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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 223, de 24/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 223

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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 3101 a la 3108. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease "DS. Congreso de los Diputados" Comisiones, núm. 285) *********************************************************************

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DE LA EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMMÁN

Sesión núm. 9

celebrada el martes, 24 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. (Número de expediente 121/ 000028.) . . . (Página 6702)

- Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana. (Número de expediente 121/000035.) . . . (Página 6702)

Página 6702


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:

- Proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reduccción o exención de los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. (Número de expediente 121/000028.) . . . (Página 6702)

- Proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios, por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, alos titulares de varias fincas expropiadas en el parque Nacional de Doñana. (Número de expediente 121/000035.) . . . (Página 6703)

Proposiciones no de ley:

- Sobre seguro de cambio de autopistas. Presenteda por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000651.) . . .
(Página 6704)

Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER EL PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de expediente 121/ 000028.)

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE DOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 4.246.984.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. (Número de expediente 121/000035.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión. Tenemos que debatir dos dictámenes de créditos extraordinarios y, posteriormente, una proposición no de ley. A efectos de reunir el quórum establecido por el Reglamento, las votaciones sobre los dos dictámenes se celebrarán a partir de las doce.
En primer lugar, cabe ratificar la ponencia designada para informar las dos iniciativas legislativas que vamos a debatir a continuación, el proyecto de ley sobre crédito extraordinario para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a las universidades públicas y el proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios para el pago de las cantidades derivadas de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con varias fincas expropiadas en Doñana.
Entiendo que no hay ninguna oposición a aprobar la ratificación de la ponencia.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER EL PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de expediente 121/000028)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen sobre el proyecto de ley de crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación

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a las universidades públicas. Había una enmienda que ha sido incorporada al texto del dictamen. Abro un turno de palabra para que los grupos parlamentarios que lo deseen fijen posición al respecto.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista la señora Valcarce tiene la palabra.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, los socialistas vamos a aprobar este proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario por valor de casi 8.300 millones de pesetas, destinado a satisfacer el pago de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores derivadas de la compensación a las universidades públicas por la reducción o la exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. No obstante, deseamos hacer una serie de puntualizaciones. La primera de ellas es que no se entiende que se vayan a pagar 331 millones de pesetas del curso 1996/1997 con cuatro años de retraso y una cantidad aún más importante, 7.898 millones, procedente del curso 1997/1998, con tres años de retraso. En este sentido, queremos recordar que existen dos iniciativas parlamentarias aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados que el Gobierno del Partido Popular no ha aplicado. Concretamente, hay una enmienda transaccional al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, del Grupo Parlamentario Catalán, a los efectos de añadir una nueva disposición adicional que decía: El Gobierno, durante el ejercicio de 1997, estudiará las fórmulas para compensar a las universidades la disminución de los ingresos producidos por la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Además, existe una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, del 17 de septiembre de 1997, en la que se insta al Gobierno a que en el plazo de un mes concluya el estudio que le encomienda la Ley de Presupuestos Generales del Estado e inmediatamente haga efectiva, a través de las comunidades autónomas, la compensación de ingresos a las universidades públicas. Los socialistas vamos a apoyar este proyecto de ley, como no podría ser de otra forma, aunque consideramos que dicho crédito debería haberse dispuesto hace bastante tiempo, puesto que las universidades públicas españolas tienen los suficientes problemas de financiación como para no poder soportar además este tipo de carga.


El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) Por parte de Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como bien ha indicado el señor presidente, la única enmienda que había, que era meramente una enmienda técnica, ha sido incorporada por la ponencia sin ninguna posición en contra.
La realidad es que había que recibir por parte de todas las universidades españolas la relación de aquellos alumnos que eran de familias numerosas y, por eso, las universidades han tardado alrededor de más de dos años en transmitir dicha relación. Esa es la razón, pero quiero decir que se debería haber incorporado al presupuesto de 1996, que no hizo el Grupo Popular, porque realmente, por parte de Convergència i Unió se presentó una iniciativa, aprobada por unanimidad por toda la Cámara, para que las familias con tres hijos tuvieran la calidad de familias numerosas. Sentimos que no se incorporara en el presupuesto de 1996 este crédito extraordinario con la cifra correspondiente. Quiero manifestar que hasta que todas las universidades no remitieron al Ministerio de Educación, y posteriormente éste al de Economía y Hacienda en su momento, la relación de alumnos que gozaban de la calidad de familia numerosa no se podía saber exactamente a cuánto tendría que ascender este crédito extraordinario. Creo que con la debida celeridad, una vez que las universidades remitieron la relación, el Gobierno aprobó este crédito extraordinario; tiene los correspondientes dictámenes del Consejo de Estado, etcétera, y por eso viene a la Cámara y espero que tenga el apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate sobre este proyecto de ley, que someteremos a votación a partir de la hora indicada al comienzo de esta sesión.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE DOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 4.246.984.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. (Número de expediente 121/000035.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo de los proyectos de ley sometidos a la consideración de la Comisión, sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe de 4.246 millones de pesetas para el pago de cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el parque nacional de Doñana.
Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor García Breva.


El señor GARCÍA BREVA: El Grupo Socialista va a votar a favor de estos dos créditos extraordinarios derivados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

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de Andalucía de 28 de diciembre de 1998. El jurado de expropiación de la provincia de Huelva dictó su resolución fijando un justiprecio en el año 1994. La verdad es que cuatro años y medio largos es la diferencia de tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tarda en dictar la sentencia, que las dos partes recurren, desistiendo la Administración en 1999, y es a partir de junio de 2000 cuando los propietarios piden la ejecución de la sentencia y cuando se pone en marcha el expediente de los dos créditos extraordinarios que figuran en este proyecto de ley. La diferencia de justiprecio que dicta la sentencia es de 2.373 millones y los intereses por el retraso de pago son 1.873 millones, que son los dos créditos extraordinarios. Se ha esperado la sentencia firme del Tribunal Superior de Andalucía, que estima parcialmente el recurso cuatro años y medio después; en 1999 es cuando recurren las dos partes y desiste la Administración, a nuestro modo de ver correctamente, porque se hubiera incrementado la diferencia a pagar. Esa diferencia es siempre la norma, y el resultado de todos los recursos que han ido al Supremo es que se han incrementado por sentencia. Por lo tanto, consideramos correcto el expediente y el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: El Grupo Parlamentario Popular también apoyará este proyecto de ley porque entiende que es justo pagar la expropiación que se llevó a cabo en su momento en las fincas que se incluyeron en el parque nacional de Doñana. Creemos que los procedimientos de expropiación que está efectuando el Gobierno del Partido Popular son más adecuados, dado que es mucho mejor ponerse de acuerdo con los propietarios y que estos no tengan que esperar tantos años a que haya una sentencia firme y que se les pague aquello a lo que tienen derecho. El procedimiento en marcha en este momento para el tema de parques nacionales cuando hace falta comprar una finca o expropiar algún terreno, de llegar a un acuerdo con los propietarios, es mucho mejor y así se evitan los perjuicios que se han ocasionado.


El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del dictamen, ambos proyectos de ley se votarán posteriormente.


PROPOSIONES NO DE LEY:

- SOBRE SEGURO DE CAMBIO DE AUTOPISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000651.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el último punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguro de cambio de autopistas.
Tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, recientemente discutimos en la Cámara un proyecto de ley del Gobierno de concesión de un crédito extraordinario para seguro de cambio de autopistas de peaje y a raíz de la aprobación de este crédito extraordinario, que se refería al ejercicio de 1999, todos los españoles, a través de los impuestos, respecto a 1999, pagamos 33.510 millones de pesetas en concepto de subvención por seguro de cambio. Algún día llegará a la Cámara un proyecto de ley, eventualmente, para la concesión de un crédito extraordinario para ampliar el seguro de cambio de 2000 y el año que viene nos llegará otro proyecto de ley para crédito extraordinario por seguro de cambio de 2001. Tuvimos ocasión de decir en ese momento que consideramos que han acaecido circunstancias en los últimos años que hacen necesario que haya una reflexión y una revisión sobre el funcionamiento de este mecanismo. El problema nos preocupa porque a estas alturas de la película, desde finales de los sesenta hasta 1999, el erario público ha abonado ya 565.811 millones de pesetas en concepto de seguro de cambio. Esta cantidad que acabo de mencionar, en pesetas corrientes, si la pusiéramos en pesetas constantes de 1999, último año ejecutado, superaría el billón de pesetas, sería exactamente de 1 billón 26.741 millones de pesetas, y aumentará con la cifra correspondiente a 2000. Es, por tanto, un cumplimiento gravoso para los contribuyentes, que son quienes con sus impuestos pagan los presupuestos, una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, desde finales de los sesenta y a partir sobre todo de su implementación legal en la ley de 1972, en unas circunstancias de viabilidad económica y financiera de las autopistas de peaje concedidas al sector privado muy diferentes a las actuales. El equilibrio económico y financiero de las autopistas de peaje hoy no sólo está garantizado, sino que tiene un desbordamiento al alza que hace de ellas probablemente el sector privado con mayor rentabilidad financiera de la economía española.
En las circunstancias económicas del negocio se han producido también otros cambios. Ha habido operaciones de renegociación de deuda contraída en los momentos iniciales de la concesión por las concesionarias; operaciones de renegociación de deuda realizadas después de la mitad de la duración de la concesión, cuando en algunos casos las cláusulas concesionales prohibían explícitamente contraer créditos una vez transcurrida la mitad de la concesión. Incluso el Tribunal de Cuentas, en su informe para 1995, estableció en su recomendación tercera la prescripción de no tener en consideración el seguro de cambio para las operaciones de refinanciación de deudas emprendidas por las concesionarias, en la medida en que esta refinanciación había sido dirigida sobre todo a beneficiar sus

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intereses en detrimento de los intereses del Estado, de los intereses por tanto de los contribuyentes. Todavía quiero mencionar otro cambio que se ha producido en la situación de las concesiones de peaje y es que para algunas de las concesiones que habían contraído créditos sujetos a la garantía por seguro de cambio, como, por ejemplo, la de Aumar, ahora Aurea, ha vencido ya el plazo inicial de la concesión.
En este caso particular el plazo inicial de la concesión venció en el bienio 1998/1999. Estos plazos han sido alargados por sucesivas prórrogas, pero no es nada obvio -a mi juicio particular es más bien dudoso- que la prórroga de una concesión, que en ausencia de aquélla se habría agotado ya, pueda mantener el derecho de subvención por seguro de cambio, toda vez que este mecanismo fue eliminado para el futuro por ley en 1988 y las prórrogas de concesión han sido generalmente concedidas con posterioridad a esa fecha.
Por todos estos motivos el Grupo Socialista considera que es necesario revisar estos elementos y, a partir de esta revisión, entablar un diálogo entre el Gobierno y el grupo que le apoya y los grupos de la oposición para ver si conseguimos mejorar el funcionamiento del sistema del seguro de cambio, mejorar en lo que se puede porque estructuralmente es imposible; mejorar en lo que se puede es garantizar que los compromisos a que hace frente el Estado y que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos sean estrictamente aquellos a que nos obliga la ley, tenidas en cuenta las circunstancias sobrevenidas, y es precisamente por eso por lo que en esta iniciativa proponemos que los servicios jurídicos del Estado elaboren informes precisamente para dictaminar cómo han podido afectar a las obligaciones legales del Estado los cambios y alteraciones de circunstancias acaecidos en el tiempo, a los que me he referido con anterioridad, y con carácter particular estos informes jurídicos deberían hacer referencia a la recomendación tercera del Tribunal de Cuentas en su informe para 1995, a la existencia de cláusulas de pliegos concesionales que prohibían el endeudamiento una vez transcurrida la mitad del periodo de concesión inicial, al vencimiento de plazos iniciales de concesión y al mantenimiento del seguro de cambio en prórrogas concedidas con posterioridad a la ley de 1988, que las eliminó. Creemos que es una proposición cuya redacción manifiesta buena voluntad; se comprometió desde el grupo que avala la mayoría ya en 1999 entablar negociación y conversación con la oposición respecto a esto. Creemos que la dilucidación de las circunstancias jurídicas actuales del seguro de cambio sería una magnífica base sobre la cual emprender este diálogo, que sin duda alguna repercutiría en beneficio de los españoles y españolas que pagan sus impuestos, y cada año, a través de los mismos, elevadas cantidades en concepto de subvención por seguro de cambio.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de fijación de posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Deseo manifestar nuestro apoyo a este estudio, porque parece importante el costo que está teniendo para los ciudadanos esta financiación de las variaciones en el mercado del seguro de cambio. Aunque no está en la proposición -no se me alcanza cuál es la influencia, porque parece que cuando se habla de lo que ha pasado hasta 1999 las consecuencias del seguro de cambio son bastante lineales-, a mi juicio habría que tener en cuenta qué ha pasado con estos costos del seguro de cambio a partir de la moneda única, a partir de Eurolandia. Supongo que aquellos conciertos que se hayan hecho en el mercado de capitales con monedas dentro del euro no tendrán costos -era una de las ventajas- por el seguro de cambio, pero a lo mejor en la mayoría se ha tomado como patrón el dólar, el yen o monedas que siguen variando de forma importante con respecto al euro. Quizás debería incorporarse a este estudio, que parece razonable para disminuir al máximo el costo de esta variación, esa incidencia de Eurolandia en la no variación de los cambios entre las monedas europeas.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ PALACIO: La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que hoy tratamos debe encuadrarse dentro del debate que los diferentes grupos de la Cámara han realizado en repetidas ocasiones sobre el modelo de infraestructuras que ha de protagonizar el futuro desarrollo del Estado Español, debate que desde hace años tiene un marcado carácter asimétrico. La oposición, en este caso el Grupo Socialista, no ha presentado hasta la fecha un modelo alternativo al actual, ha manifestado de forma tímida y en solitario su negativa a la existencia de peajes en las autopistas españolas sin proponer fórmulas alternativas y su iniciativa, hasta ahora, se ha dirigido hacia actuaciones puntuales y aisladas como ésta.
El Gobierno Popular siempre ha mantenido la idea original de cómo debe gestionarse el crecimiento de las infraestructuras básicas. Ha sido consciente de que la participación de las empresas privadas es fundamental y de que es primordial la búsqueda de nuevas fórmulas que sean capaces de incentivar la colaboración empresa privada-Estado.
Resultado de la diferente inspiración que mueve al Gobierno y al Partido Socialista es la línea que sigue las actuaciones de uno y otro grupo. Tal como anunció en la comparecencia que el pasado mes de junio hizo el ministro de Fomento, señor ÁlvarezCascos, en la Comisión de Infraestructuras, el Gobierno está trabajando actualmente en elaborar un nuevo proyecto de ley que regule la financiación de las infraestructuras.


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Esta medida buscará el interés general permitiendo adaptar las necesidades actuales de comunicación de todas nuestras poblaciones e industrias a la realidad económica europea. Es en el marco de esta nueva ley donde se deben solucionar las deficiencias que pueda presentar la financiación de las autopistas y la que deberá poner las nuevas reglas, no sólo de los seguros de cambio sino también de la promoción e incentivación de la participación de capital privado en la red de carreteras españolas.
El contenido de la iniciativa creemos que es innecesario, ignora el pasado y el presente de las carreteras españolas y en particular de los seguros de cambio de las autopistas concesionarias y de las actuaciones que han tenido lugar en el seno de esta Cámara. A pesar de que el propio Gobierno socialista aprobó en 1988 una ley que eliminaba en el futuro la posibilidad de que el Estado pudiese renovar la financiación del seguro de cambio que se estableció en la ley de 1972, nunca intentaron estudiar, revisar y mucho menos eliminar el sistema que hoy sigue vigente. Esta iniciativa, además, no tiene en cuenta el procedimiento que sigue la dotación presupuestaria a la financiación del seguro de cambio. Antes de pasar por las Cortes, el Consejo de Estado, la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General del Estado deben emitir informes sobre la misma. El propio Tribunal de Cuentas, en el mismo documento que contiene la resolución a la que hace referencia la iniciativa, hizo un informe riguroso sobre este aspecto, informe que ha sido aprobado por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas instando al Gobierno al cumplimiento riguroso de la ley y de las recomendaciones del Tribunal. En este aspecto he de manifestar que el Grupo Popular apoya totalmente los ocho puntos que contiene la resolución aprobada el 14 de diciembre de 1999 en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, y no sólo los apoya, sino que además cree fundamental su cumplimiento. Por tanto, el Gobierno debe adoptar, en su caso, las medidas que sean necesarias para impedir operaciones de refinanciación más allá del periodo máximo establecido en cada concesión y debe velar por el cumplimiento de los porcentajes legales entre financiación ajena externa e interna.
Habría que recordar también que el mencionado informe se refiere a las cuentas del año 1995 y en él se hace referencia a la aprobación de operaciones de refinanciación por parte del Ministerio que por aquel entonces regía un miembro del Partido Socialista. En sus conclusiones el documento hace referencia -y cito textualmente- a los bajos niveles de coste financiero que han venido teniendo estas empresas, determinados por las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda de autorizar la refinanciación de esas sociedades en monedas con bajos tipos de interés y, correlativamente, con altos niveles de riesgo en variación del tipo de cambio. De acuerdo con esta afirmación, una parte importante de la cantidad que según el señor Bel paga anualmente cada español a las empresas concesionarias se debería a la gestión que en su día hizo la Administración socialista. El Ejecutivo popular se ha ajustado siempre a la normativa, ha dotado las aportaciones al sistema de seguros mediante normas con rango de ley que han sido debatidas y aprobadas en las Cortes. Por otra parte, las prórrogas otorgadas a las concesionarias no incluyen el seguro de cambio. Podría suceder que dicha prórroga difiera la duración de los vencimientos incrementando sus plazos. No obstante, este supuesto no perjudica en absoluto a las arcas del Estado, ya que diferir la duración no supone aumento de los importes a pagar.
Los esfuerzos del Ejecutivo y también del Legislativo deben dirigirse hacia el estricto cumplimiento de la ley y a la adopción de medidas constructivas. En el Grupo Popular no creemos en medidas parciales sino en un modelo que permita mejorar de manera notable las comunicaciones. Por eso el Gobierno complementará la ley antes mencionada con la eliminación de los peajes que tengan carácter urbano ofreciendo vías alternativas válidas a las autopistas de peaje e incrementando la participación de la empresa privada en la construcción de la red viaria. Las dotaciones futuras de nuestras carreteras, su seguridad vial o las comunicaciones con el resto de Europa requieren el esfuerzo de todos y no pueden quedar postergadas a acciones innecesarias que responden a otro tipo de necesidades. Por todo ello, señor presidente, nuestro grupo votará en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, agradece y espera sus aportaciones y no tenga duda de que habrá un diálogo abierto en el marco de la ley que venga por parte del Ministerio de Fomento. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Bel, en este trámite no hay turno de réplica, como vemos todas las semanas en el Pleno, donde este presidente lo ha aprendido. Por otra parte, en el Reglamento tampoco figura el turno de réplica.
Votación del dictamen del proyecto de ley sobre concesión de crédito extraordinario por importe de 8.229 millones de pesetas para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a universidades públicas.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votación del dictamen sobre el proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios por importe de 4.246 millones de pesetas para el pago de cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a titulares de fincas expropiadasen el parque nacional de Doñana.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el seguro de cambio de autopistas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.


Nota.-El presente "Diario de Sesiones", de la Comisión de Presupuestos, martes, 24 de abril de 2001, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los "Diarios de Sesiones" ya elaborados.
"Diarios de Sesiones" ya elaborados.
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