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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 229, de 08/05/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 229

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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 3275 a la 3312. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease "DS. Congreso de los Diputados" Comisiones, núm. 285) *********************************************************************

POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 10

celebrada el martes, 8 de mayo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo) (Número de expediente 121/000037.) ... (Página 6876)

- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo) (Número de expediente121/000037.) . . . (Página 6876)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO) (Número de expediente 121/000037)

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Antes de iniciar el debate del segundo punto del orden del día, vamos a proceder a ratificar, como es costumbre en estos casos, la ponencia designada para informar del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo. ¿Ratifican SS.SS la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.


- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO) (Número de expediente 121/000037)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a lo sustantivo del orden del día, que es el debate de dicho proyecto de ley para emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia, que ha sugerido a la Presidencia hacer tres bloques para ordenar así el debate. Eso no quiere decir que todos los portavoces y todos los grupos necesariamente tengan que intervenir en cada uno de los bloques, sino que lo podrán hacer en los que estimen pertinente, eso sí, limitando cada una de las intervenciones al bloque que en ese momento estemos abordando. El primer bloque comprende el capítulo I del proyecto de ley, y para la primera intervención relativa al mismo tiene la palabra, por Izquierda Unida, el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ: Señor presidente, en principio desearía aclarar una cuestión, si es posible, aunque en su intervención previa algo ha dicho ya, y es que desde el Grupo Federal de Izquierda Unida teníamos la intención de defender todas las enmiendas en un solo bloque.
Creemos que las más importantes están en el primer bloque, no consideramos necesario intervenir en los siguientes y, dado que quien va a intervenir va a ser la misma persona, sugeriría a la Mesa la posibilidad de hacer una defensa de todas las enmiendas que presenta Izquierda Unida en una sola intervención. Para ello, aunque no sé el tiempo que se va a dar por bloque, rogaría flexibilidad, puesto que desde este grupo parlamentario renunciaríamos a intervenir en los siguientes bloques; es decir, habría una sola intervención por nuestra parte.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente respecto a lo que solicita el señor diputado? (Denegaciones.) Ciertamente, aunque haya bloques, en lo que a S.S. concierne no los habría. Por supuesto, queda algo alterado el orden expositivo en el "Diario de Sesiones", yo creo que en detrimento de S.S. y de su grupo, pero si desea hacerlo así, proceda, y, como es natural, a efectos del tiempo tendré en cuenta que no va a volver a intervenir. Sí quisiera decir que la intervención no ha de limitarse a la referencia a las propias enmiendas, sino a cualquier otra consideración que estime pertinente cada uno de los intervinientes. En cuanto a las enmiendas de los señores diputados del Grupo Mixto y cualquier otra que quede, rogaría que, si lo estiman oportuno, alguno de SS.SS. hiciera la correspondiente mención a efectos de dar soporte en su momento a la votación de dichas enmiendas.
Adelante, señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ: Señor presidente, intentaré dejar a mi grupo en las mejores condiciones posibles. No obstante, cuando he hecho esa petición es porque consideraba más coherente una única intervención a fin de dejar claros nuestros planteamientos políticos con arreglo a las cerca de cincuenta enmiendas que presenta Izquierda Unida, que tienen tres objetivos primordiales que explican básicamente su contenido.
En primer lugar, teniendo en cuenta que el Gobierno ha regalado a la patronal el 90 por ciento de las propuestas, Izquierda Unida asume la responsabilidad de que sus enmiendas tiendan a equilibrar los contenidos de esta reforma. En segundo lugar, reforzar el combate legislativo frente al exceso de temporalidad del mercado de trabajo en España; nosotros seguimos insistiendo en que esta reforma laboral no va a solucionar el principal problema que tiene el mercado laboral, la temporalidad. Por último, reiterar medidas de reducción de tiempo de trabajo y jubilación anticipada como elementos que necesariamente deben acompañar cualquier propuesta que se formule sobre el mercado de trabajo. Insistimos en que esta reforma renuncia a combatir la temporalidad, ésta es mayor que hace cinco años y, lo que es mucho más grave, aumentará en el futuro. Por tanto, las enmiendas de Izquierda Unida persiguen tres objetivos fundamentales para afrontar directamente la precariedad laboral.
Pretenden reforzar la estabilidad evitando nuevas causas de despido, como las aparecidas en contratos públicos sin consignación presupuestaria suficiente(enmiendas 85 y 86); garantizar la conversión en indefinidos

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de colectivos como interinos e investigadores universitarios (enmiendas 98 y 89) y ajustar la causalidad combatiendo especialmente la abusiva utilización del contrato formativo o la precariedad de contratos de la Administración. Otro objetivo es reducir los contratos sucesivos de duración determinada mediante una definición precisa de los mismos, que deberían considerarse indefinidos aproximando la realidad española a la directiva europea sobre contratos de duración determinada (enmienda número 80); imponer un sobrecoste a la temporalidad disminuyendo en un 10 por ciento las bonificaciones de la cuota empresarial en este tipo de contratos e impidiendo más ayudas y bonificaciones a las ahora existentes (enmiendas 89 y 90). Es especialmente importante señalar que la financiación de este tipo de contrataciones, especialmente en contratos de fomento del empleo, debe correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no del Inem (enmienda número 91); rechazar un tipo de indemnización para la extinción de los contratos tan irrisoria como indigna, pero garantizar al menos que ésta tenga la condición de mínimos no reducibles por pacto alguno (enmienda número 84). En esta dirección de combatir la temporalidad, debemos denunciar la desnaturalización del contrato parcial y la manipulación abusiva del mismo, especialmente a partir del abuso por parte del empresario de la duración horaria del trabajo, volviéndose a la misma situación de la reforma de 1988. Las enmiendas de Izquierda Unida persiguen recuperar el límite de los dos tercios de jornada para este tipo de contrato (enmienda 64); evitar la desaparición que se propone en la distinción entre tiempo completo y parcial (enmienda 66), al tiempo que se considera para equiparar sus derechos que los periodos que generan los mismos deben ser considerados como si de jornada completa se tratara. Reconocer a los convenios colectivos la facultad de establecer sistemas de consolidación de las horas complementarias (enmienda 68) y a los trabajadores conocer con precisión su jornada (enmienda 67). Afirmación de la voluntariedad de las horas complementarias, estableciendo el derecho del trabajador a denunciar el pacto de horas complementarias (enmiendas 69 y 72); impedir que estas horas puedan aumentarse hasta el 60 por ciento de las horas contratadas, limitando este incremento a un 30 por ciento (enmienda 70) para permitir la complementariedad de empleos; y al establecimiento de la excepcionalidad de las horas complementarias hacen referencia las enmiendas 71 y 72.
En esta misma dirección de regalar al empresariado la gestión del tiempo de trabajo y los derechos de los trabajadores debe señalarse cómo el contrato de formación se convierte en un escandaloso instrumento de manipulación de los recursos humanos en la empresa y en una declaración de la conversión de la inmigración en mano de obra basura a lo largo de toda su vida laboral. En ese sentido, las enmiendas parciales que presenta Izquierda Unida pretenden limitar el uso, a veces indecente, de este contrato a personas que superan la edad máxima aplicable en el mismo (enmienda 58). Constituye una discriminación y una renuncia a la exención real en el mercado de trabajo la aplicación indiscriminada de este contrato. Además de enfrentarse a esta perspectiva, las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretenden garantizar unas definiciones aplicables a los colectivos a los que se destinen estos contratos que aseguren sus derechos y la transparencia de su utilización al tiempo que se reconozcan los derechos de información que corresponden a los representantes de los trabajadores (enmiendas 58 a 63).
Frente al aumento de la temporalidad en el sector público, el 15 por ciento en 1996 y el 20 por ciento en la actualidad, proceso ligado a la amortización de empleo público, se crea un contrato de inserción temporal sin duración máxima para la Administración. El objetivo del mismo es demasiado general -realizar una obra o servicio de interés general o social- como para determinar la causa del contrato y no está claro el salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados bajo esa modalidad, pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir la temporalidad en las Administraciones públicas. En este sentido, las enmiendas de Izquierda Unida pretenden, en primer lugar, suprimir un nuevo contrato innecesario, ya que con las modalidades actuales podría cubrirse cualquier necesidad de este tipo (enmienda 73) y, en segundo lugar, suprimir la limitación de tres años, ya que estos contratos se producen especialmente en el sector agrario y perjudican notablemente a los trabajadores del mismo (enmienda 75). Se fija como salario el del convenio colectivo del sector correspondiente (enmienda 77). (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la Presidencia.) Por otra parte, las enmiendas de Izquierda Unida incluyen ciertas cláusulas antidiscriminatorias y otras de reconocimiento de derechos sindicales. Entre las primeras cabe destacar la discriminación de sexo de la disposición adicional primera, que incluye a las mujeres en profesiones subrepresentadas como sujetos del contrato de fomento de empleo o, en todo caso, fijarlas según los contenidos de la Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1998 con el objeto de que este pretexto no sea utilizado para proponer una contratación desequilibrada para las mujeres (enmienda 96). También perseguimos la garantía de igualdad de condiciones salariales entre contratos indefinidos y de duración determinada (enmienda 79). Debemos llamar la atención sobre la existencia de un colectivo de 250.000 personas mayores de 46 años, las cuales, siendo incapaces totales de forma permanente para ejercer su profesión, carecen de la condición de minusválidos y no pueden acogerse a beneficios de contratos de fomento (enmienda 88). Asimismo, se proponen enmiendas que garantizan

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el derecho de información a los sindicatos y refuerzan el papel de la negociación colectiva (enmiendas 79 y 93).
Para terminar, señorías, como desde Izquierda Unida hemos señalado en algunas ocasiones, se hacen necesarias otras reformas si se desea crear empleo.
El universo de la reducción de jornada hasta las 35 horas (enmienda 82), la supresión de horas extraordinarias (enmienda 83), la creación de un eficaz y auténtico contrato de relevo (enmienda 75) y la posibilidad de una jubilación flexible a partir de los 60 años (enmiendas 87 y 100) constituirían seguramente medidas más eficaces que las planteadas por esta reforma auspiciada por la patronal y regalada por el Gobierno a los empresarios.


La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Señora presidenta, entiendo que puedo pasar a la defensa de las enmiendas en bloque.


La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Como usted prefiera. Si quiere puede utilizar el tiempo en tres bloques y, si no, lo puede hacer como el representante del Grupo Federal de Izquierda Unida en un solo bloque.


La señora JULIOS REYES: Procederé a defenderlas en un solo bloque.
Las enmiendas que hemos planteado van dirigidas fundamentalmente al artículo primero, al tercero y al apartado relativo al fomento de empleo, de los que voy a comentar los elementos más importantes.
Una de las enmiendas va dirigida al punto octavo del artículo primero y hace referencia a los contratos de inserción por las administraciones públicas. Entendemos que en la medida en que no está suficientemente definida esta modalidad de contratos de inserción, y tratándose de la Administración, se asimile el régimen jurídico a fin de que sea análogo al de los contratos formativos y que se ajuste a los mismos criterios de selección que existen en la Administración.
Me refiero a méritos, capacidad, difusión de las convocatorias, etcétera.


El artículo primero, punto nueve, en concreto el apartado 5, se refiere a convenios colectivos de ámbito sectorial o en su defecto de ámbito inferior, en los que se podrán establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal. A nosotros nos parece más idóneo cambiar el término podrán por deberán, a fin de introducir de una forma más sistemática la valoración de estas situaciones. Me refiero a los abusos en la utilización sucesiva de las contrataciones temporales. Es necesario hacer una valoración de estas situaciones de forma que se vayan favoreciendo puntos de acuerdo entre empresarios y trabajadores para que realmente se avance en la exclusión de este tipo de abusos en el panorama laboral. Si se introduce con un criterio de mayor obligatoriedad en los convenios, desde el ámbito de la concertación se podría asegurar un más rápido avance en este sentido.
También referido al artículo primero, punto nueve, apartado 5, al que nos acabamos de referir, en la línea de alcanzar actuaciones más decisivas ante este problema, proponemos que los trabajadores que estén sujetos a contrataciones sucesivas o concatenadas, sin más período de descanso que el propio de su específica actividad, se presumieran contratados de forma indefinida y a tiempo completo o parcial, salvo que se demuestre el carácter temporal de los servicios que cubre. Entendemos que se debe introducir alguna medida preventiva o disuasoria de los posibles abusos.
Al artículo primero, punto nueve, apartado 7, que habla de la necesidad de informar a los trabajadores de la empresa que tienen contratos temporales sobre la existencia de puestos vacantes, nosotros hemos presentado una enmienda de adición que propone que, además de que la información se divulgue por un anuncio en el centro de trabajo, se haga también por los medios que se establezcan mediante la negociación colectiva. La diversidad de tipos de empresas, de tipos de actividad, incluso la dispersión de los puestos de trabajo a lo largo del territorio nacional -Península, islas, etcétera-, hace conveniente que se asegure la accesibilidad real adaptándola a las particularidades de cada empresa.


Con relación al artículo tercero, punto dos, referido a la suspensión de los contratos indefinidos concertados para la ejecución de planes y programas públicos, tal y como está redactado el ámbito de aplicación de este nuevo tipo de despido por causas objetivas, por insuficiencias de consignaciones presupuestarias, afecta tanto al mundo de la empresa privada como al de las administraciones públicas, y, por tanto, queda muy poco definido. Además, se puede utilizar injustificadamente incluso en los puestos de trabajo creados de forma indefinida para dar respuesta al funcionamiento cotidiano de la Administración pública. Por ello nosotros proponemos su supresión.
Por lo que se refiere al apartado del programa de fomento de empleo, nosotros presentamos una enmienda de modificación al artículo cuarto, punto 1.2, que habla de los trabajadores que están incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social para trabajadores autónomos, porque podrían acogerse a los beneficios que se establecen en el programa de fomento de empleo, pero le dan una redacción diferente, puesto que entendemos que tal y como está se penaliza la contratación indefinida por parte de un trabajador autónomo si éste no está dado de alta en el régimen especial de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2000. No le

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vemos el sentido, puesto que parece que se penaliza a los trabajadores autónomos dados de alta con anterioridad, aunque sea la primera contratación indefinida que empiezan a realizar al amparo de lo estipulado en el programa de fomento de empleo del año 2000. Hay que potenciar con claridad la contratación indefinida por parte de los trabajadores autónomos, por lo que proponemos que se sustraiga de la redacción actual el matiz de limitarlo sólo a aquellos trabajadores autónomos dados de alta a partir del 1 de enero de 2000.
También hemos presentado otra enmienda al artículo cuarto, punto 1.3, en lo que se refiere a las situaciones de exclusión social. Tal y como está redactado se establece que ésta debe ser acreditada por los servicios sociales municipales. Nosotros proponemos que sea por los correspondientes servicios sociales homologados o acreditados -como queramos redactarlo- por las administraciones competentes. Estamos en un ámbito en que la mayoría de las competencias están ya transferidas y delegadas a las comunidades autónomas y es función de éstas homogeneizar criterios en aspectos que se refieren a la problemática relacionada con los servicios sociales no sólo los municipales, sino los propios de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, existen también importantes competencias de los cabildos insulares, pero con esta ley de ámbito estatal quedarían excluidos de algunas de las funciones sobre las que tienen competencia. Por tanto, no debería figurar en esta ley que se haga exclusivamente por los servicios sociales municipales, sino por aquellos que la Administración competente considere oportunos. Me parece que está más en congruencia con las competencias que tienen delegadas las comunidades autónomas y con el Estado de las Autonomías en el que vivimos.
También proponemos una modificación al artículo cuarto, en este punto 1.3, en la que pretendemos añadir tres nuevos apartados a la relación de situaciones de exclusión social que aquí están definidas. Estamos de acuerdo con las que figuran, y nos parece importante que se dé apoyo con este desarrollo legislativo a la contratación de personas en situación de exclusión social, en consonancia con lo que hemos debatido en la mañana de hoy en esta Comisión, pero proponemos también la inclusión de personas con enfermedades mentales, discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales en situación de desempleo. De hecho, en muchas comunidades autónomas, en concreto en la mía, son consideradas personas que tienen una mayor posibilidad de encontrarse en el ámbito de la exclusión social y con dificultades de conseguir empleo y, en ese sentido, deberían incluirse en este apartado. Lo mismo digo respecto de los emigrantes españoles que han retornado y que por dificultades de inserción sociolaboral se encuentren en grave situación de necesidad, y de igual forma pretendemos incorporar a los inmigrantes, refugiados o asilados políticos que, estando en situación regular, por dificultades de inserción se encuentren en grave situación de necesidad.
Entendemos que el desarrollo de este proyecto de medidas urgentes de reforma del mercado laboral debe hacernos pensar, en la línea de lo que se debatió esta mañana y teniendo en cuenta que a lo largo de esta legislatura ya existen iniciativas en este sentido planteadas en la Cámara, que es bueno que se desarrolle una normativa que regule de una forma más integral todo lo que es el mundo de las empresas de inserción social.
En cuanto al punto 1.b) del artículo octavo, proponemos añadir un párrafo, cuando se habla de los supuestos de exclusión para las ayudas previstas en el programa, en el que se aclare la situación de los trabajadores autónomos. Me refiero a que en el punto 1.b), en el que quedarían excluidas aquellas contrataciones realizadas a cónyuges, ascendientes, descendientes, etcétera, se haga una connotación especial a las personas contratadas en el ámbito de la microempresa familiar que dependen de un trabajador autónomo y en donde suelen jugar un papel muy importante el cónyuge, fundamental y más frecuentemente la mujer, así como otros familiares directos. Son normalmente personas que desempeñan un trabajo y que no están dadas de alta ni pagan cuotas a la Seguridad Social, con lo que se produce una economía sumergida que habría que intentar encauzar, no penalizando dichas contrataciones y favoreciendo su afiliación a la Seguridad Social, con los correspondientes controles e inspecciones que garanticen que el cumplimiento se haga en función de los fines que se persiguen.
Por último, planteamos introducir un nuevo artículo que haga referencia a la necesidad de empezar a desarrollar elementos de normalización del trabajo doméstico en la economía informal.
Entendemos que hay que hacerlo en línea con lo que plantea el propio Parlamento Europeo, que en uno de sus informes recomienda la normalización del trabajo doméstico en la economía informal y, entre otras medidas, plantea la necesidad de introducir deducciones fiscales en los servicios domésticos como una fuente importante, que lo es, de nuevos puestos de trabajo.


La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: A sugerencia del señor presidente, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto y del Grupo Vasco a efectos de que las puedan sustanciar en el Pleno de la Cámara el próximo jueves. Por mi parte, haré una intervención sobre el primer bloque de enmiendas a este capítulo I, que afectan fundamentalmente a modificaciones del Estatuto de los Trabajadores respecto adiversas fórmulas contractuales previstas en el mismo.


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Nuestra enmienda 108 afecta a la modificación sustancial que introduce el real decreto en la configuración del colectivo de personas que pueden acogerse a los contratos de formación. Se produce una ampliación del colectivo de personas que se pueden beneficiar de esta acción de empleo y de formación, haciendo desaparecer para estos colectivos los límites de edad que marcaba la normativa vigente hasta ahora. Aparentemente, la opción que tomó el Gobierno puede parecer positiva en la medida en que facilita el acceso al mercado laboral de colectivos, personas, ciudadanos, con evidentes dificultades de incorporación al mismo. Sin embargo, la mayoría de los grupos y los propios agentes sociales coinciden en entender que, como mínimo, el redactado en el que se formula la propuesta del Gobierno tiene evidentes riesgos, que se derivan fundamentalmente de lo que hasta ahora ha sido la utilización de estas fórmulas por buena parte de nuestras empresas. Muchas veces, el tipo de trabajos que se ofrecen bajo esa contratación no necesitan cualificación de los trabajadores; a menudo existen importantes incumplimientos de las responsabilidades de formación que se derivan para el empresario por la utilización de esta fórmula; a menudo, la utilización del contrato de formación se ha convertido en un instrumento de ahorro de los costes laborales de la empresa y no en un instrumento de formación.
Más allá de lo que dicen las leyes, la práctica de la utilización de esta fórmula es la que suscita estas cautelas y nuestro grupo observa con cierta precaución la propuesta del Gobierno, entendiendo que la misma seguramente está mucho más orientada a una política de empleo que a una política de formación, que es lo que pretendía en su día esta fórmula contractual; no se pretendía sólo facilitar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo sino también reforzar sus capacidades, su formación. Además, la configuración que hoy tienen los contratos de formación, a pesar de que todo este ámbito se mejoró sustancialmente en los acuerdos de 1997, puede producir, al menos en dos colectivos, algunas consecuencias no previstas.
Especialmente en el caso de los trabajadores extranjeros, a quienes no se pone ningún límite de edad, si no somos capaces de matizar la propuesta del Gobierno, puede ser una vía de acceso directo, desde la legalidad que el Gobierno pretende fomentar en el terreno de la emigración, a la irregularidad sobrevenida. El hecho de que los contratos de formación no den derecho a la prestación por desempleo, junto con las modificaciones introducidas en el marco legal de la nueva Ley de extranjería, pueden producir este efecto perverso no previsto, simplemente en el terreno puramente administrativo de la gestión de la cuestión de extranjería, al margen del riesgo de destinar un importante colectivo de personas extranjeras, con formación en sus países de origen, a empleos de baja calificación.


Respecto al resto de los colectivos y en relación con la propuesta del Gobierno en el real decreto, podemos ser capaces de objetivar mucho más al ofrecerles esta vía de acceso al mercado de trabajo.
Nuestra enmienda 108 plantea que puedan acogerse a esta fórmula contractual los trabajadores extranjeros siempre que no acrediten la formación y la experiencia necesarias para ese puesto de trabajo, los desempleados inscritos durante más de tres años como demandantes de empleo en las correspondientes oficinas, los desempleados en situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales y servicios públicos de empleo de la Administración competente (aquí quiero insistir en la enmienda que planteaba la señora Julios en el sentido de que sería bueno que el texto no hiciese referencia en exclusiva a una posible Administración competente en materia de servicios sociales, como es la Administración municipal, sino que hablase de Administración competente) y, finalmente, los desempleados que se incorporen como alumnos a los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo; insisto, los alumnos, no los profesores. Nuestra propuesta está orientada a la objetivación de los colectivos que puedan acogerse a esta nueva fórmula y, al mismo tiempo, en la línea de lo que ya viene siendo una interesante tradición de nuestro sistema de relaciones laborales, a dar pie, a través de un mandato amplio, a que la representación legal de los trabajadores sea informada con antelación de las contrataciones que se producen en este ámbito, y todo ello desde la experiencia de los riesgos prácticos y concretos que existen en esa quizás mala utilización de las fórmulas contractuales de formación.
La enmienda 109 es de un marcado contenido técnico. El real decreto introduce un concepto, a nuestro entender novedoso, que es el de trabajo similar, al definir el tiempo de trabajo con el que se compara al trabajador a tiempo parcial. Este concepto, en la medida en que es novedoso, nos parece que puede llevar a equívocos y es un concepto no definido que quizás abra la puerta a litigios en la configuración de los contratos a tiempo parcial, que no creo que ni las empresas ni los propios trabajadores pretendan tener. Nosotros apostamos por la introducción del término "trabajo equivalente" porque la jurisprudencia, en los últimos años, ha definido con mucha precisión cuál es su contenido, con lo que daríamos mayor seguridad jurídica a esta cuestión. Esta enmienda tiene un contenido estrictamente técnico, pero sería importante que el Grupo Popular reflexionase sobre ella.
La enmienda 110, junto con las siguientes, se refiere a cuestiones de más calado en relación con la configuración del nuevo contrato a tiempo parcial. Creo que la mayoría de los grupos políticos hemos entendido desde hace tiempo que la escasa utilización de la contratación a tiempo parcial constituye uno de los déficit de nuestro mercado de trabajo respecto a la utilización de estas fómulas en otros países de la Unión Europea. Al margen

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de otras consideraciones sobre la articulación de nuestras políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, que inciden en la utilización o no de fórmulas como las previstas por parte de otros Estados en relación con esta cuestión, lo cierto es que los resultados del contrato a tiempo parcial, que se introdujo en el año 1998, no han superado las expectativas que se generaron en torno al mismo y han sido mucho menores que las esperanzas que los agentes sociales y los propios grupos políticos habíamos concebido en su momento, a pesar de que en el caso de mi país, en Cataluña, el crecimiento de la contratación a tiempo parcial ha sido superior a la media del conjunto del Estado. Entendemos que una configuración legal excesivamente rígida no ha facilitado la utilización de esta fórmula contractual. El Gobierno, siendo consciente de esta situación, ha optado por un modelo que previsiblemente va a facilitar la utilización de esta fórmula contractual por parte de las empresas, pero es evidente que puede introducir una excesiva liberalización del mismo que vaya en detrimento de objetivos que el propio Gobierno se ha marcado, como la importante incorporación de la mujer al mundo laboral o la utilización del contrato a tiempo parcial para personas que compatibilicen actividades de formación con actividades de empleo o personas que compatibilicen diversos contratos de formación, y que además puede poner muchas veces a los trabajadores que opten por esta fórmula en una situación de evidente indefensión ante pretensiones legítimas de la empresa, desde la perspectiva de su organización, pero seguramente incompatibles con la capacidad de las personas de organizar de manera consecuente sus vidas personales. En este sentido, nuestra enmienda 110 introduce -siguiendo una senda muy consolidada en nuestro marco de relaciones laborales- que la negociación colectiva pueda establecer los criterios cuantitativos delimitadores de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada a tiempo completo. Esa liberalización que se hace de la jornada a tiempo parcial en relación con la jornada a tiempo completo podría ser objeto de configuración en el marco de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa. Esto reforzaría la capacidad de la negociación colectiva, que se convierte cada vez más en un instrumento que arbitra de manera correcta mucho de los contenciosos que se producen en el Estado español dentro del marco de las relaciones laborales. Por tanto, con esto reforzamos la participación de los trabajadores y de la propia empresa en la definición de la jornada laboral y de las condiciones de trabajo. Además, nos parece positivo implicar a los trabajadores y a las organizaciones sindicales en aspectos que superen la estricta discusión sobre los salarios y otras condiciones de trabajo. Este sería el contenido de nuestra enmienda 110, que entendemos que no afecta a lo esencial de la propuesta del Gobierno.
La enmienda 111 también responde -quizás el señor Azpiroz pueda arrojar alguna luz sobre este tema- a una preocupación de nuestro grupo en relación con el contenido del real decreto, en el sentido de entender que la retirada del texto puede permitir que el contrato a tiempo parcial implique simplemente el conjunto de horas que va a realizar el trabajador a lo largo del año. Esta nos parece una situación excesivamente incierta para el trabajador y creemos que como mínimo deben figuran las horas de trabajo que se van a realizar al mes. Es una enmienda muy razonable, redactada en aras de los objetivos que todos deberíamos ser capaces de compartir en el fondo.
Una mayor concreción de la jornada laboral en los contratos a tiempo parcial es absolutamente necesaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La enmienda 112 incide sobre otra de las cuestiones que el Gobierno introduce en el real decreto, en la línea de la máxima flexibilidad, que es situar las horas complementarias en un máximo del 60 por ciento del conjunto de horas ordinarias contratadas. Nos parece que estamos dando una salto enorme sobre la actual configuración legal.
Nuestra enmienda es extremadamente tímida, porque en ella proponemos que en lugar de un 60 por ciento sea un 50 por ciento. Lo hacemos desde la lógica de no convertir la contratación a tiempo parcial en un instrumento que no permita una organización verdaderamente razonable de las vidas personales de aquellos ciudadanos que opten por esta fórmula contractual.


En este mismo sentido, la enmienda 113 introduce -lo que también nos parece otra propuesta muy cargada de sentido común- la posibilidad de que el pacto de horas complementarias pueda quedar sin efecto cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas, todas ellas muy objetivas, como responsabilidades familiares definidas en la ley, necesidades formativas de la persona trabajadora o por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial. En esos supuestos las horas complementarias que el trabajador ha pactado con la empresa deberían poder ser recindibles, evitando que el empleador pudiese acabar con la vigencia del contrato, con los efectos que ello podría tener para el trabajador. Situar el pacto de horas complementarias como una carga asociada a la vinculación de la persona trabajadora con aquella empresa, sin posibilitar la renuncia cuando sucedan cosas tan evidentes como responsabilidades familiares, necesidades de formación o la simultaniedada con otro contrato a tiempo parcial, se aleja del sentido que desde siempre hemos querido dar al contrato a tiempo parcial. Este conjunto de enmiendas pretende que esta fórmula de flexibilización de la contratación a tiempo parcial no incida negativamente en la vida de los trabajadores y, muy especialmente, en aquellas personas que tienen responsabilidades familiares, que optan por compatibilizar varios contratos a tiempo

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parcial o que optan por mejorar sus capacidades de formación utilizando estas formas de flexibilidad.
La enmienda 114 incide sobre ese contrato un poco misterioso, si me permiten la expresión coloquial, que introduce el real decreto, el contrato de inserción vinculado a las administraciones públicas.
Limitamos la utilización de estos contratos temporales en el marco de las administraciones públicas e introducimos la posibilidad de que este contrato pueda prorrogar su vigencia un año más para determinadas actuaciones.
La enmienda 115, junto con la 116, hace también un llamamiento a la negociación colectiva sobre la principal preocupación en España hoy, junto con la elevada tasa de desempleo, como es el elevado índice de precariedad de nuestro mercado de trabajo, esa utilización abusiva de la contratación temporal, esa utilización inadecuada de las previsiones de nuestro marco legal. La reforma laboral de 1997 ha tenido aspectos positivos -insisto-, pues nuestra media de temporalidad ha bajado cerca de cinco puntos. Las fórmulas de incentivo a la estabilidad que han funcionado en Cataluña desde 1996 han dado su resultado, aunque es evidente que nuestro índice de temporalidad continúa siendo elevado. Se introducen algunas medidas en la reforma del Gobierno pero son tímidas. Es en el marco de la negociación colectiva donde deberíamos ser capaces de buscar mecanismos -ahí está la enmienda que el Partido Popular nos va a plantear inteligentemente- que eviten esa utilización abusiva y sucesiva de la contratación temporal y, al mismo tiempo, la negociación colectiva debería impulsar mecanismos que faciliten la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Desde 1994, con la reforma del Gobierno del PSOE, hemos avanzado en ese mayor peso de la negociación colectiva. Mandatos como éstos refuerzan una tendencia que se ha dado como positiva. En el caso de Cataluña, ese mayor incremento de la disminución de la temporalidad tiene mucho que ver con el papel importante que la negociación colectiva ha jugado en esa materia, al menos así nos lo han manifestado tanto empresarios como sindicatos.
La enmienda 117 pretende clarificar algo que seguramente es de sentido común pero que, según la redacción del real decreto, podría llevar a equívoco. El real decreto incorpora una indemnización económica de ocho días para los contratos de duración determinada. De su tenor literal se podría deducir que tal indemnización de ocho días no constituye un mínimo y que podría ser rebajada por acuerdo entre las partes o en la negociación colectiva. Nos parece importante dejar claro que la indemnización sea de ocho días como mínimo, abriendo una vía para que pueda ser en todo caso incrementada cuando lo consideren oportuno las partes.
Vamos a ver si esta medida que planteamos, y que tendrá el apoyo de Convergència i Unió si se acepta la enmienda, resulta un elemento de disuasión de la temporalidad.
Es significativo que en esta reforma hayamos optado por primera vez por introducir medidas encaminadas a disuadir de la utilización equivocada y equívoca de la contratación a tiempo parcial.
Finalmente, la enmienda 118, al artículo 52, afecta a la nueva causa objetiva de despido con objeto de limitarla efectivamente a contratos por tiempo indefinido realizados por las administraciones públicas y a contratos realizados por entidades sin ánimo de lucro. Nos parece que no era intención del Gobierno la introducción de una cláusula genérica que llevase al abuso de la utilización de esta fórmula de despido objetivo, sino que pretendía situarlo en programas de carácter estable vinculados a presupuestos públicos y desarrollados por las administraciones públicas o por entidades del tercer sector.
Nuestra enmienda pretende objetivar al máximo el ámbito de aplicación de esta nueva causa de despido.
Nos parece que presentamos un conjunto de enmiendas muy razonables y estamos seguros de que contarán con el apoyo de la mayoría de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado el señor Núñez, que tenía dificultades para estar al comienzo de la sesión. Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas sobre las que desea intervenir.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: En primer lugar, tengo que dar por defendidas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto que, por lo que afecta al capítulo I, son 60. Me referiré exclusivamente a las presentadas por los andalucistas, dando por defendidas las demás.
Creo que ya tuvimos ocasión de decir, en el momento que debatimos el decreto ley, que estamos ante un proyecto de ley que nace cojo puesto que no ha habido consenso con los agentes sociales. Se trata de una ley a la que todos intentamos aportar lo que podemos, pero sobre cuya aplicación correcta y fluida hay serias dudas en tanto en cuanto no se ha logrado el consenso entre los que tienen que llegar a acuerdos en los convenios y conviven día a día con este tipo de contratos.
Desde nuestro punto de vista, es fundamental abordar la flexibilización y apertura del mercado de trabajo de forma que consigamos mayor cantidad y calidad de empleo y una mayor estabilidad y menor grado de incertidumbre; en definitiva, los objetivos genéricos que hemos ido estableciendo en la ley.
En cuanto a las enmiendas que presentamos, las primeras tienen que ver con nuestras dudas respecto a la regularización de los contratos de inserción, los contratos temporales de las administraciones públicas que consideramos que no tienen duración máxima, está sin definir objetivamente qué es una obra o servicio de interés general o social, y que supondrían un menoscabo de la seguridad jurídica laboral del trabajador. Séque ha habido algunas enmiendas del grupo que apoya

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al Gobierno encaminadas a la concreción de estas incertidumbres.
Una segunda enmienda se refiere también a algo muy importante: cómo se tratan los contratos de formación. Son contratos con posibilidad de ser profundamente desvirtuados; es decir, que no se empleen como contratos de formación, sino como contratos basura. Son contratos que afectan a colectivos heterogéneos nuevos, y nosotros entendemos que, si son contratos de formación, hay que establecer límites de edad.
Hemos propuesto que el límite sean 30 años, tanto para los desempleados inscritos con más de tres años sin actividad laboral como para los desempleados que se incorporen a los programas de escuelas-taller, casas de oficios o talleres de empleo, porque, de no ser así, nos encontraríamos con un contrato de segunda división, un contrato que no tiene como finalidad la formación, sino el abaratamiento de este contrato. Sí estamos de acuerdo en que este límite no sea aplicado a los desempleados minusválidos o a los extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo, siempre que no acrediten tener la formación necesaria. Se trata de evitar que se conviertan en contratos que intenten evadir la forma normal. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la Presidencia.) Hemos presentado otra enmienda para que la denuncia del pacto respecto a las horas complementarias pueda ser elegida por el trabajador. Se trata de que el trabajador pueda renunciar a ese pacto porque, si no, se pondría en entredicho la voluntariedad de ambas partes. Permitir que un convenio colectivo lleve un volumen de horas complementarias de hasta el 60 por ciento de las horas ordinarias contratadas podría impedir a algunos compatibilizar distintos contratos; podría impedir compatibilizar un contrato a tiempo parcial con otro empleo de esta naturaleza. Supondría pasar del 50 por ciento de las horas ordinarias y, por tanto, hacer más difícil que se puedan tener dos contratos. Aceptando que pueda y deba existir el contrato a tiempo parcial como medida de flexibilidad, también tenemos que velar por que pueda haber varios contratos de tiempo parcial que, desde el punto de vista salarial, resarzan al trabajador.
Hemos presentado otra enmienda respecto a la indemnización necesaria.
Es una enmienda que, por conversaciones con el grupo del Gobierno, entiendo que va a ser aceptada. Se debatió en el Pleno y queda muy claro que la indemnización del trabajador no sean ocho días por año, sino una cantidad que en ningún caso sea inferior a ésa; pero que siempre, en cada negociación colectiva, cada normativa específica pueda superar este convenio, esta cuantía, porque la cuantificación económica de esta indemnización es meramente testimonial. En ese sentido, agradecemos la sensibilidad del grupo del Gobierno al aceptar que se clarifique que estamos hablando de cantidades mínimas y en ningún caso de cantidades estándar.
Las demás enmiendas responden a motivos generales que han sido expuestos en anteriores intervenciones y, de momento, doy por defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Como ya anuncié cuando se organizó este debate, el Grupo Socialista pretende intervenir en este primer turno, referido a las enmiendas del capítulo I, a través de tres de sus representantes. En primer lugar intervendré yo, pero a continuación lo hará la señora Peris y, después, el señor González Vigil. Los tres vamos a tratar toda una serie de enmiendas a toda una serie de artículos que son el núcleo fundamental de las formas de contratación que se contemplan en la reforma.
Antes de entrar en las enmiendas que voy a defender, quiero decirles que el Partido Socialista ha elaborado un grupo de enmiendas a todo el conjunto de la reforma porque partimos de que no hay coincidencia en prácticamente nada de lo que el Gobierno ha hecho a este respecto.
Nosotros no olvidamos que este proyecto de ley, en su día real decreto, ya convalidado, es fruto de un fracaso en el diálogo social y que estamos legislando sobre la base de un desacuerdo profundo entre sindicatos y empresarios. Yo creo que el fracaso en el diálogo social es, sin duda, atribuible a los protagonistas del mismo en gran parte, pero creo también que el Gobierno gestionó mal ese diálogo.
Creo que cabe decir que de la misma manera que en el caso anterior, en el año 1997, gestionó con más habilidad el equilibrio, en esta ocasión su escoramiento hacia las posiciones de flexibilidad o desregulatorias que reclamaba la parte empresarial imposibilitó el acuerdo, y ahora estamos debatiendo una reforma que tiene esas mismas características. Personalmente tengo una opinión pesimista sobre la influencia que este proyecto y esta reforma van a introducir en nuestro mercado laboral. Yo creo que no se va a reducir la temporalidad, que era una de las cuestiones centrales de nuestras anomalías en las relaciones laborales en España, no se van a corregir los gravísimos y frecuentísimos abusos que se producen en la subcontratación, origen en gran parte de uno de los problemas más graves también de nuestro mercado laboral y una de las anomalías más significativas en relación con la estadística europea, cual es la altísima siniestralidad de nuestro país; no se van a resolver los problemas esenciales del funcionamiento de nuestro servicio público de empleo, de las políticas de empleo en general, en muchas ocasiones rutinarias y en otras muchas insuficientes; ni siquiera se van a resolver problemas que son ya muy ostensibles, como por ejemplo el de la rigidez geográfica de nuestro mercado laboral, que plantea problemas muy serios de falta

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de mano de obra en algunas regiones y de exceso de paro en otras. En general, para terminar este preámbulo, señorías, yo tengo la impresión de que la calidad del empleo en nuestro país va a empeorar.
Yo tengo esta convicción, sin duda el Gobierno y el grupo que lo apoya piensa lo contrario, pero quiero que sepan que nosotros tenemos una opinión muy pesimista de lo que va a ocurrir con esta reforma que, en un proceso que ya viene de tiempo y que no ocurre sólo en España, por cierto, para ser justos, va a acentuar la devaluación de las relaciones laborales en nuestro país gravemente hacia un exceso de flexibilización, por ejemplo, en la contratación temporal, parcial, etcétera, hacia un subempleo preocupante en sectores importantes de la actividad económica y en colectivos humanos concretos -pensemos en la inmigración-, hacia una progresiva externalización que produce falsos autónomos, etcétera.
Nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas para corregir lo que consideramos que son errores en la redacción que el Gobierno ha hecho de estas reformas. Son enmiendas que yo considero bastante pragmáticas, porque tampoco hemos ido a posiciones testimoniales, ya que somos conscientes de que el equilibrio del mercado laboral en España y en todo el mundo es encontrar el punto intermedio entre una flexibilidad necesaria, porque la competencia lo exige, pero también un garantismo que reclaman unas relaciones laborales justas. No es fácil encontrar ese equilibrio, pero yo sí quiero decirles, señorías, que las enmiendas que hemos presentado responden a ese objetivo. Son pragmáticas, pues, y son además muy rigurosas. Quiero decirles algo que no he tenido ocasión de decir en otro momento, y es que gran parte de lo que hemos incorporado en nuestras enmiendas es literalmente doctrina del Tribunal Supremo, es decir, que hemos recogido del Tribunal Supremo la jurisprudencia que se ha ido dictando respecto del abuso de ley en relación con la contratación eventual, con la subcontratación y con una serie de figuras frecuentes ya en la casuística laboral española, y las hemos incorporado a la ley porque, por supuesto, eran doctrina del Supremo y eran además el punto más equilibrado entre realidad y norma jurídica.
Hemos visto con decepción y desagrado que nuestras enmiendas han sido tratadas en una sesión de ponencia que, aprovecho para decirlo aquí, duró treinta minutos. Siempre he creído que las ponencias servían para que escucháramos con la discreción necesaria los argumentos de las contrapartes, pero la ponencia en este debate parlamentario realmente no ha servido para nada y esta misma mañana hemos podido saber, a través de las conversaciones que se han mantenido con la prensa, que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista no iban a ser aceptadas. Yo no puedo por menos que señalarles un cierto desencanto porque de esta manera se devalúa mucho el debate parlamentario, y la Cámara misma, en relación con un debate tan importante como éste para una ley tan importante como ésta, sobre todo porque constituye también un desprecio a lo que es el contenido de nuestras enmiendas que, repito, tienen un honrado sentido de mejora de la redacción de las normas de nuestro Estatuto de los Trabajadores.


Por ejemplo -y así empiezo por señalar las enmiendas que voy a defender-, la enmienda número 198, a propósito del contrato de formación, nosotros aceptamos que el contrato de formación pueda tener incluso una cierta vis expansiva. Pero, claro, las enmiendas del Partido Socialista a la redacción que ha hecho el Gobierno y que ha sido enmendada en parte por el Grupo Parlamentario Popular pretenden dos cosas que nos parecen de justicia: la primera, que quienes puedan ser sujetos de este contrato de formación acrediten o dejen claro que no tienen la formación suficiente, porque si la tuvieran no se les podría aplicar un contrato de formación, sería contradictorio a la propia esencia del contrato de formación; y, sobre todo, la limitación que el Partido Socialista introduce a esta vis expansiva que incorpora el real decreto o el proyecto de ley al contrato de formación es que sean jóvenes porque está en la naturaleza de las cosas que el contrato de formación sea para jóvenes, inclusive en la ontología del propio contrato. Es decir, se deriva de su propia concepción que se trata de un contrato para formar, y a quien se forma es a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues resulta, señorías, que a partir de ahora el contrato de formación se le puede hacer a cualquier persona, cualquiera que sea su edad, siempre que lleve parada tres años o sea un inmigrante en los dos primeros años de su estancia en España. Yo no puedo por menos de señalarles que aquí se abre el portillo a la creación de un espacio de subempleo -no sé si llamarle de neoesclavismo- muy grave; y tengo que decirlo sumándome incluso a lo que se ha dicho en la misma dirección por parte de otros compañeros intervinientes. Porque, ¿qué sentido tiene contratar a un parado que tenga, por ejemplo, 45 ó 50 años, con un contrato de formación? Yo pregunto ¿quién contratará a un inmigrante con el salario de convenio sabiendo que puede hacerlo con el salario de formación, que es el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional? ¿Quién va a hacer esto? ¿Cómo contratarán a los inmigrantes en Murcia o en Huelva, o para recoger el tabaco en Extremadura o las peras en Lérida, con el contrato de convenio de la agricultura de esa provincia o con un contrato de formación que les permite pagar el 80 por ciento del salario mínimo? ¿Qué sucederá, señorías, con el efecto de arrastre a la baja que va a producir en las condiciones laborales en esos sectores (construcción, agricultura, servicios, etcétera) la posibilidad de que gran parte de la población laboral pueda ser contratada en esas condiciones? Esto es un dumping social interior, y me permito preguntarles, ¿quién habló de contrato-basura, señorías?

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El contrato a tiempo parcial es otro de los contratos que hemos querido regular de otra manera. Somos conscientes de la importancia de la flexibilidad en este contrato; somos conscientes de que hay que darle al empresario facilidades para que se estimule esta contratación y que pueda servir de vaso comunicante entre la temporalidad y el contrato a tiempo parcial, y las enmiendas que hemos incorporado -por cierto, escuchando al señor Campuzano he visto que muchas de las suyas coinciden con las que hemos planteado nosotros- son enmiendas muy pragmáticas. Por ejemplo, nosotros hemos admitido que el contrato a tiempo parcial no contemple un período máximo de jornada, habiendo aceptado así una de las esencias de la regulación actual en cuanto que se pueda hacer un contrato a tiempo parcial por una jornada solamente inferior en una hora a la jornada normal, entre comillas. Pero a partir de ahí, señorías, el resto de las facilidades que el Gobierno otorga al empresario en esta contratación nos parecen excesivas y por eso las hemos querido limitar.
Consideramos necesario que en el caso del contrato a tiempo parcial se formalice por escrito no solamente el número de horas de jornada, sino su distribución, cosa que el decreto no hace. Se debe formalizar por escrito durante cuántos días y bajo qué modalidad de horario se va a realizar el contrato a tiempo parcial, porque, si eso no se contempla -por cierto, el Gobierno ha excluido expresamente las palabras "su distribución", capitales en este asunto-, ¿qué ocurrirá? Pues que el empresario podrá contratar a un trabajador a tiempo parcial por un número determinado de horas, pero luego, a la hora de realizar la jornada, tendrá una disposición total para establecer cuándo tiene que trabajar y cuánto. Por eso hemos querido limitar también las horas complementarias, porque, siendo ésta una facultad necesaria para la flexibilidad del empresario, tiene que serlo con límites. Y nosotros hemos planteado que el límite sea que sólo pueda haber horas complementarias en aquellos contratos a tiempo parcial que sean inferiores a las dos terceras partes de la jornada laboral, al 77 por ciento que se recogía en la anterior regulación, habiendo establecido unos topes a dichas horas complementarias: el 15 por ciento sobre el horario ordinario o el 30 por ciento fijado por convenio. Hemos establecido la posibilidad de consolidar en el horario de ese trabajador a tiempo parcial el 50 por ciento de las horas complementarias realizadas el año anterior, así como la presunción de su conversión en contratos a tiempo completo en aquellos contratos a tiempo parcial que superen habitualmente la jornada pactada a tiempo parcial.
En concreto, señorías, lo que queremos hacer con esto es establecer un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, equilibrio que el Gobierno no ha garantizado, puesto que ha concedido una flexibilidad tan enorme al empresario para regular este contrato que prácticamente, como dicen los sindicatos, y tienen razón al manifestar este temor, ha dejado en sus manos la posibilidad de una especie de regulación permanente de la jornada laboral de estos contratos, desde luego gratis y sin autorización administrativa ninguna. Los sindicatos tienen una lógica preocupación, preocupación que nosotros compartimos, por el hecho de que lo que se produzca no sea una conversión de empleo temporal en empleo parcial, como sería conveniente, sino una conversión de empleo fijo en empleo a tiempo parcial por la vía de que muchas empresas transformen sus contratos fijos a tiempo completo en contratos fijos a tiempo parcial, dándoles como se les da a los empresarios una disponibilidad tan absoluta para la fijación del cuándo y del cuánto del trabajo.
En tercer lugar -voy terminando, señorías-, el Grupo Socialista ha enmendado una nueva causa de despido objetivo establecida en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (enmienda 212). Antes he hablado de las enmiendas números 198 -formación- y 199 a 203 -contrato a tiempo parcial- y ahora me refiero a la enmienda 212, en la que recomendamos la supresión de esta nueva causa de despido que el Gobierno ha introducido en el Estatuto de los Trabajadores.
Ustedes saben que eso se refiere al caso, que el Gobierno ha contemplado necesario, de poder despedir, mediante el despido objetivo, cuando se trate de estos contratos que realizan las administraciones públicas o las ONG con arreglo a políticas públicas determinadas y resulte insuficiente la correspondiente consignación presupuestaria.
Nosotros consideramos que, tratándose de programas de actuación pública de tipo coyuntural, lo normal es que la forma de rescisión de estos contratos esté ya incluida en la propia contratación; es decir, que no haga falta incorporar al Estatuto de los Trabajadores una nueva causa de rescisión con toda la gravedad que tiene que incorporemos al Estatuto de los Trabajadores una nueva causa de despido, que además se incorpora no ya de manera coyuntural, sino estructural, al Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que cuando una administración pública o una ONG o una entidad sin ánimo de lucro vea agotada su consignación presupuestaria puede despedir, con arreglo a este procedimiento, a quien tenga contratado fijo. No.
Esta no es una cuestión tan minoritaria desde el punto de vista de nuestro mercado laboral. Piensen que hay miles de ONG que contratan trabajadores, piensen que en la jurisprudencia empieza a apreciarse la existencia de entidades sin ánimo de lucro que son sociedades. Hay sociedades limitadas y anónimas a las que se les conceptúa a veces como entidades sin ánimo de lucro. ¿Van a poder despedir cuando no tengan una consignación presupuestaria?

En todo caso, señorías, si hay una razón por la que la inexistencia de consignación presupuestaria debe justificar una rescisión, ¿por qué no la llevamos a una regulación transitoria o adicional? No la incorporemos al

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Estatuto de los Trabajadores como una nueva causa de despido o si la incorporamos como causa de despido, no lo hagamos en el 52; hagámoslo en el 51, cuyas garantías para el trabajador son considerablemente mayores, porque hay una autorización administrativa previa, etcétera.
Yo creo que hay una enorme gravedad en esta incorporación a nuestro derecho laboral de una nueva causa de despido objetivo. Si se basa, repito, en la existencia de trabajadores fijos contratados que tuvieran que ser despedidos en alguna ocasión por falta de consignación presupuestaria, hagámoslo con una adicional o con una transitoria, pero no lo incorporemos de manera estructural al Estatuto de los Trabajadores.


También quería hablarles de las enmiendas que el Grupo Socialista ha incorporado. Son las números 208, 209, 224 y 225, en relación con todo lo que se refiere a la flexibilidad en la jornada de trabajo.
Aquí hay cuatro grupos de enmiendas que el Grupo Socialista ha incorporado. Si de flexibilidad hablamos, hagámoslo para todo; si de flexibilidad hablamos para no meter la mano a la subcontratación, para hacer más rígidas las oportunidades de fraude que hay en la eventualidad, etcétera, ¿por qué no hablamos de flexibilidad, por ejemplo, para que los trabajadores puedan establecer jornadas laborales o fórmulas de crédito horario o cuentas ahorro de jornada para que un exceso de jornada pueda dar lugar a disfrute de tiempo libre y por tanto a nuevas contrataciones, que es concretamente la que introducimos, con la enmienda número 208, al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores? ¿Por qué no damos la posibilidad de que las horas extraordinarias sean menos y puedan ser compensadas con tiempo libre y no con salario, a lo que nos referimos con la número 209? ¿Por qué no establecemos que la jubilación flexible tiene que conllevar, cuando no se produzca como consecuencia de expedientes de reconversión, o bien un relevo o bien un nuevo empleo o bien conversión de trabajadores temporales en fijos, que es la número 224? Por último, ¿por qué no establecemos -enmienda 225- que la reducción de jornada pactada pueda dar lugar a nuevo empleo? Eso es también flexibilidad y esta es una oportunidad que el Gobierno tenía para incorporar al Estatuto de los Trabajadores esas disposiciones que el Grupo Socialista viene reclamando desde hace tiempo y que me temo, una vez más, van a ser rechazadas.


La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora Peris.


La señora PERIS CERVERA: Voy a pasar a defender, en nombre del Grupo Socialista, las enmiendas que hacen referencia fundamentalmente a la contratación temporal y a la reforma que se plantea en este proyecto de ley del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
El partido Socialista ha presentado las enmiendas 204, 205 y 206, que son enmiendas de supresión a los apartados siete, ocho y nueve del artículo primero, apartado que viene a modificar el artículo 15. Paso a explicar la razón de estas tres enmiendas de supresión y a defender la enmienda 207 que presenta el Partido Socialista para modificar el artículo 15.
Señorías, desde mediados de 1994 estamos asistiendo a una fase de crecimiento económico que lleva aparejada también el crecimiento de empleo. Este crecimiento de empleo se ha visto fomentado por dos razones fundamentales.
En primer lugar, por la flexibilidad del mercado de trabajo que se produjo con la reforma de 1994 y 1997, y en segundo lugar por la moderación salarial que asumen los sindicatos en pro de la creación de empleo. Pero pese a que estas reformas han incidido en el mercado de trabajo, también es cierto que se han producido consecuencias negativas que deben resolverse. El Gobierno, los agentes sociales, la sociedad y seguro que todos ustedes, señorías, comparten que los dos problemas más graves que tiene el empleo en España hoy son la temporalidad y la rotación de los contratos que cada vez duran menos.
Este problema esta produciendo en nuestro país un triángulo que me atrevería a decir que es un triángulo hasta cierto punto maldito. La alta tasa de temporalidad supone que existe gran precariedad en el empleo, y consecuentemente produce siniestralidad laboral. De este triángulo parece que el Partido Popular no quiere preocuparse.
La contratación temporal que sólo puede utilizarse legalmente para necesidades temporales se ha convertido en la norma de uso de nuestro mercado de trabajo con abuso indebido del mismo. Esta temporalidad se ha visto además agravada como consecuencia del uso y abuso de la contratación, por la concatenación de los contratos que además cada vez duran menos. Para muestra, señorías, les daré algunos datos que creo son relevantes. Según los últimos datos publicados en el mes de abril en el último año se han realizado en España aproximadamente 13 millones de contratos. Estos 13 millones de contratos han supuesto salida de las listas de desempleo de 43.000 personas, lo cual nos indica que en este país para que salga una persona de la lista de desempleo hacen falta aproximadamente cerca de 300 contratos. El dato es importante y nos debe llevar por lo menos a cierta reflexión.
Ante este problema, ¿cuáles son las soluciones que propone el Gobierno? El Gobierno con este proyecto de ley nos propone básicamente tres soluciones. En primer lugar, limita la duración máxima de los contratos de duración determinada de 13 meses y medio a 12 en un período máximo de 18, que no significa que la medida no sea buena, el único problema es que en la temporalidad el problema más grave ya no es la duración, sino la concatenación que se está produciendo en los contratos. Si ustedes rebajan al empresario la obligación en vez de 13 meses y medio a 12 no pasa nada mientras ustedes le sigan permitiendo que a un contrato

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de acumulación de tareas le sumen un contrato de obra, y luego le vuelvan a sumar otro contrato de acumulación de tareas. Así podemos encontrarnos con trabajadores que están tres y cuatro años en el mercado laboral, siguen teniendo un contrato temporal y trabajando para la misma empresa.
En segundo lugar, para reducir la alta tasa de temporalidad ustedes proponen crear un nuevo contrato, en este caso voy a referirme al contrato de inserción. La filosofía que pretende expresar el Gobierno en su propia exposición de motivos cuando dice que la prioridad de esta reforma es reducir la alta tasa de temporalidad, casa poco con incrementar el número de contratos temporales, y entre ellos el contrato de inserción. Por otra parte, en relación con este contrato el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de supresión porque entendemos que este nuevo contrato no es de recibo, tal y como está redactado desde el punto de vista de los socialistas supone una falta de respeto a este Parlamento al pretender que aprobemos la creación de una nueva modalidad de contratación temporal, de la que desconocemos sus más elementales características sustanciales rompiendo con ello el principio de seguridad jurídica. Hasta tal punto es así, que hasta el propio Partido Popular ha presentado una enmienda para arrojar un poquito de luz sobre este contrato y pretende cubrir insalvables deficiencias que el Partido Socialista considera tiene el texto que presenta el Gobierno.
En tercer lugar, en relación con la tercera medida que presenta el Gobierno para reducir la alta tasa de temporalidad, las medidas que piensan adoptar para prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal no las abordan en este proyecto de ley, pasan de largo, y tan sólo dejan una referencia para que se puedan adoptar en negociación colectiva.
Señorías, estas medidas nos parecen insuficientes, creemos que son para cubrir el expediente, pero que no pretenden afrontar el grave problema de la temporalidad y la rotación de contratos. Son insuficientes y no aparece ninguna medida en el proyecto, porque además el Gobierno del Partido Popular no lo quiere hacer y la patronal tampoco. Es más fácil seguir manteniendo la competitividad en nuestro país sobre menores costes laborales indirectos y abusando de la flexibilidad del mercado de trabajo. Ésa es su tesis y su filosofía, la dibujen y la cubran con lo que ustedes quieran. Por ello, creemos que además de adoptar medidas para crear empleo estable que están bien, son correctas y han dado sus frutos, en este país hay que adoptar medidas que reduzcan la alta tasa de temporalidad que tiene la contratación. Para ello hemos presentado una serie de enmiendas que de alguna manera tratan de suplir estas deficiencias.
Como decía Ramón Jáuregui no son enmiendas de inspiración, la mayoría de ellas están sacadas de lo que es la doctrina del Tribunal Supremo, que creo es la máxima instancia porque conoce los problemas reales del mercado de trabajo en nuestro país, y está dando soluciones que nosotros hemos querido exportar a nuestras propias enmiendas.
Son este tipo de soluciones, las que nosotros proponemos en nuestra enmienda al artículo primero punto siete, en la que damos una nueva redacción al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Son enmiendas que en primer lugar tratan de determinar que en los contratos de duración determinada exigimos causa objetiva y concreta que justifique la temporalidad. En concreto, en los contratos temporales también establecemos características propias de cada modalidad para evitar el fraude y el abuso de derecho que se está produciendo en la utilización de este tipo de contratos, y establecemos cinco supuestos en los que creemos que ha de haber una presunción a favor de la fijeza de los contratos en aquellos casos que se está produciendo un abuso manifiesto de la ley.
Resumiendo, señorías, las enmiendas del Grupo Socialista, repito, tratan de incidir en la tasa de temporalidad y tratan de reducir y evitar el fraude y el abuso de derecho. Puede ser que estas enmiendas sean mejorables, no son las únicas y pueden existir otras opciones, pero en cualquier caso lamentamos que el Partido Popular no las afronte y no traiga soluciones para el grave problema del abuso de derecho que estamos padeciendo en la contratación temporal.
Simplemente quiero decir que me parece que en el diálogo social el Gobierno del Partido Popular irrumpe para convertirse en el actor principal, y sin embargo ahora, cuando tiene que intervenir para reducir las altas tasas de temporalidad, se está convirtiendo en un simple y mero espectador.
También en relación con los contratos temporales paso a defender la enmienda 211, que los socialistas la planteamos para reforzar el principio de causalidad en los contratos de duración determinada y es una enmienda para mejorar las condiciones de los contratos temporales. Es una enmienda que pretendemos vaya más allá del tibio intento del Gobierno de establecer una indemnización de ocho días por año trabajado. Nosotros creemos que esta indemnización que se establece en el proyecto de ley no mejora las condiciones de los contratos, en primer lugar porque se trata de una indemnización mínima e irrisoria, y en segundo lugar porque es una indemnización que no supone un mínimo legal. Por tanto, en la negociación colectiva, en teoría, se van a poder establecer indemnizaciones inferiores a ésta. Tampoco es una medida disuasoria para el empresario porque no le supone una penalización económica suficientemente grave como para no seguir utilizando y abusando de los contratos temporales.
Por ello, con esta enmienda el Grupo Socialista propone dos cosas: mejorar las condiciones de los trabajadores y establecer las cautelas necesarias que redunden en la lucha contra la precariedad. Nuestra opción esdecir que la indemnización sea del 7 o del 4 por ciento

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de los salarios devengados durante la vigencia del contrato, dependiendo de si tiene una duración superior o inferior a 365 días.
Establecemos que esta indemnización ha de ser un mínimo legal, mejorable en convenio colectivo, pero que nunca pueda estar por debajo de este mínimo que fijamos.
Por último y en relación a los contratos temporales paso a defender la enmienda 213, enmienda que hace referencia a la cotización de esta indemnización y que pretende mejorar las condiciones laborales de los contratos temporales. Lo único que los socialistas proponemos es que esta indemnización cotice en la Seguridad Social y que se ingrese mediante una liquidación complementaria.
Hay que decir que, en los últimos años, se ha utilizado la figura de encarecer los costes indirectos del contrato temporal mediante el sobrecoste de las cuotas de la Seguridad Social. Los socialistas no creemos que ésta sea la mejor idea; en todo caso, planteamos que estas indemnizaciones coticen a la Seguridad Social. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor González Vigil.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: En nombre del Grupo Socialista, paso a defender las enmiendas números 210, 215, 217 y 230. Son enmiendas que afectan fundamentalmente a la seguridad laboral, a la prevención de los riesgos laborales. Como se podrá apreciar, hay una enmienda de modificación, la 210, y tres enmiendas de adición, las números 215, 217 y 230, porque creemos que hay un gran vacío en este proyecto de ley ante uno de los más graves problemas que actualmente tiene este país en el terreno laboral.
En la enmienda 210 proponemos una modificación del artículo segundo, donde se habla de la subcontratación de obras y servicios. El texto que presenta el Gobierno sólo establece nuevos derechos de información para los trabajadores subcontratados y para los representantes de los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas en relación con la identidad de la empresa principal o empresa contratista o subcontratista respectivamente, y además no se sanciona el incumplimiento de esta obligación en el texto refundido. Más que de una medida práctica, se trata de una operación de maquillaje en cuanto a las responsabilidades de las empresas que componen la cadena de subcontratación o de mejora de los derechos sindicales. En el texto de la reforma, la responsabilidad del empresario principal continúa limitándose exclusivamente a las obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social. Por otra parte, con esta reforma no se atajan los problemas de precariedad en el empleo que tienen lugar en las subcontrataciones y que tan alta incidencia tienen en la siniestralidad laboral.
Con la enmienda que presentamos, se amplía la obligación y la responsabilidad solidaria de la empresa principal para controlar la efectividad de los derechos de los trabajadores ocupados por los contratistas y subcontratistas; se elimina la acción de reembolso o repetición por las responsabilidades solidarias exigidas al empresario principal por las obligaciones incumplidas de subcontratistas; se establece la profesionalización de las empresas contratistas y subcontratas, exigiéndoles una organización productiva autónoma y la asunción del riesgo empresarial; se prohíbe la subcontratación sin autorización expresa del empresario principal; se amplía el concepto de propia actividad a las actividades complementarias y auxiliares, se amplía a antes del inicio de la ejecución de la contrata el derecho de los trabajadores a ser informados y no sólo a la previa comprobación de estar al corriente en la Seguridad Social; se imponen obligaciones recíprocas de información a los trabajadores y de identificación de las empresas principal, contratista y subcontratistas. Por último, se tipifican como infracciones graves los incumplimientos de estas obligaciones en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, como recogemos en la enmienda 217.
Con la enmienda 215, proponemos un nuevo capítulo II, en el que se introducen ciertas modificaciones en la Ley de prevención de riesgos laborales, precisando la obligación de coordinación de la prevención de riesgos en las empresas subcontratistas, con una obligación de información documentada de los planes recíprocos de seguridad y salud. Se reforma también la Ley de prevención de riesgos laborales para posibilitar la presentación de planes de coordinación de prevención de riesgos laborales por los representantes de los trabajadores de la empresa principal, contratistas, y subcontratistas, y el derecho de acceso de los representantes de los trabajadores de cualquiera de estas empresas a los centros de trabajo, de actividades concurrentes, para ejercer las competencias y las facultades que les otorga el artículo 6 de la Ley de prevención.
El incumplimiento de estas obligaciones se tipifica como infracción grave en las modificaciones que proponemos en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido, que defendemos en la enmienda 217.
En la enmienda 217 proponemos una serie de modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto-legislativo 5/2000, de 4 de agosto, mediante las cuales se introduce un derecho de igualdad entre trabajadores con contrato temporal e indefinido; se introduce un nuevo deber de información de la contratación temporal respecto de las vacantes de puestos de trabajo producidas; se introduce también un nuevo régimen para horas complementarias y extraordinarias; se fortalece el principio de causalidad en la contratación temporal; se introducen sanciones relativas al incumplimiento

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del deber de información a los trabajadores y representantes de los trabajadores respecto a la empresa principal en los supuestos de subcontratación; por último, se fortalece la responsabilidad de los diversos empresarios en los supuestos de contratación y subcontratación, intentando atajar así su falta de coordinación.
Con la enmienda 230 proponemos la adición de una nueva disposición adicional decimoquinta, en la que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Conferencia sectorial establezca programas de interés estatal en ámbitos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con ello intentamos concretar los objetivos de actuación en aquellos aspectos que creemos más descuidados o de especial interés, como son la prevención de los riesgos laborales; la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, con especial atención a la lucha contra todo tipo de discriminación profesional y salarial en la empresa, por razón de sexo o por el carácter de inmigrante del trabajador; la estabilidad en el empleo, en especial la represión del uso no causal de los contratostemporales y la realización de horas extraordinarias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Insistimos en que sean programas de interés estatal, y como podrán ver en la enmienda proponemos que periódicamente se dé información en el Congreso de los Diputados sobre las actuaciones en este terreno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Empezaré por agradecer las intervenciones, aunque no comparta muchas de las afirmaciones que se han vertido ni muchas de las enmiendas que se han planteado.
Procuraré exponer los motivos por los que mi grupo considera que no son admisibles, que creo es lo propio de un debate en Comisión, porque ya ha habido el trámite de ponencia, el debate en Comisión, habrá un debate plenario, y también hemos tenido ya dos debates plenarios precedentes.
La ponencia sí ha servido para algo, porque nuestro grupo ha aportado determinadas enmiendas que han contribuido a enriquecer el texto, a clarificarlo, a perfeccionarlo técnicamente, y en definitiva a dotar no sólo de un mayor nivel de seguridad jurídica, sino también de mayor claridad conceptual, política si se puede decir así. Creo que hemos mejorado el contrato de inserción y la definición del contrato de formación; hemos definido, mediante una disposición adicional nueva, la exclusión social, que ha sido objeto de preocupación cuasi unánime de todos los grupos de la Cámara que han formulado enmiendas al respecto. Hemos introducido un incremento del 36 por ciento en la cotización de la Seguridad Social en contingencias comunes a los contratos temporales de menos siete días de muchos de los cuáles se celebraban en situación de fraude; hemos hecho una trasposición obligada -porque dentro de pocas fechas concluía el mandato- de la Directiva 98/50 de la Unión Europea, que afecta al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a la sucesión, a las garantías y al derecho de información que afecta y atiene a los trabajadores de empresas que se encuentran en esa situación de sucesión; hemos introducido nuevos contratos de carácter tecnológico -si se quiere llamar así la realización de un proyecto específico de investigación- y el contrato de incorporación de investigación al sistema científico español; hemos planteado una supresión al artículo duodécimo, de minimis, que hacía una limitación no adecuada, según nuestro criterio, de las bonificaciones a las que se puede acceder dentro del campo de las empresas que contraten a las personas o colectivos que son objeto de bonificación a lo largo del presente proyecto de ley; también hemos mejorado técnicamente las definiciones de bonificaciones y en algunas cuestiones la modificación de la ley para considerar infracciones aquellos quebrantos del derecho de información que el entonces real decreto- ley preveía. Por tanto, se ha hecho una aportación significativa justamente en la línea de los objetivos y de la filosofía que planteaba el Gobierno. En este sentido y con carácter general en este preámbulo que inicio, quiero decir que obviamente es difícil conciliar muchas de las enmiendas que homogéneamente se han planteado entre otros por el Grupo Socialista, por cuanto - como ha dicho su portavoz- hemos partido de planteamientos diferentes. De hecho, fueron tan diferentes que dieron lugar a un debate de totalidad, con enmiendas de texto alternativo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, aunque ambas no eran coincidentes entre sí; de manera que cuando se sigue una determinada corriente o una determinada filosofía, es difícil que las concreciones puntuales sobre las que se sustenta el proyecto sean cabalmente acogidas por otro proyecto que tiene una orientación diferente. Esto cualquiera lo entiende y es uno de los motivos por los que es difícil -luego entraré al detalle- conciliar esas enmiendas con su introducción en el texto en Comisión.


Dicho esto, agradezco profundamente las palabras que se han vertido.
No voy a empezar a hacer mención a temas que ya fueron objeto de debates plenarios, como el diálogo social, su fracaso o la oportunidad o no del proyecto, me remito a lo expuesto y a lo razonado en ambos debates. Me voy a centrar en el máximo de las enmiendas que me permita el señor presidente, por cuanto en el debate plenario otros enmendantes, hoy ausentes, querrán lógicamente exponer sus enmiendas, y nosotros careceremos del tiempo debido para poder contradecirlas o para poder explicar las razones que avalan nuestro rechazo de las mismas. Por tanto, aunque hay unos bloques claros en las enmiendas de este capítulo I, que podríamos centrar básicamente

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en el contrato de formación, en el contrato parcial y en los fijos discontinuos, en el contrato a tiempo parcial en cuanto a la jornada y su distribución y en el contrato a tiempo parcial y al tema de las horas complementarias, hay muchas enmiendas puntuales que me gustaría avanzar rápidamente.
Nos parece que la enmienda número 1, de Cha, plantea excesiva rigidez y además ya hay otros elementos que garantizan suficientemente la formalización del contrato, como el libro de matrícula o la propia alta en la Seguridad Social. Lo mismo podemos decir en relación con la enmienda 57, de Izquierda Unida.
Rechazamos la enmienda 132 por las mismas razones que expondré al afrontar la enmienda 141, de Convèrgencia i Unió, debido a nuestra posición de mantener el contrato de inserción que ha introducido el proyecto de ley.
Las enmiendas 154 y 157, del Partido Andalucista, y las enmiendas 197 y 205, del Grupo Socialista, son objeto de nuestro rechazo. La enmienda 154, del Partido Andalucista, es coherente con la 157, que propone la supresión del contrato de inserción. Nosotros entendemos (se ha apelado a ello anteriormente, en la exposición y razonamiento de esta enmienda por parte del Grupo Socialista) que no se introduce una situación de inseguridad jurídica. Doy cuatro razones que avalan nuestra convicción. Primera, estamos ante un contrato en el que interviene una Administración pública y parece que se desdeña o se quita valor a la intervención de esa Administración pública. Segunda, son contratos que en buena parte se financian por servicios públicos de empleo, con lo cual están regidos, regulados, controlados y sometidos a las condiciones de los programas que en este campo existen, por los servicios de empleo, para dotarlos de la correspondiente financiación. Tercera, se trata de la incorporación a un programa de desempleados que mejore las posibilidades futuras de ocupación; este es el objetivo fundamental del contrato. Cuarta, la realización de obras y servicios de interés general o social para la comunidad. Nos parece que este cuádruple sustento disipa la preocupación manifestada de que se pueda estar ante un contrato que genera una situación de inseguridad jurídica.
Las enmiendas 108, del Grupo Catalán; la 41 y 42, del señor Saura; la 58, 59, 60, 61, 62 y 63, de Convergència i Unió; la 133, del BNGA; y la 155, del Partido Andalucista, se refieren a la modificación del artículo primero, dos, del proyecto, es decir, del artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores que trata del contrato de formación.
Nuestros argumentos desestimatorios son los siguientes: Primero. El proyecto pretende abrir el contrato a aquellas personas sin actividad laboral desde hace tres años. Se preguntaba, ¿por qué? Hay referencias que clarifican la oportunidad dentro de la realidad social de esta inclusión. Hay personas que han estado fuera del mercado laboral, por ejemplo, porque han estado dedicadas a la actividad doméstica, al hogar familiar, al cuidado de la familia y en un momento concreto, con una determinada edad, se pueden encontrar carentes de la formación suficiente para poder tener la posibilidad real de inserción en el mercado de trabajo. Fijar, como se pide por parte de varios enmendantes, la exigencia de que hay que estar inscrito en el registro del Inem nos parece que es un requisito restrictivo a que estos colectivos puedan acceder a este contrato y, en segundo lugar y ontológicamente, ya que se empleó anteriormente la palabra, es contradictorio con el hecho de estar inscrito en el Inem, ya que se presume que si lo estuvieran habrían tenido la posibilidad y el acceso a los cursos de formación suficientes que hace el Inem.
Por tanto, nos parece que no es razonable la restricción planteada en varias enmiendas en cuanto a la necesidad de estar inscrito los tres años y dejamos el texto en los términos que figura ya en el dictamen de la ponencia.
En segundo lugar, se habla y con razón sobre la situación de exclusión social. He de decir que en este sentido, como expuse al principio, viene perfectamente definida la disposición adicional nueva incorporada con la enmienda 181, del Grupo Popular. Esta enmienda ha dotado la clarificación suficiente para aquietar las preocupaciones lógicas que algunos podían tener al respecto, pero hemos disipado y mejorado la situación.
Tercero. En nuestra enmienda 164 también incorporada al informe de la ponencia, hablamos de alumnos trabajadores, que es técnicamente nuestro criterio más correcto que el texto inicial y algún texto propuesto en enmiendas. Hablamos de alumnos trabajadores porque hay otro personal que no es alumno, sino trabajador, como es el personal docente en estas escuelas taller.
Cuarto. El derecho de información que plantea la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos parece una singularidad injustificada con relación a lo que ya prevé con carácter general en cuanto al mismo derecho de información, el artículo 64.1 vigente del Estatuto de los Trabajadores.
En la enmienda del Grupo Socialista que no la he citado, y se me perdonará, pero mis compañeros sabrán a cuál me estoy refiriendo, añado lo siguiente: la admisión de su enmienda perjudica a la finalidad del proyecto de ley, que es facilitar el empleo a aquellos colectivos con especial dificultad para obtenerlo. No entendemos por se refieren a un desempleado sin actividad laboral durante más de tres años, exigiéndole una edad inferior a 28. No acabamos de entender ese límite. Se ha dicho aquí que el contrato es para jóvenes. Nosotros creemos que la formación hay que darla a quien carece de ella. Nos parece que ése es el objetivo y si profundizáramos en eso, todos podríamos llegar a una convergencia a una identidad del interés político y social de plantearnos la cuestión desde esta perspectiva. Ustedes hablan de inmigrantes que tengan menosde 30 años; volvemos a la misma cuestión.


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Cuando concluya las razones de nuestro rechazo a las enmiendas les hablaré de una transsaccional a la número 108 de Convergència i Unió, que pretende una mayor clarificación en cuanto a que los trabajadores inmigrantes que tengan formación no sean beneficiarios de este contrato, justamente para evitar situaciones de distorsión de la finalidad del mismo o de abuso de derecho al respecto. Creo que la enmienda transaccional que propondremos satisfará a los grupos que han intervenido.
Las enmiendas 159 y 2 plantean la supresión total o parcial del apartado dos del artículo primero. Seguimos diciendo que creemos que esas enmiendas desconocen y restringen la posibilidad de incorporar al mercado de trabajo, tal y como lo hace el proyecto de ley, a desempleados con especiales dificultades, en los que la falta de formación para los puestos de trabajo -y no tanto la falta de edad- juega un papel fundamental en la posibilidad de su acceso al mercado laboral.
Rechazamos las enmiendas 44 y 160 porque la regulación anterior que pretenden se aleja de la Directiva 97/81, de 15 de diciembre de 1997, y del artículo 175 del Convenio de la OIT. Creemos que se volvería a la situación de rigidez e inoperancia que ha hecho que tal contrato no haya tenido la vida que entendemos que debería haber tenido.
Las enmiendas 3, 64, 65, 66 de IU y la 134 del BNG las rechazamos porque la supresión de los límites que plantea el proyecto de ley es un objetivo básico del mismo. Además, se adecua -insisto- a la definición legal que en la materia ha dado la Directiva europea 97/ 81, que es fruto y resultado del acuerdo entre los interlocutores sociales europeos CES, Unice y CEP, que fueron quienes lo suscribieron y consiguieron que se tradujera en una directiva europea; en definitiva, esa directiva y ese acuerdo han sido acogidos en el proyecto de ley que enmiendan.
La definición que hace el proyecto está consolidada a nivel europeo y acordada por los agentes sociales. Además, se resuelve un problema de indefinición que planteaba la regulación anterior, la del Real Decreto 15/1998, ya que no se podía impedir que las partes suscribieran contratos por un 80 por ciento de la jornada, por ejemplo. Un 80 por ciento de la jornada es de una duración inferior a la completa pero, como el límite para los contratos parciales se situaba en el 77 por ciento, tampoco era jornada parcial; es decir, no era a tiempo completo porque no llegaba a la jornada completa -valga la redundancia-, pero tampoco era a tiempo parcial porque estaba por encima del límite del mismo.
En definitiva, entendemos que un contrato a tiempo completo lo es cuando se realiza la jornada completa y un contrato a tiempo parcial lo es cuando no se realiza la jornada completa. La introducción de nuevos límites distorsiona la posibilidad de pactar con libertad; la libertad contractual de que las partes establezcan, como acabo de decir, una jornada del 80 por ciento. Esto no cabía con la regulación anterior y será posible atenderlo de acuerdo con el proyecto de ley que debatimos.
Diré a Izquierda Unida que, además, la enmienda número 64 que plantea es totalmente contradictoria con la número 65. Es más, plantea tres modelos diferentes: uno en la enmienda 64, otro en la 65, y uno más en la enmienda 66, sobre la misma materia.
La enmienda 109, de Convergència i Unió, plantea la sustitución del término trabajo idéntico o similar por equivalente. Ha dado unas razones que entendemos, pero nos parece más oportuno seguir utilizando el término que se emplea en el proyecto porque es el que figura en la Directiva 97/81 a la que me he referido. Nos parece que es un término consolidado a nivel europeo y fruto de un acuerdo social. Por otra parte, creemos que los términos del proyecto son claros y entendibles.


La enmienda 110, de Convergència i Unió, plantea una reforma en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, del artículo primero.tres del proyecto. Nosotros consideramos -en contra de lo que se justifica- que no tiene por qué existir la litigiosidad que presume la enmienda. Creemos que el artículo 12 establece claramente qué contratos son parciales, que son los inferiores a tiempo completo, y tan sólo los convenios colectivos, en defecto de la existencia de un trabajador que sirva de referencia, tienen que establecer lo que se considera jornada a tiempo completo; pero no son los convenios colectivos los que, con carácter general, tienen que definir un elemento contractual, cosa que es propia de la ley.
Además, la que proponemos es una forma armonizada a nivel europeo.
Las enmiendas números 199 y 200, del Grupo Socialista; 17, de la Chunta Aragonesista, y 144 y 146, del Bloque Nacionalista Galego, se refieren a la modificación del artículo primero, apartados tres y nueve; es decir, los artículos 12.1 y 15.8 del Estatuto, referidos al contrato a tiempo parcial y a los fijos discontinuos. Quiero explicar cuál es la filosofía, porque probablemente no se ha entendido -quizá no sea fácil de comprender a bote pronto- lo que pretende el proyecto.
La reforma introduce el contrato fijo discontinuo típico, por decirlo así. Es decir, lo que normalmente se consideran trabajadores de temporada o de campaña, que realizan su trabajo en períodos ciertos, pero no concretos, y esto lo establece el proyecto en el artículo 15.8 del Estatuto. Se trata de trabajos que, cuando se realizan, son generalmente a jornada completa y de trabajadores que, cuando no realizan estos trabajos a jornada completa, se consideran en situación de desempleo, salvo que tengan otra actividad. Como he dicho, en el proyecto se incluyen tales contratos fijos discontinuos en el artículo 15.8, sometidos al llamado proceso de llamamiento, y no -como hizo la reforma de 1994- en una submodalidad, cosa que ha sido ampliamente criticada por la doctrina y por los interlocutores sociales; es decir, no ha habido ninguna adhesión ni

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proclama de éxito respecto a la submodalidad, que, sin duda, se introdujo con toda la buena voluntad del mundo en el año 1994.
Junto a estos contratos fijos discontinuos, hay otros que en nada se distinguen: los contratos a tiempo parcial. Por ejemplo, el señor que el fin de semana va a trabajar a un bar de copas, va todos los fines de semana y trabaja durante un período determinado. ¿Es un fijo discontinuo? ¿Es un contrato a tiempo parcial? Es decir, no hay diferencia entre el contrato fijo discontinuo típico, normado según el artículo 15.8 del Estatuto, y el contrato parcial, que absorbe a estos que doctrinalmente se pueden considerar fijos discontinuos y que los establecemos en el artículo doce. No existe mayor distinción ni clarificación entre unos y otros.
En cuanto a la jornada, en vez de establecerla por convenio colectivo el proyecto de ley lo hace de acuerdo con la Directiva 97/81, consiguiendo, como he dicho en relación con otra enmienda, una definición armonizada a nivel europeo del tiempo parcial. Recuerdo una vez más que la enmienda es fruto del tan querido y deseado por todos Acuerdo social, en este caso europeo. Debe resaltarse esto, ya que esta reforma no ha sido posible en España con el consenso social, habida cuenta del fracaso. Pero, justamente, partes de nuestro texto legal sí las hemos tomado de ese acuerdo, hemos utilizado para hacer el cesto esta urdimbre de elementos de acuerdo social a nivel europeo, cosa de agradecer por todos nosotros porque le dota, si se quiere, de una singular importancia en ese sentido.
Las enmiendas 112, 202, 69, 70, 136, 137, 138, 139, 5, 6, 7, 10 y 156, del Partido Andalucista, las trataré conjuntamente, ya que en materia de horas complementarias hemos de decir varias cosas. En primer lugar, las horas complementarias no son obligadas, son motivo de un pacto que voluntariamente suscriben las partes, y en ese pacto se pueden establecer los mecanismos de modificación, de renuncia, de desistimiento, de duración o de condiciones que afectan a las horas complementarias. Los márgenes para las horas complementarias que prevé el proyecto dan juego a la negociación colectiva para que, dentro del margen mínimo del 15 por ciento y del máximo del 60 por ciento, puedan en cada sector establecer lo que estimen más conveniente de mutuo acuerdo entre sindicatos y empresarios, lo cual creo que a nadie debe asustar porque no sólo pensamos en la mayoría de edad de ellos, sino también en que institucionalmente tienen encomendada esta función negociadora con carácter general.
Las horas complementarias no son horas extraordinarias. Las horas complementarias, primero, deben ser pactadas y, segundo, deben estar dentro de la jornada del contrato. Lo que ocurre es que el contrato a tiempo parcial tiene, por así decirlo, dos partes, un núcleo del contrato que son las horas ciertas que el mismo va a desarrollar y otro variable, condicional, incierto, que es la posibilidad de hacer horas complementarias cuando estas existan y, previo pacto, el empresario las ponga a disposición del trabajador en las condiciones que se han establecido. Por tanto, a nosotros nos parece que esto debería disipar la situación de preocupación de muchos enmendantes. Pese a ello, existe la enmienda 113 de Convergència i Unió sobre esta materia, a la que presentaremos una enmienda transaccional, en la cual nos plantean la posibilidad de una renuncia del trabajador a las horas extraordinarias en tres supuestos, como decía el portavoz de Convergència i Unió, básicos, objetivos y claros, como son la concurrencia de otro contrato a tiempo parcial, situaciones de necesidad familiar -nos parece que es un apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral- y cuando el trabajador está inmerso en actuaciones formativas que coinciden en el horario con el desarrollo de las horas complementarias, y establece que al año del contrato -nosotros establecemos un preaviso de 15 días al empresario-, de concurrir estas circunstancias, el pacto voluntario pueda ser revocado por el trabajador.
La enmienda número 9, del Grupo Mixto, señor Labordeta, se refiere a las horas extraordinarias estructurales, que desde 1998 no existen porque en la Ley de Presupuestos de 30 de diciembre de 1997 desaparecieron, por lo que le doy la misma argumentación que acabo de utilizar con carácter general.
Las enmiendas números 68 y 71, de Izquierda Unida, son contradictorias con la número 64. En la enmienda número 64, Izquierda Unida proponía la supresión de las horas complementarias y la posibilidad o no de su consolidación. Aquí no. Básicamente, Izquierda Unida quiere volver aquí al sistema anterior. En la enmienda número 140 se pretende lo mismo, es decir, volver al sistema anterior. En la enmienda número 72 hay una contradicción con las números 64 y 69 y se pretende volver al sistema anterior.
Respecto a la enmienda número 203, del Grupo Socialista, no voy a hacer en este caso una oposición de fondo porque entendemos la oportunidad con que la plantean. Nosotros no hemos presentado una enmienda en este trámite por una razón, y es que a partir del acuerdo sobre Seguridad Social del 9 de abril los interlocutores sociales están conociendo, o el Gobierno diseñando, una adecuación a estos pactos, de forma que pueda presentarse en breve en el debate en el trámite del Senado, una enmienda con un cierto nivel de consenso, a ser posible el máximo, que resuelva la adecuación del contrato de relevo y que, además, consiga hacer un contrato de relevo que tenga efectividad material en nuestro mercado laboral, porque de todos es conocido que hasta el momento presente no ha tenido francamente ningún éxito, ninguna incidencia en el mercado laboral. Entendemos que con las nuevas posibilidades, entre otras la jubilación parcial voluntaria, probablemente se puedan concatenar de forma real y este tipo de contratos afloren, motivo por el que entendemos que en el Senado pueda haber un texto. Por lo

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tanto, insisto, no entro a discutir el fondo de la cuestión. Podría discrepar sobre la oportunidad o no de que el relevista, como ustedes plantean, vaya al mismo o similar puesto de trabajo que el relevado, tengo dudas porque a veces en la realidad de las empresas hay situaciones y empleos que prácticamente están amortizados, si no el empleo en sí, las nuevas posibilidades técnicas o de maquinarias hacen que se trabaje de otra manera o se ejerza de otra forma; pero, en fin, se debatirá en el Senado si puede o debe haber un mayor nivel de flexibilidad. En todo caso, agradezco que se plantee y, como digo, no nos vamos a oponer por la oportunidad, sino porque entendemos que en el Senado se podrá hacer un trabajo más acorde con los interlocutores sociales.
Enmiendas 204 y 207, del Grupo Parlamentario Socialista. En la número 207 plantean un nuevo texto al artículo 15. Ofrece dicha enmienda una nueva definición de los contratos de obra o servicio: que cuando los convenios colectivos hayan identificado trabajos susceptibles de ser cubiertos por esta modalidad contractual será el único posible en tales trabajos. A nosotros esto nos parece excesivo, sinceramente desmesurado. Pregunto, ¿es que no cabe ahí un contrato eventual o de interinidad, incluso un contrato indefinido? Vuelven ustedes a ampliar a 13 meses y medio la duración del contrato. La reducción en un mes y medio parecerá mucho o poco, pero creemos que está mucho mejor establecida en el texto del proyecto, que es de 12 meses. Se establece también una presunción por tiempo indefinido respecto de los contratos temporales que se celebren o ejecuten en fraude de ley o con manifiesto abuso de derecho. Nosotros creemos que no hay por qué hacer un automatismo de presunción de fijeza en estos supuestos.
Considera, en definitiva, los contratos temporales suscritos bajo una forma de contratación temporal indebida. Nosotros creemos que esto resulta impropio de una norma legal y que es más propio de una decisión casuística de los tribunales; es decir, que puede haber tribunales que resuelvan que efectivamente en ese caso que ustedes manifiestan deba ser así, pero entendemos que con carácter general esto no puede ni debe ser normativizado. La obligación de informar sobre los puestos de trabajo vacantes no se puede traducir, como plantean ustedes, en el acceso a tales puestos de trabajo, que es lo que vienen a decir en la enmienda. Nos parece, sinceramente, que está fuera de lugar. Suprimen la referencia al trabajo fijo discontinuo, del que he hablado anteriormente al intentar explicar lo que es el trabajo fijo discontinuo típico, en el artículo 15, y en el contrato parcial, en el artículo 12, aquellos que no se diferencian del mismo.
Enmienda 11. El texto que se enmienda fue acordado en 1997 entre Gobierno, sindicatos y empresarios, aprobado por el Parlamento y ha funcionado bien.
La enmienda 12, en nuestro criterio, incurre en una discriminación absolutamente injustificable, y no me voy a explayar más por no ser largo.
Enmienda 13. También me parece excesivamente tajante lo que dicen de que en ningún caso podrán utilizarse para necesidades estacionales de la empresa.
Enmienda 103. Sólo decir a la señora Lasagabaster que el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores fue introducido en el año 1997 por los interlocutores sociales y aprobado por el Parlamento, y es coherente que se regule una adecuada estructuración y ordenación de la negociación colectiva dando preferencia a los convenios colectivos de carácter estatal; en la definición estructural de las modalidades de contratación, cualquiera que sea el territorio nacional en que se realicen y en ausencia del convenio colectivo estatal están los convenios sectoriales de ámbito territorial inferior.
En cuanto a la enmienda 104, la ley limita una prórroga del contrato para evitar situaciones de fraude. No hay ningún motivo para no hacerlo así o no lo conocemos, ya que una empresa puede concertar un contrato temporal por tiempo inferior al máximo legal y luego encontrarse con la necesidad, bien por un mal cálculo inicial o porque cambien las circunstancias, de prorrogar dicho contrato. En este caso el trabajador se puede beneficiar de una prórroga adecuada, justificada y causal.
Coincidimos con el objetivo de la enmienda 14, pero no con su articulación, con el instrumento que emplea. Si los contratos eventuales suscritos son correctos, causales y legales, ¿por qué deben convertirse en fijos? Entendemos que el abuso de la temporalidad se debe hacer reforzando la causalidad, estimulando la contratación indefinida y penalizando la contratación temporal, pero no con prohibiciones, como la enmienda plantea, puesto que consideramos que se trata de prohibiciones desproporcionadas e injustas.
Las enmiendas números 15, 47, 75, 141, 157 y 205 se refieren a la seguridad jurídica a la que antes aludí a la hora de hablar del contrato suscrito con las administraciones públicas.
Estamos de acuerdo con lo que Izquierda Unida plantea en su enmienda 73. Lo que ocurre es que nuestra enmienda número 182 incorpora una disposición adicional en la que se recogen expresamente, y creemos que con más claridad técnica, las pretensiones que manifiesta Izquierda Unida, por lo que le pediría que retirase su enmienda, puesto que en realidad ha sido ya incorporada a través de nuestra enmienda 182. Y con respecto a su enmienda 74, le digo lo mismo, manifestándole además que el programa de fomento agrario queda excluido por medio de la disposición adicional nueva que introduce esta enmienda 182, al tiempo que se establece un período acumulado a ese período de tres años por debajo del cual sí se puede repetir participación. Lo que sucede es que se establecen tres años para no impedir rotaciones. Así pues, estas dos enmiendas más la 76, todas de Izquierda Unida, quedan perfectamente subsumidas en nuestra enmienda 182. Le digo esto al portavoz de Izquierda Unida por si considera oportuno retirarlas.


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En cuanto a la enmienda 186, de Coalición Canaria, tengo que decir que no se trata de un contrato de formación como de prestación efectiva de servicios de interés general o social que permite adquirir experiencia a los partícipes. Los criterios de selección no pueden ser otros que los sugeridos por el proyecto y que son los propuestos anualmente por la Comisión Europea en el marco de la estrategia preventiva por el empleo.
En relación con la enmienda número 77, de Izquierda Unida, entendemos que no se puede equiparar el salario de quien está adquiriendo experiencia con el de aquellas personas que pueden dar una contraprestación efectiva, diferente y superior por cuanto tienen experiencia y forman parte de las plantillas normales e indefinidas de las administraciones públicas que están realizando ese contrato.
Respecto a la enmienda 114, de Izquierda Unida, el primer supuesto que plantea queda resuelto también con nuestra enmienda 182. La referencia al Inem está incluida. Y en cuanto al segundo aspecto que menciona, esto es, el contrato, tengo que decirle que no tiene específicamente una finalidad de carácter social, sino, insisto, de mejora de la ocupabilidad en términos de inserción social, tal y como lo explicaba hace un momento al hablar de la enmienda 76 de Izquierda Unida y tal y como viene haciendo la Comisión Europea en este particular. No es ningún invento nuestro.
En cuanto a la enmienda número 208, del Grupo Socialista, la ley en su conjunto no aborda con carácter nuclear la importante cuestión tiempo-trabajo, algo que tampoco hicieron, según tenemos entendido, los interlocutores sociales en sus debates. Ustedes plantean con el tema del crédito horario una figura que a lo mejor en el futuro, no lo sé, puede llegar a tener cierto interés, pero en este caso consideramos que no sólo no se ha tratado, sino que es técnicamente compleja y confusa. Esta cuestión merecería un debate específico.
Plantean aquí una innovación que en este momento nosotros no vemos por las razones que le he dicho, pero en todo caso habría que profundizar bastante más.
Nos parece rígido el planteamiento que hacen en la enmienda 48.
Entendemos que la lucha contra el fraude en la contratación temporal se debe hacer desincentivando la contratación temporal, incentivando la indefinida, estableciendo causalidad e incluso con acciones judiciales e inspectoras.
Respecto a la enmienda 188, de Coalición Canaria, debo decirle que la sucesión no es legal por existir causa para ello o es ilegal, en cuyo caso no se puede o debe de hacer. Si se hace, la ley ya prevé la transformación del contrato en indefinido. El artículo 15.3 del Estatuto ya lo establece. Por tanto, si se trata de evitar la excesiva rotación, la enmienda 183 de nuestro grupo, que se incorporó al informe de la ponencia, aporta los contratos de menos de siete días, más una cotización adicional del 36 por ciento a la Seguridad Social, a contingencias comunes. Por último, no entendemos muy bien la mención que hace la enmienda al hecho de los períodos de descanso.
Sobre la 79, de Izquierda Unida, consideramos que nada tiene que ver lo que se suprime con las retribuciones. La equiparación de derechos entre fijos y temporales que hace la ley no puede llevar a la extinción del contrato, que es justamente donde se diferencian: en la duración y en la extinción. En todo lo demás, ahora la ley los equipara, pero no ahí que es lo que es propio de la naturaleza diferencial del contrato temporal en relación con el contrato indefinido.
La enmienda 143 la rechazamos. La redacción es confusa. En los contratos formativos no hay derecho al desempleo. El contrato de formación con voluntad de extinción fue pactado por los interlocutores sociales como un contrato de menor costo, pero sin prestaciones de desempleo, con la voluntad de acceder a dotar de formación y posibilidades de empleabilidad a una parte de nuestra población que carece de cualificación y de posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
La enmienda 80, de Izquierda Unida, nos parece incorrecto que se plantee en el artículo 15.7. Y en cuanto al fraude, me remito a lo que le he expuesto hace un momento.
La enmienda 116, de Convergència i Unió, va a ser objeto de una propuesta transaccional por nuestra parte, igual que la 189, de Coalición Canaria. La 209, del Grupo Socialista, se refiere a las horas extraordinarias, sobre las cuales hemos tenido oportunidad en esta legislatura de debatir en el Pleno de la Cámara, y no estamos de acuerdo en que sólo se puedan establecer por convenio colectivo y no por contrato individual. Tampoco lo estamos en que sean incompatibles con acuerdos de distribución irregular de la jornada, que prohíben esas actividades, con jornadas limitadas por el Real decreto 1561, del año 1995. Por un lado, reduce a 60 horas/año e introduce límites diarios y mensuales y, sin embargo, en el punto 6 de la enmienda, en el párrafo último, prevé la posibilidad de vulnerar el límite de 60 horas que ustedes establecen. Tampoco estamos de acuerdo en la reducción del período de cuatro meses a tres para compensación de las horas con períodos de descanso.
No estamos de acuerdo con la enmienda 210, del Grupo Socialista. Hay dos aspectos esenciales en nuestra discordancia. Uno es la prohibición de repetir contra el contratista o subcontratista. Se nos escapa por qué quien al final se hace responsable de un pago por una responsabilidad solidaria se le impide -una capacidad legal reconocida con carácter general de poder repetir, luego habrá solvencia o no- dirigirse contra aquel que ha sido el que ha causado una situación que le ha obligado a una responsabilidad. No entendemos por qué el Grupo Socialista incluye este límite y si se nos puede explicar se lo agradeceríamos.


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Hay un nuevo apartado 3 en el cual introduce determinadas exigencias organizativas en contratas y subcontratas, que consideramos que interfieren con la libertad empresarial de organización y ejercicio de las actividades productivas y porque pretende elevar a la categoría legal determinados criterios interpretativos y aplicativos muy válidos para casos concretos, pero no siempre con carácter general. Hay también otras enmiendas de la Chunta Aragonesista.
Eusko Alkartasuna plantea 15 días de indemnización mínima. Nosotros creemos que para empezar no está mal que la contratación temporal por fin tenga una penalización y este proyecto haya incluido los 8 días con carácter mínimo, como luego veremos, al transaccionar una serie de enmiendas como la número 117, de Convergència i Unió, y la 158, del Partido Andalucista, que a continuación leeré.
Respecto a la enmienda número 211, del Grupo Socialista, he de decir que para nosotros supone una innovación y una ruptura con nuestro ordenamiento jurídico el planteamiento que efectúan de indemnizar entre un 4,5 por ciento y un 7 por ciento en relación con los salarios percibidos en los contratos temporales. Asimismo, la inclusión de este hecho en el recibo del salario y su cotización tampoco tiene precedentes y, además, creemos que no es de rango legal la inclusión del salario de esta indemnización en la nómina. ¿Qué sucede? ¿Que el resto de los conceptos que se deben incluir en una nómina por no estar en ley no se van a hacer? No nos parece correcto el planteamiento que en este sentido se hace. Si la relación temporal se transforma en indefinida no se extingue el contrato. Hay una novación contractual, por tanto sobraría, aunque en este particular no tendríamos ningún problema, por aquello de que lo que abunda no daña, si el Grupo Socialista quisiera hacer una enmienda transaccional puntual en este aspecto. Los contratos de interinidad y formación por su naturaleza consideramos que no deben tener indemnización. Por último, ustedes prevén el incumplimiento del plazo de preaviso, lo cual nos parece que no es deseable. Otra cosa es que se incumpla y que se haga pagar en la forma que corresponda.
Al artículo tercero, apartado dos van dirigidas las enmiendas números 24, 50, 149, 85, 190 y 212 y nuestra enmienda número 168, que incorpora una redacción más estricta y adecuada que clarifica el ámbito de aplicación de la cláusula extintiva. Lo que se pretende es que porque haya una dotación presupuestaria en las administraciones públicas de carácter anual, si hay una previsible y razonable confianza en que va a tener una continuidad posterior -aunque haya créditos plurianuales, la presupuestación en nuestro país es con carácter de un ejercicio anual-, no obligadamente tengamos que recurrir a la figura de un contrato temporal y podamos ir a un contrato indefinido. Pero si hay contrato indefinido y en un momento determinado no hay la dotación, el programa y el soporte presupuestario a que está destinado se pueda incardinar -se ha hecho en el artículo 52 y como todo en la vida es discutible- pero que haya una causa objetiva. En definitiva se pretende lo contrario; se pretende que pueda haber contratos indefinidos y no hacer crónica la temporalidad.
Lo que sucede es que el contrato indefinido ha de tener esta salvaguarda para cuando se produzca esta situación. Creemos que la enmienda que hemos introducido aclara y mejora bastante la redacción inicial y que se debería considerar.
En relación con la enmienda número 213, del Grupo Socialista, ya me he referido que hasta el momento en nuestro derecho las indemnizaciones no han sido objeto de cotización y en el derecho laboral tampoco de tributación. Todos sabemos que en otros campos del derecho hay indemnizaciones, por ejemplo en la Ley 12/1992, que no están sometidas a cotización pero sí a tributación. Hasta ahora en el derecho social no existía este precedente que se nos incluye.
Dicho esto, señor presidente, voy a proponer las transaccionales a las que hice alusión. Hay una que tratamos en ponencia relativa a los padres y madres con hijos prematuros, pero como va en la tercera parte del debate de hoy mi compañero Manuel Pérez Corgos, en su momento, la planteará a la Cámara y a Convergència i Unió, con quien vamos a transaccionar una enmienda nuestra. Me referiré estrictamente a las de este capítulo.
La enmienda número 108, de Convergència i Unió, dice lo siguiente: Trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo siempre que no acrediten la formación y experiencia necesarias. Nosotros añadimos: en la forma en que reglamentariamente se establezcan. ¿Por qué? Porque no es contenido de ley hacer un desarrollo que clarifique situaciones que puedan ser no siempre fáciles tales como homologación de títulos, conocimientos de aptitudes, posibilidad en un momento determinado de hacer una prueba o un examen que evidencie lo que el Grupo de Convergència i Unió con razón quería corregir.
En cuanto a la enmienda 113, de Convergència i Unió, relativa al artículo primero, punto seis, del proyecto, artículo 12.5 del Estatuto de los Trabajadores, creemos que se refiere a un tema de interés que es la posibilidad, a la que antes aludí, de la renuncia al pacto de horas complementarias que suscriba un trabajador. Las tres causas que prevé la enmienda de Convergència i Unió las explicó su portavoz y yo las reiteré y aquí nuestra transacción consiste en lo siguiente. En la letra g) nueva se dice: El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador mediante un preaviso de 15 días. Como aportación a la enmienda del Grupo de Convergència i Unió establecemos el preaviso.
La enmienda 116, de Convergència i Unió, se refiere a un nuevo párrafo al final del artículo 15.7 del Estatuto, contenido en el artículo primero, punto nueve. El texto que proponemos es el siguiente: Los convenios

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podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos.
En la enmienda 189, de Coalición Canaria, relativa igualmente al apartado 7 del artículo 15, proponemos una adición al párrafo existente, la siguiente: o centro de trabajo o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva que aseguren la transmisión de la información. La enmienda de Convergència i Unió iría sistematizada justamente después de ésta.
Estas son, señor presidente, las enmiendas que proponemos, junto con una enmienda transaccional que ofrecemos al Partido Andalucista, enmienda 158; al Grupo de Convergència i Unió, enmienda 117; a la enmienda 22, de la Chunta Aragonesista; a la enmienda 49, del señor Saura, y a la 84, de Izquierda Unida. Se refiere al artículo tercero, punto uno, letra c), párrafo primero, relativo al artículo 49.1.c) del Estatuto y dice lo siguiente: Por expiración del tiempo convenido en la realización de la obra o servicio objeto del contrato, a la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad, del contrato de inserción y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización económica cuya cuantía podrá establecerse en la negociación colectiva o en la normativa específica que le sea de aplicación, sin que en ningún caso ésta pueda ser inferior a la cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio. Como se puede ver, hay enmiendas de varios grupos que mostraban su preocupación respecto de que el carácter mínimo que nosotros consideramos que tiene en la redacción que existe en el proyecto no queda claro, por lo que la negociación colectiva pudiera establecer unas cuantías inferiores a esa indemnización. La voluntad del Grupo Popular es que haya un carácter mínimo en la indemnización a los contratos temporales de ocho días, sin perjuicio de que, obviamente, la negociación colectiva pueda superar esas cifras.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, le ruego acerque a la Mesa el texto de las enmiendas a que ha dado lectura para su distribución al resto de los grupos y que así puedan pronunciarse con conocimiento de causa, y además para que queden incorporadas al expediente de la tramitación de este debate.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, a los efectos de clarificarnos todos, aceptaríamos ahora las ofertas de transacción que nos hace el Grupo Popular, y respecto a la transaccional a nuestra enmienda 108 sugeriríamos casarla también con una transacción más amplia que incluyese la enmienda 181, del Grupo Popular, aceptada en la ponencia, a efectos de que donde dice "por los correspondientes servicios sociales municipales" dijese "correspondientes servicios sociales competentes".
El señor PRESIDENTE: Agradezco mucho a S.S. su voluntad de clarificación. No dudo que a S.S. le clarifique lo que expone, pero a la Presidencia no demasiado. Por tanto, si les parece bien a SS.SS., precisamente por el orden de las votaciones y por el contenido de las mismas, una vez acabado el debate y antes de la votación de cada bloque, porque también votaremos los bloques por separado, se hará mención de las enmiendas transaccionales sólo a los efectos de las enmiendas que se retiran, por lo que ya no se votan, y finalmente votaremos esas transaccionales. Supongo que todo eso abundará en la clarificación.
Vamos, pues, a iniciar el debate del segundo bloque. Entiendo que ya no va a intervenir el Grupo de Izquierda Unida supongo que tampoco el Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Núñez en relación a todas las enmiendas del Grupo Mixto que figuran en el segundo bloque.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muy brevemente, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto referidas a que puedan acogerse a los beneficios de programas de fomento del empleo los jóvenes menores de treinta años, con las bonificaciones consiguientes, y aquellas referentes a que las bonificaciones no sean asumidas por el Inem sino por los Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Para referirse al contenido de ese segundo bloque, que es el que se identifica con el capítulo II del proyecto de ley, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Abordamos aquí una serie de enmiendas, si no me equivoco de la 119 a la 125, que afectarían a este bloque.
La enmienda 119, igual que la 121, pretende ampliar el colectivo de desempleados que se puedan beneficiar de la política de bonificaciones que desde 1997 hemos establecido en nuestra política de empleo, porque entendemos que existe margen para ser más generosos.
La enmienda 120 pretende dar respuesta a una evidente problemática que va a producirse, a finales del presente año o a principios del que viene, en el campo de las entidades sin ánimo de lucro que en los últimos años han venido realizando prestación de servicios muchas veces relacionados con las políticas sociales o las de atención a las personas; entidades que han podido realizar estas actividades bajo el paraguas de la prestación social sustitutoria. la supresión del servicio militar obligatorio, con la consiguiente supresión de la prestación social sustitutoria, va a poner en evidencia la insuficiencia de estas asociaciones o entidades del tercer sector para continuar prestando estas actividades. Tuvimos ya ocasión de debatir a fondo esta cuestión en una interpelación y en la moción subsiguiente en el Pleno de la Cámara, pero es evidente que existe un vacío que

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deberá cubrirse desde la acción potente de fomento del tejido asociativo, de fomento del voluntariado. Por ejemplo, hace escasos días, en Cataluña, el Gobierno de la Generalitat hacía público su plan de actuación en este ámbito. A nuestro parecer, se debe dar respuesta a estos vacíos que se van a producir en el ámbito de las actividades que realizan las entidades sin ánimo de lucro incorporando a nuestras políticas activas de empleo acciones destinadas a bonificar la contratación por entidades sin ánimo de lucro de personas jóvenes, personas en los supuestos previstos en nuestra legislación, para aquellas actividades que tengan que ver con los servicios prestados en el marco de la prestación social sustitutoria. Además, nos parece que, de esta manera, devolveríamos el servicio que, en sentido positivo, buena parte del tejido asociativo de nuestra sociedad ha prestado al Estado habiendo asumido la responsabilidad de crear plazas para acoger a objetores de conciencia. Para ello planteamos una línea de bonificación expresa.
En concreto, en las enmiendas 120 y 123 proponemos que esta bonificación sea del 50 por ciento por contingencias comunes, durante los 24 meses siguientes a la fecha de celebración del contrato.
Reforzamos la capacidad de creación de empleo de las ONG, reforzamos el compromiso de las ONG con el Estado en materia de la prestación social sustitutoria y reforzamos las vías que desde el Estado y desde las comunidades autónomas deberemos impulsar para que la supresión de la mili no afecte negativamente a nuestro sociedad civil y a los servicios que la misma prestaba.
En este bloque hay dos enmiendas que están retiradas, porque creo que fueron asumidas en la ponencia, o que las debemos retirar. La 124 propone la supresión de los límites a las bonificaciones que establecía inicialmente el real decreto. Nunca entendimos por qué se establecía aquella limitación en el real decreto. Seguramente hubo un exceso de celo por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo a la hora de valorar las hipotéticas limitaciones que la normativa comunitaria introducía en esa materia. Nos alegra haber coincidido con el Grupo Popular y creo que con algún otro grupo en esta cuestión. Damos también por retirada la número 125 porque en ponencia se asumió una enmienda del Grupo Popular que pretendía ampliar las bonificaciones en cuotas de la Seguridad Social en los supuestos de períodos de descanso por maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, adopción y acogimiento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para este segundo bloque, tiene la palabra la diputada doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, lamento que el señor Azpiroz se haya ido. Yo respeto profundamente al señor Azpiroz, que tiene una forma de hablar muy pausada, muy suave, pero la verdad es que a veces lo que dice, aunque sea con un tono muy suave, es más fuerte que lo que dicen otros que le ponen más voz. A lo mejor le he malinterpretado, pero me ha preocupado enormemente cuando ha dicho, dirigiéndose a mi grupo y en concreto a mi portavoz, que el Grupo Socialista ha elegido una fórmula diferente para debatir esta reforma laboral, una enmienda a la totalidad, y que si hemos elegido un determinado modelo no nos podemos quejar ahora de que no nos acepten ninguna enmienda parcial. Creo que eso es grave y, aunque con muy buena voz y con muy buen tono, denota la actitud de absoluto desprecio a las aportaciones de los demás grupos por parte del Grupo Popular. Al margen de que hayamos presentado una enmienda a la totalidad (hemos seguido un proceso parlamentario totalmente legítimo), que lógicamente no nos ha sido aceptada, posteriormente hemos entrado en un proceso de enmiendas parciales y, señorías, yo no me creo que mi grupo parlamentario, con todas las enmiendas que ha presentado, no haya hecho ni una sola aportación que pueda ser aceptada por el Grupo Popular. Sólo se puede entender desde la intención de no aceptar ninguna, porque en varias ocasiones el señor Azpiroz ha dicho que el espíritu de tal enmienda no está mal, pero que la suya es mucho mejor, y punto.
Esta reforma laboral, como dice el pueblo llano, está hecha con los pies en vez de con la cabeza, porque no afronta los grandes problemas que tiene nuestro mercado de trabajo. Señorías, hay una cosa pequeñita de esta reforma laboral que no quiero que pase desapercibida. La pasada legislatura dedicamos un gran debate a las empresas de trabajo temporal y todos los grupos decíamos que con ellas casi habíamos vuelto a la época en la que el patrón iba a la plaza del pueblo a buscar trabajadores y que además pagaban lo que querían. Entonces las regulamos, aunque el Partido Popular lo hizo a regañadientes y no votó al final. Pues bien, señorías, con el contrato de formación que ustedes establecen en esta reforma se va a pagar menos de lo que por fin obligamos a pagar a las empresas de trabajo temporal. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia en las discusiones sobre distintos motivos: cuando queremos decir que algo es buenísimo, decimos que proviene de un acuerdo europeo o de una norma europea o que hay un país europeo que lo tiene. Señorías, yo estaría encantada de debatir y defender el modelo de relaciones laborales que eligieran, pero en su totalidad, no escogiendo siempre lo peor de cada modelo para luego traerlo aquí. Es como decir que las horas complementarias no son horas de trabajo; eso significa que han pisado pocos centros de trabajo y desconocen lo que trabaja la gente, sobre todo cuanto tienen un contrato temporal o a tiempo parcial.
Normalmente, el que tiene un contrato parcial por seis horas está trabajando en este momento ocho horas como mínimo y está cotizando por seis. Esa es una realidad que algún día afrontaremos.


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Voy a defender las enmiendas 214, 218, 219, 223, 226, 227, 228 y 229; entraré en ellas de una en una. Lo que nosotros hemos pretendido introducir realmente en esta reforma es un modelo diferente de relaciones laborales. No es que estemos en contra de algunas medidas que se plantean aquí, pero sí estamos contra el abuso. En la enmienda 218 defendemos un modelo de bonificaciones a la contratación indefinida que en muchos apartados viene a ser lo mismo que figura en la proposición de ley, anterior decreto. ¿Qué es lo que modificamos? Les recuerdo que en los últimos tres años hemos invertido más de un billón de pesetas en bonificar contratos indefinidos, y la realidad es que no sabemos qué ha pasado con esa contratación indefinida, cuántos contratos indefinidos se han dado de baja ya. No lo sabemos.
No sabemos cómo podemos valorar todo ese dinero que incluimos. Lo que pretendemos es mantener las medidas de fomento a la contratación, pero incorporando fórmulas que permitan tener unos simples controles, por una parte, incluyendo la participación de los agentes sociales permitiendo que a través de la negociación colectiva puedan introducir algunas modificaciones y normas de control, y por otra parte, obligando a que el empresario que ha recibido una bonificación por contratación indefinida tenga que informar al Inem cuando despida al trabajador o éste cause baja. Porque, señorías, según los sindicatos, se calcula que más del 80 por ciento de los contratos que han sido bonificados por ser indefinidos ya han sido dados de baja.
Esto se lo comenté un día al secretario de Estado de empleo y me dijo: tantos no, pero....Al final lo dejamos en el pero. La realidad es que nos hemos gastado más de un billón de pesetas y hemos reducido 2,3 puntos de precariedad en el empleo. Por tanto, no creo que sea tan irracional y no se pueda aceptar un control de la contratación indefinida; que se evalúe qué efectos ha tenido, cuándo se producen los defectos y que el año que viene podamos legislar para corregir esos defectos. Hablando en términos de mercado, a ver qué rentabilidad da nuestro dinero, porque las bonificaciones que hemos hecho, al fin y al cabo, han sido con dinero de todos porque eran los excedentes del Inem.
En la enmienda 219 complementamos lo que hemos dado de baja en la 214, es decir, un programa de fomento de empleo. Lo que proponemos es que se prorrogue durante un año el programa de empleo que se hizo para el año 2000 en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales ¿Por qué hacemos esto? Porque dicho programa tuvo menos contestación por parte de los agentes sociales y fue más aceptado que el que se plantea aquí. Lo que pretendemos es hacer una evaluación de lo que ha significado. Ustedes introducen el abaratamiento del despido sin consenso con los agentes sociales. Es verdad que es una cantidad de dinero que ya hay para otros contratos, pero es para otro tipo de contratos y no para los que estamos hablando.


En nuestra enmienda 223, señorías, tenemos más razón que un santo, pero como los votos mandan la vamos a perder igual que siempre en las distintas formas en que la hemos planteado. Utilizar los excedentes del Inem para las bonificaciones a la contratación va contra la letra y el espíritu del Pacto de Toledo. Lo miremos por activa o por pasiva. Aparte de eso, es totalmente injusto que cuando hay mucho paro en este país se le ocurra a todo el mundo rebajar prestaciones y cuantías y cuando hay dinero, que es el momento de volver a cuantificar las cantidades que teníamos con anterioridad, pensar en aquellos trabajadores, más de un millón y medio, de los que más de un 40 por ciento no tiene ningún concepto ni cobra nada en el Inem ¿En qué empleamos los 350.000 millones que tenemos de superávit? En bonificar las cuotas de los empresarios. Bonifiquémosles, démosles lo que quieran, pero utilicemos los impuestos de todos (al fin y al cabo se lo vamos a dar igual), es decir, los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué pretende la enmienda 226? En años de crisis, en años difíciles, ha demostrado su eficacia la capitalización del desempleo, y la ha demostrado no sólo en la constitución de sociedades laborales sino en el autoempleo. Es decir, una persona que tenga posibilidad de montar un taller de electricidad o un bar, lo que requiere una inversión mínima, si se le da la oportunidad de capitalizar su desempleo puede empezar una nueva vida y solventar el problema que le ha causado el quedarse sin empleo. Díganme qué tiene esta enmienda, señorías, que no se puede aceptar. ¿No se ha demostrado que era válida? ¿No ha servido en el pasado? Pues sí; entonces, repito que no puedo entenderlo.
En la 228 afrontamos uno de los problemas graves que tiene el mercado de trabajo: la intermediación. Tenemos un Instituto Nacional de Empleo que no nos sirve prácticamente para nada. ¿Es verdad que, entre las comunidades autónomas, hay unas que funcionan mejor que otras? ¡Seguro! Pero todas tienen dificultades; no tenemos a nadie que coordine los programas a nivel general o que ponga en relación a los parados de una comunidad con la oferta de trabajo de otra.
Yo me desespero cuando oigo decir en Cataluña que los empresarios tienen que ir a buscar trabajadores a Yugoslavia o a cualquier otro país -los últimos fueron los de Tarrasa- y, al mirar las estadísticas de Extremadura, de Andalucía o de nuestro colindante Arangón, veo que hay desempleo. No tiene sentido que no tengamos un modelo estatal de oficina del Inem que sirva para marcar y homogeneizar todos estos criterios; un servicio estatal de empleo público y gratuito, que lo dignifique y al que el empresario pueda acudir para buscar un trabajador cuando lo necesite. En este Inem a nivel estatal tendrían que participar, sin ninguna duda, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los agentes sociales, que son los que conocen el problema y las circunstancias y necesidades de cada lugar.


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El señor Azpiroz decía antes que da igual la edad y que lo importante es formar a la gente en función de las necesidades. Dicho así, ¿quién puede estar en contra de formar a una persona tenga 40 años, 50 ó 25? Es razonable que se le dé la formación que necesite; lo que no es razonable es que le ofrezcamos un contrato de prácticas para formación como se pretende aquí. Por eso pretendemos con esta enmienda que, dentro del servicio estatal de empleo, hubiera un observatorio permanente de formación profesional que hiciera análisis y programas de formación respondiendo a las demandas del mercado. De nada sirve formar informáticos si lo que hace falta es soldadores; o formar administrativos si faltan camareros. Un observatorio de formación profesional que planificara los programas de formación a medio y largo plazo sería una herramienta fundamental para las comunidades autónomas, puesto que no todas tienen posibilidades de hacer este tipo de programas.
Enmienda 229. Algunos de los que estamos aquí formamos parte de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo y hemos oído decir a varios comparecientes que uno de los problemas que tiene el mercado de trabajo español es la falta de movilidad geográfica. Sin embargo, yo recuerdo que, cuando afrontamos la crisis del sector textil en Cataluña y se cerraron empresas en Barcelona para llevárselas a Tarragona -y alguna, más lejos-, negociamos el traslado de los trabajadores. ¿Qué se tuvo en cuenta? Facilidades para la vivienda, ayuda en el traslado y ayuda para que el compañero o compañera pudiera tener acceso a otro trabajo. Eso es lo que proponemos nosotros aquí, que el Gobierno, dentro del plan de acción para el empleo 2000, traiga unos programas de ayuda para incluir, para fomentar, para hacer posible ese traslado, esa movilidad geográfica.
Además, existe la posibilidad de la gente joven que está trabajando, que, si se le ofrecen unas condiciones aceptables, estarían dispuestos a la movilidad geográfica sin excesivos problemas. Ahora, si a un trabajador que está en Andalucía o en Extremadura y que cobra 50.000 ó 60.000 pesetas, pero tiene casa y tiene a su familia allí, le dices que se vaya a Barcelona con 120.000 pesetas y que se apañe en cuanto a la casa, los desplazamientos, en todo, contesta que no, porque con lo que tiene vive mucho mejor. Y fíjense, señorías, que esto sólo es un mandato para que el Gobierno traiga un proyecto de ayudas y ni siquiera aceptan esto. Ya vemos qué espíritu tiene y es un espíritu que compartimos casi todos.
Por último, la enmienda 232 se refiere a las indemnizaciones en los contratos temporales que se celebren a partir de esta ley, la indemnización de los 8 días. Por cierto, les recuerdo a SS.SS. que, hace años, los contratos temporales tenían 12 días de indemnización.
Por tanto, no es la primera vez que se establece. Esta tarde, en el debate, se ha dicho que es la primera vez y que, para empezar, se ponían 8 días. No; no es la primera vez. Y nosotros planteamos que no tiene mucho sentido que un trabajador que tenga un contrato temporal hecho un mes antes de esta ley, cuando termine, no tenga derecho a nada y su compañero, que ha entrado un mes después, sí. No es que esta medida vaya a resolver ningún problema, pero, si les damos cuatro duros más, démoselos a todos, no seamos tacaños y hagamos esa discriminación.
Termino diciéndoles lo siguiente. Tanto el Gobierno con el decreto como ahora el PP en el debate parlamentario nos van a imponer una reforma totalmente inútil, porque no va a resolver ninguno de los problemas y menos el gran problema que es la precariedad en el empleo, que es regresiva en parte para quienes tienen contrato a tiempo parcial. Los que ahora firmen un contrato parcial verán que es mucho más regresivo que el que tenían con anterioridad. Además, esta reforma es lesiva para quienes, a partir de ahora, se vean obligados a asumir un contrato de formación, porque queda totalmente desnaturalizado. La reforma es también perjudicial para un modelo de relaciones laborales que debiera basarse en la negociación colectiva y en el respeto a los acuerdos que se firman con los agentes sociales con posterioridad, caso del contrato a tiempo parcial. En fin, creo que la reforma se basa en un modelo de relaciones laborales que es el que rechazan frontalmente los sindicatos y el Partido Socialista: que la competitividad de las empresas vaya a costa de las condiciones de trabajo y especialmente de los salarios y formas de contratación.
Señorías, las empresas, si quieren ser competitivas, tienen que tener tecnología, organización, inversión y buenos gestores y, lógicamente, trabajadores formados. Nuestro modelo, señorías, debe ser Alemania y, desde luego, en Alemania las relaciones no se basan en bajos salarios y precariedad en el empleo. Lo que aquí pretendemos es competir con los países del Este abusando de sus circunstancias -ahora los empresarios se van a aprovechar- o con países del Tercer Mundo. Así no pondremos a España en el lugar que le corresponde en Europa. Creo que nos merecemos el papel que nos estábamos ganando y esto puede llevarnos a una situación muy difícil de superar, porque aquello que se pierde no se recupera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Reyes Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Voy a referirme a las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios que integran esta Comisión en relación con el fomento de empleo para el año 2000, en relación con su ámbito de aplicación, con las bonificaciones, las deducciones y las exclusiones, y tengo que decir que la mayoría de estas enmiendas afectan a los artículos cuarto y sexto y también al artículo duodécimo, cuya supresión han pedido varios grupos parlamentarios.
Quiero dejar claro que hago mías las palabras de defensa de este proyecto de ley del representante del

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Grupo Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Azpiroz, por cuanto yo creo que si analizamos en profundidad la política socioeconómica del Gobierno en los últimos cuatro o cinco años, hay que decir que hay una apuesta de fomento del diálogo entre los agentes sociales y también una serie de iniciativas legislativas para que la pequeña y mediana empresa tengan la ilusión de crear empleo, de invertir en el futuro y confianza para poder asumir la mano de obra que no había podido asumir hasta el cambio de orientación legislativa. Por ello, aunque algún grupo parlamentario haya dicho que la reforma laboral no satisface plenamente, espero que el Gobierno y también el grupo parlamentario que le apoya y le da respaldo tengan conformada la ilusión de que no es un error y que seguirá creando empleo en la sociedad española, que tenía cotas muy amplias de desempleo.
Esta portavoz, señor presidente, señorías, cuando oía hablar a la señora López i Chamosa, entendía que volvíamos a hablar del planteamiento general de la ley, puesto que tengo que decir que las enmiendas a las que me corresponde referirme en nombre de mi grupo, concretamente la número 214, la 219 y la 215, van en una dirección unívoca, muy concreta, y no es objeto hablar ni del contrato de formación ni del contrato de relevo ni del contrato de exclusión, que ya han sido analizados por anteriores ponentes y además porque la motivación de la enmienda presentada, que es la número 214, simplemente dice que se suprima el capítulo II por entender que lo que habría que hacer sería prorrogar el plan de fomento de empleo del año 2000, establecido en la Ley de Presupuestos del año 1999. La motivación es, pues, precaria, puesto que no aduce grandes razones para proceder a la modificación. En la enmienda número 219, que va también en esa dirección y propone una nueva disposición adicional para prorrogar el plan de fomento de empleo, se plantean los mismos términos que estaban establecidos para el año 2001, exclusión hecha de las mujeres en aquellos sectores en los que no están presentes y en los que hay que incentivar su presencia. Como no se dice más que se ha entrado en el capítulo I y se pretende la supresión del capítulo II, con la creación de una disposición adicional nueva sustitutoria del capítulo II, y no se dan otras motivaciones, tengo que contestar que todo es opinable, pero no es una enmienda alternativa al contenido del título II, que es extenso, por lo que en todo caso podría ser objeto de mejora alguno de los apartados de los distintos artículos que lo conforman. La visión de la representante del Grupo Parlamentario Socialista efectivamente no es compartida por la mayoría de los grupos porque es la única enmienda que va en esa dirección, por tanto lamentamos tener que rechazarla.
En la enmienda 215, de adición, que pretende incorporar un nuevo capítulo II sustitutorio del anterior, se pide que se modifique el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. Sabe S.S. que desde la pasada legislatura el Gobierno ha venido fomentando el diálogo social y justo en este momento está constituida la mesa de prevención de riesgos laborales con la presencia de los interlocutores sociales, y esperamos, Dios mediante, que como en tantas otras ocasiones, porque la excepción siempre confirma la regla, puedan llegar a un acuerdo.
Al grupo parlamentario al que yo represento en este momento le parece que entrar en una regulación exhaustiva y pormenorizada de lo que se entiende como prevención de riesgos laborales podría resultar contradictorio con lo que luego los propios agentes sociales estimen que deben aprobar. Por lo tanto, señoría, vamos a darles confianza en el mantenimiento de ese diálogo social y nosotros a lo nuestro, que es legislar, y legislar lo mejor posible para que esa mala legislación social siga dando los frutos positivos que ha dado hasta ahora. Evidentemente, todo es mejorable y todos debemos esforzarnos en que el empleo sea mejor, más estable, más indefinido; pero no por ello hay que echar por tierra determinados programas que han sido satisfactorios. Por lo menos, el grupo parlamentario al que yo represento entiende que hasta cierto punto puede estar satisfecho de lo que ha acontecido en los últimos años en España.
Abordaré a continuación la posición de mi grupo respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Las enmiendas presentadas y defendidas por la señora Julios en relación a las entidades sin ánimo de lucro van dirigidas a que la acreditación por los servicios sociales municipales pueda afectar a otros ámbitos de la Administración. Señora Julios, hay una simple razón técnica para que su enmienda no pueda ser aceptada. Los servicios sociales a que se refiere la presente enmienda son impartidos por los servicios municipales, por tanto no se puede entrar en competencias que hoy por hoy, en relación a la prestación de determinados servicios sociales, ninguna comunidad autónoma tiene adquiridas.
La enmienda 193 pretende añadir determinados colectivos afectos a la situación de exclusión social. También lamentamos no poder aceptar esa enmienda por cuanto esos determinados colectivos ya disponen de programas específicos que revierten en una especial protección. Por lo tanto, incidir en ese aspecto es darles una doble protección. Los que no la tengan son perfectamente asumibles dentro del precepto que regula el ámbito de aplicación en situación de exclusión social, que es suficiente para que no entremos en cuestiones que podrían suponer contradicción dentro de la propia ley.
En relación a que se suprima, en el caso de los trabajadores autónomos o empleadores de la pequeña o pequeñísima empresa que contraten a personas que buscan un empleo, la fecha de 1 de enero de 2000 provocaría en el ordenamiento jurídico una confusión importante por cuanto otros empleadores se veríanexcluidos de esa posibilidad y resultaría paradójico

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dentro de ese fomento de empleo que persigue el presente proyecto de ley.
Lo mismo le digo en relación con la enmienda número 194, relativa a la no exclusión de contratación de determinados familiares que puedan realizar los trabajadores autónomos. Me gustaría hacer dos precisiones para ponerme a esta enmienda al proyecto legislativo. La primera es que supondría modificar en profundidad el propio contenido del Estatuto de los Trabajadores, así como la Ley General de la Seguridad Social por cuanto siempre se ha venido excluyendo al cónyuge y a los ascendientes y descendientes directos hasta un cierto grado en relación con una determinada prestación o relación laboral.
Y también cabe aducir lo que he dicho anteriormente, que perjudicaría o sería una contradicción al no serle otorgado al resto de los empleadores que conforman el colectivo de empresas dentro de nuestra sociedad. Esto podría llevarnos a grandes alteraciones presupuestarias dentro de los objetivos que se han presupuestado para este programa de fomento de empleo.
Con respecto a la enmienda número 195, en la que ustedes proponen, señora Julios, que sean objeto de deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas las cotizaciones a la Seguridad Social que se generen por relaciones de trabajo que impliquen servicios de carácter doméstico, entendemos que también ahí estaríamos trasladando esa naturaleza jurídica y que sólo la Ley de Presupuestos Generales del Estado puede contemplarlo, pues las deducciones del IRPF se harían con cargo a la recaudación general del Estado o al sistema fiscal y, por lo tanto, saldrían de los propios recursos que genera la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así pues, se trata de un tema realmente complicado de abordar en el presente proyecto de ley.
Al representante de Izquierda Unida le voy a contestar de forma global. Algunas de sus enmiendas, como la 89 y la 90, restringen el ámbito de aplicación de este proyecto de ley. La enmienda 89 persigue el objetivo de disminuir en un 10 por ciento las bonificaciones mientras que la número 90 pretende suprimir el término temporalmente cuando el fomento de empleo es en general de carácter indefinido y sólo es temporal para aquellas personas que se encuentran en una situación precaria o que están excluidas socialmente. Por tanto, si aceptásemos estas dos enmiendas, estaríamos restringiendo el propio objetivo que persigue el proyecto de ley.
La enmienda número 88 de alguna forma entra en el propio ámbito de regulación de la Seguridad Social al hablarnos de trabajadores que estén afectados por el grado de incapacidad permanente total. Su señoría sabe -no es la primera vez que plantea algo relativo a la invalidez- que la invalidez permanente total presupone la inhabilitación para la profesión o para el trabajo habitual de la persona que se ve afectada por ese grado de invalidez, pero la propia Ley General de la Seguridad Social prevé que, cuando se presume una especial dificultad para encontrar un puesto de trabajo distinto, esa incapacidad permanente total tiene el incremento del porcentaje correspondiente. Por lo tanto, existen otros mecanismos para proteger a las personas que se encuentren incursas en ese grado de incapacidad.
Finalmente, señor Ruiz López, debo decirle que el cambio del Inem, en cuanto a la posibilidad de que sufrague los recursos provenientes de las cotizaciones por desempleo, modificaría el ámbito de la Ley General de la Seguridad Social aplicable al efecto, que ya prevé la posibilidad de que los coeficientes de cotizaciones tengan que ser establecidos en la ley que regula los Presupuestos Generales de Estado para cada ejercicio. Además, en relación a la cuota que regula la Ley General de la Seguridad Social correspondiente al desempleo, se establece la posibilidad de que estas cuotas vayan destinadas no sólo a sufragar las políticas pasivas de fomento de empleo, como es el pago de prestaciones por desempleo, sino que de acuerdo con las directivas de las distintas cumbres que se han celebrado en Europa por los distintos países integrantes de la Unión Europea, se establece la posibilidad de que se sufraguen con esos recursos políticas activas de fomento de empleo, como pueden ser la formación, la reinserción, la rehabilitación, todo aquello que pueda conllevar una mejor formación y preparación de personas que recibiendo en un momento dado una prestación por desempleo se quieran acoger a cualquiera de esas posibilidades de fomento de empleo activo. Con ello ganamos una mejor formación para que esa persona pueda integrarse en el mercado de trabajo. Por lo tanto, no podemos cambiar la orientación de lo que establece la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a lo permitido, consentido y establecido en los artículos que regulan las cotizaciones provenientes de la prestación por desempleo. Debo decir que en España se están cumpliendo a rajatabla, por creerlo firmemente, todas y cada una de las directivas que se han adoptado en el ámbito de política social en el seno de las distintas cumbres de la Unión Europea y que han suscrito la mayoría de los países.
En relación con las enmiendas defendidas por el señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tengo que dar básicamente dos criterios diferenciados. Las enmiendas 119, 121 y 122 pretenden el incremento de bonificaciones para los trabajadores en paro durante 12 meses o más. En realidad lo que se pretende es, de una forma clara, distinguir entre dos colectivos de parados de larga duración: los que superan los seis meses y no llegan a 12 y los que rebasan esta última barrera. El programa trata de ampliar la cobertura de colectivos con carácter general, como medida preventiva ante situaciones de desempleo de larga duración. Al margen de ello, la propuesta que S.S.nos hace con esa enmienda podría elevar los costes previstos

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para atender el programa, por lo que en este momento no nos parece asumible en todos sus términos.
La enmienda 120 establece la incentivación de la contratación indefinida por las entidades sin ánimo de lucro. En la medida en que son organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, como empleadores ya tienen beneficios que se contemplan en la ley, y aceptar su enmienda supondría un reconocimiento de un nuevo colectivo de desempleados que podría poner en contradicción y no clarificaría mucho el objeto de lo que persigue el presente proyecto de ley.
Finalmente, también razones de índole presupuestaria nos llevarían a decir que esto habría que estudiarlo con mucha más calma, dejarlo para un futuro, puesto que desequilibraría las previsiones presupuestarias que sustentan el proyecto y que se han venido contemplando por el Gobierno en el del programa de fomento de empleo para el año 2001.
En relación con la enmienda número 124 Convergència i Unió, que coincide con la número 176 del Grupo Popular y la número 55 del Grupo Parlamentario Vasco, S.S. ha dicho que la va a retirar porque el informe de la ponencia la hace suya. Ha habido muchas voces coincidentes sobre la supresión del artículo 12 del proyecto de ley para que no se sufran las limitaciones, por no ser aplicables, establecidas en los artículos 87 y 88 de la directiva europea mencionada.
El resto de las enmiendas que presentan los distintos grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Parlamentario Vasco y las formaciones políticas que conforman el Grupo Mixto, las voy a dar por opuestas en una fase formal, puesto que los representantes no están presentes en esta Comisión para proceder a su defensa. Sin embargo, voy a mencionar simplemente y muy de pasada que la enmienda número 56 del Grupo Parlamentario Vasco pretende modificar la legislación vigente de la Seguridad Social, modificar la propia Constitución en su artículo 179.1, por cuanto ésta regula las competencias exclusivas del Estado que en materia laboral es aplicable al contenido y objetivo de este proyecto de ley y que pretendía que fueran transferidas a la comunidad autónoma correspondiente. Ello conllevaría no sólo el cambio de ese principio constitucional, sino también el propio contenido de la legislación laboral global y de la legislación de la Seguridad Social. Lamento decir que no podremos aceptar el resto de las enmiendas del Grupo Mixto.
Finalmente, mi grupo parlamentario ha presentado sendas enmiendas que también el informe de la ponencia de alguna forma hace suyas y que vienen a clarificar, a mejorar técnicamente, a adecuar más la naturaleza con el objetivo del proyecto de ley y llevarán a una mejor comprensión de los distintos preceptos y artículos que configuran el capítulo II.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate del último bloque, que está integrado por el resto del proyecto de ley.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Abordamos el último bloque que, en nuestro caso, hace referencia a las enmiendas números 126 a 131. En este bloque incorporamos algunas cuestiones que nos parecen importantes y que nos gustaría que todas ellas tuviesen éxito en esta tramitación parlamentaria.
En primer lugar, la enmienda número 126 aborda una de las cuestiones pendientes de nuestro mercado de trabajo que incide de manera sustancial en los costes no salariales del empleo, como son los actuales niveles de las cotizaciones sociales. En el propio Pleno del Congreso recordábamos que el peso que hoy tienen las cotizaciones sociales en nuestra fiscalidad está muy por encima de la media que el resto de los miembros de la Unión Europea tienen en esa materia, lo que continúa siendo un elemento que dificulta la creación de empleo estable. Sabemos que en el marco del pacto por la mejora de la protección social se ha avanzado tímidamente en ese objetivo de reducción de las cotizaciones sociales, pero nuestro grupo entiende que ya es hora de empezar a avanzar hacia una posición que nos permita homologarnos con el resto de los miembros de la Unión Europea.
Por tanto, planteamos una rebaja de un punto de la contingencia de desempleo para la contratación indefinida y, al mismo tiempo, abrimos una penalización de la contratación con duración determinada con el incremento de un punto. Sabemos que nuestra propuesta no equilibra estrictamente los costes que la reducción de un punto de las cotizaciones sociales puede provocar para el régimen de la Seguridad Social, pero precisamente en estos momentos, en los que también planteamos una disminución del período de transición hacia la definitiva separación de las fuentes que en ese acuerdo al que antes me refería se sitúa en doce años, nos parece que si existiese voluntad política estaríamos en condiciones de avanzar hacia esta reducción generalizada de las cotizaciones sociales. En todo caso, estaríamos abiertos a buscar fórmulas de acercamiento con el Grupo Popular, en esta sesión de hoy o incluso en la sesión del Pleno de la semana que viene, cuando debatamos el informe de la Comisión, pero avanzar de una vez por todas en esa reducción de las cotizaciones sociales nos parece importante.
La enmienda 127 recoge un compromiso del Gobierno y del Grupo Popular. Hemos de recordar que en octubre del año 2000 se aprobó una moción mandatando al Gobierno en esta línea, y creo recordar que en el propio discurso de investidura del presidente del Gobierno se asumió este compromiso, el de la exoneración de la cotización a la Seguridad Social en las cuotas empresariales, por un período de dos años, cuando

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se produzca una incorporación o reincorporación de la mujer que hubiese sido madre, así como en un proceso de adopción o acogimiento.
Nos parece que éste es un compromiso necesario en la línea de facilitar la incorporación al mercado de trabajo de aquellas mujeres que opten por ejercer su derecho a la maternidad, en ese objetivo de conciliación de la vida familiar y laboral que tanto nos hemos marcado. Sabemos que existe un coste económico, lógicamente, pero nos parece que ese compromiso, asumido por todos en octubre del año 2000, debemos concretarlo en este trámite parlamentario.


Finalmente, la enmienda 128 es una enmienda cuya presentación anunciamos en su día, en concreto el 17 de abril de 2001, en el Pleno del Congreso y de la mano de nuestra portavoz en asuntos para la igualdad, la señora Pigem i Palmés. En aquella sesión del 17 de abril se tomó en consideración una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, impulsada por la compañera Pigem, orientada a adaptar la normativa vigente en materia de permisos de paternidad y maternidad a la especial problemática que se genera con el nacimiento de niños y niñas prematuros, así como en aquellos supuestos en los que los recién nacidos deban permanecer durante un período relativamente largo hospitalizados, con posterioridad al parto.
Entendíamos -lo decía la señora Pigem en aquel debate- que, en aras de la celeridad de la tramitación de esa cuestión, que además era objeto de preocupación, creo recordar, de buena parte de los grupos de la Cámara, debíamos aprovechar este trámite para resolver el problema. Por tanto, planteamos en forma de enmienda el texto de esa proposición no de ley que se tomó en consideración el 17 de abril, intentando responder, como apuntaba la señora Pigem, a esa realidad de un 7 por ciento de criaturas que nacen prematuras en el Estado español, 25.000 criaturas, de las cuales cerca de 4.000 pesan menos de un kilo y medio. Pretendemos dar respuesta a una problemática muy específica que hoy, por la situación de nuestro marco legal, obliga a los padres a solicitar excedencias voluntarias o incluso a apartarse del mundo laboral en esos periodos en que sus hijos están hospitalizados.
Nuestra propuesta pretende disponer que los padres puedan elegir que el periodo de suspensión se compute, en parte o en su totalidad, a partir de la fecha de alta del hospital del recién nacido, con excepción de las primeras semanas posteriores al parto, que se computarán necesariamente como un periodo de suspensión para la madre. También dispone que, mientras los niños permanezcan hospitalizados, el padre o la madre tengan derecho a ausentarse del trabajo durante una hora y también a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas adicionales, con la correspondiente disminución proporcional del salario.
Esta medida afecta a un colectivo importante; sabemos que seguramente podríamos ser más ambiciosos en los objetivos a conseguir, pero nos parece que hoy podemos dar respuesta a la problemática de esas 25.000 familias que se encuentran con dificultades para compaginar sus responsabilidades de padres con su permanencia en el mercado de trabajo.
La enmienda 129 es un mandato político al Gobierno para un objetivo que también se plantea en el acuerdo para la mejora de la protección social y que forma parte de un espacio de importante consenso entre los grupos sociales y los grupos políticos de la Cámara, como es buscar fórmulas que permitan la flexibilidad y la gradualidad en la regulación de los mecanismos de la jubilación, la necesidad de prolongar la vida laboral para aquellos trabajadores que así lo deseen y las posibilidades de plantear jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores que así lo deseen. Sería bueno que esos acuerdos, a los que se ha llegado en el marco del acuerdo para la mejora de la protección social, se viesen reforzados por un compromiso político expresado en esta disposición adicional nueva que pretendemos incorporar. Esta propuesta incide tanto en el sistema de pensiones como en el mercado de trabajo en la línea de pura ortodoxia de las recomendaciones de la Comisión Europea.
La enmienda 130 incide sobre otro de los lugares comunes de todos aquellos que pretendemos influir, poco o mucho, en el ámbito de las relaciones laborales, la problemática del importante índice de siniestralidad laboral que se vive en nuestro mercado de trabajo. En la línea de la filosofía del informe Durán, nos parece que hemos de crear un marco legal que estimule el compromiso de las empresas en aras de reducir esa siniestralidad. Más allá de los debates que hemos tenido en la Cámara, que han sido muchos, sobre el conocimiento de ese marco legal tanto para empresarios como para trabajadores en relación a la acción de la Inspección de Trabajo (más o menos decidida, más o menos intensa, más o menos dotada para dar respuesta a las obligaciones legales, empezar a plantear esa cultura del estímulo, del incentivo y que el cumplimiento de la ley reciba algún tipo de premio por parte de la Administración, nos parece una medida que puede ayudar a reducir esa elevada siniestralidad. Por tanto, planteamos una reducción de un 0,25 de la cuota empresarial por accidentes de trabajo para aquellas empresas que acrediten que están por debajo del promedio que corresponda a su sector de actividad.
También podríamos encontrar márgenes sobre esta enmienda para llegar a acuerdos con otros grupos de la Cámara en el caso de que este texto tuviese dificultades, especialmente para el Grupo Popular. Por tanto, estamos también abiertos a algún tipo de fórmula de transacción.
Finalmente, he de recordar que si la enmienda 131 no fue aceptada por el Grupo Popular en la ponencia, esperamos que lo sea ahora, y si fue aceptada, yo la

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retiro en este momento, en el marco de la transacción con alguna otra enmienda del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Pérez.


La señora GARCÍA PÉREZ: A lo largo de esta tarde los distintos grupos políticos hemos hecho una serie de valoraciones y de reflexiones sobre lo que está significando la evolución del mercado de trabajo en nuestro país, y todos hemos coincidido en la necesidad de poner en marcha una serie de mejoras en esa materia; en lo que no coincidimos todos los grupos es en el análisis de la situación en la que se encuentra en estos momentos nuestro mercado laboral. Vuelvo a incidir en las reflexiones que ya han hecho otros compañeros de mi grupo en cuanto al panorama que hoy están sufriendo muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras: un empleo que cada vez se precariza más, con una alta temporalidad y con una alta rotación.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que ahora vamos a detallar van más allá, teniendo en cuenta que si en este momento la situación del empleo es esa, hay sectores de población, como pueden ser las mujeres, los parados de larga duración y los inmigrantes, que están sufriendo aún más todas estas cuestiones. Las enmiendas 220 y 221 se refieren a la mujer y debemos entenderlas en el marco de la situación en que se encuentra la mujer en el mercado laboral y las dificultades que se está encontrando para conciliar la vida familiar y la vida laboral.Estamos ante una situación muy paradójica, y es que actualmente está aumentando el número de mujeres que estudia en la universidad; hay datos que incluso dicen que los mejores expedientes académicos los tienen las mujeres, pero eso no se refleja a la hora de incorporarse al mercado laboral en puestos en los que realmente puedan desarrollar sus tareas, y se están viendo abocadas a participar en puestos de trabajo muy por debajo de las capacidades que estas mujeres tienen. En nuestra enmienda 220 proponemos bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, del cien por cien durante el primer año de contratación de mujeres en profesiones subrepresentadas, porque entendemos que es necesario favorecer su incorporación a las categorías de trabajo para las que tienen capacidad, pero en las que en estos momentos no están representadas al nivel que les corresponde. En la motivación de la enmienda ya manifestamos que, frente a un 53 por ciento de mujeres que están en puestos administrativos, sólo hay un 23 por ciento de mujeres que están en puestos directivos. Entendemos que, también mediante medidas legislativas, debemos incidir en este sentido y potenciar el que las mujeres puedan incorporarse a los puestos laborales para los que están capacitadas.


En la enmienda 221 proponemos actuaciones a favor de la mujer en los programas de inserción laboral activa.
En estos momentos se están desarrollando, por parte de distintas administraciones, programas en materia de formación ocupacional profesional, escuelas taller, casas de oficio, pero creemos que debe existir una medida de discriminación positiva, y es que en este tipo de programas debe participar el mismo porcentaje de mujeres que están inscritas como desempleadas en los distintos ámbitos territoriales, porque nos estamos encontrando con que las mujeres con no mucha capacitación y no mucha formación tienen dificultad para acceder a programas para conseguirlas. En ese sentido, se debe establecer un porcentaje de mujeres igual al del total de las desempleadas que existan en el ámbito territorial correspondiente.
Nuestra enmienda 222 se refiere a las bonificaciones a favor de la inserción laboral de inmigrantes y parados de larga duración. En estos momentos existe una grave problemática con estos dos sectores de población. Ya en anteriores intervenciones hemos dicho que no creemos que la solución a estos problemas sea que los inmigrantes o los parados de larga duración tengan un contrato de formación sin prestaciones sociales y cobrando una cuantía económica por debajo del salario mínimo. Hay otras formas de potenciar que estos sectores de población se incorporen al mercado laboral en condiciones de igualdad con cualquier otro y no en condiciones de precariedad. Por eso presentamos esta enmienda, ya que puede favorecer que salga a flote mucho empleo precario y sumergido que está siendo desempeñado en estos momentos por la población inmigrante.
Por último, la enmienda 231 va en la misma línea que la presentada por Convergència i Unió sobre los partos prematuros. En el pasado Pleno del 17 de abril los distintos grupos parlamentarios mantuvimos un debate sobre este tema. No creo que por eso vaya a ser menos necesario que en estos momentos intervengamos en este sentido. Hemos intentado hacernos eco de una necesidad que nos han trasladado las asociaciones de padres de hijos prematuros, que han sufrido en sus propias carnes las trabas que se han encontrado a la hora de compatibilizar el cuidado de los niños prematuros con el mercado laboral. Nuestra enmienda va en dos líneas. Por una parte, en el caso de los neonatos prematuros o que, por cualquier causa, debieran permanecer hospitalizados, el permiso tendrá una duración de tres horas diarias mientras permanezcan en dicha situación. La diferencia respecto a la enmienda presentada por Convèrgencia i Unió es que nosotros planteamos la necesidad de que se regulen estas tres horas, porque además existen informes médicos que hacen referencia a que la situación del niño mejora cuanto mayor es el tiempo que los padres pueden estar con él. Por otra parte, en la misma línea de la enmienda presentada por Convergència i Unió, cuando por el carácter de prematuro del parto, o por cualquier otra causa, el neonato debiera permanecer hospitalizado, elperíodo de suspensión, en parte o en su totalidad, podrá

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computarse a partir de la fecha de alta hospitalaria, a excepción de las seis semanas posteriores al parto, que se computarán necesariamente como período de suspensión para la madre. No nos basamos tanto en el número de familias o de niños que existen en nuestro país que hayan sufrido esta situación cuanto en reconocer que es un problema que se da y ante el que debemos legislar y dar soluciones concretas.
Para finalizar, aunque conocemos la postura del Partido Popular respecto a estas enmiendas, nos gustaría que existiera la posibilidad de que nos entendiéramos y fueran capaces de aceptar unas enmiendas que son totalmente razonables, que es posible poner en marcha y que favorecerán en mayor medida esta mejora del mercado laboral que todos estamos esperando.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Trataré de fijar la postura del Grupo Popular respecto a las enmiendas formuladas al proyecto de ley.
El capítulo II se inicia con la regulación del contrato para el fomento de la contratación indefinida. Esta modalidad contractual, como SS.SS. saben, nació ya en 1979, por acuerdo de los agentes sociales, y ha demostrado su eficacia y su capacidad para la creación de empleo. En ese sentido, se debe mantener esta figura contractual, sin aceptar las enmiendas que tratan de limitar los colectivos a los que se puede aplicar, en concreto el colectivo de mujeres, al que se refiere la enmienda 218, del Partido Socialista, y algún otro colectivo.
Respecto a las enmiendas que entran más en materia, por el Grupo Mixto, la Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda por la que pretende que se eleve la cotización por desempleo al 18,6 por ciento.
Doblar la cotización del 8,3 al 18,6 por ciento es desproporcionado y puede generar los efectos no deseados de reducir la contratación e incrementar el empleo encubierto. El mismo diputado de la Chunta Aragonesista presenta otra enmienda relativa a otorgar la indemnización que se prevé con carácter retroactivo. Es la enmienda número 36. Extender esta indemnización por fin de contrato temporal a los contratos realizados antes de la entrada en vigor de la norma no es adecuado ni útil desde el punto de vista del objetivo fundamental que se persigue, que es desincentivar, penalizándola, la realización de contratos temporales.De igual manera, rechazamos la enmienda 37 del mismo diputado porque se refiere ya a todos aquellos aspectos de la nueva regulación legal que pueden tener incidencia en materia de extinción de contratos, que no deben afectar a las extinciones producidas con anterioridad a la vigencia de la norma. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Corgos, le ruego levante un poco más la voz porque los servicios de la Cámara no le escuchan bien.


El señor PÉREZ CORGOS: Sí, señor presidente. Me voy a acercar un poco más al micrófono.
Rechazamos la enmienda 38, de la Chunta Aragonesista, dado que la disposición adicional única que se deroga ha venido ya siendo inaplicable al haberse agotado su contenido.
Respecto a la enmienda 53, de Iniciativa per Catalunya, la rechazamos porque la prestación económica de la Seguridad Social que corresponde a la incapacidad permanente total tiene otras protecciones, como el incremento de un porcentaje de la pensión cuando se presuma la dificultad del trabajador para obtener un empleo en actividad distinta de la habitual o beneficios complementarios que se recogen en los artículos 158 y 159 de la Ley general de la Seguridad Social.
Igualmente, rechazamos la número 54 y la 98 y 99 del mismo grupo.
Entendemos que la 99 ha sido subsumida en la 185 del Grupo Popular.
También rechazamos las números 100, 101 y 102.
Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, rechazamos las números 126, 127, 128, 129 y 130. Proponemos una transaccional a la enmienda 180, sobre la regulación de prematuros, que había presentado este grupo. Esta transacción, que si no está ya en poder de todos los grupos se les facilitará inmediatamente, propone sustituir el término "período de suspensión" por el de "permiso", quedando de la siguiente forma: Adición de un nuevo párrafo tercero, pasando los actuales restantes a ser cuarto, quinto y sexto. Dirá así: En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria, del contrato de la madre.
Se propone una adición a la enmienda 180 del Grupo Popular, apartado quinto, que diría: Quienes a la entrada en vigor de la presente ley estuvieren disfrutando el permiso o el período de suspensión con reserva de puesto de trabajo con ocasión de parto y, al mismo tiempo, tuvieren hospitalizados hijos prematuros o neonatos por cualquier otra causa, podrán someter aquellos períodos de suspensión aún pendientes de disfrute al nuevo régimen jurídico previsto en la presente ley.
Por otra parte, como consecuencia del texto anterior, se modifica la exposición de motivos añadiendo lo siguiente: Como novedad, siguiendo la línea iniciada en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral y familiar, se amplía la normativa sobre permisos de maternidad o paternidad en atención al supuesto específico de nacimiento

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de hijos prematuros o que requieran hospitalización tras el parto, posibilitando la atención materna o paterna al neonato mientras permanezca ingresado, pudiendo ausentarse del trabajo durante una hora, y teniendo asimismo el derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, los servicios de la Cámara me indican que no oyen bien. Les ruego que bajen el volumen de sus conversaciones, y al señor Pérez Corgos que se acerque al micrófono para que le puedan oír.


El señor PÉREZ CORGOS: Asimismo, el período de suspensión o el permiso podrá computarse, con excepción de las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión o permiso obligatorio en el contrato de la madre a partir de la fecha del alta hospitalaria. Tal excepción al disfrute ininterrumpido del permiso o la suspensión no quiebra el principio general de tracto continuado de la Directiva 92/ 85, sino que supone una garantía de apoyo a la atención y cuidado del niño no contemplada expresamente en la misma pero sí concorde con su espíritu del mejor bienestar del mismo. Es una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que sometemos a transacción con los restantes grupos de la Cámara.
Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista -las cuatro que han sido defendidas en esta sesión-, por lo que se refiere a la bonificación para mujeres subrepresentadas, lo decisivo no es tanto un determinado porcentaje de bonificación, que llega hasta el 70 por ciento en el proyecto de ley, como la determinación de las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino en las que cabe aplicar tales bonificaciones. Esta enumeración se encuentra regulada en la orden ministerial de 16 de septiembre de 1998.
A la enmienda 221, que se refiere al establecimiento de una reserva de porcentaje de acciones en programas de inserción a favor de la mujer, debo decir que la previsión de reserva a favor de la mujer de un porcentaje de acciones de mejora de la ocupabilidad no inferior a su tasa de desempleo y, en cualquier caso del 50 por ciento, no aporta más de lo que actualmente constituye un compromiso contraído por el Estado español en los planes de empleo. Como consecuencia de los mismos, en el año 2000, del total de demandantes de empleo que han participado en estos programas, el 58 por ciento fueron mujeres.
Respecto de la 222, relativa a los inmigrantes y parados de larga duración, hay que decir que la enmienda no aporta más de lo que actualmente recoge el proyecto de ley, toda vez que su contratación, si es indefinida, daría lugar a las bonificaciones generales del programa según el colectivo, y si es temporal puede recibir las bonificaciones establecidas para los colectivos de excluidos sociales, dado que la definición de este colectivo es aplicable sin dificultad a los que ahora se proponen.
Con relación a la enmienda 231, se ofrece la misma transacción que se le ha ofrecido al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para ordenar las votaciones. (Pausa.)

Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Para que quede la votación reflejada en el "Diario de Sesiones" con un orden y una claridad que permitan interpretar correctamente el resultado de la misma, rogaría, en primer lugar, a los señores portavoces que manifestaran si aceptan las transacciones que en el curso del debate se les han ofrecido.
Quede bien entendido que como esas transacciones se han tratado en el curso del debate, si ninguno de los señores portavoces manifiesta lo contrario, hay que entender que las mismas son aceptadas y que se retiran las enmiendas a las que se refieren, salvo las intervenciones que pueda haber ahora en sentido contrario. ¿Algún señor portavoz quiere manifestar que no acepta alguna transacción y que no retira la enmienda a la que se refería? (Pausa.)

El señor JÁUREGUI ATONDO: Las enmiendas de transacción no se han hecho con nuestro grupo, por lo que no creo que sea necesario que expresemos nuestro punto de vista, simplemente las votaremos.


El señor PRESIDENTE: Solamente es en relación con aquéllas a las cuales se ha hecho referencia expresa en el curso del debate. Si no, se entiende que son aceptadas por asentimiento de los señores portavoces y que quedan retiradas las enmiendas que son objeto de transacción.


Hecha esa indicación preliminar, creo que, sin más, podemos proceder a las votaciones. (El señor Ruiz López, pide la palabra.)

Señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): En el caso de Izquierda Unida, sólo hay una enmienda transaccional, a la enmienda 84, que sí aceptamos, pero ha habido una alusión por el portavoz del PP, el señor Azpiroz, sobre algunas enmiendas que, según él, están asumidas en las del Grupo Popular. Yo no tendría inconveniente alguno en retirar esas enmiendas si eso se demostrara. El problema es que, como en ponencia no ha habido el trabajo que tenía que haber, algunas enmiendas incluso pueden parecer contradictorias. Si fuera posible lo haríamos, porque hay voluntad por nuestra parte.


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El señor PRESIDENTE: Ya conoce S.S. el viejo dicho de que las cosas son según el cristal con que se mira.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Labordeta. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 8 y 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, en segundo lugar, las enmiendas 1 a 7; 9 y de la 10 a la 13, inclusive, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23, también del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra; 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


La señora GARCÍA PÉREZ: No me queda clara la votación de las enmiendas números 25, 26, 34 y 35.


El señor PRESIDENTE: Hay que hacer notar que, después de esa larga composición, la ordenación de las votaciones se ha hecho por bloques, de manera que la enmienda 25 ya es de otro bloque. Lo lamento porque al principio habíamos hablado de votarlas por grupos, pero ya se ha organizado la votación por bloques y nos llevaría más tiempo repetir las votaciones que hacer algunas más.
Enmienda 106 de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 103, 104 y 105.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Saura Laporta, números 41, 43 y 49.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Saura a este primer bloque, que acaban en la número 50.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 159 a 163, del señor Puigcercós i Boixassa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del señor Núñez Castain, también del Grupo Mixto, números 154 a 157.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas 133, 134, 142, 147 y 148 del señor Aymerich a este bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 132 a 149, excepto las que han sido votadas anteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Coalición Canaria.
En primer lugar, las enmiendas 186 y 187.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de este bloque, que son la 188 y la 190.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.


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En primer lugar, las enmiendas 60 y 61; 64 a 67, inclusive; 73, 79, 81, 82, 84, 86 y 87.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 83.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 62, 68 y 59, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida de este bloque, que comienza, como saben SS.SS., en la enmienda 57 y concluye en la enmienda 87, ambas inclusive, salvo las votadas, como es natural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de este bloque que en este momento subsisten, que son la 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 117.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, la enmienda 208.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 213.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista de este grupo, que comenzaba en la 197 y concluye en la 213, salvo las que ya han sido objeto de votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar ahora las enmiendas del segundo bloque.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
En primer lugar, las enmiendas 25 y 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Mixto, señor Labordeta, que concluye en la 29.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Aymerich, números 150, 151 y 152.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la 191.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 194.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, números 192 y193.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, la 88.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 11.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 90.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas, que son las 89 y 91.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; votos en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de este bloque segundo. En primer lugar, enmiendas 119, 121 y 122.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas, números 120, 123 y 124.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 214, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos ya en la votación del tercer bloque.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, señor Labordeta, números 30, 34 y 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 31, 36 y 37, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Labordeta, que acaban en la número 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 107, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Saura. Votamos primero la 51 y la 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de este bloque del señor Saura, que es la 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 153, del señor Aymerich.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de Coalición Canaria. Votamos primero la 195.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas, que es la número 196.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 56 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 95, 96, 98, 99, 100, 101 y 102 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de Izquierda Unida que acaban en la número 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de este tercer bloque del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la 126 y la 129.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 130 del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 127.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar la 220.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 225.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 222 y 227.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 223.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 215.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista, que acaban en la 232.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas transaccionales que, como es sabido, son siete y cuyos textos han sido leídos por los distintos portavoces durante el debate, por lo que son conocidos por todos los grupos.
Enmienda transaccional número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 3.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda transaccional número 4.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda transaccional número 5.


Efectuada la votación, dijo

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EL señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda transaccional número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 7.


Efectuada la votación, dijo

EL señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos , a continuación, el preámbulo como exposición de motivos.


Efectuada la votación, dijo

EL señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votamos el texto del informe en su conjunto, el cual, teniendo en cuenta que la votación final ha sido avocada por el Pleno de la Cámara, debe convertirse en dictamen de este proyecto de ley.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, nos hemos confundido con la exposición de motivos. Creíamos que votábamos la corrección técnica de la exposición de motivos que ha hecho el letrado, pero al votarse la exposición en su conjunto nuestro voto no puede ser positivo.


El señor PRESIDENTE: Votamos el texto resultante del informe de la ponencia, que tiene un preámbulo diferente corregido por la ponencia.
Por eso he querido votarlo expresamente.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Lo que hemos votado es la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: El preámbulo, al convertirse en proyecto de ley, se convierte en exposición de motivos.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Nosotros no queremos votar favorablemente la exposición de motivos, sino abstenernos.


El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir esta votación del preámbulo, que en su momento será la exposición de motivos de la ley.
Se somete a votación el preámbulo como texto concreto y luego votaremos el resto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Se aprueba el texto del preámbulo, que en su caso será la exposición de motivos de la ley.
Votamos el resto del informe de la ponencia, que se convertirá en dictamen si es aprobado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, someto al asentimiento de la Comisión, porque entiendo que no es necesaria una votación expresa, la aprobación de las observaciones y correcciones técnicas formuladas por los servicios de la Cámara, que les constan a todos. (Asentimiento.) Siendo así, se levanta la sesión.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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