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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 600, de 24/10/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 600
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 43
celebrada el jueves, 24 de octubre de 2002


ORDEN DEL DÍA:

- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 19522)

- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 19522)

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Se abre la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000104.)

EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000104.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenos días, señoras y señores diputados. De acuerdo con el orden del día vamos a proceder al debate en Comisión del dictamen del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. Conforme al acuerdo adoptado en la reunión de Mesa y portavoces del pasado lunes de esta semana, la ordenación del debate será la siguiente. Lo dividiremos en diez bloques.
El primero será el título preliminar. El segundo será el título I, capítulos I a IV. El tercero será el capítulo V del título I. Estos se desarrollarán a lo largo de esta mañana. En sesiones sucesivas procederemos al debate del bloque cuarto, capítulos VI, VII, VII bis y VII ter del título I y título I bis (nuevo), es decir, artículos 37 a 47; del bloque quinto, títulos II y III, artículos 48 a 54; del bloque sexto, títulos IV y IV bis, artículos 55 a 61. El bloque séptimo será el título V; el bloque octavo será el título VI; el bloque noveno será el título VII y el bloque décimo y último será el relativo a la exposición de motivos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.


Conforme también al acuerdo adoptado por Mesa y portavoces, las votaciones las celebraremos al final de cada una de las sesiones en que tengan lugar todos estos debates. Es decir en el día de hoy procederemos a la votación de los bloques que hayamos debatido no antes de la una y media de la mañana. Como es habitual en estas sesiones para la ordenación del debate, cada grupo parlamentario, de menor a mayor, defenderá sus enmiendas por medio de su portavoz, que expondrá lo que estime oportuno. Quienes no hayan presentado enmiendas podrán fijar posición. Yo ordenaré el debate con flexibilidad atendiendo a la importancia de los temas objeto de debate, pero ruego a los señores diputados que consideren la conveniencia de tener un tiempo para cada una de las intervenciones en torno a 15 minutos. Estos son los puntos en relación con la ordenación del debate, señorías. (La señora Valcarce García pide la palabra.)

Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, por una cuestión de orden.


Ante la confusión que se ha expresado tan claramente al inicio de esta sesión, mi grupo parlamentario pide un receso para la ordenación de la documentación imprescindible para la votación de las enmiendas. Señor presidente, mi grupo parlamentario no tiene constancia de la validez de los documentos que se le han hecho llegar en diferentes entregas entre ayer y hoy por la mañana. No hemos podido asegurar con los servicios de la Cámara cuáles son los que tienen validez y ante esta situación, por el buen funcionamiento de la Comisión, por la buena tramitación de este proyecto de ley, pedimos un receso para su ordenación.


Por último, quiero hacer constar que los acuerdos a los que se ha referido la presidencia no fueron tomados por unanimidad de Mesa y portavoces sino única y exclusivamente por la mayoría de los representantes del Grupo Popular, repito: única y exclusivamente.


El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, en relación con el segundo extremo al que ha hecho referencia, la fijación de las fechas de este debate, es verdad que se hizo por votación y por mayoría de la Mesa. En cuanto a la ordenación del debate y su división en bloques fue por completo acuerdo y además S.S. tuvo una intervención muy activa para llegar a un acuerdo.
(La señora Valcarce García pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Valcarce, en relación con la ordenación del debate y su división y ordenación en bloques entiendo que el acuerdo fue por unanimidad; hubo pleno acuerdo entre los componentes de la Mesa y portavoces. Acerca de su petición, no tengo ningún inconveniente en hacer un breve receso para aclarar a los grupos parlamentarios la documentación. Sé y puedo ratificar que la documentación que se les entregó ayer por la tarde en dos bloques, que están en estos momentos unificados en un solo en la documentación que tienen a disposición SS.SS., se corresponde perfectamente con la enumeración de las distintas enmiendas divididas o agrupadas por títulos, tal como se quedó en la reunión de Mesa y portavoces precisamente a petición de la representante del Grupo Parlamentario Socialista.


Se interrumpe por cinco minutos la reunión para hacer esta aclaración.
(Pausa.)

Conforme a la ordenación del debate, empezamos por el bloque primero, título preliminar, artículos 1 a 6.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, consideramos que una ley orgánica de calidad de la educación debía haberse construido y debatido con un diálogo constructivo de todos los actores que estamos interesados en que una ley de la educación sirva para mejorar sustancialmente la situación que vive en el Estado español este sistema. El paso previo que se dio hasta ahora, desde el punto de vista del Bloque

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Nacionalista Galego, fue una total falta de respeto por el pluralismo político existente en el Parlamento y consistió en una actitud arbitraria y discrecional de dialogar con aquellos que estaban próximos al Gobierno.
Para concretarlo diré que este diputado nunca fue llamado por el ministerio para dialogar, pero organizaciones sindicales de mucha más importancia y representatividad que la mayoría de las que fueron también han sido marginadas de todo el proceso, sin duda desde el criterio de que aquellos que llevan la contraria no merecen ni siquiera ser escuchados.


Pensábamos que este era el momento sustancial, si se quería rectificar el proceso anterior, para que el diálogo y el debate de las enmiendas parciales se hiciese formalmente con todos los respetos, sin prisas, sin atropellos y respetando todas las reglas del juego, pero parece que no va a ser así. Observamos que leyes que no tienen la importancia de la ley orgánica de la educación pasan meses enteros de debate pormenorizado y tranquilo en este Parlamento, mientras que una ley de estas características se va a debatir prácticamente en día y medio. Esta forma de actuar unilateral, y desde luego muy contraria a la capacidad incluso que tienen las minorías para poder afrontarlo con un mínimo de rigor, nos lleva en este momento a que demos por defendidas todas las enmiendas, en particular del Bloque Nacionalista Galego y en general de todos los grupos políticos que integran el Grupo Mixto, y dejaremos nuestra defensa exclusivamente para el Pleno de la Cámara, donde expondremos los argumentos políticos que justifican nuestras posiciones concretas y también en relación con las de los demás.


A partir de este momento pienso que lo mejor que podemos hacer, ya que no pintamos nada en este proceso ni antes ni mucho menos ahora, en un momento en que sí serían oportunos un diálogo y un debate que se podrían hacer con tranquilidad, aunque nuestras tesis no fueran adelante, es abandonar esta Comisión, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que mantiene tres enmiendas en este bloque, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: En primer lugar, quisiera hacer una reflexión general antes de pasar a comentar las enmiendas.


La reflexión de carácter general va en la línea de lo que mi grupo ha ido exponiendo a lo largo de este debate. Entendemos necesaria la reforma del sistema educativo, la cual debe de basarse en los logros conseguidos por el sistema educativo español en estos últimos años; debe de basarse en que nos encontramos en Canarias -y creo que la situación no es diferente en el resto del Estado- en un momento en el que el nivel educativo actual de nuestros jóvenes supera con creces el de hace 10, 15, 20 años atrás, aunque esto no obsta para seguir avanzando. Ahora bien, entendemos que el sistema educativo, como todo servicio público, debe evolucionar según el contexto social en el que se desarrolla, para que pueda adaptarse con flexibilidad a las nuevas necesidades y dé respuesta a las mismas. En este sentido, tanto el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria como la Consejería de Educación canaria, a través de los foros en los que se producen los lógicos intercambios entre el ministerio y las comunidades autónomas, han propiciado este texto, que contiene sustanciales mejoras en relación con el documento de base. No obstante, ya manifestamos en el Pleno que el texto que entró a debatirse en esta Cámara debía de seguir abierto a la negociación, puesto que a nuestro entender muchos de los aspectos eran mejorables.


De modo general, los cinco puntos en los que hemos centrado la necesidad de mejora del proyecto de ley que hoy debatimos se refieren, en primer lugar, a una apuesta decidida por la calidad del sistema educativo, pero que ésta se logre en todos los sectores de la sociedad, de forma que permita combatir tanto el absentismo como el fracaso escolar en las diferentes capas sociales. En segundo lugar, nos parece de gran importancia que esta reforma apueste por la calidad en todo el proceso educativo y no sólo de los resultados a través de los distintos exámenes que se plantean en este texto. En tercer lugar, creemos que el esfuerzo en el sistema educativo no debe dirigirse sólo a los alumnos, sino a los profesionales de la enseñanza, a los padres y a la sociedad en su conjunto. En cuarto lugar, entendemos que la participación de la enseñanza concertada debe realizarse bajo el prisma de las necesidades del sistema educativo. Y, en quinto lugar, nuestras enmiendas tratan de los aspectos competenciales, a fin de que las comunidades autónomas adquieran el protagonismo necesario en el desarrollo de muchos de los aspectos de esta ley y, sobre todo, que no se vulneren competencias que actualmente están transferidas a las comunidades autónomas.


En cuanto al título preliminar, paso a comentar aspectos importantes que se han incorporado, no sin antes hacer un comentario en relación con un escrito que Coalición Canaria ha dirigido a la Mesa, puesto que en el informe de la ponencia, cuando se especifican las enmiendas de Coalición Canaria que han sido aprobadas en el trámite de ponencia, hemos detectado errores. Aparece un conjunto de enmiendas incorporadas que el informe especifica que han sido producto de una transacción. Hay que matizar que unas sí lo han sido, pero otro gran número de ellas se ha incorporado sin sufrir transacciones. Por otro lado, el informe de la ponencia da a entender que determinadas enmiendas han sido aprobadas y no lo han sido -de hecho no están incorporadas en el texto- y, al contrario, otras están incorporadas al texto bien de forma directa, bien de forma transaccional, y no aparece que han sido aprobadas o transaccionadas en la primera relación. Espero,

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pues, que se valore el escrito que he remitido a la Cámara para que se subsane en el dictamen que salga de esta Comisión.


En relación al título preliminar, quisiera comentar los aspectos más importantes del informe de la ponencia, como es, por ejemplo, que se incorpore como un principio de calidad del sistema educativo -consecuencia de las enmiendas de nuestro grupo- la igualdad de derechos entre los sexos o algo que para nosotros es fundamental, como es la capacidad del sistema educativo de actuar como un elemento compensador de las desigualdades, tanto personales como sociales.


En el capítulo II, que habla de derechos y deberes de los padres y de los alumnos, nos parece importante que en el punto 5 del artículo 2 se haya incorporado que las administraciones educativas favorezcan el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones. También nos parece importante que se haya incorporado en el artículo 3, que hace referencia a los padres, el que sean oídos en todas aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de los hijos. Asimismo, nos parece bien que en el apartado 2, a) de este artículo 3, en el que figura que son responsables de la educación de sus hijos, se diga que les corresponde adoptar las medidas necesarias o -incluido por otro grupo- solicitar la ayuda correspondiente, en caso de dificultad, para que estos asuman la responsabilidad de que sus hijos cursen los niveles obligatorios y que asistan regularmente a clase. También nos parece importante el compromiso de la Administración educativa para favorecer el ejercicio del derecho de asociación de padres, así como de federaciones y confederaciones de padres.


Por lo que se refiere a los programas de cooperación, artículo 6, hemos introducido una enmienda para suprimir su punto 2, ya que, a nuestro modo de ver, trae consecuencias en lo que son las competencias de las comunidades autónomas. Por otra parte, con respecto al apartado de becas, estas deben distribuirse bajo los principios de equidad y solidaridad que se reflejan en el propio texto y además bajo el principio de compensación.


Las enmiendas de mi grupo que quedan pendientes en relación con este apartado son las números 32, 36, 38 y 39, esto es cuatro. Lo digo a efectos de que se corrija en la lista de votación que se nos ha propuesto. La enmienda 32 se refiere al artículo 3.1 y pretende añadir en el apartado relativo a los derechos de los padres un párrafo nuevo que implique participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos en la ley.


En cuanto a las becas y a las ayudas de estudios, artículo 4, hemos presentado una enmienda, la número 36, que pretende incorporar un apartado que haga referencia a algo que mi grupo planteó en el debate de la LOU y que en su momento fue incorporado a su texto, esto es, que a los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la distancia del territorio peninsular. A partir de aquí, continuaría el texto actual. Nos parece importante que se haga esta modificación, ya que, desde el punto de vista de la equidad y de la compensación, las dificultades añadidas que pueden existir en el territorio insular son obvias desde la perspectiva de los territorios fragmentados, como es nuestro caso, y de la propia lejanía con respecto al territorio continental.


La enmienda 38 hace referencia al título del capítulo IV, relativo a los programas de cooperación. Nosotros pensamos que se debería sustituir la rúbrica de dicho capítulo por la siguiente: De la organización territorial de la educación y de los programas de cooperación territorial. Hablando de un título preliminar, entendemos que la técnica de construcción del texto de esta ley no es del todo correcta, ya que no se puede hablar directamente de los programas de cooperación territorial sin hacerlo antes de la organización territorial de la educación. Esto va unido a la última enmienda que mantenemos viva en este bloque, la número 39, que pretende añadir al artículo 6, en coherencia con el nuevo título que proponemos, un apartado 1 que diga: Corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de las normas básicas previstas en esta y otras leyes orgánicas de aplicación y la función ejecutiva en Educación. Entendemos que este texto aclara el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia educativa y que después ya sí se puede dar desarrollo a los programas territoriales de cooperación entre la Administración central y las administraciones territoriales en los términos en que ha quedado redactado después de la ponencia el resto del artículo 6.


Así pues, estas son las enmiendas que mantenemos vivas en relación con el título preliminar, que es sobre el que estamos debatiendo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXBARRÍA: Señor presidente, voy a emplear mi turno de palabra para manifestar cuál es la situación de la formación política a la que represento y su percepción en este momento del trámite parlamentario. No se nos alcanza el porqué de esta velocidad inusitada a la hora de tramitar la norma, como se ha visto en el revuelo inicial de idas y venidas de todos los portavoces en relación con la tenencia o no de la documentación requerida al llegar a este momento de la tramitación.
Le he manifestado, y así es efectivamente, que a mi formación política no le llegó en el día de ayer la documentación que dicen se remitió. No quiero pensar en una especial desconsideración para con mi grupo, pero en cualquier caso estuve hasta las nueve y

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media. Alguien me vería salir y desde luego en el Grupo Vasco no es fácil que se pierdan los papeles, ya que la dimensión es muy recogidita y somos muy pocos. Específicamente, esperaba la llegada de esa documentación. En todo caso, oí manifestar a quien será portavoz del grupo mayoritario en esta ley que estas prisas obedecían a la más absoluta normalidad. Pues bien, tengo que indicar que durante la legislatura y media que llevo en esta casa he sido ponente de más de cien proyectos de ley o proposiciones y en ninguno de ellos me he visto en semejante circunstancia, en la de celebrarse la ponencia y la Comisión con estas prisas, sobre todo cuando la dimensión del proyecto es como la del que en este momento estamos examinando. Incluso -está en los archivos de la Cámara-, para tramitar la Ley de Enjuiciamiento Civil, por hacerlo con más calma y sosiego, decidimos habilitar el mes de julio y así tener todos los portavoces el tiempo suficiente para alcanzar acuerdos. Estas prisas, este tiempo tan mínimo entre la ponencia y la Comisión, sólo se da cuando el proyecto es de muy escasa dimensión o en los supuestos en los que haya acuerdo o avenencia entre todas las formaciones políticas porque el número de enmiendas sea escaso y se supone que se aprobará con la aquiescencia de todos.


Quisiera también decir al hilo de esta misma reflexión que hacer tan corriendo las cosas huele o por lo menos permite percibir que no se pretende tanto el acierto en el texto legal que se vaya a aprobar, sino que se quiere hacer deprisa y corriendo para pasar cuanto antes el mal trago. Es una percepción que quisiera que constase en el "Diario de Sesiones". Se ha incumplido además -me permitirá el presidente que se lo diga- una cortesía que hasta ahora yo he conocido que existía en esta Cámara, y no sólo con las minorías, en cuanto a la posibilidad de que el portavoz habitual de una materia sea quien la defienda en Comisión.
También se ha tenido siempre con el grupo mayoritario cuando un diputado concreto ha querido defender una norma o su grupo ha tenido interés en que fuera él y no estaba presente. Se me dirá que no hubiese viajado -por cierto, es un viaje de la Cámara-, pero es que no era previsible que finalmente se consumase la tropelía que anunciaban de celebración de la Comisión en semejantes circunstancias. Y, señorías, desde nuestra perspectiva, cuando se empieza a perder la cortesía y las buenas maneras, antes se han perdido por el camino otras muchas cosas.


Concluyo simplemente con una reflexión. El hecho de que se celebre la Comisión en estas condiciones no sólo supone pisar el derecho de las minorías a participar en el proceso parlamentario, sino que quizá -el señor letrado de la Cámara sabe de estas cosas mucho más que yo- también tiene algo que ver con una posible violación del artículo 23 de la Constitución, que, como todos ustedes saben, no solamente supone la igualdad o la posibilidad de acceso a los cargos públicos, sino que se ejerzan en las condiciones de eficacia que la materialidad de lo que se va a tratar requiere. No hay, por tanto, en mi formación política ni plante ni renuncia a defender nada, sino más bien una manifestación de la imposibilidad, por la imposición de estas prisas, del ejercicio de un trámite como la extensión del proyecto, su importancia cualitativa y el número de enmiendas requiere. No intervendré en más ocasiones y doy por defendidas la totalidad de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, que serán objeto de defensa, esperando que el dictamen de la Comisión se publique con tiempo suficiente, por quien es portavoz habitual en estas materias, mi compañero el diputado José Juan González de Txábarri, en el Pleno correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Señora Uría, únicamente quiero hacer una precisión.
Ayer por la tarde a las cinco y media los servicios de la Cámara habían concluido la remisión a todos los grupos de los listados ordenados por bloques, tal como se acordó, para facilitar la tarea de sus señorías.
Averiguaré exactamente cómo no llegó al despacho de su grupo, pero estaban en la secretaría de la Comisión de Educación, di orden de que fueran repartidas inmediatamente a todos los grupos y tengo el papel de remisión urgente a los distintos portavoces. Esta era la precisión que quería realizar, aunque lamento lo ocurrido y no pongo en duda las palabras de S.S.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Le agradezco, señor presidente, las disculpas que me da, pero usted sabrá que en los trámites de entrega y recepción de documentación rige la efectiva llegada a la persona concreta. No se trata de que hubiese ausencia en las oficinas de nuestro grupo, porque estuvimos hasta bastante tarde y yo misma estuve hasta las 9,30 horas de la noche, además figuro como sustituta de mi compañero el diputado don José Juan González de Txabarri en esta Comisión, y lo reducido de nuestras oficinas hace que sea muy difícil la pérdida o el despiste de determinada documentación. Desde luego, no le imputo a usted que no la remitiese ni tampoco a los servicios de la Cámara; lo que no es pensable es que se pueda andar con estas prisas y entregando con nocturnidad la documentación para un debate -repito- de una ley de esta magnitud. No volveré a hacer hincapié en ello, pero quería que constara en el "Diario de Sesiones".


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Buenos días, señorías.


Voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida lo más brevemente posible para insistir de nuevo en la denuncia que hemos venido haciendo sobre el método. A nosotros nos parece una abuso por parte de la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario

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Popular la imposición de un calendario maratoniano que ha debido consensuarse, lo que no ha sido posible, quedando por tanto el calendario del Grupo Popular. En realidad ustedes han convertido esta ley orgánica en una ley que tuviera tramitación de urgencia. Es cierto que han podido hacerlo y no lo han hecho, pero en realidad si imponen un calendario como el que estamos enfrentando, francamente se podían ustedes haber evitado todo esto trayendo la ley por trámite de urgencia. Nosotros no vamos a validar este proceso, y ya lo advertimos en la reforma universitaria, por respeto al trabajo que hacemos los grupos parlamentarios, por respecto a los colectivos sociales, a los agentes sociales, a los ciudadanos que han trabajado con nosotros -y seguramente también con ustedes- desde la preocupación de que sus expectativas y sus anhelos con respecto a la reforma educativa, y a la ley de calidad en particular, se vieran expresados de alguna manera, al menos, en las enmiendas de la oposición.
Ustedes no han escuchado ninguna razón ni han dado ningún argumento razonable. Me gustaría quedarme a defender las 253 enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario y a escuchar los argumentos de las diputadas y diputados de todos los grupos que están presentes en la Comisión, pero desde el respeto más profundo al trabajo que SS.SS. van a hacer aquí esta mañana y a las decisiones tomadas por los grupos parlamentarios, queremos decir que no vamos a ser cómplices de este proceso, y que como en el trámite de ponencia se han admitido nueve enmiendas, mantenemos vivas el resto de las enmiendas para el Pleno y allí las defenderemos con un poquito más de tiempo. Repito que nos da pena abandonar porque hemos hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero sinceramente creo que el Partido Popular se merece por lo menos una reflexión; tal vez nuestro gesto sea muy humilde por venir de un grupo parlamentario minoritario, pero tal vez sirva para que ustedes piensen que en el futuro no se pueden hacer reformas educativas del calado social de la que estamos hablando con estos métodos, con falta de participación y, por si teníamos alguna duda, señorías, sobre qué hacíamos esta mañana, ayer nos las resolvió todas la señora ministra en la entrevista de La 2.
De modo que, con el debido respeto a todos y cada uno de SS.SS., el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no va a ser cómplice de este debate que, en nuestra opinión, es una pantomima y que no es el que se merecen la comunidad educativa ni la sociedad española, y mucho menos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que tenemos un alto sentido de la responsabilidad, como así lo hemos demostrado con la presentación de proyectos de ley propios y ahora con este esfuerzo tremendo que representan las 1.160 enmiendas que hemos formulado.


Nada más, señorías, y suerte.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Desgraciadamente, me tengo que sumar al malestar general que hay en esta Comisión, en este Parlamento y en todo lo que nosotros representamos, por lo que es un abuso de poder por parte de la mayoría del Partido Popular en la tramitación de esta ley. Un abuso de poder con todas las letras que supone esa expresión. El Partido Popular confunde este Parlamento con una oficina administrativa que tuviera que poner un sello de goma o de tinta a un texto aprobado por el Consejo de Ministros. Según la perspectiva que tienen el Gobierno y el Partido Popular, el trámite parlamentario es un trámite en el sentido más vulgar de la expresión. El Consejo de Ministros aprueba un texto y pasa por aquí para que se le ponga un sello, prácticamente como pasa la luz a través del cristal, sin ser modificado, sin ser retocado, sin ser debatido, para después aparecer en el BOE. En el fondo, de la forma en que se está afrontando, casi es un trámite molesto, casi es un trámite desgraciado, ojalá se pudieran hacer reformas por decreto ley.
Desgraciadamente la Constitución le impone al Grupo Parlamentario Popular que gente tan molesta como nosotros, gente tan desagradable como los distintos grupos políticos, tengamos alguna cosa que decir y lo que hace es torearnos de la forma mínima e indispensable, porque menos que esto sería ya directamente inconstitucional y vaya usted a saber si en algún caso sería hasta delito. Como no hay más remedio que escucharnos un rato, nos ponen dos días, prácticamente sin los papeles, para que por lo menos la formalidad de lo que es el trámite parlamentario se haya cumplido, reduciendo a los portavoces de los grupos democráticos de este país a meras comparsas de una farsa de trámite legislativo que es lo que ha decidido hacer el Grupo Parlamentario Popular con esta ley. Es algo que se les va a volver en contra al propio Gobierno y al Partido Popular y es algo que todos debemos denunciar con todas las letras y con toda la autoridad y legitimidad democrática que nos dan los millones de votos que representamos los que estamos aquí. No somos teatro, no somos personas que estemos aquí simplemente para dar coba al Gobierno, representamos a la sociedad y algunos todavía -y esperamos que dure- nos lo creemos.
Cuando después de unas elecciones generales, algunos lamentamos los índices de abstención, intentamos animar a los ciudadanos y les decimos: No, no os abstengáis, votad en las elecciones, que el Parlamento sirve, que el Parlamento está ahí, por más que se empeñe el Partido Popular en intentar convencer a la sociedad de que el Parlamento es absolutamente estéril, y que la función del Parlamento es votar un presidente del Gobierno al principio de la legislatura, en razón de un programa electoral, para a partir de ahí bajar la persiana y reducir esto a un

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simple altavoz para ruedas de prensa, donde la negociación, donde la discusión parlamentaria, donde la serenidad que aporta el debate entre personas que representan distintos intereses y distintos sectores de la sociedad quede absolutamente reducido a la nada. Eso es el espectáculo que ha decidido dar hoy el Grupo Parlamentario Popular con esta ley, con fraude a la Constitución, con fraude al propio sentido que tiene la tramitación parlamentaria y con un desprecio a la sociedad que todos nosotros representamos y que tuvo por ejemplo como protagonistas a todas las personas que comparecieron en el trámite de audiencia; personas que, ingenuamente ellas, desgraciadamente creyeron que estaban explicando su perspectiva de la ley orgánica de calidad de la educación a aquellos que tendrían algo que decir sobre ella; personas que vinieron aquí a explicar a los parlamentarios, porque creyeron que pintábamos algo, creyeron que hablaban a alguien que representaba algo, sus perspectivas, vinieron a decirnos en qué querían que se mejorara y nos entregaron papeles y documentos. Todos los que estamos aquí hemos recibido montones de papeles de distintos sectores, de distintas asociaciones, para que negociáramos, para que con respeto a la mayoría de la Cámara, la mayoría también escuchara las voces de los demás y pudiéramos llegar a una ley que, aunque no tuviera el acuerdo total de todos, por lo menos hubiera incluido las modificaciones y las aportaciones de unos u otros, como se ha hecho en el pasado con algunas otras leyes y como en general se hace durante lo que es la tramitación legislativa. Decía la portavoz del grupo vasco que ella había sido ponente de cien leyes, yo no me atrevería a tanto, pero sí he sido ponente de más de una decena y de dos decenas de leyes, y ciertamente el espectáculo que estoy viendo aquí, en una ley de este calibre, no tiene precedente. Sí lo tuvo en la Ley Orgánica de Universidades, donde nos opusimos también en las formas. Por tanto, quiero dejar constancia de la más firme protesta de mi grupo parlamentario a este respecto.


Si entramos en el fondo del asunto, hablando muy específicamente en nombre del Grupo Catalán-también hasta ahora, pero en este caso más- querría aclarar de una vez por todas que la ministra de Educación, Cultura y Deporte falta a la verdad, lo cual corresponde a decir que miente, cuando sostiene que tenía un acuerdo con mi grupo parlamentario y que ese acuerdo se ha visto alterado después. Como eso no es cierto, me corresponde decirlo muy alto. No ha habido nunca un acuerdo del Grupo Parlamentario Catalán sobre esta ley. Soy protagonista en primera persona de las negociaciones que ha habido respecto de este texto. Ha habido negociaciones, cierto, sobre el fondo de la ley en cuanto al modelo educativo y sobre el reparto de competencias que esta ley viene a alterar; pero esas negociaciones no prosperaron por el empecinamiento del Partido Popular y por el mantenimiento de una profunda desconfianza en las administraciones educativas y una percepción de que la descentralización educativa y la transferencia de competencias, que así se percibe desde aquí, sólo ha introducido el caos en el modelo educativo español, y que lo que hay que hacer es una ley que ponga orden, una ley que eleve a rango de ley orgánica cosas que, en el mejor de los casos, deberían estar en una orden ministerial. Esa es la ley que traemos hoy.
Ante la constatación de que no había acuerdo en eso, ni siquiera para superar el trámite de la enmienda a la totalidad y, por supuesto, ni siquiera para la ley en su conjunto en muchos temas que tampoco tuvimos tiempo de entrar a negociar, por todas esas razones mi grupo sigue considerando que esta es una mala ley y no le puede prestar su apoyo. Por tanto, quien en nombre del Gobierno, o en nombre de haber sido pretendidamente testigo de negociaciones, siga afirmando que el Grupo Parlamentario Catalán se ha echado atrás, o expresiones de ese estilo, sencillamente está faltando a la verdad y no tiene más matíz. Creo que la propia trayectoria de Convergencia i Unió desde 1977, si me permite, y podría quedarme más simplemente desde 1996, acredita que mi grupo parlamentario ha dado apoyo a leyes presentadas por el Partido Popular, incluso con gravisima contestación social, cuando ha considerado que eran buenas leyes. Lo hizo con el Plan Hidrológico Nacional, lo hizo con la Ley Orgánica de Universidades y lo ha hecho con tantas otras. Luego no es la gente gritando en la calle en determinados casos lo que puede hacer que mi grupo modifique su posición cuando mi grupo considera que esa ley está bien hecha, o que esa ley, por lo menos, mejora el ordenamiento vigente, o que esa ley merece nuestro apoyo. Ese no es el caso aquí, y que le produzca un cierto vértigo al actual equipo directivo del Grupo Parlamentario Popular en el ámbito educativo encontrarse absolutamente solo defendiendo esta ley, es un problema que sólo a ellos incumbe. A nosotros nos corresponde decir que no apoyamos esta ley en su presente texto y que, previsiblemente, salvo milagro y aceptación de enmiendas, que no parece que vayan por ahí los tiros, no apoyaremos esta ley en su trámite final. Eso es tan obvio que tiene que ser así, como lo sería si se entendiera, y cuesta imaginar que alguien no lo comprenda, que mi grupo parlamentario no puede votar una ley, ni con negociaciones de ningún tipo, ni con mercantilismos baratos, que vacíe de contenido las competencias educativas de los gobiernos autonómicos. Y esta ley vacía de contenido las competencias educativas de los gobiernos autonómicos. Esta ley es una auténtica LOAPA del ámbito educativo. Es una ley que deja sin sentido lo que los estatutos de autonomía dicen en el ámbito de educación y lo que la propia Constitución dice en el ámbito de educación. Quien crea que con un caramelo, dos caramelos o veinte caramelos el Grupo Parlamentario Catalán va a votar contra del nivel de autogobierno que la Generalitat de Cataluña ha adquirido por implementación del estatuto y de la Constitución, o no conoce al

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Grupo Parlamentario Catalán, o vive un mundo distinto del real, o no sabe exactamente qué país es este. Por tanto, basta ya de hacer juicios de intenciones respecto de otros grupos y de que se intente transmitir a la sociedad una imagen que no se corresponde con la realidad.


Dicho esto, entro por primera vez, y seguiré durante el trámite de esta defensa de enmiendas, en el contenido de la ley. Brevemente, señor presidente, porque tendremos ocasión de hacerlo mucho más. Ciertamente esta ley tiene algunos elementos de contenido que podríamos llegar a compartir y otros que podríamos compartir, aunque simplemente creemos que quienes lo tienen que hacer son las administraciones educativas, con la terminología que utiliza esta ley; es decir, los parlamentos autonómicos y los gobiernos autonómicos. Es cierto que en muchas ocasiones, cuando planteamos la supresión de tal o cual artículo, no significa en todos lo casos que nos opongamos a que eso se haga, sino que creemos que eso no lo tiene que hacer ni esta Cámara, ni el Gobierno central por ley orgánica.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán no se opone a una reforma educativa. Sí nos oponemos a una reforma que intente presentar la situación actual como absolutamente desastrosa y esta reforma como la panacea, pero no nos oponemos a una determinada reforma educativa, a una mejora de la calidad de la educación, a una mejora incluso de las estructuras de gobierno, de las estructuras de gestión del sistema educativo y de toda la enseñanza pública. No nos oponemos a eso y lo hemos demostrado con nuestro texto alternativo. Podemos compartir algunos principios del sistema educativo, pero donde no coincidimos es en el reparto de competencias que se hace y tampoco en todo lo que es el modelo educativo.


Las enmiendas a los artículos 1 a 6, que son los que tenemos que comentar en este primer punto, afectan a los principios donde introducimos la garantía de no discriminación, que no aparecía. No voy a detallar una por una las enmiendas porque sería un trámite larguísimo. Hemos introducido una enmienda que ha sido incorporada en trámite de ponencia relativa a los derechos de los padres. Pretendemos dejar claros dos puntos, y me detengo brevísimamente. Uno, el ámbito de becas, en el que el Gobierno no tiene competencia exclusiva. Por eso proponemos una redacción distinta del artículo 4 que clarifique mucho mejor, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional ya dictada en el ámbito universitario y cuyos principios valen exactamente igual para este ámbito, lo que son las competencias básicas del Estado y lo que son las competencias de los gobiernos autonómicos con administraciones educativas. El Estado garantiza la igualdad ante los españoles y fija los elementos básicos de ese sistema de becas y ayudas al estudio. A partir de ahí, las comunidades autónomas establecen el desarrollo, la ejecución y el control del sistema de becas con recursos que le han sido debidamente transferidos. Ese es el modelo de la Constitución y el modelo de los estatutos de autonomía, y ese es el modelo que entendemos que debería existir en esta ley. Finalmente, mi grupo propone la supresión del artículo 6, que es el primero de los múltiples ejemplos que tendrá esta ley de invasión competencial flagrante, como son los programas de cooperación que pretende establecer el Estado. Entendemos que el Estado se ha quedado con una gran cantidad de gente en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que necesita tener una salida. A partir de ahí se pretenden recuperar determinadas actividades que no tienen ningún derecho a ejercitar. Según esta ley, corresponde al Gobierno aprobar, previa consulta a las comunidades autónomas -consulta evidentemente no vinculante-, los programas de cooperación territorial, el establecimiento de la finalidad y objetivos de cada uno de ellos, los elementos básicos de procedimiento, etcétera. A partir de ahí, se trata de programas de cooperación desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación mediante convenios. Pues bien, eso no tiene sentido y no coincide para nada con las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia. En este caso, como haremos en otros tantos, proponemos pura y simplemente la supresión del artículo 6.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Nos hemos quedado casi solos en el debate de esta ley en Comisión, aunque no tan solos como el Partido Popular y el Gobierno a la hora de defenderla, y las razones son claras. Mi grupo quiere denunciar el abuso del Partido Popular, de la mayoría absoluta del Gobierno en esta Cámara; abuso especialmente asfixiante en materia educativa, como ustedes saben, y a la hora de imponer los calendarios de tramitación de proyectos de ley como el que hoy debatimos. Si no fuera porque ya sabemos cómo va la educación en esta Cámara desde que está al frente de la misma la señora ministra, y sabemos también que estaban ustedes al tanto la semana pasada de que acabarían imponiendo un calendario a los grupos de la oposición, pensaríamos que asistimos a las primeras represalias del Grupo Parlamentario Popular porque perdió en el debate de presupuestos. Lo peor de todo es que ni siquiera es eso; es, sin más, lo habitual en materia educativa desde que la señora ministra está al frente de la educación y ustedes simplemente tienen que poner en marcha la apisonadora para que ella pueda sustituir el Parlamento por la televisión. Eso es lo que está haciendo. No ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que le venimos haciendo en esta Cámara desde hace tiempo, y lo que están haciendo es sustituir el Parlamento por los telediarios o por la televisión pública.


En razón de que era imposible que realizáramos nuestro trabajo como diputados y diputadas representantes

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de la sociedad española en la sede de la soberanía popular, pedimos un brevísimo aplazamiento que nos permitiera la posibilidad material de emitir un juicio y defender las 1.166 enmiendas que ha cosechado este proyecto de ley. Pues no sólo nos contestaron que no, sino que han obligado en la Junta de Portavoces a que, de manera excepcional, quede abierto el orden del día de la semana próxima para cerrarlo el sábado, de modo que puedan continuar con sus planes de imponer un calendario que no tiene nada que ver con la dignidad y decoro que merecen esta Cámara, los grupos parlamentarios y los diputados y diputadas. Nada de esto puede estar en consonancia con un proyecto de ley de la magnitud del que nos ocupa. Este proyecto debería ser debatido con el mayor rigor y sosiego y con la menor crispación, y ustedes sólo contribuyen a lo contrario; y de este modo contribuyen sólo a que entre todos debilitemos la democracia.
Pues bien, señorías, no vamos a aceptar ser cómplices de esto, aunque por respeto a la Cámara -un respeto mayor del que le tienen otros- nos quedaremos a defender nuestras y a emitir un juicio sobre las de los demás grupos parlamentarios. Insisto, de todos modos, en que los grupos de la oposición que se quedan demuestran un respeto y una elegancia que otros no tienen en los debates de las leyes, singularmente en el debate de la Ley de universidades y en el que hoy nos ocupa.


La pregunta es: ¿por qué pasa lo que está pasando con una ley tan buena, que tiene tantos apoyos y que mejorará de tal modo la calidad de la educación? No lo entiende nadie. Hay algunos ejemplos magníficos en la Cámara. Esta es una ley orgánica que reformará en profundidad el sistema educativo, y al mismo tiempo se debate en la Cámara, como cada año, la ley de acompañamiento de los presupuestos, cuyo tiempo de estudio en su trámite de enmiendas es tres veces más largo, hay tres veces más tiempo entre la ponencia y el debate en Comisión, teniendo un número de enmiendas tres veces menor. Nadie lo entiende, salvo que el resumen sea el que piensa el Grupo Socialista, que las reformas antisociales sólo se pueden defender con formas autoritarias. Esto es lo que está ocurriendo aquí y lo que mi grupo quiere denunciar. Ni la comunidad educativa ni este Parlamento merecen las formas en que ustedes nos hacen debatir, tramitar, enmendar y tratar de mejorar esta ley, que creo que con dificultades va a salir mejor de aquí puesto que hemos presentado 335 enmiendas y se nos han aprobado cinco. Sin embargo, ya estamos acostumbrados a eso.


Lo que acabo de decir nos ha llevado a situaciones kafkianas que quisiera denunciar también. Ya saben que el Gobierno acabó escondiendo una memoria económica que existía y que decía demasiadas verdades sobre los fines de esta ley, y pidiendo a esta Cámara que le considerara incompetente para evaluar los costes de los artículos de su reforma. Conseguido que el Reglamento no le fuera aplicado al Gobierno, se les escapó a ustedes que se le aplicara a la oposición. Así, hemos tenido que aceptar que el Gobierno pueda vetar las modestas enmiendas de la oposición una vez evaluado el coste de las mismas, tras haberse considerado a sí mismo incompetente para evaluar el coste de sus artículos. Estas situaciones kafkianas sólo pueden llevar, con las pruebas fehacientes sobre la mesa, a ganar recursos a la oposición, -a lo que últimamente están acostumbrados-, y a situaciones que dicen tanto en tan poco de lo que está pasando aquí.


Entrando en materia, casi todas las enmiendas de mi grupo son de supresión, sobre todo en esta primera parte, porque creemos que la reforma, como aportación al marco legal actual, es simplemente caótica.
Tratamos de aprobar una ley que se llama nada más y nada menos que de calidad, con artículos que en algunos casos están simplemente copiados de leyes anteriores, pero sin derogar los artículos no copiados que continúan existiendo en otras leyes. Este caos legislativo lo denunció el Consejo de Estado en su informe, y ustedes no le han concedido la más mínima intencionalidad en positivo, ya que cada vez que el Grupo Socialista hace una enmienda ustedes la entienden al contrario. En cualquier caso, les anuncio que esto va a obligar a una compilación urgente de normas vigentes en materia educativa, para sonrojo de este Gobierno. Hubiera sido un detalle atender al menos a una consideración de la magnitud de la que a este efecto hacía el Consejo de Estado.


Les voy a poner otro ejemplo de su irresponsabilidad, muestra también de algo tan inconcebible como lo que está sucediendo. Hace más o menos dos años, para mejorar la enseñanza de las humanidades, mi grupo parlamentario acordó con el Partido Popular nuevos decretos de enseñanzas mínimas -que se publicaron en diciembre de 2000-, a partir de los cuales las comunidades autónomas tuvieron que elaborar nuevos decretos de currículum. Pues bien, antes de aplicarlos, tendrán que volver a cambiar a los currículos porque los cambia esta ley. Las formas del proyecto de ley, como las de su tramitación, son inconcebibles teniendo en cuenta la realidad autonómica de nuestro sistema educativo y el más elemental buen hacer legislativo. Cada vez que hemos podido abrir la boca, hemos tratado de hacer una aportación en este aspecto, pero ya vemos que ni siquiera han tenido a bien atender al Consejo de Estado en cuestión tan razonable como la de no sembrar el caos legislativo con una reforma como ésta.


Nuestras enmiendas son, pues, de supresión porque creemos que se trata de hacer otro tipo de ley: una ley que tenga como objetivo más y mejor educación para todos; una ley capaz de minorar los índices de falta de rendimiento académico de nuestros alumnos o los de fracaso escolar que tenemos hoy. Sin embargo, ustedes han decidido que debe ser de otra manera. Insisto en que tendremos que compilar con urgencia el marco legislativo en materia educativa para que unos y otros

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-fundamentalmente las comunidades autónomas- puedan disponer de un ordenamiento jurídico sobre el que aplicar y normar sobre el sistema educativo.


Alguna enmienda es también de supresión debido a que el texto articulado impide la filosofía que se pretende aportar. Es decir, si estos son los principios de calidad que deben acompañar e informar nuestras leyes educativas, deberíamos retirar la ley. Si ustedes fueran coherentes, simplemente deberían enunciar todos estos principios de calidad y después retirar esta ley, porque ninguno de ellos tiene que ver con aquello que se dice en el articulado que debe ser nuestro sistema educativo. Me voy a referir brevemente a alguno de ellos y les daré entonces las razones de nuestras enmiendas. En primer lugar, hablemos de la equidad que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad. La gran arma para la equidad son los derechos de escolarización de nuestros alumnos, y esta es la primera ley educativa de la democracia española que en vez de ampliar derechos de escolarización los recorta. Esta no es una obsesión del Grupo Parlamentario Socialista, es algo que le han dicho todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y también la comunidad educativa, pues recordarán ustedes que parte importante de ésta, sobre todo aquellas organizaciones que tienen representación porque se presentan a las elecciones, se lo dijo también en esta Cámara. Más allá de eso, han quebrado ustedes un consenso educativo importante, que unió aquí y fuera de aquí a todos los grupos parlamentarios y también a la comunidad educativa, que fue el alcanzado respecto a la escolarización gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años. Ustedes ya pretendieron quebrarla en el noventa, cuando no apoyaron la LOGSE -fueron los únicos que no lo hicieron-, después de dos años de debate y un libro blanco de reforma de la educación. Todo esto no lo hemos tenido ahora aquí, y sin embargo nos traen la propuesta de alejar de la escuela desde los quince años a niños y niñas con dificultades de aprendizaje.


De la educación en valores ¿qué les voy a decir? Si tiene que limitarse sólo a la adquisición de conocimientos, por importantes y necesarios que estos sean, nos falta una pata importante de aquello que pretendemos que nuestros niños y niñas reciban desde la escuela. En cuanto al aprendizaje de las lenguas extranjeras, lo que tenemos aquí sobre todo es el refuerzo del latín y la religión. No nos parece que esa sea la manera de acabar con el fracaso escolar. Pensamos que la escuela y la sociedad que queremos que derive de ella necesitan atender más adecuadamente la difícil tarea de formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad, pero si ni siquiera podemos tener ese clima en esta Cámara, ¿qué quieren que pida al Partido Popular que fomente en la escuela?

En cuanto a la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa les digo lo mismo. Cuando ustedes han buscado soluciones a los problemas del sistema educativo han decidido que tenía que haber menos derechos y menos democracia. A eso es a lo que hemos asistido. Con el texto articulado negamos de nuevo aquello que decimos que debe ser fundamento de la calidad. Aquí hay un recorte de la democracia y de la participación democrática en nuestros centros públicos, por eso se ha restado al consejo escolar capacidad decisoria y se le ha convertido en un órgano meramente orientativo y consultivo. Por si esto fuera poco, se ha recortado incluso la participación de los padres y madres en las decisiones de escolarización de sus hijos, cuando no hay análisis internacional que no nos diga que hay que empezar a buscar mecanismos para lo contrario. Sinceramente, si ustedes creen que las soluciones a los problemas de nuestro sistema educativo son menos derechos y menos democracia, eso dice mucho de su concepción de la manera de tratar nuestros problemas actuales.


La concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de toda la vida es para nota. Aquí el descaro raya la provocación, puesto que todo su proyecto de ley está lleno de medidas para recortar derechos y para expulsar prematuramente al alumnado de los centros, rindiéndose completamente frente al fracaso escolar. Además, estamos de nuevo a vueltas con una Ley de universidades en la que ustedes no quisieron abrir más las aulas, como estaba haciendo toda la Unión Europea.


En cuanto al fomento de la experimentación, la innovación y la investigación educativa, si algo es este proyecto, desde la reválida, pasando por la recuperación del cuerpo de catedráticos, por los directores a dedo y por las decisiones educativas tempranas, es rancio por antiguo y por poco ambicioso, porque lo que hace básicamente es mirar atrás, como han argumentado ya en esta Cámara numerosos expertos del mundo de la educación. Por tanto, han hecho ustedes caso omiso a los resultados de las principales investigaciones que se han realizado en las últimas décadas sobre esta materia.


Respecto al refuerzo de la autonomía y la potenciación de la función directiva de los centros, ya hemos sabido lo que se pretendía hacer.
Durante algún tiempo escondieron ustedes lo que iba a pasar con la elección de los directores, pero ahora se les va escapando por el camino.
A lo mejor a eso se deben las prisas, a tratar de evitar que durante la tramitación vayamos conociendo más cosas que ustedes han querido esconder detrás de esta ley, porque se han escondido muchas. Durante un año se escondió la reválida, que finalmente salió la memoria económica, los números de las becas, todo va saliendo, porque al final somos capaces de denunciar determinadas cosas. El otro día supimos a través de la secretaria general de Educación que pasábamos a reconvertir los problemas de las direcciones de nuestros centros públicos en el cambio de la elección del director, pero debilitando aquello que pretendíamos

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mejorar, que era la capacidad para que él o ella y su equipo tomaran las decisiones necesarias. Si ustedes creen de verdad que la manera de reforzar las direcciones actuales de los centros educativos es restarles legitimidad democrática y que eso va a mejorar la posibilidad de que ejerzan más y mejores competencias o se estabilice su figura como tal, están muy equivocados y así se lo diremos en las enmiendas posteriores.
Tengo la sensación de que creen que todos tenemos que ser elegidos como eligen ustedes, que en vez de todos a uno, uno los elige a todos. Parece que aquí estamos volviendo a eso y va a ser la Administración educativa la que mejor sepa quién y cómo se deben dirigir nuestros centros educativos. Por tanto, como les he dicho, ninguno de estos principios tiene que ver con su concreción en el articulado de esta ley. Por eso, por coherencia, deberían ustedes retirarla, a no ser que acepten las modificaciones que les proponemos y, por tanto, acepten la supresión del artículo 1, ya que si de algo adolece esta ley es precisamente de esa calidad.


En materia de derechos y deberes de padres de alumnos, todas nuestras enmiendas van en el sentido de reforzar su participación en nuestras escuelas en vez de alejarles de las mismas, que es lo que hace el Partido Popular. Por estas razones que ya les he comentado, yo hubiera llamado a este capítulo del recorte de la participación del profesorado, del alumnado y de sus familias en el sistema educativo y no de derechos y deberes de padres de alumnos. Además, hay algunas cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, en el proyecto de ley derogan ustedes el artículo 6 de la LODE para copiarlo íntegramente en este artículo 2. A continuación, copian los deberes de los alumnos, regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto de 1988, menos uno, señorías, el que dice: no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. ¿No está de acuerdo el Gobierno? ¿Es esa la razón por la que se copia todo dejando casualmente uno fuera? A veces copiarlo todo y dejar algo fuera tiene peligros, porque entonces alguien debería responder por qué se han copiado todos los deberes excepto el de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por todas estas razones. Como estoy acostumbrada a que se nos conteste a pocas cosas y esto lo he preguntado ya en alguna ocasión, me encantaría saber si alguien puede decirme hoy cuáles son las razones por las que se ha hecho esto.


Finalmente, el capítulo de becas y ayudas me parece toda una burla, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos conociendo de la política de becas y ayudas al estudio del Gobierno del Partido Popular. Se lo hemos dicho ya por activa y por pasiva y no es una obsesión del PSOE. Los rectores, los profesores, los estudiantes, los padres y madres, los centros e institutos y todos los grupos parlamentarios les han dicho que pueden llenar el Boletín Oficial del Estado de todo lo que quieran, pero que esto no sirve de nada si después no son capaces -hablo en este caso del Gobierno de llevarlo a cabo, sino más bien todo lo contrario. La señora Del Castillo, a conciencia de su difícil capacidad de diálogo y de comprometer y por tanto consensuar ninguna de sus reformas, va a ser la ministra que más páginas llene del BOE pero que menos cambie la realidad educativa de este país. Si no somos capaces de legislar de la mano de quienes después son los garantes de que aquello que se legisla se aplique, que son las comunidades autónomas y la comunidad educativa, pasará lo que está pasando. Pueden ustedes llenar los artículos de buenas intenciones en materia de becas, pero si después se dedican a hacer recortes drásticos en las mismas, acabando por cierto con todos lo principios de calidad, empezando por el de la equidad, poco van a conseguir, y tampoco nos gusta que las leyes acaben siendo una burla en aquello que ustedes hacen.


En cuanto a los programas de cooperación, en la enmienda del Grupo Socialista hay un error, pues se trata de una enmienda de adición y no de modificación. Lo que pretendíamos era sumar los convenios de la Unión Europea en esta materia. Lo que sí les quiero decir es que los programas de cooperación tendrían que inyectar recursos y, más allá, deberían convenir para mejorar los mínimos de calidad educativa en los territorios que sabemos que adolecen de la misma. Nos hubiera gustado que estos programas de cooperación tuvieran esa finalidad, en vez de esta coordinación territorial extraña y complicada a raíz del marco legal y de las competencias transferidas que nuestro mapa educativo tiene. En cualquier caso, quiero aclararles que la enmienda del Grupo Socialista es de adición.


En resumen, nuestras enmiendas son básicamente de supresión, por las razones que ustedes conocen, porque creemos que el primer artículo invalida el resto de la ley. Por tanto, no burlen el resto de la ley con este artículo. Si no lo suprimen ustedes, no estaremos en condiciones de afirmar que estén por la mejora de la calidad a través de todos estos principios, de equidad, transmisión de valores que favorezcan, capacidad de actuar como elemento compensador, etcétera, porque después viene completamente desmentido por cualquiera de las concreciones que integran el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Iniciamos hoy en Comisión en debate de la ley de calidad de la educación. Siento enormemente que algunos de los grupos que han intervenido, concretamente PNV, Izquierda Unida y Mixto, no se hayan quedado a oír cuál es la posición del Partido Popular. Eso demuestra que al igual que, por desgracia, hay absentismo escolar también hay absentismo parlamentario. Han dicho una serie de improperios y han hecho unas imputaciones y,

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una vez hechas las imputaciones y dichos los improperios, se han levantado y se han ido. Punto. No les voy a contestar porque me parece una falta de cortesía parlamentaria que hasta ahora yo no había conocido en estas Cámaras.


Me referiré, en primer lugar, a la intervención de Coalición Canaria.
Coalición Canaria sabe perfectamente -y así lo ha indicado- que las conversaciones han sido amplias y que se ha ido estudiando artículo por artículo y punto por punto. Ya dijimos en ponencia las enmiendas en las que habíamos llegado a acuerdos y se habían aceptado y aquellas otras en las que, hoy y mañana, en la tramitación en la Comisión podríamos llegar a fórmulas consensuadas, pero que en otras no nos es posible. Quiero indicar a la señora Julios que nos es imposible llegar a un acuerdo respecto a las enmiendas 38 y 39 porque no podemos aceptar la rúbrica que proponen para el capítulo IV: De la organización territorial de la educación y de los programas de cooperación territorial. Respecto al artículo 32, ya dijimos en ponencia que lo estudiaríamos más detenidamente, así lo hemos hecho, lo hemos aceptado y ya está incluido.


La intervención de Convergència i Unió me ha extrañado mucho porque el señor Guardans suele ser más moderado en sus intervenciones parlamentarias, pero aquí ha dicho frases como fraude a la Constitución, molesta y desagradable, abuso de poder, intentar que el Parlamento sea una oficina administrativa. Tengo que decirle que cualquier parecido es mera coincidencia porque esta ley, lo sabe perfectamente -de paso contesto también al Grupo Socialista-, tuvo entrada en el Congreso de los Diputados el día 31 de julio. Si no me falla la memoria, el plazo de enmiendas se ha ampliado tres veces -creo recordar que en la LOGSE sólo se amplió dos-; posteriormente, ante esta Comisión han comparecido representantes de sindicatos, de colegios profesionales, representantes de organismos como Educación y Gestión, directores de algunos institutos, etcétera. Durante dos días estuvimos escuchando sus opiniones y algunos, señor Guardans, hemos recogido que la mayoría de los que vinieron estaban de acuerdo en las líneas fundamentales de la ley de calidad; otros, por supuesto, no. Eso es normal. Como consecuencia de las intervenciones de algunas personalidades que nos acompañaron, este grupo recogió algunas cuestiones que se han plasmado en enmiendas del Grupo Popular.
Posteriormente -hay que decirlo para que quede plasmado en el "Diario de Sesiones"-, en la reunión de la ponencia del martes pasado por la mañana, el señor González de Txabarri -creo que fue él, pero como no está presente no quiero asegurarlo- se opuso a que se iniciara la tramitación en esta Comisión. Yo quiero recordar que no vamos tan deprisa. La tramitación de la LOGSE duró cinco medios días y en este caso van a ser cuatro medios días. A mí me parece muy curioso que alguno de los grupos diga que no ha tenido tiempo de leer las mil y pico enmiendas cuando resulta que casi 400 son del propio grupo. Los tres ponentes del Grupo Popular nos las hemos leído todas, pero las que conocemos perfectamente son las que el Grupo Popular ha presentado. En cualquier caso, se ha respetado el Reglamento escrupulosamente. Por tanto, no admito, en nombre del Grupo Popular, que se diga que ha habido fraude a la Constitución.
Ese término no lo podemos tolerar, en absoluto. Saben ustedes que yo normalmente soy moderado en mis expresiones, pero ese término no lo podemos tolerar porque el Reglamento se ha respetado absolutamente.
También hemos intentado llegar a acuerdos con alguno de los grupos que ha intervenido. Indudablemente, las negociaciones unas veces finalizan en acuerdo y otras no. Nunca hemos dicho que se había llegado a acuerdos, lo que sí hemos dicho es que había habido negociaciones en el 80 por ciento de los temas que habíamos tratado y que quedaban sólo dos cuestiones: la inspección, en donde hemos defendido al Cuerpo de inspectores porque es un cuerpo nacional y no podíamos entrar en ello, y la evaluación. Eso es lo que hemos dicho. ¿Que no ha habido acuerdo? Por supuesto, si hubiese habido acuerdo, alguno de los intervinientes no se hubiese expresado como lo ha hecho. En fin, yo respeto todo lo que digan, pero lo que sí quiero afirmar es que el Reglamento se ha respetado escrupulosamente. Por cierto, se ha hecho una comparación con la ley de acompañamiento. La ley de acompañamiento entró en esta Cámara el 30 de septiembre, junto con los Presupuestos Generales del Estado, y su tramitación va a tardar menos tiempo. Pero es que traer aquí la ley de acompañamiento es algo no tiene nada que ver, en absoluto.


En cuanto a la intervención de la señora Chacón, nuestro grupo ya está acostumbrado a ese vocabulario: asfixiante debate, dignidad, decoro, debilita la democracia, etcétera. Señoría, lo que hubiese debilitado la democracia -y yo me alegro muchísimo de que su grupo esté presente habría sido que el primer grupo de la oposición se hubiese marchado. Lo han hecho grupos pequeños, minoritarios, allá ellos. En ese sentido, aplaudo la decisión de su grupo de quedarse a debatir las enmiendas. Le vuelvo a reiterar cómo se ha tramitado este proyecto de ley porque parece que a alguno se le olvida. Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista las hemos estudiado con detenimiento, pero no podemos añadir recortes del texto alternativo que ustedes presentaron en la enmienda a la totalidad. En algunas enmiendas se dice: Que se suprima puesto que lo que hace es repetir o recoger lo que ya está en la legislación vigente. Claro, es que nosotros siempre hemos dicho, y lo demostramos en este proyecto de ley, que no creemos que en materia educativa haya que hacer reformas de 180 grados. Sí hay que hacer reformas, lo hemos dicho desde el primer momento, porque, tal y como está funcionando, tenemos un problema de fracaso escolar, tenemos el problema de que

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el 60 por ciento de los directores tienen que ser nombrados directamente por la Administración, tenemos el problema de que chicos y chicas pasan de curso con siete asignaturas suspendidas, tenemos el problema de que, especialmente en tercero y cuarto de la ESO, hay que recoger y no expulsar del sistema el máximo número de alumnos. Todo esto lo veremos a medida que se vaya desarrollando el debate. En definitiva, señorías, todos tenemos un conocimiento de las enmiendas y quien diga lo contrario no dice la verdad. Se ha intentado llegar a aproximaciones y acuerdos con varios de los grupos, no con un grupo que empezó desde el primer día a decir que no quería saber nada y cuyo planteamiento es completamente diferente porque hoy estamos todavía en que quieren que siga la selectividad como está; quieren que se pueda seguir pasando de curso con siete asignaturas; quieren incluso lo del idioma extranjero, pero les voy a decir una cosa. Cuando se aprobó el decreto de enseñanzas mínimas, el Partido Socialista tuvo una posición positiva porque había que aprobar un decreto deprisa ya que había que implantarlo inmediatamente dada la situación. Hoy ya con más tranquilidad vemos que en un proyecto de ley tenemos que contemplar plenamente todos los aspectos.


Finalizo, señor presidente, rechazando nuevamente que aquí no se haya cumplido el Reglamento, que haya habido posible fraude constitucional, etcétera. Se ha cumplido el Reglamento exactamente. Incluso se dijo que el martes pasado no se podía reunir la Comisión porque no daba tiempo, razón por la que el presidente, la Mesa y los portavoces tomaron la decisión de retrasarlo hasta el jueves cuando podíamos haber iniciado la discusión el martes por la mañana. Además, ha habido intentos y hemos llegado a acuerdos con algún grupo de la Cámara y con otro grupo he dicho la realidad de lo que ha ocurrido. Respecto del Grupo Socialista, lo sentimos mucho pero cuando dice que es una cuestión de Estado, en lo que estamos de acuerdo, no nos hubiese hecho ningún caso como no nos lo hizo en la LOGSE. A pesar de todo, esta ley recoge parte de la LOGSE, como es obvio, y modifica algunas cosas de las que comprendemos que en estos momentos son un problema en nuestro sistema escolar. El diagnóstico de que hay problemas y que hay que rectificar lo han hecho todos los grupos y, en cuanto a la terapéutica, hemos aplicado en conciencia la que creemos que se debe aplicar y no hemos transigido, por llegar a un acuerdo como se hizo en la LOGSE, en algunos temas en los que entendíamos que no podíamos transigir y por estas razones no se llegó a un acuerdo pero diálogo ha habido mucho y amplio. Por último, señor presidente, reitero que se está cumpliendo el Reglamento exactamente.


El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sin perjuicio de seguir hablando después del sentido de la ley, vista la ofensa que parece haber percibido el portavoz del Grupo Popular por mis palabras, las reitero una por una porque el fraude... (El señor Guerra Zunzunegui: ¿Las retira?) No, no, las reitero con diptongo incluido. Decía que el fraude se caracteriza precisamente por la utilización de una norma para una finalidad distinta de lo que es.
Lo otro no es fraude de ley, es incumplimiento, que es distinto. El fraude de ley es utilizar una norma para una finalidad distinta de aquello para la cual está prevista. Cuando el Reglamento del Congreso de los Diputados dice de que finalizado el debate de totalidad y, en todo caso, el plazo de presentación de enmiendas la Comisión nombra en su seno uno o varios ponentes para que a la vista del texto y las enmiendas presentadas al articulado redacte un informe, está pensando, como ocurre en otros trámites legislativos, en que hay una serie de personas designadas por los grupos parlamentarios que se reúnen, debaten el texto de las enmiendas y presentan un informe, y no personas que se reúnen apenas una hora en la que el Partido Popular informa de qué es lo que piensa hacer con esa ley, les somete a la firma ese texto y lo remite a la Comisión. Eso es un fraude al artículo 113 del Reglamento de la Cámara, y lo digo exactamente así. Las cosas son como son, le duela o no.
Animo al Grupo Popular a que nos diga, para que conste en el "Diario de Sesiones" y para la historia legislativa de esta ley, cuántas horas ha dedicado en trámite parlamentario (porque lo de menos es que esta ley haya entrado en julio o en enero del año pasado; me interesa que se me escuche y que quede en el "Diario de Sesiones"), cuántas horas ha dedicado a trabajar sobre este texto de ley con los demás portavoces parlamentarios desde el momento en que terminó el periodo de enmiendas, cuántas horas ha dedicado a reunirse con los portavoces parlamentarios de los demás grupos, bilateralmente o en conjunto, para debatir y eventualmente consensuar el contenido de sus enmiendas. Si como comprobaremos no existen tales horas, sino que lo único que ha hecho es darse por enterado de las enmiendas y remitirlas a la Comisión con la tinta del "Diario de Sesiones" todavía caliente, eso es un fraude al trámite legislativo de la Constitución y del Reglamento, le duela escucharlo o no.


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor Guerra, líbrenme los dioses de darle lecciones en nada, pero quisiera comentarle una cuestión breve. El otro día le escuché decir que usted era demócrata hace muchos años. Por supuesto, nunca pensé a sensu contrario que dijera que no lo fuera en algún momento. Por eso déjeme que le diga con todo respeto, sobre esa lección de

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democracia que nos da usted, si nos quedamos aquí sentados en vez de marcharnos con las minorías, que si algo hace pasar la prueba del nueve de la madurez de una democracia cuando está más o menos consolidada -y entiendo que cuando hizo aquella afirmación nos quería decir precisamente eso- es el respeto de las mayorías a las minorías. Hoy me siento minoría porque ustedes son mayoría absoluta, pero si me lo sintiera menos también sentiría que se debilita la democracia cuando se levantan algunos grupos parlamentarios por mucho que se quede el Grupo Parlamentario Socialista.
La prueba del algodón hoy de las democracias maduras es el respeto de las minorías por las mayorías, y aquí con su mayoría absoluta minoría lo somos todos. En cualquier caso, que conste que mi grupo parlamentario no cree que la democracia sea más fuerte por el hecho de quedarse y se marchen los demás; cuando ellos se levantan y se marchan la estamos debilitando entre todos. Por eso le he dicho al principio lo que le he dicho, porque no quiero ser cómplice y creo que cuando ellos se marchan se está debilitando la democracia española.


Me alegro de una de las afirmaciones que ha hecho, que era bueno y positivo que la comunidad educativa pasara por esta Cámara a explicarnos hacia dónde creen que deben ir nuestras reformas educativas, porque le recuerdo que usted decía justo lo contrario hace escasamente un año con la tramitación de la Ley de universidades; no le parecía que hubiera ninguna necesidad de que pasara la comunidad educativa. Algo hemos ganado en un año, señor Guerra. Resulta que es positivo -y me alegro porque así se lo solicitó el Grupo Parlamentario Socialista- que la comunidad educativa pueda venir a decirnos aquí hacia dónde cree que este Parlamento, que les representa a todos ellos también, determine hacia dónde deben ir para mejorar nuestras reformas educativas. Y le voy a decir otra cosa. Partían ustedes de un consenso, de nuevo nada desdeñable como en la Ley de universidades, para reformar el sistema educativo.
Todos los grupos parlamentarios que están aquí sentados hemos dicho que nuestro sistema educativo tiene problemas y que requiere una mejora a través de una reforma legislativa; todo el mundo se lo dijo. Déjeme que le diga, a raíz de lo que usted dice sobre el Grupo Socialista, que fue este grupo el que le pidió una reunión a la señora ministra; fue el Grupo Socialista. La única reunión que hemos tenido con el Gobierno para dialogar esta ley la pidió el Grupo Socialista. Así que, por favor, un poco de respeto porque usted lo sabe. Y la señora ministra -se lo podrá afirmar ella- me dijo: Con ustedes o sin ustedes tengo mayoría absoluta y voy a tirar adelante. Por tanto, no me diga que no hemos tenido ningún interés. La única reunión la hemos pedido nosotros. Ahora bien, cuando la afirmación es tan tajante no perdamos el tiempo. Le doy la razón. La afirmación tajante, señor Guerra, no la hizo la señora Chacón; la hizo la señora ministra y además así lo ha reconocido en público.


Cuando usted apela tanto a la LOGSE -más que nada lo digo por lo que nos viene de debate-, como le dije en la Ley de universidades, me parece un argumento muy pobre que como los socialistas en su momento lo hicieron mal ustedes lo van a hacer peor. ¿Eso les legitima? Sinceramente, el argumento es muy débil y aparte falaz porque estuvimos hablando hasta dos años, después de un libro blanco. Dónde está el libro blanco en el que el Gobierno, de la mano de la comunidad educativa y de los grupos parlamentarios, nos diga que el sistema educativo tiene una serie de males que entendemos todos que son estos comunes y, a partir de ahí, pongámonos todos a encontrar las mejores soluciones a estos males; ese diagnóstico que pedimos y que tampoco existe. Lo que le acaba de comentar el representante de Convergència i Unió, el señor Guardans, es que entre el informe de la ponencia y el día de hoy en que estamos aquí sentados ha habido tiempo mínimo ya no para defender mis 330 enmiendas vivas, es que me quedan todavía setecientas y pico por leerme. No se trata sólo de que me siente aquí a defender mis enmiendas. Es que quiero emitir juicio de manera adecuada, con todas las garantías, sobre las enmiendas que le presentan el resto de los grupos parlamentarios. Porque yo, a diferencia de usted, creo que las hacen para aportar algo positivo, no para molestar, no para que esto se convierta en un trámite farragoso que a ustedes no les queda más remedio que aceptar. Yo las leo, porque creo que todos queremos mejorar el sistema educativo. Y me han quedado aún 750 enmiendas que, como usted imaginará, señor Guerra, no he podido leer con el cuidado que hubiera deseado.


Otra pregunta que le hago es ¿por qué este calendario? Señor Guerra, es que nadie nos ha contestado a lo más importante, a lo esencial. ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué correr de esta manera? Nadie nos ha dado ninguna respuesta que no sea que es el calendario del Gobierno. Si resulta que la Cámara tiene que amparar el calendario del Gobierno, estamos en lo que le comenta mi colega el señor Guardans: que si el Reglamento de la Cámara está para algo, es para amparar al Poder Legislativo de los abusos del Ejecutivo. Y ustedes están olvidándose del Reglamento para amparar al Gobierno en los abusos sobre el Poder Legislativo. Eso es lo que no nos parece de recibo, como hemos comentado ya. En aplicación de la Constitución, de la ley del Gobierno de 1997, hecha por ustedes, y del Reglamento, cuando solicita oposición la memoria económica de una ley que sabemos que incrementa los gastos educativos, se debe remitir a esta Cámara, y el Parlamento amparó arrodillando al Parlamento a los pies del Gobierno, lo que quería el Gobierno que se hiciera: no mandar una memoria económica que decía la verdad de esta reforma, que es que va a beneficiar finalmente a la educación privada dedicando la mayor parte del poco

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dinero que se habilita a la educación privada. Y lo kafkiano llegó cuando el Reglamento se le aplicó a la oposición. El Gobierno es competente para determinar la evaluación de los costes de las modestas enmiendas de la oposición y resulta que no lo era para evaluar los suyos propios. Cuando se le habla de fraude legislativo, señor Guerra, se le habla de lo que ha pasado en toda esta tramitación alocada, falta de sentido y nada razonable respecto a la magnitud de lo que hoy estamos debatiendo aquí.


Finalmente, déjeme que le diga una cosa. Tanta prisa nos dimos en los decretos de mínimos, y decidimos que hasta dos años después no se aplicaban, de manera que tenemos ya esta ley aquí en el Parlamento y los decretos de mínimos que tienen que empezar a aplicarse este curso que viene, ni siquiera se van a aplicar. Eso es lo que trato de decirle. Si a usted le parece lógico y razonable, está claro que sus parámetros de lógica y razonabilidad nada tienen que ver con los míos. Pero a mí, sinceramente, me vuelve a parece kafkiano que usted entienda razonable que de nuevo los cambiemos, cuando además lo preguntamos y se nos dijo: No se preocupen, que en la reforma no se cambiarán los currículos. Pero estamos otra vez en lo mismo, mareando a un sistema educativo que necesitaba refuerzo, necesitaba garantías y necesitaba un ordenamiento jurídico si acaso más razonable, y estamos haciendo todo lo contrario.
Por eso no entiendo que se copien artículos íntegros, otros se dejen por el camino y a la vez no se deroguen de las leyes anteriores y al final tengamos un totum revolutum que sólo complique y cree más confusión en el sistema educativo y en el marco legal que le ampara, lo que, por cierto, no le dice sólo el Grupo Socialista, sino que se lo dijo también el Consejo de Estado, señor Guerra. Como yo sé que usted le da el valor que le da a mis palabras por representar a quien represento, al menos le digo que fue el Consejo de Estado. Espero que no me diga que tampoco es verdad.


Finalmente -y acabo, señor presidente-, hace usted descalificaciones respecto a que nosotros queremos mantener la selectividad y la promoción automática. Se lo he repetido mil veces y no me cansaré de repetírselo, señor Guerra: lo que no quiero son dos exámenes por uno, que es lo que ustedes han conseguido aquí; un examen que además otorgue el título de Bachillerato y después los exámenes a las universidades, que aún nadie nos ha explicado cómo se van hacer y cómo vamos a garantizar los criterios de objetividad necesarios. Por lo tanto, algo hay que ocultar siempre cuando nunca se responde a la misma pregunta. La segunda cuestión es de nuevo la promoción automática. Señor Guerra, yo no sé si es que no entiende las enmiendas del Grupo Socialista, pero ustedes lo único que han hecho respecto a la promoción automática es que el primer curso de la ESO, que no se podía repetir antes, ahora se pueda repetir. Ese es todo el cambio que ustedes han hecho y que ha aceptado el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, o usted se lee su propio texto y además las enmiendas de la oposición, o deje de decir esto, porque el único cambio que hay en su texto es que se pueda repetir el primer curso de la ESO, que antes no se podía repetir, y es un cambio aceptado por el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello yo le pido -a lo mejor es que no ha tenido tiempo suficiente, señor Guerra- que se lea un poquito mejor las enmiendas de los demás.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, contestaré sólo a la señora Chacón, no le daré más argumentos al señor Guardans. Tengo que decir que recuerdo -y sentiría mucho que mi recuerdo no fuera exacto- que en la ponencia pregunté cómo querían que se hiciera y que cada uno lo expusiera, si se debatía por artículos, por grupos de enmiendas, etcétera, y quiero recordar que fue el señor Martí quien dijo que le gustaría saber la posición del Partido Popular. Por tanto, yo, como representante del partido mayoritario, les dije que no tenía el menor inconveniente y que les diría cuáles eran las enmiendas que habíamos estudiado, cuáles aceptábamos, cuáles no, y en cuáles había dificultades de algún grupo para aceptarlas en la ponencia. Concretamente, al Grupo de Coalición Canaria le dijimos que posponíamos el debate para la Comisión y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que tenían alguna enmienda que coincidía con enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero recordar que fue así. Le agradecería que se lo preguntara. Ninguno de los ponentes hizo la menor objeción a la forma en que se debatió el proyecto en ponencia.


Dicho esto, quiero aclarar una cosa a la señora Chacón. No voy a entrar en debate ahora porque posteriormente entraremos en temas concretos, como el de la prueba general de Bachillerato, etcétera, pero tengo que decirle que cuando se debatió la LOU, nos opusimos a que vinieran porque se pidió justo veinticuatro horas antes de que se cerrara el plazo de enmiendas.
La justificación que dio el grupo, me preguntan por qué no se había solicitado antes. Hubo incluso un problema sobre la fecha de presentación de un escrito del Grupo Socialista. Lo dejo en 24 horas porque yo indiqué que estaba cerrado el cupo, se me enseñó el escrito, y todavía no estaba cerrado. Fue por esa razón y no otra. Aquí se presentó en tiempo y forma y cuando las personalidades educativas podían aportarnos algo. Por lo tanto, aténgase, por favor, a la realidad. Entraremos en todas sus argumentaciones a medida que vayamos avanzando en el articulado de la ley. Pero, por favor, no ponga usted ni en boca ni en hechos del Partido Popular lo que no ha dicho ni hecho. Mala memoria tenemos todos, y por lo tanto comprendo que es un problema de

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memoria de la señora Chacón. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, sólo treinta segundos excepcionalmente, porque ya ha tenido usted su turno de réplica.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me basta con treinta segundos, pero agradecería que me contestar a el portavoz del Grupo Popular.


Señor portavoz, ¿cuántas horas ha dedicado el Grupo Popular a negociar con los ponentes parlamentarios el contenido de esta ley después del cierre del período de enmiendas? Insisto en la pregunta: ¿Cuántas horas ha dedicado el Grupo Popular a negociar, con las enmiendas ya publicadas, sobre el contenido de este proyecto de ley para elaborar el informe de la Ponencia? (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, tiene otros treinta segundos.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Cuando hemos visto que las enmiendas de algún grupo eran sobre los temas concretos, y no radicalmente opuestas, hemos hecho toda clase de negociaciones y durante muchas horas. En la ponencia hubo enmiendas que no solamente negociamos sino que aceptamos y para las restantes, como se referían a un texto alternativo que se había presentado, efectivamente entendimos que no era cuestión de sentarse porque estaba superado.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo bloque, título I, capítulos I a IV. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene vivas diversas enmiendas, y para su defensa y para que diga lo que estime oportuno, su portavoz tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: En este apartado, respecto a la ponencia, voy a resaltar algunas cuestiones importantes que se han incorporado, por ejemplo, en relación con la educación preescolar y el hecho de que sean las administraciones autonómicas las que deben atender las necesidades de las familias y coordinar la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda. También nos parece importante la incorporación al texto, por la enmienda de otro grupo -no recuerdo exactamente de cuál- relativa al hecho de que las administraciones educativas promuevan la escolarización en la educación infantil de los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. En lo que se refiere a aumentar las posibilidades del sistema educativo en general en este texto a las familias y alumnos con necesidades educativas especiales, creo que se ha enriquecido bastante el texto de la ponencia. También es importante, hablando de la educación primaria, en el apartado de objetivos, y como producto de la enmienda de otro grupo, que se refleje la necesidad de garantizar una formación integral para favorecer el desarrollo de la personalidad de los alumnos.
Esto está en consonancia con una enmienda que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria había propuesto y que ha sido incluida por medio de una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en el apartado de evaluación de la educación primaria, desde el punto de vista de que la evaluación debe tener en cuenta el progreso del alumno y del conjunto de las distintas áreas, y no de estas por separado, como nos parecía entender del texto inicial de este proyecto. Con estas dos aportaciones se da un carácter más integral y global a los objetivos de la educación primaria y también a su evaluación.


Otro aspecto importante en lo que se refiere a la evaluación general de diagnóstico es sustituir la palabra "prueba" por "evaluación" en el artículo 17. Esto está ya incorporado al texto, y entendemos que el objetivo de la evaluación de diagnóstico no va a tener repercusión académica en el alumno y que ya se establecerá por las administraciones educativas la forma en que se realice. A nuestro entender, no debe tener la especificidad de ser una prueba en el texto de una ley orgánica, y con posterioridad se verá la forma de evaluación que permita un feedback necesario tanto para la familia como para el propio alumno y para la administración educativa para ver si el proceso educativo en toda la etapa de la educación primaria es el adecuado o no, lo que es necesario que se haga por medio de una prueba sino por una evaluación de carácter más continuo y global.


Defiendo por último la enmienda número 43, última que nos queda viva en este apartado. Planteamos en el artículo 15, y más concretamente en el apartado 2, referido a la organización de las áreas que deben cursarse en la educación primaria, una modificación en el punto a), donde se identifica un área denominada de ciencia, geografía e historia por otra que diga conocimientos del medio natural, social y cultural. A nuestro modo de ver, la forma en que nosotros lo esperamos da mayor cohesión al área que agrupa la ciencia, la geografía y la historia. Una una de las sugerencias que por acuerdo unánime adoptó la Comisión General de Educación con las comunidades autónomas que plantear que esta área se denominara de la forma que proponemos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, a mi grupo le quedan vivas en este bloque prácticamente todas las enmiendas, de la 998 a la 1007. En primer lugar mi grupo reitera que la educación preescolar no es de carácter asistencial y proponemos, por tanto, que se suprima en el artículo 7 la referencia a que a la educación preescolar se le atribuye un carácter de tipo asistencial, porque creemos que eso puede tener consecuencias

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muy negativas. Así ha sido percibido por el conjunto de la comunidad educativa, con independencia de que fuera o no esa la intención del Gobierno al elaborar el proyecto de ley.


Entendemos, en segundo lugar, como también aparece en otros artículos, que la formación profesional de grado superior forma parte a todos los efectos de la educación secundaria y que no puede distinguirse la formación profesional de grado superior como si fuera una cosa distinta, entre otras cosas, porque introducir este tipo de distinciones entre la formación profesional de grado superior y la de grado medio en la educación secundaria podría tener indirectamente consecuencias o legitimar eventualmente efectos en el ámbito docente y en el ámbito de la cualificación docente del profesorado, que es en este momento la misma para la formación profesional de grado superior y para la de grado medio.
Finalmente, no tiene mucho sentido que en el artículo 7 la posibilidad de crear nuevas enseñanzas escolares de régimen especial se remita al Gobierno, es decir, que sea el Gobierno el que lo pueda hacer, sino que debería quedar reservado a la ley.


El artículo 9 es un ejemplo perfecto de la crítica que formula mi grupo a esta ley en su conjunto, es un ejemplo muy bueno en un caso muy concreto de la crítica fundamental que hacemos a esta ley. Esta ley tiene carácter básico, y sin embargo una de las cosas que hace es convertir indirectamente en básicas normas que el Gobierno dicte en desarrollo de esta ley. Por esa vía no sólo la ley puede invadir, y de hecho en algunos casos invade, competencias autonómicas sino que se legitima al Estado, al Gobierno central, mediante cheques en blanco, para que dicte normas de carácter básico cuyo contenido no conocemos y que se impondrán, evidentemente al estar calificadas como básicas, al ámbito autonómico. Es un ejemplo claro, efectivamente, que en el ámbito preescolar se establezca, en el punto 2 del artículo 9, que corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa. Es decir, las comunidades autónomas tienen hoy competencias plenas en este tema, y sin embargo, a partir de la aprobación de esta ley, el Gobierno, por orden ministerial, que tendrá carácter básico porque así se lo ha atribuido esta ley orgánica, podrá establecer lo que quiera en el ámbito organizativo, dejando a las comunidades autónomas, a las administraciones educativas, sin facultades, sin competencias y reducidas, en el mejor de los casos, a un simple instrumento ejecutor. Insisto en que es un ejemplo claro y nítido de la crítica radical que hacemos a este texto y de la enorme dificultad que tenemos para convertir las graves discrepancias que tenemos desde la perspectiva autonómica en enmiendas. Se nos pregunta, incluso por los medios de comunicación, exactamente en qué punto discrepamos, y yo tengo que decir que es prácticamente en todos los artículos en los que no sólo el Gobierno se atribuye competencias que no tiene, sino que por ley se autolegitima para seguirlas desarrollando con auténticos cheques en blanco.


En el artículo 12 de la ley hay otro exceso al intentar fijarse por ley orgánica y atribuirse el Estado la organización y la metodología de la educación infantil, algo que no le corresponde hacer al Estado, que no tiene competencias de tipo ejecutivo ni organizativo; no las tiene. Lo mismo sucede en el artículo 14 con los objetivos de la educación primaria, de la enseñanza primaria en este caso. Lo que hace mi grupo es proponer un resumen entre los dos párrafos y suprimir directamente el artículo 14.2, que tiene un contenido propio más bien de un decreto de enseñanzas mínimas, en el mejor de los casos.


Respecto al artículo 15, es muy discutible que deba estar en esta ley y también lo es que deba tener carácter básico. Pero incluso aceptando que pueda ser así y que sea correcto que se imponga con carácter básico a todos, lo que hay que hacer claramente es incluir la lengua oficial propia de las comunidades autónomas en absoluta equiparación de rango con cualquier otra área de las que se establecen en el párrafo 2 de este artículo. Por tanto, no tiene sentido plantear la lengua de la comunidad autónoma como si fuera algo secundario que quizá se podría establecer.


El artículo 15 (bis), nuevo, pretende permitir a las administraciones educativas que en los casos de alumnos con déficit de aprendizaje o de tipo sociofamiliar puedan organizarse actividades socioescolares en horario postescolar, por tanto, facultar a las administraciones educativas directamente, o mediante convenios con otras administraciones o con instituciones sin ánimo de lucro, para poder desarrollar estas actividades. No entendemos que eso no pueda ser aceptado por el Grupo Parlamentario Popular.


En el artículo 16, que hace referencia a la evaluación, no a la de diagnósticos, sino a la evaluación propiamente, nos parece que es un grave error la falta de flexibilidad que esta ley introduce. Un error que se da también en otros ámbitos, insisto. Lo que hace esta ley al convertir en reserva de ley cosas que se podrían modificar por otras muchas vías y entrar al detalle en este tipo de cosas, es impedir la adaptación a la realidad y a las necesidades no sólo diversas del territorio, sino también las que el tiempo vaya introduciendo. En este caso es también un ejemplo que en el párrafo segundo del artículo 16 de esta ley se establezca de forma drástica, sin excepciones, sin matices de ningún tipo, que cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la educación primaria. No hay excepciones, no hay supuestos especiales y las administraciones educativas no tienen ninguna posibilidad de modular esta realidad. Sencillamente se fija por ley orgánica el nivel máximo en que un alumno puede permanecer un curso

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más en el ciclo cuando no ha alcanzado los objetivos. Nos parece que es una barbaridad que no tiene ningún sentido ni en términos legislativos ni en términos pedagógicos.


Finalmente, nos felicitamos de que en el artículo 17 el Grupo Parlamentario Popular haya matizado que la evaluación de diagnóstico a que se refiere no es una prueba, sino que tiene carácter de evaluación general, aunque nosotros seguimos insistiendo en que tiene que especificarse que tiene carácter muestral, y no que puede ser una prueba realizada a todos. El hecho de que así se haya matizado permite a mi grupo -y creo que no lo podrá hacer muchas más veces- retirar la enmienda 1007, porque creemos que ha quedado recogida en este caso concreto en el contenido de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Si claro nos parece, sobre todo en la educación secundaria, que a la hora de combatir el fracaso escolar han optado ustedes por la segregación educativa en vez de por la prevención de los problemas de aprendizaje, y que tal opción es un principio que informa todo su texto de ley, creo que es especialmente significativo lo que ustedes han articulado en este texto en materia de reestructura del sistema, así como las medidas que aportan tanto en materia de educación infantil como en materia de educación primaria. Si tuviera que resumir este título -algunas de las enmiendas presentadas son de modificación en parte, pero otras de supresión sobre todo- diría que se han dedicado ustedes a copiar de nuevo muchos artículos de la LOGSE, muchos de la LODE y muchos de la LOPEG, suponemos que para camuflar la pobreza de las medidas que en materia de educación infantil y de primaria trae su ley.
Lo que han modificado, en algunos casos, o las pocas novedades que han introducido, en otros, creo que han servido en muchos casos para empeorar la legislación vigente, y de ahí muchas de nuestras enmiendas. En algunos casos han hecho algo peor, que ha sido elevar a norma con rango de ley muchas cuestiones que pueden perfectamente tener rango de decreto y en otras deslegalizar materias que debieran tener con toda seguridad rango legal, por las garantías que así quiere darle en muchos casos nuestra normativa superior y que por lo tanto nunca debieran tener carácter reglamentario. Todo eso lo han hecho ustedes creando una confusión respecto al marco legal que existirá una vez entre en vigor esta ley, que no nos parece en ningún caso justa, pero siempre en un sentido, a juicio de mi grupo: dar la espalda a la calidad educativa, si por calidad educativa entienden lo que entendemos nosotros, que es tener como objetivo buscar más y mejor educación para todos, que son las razones que informan todas las reformas educativas que se están llevando a cabo ahora mismo en la Unión Europea, y han acabado optando siempre por las soluciones más fáciles, más baratas, pero también más injustas socialmente. Esa es la sensación que tiene nuestro grupo con este proyecto de ley, así como en materia de reestructura del sistema infantil y primaria y de manera muy significativa en educación secundaria, en la que entraremos más tarde.


Déjeme que les comente algunos de los cambios más significativos. En materia de educación infantil hay un claro retroceso respecto a las garantías de la legislación en vigor, al romper la etapa de la educación infantil separando el primer ciclo como educación preescolar del segundo.
Me parece que todos los grupos parlamentarios hemos insistido en esto, y no sólo los grupos parlamentarios, sino también una buenísima parte de la comunidad educativa que pasó por esta Cámara. En lugar de reforzar el carácter educativo de esta etapa fundamental si buscamos más calidad en la educación, se prima su carácter asistencial. Probablemente es un anuncio de lo que viene después, es decir, una reducción de los requisitos tanto para los centros como para la titulación del profesorado, lo que hace que se vean con mucha más claridad sus intenciones. Lo llaman educación escolar, lo que ya dice mucho, pero lo podíamos haber llamado directamente guarderías, sin ningún problema, o sea, todo lo que llevamos tanto tiempo intentando que no fuera ni el contenido ni el continente de nuestra educación infantil o de aquella educación que decidamos otorgar a nuestros niños de cero a tres años. Eso tiene su repercusión en materia de exigencias a los centros en los que esta se ubique y tiene, por supuesto, su repercusión en materia de reducción de exigencias en las condiciones para el profesorado. De ser impartida la educación infantil por maestros con la especialización correspondiente, apoyados, eso sí, por otros profesionales, invertimos por completo la posición y, retrocediendo respecto a las condiciones en clave de calidad que garantizaban el actual marco legal no sólo estatal sino más allá respecto de una etapa que es fundamental en el desarrollo de la personalidad de un niño, cosa que ustedes también saben, va a pasar a ser otro personal de apoyo el que imparta la etapa. La pregunta que le hago ya por respeto es si no han pensado ustedes en cambiar de una vez por todas el nombre a esta ley, porque en aquellas cosas que parecen claramente refuerzo de la calidad educativa ustedes van hacia atrás. Por tanto, ya que no aceptan ninguna de las enmiendas de la oposición -todos los grupos las hemos hecho en el mismo sentido-, al menos cambien el nombre de la ley, y nos sentiremos un poco menos burlados.


Quiero pararme en el artículo 10.2, porque el Gobierno ha introducido en el texto que estamos discutiendo la concertación de los centros privados que imparten la educación infantil, y además lo ha hecho por ley estatal, y yo les hago la siguiente pregunta:

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¿Cuánto cuesta esta medida? Le pregunto algo tan razonable como esto, porque lo que no me pueden contestar es que es gratis. Si algo no me van a decir es que es gratis ni que no pueden saber lo que vale, porque bastaría coger las estadísticas del ministerio para saberlo. Si no, puedo informarles, si es que ustedes no lo vieron, pues lo incluían en su memoria económica -la que nos están ocultando, pero que se enviaron entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación- que la cifra era de 400 millones de euros. Yo creo que es más dinero, pero, en cualquier caso, respecto a esos 400 millones de euros que ustedes en algún momento al menos de la tramitación de este proyecto estimaron que podía suponer esa medida, yo quiero saber quién va a pagar esto, quién va a pagar lo que cuesta esta concertación en Andalucía, lo que cuesta en Cataluña o lo que cuesta en Canarias. Ustedes tienen la obligación de decírnoslo hoy aquí. Llevan tiempo escondiéndolo. Me puede merecer más o menos respeto la cifra -creo que es más-, pero la pregunta es muy clara: ¿Quién lo va a pagar? Alguien debería respondernos a esto, porque es bastante importante a la hora de emitir juicio sobre ese artículo de la ley y también sobre las enmiendas de los distintos grupos. Además lo saben y es muy relevante saber por qué nos lo ocultan, que es la otra cuestión que planteo. Yo se lo diré: porque en su memoria económica esta cantidad era la parte del león. Esa es la razón por la cual ustedes nos están ocultando datos relevantes para aprobar esta ley. La cantidad más importante de toda la memoria era justamente, señorías, la financiación de la educación infantil privada, no la gratuidad de la infantil, señores del Partido Popular, porque la infantil pública ya es gratuita. Aunque ustedes sigan paseando, hemos hecho gratuita la infantil. La educación infantil ya es gratuita en nuestros centros públicos. Lo que ustedes están haciendo es financiar la educación infantil privada. ¿Se dan ustedes cuenta de la contradicción que supone hablar día y noche de los problemas de la ESO, y luego enviar a la Cámara un proyecto cuyo presupuesto va dirigido fundamentalmente, señorías, a concertar los centros privados de educación infantil? Porque esa era la parte del león de la memoria económica. En eso no está de acuerdo este grupo, y por eso quiero decirles claramente cuál es nuestra posición. Consideramos que esa no debe ser la prioridad educativa en este momento. Es una cuestión de prioridades, y esa no debe ser la prioridad ahora mismo. Hay muchas cosas, señorías, que requieren nuestra atención, y la existencia de convenios y de distintos tipos de ayudas está resolviendo en este momento, más o menos acertadamente, el problema que pueden tener algunas familias que eligen para sus hijos un centro educativo que no pueden costear. Esas subvenciones y esas ayudas están solventando en parte este problema, pero entre convenios, ayudas y conciertos para todos los centros hay una diferencia de varias decenas de miles de millones de pesetas. Señor Guerra y señores del Partido Popular, les pregunto: ¿Creen ustedes que es razonable financiar la educación infantil en colegios de élite de la Comunidad de Madrid, cuando hay alumnos de la ESO que están dando clases en barracones? ¿Ustedes creen que era el momento de tomar una medida que puede llevar a eso -porque demanda existirá- en colegios de élite o cercanos a familias que pueden pagarse la educación, cuando tenemos hoy alumnos que están cursando primaria y secundaria en barracones? ¿De verdad quieren ustedes que aprobemos hoy eso? ¿Quieren que aprobemos eso y que la parte del león de la financiación de esta ley -porque imagino que habrá alguna, aunque le recuerdo también que en los presupuestos de este año, señor Guerra, hay cero pesetas que debe ser parte del déficit cero, para financiar la ley de calidad que estamos aprobando aquí- sea para la educación infantil privada? Esto supone que estamos ante un problema de prioridades, porque anteponen ustedes la financiación de la enseñanza privada en niveles no obligatorios a la mejora de la educación secundaria, que en teoría era lo que nos traía a esta Cámara a la hora de reformar el sistema educativo prioritariamente, aunque había más cosas, nuevos retos que tienen nuestras aulas, cuya fisonomía ha cambiado radicalmente desde el año 1990. Nuestra prioridad era solucionar los problemas que tenemos hoy en la escolarización de un tramo tan complicado, como es el de 14 a 16 años, y ustedes han optado por que la parte del león de la financiación de esta reforma educativa se la lleve al final la concertación de la educación infantil privada. Esta es la razón por la que no nos dan la memoria económica, por la que han optado por el oscurantismo frente a la transparencia y por la precipitación frente al reposo que requería esta reforma en esta Cámara, y por eso déjeme que le diga, como ya le han dicho aquí -y en este caso no he sido yo-, que al final han optado ustedes por convertir a esta Cámara en la oficina de la tramitación de los proyectos de ley del Gobierno. Esto es debilitar la democracia, señor Guerra: el oscurantismo frente a la transparencia, las prisas frente al sosiego y, de manera significativa, convertir a esta Cámara en un trámite farragoso pero que hay que pasar. Mi segunda pregunta directa, señor Guerra, es: ¿No le da vergüenza no haber aprendido nada de la LOU? ¿No cree usted que pasamos mucha vergüenza por el agravio que fue para la universidad y para esta Cámara la tramitación insostenible que sufrió la LOU? Estamos otra vez en lo mismo. Yo quiero denunciarlo de nuevo y me gustaría que me contestara usted a esta cuestión.


Paso a comentar las novedades que propone su reforma en la educación primaria, y le pregunto: ¿Qué medidas proponen ustedes contra el fracaso escolar, para la prevención del fracaso escolar y para la calidad educativa? Como le decía, los mismos euros que lleva el presupuesto de este año para financiar esta ley: cero. Lo que hacen en su texto es cambiar la redacción -que no el contenido de algunos objetivos generales de la etapa,

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el nombre de dos áreas, y hablan de estimular el interés y el hábito de la lectura. Esto es algo que compartimos plenamente, de ahí que algunas de nuestras enmiendas, para las que les pediríamos su apoyo, contengan medidas concretas para fomentar la adquisición y el hábito de la lectura propiamente dicho en las aulas de primaria. Lo curioso de su proyecto es que, después de enunciar como principio general que hay que mejorar nuestra lectura, cuando lo concretan lo que hacen es suprimir la literatura de la educación primaria. ¿Por qué? De nuevo se nos escapa su razonamiento. El problema más grave del texto en materia de primaria es otro, a pesar de que esto también me lo parece porque considero que las ratios que tienen este país en lectura nos convierten no en la cola del furgón, que diría el señor Montoro, sino en el furgón de la cola de la Unión Europea. Ustedes saben que la práctica totalidad del alumnado que finaliza con evaluación positiva todas las áreas del sexto curso de primaria, cursan con éxito la educación secundaria obligatoria. Este es un dato muy importante para cuando reformemos el sistema educativo. Si de verdad ustedes tuvieran como objetivo en esta ley reducir las tasas de fracaso escolar, actuarían en primaria porque es el momento de intervenir a tiempo para superar las dificultades que salen después con medidas concretas para prevenir problemas de aprendizaje, y nosotros se las aportamos en nuestras enmiendas. Nada de eso hay en este proyecto y nada de eso han querido aprobarnos a los grupos de la oposición para intervenir en esa etapa. Nuestras enmiendas tienen como objetivo la prevención de los problemas de aprendizaje a edades suficientemente tempranas como para poder resolverlos desde el sistema educativo con mayor facilidad. Se lo hemos dicho: el quid de la cuestión no era poner más vallas, sino enseñar a saltar mejor cuanto antes mejor, a las edades más tempranas posibles. Este es el espíritu de todas nuestras enmiendas, por lo que me gustaría que tuvieran a bien reconsiderarlas si, tal como les digo, el objetivo es reducir el fracaso escolar, y las pruebas fehacientes son que quien cursa la primaria positivamente en su último curso, no tiene problemas en la secundaria. Por tanto, actuemos ahí, porque ustedes estarán conmigo en que los problemas de aprendizaje no aparecen a los 12 ó 13 años por generación espontánea. Para ello consideramos que lo que hay que hacer es ampliar, a través de subvenciones y convenios, la oferta de plazas en la educación infantil, reforzar su carácter educativo, en vez de debilitarlo, y adoptar medidas en educación primaria para intervenir a tiempo de superar esos problemas.


Por lo anteriormente expuesto, en nuestras enmiendas proponemos lo que le voy a relatar brevemente. Proponemos una oferta obligada por parte de los poderes públicos de asistencia voluntaria para las familias de la educación infantil, escolarización de toda la población correspondiente al tramo de edad entre 3 y 6 años y el incremento de plazas en el primer ciclo para cubrir las necesidades de escolarización de hasta 300.000 familias y actividades de información y sensibilización dirigidas a toda la población, especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos.
Esta ley tendría que plantear aquí una inyección en materia no sólo de recursos, sino también de soluciones legislativas sobre la importancia de la escolarización temprana como medida compensadora de las desigualdades.
En esto también deberíamos haber actuado prioritariamente, y, como le decía, esta ley tampoco lo hace en aquellos sectores sociales más desfavorecidos que hoy suponen un reto que probablemente no teníamos en 1990 a la hora de escolarizarles. Consideramos que también hay que desarrollar actuaciones específicas en materia de primaria con la filosofía de prevenir el fracaso escolar y a raíz de las evidencias empíricas que tenemos sobre la mesa y que les hemos comentado. Nuestras enmiendas buscan ofertar en todos los centros públicos cinco horas a la semana, por tanto una hora diaria, de actividades complementarias para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender, pero significativamente las cursarían en este caso aquellos chicos y chicas con más dificultades, y la puesta en marcha de medidas concretas para el fomento de la lectura, con la inclusión de una hora de lectura diaria en los centros, sobre todo para que adquieran el hábito de lectura que hoy no tienen nuestros niños y niñas y que dice mucho del tipo de sociedad que seremos mañana, si seremos o no una sociedad lectora, y ahora estamos muy lejos de cualquier parámetro más o menos razonable dada nuestra madurez como país en todos los sentidos, del resto de la Unión Europea. También es necesaria la dotación de bibliotecas, por supuesto, de la mano de comunidades autónomas, comarcas y municipios, y el establecimiento de acuerdos con las familias que incentiven esa lectura en casa, etcétera.


Quiero acabar diciéndoles que han hecho ustedes una campaña denostadora de nuestro sistema educativo, de manera significativa a la hora de vilipendiar la llamada promoción automática, y por eso llama mucho la atención que la dejen ustedes en primaria como está, señor Guerra. Sé que a usted le gusta mucho insistir en que hay alumnos que pasan como auténticos ignorantes de un curso a otro, y mi pregunta es: ¿Por qué la dejan entonces en primaria? Porque la dejan ustedes como está. No sé si es que usted no se lo ha leído bien -todos hemos tenido poco tiempo y, aunque usted diga lo contrario, seguramente usted también-, pero le pregunto por qué al final acabamos así. Porque ya lo vivimos en la Ley de Universidades, y creo de verdad que lo peor que pasó entonces fue que a ustedes, para justificar una reforma partidista, no les importó la descalificación general de la universidad española, cuando el esfuerzo había sido significativo. Estará de acuerdo en que en la legislación anterior todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Al final lo dejan ustedes como

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está y sólo se repetirá un curso más en toda la etapa obligatoria, que es el primero de la ESO, respecto del actual statu quo. De verdad que todavía no lo comprendo, después de la campaña que ustedes han hecho. De manera que déjeme al menos que le diga que revisen sus estrategias, porque los resultados que dan son francamente malos, pero no lo son ni para ustedes ni para nosotros, lo son para los niñas y niños que estamos intentando escolarizar más y mejor, que al final acaban estando en el saco de sus acusaciones, igual que profesores y profesoras, maestros y maestras que están intentando, como todos, que las cosas sean cada vez mejores.


Hablan en el artículo 16 de poner en marcha los apoyos necesarios para recuperar las áreas evaluadas negativamente. Lo han tenido que aceptar a través de una enmienda y parece ser que es lo único que hay para intervenir a tiempo. ¿Qué es esto de los apoyos, señor Guerra? Díganos si son más horas de clase y en qué consiste. Desconocemos los instrumentos y los recursos, porque no hay ni un solo euro para nada. Esto es un compendio de brindis al sol, que es lo que al final es esta ley, sin un solo euro en los presupuestos de este año, sin una memoria económica que le avale y sin que nos haya explicado nada de estos apoyos, que, al final, salen a través de una enmienda, en ese tiempo en que ustedes estuvieron hablando con alguien. Yo, debido a la pregunta que hacía el señor Guardans, quiero que conste en acta que con el Grupo Parlamentario Socialista usted ha dedicado cero horas, cero minutos y cero segundos, como los cero euros del presupuesto, para intentar consensuar alguna cuestión. Pero algunas han cabido. Por lo tanto, le preguntaría si merecen respeto esos brindis al sol. Me imagino que esos son profesores y recursos. Probablemente usted me lo aclarará o alguien nos dirá algo alguna vez. También creo que deberían revisar el artículo 16, porque en un apartado hablan de ciclos, después hablan de cursos y más tarde hablan de ciclos otra vez. No sé si es por el caos de las enmiendas, pero me gustaría saber qué quieren hacer si ciclos o cursos, porque en primaria hay un caos importante. En secundaria está claro, pero en primaria no.


Finalmente, pedimos la supresión de la evaluación general de diagnóstico.
Primero, porque creemos, de manera muy clara en primaria, que a través de la evaluación continua de todas las áreas y de los informes del tutor, al final de cada sesión de evaluación ya hay datos suficientes para informar a los alumnos y a sus familias sobre su evolución, mayor o menor, en su proceso de aprendizaje, pero sobre todo por algo que les comentaba el señor Guardans, que yo no veo tan claro en la redacción final. Las evaluaciones generales de diagnóstico, y ustedes lo saben, se realizan sobre una muestra significativa de alumnos y no sobre el conjunto de la población escolar, salvo que se quieran realizar con otros fines que supongan en la práctica tres cuestiones importantes: en primer lugar, mermar la autonomía de las comunidades autónomas; en segundo lugar, mermar la autonomía de los centros y, en tercer lugar, mermar la autonomía de maestros y profesores. Las tres cuestiones de golpe. Si ustedes me dicen que sólo quieren que sea una muestra, yo les pido que acepten las enmiendas de los demás grupos. Si son sólo una muestra, no mermemos la autonomía de comunidades autónomas, centros y profesorado.
Porque, después, existe otra cuestión. ¿Cómo se va evaluar con una prueba tipo test la capacidad de expresión oral y escrita del alumnado? Porque le recuerdo que éstas lo son. Y si no es así, ya no sé de qué estamos hablando. Aunque se lo pregunté en la última comparecencia de la ministra, el 11 de julio, la respuesta fue cero, como siempre, por lo que no me sorprendí. En cualquier caso, sería un detalle que cuando uno comparece, y no lo hace en la televisión, pueda dar alguna respuesta, pero tampoco se me respondió. Le agradecería, señor Guerra, que me dijera cómo podemos evaluar, a través de una prueba tipo test, la expresión oral y escrita del alumnado, la competencia comunicativa en la lengua extranjera o el uso de las tecnologías de la comunicación, todo eso que son nuestros objetivos, y para más inri en la educación primaria. También querría saber qué respuesta me puede dar a que hagamos un muestreo y no mermemos la autonomía de comunidades autónomas, profesores y centros.
Porque, al final, los centros, los profesores y las comunidades autónomas van a intentar pasar esas evaluaciones generales. Y se lo dice alguien que hizo el COU cuando el único objetivo por parte del centro, del profesorado y de quienes nos rigen desde los gobiernos era aprobar la selectividad. Si hay que incidir ahí, incidiremos, pero si eso es un problema, señor Guerra, no nos vayamos a hacerlo también a primaria. Y con estas evaluaciones generales, lo estamos haciendo. Si usted me dice que sólo es un muestreo, hagámoslo muestreo. Pero esto no tiene nada que ver con un muestreo. En cambio, tiene complicaciones que nos gustaría poder resolver con sus respuestas. Si no, atienda a las modestas enmiendas de la oposición que siempre buscan una aportación positiva.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, la única enmienda que tenía Coalición Canaria a este grupo, porque la otra la hemos admitido, ¿me puede decir cuál es?

La señora JULIOS REYES: Es la enmienda 43, puesto que la 45 ya está incorpora.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Nos es absolutamente imposible aceptar la enmienda 43. Le dije en ponencia que íbamos a estudiarla, pero no podemos admitirla. (La señora Chacón Piqueras: ¿Por

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qué?.-El señor Leguina Herrán: Una razón de peso) Pido a SS.SS. que dejen hablar a quien está en el uso de la palabra. La enmienda 45 se ha aceptado porque mejora el texto. Cuando en el artículo 17 se dice que esta prueba carecerá de efectos, estamos de acuerdo en que no debe tener el carácter de prueba, según lo que entiende el diccionario como prueba y lo que así se especifica, sino de evaluación. Ha sido una aportación positiva con la que estamos de acuerdo. Estas eran las dos enmiendas de Coalición Canaria que no habían sido admitidas anteriormente.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) incide en este grupo de artículos en algunos temas que recuerdo que tratamos en las negociaciones. Por ejemplo, en el artículo 15 querían que se añadiera un apartado g), Lengua cooficial de la comunidad. Pero ya está especificado en el artículo cuando dice: "Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial". Es indudable que en las autonomías con lengua propia se estudiara su lengua en primaria. Pero cuando legislamos para el conjunto de todas las autonomías especificamos que las comunidades autónomas, en su caso, podrán incluir en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial.
Estamos totalmente de acuerdo en el fondo del tema. Primero, tienen ustedes competencia y, segundo, en su caso, como en el de Euskadi, el gallego o en la comunidad valenciana y en el de las autonomías que tienen reconocida lengua propia en su estatuto, lo pueden incluir. Esas fueran las razones que se les dio, que al legislar para el conjunto, entendíamos que con ese párrafo del artículo 15 era suficiente, que creo que es en el que ha hecho mayor incidencia. Otra de las aportaciones de sus enmiendas es que consideran que los objetivos del artículo 14 no deben estar en una ley básica. No se entra en ninguna competencia. Lo que hace el apartado 2 es enumerar las capacidades que la educación primaria debe contribuir a desarrollar en los alumnos. Otra cosa es el tema de la gestión, del que aquí no se habla. Estos eran los dos temas fundamentales que nos planteaba el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Respecto a los planteamientos que hace la señora Chacón, ya estoy acostumbrado. Hace preguntas a los demás que ella misma se contesta. Es un sistema en el que a veces las contestaciones son erróneas. Insisten ustedes en sus enmiendas en algo en lo que estamos de acuerdo: la lectura. Sabemos que una de las causas del fracaso escolar es la falta de lectura. Por eso se puso en práctica hace dos años el Plan de fomento de la lectura. Son los profesores los que deben hacerlo; y, en algunos institutos y colegios, ya en edad temprana -en primaria-, les indican a los alumnos: este curso tenéis que leer este libro y este otro. Es decir, que se leen libros durante todo el curso y se va viendo si la comprensión del alumno mejora; ya se sabe que uno de los problemas que hay es que, al darle a leer dos folios a un niño o niña de 11 años pidiéndole que explique o desarrolle lo leído, se encuentra uno con que no sabe hacerlo.
Por cierto, en el presupuesto de este año aumenta la dotación para el Plan de fomento de la lectura.


La señora Chacón ha dicho: ¿cómo es posible que en el presupuesto de 2003 no se fije ninguna cantidad para la ley de calidad? Vamos a ver si lo entiende usted de una vez, señora Chacón. (La señora Chacón Piqueras: Soy un poco durilla.) Explíqueselo usted, señor Leguina, porque a lo mejor ella no lo entiende del todo; usted sí tiene la mente preclara. (La señora Chacón Piqueras: No se pase, señor Guerra, que yo a usted no le ofendo.) Al no estar aprobada esta ley, no se puede incluir ni un solo euro en el presupuesto de 2003. (El señor Guardans i Cambó: No es verdad.) Se lo puede decir a usted cualquiera de los letrados de la Cámara. Podríamos incluir un euro o seis millones. (El señor Leguina Herrán: Y el crédito es ampliable.) ¿Para qué? Si a lo mejor se modifica la ley completamente. Además, ya ha oído usted que hemos dicho una y otra vez que el Consejo de Política Fiscal se tiene que reunir cuando esté aprobada la ley, y ver cuál es el aumento de gasto y qué parte del mismo corresponde a las comunidades autónomas y a la Administración central.


Ha hablado usted de la financiación fundamental, de algo que pasó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, donde se veía que la mayor parte del aumento de financiación era para la educación entre tres y seis años, que es gratuita y no obligatoria. Preguntaba usted cuánto puede costar esto. La respuesta es muy sencilla: pregúntele usted al Gobierno socialista de Aragón cuánto le ha costado, porque lo tiene incluido; pregúnteselo al Gobierno de Baleares, puesto que lo incluyó el PP y sigue incluido. Le puedo decir que en casi todas las comunidades autónomas en que gobierna el Partido Popular la educación entre tres y seis años no es obligatoria pero es gratuita. Le puedo hablar de Castilla y León, que es la que conozco mejor.


El artículo 27 de la Constitución está clarísimo. Decía usted: en los centros públicos ya es gratuita la educación entre tres y seis años.
Totalmente de acuerdo, pero es que hay que dar a los padres la opción de que puedan llevar a sus hijos a otros centros; y, si es gratuita en un sitio, ¿por qué no va a serlo en el otro?

En cuanto al artículo 16, ha dicho usted que tienen enmiendas concretas: cinco horas complementarias y una hora de lectura diaria. Nosotros hablamos de apoyo a estos alumnos de primaria; creemos que no deben repetir. Una cosa es secundaria, cuatro años en que tanto las enseñanzas como la preparación para el bachillerato o la formación profesional son importantes, y otra distinta la educación primaria. En primaria, salvo casos excepcionales de enfermedad de algún chico o chica, no somos partidarios de que repitan. Dice usted: entonces, están de acuerdo con la LOGSE. Le repito de nuevo, señora Chacón, que, cuando se debatió la

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LOGSE, dijimos que tenía una parte positiva y otra negativa. ¿Por qué vamos a modificar la parte positiva? No obstante, la norma básica tendrá su desarrollo, y en él se dirá cómo constituir estos grupos de apoyo y cómo cumplirán su función. Ustedes nos acusan de ahondar excesivamente en lo puntual en algunos aspectos, y a veces lo hacen ustedes; por ejemplo, cuando explicitan cinco horas complementarias y una hora de lectura diaria. En vez de hablar de una hora diaria -que habría que ver de dónde la quitaríamos si no aumentamos la jornada lectiva-, tendríamos que decir que los profesores induzcan al alumno a interesarse por la lectura; en literatura e incluso en matemáticas, en todas las asignaturas. En las asignaturas específicas se puede hacer lo que ya se viene haciendo: la lectura de dos libros por curso en primaria, y tres o cuatro en secundaria.


Dice que no hemos hecho el menor intento de aproximación. Señora Chacón, antes de que llegara la ley, conocíamos sus opiniones por la prensa.
Desde el primer momento han aplicado a esta ley los peores epítetos.
Otros grupos han hablado de una parte positiva y de otra con la que no estaban de acuerdo; ustedes han dicho desde el primer momento que no estaban de acuerdo con la ley, desde la cruz hasta la raya. Así es muy difícil la aproximación; puede haber aproximación si existe acuerdo en unos aspectos, y no en otros, o si se considera la posibilidad de ampliarlos. Si no están de acuerdo desde la cruz hasta la raya, es muy difícil el acercamiento.


A Coalición Canaria le dimos ya la argumentación de nuestro voto negativo.
[La señora Julios Reyes: la número 43, que modifica el texto de la letra a) por conocimiento del medio natural, social y cultural]. Entendemos que la comunidad autónoma puede añadirla perfectamente, dentro del cupo que tiene. En cuanto al conocimiento del medio, estudian tres ríos y un par de sierras que no tienen la menor importancia, y estoy hablando, en concreto, de los alumnos de la comunidad de Madrid; la Comunidad Autónoma de Madrid insiste en ello. Aunque no se diga, ustedes tienen la posibilidad de incluirlo dentro del cupo de enseñanzas que les corresponde como comunidad autónoma; lo pueden añadir, si lo consideran de vital importancia. No sé si al señor Leguina le convence la razón que le he dado a usted; creo que sí. (El señor Leguina Herrán: Lo de los ríos me ha impresionado.- Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy a intervenir con brevedad, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha comentado nada sobre la remisión que se hace en el artículo 9 a que el Gobierno pueda dictar normativa básica en el ámbito preescolar. Es una cuestión importante que he planteado, que no ha sido respondida. (El señor Guerra Zunzunegui intercambia impresiones con otra señora portavoz.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, se están refiriendo a usted.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor Guerra, le llaman al orden. (Risas.)

Decía, señor Guerra, que no he recibido respuesta -no sé si la hay- a mis comentarios a la enmienda al artículo 9, por el que se establece que el Gobierno dicte normativa básica en materia preescolar, cosa que vacía de contenido las competencias autonómicas en este punto. Usted no ha hecho referencia a eso.


En segundo lugar, señor presidente, como rectificar es de sabios -yo espero no confundirme muchas más veces, pero con ésta llevo una-, he retirado por error la enmienda 1007, que no debería quedar retirada, porque es cierto que en la ponencia se ha cambiado la palabra evaluación por la palabra prueba, pero sigue figurando la expresión evaluación general. Nuestra enmienda suprime la palabra general por el riesgo que supone, como luego explicaré. Por tanto, no retiramos esta enmienda y pido perdón por esta equivocación.


El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración.


Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor Guerra, es verdad que no nos entendemos, aunque me encantaría que no cayera sobre esta Comisión el síndrome Montoro, que consiste en descalificar a aquel que no le entiende o que no es entendido por él. Por tanto, le pediría un poco de respecto cuando contesta a esta portavoz, porque esta portavoz se lo tiene a usted.
También hay cosas en las que a mí me gustaría elevar el tono, pero no pienso hacerlo, si bien, aunque desde el debate de presupuestos no me quito la sonrisa de la cara, me va a costar. En cualquier caso, le pido por favor que no caiga en eso.


Le he hecho unas cuantas preguntas y me gustaría, por favor, que me las contestara. Algunas son muy fáciles de contestar. Le he preguntado si usted estaba de acuerdo con el fomento de la lectura. Me ha dicho que no va a aceptar esa hora más de lectura en primaria, que a mí me parece importante, aunque sé que cuesta dinero y que supone más profesores y más horas de clase. Entonces, ¿por qué quitan la literatura?, que es el único cambio que han hecho a esos efectos.


Lo único que hay en esta ley para prevenir el fracaso escolar -también le preguntaba si estaba usted de acuerdo conmigo en esa filosofía y tampoco me ha contestado nada- son tres palabras: medidas de apoyo. Sin embargo, no sabemos cuáles son las medidas de apoyo ni cuánto dinero hay para ellas; no sabemos si suponen más infraestructuras, más recursos materiales o más recursos personales o qué tipo de modificación suponen.
Usted me dice que hay cosas en las que soy

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excesiva, pero en estas me dice que soy demasiado amplia. Estará usted conmigo en que si le hablo de la prevención del fracaso escolar y sólo hay tres palabras que tienen algo que ver con eso, alguna respuesta habrá. Usted sabe que esta portavoz ha pedido comparecencias, ha interpelado y ha hecho preguntas parlamentarias a la señora ministra en esta Cámara y nunca ha obtenido respuestas. Por tanto, no me diga que se entera de lo que digo por la prensa, cuando ustedes han cambiado el Parlamento por el telediario y la televisión. Le pido respeto. Si no, dígale a esta portavoz dónde puede decir las cosas, porque a mí no me contesta nadie. Por favor, léase usted la única interpelación que le hizo esta portavoz a la señora ministra sobre el refuerzo de la religión en esta ley, en la que por primera vez un ministro de la democracia española renunciaba a su turno de réplica, cosa que nunca habíamos visto en esta Cámara, señor Guerra. Descalifíqueme lo que quiera, pero primero mire lo que les pasa a ustedes, porque -siempre le digo lo mismo- son ustedes muy críticos con lo ajeno y muy generosos con lo propio. Eso no está nada mal, pero si alguna vez invertimos los factores, tal vez mejoremos el resultado del producto. Se lo pido, porque no me parece de recibo, atendiendo a quien es hoy la responsable en materia educativa en este país, que usted descalifique a los portavoces de la oposición porque sólo encontramos una vía para decirles a ustedes lo que pensamos. En cualquier caso, sí me ha respondido a la pregunta: la voluntad de negociación que se ha tenido con este grupo parlamentario, una vez existía la ponencia, es cero. Se lo digo porque aquí nos hemos quedado sentados tres. Los que se han marchado han dicho que el esfuerzo de negociación con ellos ha sido cero y dos de los que nos hemos quedado le estamos diciendo que el esfuerzo con los demás también ha sido cero, y cuando uno va por una carretera y todos vienen en dirección contraria, debería pensar que a lo mejor el problema no es de todos los demás. Se lo digo sólo a título de reflexión.


También le he preguntado qué cuesta la concertación. Usted me dice que se lo pregunte a las comunidades autónomas que la están haciendo. Le repito que están poniendo sobre la mesa convenios y subvenciones que marcaba la LOGSE y que lo que ustedes hacen es otra cosa. No le digo que usted no tenga capacidad para entenderme, señor Guerra, nada más alejado de mis pretensiones que decirle eso, sólo le digo que no tiene nada que ver, y le pido que, puesto que ustedes generalizan según la demanda la obligatoriedad de la oferta y por tanto están acabando por hacer gratuita la educación infantil privada, me diga cuánto cuesta. Si usted cree que lo tiene que hacer el Consejo de Política Económica y Fiscal, al menos dígame quién lo va a pagar, porque eso no lo decidirá el Consejo, ¿no?, eso lo decidirán ustedes. Mi pregunta es quién lo va a pagar allá donde no esté subvencionado. Por ejemplo, quién va a pagar eso, que vale mucho dinero, señor Guerra, en Andalucía.


También le pido que me resuelva una cuestión que también se me escapa de la lógica. Ya sé que usted y yo tenemos variables distintas en ese aspecto, pero a lo mejor nos podemos entender si hacemos un esfuerzo recíproco. La Ley de universidades tenía el mismo marco legal que tiene esta ley, con las competencias completamente transferidas, sin embargo ustedes incluyeron memoria económica, señor Guerra, y no sólo eso, sino que en los presupuestos había medidas para al menos dos cuestiones que ustedes implantaban ex novo, que eran, si no recuerdo mal, la habilitación y la evaluación. Si el marco legal era mimético respecto del actual, mi pregunta es por qué allí sí y aquí no. Así yo me dejaría de responder lo que me respondo, señor Guerra, porque que yo me responda a mis propias preguntas tiene dos razones de partida: una, que ustedes nunca me contestan, y dos, que si ustedes optan por el oscurantismo, yo no me creo lo mejor, me creo lo peor. Ya se lo dije: ¿por qué corremos tanto, por qué nos escondemos tanto, si esta ley es tan magnífica, si tiene tantos apoyos, si va a mejorar la calidad de la manera que va a hacerlo? ¿Por qué ustedes no sacan pecho y la enseñan durante seis sesiones parlamentarias, que es lo que les pide la oposición? Cuando eso no sucede, señor Guerra, uno, sin querer, tiende a malpensar. Eso me sucede a mí cuando ustedes no me contestan a nada respecto de cuestiones además que hemos sabido cuánto valen por una memoria económica que existió. Yo no les doy más valor que el que ustedes les dieron en algún momento y por tanto me gustaría que me respondiera: ¿por qué la LOU sí y la ley de calidad de la educación no, si el marco es el mismo? Si no, dígame al menos quién lo va a pagar, porque eso no lo va a decir el Consejo Económico y Fiscal, lo debería decir el Gobierno, y ya que usted le representa y le defiende aquí, además con mucho entusiasmo, sería un detalle que me lo respondiera.


Finalmente, le vuelvo a preguntar: Si su filosofía es prevenir, dada la evidencia empírica de lo que sucede en primaria y que quien la pasa positivamente después pasa con tranquilidad la secundaria, si esa es su filosofía -que también se lo pregunto-, ¿por qué no aceptan más horas de clase? ¿Porque son más recursos? ¿Porque son más profesores? ¿Porque son más horas? ¿Porque no lo quieren? Deme usted una respuesta a eso, porque si no me aclara usted cuáles son las medidas de apoyo, eso no es nada, señor Guerra, y entonces acabamos en lo que yo le digo: esta ley no trae nada para la prevención del fracaso escolar.


La segunda pregunta que le hacía era: ¿Cree usted que la prioridad sería mejorar la financiación de la secundaria obligatoria para solucionar los problemas en ese tramo? Se lo pregunto particularmente en referencia a nuestros centros públicos, que hoy asumen casi en solitario un reto que tienen no sólo nuestras aulas

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educativas sino también la sociedad española, que es atender más y mejor a esa nueva inmigración que tenemos en nuestra aulas y que, debido a retrasos en la escolarización o a veces a dificultades con el idioma, requieren prioridades. Incluso le hablaría de la atención a las zonas más desfavorecidas, en materia de compensación de desigualdades, en relación con lo cual sabe usted que el Grupo Socialista ha presentado muchas enmiendas que tampoco han aceptado. Quiero saber, en primer lugar, si su filosofía es esa, actuar de manera concreta donde más problemas tenemos -ahí tienen nuestras enmiendas-, y en segundo lugar, si usted cree o no en la prevención del fracaso escolar a la hora de atajar los niveles que tenemos, porque entonces le digo que su texto es completamente deficitario en materia de infantil y de primaria y que aquí tiene usted las enmiendas razonables del Grupo Socialista, que buscan alguna solución positiva a los problemas que tenemos sobre la mesa. Le agradecería que esta vez me contestará. Las preguntas están claras. Si no nos entendemos es porque no queremos, no por su incapacidad, y tampoco por la mía, se lo digo con toda modestia. Sería un detalle que usted me diera alguna respuesta a estas tres preguntas tan claritas y razonables. (El señor Lissavetzky Díez: Y el Tajo pasa por Madrid, que es un río importante.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Aunque antes he contestado a Coalición Canaria, quiero resaltar que el área Ciencia, Geografía e Historia, tiene el mismo contenido y puede cumplir la misma finalidad que la propuesta por Coalición Canaria. Es decir, se puede incluir ahí, independientemente del porcentaje que tiene la comunidad.


Señora Chacón, creo que le he contestado, lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y eso es algo tremendo. Dice: Le estoy preguntado a usted. Estamos en época del Tenorio, y parece que dice: Clamé al cielo y no me oyó. (El señor Lissavetzky Díez: Y qué razón tenía.) Bueno, pues no soy el cielo, pero le oigo. Le he contestado por qué la financiación no podía ir en el presupuesto. Estará usted de acuerdo o no, pero le he contestado. (La señora Chacón Piqueras: Eso no es verdad.) Señora Chacón, le he dicho varias veces que yo la escucho a usted siempre con mucha atención. Además, me parece que da unos argumentos muy importante y muy rotundos y me gusta escucharla.


En primer lugar, en el presupuesto no podía figurar ni un euro respecto de una ley que no está aprobada por el Parlamento y, en segundo lugar, ésta es la primera ley que se va a aprobar después del acuerdo de financiación con las comunidades autónomas conforme a sus competencias. Por tanto, lo que hay que hacer es aplicar el acuerdo al que se llegó con todas las comunidades, tanto las gobernadas por el Partido Socialista, como por el Partido Popular, como por Convergència i Unió o por otros grupos, y una vez que esta ley esté aprobada, se tendrá que ver lo que a cada uno le corresponde.


Me pregunta usted: ¿No considera usted que es más importante que aumentemos financiación en secundaria? Creo que son cosas diferentes.
Cuando hablemos de secundaria, veremos qué necesidades de financiación tiene, que tampoco son excesivas. Lo que decimos aquí es que la enseñanza no será obligatoria de tres a seis años, pero que será gratuita, y que cada una de las comunidades haga lo que crea pertinente. La Comunidad Autónoma de Andalucía no tendrá un gran problema económico porque el 80 por ciento -me parece que es un 80/20- de la educación es pública, pero ella decidirá que sea gratuita o no de los tres a los seis años. Lo que digo es que no hay un principio que iguale a todas las comunidades al respecto, puesto que hay comunidades gobernadas por el Partido Socialista que lo tienen implantado y otras del Partido Popular, la mayoría de ellas, que ya lo tienen implantado, pero hay alguna que no lo tiene todavía. Por lo tanto, vamos a dejar las competencias a las comunidades autónomas.


En cuanto a las cinco horas de lectura, señoría, yo sería partidario no de cinco horas, sino de cinco y los sábados y domingos de otra hora más, pero ésa no es la cuestión. Usted, cuando habla de las cinco horas, no me dice qué hacemos. ¿Aumentamos el horario lectivo o lo reducimos y en qué asignaturas lo reducimos? Por eso le he dicho que, independientemente del plan de fomento de la lectura, en un conjunto de asignaturas, fundamentalmente en literatura, geografía, etcétera, debe ser el profesor el que incite a la lectura. Estoy completamente de acuerdo con usted en el déficit que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas en materia de lectura (por desgracia, no solamente los alumnos y alumnas, sino gran parte de los padres tenemos déficit de lectura), pero eso no se arregla con decir que hay que dedicar cinco horas a la lectura. Dígame usted de dónde las quita o ¿quiere usted que se añada una hora más todos los días? (La señora Chacón Piqueras: Sí, sí.) O sea, todos los días, una hora más.
Pues bien, tomo nota, porque hasta ahora no lo entendíamos así. Quiere que haya un mayor número de horas en la enseñanza primaria. Tomamos nota.


Creo que le he contestado a las enmiendas fundamentales que usted ha planteado respecto de la enseñanza primaria, por lo menos le he dicho cuál es la posición del Partido Popular. Ha hecho usted una serie de afirmaciones con las que no estoy de acuerdo, pero allá cada uno. Aquí hacemos afirmaciones en las que unos estamos de acuerdo y otros no estamos de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer bloque, que corresponde al capítulo V del mismo título del proyecto de ley, artículos 19 a 36.


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El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene varias enmiendas en este bloque. Para su defensa, señora Julios, tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: En cuanto a las modificaciones que se han producido en el trámite de ponencia, nos parece importante resaltar lo siguiente. En primer lugar, la incorporación de una enmienda relativa a la educación secundaria obligatoria, que fue planteada por más de un grupo, con lo que queda claro en el texto que los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso académico completo en el que cumplan los dieciocho años de edad. Creo que esta aclaración era necesaria. En segundo lugar, la incorporación de nuestra enmienda al artículo 21.2.h), relativa a la preparación básica en el campo de las tecnologías, que antes estaba referida exclusivamente al ámbito de la tecnología de la información y de la comunicación. Aunque en ese campo hay que poner un énfasis especial, la tecnología abarca otras muchas facetas y debe englobarse como tal y no específicamente en relación con la información y la comunicación.


Otro aspecto fundamental para Coalición Canaria era que las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, realicen la ordenación de la oferta de las asignaturas optativas, y así ha quedado recogido. También es fundamental para nosotros la incorporación, en el artículo 24, de un nuevo apartado que implica que las administraciones educativas competentes, es decir, las comunidades autónomas, puedan ofrecer medidas de apoyo para alcanzar los objetivos.
Incorporar esto al texto permite a las administraciones que tienen la competencia de gestionar atender de forma adecuada las denominadas medidas de atención a la diversidad. Nos parece indispensable que esto quede en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas para conseguir el objetivo de todos, es decir, mejorar los índices de titulación en la ESO. En este sentido, para nosotros era una condición imprescindible aclarar que todos los itinerarios van a conducir a un único título y que éste debe tener el mismo valor académico. Esta corrección permite que los alumnos, con la previa orientación del profesorado, de los padres y del alumnado, y de acuerdo con las preferencias y las características personales de los alumnos, puedan optar a los itinerarios, voluntariamente por supuesto, con independencia de que al final se consiga un mismo título y con el mismo valor académico.


En otra enmienda nuestra, que también se ha incorporado, planteábamos que la elección de los itinerarios que se realice en un curso no condicione el siguiente. Esto es importante, puesto que se está hablando de una etapa en cuanto a la edad de los estudiantes en la que se está conformando la personalidad, y el que las decisiones que se puedan tomar respecto a la opción por un itinerario o por otro puedan ser reversibles nos parece que dota de flexibilidad al texto y de más capacidad para conseguir lo que todos pretendemos, que es mejorar los índices de titulación por parte del alumnado.


En el artículo 26, relativo a los programas de iniciación profesional, nos parece importante que se haya incorporado una enmienda con la que se aclara que, además de los alumnos que puedan incorporarse con la edad de 15 años, también puedan incorporarse a dichos programas los alumnos que ya tienen 16 años cumplidos. Esto es importante porque con esta opción de los programas de iniciación profesional se pretende dar una respuesta al problema real de fracaso escolar, al problema real de objeción escolar, y esto es algo que afecta también a la horquilla de chavales que están por encima de los 16 años.


Otra enmienda que se ha incorporado y que para nosotros era fundamental porque aclara el sentido del texto es la que está en el artículo 30, donde cuando se habla del título de graduado en educación secundaria obligatoria se especificaba antes que todos los itinerarios formativos conducían al título de la ESO. Ahora se ha añadido que además también los programas de iniciación profesional. Es fundamental esta aclaración de que los programas de iniciación también van a conducir al título, un título con el mismo valor académico, puesto que estamos hablando de opciones formativas dentro de lo que es la edad de escolarización obligatoria y opciones formativas que tienen como objetivo flexibilizar el sistema educativo para hacer una oferta decidida en contra del fracaso y la objeción escolar. En ese sentido, son aportaciones que a nuestro modo de ver enriquecen y aclaran el contenido de lo que significan los itinerarios y de lo que significan los programas de iniciación profesional. También nos parece importante que se haya incluido en el apartado de profesorado la incorporación de otras funciones de apoyo en esta etapa por parte de otros profesionales, puesto que todos sabemos que las necesidades educativas especiales están siendo atendidas ya de hecho, hoy por hoy, con el apoyo de profesores que en su mayor parte están en el cuerpo de maestros y tienen especialización de pedagogía terapéutica y también de audición y de lenguaje.


En cuanto a las ocho enmiendas que nos han quedado pendientes, paso a defenderlas con brevedad. En primer lugar, es una enmienda que va dirigida al artículo 20 donde planteamos que las etapas de la ESO comprendan no sólo los cuatro cursos, sino que la organización se haga manteniendo un primer ciclo con los dos cursos académicos y que los otros dos sí sean ya catalogados como cursos académicos. ¿Por qué mantenemos esta enmienda? Porque nos parece importante no romper la unidad de ciclos en esta edad, en los 12 ó 13 años, donde de acuerdo con el proceso de madurez del joven nos parece que debe preservarse el carácter integrador en el primer ciclo. La segunda enmienda es de adición, es la número 47, y va dirigida al apartado a) del punto 2 del artículo 21. Proponemos que se incluya, dentro de lo que es ejercitar el diálogo, la necesidad de

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afianzar los valores comunes en una sociedad participativa y democrática.
Estamos hablando de la ESO, que marca el final de la escolarización para un número importante de alumnos, y en esta etapa se debe retomar y asegurar los valores que se recogen en nuestra Constitución y se expresan de la forma en que acabo de dar lectura.


Voy a hacer una referencia a la enmienda número 54 al artículo 26 que es de modificación. En ella proponemos en relación con el apartado número 1, de los programas de iniciación profesional, que dicha formación tenga una estructura flexible de carácter modular. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho con anterioridad, que los programas de iniciación van dirigidos a dar respuesta en gran medida a los problemas de objeción escolar. Dado el carácter modular que tiene en sí la formación profesional, esta ley, que es orgánica, no debería prescribir que la duración exacta sea de dos cursos académicos. Eso introduce una rigidez que a nuestro modo de ver no es necesaria en este texto.


La enmienda número 56 hace referencia al artículo 28.2, donde planteamos que se dé la opción de que los alumnos que estén en el cuarto curso y tuvieran un número de asignaturas no aprobadas inferior a cuatro pudieran cursar únicamente estas asignaturas. (La señora vicepresidenta, Díez de Valdeón García ocupa la presidencia.) Este es un curso terminal de esta etapa y siguiendo con lo que ya está establecido actualmente en el BUP, en el COU y en el último curso del bachiller actual, nos parece razonable que no se haga repetir íntegramente el curso a un alumno que sólo ha suspendido dos o tres asignaturas.


Otra de las enmiendas, la número 60 es al artículo 34.6. Esta es una enmienda importante que tiene relación con otras que en la etapa anterior del sistema educativo ya fueron aprobadas en ponencia, y es que corresponda a las administraciones educativas con competencia, a las administraciones autonómicas, la ordenación de la oferta de las asignaturas optativas. Esto se debe mantener al igual que ya se incluyó en la etapa primaria, también en la ESO, que esta ordenación corresponda a las administraciones educativas con competencias de gestión.


La enmienda número 61, que tiene relación con la 60, va dirigida al artículo 36, que es sobre la titulación del bachiller. Planteamos que la calificación final del bachillerato venga determinada por una ponderación entre la prueba general que estará representada por un 40 por ciento y por lo que es la media del expediente académico que debe representar un 60 por ciento. La ponderación de 40-60 dándole un valor de 60 a la nota media obtenida en el bachiller está más acorde con el reconocimiento del esfuerzo realizado durante la trayectoria escolar del alumno en el bachiller. A nuestro modo de ver, responde más al criterio que adoptó el Gobierno. Así se fijó en el real decreto del año 2000 y también es una recomendación del Consejo de Estado. No debe quedar fijado ningún porcentaje en este sentido en un texto de ley orgánica. Relacionada con esta enmienda es también la siguiente, al artículo 36, donde proponemos que las universidades primen la nota del bachiller como un criterio de admisión de alumnos en su caso y que después sea el Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, el que regule la normativa básica que permita la posibilidad que ya está recogida en la LOU de que las universidades establezcan otros criterios adicionales según las distintas titulaciones. En el panorama actual de descenso del número de universitarios, por muchas razones incluida también la de disminución de la tasa de natalidad, debe darse un valor importante a la nota de la prueba general de bachiller para acceder a la universidad. Estamos hablando en el caso, por eso decimos en su caso, de titulaciones que tienen un acceso ilimitado. Dentro de lo que es la propia incentivación del alumno y de su esfuerzo, el valor que se le dé a la PGB, la prueba general del bachiller, tiene que tener una repercusión, tiene que primarse a la hora de competir para acceder a una universidad.


Con ello he terminado de exponer las enmiendas que quedan vivas.


La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: A mi grupo en esta parte le quedan unas cuantas enmiendas vivas. La primera coincide con algo que ya he mencionado anteriormente, porque se ha tratado en otro artículo que pretendíamos enmendar. En este caso se trata del artículo 19, en la medida en que se intenta distinguir la formación profesional de grado medio de la formación profesional de grado superior. Entendemos que las dos deberían quedar perfectamente integradas por igual en la educación secundaria, sin perjuicio de que se mencionen separadamente, pero dejando claro que las dos deben estar en la educación secundaria. Entrar en disquisiciones, tal y como se hace en el artículo 19, puede tener -como he dicho antes también- consecuencias a efectos de calificación docente, profesoral y, por tanto, podría acabar llevando a distinguir entre la capacitación del profesorado en el grado medio y en el grado superior, mientras que hoy esa distinción no existe.


En el artículo 20 mi grupo propone que siga quedando claro que la posibilidad de permanecer hasta los dieciocho años de edad en régimen de escolarización es un derecho, no es simplemente un podrán, tal y como figura ahora en el proyecto, sino que sea un derecho tal y como está previsto en la legislación actual vigente.


La enmienda planteada al artículo 21 es un ejemplo más de algo que vamos haciendo en distintos ámbitos de la ley. Con esta enmienda pretendemos vaciar la ley de su exceso de detalle. El artículo 21 de esta ley es

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prueba del exceso reglamentista de este Gobierno en este ámbito. Cuando se establece el objetivo de la educación secundaria y en el párrafo 2 se llega de la letra a) hasta la letra l) para especificar al detalle las capacidades que deben adquirir los alumnos, nos parece que esto es absolutamente excesivo, que está totalmente fuera de lugar y nosotros lo reconvertimos en un párrafo mucho breve, mucho menos detallado y que deja en libertad a los centros para lo que quieran hacer en ejercicio de su autonomía y a lo que las propias comunidades autónomas quieran establecer. Este detalle excesivo de objetivos acaba enconsertando totalmente la actuación educativa.


En el artículo 22 reiteramos la enmienda que habíamos planteado antes en el ámbito de la educación primaria. Se trata de la más perfecta equiparación entre la enseñanza de la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, y literatura en su caso, con las demás asignaturas que aparecen aquí establecidas. Se nos dirá que la comunidad autónoma podrá establecerlo y que así aparece en otro párrafo, pero la cuestión no es si después se podrá o no establecer, porque es un tema tanto de huevo como de fuero, si me permiten. Por tanto, en la ley orgánica en la que se establecen cuáles son las asignaturas comunes debe quedar exactamente claro que la lengua oficial propia y literatura de la comunidad autónoma tiene el mismo rango y no una especie de rango subsidiario respecto de las otras asignaturas que aparecen así listadas.


Por otras razones tampoco nos parece que tenga sentido que se establezcan en este mismo artículo 22, con carácter básico, asignaturas optativas, con carácter obligatorio, en consecuencia, para todas las comunidades autónomas. No tanto porque no coincidamos en la necesidad de que sea optativa de oferta obligada una segunda lengua extranjera, por ejemplo, lo cual nos puede parecer perfectamente correcto y probablemente lo haremos todos. Una cosa es ésa y otra establecer por ley orgánica de carácter básico determinadas asignaturas optativas. Eso es una contradicción en sus propios términos, puesto que las asignaturas optativas son, por definición, cursadas optativamente, es decir, potestativamente por el alumnado. Por tanto, en la medida en que no se cursan por todo el alumnado no forman parte de la formación común necesaria para obtención del título, que es aquello que puede fijar con carácter básico el Estado en una ley orgánica. Por tanto, no tiene sentido que en esta ley se establezcan optativas con carácter obligatorio, es una contradicción en sus propios términos y las decisiones sobre optativas no forman parte de las competencias del Estado en materia educativa, sin perjuicio, insisto, de que aquí no se trata de si estamos o no de acuerdo en que haya una segunda lengua extranjera ofrecida con carácter optativo por todos los centros.


En el artículo 24 pretendemos dejar claro que las medidas que se establecen de refuerzo educativo no se limiten sólo a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria y además, como en tantos otros artículos -y a veces olvidaré decirlo en alguno-, retiramos de esta ley orgánica todo lo que tiene de carácter organizativo. No nos cansaremos de decir -ustedes se cansarán de escucharlo, pero yo no de decirlo- que esta ley no puede entrar en elementos organizativos. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Esta ley sólo puede fijar elementos básicos para la obtención de los títulos y para garantizar la igualdad entre todos los españoles en el conjunto de España. No puede entrar en la organización. La organización corresponde a las comunidades autónomas, y la organización incluye la metodología, todos los aspectos de gestión. Cada vez que esta ley entra en aspectos de gestión y metodológicos, está invadiendo competencias autonómicas. Así lo vamos especificando enmienda por enmienda. Vuelve a ocurrir aquí en el artículo 24 y ocurre también en otros. En ponencia se ha mejorado un poco este artículo 24 al incluir un párrafo 3 nuevo, que permite que las administraciones educativas puedan ofrecer otras medidas de apoyo para alcanzar los objetivos de la etapa. Nos parece positivo que eso se haya incluido, pero no del todo, porque seguimos creyendo que es bueno que se mencione la posibilidad de los convenios, tal y como nosotros lo planteamos en la enmienda.


Del importantísimo artículo 25 nosotros proponemos directamente su supresión, porque, de nuevo, esto es algo que deberán fijar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus facultades.


En el artículo 27 relativo a la evaluación, mi grupo sigue insistiendo en la necesidad de que la evaluación sea continua integrada e integradora, no por cada una de las asignaturas sino integradora en su conjunto, y que además se realice por el mismo equipo que después, como se especifica en el artículo 28, deberá decidir la promoción. Por tanto, por el equipo de profesores, en su conjunto, que de forma integrada decide la evaluación del alumno, no por cada uno de los profesores en cada una de las asignaturas, que es un método un tanto rancio y absolutamente superado en este momento. (El señor presidente ocupa la presidencia.)

En el artículo 29 reiteramos nuestra objeción al planteamiento de la evaluación de diagnóstico. Es un buen momento para entrar a detallar un poco más cuáles son nuestras reservas en este tema, porque han aparecido antes y volverán a aparecer alguna otra vez. Nosotros no nos oponemos a que se pueda hacer la evaluación del sistema. Sí nos oponemos a que esa evaluación tenga carácter de prueba, porque esa misma palabra prueba que en el artículo anterior se había referido a la evaluación, en este artículo no se ha suprimido, ni siquiera en ponencia y, por tanto, sigue apareciendo la mención prueba en el artículo 29, exactamente igual que estaba en el proyecto de ley original. Por tanto, la impresión que da es que esta ley faculta al Gobierno a establecer una prueba de carácter general para el cien

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por cien del alumnado en un determinado nivel. Una prueba que sería fijada y elaborada desde la Administración general del Estado y en la que las administraciones educativas tendrían un mero papel ejecutor, Prácticamente suponemos que tendrían la función de poner las furgonetas de reparto de los papeles y quizá imprimir los papeles, pero poco más.
Con lo cual tendríamos que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se elaboraría una prueba que se impondría al cien por cien del alumnado de un determinado nivel y aunque formalmente, según dice este artículo 29 y los equivalentes que están dispersos en la ley, no tiene carácter académico sino sólo informativo y orientador para los centros, profesorado, familias y alumnos, a medida que esa prueba se sistematizara siempre en el mismo año de escolarización y con un contenido relativamente análogo en cuanto a los contenidos, valga la redundancia, acabaría evidentemente teniendo una influencia directísima en el propio currículo y por tanto los centros acabarían orientando sus enseñanzas no de acuerdo al currículo establecido por la comunidad autónoma, que es quien tiene la competencia para fijarlo, sino según esa prueba establecida por el ministerio, que podría estarse fijando absolutamente al margen del currículo, puesto que no se precisa la participación de la comunidad autónoma para su diseño y fijaría no ya un ránking de comunidades autónomas, que también, sino de centros, y acabaríamos teniendo listas entre los centros buenos, los centros menos buenos... Eso haría que todo el profesorado, por aquello de estar bien en la lista, acabara orientándose hacia esa prueba. No nos oponemos a la evaluación sino radicalmente a que esa evaluación tenga carácter general y se convierta en un examen general que, por mucho que formalmente no tenga valor académico, de hecho oriente definitivamente la enseñanza. Por eso insistimos, como diremos luego en el artículo 95, en que esa prueba sólo puede tener carácter muestral. Sólo tiene sentido y cumple perfectamente con su función si tiene carácter muestral, con una muestra tan detallada y tan perfectamente elaborada como se estime oportuno, para hacer efectivamente una evaluación externa de la calidad de los centros, a lo cual no nos oponemos para nada. Sin embargo, entendemos, primero, que las administraciones educativas autonómicas tienen perfecta capacidad para desarrollar esa prueba de carácter evaluatorio y, segundo, que no puede tener ese carácter general o exhaustivo.


El artículo 30 traza de nuevo las competenciales porque el 30.2 regula que el Gobierno podrá establecer directamente las condiciones por las cuales se pueda obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria sin haber superado todas las asignaturas de la etapa. Por tanto el Gobierno central recupera una competencia que no tiene para decidir cuándo alguien, que no ha cursado todas las asignaturas o que no las ha superado, puede o no puede -en este caso se le permitiría- acabar obteniendo el título de graduado. Eso no tiene ningún sentido y contradice frontalmente las competencias autonómicas en la fijación del currículo. Si son las comunidades autónomas las que determinan el currículum, serán éstas las que decidan cuándo de forma excepcional, sin haber culminado éste, se puede obtener el título. Lo contrario es de nuevo, con letra pequeña, de una forma más o menos sutil -en este caso más sutil que en otros- vaciar de contenido las competencias autonómicas, ahora en el ámbito de fijación de currículum.


En el artículo 31 valoramos muy positivamente que se haya incorporado en ponencia la posibilidad, que nosotros ya solicitábamos, de contratación de personal especialista, de profesionales para impartir enseñanzas en los programas de iniciación profesional. No acabamos de entender y no compartimos, por eso mantenemos plenamente nuestra enmienda, por qué se especifica que eso se haga con contratación de carácter administrativo.
Yo recuerdo muy bien el debate parlamentario en el ámbito de la LOU, Ley orgánica de Universidades, donde todos compartimos que la contratación se hace en el ámbito laboral. Una cosa son los funcionarios que están dentro y otra aquellos que se contratan, que se hace en régimen laboral, lo que es mucho más protector de aquellos que son contratados. Aquí se acepta la contratación -ya es un avance, se acepta que puedan intervenir profesionales, lo cual sin duda enriquecerá las enseñanzas en este ámbito-, pero se sigue manteniendo sin ninguna explicación coherente algo que poco a poco debe irse suprimiendo prácticamente en todas las partes de la actuación de la Administración general del Estado, en este caso en la contratación por vía administrativa con lo que eso supone de menores derechos para el contratado, porque en los contratos administrativos es evidente por definición que no hay equilibrio entre las partes, por eso son contratos administrativos.


El artículo 33 es otro ejemplo de un exceso de detalle, algo muy similar a lo que decía antes. Es un artículo cuya sola lectura provoca una cierta gracia al constatar que esto se encuentre en una ley como ésta. Le sobran dos tercios de su contenido, porque creemos que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar y detallar, probablemente ni siquiera por ley, todo este tipo de detalle que aparece y que desde nuestra perspectiva está absolutamente fuera de lugar.


El artículo 34 de la ley, y por tanto nuestra enmienda al respecto, trata de todo lo relativo a la organización del bachillerato. Otro abuso competencial. Imagino que al final de este debate alguien empezará a entender por qué CiU no apoya esta ley y dejará de decir de una vez por todas que es que tiene no sé muy bien qué problemas internos. En el derecho vigente en la LOGSE para modificar las modalidades de bachillerato se precisa el consentimiento de las comunidades autónomas y por tanto el Gobierno, previo acuerdo con éstas, podrá

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modificar las modalidades de bachillerato o establecer nuevas. En esta ley el previo acuerdo con las comunidades autónomas se convierte por obra y gracia del apartado 4 de este artículo 34 en que el Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de bachillerato o modificar las establecidas en esta ley. Otro cheque en blanco, señorías, para que el Gobierno, una vez aprobada esta ley orgánica, decida hacer absolutamente todo lo contrario de lo que dice aquí y pueda establecer en algo tan absolutamente nuclear como son las modalidades de bachillerato lo que quiera, absolutamente lo que quiera sin otro trámite que obtener un informe de las comunidades autónomas, que evidentemente ni siquiera es de todas ellas individualizadamente, y que ya veremos cómo se articula. Eso contradice flagrantemente lo que es el respeto que se debe tener al papel que tienen adjudicado en el diseño de la auténtica política educativa las comunidades autónomas; de ahí otro punto más de oposición que sumar a la lista.


En la misma línea que en otras enmiendas vuelve a aparecer aquí el problema de la lengua propia. Tiene todo su sentido no sólo que se permita que las comunidades autónomas puedan incluir la lengua propia ¡faltaría más!, sino que se equipare a todos los efectos, como debe ser, con las demás asignaturas comunes de bachillerato, con el mismo rango y no con la sensación de que es una especie de asignatura de segundo nivel.


En este artículo 34 propone también mi grupo que se fusionen en una sola asignatura común de bachillerato la filosofía y la historia de la filosofía. Alguien, uno de los comparecientes, se rió bastante de este tema, yo no tengo otras fuentes que ésa, diciendo que realmente era fruto del lobby de los profesores de filosofía. Yo cito en todo caso al compareciente porque para eso compareció, para eso nos lo dijo y no deja de ser interesante ponerlo sobre la mesa. Es decir es llamativo que en un listado de seis asignaturas comunes para el bachillerato de todos los alumnos de España, de seis asignaturas comunes obligatorias, dos sean filosofía e historia de la filosofía. Incluso en términos corporativos la cosa tiene bastante gracia, pero en términos estrictamente educativos lo que no tiene es sentido porque también podemos poner literatura e historia de la literatura: vamos a poner por un lado literatura y por otro historia de la literatura. Por tanto dejando al lado los elementos que esto tiene o las sospechas que puede levantar en términos puramente corporativos o de presión de los profesores de filosofía en el ministerio, que yo no puedo probar pero que alguien ha dicho aquí que existen y consta en el "Diario de Sesiones", proponemos que se fusionen en un mismo punto. También proponemos sin entrar en el detalle, en la redacción que nosotros damos a este artículo, que desaparezcan las referencias de tipo metodológico que, insisto, son una invasión competencial porque no le corresponde al Estado en el ejercicio de sus competencias básicas establecer eso.


En la enmienda siguiente tenemos la impresión de que el proyecto de ley ha olvidado -o tiene quizás una explicación que se nos ha escapado, vamos a hacer un acto de humildad- la evaluación del bachillerato; aparece la evaluación en todos los otros ámbitos y no hay ningún artículo específico referido a cómo tiene que realizarse la evaluación en el bachillerato. Lo único que hay en el apartado 9 de este artículo 34 es la posibilidad de que los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado en las fechas que determinen las administraciones educativas. Se habla de la prueba extraordinaria y no se habla en ningún sitio de la prueba ordinaria, es decir qué es y cómo debe funcionar la evaluación. Por tanto proponemos -y parece que por ahora el Grupo Popular no acepta- un artículo 34 bis, que reconoce, que establece la evaluación, que toma este punto respecto a la prueba extraordinaria, lo reconduce a ese artículo nuevo y habla de cómo esa evaluación tiene que articularse de forma conjunta.


Finalmente, mi grupo suprime la prueba general de bachillerato que establece el artículo 36 y la sustituye por una evaluación de conjunto de todas las materias de bachillerato.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Como ustedes saben y hemos repetido en el debate de la enmienda a la totalidad y de las enmiendas parciales, aunque luego se nos diga que se desconoce mucho del porqué y cómo funcionan las enmiendas que hemos propuesto, si en alguna parte de esta ley es especialmente significativo lo que creemos que es una auténtica rendición de este Gobierno frente al fracaso escolar y a sus problemas es en el trato que se da a la educación secundaria y sobre el que ahora entramos.
Como les decía, quienes están reformando, por problemas más o menos similares a los que está teniendo nuestro sistema educativo, en la Unión Europea el suyo propio tienen claramente un objetivo sobre la mesa, que es buscar más y mejor educación para todos. Ése debería ser el objetivo de nuestra ley, creemos que no hay nada de eso ahí, y están muy claras en la secundaria las filosofías que, reitero, han informado al Gobierno a la hora de establecer este texto y al Grupo Socialista en sus enmiendas; por eso muchas de ellas lo son de supresión y algunas otras, que detallaré a continuación, tienen esta otra filosofía.


Las recetas están muy claras frente al combate del fracaso escolar. Una es la receta por la que ha optado el Gobierno, apoyando por el Partido Popular con entusiasmo en esta Cámara, de que cuando aparecen los problemas de aprendizaje se opta por separar del grupo ordinario, de su clase habitual, a los niños y niñas con problemas para que no molesten a aquellos que van bien, que se quedan solitos en otra clase. La otra filosofía

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es echarles una mano desde el sistema educativo para que llegue al final el mayor número posible. Insisto -porque a la ministra le gusta repetir eso de los resultados- en que unos llegarán con sobresaliente y otros con aprobado, pero estarán conmigo en que cuantos más mejor. Desde la primera receta, desde la segregación, no se opta por que lleguen todos, unos más y otros menos pero que lleguen todos, sino que se bajan los brazos y no se previene el fracaso escolar, que es la filosofía por la que vengo preguntando al Grupo Popular durante toda esta sesión; es decir, si creen que es importante o no, a la hora de reformar un sistema educativo, intervenir a tiempo para superar las dificultades, con las evidencias empíricas que tenemos sobre la mesa y con las evaluaciones que hoy conocemos y no nos esforzamos sólo en poner más vallas o más altas, sino en enseñar a saltar mejor a nuestros niños y niñas. Esa es la filosofía de que adolece todo el texto y de manera singular la secundaria. Es más fácil y más barata, sólo a corto plazo -se lo he dicho ya en alguna ocasión- la de apartarles, porque es verdad que educar es más caro, más complicado, pero también más justo, y creo que ese debería ser el objetivo de nuestra norma.


Respecto al argumento que nos dan de que hay que atender más y mejor a la diversidad, yo les digo que sí, pero no discriminando. Por tanto, todas las enmiendas de supresión que proponemos es porque creemos que esta ley es discriminatoria, segregadora. Es cierto que al distinto hay que tratarle de forma distinta y el esfuerzo debe ser diario. Eso lo dice el magnífico artículo 14 de nuestra Constitución que, como ustedes saben, tanto cuesta aplicar. Es distinto si se le trata para separarle y apartarle o se le trata para recuperarle. El objetivo de esta reforma debería ser intentar recuperar a aquel que es distinto porque tiene problemas de aprendizaje -que preferiríamos que no los tuviera-, pero manteniendo por supuesto su integración en el grupo y no al revés. Mi pregunta vuelve a ser la misma puesto que tampoco se me respondió en su momento: si de verdad creemos que separar en una misma aula a todos los alumnos que presentan retraso, desde los 12, 13, 14, 15 años, va a mejorar su rendimiento escolar. Yo quiero saber si alguien se cree esto.
Yo quiero que alguien me diga en esta Cámara si separar a los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje y ponerlos juntos en un aula significa mejorar su rendimiento sin darles una hora sola hora más de clase. Yo creo que no, que colocar juntos a todos los que tienen dificultades consigue multiplicar las dificultades de cada uno. Por tanto, no puede ir por ahí la reforma de nuestro sistema educativo, sino por dar más horas de clase de manera singular a aquellos niños y niñas que somos conscientes de que tienen problemas de aprendizaje; además intentar vocacionar al sistema educativo para personalizar cuanto más mejor la educación, atender más personalizadamente, que -repito- es todo aquello que están haciendo los sistemas educativos de la Unión Europea que se están reformando con esta filosofía, hasta el punto de que aquellos que optaron por lo que ustedes nos hacen optar ahora con su mayoría absoluta, que fue por la separación temprana de los alumnos a causa de su rendimiento escolar, que fueron Alemania y Austria, como saben, han puesto sobre la mesa una rectificación en toda regla. Han dicho que ese no era el camino, que hoy tienen mayor falta de cohesión social que hace algún tiempo. Algo sí hemos conseguido, señorías. En estos años de democracia hemos logrado nivelar el peso del valor patrimonial respecto del valor intelectual. Antes era más quien más tenía y menos quien menos tenía. Hoy, afortunadamente, ya podemos decir que es más quien más sabe y es menos quien menos sabe. Por consiguiente, lo que no podemos hacer es discriminar para que abramos más ese vacío, ese gap, entre quienes más saben y quienes menos saben, porque así estamos ayudando a la discriminación y a la injusticia social. Por eso digo que su filosofía, la segregación, no puede ser la respuesta; debe serlo la prevención del fracaso escolar. Por eso he tratado de comentar que no entendía por qué no había cambios hacia la calidad de la educación ni en infantil ni en primaria. La respuesta está en la secundaria. Está muy clara la filosofía de la separación, el encasillamiento de quienes tienen problemas. Separarles del resto de niños con problemas ha sido la respuesta que la derecha -déjenme que lo diga- ha dado siempre, porque ha sido la que ha tenido recursos. Cuando en una casa un niño o una niña, a los 11, a los 12, a los 13 años presenta problemas de aprendizaje, ningún padre deja que el sistema educativo le relegue, le arrincone sin buscar su recuperación. Procura darle clases particulares, mandarle a Estados Unidos, lo que sea. Con este sistema educativo ustedes están fomentando el pánico en los padres y madres con hijos con problemas de aprendizaje, porque no se esfuerza nada por recuperar a esos chavales; todo lo contrario. Yo quiero una escuela privada de calidad, pero también la quiero pública porque no todo el mundo se puede pagar una escuela privada y porque no todo el mundo puede tener profesores particulares cuando empiezan a tener problemas de aprendizaje los niños a los 11, 12 ó 13 años. Como eso no es así habrá que intentar que las administraciones públicas, a través del sistema educativo, consigan hacer lo que desgraciadamente no pueden hacer muchos padres y madres cuando tienen hijos e hijas con problemas de aprendizaje. Por eso reitero que si en su reforma hay algo de esa filosofía de prevención del fracaso escolar, por qué no aceptan enmiendas que van en ese sentido. Esto era lo que quería empezar a decirles antes de entrar en qué es lo que hay aquí de todo eso que les digo.


En el artículo 24 han acabado ustedes con aquello que en el documento de base era muy explícito, y después lo pasó a ser en el primer texto articulado y más clarito que el agua en la memoria económica, que son

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los grupos de refuerzo a los 12 años, cuya filosofía era la misma. Cuando tengan problemas a los 12 años, vamos a juntarlos a todos y así funcionarán mejor. Hasta 15 horas de clase, separados del grupo ordinario, se evaluaban en esa memoria económica para los niños y niñas de 12 años. Como ustedes obtuvieron críticas sustantivas respecto de esto -la de mi grupo con toda seguridad-, han acabado llamándolas medidas de refuerzo y medidas de apoyo. Yo le vuelvo a preguntar lo mismo, señor Guerra: ¿Esto qué es? En nuestro caso hablamos de más horas de clase; hablamos de otras horas semanales para los niños con problemas de aprendizaje, por tanto hablamos de más profesores; hablamos de una atención más personalizada, etcétera. Yo quisiera que me explicara la concreción de estas medidas de refuerzo y apoyo a partir de los 12 años, porque desconozco qué son. Y como no hay inversión alguna que aparezca ni en infraestructura ni en recursos materiales ni en recursos económicos, ni un dibujo de lo que significa esto, le pido, si tuviera a bien, que me explique su significado después del itinerario seguido, nunca mejor dicho en este caso. Primero se llamaban grupos de refuerzo, estaban más de 15 horas separados del resto de su grupo, lo que no significaba que tuvieran ni hora más de clase, y aunque ahora se llaman medidas seguimos sin ninguna hora más de clase y sin saber lo que es, y, como hasta ahora, aquellas cosas que eran sorpresas, cuando las hemos conocido no han sido nada gratas, si usted tuviera a bien darme un poco de luz respecto a esto sinceramente se lo agradecería.


Vamos a lo que está mucho más claro, que son los itinerarios primero a los 14 años y después a los 15 años. Hemos explicado la filosofía, decimos por qué no estamos en absoluto de acuerdo con tomar la decisión temprana del futuro académico y profesional de niños y niñas, a los 14 y a los 15 años, porque el mensaje debía ser completamente el contrario y ustedes conocen sobradamente de qué estamos hablando. Cuando decimos esto ustedes nos hablan de esa maravillosa reversibilidad que -según ustedes- tienen los itinerarios tanto de los 14 como de los 15 años. Considero que la reversibilidad sólo se da en un sitio porque sabe qué pasa al final, que las cosas hablan por sí mismas, y si no respóndame usted a la siguiente pregunta si tiene a bien hacerlo y me expreso con la claridad suficiente como para que no me vuelva a decir que no me entiende o que no tengo capacidad para expresarme con la suficiente claridad como para que usted lo pueda entender. Resulta que tenemos itinerarios en los 14 y en los 15 años y casualmente en estos itinerarios existen los tecnológicos, pero usted nos dice que eso no condiciona en ningún caso el futuro profesional ni académico y, por tanto, todo el mundo podrá ir normalmente a bachillerato o a formación profesional, según consideren con una simple orientación las propias familias de dicho alumno: Si esto es así, ¿por qué han decidido ustedes que haya un itinerario tecnológico a los 14 y otro a los 15 y en cambio quitan el bachillerato tecnológico? No me dirá que esto no habla mucho por sí mismo. Resulta que no hay ningún problema, que añadimos un itinerario a los 14 años, que llamamos tecnológico respecto del científico-humanístico, después a los 15 años añadimos otro itinerario tecnológico y casualmente en el bachillerato desaparece este itinerario. Quiero creerle, señor Guerra, pero sabe qué pasa, que se me escapan las cosas y esto habla por sí mismo. Si usted tiene un argumento razonable para decirme que eso no es así, que esto es importante para ir después al bachillerato, cuando dejan de incorporar el tecnológico, es decir lo suprimen como tal, para no tener precisamente ese tipo de bachillerato e irse directamente al científico, a pesar de haberle restado asignaturas que después van a necesitar en ese bachillerato, a lo mejor me lo creo y todo. Pero estará usted conmigo en que si empieza a suprimir determinadas asignaturas que después van a necesitar para bachillerato, todo apunta a que vamos a tener un itinerario desde los 14 años que conduce a la formación profesional, dos itinerarios que pueden conducir al bachillerato y después tenemos esas medidas de refuerzo a los 12 años, con lo que acabarán los programas de inserción profesional a los 15 años, por lo que acabamos teniendo cuatro itinerarios, dos van a un sitio y dos van a otro. Si usted me da un argumento más razonable de lo que leo en la ley atenderé al mismo, pero hasta ahora, señor Guerra, no hay nada de prevención del fracaso escolar y sí de rendirse y bajar los brazos y de no buscar recuperar, sino simplemente encasillar, a quienes tienen problemas y separarles a todos juntos en una misma aula bajo la concepción de que eso va a mejorar su rendimiento sin darles una hora más de clase. No hay nadie que se crea esto y yo lo he intentado, pero o me dan ustedes alguna que otra explicación más sustantiva o le digo, como ya le han dicho muchos miembros de la comunidad educativa que afortunadamente pasaron por esta casa, que no hay nada de mejora en la personalización de la educación, nada hay de búsqueda de la recuperación y de eso que llamamos más y mejor educación para todos, que en teoría era lo que intentábamos. No creo que la única medida contra el fracaso escolar en secundaria sea introducir el latín y la religión, que al final es lo que hacen, cuando ustedes saben que el latín son las matemáticas de las letras, que son difíciles y complicadas para nuestros alumnos, y ya les he preguntado más de mil veces que dónde está la mejora de la calidad del sistema educativo y la atención contra el fracaso escolar con el refuerzo de la religión y tampoco me lo han querido ustedes contestar.
Como le decía, la señora ministra ni siquiera atendió en este sentido la réplica. Por tanto, como a mí se me escapa -a lo mejor es que no llego-, si usted me da un argumento razonable de que todo esto que le explico no tiene nada que ver con lo que me creo, tendré a bien atender a sus consideraciones

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y volver a pensar las mías. Hay un plus que todavía me preocupa más y me dice más del dibujo final que ustedes quieren dar al sistema educativo, señor Guerra. Me decía usted el otro día: Nada hay de público y privado en esta ley; nada encontramos sobre centros públicos y centros privados en esta ley, y no sé por qué se empeña usted en ello, señora Chacón. Yo le digo que hay una excepción gravísima en el artículo 25.4. ¿Pueden garantizarnos con esa redacción del artículo 24 que no habrá centros privados con itinerarios sólo de primera, en atención a toda esa excepción que ustedes hacen, y centros públicos con itinerarios de segunda o, en el mejor de los casos, con todos los itinerarios? Porque podremos tener centros privados que sólo den un par de itinerarios, los buenos, y centros públicos que estarán obligados a darlos todos, o si les falta alguno será la demanda de los itinerarios, entre comillas, buenos y nunca de los itinerarios malos. Para ese viaje no necesitamos alforjas, señor Guerra. Si algo sabemos es que hoy se está tendiendo a determinados retos que tiene nuestra escuela con una fisonomía en sus aulas muy distinta de aquella de los noventa. Son muchas las complicaciones para que el profesorado atienda a la educación de esas personas sobre todo en centros públicos, señor Guerra, y ustedes lo saben, particularmente en centros públicos ubicados en determinadas zonas especialmente desvaforecidas, y nada de eso hay en su ley. Si yo lo leyera no tendría ningún problema en decir que me alegro. Igual que digo que me alegro de que una de las enmiendas que se acepta al Grupo Parlamentario Socialista es la supresión del artículo 28.4. Con esa enmienda ustedes podían hacer que se acabara con el derecho a estar hasta los 18 años educado en las aulas escolares. Por cierto, lo han cambiado en algún sitio y han puesto que podrán estar hasta los 18 años, sustrayendo el derecho a estar hasta los 18 años. No me diga que hay cosas que no cantan por sí mismas. Quitan tres palabras, el derecho a ser educado hasta los 18 años y lo cambian por podrán ser educados hasta los 18 años. Si ustedes quieren mantener el derecho, poca cosa tiene que lo cambien de esa manera, excepto hacernos pensar a todos los que no querríamos pensar. Algunas veces se les ha vuelto a escapar y volvemos a verlo , por ejemplo, en el artículo 20.2, cuando dice: podrán permanecer escolarizados, donde ayer la legislación decía: tendrán derecho a permanecer escolarizados. Le agradezco la supresión del artículo 28.4, pero estará conmigo que la inclusión de ese artículo, que espero que simplemente se les escapara, era grave porque significaba que el centro podía decidir que un chaval con 16 años, aunque estuviera todavía empezando secundaria, podía ser expulsado de las aulas porque el centro considerara que no había solución y se pudiera sacar el título. No obstante, han querido suprimir "el derecho a" por el "podrán permanecer". Y si voy sumando todo lo que me encuentro en esta ley, todo me indica lo mismo. Han optado ustedes por lo más fácil: separar a quien tiene problemas para que los demás no los tengan en la clase, frente a la prevención del fracaso escolar.


Respecto a los programas de iniciación profesional, creo que es un itinerario más que de nuevo segrega a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, pero no sólo eso sino que además les aparta del aula. Está así en los contenidos que recibe y está así en quiénes van a ser los profesores indicados para dar a estos chicos y chicas los cursos, y le voy a decir por qué. Si lo que yo digo no es verdad, resulta que son los mejores alumnos de todos. No sé si lo que estamos buscando es aquello que ustedes buscaban en la LOGSE, aquello que ustedes trajeron como proyecto en 1990 -y repito que me he leído pormenorizadamente los diarios de sesiones de aquellos debates-, aquello que ustedes al final acaban aduciendo como esencial reparo para apoyar la LOGSE, y fueron los únicos que no la apoyaron. Ustedes aquí están solos. Ustedes fueron los únicos que no la apoyaron y aducían una razón fundamental: querían escolarización obligatoria sólo hasta los 15 años, y aquí truncan de nuevo ese consenso. Por eso están ustedes tan solos, porque han roto los grandes consensos educativos de la democracia española. Con este programa de iniciación profesional nos traen ese truncar a los 15 años la escolarización obligatoria hasta los 16, que había traído la democracia española en una de sus grandes conquistas, a través de la normativa de 1990. Y se lo digo porque si no estos chicos van ser los mejores de todos. No sólo van a tener el currículo esencial que se recibe en la secundaria, sino que además van a tener parte de un currículo, parece ser, de especialización profesional. Es decir, como son alumnos que les gusta estar tanto en el aula, esos que hemos llamado objetores escolares, pues les vamos a dar más de lo que ya reciben porque ustedes insisten en decir: no se preocupe, señora Chacón, que van a tener el grueso de las asignaturas que se dan en secundaria. Pues no está mal, son los mejores, sin ninguna duda, señor Guerra. Van a tener el grueso de la secundaria y además más horas de especialización profesional y, como les gusta tanto estar en clase, en vez de un año van a estar dos. Fíjese usted qué bien.
Cuesta mucho creérselo, señor Guerra, porque detrás de esos dos años antes no había nada y han sido unánimes las críticas de la comunidad educativa y de los grupos parlamentarios diciéndoles que no pueden cambiar algo que era una conquista social. Al final lo acabaron ustedes reconociendo en su programa electoral del año 2000, y yo me alegro de que incluyeran por vez primera, señor Guerra, que estaba bien la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Como ahora saben que afortunadamente gozan de un consenso mayoritario lo enmascaran de esta manera. No les daban el título, pero como incluso tuvieron el aliento de una eventual inconstitucionalidad manifiesta si no eran capaces de

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decir que no hay educación obligatoria hasta los 16, sino hasta los 15, acabaron dándoles el título. ¿Pero usted se cree que alguien puede llegar a pensar que a estos chavales, que son objetores escolares, entre comillas -si es que sólo son esos y espero que sólo sean esos-, que en teoría tienen ganas de marcharse de las aulas, les va a dar el grueso del currículo de la ESO más iniciación profesional y en vez de un año más les va a hacer quedarse dos? No se lo cree nadie, señor Guerra. Si usted me da aquí un grandísimo argumento del porqué, a lo mejor me lo creo. Habría que ser flexibles, pero no para expulsarles sino para garantizarles que desde el sistema educativo hay posibilidades de acabar con las razones de su objeción.


Podemos ser capaces de mejorar algunas de las cuestiones que hemos puesto ya en marcha y que conocemos que han sido positivas, como por ejemplo los programas de diversificación curricular, que están siendo en un 80 por ciento de casos exitosos. Mi pregunta es: ¿por qué no reforzamos estas flexibilidades con el objetivo de recuperar a esos chicos y chicas sin sacarles de las aulas escolares y que tengan -hasta los 16 años- un nivel de conocimiento mínimo que haga a esta sociedad mucho más sabia en el futuro, que entiendo que es la razón por la que estamos todos aquí sentados? Le voy a comentar el caso de Valencia, comunidad gobernada por el Partido Popular, por tanto no susceptible de ser tildada de nada respecto de lo que es mi discurso en esta Cámara. Está reconociendo con sus datos, con evidencias empíricas, que los programas de diversificación curricular son un auténtico éxito. Yo entiendo que si determinamos que la educación obligatoria es hasta los 16 años, ¿por qué no nos esforzamos en mejorar aquellos mecanismos que hemos encontrado y que funcionan para mantener escolarizados en los centros a esos chicos y chicas, diversificando la oferta educativa, flexibilizándola, personalizando la educación hasta el punto de no tener que sacarles de las aulas e intentar -como en muchos casos así sucede- que puedan seguir cursando sus estudios y que, por tanto, nuestra sociedad se acerque a los niveles de titulaciones no sólo profesionales, sino también universitarias, que tiene la media europea y de la cual estamos todavía muy lejos? Eso es lo que el Grupo Parlamentario Socialista piensa que habría que hacer, a diferencia de lo que están ustedes haciendo con esta ley. En ese sentido van nuestras enmiendas, que buscan lo que le he dicho, diversificar más la oferta, aumentar la optatividad, siempre buscando recuperar a estos chicos y chicas integrados en los centros escolares y más horas de clase desde la primaria, reforzando la infantil, y por tanto intentando que la intervención en secundaria sea menos grave, porque si no al final se hace mucho más complicada. Repito que si ustedes sólo aumentan el nivel de las vallas, que es lo que hay en esta ley, no sólo no vamos a mejorar los niveles de fracaso escolar, vamos a empeorarlos, vamos a más, que era aquello que llevaban ustedes en su propaganda electoral del 2000. Esa es la sensación que tenemos, que vamos a más, señorías, y en eso es en lo que no está de acuerdo el Grupo Socialista y por eso las enmiendas de este grupo tienen el sentido que tienen. Por tanto, aquí lo reversible va a ser aquel que se ha equivocado de itinerario yéndose al científico-humanístico y cuando lo podamos mandar al tecnológico; aquel que al final sólo acaba en la formación profesional. Yo creo que esa es la única razón de la reversibilidad porque nada del dibujo que hay aquí diseñado me dice o me da esperanza, señor Guerra, de todo lo contrario.
Ojalá me la dé usted en sus respuestas.


En cuanto a la promoción automática, quiero repetirle la pregunta que le he hecho antes, y que no me ha contestado: ¿Por qué denostarla tanto? ¿Por qué ese dibujo que hacen ustedes del sistema educativo según el cual pasa todo el mundo con siete, ocho o nueve asignaturas, si al final lo cambian sólo para repetir un curso? Ese es todo el cambio que han hecho: se repite el primer curso de la ESO. Y ya le digo que tienen el apoyo del Grupo Socialista, que ha cambiando en sus enmiendas ciclo por curso en secundaria, para que se entienda que estamos hablando de cualquiera de los cursos. De modo que le pregunto también por qué insiste usted en que el Grupo Socialista no está de acuerdo con eso, si tiene nuestro acuerdo.
Únicamente le preguntamos con extrañeza por qué acaban reformando sólo eso, cuando han vilipendiado el sistema día sí día también -reconózcalo usted conmigo-; eso sí, más en los medios de comunicación, porque han hablando de esta ley más en los medios de comunicación que aquí. Las enmiendas de este grupo, tanto en primaria como en secundaria, buscan que no se repita para hacer más de lo mismo. Es lo que todo análisis dice: no se debe hacer repetir a los niños y a las niñas para hacer exactamente lo mismo. Decimos específicamente que se aplique el foco de recuperación a las dificultades detectadas, porque creemos que son necesarias las concreciones en algunas cuestiones; que se haga allí donde los niños y niñas tienen problemas, que suele ser siempre en las mismas asignaturas: lectura, escritura, cálculo e idioma. Me gustaría saber cuál es su opinión porque su texto no refleja nada de no repetir para hacer más de lo mismo, como lo hacen las modestas enmiendas de la oposición.


Quiero referirme a la prueba general del bachillerato y al engaño que ha supuesto el doble examen que, en el mejor de los casos, tendrán que hacer nuestros estudiantes para acceder a los estudios superiores. Hablo de engaño, señor Guerra, porque recordará usted que el Grupo Parlamentario Socialista preguntó durante un año si detrás de aquella propaganda maravillosa que hicieron ustedes a los estudiantes de este país, diciéndoles que iban a suprimir la selectividad, existía algo que se pareciera a lo que hoy tienen: dos por uno; donde ayer tenían un solo examen tendrán hoy dos o más. Reconocerá usted que no es muy riguroso presentar

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la LOU como la presentaron, al grito de: señores estudiantes, les vamos a suprimir la selectividad. Al final salió la reválida, que tenía que salir. Esa reválida otorga el título de bachillerato y no estamos de acuerdo. Queremos suprimir esa parte de su ley, entre otras cosas, porque nadie nos ha respondido a la pregunta de qué sucederá con aquellos chicos y chicas que suspendan la reválida a pesar de haber pasado el bachillerato. Yo sí tengo confianza en la evaluación de sus profesores y profesoras de bachillerato para determinar si tienen o no competencia para pasarlo. Es una edad muy peligrosa la de estos chicos y chicas que podrían acceder a la educación universitaria, para tenerlos cruzados de brazos mientras tratan de nuevo de pasar la reválida. Eso les aproxima a desear tener un sueldo lo más rápidamente posible entrando en el mercado de trabajo, lo que dificultaría que optaran por volver a la universidad estando, como estaban, capacitados para ello. El Partido Socialista no cree que la selectividad sea el mejor de los mundos, y probablemente habrá que reformarla, pero sí cree que debe haber una sola prueba que no otorgue el título de bachillerato. Hay que confiar en quienes determinan hoy si los chicos y chicas están capacitados para pasar los dos cursos de bachillerato. Ya le he dicho que no estamos de acuerdo en que haya dos pruebas, pero nadie nos ha respondido aún, señor Guerra. Ustedes decían que este debate tendría lugar cuando llegase la otra ley. Pues bien, estamos en la otra ley y nadie ha contestado a nuestra pregunta anterior: ¿Cómo vamos a organizar esas pruebas para que respondan a los criterios de objetividad necesarios en nuestras aulas universitarias? Han dicho ustedes por activa y por pasiva que podrá hacerse mediante una entrevista. Le pregunto cómo garantizaremos que una entrevista decida si un alumno está o no capacitado para acceder a la facultad de Odontología.
Se lo preguntó así de claro porque ya sabe usted lo que pasa en Odontología: competencia en el mercado de trabajo, como ocurrirá en otras muchas facultades dentro de pocos años. Le pregunto si cree usted que debemos dejar en manos del profesorado de nuestras facultades de Odontología la decisión de si los alumnos accederán a ellas o no. La entrevista me parece completamente fuera de lugar; y lo mismo ocurre con los exámenes, si nadie puede garantizar, como ocurre con su política de becas, que todo el mundo pueda acceder a la universidad española en igualdad de condiciones, cualquiera que sea su lugar de residencia y extracción social. ¿Sabe qué pasa, señor Guerra? Que en la democracia española hemos trabajado y luchado mucho para que ocurra así. Volver atrás, como lo estamos haciendo con la suma de la LOU y de esta ley, no nos parece de recibo. Y no sólo lo decimos nosotros sino muchas más personas. Me encantaría que tuviera a bien responderme esta vez.


Finalizo, señor presidente, porque sé que me estoy excediendo en el tiempo. Respecto a la otra ley de la que no ha hablado, la ley de formación profesional, y respecto a aquellos que no tienen título, este es el final de la nueva formación profesional, y tampoco nadie nos responde a esto. ¿Es esto lo que querían y lo que enmascararon en la ley? Ya lo tienen, ya lo tenemos aquí. A lo mejor por eso corremos tanto y lo hacemos todo tan oscuramente, a lo mejor es por eso, pero ya lo tienen.
Una vez más en nuestra historia educativa se va a concebir la FP como una vía de segunda división, que era lo que no queríamos que sucediera. A ella podrán acudir quienes así lo decidan, pero tendrán que acudir quienes no obtengan el título de bachiller. Eso es lo que realmente va a acabar pasando ahora. Será la única vía de progresión académica para quienes no obtengan el título de bachiller, es decir, la vía de segunda para quienes no tengan finalmente el título de bachillerato por no haber pasado la reválida.


¿Creen ustedes que la PF superior será después de esta reforma una alternativa digna a los estudios universitarios? Yo creo que no. Lo que queda claro es que donde había una prueba, la selectividad, a partir de esta ley, habrá dos. Habrá también más dificultades para acceder a la universidad y, por tanto, menos universitarios mañana, y esta es otra de las pautas de su reforma. Si juntamos todo el dibujo, además de volver a descafeinar una formación profesional, que queríamos dignificar cada vez más y mejor durante todo este tiempo en que hemos trabajado por ella, al final acabamos con unas reformas legislativas en materia educativa que acaban teniendo como pauta la voluntad de tener menos bachilleres, menos universitarios y menos titulados. Sinceramente, me parece un excelentísima forma de preparar a nuestro país para la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Por ello le pediría que tuviera usted a bien atender las consideraciones que le hace el Grupo Socialista a través de sus enmiendas y que básicamente suponen la voluntad de prevenir el fracaso escolar; la oferta en todos los centros públicos de tres horas a la semana más de actividades complementarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje, que se sumarán a aquellas que ya han recibido con la filosofía de prevención del fracaso escolar en la primaria, así como para el alumnado con más capacidad y motivación para aprender; dotar a todos los centros del profesorado necesario para organizar desdoblamientos de los grupos, que saben ustedes que son otras medidas que están funcionando maravillosamente en el sistema educativo, en las áreas instrumentales y experimentales y del conjunto de las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado aleatoriamente, no a causa del rendimiento escolar -donde tenemos hoy un profesor por 30 alumnos, podemos tener un profesor por 15 en las materias que son clave hoy para acabar con el fracaso escolar de mañana-; aumentar la oferta de programas de diversificación curricular; el incremento de la optatividad del segundo ciclo, junto a mayor autonomía de los centros para organizar esta respuesta educativa

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flexible pero no segregadora y más adaptada a las necesidades del alumnado.


Finalmente, creo que se equivocan ustedes en la filosofía. No era la segregación la respuesta, señorías, como Europa está aleccionando ahora mismo en sus reformas a quienes hoy debiéramos empezar a hacerlas con el objetivo de tener más y mejor educación, sino que era la prevención del fracaso escolar, y en esta ley me temo que no hay nada de esto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: En primer lugar quiero señalar que espero que la señora Chacón no se sienta decepcionada por ser yo quien conteste a sus múltiples alusiones al Grupo Popular, pero, en cualquier caso, y dentro de mi modestia, intentaré hacerlo de la mejor forma posible.


Empezando por el Grupo de Coalición Canaria, quiero señalar, coincidiendo con la señora Julios, que el Grupo Parlamentario Popular ha compartido en sus contactos con Coalición Canaria una doble preocupación: que esta ley de calidad debía tener como finalidad elevar el número de alumnos que obtienen una titulación al finalizar la educación secundaria obligatoria y, por supuesto, reducir el fracaso escolar. Hemos considerado que sus aportaciones a esta ley son importantes, y por eso votaremos a favor de sus enmiendas, pero quiero señalar que en algunas cuestiones que ha planteado a través de las enmiendas números 46, 53, 54 y 56, no podemos llegar a un acuerdo. En concreto, en la enmienda 46 establecen ustedes la posibilidad de que la educación secundaria obligatoria quede seccionada en dos ciclos con dos cursos académicos cada uno. Nosotros no compartimos esa filosofía. Creemos que la educación secundaria obligatoria debe quedar perfectamente perfilada en los cuatro cursos que estamos defendiendo, y por ello no votaremos a favor de esa enmienda.


Algo similar ocurre con la enmienda 54, que se refiere al artículo 26.1.
Ustedes hablan de una formación modular con una estructura flexible.
Nosotros creemos que se debe fijar la duración de dos cursos para los programas de iniciación profesional y que no se debe dejar excesiva flexibilidad, porque esos programas no van a ser un saco roto, como es el programa de garantía social. Me atrevería a decir que no van a ser el saco al que el actual sistema educativo ha condenado desgraciadamente a un número importante de jóvenes, sin ofrecerles no sólo ninguna titulación, sino tampoco ninguna alternativa. Por eso, dentro de un sistema perfectamente definido, que quiere y debe combatir el fracaso escolar, esos programas de iniciación profesional deben tener dos cursos para otorgar posteriormente a esos jóvenes estudiantes el título de graduado en educación secundaria obligatoria.


No compartimos tampoco la filosofía de la enmienda número 56, ni la de la enmienda número 53. Hemos definido que debe ser el Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, y además queremos resaltar que tienen que ser las comunidades autónomas las que informen de la posibilidad del establecimiento de nuevos itinerarios y de la modificación de los establecidos en la presente ley.


Respecto a algunas enmiendas que ustedes mantienen vivas, puedo decirle que ofrecemos una transacción. Concretamente, respecto a la enmienda número 60, al artículo 34.6, ofrecemos un texto transaccional según el cual el punto 7 quedaría: Corresponde a las administraciones educativas la ordenación de la oferta de las asignaturas optativas. Por lo que respecta a la enmienda número 61, al artículo 36.2, ofrecemos modificar el último inciso, que quedaría redactado de la siguiente forma: La calificación final del bachillerato será la media ponderada, en los términos que establezca el Gobierno, de la calificación obtenida en la prueba general del bachillerato y la media del expediente académico del alumno en el bachillerato. Como usted sabe, la concreción del porcentaje está en estos momentos regulada por decreto, y consideramos que debe quedar así. Por último, respecto a la enmienda número 62, al artículo 36.4, modificaríamos el último inciso, que quedaría redactado de la siguiente manera: En todo caso, entre los requisitos de acceso, se primará la calificación final de bachillerato. Esto está de acuerdo con la filosofía que impregna toda la ley y que nosotros hemos defendido en la modificación de la enseñanza secundaria, que es la importancia que el bachillerato y la obtención del título de bachillerato ha de tener para el acceso a la universidad.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Moneo, ¿me puede decir cuáles son los artículos que son objeto de transacción, sin perjuicio de que más adelante me dé el contenido?

La señora MONEO DÍEZ: Sí, señor presidente, se trata de la enmienda número 62, al artículo 36.4; la enmienda 61, al artículo 36.2, y la enmienda 60, al artículo 34.6.


El señor PRESIDENTE: Puede continuar, señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Quería señalar al señor Guardans que, evidentemente, ni compartimos la filosofía de su exposición ni algunas de las propuestas que nos ha hecho, que está en la línea de sus enmiendas y que suprimen cuestiones que nosotros consideramos fundamentales para la ordenación de la educación secundaria, como es el caso de los itinerarios. Ustedes dicen que es preciso vaciar la ley de exceso de detalle, y nosotros pensamos que esta ley es perfectamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas

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y que llega a donde debe llegar, tanto en la ordenación del sistema educativo como en las competencias de las comunidades autónomas respecto al desarrollo del sistema educativo.


Sinceramente, esta portavoz pensaba -erróneamente, puesto que usted ha señalado en su anterior intervención que no ha existido acuerdo y que siempre se ha estado muy lejos del acuerdo con este grupo-, que íbamos a llegar a un acuerdo respecto al desarrollo de una ley tan importante como es la ley de calidad de la educación. En cualquier caso, viendo el contenido de sus enmiendas, que no se refieren más que en un 30 por ciento a temas competenciales -aunque debo reconocer que casi ese 30 por ciento está en este título y en este capítulo- y el 70 por ciento restante a temas de contenidos de modelo educativo, me sorprende que no exista un acuerdo ni la más mínima aproximación respecto al modelo educativo que creyó esta portavoz, reitero, erróneamente, que compartían ambas formaciones políticas en algunas de sus filosofías.


Respecto a la intervención de la portavoz del Grupo Socialista -que no está en la sala-, la verdad es que a esta portavoz del Grupo Popular no le sorprende en absoluto ninguna de las afirmaciones porque es lo que este grupo y la sociedad española llevan oyendo en los últimos meses, casi antes de que se presentase a la sociedad española el documento de bases de la ley de calidad de la educación. Nada está más lejos de la realidad que las afirmaciones que se han expresado en esta Cámara, pero sobre todo nada está más lejos de la realidad del modelo del que dispone la sociedad española y del que disponen todos los grupos parlamentarios en esta Cámara que hablar de segregación, de separación y de falta de iniciativas para combatir el fracaso escolar. En este caso el Grupo Popular parte de una concepción completamente distinta respecto a qué considerar calidad de la educación en nuestro modelo educativo. Igual para el Grupo Socialista -y quiero creer que no es así- calidad educativa es un 30 por ciento de fracaso escolar. Para nosotros, calidad educativa es mayor número de jóvenes con titulación, mayor formación, mayor ayuda a los jóvenes con dificultades y, por supuesto, una atención más personalizada. Desde luego, el objetivo último de las medidas planteadas en este proyecto de ley es integrar, de ninguna manera puede considerarse segregar, aunque nos hayamos acostumbrado, desgraciadamente, a oír esta palabra en los medios.


El sistema de itinerarios, que ha sido insistentemente criticado por la portavoz del Grupo Socialista, pese a las informaciones que se nos han transmitido en esta Cámara, ha sido adoptado por la mayoría de los modelos educativos de los países europeos. Vías formativas diferenciadas en educación secundaria obligatoria existen en este momento en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Austria, es decir, que más de las tres cuartas partes de la Unión Europea, a juicio de la portavoz socialista, segrega y expulsa a los alumnos. Con lo cual nos tendremos que plantear seriamente llegar al Parlamento Europeo para hacer ver su error a los portavoces en educación de todos estos países que, erróneamente, consideran que las vías formativas pueden conducir a combatir decididamente el fracaso escolar.


A nuestro juicio, segregar es permitir que un sistema educativo tenga un fondo al que van aquellos alumnos que no han podido obtener ninguna titulación. En ese sentido, señorías, los programas de garantía social cumplen todos los requisitos de programas basura -y perdonen que utilice esta expresión en una Comisión de Educación- con los que se ha condenado a los alumnos a no encontrar salida. Además, son programas sólo adoptados por un 4 por ciento de los alumnos que fracasaban escolarmente, es decir, del 25 por ciento que no obtienen el título de educación secundaria obligatoria, sólo un 4 por ciento optan por la garantía social. ¿Por qué sólo un 4 por ciento opta por la garantía social? Porque son programas sin alternativas, sin salidas. Un 80 por ciento de esos alumnos declaran que han ido a esos programas por la falta de incentivos, de atractivos y de atención del sistema educativo. Son programas que, en definitiva, condenan a una salida sin final y sin titulación a una parte considerable de los jóvenes de nuestro país. Aquí se han criticado los programas de iniciación profesional de forma virulenta, y nosotros decimos que, desde la perspectiva de una modernización efectiva de nuestro sistema educativo, la fórmula que adopta el proyecto de ley de calidad con respecto a los programas de iniciación profesional es muy superior a la de los programas de garantía social de la ley de 1990. Es muy superior aunque sólo sea por una cuestión: porque los alumnos que opten por la iniciación profesional van a poder obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria y no se les va a condenar a la barrera a la que también se hacía referencia en alguna intervención anterior. Y que es la que impulsa el fracaso escolar en nuestro país y la que esta ley de calidad pretende borrar.


Se ha hablado aquí también de las medidas de refuerzo. En los últimos meses hemos oído hablar de itinerarios ocultos. Aquí no hay itinerarios ocultos. A partir de los 14 años la ley establece un sistema de itinerarios que, como bien señalaba antes, es adoptado por la mayoría de los países de la Unión Europea. Los informes de la OCDE consideran que una especialización temprana de estas características sería temprana si fuese a los diez años, y nosotros estamos hablando de 14 años en un modelo educativo en el que países como Alemania, que tiene una tasa de fracaso escolar de un 7 por ciento, establecen ya esas vías a partir de los 12 años. Nosotros no queremos hablar de 12 años, sino de 14. Queremos hablar de oportunidades para los jóvenes, para que el sistema educativo se adapte a los jóvenes, a las aptitudes, a los intereses y a las necesidades de los jóvenes, y no obligue a fracasar a esos jóvenes,

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que es lo que hace el actual sistema educativo. No hay nada que impulse más el fracaso escolar que la falta de incentivos y la inflexibilidad de un sistema educativo como el que actualmente está en vigor. Lo único que pretenden las medidas de refuerzo es ayudar precisamente a aquellos jóvenes que más dificultades tienen en algunas materias muy determinadas, como pueden ser matemáticas, lengua o ciencias. De ningún modo se pretende separar. Lo que no pretende este sistema educativo es engañar a un joven haciéndole creer a lo largo de toda su formación que tiene la formación adecuada y correcta para incorporarse a una sociedad cada vez más competitiva y que se encuentre con que a los 16 años se le da una patada literal hacia el fracaso más absoluto, y encima sin posibilidad de reversibilidad. Eso es lo que pretende combatir la ley de calidad.


Separar, de ninguna de las maneras. No se puede hablar de separar cuando a esos niños se les va a dar una atención más personalizada, una ayuda más directa en una determinada asignatura, por supuesto siguiendo el resto de su curso con sus compañeros de clase. Quizá habría que preguntar a las familias españolas cuánto dinero se han gastado cuando alguno de sus hijos suspendía en las llamadas clases particulares al finalizar la educación porque sus hijos tenían determinadas dificultades en determinadas materias. Eso sí que es causa de discriminación: que aquellas familias que podían establecer un sistema paralelo al sistema educativo podían superar el fracaso escolar al que el sistema abocaba a sus hijos y, sin embargo, aquellas familias que no disponían de esos recursos se tenían que cruzar de brazos mientras el sistema educativo, rígido e inflexible, les abocaba al más absoluto de los fracasos. Si a eso añadimos que más del 72 por ciento del profesorado está de acuerdo con la introducción de estos itinerarios, creo sinceramente, señorías, que las medidas que establece esta ley son modernas, flexibles y decididas para combatir el fracaso escolar, que debe ser, junto con la mejor formación de nuestros alumnos, el objetivo de esta ley de calidad.


Se ha hablado aquí también de la prueba general de bachillerato. En los últimos meses año pasado, desde la tramitación de la LOU en esta Cámara, hemos oído preguntar a diferentes portavoces del Partido Socialista si vamos a permitir un sistema educativo en el que un alumno ingresase a los tres años y finalizase a los dieciséis sin ninguna prueba externa que acreditase que esos alumnos recibían la misma formación procediesen de la comunidad autónoma de la que procediesen o del tipo de enseñanza que procediesen. Y resulta que establecemos una prueba general de bachillerato que nada tiene que ver con la selectividad, porque se trata de una prueba final frente a la criba que durante años soportaron los jóvenes españoles para acceder a la universidad y que representa la selectividad, y ustedes nos dicen que los estudiantes van a tener que pasar dos pruebas. Yo le digo que más del 75 por ciento de los jóvenes de este país cursan, afortunadamente, la carrera universitaria que ellos desean y que, desafortunadamente, por el descenso del número de alumnos, hay facultades en este país que no cubren al día de hoy las plazas. Por lo tanto, la prueba general de bachillerato es una prueba final de homologación y de obtención de título de bachiller, y hablar de cribas, de barreras y de saltos no se corresponde con la realidad del actual modelo de ley de calidad y con lo que pretende este grupo en la defensa de esta ley.


Finalizaré, señorías, contestando a algunas afirmaciones. Las afirmaciones gratuitas que se han hecho, y que se siguen haciendo, en torno a esta ley, por mucho que se repitan, no se convierten en verdades. (La señora Chacón Piqueras: Eso digo yo.) Ustedes han señalado aquí que el Grupo Popular se encuentra solo en la tramitación de la ley, y yo le digo que tiene el apoyo mayoritario de la sociedad española (La señora Chacón Piqueras: ¡Venga hombre!), porque las principales organizaciones representantes de padres, profesores y alumnos (La señora Chacón Piqueras: De la privada.) están a favor de esta ley de calidad. Ante la utilización gratuita e interesada del debate pública-privada, debo recordar que el sistema de conciertos no lo ha inventado el Grupo Popular en este momento sino que ya existía porque responde al principio de la libertad de enseñanza que tiene que establecer este país, de la libertad que tienen que tener los padres a la hora de elegir el centro educativo al que mandar a sus hijos. Por lo tanto, lo único que esta ley ha hecho ha sido recoger, si quieren, una demanda de las familias españolas, que es la posibilidad de que a partir de los tres años puedan elegir el centro al que quieran enviar a sus hijos, sin estar condicionados a situaciones económicas o a los recursos de los que disponga la familia, porque eso sí que es discriminación en pleno siglo XXI.


Finalizo. Usted sabe que la enseñanza de la religión está como estaba.
Respecto al debate sobre educación pública o privada, religión, sí, religión, no, tengo que decirle que la enseñanza de la religión se regula como hasta este momento. Lo único que se hace es establecer una alternativa precisamente para dar más opciones, es decir, para que el estudiante que quiera estudiar religión desde el punto de vida confesional lo haga y el que decida otra opción desde el punto de vista confesional tenga la posibilidad de hacerlo, en vez de encontrarse con la posibilidad entre religión o juegos varios, según se determinase en cada centro educativo o en cada comunidad autónoma. Si el aprovechamiento de las horas lectivas son tan importantes para ustedes como lo son para nosotros, no podemos ni debemos permitir que no se den más opciones en el sistema educativo a aquellos estudiantes que quieren optar por diferente formación en una asignatura como la religión.


Por último, ha hecho usted una referencia a la política de becas, y no puedo dejar de contestarle. Nosotros tenemos una política de becas importante. Los datos se

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los puede usted creer o no, pero son los datos oficiales. Cuestionarlos sería como cuestionar los datos del paro, los del IPC, del producto interior bruto, que tanto les gusta a ustedes, etcétera. Los datos nos dicen que desde que gobierna el Partido Popular el presupuesto destinado a becas se ha incrementado un 45 por ciento en términos nominales y un 24 por ciento en términos reales, y que el número de becados, a pesar del descenso del número de alumnos, se ha incrementado desde el año 1996 en un 32 por ciento. Esto no es algo extraordinario, sino que está de acuerdo con el concepto de la España de las oportunidades y de la igualdad, que nosotros simplemente vamos a completar con la aprobación de esta ley de calidad. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, como ha intervenido mucho tiempo, le ruego la máxima brevedad para cumplir nuestro horario.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Voy a intervenir simplemente para pedir algo de respeto a la democracia a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular , sobre todo en dos cuestiones. Señora Moneo, usted nos dice que el 80 por ciento del profesorado está de acuerdo con su ley, y yo le digo que me parece muy bien cuando se presenten a las elecciones, pero aquellas que tienen hoy representación en nuestros centros educativos porque concurren a las elecciones con sus determinados programas, hasta en el 93 por ciento de los centros públicos les han dicho a ustedes que no están de acuerdo con esta ley. Por lo tanto, no sé a qué 80 por ciento de profesorado se refieren ustedes. Dudo de que en el breve tiempo que hemos tenido hayan podido verles a todos y que, por lo tanto, así, uno por uno, se lo hayan dicho a ustedes. Pero, atendiendo a lo que nosotros atendemos, que es que hoy tenemos democracia todavía -antes de que ustedes acaben de reformarlo todo- en nuestros centros e institutos, la que hoy les representa y los sindicatos de profesores que dicen algo, después de concurrir a las elecciones y siendo su representación la que es -hasta el 93 por ciento-, están en contra de ustedes. Por ello, le pediría, por favor, que dejen ustedes de afirmar esto. Al menos digan que el 80 por ciento de aquellos que no concurren a las elecciones son los que están con esta ley. Porque hasta el 93 por ciento en los centros públicos -yo sé que los sindicatos de la privada le dan a usted la razón, si yo estuviera en ellos se la daría también, se lo puedo asegurar- están en contra de su ley.


No sólo le pido respeto para los centros educativos, señora Moneo, sino también para esta casa. Porque cuando nosotros decimos que ustedes están solos en la aprobación de esta ley, es que están literalmente solos. El único grupo parlamentario que está dando apoyo a esta ley es el del Partido Popular. Si usted me quiere decir que con eso puede afirmar que la mayoría de la sociedad española está con esta ley de las oportunidades del Partido Popular, diga usted que eso corresponde al tanto por ciento que el Partido Popular sacó en su mayoría absoluta, pero no me diga usted nada más. Porque lo que hoy se ve aquí es que están ustedes solos. En la LOGSE, señorías, ustedes estuvieron solos, pero no dieron apoyo a esa ley, que tuvo el de todos los grupos parlamentarios excepto el de ustedes. Olvidan también una cosa -y concluyo, señoría-, y es que el sistema educativo no se puede reformar en solitario ni en soledad porque nos estamos jugando demasiado. No es de recibo que ustedes sometan el mañana del sistema educativo a los vaivenes de las mayorías electorales, que sabe usted que pueden cambiar en la siguiente legislatura. Ustedes no implican, no comprometen y no consensúan, sino que establecen un calendario atropellado y acelerado que nada tiene que ver con el respeto y el decoro que la señora presidenta nos pide siempre a los diputados de la oposición en esta Cámara. Esas son las formas que están aplicando para debatir la ley de calidad. Le pediría que no hiciera usted algunas afirmaciones, por respeto a quienes fueron legisladores, como usted, en épocas anteriores, y no diga usted que lo que busca la reforma educativa que hay hoy sobre la mesa es dar una auténtica patada a los niños y niñas que tienen fracaso escolar. Porque eso es tener muy poco respeto por quienes ayer legislaron, que en cualquier caso lo habrán hecho mejor o peor pero siempre con las mejores intenciones, y no con la intención de dar una patada a nadie. Por tanto, le pediría, por favor, un poco de respeto, por quienes estamos aquí, por quienes estuvimos ayer y por quienes vayan a estar mañana para modificar las leyes que ustedes traigan.


Una última cuestión, señora Moneo. Si tan buena es su ley, si tanto apoyo tiene del profesorado, si tanto apoyo tiene de la sociedad española, si tanto va a aumentar la calidad, si es la España de las oportunidades, ¿me quiere decir por qué esconden tantas cosas? Las reválidas, los directores a dedo, la política de becas que después denuncian los rectores, y en este caso muchas de las cuestiones de esta ley, incluso su aval económico para que esto no sea un brindis al sol, sino una reforma de verdad. ¿Por qué corremos tanto? ¿Por qué escondemos tanto? ¿Por qué este calendario atropellado? A lo mejor es porque nada de todo eso que ustedes afirman una y otra vez es verdad; si no, ¿por qué no sacan pecho? ¿Por qué no vienen ustedes aquí a presentarla cada día? ¿Por qué no nos dejan debatirlo durante cinco días y tenemos que asistir al debilitamiento de la democracia que significa que la mayoría haga que las minorías se tengan que salir de esta Cámara para debatirla? ¿No le parece a usted que son demasiados los datos que dejan en evidencia sus afirmaciones y que empiezan a avalar las de quienes les decimos lo contrario?

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: En esta misma línea, yo pediría al Grupo Popular que se sienta muy orgulloso de la mayoría absoluta que tiene en esta Cámara, que esa es democrática, la obtuvo en las últimas elecciones y todos los demócratas la respetamos, pero que no intente buscar otras legitimidades que vayan más allá porque no las tiene. Tiene la mayoría absoluta de esta Cámara y eso le va a permitir aprobar en solitario este texto, pero no tiene más. Por tanto, esa continua referencia a que la sociedad -como si hubiera una sociedad que no está representada en este Parlamento más que por ustedes- apoya esta ley es sencillamente falsa. Le voy a poner un ejemplo muy reciente, la Federación de Escuelas Cristianas de Cataluña ha emitido un comunicado aprobado por unanimidad criticando esta ley y pidiendo su reforma. Podría poner otros muchos ejemplos, pero le pongo este porque le puede sorprender. Si no conoce el comunicado, se lo paso, pero está aprobado y hecho público. Las escuelas cristianas de Cataluña, unidas en su institución representativa, piden la reforma de esta ley y critican buena parte de las cosas que criticamos nosotros.


Por tanto, quédense ustedes con su representación y su legitimidad de tener la mayoría absoluta, que está bien, que es democráticamente válida, pero no nos intenten envolver con la manta de otro tipo de legitimidades que no tienen, que no pueden probar y que sólo llevan a engaño. Ustedes no tienen más apoyo que el suyo, que no está mal porque en democracia funciona, pero se quedan ustedes solos respecto del resto de las fuerzas políticas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Voy a ser breve.


En primer lugar, señora Chacón, reitero lo que he afirmado antes: el 72,5 por ciento del profesorado está a favor de esta reforma. No es una cifra inventada, sino resultante de que el 14 de junio del año 2000 se anunció en esta Cámara por la ministra la reforma de la educación a través de una ley de calidad de la educación. Múltiples seminarios, conferencias, encuentros, encuestas, artículos, 700 documentos llegados al ministerio avalan decididamente el apoyo del profesorado a los itinerarios, que es la afirmación que yo he realizado. Por tanto, sí nos sentimos acompañados en nuestra mayoría, nos sentimos acompañados por esa comunidad educativa de la que le hablo.


A mí me merecen el máximo respeto los legisladores de esta legislatura y de otras pasadas, y quiero creer que aquellos que apoyaron la LOGSE en su momento no previeron en su totalidad a qué nos iba a conducir el actual sistema educativo. Desgraciadamente, el tiempo ha dado la razón a este grupo, que no creía en el actual sistema educativo que ustedes diseñaron, pero lo cierto es que, de ese 25 por ciento de fracaso escolar, hay un 4 por ciento que la LOGSE condena a la garantía social, que sufren una patada. Si quiere, cambio el término, sufren un frenazo en sus posibilidades de desarrollo formativo y laboral porque el programa de garantía social es el punto final para un joven. Lo he definido muy suavemente para lo que se merecen esos programas de destierro a los jóvenes del sistema educativo.


Señor Guardans, evidentemente nosotros nos sentimos amparados por la mayoría, pero seguimos sintiéndonos amparados por la sociedad y por la comunidad educativa. Usted se ha referido a la afirmación de un colectivo muy significativo dentro de Cataluña. Yo le voy a facilitar otro comunicado, ya que todos disponemos de comunicados, en el que un sector importante de la escuela catalana se muestra a favor de esta ley de calidad en su totalidad. Haremos un intercambio de comunicados para sentirnos los dos satisfechos.


En cuanto a los profesores, creo que hay que tenerles más respeto y no encasillarles en unos determinados intereses. Si alguien ha sufrido el actual sistema educativo ha sido el profesorado de este país y si alguien ha mantenido firmemente la calidad, la media calidad, de este sistema educativo, ha sido el profesorado de este país. Por respeto a las organizaciones que en su momento mostraron su apoyo a esta ley de calidad, yo no las voy a nombrar aquí porque ellas ya lo han hecho a través de múltiples comunicados, pero le puedo garantizar que los dos sindicatos de profesores más importantes dentro de la enseñanza apoyan esta ley de calidad.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.


El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista me han pasado las enmiendas que quieren votar por separado. Si el señor Guardans las tiene ahora, quizás me las pueda facilitar.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor presidente, a efectos de explicación de voto y por qué no se las puedo pasar. El motivo es precisamente la premura con la que se ha celebrado este debate y la dificultad de hacerlo durante la semana de presupuestos. La forma que tiene mi grupo de expresar en público nuestro rechazo es anunciando la abstención a la totalidad de las enmiendas presentadas a esta ley. Nos abstendremos respecto de todas las enmiendas y votaremos a favor de las nuestras.
Quiero que conste en el "Diario de Sesiones" la explicación. la imposibilidad real de tener conocimiento de lo que los demás grupos proponen para esta ley, pues no ha sido posible hablar con ellos ni estudiar sus propuestas. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se abstendrá en la votación de todas y

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cada una de las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos sin excepción a esta ley.


El señor PRESIDENTE: Esta presidencia tiene otra duda que desea ratificar con la señora Julios. Entiendo que las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria son las números 32, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 60, 61 y 62. De ellas hay transacción formulada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con la 60, 61 y 62. ¿Cuál es la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con esas ofertas de transacción que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular?

La señora JULIOS REYES: Señor presidente, estamos de acuerdo con las transacciones a la 60, 61 y 62. Si me permite, le voy a repetir las enmiendas que le quedan vivas a nuestro grupo: al título preliminar 26, 38, 39, 32 y 36; en el segundo agrupamiento la 43 y, en el tercer grupo, capítulo V, las números 46, 47, 53, 54 y 56, y 60, 61 y 62 con las transacciones correspondientes.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la parte del proyecto de ley hasta el artículo 36, inclusive, con la inclusión del artículo 7 bis, por tanto, son 37 artículos. Vamos a proceder de la siguiente manera. Votaremos las enmiendas presentadas por los distintos grupos, votando separadamente lo solicitado por el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista. No sé si el Grupo Parlamentario Popular tiene petición de voto separado en relación con Coalición Canaria.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Las que ha indicado la representante de Coalición Canaria las votamos separadamente.


El señor PRESIDENTE: Así lo haremos.


Comenzamos con la votación de las enmiendas del diputado señor Labordeta.
Hay dos peticiones de votación separada. Vamos a votar las enmiendas 5 y 6, a petición del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Socialista. (La señora Julios Reyes, pide la palabra.)

Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: ¿No vamos a empezar por el título preliminar?

El señor PRESIDENTE: Quedamos en que íbamos a votar los tres títulos conjuntamente, salvo la petición de votación separada de enmiendas.
Coalición Canaria, en relación con las enmiendas del señor Labordeta, ha pedido que se voten separadamente la 5 y 6, que es lo que vamos a hacer a continuación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 3 y 10 del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas de la señora Lasagabaster. Enmiendas números 496, 497, 500, 503, 507, 508, 509, 512 y 516.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, ese agrupamiento no es posible puesto que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido votación separada.


El señor PRESIDENTE: ¿Ha pedido la votación de todas separadamente?

La señora VALCARCE GARCÍA: Hemos pedido la votación en dos bloques de las enmiendas de la señora Lasagabaster. Un bloque comprendería las enmiendas 488, 506, 507, 511 y 512 y el otro las números 489, 493, 498, 499, 500, 505, 514, 516 y 510.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en primer lugar las enmiendas de la señora Lasagabaster números 488, 506, 507 y 511. Excluimos la 512 porque la vamos a votar separadamente en relación con la petición de la señora Julios.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a pasar ahora a votar la enmienda 512, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos seguidamente las enmiendas números 489, 493, 498, 499, 505, 514 y 510, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas números 500 y 516, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar ahora las enmiendas números 496, 497, 503, 508 y 509, de la señora Lasagabaster.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, las números 594, 604, 605, 607, 611, 615, 616 y 617.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 606, 608, 609, 610, 619 y 648.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del señor Saura. En primer lugar, las números 416, 418, 420, 421 y 423.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 412, 413, 419, 426 y 429 del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, las números 539, 540, 544, 551 y 553.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 555, 560 y 563 del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmiendas 548, 556, 559, 561 y 564 del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13, en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Ruego al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que me confirme qué bloques de enmiendas va a pedir que se voten separadamente.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Desearíamos que se votaran un primer bloque con las enmiendas números 26, 38, 39, 43, 46, 53, 54 y 56 y en un segundo bloque las enmiendas 32, 36, 47, 60, 61 y 62.


El señor PRESIDENTE: Si no le he interpretado mal, ha pedido dos bloques, uno con las enmiendas números 26, 38, 39, 43, 46, 53, 54 y 56 y otro con las enmiendas números 32, 36, 47, 60, 61 y 62.


En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 32, 36, 47 y 60 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar la enmienda número 61, de Coalición Canaria, en la fórmula transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, se ha incorporado mi compañero a la votación me va a sustituir durante la misma. Espero que eso no provoque ningún problema. Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la enmienda 62, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar las enmiendas números 26, 38, 39, 43 y 46, de Coalición Canaria. Vamos a hacerlo mejor por separado.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, aclárelo, porque aquí ha citado la 46 y nosotros hemos pedido votación separada. Por tanto, ¿puede aclarar exactamente qué enmiendas vamos a votar?

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas 26, 38, 39 y 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a pasar a votar las enmiendas 45, 46 y 56.


La señora JULIOS REYES: Señor presidente, la 45 está incorporada al informe de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: No hay que votarla. Las enmiendas 46 y 56.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, ¿cómo se puede decir que la enmienda número 45 está incorporada a la ponencia? En el documento que se nos ha entregado no está incorporada. ¿Cuándo se ha incorporado?

El señor PRESIDENTE: Está incorporada.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, para hacer constar que hay un error en la documentación que se nos ha facilitado hoy por la mañana.


El señor PRESIDENTE: Es una documentación que se facilita y que estamos comprobando en estos momentos. La enmienda de la señora Julios al artículo 17 proponía sustituir la palabra "prueba" por "evaluación general", y así figura en el informe de la ponencia. Por tanto, no hay que votarla.


La señora JULIOS REYES: Fue el primer comentario que hice al inicio de la exposición de esta mañana, que había habido errores, en el sentido de que se omitían algunas enmiendas incorporadas. De hecho, están así en el texto, y en el informe de la ponencia, cuando viene la relación de enmiendas de mi grupo que habían sido incorporadas, esa no figuraba y yo reclamé que debía figurar.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, lamentablemente, la aclaración de la señora Julios no la ha tenido en cuenta la Mesa. Lo correcto habría sido pasar a los grupos parlamentarios las correcciones apuntadas por la señora Julios al documento oficial que hoy por la mañana hemos dado por bueno para ordenar esta votación. Quiero que conste esta irregularidad.


El señor PRESIDENTE: No se trata de ninguna irregularidad, que es un documento que facilita el trabajo a los servicios de la Cámara, pero no tiene carácter oficial. Nos ha ayudado a realizar esta votación, pero en este momento procesal tenemos que comprobarlo.


Pasamos a votar las enmiendas 46 y 56, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar el resto de las enmiendas de Coalición Canaria.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, le recuerdo que faltan la 53 y la 54, El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido votación separada.


El señor PRESIDENTE: No quedan otras. Votamos las enmiendas 53 y 54, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) números 356 y 365.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la enmienda número 352, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 360, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 359 y 364, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 351, 361 y 363, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las enmiendas números 154 y 170.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 101, 102, 111, 112, 114, 116, 122, 124, 144, 163, 180, 190 y 203, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 157.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 100, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 121, 135, 137, 138, 150, 151, 176, 178 y 188, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos las números 1009, 1016, 1018, 1021 y 1022.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la enmienda 1012, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora las enmiendas números 989, 990, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1011, 1013 y 1023, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la enmienda número 995, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar ahora la enmienda número 1005, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que requieren votación separada ya están todas votadas.


La señora VALCARCE GARCÍA: No, señor presidente, falta la 1009.


El señor PRESIDENTE: La 1009 se ha votado la primera, junto con la 1016, 1018, 1021...


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, si no falta la 1009, desde luego la 1012 no se ha votado.


El señor PRESIDENTE: También se votó después, están todas.


Pasamos a votar las enmiendas números 992, 994 bis, 1007, 1010, 1014, 1019 y 1024, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista hace constar que se reserva todos los procedimientos que sean adecuados a la cuestión, porque entendemos que hay dos enmiendas, la 1009 y la 1012, que no ha quedado aclarado si han sido votadas.


El señor PRESIDENTE: Yo las tengo tachadas.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, lo comprobaremos por la tarde. Seguramente, los servicios de la Cámara facilitarán a los portavoces la transcripción de esta votación y entonces comprobaremos si estas dos enmiendas han sido efectivamente votadas.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas 661, 664 y 673.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ya hemos votado todas las enmiendas.


Ahora tenemos que votar el articulado. Petición de artículos que se quieren votar por separado. Si no lo tienen preparado, lo podemos dejar para la tarde. (Pausa.) Entonces el articulado de los 37 primeros artículos lo dejamos para la votación de la tarde.


Se suspende la sesión, que continuará a las cuatro de la tarde.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes, señoras y señores diputados.


Quiero referirme, en primer lugar, a la duda que ha suscitado al final de la mañana la diputada señora Valcarce. Tengo aquí la transcripción de los servicios taquigráficos de la Comisión, que dice así: "El señor Presidente: ...Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) En primer lugar, votamos las números 1009, 1016, 1018, 1021 y 1022.-Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35. El señor Presidente: Quedan rechazadas.-Pasamos a votar la enmienda 1012, del mismo grupo." ¿Queda aclarado, señora Valcarce?

La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señor presidente.


De todos modos, también a efectos de que conste en el "Diario de Sesiones", nos han comunicado los servicios de la Cámara que las enmiendas 64 y 65, de Coalición Canaria, deben desaparecer del documento que ordena el debate y votación, puesto que están incorporadas al informe de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Se ha adelantado usted a lo que iba a decir a continuación.


Pasamos al debate del cuarto bloque, que corresponde a los capítulos VI, VII, VII bis y VII ter, del título I, y al título I bis nuevo, artículos 37 a 47.


El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no tiene ya enmiendas vivas en este bloque. ¿Quiere decir algo, señora Julios?

La señora JULIOS REYES: Intervendré con brevedad.


Efectivamente, las dos enmiendas que aparecían vivas eran enmiendas de supresión y los textos que las mismas pedían que se suprimieran no están ya en el informe de la ponencia. Tenían que ver con las competencias autonómicas en las diferentes áreas que estamos debatiendo.


El resto de nuestras enmiendas también han sido incorporadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente, las enmiendas que corresponden a este bloque son las que hacen referencia a los artículos 37 a 41, que en el caso de mi grupo abarcan de la enmienda 1026 a la 1038. Hay por tanto varias enmiendas vivas de mi grupo que tienen que ver fundamentalmente -aunque no sólo- con temas formales y competenciales.


Lo relativo al artículo 37 es mera consecuencia de la supresión de la prueba general de bachillerato. Al haber propuesto nosotros la supresión de esta prueba para la obtención del título de bachiller, entendemos que hay un párrafo relativo al acceso a la formación profesional que queda modificado. En segundo lugar, en el artículo 37.5, en el que de nuevo nos encontramos con una redacción del tipo: "El Gobierno determinará las características básicas de las pruebas....", nosotros entendemos que las pruebas propiamente dichas no han de tener carácter básico y por tanto, una vez más, tenemos que hacer un reproche de tipo competencial en este

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punto. También introducimos una enmienda al artículo 37 en materia de discapacitados, planteado que se haga una mención expresa a los discapacitados en este ámbito de acceso a la formación profesional.


Creemos que el artículo 38 es innecesario en la medida en que propone autorizar algo que no es necesario que autorice una ley orgánica como son esos convenios. Las comunidades autónomas tienen la facultad de celebrar esos convenios sin que ninguna ley orgánica tenga que autorizárselo. Toda autorización siempre acaba creando un cierto recelo porque da la sensación de que todo lo que no queda en su ámbito expreso acaba quedando prohibido. Por tanto, somos partidarios de la supresión pura y simple del artículo 38.


Los artículos 39 y 40 son de nueva añadidura por haberse incorporado en la ponencia sendas enmiendas del Grupo Popular. Nosotros no tenemos enmienda de supresión a esos textos, pero me permitirá usted que haga una referencia a ellos. En realidad, sí teníamos dos enmiendas que hacían referencia al texto originario de los antiguos artículos 39 y 40, pero ahora han aparecido dos artículos nuevos en medio, con lo que corre la numeración. Lógicamente, no tenemos posibilidad de presentar enmienda de supresión de esos artículos puesto que se han incorporado por la aceptación de enmiendas del Grupo Popular. Esto no me impide dejar claro que si eso hubiera sido el texto original, hoy habría una enmienda de CiU pidiendo la supresión de este nuevo artículo 40. En cuanto al artículo 39, introduce los llamados principios para la igualdad de oportunidades para una educación de calidad, lo cual forma parte de la retórica que esta ley tiene detrás, puesto que se les llena la boca de la palabra calidad aunque, a la hora de la verdad, se materialice en poco. La retórica puede tener sus riesgos pero nos preocupa menos que ese nuevo artículo 40 introducido en la ponencia por haberse aceptado una enmienda -que no sé a qué número corresponde- del Grupo Parlamentario Popular. Si me permiten, y sin ánimo de crear aún más conflicto político del que se pueda derivar de hoy -pero las cosas hay que llamarlas por su nombre-, diré que este nuevo artículo 40 nos parece una maniobra política muy discutible y de base muy dudosa porque pretende imponer en las administraciones educativas una serie de obligaciones en el ámbito de la atención a alumnos con necesidades educativas específicas. El artículo dice -y perdonen que lo lea pero es un artículo nuevo-: "Las administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada, con especial atención a la garantía de la igualdad de oportunidades en el mundo rural.
En tales casos, se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se proporcionará el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación educativa." Esto es ofensivo hasta extremos difíciles de definir con palabras porque no sólo la ley se entromete en lo que no tiene competencia para entrometerse, cosa que comparte con el resto de los artículos anteriores, sino que se permite ahora crear por ley orgánica nuevas obligaciones para las administraciones educativas sin poner, si me permite, ni un duro al respecto, por tanto, creando la expectativa y la posibilidad de que los ciudadanos reclamen a partir de la entrada en vigor de esta ley ante las administraciones educativas toda una serie de servicios que llegan incluso a los servicios escolares de transporte, comedor e internado. Espectacular afirmación, párrafo 3 de este artículo nuevo: "En aquellos casos en que, para garantizar la calidad de la enseñanza, los alumnos de enseñanza obligatoria hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia o a una distancia que los justifique de acuerdo con la normativa al efecto", normativa que entendemos será también estatal, "las administraciones educativas", es decir, las comunidades autónomas, "prestarán" no dice podrán sino prestarán", "de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado". Es fantástico, la fase siguiente es que en el Senado se introduzca una enmienda diciendo que las administraciones educativas repartirán caramelos en la puerta de los colegios; lo más coherente con eso sería: las administraciones educativas tendrán la obligación de subvencionar los caramelos y cualquier otro dulce que soliciten los niños a la puerta de todos los colegios sometidos a su jurisdicción; eso es lo coherente con lo que está haciendo el Partido Popular con esta enmienda. Es una burrada de tal calibre, señor presidente, que, evidentemente, irá también a la mesa del Tribunal Constitucional junto con el resto de esta ley. Insisto, formalmente no hay enmienda de supresión de este texto porque lo acabamos de ver al conocer la enmienda del Grupo Popular. La presento in voce en la medida que valga, pero, evidentemente, en el Senado la habrá de supresión, aunque sabemos el resultado que obtendrá. Me parece gravísimo que se imponga a las comunidades autónomas obligaciones de un cálculo económico absolutamente impredecible, disparando no con pólvora del rey, como se decía antes, sino que el rey dispara ahora con pólvora ajena, cargando sobre las espaldas de los presupuestos autonómicos toda una serie de obligaciones que pueden ser extraordinariamente costosas, sin hacer la más mínima mención a la transferencia de recursos que se va a derivar de ello. Además de que contradice frontalmente la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, no tiene tampoco ningún fundamento en términos jurídicos ni constitucionales. Por tanto, si el proyecto de ley inicial ya tenía la oposición, va a seguir teniéndola progresivamente.


Me suscita también esta enmienda una duda, y permítame que se lo diga como jurista, que no sé si precisará en su momento alguna reforma del Reglamento de

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esta Cámara. Es espectacular, señor presidente, y permítamelo como reflexión, que cuando otros grupos políticos presentan una enmienda que puede suponer un incremento de coste, hay que consultar al Gobierno para ver si se admite a trámite o no; sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular o cualquier otro grupo parlamentario, pero en este caso, evidentemente, el grupo parlamentario de la mayoría, es perfectamente capaz de introducir una enmienda que suponga la bancarrota de una determinada comunidad autónoma (no será este el caso, pero, en todo caso, supondría un gasto absolutamente extraordinario) y, evidentemente, no hay que consultar a nadie porque como no es la Administración general del Estado se puede poner. Es una barbaridad en términos constitucionales y es muy probable que precise una revisión el Reglamento de la Cámara a este respecto. Lo que ocurre es que hasta ahora pocas veces se ha llegado a abusar de esta manera de esta facultad. Por tanto, oposición frontal a todo este capítulo de nueva introducción.


A partir de aquí había una propuesta de reforma del artículo 39 anterior, ahora denominado artículo 41. Por una cuestión de orden, señor presidente, no sé si a partir de ahora preferirá usted que nos refiramos a los artículos con la numeración antigua o con la nueva, porque nos podemos hacer todos un lío.


El señor PRESIDENTE: Con la numeración del informe de la ponencia.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Entonces, pedíamos la supresión del párrafo 6 del artículo 41, antes 39, y el resto son modificaciones concretas que mejoran el texto. Vemos que esa supresión ha quedado incorporada en la propia ponencia y nos felicitamos.


El artículo 40 antiguo, ahora 42, hace referencia a la superdotación intelectual. Es una pena que no hayamos hablado del tema de los alumnos superdotados con más calma en esta Comisión, merece una reflexión mucho más profunda, entre otras cosas no es un término legal la noción de superdotación intelectual ni tiene, por tanto, una definición legal que permita saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Es una noción de tipo técnico-pedagógico que se utiliza para designar algunas características personales de determinados individuos, pero en términos jurídicos no está claro qué significa ser un alumno superdotado, porque nadie tiene una certificación fehaciente en ese sentido y, como todo, tiene determinadas gradaciones. En todo caso, compartimos que la escolarización del alumnado que recibe este tipo de calificación requiere atenciones específicas. Lo que no compartimos, una vez más, es que corresponda al Gobierno del Estado establecer cómo deben ser esas atenciones específicas. Es más, es obvio que las atenciones específicas a los alumnos con discapacidades o sobrecapacidades es pura y claramente organización educativa y, por tanto, le corresponde a las comunidades autónomas. El Estado podrá fijar unos principios básicos en esta ley, pero las actuaciones y organización son puras competencias de gestión. Y, como decía esta mañana y no me cansaré de repetir, en la medida en que son competencias de gestión, ni son desarrollo del derecho a la educación -que es lo que la Constitución reserva al Estado- ni son las reglas para la obtención de un título, que es la otra habilitación que tiene el Estado para legislar. Si no se trata del desarrollo del derecho a la educación ni una habilitación del título, estamos ante una invasión competencial como la copa de un pino, como ocurre con otros tantos textos de esta ley. Lo mismo ocurre con el artículo 41 anterior, actual artículo 43 en el nuevo texto. Se trata de una necesidad específica pero no tiene mucho sentido la manera en que está redactado.


El artículo 42, actual artículo 44, organiza las enseñanzas de un colectivo que tiene necesidades específicas y, de nuevo, exactamente igual que ocurría con los superdotados, nos hallamos ante una situación de claro abuso. Se trata de un tema de mera organización de enseñanzas para un colectivo particular del alumnado, y eso, lo digo una vez más, ni es regularización del ejercicio del derecho a la educación ni son condiciones básicas para la obtención del título. Luego, si no es una cosa ni la otra, este Parlamento no puede legislar ahí, se trata de pura gestión.


La enmienda al artículo 43 pretende introducir, al igual que hemos hecho en otra enmienda al mismo artículo, los principios de normalización e integración escolar como regla. Eso estaba en la LOGSE y es algo que debe presidir el discurso y acción política en materia de atención a alumnos con necesidades educativas especiales, normalización e integración, y comprobamos que el Gobierno ha decidido suprimirlo en el proyecto de ley.
Nos parece un grave error y nosotros planteamos que se vuelva a introducir en este artículo, así como en el artículo 44, hoy artículo 46, que en su segundo inciso del párrafo 1 dice: "En la programación de la oferta de puestos escolares gratuitos, se determinarán aquellos centros que por su ubicación y sus recursos se consideren los más indicados para atender las diversas necesidades de estos alumnos". Nos parece que esto contradice frontalmente los principios que deben presidir la atención especial: la normalización y la integración escolar. Por eso, proponemos su supresión. También hemos propuesto en otra enmienda que se mencione en este artículo expresamente la supresión de barreras arquitectónicas y las cuestiones de mejora de la accesibilidad.


Finalmente, en el artículo 45 anterior, hoy artículo 47, en materia de integración social y laboral, planteamos una modificación menor que no debería provocar especiales problemas, y es que en la mención que se hace a las administraciones en materia de apoyo a la integración social y laboral de los alumnos que no puedan conseguir los objetivos previstos en la enseñanza

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básica no se haga referencia sólo a las administraciones educativas, sino que incluya a todas las administraciones y, evidentemente, a la Administración laboral. Por tanto, que donde pone administraciones educativas ponga administraciones públicas, porque son todas ellas las que deben hacer todo lo posible por la integración. De hecho, poco puede hacer una consejería de Educación por la integración laboral de alguien que ya ha abandonado el sistema educativo. Luego, es una contradicción en sus propios términos.


Con esto termino esta sección. Seguiremos informando, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Por si hubiese alguna duda, conforme me vaya refiriendo en mi intervención a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en vez de citar el articulado nuevo, por si no lo tuviera bien anotado, me referiré fundamentalmente al título de las secciones. En primer lugar, quiero hacer una reflexión general sobre alguno de los aspectos -me alegro de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sea el señor Calomarde, que también es ducho en estas cuestiones y, por lo tanto, algunos de los términos los entenderemos mejor-, que va a ser la base de las enmiendas que voy a defender en nombre de mi grupo a los capítulos VI, VII, VII bis y VII ter, que presentamos esta tarde en este bloque sometido a debate.


Decía el señor Rodríguez Zapatero en el debate de los presupuestos generales para 2002 que se ha producido esta semana, refiriéndose a la ley de calidad, que se habían tomado medidas antisociales, antiguas y autoritarias. Deberíamos añadir una, que me ha llamado poderosamente la atención desde la técnica jurídica, y es que aparece como una especie de cajón de sastre, hasta el punto de que, como me gusta mucho hacer porcentajes, el 90 por ciento del articulado de esta ley es copia de tres grandes leyes: la LODE, la LOGSE y la LOPEG. Mi grupo pedirá que, a la mayor brevedad posible, el Gobierno presente un texto refundido de la legislación educativa por el desorden y el caos que esta ley va a causar en los centros a la hora de aplicar la normativa vigente. Al Grupo Parlamentario Socialista no le cabe la menor duda que el actual sistema educativo tiene problemas y necesita algunos cambios y reajustes a la educación para solucionarlos. Habríamos podido llegar a acuerdos con el Partido Popular si hubiese habido un debate real y que no estamos teniendo esta tarde, puesto que ha sido absolutamente imposible sentarse a analizar los problemas que tenemos en este momento en el sistema educativo y en las escuelas españolas. Estos problemas tienen que ver, por un lado, con los cambios profundos que ha habido en estos últimos veinte años y, por otro lado, con la experiencia que hemos adquirido con el desarrollo de la LOGSE, y que se han plasmado en el currículum, en la evaluación, en la diversidad en las aulas e, incluso, de transversalidad, que aquí no aparecen. Las soluciones a esos problemas, que no vemos aquí, habría por una mejora e incremento del rendimiento escolar de los alumnos. Sin embargo, para el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno no los ha solucionado con su ley y lo hemos visto en el debate de la ley.


Cuando se refiere al fracaso escolar, nos sorprende cómo lo soluciona.
Desconocemos las cifras reales de fracaso escolar en nuestro país, entre otras cosas porque no ha habido un diagnóstico claro. No hemos tenido ningún libro blanco, no ha habido un solo documento previo para debatir y hacer un diagnóstico de la situación actual. Brevemente -aunque no sé cómo resumirlo, lo haré en tres líneas-, comentaré qué es lo que ocurrió cuando hubo otro gran debate educativo en los años noventa, con ocasión de la tramitación de la LOGSE. Siendo ministro el señor Maravall, encargó a especialistas de la OCDE -vinieron 34 a nuestro país- realizar un análisis sobre cómo se encontraban las aulas, cuál era el rendimiento escolar de los alumnos y qué tipo de fracaso escolar se podía detectar.
Nos encontramos con que las cifras que nos dieron eran realmente alarmantes: había un 32 por ciento en la EGB, en la escuela obligatoria; un 50 por ciento en el bachillerato y un 60 por ciento en la FP. Este trabajo fue publicado en España en el año 1986. ¿Qué es lo que nos dice ahora la señora ministra Del Castillo? Que ese fracaso escolar está en un 23 por ciento, fracaso que nosotros consideramos alto. Con una simple resta veríamos que en la escuela obligatoria, si antes había un 32 por ciento de fracaso escolar y estamos en el 23, ha bajado nueve puntos; si en el bachillerato antes había un 50 por ciento de fracaso escolar y ahora hay un 23 por ciento, eso significa que ha bajado 27 puntos. Si en la FP había un fracaso escolar del 67 y ahora hay un 23, tenemos una disminución de 44 puntos. ¿Qué significa esto? Le guste o no le guste al Grupo Parlamentario Popular, la LOGSE ha dado un paso de gigante en nuestro país para paliar el tremendo fracaso escolar con que nos encontramos todos, no solamente el Gobierno socialista, que la sociedad española tenía en los años sesenta. Eso no significa que nosotros estemos contentos, ni muchísimo menos, con ese 23 por ciento de fracaso escolar, sino que estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer reajustes al sistema. No tenemos ningún temor a analizar uno por uno todos los problemas que hay.


¿Qué nos hemos encontrado en esta ley? Que no hay reajustes. Lo que ha ocurrido es que hay una verdadera contrarreforma que acabará imponiéndose en el sentido de que no ha habido posibilidad de un debate serio. Una contrarreforma cuyas características voy a reducir a cuatro: ha habido un retorno a la escuela selectiva -hoy hablaremos de los alumnos extranjeros-; podemos hablar de las medidas -antes grupos de refuerzo-

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a los 12 años, que nos parece totalmente deleznable para la pedagogía; en el ámbito de los itinerarios podemos hablar -aunque no le gusta al Grupo Parlamentario Popular- del cuarto itinerario de los programas de iniciación profesional; va a haber segregación en la selección de alumnos por centro y la evaluación acabará siendo una criba. Si en la LOGSE lo interesante es que se rompía con el tradicional concepto de evaluación que había en nuestro país y se pasaba a considerar que era una manera de recuperar y orientar, con la LOCE la evaluación vuelve de nuevo a tener un sentido de selección y segregación, y sobre todo en la escuela obligatoria nos parece improcedente. Desde luego, hace muy mal uso de los colegios concertados porque son pagados por la Administración y por todos los españoles, por lo que ese servicio público tendría que ser mejor; lo iremos viendo en los debates de hoy y de mañana. No nos parece sólo un retorno a la escuela selectiva sino también a una escuela autoritaria y no se tiene en cuenta lo que para desarrollar el sistema democrático en los centros y en las aulas significaron la LODE y la LOGSE. ¿Qué significa esto? Aparece un director, que va a ser como una especie de vicario o subalterno de la Administración; el consejo escolar -que estudiaremos también en el debate- queda reducido a un simple papel decorativo. Incorporaré un documento a la Mesa para que se adjunte al debate, que firman miles de profesores, donde precisamente se quejan de la restauración del cuerpo de catedráticos. Por eso nos sorprende tanto ese apoyo mayoritario y masivo que dice el Grupo Parlamentario Popular que tiene la ley de calidad.


Ha habido -y no voy hacer ningún comentario porque se hará en su momento- un rebrote confesional muy inoportuno y una opción privatizadora de la educación. El Grupo Parlamentario Socialista, que considera que la escuela pública y la escuela concertada son totalmente complementarias -como demostraremos con nuestras enmiendas que intentan mejorar la escuela concertada- se encuentra que con esta ley de calidad el Partido Popular genera de nuevo un enfrentamiento entre dos escuelas que creíamos roto, fundamentalmente porque los docentes y la comunidad educativa de la escuela pública tiene la sensación de que en unos años los centros públicos se van a convertir en centros pateras y las aulas públicas en aulas pateras. Si tuviésemos que hacer un cuadro, y por resumir la intervención, diríamos que con la LODE y con la LOGSE la escuela que nosotros considerábamos nuestro modelo era comprensiva pero que ahora con la LOCE vamos a una escuela selectiva; para nosotros la escuela es plenamente participativa, pero ahora vamos a ir a una escuela autoritaria; para nosotros era fundamental la unificación de los cuerpos de profesores, pero ahora volvemos a jerarquizarlos con la recuperación de ese antiguo cuerpo de catedráticos que a estas alturas huele a naftalina; para nosotros había que dar un impulso a la escuela de la enseñanza pública, pero vemos una tremenda opción privatista. Siguiendo la Constitución, creíamos que el Estado tenía que desarrollar la aconfesionalidad con el mayor respeto posible a todas las religiones que en este momento se practican en el país, pero vemos un rebrote confesional que no mejora en nada la gran razón por la cual la ministra Del Castillo ha hecho esta ley, por el grave fracaso escolar, grave fracaso escolar que hay que poner entre comillas por lo que especificaba antes, porque en la escuela obligatoria ha bajado 9 puntos, 27 puntos en el bachillerato y 44 en la FP. Son cifras que están publicadas y simplemente hay que hacer una resta. El 23 por ciento del fracaso actual no está publicado, hemos aceptado la palabra de la señora ministra pero hubiese sido muy bueno haber tenido un diagnóstico real y un libro blanco.


Entramos con esos criterios generales en el debate del capítulo VI, relativo a la formación profesional. Como saben SS.SS. solicitamos su supresión. Decíamos antes que es un cajón de sastre, que el 90 por ciento del articulado de esta nueva ley es una simple copia de la legislación educativa vigente, ya que resulta ser una copia literal de los artículos 31 y 32 de la LOGSE; y, por otro lado, tiene un recorte que nos parece muy grave. El portavoz de Convergència i Unió acaba de decir con relación al nuevo artículo 40 que hay un recorte de competencias autonómicas muy importantes, y si no hay dotación económica va a haber un agravamiento tremendo para todas las comunidades autónomas precisamente cuando ya tienen todas las competencias educativas traspasadas. Estoy completamente segura de que ese artículo jamás se hubiese podido hacer si hubiese habido previamente un debate con la conferencia sectorial de educación.
(El señor Guardans i Cambó: ¡Claro, claro!)

Este capítulo abre la vía para establecer conciertos generalizados en las enseñanzas no obligatorias, que han crecido espectacularmente en el ámbito de la formación profesional en los últimos seis años. No aporta nada a la legislación vigente y lo más grave es que no hay ni una sola medida para paliar el fracaso escolar y aumentar el rendimiento escolar, que es la gran preocupación de la ministra. ¿Para qué se produce esta contrarreforma? Quiero recordarles lo que en las comparecencias se preguntaba el director del Colegio de Doctores y Licenciados: ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo si la música es la misma? Porque el 90 por ciento de la LOCE es una copia de la LODE, de la LOGSE y de la LOPEG. Esa es la música, pero la letra, el contenido de esa opereta, no tiene nada que ver, son auténticas bombas de relojería para el sistema educativo y para muchísimos alumnos casi minas personales, y de ello hablaremos. En el artículo 37.3.a) -que no ha cambiado- se ve con claridad absoluta que el PIP (programa de iniciación profesional) es un verdadero itinerario, el llamado cuarto itinerario de selección y criba del alumnado. Para nosotros los itinerarios en sí

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no son perversos, los perversos son los itinerarios que ha hecho la señora ministra en esta ley de calidad. ¿Qué ocurre con esta selección que va a haber del alumnado? Lo que argumentan los defensores de esta contrarreforma es que esos programas de iniciación profesional son como los programas de garantía social. Eso es absolutamente falso por una cuestión fundamental, porque los programas de garantía, que están en el artículo 23 de la LOGSE, están justo al final de la escuela obligatoria y sin embargo aquí aparecen a los 15 años, luego ya hay un año en el que se le resta al alumno la escolarización comprensiva. ¿Sabe S.S. qué va a ocurrir? Lo más grave es que va a existir una cierta correlación entre la estratificación de la sociedad y la tipología social del alumnado en cada uno de estos programas. Quiero recordar lo que decía Tony Blair, en una frase que siempre me ha parecido afortunada: El fracaso escolar es, desde luego, la peor mochila que puede llevar un adolescente a lo largo de su vida. Esta ley es una mochila que va a llenar de piedras en su camino; no va a ser en absoluto ventajosa para paliar el fracaso escolar ni para mejorar el rendimiento escolar de nuestros alumnos. El Grupo Parlamentario Socialista dice un rotundo no al capítulo VI y pide la supresión de su articulado.


Cuando entramos en el capítulo VII, pedimos la supresión de la sección dedicada a los alumnos extranjeros y de la dedicada a los alumnos con necesidades específicas, aunque tengo que reconocer que han convertido a esta última en una nueva sección. La sección 1.ª -tendría que comprobarlo, pero ustedes lo podrán recordar a partir del informe de la ponencia- es una mala copia de alguna de nuestras enmiendas que veremos en los capítulos VII, bis y ter. ¿Por qué pedimos precisamente que haya una supresión de estas tres secciones? En primer lugar, la sección dedicada a los alumnos superdotados ya está totalmente legislada y ustedes no han aportado una sola medida. Entendería que hablasen de la legislación vigente si aportasen medidas pero no las traen. Me voy a tomar la molestia de decirles de dónde han sacado esa sección: artículos 36 y 37 de la LOGSE; Real Decreto 696/1995; Real Decreto 384/1985. Por otro lado, tengo que decirles -supongo que el señor Guardans estará plenamente de acuerdo- que, en relación con los alumnos superdotados, ya hay una legislación autonómica. Le voy a decir dónde está: en Andalucía, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Si ustedes no aportan nada y ya hay una legislación precisa, no entendemos por qué traen a colación el asunto. Simplemente, porque ustedes querían tener su propia ley de educación, cuando podríamos haber llegado a acuerdos profundos para mejorar la educación en España mediante reajustes importante en todos los problemas que hubiésemos ido detectando. En relación con la sección 3.ª, que es la relativa a los alumnos con necesidades específicas, ya está en el título V de la LOGSE, pero hablaremos de ellos inmediatamente. ¿Por qué cuando hablan de alumnos extranjeros no estamos de acuerdo?

Según la ministra y según los datos obtenidos de documentos ministeriales hay 150.000 alumnos inmigrantes en nuestro país. Según los datos de Eurostat sacados anteayer para toda la Unión Europea, a España le corresponden 300.000 alumnos inmigrantes. Teniendo en cuenta que no estamos de acuerdo con esta sección, hemos presentado dos enmiendas adicionales con un título I bis, sobre la compensación de las desigualdades, que es donde se encuentra ubicado el fracaso escolar; un capítulo VII bis y un capítulo VII ter. En el capítulo VII bis se habla de que hay zonas y centros de atención preferente, que es lo que ustedes han querido arreglar ahora con los artículos 39 y 40, donde van a gravar económicamente la marcha educativa en las comunidades, como indicaba anteriormente el señor Guardans. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en esas zonas de fracaso escolar? Se solucionaría en gran medida con una reducción de la ratio a 15 alumnos, si hubiera incrementos de recursos económicos, materiales y humanos y si hubiera incentivos para el profesorado con planes plurianuales de educación que den lugar a que no salgan corriendo cada vez que llega un nuevo profesor, porque aquello es tremendo, sino que efectivamente se genere estabilidad en la plantilla y se sientan comprometidos a sacar adelante estas escuelas. Si hubiera habido un verdadero debate habríamos estado mucho más de acuerdo. Voy a leer un documento elaborado por todos los ministerios de Educación de la Unión Europea, son cinco líneas: La sociedad se ve muy perturbada por mutaciones de naturaleza diversa que afectan principalmente a la cohesión social. Esos cambios atañen también al derecho a la educación, ratificado por el conjunto de los Estados miembros, derecho que se encuentra muy alterado por el aumento creciente de jóvenes en situación de fracaso escolar. El informe que se ofrece a continuación que ha realizado la Unión Europea señala lo siguiente: Más que nunca, el fracaso escolar engendra fracaso social, es decir, la vida precaria, la marginación y la dependencia de mecanismos. Teniendo en cuenta que el grado de instrucción constituye un factor primordial de integración económica, social y política, conviene frenar los mecanismos generadores de exclusión en los jóvenes y asegurarse de que cada joven alcance un nivel mínimo de formación. ¿Cómo ha arreglado la ley de calidad este problema, que es de lo que trata este capítulo VII? Lo ha arreglado con los tres itinerarios que hay en la ESO, con el cuarto y con los grupos, que ahora son medidas de refuerzo. Acaba el documento preguntando cuáles son las soluciones y dice: Hay alguna inseguridad en las soluciones que la Unión Europea tiene respecto al fracaso escolar, pero hay dos seguras. (Voy a incorporar este documento, porque me parece de una enorme importancia para el debate de la Comisión de Educación) Señala: Hoy día se puede afirmar con conocimiento

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de causa dos cosas, primero, la repetición de curso no aporta más que de forma excepcional algo positivo a los alumnos con dificultades; segundo, la orientación precoz de los alumnos hacia opciones diferenciadas es tan perjudicial para la equidad del sistema educativo como para la emergencia de un grupo intelectual selecto. Estas dos cuestiones no solucionan todos los problemas, pero sí permiten que evitemos en los países de la Unión Europea falsas soluciones. Pues esas falsas soluciones son precisamente las que ha adoptado la ministra en la ley de calidad. Tengo muchísimo interés en que este documento conste en la Mesa porque si lo hubiésemos podido leer nos hubiésemos evitado muchos de los graves problemas que tenemos en este momento como parlamentarios por hacer las cosas con unas prisas que no tendríamos que haber tenido en ningún momento. Pero además va a traer graves problemas para nuestro sistema educativo, por una razón, porque si la reforma está hecha para mejorar el rendimiento escolar del alumno y todos los grupos de esta Cámara están totalmente de acuerdo con eso, con lo que no estamos de acuerdo es con esas soluciones y si las hubiésemos discutido podríamos haber llegado, igual que se llegó con la LOGSE, a grandes acuerdos. (La señora Serna Masiá hace entrega a la Mesa de un documento.)

Y voy terminando. El capítulo VII ter, que se refiere a la atención al alumnado inmigrante, tiene que contener medidas concretas, pero ustedes no aportan ninguna: tiene que haber un centro de recursos, tiene que haber programas de inversión lingüística, tiene que haber programas para la prevención escolar, tiene que haber una escolarización distribuida solidariamente entre todos los centros pagados por la Administración, los públicos y los concertados. Si no es así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los centros públicos, como está diciendo el profesorado, han ido a peor y acabarán siendo, como ellos llaman, centros patera. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, tendrían que haber dedicado muchos más recursos y muchísimas más medidas para paliar de verdad estos asuntos; recursos y toda una serie de convenios. En mi opinión y en la del Grupo Parlamentario Socialista al que represento en este momento, podríamos haber llegado a muchos e importantes acuerdos para la mejora del sistema educativo y para la mejora de las aulas españolas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Voy a ver si soy capaz de dar cumplida contestación, como merecen, a los portavoces intervinientes.


Quisiera señalar, en primer lugar, que estamos supuestamente debatiendo el capítulo VII de la ley y quisiera hacer algunas consideraciones con cierta brevedad, al hilo de las apreciaciones que ha hecho el señor Guardans, por parte de Convergència i Unió. El señor Guardans ha insistido en varios asuntos. Quisiera destacar una en la que S.S. ha hecho hincapié, la que se refiere al artículo 40 nuevo, tal como consta en el informe de la ponencia, relativo a recursos. Usted ha insistido en que este artículo introduce dosis importantes de ambigüedad, de problemas de carácter financiero fundamentalmente referidos a la gestión de las comunidades autónomas y yo quisiera sugerirle que meditara al respecto por cuanto que este artículo estaba contemplado -no tal como aquí se incorpora, pero sí en su espíritu y en sus casos concretos- en la anterior legislación, en la LOGSE, que Convergència i Unió no tuvo problema en sostener.


Quiero subrayar la importancia de este texto que me parece básico por cuanto que desde el punto de vista de la política de integración educativa, de los derechos fundamentales -sobre todo de uno, que es el derecho a la igualdad de oportunidades- me parece esencial. Me van a permitir ustedes, con la brevedad de una intervención de estas características, que lo comente. Aquí dice que las administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las que, por sus características socioeconómicas o socioculturales, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada. Esto es lo primero a subrayar. Es necesaria una intervención educativa diferenciada precisamente porque estamos hablando de preservar un derecho fundamental como es el de la igualdad de oportunidades en la educación. Por eso es necesaria esa intervención. En su punto dos y de acuerdo con lo que se dice en el primero, dice: Los poderes públicos organizarán y desarrollarán de manera integrada acciones de compensación educativa. Yo me imagino que cualquier grupo de esta Cámara puede estar absolutamente de acuerdo con que es una de las obligaciones fundamentales de cualquier poder público democrático en su sano juicio organizar y desarrollar de manera integrada la acción de compensación educativa; ¿para qué? Con el fin de que las actuaciones que correspondan a sus respectivos ámbitos competenciales consigan el uso más efectivo posible de los recursos empleados. Por último, se dice que excepcionalmente -obviamente no puede ser con carácter general-, en aquellos casos en que para garantizar precisamente la calidad de la enseñanza los alumnos de la enseñanza obligatoria hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia, las administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado. Insisto, la defensa que puedo hacer de esto es obvia. Me parece sensato y lógico lo que aquí se dice y corresponde a obligaciones que todas las administraciones públicas tienen el deber constitucional de cumplir.
Aparte de eso, recuerdo que este texto estaba en la LOGSE; no es una gran novedad y me sorprende que

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usted lo diga precisamente porque ustedes en su momento -con toda legitimidad- lo apoyaron.


Quiero mencionar alguna de las cuestiones que usted ha dicho relativas al artículo 43, antes artículo 41. Se ha hecho el mayor de los esfuerzos de concertación y aproximación a los representantes de los alumnos con necesidades educativas especiales. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una enmienda de modificación al apartado 1 del artículo 41 que me permito leer. Es una enmienda breve, pero me parece importante; por eso la leo y con ello doy cumplida respuesta a los comentarios que ha hecho, en nombre de Convergència i Unió, el señor Guardans. Nuestro grupo parlamentario concretamente dice en el apartado 1 del artículo 41 lo siguiente: Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran en algún período de escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad de conducta tendrán una atención especializada con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa y con la finalidad de conseguir su integración. A tal efecto, las administraciones competentes dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad. Se trata obviamente, señorías, de garantizar la adecuada y debida atención a unos alumnos cuyas necesidades pueden surgir en cualquier momento de su escolarización.


No compartimos -lamento la prisa pero quisiera poder contestar al mayor número de enmiendas- lo que el señor Guardans ha dicho referido al artículo 47, antes 45, de integración social y laboral. El artículo establece que con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos que no puedan conseguir los objetivos previstos en la enseñanza general básica, las administraciones educativas promoverán ofertas formativas. Parece absolutamente razonable que lo hagan todas las administraciones educativas por cuanto que ahí tenemos un plural claro.
Ustedes parecen sugerir que sean no sólo las administraciones educativas sino el conjunto de la Administración. Es una apreciación perfectamente comprensible y legítima por su parte, pero entendemos que no añade nada sorprendente y novedoso a lo que dice el artículo 47, que nos parece perfectamente correcto tal y como viene reflejado en el proyecto.


Quisiera comentarle, señor Guardans, que vamos a aceptar la enmienda 1036, presentada por CiU.


Con respecto a la prolija intervención que ha tenido la señora Serna, en este caso como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera centrar mi respuesta -insisto en que a una intervención muy larga- en varios aspectos. Usted, señora Serna, ha dividido su intervención. En primer lugar, ha hecho un recorrido insisto en que largo, prolijo y de carácter general, planteando sus puntos de vista -supongo que también los de su grupo, como es lógico- sobre el conjunto y la totalidad del proyecto de ley y ha esperado a la segunda parte de su intervención para hablar de lo que ustedes plantean en concreto, de las supresiones de los capítulos VI y VII del proyecto de ley. Quisiera comentarle algunas cosas con cierta tranquilidad.


Usted dice que este proyecto de ley, como los presupuestos, es antisocial, antiguo y autoritario y que el proyecto de ley le parecía un cajón de sastre en donde cabían muchas cosas y donde no se daban respuestas suficientes ni oportunas a ninguna. Por otra parte, ha señalado en su intervención -si este portavoz que le habla no ha tomado mal sus notas- que el proyecto de ley le parecía una copia de la LODE, de la LOGSE, de la LOPEG y un texto refundido, en alguna medida, de ese conjunto de leyes. Yo quisiera señalarle, en primer lugar, lo que parece si no una contradicción sí una paradoja. Ustedes llevan acusando al Gobierno hace mucho tiempo de estar lanzando una contrarreforma educativa que no quiere nadie y que en principio atentaría contra todos los logros habidos y por haber con las anteriores leyes que ha tenido nuestro sistema educativo.
Permítame, señora Serna, que le comente que en principio no le parece a este portavoz tan negativo que un proyecto de ley asuma -como el artículo 40 al que hacía mención en mi intento de respuesta apresurada a los comentarios que ha hecho el señor Guardans-, independientemente de la interpretación que posteriormente les dé, aspectos, artículos, etcétera, de otros proyectos marco de ley, porque si no estaríamos probablemente en una situación absolutamente indeseable e indeseada para cualquier país civilizado y para cualquier democracia avanzada, que supondría que siempre cualquier proyecto de ley necesariamente debe de partir de un vacío, de un existente cero educativo que condenaría seguramente, de ser así, a los países a la indigencia educativa, social, intelectual y de otros muchos órdenes. Por tanto, entiendo que a ustedes les pueda molestar, les pueda parecer mal o les pueda parecer lo que ustedes quieran que se respeten o se asuman otros proyectos de ley y que este proyecto de ley procure dar las soluciones que a nosotros nos han parecido mejores y más oportunas con respecto, fundamentalmente, a los problemas que tiene nuestra educación secundaria y muy especialmente al problema en el que usted misma y su grupo parlamentario están de acuerdo, según nos han dicho en reiteradas ocasiones, de un elevado y excesivo fracaso escolar en España. Por cierto, le recuerdo que es la Fundación Ideas, muy próxima a su grupo parlamentario, la que habla de ese 23 por ciento o más de fracaso escolar.


Usted ha señalado que la ley orgánica de la calidad quiere hacer una auténtica contrarreforma educativa, lo cual parece llevarse no del todo bien con su anterior apreciación referida a que, entre comillas, copiamos -y

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ya he señalado que no me parece en absoluto dramático, sino que puede ser muy beneficioso a los efectos de la continuidad de lo que ha sido bueno o de lo que no ha sido pernicioso de nuestra estabilidad educativa- determinados aspectos de leyes anteriores. Ha dicho usted que queremos fomentar un modelo de escuela selectiva. No está usted ni su grupo parlamentario, como esta mañana se ha visto en el debate que ha tenido lugar, de acuerdo con los itinerarios. No obstante, usted ha dicho que sí que lo está y ha señalado posteriormente -lo cual me parece en alguna medida contradictorio- que lo que no está es de acuerdo con estos itinerarios, pero que no le parece a usted mal el que en la secundaria existan itinerarios. Esto me parece muy lógico teniendo en cuenta que usted es perfecta conocedora de cómo funciona la enseñanza secundaria y sabe exactamente igual que el portavoz que le habla que los itinerarios, con ese nombre o con otros, están establecidos prácticamente en la legislación de todos los países europeos. No constituyen, por tanto -insisto-, una incorporación ex novo ni un grado cero de la educación que invente el Gobierno o que apoye este grupo parlamentario.


Ha seguido usted insistiendo, en algunos casos con adjetivos de calibre elevado, por ejemplo, en cuanto a escuela autoritaria. Permítame que le diga que yo no veo el autoritarismo por ningún sitio, salvo que usted y yo no entendamos lo mismo de esa palabra. Sí le admitiría, efectivamente, a usted y a su grupo -cómo no lo voy a hacer- que el proyecto de ley recupera en dosis elevadas viejos conceptos educativos en absoluto desdeñables y uno especialmente: la reivindicación que en él se hace del positivo concepto de auctoritas, que no es lo mismo que el autoritarismo en modo alguno. Habla usted de director vasallo. No me diga eso. En cualquier caso, si tenemos oportunidad, si por parte de nuestros grupos le toca a usted o me toca a mí hablar de la función directiva, ya insistiremos en ello. En cualquier caso, aquí no se habla nada de vasallaje sino de una diferente forma de concepción de la dirección de los centros, a la cual, si no del todo, sí están relativamente próximos los propios directores de instituto, entre otras razones porque tenemos en España, como sabe muy bien, el problema de que prácticamente ningún funcionario docente quiere hacerse cargo de las direcciones de los centros de enseñanza secundaria porque no tiene ni competencias ni medios ni posibilidades para cumplir, como así establecen las leyes -empezando por las suyas, por las que ustedes hicieron-, que el director o la directora es representante de la Administración pública en los centros.
Lo que hace el proyecto de ley es reconocer esto y procurar los medios más efectivos, según el buen juicio y entender del Gobierno y del grupo parlamentario del que yo en este momento soy portavoz, para que tal función pueda ser llevada a cabo y para convertir progresivamente la dirección en una carrera profesional, lo cual no nos parece ni reaccionario ni ninguna técnica especial de vasallaje ni de sumisión ni con ninguna otra característica.


Habla usted de que no le parece bien, que devaluamos los consejos escolares. Es evidente que es su apreciación. El proyecto de ley en modo alguno hace esto. Denosta usted la recreación o creación, como usted prefiera, del cuerpo de catedráticos. ¿Qué quiere usted que le diga? Es evidente que no vamos a estar de acuerdo en eso porque ustedes no lo defendieron en su momento, cuando hicieron la LOGSE, y, por otra parte, conoce sobradamente mis opiniones al respecto y no sólo ya como portavoz de este grupo parlamentario. Ni a mí ni a mi grupo nos parece en absoluto negativa la existencia de este cuerpo docente, todo lo contrario, restituimos un cuerpo histórico de la enseñanza española; no perjudica, como se dice exactamente en la disposición adicional novena del proyecto de ley, que se refiere a él, los derechos adquiridos por parte de ningún profesor ni profesora que haya adquirido en su momento -quiero decir que la tenga hoy, señora Serna, como usted sabe bien- la condición de catedrático. Por tanto, si usted me negara esto, evidentemente tendríamos un problema; como el proyecto de ley no lo niega sino que lo ampara, es obvio que a nadie perjudica y sin embargo sí beneficia una interna carrera docente del profesorado que nos parece enteramente positiva.


Habla usted de la tendencia a la privatización de la educación. Esta mañana, por parte del portavoz de mi grupo y de la señora Chacón por parte del suyo, ha habido sobrado debate al respecto. Habla usted en un apartado general de que ustedes defienden la enseñanza comprensiva. Nos parece muy bien y además muy legítimo. Señora Serna, no le voy a discutir a usted como portavoz del Grupo Socialista que usted defienda la enseñanza comprensiva. Me parece muy bien. Dice que nosotros no la defendemos. En todo caso, permítame que le diga que el proyecto de ley no la defiende como ustedes, es decir, que no estamos de acuerdo en los niveles de comprensividad que la LOGSE, con mejor o peor entender, llevó a cabo. Nos parece, señora Serna, que precisamente esa concepción que ustedes en su momento y con los apoyos parlamentarios que tuvieron en su momento, repito, llevaron a cabo de la comprensividad es en gran parte responsable -fíjese que no le digo culpable; matizo mucho mi vocabulario porque no quisiera hablar de vasallajes ni de cosas de estas- de cierto grado, importante, de fracaso escolar que hemos tenido. Yo ya sé que esto es discutible, pero es que en educación todo es discutible -pasa como en la medicina-, también hay apuestas ideológicas legítimas y también hay apuestas políticas. El proyecto de ley que estamos debatiendo efectivamente no apuesta por el mismo tipo de modelo escolar que ustedes y es evidente que no apuesta por el mismo tipo de enseñanza por el que ustedes apostaron y es evidente también que no apuesta por el mismo sentido de la comprensividad

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para todos y en cualquier situación por el que ustedes apostaron. Ustedes no comparten el modelo educativo de la ley e insisto en que me parece legítimo que no lo compartan como Partido Socialista. Lo que no me parece tan legítimo es que empleen adjetivos de grueso calibre descalificatorio sobre una opción perfectamente posible desde el punto de vista educativo y político, como esta que hace el Gobierno.


Dice usted: si no están de acuerdo con la enseñanza comprensiva que nosotros llevamos adelante, están fomentando una educación selectiva. Lo dice usted como si cualquier selección fuera perversa. En absoluto, señora Serna; sabe usted perfectamente, igual que yo, que cualquier selección no es perversa y que los itinerarios que se establecen en la ley en modo alguno son segregadores -¿por qué habrían de serlo?- para los alumnos de este país. Usted misma y sus colegas socialistas o socialdemócratas en Europa pueden suscribirlos perfectamente y no sólo los suscriben sino que los aplican también, como ocurre en Alemania, por ejemplo, donde gobierna en este momento una coalición socialdemócrata. Es así y no me parece mal. Digo simplemente lo que sucede.


Dicen ustedes que tenían un modelo participativo y que el proyecto de ley establece para la educación española un modelo autoritario. Permítame usted, señora Serna, que le diga con el mayor respeto del mundo, que sabe que le tengo, que eso es un juicio de valor por su parte, enteramente respetable, pero que no pasa de ser un juicio de valor.


Habla usted de que el proyecto de ley establece una jerarquización de la enseñanza. Yo sé por qué lo dice, y usted también; lo dice por el asunto del cuerpo de catedráticos, por el de elección del director y porque siempre estuvieron en otra posición en cuanto a estos temas, insisto, posición que a este portavoz le parece perfectamente legítima, pero que no es compartida ni por el Gobierno ni por su grupo parlamentario. No le estoy diciendo que tuviésemos que estar de acuerdo en esto, pero le rogaría que no emplease adjetivos que son siempre de grueso calibre -insisto-, y me parece hasta razonable desde el punto de vista político que S.S. los pueda emplear, pero que no están ni en la ley ni en el espíritu de la ley ni se pueden deducir necesariamente de la lectura atenta, sosegada y prudente de su articulado.


Tampoco creo que se pueda decir que la ley tiene un rebrote confesionalista. Usted puede interpretarlo así o de otra manera, pero en la disposición adicional que se refiere a este asunto lo que hace es crear un área en la que aquellos alumnos o alumnas que quieran hacerlo podrán cursar -como ahora- estudios o enseñanzas de la religión, en este caso confesional, o bien no hacerlo. Ni a mí ni a mi grupo nos parece enteramente negativo que los alumnos tengan alguna cultura de carácter general de las religiones de lo que podríamos llamar antropología religiosa o fenomenología religiosa. Estoy convencido de que, como docente que es, a usted tampoco le parece mal; cosa distinta es cómo quiera -o quieran ustedes- leer lo que dice el texto.


Ha dicho usted que los itinerarios se establecen a edades muy tempranas y ha facilitado usted a la presidencia de la Comisión informes de la Unión Europea sobre lo negativas que pueden resultar determinadas especializaciones a edades tempranas. Le quiero recordar que según la OCDE -como usted seguro que conoce, una especialización temprana de educación quiere decir que a los 10 años o incluso antes un alumno o alumna se vea obligatoriamente llevado o llevada a elegir un itinerario o una asignatura, pero usted sabe que el proyecto de ley no dice eso; habla de los itinerarios a partir de los 14 años. Ustedes saben que los itinerarios son flexibles, están orientados y son voluntarios y que los alumnos pueden perfectamente cambiar su elección en tercero o cuarto. En cualquier sistema educativo razonable hay itinerarios, se llamen como se llamen. Nosotros preferimos llamarlos así. Es una larguísima discusión para la que no es momento ni tenemos tiempo, porque el señor presidente me dirá con toda razón que me calle, la que podríamos mantener sobre si las diferenciaciones curriculares son o no son itinerarios. Sería una discusión muy provechosa y probablemente llegaríamos a la conclusión de que sí lo son, independientemente del nombre que les pongamos. Cualquier ley educativa en Europa esté en este momento validando esas opciones -la LOGSE no lo hacía así, pero lo hacía de otro modo-, que precisamente diversifican e integran, no segregan. Señora Serna, es también una apreciación de su grupo y suya particular que esta ley sea segregadora.
Ustedes han elegido esa palabra porque políticamente les es rentable. Es comprensible que ustedes la elijan, pero no es, en absoluto, defendible.


Con respecto a lo que usted en consonancia con su grupo sigue diciendo en cuanto a la financiación de la ley, quiero volver a recordarle lo que ya ha dicho esta mañana el portavoz de mi grupo parlamentario -se ha dicho esta mañana y también en el Pleno muchas veces- y es que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que debe discutir estos temas y quien debe concluir la correcta y mejor financiación de esta ley. También quiero recordarle que en el momento de aplicación de la LOGSE ya hubo debates, y muchos, respecto a si el Partido Socialista hacía o no hacía una ley de financiación de la reforma educativa. Esto no es nuevo. Señora Serna, siempre que se hacen reformas educativas en España, desde la Ley de 1970, hay alguien que dice que no hay dinero ni recursos para hacerlas. Si ustedes reparan con atención y con cierta sensatez en este proyecto de ley, verán que no es excesivamente inflacionista sino todo lo contrario, es decir, es un proyecto de ley absolutamente sensato que perfectamente puede ser -y lo será- debidamente financiado en su momento.


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Usted ha insistido en la posición de su grupo en cuanto a la supresión de los capítulos VI y VII. Ha dicho que no añaden nada nuevo y que por eso los quiere suprimir, porque se refieren a capítulos o incluso artículos de la LOGSE. Reitero que eso no me parece mal. Me parecería infinitamente peor que volviésemos a una situación en la cual cualquier reforma educativa en España no tuviese necesariamente en cuenta el corpus legislativo o la situación de la educación en general. Naturalmente que se puede decir que las cosas están muy mal, pero, afortunadamente, no partimos de una situación de indigencia educativa en este país. Ha llovido mucho desde los años setenta y desde la Ley Villar Palasí hasta aquí. Desde aquella ley tenemos lo que tenemos. Por eso nos podemos permitir leyes marco y leyes orgánicas -como ustedes lo hicieron en su momento con la LOGSE y nosotros ahora con esta ley-, sin necesidad, insisto -a no ser que queramos llevar el debate político a lo que, a mi juicio, son niveles de demagogia bastante elevados-, de tener que hablar del cero infinito, del cero total o de un fiasco general del sistema.


Se han vertido críticas muy graves por parte de muchos sectores sociales en torno a este proyecto de ley, pero yo no recuerdo ninguna especialmente ácida en el sentido de decir: la situación de la educación española es catastrófica, la situación del profesorado español es horrorosa, es imposible continuar así. Lo que el Gobierno y mi grupo parlamentario han dicho en innumerables ocasiones es que tenemos una serie de problemas, a los que ustedes también se han referido, y que, al parecer, no hemos sido capaces de coincidir -o no ha sido posible- en algunas soluciones, en las que -fíjese usted por dónde, usted misma lo dice- ni estamos tan distantes ni hubiesen sido tan imposibles ciertos puntos de acuerdo, a no ser -y con esto termino- que la política, en un escaso sentido educativo ilustrado, nos llevase a disensiones mayores de las que probablemente, desde el punto de vista académico y profesional, pudiésemos haber tenido.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señora Serna, brevemente?

La señora SERNA MASIÁ: Sí, señor presidente.


En primer lugar, creo que el señor Calomarde tenía una pequeña confusión.
Yo no he dicho que los presupuestos generales sean autoritarios o segregadores, sino que en el debate de los presupuestos generales el señor Rodríguez Zapatero dijo que la ley de calidad tenía estas características, no que los presupuestos fuesen así.


A usted puede que no le parezca mal que haya una copia y dice que es una coincidencia, pero a mí me parece una grandísima pérdida de tiempo para estos diputados y para esta Cámara que en este momento tengamos que votar artículos, capítulos y secciones que están absolutamente copiadas de otra legislación. No tiene ningún sentido. Yo le puedo decir que no ha lugar a eso porque no hay ningún cambio. Ya está votado, ya está legislado, ya es normativa vigente. No tiene ningún sentido que ustedes lo traigan aquí de nuevo. Lo que tiene sentido son las nuevas medidas que ustedes traen, pero éstas en realidad son reajustes que ustedes traen a colación a través de 105 artículos simplemente para arropar. Ahora lo que le decía era que sí que hubiésemos podido estar de acuerdo en hacer esos reajustes. Desde luego en lo que no estamos en absoluto de acuerdo es con los reajustes que ustedes han hecho, naturalmente, porque en el fondo con esto ocultan lo que de verdad quieren, y eso es lo que tendríamos que haber debatido, si es que ustedes querían hacerlo. No me diga que hay que sustraer el debate -creo que he tomado nota literalmente- por una lectura atenta del articulado. Señor Calomarde, todos hemos hecho una lectura atenta del articulado y por eso no estamos en absoluto de acuerdo. Usted dice: pero ustedes están de acuerdo con los itinerarios, si ya están en la LOGSE. Claro que estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con lo que ustedes han hecho, naturalmente. Por eso venimos aquí y les decimos que vamos a votar que no, ¿o es que usted va a mermar de alguna manera nuestras posibilidades? (El señor Calomarde Gramage: En absoluto.) Usted dice que es legítimo. Aquí nadie ha dicho que no sea legítimo lo que ustedes hacen. Lo que hay que discutir no es si es legítimo o no, sino si es bueno lo que ustedes van a hacer para la educación española, para las escuelas. Pensamos que es lo que tendríamos que haber discutido.


Ha dicho que la Fundación Ideas habla de que hay un 23 por ciento de fracaso escolar y que es una fundación que no es ajena a nuestros intereses. ¿Y qué? Si es que no tienen que ser unos particulares los que digan antes de una ley de educación de este calibre como la que ustedes quieren hacer cuál es el porcentaje de fracaso escolar que hay en nuestro país. Es el propio ministerio quien tenía que haber hecho el libro blanco y lo hubiésemos debatido. Si usted se acuerda, tardamos un año en debatir el libro blanco previo a la LOGSE. Por tanto, no entendemos por qué nos tenemos que ir a revistas, a artículos, etcétera, de particulares a entresacar el porcentaje de fracaso escolar que hay. Por otro lado, reconózcame que ustedes han hecho de eso la panacea del asunto y están diciendo a todas horas que es un escandalazo el fracaso escolar que hay en nuestro país. Por eso le he traído unas cifras para ver que teniendo en cuenta de dónde partíamos, el fracaso escolar de los años ochenta había disminuido notablemente. Por lo tanto, en este momento, ¿estamos bien? No. Naturalmente que se pueden hacer reajustes. Nosotros en nuestras enmiendas ponemos muchos, que además ustedes no tocan, cosa sorprendente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que querían era meter lo que yo le decía, lo de los catedráticos. (El

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señor Calomarde Gramage: No, no.), sí, lo del PIP, hacer una escuela que para nosotros sin la menor duda es profundamente selectiva. Usted dice, y acabo, señor presidente: es que ustedes han hecho muy amplio el apartado comprensivo de la escuela. Señor Calomarde, estamos hablando de la escuela obligatoria, fíjese bien, obligatoria (no hablamos del bachillerato donde puede haber multitud de opciones o de la FP que también es enseñanza no obligatoria) y en la escuela obligatoria a los niños de este país, a los que obligamos desde los 6 años a ir a la escuela, este sistema no les puede seleccionar porque es moralmente incorrecto. Usted podrá darle opciones, salidas, etcétera. ¿Estaríamos nosotros de acuerdo en dilucidar si tiene que haber un 30 por ciento, un 40 por ciento, un 35 por ciento, un 27 por ciento de comprensividad? Sin la menor duda. Nos hubiera tenido a todos discutiendo con usted. Lo que no tiene ningún sentido es que la comprensividad se pierda de tal manera que cada niño haga escuelas obligatorias distintas. Por eso le digo que la selección tiene que estar al final y ustedes la van haciendo in itinere desde los 12 años. Nos parece un escándalo moral, porque en la etapa adolescente es cuando se construye su personalidad y su conciencia moral y, al final, en cuanto entran en la escuela secundaria obligatoria, en el primer año de la ESO, el niño empieza a preguntarse a sí mismo -12 años, ¿entiende?, 12 años- a qué grupo pertenece: ¿a los mejores, a los peores, a qué grupo? La escuela, los adultos, los ciudadanos tenemos que velar por una correcta construcción moral de ese niño, por que tenga una imagen adecuada de sí mismo, y nos parece que su opción, y será legítima, va a ser muy negativa para el sistema escolar, para el sistema educativo y, lo más grave para mí y para mi grupo, muy negativa para la construcción de la personalidad y de la conciencia moral del niño -no hablo de la moralidad-, de la imagen que acabe teniendo de sí mismo. Por tanto, a partir de los 12 años, un niño sabrá socialmente cómo es mirado y supongo que estará en el grupo de medidas de refuerzo. Cuando llegue el momento ya hablaremos de esos centros especializados en el currículum. Ya no sabemos si van a ser los centros patera, si van a ser los antiguos institutos con solera o en qué va a consistir esto. Nosotros estamos en un profundo desacuerdo en ese ámbito. No nos pida que en lo demás volvamos a votar que sí a lo que ya no es que esté votado en esta Cámara; es que es legislación vigente y en este aspecto no tiene sentido. Hubiese sido muchísimo más interesante haber hablado de las medidas que tienen que tomarse y, como hacemos todos los días en el Pleno, reformas a tal código, reformas a tal ley, reformas y no lo que ustedes han hecho, que desde luego consideramos una contrarreforma con un malísimo calado para mejorar lo fundamental y lo que dijo la señora Del Castillo, el rendimiento escolar del alumno. No nos parece de ninguna de las maneras que vaya a hacerlo, porque los que necesitan mejorar su rendimiento escolar no son los superdotados, son los niños que tienen problemas.


Señor Calomarde, la concepción que ustedes tienen de la escuela trasladada a la familia es como si a un padre y a una madre con varios niños les dijesen: hay uno que tiene problemas. Pues al descansillo de la escalera, porque este niño no se puede mezclar, y, según como se porte, veremos si baja al portal y, cuando esté en el portal, si se sigue portando mal, a la calle. Precisamente al que más lo necesita es al que más ayuda hay que darle. Por lo tanto creo que no han sido buenas las soluciones que ustedes han traído a esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Brevemente, tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Con extrema brevedad, señor presidente. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque antes dije que íbamos a aceptar la enmienda 1036 de Convergència i Unió. Además, vamos a aceptar la 1037, en lo que se refiere a las administraciones públicas.


Es evidente que, por falta de tiempo, no voy a reproducir el debate que hemos tenido anteriormente, pero la señora Serna ha vuelto a insistir, cosa que entiendo, en sus argumentos y yo volveré a insistir en los míos.
Evidentemente, existe un desacuerdo de fondo importante y profundo respecto a lo que significan los procesos selectivos y de comprensividad de la educación. Teniendo en cuenta los juicios que ambos grupos parlamentarios tenemos acerca de estos procesos -si comparamos la LOGSE con esta ley o la política que en su momento llevó a cabo el Partido Socialista en educación con la que pretendemos llevar a cabo nosotros- es evidente que las discrepancias son profundas, aunque me da la impresión que son menores de lo que la propia señora Serna indica. En cualquier caso, apreciaciones como las que usted ha hecho, diciendo que seleccionar es moralmente incorrecto, son un juicio de valor. Sobre juicios de valor hay escritos tratados enteros. Difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en si es moralmente incorrecto. En cualquier caso, a mi grupo parlamentario no le parece oportuna la insistencia en la utilización de adjetivos de grueso calibre político por parte de su grupo parlamentario descalificando por completo problemas complejos convirtiéndolos en simples eslóganes. Esto sí me parece políticamente perverso, permítame que se lo diga. Por lo tanto, no es de rigor decir: han hecho ustedes una ley segregadora, que malos que son ustedes -ya sé que S.S. no ha dicho esto último, pero lo piensa o lo ha dado a entender-. No se puede decir que no están de acuerdo con los itinerarios que se describen en la ley, para decir a continuación que esos itinerarios, llámense como se llamen, los establecía la LOGSE. Entonces, por lo menos reconózcame, señora Serna, que no estábamos tan absoluta y diametralmente alejados -como no puede ser de otra

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manera en un país europeo, en cualquier democracia avanzada, porque tenemos problemas muy similares y soluciones muy parecidas y poco a poco lo serán más en el seno de la Unión Europea- como para que empleen ustedes, como lo ha hecho usted, la expresión de centros patera o cosas por el estilo. Yo creo que eso no sería compartido ni por los propios profesores, con toda seguridad, porque, no lo son ni por los centros. En cualquier caso, insisto, en los problemas educativos, que sin duda son complejos, son legítimas las discrepancias; lo que nos parecen inoportunas e improcedente son estas descalificaciones globales a priori que ustedes como grupo político han hecho de esta ley, mucho antes de que se estuviera presentada. Posiblemente esta ha sido una de las causas importantes para que el nivel de diálogo con su grupo parlamentario, que ustedes han reclamado en multitud de ocasiones, haya sido difícil, cuando no imposible, porque, de entrada, han planteado su oposición frontal a lo que ni tan siquiera en ese momento era un anteproyecto de ley. Comprenda usted que con esas actitudes políticas o parlamentarias a priori es francamente difícil llegar a mayores cotas de acercamiento o de consenso.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque quinto, que corresponde a los artículos 48 a 54 del informe de la ponencia, que a su vez corresponden al título II, de las enseñanzas de idiomas, y al título III, del aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas.


¿Desea hablar la portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que no ha presentado ninguna enmienda a este bloque?

La señora JULIOS REYES: No, señor presidente, no nos quedan enmiendas vivas en este bloque.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, pocas veces hubiera deseado tanto como hoy que Coalición Canaria tuviera más enmiendas, porque nos haría el trabajo más cómodo. ¿Por qué? Porque me daría más descanso interviniendo la señora Julios anteriormente.


A mi grupo le queda un montón de enmiendas a esta sección, concretamente de la enmienda 1039 a la 1044. La enmienda 1041 ha quedado incorporada en la ponencia, es la relativa a la realización de pruebas en el sistema escolar en el ámbito de la enseñanza de idiomas y de las escuelas de idiomas. Nos parece correcta tal y como ha quedado incorporada. La enmienda 1042, al artículo 49 antiguo -voy a seguir hablando con la numeración antigua, porque me aclararé más-, 51 nuevo, hace referencia al aprendizaje de adultos. Nosotros querríamos que se recuperara algo que aparecía en la LOGSE, y es la referencia a la colaboración entre las administraciones públicas entre sí, con mención especial a la Administración laboral. No entendemos muy bien por qué eso ha quedado suprimido del texto en la ley de calidad. No sé si es que no les suscita especial entusiasmo que colaboren las administraciones públicas entre sí o cuál es el motivo. Nosotros propondríamos que se dijera: "A tal fin, las administraciones educativas colaborarán con otras administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, con la Administración laboral". Esto se decía en la LOGSE -no ocultamos que lo hemos retomado literalmente del texto que ustedes van a derogar- porque nos parece que lo que era bueno sigue siendo bueno, como es ese impulso desde el legislador a las administraciones a colaborar entre sí y a que nadie considere que este asunto no va con ellos. Por tanto, que todo el mundo tenga claro que el aprendizaje de adultos es algo que compete, en primer lugar, a la Administración educativa, pero donde todas las demás administraciones con competencias, en general, en la formación de personas adultas, tienen algo que hacer y no pueden actuar cada uno por su cuenta. En el párrafo 7 de este artículo 49 que hace referencia a la formación de personas adultas, se dice que las administraciones educativas promoverán programas específicos de lengua y cultura españolas para facilitar la integración de las personas inmigrantes. Nosotros decimos que no tenemos ningún inconveniente en que también se promuevan programas específicos de lengua y cultura españolas, pero hay determinados ámbitos de España donde la mejor integración no se hará con el conocimiento de la lengua y cultura españolas. No tenemos nada en contra de que eso se enseñe, pero la auténtica integración se dará con la enseñanza de la lengua oficial en esa parte del territorio, oída esa comunidad autónoma. Además, en muchos pueblos y ciudades que podría citar, la lengua castellana es oficial, pero no es la lengua utilizada. Por tanto, lo lógico y normal -si no hubiera una prevención absurda que a veces puede uno llegar a percibir- es que se anime a las administraciones educativas o a promover simplemente la integración de las personas inmigrantes o, si hay que hacer una referencia a la lengua que facilitará esa integración, que se hable de la lengua o las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Les aseguro que un inmigrante marroquí si quiere integrarse en Manlleu y sólo habla castellano tendrá dificultades para integrarse, eso es así. Por supuesto que sabrá hablar, pero tendrá dificultades para integrarse en términos sociales, no en términos jurídicos y de derechos que los podrá ejercitar perfectamente.
Si hablamos de auténtica integración lo que tendrá que hacer la Administración educativa a ese inmigrante marroquí que acaba de llegar a Manlleu es enseñarle catalán, además de quizá enseñarle castellano. Hay gente que quizá no entiende esto porque no acaba de asumir la realidad social y lingüística del país en el que vive.


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El antiguo artículo 50, enmienda número 1043, hace referencia a todo lo que es la enseñanza básica de los adultos. Nosotros querríamos de nuevo que esto se convirtiera en un derecho, en los mismos términos en los que estaba planteado en la LOGSE, porque parece que aquí lo hemos reducido o que ustedes lo pretenden reducir. Por tanto, en este caso -no sé si en algún otro- cuando ustedes rechazan, me refiero al Partido Popular, la afirmación de que esta ley recorta derechos tienen que aceptar que es así porque ustedes están, en este caso concreto, recortando derechos que reconocía la LOGSE y que aquí quedan suprimidos. La otra crítica que establecemos a este texto es, de nuevo, de tipo competencial. Sigo insistiendo en el tema de fondo que nos preocupa en esta ley porque aquí el Estado se autoatribuye o recupera una competencia de la que no dispone y que no tiene ni con la LOGSE ni con las transferencias de competencias.


El párrafo 2 del artículo 50, después de la ponencia artículo 52, dice: La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario o en centros específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente (ya estamos con la pequeña cuña que demuestra una desconfianza tremenda), de conformidad con los requisitos mínimos que el Gobierno establezca. De nuevo no es sólo una enseñanza básica sobre un currículum que ya ha sido fijado como básico, con los criterios generales que como tales básicos ha fijado el Gobierno, sino que de nuevo se vuelve a fijar el Gobierno la facultad de establecer requisitos mínimos para que las administraciones educativas puedan autorizar centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario. Señorías, ¿qué confianza queda en las administraciones educativas? A veces da la sensación de que si fueran colonias tendrían mayor confianza en su gestión. Uno tiene la sensación de que quien ha redactado incisos en esta ley como éste, que se van reproduciendo una y otra vez a lo largo de la misma, siguen creyendo que las administraciones educativas españolas son una serie de señores malos y de gente mala -perdónenme la terminología pueril- y ruin que lo único que pretende es desmontar el sistema educativo español, perjudicar al conjunto del Estado e intentar que las cosas no funcionen, en lugar de ser tan leales servidores de la res publica como el mejor de los funcionarios del Ministerio de Educación, gente con el mejor interés para que su sociedad funcione y que intenta prestar el mejor servicio a la sociedad en la que vive. Eso no se percibe en esta ley. De nuevo tenemos aquí esta sensación de que para usted pueda utilizar un centro yo le tengo que decir como lo hace, porque si no peligra nuestra uniformidad. ¿Dónde está nuestro sistema autonómico, señorías?

Finalmente en este bloque, antiguo artículo 51 y actual 53, enmienda número 1044, no está claro la referencia a las administraciones competentes, ya que aparece en el párrafo 3 de dicho artículo la expresión: Las administraciones competentes organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza... ¿De quién estamos hablando? Uno podría pensar -si fuera malo, que no lo es que este es uno de los ejemplos que denotan que hay distintas plumas detrás de este texto y que la pluma que ha redactado la literalidad de este párrafo no es la misma que la que ha venido hablando hasta ahora de administraciones educativas. No lo sé. En todo caso no está claro que hablemos en toda la ley de administraciones educativas y de repente nos descolguemos hablando de administraciones competentes. En el artículo 51.5 de nuevo tenemos una de esas cuñas: Las administraciones educativas organizarán pruebas, de acuerdo con las condiciones básicas que el Gobierno establezca para obtener los títulos de formación profesional.


Finalmente, algo que es pura técnica legislativa. No entendemos que sentido tiene el párrafo 6 de este artículo 51 en el que se habla del acceso a la Universidad a los mayores de 25 años. No tenemos nada en contra del acceso a la Universidad de los mayores de 25 años. Es más, nos hemos preocupado mucho de este tema y este portavoz ha hecho varias iniciativas al respecto, pero no sé muy bien que tiene esto que ver con la ley de calidad de la educación. También pueden hablar a partir de aquí de otro tipo de problemas, de política social, etcétera. El acceso a la Universidad se regula en las leyes que regulan el acceso a la Universidad y aquí no estamos hablando del acceso a la Universidad y por tanto este párrafo sobra pura y simplemente.


El señor PRESIDENTE: Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: En relación al título II, enseñanza de idiomas, que corresponde a los artículos 48 (antes 46) y 50 (antes 48), el Grupo Parlamentario Socialista hace enmiendas de supresión y no tenemos más remedio que volver a señalar el criterio general por el que siempre acabamos diciendo que se supriman en algunas cosas que ya están legisladas. Señor Calomarde hay las cuatro bombas de relojería que antes le indicaba. No creo que ese sea un término grueso pero si lo es y me indica un sustituto lo aceptaré con mucho gusto.


Ustedes han querido introducir itinerarios, hay una larga retahíla pero cuatro cuestiones son fundamentales para mí y le voy a explicar por qué.
Los itinerarios de 12 a 15, el cuerpo de catedráticos, la privatización de la enseñanza y mermar la participación de la comunidad escolar -antes este último punto me lo aceptaba plenamente-, y ¿qué es lo que introducen? El cuerpo de catedráticos. Nosotros pedimos la supresión de este título y naturalmente de todo su articulado por un par de razones.
Todos sus artículos (del 48 al 50) son de nuevo una copia y le voy a decir de dónde, del capítulo

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II, del título II, de la LOGSE, enseñanzas de régimen especial, fundamentalmente en el artículo 50 y en la disposición adicional decimocuarta punto tres. Ahí está todo, ustedes no han añadido absolutamente nada y no tiene sentido votar que sí a algo que ya está legislado. Y cuando añaden o quitan algo es para empeorarlo. En el 48.4 hacen algo sorprendente. Hasta ahora a las escuelas de idiomas podían acudir los alumnos de primer ciclo de ESO pero ahora no y nos encontramos con que los niños de 12, 13, inclusive de 14 años ya no pueden estar ahí.
¡Pues han dedicado un capítulo entero a los superdotados! ¿Por qué no pueden ir los niños a esa edad si tienen capacidad suficiente, por qué han restado? Habrá alguna razón importante para que los niños de esas edades no vayan a la escuela precisamente cuando la importancia de los idiomas es enorme y cuanto más temprano mejor. Ustedes lo alargan en el tiempo y dicen que hasta que no tengan el título de secundaria no pueden acceder, luego no tienen en cuenta la edad, que es lo que habría que tener en cuenta en la cuestión educativa, sino la titulación. ¿Qué hacen en el artículo 48.3? Algo que nos ha parecido la madre del cordero de este asunto: introducen lo del cuerpo de catedráticos. Como han recuperado el cuerpo de catedráticos lo han tenido que ir introduciendo en cada uno de los ámbitos educativos en los que se podía meter. ¡Pues haber hecho un reajuste y no copiar todo un título II de la LOGSE para poder meter al final el cuerpo de catedráticos! Se quejaba el señor Guardans, y con toda la razón, de que en el artículo 48 invaden totalmente competencias educativas y ahora hablan de que tiene que haber pruebas homologadas. No entendemos cómo si tienen tantísima desconfianza en cuanto a las competencias de las comunidades han acabado las transferencias, ¡podían habérselas guardado!, y esperar a que nosotros llegásemos al Gobierno que, como sí creemos en las competencias en el ámbito autonómico y como sí creemos en la gestión de la educación en el ámbito autonómico, esta cuestión no la hubiésemos podido poner. Por último, si todo lo empeora y si es una simple copia, insisto en el sentido de este título al que decimos no: que ustedes han introducido lo del cuerpo de catedráticos, y punto.


Llegamos al título III, del aprendizaje permanente de las enseñanzas para las personas adultas. También aquí hay una sorpresa, porque nosotros pedimos la supresión, tanto del título como del articulado, desde la enmienda 782 hasta la 798. ¿Cuál es el motivo? De nuevo es una copia empedrada del título III de la LOGSE. Por otro lado, aquí no hay ni una sola medida de lucha contra el fracaso escolar. Dígame una, quizá no la he visto. Estoy dispuesta a debatirlo con usted. No hay ni una sola. No solamente no hay ni una sola, sino que además ustedes hurtan las condiciones favorables que ya estaban establecidas en la LOGSE para la enseñanza de los adultos, y no acabo de entender por qué lo hacen. Lo que nosotros llamamos condiciones favorables a ustedes les parece un auténtico escándalo, porque es un filtro, dejamos pasar a todos, abrimos las puertas del infierno para que llegue todo el mundo. Sí, lo mejor que nos puede pasar es que todo el mundo llegue a la cultura y a la educación. Desde luego, tal como tienen planteado este título III no tiene ningún sentido, porque resta condiciones de acceso a la educación y a la cultura. Le voy a decir dónde: en los artículos 49.2, 50.3 y 51.2 de la LOGSE. Es decir, todo lo que allí iba a ser favorable para incorporar una deuda histórica que teníamos con los adultos españoles, ustedes aquí simplemente las merman. Ahora les obligan a examinarse nada menos que de la prueba general de bachillerato. ¿Ustedes saben lo que están diciendo? Desde luego, en el ministerio nadie ha dado clase ni nadie ha trabajado en la educación de personas adultas, porque si no esto nunca se hubiese podido pedir, de ninguna de las maneras, y los expertos que les han enseñado no tienen ni idea de lo que es esto, porque no acabo de entender cómo es posible que ahora les obliguen a hacer la misma prueba que hacen los adolescentes cuando acaban su bachillerato. Por otro lado, endurecen las condiciones de acceso para todas las titulaciones: bachillerato, universidad y educación obligatoria. Una cosa sorprendente es lo que ustedes piden, según el artículo 50, ahora 52: La oferta de la enseñanza para adultos se ajustará nada menos que a los objetivos contenidos y a los criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas administraciones educativas, las mismas que van a ir para la escuela obligatoria y para el bachillerato. ¿Ese es el objetivo de la educación para adultos? ¿Educarles como si fuesen unos niños adolescentes que no tienen nada más que hacer que ir a la escuela, que tienen unas capacidades distintas y unas posibilidades diferentes? ¿Esto es lo que va a hacer la educación de adultos a partir de la ley de calidad? De nuevo ustedes se cargan un gran avance de las importantes leyes que ha habido hasta ahora. No quiero llamarlas ni siquiera leyes socialistas -aunque se hicieron con los gobiernos socialistas, como la LODE, la LOGSE y la LOPEG-, porque nos pareció que era una gran conquista para la sociedad y para la escuela española. Precisamente quiero decir que es una conquista para todos porque, excepto de ustedes, tuvimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. De manera que lo que nos parecía que era un gran avance, ahora, de pronto, sin saber cuál es la razón, suprimen totalmente esas condiciones favorables y dejan un aprendizaje permanente de grandísimas dificultades.


Quería comentarle dos cuestiones que nos han parecido que eran aportaciones que estaban muy bien. En el artículo 51, antes 49, su punto 4, que antes estaba solamente la población reclusa y ahora está la población hospitalaria, y en el artículo 59.7 programas de inmigración, con los que estamos plenamente de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para dos novedades positivas que se añaden al título III de la LOGSE, que ya está

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legislado, nos parecía que esto de nuevo era un reajuste y que no merecía la pena discutir aquí nada menos que todo un título de la educación permanente de adultos para dos cosas que nos parecen que están bien, cuando ustedes no saben en absoluto qué significado tiene lo de las enseñanzas para las personas adultas. Por tanto, pedimos una supresión total del título y del articulado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Por la extensión del debate, procuraré ser breve y, en alguna medida, sintético.


Respecto a la intervención que ha tenido el señor Guardans, ha manifestado fundamentalmente algo que llevamos debatiendo hace algún tiempo: la desconfianza que a juicio de su grupo introduce la ley con respecto a las comunidades autónomas y mucho más con relación al hecho autonómico. Es evidente que nuestro grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con esa aseveración, como sabe sobradamente el señor Guardans, aunque en este momento procesal tengamos una diferencia importante al respecto.


Ha citado como ejemplo de su apreciación el punto número 2 del artículo 52, antes 50, el que se refería a la enseñanza básica para las personas adultas, que podrá impartirse en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario o en centros específicos debidamente autorizados por la Administración educativa competente y de conformidad con los requisitos mínimos que el Gobierno establezca. Ahí indicaba el señor Guardans la desconfianza que el texto al parecer tiene con respecto a las administraciones educativas competentes. Creo que hemos tenido ocasión de hablar de esto en algún momento. En cualquier caso, es evidente que no compartimos esa apreciación de Convergència i Unió. Lo que parece ser que nos separa fundamentalmente es que los requisitos mínimos y las competencias básicas lo ha entendido el Grupo de Convergència i Unió, en palabras del señor Guardans en algún momento de este debate, como una invasión competencial. No es tanto esto, señor Guardans, en modo alguno, sino como -usted sabe la posición de mi grupo- la aplicación de las competencias que en materia educativa tiene la Administración central del Estado. Esto no tiene nada que ver con la desconfianza respecto a las competencias de las comunidades autónomas ni nada que se le parezca.
Lamento que esa diferencia de criterio haya llevado a mayores disensiones de las que presumiblemente hubiesen sido deseables.


Ha hablado usted también del punto 7 del artículo 51, antes 49, el que se refiere a que las administraciones educativas promoverán programas específicos de lengua y cultura españolas, para facilitar la integración de las personas inmigrantes. Le anticipo que en el Senado seguramente tendremos ocasión de ver algo en este sentido, aunque también le quiero indicar que la expresión lengua y cultura españolas es suficientemente amplia y comprensiva, como en el caso de las lenguas hace referencia el artículo 3 de la Constitución, que usted conoce sobradamente. En cualquier caso, es una interpretación absolutamente lógica y legítima, por otra parte, del artículo. En modo alguno es intención del Grupo Parlamentario Popular ni del Gobierno entrar en ningún tipo de colisión, como no podía ser de otro modo, con la oficialidad o cooficialidad de las lenguas autónomas. Por eso le anuncio que tendremos ocasión de hablar de estos asuntos en el trámite parlamentario del Senado.


También quiero comentarle, señor Guardans, la buena disposición de mi grupo parlamentario de aceptar la enmienda número 1042 por ustedes planteada, la que modifica el artículo 49, muy concretamente el párrafo que dice que a tal fin las administraciones educativas colaborarán con otras administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y en especial con la Administración laboral. Ya le anuncio la buena disposición de mi grupo para aceptar lo que ustedes tienen a bien introducir en esta enmienda.


Le comentaría muchas más cosas, pero la brevedad y la síntesis me parecen oportunas en este caso. Es un debate muy largo y voy a intentar responder lo más sensatamente posible a la intervención que ha tenido la señora Serna por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Vuelve a insistir -y vamos a repetir probablemente argumentos anteriores- en las enmiendas de supresión del artículo 48 en adelante. La señora Serna vuelve a insistir, en un tono parecido al de la intervención anterior, en sus discrepancias, que ya nos son sobradamente conocidas, con respecto a los itinerarios, con respecto al cuerpo de catedráticos. Señora Serna, efectivamente ahí tenemos una discrepancia, es evidente. Ustedes no lo ven conveniente, nosotros sí; en cualquier caso esa discrepancia parece difícilmente salvable en este momento. Dicen ustedes que escribimos en la ley el punto 3 del artículo 48, antes 46, a efectos de que el profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer a los cuerpos de catedráticos o de profesores, etcétera. Ciertamente es así. No le voy a discutir lo que dice la propia ley. Sí discuto la supuesta intención aviesa o de ocultación. En una ley no se oculta nada que no esté escrito. Un problema diferente, naturalmente, son las interpretaciones de los articulados de las leyes; eso es otra cosa diferente. Pero, en cualquier caso, es evidente que nosotros pensamos esto y así lo hemos puesto en la ley; que ustedes discrepan con respecto a la creación, a la instauración o recreación de este cuerpo docente también parece evidente. Ustedes han dado sus razones, como que les parece una jerarquización. A nosotros no.
La experiencia docente española no solamente en lo que llevamos de este siglo, sino en el anterior -como usted sabe perfectamente desde

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la Ley Moyano han pasado más de 150 años-, respecto a la creación y ejercicio de este cuerpo docente, no ha sido especialmente nefasta para la educación ni para la cultura españolas en general. Qué le vamos a hacer; tenemos una diferencia, asumámosla y santa paz; fíjese lo claro que es uno con respecto a estas cosas cuando hay diferencias.


Quisiera comentarle algo sobre lo que usted dice respecto a las condiciones para acceder a las enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas. Creo que intencionadamente dice usted: Se requerirá estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
Efectivamente así lo entendemos y el Gobierno y nuestro grupo parlamentario creen que una titulación en este sentido es conveniente.
Pero también -y usted ha omitido esta parte del punto 4 del artículo- se señala: Título de graduado en educación secundaria obligatoria o certificado de escolaridad o de estudios primarios, con lo que se eliminarían, creo, los problemas a los que usted se refería en su intervención. Habla usted también de diversas invasiones competenciales -no recuerdo exactamente la palabra que usted ha utilizado, aunque creo que no ha sido exactamente esa y si usted no lo ha hecho yo tampoco lo voy a hacer-, y se refería creo que fundamentalmente al artículo 50, antes 48. Señora Serna, como sabe usted, este artículo hace referencia a la realización de pruebas en el sistema escolar. Lo voy a leer para que toda la Comisión tenga sobrada noticia del mismo: Las administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de educación secundaria y formación profesional.
A juicio del Gobierno, de mi grupo parlamentario y del propio portavoz que le habla no nos parece que esto sea una invasión competencial de nada, a no ser que usted y yo, como portavoces en este momento de nuestras respectivas formaciones, tengamos una discrepancia profunda respecto al sentido de la homologación que en absoluto supone uniformidad, ni uniformismo; parece enteramente razonable que el conjunto de nuestros alumnos en un país como el nuestro tengan pruebas de homologación generales que hagan posible lo que dice el artículo. Nos parece enteramente razonable; creemos que vertebra y articula un sistema educativo común que, insisto, no uniformiza ni es una invasión competencial y además es una competencia que pueden perfectamente desarrollar las administraciones educativas. Insiste usted -esto sí me parece sorprendente y lo digo sin ningún ánimo de polemizar estérilmente con usted en modo alguno- en pedir la supresión de esta parte del articulado porque es una reiteración de la LOGSE. Señora Serna, entiendo que a ustedes les pueda parecer inconveniente que una ley de esta naturaleza recupere o mantenga títulos, artículos o lo que usted quiera de anteriores proyectos de ley. Le estoy explicando con absoluta claridad y con una cordialidad total desde el punto de vista parlamentario que a mí no y que además me parece enteramente positivo. Otro problema diferente es que ustedes lo entiendan como una reiteración innecesaria.
Puedo entender ese argumento, pero permítame decirle que no entiendo que a usted le parezca mal que respetemos en algunos puntos una ley que hicieron ustedes. En principio debería felicitarse usted por ello, no está tan mal. Un problema diferente es que usted me diga: Señor Calomarde, puedo coincidir con usted en que no esté tan mal porque lo hicimos nosotros, pero por otra parte lo que le digo es que es innecesario. Estaríamos seguramente en otro tipo de debate. No creemos que sea especialmente innecesario como usted nos sugiere. Sobre todo, vuelvo a insistir, no entendemos cómo les puede parecer tan negativo y tan mal si lo único que hace el proyecto de ley es repetir, innecesariamente insisto, asuntos que ustedes supuestamente legislaron.
Como ustedes lo que nos presentan -y con esto termino, señor presidente- es una enmienda de supresión, parece evidente que nuestro grupo parlamentario no la pueda aceptar porque no puede, lógicamente, el grupo que sustenta al Gobierno y que apoya manifiestamente el texto del proyecto de ley, tirar piedras sobre su propio tejado y suprimir partes enteras de un proyecto de ley, de la misma manera que ustedes lógicamente no lo harían nunca.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, brevemente.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Brevísimanente, señor presidente. En estos temas de la cosa autonómica obras son amores y no buenas razones; uno puede tener aquí un gran discurso de respeto, pero, si después la ley no respeta, no hay respeto. Puede usted manifestar confianza, pero si después hay que pedir permiso es como decir: Niño, me fío de ti, pero pide permiso cada vez que salgas de casa. No te estás fiando de mí. Si hay prohibición, hay prohibición, por mucho que a uno le den palmadas en la espalda. Por tanto, esta ley rezuma desconfianza, aunque la retórica vaya por otro lado para intentar encubrirla; convierte en norma jurídica la desconfianza.


Por otro lado, esa referencia que ha hecho a lo que se va a modificar en el Senado la recibo positivamente, pero le insisto en que no sólo estoy hablando del respeto a una lengua que es oficial en Cataluña o que pueda ser oficial en otras partes del Estado en materia de integración de inmigrantes adultos, sino que estoy hablando de algo mucho más sencillo, que es de integración. No es un tema de respetar la oficialidad, sino de integración. Si lo que queremos es la integración, para facilitarla en muchas partes de España, las administraciones educativas lo que tendrán que hacer es enseñar la lengua que se habla allí donde esa persona se tiene que integrar, no sólo porque es oficial y por los grandes debates sobre la oficialidad. No voy a perder el tiempo

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con este tema, pero me parecería interesantísimo interpretar en su pensamiento que la expresión: lengua y cultura españolas (con una derivación hacia el artículo 3 de la Constitución) puede llegar a suponer también la lengua catalana. Sería una lectura interesantísima, de la que podemos sacar muchísimas consecuencias en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, pero en todo caso no es la lectura que tiene el 99,9 por ciento de las leyes vigentes, así que no voy a entrar mucho en ello.


El señor PRESIDENTE: Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: También seré breve.


Señor Calomarde, el problema no es que a nosotros nos siente mal que haya una copia, que además es una mala copia y un manoseo, de la LOGSE; no es eso de lo que se trata, es que ustedes pervierten los fines de la LODE, de la LOGSE y de la LOPEG; ese es el problema. Antes le decía: Si nosotros con esas leyes, fundamentalmente con la LOGSE, lo que buscábamos era una escuela comprensiva, ustedes la hacen selectiva. Por tanto, están haciendo un manoseo jurídico totalmente improcedente.


Voy a decirle más, porque viene al caso de lo que estamos tratando.
Ustedes han tendido a hacer una escuela tan selectiva por lo que precisamente no quieren llamar itinerarios pero que acaban siéndolo, pero además tienen la manía de examinar. Ustedes ni se fían de las comunidades autónomas ni se fían del profesorado. Aquí de pronto nos aparece -y no estaba, es nuevo- un artículo donde se dice -cuando las escuelas de idiomas pertenecen a las competencias autonómicas- que hay que examinar, porque piensan que las comunidades autónomas lo harán todo lo mal que puedan para que nadie sepa idiomas. ¡Qué cosas se les ocurren a ustedes! Ahora traen una prueba homologada también. En el artículo 50 de la LOGSE, capítulo II del título I, precisamente cuando habla de ello dice que esto pertenece a una normativa específica de las comunidades. No entendemos por qué ahora ustedes tienen que hacer esa prueba homologada. No nos parece que tantos exámenes como a ustedes les gusta a hacer vayan a arreglar el asunto. Le voy a poner un ejemplo si quiere burdo, pero quizá clarificador. Es como llevar un coche que funciona mal todos los días al taller y cuando acabas dices: No funciona, y te vuelves a ir. Ustedes hacen muchas pruebas, de acuerdo. Vamos a imaginar que les dice que no funciona el sistema. ¿Dónde están las medidas para que funcione? No las vemos por ningún lado. Por eso le decía: si la LODE, la LOGSE y la LOPEG están hechas para una escuela (fundamentalmente la LOGSE, insisto) comprensiva, ustedes la hacen selectiva, ya la hacen selectiva hasta las enseñanzas de régimen especial. Para nosotros era participativa. Eso era la LODE y eso era la LOPEG. Ustedes, sin embargo, la han hecho totalmente jerarquizada. De ahí viene que le quisiera contestar porque usted ha puesto en mi boca palabras que yo no he dicho en relación con los catedráticos. He dicho que a mi grupo le parecía muy mal la recuperación del cuerpo de elite de los catedráticos, pero no nos parecen mal los catedráticos, porque, no es por nada, usted y yo somos catedráticos; no me parece mal, en absoluto. Lo que no me gusta es que de nuevo haya una escuela jerarquizada. Usted dice: Muchísimos profesores nos han ayudado.
No sé dónde he dejado el documento -luego se lo enseñaré y lo voy a aportar a la Mesa-, que tiene 2.500 firmas, en el que precisamente ellos hablan de lo que les parece volver al cuerpo de catedráticos. Preguntan: ¿Estos cambios van a mejorar el funcionamiento de los centros y la calidad de la enseñanza? Eso es lo fundamental de la LOCE. ¿Suponen una mejora para la carrera docente del profesorado? Van explicando punto por punto que no.


¿Qué ocurre? Se lo voy a recordar. En este momento, ni los presidentes de audiencias provinciales ni de audiencias territoriales, de las comunidades, son cargos vitalicios; ni los fiscales jefes son cargos vitalicios, nadie; incluso el presidente del Gobierno, el señor Aznar, ha considerado que no debe haber cargos vitalicios. Muy bien, está estupendo. Ustedes dicen: Menos en España, donde los catedráticos serán vitalicios hasta que mueran. Lo que ustedes están intentando hacer aquí es un absurdo, aunque no sé si quizá los catedráticos estarán muy contentos. La cátedra sí tiene sentido para tu condición personal, para tu mejora de la enseñanza, para dar mejor una clase, pero en qué va a mejorar que haya un señor que además, sin experiencia docente, sea jefe del departamento. Les recuerdo que acabas la carrera a los 23 años y puedes acceder al cuerpo de catedráticos. Experiencia docente -¿Decimos cero patatero?-: cero patatero. ¿Qué es lo que ocurre? Con ese cero patatero ustedes convierten de forma vitalicia a un niño de 23 años, a un licenciado joven de 23 años en jefe de departamento. Además taponan completamente -como muy bien dice este documento- las posibilidades de una carrera docente. Nos encontramos con que si en este momento casi el 30 por ciento del profesorado puede obtener la condición de catedrático con lo de ustedes se rebaja nada menos que al 12 por ciento, porque hasta que no se jubilen no pueden acceder otros. Esto es totalmente contrario al intento de renovación de plantillas.


Nosotros no vamos contra los catedráticos, pero sí contra la jerarquía que ustedes han introducido, por eso decíamos que es totalmente autoritaria.
Si para nosotros tenía que haber un impulso a la enseñanza pública, para ustedes existe de nuevo esa opción privatizadora que no acabamos de entender. De manera que de alguna forma LOGSE, LODE y LOPEG están totalmente no copiadas sino mal copiadas en el sentido de que -no es que no las hayan copiado bien literalmente, que están copiadas- para ustedes tienen unos fines totalmente contrarios de los que tenían cuando esas normas se aprobaron en este Parlamento.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Intervengo con absoluta brevedad.


Al señor Guardans, de Convergència i Unió, le quería comentar dos cosas.
Con respecto a la apreciación que él ha realizado de lo que este portavoz ha comentado del Senado, le diré que efectivamente he dicho que el punto 7, el de la lengua y cultura españolas, seguramente tendríamos ocasión de debatirlo, de cotejarlo en la Cámara Alta.


También me gustaría (aunque es un debate prolijo, para el que no tenemos tiempo ni es el momento, aunque no quiero dejar de anotarlo) decirle que efectivamente la expresión lengua y cultura españolas es afortunadamente muy rica y sí, señor Guardans, podemos interpretar perfectamente ese plural como ese plural puede ser interpretado constitucionalmente, sin que ni usted como portavoz del grupo nacionalista de Convergència i Unió... (El señor Guardans i Cambó: No está en plural.) Sí, perdóneme; pone lengua y cultura españolas; y es un hermoso plural. (El señor Guardans i Cambó: Lengua y cultura.) Déjeme hablar. Lo podemos interpretar perfectamente, si ustedes quieren, por qué no, de la misma manera que el artículo 3 de la Constitución reconoce como españolas las lenguas propias de las comunidades autónomas, como en su caso el catalán.
Sería magnífico poder tener un debate de esta envergadura política y cultural en la Cámara; lamento que no sea el momento procesal oportuno.


En segundo lugar y respecto a la intervención de la señora Serna, vuelvo a ver las mismas diferencias que veía, y no son salvables; seguramente por eso no estamos en la misma posición política usted y yo, señora Serna.
(La señora Serna Masiá: Lo siento por usted.) Bueno, ya, ya. Ha hablado usted de manoseo y perversión; permítame una sonrisa, en modo alguna ácida. Señora Serna, manoseo y perversión son palabras suficientemente fuertes y en cierta manera atractivas. Habla usted de nuestra manía de examinar; no es ninguna manía, es una opción. Comprendo que existan diferencias educativas y políticas de fondo. No tengo tiempo de ampliarlo.


Dice usted que no nos fiamos -podría habérselo comentado antes al señor Guardans-. Dice: No se fían ustedes ni de las comunidades autónomas ni del profesorado; creo haber oído las dos cosas, corríjame si me equivoco.
No es que el Grupo Popular no se fíe de las comunidades autónomas en esta ley, no; cosa diferente, que no sólo estoy dispuesto a admitir sino también a defender, es que el Gobierno y nuestro grupo parlamentario apuesta por que la Administración central del Estado cumpla sus competencias en el conjunto de las comunidades autónomas. Si me habla de eso, le aseguro que el proyecto de ley apuesta por ello, y que me parece enteramente defendible y absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo y por razones políticas profundas, que no son objeto de este escaso minuto o minuto y medio que la presidencia ha tenido la amabilidad de concederme, han sido una de nuestras grandes carencias, que ha contribuido precisamente no a mejorar nuestro sistema educativo sino a introducir dosis importantes de desvertebración y desarticulación educativa en España. Estoy planteando un problema bastante serio sin ningún tipo de demagogia. La Administración central del Estado tiene competencias constitucionales y legislativas, que tiene perfecto derecho a ejercer en concordancia, en colaboración y con respeto a las comunidades autónomas y a sus competencias. Por eso apuesta esta ley; es una apuesta política muy importante del ministerio y del Gobierno, que este grupo parlamentario sustenta.


No voy a insistir más, señora Serna, porque es evidente nuestra discrepancia, respecto al cuerpo de catedráticos. Efectivamente, usted y yo somos catedráticos, aunque no exactamente por la misma vía de acceso -en cualquier caso, no seré yo quien comente esto, como es natural-, y a usted le parece que sustituimos un sistema de participación por otro jerarquizado, contribuyendo con ello a hacer imposible o inviable una carrera docente. Es evidente que el Gobierno no piensa esto, y mi grupo parlamentario tampoco. Es una discrepancia clarísima que tenemos.


Respecto a la apreciación que ha hecho usted de que podríamos hacer catedráticos a niños de 23 años, le sugeriría que observase que lo que la ley establece es que titulados universitarios, tras las correspondientes pruebas, puedan acceder a un determinado puesto funcionarial docente; que no es lo mismo que lo que usted acaba de señalar. La diferencia es muy importante, y me parece enteramente defendible. Le ruego, porque me parece de justicia hacerlo, que se lea con serenidad ciertos artículos de la ley para comprobar que en modo alguno se lesionan derechos adquiridos, ni profesionales ni económicos, de los docentes que están actualmente en posesión de la condición de catedrático. Esto es evidente; usted lo sabe y yo también. Un problema diferente -insisto- es que su grupo parlamentario no esté de acuerdo en una determinada medida que el Gobierno piensa llevar adelante. (La señora Serna Masiá: Desacuerdo profundo, sí.)

El señor PRESIDENTE: Dispone usted de un minuto, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor portavoz del Grupo Popular, señor Calomarde, si el texto del que estamos hablando dijera: lenguas y culturas españolas tendría usted toda la razón, pero no es lo que pone.
Dice: lengua y cultura españolas; luego, el plural de españolas habla de la españolidad de la lengua y de la españolidad de la cultura. Si usted lo convierte en lenguas y culturas españolas yo se lo suscribo, me autoenmiendo

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y le doy un abrazo al acabar la Comisión, pero me temo que después alguien le dará un capón, le corregirá y le recordará los principios fundacionales del Partido Popular: en España no hay lenguas y culturas.
Así nos están gobernando ustedes en este punto concreto. Por tanto, no juegue usted con mis palabras ni intente dar la imagen de lo que no es.
Si la ley dice: lengua y cultura españolas, ahí no entra más que la lengua castellana, y así es cómo se está haciendo y cómo ustedes gobiernan. Si usted quiere que entren otras ponga lenguas y culturas españolas, y verá cómo nos entendemos.


El señor PRESIDENTE: Vamos bien de tiempo. (La señora Serna Masiá pide la palabra.)

Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Solamente quiero solicitar que antes de que fije usted la continuación del orden del día haga un receso de cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Lo iba a hacer, pero antes prefiero decirles lo siguiente. Tras haber hablado con algunos diputados, propongo que continuemos, porque hay tiempo, con el bloque sexto, que corresponde al título IV del proyecto de ley. A continuación procederemos a la votación de los bloques cuarto y quinto porque algún grupo parlamentario me ha indicado que no estaba en condiciones de votar el bloque sexto. Por tanto, la votación del bloque sexto la dejamos para mañana.


Asimismo, propongo una modificación de la ordenación del debate para mañana en el sentido siguiente. Nos quedarían para mañana los bloques siete, ocho, nueve y diez. El bloque siete que comprende los artículos 62 a 93 es un bloque con enjundia y merece tener un debate específico, pero el título VI, que se corresponde con los bloques ocho y nueve y que comprende los artículos 94 a 100, tiene pocas enmiendas y muy pocos artículos, por lo que podría ser debatido conjuntamente con el título VII si así lo estiman los grupos parlamentarios. Creo que es una ordenación racional. El bloque número diez lo dejaríamos para el final.


Así pues, hoy debatiríamos hasta el artículo 61 del informe de la ponencia inclusive. Asimismo, de acuerdo con la opinión del señor letrado que yo asumo, parece que es más lógico y procedente que votemos el articulado al final de todas las enmiendas, por lo que dejamos el articulado para mañana. La votación de hoy será no antes de las siete y media de la tarde.


Como dice la señora Serna, creo que nos merecemos cinco minutos de descanso para continuar el debate posteriormente. (Pausa.)

Señoras y señores diputados, nos corresponde, conforme con lo acordado, debatir el bloque sexto, título IV del informe de la ponencia y título IV bis con las enmiendas presentadas por algún grupo parlamentario.


En relación con este bloque y este título Coalición Canaria tiene viva una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: En este apartado quisiéramos comentar la incorporación en el artículo 55, funciones del profesor, de una enmienda transaccionada en el trámite de ponencia porque va a tener relación con la enmienda que mantenemos viva. La enmienda transaccionada en trámite de ponencia, que fue la número 67, hace referencia a la incorporación, dentro de las funciones del profesor, de la participación en todas las actividades complementarias incluidas en la programación general anual dentro o fuera del recinto educativo. Esta incorporación nos parece importante porque el concepto de actividades complementarias, muchas de las cuales son actividades también extraescolares, forma parte del proceso de aprendizaje y del proceso en sí del conocimiento. Nosotros entendíamos que esto debía quedar explícitamente recogido en el texto y así ha sido.


Otro aspecto que nos parece importante es que se haya incluido -creo que hay enmiendas de otros grupos del mismo tenor- dentro de las funciones del profesorado, además de la coordinación de las actividades docentes y de gestión, la de dirección. Se ha comentado por distintos grupos a lo largo de esta mañana y esta tarde la dificultad con que a veces se encuentra el sistema educativo para cubrir los puestos directivos. De alguna forma entendemos que es bueno que se recoja esto dentro de las funciones del profesorado.


Con respecto al artículo 58, de la formación permanente del personal docente, sólo quiero comentar que se ha incorporado casi textualmente la enmienda que nosotros planteábamos. Quiero resaltar que nos parecía importante su incorporación para que se reconocieran las competencias de las comunidades autónomas en la formación de los funcionarios docentes, porque está así recogido hasta en los propios estatutos de autonomías e inclusive en los reales decretos de traspaso de competencias. La redacción que ahora se ha dado al texto es más acertada y cercana a la propuesta que nosotros planteamos.


Por último, la enmienda 70, que queda viva y que fue recogida en parte en la ponencia también a través de una enmienda del Grupo Popular, pretende garantizar al profesorado en la realización de sus funciones la cobertura de la responsabilidad patrimonial. Aquí ha sido recogida como responsabilidad civil. No nos parece mal, pero sí debería añadirse al final de la frase que figura recogida en el texto de la ponencia: "así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional", y en relación con la enmienda anterior que hablaba de las actividades complementarias, la siguiente frase: "en

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relación con sus funciones realizadas tanto dentro como fuera del recinto educativo". Incorporando esta frase se cierra un poco más el círculo de la importancia que se da a las actividades complementarias dentro de la programación del centro, unas actividades que refuerzan desde el punto de vista teórico y práctico tanto el aprendizaje como el conocimiento.
Asimismo, es importante que la cobertura de responsabilidad civil de los profesores abarque la realización de sus funciones no sólo en el estricto ámbito del recinto educativo, sino también aquellas que recogidas al amparo de esta ley se puedan realizar fuera. Todos sabemos que se han producido problemas concretos en muchas comunidades autónomas, también en la nuestra, y desgraciadamente son problemas que terminan judicializándose. Son situaciones a las que perfectamente se puede dar amparo en esta ley, queda más claro para los padres y sobre todo para los profesores y la propia Administración educativa.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, tiene la palabra en nombre de Convergència i Unió.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, comienzo con la enmienda 1045 al artículo 53 (antiguo), donde proponemos una revisión en dos puntos de las funciones del profesorado tal cual aparecen definidas. Concretamente nos sorprende un poco una referencia a las funciones de dirección y coordinación que ha quedado parcialmente suplida por una enmienda -no recuerdo muy bien de quién- que figura incorporada en la ponencia y que supongo es del propio Grupo Popular. (El señor Calomarde Gramage: Sí.) Pero sigue faltando una referencia a lo que nosotros mencionamos con la letra g), la función de la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Llama la atención que en el propio artículo 1, letra i) de esta ley, se reconozca como uno de los principios de calidad el fomento y promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Es decir que aparezca entre los principios de calidad la investigación, el fomento, la experimentación y la innovación educativa y que después eso no se recoja como una de las funciones del profesorado. Si es uno de los elementos que deben caracterizar la calidad, según la propia jerarquía establecida por el Grupo Popular, ¿por qué se suprime de aquí? Ese es el sentido de nuestra enmienda.


Hay otra enmienda al artículo 54 que se explica por sí sola y la 1.047 al artículo 55 que se refiere a la formación inicial. Es una enmienda que incluye distintos puntos, es un poco larga y no me voy a detener en todos ellos porque, a diferencia de las de antes que trataban de temas competenciales, ahora tratan de cuestiones más precisas; pero sí querría detallar un tema concreto, y es el exceso que, a nuestro juicio, tiene el párrafo 3 del antiguo artículo 55, hoy artículo 57, porque establece: "El Gobierno regulará las condiciones de acceso a ambos períodos, así como los accesos del correspondiente título de especialización didáctica, y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación". De nuevo puro intervencionismo, de nuevo desconfianza, de nuevo recuperación de competencias por parte de la Administración general del Estado y, muy particularmente, entendemos que esa referencia a las condiciones de acceso está fuera de lugar, porque efectivamente una cosa es que el Estado regule las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, para lo que tiene competencia reconocida expresamente por el artículo 149.1.30 de la Constitución, y otra muy diferente que para obtener el título de especialización didáctica, que en el proyecto de ley ha perdido la consideración de profesional que tenía en la LOGSE, el Gobierno pretenda regular todas las condiciones de acceso al curso en sus períodos teórico y práctico e incluso las adaptaciones específicas para las enseñanzas de formación profesional, artística y de idiomas. El Estado sólo puede y debe limitarse a fijar las condiciones básicas dejando que las comunidades autónomas las desplieguen después normativamente.


El antiguo artículo 56 ha quedado muy mejorado con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular incorporadas en ponencia. Por tanto, no me duelen prendas reconocer que el texto actual es mucho mejor que el texto del proyecto de ley originario, lo que no nos impide mantener la enmienda porque seguimos creyendo que la nuestra coincide mejor con nuestra perspectiva, aunque sin duda en materia de formación permanente del profesorado queda mucho mejor tal cual está después de la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en ponencia.


La enmienda número 1049 al antiguo artículo 57 ha quedado incorporada en la ponencia.


En la enmienda número 1050 al artículo 58 tenemos de nuevo un problema competencial en materia de evaluación del profesorado. Entendemos que las características, las condiciones y el procedimiento de evaluación del profesorado es competencia autonómica, por lo que aquí podemos decir que hay un exceso de intervencionismo.


Finalmente, algo que nos provoca especial molestia, aunque no sé si es una palabra muy jurídica, pero que nos perturba particularmente -igual que decía antes en otra materia- es que se impongan obligaciones a la comunidad autónoma, sin darse cuenta de lo que supone y con la comodidad que tiene hacerlo desde un despacho -en lo que se refiere a la redacción del proyecto de ley- o desde esta Cámara, sin valorar las consecuencias políticas que de ello se derivan. Me refiero a nuestra enmienda número 1.051 al artículo 59. El artículo 59, actualmente artículo 61 en el informe de la ponencia, establece que las administraciones educativas, de acuerdo con su programación general de la

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enseñanza, favorecerán -lo que es un futuro, pero tiene un elemento imperativo en términos legales-, y a partir de aquí da una lista de aquello que las comunidades educativas favorecerán, que es lo mismo que decir deberán favorecer; es decir, les impone la obligación de desarrollar determinadas actividades políticas, de tomar determinadas decisiones políticas. ¿Qué es lo que las administraciones educativas deben hacer con esta ley en la mano a partir de la entrada en vigor de esta ley orgánica? Deben reconocer la complejidad de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos -dinero-; deben reducir la jornada lectiva de los profesores mayores de 55 años que lo soliciten con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones; deben reconocer la labor del profesorado atendiendo a su especial dedicación al centro por medio de incentivos económicos; deben realizar actuaciones destinadas a premiar la excelencia y deben desarrollar licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que se establezcan. De nuevo es vergonzoso que en un texto de este tipo se puedan cargar sobre las espaldas de la Administración educativa estas obligaciones. Primero, en términos estrictamente competenciales, porque se reduce totalmente la facultad de tomar las decisiones políticas que se estimen oportunas. Algunas de estas cosas se harán, otras no se harán y otras se harán como cada Administración oportuna tenga por conveniente, porque no son delegaciones provinciales del Ministerio de Educación; son administraciones políticas, que responden políticamente ante parlamentos, que han sido elegidas por parlamentos elegidos por sufragio universal y que en el ámbito de sus competencias responden políticamente. No es de recibo que la ley orgánica imponga estas obligaciones y, por tanto, en algunas casos permita o pueda dar la lectura de que se permite, que a nuestros efectos ya es bastante, que alguien crea que le otorga un derecho y que, por ejemplo, en el artículo 59.1 b), donde se habla de la reducción de jornada lectiva de los profesores mayores de 55 años, en lugar de ser algo que pueden hacer las comunidades autónomas, al estar redactado en estos términos, se convierta en un derecho de los profesores mayores de 55 años. Cabe la posibilidad, lo cual es absolutamente inconstitucional porque supone una invasión competencial muy gruesa, de que se interprete que esta ley orgánica está atribuyendo a los profesores mayores de 55 años el derecho de exigir ante las administraciones educativas una disminución proporcional de retribuciones o simplemente una reducción de jornada lectiva, porque ese derecho se lo da una ley orgánica. Esa ley orgánica lo da pero esa carga financiera y la obligación de tomar la decisión política que de ahí se derive recae sobre una administración educativa que no tiene nada que ver ni con la Administración general del Estado ni con esta respetabilísima Cámara a la que pertenecemos. Es un ejemplo claro, una vez más, de cómo el abuso competencial es muy difícil de sacarlo de tal artículo o tal otro. Es un tema que empapa toda la ley.
Alguien sentado en la capital del Reino va decidiendo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los permisos que retira, las cargas financieras de unos y otros con absoluto desprecio al reparto político, al reparto competencial, a lo que fija la Constitución y a lo que fijan los estatutos. A partir de ahora tendrá estas obligaciones nuevas y, si no le gusta, proteste, pero en todo caso las tiene, yo se las impongo por ley y permito que sus propios ciudadanos le vengan a recurrir y a reclamar a usted aquella obligación que yo le he impuesto a usted como Administración educativa. Son de esas cosas que uno, que conoce un poco la Constitución, un poquito el estatuto de autonomía y otro poco la jurisprudencia constitucional, tiene la confianza de que durarán poco y de que todo esto es uno de esos ejes que saltará en cuanto el Constitucional le pueda meter mano a este texto. Nosotros lo que hacemos es convertir ese tan sencillo favorecerán en un podrán favorecer. Si lo que se quiere es hacer un listado de cosas que las comunidades autónomas puedan hacer, lístese, pero en lugar de imponerse como obligación, conviértase en las comunidades autónomas podrán favorecer y, a partir de ahí, podrán o no podrán. De aquí no nace ningún tipo de obligación para uno ni de derecho para otro. En ese pequeño detalle, entre el favorecerán y el podrán favorecer, puede ir la constitucionalidad de la ley en este punto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: En primer lugar quería indicar a la Mesa que el título IV, en relación con los artículos 55 a 61 actuales, será defendido en su totalidad por esta diputada, y el título IV bis, de adición, que tiene cuatro artículos, será defendido por la señora Chacón.


A este título IV, cuya rúbrica es de la función docente, hemos presentado una enmienda de modificación para que la rúbrica nueva del título sea del profesorado, precisamente porque este título trata de elementos que trascienden lo que es la función docente; trata de las condiciones laborales, los incrementos salariales -que ahora veremos cómo están ligados a la evaluación-, la renovación de plantillas, la reforma de la formación inicial, la potenciación de la formación permanente, un nuevo complemento retributivo y algo que están esperando los profesores desde hace mucho tiempo, que es una verdadera promoción profesional. Esta es la justificación de que hayamos puesto este título más genérico, del profesorado, que engloba más que el de la función docente. Abarca de la enmienda número 799 a la 830 y, por tanto, voy a comentar los artículos 55 a 61.


En primer lugar, presentamos una enmienda de supresión a los dos artículos -el de formación del profesorado

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y el de valoración de la función pública docente- precisamente porque nos parece que los aspectos que vamos a tratar están profundamente imbricados entre sí y no pueden estar separados y desconectados; parecería un pastiche esa disociación en dos apartados distintos. Nos parece que el antiguo artículo 53, de funciones del profesorado, tal y como está redactado por el Gobierno plantea un concepto muy antiguo de la docencia, un poco caduco o, si quieren, vetusto, arcaico y que respondería, de alguna manera, a lo que ha estado defendiendo toda la tarde el señor Calomarde. Precisamente él me ha gastado una pequeña broma, pero de calado, porque me ha dicho -voy a empezar por ahí- que efectivamente ambos somos catedráticos, pero que él es de pata negra. (Risas.-El señor Calomarde Gramage: No he dicho eso, señora Serna.) Ha dicho que eran exámenes distintos. Quiero recordar aquí que efectivamente, siendo distinta la introducción a la cátedra, sin embargo, gracias a sus investigaciones didácticas, a su tesis y a su innovación, esta diputada, que defiende en este momento en nombre de su grupo parlamentario con grandísimo honor estas modificaciones al proyecto del Gobierno, tuvo que dar muchas clases de pedagogía a los catedráticos de pata negra. Dicho esto, que es una simple broma al señor Calomarde -a quien conozco desde hace muchos años-, entramos en materia. Esa broma también tiene relación con lo que venimos diciendo toda la tarde y con lo que querría defender ahora.


Las funciones del profesorado -por eso decía que no estábamos de acuerdo y hemos introducido una modificación al antiguo artículo 53- tienen que estar en relación con un único y fundamental objetivo en cuanto que son docentes y es a incrementar el rendimiento escolar de los alumnos y a producir una mejora en el sistema educativo. Nosotros, en relación con las funciones del profesorado que ahora vamos a señalar, partimos de que el modelo educativo no se tiene que basar en la concepción antigua y caduca de lo que era el docente; creíamos que ya estaba reformado a partir de la LOGSE y estábamos dispuestos, sin embargo, a hacer todos los reajustes que hubiesen sido necesarios. Pero ese modelo educativo partía de la base de que el proceso de enseñanza, que es el que hace el profesor, y el proceso de aprendizaje, que es el que hace el alumno, tenían de alguna manera una fortísima imbricación y por eso también estamos tan en desacuerdo con el Gobierno respecto a su concepto de evaluación. Voy a poner un ejemplo que me pareció interesante cuando lo conocí en Ginebra. El doctor Jordá, que es un investigador de la docencia de las ciencias naturales, enseñaba a los niños pequeños que los peces respiran por las branquias, de manera que cuando les preguntaba en sus exámenes por dónde respiran los peces, el cien por cien de los niños respondían que por las branquias. Por tanto, eso significa que la calificación era un aprobado para todos; según su ley, todos estarían aprobados, sería perfecto. Pero un día se le ocurrió preguntar al señor Jordá qué pasa si a un pez le tapamos la nariz y la boca, y todos los niños, todos, respondieron: que se ahoga. Este es un ejemplo claro de qué entendemos por fracaso escolar. Si seguimos haciendo la docencia como antes, esto significaría que todos los niños hubiesen aprobado, pero es que el fracaso escolar es una cosa muchísimo más profunda, mucho más compleja y muchísimo más interesante que lo que está diciendo la ley de calidad. Por eso ustedes y nosotros estamos en desacuerdo con lo que es la evaluación, y esta tarde, toda la tarde, les vengo diciendo: contrarreforma, no; reajuste, sí, todo lo que quieran. Nos podríamos haber sentado y haber hablado durante unos meses de esas cuestiones y ustedes no han querido. Ahora sólo ustedes serán responsables del fracaso que yo ya le vaticino a esta ley de calidad entre comillas.


Estamos hablando de educación obligatoria -y usted lo ha dicho durante toda la tarde-, de un sistema escolar que obliga a los niños desde los seis a los 16 años a ir a la escuela y, por tanto, estamos en contra de que estemos todo el día castigando a niños que están obligados por su sociedad a ir a la escuela. Para nosotros la evaluación de la educación obligatoria -subrayo educación obligatoria- tiene que servir para diagnosticar cómo está el proceso de enseñanza y aprendizaje y corregir, que es lo que el señor Jordá haría. ¿Qué hizo? Cogió un pez, le tapó la nariz, le tapó la boca y cuando los niños vieron que no se ahogaba comprendieron que no habían aprendido bien. Eso es lo que hay que hacer.
Sin embargo para ustedes -y permítame que se lo diga, señor Calomarde- la evaluación significa examinar, corregir, suspender y a los grupos de refuerzo, a los programas de iniciación profesional, a ese cuarto itinerario. Reconozcamos que tenemos una visión muy distinta de cuáles son las funciones docentes del profesorado. De ahí la modificación al antiguo artículo 53. Estamos de acuerdo cuando dicen que la primera función es enseñar materias es lo único que no hemos modificado. El resto sí está modificado, a partir de la enmienda 801. ¿Por qué? Porque para nosotros tiene que favorecerse un determinado clima en el centro. Hay asimismo una cosa curiosa: tiene que haber por parte de cada profesor un seguimiento del aprendizaje de sus alumnos, colaborando con el tutor y con los padres, que a ustedes se les olvida. A los padres les han quitado la participación en muchísimas cosas en el seguimiento de sus alumnos, asunto que inmediatamente tratará la señora Chacón. Ustedes dicen que el único que tiene que hacer el seguimiento del aprendizaje es el tutor.
¿Ven como tienen un sentido de examen, de calificación y castigo? Estamos en un profundo desacuerdo con esto. Para nosotros también tiene que haber una innovación puesto que la función del profesor es innovarse continuamente, porque, por suerte para la escuela -estas investigaciones

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las inicia en Estados Unidos en los años sesenta-, la investigación no es solamente para la industria, para el armamento, para los alimentos; por fin ha entrado la investigación en la escuela. Siempre ha habido fracaso escolar, pero no lo reconocíamos. Introducimos modificaciones a las funciones del profesorado, porque nos parece que ustedes parten de un concepto antiguo de lo que es la enseñanza.


Entramos en cuáles serían las medidas. Si esas son las funciones y consideramos que el profesorado tiene que ayudar a incrementar el rendimiento escolar, a prevenir el fracaso escolar, ¿qué es lo que eso significa? Que hay que tomar medidas. No me digan: señalaremos, diremos... ¿qué medidas van a tomar? Nosotros aportamos en nuestras enmiendas algunas de gran calado. En primer lugar, la enmienda 808, al artículo 56 nuevo, antes el 54, dice: El Gobierno y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias respectivas -que se les olvida muy a menudo en la ley adoptarán las medidas necesarias. ¿Qué tienen que mejorar? Las condiciones de los profesores en su trabajo, incrementar su valoración social -ahora veremos cómo-, facilitar la incorporación de nuevos docentes -también diremos cómo-, reformar la formación inicial y potenciar programas de formación permanente.


Como antes decía, señor Calomarde, estamos muy en desacuerdo en que uno de los accesos a la cátedra de los que se van a ocupar fundamentalmente de la escuela obligatoria sea de gente que no tiene experiencia, porque la formación inicial es importantísima y en este momento, si nosotros pudiésemos dar una formación inicial a todos nuestros docentes y potenciar la formación permanente, bajaría muchísimo el fracaso escolar.
Quiero recordarles el enorme esfuerzo que ha hecho el funcionariado, los docentes de la escuela pública y de la escuela concertada, que para nosotros es complementaria, para ponerse al día en la reforma de la enseñanza. Por eso decía que la LOGSE ha convivido mucho más tiempo con ustedes que con nosotros, que en absoluto la han potenciado. A pesar de ustedes, el fracaso escolar ha bajado 9 puntos en la escuela obligatoria, 27 puntos en el bachillerato y 44 puntos en la formación profesional. La LOGSE ha tenido un paso de gigante, lo cual no significa -lo ha dicho la señora Chacón ochenta veces, lo dijo el otro día en el debate de presupuestos el señor Zapatero- que no haya que hacer reajustes a lo que nosotros estamos dispuestos, pero ustedes no han querido.


Tiene que aprender una cosa: que fracaso escolar no es suspenso; el fracaso escolar es algo muchísimo más importante. Les recomiendo con toda cortesía que lean el documento que he entregado a la Mesa sobre el fracaso escolar, elaborado por la Unión Europea y acuérdese de que habla de dos medidas totalmente contrarias. En cuanto a las repeticiones de curso, esta mañana lo ha demostrado la señora Chacón, y al final, después de tanto escándalo, ha quedado como estaba, porque si hubiese repetido tantas veces como ustedes decían, daría que si un alumno tiene que estar hasta los 16 años y repite las cinco veces que ustedes dicen, saldría del aula a los 21 años. ¡Imagínese! Han tenido que dar marcha atrás en ese asunto.


En definitiva, hay que hacer formación inicial, hay que potenciar mucho la formación permanente, y luego diremos cómo. El ministerio de cultura tiene que dar un papel fundamental a la conferencia sectorial de educación, porque quienes están gestionando la educación, quienes tienen las competencias son las comunidades educativas y no se pueden llevar a cabo a sus espaldas, sin aportar un solo duro, sus propuestas con algunas de las cuales no estamos de acuerdo -reconocemos que hemos suprimido casi todos los artículos-, aunque hay otras que podríamos aceptar. El señor Guardans ha dicho antes que sin dotación económica era totalmente imposible. Si se toma usted la molestia de leer nuestra memoria económica verá cómo es difícil llevar a cabo estas importantísimas reformas si no se aporta dinero.


Para nosotros también es muy importante que haya un nuevo complemento retributivo. Quiero recordarle que son ustedes el único gobierno de la democracia que no ha subido el salario al profesorado. Se lo voy a explicar. UCD lo subió, el Partido Socialista lo subió y se inventó lo de los sesenios -que nos pareció a todos un gran invento, porque había que compensar ese enorme esfuerzo y esa puesta al día del profesorado-, pero ustedes año tras año desde que gobiernan sólo han subido el 2 por ciento, que no ha servido de nada. Partían de la hipótesis religiosa de que la inflación iba a ser del 2 por ciento, pero como ha ido creciendo y no ha podido ser controlada, antes por el señor Rato y ahora por el señor Montoro, eso conlleva grandísimos problemas. ¿Sabe lo que ocurre al acabar estos cinco años? Que en la actualización de los salarios desde que ustedes gobiernan los docentes han perdido cinco puntos. Ese nuevo complemento retributivo no es para todos, tiene que ir unido a la voluntad del profesorado, a una evaluación de su práctica docente, que se haría cada seis años, y en las disposiciones indicamos quiénes lo tendrían que hacer; desde luego, la inspección educativa tendría que estar implicada. Esta formación tiene que ir unida a la promoción profesional, de manera que tiene que haber mecanismos que faciliten varias medidas, entre ellas, la movilidad dentro de los cuerpos. Si a ustedes les parece pertinente, habría que iniciar un verdadero debate sobre cómo debe ser la carrera docente que todavía está sin hacer.


Nos congratulamos de que en el antiguo artículo 57 hayan añadido que hay que tener en cuenta las actividades de investigación e innovación de los docentes. No está mal, porque estábamos completamente escandalizados.
Precisamente por eso le quería preguntar si el PP considera que la innovación y la investigación educativa no es importante. Por otro lado, en esa formación permanente hay momentos en los que el profesorado

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debe cortar para conseguir la salud laboral, psicológica, la mejora profesional y que tiene que tener un período sabático. Usted sabe que eso es fundamental y que es una de las grandes reivindicaciones del profesorado y no precisamente para quedarse en casa leyendo novelas.
Usted conoce la gran preocupación que tienen por cómo mejorar la práctica docente. Por otra parte, hay que tener presente las dificultades en la tutoría de la educación secundaria obligatoria, que usted sabe que es enormemente compleja. Lo que nosotros planteamos en esta enmienda es la necesidad de que el tutor sea comparado -si es que la ministra lo tiene a bien- con un jefe de departamento. Claro que el tutor será un funcionario perteneciente al cuerpo de secundaria y como no es catedrático, no sé si a la ministra le parecerá pertinente que cobre lo mismo y trabaje las mismas horas. Como nos parece una medida espléndida para la mejora de la enseñanza, aquí está contemplada. Podríamos debatirla, y no con estas prisas a que se nos ha sometido, aunque aquí estamos por disciplina y cortesía parlamentaria. Son grandes medidas que mejorarían muchísimo una de las tres patas que tiene la educación: los alumnos, de los que ha hablado esta mañana la señora Chacón; el profesorado, que es lo que estamos viendo esta tarde; y el currículo, que ya sabe lo que pasó con él: tuvimos acuerdo con ustedes porque queríamos que se mejorase y ¿qué ha ocurrido ahora? Que hay que cambiarlo todo, porque van dando saltos y nos hacen empezar la casa por el tejado. Yo estoy muy disgustada con este asunto.


Los puestos de difícil desempeño. Lo hemos hablado en el capítulo dedicado a las desigualdades escolares. Hay centros a los que he llamado aulas patera; tal y como ustedes hacen las cosas, los tendremos en cinco años, señor Calomarde. Serán puestos de muy difícil desempeño, y algo habrá que hacer con ese profesorado que querrá salir corriendo en cuanto llegue allí. Habrá que hacer planes plurianuales para que permanezcan; habrá que tomar medidas que favorezcan la estabilidad y habrá que compensarles, de modo que esos puestos tengan un valor especial. Ocurre en otras carreras; hay puestos de difícil desempeño que tienen mejoras económicas. La valoración servirá para que estos profesores tengan una motivación profunda al ver que la Administración les reconoce en esos puestos de difícil desempeño. Es de justicia social y, desde luego, de justicia profesional.


Habría que hacer una reducción de jornada y jubilación para que haya renovación de plantillas. Estamos planteando que los profesores mayores de 55 años se dediquen a lo que no se ha hecho durante estos seis años: a la formación continua en los centros. Si el profesorado no está formado, ¿de qué nos están hablando ustedes para incrementar el rendimiento escolar? No es posible; no entendemos lo que dicen ustedes. Al final, para incrementarlo, dicen ustedes: esfuerzo. Leí el otro día un documento que decía que en la exposición de motivos de la ley de calidad, en la primera página, aparece seis veces la palabra esfuerzo. No la habían leído toda, porque hay otra página en que aparece 12 veces. Aparece tantas veces la palabra esfuerzo, pero el problema es que se trata sólo del esfuerzo del alumnado. ¿Qué medidas tienen para compensar el del profesorado? ¿Cómo renovarán las plantillas? ¿Qué harán al respecto? ¿Qué retribuciones habrá? Lo hemos debatido hasta en el Pleno: jubilación voluntaria a los 60 años, establecida en la normativa vigente; no nos inventamos nada. Por fin, asistencia jurídica y de salud laboral, que ya sabe usted que el profesorado lleva mucho tiempo pidiéndolas. Asimismo, deberíamos sentarnos un día a hablar del nuevo estatuto de la función docente.


Al artículo 60 le ponemos la rúbrica de homologación del profesorado de los centros privados concertados. Hemos hecho ocho adicionales a ese artículo y dos al artículo 58, formación profesional y nueva retribución.
En la LOGSE -para el Grupo Parlamentario Socialista, que fue su autor principal con el apoyo de toda la Cámara, excepto el suyo-, la escuela pública y la privada concertada son complementarias. Tal como gobiernan ustedes y con lo que pretende esta ley, la escuela pública y la privada concertada se convertirán en antagónicas. Es un gravísimo error. Es preciso asumir que, entre la pública y la privada, se ha consolidado un modelo de escuela en expansión, que es la concertada. Nos encontramos ante unas empresas cuya subsistencia depende de que las administraciones decidan si siguen manteniendo los conciertos o no. Si ahora estamos ante un sistema en el que la Administración pública se sirve de dos brazos, el público y el concertado, para dar cumplimientos a sus obligaciones y garantizar el servicio educativo, no parece lógico concebir la relación entre ambos sectores educativos, el concertado y el público, como competitivos sino que deben ser considerados como complementarios. De ahí viene nuestra petición de homologación, porque en este momento resulta intolerable la ficción de ampararse en un desigual régimen laboral para los docentes públicos y para los privados concertados. ¿Por qué es intolerable? Porque hay un solo pagador que es la Administración y esto significa que la Administración está recurriendo a un profesorado más barato que tiene más horas de trabajo y peor salario. Esa es la verdad, esa es la razón fundamental. Pedimos que no haya ese ahorro en la educación tal y como dice la enmienda 824 al establecer que: El Gobierno, previa consulta con los representantes del profesorado, presentará a la conferencia sectorial de educación, para su aprobación, un calendario que contemple la plena homologación del profesorado de los centros concertados con el de los centros públicos en lo que se refiere a aspectos como acceso, retribuciones, formación inicial y permanente, jornada y participación. Señor Guerra, lo que cuesta lo que nosotros proponemos está en la memoria que hemos presentado. Lo que cuesta la suya no lo sabemos porque ustedes

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no han presentado ninguna memoria. Lo que cuesta la nuestra lo tienen escrito y presentado públicamente ante la Cámara. Si usted tiene muchísimo interés, saco la memoria económica en la que hemos presentado 24 medidas de profundo calado para la mejora de la enseñanza, para la mejora de las aulas y para conseguir que la escuela privada no sea un centro patero, que es en lo que se va a convertir si ustedes siguen gobernando.


El señor PRESIDENTE: La señora Chacón tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Si quiere, aparte de sacar nuestra memoria, le saco también la suya y verá cómo en aportación de profesorado ustedes recogen un profesor más por cada 1.400 alumnos de la escuela pública y un profesor más por cada 400 alumnos de la escuela privada. Eso era lo que decía su memoria económica que seguro que ustedes también tienen.


Intervengo brevemente, presidente, señorías para defender la enmienda de adición al título IV, del Grupo Parlamentario Socialista, que busca evitar la quiebra de otro de los consensos educativos que antes mencionaba y que a partir de la Constitución nos unió a los grupos parlamentarios y a la comunidad educativa dentro y fuera de esta Cámara: la participación democrática en nuestros centros e institutos y específicamente tanto de profesores y profesoras, maestros y maestras, padres y madres de alumnos en las decisiones de nuestros centros e institutos públicos. En nuestra enmienda de adición hemos llamado al título IV: De la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos. Es en este título donde, de manera específica, acudimos a buscar esos mecanismos que creemos más imprescindibles entre familia y escuela para abordar entre todos uno de aquellos que creíamos que eran nuestros retos a la hora de reformar la educación: más y mejor educación para todos. Pero el recorte le ha tocado esta vez a los padres y eso que parece ser que las familias -al menos, una en concreto- han sido siempre la gran preocupación del Partido Popular, siempre que no sea un problema para sus planes, como hemos podido ver aquí. Para ello han decidido que los padres no van a tener el peso que tenían antes en la elección de directores. Y ya no son sólo los padres y las madres los que ven recortado su papel, sino también los profesores y los alumnos. En cualquier caso esta no es la filosofía de este grupo parlamentario porque cada día es más claro que no hay análisis internacional que no nos diga que, en el seno de las nuevas relaciones sociales de este mundo siempre en cambio -también el educativo y por ello creemos que es necesaria una reforma de nuestro sistema- familia y escuela deben andar cada día más de la mano en el objetivo de garantizar mejor y mayor educación para todos. Frente al recorte de la participación de las familias en nuestros centros escolares que supone esta ley, el Grupo Socialista requiere un título específico en nuestro marco legal que regule la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos. Muchos de los problemas que hoy estamos abordando no son de la escuela sino que van a la escuela. Por lo tanto, no puede ser sólo en el ámbito escolar donde intentemos atajarlos.


Quienes aquí legislamos -y también el resto de los poderes públicos, por supuesto- tenemos la obligación de hallar mecanismos para que, con ese tándem imprescindible escuela-familia que les comento, trabajemos juntos para el mejor funcionamiento del sistema educativo. Pero nada de esto hay en el proyecto de ley del Gobierno, ustedes lo saben bien. Frente a esa necesidad evidente de implicar más a padres y madres en el proceso educativo de sus hijos, opta el Gobierno -y ustedes así lo defienden- por alejar a las familias españolas de la escuela, de los centros educativos.
Muy al contrario, lo que buscan nuestras enmiendas es el diálogo y la cooperación en el marco de las asociaciones de padres y madres de alumnos y también en los consejos escolares.


En su proyecto de ley, como ustedes saben bien, no había ni una sola palabra sobre las asociaciones de padres. Mientras han copiado completitos los artículos 3 y 4 de la LODE, llegan al artículo 5, que es justo el correspondiente a las asociaciones de padres y madres de alumnos, y casualmente se les vuelve a olvidar. Ya les decía que copiar artículos tenía problemas: que el que se dejan es muy significativo respecto de lo que ustedes buscan. Les pasó también en éste. Ha habido un pequeño añadido en la ponencia que agradecemos, pero sigue recortando la participación de padres y madres de alumnos respecto de la que había anteriormente. Lo hacen también en los consejos escolares, a quienes esta ley anula su capacidad decisoria, incluso para tomar partido en una cuestión tan fundamental como es el proyecto educativo de centro. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿Creen que ese es el camino para mejorar la calidad de nuestra educación? Me gustaría que me pudieran contestar a algo tan sencillo como si creen que el camino es que los consejos escolares pasen a ser meramente orientativos cuando son hoy el órgano en que pueden incidir, tomar decisiones y participar, por ejemplo, padres y madres de familia.


Las enmiendas -ya de manera más concreta respecto a esta filosofía que les comento, que nada tiene que ver con la de su ley y no todo ello debiera de ser básico- hablan de conexiones a través de Internet; de las conexiones; de las familias con los centros educativos, específicamente en secundaria, de la ampliación de horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades de familias que a causa de su horario laboral así lo necesiten; de la gratuidad de los libros de texto; de la dotación de comedores escolares. No todo ello es básico pero sí es hacia dónde se debe de tender, por lo

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tanto, los principios que deben informar nuestras reformas y la del resto de administraciones educativas. Asimismo -y me alegro que haya llegado el señor Guerra porque me consta que no nos comprendió del todo por las manifestaciones que hizo en el Pleno respecto de los programas específicos, que plantea como novedad, eso es cierto, pero hay que buscar esos mecanismos de manera insistente-, existen programas específicos que queremos poner en marcha para facilitar el apoyo de las familias a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Me gustaría -y aquí ya finalizo- darles las claves de lo que estamos hablando. Se trata, señorías, de que los centros establezcan programas específicos que lo son de formación, que lo son de información y que lo son de actividades concretas para fomentar el apoyo y la implicación básicamente de determinadas familias en la educación de sus hijos cuando estos presenten dificultades significativas de aprendizaje en los niveles obligatorios de la enseñanza, siempre que dichos centros estimen que a través de esos programas puede mejorarse el rendimiento académico de los alumnos. La implicación de la familia en el proceso educativo de su hijo con dificultades de aprendizaje puede ser útil para mejorar justamente su rendimiento. Los propondrían los tutores, asesorados por el departamento de orientación, y requerirían el visto bueno de la dirección del centro y de la inspección; con todas las cautelas, señorías. No se trata de que los padres sustituyan a los docentes, señor Guerra, nada tiene que ver con eso, sino de que tomen conciencia de los problemas de aprendizaje de su hijo, de que se acerquen a la escuela, de que se informen, de que se formen y puedan llevar a cabo un programa específico considerado de utilidad para que, de la mano, escuela y familia durante determinadas horas, durante determinadas semanas, saquen adelante un chico con retraso escolar.


Cuando en el seno de una familia la implicación activa en la educación de su hijo pueda ser considerada útil por el centro, como les comentaba, trabajen sus dos miembros o uno de ellos durante el horario que ese programa especifique, dicha implicación activa va a conllevar a esos padres o madres una serie de derechos laborales: ustedes se aplican activamente en algo que necesita la sociedad española y van a recibir por ello una serie de derechos laborales, por ejemplo, el derecho de convertir un contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial con la consecuente disminución retributiva. Señor Guerra, no vamos a acabar ni con la caja de la Seguridad Social ni con el país ni nos van a expulsar de Europa, aunque así lo vaticine el señor Montoro. Lo dijo usted en el Pleno respecto del contrato a tiempo completo. Lo recuerdo perfectamente, si usted no se recuerda, me sabe mal; dijo exactamente: Ustedes quieren que todo el mundo pueda, si tiene un contrato a tiempo completo, convertirlo a tiempo parcial y que lo pague el empresario. No, señor Guerra, no lo paga el empresario. Léase usted bien el texto, porque el empresario no paga nada de todo esto, además de la consecuente disminución retributiva, hasta llegar a permisos temporales de horas, días, semanas o, como máximo, de tres meses, sin que esto suponga afligir carga retributiva alguna al empresario, sólo en caso de familias con menor renta, con compensaciones a cargo de la Seguridad Social; que pasaría a ser una Seguridad Social activa en una reelaboración o rediseño de las relaciones laborales actuales. La sociedad que todos estamos construyendo requiere hoy más que nunca un nuevo marco de relaciones laborales con unos nuevos derechos y una Seguridad Social más activa y menos reactiva para quienes deseen contribuir voluntaria y activamente a la creación de una sociedad más justa y equilibrada. Señorías, unir familia y escuela con ese objetivo empieza a ser una obligación por parte de los poderes públicos, y aquí tienen ustedes las modestas aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui y después el señor Calomarde.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Yo le querría decir a la señora Chacón que o no ha leído mi intervención en el Pleno o no la ha entendido. Lo que dije es que para llevar a cabo las modificaciones que pretende hacer el Grupo Socialista habría que modificar el Estatuto de los Trabajadores; algo que no iría a cargo del empresario, sino de todos los españoles a través del presupuesto nacional. Por ejemplo, el coste de un trabajador que gane 180.000 pesetas por una jornada completa, que decida reducir dos horas su jornada por cualquier motivo comprensible, va ir a cargo de todos los españoles, porque no pueden recaer en el empresario. ¿Se dan ustedes cuenta del perjuicio que puede causar a un trabajador que el director de recursos humanos o el jefe de personal le pregunte cómo va su hijo o su hija en la escuela? Si le contesta que va regular y que necesita cambiar su contrato a tiempo parcial supondrá un perjuicio para él, porque el empresario le dirá que la empresa no puede tener contratados a tiempo parcial a equis trabajadores por problemas personales. Le insistí en el Pleno que para cambiar el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que ustedes pretenden, se tiene que hacer por otra vía y no a través de esta ley. Calculen lo que supondría la reducción de jornada completa a jornada parcial de todos padres de alumnos que no van bien en la escuela. Eso es lo que dije y lo que reitera nuestro grupo. Se trata de algo absolutamente imposible de introducir en esta ley de educación, porque implicaría cambiar el Estatuto de los Trabajadores, y porque sería una carga que iría al presupuesto nacional. Hay otras fórmulas para ello.
Estamos de acuerdo en que los problemas no son sólo de la escuela sino también de la familia. Ojalá participaran más, porque, en estos momentos usted sabe que en las APAS están participando

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escasamente un 10 por ciento de los padres. Ese es otro tema. Lo que no podemos admitir en absoluto es el texto alternativo, que ahora convierten en enmiendas, respecto a la reducción de la jornada a tiempo completo por la jornada a tiempo parcial por problemas graves -no voy a hacer demagogia- de un chico o una chica. Esa familia tendrá que ponerse de acuerdo con el tutor que, en la mayoría de los centros, públicos o privados, reciben a las familias a partir de un horario no laboral.
Ustedes extienden este asunto hasta los funcionarios, cuando normalmente éstos trabajan hasta las tres de la tarde y tienen tiempo de acudir al centro donde estudian sus hijos, hablar con el tutor y ver las posibilidades que tienen de ayudar a sus hijos. Otro tema que ustedes demandaban es que cada una de estas familias estuviesen directamente relacionadas con el centro a través de Internet. O no lo han estudiado seriamente o, como dijo uno de los comparecientes cuando le preguntamos por este tema, sin querer utilizar ningún término fuerte, son medidas oportunistas. Lo que ustedes añaden son medidas imposibles y, utilizando el mismo adjetivo de aquel compareciente, que no es demasiado fuerte, se trata de medidas oportunistas. Por favor, no vayamos hacia medidas oportunistas y pensemos en la realidad de las familias y de las escuelas.


El señor PRESIDENTE: Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Vamos a tratar, como es natural, de contestar a todo el mundo. Quisiera comenzar mi intervención agradeciéndole a la señora Julios, del Grupo de Coalición Canaria, las enmiendas presentadas a esta parte del articulado de la ley, por cuanto han contribuido sin lugar a dudas a mejorarla y es muy de agradecer. Podemos aceptar la enmienda número 70 que había quedado viva de su grupo, en el bien entendido que la expresión dentro o fuera del recinto educativo se enmarcaría en el plan general del centro. No sería en ningún caso, una medida de carácter arbitrario o discrecional, si le parece oportuna la expresión, por parte de cualquier profesor del centro. En este sentido, nosotros le admitiríamos la enmienda.


Respecto a las intervenciones del señor Guardans, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha seguido insistiendo en aspectos a los que ya se había referido anteriormente. Yo voy a ser muy escueto por cuanto hemos tenido oportunidad de debatirlos anteriormente. El señor Guardans ha seguido hablando del puro intervencionismo o por parte del Gobierno o por parte del ministerio. Yo quisiera únicamente reiterar un argumento que políticamente me parece de peso y que inspira este proyecto de ley por parte del Gobierno y del Partido Popular. Este proyecto de ley no es tanto, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, un intento de recuperación de antiguas competencias perdidas, sino de cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes otorgan a la Administración central del Estado en el proceso educativo y en el sistema educativo español. Me parece absolutamente esencial y muy importante resaltarlo. Precisamente por eso no estamos de acuerdo -y es lógico que así lo manifieste- en que el proyecto de ley que estamos debatiendo constituya una invasión de competencias de las comunidades autónomas, entre otras razones porque las comunidades autónomas son Estado y difícilmente el Estado puede intervenir negativamente en el Estado. Sí puede hacer, insisto, la Administración central del mismo un reconocimiento explícito, como así hace la ley, de las competencias que legalmente le tocan y que, en consecuencia, no ve ninguna necesidad de ejercer en aras a la mejor vertebración y articulación general del sistema educativo en España.


Quiero comentarle a efectos puntuales que aceptaríamos la enmienda que se refiere a la mejora continua de los procesos de enseñanza e investigación, como así ha indicado el señor Guardans, si me escucha, que no lo sé....


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le están planteando la aceptación de una enmienda de su grupo.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Aparte de otras consideraciones, señor Guardans, le decía que sí estaríamos en disposición de aceptar la enmienda que se refiere al punto h). En ese caso añadiríamos otro punto relativo a la mejora continua de los procesos de enseñanza, investigación, etcétera, a la que usted ha aludido. Poco más podría decirle en este sentido. Sí quiero hacer una apreciación -y con esto termino mi intervención, que ha procurado ser muy sintética- en cuanto a la constitucionalidad de la ley. Es evidente que el Gobierno tiene criterio al respecto, el que le viene del Consejo de Estado -no puede tener otro- y usted conoce perfectamente el dictamen que en su momento emitió este órgano; a él recurrimos y a él recurre este portavoz para explicar y justificar la posición sobre a lo que mi grupo parlamentario y el propio Gobierno entienden como correcto en este sentido.


Me va a permitir, señor presidente, aunque sé que llevamos muchas horas de debate, que conteste con cierta extensión o por lo menos ciñiéndome a la larga exposición respecto a la función docente que ha hecho a la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista. Quisiera comenzar con una afirmación que espero que no sorprenda a nadie. El Grupo Parlamentario Popular sostiene, ha sostenido y sostendrá sin el menor tipo de problema ni rubor ni complejo ni nada que se le parezca dos cosas fundamentales: la excelencia de nuestro profesorado y además suscribiríamos la formación de ese profesorado. No se trataría aquí en modo alguno de estar viendo quién o cómo da más o

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menos posibles zanahorias -por decirlo de una manera metafórica- a los profesores españoles. Simplemente hay que reconocer que durante muchísimos años el profesorado español ha contribuido de una manera eficaz y en algunos puntos sorprendente a una mejora continuada del sistema educativo desarrollando en multitud de ocasiones tareas y trabajos que no le han sido debidamente reconocidos por parte de las administraciones públicas y que a veces también han tenido una consideración social escasa, lo que entre todos -permítanme señorías que subraye ese entre todos, porque estoy convencido de ello- deberíamos tratar de subsanar y de enmendar. En cualquier caso la señora Serna ha calificado, no sé si el título o la intervención, con diversos adjetivos que me van a permitir, señorías, que mencione con un tono de absoluta cordialidad, pese a la discrepancia política importante y de fondo que sostenemos con el Grupo Socialista. Ha dicho que todo este título de la función docente le parecía vetusto, antiguo y arcaico. Señora Serna, francamente la melancolía es un estado difícilmente descriptible, pero en cualquier caso es para que uno se suma en ella. Además ha hecho una referencia, seguramente porque este portavoz que le habla también lo había hecho anteriormente, a la negrura de mis patas en lo que se refería al ejercicio de las cátedras. No voy a entrar en eso, aunque tanto la señora Serna como yo sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Señora Serna, por favor, en esto de la negrura de mis patas no vea un comentario de tinte racista, sexista o de cualquier otro tipo.
Usted ha dicho cosas que yo quisiera comentarle con cierta tranquilidad.
Primero, ha comenzado su intervención diciendo que ustedes cambiarían la denominación del título IV, en lugar De la función docente, Del profesorado, porque lo consideran más genérico. No voy a discutir el derecho que ustedes tendrían de formularlo así en el caso de que ustedes hubieran hecho la ley. No somos de esa opinión y usted ya lo sabe. No tengo mucho más que decirle al respecto.


El señor PRESIDENTE: Señor Calomarde, le ruego que se acerque más al micrófono porque no se le oye bien.


El señor CALORMARDE GRAMAGE: Sí, señor presidente.


Señora Serna, ha insistido otra vez en su intervención -y es algo recurrente esta tarde- que en cualquier caso ustedes suprimirían el título tal y como está y siempre se basa en el mismo motivo, o bien porque supuestamente ya estaba contemplado en las leyes educativas anteriores o bien porque el texto legal que estamos debatiendo pervertía el sentido político, académico o pedagógico de las mencionadas leyes. Ya le he expresado reiteradamente la opinión de mi grupo parlamentario al respecto y no necesito hacerlo de nuevo.


Usted ha insistido profusamente en algunos aspectos que seguramente el tiempo y la situación no hacen que este sea el lugar más apropiado para debatir, pero que sin duda son de enorme interés. El primero es la diferencia que usted dice que mantenemos su grupo parlamentario y el mío respecto al concepto de evaluación y sobre todo, usted ha insistido en la diferencia que mantenemos sobre el sentido mismo del fracaso escolar.
Usted ha dicho eso para añadir posteriormente que nosotros mantenemos un concepto de evaluación me imagino que igual de vetusto y antiguo que al que se refería usted al calificar el título, en el sentido de que lo circunscribimos únicamente a las pruebas o a los títulos. Me imagino que pensará usted lo mismo con respecto al concepto de fracaso escolar. A mí me gustaría indicarle lo siguiente. Se puede estar de acuerdo con ustedes en que el concepto de fracaso escolar es bastante más amplio que lo que se refiere única y exclusivamente a un umbral de notas -por decirlo de una manera sencilla y fácil-, pero precisamente por eso también ustedes tendrían que admitir que cuando queremos evaluar un fracaso escolar o un no fracaso escolar o en general cuando queremos someter al sistema educativo o a los alumnos y alumnas a una evaluación, tendremos que ponernos de acuerdo no solamente en que la evaluación de los alumnos y de todo el sistema debe ser integral, que me parece que es lo que defiende la ley y este grupo parlamentario, sino también en que tenemos que tener elementos evaluables, y si usted me dice: señor Calomarde, es que los elementos no pueden ser solamente cognitivos o instrumentales, yo le diré que no puedo estar en desacuerdo con esa afirmación, porque desde el punto de vista académico y pedagógico, efectivamente no es una afirmación baladí, pero espero y deseo que reconozca que sólo con eso no podemos someter a los alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo ni al sistema educativo mismo a una evaluación. Es decir, necesitamos datos, necesitamos contenidos evaluables tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista instrumental. Si usted me dice -como hace- que la LOGSE apostó por otro modelo educativo y evaluativo, yo le digo que tiene razón, naturalmente que la tiene, no se lo niego. Por eso le estoy diciendo que nuestra discrepancia, en este caso pedagógica, académica y en última instancia política, señora Serna, es obvia; seguramente por eso usted está sentada en esa parte de la Comisión y el portavoz que le está hablando con sumo gusto en esta otra. Naturalmente que tenemos diferencias, pero es evidente que para poder evaluar alguna cosa necesitamos incrementar los contenidos, seguramente también el esfuerzo del aprendizaje de nuestros alumnos. Necesitamos precisamente mejorar la formación de nuestros profesores.


No estoy de acuerdo con usted en algunas afirmaciones que ha hecho respecto a que la comprensividad es necesaria en los grados en que ustedes la supusieron o

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la han ejercido a lo largo de estos años desde la aprobación de la LOGSE porque la educación hasta los 16 años es obligatoria y usted dice que supondría un castigo -creo recordar que ha utilizado ese término- o algo así un proceso de evaluación a los alumnos. Yo creo lo contrario, es decir que la evaluación objetiva a nuestros alumnos es un derecho de éstos y cuanto más objetivos sean los procesos de evaluación del aprendizaje, de las actitudes cognitivas y de las actitudes instrumentales, mejor para los alumnos y para las familias españolas.
Estoy absolutamente convencido de ello tanto desde el punto de vista profesional como del político, y también estoy convencido, señora Serna, de que este argumento que estoy utilizando podría haber sido compartido con los matices que S.S. quiera, por ustedes mismos.


Ha hablado de que le parece bien -y yo me alegro mucho- el apartado a) del artículo 55 (antes 53) referido a las enseñanzas de áreas, asignaturas, etcétera. Es completamente lógico que le parezca bien porque me parece un artículo sensatísimo. También ha hablado del reconocimiento que hay que hacer del enorme esfuerzo de los docentes en estos años de implantación de la LOGSE. Efectivamente, hay que hacerlo, lo estamos haciendo y probablemente este título contribuya, en la medida en que lo puede hacer un texto de esta naturaleza, a enaltecerlo. Habla usted de la necesidad de establecer una carrera docente. Claro, señora Serna. Este portavoz ya le ha comentado en anteriores intervenciones de esta tarde que a nuestro juicio este proyecto de ley contribuye sin duda al establecimiento de esa carrera. El problema está en que ustedes no lo ven así y sobre todo que no están de acuerdo con ella y no lo están por los motivos que han expuesto. Ocurre que en este caso hay una discrepancia de fondo y muy profunda entre su planteamiento de carrera docente y el que establece este proyecto de ley, que naturalmente no es el suyo. Habla también de la movilidad entre los cuerpos y me alegro, yo estoy absolutamente de acuerdo con ello y espero que usted esté de acuerdo conmigo. La dificultad es que no coincidimos en qué es movilidad de los mismos, entre otras razones, también profundas, porque ustedes y nosotros no estamos de acuerdo ni con el concepto ni con la modalidad de cuerpos docentes que establece la ley. Por tanto no es que me parezcan baladíes sus argumentos, ni muchísimo menos. El problema es que no estamos en la misma óptica política.


Me gustaría comentar brevemente algo que han sacado ustedes, que el proyecto de ley supone un antagonismo o una lucha, como quiera llamarlo, entre la escuela pública y la escuela concertada. Creo que no es así, que a ustedes les viene perfectamente bien y también es lógico y comprensible desde el punto de vista político la utilización de ese tipo de argumentos, que no se corresponden ni con la literalidad ni con el espíritu del proyecto de ley.


Ha hablado usted también del tema de las retribuciones del profesorado, tanto de la concertada como de la pública. Únicamente quiero comentarle a este respecto la diferencia entre los profesores, unos son funcionarios públicos y los otros no, y remitirme a los pertinentes acuerdos sindicales que hay, como es natural, respecto al profesorado de la enseñanza concertada. No obstante, estoy absolutamente convencido que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el propio Grupo Parlamentario Popular coincidiremos en la excelencia y formación de nuestros profesores, en el apoyo que hay que dar a los mismos, aunque efectivamente nos separe -como nos separa- una concepción profunda de los procesos de evaluación del fracaso escolar, de la propia carrera docente y de la propia formación del profesorado. Como es lógico, este portavoz defiende la posición del Gobierno, la posición del proyecto de ley y la propia posición del Partido y del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Si alguno de los portavoces desea hacer alguna aclaración, le ruego que lo haga con la mayor brevedad. Señor Guardans, entiendo que la enmienda número 1045 quedaría en los términos de la transaccional, que es convertir el apartado g) del artículo 55, antes 53, en apartado h).


El señor GUARDANS I CAMBÓ: El letrado me ha comentado exactamente cómo encaja. No sería una letra nueva, sino que se transforma en el apartado h).


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Voy a intervenir muy brevemente para contestar a las consideraciones del señor Guerra. Quiero pensar que a causa de que el tiempo ha sido escaso para todos, no se ha podido leer nuestras enmiendas ni por tanto las disposiciones adicionales. Le voy a leer tres breves frases de nuestra enmienda para resolverle todas las dudas y problemas que usted tenía. Me decía que qué pasa en el caso de los padres y madres de esos hijos que entran en los programas específicos, etcétera, que no trabajan durante la tarde y por qué les vamos a dar... Aquí se establece exactamente -y sé que usted se lo leerá-: fueran trabajadores por cuenta ajena y su jornada laboral coincida con el compromiso de dedicación horaria establecido en el programa. Por tanto, le resuelvo su primera duda. En cuanto a la otra duda, una reducción de jornada de trabajo diaria, semanal o mensual, con la disminución proporcional del salario. Tranquilo, que no lo pagan los empresarios, señor Guerra. Con esto le resuelvo la otra duda. La tercera duda, este derecho irá acompañado de una prestación económica a la familia, siempre que los ingresos anuales de dicha familia no sobrepasen el límite de ingresos establecido, es decir, el salario mínimo interprofesional por persona.
Estamos hablando de las familias con menores rentas, que

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en muchos casos suelen ser las familias que podrían entrar en esos programas específicos y, por tanto, sólo en estos casos habría una mínima compensación para que estas personas pudieran entrar en esos programas.
Espero que haya resuelto sus tres dudas. Ya le digo que simplemente había que leer con atención la enmienda, pero como el tiempo que hemos tenido todos ha sido escaso, entiendo que tampoco haya podido hacerlo usted.


La vía para modificar otras leyes existe en las propias leyes, señor Guerra, se llaman disposiciones adicionales. Lo hacen ustedes en la suya y lo hacemos nosotros en la nuestra, y en la nuestra algunas de las disposiciones adicionales cambian algunas leyes -como usted bien ha dicho-, como el Estatuto de los Trabajadores, y no pasa nada, para eso están las disposiciones adicionales, señor Guerra. En este caso, nosotros le decimos que para dar la mano a familia y escuela, a escuela y familia, queremos cambiar el marco de relaciones laborales en algunos asuntos.
Estos son instrumentos que queremos poner en marcha para tener una Seguridad Social en este caso activa y no reactiva. Usted me dice que está de acuerdo en que la implicación de las familias es necesaria.
Entonces la pregunta es por qué la única solución que ponen aquí es restar la participación en todo y olvidarse en este caso concreto de las asociaciones de padres y madres. Usted me dice que porque no se participa y yo le digo que la solución es desincentivarles más, que es lo que acaba haciendo esta ley. Por tanto, agradezco sus consideraciones, pero en cualquier caso son completamente incoherentes respecto de su afirmación previa de que están con nosotros en que eso es necesario, porque después su texto articulado, como de costumbre, niega la máxima, por lo que nosotros deducimos que finalmente no están en ese principio, porque lo único que hacen es desincentivar su participación y aquella que tienen hoy, simplemente restársela.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Antes de responder al señor Calomarde quería decirle al señor Guerra que la señora Chacón me recuerda que todo lo que ustedes han estado debatiendo lo pueden encontrar en la memoria económica del PSOE, pues la de ustedes no existe o es oculta, en los puntos 14, 15, 16 y 17, en los que estaría el coste global de las medidas que vienen en el título IV bis, de apoyo a las familias, para que puedan seguir los padres la formación y el aprendizaje de sus hijos.


Señor Calomarde, en primer lugar, así como a los títulos II y III planteábamos su supresión, sin embargo al título IV, de la función docente, hemos planteado enmiendas de modificación y enmiendas de adición. En relación con la petición de homologación entre los profesores de la concertada y los profesores de la pública, partimos del principio de que las mismas obligaciones se deben corresponder con los mismos derechos y puesto que el pagador de ambos es la Administración, lo que decíamos es que en este momento la Administración, al llevar parte de la educación a la concertada, lo que está haciendo es aprovecharse de un salario mucho más bajo y con muchas más horas de trabajo de los docentes de la privada concertada, y puesto que unos son centros públicos y otros están sostenidos con fondos públicos, siguiendo el principio de las mismas obligaciones, los mismos derechos, era una enmienda absolutamente coherente con este principio.


Lo que nosotros hemos planteado en las enmiendas de modificación y de adición a este título es un nuevo contrato con el profesorado. Estoy absolutamente segura de que usted entiende que las nuevas exigencias sociales y los cambios que ha habido en estos diez o doce años de vida de la LOGSE han incrementado las tareas y las responsabilidades del profesorado. Hoy se les pide a los profesores que desarrollen unas funciones para las que en muchas ocasiones no han sido formados, cuando la obligación de la Administración es darles esa formación. Se les pide además que lo hagan a veces en centros y zonas que requieren una atención preferente, donde llegan alumnos muy diversos y a veces desmotivados y conflictivos. Nosotros consideramos que el éxito de la educación va en relación con las medidas que adopte la Administración para la formación del profesorado. Eso conllevaría, en ese nuevo contrato social, la necesidad de un estatuto de la función docente. Muchas de las enmiendas que hemos planteado irían en esa dirección y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista siempre estaría dispuesto a sentarse con ustedes para debatirlo.


Dice que ustedes tienen otro modelo. Perdone que le diga que en la ley de calidad no aparece ningún modelo de carrera educativa o docente. Hay algo fundamental y que todo el rato se está sustentando en la ley, y es el concepto tan distinto de evaluación que tenemos ustedes y nosotros. Lo que nosotros decimos es que quizá confunden educación obligatoria con bachillerato. Por lo tanto, la evaluación que ustedes plantean para la educación obligatoria es como si fuese para el bachillerato. Por eso ustedes dicen: volvamos a los años sesenta. Si los chicos se esfuerzan más y vuelven los catedráticos de pata negra, esto se arregla. Y nosotros consideramos que es un error mayúsculo, y el tiempo lo dirá. Por eso le he puesto antes el ejemplo tan divertido de lo de Jordan. Cuando los niños respondían que si a los peces se les tapa la nariz y la boca se ahogan, según la ley de calidad ustedes hubiesen mandado a los niños a medidas de refuerzo o al PIP. Para nosotros, sin embargo, eso hubiese significado que el profesor tenía que cambiar su práctica docente. Por lo tanto, el fracaso escolar es mucho más complejo, mucho más difícil que todo esto. Ustedes han pasado de puntillas por este asunto,

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total para implantar unos itinerarios, y me refiero fundamentalmente a los de los 12 años y a los de los 15, para volver a recuperar a los catedráticos y, desde luego, la acción privatizadora que ustedes tienen la hacen a costa de un profesorado, que es el de los centros docentes concertados.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora Chacón, usted antes me ha imputado algo que en el "Diario de Sesiones" del Pleno no aparece. No dije en absoluto que fueran los empresarios. Dije que había que cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Reitero lo mismo: vayan ustedes a cambiar el Estatuto de los Trabajadores y piensen ustedes qué les van a contestar respecto de estos temas las fuerzas sindicales y empresariales. Termino reiterando lo que les dijo a ustedes uno de los expertos que comparecieron: Lo más suave que se puede decir de esas medidas es que son oportunistas, pero no sirven para nada. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: No tenía previsto intervenir ahora pero como la señora Serna lo ha hecho, no me queda más remedio.


Ustedes dicen que plantean un nuevo contrato con el profesorado y me parece excelente. Me acusa usted de estar refiriéndome constantemente al proyecto de ley; naturalmente, es que estamos debatiendo este proyecto de ley y no otro y, por consiguiente, parece relativamente poco oportuno que este portavoz se refiera a otra cosa. Usted se ha empeñado, señora Serna -no se lo critico, pero en cualquier caso no lo comparto en modo alguno-, en reducir en esta última parte de su intervención -y subrayo lo de esta última parte porque no todas han sido así- a determinados eslóganes simples lo que son problemas complejos. No es mi estilo y, por tanto, no voy a hacer lo mismo. Quiero subrayarle -quiero que esto quede suficientemente claro- que lo que usted ha llamado un nuevo contrato con el profesorado sin duda es un buen titular, pero esta ley también apuesta de manera clara y decidida en su artículo 56 por que la Administración educativa promoverá la actualización y mejora continua de la cualificación profesional de los profesores. Eso es lo que tienen que hacer las administraciones educativas. Lo que pasa es que no lo dice como usted lo acaba de decir, naturalmente. Usted lo sabe, pero le interesa decir lo que ha dicho y yo lo entiendo. En cualquier caso, lo que dice la ley es lo que dice la ley y esto es lo que tiene que ir pasando progresivamente en beneficio del conjunto del profesorado y de nuestros alumnos. ¿Que no estamos de acuerdo en el concepto de evaluación de los alumnos? Pues claro que no estamos de acuerdo, naturalmente que no estamos de acuerdo y creo -es nuestra discrepancia de fondo- que afortunadamente para nuestro sistema educativo. También entiendo que es un juicio político. Ha insistido usted de nuevo en el asunto de la enseñanza concertada y la pública. Reitero en este sentido mis anteriores argumentos. Creo que he contestado prácticamente a todas sus intervenciones.


El señor PRESIDENTE: Hemos concluido así el debate de los tres bloques que hemos desarrollado a lo largo de la tarde. Antes de comenzar la votación quiero agradecer muy sinceramente a todos los grupos parlamentarios y a sus portavoces su colaboración para la buena marcha de este debate que nos ha permitido que haya sido sosegado y que hayamos podido tocar todos los puntos que SS.SS. y los portavoces han estimado oportuno.


Pasamos a la votación.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, uno de los ponentes ha salido un momento.


El señor PRESIDENTE: Aprovecho estos segundos para recordarles que mañana empezaremos a las nueve de la mañana la sesión para concluir el debate total del proyecto de ley. Les anuncio una modificación en la ordenación del debate en el siguiente sentido. Empezaremos a debatir a las nueve de la mañana el título VI y el título VII, que hemos agrupado, como ya hemos acordado, en un solo bloque más liviano que nos permitirá, tras el mismo, pasar al título V, que es el grueso fundamental del debate de la jornada de mañana. A continuación, debatiríamos las disposiciones adicionales, exposición de motivos, transitorias, derogatoria y finales. Por tanto, haremos tres debates, empezando por los títulos VI y VII y a continuación el título V.


Sin más anuncios, pasamos a la votación de las enmiendas. Les recuerdo que vamos a votar solamente las correspondientes a los llamados bloques cuarto y quinto, el bloque sexto, que hemos debatido en esta última parte de la jornada de la tarde, lo votaremos en la jornada de mañana y votaremos al final todo el articulado del proyecto de ley.


De acuerdo con las solicitudes de distintos grupos parlamentarios de votaciones separadas, pasamos a votar de la siguiente manera. Primero, enmiendas del señor Labordeta. Enmiendas números 11 y 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 14 del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Lasagabaster. La enmienda número 520.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el señor Saura. Enmiendas números 442, 445, 448 y 450.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Saura números 446, 447 y 449.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo Mixto. Enmiendas números 620 y 624.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Puigcercós números 621 y 622.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Rodríguez, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (EAJ-PNV). Enmienda número 372.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 370 y 376 del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Enmiendas números 225, 226 y 230.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 219.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 215, 217, 220, 224 y 227, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 229 y 232, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmienda 1033.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 1042.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 1039 y 1044, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1028 y 1035, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1036 y 1037, en los términos de la transaccional que ya conocen SS.SS. y que aceptó el señor Guardans.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Enmienda 1040.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1045, en los términos de la transacción aceptada por el señor Guardans.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda 1043, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Por último, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Hemos terminado la votación de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.


Muchas gracias a todas sus señorías.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.

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