay de más. La verdad es que lo que he dicho es lo que siento y de lo que he hablado es de mis responsabilidades, que son las que me otorga la ley y la voluntad del propio presidente, en algún caso delegada, como en el tema de las vacas locas, pero en general no vamos a jugar a futuribles y vamos simplemente a decir que la comparecencia de este ministro, es verdad, viene muy centrada en acelerar los compromisos que el Gobierno tiene con la Cámara Baja y la Cámara Alta. Yo no sé lo que ocurrirá en los próximos meses, lo único que digo es que en apenas 45 días que llevo como ministro de la Presidencia he comparecido en Pleno tres veces -mañana me parece que hay otra: cuatro-, he comparecido en el Congreso y en el Senado y he tenido una relación con los portavoces de los grupos parlamentarios asistiendo a sus sesiones, que creo no lo ha hecho nunca ningún ministro -estoy hablando de la Junta de Portavoces-. Es difícil, por no decir imposible, que en tan pocos días haya habido nadie nunca que haya tenido tanta dación de cuentas a esta casa como la que ha tenido este ministro, y es mi voluntad establecer una relación permanente con los grupos a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y personalmente yo también, por qué no, si es necesario, con los portavoces. Yo necesito al Parlamento, lo necesito desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. No es un trámite que pasados 45 días haya comparecido a petición propia en las dos Cámaras, es un acto de convicción, y podrá tener todas las críticas que se quieran, pero lo que sí digo es que la política de los hechos, al menos en estos días, no advierte en un sentido de huida del Parlamento, sino todo lo contrario.
Ha manifestado el señor López de Lerma dos cuestiones que también tienen interés político: las preguntas tardan mucho y a veces no se contestan de manera suficientemente completa. El Gobierno las contesta como cree que debe contestarlas. Es verdad que esa es una censura generalizada siempre de Gobierno y oposición, censura en la que -por qué no decirlo- he participado yo cuando estaba en la oposición en esta misma Cámara, es decir, que las respuestas que se dan por parte de los ministros no cubren las aspiraciones de los diputados respecto a lo que son sus propias exigencias de dación de cuentas por parte del Gobierno. Yo recojo esa petición que me hace el señor López de Lerma y trataré de corregir aspectos que él ha denunciado.
La reforma del Reglamento, como bien ha señalado él, compete a los grupos. Dice que tiene malos pensamientos. Yo creo que no son malos, son buenos pensamientos. Los grupos son soberanos en el ejercicio de su actividad y el Gobierno, en la independencia que tiene y en el respeto a la propia soberanía, entre comillas, de los grupos, anima a ese acuerdo, que creemos que es positivo, tratando de hacer un reglamento que no se merezca elogios o censuras según se esté en el Gobierno o en la oposición, porque también hay antecedentes parlamentarios, nacionales y autonómicos, en los que, según se esté en el Gobierno o en la oposición, se alaba o no a los reglamentos de los distintos parlamentos.
Le agradezco su apoyo al tema de la calidad normativa y al tema de los ministros iberoamericanos, que tampoco está de relleno. La conferencia de ministros de la Presidencia y equivalentes a propósito de las conferencias iberoamericanas yo creo que merece un apoyo especial, y no sólo por esa actitud mental que tenemos de facilidad de comunicación con el mundo americano, no sólo idiomática sino de otros muchos aspectos, sino porque creo que podemos enriquecernos de su propia experiencia, sin creernos tampoco poseedores exclusivos de la verdad, y aportar un sentimiento de colaboración en lo que es la construcción de su cuerpo legislativo.
Es verdad que se va a abrir el CIS, y se va a abrir por un acto de convicción de que el CIS virtual va a ser conocido con las legítimas y lógicas reservas que establecen las garantías técnicas de lo que son datos informáticos, y como no podía ser menos Convergència iUnió apoya la edición del boletín en varios idiomas,

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que yo espero que sea realidad en el próximo convenio que firmemos con la comunidad balear, donde me parece que, por cierto, el idioma oficial es el catalán.
La coordinación de las vacas locas, por no referirme exclusivamente a este asunto como uno de los encargos específicos del presidente del Gobierno, es una comisión muy importante en la que tenemos un triple objetivo. El primer objetivo es que ninguna vaca loca pase a la cadena alimentaria; por encima de la protección a la cabaña ganadera y por encima de la protección al medio ambiente, el primer requisito es garantizar la salud de los consumidores, que ninguna vaca loca pase a la cadena alimentaria. Por consiguiente, los esfuerzos van dirigidos a esa actitud preventiva mediante los análisis que se están haciendo en todas las comunidades autónomas en más de 60.000 vacas, con 41 positivos confirmados a fecha de hoy. En Baleares, dos; en Castilla y León, ocho; en Cataluña, uno; en Galicia, 21; en Navarra, cinco; en el País Vaso, uno y en Asturias, tres. Llevamos dos semanas sin que haya aparecido ningún caso, lo cual no debe generar una actitud de falso optimismo, sino de prudencia y de seguir trabajando, siguiendo las instrucciones de los que asisten todos los miércoles, presididos por este ministro, que no son sólo los ministerios, sino también los expertos, los sabios, los conocedores de estos asuntos que son los que elaboran los criterios técnicos para prevenir esta enfermedad que, por qué no decirlo, preocupa al Gobierno. Nosotros debemos prevenir haciendo esos análisis, evitando que pase a la cadena alimentaria y protegiendo nuestra cabaña ganadera, ya que para eso está el decreto- ley donde se otorgan 14.000 millones de pesetas, hace dos consejos de ministros, y también una tercera vía de protección que son las garantías de uso correcto de destrucción de los productos MER, materiales específicos de riesgo. Sobre esto tengo que decir que ha habido una solidaridad importante por parte de la Generalitat de Catalunya. Es un tema que está razonablemente coordinado, pero no oculto que al Gobierno le produce una seria preocupación. Si se alteran las condiciones o surgen motivos de preocupación añadida sobre este asunto, adquiero el compromiso de venir a esta Comisión a informar de los problemas graves que puedan surgir en el seno de cualquiera de los tres ministerios afectados.
Quiero agradecer al señor López Garrido su intervención, que ha iniciado, como es lógico, haciendo una crítica a la ausencia -me imagino que previsible- de este ministro del modelo audiovisual. Le voy a decir una cosa, y es que en la actual legislatura el Gobierno acordó adscribir el Ente Público Radiotelevisión Española a la SEPI , y desde el pasado 1 de enero, a través de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de elaborar un plan de viabilidad financiera y de reforma institucional. No parece muy acertado discutir hoy sobre el actual modelo audiovisual -que si el Parlamento determina que esté el Gobierno, estará, porque ni el Gobierno ni ningún ministro omite nunca la presencia cuando es llamado por esta casa- cuando el Gobierno se ha comprometido a presentar a las Cámaras en pocas fechas un nuevo modelo. Tanto el ministro de Hacienda en la interpelación que presentó Izquierda Unida en el Pleno del Congreso del 4 de octubre, como el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia en la pregunta oral en el Pleno del Congreso el 14 de junio de 2000, han adquirido el compromiso de que el plan de empresa elaborado por la SEPI y Radiotelevisión Española sea remitido al Congreso para su conocimiento y debate en los próximos meses. Una vez que esté preparado este plan de viabilidad, comenzaremos a debatir el nuevo modelo del sector audiovisual. Por tanto, lo más acertado es esperar a que se presente el nuevo modelo, porque cualquier otra discusión resultaría estéril.
Respecto a un dato del CIS, ha manifestado que confía poco o nada en el presidente del Gobierno. Yo no quiero entrar en un debate electoral, señor López Garrido. Lo que diga el CIS importa mucho, pero lo que digan los ciudadanos importa más. Y los ciudadanos hace un año dijeron lo que pensaban del presidente del Gobierno. Por consiguiente, no voy a hacer una sacralización de lo que piensa el CIS, sino de lo que piensa la soberanía popular reflejada en las urnas. En ese sentido la tranquilidad es que si los datos del CIS señalan que el grado de popularidad o el grado de prestigio de un líder, sea de la tendencia que sea, es la que dicen los ciudadanos o, mejor, la que dice el CIS en un momento dado, tenga la plena seguridad de que se hará públicoese dato, beneficie o no al Partido Popular.
Ha hecho un análisis sobre la coordinación del programa legislativo y distintas críticas a manifestaciones de los ministros que, en algunos casos, por qué no decirlo, están más o menos justificadas que otras veces con carácter puntual. Son puntos de vista sobre temas concretos que a veces la propia expresión de los mismos en los lugares donde se hace dan lugar a un aparente choque entre los ministerios, más aparente que real. Ha hablado de las vacas locas, de la reforma laboral o de la telefonía móvil. Son aspectos en los que no quiero entrar, pero lo que sí le digo, y son mis palabras como ministro, es que en el Gobierno hay un grado de unidad interna excepcional. Pero los gobiernos están hechos por personas con puntos de vista que en algunos momentos pueden no coincidir en aspectos accidentales, pero en lo que es la programación, el diseño político y el compromiso con la acción de gobierno, es una responsabilidad colegial unánime y absolutamente compartida por todos los ministros.
En cuanto al programa legislativo, ha empezado hablando de la reforma de la Constitución. Escuche al portavoz socialista en el Senado, porque están dispuestos a negociar la reforma del Reglamento sin necesidad de modificar la Constitución. Entiende que el texto se mejora sin necesidad de una reforma constitucional. Ni para el Partido Popular ni para el Gobierno ni paranadie la Constitución es la Biblia. ¿Se puede modificar

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la Constitución? Naturalmente que sí. Ya se ha modificado varias veces. (El señor Marcet i Morera: Una.) Una, luego se puede modificar. En estos momentos, ¿a qué hay que hacer alusión? A que la modificación de un texto que costó tanto elaborar entre todos los grupos aquí presentes tiene que recuperar el espíritu con que nació aquel consenso. Tal vez políticamente este momento no sea el más oportuno para modificar la Constitución. En cualquier caso, el Gobierno entiende que es perfectamente posible la reforma del Reglamento del Senado sin necesidad de modificar la Constitución, y que se puede emprender en sentido positivo. Le voy a decir más: tengo esperanzas de que se produzca esa modificación.
Ha hecho una crítica, me parece que injusta y generalizada, en un tono que, a mi juicio, no corresponde a esta sesión, que yo respeto pero que no comparto, sobre la voluntad de diálogo del Gobierno en temas como la justicia, el diálogo social, la financiación autonómica y el plan hidrológico. Podríamos mantener un debate sobre cada uno de estos puntos. Incluso ha habido debates puntuales sobre estos temas a la hora de discutir esos textos legales. En el tema de la justicia no se puede criticar un plan presentado con la ambición con la que lo ha presentado este Gobierno y con voluntad de acuerdo en sectores en los que parecía imposible conseguir ese acuerdo hace unos meses. Y parece que salvo algunos de los temas relativos a la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial, su grupo no es el más crítico con algunas de estas iniciativas políticas del Gobierno. Al contrario, he oído elogios de dirigentes socialistas sobre la reforma de la justicia, fuera, insisto, del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por consiguiente, también hay motivo para la esperanza, hay motivo para poder llegar a un acuerdo y discutir los aspectos que afectan a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, y que tiene tantisimo interés a la vista del grado de consideración por parte de la sociedad española.
Diálogo social. Permítame una anécdota personal. Cuando aquí había huelgas generales, en Castilla y León firmaba yo con Comisiones, UGT y los empresarios acuerdos por el empleo; cuando aquí hubo huelgas generales, no con un Gobierno popular. Yo no lo voy a traer a colación aquí, cada uno es muy dueño en la acción de Gobierno de hacer la política que considere oportuna; en aquel momento fue una política de choque frontal con los sectores afectados, sindicatos y empresarios. Yo no voy a decir si el Partido Socialista ha dejado huérfano a uno de los sindicatos cuando han visto el grado de apoyo que había para una huelga general, lo que sí le digo es que la voluntad del Gobierno es entenderse con los sindicatos. Dos no se entienden si uno no quiere, tenga la plena seguridad. Pero la voluntad del Gobierno con un sindicato se demostró documentalmente con los empresarios. ¿Fue imposible el otro acuerdo, a pesar de recoger muchas de sus hipótesis en el texto aprobado? Fue imposible, pero el 90 por ciento de las aspiraciones del mundo sindical -lo dijo el presidente del Gobierno en el Pleno de la semana pasada- estaban recogidas en el texto. Yo respeto la independencia de los sindicatos para firmar o no firmar, pero no se puede decir que había ausencia de voluntad política del Gobierno, porque incluso se había prorrogado dos meses más el plazo para llegar a un acuerdo, hasta el punto de llegar a finales de febrero.
Financiación autonómica. Veremos lo que pasa con la financiación autonómica, ojalá se llegue a un acuerdo con los criterios con los que el Gobierno entiende la financiación autonómica: criterios de suficiencia financiera, de corresponsabilidad, de solidaridad. Esos son los criterios que van a guiar. Sólo una nota; hubo comunidades autónomas que no firmaron el sistema de financiación anterior. ¿Sabe usted cuál fue la crítica mayor que recibimos las comunidades que lo firmamos? Que perdíamos dinero, que era un peor sistema de financiación de las comunidades autónomas y que las comunidades más despobladas iban a sufrir unas consecuencias económicas graves. ¿Sabe usted cuál es la primera exigencia de las comunidades autónomas que no firmaron? Pedir el dinero que se les debe del sistema anterior.
Eso significa que no sería tan malo. El sistema de financiación de las comunidades autónomas no debe ser un pulso permanente entre el Gobierno y las comunidades autónomas, sino que tiene que ser un lugar de encuentro, porque independientemente de los partidos que gobiernen en cada una de las comunidades autónomas está afectando al bienestar de miles de ciudadanos. Hay que saber que la financiación de las comunidades autónomas no puede hacerse sólo con criterios de población, que no es lo mismo dotar de recursos a una comunidad con 2.500.000 habitantes en una población como Madrid, por ejemplo, que dotar de recursos a una comunidad con 2.500.000 habitantes dispersos en 7.000 núcleos de población con carreteras, con teléfonos, con agua, con una infraestructura infinitamente superior. Hay que utilizar el criterio de solidaridad, que es uno de los principios que inspiran la Constitución. Tenga la plena seguridad de que va a ser ése y omito cualquier referencia ideológica, porque está al margen de cualquier ideología, ya que en este tema coinciden muchas más comunidades con los mismos problemas que comunidades que gobiernan los mismos partidos. Créame que tengo base para decir esto. En ese aspecto he estado más cerca de comunidades que en algunos casos no eran las ideológicamente más cercanas.
Plan hidrológico. Que no hay voluntad de acuerdo. No sé que decirle.
Se ha discutido este asunto. El plan hidrológico obtuvo un respaldo importante en el Consejo Nacional del Agua, votando a favor incluso comunidades socialistas. Dicen: es que no se obtuvo el cien por cien.
Le digo que siempre va a ser imposible obtener el cien por cien en algún proyecto ideológico que se presente en España. El plan hidrológico es uno de los proyectos más ambiciosos que ha emprendido nunca ningún gobierno y para el que este Gobierno

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pide ayuda al Grupo Socialista, grupo que en la historia reciente de España siempre se ha distinguido precisamente por mantener un criterio de solidaridad entre las tierras de España. Esto no va contra nadie, esto no es un campeonato, no es un pulso y no puede perjudicar a ninguna comunidad autónoma. En esa voluntad estamos.
Espero que las comunidades más afectadas, como es en estos momentos la comunidad aragonesa, lleguen a la convicción de que esto es así.
Fíjese si me importa este tema que en los pocos días que llevo al frente del Ministerio sólo he salido oficialmente a una comunidad y ha sido a Aragón, para asistir a una inauguración con el presidente de esa comunidad. Creo que desde el Gobierno hay que atender aquella comunidad autónoma, porque entiendo que en este tema es una comunidad que está especialmente sensible, pero tiene que llegar a la convicción de que el Gobierno está apoyando el desarrollo de Aragón, no sólo de sus infraestructuras, no sólo en sus proyectos industriales de comunicaciones del tren de alta velocidad, sino que está, y es la firme voluntad del Gobierno, contribuyendo a superar el sentimiento que sin duda anida en estos momentos en una parte de la sociedad aragonesa.
Tampoco la Ley de extranjería tiene motivos de crítica, ni siquiera voy a referirme a declaraciones que hizo el secretario general de su partido sobre si habría recurso de inconstitucionalidad o no. Sólo se lo digo como jurista, ¿cómo es posible que no recurrieran la ley socialista elaborada por ustedes ante el Tribunal Constitucional? Yo me he permitido hacer un estudio de esa ley. Tiene más condiciones de inconstitucionalidad que la actual. Es una ley más restrictiva en el derecho de asociación, en el derecho de reunión, en el derecho sindical, incluso en el derecho de la asistencia judicial gratuita, señor López Garrido, créame; una ley que elaboró con mayoría suficiente el Grupo Socialista y que en estos momentos trata de descalificar a una ley sobre uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, que es la inmigración, donde el Gobierno quiere, para evitar lo que hemos visto hace muy pocos días en esas imágenes de barcos cargados de personas necesitadas de una subsistencia mínima, explotadas a través de mafias, ir a ideas de legalidad, de generosidad, de solidaridad, no restrictivas sobre el mundo del Magreb y, sobre todo, con la sociedad iberoamericana. Estoy seguro de que el Gobierno quiere en este tema llegar a que los inmigrantes que vengan a España lo hagan en condiciones de absoluta legalidad y vengan en la certidumbre de que no son explotados por nadie, ni mujeres ni hombres, porque es un drama que afecta a la sociedad occidental, donde una sociedad hambrienta pide una parte del pastel de una sociedad saciada que es el mundo occidental, donde 6.500 millones de personas en el mundo nos encontramos con 500 millones de personas que tienen derecho a educación, a asistencia, a alimentos, mientras que existen miles de millones que están en un estado de subsistencia. Hay que ser sensibles, pero también hay que reconocer las condiciones para asimilar, en condiciones dignas, a las personas que nos vengan, en primer lugar, por convicción, por solidaridad, pero, si me permite usted, también por un sentido de que el futuro en gran parte de la actividad laboral de España está centrado alrededor de los extranjeros.
Dice usted que el Congreso no es el centro de la vida política, que los ministros no vienen, que no contestan. Podemos discutirlo pero yo tengo datos que no coinciden con lo que usted dice. Es verdad que, por ejemplo, en el Congreso se han presentado 10.643 preguntas, se ha contestado a más de 8.000 y quedan preguntas sin contestar. Hoy mismo se podrían presentar otras 2.000 y estarían fuera de plazo pero tampoco voy a retrotraerme hacia atrás. En el discurso de investidura del presidente marcó un antes y un después sobre alguno de los temas que afectan a su presencia en el Parlamento. Sólo le voy a dar un dato, y no me gusta referirme a la conducta de otro Gobierno. (La señora Conde Gutiérrez del Álamo: Lo ha hecho varias veces.-El señor Marcet i Morera: ¡Pues no lo haga!) Lo voy a hacer. En cuanto al Parlamento, sólo en la pasada legislatura el presidente Aznar contestó a más preguntas que Felipe González en 14 años. (La señora García-Alcañiz Calvo: Eso es absolutamente cierto.) Sólo en cuatro años se contestó a más preguntas que en 14 años. ¿Esa es la transparencia por la que usted aboga? Habla de exigencias, de presencias del fiscal general del Estado, del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Señor López Garrido, es que no les manda comparecer el Gobierno, son las Cortes.
No responsabilice usted tampoco al Gobierno de que no viene aquí el fiscal general del Estado.
Aboga por un sistema incluso de audiencia a los ciudadanos. Resuelvan los grupos, estúdienlo. Está pendiente la reforma del Reglamento y está el derecho de petición en marcha. Modifíquese. En casi todo puedo estar más o menos de acuerdo, como le he señalado, con su intervención, excepto en un tema: en televisión y la presencia que pide del ministro de la Presidencia. Primero, porque Televisión Española ni orgánica ni funcionalmente depende de Presidencia. Tome usted nota. Existe una actitud legítima de reclamar la presencia del ministro de Presidencia, que vendrá siempre que le reclame la Cámara, a explicar un tema como es la información que se hace en televisión, donde, por cierto, todavía no he visto detrás de cada gol ninguna sigla del Partido Popular ni he oído al presidente de Radiotelevisión Española decir que hará todo lo posible para que no gobierne el Partido Socialista. Todavía no he llegado a eso. Pero lo que sí le digo es una cosa: Hágase toda la crítica que se merezcan los medios de comunicación públicos, pero hágase donde corresponda, en la Comisión de control. Y si usted me dice que está enfermo el director general de Radiotelevisión Española, arbítrese por parte de la Cámara la sustitución a través de los medios orgánicos que correspondan, porque hay más directivos en esa casa. Si ustedpretende que al director general de Radiotelevisión

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Española le sustituya el ministro de Presidencia, le digo que si me lo manda la Cámara, encantado vengo también. Pero contestaré como estoy contestando todos los miércoles a las preguntas que me hace su grupo. Preguntas legítimas, pero preguntas que tratan de huir del lugar donde se debe de hacer ese debate, que es en la Comisión de control, que está ideada para eso. En cualquier caso, el Gobierno está a disposición de la Cámara y este ministro vendrá, siempre que le pida la Cámara que venga, a contestar sobre Radiotelevisión o a contestar sobre ese barco que está naufragando en Italia, vendrá siempre y tratará de explicar, según su leal saber y entender, lo que cree que es en esos momentos la situación política del problema que se plantee. Por consiguiente, los medios públicos tienen su margen, su punto de referencia. Yo comprendo perfectamente el momento político en que nos encontramos, en vísperas de una campaña electoral, puedo comprender todo lo que usted quiera, pero tampoco voy a referirme a momentos pasados.
La Presidencia española de la Unión Europea. Efectivamente, se está preparando por Exteriores. El ministro de la Presidencia, en el anteproyecto de presupuestos para el año 2002, presentará una dotación presupuestaria capaz de dar respuesta, con criterio de austeridad, a nuestra presencia en Europa, a la Presidencia de la Unión, y dará respuesta satisfactoria a las expectativas que sin duda demanda en todos los países europeos la propia Presidencia.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Quisiera consumir un turno de réplica al ministro en esta intervención, que ha sido mucho más dilatada que la primera.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido.
De forma extraordinaria, vamos a conceder el turno de réplica, turno de réplica que señalo a SS.SS. que será de menos de cinco minutos.
Sus señorías saben perfectamente lo que dice el Reglamento al respecto, y voy a ser benevolente, pero no hasta el extremo de que no haya ninguna regla.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor ministro, voy a hacer una pequeña anotación en relación con los comentarios que ha hecho a propósito de mi intervención sobre el programa legislativo. Usted ha sido más cauto que el señor Rajoy: no ha pretendido apuntarse la idea ni comprometerse de manera que después puedan exigírsele responsabilidades.
La referencia al programa legislativo no la he inventado yo, sino que está expresamente recogida en el real decreto que regula la estructura orgánica de su departamento.Como anteriormente he citado, se refiere expresamente a la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo del Gobierno y en especial de su tramitación parlamentaria. Es cierto que puede haber distintas maneras de concebir un programa legislativo: se puede considerar que un listado asistemático de iniciativas legislativas sin orden ni concierto es un programa legislativo, o se puede considerar también que para que sea programa legislativo al menos tiene que ser un cuadro mínimamente sistemático y completo que recoja no necesariamente con fecha improrrogable, pero sí aproximadamente cuándo, y sobre todo qué orientación, qué contenidos y qué manera de incidir en el ordenamiento juridíco va a tener el conjunto de proyectos que el Gobierno tiene previsto remitir al Parlamento. Nosotros creemos que para que pueda hablarse de programa legislativo tienen que darse estas últimas condiciones. No todo listado de proyectos puede merecer la denominación de programa legislativo. Yo no voy a hacer referencia al marco comparado, pero sí tiene una referencia muy cercana: ese Gobierno vasco que, según los informativos de Radiotelevisión Española, es prácticamente el infierno, ese Gobierno hace ya muchos años que tiene implantada la práctica de elaborar al principio de la legislatura siempre, en todas las legislaturas, un programa legislativo en el que se recogen todos estos elementos: fecha orientativa, elementos que lo van a integrar, orientación política y demás.
Le voy a hacer también una pequeña consideración -y final ya, señora presidenta-. Me dice que las observaciones que le he hecho en relación con el contenido natural de las disposiciones adicionales no afectan a la seguridad jurídica. Si eso es lo que me ha entendido, es que no me he expresado bien. Yo he dicho que lo que puede afectar a la seguridad jurídica -y he citado jurisprudencia del Tribunal Constitucional en ese sentido- son determinadas prácticas normativas articuladas fundamentalmente a través de la Ley de acompañamiento y los múltiples vicios que la acompañan. Voy a poner sólo un ejemplo muy breve que no me resisto a traer a colación. En la Ley 14/2000, reiteradamente citada durante mi intervención, la última Ley de acompañamiento, hay una disposición adicional undécima que es absolutamente opaca, de un estilo rotundamente críptico, que dice: Con efectos económicos de 1 de enero de 2001, la norma primera del número 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, será asimismo de aplicación al cargo de adjunto al Defensor del Pueblo de España. No me diga que no parece un jeroglífico de una película de Indiana Jones que contiene una información importantísima sobre un nuevo objeto que conviene mantener oculto al común de los mortales. Este estilo se aproxima a lo que quería reflejar Franz Kafka en aquel conocido relato que se titulaba Ante la Ley, en el que ponía de manifiesto que era

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imposible para el campesino acceder a la ley, campesino que en el relato muere después de haber pretendido toda su vida acceder a la ley sin conseguirlo, y son estas prácticas las que pueden perjudicar la seguridad jurídica.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor ministro, por su respuesta, algo más amplia que su primera intervención, y también por el tono que ha utilizado. En todo caso, en su intervención ha estado muy a la defensiva, y es que no acaban ustedes de cambiar una característica de la argumentación política del Partido Popular desde que está en el poder, que es utilizar constantemente el pasado como argumento. Eso puede valer una, dos, tres veces, pero si siempre se argumenta sobre el pasado, el mensaje que se transmite a los ciudadanos es que no tienen argumentos para poder responder, sino que utilizan el pasado una y otra vez.
Lo cierto es que nosotros no estamos situados en esa dinámica sino planteando la apertura a un diálogo. Diálogo del que usted ha hablado y que como frase declamatoria es utilizable pero que hasta ahora, en dos temas fundamentales como la Ley de extranjería y el Plan hidrológico, no se ha manifestado en la realidad. En el resto de las cuestiones que enumeró en su momento el señor Rajoy y que yo he vuelto a recordar, la verdad es que no he recibido respuesta por su parte. Usted se ha referido explícitamente al tema de la Ley de extranjería, donde claramente hay una involución respecto de la Ley 4/2000, que fue aprobada en esta Cámara también con el consenso del Partido Popular. Esa involución ni se ha producido ni tiene precedentes en Europa; una involución tan fuerte de desaparición de derechos fundamentales para miles de personas de la noche a la mañana cuando a la Ley 4/2000 la sustituye la Ley 8/2000. La idea de la legalidad se contradice con una regulación que fabrica a pasos agigantados gente irregular e ilegal, que no tiene otra forma de poder llegar a trabajar en los países europeos o en España que pasar siempre por la ilegalidad.
En cuanto al tema del control, usted hace reiteradas alusiones a que el Parlamento decide que el fiscal general del Estado no viene porque el Parlamento lo dice, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial no viene porque el Parlamento lo dice. Vamos a ver, señor ministro, ¿tiene realmente el Grupo Parlamentario Popular, que es el que decide en la Mesa del Congreso o en la Mesa de las comisiones, autonomía respecto del Gobierno? (Un señor diputado: Toda.) ¿Tiene autonomía política real el Grupo Parlamentario Popular respecto del Gobierno para poder decir algo diferente a lo que el Gobierno quiere? (Rumores.- Varios señores diputados: Sí.) Este es un Parlamento dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular, mayoría absoluta dominada a su vez por el Gobierno.
Luego este es un Parlamento dominado por un Gobierno, no un Parlamento dominado por una mayoría parlamentaria. Por tanto, este tipo de decisiones fundamentales para el control dependen absolutamente del Gobierno y no de un grupo parlamentario que no tiene autonomía política respecto de ese Gobierno.
Por último, en cuanto a Televisión Española, no me ha respondido respecto de los datos escandalosos y espectaculares sobre el dominio de Televisión Española y de sus informativos por parte del Gobierno, simplemente se ha refugiado en que no depende del Ministerio de la Presidencia porque Televisión Española es un ente autónomo según su estatuto; estatuto absolutamente obsoleto del año ochenta.
Televisión Española no es un ente autónomo. Es un ente autónomo en lo que la norma señala, porque su director está nombrado por el Gobierno y por tanto Televisión Española depende absolutamente del Gobierno.
Ese modelo de nombramiento del director por el Gobierno hace que Televisión dependa de la buena voluntad de un Gobierno en cuanto a si quiere manipular o no Televisión, y desde luego este Gobierno ha decidido que sí va a manipular Televisión porque es una de las características básicas de la política del Gobierno del Partido Popular, y no de esta legislatura sino de antes. (Rumores.) Los medios de comunicación públicos y los medios paragubernamentales de comunicación están sometidos absolutamente a la directriz gubernamental. Esa es una realidad que todo el mundo conoce y que a estas alturas es inútil reiterar. (Continúan los rumores.) Por tanto, la responsabilidad política sobre Televisión la tiene este Gobierno que es quien nombra al director de Radiotelevisión Española. Nosotros entendemos que este es sin duda uno de los enclaves autoritarios del sistema político español. La televisión pública es uno de los enclaves autoritarios que tiene este sistema y, por tanto, una de las cosas que hay que cambiar urgentemente, como se le ha demandado y se le sigue demandando por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Yo entiendo que es usted el ministro que tiene que responder políticamente de ello. Si no es usted ese ministro, díganos quién es porque hasta ahora es usted quien está respondiendo a las preguntas sobre Televisión en el Pleno. Díganos quién o si no que venga el presidente del Gobierno a responder sobre este asunto. Pero es claro que la responsabilidad del Gobierno existe sobre Televisión y que este Parlamento tiene derecho a conocer -lo veremos a continuación- el modelo audiovisual que defiende este Gobierno en todo momento, porque creemos que debe debatir esta cuestión.
La Comisión de Control de Radiotelevisión Española está cerrada porque el señor González Ferrari está enfermo y el Grupo Popular se niega a que venga otra persona. Por tanto, este Parlamento tiene que controlar los medios de comunicación, como dice la Constitución, y si no es en esa Comisión, que está cerrada, tendrá

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que ser en la Comisión Constitucional a través del ministro correspondiente, que creemos que debe ser usted, y si no le ruego que nos diga cuál es el ministro al que hay dirigirse -si no será al presidente de Gobierno- para que este control se produzca sobre un elemento esencial de una democracia, como son los medios de comunicación y especialmente los públicos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Voy a realizar una serie de puntualizaciones, dadas las constantes alusiones que el portavoz del Grupo Socialista ha realizado al Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que se sigue haciendo referencia a lo que algunos entienden que se está produciendo, que es un menoscabo a las labores de control parlamentario, y dicen para ello que siempre sacamos el pasado. Yo creo que si decimos que se ha mejorado sustancialmente en las cuestiones de control parlamentario, comprenderán SS.SS. que con algo tendremos que compararnos. Creo que sería bueno que repasáramos sucinta y brevemente los ratios comparativos de las cifras de control al Gobierno en la presente y en la pasada legislatura en relación con las anteriores en que gobernaba el Partido Socialista. En todos ellos, sean comparecencias, preguntas escritas, interpelaciones, mociones, como ha dicho el señor ministro, en las respuestas a las preguntas orales en Pleno del presidente del Gobierno, en todos ellos, claramente se pone de manifiesto que se han mejorado los mecanismos al control al Gobierno, y eso es algo innegable. Le pongo algunos ejemplos: en la pasada legislatura se produjo un incremento de más de un 50 por ciento de las comparecencias del Gobierno en relación con las anteriores, al igual que se respondieron el doble de preguntas escritas en relación con las anteriores legislaturas y, por supuesto, como bien ha dicho el señor ministro, el presidente del Gobierno Aznar contestó a 157 preguntas en Pleno, muchas más de las que el presidente González había contestado en anteriores legislaturas, poniendo de manifiesto y convirtiendo en una costumbre semanal lo que antes era un acontecimiento excepcional. En esta legislatura, a la vista de las cifras que ha expuesto el señor ministro en su intervención, vamos camino de superar los ratios de las anteriores.
Nos hablan de ausencia de diálogo y de consenso. Lo ha dicho el señor ministro. El diálogo y el consenso no dependen sólo de una de las partes, sino de las dos. El diálogo no conlleva necesariamente unanimidad; el diálogo, a nuestro juicio, consiste en que los textos que finalmente se aprueben estén enriquecidos con las propuestas de los diferentes grupos, que no recojan enteramente las posiciones de una fuerza política determinada, pero que tampoco marginen a nadie. Y eso es lo que ocurrió precisamente en el debate de la Ley de extranjería, en la que se incorporaron más de medio centenar de enmiendas, el 60 por ciento de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista, una ley que no olvidemos obtuvo el respaldo de tres grupos parlamentarios y de más de 200 diputados en su votación en Pleno. Eso es diálogo, señorías.
Otra cosa es que algunos consideren el diálogo darle la razón o que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, renunciemos a aplicar el programa electoral que obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas. En eso, desde luego, no podremos estar de acuerdo. ¿Que se puede seguir impulsando el diálogo, que se pueden mejorar los mecanismos de control al Gobierno? Sin duda. Siempre hay lugar para mejorar. Es el más amplio espacio de que disponemos, y en ello nuestro grupo parlamentario, lo repito, pondrá todo su empeño.
Por último, en relación con las alusiones que se han realizado a Radiotelevisión Española, quiero afirmar que aquí nadie quiere menoscabar la labor de control al Gobierno en materia de Radiotelevisión Española; aquí ningún grupo, y mucho menos el Grupo Popular, se ha negado a que el Gobierno comparezca para que informe sobre el modelo audiovisual. A lo que nos negamos es a que comparezca el ministro de la Presidencia, que actualmente no tiene ninguna competencia para ello. Esa es la línea que hemos mantenido a lo largo de la presente legislatura en algunos precedentes y esa es la línea que anuncio mantendremos en el debate posterior.
Por último, señor ministro, su afirmación de que usted necesita al Parlamento, necesita a los grupos parlamentarios de esta Comisión, le honra y demuestra lo que afirmé en mi primera intervención: su mentalidad abierta y su talante dialogante, bien conocido por todos, para lo que, le repito, contará con todo nuestro apoyo y nuestra total colaboración.


La señora PRESIDENTA: Para finalizar la presente comparecencia, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): El señor Erkoreka, en nombre del PNV, me ha preguntado qué se entiende por programa legislativo, porque, efectivamente, por programa legislativo podemos entender todo. El hecho de que éste forme parte de una estrategia, de una actitud del País Vasco, de Euskadi, me parece muy bien, y hay que felicitarle por ello, pero tampoco eso supone la verdad absoluta. Respecto a la garantía de presentar el programa legislativo, bien en el discurso de Investidura, de una manera más o menos resumida, bien en comparecencias posteriores, sin que documentalmente se presente al inicio de la legislatura, convirtiéndole en un documento un tanto sacrosanto, le he dicho que recojo su iniciativa y que me parece positiva su aportación,por qué no decirlo.


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En cuanto a las garantías de la seguridad jurídica, creo que ha quedado claro. Ha hecho unas alusiones de carácter legislativo que quiero recordar, pero que no competen en parte al Gobierno, porque en parte los textos que manda el Gobierno se modifican aquí.
Hay una acusación generalizada del momento actual, a este gobierno y al anterior y al anterior, que usted como jurista conoce perfectamente, la de que causa cierto estupor la complejidad de los términos legislativos comparativamente con el Código Civil, por dar un dato, en el que aparece un uso del idioma no sé si más correcto pero sí, desde luego, menos complejo que el de ahora. En esto vuelvo a lo que decía Federico de Castro: Importa mucho la letra de la ley.
No tanto hasta convertirla en soberana. Colocar la letra por encima de la equidad, cerrar los ojos ante los absurdos resultados de una interpretación literal, hiere el sentimiento natural de justicia. En cualquier caso, me pregunta qué me parece una disposición legislativa como la que ha leído. Pues un desastre, qué quiere que le diga.
Me pregunta el señor López Garrido que a quién acude. No sé cómo decirlo: al director general de Radiotelevisión; a la Comisión de Control de RTVE, donde por cierto, tienen voz los representantes socialistas. Creo que se está equivocando de estrategia, incluso perdiendo el lujo de controlar al Gobierno todos los miércoles haciendo uso de una pregunta en el vacío, la de qué piensa el Gobierno de RTVE. Mire usted, ni hago los telediarios ni me importa.
Las quejas que en este tema ha habido, que no son nuevas en el debate Gobierno-oposición, llegaron al climax -y vuelvo otra vez a decirlo- cuando yo era presidente de la comunidad autónoma; en cuatro años creo que sólo ha salido aquella comunidad una vez para decir que había un caso de clembuterol; si no, no sale. Con eso quiero decir que esas críticas se han hecho siempre y que hay que corregirlas si se tiene base. ¿Y cómo se corrigen? Ante el órgano que tiene que resolver, pero no ante el Ministerio de la Presidencia, que no resuelve.
En los casi dos meses que llevo aquí, fuera de la felicitación formal del director general, la verdad es que ni he tenido contacto alguno con RTVE ni creo que lo tenga en los próximos seis meses, por lo menos no lo tengo previsto. Esa es la idea. Ustedes están absolutamente obsesionados porque entienden que ése es un punto de debilidad del Gobierno. Y yo les digo: si es un punto de debilidad del Gobierno, use usted las armas parlamentarias; vaya a la Comisión y exija una dación de cuentas. Incluso me he molestado en preguntar a los servicios del propio Gobierno los minutos dedicados al Gobierno y a la oposición, al señor Rodríguez Zapatero y al señor Aznar, pero ni los doy. Si es que no me interesa; si es que no importan los minutos, si lo que importa, a veces, es lo que se dice, sin hablar de minutos.
Por consiguiente, el tema del minutaje, como acusación generalizada, ni siquiera sirve como positivo o negativo, no depende de los minutos. Pero, insisto, se trata de una competencia que no me corresponde y no voy a entrar en el debate de los minutos y las intervenciones. El climax fue cuando el otro día me hablaron de que criticara la opinión que un periodista había dado en Televisión o en Radio Nacional. Lo que faltaba, que no sólo no hiciéramos un canto a la libertad de expresión, sino que también censuráramos la libertad de opinión. Si es incorrecta esa postura, acúdase a la Comisión de control, y si esa postura tiene una actitud delictiva, acúdase a los tribunales.
Vuelvo a insistir. No me hable usted de la última Ley de extranjería, la del Partido Popular, háblame de la suya, la Ley de extranjería de 1985. Insisto: No resiste un análisis comparativo con la actual en relación con ninguno de los derechos básicos de las personas, y le digo esto porque tengo base para decirlo.
En cuanto al Plan hidrológico, un partido como el Partido Socialista, que tiene una vieja historia, que tiene un sentido de solidaridad entre los hombres y demás, no puede tener una actitud como la que ha tenido frente al Plan hidrológico y a la Ley de extranjería. Recurro o no recurro, esta comunidad sí, esta no, depende de si llego a un acuerdo, la reforma del reglamento puede evitar el recurso. Si usted está viendo que una ley es inconstitucional, con independencia de lo que diga el reglamento, tiene obligación de acudir al recurso. Todo lo hacen con criterios de oportunidad política; legítimos, pero no compartidos. ¿Tiene autonomía el Grupo Popular? Usted y yo sabemos lo que son los sistemas parlamentarios como el nuestro. Tiene autonomía.
El Grupo Parlamentario Popular apoya al Gobierno, pero tiene autonomía. No me diga usted que mande sobre el Grupo Popular, no me diga usted que legisle o que ordene que venga aquí el fiscal general del Estado, porque el Gobierno tiene muchas competencias, pero no tantas. A lo mejor, el Grupo Popular determina que, en algunos casos, la comparecencia del ministro de la Presidencia no es oportuna porque es una materia que no le corresponde; sin embargo, está sometido a la disposición de la Mesa. Por cierto, no estaría de más en este asunto que averiguáramos si esta mañana se ha debatido en la Mesa la comparecencia del director de Radiotelevisión Española porque, por unanimidad, parece que estos temas han sido objeto de tratamiento.
Quiero decir con esto que a los órganos de esta Casa, el ministro de la Presidencia no va a darles instrucciones ni a decirles lo que tienen que hacer.
Gracias, presidenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro.
Antes de continuar con el orden del día, vamos a despedir al señor ministro.
Se suspende la sesión por dos minutos. (Pausa.)

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DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA:

- DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (LUCAS GIMÉNEZ) PARA QUE INFORME SOBRE EL ACTUAL MODELO AUDIOVISUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO FUNDAMENTALACOMUNICAR O RECIBIR LIBREMENTE INFORMACIÓN VERAZ POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000364)

La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con el orden del día. Les recuerdo a SS.SS. que el próximo punto es: Decisión sobre la celebración de la comparecencia del ministro de la Presidencia, para que informe sobre el actual modelo audiovisual, desde el punto de vista del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información, que ha sido solicitada por el Grupo Socialista.
La Mesa ha acordado que tenga el uso de la palabra, en primer lugar, el grupo solicitante de la comparencia. Ruego a SS.SS., dada la hora, que intervengan de forma breve. Como siempre, el orden de los grupos es de menor a mayor.
Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Socialista ha presentado una solicitud de comparecencia urgente del ministro de la Presidencia ante esta Comisión sobre el modelo audiovisual español, desde el punto de vista del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Ese es el objeto de esta comparecencia, cuestión política que corresponde conocer por su materia a esta Comisión. Entendemos que el Gobierno debe venir a esta Comisión a explicar su posición respecto a este modelo audiovisual, lo mismo que los demás grupos parlamentarios pueden y deben intervenir al respecto.
Nos parece que el modelo audiovisual español es obsoleto y uno de sus puntos básicos, el Estatuto de la Radio y la Televisión, de 1980, ha sido claramente sobrepasado por la realidad política, por nuestro desarrollo constitucional, así como por la realidad tecnológica y económica. Han aparecido posteriormente televisiones privadas; hay toda una serie de focos a través de los cuales se desarrollan las informaciones, se accede y se recibe la información. Tanto desde el punto de vista público como privado, estimamos que es un debate esencial en este momento en este país, sobre el que algo tendría que decir el Gobierno. Por eso hemos pedido la comparecencia del Gobierno en la persona del ministro de la Presidencia.
Específicamente, el Gobierno tiene mucho que decir respecto del modelo audiovisual español, que, repito, va más allá de lo público y se extiende a las televisiones privadas, a las radios privadas, a la prensa privada. El modelo audiovisual sobrepasa los medios públicos de difusión, pero el Gobierno tiene una especial responsabilidad porque de él depende Radiotelevisión Española -Televisión Española por un lado y Radio Nacional de España por otro- en cuanto que nombra al director de estos medios. El Gobierno, que orienta y dirige esa información -desgraciadamente es así, a pesar de las palabras que hemos escuchado hoy del ministro de la Presidencia, como si no tuviera nada que ver con la información que se destila a través de Radiotelevisión Española- tiene también, desde ese punto de vista, que venir aquí a informar sobre lo que opina de ese modelo audiovisual. Da igual si piensa en el futuro hacer tal o cual plan, lo importante es que en este momento el Parlamento considera que es un debate oportuno y necesario, que tiene que ver con la forma en que se está desarrollando la acción de los medios públicos de comunicación, que nosotros hemos calificado de escandalosamente favorable y orientada a favor del Gobierno.
Las expresiones del ministro sobre que no ve los telediarios y que no sabe lo que pasa, son frases; no es en absoluto creíble que al Gobierno le dé exactamente igual lo que pase en los medios públicos de comunicación. Si el director de Radiotelevisión Española empezase a hacer una información neutral y diese un tratamiento parecido al Gobierno y a la oposición, sin duda alguna duraría muy poco en ese cargo. Es claro que la neutralidad con la cual funcionan esos medios es inexistente. En todo caso, como creemos que tiene que ver también con el modelo, es un debate que tiene que producirse en esta Comisión Constitucional.
Hemos pedido que sea el ministro de la Presidencia el que venga, es el ministro que contesta a las preguntas sobre Radiotelevisión en el Pleno y nos parece que es el que tiene que venir. Si no es así, nos tendría que decir el Gobierno quién tiene que venir. Nosotros aceptaríamos en este instante que nos dijera el Grupo Popular que vendrá otro miembro del Gobierno a hablar de este asunto. Que nos diga exactamente cuál es el miembro del Gobierno que va a , pero está claro que una mínima sensibilidad ante la importancia de que estos debates se celebren en el Parlamento y que haya una mínima capacidad de control del Parlamento sobre el Gobierno debe llevar a que se acepte esta solicitud de comparecencia que, repito, no es sólo algo relativo a los medios públicos de comunicación, sino también a los medios privados, al modelo audiovisual, y en última instancia algo fundamental para esta Comisión Constitucional, que es el debate sobre los derechos fundamentales y, en este caso, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKAGERVASIO: La posición del Grupo Vasco en relación con este tema parte de un punto que es insoslayable en la cuestión objeto de debate, y es

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que no hay zona de la actividad del Gobierno que esté exenta del control de la Cámara; no debe haber ninguna zona, ningún ámbito, ningún espacio de la actividad gubernamental sustraído por definición a la actuación de control que esta Cámara tiene que desarrollar por mandato constitucional sobre el Ejecutivo. La Cámara, por tanto, puede exigir al Gobierno la comparecencia de cualquier autoridad gubernamental responsable de las materias sobre las que se vaya a ejercer el control.
Cierto es que en relación con Radiotelevisión Española hay dos disposiciones específicas que regulan algunos aspectos de este control parlamentario, que son: la disposición final quinta del Reglamento y la resolución de la Presidencia de la Cámara de 14 de diciembre de 1983. Es preciso reseñar que ambas se refieren exclusivamente a las materias propias de la competencia del Ente Público Radiotelevisión Española, y hay otros muchos temas que tienen también que ver con el ente público pero que no son materias competenciales asignadas como funciones específicas al mismo, por ejemplo, una propuesta para reconsiderar el estatuto del ente público, un posible cambio del modelo en el que se inspira, posibles modificaciones en la ley que lo regula, el propio sistema de elección del director general, que supongo que se podrá reconsiderar y debatir. Lógicamente el foro en el que se tenga que discutir esa cuestión no es la Comisión específicamente creada al efecto donde el compareciente por antonomasia es el propio director general; tiene que haber otro foro, tiene que haber un responsable que responda ante estas cuestiones. ¿Quién es el responsable? Aquí se ha hablado de la posible incidencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del SEPI, del Ministerio de Hacienda, en la medida en que, a partir de la Ley de acompañamiento de 2000, Radiotelevisión Española está adscrita al SEPI. Cierto es que la adscripción formal que el real decreto de estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia del año 2000 hacía del Ente Público Radiotelevisión Española al Ministerio de la Presidencia está alterado de alguna manera por la previsión de la Ley de acompañamiento, en la medida en que la adscripción ahora está hecha al SEPI, pero alguien tendrá que comparecer.
Por mucho que he analizado -y lo he hecho- los espacios competenciales, las atribuciones que tienen tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como el Ministerio de Hacienda o la Sociedad de Participaciones Industriales en relación con los entes públicos que dependen de la misma, como es el caso de Radiotelevisión Española, no encuentro ningún enganche que pueda justificar la comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, ni del ministro de Hacienda, ni del responsable de la SEPI para responder a estas cuestiones, que tienen que ver con el desarrollo de los derechos fundamentales, con el funcionamiento, la organización y la estructura del Ente Público Radiotelevisión Española y que, a mi juicio, no encajan para nada en las previsiones a las que hacen referencia tanto la disposición final quinta como la resolución de la Presidencia de esta Cámara de 14 de diciembre de 1983. En la medida en que lo que está en juego es un derecho fundamental el emplazamiento puede ser esta Comisión y el responsable puede ser el ministro de la Presidencia, como de alguna manera implícitamente lo ha aceptado el Gobierno cada vez que en las sesiones de control de los miércoles quien responde a las preguntas en relación con estas cuestiones no es ni la ministra de Ciencia y Tecnología, ni el responsable del SEPI, que lógicamente no puede porque es una sesión de Pleno, ni el ministro de Hacienda, sino que es el ministro de la Presidencia.
Nosotros votaremos a favor de que comparezca el ministro de la Presidencia, y si alguien nos explica qué otro ministro tiene una competencia más justificada para comparecer y nos convence de ello, perfecto, que sea otro quien comparezca, pero lo que no puede ser es que por un trasiego de repartos competenciales entre ministerios aflore un espacio de actuación gubernamental que va a resultar absolutamente ajeno a la labor de control de la Cámara y quede exento de control.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia para que informe sobre el actual modelo audiovisual desde el punto de vista del derecho fundamental a la información.
Señorías, que el modelo audiovisual que hay en nuestro país es obsoleto no es nuevo, y creo que recoge prácticamente la unanimidad de esta Cámara, puesto que en la legislatura pasada se creó una ponencia para estudiar el modelo de radiotelevisión española, y se analizaba que fundamentalmente era un modelo que, con el transcurso de los años, había quedado obsoleto con diversos problemas a la hora de poner en práctica los derechos constitucionales y el Estatuto de Radiotelevisión Española. El hecho de que en aquel momento no se pudiera llegar a ningún acuerdo sobre el actual modelo, no quiere decir que no exista el problema que hoy aquí se suscita, y desde luego algún Ministerio tendrá que darse cuenta de cuál es el modelo que tiene el partido que gobierna, cuál es el modelo que puede plantear para que el derecho fundamental a comunicar o a recibir libremente la información veraz quede salvaguardado. Si siempre se ha criticado que los medios públicos de comunicación no eran imparciales -mi grupo parlamentario lo ha denunciado prácticamente en todas las legislaturas, por no decir en todas-, en los últimos momentos mi grupo parlamentario cree que cada vez más existe una falta de objetividad, una falta de pluralismo a la hora de transmitir la información a los ciudadanos, quedando totalmente sesgada cuando no manipulada, confundiéndose en la mayoría de las ocasiones lo que es información con opinión concreta de las personas que la están emitiendo en este momento.


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to. Precisamente por esa laguna que se ha originado después de la constitución del último Gobierno y del pase de Radiotelevisión Española, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, a una dependencia que parece no haber quedado muy clara -en principio decía el Gobierno que era una dependencia orgánica que no funcional- de la SEPI, consideramos que el ministro de la Presidencia es el más adecuado para informarnos porque puede reunir la información diversa o dispersa que pueden tener distintos ministerios.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, en aras a un funcionamiento democrático y de transparencia no solamente informativa sino también de esta propia Cámara, va a apoyar la solicitud de comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quiero manifestar nuestro criterio con relación a la verificación de esta comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque yo creo que en el debate anterior ya hemos expuesto claramente nuestra posición. Nuestro grupo entiende que no es procedente atender esta solicitud de comparecencia tal y como está definida, en la medida en que, si tenemos en cuenta el actual marco organizativo y de distribución de competencias y funciones de los distintos miembros del Gobierno, el ministro de la Presidencia no tiene al día de hoy ninguna competencia sobre la materia objeto de la comparecencia. Nuestra posición en este tema es bien conocida, pues ya nos hemos manifestado en esta misma legislatura sobre un tema similar. Nosotros creemos que los miembros del Gobierno pueden y deben ser controlados sobre materias de su competencia, pero no podemos exigirles que comparezcan para informar sobre asuntos de los demás. En ese sentido, ya tuvimos ocasión de explicar en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces la pasada semana, que si bien podría ser ésta la Comisión en la que se debatiese acerca de la situación actual o del futuro modelo audiovisual español -en este tema no entramos en el día de hoy-, lo cierto es que en ningún caso debería ser el ministro de Presidencia quien viniese obligado a comparecer, pues actualmente, repito, su Ministerio no tiene ninguna competencia en este tema. Es cierto que durante muchos años, yo creo que desde el año 1981, el Ente Público de Radiotelevisión Española estaba adscrito al Ministerio de Presidencia, pero no es menos cierto que ha dejado de estarlo a partir de la aprobación de la pasada Ley de acompañamiento, en que se adscribe el Ente Público de Radiotelevisión Española, y no sólo desde un punto de vista formal, a la Sociedad Estatal de Participación Industriales, la SEPI, a su vez adscrita al Ministerio de Hacienda. Ello sin perjuicio, claro está, de las competencias que con relación a la propuesta normativa relativa al régimen jurídico de la radiodifusión sonora y la televisión y de los contenidos en medios audiovisuales, tiene atribuidas el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Tan es así, que en octubre del pasado año -y aquí está presente la señora Urán, que fue quien interpeló al ministro-, cuando ya se conocía el criterio de adscribir el Ente Público Radiotelevisión Española a la SEPI, fue el ministro de Hacienda y no el ministro de Presidencia quien, en nombre del Gobierno, respondió a una interpelación de Izquierda Unida sobre el modelo de televisión pública en España, su modelo de financiación y su marco jurídico.
Señorías, está bastante claro y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular entiende que no ha lugar a la verificación de la comparecencia del ministro de la Presidencia en los términos solicitados por el Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: Como existe discrepancia, vamos a pasar a la votación para la estimación o desestimación de la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quería preguntar, señora presidenta, si procede en este momento anunciar las sustituciones de nuestro grupo.


La señora PRESIDENTA: Si las tienen por escrito, les ruego que las pasen a la Mesa.
Procedemos a la votación de la petición efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista de comparecencia del ministro de la Presidencia para informar acerca de la política audiovisual en relación con el derecho fundamental de recibir libremente información.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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