Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 291, de 18/09/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 291

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 28

celebrada el martes, 18 de septiembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:

- Proyecto de la ley general de estabilidad presupuestaria. (Número de expediente 121/000029) . . . (Página 8786)

- Proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria. (Número de expediente 121/000030.) . . .
(Página 8786)

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:

- Proyecto de la ley general de estabilidad presupuestaria. (Número de expediente 121/000029) . . . (Página 8786)

- Proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria. (Número de expediente 121/000030.) . . .
(Página 8804)

Página 8786


Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000029.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000030.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, solicito de SS.SS. la ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas: proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y proyecto de ley complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
¿Se ratifican las ponencias? (Asentimiento.)

EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000029.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la emisión del dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, creía que iba a empezar por otros grupos pero con mucho gusto hago uso de su sugerencia.
Señor presidente, estamos asistiendo a una ley que, si la memoria no me falla, entró en esta Cámara en febrero de 2001; es una ley que en alguna medida ha sido ninguneada por distintos grupos parlamentarios a través de una petición inusitada de ampliación del periodo de enmiendas. Es una ley que tengo la seguridad de que goza de poca credibilidad y poca aceptación a pesar de que constituye el simpecado del señor Montoro. Seguramente él tiene el máximo interés en pasar a la historia como fiel discípulo de alguna de las escuelas del pensamiento económico norteamericano habiendo presentado un texto de ley -y habiéndolo hecho aprobar- que establezca el déficit cero con carácter permanente.


Nosotros, con otros grupos parlamentarios, nos opusimos a esta ley porque entendíamos que estaba llena de prejuicios, de tópicos y que incorporaba al lenguaje jurídico presupuestario español un conjunto de falacias cuya contrastación empírica no aceptaron la mayor parte de los economistas con formación. La consolidación fiscal por muy importante y beneficiosa que fuera no era el único motor del desarrollo económico. El desarrollo presupuestario, que es un concepto que en otro tiempo tuvo alguna aceptación, no goza hoy del predicamento que adquirió en épocas anteriores, y la deuda es un instrumento de política económica que ha sido utilizado con profusión para posibilitar el desarrollo económico de muchos países y que depende de dos hechos: la calidad de los títulos y la confianza del emisor. Seguramente tiene todo el sentido del mundo que con estos dos criterios pensemos que una persona longeva no deba ni emitir ni adquirir títulos de esta característica; es más discutible esta posición si se refiere a cualquiera de nosotros y desde luego tiene todo el sentido del mundo que nuestros hijos adquieran posiciones de riesgo en el próximo futuro. Pues bien, ninguno de estos enfoques se admiten y el Gobierno del Partido Popular produce un intento de modificación al calor de unos acuerdos, que se adoptan en el seno del ámbito de la Unión Europea, limitando determinados instrumentos de política económica en aras de la estabilidad. La política monetaria se transfiere al Banco Central Europeo, pero no la política fiscal. Realmente, el Partido Popular renuncia a la política fiscal, produce una amputación que es más significativa en el mundo de las comunidades autónomas (como se podrá ver cuando se discuta la ley siguiente), pero que también es importante en lo que hace referencia al Estado y a sus organismos.
Nos encontramos con una ley que tiene su origen en una interpretación excesiva, exhaustiva, extremosa del pacto de estabilidad y crecimiento y que tiene por objetivo fundamental situar la actividad pública bajo unos criterios de equilibrio contable que resultan muy discutibles. Alguien decía, y no le faltaba razón, que el pacto era un mecanismo para filtrar el comportamiento de naciones con una economía escasamente ortodoxa, es decir, de gobiernos poco deseables.
El Gobierno del Partido Popular ha querido trasladar a la norma jurídica española de una manera extrema este tipo de planteamientos.
Lo ha hecho en un momento en el cual hay una polémica sobre el ámbito y la dimensión del sector público y nos hemos encontrado con que ha recurrido a un vaciamiento sistemático del presupuesto, situando entes, organismos, entidades y empresas fuera del control de la Cámara, con el fin de posibilitar una acción financiera que no esté sometida a la aprobación parlamentaria y a su control. Sobre esto se nos plantean tres cuestiones fundamentales. En qué medida esta ley cumple con tres facetas que consideramos importantes en cualquier política presupuestaria: con la función estabilizadora, con la función administrativa y permite el juego de las instituciones de aprobación y de control de los presupuestos y es capaz de

Página 8787


llevar a cabo una sana política de cohesión social. En ninguna de las tres esta ley nos satisface.
En lo que ha lugar a la función administrativa nunca mejor que en esta época cabe preguntarse qué tipo de estabilidad se pretende. ¿Se pretende única y exclusivamente la estabilidad de ese conjunto de agencias, de organismos y de entes que están desparramados por el conjunto del sector público en cualquier país desarrollado o, por el contrario, lo que se pretende es una estabilidad económica que haga que el PIB real en cada momento se aproxime bastante al PIB potencial, sin que se genere una serie importante de desequilibrios? Si se pretende un funcionamiento de esta naturaleza, habría que hacer algo más que estabilizar el presupuesto del Estado y, desde luego, habría que plantearse una política presupuestaria capaz de contribuir a la estabilidad conjunta de la economía. Este no es un objetivo que persiga esta ley; esta ley está preñada de las concepciones clásicas del presupuesto, con un sabor a equilibrio contable y con una intervención mínima por parte de los poderes públicos. Pero, además, ¿cuándo hay que buscar la estabilidad? Este es un problema resuelto para la literatura hace muchos años, resuelto por los keynesianos, que dicen que cuando hay poca actividad económica conviene cebar la bomba y que en los momentos en los que la economía funciona con un alto grado de crecimiento hay que producir un superávit. No solamente lo dicen los keynesianos, lo dicen los teóricos de la suavización fiscal, que entienden que los impuestos crean un conjunto de anomalías; y creando un conjunto de anomalías el señor Pérez Barrias y el señor Lucas han dicho que tiene sentido mantener la estabilidad de los tipos impositivos a lo largo del ciclo, con el fin de no acentuar esas distorsiones. Por lo tanto, el objetivo de una parte importante del pensamiento económico es el de producir un presupuesto cíclicamente ajustado, y este es un presupuesto que no responde a esta filosofía, porque busca la estabilidad contable incluso en momentos en que la economía flexiona. Cuando la economía flexiona es lógico y natural, como se está viendo en este momento en la realidad económica española, que los ingresos sean menos abundantes; siendo esto así la búsqueda del equilibrio contable se tiene que producir o bien por restricciones en el gasto o bien por incremento de los impuestos. En ese contexto, este tipo de leyes lo único que hacen es evitar el funcionamiento de los estabilizadores automáticos.


No voy a hablar, (a lo mejor después tendremos ocasión de hacerlo) de la naturaleza de este tipo de leyes. Las leyes de objetivo numérico están bastante desacreditadas en la literatura económica por lo que tienen de rígidas, de distorsionadoras, de complicadas, de burocráticas. Por lo tanto, no es la intención de mi grupo insistir en ese terreno. Sí quiero hacer alguna alusión a la función administrativa. Yo estoy convencido de que esta ley la incumplirá el Gobierno del Partido Popular, estoy absolutamente convencido. Yo estoy convencido de que el Gobierno del Partido Popular, si pudiera, en este momento no impulsaría la tramitación de esta ley. Esta es una iniciativa que obedece, insisto, a esa mentalidad conservadora, muy conservadora, que tiene el actual ministro de Hacienda y que encontró el aval del presidente del Gobierno. Este es un proyecto desgajado, desnortado que tiene poco que ver con la realidad que hay en este momento en Europa y fuera de ella. Hay algo que va a quedar de esta ley, que es un mecanismo de tramitación parlamentaria que va muy por encima de algunos de los principios filosóficos que inspiran el proyecto. Es un mecanismo que tiene su eje fundamental en los llamados escenarios presupuestarios, que adquieren una pátina de legalidad que no tenían en ejercicios anteriores, que deberían obligar a definir de una manera correcta los ingresos públicos. Desde luego, una vez que estén aprobados los escenarios presupuestarios va a ser muy difícil que entre el mes de mayo y el de octubre se puedan pintar unos ingresos porque ya lo impide el acuerdo que ha tomado inicialmente la Cámara y que establece toda una discusión en torno al gasto. Al respecto se me plantean dos cuestiones: ¿Esta ley sirve para hacer frente a la incompatibilidad que se produce en todas las democracias modernas cuando los ciudadanos quieren una parte importante de los programas de protección social, pero rechazan la suma global de esos programas de protección social y de esos programas de bienestar? Esta ley no resuelve esa incompatibilidad, y eso ha creado preocupación en mi grupo, pero también fuera de él.
A la vez que se tramitaba este proyecto de ley hemos asistido a un espectáculo un poco divertido, hemos visto la algarabía del Gobierno conservador anunciando un día tras otro un importante programa, casi siempre de inversiones. Considera que la mitología de la inversión sigue estando en la política española, considera que las inversiones cuelan mejor y anuncia programas de inversiones que, si se llevaran a cabo, producirían un efecto de desbordamiento del gasto público. Y mi pregunta es: ¿Por qué el señor Montoro trae esta ley aquí? ¿Qué es lo que hace que el señor Montoro en un determinado momento nos traiga un proyecto de ley de esta naturaleza? ¿Es que ha arrojado la toalla? ¿Es que entiende que la Oficina del presupuesto en España carece del poder y de la competencia suficiente para disciplinar el comportamiento de los ministros gastadores? ¿Es que puede entender en este momento que está reducido única y exclusivamente a la función -noble, por otra parte- de administrar macroeconómicamente la gestión presupuestaria, pero que carece del poder y de la importancia para ir analizando de una manera sensata, prudente partida a partida, programa a programa, ministerio a ministerio? A lo mejor resulta que el señor Montoro ha descubierto que en este momento hay un conjunto de organismos públicos que en esta sociedad se consideran dueños del presupuesto

Página 8788


y que a él lo único que le corresponde es la acumulación de este conjunto de demandas a lo largo del tiempo. Si fuera así, lo correcto y lo natural es que nos lo dijera y nos lo planteara políticamente.
No sé yo si le apoyaríamos o no, pero lo que no tiene sentido es que pretenda, a hurtadillas, adquirir un poder a costa de una infravaloración del circuito de representación política y del circuito de representación parlamentaria que se produce en esta Cámara.
En ese terreno hay algunos hechos de los que uno ha aprendido a lo largo de los últimos años. Una sociedad como la nuestra tiene que hacer algunas inversiones en conocimiento sobre la evolución y la marcha del ingreso y del gasto público. Una sociedad como la nuestra debe tener una oficina presupuestaria poderosa pero tiene que hacer esa inversión en consenso. Tiene que hacer una inversión en consenso político para producir este tipo de situaciones en las que no solamente hay que buscar el equilibrio en las cuentas públicas sino que hay que comprometer al conjunto de los agentes públicos en la búsqueda de un equilibrio global de la economía. Esta ley no busca desequilibrios sino que es el intento del Grupo Popular de externalizar su musculatura parlamentaria para llevar su ideología política al Boletín Oficial del Estado. Para terminar quisiera poner de relieve que eso se hace en unas circunstancias que ya he comentado. He hablado de la función estabilizadora y la función administrativa, pero también hay que hablar de la función de cohesión social que debe producirse en una programación presupuestaria que quiera ser rigurosa.
Nosotros hemos vivido unos años de extraordinaria bonanza económica en las que -ya lo he comentado muchas veces en la Comisión de Presupuestos pero lo vuelvo a decir aquí- el impulso del ciclo se ha traducido fundamentalmente en un caudal de ingreso público que ha sido capaz de financiar una serie importante de actividades. En ese contexto nos hemos encontrado con que algunos agentes son los que producen fundamentalmente esta situación de bonanza. Carece de sentido en una sociedad como la nuestra que sea la Seguridad Social la que aporte un caudal de recursos al conjunto de las administraciones públicas para producir el equilibrio. Eso se ve analizando las necesidades o las capacidades de financiación entre 1995 y el año 2000. En 1995 la Seguridad Social añadía déficit al déficit del resto de las administraciones públicas por una cantidad importante, 226.000 millones de pesetas, que representaban el 0,3 por ciento de la necesidad de financiación, es decir, era negativo. En el año 2000 las administraciones de la Seguridad Social aportan 499.000 millones de pesetas para equilibrar la situación financiera de las administraciones públicas. Es decir, se ha pasado de tener un déficit de menos 0,3 a tener un superávit de 0,5. Esto se ha hecho en unas circunstancias muy peculiares ,porque en una sociedad como la nuestra en la que hay 3 millones y medio de ciudadanos o de ciudadanas que tienen pensiones por debajo de 70.000 pesetas al mes nos hemos encontrado con que la Seguridad Social por las bajas prestaciones realizadas tiene superávit y que el Estado -permítamelo decir señor presidente- mete mano en la caja de la Seguridad Social, se apropia nada más y nada menos que de medio billón de pesetas de esos recursos, con el que equilibra el presupuesto de las administraciones públicas en el año 2000. Insisto en que el superávit generado por las administraciones de la Seguridad Social fue de 499.000 millones de pesetas y el déficit del Estado fue 560.000, lo que significa que prácticamente todo el déficit del Estado lo cubrió la Seguridad Social.
Aquí nos encontramos con una consolidación conservadora en la que el Grupo Popular no tiene inconveniente en reducir los niveles de tributación de los recursos que financia la actividad pública del Estado de una manera regresiva, sabiendo que las dificultades que crea en este agente del Estado las va a cubrir con el excedente que se genera en el conjunto de las administraciones de la Seguridad Social. Este es un indicativo muy importante de cuál es la filosofía política del Partido Popular y, honestamente, vuelve a poner de relieve algunos de los hechos que he señalado anteriormente. Los que diseñan la política del Grupo Popular han llegado a la conclusión de que el gasto público en esta sociedad es difícilmente financiable para ellos porque no están dispuestos a soportar el nivel de presión existente en esta sociedad, según la distribución por clases sociales. Para restaurar este equilibrio hay dos posibilidades: actuar sobre un bloque integrado por los servicios públicos y las prestaciones sociales o actuar sobre otro bloque integrado por la inversión pública y los impuestos. Su opción ha sido clara: llevar a cabo un trabajo sistemático que haga que el bloque de los servicios públicos y las prestaciones sociales esté sometido a tareas de contención y de recorte y que el bloque de la inversión pública esté sometido a una progresiva infradotación. Este es el país del orbe cristiano que menos dedica a inversión en infraestructuras, en I + D, en innovación, en educación, etcétera. Este es un país que en esta zona de la tierra ha querido hacer una apuesta claramente conservadora.
En materia de impuestos permítame que termine recordando a Paul Krugman, que es un buen economista. El decía no hace muchos meses en el New York Times que los Gobiernos tenían que comportarse como un honrado padre de familia, y tenía razón. Pero un honrado padre de familia era más honrado padre de familia cuando se preocupaba de la innovación, del desarrollo tecnológico, del equipamiento y de la infraestructura que cuando decidía dedicar sus excedentes al consumo o a la dolce vita. De alguna manera, señor presidente, esta ley le proporciona a este Gobierno conservador un envoltorio constitucional que nos lleva a una sociedad que a nosotros no nos gusta, que es una

Página 8789


sociedad atrasada tecnológicamente y en la que se sigue apostando por los bajos salarios, por la alta siniestralidad, por la pobre cualificación, todo ello unido a unos costes laborales que son impropios de una nación que quiere ser la octava, la novena o la décima potencia industrial del mundo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Voy a defender las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria. Estas enmiendas se pueden dividir en tres grandes bloques de carácter conceptual: unas, que son de carácter eminentemente técnico, que son importantes pero que fundamentalmente se refieren a la tramitación de los procedimientos administrativos en caso de infracción de los objetivos del pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea; otro grupo de enmiendas que son de carácter económico y un último bloque de enmiendas que hacen referencia a cuestiones de salvaguardia de las competencias de las comunidades autónomas.
Voy a desarrollar el contenido de estos tres bloques. La primera de las enmiendas a las que quiero hacer referencia específica es la número 144, que pertenece al primer grupo de los tres bloques a los que he hecho referencia. Se trata de lo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que es hacer una delimitación más concreta de los entes públicos que quedarían dentro del ámbito subjetivo de aplicación de esta ley, por remisión al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, en contraposición a la adición que emplea el artículo 2 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria.
La siguiente enmienda la número 145 es de carácter económico y corresponde al segundo bloque al que hacía referencia en mi intervención; en ella se propone que se permitan situaciones de déficit público como consecuencia de circunstancias de carácter meramente coyuntural al amparo del contenido del pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea.
La enmienda número 146 trata de introducir una modificación al artículo 7 de este proyecto de ley en el que se establece que corresponde al Gobierno velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y entendemos que no se puede dejar fuera al Consejo de Política Fiscal y Financiera por cuanto supone que las comunidades autónomas también tengan asumida esta alta responsabilidad de velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Es cierto que la salvaguarda de este contenido es el objetivo de esta enmienda, con esta adición u otra, y existe una amplia coincidencia con la enmienda número 160 del Grupo Parlamentario Popular.
En relación con la enmienda número 147, en la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria que en el proyecto de ley se asigna al Gobierno, a propuesta de los ministros de Economía y Hacienda, es necesario también dar cabida a las comunidades autónomas a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta enmienda tiene un cierto paralelismo con la número 162 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda 148 hace referencia al informe que la Intervención General de la Administración del Estado tiene que remitir al ministro de Hacienda, y éste al Gobierno, respecto al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Entendemos que esta información debe ser suministrada no sólo al Gobierno sino también al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, a las comunidades autónomas.
La 149 es una enmienda de tipo procedimental o técnico. Pensamos que cuando puedan derivarse responsabilidades sancionadoras para otras administraciones distintas de la del Estado, como consecuencia del incumplimiento del objetivo fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el Reino español, debe garantizarse, en el proceso de asunción de responsabilidad financiera al que hace referencia el artículo 11.1 de este proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, la debida audiencia al ámbito de la Administración que pueda considerarse en su caso y al final del procedimiento como causante de este incumplimiento de obligación financiera a la que acabo de hacer referencia.


Las siguientes enmiendas, de la 150 a la 153, se refieren a una de las cuestiones fundamentales, a juicio de mi grupo parlamentario, que es la necesidad de salvaguardar en cualquier caso, en todo el articulado de esta ley, de una forma más genérica y más concreta, la debida competencia de las comunidades autónomas que tengan asumidas competencias en materia de tutela financiera de las entidades locales. En el caso de Cataluña, así resulta del artículo 48 de su estatuto de autonomía, y lo mismo sucede con otras comunidades autónomas. Entendemos que una referencia a estas competencias de las comunidades autónomas en materia de autonomía financiera de las entidades locales, en una u otra formulación, es un objetivo importante y común a estas enmiendas, plasmado de distintas formas.
Bien sea en el proceso de reequilibrio, bien sea en la gestión de actos de carácter público, esta referencia a las competencias de las comunidades autónomas podía ser más general o podía ser más específica. En cualquier caso, esta referencia al ámbito competencial asumido en el marco de distribución de competencias, en los artículos 148 y 149 de la Constitución, debe figurar en el articulado de la ley de forma más profusa y más clara de lo que aparece en el proyecto de ley que estamos analizando en esta Comisión.
Las dos últimas enmiendas a las que quería hacer referencia son la 155 y la 156. La enmienda 155 se

Página 8790


refiere a la fundamentación constitucional que aparece en la disposición final segunda. La enmienda 156 se refiere a que la llamada al desarrollo reglamentario del articulado de este proyecto de ley son los reglamentos de carácter estatal. Nos parece que esto no refleja la asunción de competencias de las comunidades autónomas en materia de tutela financiera de las entidades locales.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, en unas recientísimas declaraciones, el ministro Montoro nos decía que esperaba que los grupos parlamentarios hiciésemos aportaciones interesantes a su proyecto de ley a fin de irlo mejorando. Él venía a decir que el objetivo último de estas futuras leyes era facilitar la prolongación del crecimiento, la creación de empleo, la atenuación de los efectos de los ciclos económicos, la garantía de la protección social y la contribución, mediante reducción de impuestos, a la potenciación de la iniciativa económica. Yo creía, señor presidente, señorías, que todo eso ya lo estaba consiguiendo el Gobierno del Partido Popular sin esta ley. Humildemente, entendiendo que todo esto ya lo estaban consiguiendo, no comprendo por qué para los presupuestos que se hagan a partir del año 2002, fecha en la que entrarían en vigor las leyes en cuestión, van a aplicar unas políticas que ya están haciendo sin necesidad de estos marcos legales. Mejor no meneallo. Si ustedes están tan convencidos de que ya están haciendo eso, para qué buscar unas leyes que pueden entorpecer en un momento determinado esa magnífica política que ustedes dicen que ya están desarrollando. ¿Para qué hacer una ley para llevar a cabo lo que ya están haciendo sin ella? Señorías -entiéndanse mis palabras-, la conmoción que han producido los actos terroristas no sólo ha afectado a muchos miles de vidas -lo que ya de por sí es tremendo-, no sólo ha afectado a las neuronas de determinados políticos economistas de los Estados Unidos -cosa además comprensible-, sino que también está afectando, como no podía ser menos, a muchas otras neuronas. Esta ley, si ha tenido alguna vez algún sentido, señorías, ha sido antes de ese trágico día 11. Después de ese día, posiblemente todos, no solamente el Gobierno, tengamos que revisar muchos de nuestros análisis y de nuestras propuestas económicas. Vivimos unos momentos de incertidumbre económica, de indiscutible peligro de recesión económica. La llamada del señor Bush al patriotismo de los inversores norteamericanos no ha servido nada más que para bajar medio punto el tipo de interés. Alguna prensa está diciendo que se ha parado el bajón, pero si es así, que venga Dios y lo vea. Esta ley estaba hecha sobre un ciclo económico expansivo, cuando ustedes habían llegado a alcanzar cifras billonarias en los ingresos por privatizaciones y cuando habían conseguido un aumento de recaudación -sobre la Seguridad Social suscribo las palabras de mi compañero del Grupo Socialista para no extenderme-. Esta ley podía servirles en esos momentos, pues incluso aunque ya vinieran haciendo esta política, podía darle un poquito más de inercia, pero de pronto todo eso ha cambiado. A partir de ahora, muy poco les queda por privatizar -no voy a hacer chistes sobre ese tema, aunque podría hacerlos-, no van a tener ese crecimiento de ingresos.
El señor Montoro, en los días inmediatamente posteriores a ese día tan lamentablemente sangriento, empezó a decir que había que revisar los presupuestos. Yo creo que habría que revisar no sólo los presupuestos, sino también esta ley, porque a partir de este momento -vuelvo a insistir- se va a entrar en un período de incertidumbre económica tremenda, en el que todos - y digo todos- tendremos que revisar muchos de nuestros planteamientos políticos. No se puede poner un corsé ortopédico a una realidad económica y política que va a estar cambiando por días y por horas. Por eso, señorías, en unos malos momentos, cuando lo que hay que hacer es un mayor canto a la participación, a la libertad y a la democracia, me extraña que se siga manteniendo una ley que es un freno a los ayuntamientos, es una injerencia tremenda en las comunidades autónomas y es un bozal que se pone al Congreso de los Diputados, así de claro. Para ello ustedes han tenido incluso que forzar los mecanismos reglamentarios y administrativos. Ustedes han tenido que huir de una ley de estabilidad, porque debido a la intervención del Consejo de Estado, hubieran tenido que tener mayoría cualificada -que sin duda la tienen- y eso hubiera obligado a una situación distinta. Decía el señor Montoro en su presentación que el peligro para esta ley eran la izquierda, los ayuntamientos y los municipios. No dispongo ahora mismo del número de votos que tienen la derecha y la izquierda; sin duda la derecha tiene más, pues tiene mayoría absoluta, pero no muchos más; en las comunidades autónomas, unos y otros están así así, y en los municipios habría que discutirlo. No estoy hablando aquí de eso, estoy diciendo lo que también ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que en estas cuestiones hay que ser mucho más delicado y buscar más el consenso. No podemos consentir que media España imponga a la otra media no ya un corsé sino determinadas políticas económicas; de eso nada. Que una de las dos Españas te imponga el corazón -no que te lo hiele- no se puede permitir. El corazón y la cartera va a imponer a partir de un momento determinado media España a la otra media. Por eso, nosotros hemos planteado una serie de enmiendas sobre una ley que ha perdido el marco, ha perdido el espacio político, económico y temporal. No voy a decir aquello de que

Página 8791


vamos a retirar las enmiendas porque la ley no tiene ninguna razón de ser, pero sí tendríamos que plantearnos que no la tienen muchas de estas cuestiones.
Cuando ustedes plantean su proyecto de ley, porque voy a utilizarlo para posicionarnos ante los dos, sin renunciar al otro turno de réplica, por si fuera menester utilizarlo torcidamente... (Rumores.-La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Qué sincero!) Para qué vamos a engañarnos a estas alturas de la vida. (Risas.) Decía que cuando ustedes plantean su proyecto de ley y están defendiendo el déficit cero, siempre hemos pensado que el señor Montoro y ustedes confundían el objetivo con los medios. El déficit cero en la estabilidad presupuestaria nunca ha sido un objetivo, en todo caso, es un medio para cumplir determinados objetivos. Por eso, frente a ese artículo 1 en el que ustedes planteaban el objeto del presente proyecto de ley, nosotros hemos presentado enmiendas en las que pedimos que la consecución de la estabilidad tenga como objetivo el desarrollo económico y social mediante una política de redistribución de rentas adecuadas, en el marco de la unión económica y monetaria y en virtud de las competencias del Estado respecto a las bases de coordinación.
Ese es el para qué, pero también hay que discutir el para quién, y sobre el artículo 6 nosotros también hemos planteado el para quién, porque al final estamos haciendo política no sabemos para quién y la política hay que hacerla para los ciudadanos y las ciudadanas, que son los que pagan y, al final, los que reciben. Las políticas de gasto público deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo, por supuesto; pero también, señorías, en nuestra opinión, deberá ejecutarse mediante una gestión adecuada a los recursos, orientada a cubrir las necesidades demandadas por los ciudadanos. ¿Cómo? Mediante ingresos públicos que deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y social de cada ciudadano, primando la imposición directa sobre la indirecta.
Para ello, al menos, se aumentará la tributación de la renta de capital para adecuarla a los principios que inspiran esta ley, al tiempo que se disminuirá el impuesto sobre el valor añadido para ciertos productos de primera necesidad.
Todo esto, señorías, nos coloca en una situación bastante compleja y ha dejado en el aire por completo, desgraciadamente, el proyecto de ley del señor Montoro; me hubiera gustado que se hubieran dado otras razones. Nosotros planteamos que, además de todo esto, se recurra (y espero que los grupos y los gobiernos autonómicos que tienen competencia para ello lo hagan) ante una situación que está dañando por completo toda la estructura del Estado. Señorías, hay una injerencia muy fuerte de la Administración central sobre ayuntamientos y autonomías. Las supuestas concesiones, que se hacen en las modificaciones que se llevan a cabo en la ley complementaria, a la estructura y al funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera son brindis al sol. Sigue siendo una clara injerencia, tanto en la ley como en los mecanismos.
Termino leyendo la sentencia 190/2000 del Tribunal Constitucional, que dice: En esta materia, el Estado está legitimado para adoptar medidas de ordenación y coordinación económica para el conjunto del territorio nacional, incidiendo incluso en sectores atribuidos a competencias de las comunidades autónomas, siempre y cuando no se produzca un vaciamiento de las competencias autonómicas, de modo que quede margen para que las comunidades articulen medidas normativas y para que puedan aplicarlas mediante la gestión administrativa competente.
Señorías, a pesar de la declaración del señor Montoro de que cómo se puede decir que él está metiendo mano en las comunidades autónomas si cada una de ellas podrá equilibrar el déficit como le dé la gana, tendrán que reconocer que, salvo que se dediquen al falseamiento o al maquillamiento presupuestario, son muy pocos los caminos que hay en una comunidad autónoma, con unos gastos corrientes, unos gastos de personal y una serie de compromisos consolidados, para llegar a ese déficit cero.
Nosotros, vuelvo a insistir, mostramos nuestro rechazo, global y particularmente, a los dos proyectos de ley que se traen hoy aquí.
Esperemos que el sentido común, de aquí al jueves, lleve al señor Montoro, al Gobierno, a retirar los proyectos, buscando los enclaves reglamentarios correspondientes.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, me gustaría que todos los presentes fuéramos plenamente conscientes -me consta que muchos de ustedes lo son por lo que han venido exponiendo hasta el momento- de que, en el trámite parlamentario de esta Comisión, la mayoría del Partido Popular va a dar un paso definitivo para imponer unos proyectos de ley que van a ser altamente perjudiciales para los ciudadanos y para el conjunto de las instituciones públicas del Estado. Desde el Grupo Vasco venimos criticando estos proyectos, tanto en público como en privado, en el debate de totalidad que se celebró en el mes de marzo y en las enmiendas que hoy trataré de defender (si se me permite, defenderé conjuntamente las de los dos proyectos de ley), pero parece que nuestras ideas y planteamientos caen en saco roto y no merecen la atención del Grupo Popular.
Me van a permitir que antes de empezar les haga una sugerencia y una recomendación a título personal. A mi juicio, estos proyectos no han podido ser concebidos por personas que tengan cierta formación económica. Por ello, dudo incluso que el señor Montoro sea el padre de las criaturas. (Rumores.) Más bien, me inclino a pensar en una mente jurídica y política un tanto

Página 8792


retorcida, tendente a creer que las leyes son para cumplirlas aun siendo absurdas y que lo que dice la ley va a misa. Les recomendaría a los economistas del Partido Popular que aconsejen y asesoren en estas materias a sus superiores del Gobierno para que después no tengan que defender ardorosamente un proyecto y atacar a una oposición que plantea cuestiones con las que ustedes, señores del Partido Popular, en el fondo, están plenamente de acuerdo.
Pueden aprobar, porque tienen mayoría absoluta, una ley por la que se prohíba beber refrescos en verano bajo multa de 1.000 euros. ¿Creen que por ser una ley va a ser cumplida? Pues estos proyectos son tan absurdos, desde el punto de vista económico, como lo de prohibir el consumo de refrescos en verano. No voy a entrar a argumentar con detalle la sinrazón de los proyectos de ley desde el punto de vista económico, jurídico y político, porque lo han hecho bastante bien los compañeros que me han precedido y ya lo defendimos, yo creo que de manera suficiente, en el debate de totalidad; ello fue el objeto de nuestro debate. Me voy a centrar básicamente en defender las enmiendas presentadas por nuestro grupo a estos proyectos, y no todas, porque ya están presentadas, sino aquellas que entendemos que son las más importantes.
A pesar de que creemos que lo mejor que les puede suceder a estos proyectos de ley de estabilidad presupuestaria es que no entren en vigor, desde el Grupo Vasco hemos presentado unas enmiendas con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, los efectos perversos que su aplicación pueda generar. En el citado debate de totalidad señalábamos, en primer lugar, que las leyes van dirigidas a imponer no un marco de estabilidad del que ya disfrutamos, sino una absurda prohibición de la propia existencia de la deuda pública; en segundo lugar, que los objetivos de los proyectos de ley no respondían en absoluto a los requerimientos europeos reflejados en el pacto de estabilidad y crecimiento; en tercer lugar, que estas leyes se entrometen en el ámbito competencial de las administraciones públicas, paralizando incluso la propia dinámica de la provisión de bienes públicos en todos los ámbitos territoriales y, en cuarto lugar, que esta ley básica es del todo innecesaria e inoportuna, tanto por el instrumento empleado como porque no contempla la especificidad de la bilateralidad que rige las relaciones económico- financieras entre el Estado y Euskadi. A través de las enmiendas que vamos a intentar defender pretendemos corregir la mayoría de estos efectos negativos que de su aplicación puedan derivarse.
Con relación al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, la enmienda número 85, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pretende sustituir la redacción del artículo 1 por el siguiente: «Constituye el objeto de la presente ley el establecimiento de los principios rectores y la determinación de los procedimientos necesarios para la coordinación de la política presupuestaria y la actividad financiera del sector público en orden a la consecución de la estabilidad y crecimiento económicos, en el marco de la unión económica y monetaria, de acuerdo con las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, constituido por la resolución del Consejo, de 17 de julio de 1997, el Reglamento (CE), número 1.466/1997, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas y el Reglamento (CE), número 1.467/1997, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.» Nuestro grupo entiende que el procedimiento que dicho pacto establece para garantizar el cumplimiento se aleja bien mucho de la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria. Sabemos que el ámbito de aplicación objetivo del proyecto pretende ir más allá de las exigencias del Tratado de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento instaurando de manera imperativa un principio general de equilibrio presupuestario en todas las administraciones más ambicioso que las restricciones a la política fiscal actualmente vigentes en la Unión Europea. Por el contrario, sería más acorde con los principios y fundamentalmente con las obligaciones derivadas de dicho pacto y con la organización territorial del Estado el establecimiento de mecanismos de coordinación de la política presupuestaria del sector público, sin perjuicio del reconocimiento formal de determinados principios que deban informar la actividad financiera de todas las administraciones públicas. Por último, la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria no puede ampararse en los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por cuanto dichos principios no tienen una formulación concreta. En todo caso, debería sujetarse a las obligaciones derivadas del mismo que se concretan en las normas comunitarias." Doy por defendidas las enmiendas 86, 87 y 88, tal y como aparecen en la justificación del texto que hemos presentado. La enmienda número 89 pretende corregir un tema que nos parece importante. El proyecto utiliza el método del calzador, el de meter de arriba abajo en cintura a todas las administraciones públicas. Es mucho mejor un método de abajo a arriba, un método más consensuado. Por tanto, proponemos modificar el artículo 7 del proyecto en el siguiente sentido: «Artículo 7. Establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.


1. En el primer trimestre de cada año, los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán establecer, de conformidad a sus normas reguladoras en materia presupuestaria y a los acuerdos de consolidación presupuestaria que a tales efectos se hayan formalizado, el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes.


Página 8793


2. En el mes siguiente, el Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Economía y Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público.
3. El acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de estabilidad, se remitirá a las Cortes Generales a los efectos de su debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes.» La disciplina presupuestaria que pretende aplicarse a todas las entidades del sector público con carácter general no puede realizarse por imposición, sino por adhesión. En este sentido, el empleo de mecanismos más participativos y menos coercitivos, la intervención de órganos de coordinación de la política presupuestaria y financiera y la búsqueda de fórmulas de consenso y autorregulación serían más respetuosos con la autonomía financiera de las distintas administraciones territoriales. A partir de la asunción de tales compromisos, en consecuencia, también debería corresponder a las diferentes administraciones territoriales adoptar las medidas normativas y administrativas pertinentes con la finalidad de lograr dichos objetivos. Esta es la esencia de esta enmienda.
Doy por defendida también las enmiendas números 90 y 91. Con relación a la enmienda número 92, con el texto que propone el Grupo Vasco se pretende que la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en el cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento sólo puede exigirse de las obligaciones establecidas por el Tratado de la Unión Europea y por dicho pacto y no del incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Ministerio de Hacienda o por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.


Además, la delimitación de la parte de responsabilidad que puede ser imputable a cada sujeto debe limitarse a su participación relativa en dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, de conformidad a las normas que constituyen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pueda atenderse a otras circunstancias excepcionales que reduzcan o incluso eliminen dicha responsabilidad.
Doy por defendidas las enmiendas números 93 y 94 en los términos en los que están redactadas. Por lo que se refiere a la 95, se pretende sustituir la redacción del artículo 20 por la siguiente: «1. El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público de las entidades locales se fijará en el marco de los acuerdos de consolidación presupuestaria que a tales efectos se formalicen.
2. La Comisión Nacional de Administración Local actuará como órgano de coordinación entre la Administración del Estado y las entidades locales respecto de las materias comprendidas en esta ley.» La justificación es evidente. La disciplina presupuestaria que pretende aplicarse a todas las entidades locales en su conjunto, no puede realizarse por imposición, sino por adhesión. En este sentido, el empleo de mecanismos más participativos y menos coercitivos, la intervención de órganos de coordinación de la política presupuestaria y financiera y la búsqueda de fórmulas de consenso serían más respetuosos con la autonomía de dichas entidades. Me pregunto, ¿qué sistema burocrático- administrativo va a ser capaz de actuar eficazmente en este sentido? Será la praxis la que nos dirá que esto es algo inviable, pero hoy no toca esto y esperemos que no toque en el futuro tampoco.
En cuanto a la enmienda 96, proponemos modificar el artículo 21 en el siguiente sentido: «El Ministerio de Hacienda, así como, en su caso, el órgano competente de la comunidad autónoma, a los efectos de la supervisión del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, podrá recabar de las entidades locales la información que permita la medición del grado de realización del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, establecido por el Reglamento (CE) 223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996.» Es esta una redacción más acorde con la delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que tengan atribuida en sus estatutos competencia en esta materia. Por otro lado, la labor del Ministerio de Hacienda y de los órganos competentes de las comunidades autónomas debe limitarse a la supervisión del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y no a su fiscalización.
Doy por defendidas las enmiendas 97, 98 y 99 en los términos en los que están, al igual que la 100 y la 101. Voy a defender, porque es importante, la 102. Hace referencia a una nueva disposición adicional que propone el Grupo Vasco, referente a los territorios forales. En el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria falta una disposición. Entendemos que quizá pueda ser un error porque en principio iba a haber sólo un proyecto y luego se desdobló en dos. A nuestro juicio, es necesario incorporar esta nueva disposición adicional. Las disposiciones de la presente ley, diría esta disposición, se aplicarán sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.
Los territorios históricos forales conservan un régimen especial en materia económico-financiera en lo que se refiere a su propia naturaleza de órganos forales, incluyendo su tradicional tutela sobre las entidades locales. Más en concreto y en lo que se refiere a los territorios históricos que actualmente forman parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es tradicionalel reconocimiento que las distintas leyes de nuestro

Página 8794


ordenamiento jurídico han venido prestando a esas especialidades, como ocurre, por ejemplo, en la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la disposición adicional decimoctava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, así como en el propio concierto económico.
Con el ánimo de continuar por el mismo camino exigido por la especialidad foral, habría que incluir en esta ley una disposición del tenor de la que se propone. La necesidad de adaptar la ley a las especialidades forales ha sido reconocida por el propio Consejo de Estado en su informe relativo al anteproyecto del que esta ley trae causa y por el propio Gobierno, que ha incluido una disposición final hermana de ésta en el proyecto de ley orgánica complementaria a esta ley.
Dado que finalmente el anteproyecto originario se fraccionó en dos, como he comentado antes, uno ordinario y otro orgánico, es verosímil pensar que el Gobierno deseaba incluir sendas cláusulas de salvaguarda foral en ambos proyectos, pero, seguramente por olvido, el Gobierno incluyó una cláusula de este tipo en uno de los proyectos exclusivamente. Es por ello por lo que esta iniciativa que presentamos pretende precisamente corregir este error, introduciendo una enmienda técnica que incluye una cláusula general de salvaguarda de las especialidades forales en el proyecto de ley ordinaria, en la misma línea de la intención protectora de las mismas que figura en el otro proyecto de ley, el de la ley orgánica, retocando ligeramente su texto, que de lo contrario podría resultar un tanto confuso.


La última enmienda que voy a defender del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria es la número 103, por la que nuestro grupo propone adicionar una disposición final en el siguiente sentido: «En el plazo de seis meses, a partir de la publicación de esta ley, la Administración del Estado y las entidades locales acordarán, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, el procedimiento a aplicar para la corrección de déficit excesivos y la delimitación de la responsabilidad de las mismas en el caso de un hipotético incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.» Cuando se aprobó en el año 1997 el Programa de Convergencia, el Gobierno del Estado proclamaba, con respecto a las haciendas territoriales, que habían establecido los procedimientos necesarios para el ajuste de la política presupuestaria a los objetivos establecidos en dicho programa mediante la consecución de un pacto interno de estabilidad, con el compromiso de diseñar un procedimiento de déficit excesivos y de negociar unos escenarios de consolidación presupuestaria acordes con dicho Programa de Convergencia. Por tanto, el compromiso asumido en su día por las administraciones territoriales se ceñía a la negociación de unos escenarios de consolidación presupuestaria, lo que se ha hecho y con bastante éxito, y a diseñar un procedimiento de déficit excesivos a nivel interno, siguiendo el modelo de la Unión Europea.
Si se quiere aplicar en nuestro ámbito interno la normativa europea que rige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, este proyecto de ley debería limitarse a establecer las normas mínimas que permitan la coordinación y supervisión de la política presupuestaria y de la actividad financiera de las administraciones públicas, en orden a la consecución de los objetivos perseguidos por dicho pacto y, en su caso, a configurar un procedimiento que evite los déficit excesivos en el ámbito interno y delimite asimismo la responsabilidad de los diferentes sujetos del sector público en el caso de un hipotético incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, procedimiento que en cualquier caso deberá ser fruto de acuerdo y consenso entre dichos sujetos en el seno de los órganos de coordinación existentes en la actualidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Paso a defender las enmiendas presentadas por mi grupo al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria.
Los comentarios sobre la posición de mi grupo en lo que se refiere a este proyecto de ley ya han sido realizados con anterioridad por el portavoz de esta Comisión y el portavoz de mi grupo en el debate de la totalidad realizado en el Pleno y, por tanto, me voy a centrar exclusivamente en la defensa de las enmiendas que hemos presentado.
La primera de las enmiendas, referida al artículo 6.2, habla de que deben ser valoradas las repercusiones y los efectos de todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias, o bien actos administrativos, contratos, etcétera, que los sujetos a este proyecto de ley puedan realizar y que afecten, por tanto, a gasto público, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria. Nosotros planteamos añadir un párrafo que diga: «Esta valoración será especialmente importante cuando se trate de decisiones administrativas en un ámbito de la Administración distinto del que ha de afrontar el gasto público que de ellas se derive».
Entendemos que en el contexto de principios estrictos, como es el caso de la estabilidad presupuestaria, hay que garantizar la atribución de responsabilidades entre las diferentes administraciones. Entendemos que ha de haber una exquisita consecuencia con esta ley presupuestaria desde la Administración del Estado hacia las administraciones autonómicas y por supuesto también desde ambas hacia las administraciones locales. No deben, por tanto, tomarse decisiones que produzcan

Página 8795


aumento de gastos en diferido hacia otras administraciones diferentes a la que está tomando la decisión en este caso, y con frecuencia a veces de tipo legislativo, si éstas ocasionan gastos que no han sido debidamente presupuestados, en coherencia, por consiguiente, con el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.


En este sentido, creemos que las decisiones de los gobiernos autonómicos, del Estado y de los propios parlamentos de alguna forma tienen que supeditarse después de la aprobación de esta ley, a priorizar y a tamizar desde este punto de vista las decisiones de carácter legislativo que tengan consecuencias presupuestarias. Si hablamos de responsabilidad entre las administraciones, ha de hablarse también de corresponsabilidad, y ésta ha de ser recíproca, tanto en la correcta ejecución de los presupuestos como en los desarrollos legislativos que impactan directamente en los mismos.
Tenemos ejemplos diversos: cuando se está hablando de aspectos de legislación base, que son competencia del Estado, de prestaciones, cuya gestión y gasto presupuestario están transferidos a las comunidades autónomas; cuando estamos hablando, por ejemplo, de servicios sociales, de sanidad -el catálogo de prestaciones es una competencia básica del Estado-, de la legislación básica sobre medicamentos, etcétra. Con frecuencia, si no todos los días sí a lo largo del mes, se toma la decisión de incluir nuevos medicamentos dentro de las prestaciones de medicamentos financiados por el sistema, y creo que habrá que reforzar la valoración, con participación de las comunidades autónomas, de los costes y beneficios que implican esta y otras prestaciones, y sobre todo si está acomodado correctamente el impacto presupuestario que genera con los presupuestos existentes. También podemos citar otro ejemplo, como la conocida ley del menor, que también ha tenido un impacto presupuestario.
La enmienda al artículo 7.2 hace referencia a que corresponde al Gobierno de la nación velar por el principio de estabilidad, etcétera. Planteamos incluir, como también con diferente redacción plantea una enmienda del Grupo Popular y otra que de Convergència i Unió, cuyo portavoz se ha referido también a ella, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en coherencia con el resto del texto de esta ley y de la ley orgánica que se discutirá posteriormente, y porque parece una competencia propia del Consejo. Creemos que no debe quedar sustraída en esta ley su participación en este tema, e incluso en coherencia con la responsabilidad que se les pide tanto a la Administración del Estado como a las comunidades autónomas éstas deben participar en asumir dichas responsabilidades. Es importante, desde este punto de vista, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se erija como garante, haya una participación y se dé cabida a las comunidades autónomas. Creemos probable que se pueda llegar a una enmienda transaccional con respecto a este punto.
Otra de las enmiendas que presentamos es la relativa al artículo 20.
En este capítulo tercero en el que hablamos del equilibrio presupuestario de las entidades locales solicitamos que se incluya un nuevo artículo que tenga el siguiente título: saldo de liquidación presupuestaria. El texto dice: En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de las entidades locales, así como los entes y organismos autónomos públicos dependientes de aquélla se sitúe en una posición de superávit éste se podrá aplicar a financiar el presupuesto de gastos de inversión del ejercicio siguiente o a reducir su endeudamiento neto. Es importante posibilitar la aplicación del superávit presupuestario en el ámbito local. Han de buscarse mecanismos de incentivación -éste puede ser uno de ellos- que premien la gestión y el esfuerzo de las entidades que tienen un menor grado de endeudamiento y de búsqueda de nuevas eficiencias; y hay que soslayar futuras necesidades de crecimientos presupuestarios debido a inversiones que puedan producirse, o reducir los endeudamientos.
A artículo 24, que tiene cuatro puntos, presentamos una enmienda que pretende incluir otro punto que diga: El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas articularán los instrumentos de colaboración precisos para el intercambio de información de naturaleza presupuestaria y financiera relativa a las entidades locales.
Recordamos que el citado artículo 24 hace referencia a la central de información que propone el presente proyecto de ley. Estimamos necesaria esta medida para agilizar las competencias de tutela financiera de aquellas comunidades que las están ejerciendo como tal.
De incorporarse al texto ayudaría a simplificar y racionalizar el suministro de información de las entidades locales hacia el resto de las administraciones. Entendemos que debe de haber una coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas a la hora de suministrar la información que van a requerir a las administraciones locales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas de los grupos de Esquerrra Republicana, Eusko Alkartasuna e Iniciativa per Catalunya.
Cuando se debatieron las dos leyes de estabilidad presupuestaria, en junio del año 2001, el Bloque Nacionalista Galego hizo hincapié en tres criterios que, después del debate parlamentario en Comisión y de la actitud del grupo que apoya al Gobierno, quedan cada vez más claros En primer lugar, ambos proyectos de ley no están justificados por un mal funcionamiento de los llamados escenarios de consolidación presupuestaria, que han tenido un seguimiento casi generalizado por todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, ni tampoco urgen por mayores exigencias comunitarias. En

Página 8796


segundo lugar, el principio de estabilidad presupuestaria es una invención ex novo del Gobierno que no aparece recogida en la Constitución española, que sí habla de la estabilidad económica y del pleno empleo como principios informadores del sistema económico. La Constitución obliga a todos los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica, cosa que no contempla ninguno de los dos proyectos de ley. En tercer lugar, el verdadero objetivo del proyecto de ley es el control y la tutela efectiva de todas las administraciones territoriales por el Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, convirtiendo el Estado de las autonomías en un mero proceso de descentralización administrativa.
El Gobierno se empeña en conseguirlo esto con el pretexto de la estabilidad presupuestaria. A la Ley General de Estabilidad Presupuestaria hemos presentado 34 enmiendas. Voy a hacer sólo alusión a seis porque todas las demás son concurrentes. En concreto, hay cinco al artículo 3, que nos parece nuclear para esclarecer nuestra posición en esta ley. Pretendemos que se sustituya el título por el siguiente: proyecto de ley general de equilibrio presupuestario, con lo cual de evitarían posibles interpretaciones erróneas de la palabra estabilidad, como podría ser la de un presupuesto tendente hacia un estado estacionario de la economía; permite subsanar la identidad falaz entre estabilidad económica y equilibrio de los presupuestos públicos contenida en el proyecto de ley; recoge fielmente la que debería de ser la verdadera intención del proyecto, y, por último, permite la utilización de un término inequívoco, ampliamente conocido y acuñado en los manuales de Hacienda pública.
Estimamos que había que utilizar el principio de equilibrio presupuestario, de ahí nuestra enmienda número 2 al artículo 3, que propone sustituir el título de este artículo por el de «principio de equilibrio presupuestario», que responde mejor al verdadero contenido de este artículo por los motivos que ya expresamos. Al artículo 3 presentamos una enmienda de modificación que propone sustituir el texto del punto 1 por que consideramos necesario establecer el equilibrio presupuestario como un objetivo a medio plazo que se derivaría de los acuerdos a que el Gobierno central pudiese llegar con los ejecutivos autonómicos. Es fundamental que sean acuerdos y coordinación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en función de la realidad económica de cada comunidad, de su situación actual y de sus necesidades de desarrollo para converger con las demás comunidades del Estado español y con la Unión Europea, lo cual se deriva de los principios constitucionales de estabilidad económica. Con estos proyectos de ley -en concreto con éste que estamos debatiendo- se les crea una dificultad añadida a estas regiones que no alcanzan una convergencia con las demás comunidades del Estado español y con la Unión Europea para que puedan utilizar los presupuestos en esta dirección. Al artículo 3 hay otras dos enmiendas en las que, en congruencia con lo que venimos defendiendo, se propone que no se introduzca el principio de estabilidad presupuestaria que consideramos erróneo. La última enmienda al artículo 3 pretende sustituir el texto del punto 3 por otro en el que, en congruencia con nuestras enmiendas anteriores, proponemos sustituir la expresión «estabilidad presupuestaria» por «equilibrio presupuestario», que consideramos más acertada. También proponemos la supresión del resto del texto de este punto 3 a partir de «equilibrio financiero», porque prejuzga la existencia de pérdidas en todo el sector público empresarial, como si este resultado fuese inherente a la naturaleza pública de la empresa, lo cual, además de ser falaz, no se ajusta a la publicidad que el Gobierno realiza para la privatización de algunas empresas públicas. Asimismo, tenemos dos enmiendas al artículo 6, una de ellas habla del principio constitucional de estabilidad económica que consideramos más amplio y que en determinadas situaciones puede ser contradictorio con el del equilibrio presupuestario, por lo que sustituimos la expresión «del objetivo de estabilidad presupuestaria». El resto de nuestras modificaciones está en consonancia con este espíritu que nos anima.
Para acabar, queremos hacer referencia a dos enmiendas. En la relativa al artículo 11, proponemos suprimir íntegramente este artículo porque consideramos que no se puede hacer responsable a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de compromisos de los que no han sido partícipes ni en su definición, ni en su asunción por parte del Gobierno central, ni en los mecanismos previstos para su ejecución en este proyecto de ley. En la enmienda. al artículo 15 pedimos la supresión de la expresión «por importe del 2 por ciento del citado límite». Consideramos innecesario establecer este porcentaje fijo del gasto total para el volumen del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, que por su propia naturaleza deberá ajustarse a la coyuntura anual.
En definitiva, señorías, se puede ir a una ley de equilibrio presupuestario que no contradiga la necesidad de las comunidades autónomas de competencias plenas, de suficiencia financiera de las corporaciones locales; una ley hecha que parta del criterio de una coordinación eficaz y unos planes plurianuales en los que participemos todos conforme al espíritu constitucional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Quiero hacer una reflexión sobre el contexto, sobre el momento en que toca tramitar las enmiendas a este proyecto de ley. En esta vida, las cosas van a tal velocidad que seguramente

Página 8797


hace seis meses o, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, hace ocho días no pensábamos igual que hoy. Los ciclos económicos que todos conocemos tienen unos tempus, unas tendencias y la vida hace que cambien. Mi reflexión es sobre si en este momento de la economía española, europea, del mundo, procede autoflagelarnos con un instrumento rígido cuando lo que no se necesita es rigidez; si procede que seamos más papistas que el Papa y apretemos dos vueltas de tuerca ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Europa. En un momento en que Italia, Francia y Alemania están pidiendo una moratoria para aplicar ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento porque les parece que en el 2003 todavía es un riesgo el margen que da ese pacto -un 3 por ciento del PIB-, cuando estos países están hablando de que en el 2003 quisieran un poquito más de flexibilidad aquí cerramos esa posibilidad y no admitimos siquiera ese margen del 3 por ciento del PIB, sino el cero, la rigidez, la matemática.
En un momento en que los países se mueven diagnosticando su economía entre políticas hacia el crecimiento y el empleo, hacia la estabilidad y el control de la inflación, convendría que diagnosticáramos bien al enfermo y supiéramos si aquí, en España -en mi caso, en Andalucía-, el problema grave que tenemos es de crecimiento y empleo o de estabilidad y de déficit. Hay quienes apuestan por políticas de crecimiento y empleo y, por tanto, necesitan realizar políticas cíclicas contra las tendencias, los gobiernos no pueden evitar que la recesión económica haga que descienda el movimiento económico, el consumo, el empleo, la producción - ahí está lo que han hecho los Estados Unidos en el último momento: bajar los tipos de interés para que crezca la demanda interna-, mientras que otros países vamos por otra dirección. Yo me temo, señorías, que estamos haciendo nuestra propia cárcel, que estamos amarrando los cabos de las velas para no poder maniobrar más, venga el viento de donde venga. A mí me parece bueno que se amarren las velas en un momento dado, pero que en otro momento se aflojen, se estiren, se quiten y se recojan. Hasta qué punto nos tenemos que dotar de esta especie de paradigma que hemos construido, que, por otro lado, todos perseguimos; no creo que haya nadie que vaya contra la estabilidad presupuestaria. Me parece que es un instrumento razonable, pero no con la rigidez que aquí se contempla, maniatando las políticas económicas públicas de manera tan estricta como está en la ley.
Los andalucistas hemos presentado enmiendas, tanto al concepto de equilibrio, de forma que se pueda ajustar el ciclo económico, como al margen que establece el Pacto de Estabilidad, ese 3 por ciento del PIB. Los distintos gobiernos tienen que hacer unas políticas más de déficit en épocas depresivas y de superávit en épocas expansivas; es decir, ajustadas a los ciclos expansivos o depresivos y no políticas quietas. Por otra parte, ni siquiera serían políticas anuales; la propia ley tiene un artículo cíclico, de tres años. ¿Por qué no establecemos los pactos de estabilidad en ese tiempo? ¿Por qué tienen que ser año a año? ¿Por qué no ajustamos esa estabilidad cada ciclo económico, lo que tendría mucha más lógica? Señorías, cometemos un serio error, y ahora hablaremos de lo que hay detrás. Lo dicho es respecto al instrumento, que nos quita capacidad de maniobra, pero detrás hay otra cuestión: cómo se engarza este instrumento en el modelo de Estado, si se engarza de una forma fácil y todos estamos de acuerdo o dentro de la tendencia de involución autonómica que vivimos, de un concepto de Estado absolutamente jerarquizado, donde el Estado es en realidad la Administración central mientras que a las otras administraciones conviene tutelarlas, no vaya a ser que hagan desmanes; conviene controlarlas, verlas, cuando eso no se corresponde con la situación en que están ahora mismo las economías, en general, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En este Estado de las autonomías hay que dar el sitio constitucional que le corresponde al Consejo Nacional de Política Fiscal y Financiera, al Consejo Nacional de Administración Local y que cada palo aguante su vela, que cada órgano vea cómo establece sus criterios, su planificación y qué envía al Parlamento para que cuando aquí aprobemos los Presupuestos Generales del Estado sepamos lo que piensa cada órgano y no, unidireccionalmente, lo que piensa uno de los órganos, el ministerio, fijando las condiciones al resto de los órganos.
No es necesario leer las enmiendas que presentan los andalucistas porque las conocen ustedes, se refieren a que no estamos de acuerdo con un instrumento rígido en un momento de recesión, en un momento en que, como digo, los países centroeuropeos piden moratoria. En Alemania es el primer año en que está aumentando el paro y los países que ven que aumenta el paro no quieren tener las manos amarradas y no producir determinados planes de inversión que, aunque produzcan un déficit controlado, mueven la economía y hacen que crezca el empleo.
Hacemos mal con este instrumento de rigidez.
Segunda cuestión. Haríamos bien en incorporar en enmiendas transaccionales el papel que corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos respecto a sus propios presupuestos y no dar rigidez a algunas cuestiones. Hay problemas de burocratización al necesitar permisos para las operaciones de deuda, de crédito; los aspectos de tesorería son muy importantes en los ayuntamientos y el requerir mayores autorizaciones para todas las operaciones de crédito va a anquilosar mucho más la maquinaria municipal de funcionamiento financiero.
Queda dicha la filosofía, quedan expresadas las enmiendas y no tengo nada más que aclarar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


Página 8798


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo parte de una posición intelectual radicalmente distinta a la de algunos otros grupos políticos que han intervenido antes de este portavoz. No me refiero a una posición intelectual de carácter político, sino en el estricto sentido. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la ley orgánica que la complementa no son normas que traten de atajar situaciones de carácter coyuntural, sino que tienen una concepción radicalmente estructural. De ahí la diferencia en cuanto a la posición intelectual de lo que nuestro grupo considera que es una ley que pretende operar un cambio de mentalidad y de funcionamiento en la Administración pública en España. Se trata de introducir a través de una ley una obligación que se establece en la Constitución española; el Estado y el Gobierno no pueden ni deben abdicar de una obligación que se establece constitucionalmente para el Gobierno de España. En el artículo 149.1.13 de la Constitución -lamento ser el único que hace referencia al texto constitucional, pero estamos hablando de una ley orgánica y de una ley ordinaria que hacen referencia a materias relacionadas con el título VIII de la Constitución- se dice que el Estado tiene competencia exclusiva en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Al mismo tiempo, el artículo 149.1.18 de la Constitución señala: «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funciones que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas...» Y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas también establece que es el Estado quien debe garantizar, en términos de igualdad y de suficiencia financiera para las comunidades autónomas, criterios como los que se tocan en las leyes de estabilidad presupuestaria. Partimos de una posición intelectual diferente a la de otros grupos, si bien es cierto que si no de todos, sí de la mayoría de los que han intervenido en el día de hoy.
Insisto, la Ley de estabilidad presupuestaria y la orgánica que la complementa pretenden operar un cambio en la forma en que las administraciones públicas entienden que deben funcionar con sus presupuestos y con los gastos públicos y los ingresos que reciben de sus ciudadanos. El Grupo Parlamentario Popular considera que la única manera de fortalecer la economía española es seguir fortaleciendo las administraciones públicas y precisamente por tener carácter estructural, poder atajar momentos en los que la economía española pueda estar necesitada de empujes de la Administración pública porque haya encontrado márgenes de maniobra dentro de sus finanzas; márgenes de maniobra que se verían imposibilitados si lo que se establece no es ese cambio de mentalidad en la Administración española. Durante muchos años hemos vivido la seducción que tiene el déficit para las administraciones públicas, que ha hecho extraordinariamente difícil que desde 1996 hasta hoy el déficit del Estado haya pasado del 7 por ciento del PIB a la situación de rigor presupuestario en la que estamos. Esto no ocurre porque sí ni de manera casual, sino que estas dos leyes tienen que ver con otra serie de leyes de modificación del carácter estructural de nuestra economía y de la posición financiera del Estado respecto a las comunidades autónomas y las entidades locales que ya comenzó con la Ley de disciplina presupuestaria, empezando por el propio Estado. La ley trata fundamentalmente de equilibrar, a través de elementos de corresponsabilidad fiscal, esa obligación que tiene España respecto de la unión económica y monetaria. Se ha hablado mucho del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero se ha hablado menos del Tratado de Amsterdam y menos aún del Consejo de Santa María de Feira, donde los Estados se comprometieron -España también se comprometió- a ir más allá, en la medida que fuera posible, en los pactos de estabilidad y crecimiento de modo que, como dicen las conclusiones del Consejo, se pudieran obtener márgenes de maniobra con relación a variables que puedan producirse en el desenvolvimiento económico de la Unión Europea.
Esto, en lo que para nosotros tiene de estructural la ley. Entiendo que la aprobación de leyes tiene para los grupos políticos sólo una virtualidad coyuntural a fin de atajar problemas coyunturales que se puedan poner de manifiesto en un momento concreto de la vida pública en España, y si no se supera esa posición intelectual será muy difícil considerar que esto tiene una finalidad más allá del texto de las dos leyes de estabilidad presupuestaria. Nuestro grupo entiende la resistencia al equilibrio presupuestario, a la estabilidad presupuestaria tal y como aparece en la ley; entiende la resistencia que puede haber a que España se comprometa de forma eficaz con el Tratado de Amsterdam y con las conclusiones del consejo de Santa María de Feira; entiende las resistencias de muchos grupos políticos a la forma en que se determinan las dos leyes y aquella con la que se ha de visualizar por parte de las administraciones públicas la consecución del equilibrio presupuestario, pero es una posición que a España le ha ido bien. Se hablaba de si estas leyes contribuyen o no a políticas de crecimiento y empleo. Decididamente, sí. Habrá que otorgar un voto de confianza a un Gobierno que ha puesto en manos de los españoles precisamente eso, políticas de crecimiento y de aumento del empleo. Es una realidad incontestable al día de hoy, nadie la contesta salvo que se quiera hacer un ejercicio vacío de ceguera política. El Grupo popular quiere apuntalar esa realidad estableciendo esta posición intelectual respecto a la ley.
Hay otro pronunciamiento que hace aún más difícil que algún grupo parlamentario acepte como buena la ley y hace aparecer congruente la presentación de enmiendas a la totalidad. Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido secundado por algún otro portavoz, si partimos de una

Página 8799


concepción keynesiana del presupuesto, de que el presupuesto tiene que operar de forma anticíclica, es difícil pensar que en un momento como el que vive el mundo en estos días haya que presentar una ley de este carácter. Pero si se está en una posición diferente del viejo concepto keynesiano de lo que debe hacer un presupuesto, de cebar la bomba a la que se refería el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se parte también de una concepción distinta de qué es lo que debe hacer el presupuesto en términos de concepción cíclica/ anticíclica de los presupuestos de las administraciones públicas.
Nosotros creemos sinceramente que la concepción a la que hacía referencia el Grupo Parlamentario Socialista está visiblemente superada. Lamento que no se haga referencia a tratados en los que España ha estado presente y a los que ha vinculado su opción política, como el tantas veces repetido Consejo de Santa María de Feira. Las políticas anticíclicas no han demostrado tener efectos positivos para las economías europeas sino todo lo contrario.
Lo que puede provocar la existencia de márgenes de maniobra es precisamente resistirse a la seducción del déficit a fin de parapetarse en momentos difíciles de la economía. Lo cierto y verdad es que la economía española ha resistido embates que se le proponían desde fuera de nuestro país en mejores circunstancias que muchos países a los que hacía referencia algún otro portavoz. Aunque es difícil traerlo ahora a la memoria, quiero recordar que el mundo vivió una convulsión financiera en el año 1998 que produjo que algunos países tuvieran en mente parámetros cercanos a la recesión económica con ocasión de lo vivido en Oriente, en Corea y en las bolsas de Tokio hace nada más que cuatro años, convulsión que la economía española supo superar de manera bastante más sólida que algunas otras economías. No me atrevo ahora a predicar de las políticas que el Gobierno español llevó a cabo en aquella época para resistir del mejor modo los embates de aquella convulsión de carácter económico-financiero, pero lo cierto es que resistió mejor que otras economías. Al menos, acéptese intelectualmente la posibilidad de que algunas de las medidas implementadas desde el año 1995, como, por ejemplo, las restricciones en materia financiera de los presupuestos a partir de la Ley de disciplina presupuestaria de los presupuestos y las leyes de presupuestos siguientes, han podido operar algún beneficio en nuestra economía. Más allá del carácter estructural de estas leyes, nuestro grupo considera que las posiciones de los presupuestos públicos de carácter anticíclico no han dado buenos resultados a las economías europeas y, sin embargo, en la posición que mantiene actualmente el Gobierno de España las políticas de crecimiento de nuestra economía quedan suficientemente acreditadas. Y del crecimiento del empleo, ¡qué les voy a decir a decir a ustedes! Se preguntaba el señor Fernández Marugán qué tipo de estabilidad es la que se predica en las leyes de estabilidad presupuestaria.
Pues de todo el sector público. Porque lo que se busca es precisamente la corresponsabilidad de toda la Administración pública es por lo que se hacen invocaciones a la estabilidad presupuestaria, no sólo de la Administración del Estado, como ya se hizo con ocasión de las primeras leyes de la legislatura anterior, sino también de las comunidades autónomas y las entidades locales, es decir, de todo el sector público incluido aquello que dice el Grupo Parlamentario Socialista que no está incluido, aunque yo aprecio cierta equivocación en la interpretación del ámbito subjetivo de la Ley de estabilidad presupuestaria; está incluido todo el sector público de conformidad con el sistema europeo de cuentas. ¿Por qué este proyecto en este momento? Porque más que nunca, lo que quiere el Partido Popular es acreditar que el equilibrio presupuestario se predica con la introducción en el sistema legislativo español de preceptos como éste. Porque creemos firmemente que el equilibrio presupuestario, se debe perseguir como garantía de la fortaleza de nuestro sistema financiero y del sistema público de pensiones, entre otras cosas.
Hablaba el señor Fernández Marugán de que se introducían elementos de regresión social en las leyes aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en los últimos años. Quiero insistir, porque es algo invocado permanentemente por el Grupo Parlamentario Socialista, en que no hay mejor política social que la que genera empleo. Es evidente que la sociedad española está generando empleo y no se puede admitir de ninguna manera que el superávit que en estos momentos tiene España en materia de Seguridad Social se debe a las bajas prestaciones. Sería tanto como obviar algo evidente: que el superávit del sistema de la Seguridad Social se opera fundamentalmente por el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social y por la reducción del fraude en el sistema de Seguridad Social. Intuyo demasiadas invocaciones a interpretaciones que se corresponden poco con la realidad.
Llama la atención que los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, con el discurso que ha hecho su portavoz, no dedique ni un solo minuto a hablar de sus enmiendas, hecho que viene siendo habitual en el citado grupo. Da la sensación de que dentro del Grupo Parlamentario Socialista está quien prepara las enmiendas y después son otros los que tienen la obligación de presentarlas o defenderlas en estas Comisiones. A mí ya me hubiera gustado saber qué opina el señor Fernández Marugán de las enmiendas que ha presentado su grupo, porque algunas no se compadecen para nada con el sentir literal de su discurso en la mañana de hoy. Ha tenido una magnífica oportunidad de defender sus enmiendas y en ningún momento ha hecho referencia a ninguna de ellas con relación a la ley ordinaria. A mí me gustaría, puesto que esto es una Comisión legislativa y la presentación de enmiendas por parte de los grupos tiene alguna virtualidad, el poder detenernos, aunque sólo fuera de manera residual.


Página 8800


Parecía que lo importante hoy era hacer un discurso político referido a otras cuestiones más allá del proyecto de ley. Dejo a la opción del Grupo Socialista que se meta a profundizar en sus enmiendas, porque parece que algunas poco tienen que ver con el objeto de su discurso.
En relación con algunos de los planteamientos hechos por otros grupos, Izquierda Unida y algún otro grupo dicen que se producen injerencias. Ha llegado, incluso, a hacer un llamamiento a las comunidades autónomas para que recurran al Tribunal Constitucional las leyes de estabilidad presupuestaria. Yo no sé si esto es muy adecuado dicho por un parlamentario ¡líbreme Dios de censurar cualquier discurso político!, pero me parece poco adecuado. O se ha estudiado con poco detenimiento la ley o sencillamente lo que se está pidiendo al Estado es que haga dejación de sus obligaciones constitucionales. A eso, desde luego, no creo que ningún grupo parlamentario de este Cámara esté dispuesto, a excepción de lo que hemos oído por parte del Grupo Vasco. Nadie le está pidiendo al Estado que haga abdicación de sus competencias constitucionales. Lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular es defender la existencia de competencias exclusivas del Estado. Es cierto que lo que hay que hacer es equilibrar de forma correcta y armonizada las competencias de carácter exclusivo del Estado, que las tiene, como he leído con anterioridad, y las competencias que tienen las comunidades autónomas -que todas las tienen- en la materia que trata la Ley de estabilidad presupuestaria. De ahí la importancia de buscar el equilibrio en la participación de las comunidades autónomas y de las entidades locales en la consecución del objetivo del que tiene que responder España en su conjunto con respecto a Europa. Pero eso no significa de ninguna manera que el Gobierno del Partido Popular esté imponiendo nada a nadie. Lo que tiene, como digo, es una opción, primero, de carácter intelectual diferente de la de otros grupos políticos y, segundo, no creo que se pueda decir de ningún precepto de los dos proyectos de ley que contraviene claramente competencias de las comunidades autónomas, sino todo lo contrario. Por si alguna duda quedara, nuestro grupo ha hecho un esfuerzo importante de acercamiento a enmiendas presentadas en este sentido. Se trata de equilibrar las competencias del Estado en materia de ordenación de la actividad económica y de tutela financiera con respecto a las entidades locales de las comunidades autónomas. Precisamente por eso nuestro grupo parlamentario ha tomado en consideración muy en serio algunas de las propuestas presentadas. Me quiero referir en particular a las presentadas por Convergència i Unió, para las que los servicios de la Cámara van a poner a disposición de los grupos textos transaccionales.
Es cierto que las corporaciones locales se deben sumar al esfuerzo colectivo de toda la Administración pública para conseguir los objetivos de equilibrio presupuestario, pero también es cierto que hay comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en sus estatutos de autonomía de carácter tutelador de las entidades locales en materia financiera.
Por lo tanto, consideramos conveniente que en los artículos 19, 20 y 22 se introduzca un párrafo que haga un llamamiento expreso a las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia de tutela financiera de las entidades locales. Pero eso no significa abdicar de la competencia legítima que tiene el Estado en materia de coordinación de la actividad económica en España con respecto a las entidades locales; eso no significa que el Consejo Nacional de la Administración local no tenga un papel, sino que pase a jugar un papel relevante en la fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria; eso no significa que los plenos de las corporaciones locales, de las entidades locales, dejen de tener un papel protagonista en la presentación de los planes de reequilibrio cuando se produzcan situaciones que así lo necesiten. Todo eso está puesto de manifiesto no sólo en los proyectos de ley, sino en las enmiendas que hemos tratado de transaccionar fundamentalmente con Convergència i Unió y con los grupos parlamentarios que consideren que modifica de forma sustancial y favorablemente los intereses de las corporaciones.
Nuestro grupo parlamentario también ha presentado alguna enmienda a los proyectos de ley, en concreto, a esta primera ley ordinaria de estabilidad presupuestaria. El ministro de Hacienda tiene que explicar los grados de cumplimiento de los objetivos de la Ley presupuestaria en un procedimiento en el que las comunidades autónomas, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reciba la información que elabora la Intervención General de la Administración del Estado. Creemos que eso puede perfeccionar ese elemento de colaboración institucional entre las comunidades autónomas y el Estado, que va a permitir que sea más eficaz la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria de forma uniforme por parte de todas las administraciones. Puesto que eso es lo que pretende nuestro grupo parlamentario, hemos presentado también una enmienda transaccional al artículo 9 de la ley ordinaria. Nuestro grupo parlamentario considera el proceso de asunción de responsabilidades y lo que no se puede pretender es que las comunidades autónomas que incumplan no tengan responsabilidad respecto a la Unión Europea; debe haber un procedimiento de audiencia de las comunidades autónomas que no estaba fijado en el proyecto de ley. Eso mejora sensiblemente la coordinación entre la Administración institucional de las comunidades autónomas y entidades locales y la Administración general del Estado. Este grupo de enmiendas, más lo que dice el proyecto de ley, sirve para perfeccionar el interés que tiene el Grupo Parlamentario Popular y todos los grupos de la Cámara en que las comunidades autónomas colaboren de forma decidida en la consecución de objetivoscomunes a las administraciones públicas, a todo

Página 8801


el sector público español. Yo espero del debate presupuestario que haya algún grupo parlamentario más, además del nuestro y del de Convergència, que se una al consenso en estas cuestiones y dejo para la segunda intervención una enmienda transaccional que ya tienen los grupos de la Cámara, referida a la ley orgánica y a la forma en la que se han de presentar los planes de reequilibrio por parte de las comunidades autónomas.
Por último, quiero hacer referencia a una intervención que me ha precedido. En concreto, a la del señor Azpiazu. Es esencialmente malo asistir a una Comisión en la que, independientemente de que se esté de acuerdo o no con el fondo político del asunto, de que se esté de acuerdo o no con el sentido de la ley, con la propuesta intelectual de un Gobierno, con la propuesta política de un Gobierno, se comience por insultar. A mí me ha sorprendido, porque al señor Azpiazu le tengo por alguien poco dado a esgrimir este tipo de artificios parlamentarios. Es poco dado al insulto, por lo que ha tenido que traer escritos los propios insultos porque, si no los hubiera leído, hubiera sido incapaz de hacerlos de viva voz.
El pensamiento único en materia de política es imposible. Es radicalmente contrario al planteamiento político. Se puede estar o no de acuerdo, se puede estar o no cerca de los planteamientos políticos de un grupo parlamentario como puede ser el Grupo Parlamentario Popular, pero lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto es que se atribuya al Grupo Parlamentario Popular -aparte de la mención a la falta de capacidad intelectual, que desde luego voy a pasar por alto porque intuyo que ha sido una simple provocación por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)- que cuando alguien no está de acuerdo con él sencillamente está en contra de él. Esto no se puede decir en democracia. Esto es radicalmente absurdo desde un punto de vista político y desde un punto de vista humano es bastante desgraciado. No se puede estar en planteamientos de todo o nada. No se puede estar en planteamientos de me aceptas mis postulados políticos o sencillamente no me aceptas nada y lo que presentas es radicalmente malo.
En relación con el concierto económico y el convenio de Navarra el Grupo Parlamentario Popular ha presentado cuatro enmiendas, dos a la ley orgánica y dos a la ley ordinaria. En las cuatro enmiendas queda suficientemente reflejado el carácter foral de los territorios históricos y el carácter especial de los procedimientos de establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con una dicción absolutamente escrupulosa con las competencias de la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una cosa muy diferente es que al Partido Nacionalista Vasco le hubiera gustado que se hubiera hecho abdicación de los artículos 149.1.3a y 149.1.18a de la Constitución, pero la verdad es que nuestro grupo parlamentario no va a pedir nunca a ningún grupo parlamentario que abdique de sus competencias, como ha pretendido hacer el Partido Nacionalista Vasco. Desde luego, rogaría de ahora en adelante que cuando algún político se exprese en la Comisión en los términos en los que lo ha hecho el señor Azpiazu piense que eso decididamente tiene consecuencias de carácter político. Si esto es un anuncio de lo que nos espera por parte de la delegación vasca en la negociación del concierto económico, lo que estamos haciendo es perjudicar muy notablemente las posibilidades que nuestro pueblo vasco tiene de hallar un concierto económico como el que merece, un concierto económico sobre el que se pueda apuntalar el desarrollo económico y financiero de nuestra comunidad autónoma y que se estarán poniendo palos a las ruedas a un proceso que se estaba produciendo con naturalidad y que tan sólo algún camorrista del Partido Nacionalista Vasco está poniendo en entredicho.
Quiero finalizar, señor presidente, haciendo un último llamamiento a los grupos parlamentarios para que comprueben si las enmiendas transaccionales presentadas por nuestro grupo parlamentario y sus enmiendas presentadas a los dos textos se corresponden con alguna de sus pretensiones, porque me da la sensación de que en alguna ocasión se está sobrevolando por encima de las pretensiones del Grupo Parlamentario Popular y haciendo más intuición política que lectura política de las propuestas presentadas por los grupos.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán. Le ruego que sea breve.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy a ser muy breve.
El señor Cámara ha iniciado su intervención explicando la posición de su grupo y la defensa de sus enmiendas, poniendo de relieve una determinada interpretación de la Constitución. Que duda cabe de que en ella se pueden encontrar diferentes puntos de vista, pero mi grupo tiene que matizar algunas cuestiones al respecto. Lo primero es que en los últimos años por muchas dificultades que haya habido los guardianes de las arcas públicas no han encontrado dificultades que justifiquen una norma tan rígida, tan reglamentista, tan burocrática y desde luego tan conflictiva como la que estamos auspiciando en este momento. Por tanto esto debe de obedecer a otro enfoque. Aquí se produce una traslación de poder desde los ministerios gastadores a la Oficina central del presupuesto, desde las administraciones territoriales a la Oficina central del presupuesto que obedece a un posicionamiento político y que, desde luego, no arranca de una interpretación de la Constitución que mi grupo quiera compartir. Aquí nos encontramos con un tipo de ley -lo decía anteriormente y quiero rectificar ahora- que está desacreditada. Había tres opciones: Hacer reglas fiscales que establecieran

Página 8802


la corresponsabilidad de las administraciones públicas; reformar el procedimiento de elaboración del presupuesto o hacer cambios estructurales. Ustedes han optado por la más cómoda.
Cuando me he acercado al discurso del señor Montoro en la presentación de esta ley no he tenido más remedio que señalar que lo que a él le gustaría es que en el ordenamiento jurídico español hubiera normas constitucionales limitadoras del gasto público; el patrón doctrinal en el que se apoya es el contractualismo constitucional del señor Buchanan y el de los pensadores más radicales de la Escuela de Virginia. De ahí deriva algo a lo que no hemos hecho alusión aquí, pero que no ha tenido realidad práctica y no la va a tener a partir de ahora, que es aquella vieja idea del contrato con América que el sector más duro de los republicanos norteamericanos perdieron hace bastantes años.
El Partido Popular no es consciente de que este no es el desarrollo posible en una sociedad como la española y se acomoda de alguna manera al Tratado de Maastricht, que da origen a actuaciones discrecionales y no establece automatismo; lo que se hace -como se ha dicho aquí prácticamente por todos los grupos de la Cámara- es radicalizar la postura de la corrección de los déficit públicos y desde un ángulo en el que podríamos ir hasta un tres por ciento lo que se hace es establecer, con carácter fijo el déficit cero permanente. Insisto en que esto es una posición dogmática, que ha sido estudiada por teóricos de la hacienda pública, que produce mucha rigidez y que hace que este tipo de leyes sean perfectamente inútiles, porque las incumplen los gobiernos y los gestores llevan a cabo actuaciones que denominan creatividad contable. Este es el resultado que va a tener esta ley más tarde o más temprano.


El señor Cámara ha descalificado demasiado pronto las políticas anticíclicas. No me gusta convertir a Keynes en un abrasivo.
Realmente siempre he creído que en política económica había que estar en una mezcla de vicio y de virtud. Esta es una recomendación clásica que ya hacía Mandeville en la Fábula de las Abejas, que es un texto anterior a Adam Smith, porque es del siglo XVII, en el que se hacían buenas recomendaciones a los gobiernos. No hay que ser cerrado ni rígido en política económica, hay que ser capaz de mezclar las situaciones de restricción con las situaciones de expansión. En este terreno me parece que esta ley es muy rígida y muy doctrinaria. No es menos cierto que este Gobierno en su programa de convergencia decía que para el año 2002 su objetivo era un superávit del 0,2; quizás ha empezado a incumplir su propio posicionamiento buscando el equilibrio presupuestario.
Termino haciendo una alusión a un tema que he querido abordar esta mañana aquí -y que lo hemos planteado desde mi grupo parlamentario- desde la perspectiva de la cohesión social, porque mi compañera lo va a hacer en la siguiente ley desde la perspectiva del equilibrio institucional- relativo a lo que dice el plan de estabilidad sobre la evolución de la actividad financiera de las administraciones públicas. Anteriormente he dicho que las administraciones de la Seguridad Social han tenido un superávit en el año 1999 y en el año 2000 y el plan de convergencia prevé que lo va a tener en el 2002, en el 2003 y en el 2004 y que va a ser de 0,3 puntos, y como consecuencia se va a crear un excedente de casi dos billones de pesetas. De ellos, uno irá al fondo de reserva y el otro es un colchón que tiene el Grupo Popular para seguir haciendo una política regresiva en materia de gasto, para cubrir las desviaciones que en materia de ingreso dé origen a sus políticas fiscales y para poder cubrir determinadas desviaciones en materia de gasto.
En esta sociedad hay que buscar un equilibrio. Ese equilibrio tiene que tener componentes territoriales, pero también componentes sociales. Hemos vivido un período bueno de la actividad económica en el que se ha generado riqueza, pero que ha sido mal distribuida. Uno de los capítulos que ha notado la disminución del peso de las prestaciones sociales en materia de impuestos es el de las pensiones contributivas, que fueron creciendo en la sociedad española entre 1982 y 1996, que en 1982 suponían el 6,4 por ciento del PIB y que en 1996 terminaron en el 8,7 del PIB. Hoy con la última información que tenemos, correspondiente al año 1999 han bajado del 8,7 al 8,3. Son tres años de gobierno del Partido Popular en los que el peso del gasto en pensiones contributivas ha ido perdiendo importancia en el conjunto de la actividad económica. Como consecuencia de esa pérdida de importancia del peso de las pensiones contributivas en el conjunto de la economía española ya estamos volviendo atrás, y en el año 1999 nos encontramos ya en una situación igual a la del año 1993. Ese tipo de enmiendas es el que mi grupo defiende, como la que he defendido en mi intervención anterior, que es la que hemos presentado con el número 140. Si usted cree que esta es una motivación suficiente, espero que su voto se manifieste en la asunción por el Gobierno de España de la deuda que todavía tiene contraida el sistema de la Seguridad Social con una institución financiera. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, le ruego intervenga de forma brevísima, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE: Simplemente voy a aclarar unas cuestiones.
No tengo que escribir los insultos. Mi estilo no es insultar, y no había ningún insulto en mi planteamiento; me tendrá que decir cuál es. Si el sugerirles que recomienden a los que preparan los proyectos de ley que no hagan proyectos de este cariz, que desde el punto de vista económico no tienen ningún sentido... Eso es hacer una recomendación saludable desde el punto de vista político, entendiendo -como ha comentado-

Página 8803


que en democracia podemos, por lo menos hasta ahora, denunciar las cuestiones con respeto pero con la libertad suficiente. No se está diciendo en ningún caso que se abdique; cada uno tendrá que utilizar las competencias como lo entienda. No se trata de que se abdique del artículo 141.1.13.a, sino de que se respeten también los artículos 156 y 157 de la Constitución española.
Ha abordado otras cuestiones, en las que yo quisiera entrar al debatir el segundo proyecto de ley, referentes al tema del concierto económico. Se ha adelantado pensando en lo que voy a decir. Lo diré con toda contundencia cuando lo defienda. No entiendo que el señor Cámara hable ahora del concierto económico y de meter palos en las ruedas. Aquí no estamos negociando el concierto económico. A ver si no vamos a poder tener libertad y cada posición contraria va a ser interpretada como una obstrucción a la negociación del concierto económico. Aquí hoy yo no tengo nada que decir de la negociación del concierto económico, aunque estas leyes pueden -como diré posteriormente- afectarlo muy negativamente. Ahora bien, esto no quiere decir que yo sea un camorrista en este sentido y que esto pueda tener consecuencias políticas. Sólo quiero preguntarle si esto es una amenaza y en qué sentido. Quisiera que me lo dijera, o bien aquí o bien en privado, porque tampoco voy a exigir aquí una confesión pública. No veo donde están en mi intervención (que está en el «Diario de Sesiones» y que la puede leer cualquiera) los insultos al Partido Popular. Es más, si habla de insultos y de rigidez, le recuerdo que el único grupo que ha planteado enmiendas transaccionales al Grupo Popular ha sido el Grupo Vasco, pero no han aceptado absolutamente ninguna, ni las transaccionales ni las inicialmente previstas, aunque dicen que es un esfuerzo de acercamiento a los grupos. Desde luego, si ese es el esfuerzo de acercamiento, tenemos posiciones diferentes. Por supuesto que hay posiciones intelectuales diferentes y tener una posición intelectual diferente a la del Partido Popular está bien, debe ser así.
Usted también me ha hablado -no sé por qué- del pensamiento único. Yo creía que eso se lo imputaban a otros, pero tendremos oportunidad de hablarlo después.


El señor PRESIDENTE: Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Intervendré con muchísima brevedad.
El señor Cámara decía que le llamaba muchísimo la atención que desde esta Cámara -y perdóneme la redundancia- se esperara que algunos diputados plantearan un recurso de inconstitucionalidad. Esto es lo mismo que usted ha dicho y que le acaba de echar en cara el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, cuando manifestaba: Espero que esta no sea la postura de... porque es lo mismo esperar en positivo que esperar en negativo. Usted ha dicho: Espero que esta no sea la postura de la delegación del Gobierno vasco para negociar.
Todo son recursos retóricos, recursos políticos y recursos legítimos.
Por tanto, a estas alturas de la vida no nos echemos las manos a la cabeza.
Señor Cámara, la Constitución de 1978 es magnífica, pero tuvo algunos errores en la forma de construir algunas expresiones -el señor Fraga ya advirtió sobre alguna de ellas-. Están ustedes pidiendo que el Estado renuncie. El Estado somos todos. Lo que le estamos pidiendo es que el Gobierno no imponga al Estado, a todos los niveles de organización del Estado. El artículo 137 -creo recordar- dice: El Estado se organizará en comunidades autónomas, provincias y municipios. Estamos pidiendo que el Estado no imponga determinados corsés en política económica y en política presupuestaria, que son elementos muy graves -no estoy hablando de otros temas, como vivienda, que es también muy importante, pero que se podría discutir-. Antes le decía que aquí había fuerzas políticas, que gobiernan en una serie de comunidades autónomas, que mantienen un rechazo frontal a los que apoyan o van a apoyar, a través de las transaccionales -que también son legítimas-, esta ley. He echado unas cuentas a vuelapluma. La proporción de habitantes gobernados por unos y otros es de 23 millones, que son los que van a apoyar esta postura, y 16 millones y medio los que apoyan la otra. No hay una gran diferencia, pero estamos hablando de que se va imponer desde un Gobierno un corsé por encima de los límites que le da el marco constitucional. No le quiero quitar las competencias del artículo 141.1.13.a, sencillamente le he leído antes una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, que dice clarísimamente, señor Cámara: siempre y cuando no se produzca un vaciamiento de las competencias autonómicas, de modo que quede margen para que las comunidades articulen medidas normativas. Al final, la única medida normativa que le va a quedar a las comunidades autónomas para poder articular es si van a subir uno o dos puntos en el impuesto de sucesiones, nada más, señor Cámara.


El señor PRESIDENTE: Señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular queda claro que seguimos estando en unas posiciones intelectuales diferentes. Queda claro, y afortunadamente ha quedado explicitado en estas últimas intervenciones, que ningún grupo de la Cámara -quizás ha podido interpretarse de otra manera por parte de este diputado- tiene intención de vaciar de contenido las competencias exclusivas que tiene el Estado en materia de coordinación de la actividad económica de España, y me alegro.
Faltaba por decirlo, porque no se ha invocado en ningún momento en las intervenciones anteriores, y es algo de lo que nuestro grupo parlamentario se quiere alegrar.


Página 8804


Efectivamente, la enmienda a la que hace referencia el señor Rejón constituye un paradigma para nuestro grupo parlamentario, en el entendimiento del tratamiento que con respecto a las comunidades autónomas dan los proyectos de ley, que además tiene que ver fundamentalmente con el esfuerzo de acercamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular respecto a enmiendas presentadas por otros grupos, fundamentalmente del grupo de Convèrgencia i Unió.
Insistía en que lo que se trataba de establecer era una coordinación razonable entre las competencias que siguen teniendo las comunidades autónomas, y que van a fortalecerse a través de alguna enmienda transaccional que presentamos con ocasión de la ley orgánica que tienen SS.SS. a su disposición, con las competencias que tiene el Estado. Yo quisiera saber, porque nadie lo ha invocado, en qué precepto de la ley de estabilidad presupuestaria, de la orgánica o de la ordinaria, se produce esa imposición por parte del Estado de criterios de carácter financiero a las comunidades autónomas. Lo que se establece es que las administraciones públicas se han de dirigir respecto a sus finanzas públicas en términos de equilibrio presupuestario para buscar la estabilidad presupuestaria y poder hacer eficaces las políticas de crecimiento y de empleo, a las que también alude el portavoz de Izquierda Unida en su intervención anterior. Eso es lo que ha tratado de hacer nuestro grupo parlamentario y es lo que, sin ninguna duda, se establece en los proyectos de ley, por mucho que los grupos parlamentarios insistan en hablar de involuciones de carácter autonómico, que de ninguna de las maneras se producen en los dos proyectos de ley por la posición de nuestro grupo. El Partido Popular también gobierna comunidades autónomas a las que les va a afectar la ley. De verdad, ¿creen que las comunidades autónomas hubieran aceptado involuciones autonómicas, cuando además estamos hablando de comunidades autónomas que tienen un gran peso específico por población respecto a otras comunidades autónomas españolas? Esto es una realidad incontestable. El Partido Popular gobierna en muchas autónomas afectadas por la ley de estabilidad presupuestaria y que han consensuado con el Gobierno su posición sobre estos proyectos de ley. Por lo tanto no se puede hablar gratuitamente de injerencia en competencias de las comunidades autónomas, sino de colaboración de todos los ámbitos institucionales de España en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, que, por otro lado, es una exigencia literal de los compromisos adoptados por España en la Unión Económica y Monetaria.
Eso es una realidad que, por mucho que insistan los grupos parlamentarios, está presente en cada uno de los textos que estamos debatiendo en este momento.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo del Partido Nacionalista Vasco, yo no quería forzarle a rectificar lo que evidentemente han sido insultos a la capacidad intelectiva de quien ha preparado los proyectos de ley. Me tendrá que reconocer que, por lo menos en su primera intervención, ha habido algo de esto. Entiendo como rectificación el hecho de que no considere que han sido insultos los que aparecerán como tales en el «Diario de Sesiones»; respeto la rectificación que en cierto modo se opera en el portavoz del grupo parlamentario de los nacionalistas vascos. Veremos a qué se refieren las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco en relación con el concierto económico y a qué se refieren las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en relación con el concierto económico y al convenio económico de Navarra. Como verán, las nuestras, sorprendentemente (y esto quizá es lo que pueda estar en la mente del Partido Nacionalista Vasco), van más allá de la propia dicción literal de las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Esto, posiblemente, desde un grupo nacionalista se vea con cierto dolor. Si un grupo como el nuestro sustenta una posición más avanzada sobre el concierto económico y con el convenio económico de Navarra que la que sustenta el grupo nacionalista, es difícil mostrarse de acuerdo a bote pronto, como decimos en nuestra tierra. Lo cierto es que nuestras enmiendas van más allá de la literalidad de las presentadas por el Partido Nacionalista Vasco. Y no entienda en mis palabras ninguna amenaza, de ninguna de las maneras. Lo que yo digo es que el mal estilo con el que inició la intervención el portavoz del Grupo del Partido Nacionalista Vasco me hace presagiar que las circunstancias en las que se puede llegar a negociar el concierto económico no sean las más favorables. Yo le rogaría al señor Azpiazu que saque de la contienda política el concierto económico, sin más.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000030.)

El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el debate del siguiente proyecto de ley, rogaría a los señores portavoces que comuniquen a la Mesa quienes desean intervenir en este punto. (Pausa.) Yo les pediría que, en la medida que sea posible, sean más breves que en las intervenciones anteriores. Las votaciones no serán antes de las dos.
En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Yo quisiera iniciar mi intervención agradeciendo al portavoz del Grupo Popular su sinceridad, porque lo primero que ha dicho en su intervención es que lo que se pretendía con esta ley era un cambio de mentalidad y la aplicación de una opción intelectual. Yo se lo agradezco porque muchas veces esta aplicación de una opción intelectual concreta, que desde nuestro punto de vista tiene detrás fundamentalmente una política económica muy conservadora, se ha querido encubrir bajo una serie de

Página 8805


rigor académico. Efectivamente, el Grupo Popular ha hecho su opción por un tipo de política económica conservadora y lo que quisiera decir es que estos no son los mejores momentos.
Yo no quiero debatir la principal virtualidad de estas leyes, de las que dijo el señor Montoro que estaban caracterizadas por su gran modernidad. El concepto de modernidad que tenga el señor Montoro no creo que es el que tengamos que discutir ahora, y además se hizo en su momento en el debate de totalidad, pero, siguiendo el calendario del señor Montoro, estamos ya en la posmodernidad. Por tanto, no sé si es necesario entrar en el discurso general que ya ha hecho el portavoz de mi grupo respecto al modelo económico y a la política presupuestaria que está detrás de este proyecto de ley, pero quizá podríamos calificarlo, en cierto sentido y no queriendo estar tan de moda, como fundamentalismo financiero.
Haciendo ya el análisis directo de esta ley orgánica complementaria de la ley de estabilidad, la primera impresión que produce este proyecto de ley es que detrás de ella existe un gran sustrato de desconfianza respecto al comportamiento de las comunidades autónomas y al ejercicio de sus responsabilidades, cuando lo han hecho siempre de forma libre y democrática. Parece que esta desconfianza se amplía a la del propio funcionamiento del Estado de las autonomías. Lo que se pretende es alterar el sistema, pasando de uno que estaba basado en la coordinación y en la cooperación entre las distintas instituciones del Estado a un nuevo sistema en el que prima una relación jerárquica y, por tanto, una subordinación de las comunidades autónomas al Gobierno central. En definitiva, parece que lo que se pretende es alterar de manera unilateral las reglas del juego en lo que ya ha sido calificado por algún otro portavoz parlamentario, y desde luego en otros ámbitos, como la Loapa financiera.
Si desde el punto de vista político la evidencia de la existencia de esta desconfianza institucional respecto al comportamiento de las comunidades autónomas resulta bastante preocupante, desde el punto de vista del funcionamiento práctico es francamente inútil, porque esto no resuelve ninguno de los problemas presupuestarios, que sí existen y que habrá que resolverlos; pero genera otra serie de problemas competenciales y, a su vez, crea un sistema de control burocrático que es totalmente innecesario, como lo han demostrado los hechos. Ya se ha dicho en esta Comisión y también en el Pleno que la experiencia reciente respecto al comportamiento de las comunidades autónomas con el ajuste presupuestario ha demostrado que el rigor fiscal puede existir y puede alcanzarse sin la existencia de ninguna ley de este tipo. De hecho, uno de los argumentos que se ha utilizado, y que se utiliza continuamente, es que precisamente el acceso de España a la Unión Europea ha sido posible gracias a la disminución del déficit, al que han colaborado de manera importante las comunidades autónomas, porque han funcionado los mecanismos de coordinación y han demostrado que son capaces de alcanzar esos objetivos porque han establecido un sistema, unos instrumentos y han realizado un importante esfuerzo para reducir sus déficit y mejorar también sus niveles de endeudamiento. En definitiva, todos tenemos claro que se han podido cumplir los criterios de convergencia porque también por parte de las comunidades autónomas ha habido una voluntad clara de alcanzar el objetivo de convergencia, porque se han utilizado, como ya he dicho, los medios necesarios y porque ha habido una gestión capaz que ha llevado a un resultado eficiente.
No se entiende muy bien a qué viene este tipo de normativa porque no hay ningún desmadre autonómico y no hay nada que deba corregirse con medidas que resulten puramente excepcionales, es decir, únicamente es una opción intelectual, como bien ha dicho el señor Cámara. Nos encontramos ante una ley que no es requerida, no es necesaria por los compromisos que tiene España en Europa y, lo que es más importante, no resulta necesaria ni indispensable para la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria que se pretende, ya que, como hemos dicho, ese objetivo de estabilidad ha sido alcanzado sin la existencia de ninguna ley. En definitiva, a pesar de lo que ha dicho el señor Cámara anteriormente, se confunde intencionadamente la posibilidad del Estado de configurar como básicas determinadas restricciones o limitaciones a la autonomía financiera de las comunidades autónomas que siempre deben tener un carácter concreto, con una atribución que se la da el Estado, una capacidad para imponer restricciones generales y unilaterales a dicha autonomía. Lo que significa esa desconfianza es presuponer que las comunidades autónomas no son capaces por sí mismas, de cumplir tanto con sus obligaciones constitucionales, como con sus obligaciones internacionales.
Si vemos este contexto, resulta muy duro entrar a defender una serie de enmiendas parciales, porque tiene muy poco arreglo. No es por defender la opción que ha hecho antes mi compañero de grupo al no defender todas y cada una de las enmiendas que se presentan a este texto, porque teniendo tantas diferencias de fondo resulta muy difícil querer arreglar un texto que no tiene arreglo. Por tanto, las enmiendas son parches para evitar los riesgos que la ley genera y aunque lleva a la melancolía tener que hacer la defensa de estas enmiendas, voy a hacerla por darle satisfacción al señor Cámara.
Hemos presentado a este segundo proyecto de ley, el proyecto de ley orgánica de acompañamiento de la ley de estabilidad, siete enmiendas a los artículos 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y adicionales. Podríamos clasificar a estas enmiendas en tres grupos. El primer grupo, formado por las enmiendas 87, 89 y 90, va un poco más al fondo del tema y pretende adecuar o respetar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. La número 87,al artículo 3, que es el que regula el cumplimiento de

Página 8806


ese principio de estabilidad presupuestaria, es de modificación y con ella pretendemos adecuar el principio de estabilidad a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que maneja, como ya se ha dicho anteriormente, un concepto de estabilidad bastante más amplio y no tan restringido como el que presenta el artículo 3.2 del proyecto de ley general de estabilidad, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite considerar algunas situaciones de déficit en determinados momentos. Con esta enmienda también pretendemos fijar un procedimiento respetuoso, ya lo he dicho antes, con las competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo -aprovecho para decirlo- con la enmienda 129 que hemos presentado al artículo 8 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y, por tanto, tiene esas dos vertientes.
La enmienda 89, al artículo 6, que es el que regula el objetivo de estabilidad presupuestaria, está una vez más en la línea de fijar el procedimiento respetuoso con la autonomía financiera de las comunidades autónomas, por lo que proponemos que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que fije mediante acuerdo ese objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las comunidades. Asimismo, debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien, de acuerdo con cada una de las comunidades, determine el objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada comunidad, reservándose en caso de conflicto, algo que no aparece en la ley, el papel de árbitro a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que deberá pronunciarse mediante un acuerdo motivado y previa audiencia a las comunidades autónomas afectadas.
Finalmente, dentro de este grupo de enmiendas de fondo, la número 90, al artículo 8, que regula la corrección de los desequilibrios, también quiere mantenerse dentro de ese respeto a la autonomía financiera y así la corrección de los incumplimientos -insisto-, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento deberá ser controlada y vigilada por los órganos legislativos de las comunidades autónomas y por aquellos órganos encargados del control, como pueden ser los tribunales de cuentas autonómicos, algo bastante alejado de la propuesta que se establece en el artículo 8 que, además de generar un procedimiento engorroso, burocrático y excesivamente reglamentista, reserva finalmente al Ministerio de Hacienda la responsabilidad del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección de todos los desequilibrios, es decir, que el único responsable, el único capaz de controlar, el único capaz de vigilar, el único que tiene las ideas claras es el Ministerio de Hacienda.
Las otras enmiendas, la 88 y la 91, son de supresión porque se considera que tanto el artículo 4 como el 9 tienen muy poco sentido.
El artículo 4 no aporta nada al principio general de responsabilidad de las comunidades autónomas respecto a sus compromisos internacionales y, el 91 tampoco, respecto a la modificación que se añade al artículo 14.3 de la LOFCA.
Quisiera hacer una referencia a la enmienda número 142, presentada por mi grupo al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, en la que se introduce una reserva para las hacienda forales. La enmienda se refiere a la Hacienda Foral de Navarra.
Quería hacer referencia a una enmienda in voce en la proponemos añadir una disposición adicional nueva, la cuarta. Donde dice Comunidad Foral de Navarra debe decir Comunidades Forales del País Vasco y Navarra. La enmienda dice: La aplicación de esta ley en las Comunidades Forales del País Vasco y Navarra queda supeditada al contenido que podía reflejarse en la negociación del concierto económico y del convenio económico.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Estamos ante un proyecto de ley orgánica importante, igual que lo es el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, al que hemos hecho referencia hace aproximadamente una hora. Son dos proyectos de ley muy relevantes y por ese motivo este portavoz lamenta el depauperado estado de salud con el que acude a esta Comisión de Economía, aunque el contenido de la misma bien merece este esfuerzo.
La valoración a efectuar sobre este proyecto de ley orgánica puede ser global respecto del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, y es que estamos ante dos leyes que tienen un objetivo económico, como es el rigor presupuestario, que es un objetivo loable. Mi grupo parlamentario expresó en el debate en Pleno sobre las enmiendas de devolución que ese objetivo último es compartido por unos gestores responsables del gasto público. También es cierto que la evolución de las finanzas en los últimos años demuestran que no es una herramienta imprescindible para lograr este rigor en las finanzas públicas. La gestión de las finanzas públicas en España en estos últimos años, bien sea en el presupuesto del Estado o bien en los presupuestos de las comunidades autónomas, ha sido un fiel reflejo de esta convicción y de esta apuesta por el rigor y la responsabilidad entre las generaciones venideras y no tan venideras -la misma generación al cabo de un breve lapso de tiempo, estamos dispuestos a analizar, a debatir y ahondar políticamente todo lo que sea reforzar la vertiente económica de esta ley.
Entrando ya de lleno en el proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria y de la misma forma que en el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, mi grupo parlamentario es particularmente sensible a que no se produzca en absoluto un menoscabo de la distribución de competencias entre Estado, comunidades autónomas y entes locales, como entiendo que deben serlo todos los

Página 8807


grupos parlamentarios que estamos en el hemiciclo, fielmente representados en esta Comisión.
Por ello hemos presentado un abanico amplio de enmiendas, tanto a este proyecto de ley orgánica como las que he tenido ocasión de defender de forma breve en el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, enmiendas que hacen referencia a una serie de puntos concretos, uno de ellos muy importante. Quisiera manifestar aquí la coherencia con los acentos que puse en mi intervención en el Pleno en el debate de las enmiendas de devolución, donde ya destaqué alguno de los puntos, fundamentalmente uno, muy importantes en la formación política de opinión de mi grupo parlamentario.


Las enmiendas no las voy a defender literalmente ni una por una; me referiré de forma genérica a sus conceptos, deteniéndome en las que considere más relevantes. Las hay de distintos tipos, de la misma forma que he indicado al analizar el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria. Algunas son de carácter técnico o procedimental, no por ello menos importantes, como es, por ejemplo, la número 95, que garantiza la audiencia de las comunidades autónomas cuando hayan sido partícipes o generadoras, en su caso, de un procedimiento sancionador por incumplimiento de requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, en claro paralelismo con la enmienda que hemos introducido respecto de las entidades locales. Otras hacen referencia a los quórum y a un reforzamiento del papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la presencia individual de cada comunidad autónoma en dicho Consejo en el procedimiento de fijación individual a cada comunidad autónoma de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Otra enmienda hace referencia a una modificación de la LOFCA, potenciando o haciendo mención expresa -es la número 103- al carácter consultivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ciertamente importante, y también a la concertación de operaciones de crédito por parte de las comunidades autónomas. En penúltimo lugar quería hacer referencia a la número 104, que expresa una posición jurídica que es base de una posición política en orden a considerar que no deben tener el carácter de ley orgánica determinados preceptos de este proyecto de ley, los artículos 3, 4, 7, 9 y 10 evidentemente es una posición política fruto de una posición jurídica.
He dejado para el final el tema que nos parece más importante en esta ley desde un punto de vista político, como es el de la competencia para aprobar los planes de reequilibrio presupuestario, tanto en la fase de confección y aprobación del presupuesto autonómico como si la situación de desviación respecto del objetivo de estabilidad presupuestaria se produce como consecuencia de la ejecución del correspondiente presupuesto autonómico. Ya anuncié en mi intervención en el Pleno que, como primera aproximación, nos parecía una asimetría con lo que ocurre en la aprobación del plan de reequilibrio por parte de las entidades locales que el plan de reequilibrio en el ámbito de la administración local se aprobara por el pleno de la corporación local y en el caso de las comunidades autónomas se aprobara por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tampoco nos parecía respetuoso con nuestra forma de entender el más correcto trazado y distribución de competencias entre Estado y comunidad autónoma.
Tengo que decir -creo que todos los grupos han recibido ya las transacciones acordadas con el Grupo Parlamentario Popular- que constatamos con satisfacción las transacciones a las que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular, porque si los distintos portavoces pudieran revisar el texto que nos ha distribuido el letrado veríamos cómo en uno de los puntos que, no hoy, sino en el debate en el Pleno, fueron destacados por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como uno de los más importantes, si no el más importante, junto con el de la tutela financiera de las comunidades autónomas respecto de las entidades locales, puede apreciarse claramente que este papel de la asamblea legislativa de las comunidades autónomas aparece nítidamente establecido en la enmienda transaccional a la que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular. Recordemos que en el proyecto de ley la aprobación era por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la transaccional la aprobación es por el parlamento autonómico, materia a la que también ha hecho referencia como de vital importancia la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual creo que debemos congratularnos de esta labor de conversación, de diálogo y de búsqueda de una entente en una materia tan importante como la que hoy estamos debatiendo.
No querría finalizar esta intervención sin hacer una valoración global de los textos transaccionales que se han distribuido ya por parte del letrado. Insisto, aparecen dos puntos de capital importancia política en estas enmiendas transaccionales, como son el claro, repetido y reiterado reconocimiento de que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria no supone menoscabo alguno, como no puede ser de otra forma, a la competencia asumida por las comunidades autónomas, no todas, pero sí muchas de ellas de tutela financiera respecto a las entidades locales -y ahí están las enmiendas transaccionadas- y el muy importante cambio en el artículo 8 del proyecto de ley orgánica complementaría a la ley general de estabilidad presupuestaria en el que la aprobación del plan de reequilibrio de los presupuestos autonómicos no corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que éste quede menoscabado en su legítimo papel, sino a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Ello permite hacer una valoración positiva a mi grupo parlamentario de las enmiendas transaccionadas y de las conversaciones respecto de estas enmiendas sobre las que ya existe acuerdo.No será éste el trámite parlamentario en que mi

Página 8808


grupo manifieste su posición política y global respecto de los dos proyectos de ley. Insisto en la valoración positiva de lo acordado en estas enmiendas concretas y muy positiva respecto de los dos puntos clave, como es la tutela financiera de los entes locales y la aprobación del plan de reequilibrio por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Sin embargo, la posición política general respecto de los dos proyectos de ley la emitiremos en un trámite parlamentario posterior.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Como preámbulo quisiera aclarar una cuestión. Yo no soy ningún responsable para la negociación del concierto económico. Dicho esto, tengo mi propia opinión sobre la negociación del concierto, como es lógico. Da la sensación de que el Partido Popular quisiera tener alguna disculpa para ir en contra de la negociación. Yo no he hablado del concierto económico como elemento de negociación en ningún momento en esta Cámara. El Grupo Vasco nada tiene que demostrar en defensa del concierto económico, cosa que, en mi opinión, el Partido Popular sí lo tiene que hacer.
Por tanto, vamos a seguir adelante con este nuevo proyecto de ley que, desde mi punto de vista y entiendo que a juicio del Grupo Vasco -y vamos a dejarlo claro porque cada uno tiene su pensamiento-, es un grave error político. Es un grave error político porque, como diré más adelante cuando defienda esta enmienda, es una agresión directa al concierto económico. Además esta no es una interpretación gratuita sino bien fundada y podemos discutirla cuando quiera.
El ánimo de las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco del Congreso van en el sentido, como he dicho anteriormente, de que estos proyectos de ley se ajusten a los requerimientos europeos, cosa que no hacen, porque los requerimientos europeos tienen mucho más en cuenta algo que creo que se ha dicho por aquí pero que es importante repetirlo. Los proyectos europeos tratan de plasmar la idea de la adecuación del presupuesto al ciclo en una perspectiva a medio plazo, que es lo que se denomina hacienda funcional, y son mucho más flexibles a la hora de interpretar sin un déficit es o no correcto.
Además -esto se ha dicho muchas veces aquí también y es conveniente repetirlo-, cuando había un déficit público importante no existía esta ley y mediante acuerdos interinstitucionales se ha conseguido eliminarlo, y ahora que no hay déficit en el conjunto de las instituciones públicas se hace una ley para eliminar el déficit. No lo entiendo. Sin política monetaria, con una política fiscal autoconstreñida por parte del Gobierno no entiendo qué instrumentos le pueden quedar de política económica.
Paso a defender las enmiendas. La enmienda número 66, del Grupo Vasco, propone modificar el artículo 3 en el sentido de que las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas legislativas y administrativas que consideren convenientes para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en esta ley orgánica y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. No puede señalarse, a nuestro juicio, en la parte dispositiva que vendrán obligadas a adecuar su normativa presupuestaria al objetivo del cumplimiento del principio de estabilidad. La adopción de limitaciones a la autonomía financiera de las comunidades autónomas por parte del Estado debe configurarse de tal modo que deje a éstas el suficiente margen de libertad de decisión dentro de su propio ámbito de competencias. La unidad del sistema o del orden económico exige compatibilizar el ejercicio coordinado de las competencias financieras y de las competencias materiales, pero sin que se produzca el vaciamiento del ámbito competencial, tanto material como financiero, correspondiente a las respectivas esferas de soberanía y de autonomía de los entes territoriales y sin que suponga una total uniformidad sino sólo la necesaria para que no se produzcan resultados disfuncionales y desintegradores. Como se ha señalado por parte del Tribunal Constitucional, las decisiones que el Estado pueda adoptar en base al artículo 149.1.13 de la Constitución, que tanto se ha citado aquí esta mañana, deben ceñirse a aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los fines de política económica que aquéllas persigan.
La enmienda número 67 plantea que las comunidades autónomas asumirán en la parte que les sea imputable por su actuación las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esas y no las que se deriven del proyecto de ley, porque entendemos que van más allá sin tener que hacerlo. La enmienda 68 la doy por defendida en los términos en que está presentada; también la 69 y la 70.
Quisiera detenerme en la 71, porque entendemos que el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueden supervisar las actuaciones encaminadas a la corrección de los desequilibrios; entendemos que su actuación se debe limitar a la supervisión. Es incongruente que las comunidades autónomas tengan que remitir el plan económico-financiero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación cuando, en el caso de la Administración del Estado, lo aprueba el Gobierno y, en el caso de las entidades locales, el Pleno de la corporación. En todo caso, sería más apropiado que fuera aprobado por la propia comunidad autónoma y luego remitido al Ministerio de Hacienda o al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas para su seguimiento, sin perjuicio de las competencias de supervisión que le pueda corres ponder

Página 8809


a aquélla sobre dicho plan, pero ésta es evidentemente otra concepción del Estado de las autonomías, la del modelo del respeto frente a un modelo de imposición. Las enmiendas 72 y 73 las doy por defendidas en los términos que están en el texto.
Quisiera detenerme en la enmienda número 74, que creo que merece toda la atención del Partido Popular. En caso de no considerarse de esta manera o de otras maneras alternativas que hemos intentado negociar con el Partido Popular pero que no han tenido ningún éxito, de no quedar clara esta situación, nuestro grupo entiende que es una agresión en el centro del concierto económico. Esto es algo que hay que corregir, si no ahora, porque yo creo que el Partido Popular no va a ser capaz de apoyar hoy esta enmienda, por lo menos que antes del Pleno del jueves se pueda recapacitar y se corrija, y si no tenemos hasta el trámite del Senado para tratar de corregirlo. En esta enmienda nosotros proponemos la modificación de la disposición final primera del proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria, denominada territorios forales, por la cual, en virtud de su régimen foral propio, la actividad financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra se ajustará a los sistemas del concierto económico y del convenio económico, respectivamente. Yo creo que este texto aclara de manera suficiente y hace que esta ley sea más respetuosa con el sistema de concierto económico.


Dado que tanto este proyecto de ley orgánica como el proyecto de ley ordinaria general de estabilidad presupuestaria constituyen un todo inescindible, como indica el propio nombre de dicha ley orgánica, es lógico que ambas respondan a los mismos principios, entre ellos, el de la salvaguardia de las especialidades forales, y que ambas incluyan cláusulas específicas para ello. Dado que, como reconoce la propia exposición de motivos del proyecto, las instituciones sitas en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra tienen un régimen especial, resulta lógico que se habilite una cláusula en la ley que recoja su especialidad foral, como así hace el proyecto de ley orgánica en su disposición adicional primera. Sin embargo, el texto de esta cláusula y su propia calificación jurídica puede y debe ser mejorado. En primer lugar, parece más oportuno que se incluya esa salvaguardia de las especialidades forales en una disposición adicional. En segundo lugar, entendemos que incluso el término de haciendas forales puede originar cierta confusión. Entendemos que el proyecto de ley contempla de manera insuficiente la especificidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi, y asimismo, con la Comunidad Foral de Navarra, especificidad consagrada en sus estatutos de autonomía y caracterizada, además, por su bilateralidad.
El establecimiento, con carácter general, de una serie de limitaciones a la autonomía financiera de las comunidades autónomas en aras a la estabilidad presupuestaria con la única mención a dicha especificidad sólo a los efectos del procedimiento de fijación del objetivo, no implica sino el desconocimiento de un principio que ha regido invariablemente con anterioridad. Por lo tanto, sería más adecuado que los compromisos y obligaciones a asumir por la Comunidad Autónoma del País Vasco y también por la Comunidad Foral de Navarra en relación con la estabilidad presupuestaria o la aplicación, en su caso, de planes económico-financieros para la corrección de desequilibrios presupuestarios fueran acordados en el marco de las relaciones bilaterales, en el seno de la Comisión mixta de cupo u órganos similares, evitando así imposiciones legales que además tampoco tienen un encaje adecuado en el sistema de relaciones económico- financieras entre el Estado y dichas comunidades autónomas; especificidad consagrada, como ya se ha dicho, en sus estatutos de autonomía y que también ha tenido reflejo en otras normas como la Ley de Haciendas Locales o la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Quiero reiterar que, a nuestro juicio, es realmente importante lo que se está planteando. Entendemos también que, a propuesta de UPN, partido que está integrado en el Grupo Popular, el tema de Navarra ha quedado relativamente solucionado porque el texto que ha planteado el propio Partido Popular es suficiente y puede ser garante del convenio de Navarra, pero no es así en el caso del País Vasco, que es donde se crea, además, un agravio importante en ese sentido.
Sabemos que el sistema de concierto económico entraña una relación bilateral previa y eficaz entre el Estado y la comunidad autónoma.
Ello quiere decir que existe una garantía política, fijada jurídicamente en la propia Constitución y en el bloque de constitucionalidad, que le impide al Estado imponer unilateralmente el contenido de sus competencias y relaciones financieras; entre ambas partes tiene que haber acuerdo. Por lo tanto, entendemos que esta ley no busca el acuerdo, busca la imposición y lo único que dice es que se establecerá un procedimiento. No es un procedimiento; los procedimientos se establecerán en el seno del órgano que se cree para llevar adelante esta ley, pero en ningún caso el procedimiento tiene sentido. Entendemos que el planteamiento del Partido Popular en este sentido es inaceptable, dando por sentado que la ley en particular tiene facultad de fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se aplica directamente a las comunidades del País Vasco y Navarra.
Por lo tanto, habrá habido alguna decisión unilateral del Estado que afecta al sistema del concierto y convenio y no habrá seguido el principio de pacto previo. Creemos que este tema es muy importante, por eso decimos que puede ser una agresión importante al concierto económico y que trata de una forma bastante diferente a partir de ahora al convenioforal navarro y al concierto económico.


Página 8810


Las enmiendas números 75 y 76 las doy por defendidas en sus términos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Voy a defender las enmiendas presentadas por mi grupo al presente proyecto de ley orgánica.
En primer lugar, presentamos una enmienda referida al artículo 6.3.
Se trata de añadir un nuevo párrafo. Les recuerdo que el 6.3 se refiere específicamente a que las comunidades autónomas, en el plazo de un mes desde que se apruebe por parte del Gobierno el objetivo de estabilidad presupuestaria, van a determinar el objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de ellas. En el párrafo que nosotros proponemos añadir se dice que el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para cada comunidad autónoma deberá considerar el nivel de endeudamiento previo, el nivel competencial y la posición relativa de endeudamiento en relación a parámetros como el producto interior bruto regional, la población y los ingresos de las comunidades autónomas correspondientes.
Consideramos necesaria esta enmienda para posibilitar la corrección de desequilibrios de partida en las distintas comunidades autónomas en cuanto al nivel de endeudamiento. Entendemos que variables como ésta deben tenerse en cuenta para equilibrar, para estandarizar, los esfuerzos si realmente queremos ir corrigiendo los desequilibrios, pues, como digo, de alguna forma han de tenerse en cuenta variables previas a este punto de partida con referencia a los niveles de endeudamiento.
En otra de las enmiendas que presentamos proponemos la adición de un nuevo artículo, a continuación del mencionado artículo 6, que diría lo siguiente: En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de las administraciones autonómicas o de los entes u organismos autónomos públicos dependientes de aquéllas se sitúen en una posición de superávit, éste se podrá aplicar a financiar el presupuesto de gastos de inversión del ejercicio siguiente o a reducir su endeudamiento neto. La justificación va en la misma línea de lo ya comentado en una enmienda semejante al proyecto que acabamos de debatir. Se trata fundamentalmente de buscar mecanismos de incentivación en la priorización y en la correcta gestión presupuestaria, que redunden en aumentar la eficiencia de la misma y, así, poder afrontar nuevos mecanismos de inversión sin generar en el futuro mayores incrementos presupuestarios.
A continuación hay una serie de enmiendas, tanto al artículo 7, como al 8 o a los diferentes puntos del artículo 10, que hacen referencia a algo ya comentado en una enmienda al texto anterior. Trata de añadir, a la frase en la que se le suponen las responsabilidades en exclusiva al Ministerio de Hacienda, la expresión al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No reitero los argumentos porque son los comentados anteriormente. Entendemos que está en coherencia con el resto de la propia ley orgánica y con las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Otra de las enmiendas hace referencia a la disposición adicional única, apartado 3, y consiste en modificar su último párrafo. Este apartado 3 hace referencia a que, para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquier otra apelación de créditos públicos, las comunidades autónomas precisan autorización del Estado. Nosotros planteamos que, en lo que se refiere a operaciones financieras a corto plazo, se permita a las comunidades autónomas que, para resolver problemas de tesorería, no tengan que acudir a la autorización estatal, que supondría una ralentización que contraviene en sí la finalidad de estas operaciones.
Por último, hay dos enmiendas a la disposición final primera, tanto al título como a su contenido. Son enmiendas de modificación en las que proponemos que, además de las haciendas forales se incluyan los cabildos insulares en un caso y los cabildos insulares de Canarias en otro. Entendemos que, si se reconoce el régimen especial de las diputaciones forales, como tiene que ser, también se debe reconocer el singular régimen de los cabildos insulares, igual que lo reconoce la normativa actual básica con referencia al régimen local.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Pensamos que el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria cercena la autonomía financiera de las comunidades autónomas, primero, porque las aparta tanto de la participación en la definición del objetivo de estabilidad presupuestaria como de la elaboración de la planificación económica general del Estado. De esta manera, ignora el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, que todos sabemos que exige la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos, el desarrollo de las competencias exclusivas. Por otra parte, está claro que el principio de plurianualidad, que nosotros consideramos intrínsecamente relacionado con la planificación económica, de acuerdo con la posición española, queda anulado en este caso en beneficio de lo que el Gobierno llama el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Conviene recordar, ya que se habla de la Constitución -y pienso que otros grupos parlamentarios además del Grupo Parlamentario Popular se han referido a ella-, que hay un artículo, el 131.2, que cuando habla de la planificación económica dice que, efectivamente, podrá ser planificada la actividad económica general por el Estado mediante ante ley, pero a renglón seguido dice que el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo

Página 8811


con las previsiones que les sean suministradas por las comunidades autónomas. No cabe duda de que este no es el criterio que se sigue en esta ley orgánica, y por eso nosotros hemos presentado un total de 22 enmiendas de las que solamente voy a aludir a tres por su carácter importante desde nuestra perspectiva.
En la primera enmienda pedimos la supresión del artículo 4 de la ley porque consideramos que no se puede hacer responsables a las comunidades autónomas del incumplimiento de compromisos, de los que no han sido partícipes ni en su definición ni en su asunción, por parte del Gobierno central ni en los mecanismos previstos para su ejecución en el proyecto de ley.
La segunda se refiere al artículo 6. Es una enmienda de adición muy importante que pide que las comunidades autónomas que presenten un nivel de renta inferior al 75 por ciento de la renta media de la Unión Europea o al 80 por ciento de la renta media estatal podrán aprobar y liquidar sus presupuestos en situación de déficit, considerándose causa justificada a los efectos del párrafo tercero del artículo 3 y eximiéndolas de la presentación del Plan económico financiero de saneamiento previsto en dicho artículo, así como de la aplicación de las medidas de corrección contempladas en el artículo 8 de la presente ley. Es tan importante esta enmienda, que yo creo que participa de ella cualquier consejero de Economía de una comunidad autónoma en esta situación. De hecho, el conselleiro de la Xunta de Galicia, señor Orza, se acaba de declarar totalmente favorable a que en estos casos no se tuviese en cuenta la situación de déficit.
Por fin, y para acabar, hay otras dos enmiendas. Una de ellas propone sustituir el texto del apartado 7 del artículo 8 de forma que quede claro que, en el caso de que una comunidad autónoma liquide sus presupuestos incumpliendo el objetivo presupuestario, deberá remitir a su Parlamento autonómico un plan de saneamiento económico financiero en el mes siguiente a la aprobación de la liquidación. Por otra parte, para seguir reafirmando el carácter competencial de las comunidades autónomas en lo referido al artículo 11, presentamos una enmienda de modificación que propone sustituir el texto del párrafo único de este artículo por el siguiente: Las comunidades autónomas serán competentes para adoptar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento del objetivo presupuestario, tal como se define en el artículo 3.3 de la Ley General de Equilibrio Presupuestario -así la llamaríamos nosotros-, y respecto de los sujetos enumerados en el artículo 2.2 de aquella ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo creo, señorías, que ha quedado clara en el debate anterior, aunque no se refería expresamente a este proyecto de ley orgánica sino al proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, según palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, del Gobierno, al menos su posición intelectual. Podemos discrepar, pero el Gobierno mantiene una posición intelectual sobre la bondad de mantener la estabilidad presupuestaria con rigidez y no asumir el margen de maniobra que le da el Pacto por la estabilidad y el crecimiento. Parece evidente, como dije en mi anterior intervención, que el Gobierno no se alinea con las posiciones que están tomando Italia, Francia o Alemania de aprovechar ese margen de maniobra del 3 por ciento del PIB e incluso de pedir moratorias para la aplicación de ese pacto a partir de 2002.
Sin embargo, el Gobierno, aunque estamos en un escenario de comienzo de recesión o de crisis, pretende imponer este instrumento. Los argumentos no son sólo los de mover la economía, darle más o menos calor con el dinero público compensando la bajada del sector privado, sino que en Europa también se emplea como argumento que ante la crisis habrá más obligaciones, más necesidades asistenciales, más necesidades de gasto público que van a obligar a utilizar el presupuesto con ese argumento. No insisto más, el Gobierno expone su posición de que es buena la rigidez. Los andalucistas, desde luego, no estamos de acuerdo con autoimponernos para el futuro la rigidez cero de estabilidad presupuestaria.
En cuanto al segundo paquete de filosofía, no estoy de acuerdo con lo que dice el portavoz del Partido Popular porque no expresa su posición intelectual sino su posición política: el respeto a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El portavoz del Partido Popular invoca la Constitución y creo que confunde dos palabras que no tienen nada que ver, la palabra coordinar con la palabra imponer, porque una cosa es coordinar y otra cosa es imponer. Es razonable que las comunidades autónomas y las corporaciones locales asuman los compromisos internacionales del Estado acerca de cuáles son sus márgenes de maniobra, por tanto es razonable que sean corresponsables de esa decisión. Lo que no es razonable es que la corresponsabilidad venga impuesta por una ley mediante la cual sea la Administración central la que obliga al manejo de determinados indicadores sin ningún margen de maniobra para las comunidades autónomas en esta toma de decisión.
Es evidente que, con las enmiendas transaccionales que se han presentado, algo se suaviza, pero desde nuestro punto de vista no se resuelve el problema. He dicho antes que hay un proceso de involución tan claro que ha habido que hacer una disposición adicional que anula una disposición de la LOFCA, dejando en manos exclusivas del Estado esta responsabilidad de la estabilidad presupuestaria que antes era una responsabilidad compartida; luego es una marcha atrás respecto a la cuota de responsabilidad de las comunidades autónomas. También hay enmiendas técnicas presentadas por algunos grupos respecto de esa obligación de las comunidades autónomas de pedir

Página 8812


autorización no sólo para la emisión de deuda, que tendría cierta lógica para el control, sino también para el crédito de manejo de tesorería. Sería razonable que llegáramos a acuerdos transaccionales para resolver estos temas que van a provocar una excesiva burocratización del manejo financiero de las comunidades autónomas.
En general, las enmiendas que presentamos los andalucistas van dirigidas a la defensa de la autonomía, de la capacidad que deben tener las comunidades autónomas en la definición de la corresponsabilidad, en la definición de este marco de estabilidad financiera, a la exigencia de este juego porque las cosas no van tan bien como le parece al portavoz del Partido Popular y sobre todo porque, si fueron bien determinados instrumentos en momentos de vacas gordas, no está demostrado que emplear la misma medicina en momentos de vacas flacas vaya a funcionar. Es verdad que hemos vivido unos años de crecimiento de empleo importante, como ha dicho el portavoz del Partido Popular; pero también sabe que no se han alcanzado los objetivos de convergencia y lo que ha hecho este crecimiento de empleo es que determinadas comunidades, entre las cuales se encuentra Andalucía, tengan un peso referencial aún mayor con respecto a las demás en este problema del empleo. De modo que no nos gustan las medidas uniformadoras, no nos gusta la imposición del Estado considerando casi menores de edad a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Seríamos partidarios de la corresponsabilidad, del consenso, del diálogo, del marco del acuerdo y no de la imposición unilateral del Gobierno. No sé si de aquí al Pleno será posible corregir al menos algunos aspectos técnicos; será difícil corregir a corto plazo algunos aspectos de discrepancia profunda, pero así estamos en política, por lo menos que cada uno manifieste su posición ante el problema.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Después de las intervenciones con relación a la ley orgánica la verdad es que estoy convencido de la conveniencia de leer el texto literal de la ley orgánica porque me da la sensación de que muchos grupos políticos se han guiado por la necesidad de instrumentar discursos políticos y nos hemos fijado poco en lo que dice la ley. ¿Cómo se puede decir que lo que existe en el planteamiento del proyecto de ley es una desconfianza en las comunidades autónomas? ¿Cómo se puede decir que hay una involución autonómica con respecto a las competencias de las comunidades autónomas si se ha leído el proyecto de ley? ¿Cómo se puede decir que las comunidades autónomas van a quedar limitadas en su capacidad de utilizar los recursos políticos que tiene cada una de ellas a través de sus estatutos de autonomía? Por eso digo que estoy convencido de la conveniencia de leer algunos preceptos de la ley. No lo voy a hacer pero, insisto, creo que sería un ejercicio que algún grupo parlamentario debiera procurar hacer a partir de este momento, quizá. Digo esto porque me da la sensación de que en este momento no se ha hecho. ¿Dice o no dice el artículo 1 de la ley orgánica complementaria a la ley de estabilidad presupuestaria que la presente ley establece los mecanismos jurídicos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas? Lo dice. ¿Dice o no dice el artículo 2 de principios generales que los principios de estabilidad presupuestaria, pluralidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos serán aplicables a las comunidades autónomas en las formas previstas en la ley orgánica? ¿Alguien está de acuerdo en los principios que esgrime el artículo 2? Porque no he oído que ningún grupo parlamentario diga que no está de acuerdo con los principios que establece el artículo 2. ¿Dice o no dice el artículo 3 de la ley orgánica complementaria a la ley de estabilidad presupuestaria que las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas legislativas y administrativas que consideren convenientes para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria? Lo dice. ¿Dice o no dice la ley de estabilidad presupuestaria, en su artículo 5, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas actuará como órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para dar cumplimiento a los principios rectores de la ley orgánica? ¿Dice o no dice la ley orgánica que en el objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas la fijación requiere informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas? ¿Dice o no dice la ley orgánica que las comunidades autónomas aprueban los planes de reequilibrio conforme a su ordenamiento jurídico en relación con el artículo 3? Eso es lo que dice la ley orgánica. Algunas de SS.SS. han pasado por alto lo que dice el texto de la ley orgánica y eso, cuando se está en presencia del debate político sobre un texto articulado, es sencillamente difícil de aceptar. Por tanto, yo creo que habría que hacer un ejercicio reflexivo sobre lo que de verdad dice la ley, no sobre lo que los grupos políticos pretenderían que dijese la ley, que es lo que no dice.
A partir de este momento, sinceridad por sinceridad. La portavoz del Grupo Socialista dice que no hay nada que corregir a través de la ley. Efectivamente, yo he explicado que esto es una concepción distinta de lo que habitualmente eran estos proyectos de ley presentados en otras épocas. Estamos intentando poner en marcha un cambio de mentalidad en la Administración pública con respecto a la utilización que de los fondos públicos hace la Administración pública en España. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Perfecto.) Ese es un objetivo que tiene que operar cambios estructurales y usted se refería, señora Mendizábal, a corregir situaciones

Página 8813


coyunturales Pues precisamente eso es lo que no pretende hacer la ley: de ahí el giro intelectual a que yo hacía referencia y que usted atribuía a mi exceso de sinceridad. Efectivamente. No se entienda, desde luego, que existe ninguna intención, salvo que se quiera torcer deliberadamente el discurso político con intención de hacer aparecer a las comunidades autónomas como entidades necesitadas de mayor tutela de la que tienen a través de sus estatutos de autonomía. Nada más lejos de la realidad. Prueba de ello es que nuestro grupo parlamentario ha colaborado con los grupos que han querido, porque lo imposible realmente es llegar a acuerdos cuando no se tiene previsto llegar a ningún tipo de acuerdo.
El señor Padrol ha hecho referencia a la enmienda transaccional planteada por nuestro grupo al artículo 8. Yo creo que es muy importante que quede claro que los planes de reequilibrio deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Es bien demostrativo de cuál es la intención del Grupo Parlamentario Popular, es decir, que quede definido con nitidez cristalina que el ámbito de competencia de las comunidades autónomas se mantiene de modo completo, sin que la incorporación de estos proyectos de ley al ordenamiento jurídico español suponga la cercenación de ninguna de las competencias de carácter autonómico; de ninguna de las maneras. Además, hemos querido contribuir a visualizar este compromiso por parte del Grupo Parlamentario Popular colocando al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el lugar donde sin ningún género de dudas tiene que estar, que es en el papel de coordinación, en el papel de establecimiento de los criterios, junto con la Administración del Estado, junto con el Ministerio de Hacienda, de cuáles deben ser los objetivos de política presupuestaria a seguir por las comunidades autónomas. De ahí la modificación que hemos presentado al apartado cuarto del artículo 8, el que deja de aprobar el Consejo de Política Fiscal y Financiera con respecto a los planes de reequilibrio, porque son las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las competentes. Ojo, también decimos en el caso de que así se prevea por la normativa interna de cada comunidad autónoma. Pudiera ser que, en el ámbito competencial que le atribuye también el artículo 3 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria se previera otra cosa, pero en principio consideramos que el rango debiera ser equiparable al que opera con respecto al Estado; es decir, es el Congreso de los Diputados el que interviene en el proceso de aprobación del objetivo de estabilidad, es el pleno de las corporaciones locales el que actúa en materia de aprobación del objetivo de estabilidad o del plan de reequilibrio con respecto a las corporaciones locales y creemos que es razonable que sea a la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma a la que se atribuya esa responsabilidad.
Por lo tanto, espero que no sólo Convergència i Unió, sino que más grupos de la Cámara se incorporen al consenso hallado en torno a la enmienda presentada por el Grupo de Convergència al artículo 8 de la ley complementaria a la Ley de estabilidad.
Con relación a la intervención del Grupo Nacionalista -y acabo de inmediato, señor presidente-, yo lamento mucho que el Partido Nacionalista Vasco haya quedado fuera de juego en la presentación de enmiendas a la ley complementaria de la Ley de estabilidad y que las enmiendas presentadas sean menos ambiciosas que las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero la realidad es esa. Al Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco posiblemente le hubiera gustado presentar enmiendas tan ambiciosas como las nuestras en relación con el convenio de Navarra y el régimen financiero del País Vasco, pero la realidad es que no las han presentado. La literalidad de la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Vasco, que ha defendido el señor Azpiazu, dice lo que dice: En virtud de su régimen foral propio, la actividad financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra se ajustará a los sistemas de Concierto Económico y del Convenio Económico respectivamente.
Evidentemente. No hace falta que el Grupo Nacionalista Vasco lo presente como modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; esto está atribuido con garantía constitucional en la disposición adicional primera de la Constitución y está atribuido con garantía estatutaria en el Estatuto de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra. Por lo tanto, quiere decir, señor Azpiazu, que las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario del PNV tienen más contenido gramatical que otra cosa. Sin embargo, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, en el caso de Navarra, hacen referencia exacta al artículo 64 de la Ley orgánica de Amejoramiento del régimen foral de Navarra y hacen referencia expresa al procedimiento que se establece en la ley para fijar que, con relación al País Vasco -territorio, no institución-, se hará referencia a un procedimiento que resulte adecuado a la naturaleza específica del régimen foral. Esto, sin ningún género de dudas, se ponga como se ponga el Grupo Parlamentario del PNV, es más ambicioso y establece una garantía adicional a la que establecen las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco. Lo que no se puede pretender es el tan manoseado concepto político del todo o nada en relación con las posiciones políticas de cada grupo. Lo que a mí me gustaría es que el Partido Nacionalista Vasco aceptara que la garantía del funcionamiento de estas leyes con respecto al País Vasco y Navarra queda plenamente garantizada con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que de una vez por todas, señor Azpiazu, saque el concierto económico del País Vasco de la contienda política. En tres ocasiones ha hecho usted un llamamiento a la agresión al concierto económico, habiendo sido el único que ha pronunciado hoy esa palabra en esta Comisión. Dígame usted si eso no significa calentar las relaciones

Página 8814


entre la Administración vasca y la central de cara a lo que ha de venir en los próximos meses. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Medio minuto, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Medio minuto para decir no comment, señor Cámara, no comment. Si piensa usted que nuestra enmienda tiene un carácter restrictivo, acéptela. En ese sentido todo irá mejor.
Nosotros no sólo hemos planteado la enmienda inicial, sino otras dos, en relación con las cuales he hablado con el portavoz del Partido Popular para darles un tratamiento simétrico al que entendemos nosotros que se le da al tema de Navarra. No están por la labor y yo no sé el porqué. Ustedes sabrán. Desde luego, como he dicho antes, yo no soy ningún negociador del concierto económico.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.
Respecto al proyecto de Ley general de estabilidad presupuestaria, vamos a votar las enmiendas agrupándolas por grupos, salvo que algún portavoz pida la votación separada de alguna de ellas. ¿Retira el Grupo Parlamentario Popular las enmiendas números 162 y 164?

El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Sí, señor presidente, esas enmiendas han sido objeto de transacción con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Votamos el conjunto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, votamos las transaccionales a sus enmiendas 147, 148, 150 y 151.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (El señor Padrol i Munté pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Quisiera hacer constar que retiramos las enmiendas números 146 y 149 por ser coincidentes con las números 160 y 165 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), salvo las que han sido retiradas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quisiera retirar la enmienda número 75 de la Ley complementaria y que se vote separadamente la enmienda número 102 de la Ley general.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Página 8815


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos las enmiendas del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el resto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.


PRESIDENTE: El señor Queda aprobado.
Pasamos a votar el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Primer grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos las transaccionales.


El señor PADROL I MUNTÉ: Retiramos la enmienda 95 por coincidencia con la número 108.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la enmienda transaccional número 99.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor AZPIAZU URIARTE: Queremos retirar la enmienda número 75 y que se vote separadamente la número 74.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 74.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del resto del texto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comunico a SS.SS., particularmente a los portavoces, que para la presentación de los votos particulares tendrán de plazo hasta las ocho de esta tarde.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Página 8816


Corrección de errores.-En el «Diario de Sesiones» núm. 286, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 2 de agosto pasado, comparecencia de la señora presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se han deslizado los siguientes errores, imputables a la imprenta: en la intervención del señor Cuevas Delgado -página 8639, segunda columna, línea 27-, donde dice «...aquí hay un pujo de cuidado», debe decir «...aquí hay un pufo de cuidado»; en la página 8640, línea 2 de la primera columna, donde dice «...porque lógicamente los clientes no reclaman hasta que no se encuentran con que les dan los rendimientos», debe decir «...porque lógicamente los clientes no reclaman hasta que se encuentran con que no les dan los rendimientos»; en la página 8655, en la intervención del señor Martínez-Pujalte López -segunda columna, línea primera-, donde figura «...digamos con seriedad, diciendo con seriedad que estamos...», debe decir «...digamos con seriedad que estamos ante un caso...», y finalmente en la página 8661, primera columna, en la acotación del señor Caldera Sánchez-Capitán que dice «¡Pero que día!», debe decir «¡Pero qué dice!».

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal