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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 602, de 25/10/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 602
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 44
celebrada el viernes, 25 de octubre de 2002


ORDEN DEL DÍA:

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación (continuación) (Número de expediente 121/000104) ... (Página 19630)

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Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Buenos días, señoras y señores diputados. Conforme a lo que anuncié en la tarde de ayer, vamos a comenzar el debate de los llamados bloques VIII y IX, que se verán conjuntamente, que son los relativos al título VI, artículos 94 a 100, y al título VII, hasta el artículo 106.


El Grupo de Coalición Canaria tiene una enmienda al título VI y otra al título VII, para cuya defensa la señora Julios tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Con relación al título VI, la enmienda que queda viva es la número 85, al artículo 94.2, que se refiere al Instituto Nacional de Evaluación. Habla de que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, determine la estructura y funciones del instituto, garantizando la participación de las administraciones educativas. Nos parece que el término participación es muy genérico y que habría que complementar el texto añadiendo "garantizando la participación de las administraciones educativas en su órgano de gobierno". Entendemos que no sólo se trata de una participación a nivel de ser informados sino que deben también estar presentes en lo que son los órganos de gobierno del instituto.


El resto de las enmiendas de esta parte ya fueron incorporadas, como es que en el sistema estatal de indicadores de la educación estén presentes también las comunidades autónomas, a través del Instituto Nacional de Evaluación, también y que, cuando se habla de la alta inspección en las funciones que vienen estipuladas en la letra g), que es verificar las actuaciones para el otorgamiento de subvenciones, éstas queden remitidas a lo que el artículo 4 de esta ley dice, puesto que de lo contrario, tal como estaba en el texto anterior, se invadían competencias de las comunidades autónomas. En cuanto a la propia inspección educativa, producto de una enmienda nuestra se ha incorporado un segundo apartado que nos parece que delimita mejor las funciones de la inspección, al igual que se ha modificado el artículo 105, antes 104, sobre la organización de la inspección. Creemos que de esta forma se respeta la necesaria capacidad de las comunidades autónomas a la hora de organizar y de utilizar las funciones de la inspección educativa. También nos queda viva la enmienda número 88, en la que añadíamos otra letra g) en lo que eran las funciones de la inspección, que quedaban un poco más abiertas, de manera que se les pudiera encomendar algunas otras funciones que en los respectivos reglamentos de las administraciones educativas se desarrollaran.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Corresponde en este momento comentar las enmiendas 1077 a 1088, si no estoy equivocado, y por tanto, el bloque de artículos 93 a 105. Aquí hay varias enmiendas de gran calado por nuestra parte, que se pueden comentar conjuntamente.


En primer lugar, la evaluación. Todo lo que hace referencia a la evaluación es algo que en su momento formó parte de ese intento de negociación que tuvimos con el ministerio, lamentablemente infructuoso al final, no porque no consideráramos conveniente una evaluación del sistema educativo, como ya comenté ayer en algunas otras referencias que había a la evaluación general en otros ámbitos de la ley, sino porque no nos parece correcta la forma en que esto se plantea en la ley, básicamente por el juego que tiene el artículo 95 con el resto de artículos anteriores, enmendados ayer en distintos momentos, que hablan de los efectos de esa evaluación y de cómo se tiene que llevar a cabo. El artículo 95 dice: "El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, en colaboración con las comunidades autónomas, y en el marco de la evaluación general del sistema educativo que le compete, elaborará evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas... -algo absolutamente detallado- y versarán sobre competencias básicas del currículo." Como después dice que "El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas -pero entendidas en su conjunto- aprobará la normativa básica aplicable para el desarrollo de la evaluación...", nosotros entendemos que esto introduce la posibilidad, como defendía ayer, de que el Gobierno elabore una prueba de carácter general que se pueda imponer al conjunto de los alumnos de un determinado nivel educativo, que, aunque teóricamente no tenga valor académico, de hecho pueda tener un enorme valor y pueda condicionar el contenido del currículo, en la medida en que eso tenga carácter exhaustivo y no muestral y por tanto todos los alumnos se tengan que someter a esa prueba.


De ahí que nosotros sostengamos y queramos dejar bien claro en este artículo 95 que la prueba tiene que tener carácter muestral y que son las Administraciones educativas las que participan en esas evaluaciones de diagnóstico y las que finalmente desarrollan, ejecutan y controlan esas evaluaciones en el ámbito de sus competencias respectivas. Una de dos, señorías. Si de lo que se trata aquí es de comprobar si el sistema educativo funciona, si los centros funcionan, basta y sobra, y cumple perfectamente su función una evaluación de diagnóstico de carácter muestral y no exhaustivo. Si de lo que se trata, como nosotros nos tememos, es de controlar lo que hacen otras Administraciones, de erigirse

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en primacía respecto de otras Administraciones que tienen auténticas competencias y de introducir una vez más un elemento de desconfianza para fiscalizar lo que hacen otras Administraciones en el ámbito de sus respectivas competencias, en ese caso, efectivamente este texto tiene su sentido, y de ahí nuestra oposición al mismo. En esta parte de evaluación, de indicadores, etcétera, el resto de nuestras enmiendas, que no detallo, son básicamente mejoras técnicas.


En segundo lugar, la inspección. La inspección, como bien comentó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ayer, en una de sus primeras intervenciones, es uno de los puntos en los que no llegamos a ponernos de acuerdo durante la negociación previa. Hubo otros puntos en los que tampoco llegamos a ponernos de acuerdo e incluso algunos ni hubo tiempo de ponerlos sobre la mesa porque eran más de detalle. Claramente en este asunto no llegamos a ponernos de acuerdo y no es malo que conste en el "Diario de Sesiones" que PP y CiU intentaron consensuar estos textos y no llegaron a un acuerdo, aunque, en honor a la verdad, sí es cierto que una de las enmiendas introducidas en ponencia relativa a la inspección mejora sensiblemente el texto originario, la enmienda al artículo 104, referente a la organización.


Voy a ir por partes. El artículo 100 antiguo se corresponde con nuestra enmienda 1084. Nos parece ociosa la referencia a las normas básicas. La inspección -hay que tenerlo muy presente- es una competencia autonómica y eso no tiene nada que ver con que el Cuerpo de Inspectores sea un cuerpo nacional, en la terminología que se usa por estos pagos. A eso no nos oponemos y no queremos, en absoluto, que se descalifiquen nuestras propuestas como si estuviéramos exponiendo algo distinto de lo que planteamos. Nosotros no pretendemos la ruptura del Cuerpo Nacional de Inspectores; cada inspector está sometido a su Administración educativa a efectos de su función, pero son un cuerpo nacional, como lo son los secretarios de juzgado, por ejemplo. Son un cuerpo nacional y eso no tiene nada que ver con dónde desarrollen sus funciones. Esto es claro. La inspección, como tal, con independencia de que el cuerpo sea nacional, es una competencia autonómica; su organización, su gestión y su desarrollo son puntos esenciales de la competencia en materia educativa. Es muy difícil entender que una Administración autonómica pueda tener competencia educativa si no tiene el pleno control sobre su inspección.
Eso es lo que esta ley vacía y altera de forma muy sensible, empezando por este artículo 100, que introduce un concepto de normas básicas que no entendemos muy bien qué fundamento tiene.


Tampoco entendemos que en el artículo 102, enmienda 1086, se introduzca una referencia al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que establezca con carácter básico determinada normativa administrativa. En todo caso, será el Gobierno. Si fuera el ministerio el que lo tuviera que hacer estaríamos hablando de órdenes ministeriales de carácter básico, lo cual es absolutamente contradictorio con la lógica del modelo que tenemos aceptada entre nosotros. En el mejor de los casos -respecto a este artículo 102- aceptaríamos que esa referencia sea a la normativa en general, letra e) de nuestra enmienda, entendiendo que eso supone que habrá que ver en cada caso el rango normativo que tienen que tener esas decisiones, esas normas y, por tanto, en la mayoría de los casos estaremos hablando de reales decretos aprobados en Consejo de Ministros.
Si la referencia se hace directamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se está habilitando para que se haga por orden ministerial.
Por la misma razón, las autoridades a quienes se eleva la información de la alta inspección es el Gobierno y no el ministerio. Se hace a través del ministerio, por supuesto, pero éste no es más que un elemento del conjunto del Gobierno, al que se informa, exactamente igual -son territorios que conozco mejor por haberme dedicado más tiempo- que el fiscal general del Estado informa al Gobierno en su memoria anual, incluso se llega a decir que informa al Rey. Evidentemente, el Ministerio de Justicia será quien tendrá más interés en escuchar sus observaciones, pero no se informa sólo al ministerio, lo cual es reductivo de la afección que tiene la alta inspección.


Antes de pasar a las especialidades quiero hablar de una enmienda menor, respecto a la cual animaríamos para su aprobación en ese ámbito generoso de primera hora de la mañana que tiene el Grupo Popular. Es la enmienda al artículo 101, en la que proponemos que se cambie la palabra enseñanza por la de educación. Creemos que la alta inspección educativa garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de educación, no en materia de enseñanza, que es como está redactado el texto.


La enmienda 1087, al artículo 104, es relativa a la organización de la inspección. Efectivamente, ha habido una mejora sustancial respecto al texto original del proyecto de ley. Aun así mantenemos nuestra enmienda viva porque todavía nos parece que lo dejaría más claro y delimitaría mejor las competencias, pero no me duelen prendas al decir que el texto tal cual aparece mejora las cosas. La cuestión está en esta introducción de la noción de especialidades dentro de la inspección educativa que es algo discutible y algo que podemos llegar a compartir con sus límites. En todo caso, si se introduce un esquema de especialidades, que hoy por hoy no es el caso en el caso catalán, una especialización total de inspectores en el ejercicio de sus funciones, si se introduce eso, ese tipo de división en especialidades tiene que ser establecida por la Administración educativa que es quien gestiona sus inspectores y quien organiza como estime oportuno su propia tarea de gestión educativa. Por tanto, nos oponemos a lo que era el esquema inicial, que era un reparto de especialidades

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entre los inspectores decidida por el ministerio y aplicable al conjunto del territorio del Estado con absoluto desprecio al reparto competencial de unos y otros. A partir de aquí hemos evolucionado un poco con esta enmienda introducida en ponencia distinguiendo entre una noción de especialidades básicas, aunque habrá que ver exactamente cómo se organiza, ya que además se establece previa consulta a las comunidades autónomas. Habrá que ver también cómo se formaliza esa consulta a las comunidades autónomas, pero en todo caso la mejora desde nuestro punto de vista es clara. Se trata de unas especialidades básicas que no impiden que después cada Administración educativa, cada comunidad autónoma las modifique, las desarrolle en su propio ámbito. Hasta ahí mejora la situación actual, aunque aun así nos parece que sería mejor dejar claro que le corresponde a cada Administración educativa organizar su inspección y fijar el cuadro de especialidades como le parezca oportuno.
Ése es nuestro modelo. El de la ley, ni siquiera mejorada, no lo es, pero mejora el texto anterior. En todo caso hay que dejar claro que este tipo de reparto de especialidades básicas, el único alcance que tiene es a efectos de la movilidad entre inspectores, pero nada impide que cada Administración educativa fije sus propias especialidades y que después eso se haga de una forma coordinada a efectos de reconocimiento o tablas de equivalencia en lo que se refiere a la movilidad de inspectores. Por consiguiente, el discurso que ya me veo venir porque ya lo hemos encontrado en otros ámbitos de decir: si dejamos que las especialidades sean fijadas por cada comunidad autónoma, por cada Administración educativa tendremos problemas en el ámbito de la movilidad, no es un discurso real, es un discurso que presume una vez más un elemento de desconfianza y una concepción de que cada comunidad autónoma no tiene otro interés que perjudicar a su vecina y perjudicar a sus propios funcionarios. Como no entendemos así la Administración pública, creemos que las comunidades autónomas pueden coordinar perfectamente sus tablas de especialidades a base de fijar tablas de equivalencias que permitan la movilidad, movilidad que además vendría garantizada por las condiciones de un concurso de traslado, y en ese concurso de traslado se fija exactamente a qué especialidades se está refiriendo en cada caso. Por tanto, esa enmienda al artículo 104 sería para nosotros muy importante.


Finalmente, en este ámbito, la enmienda 1088 al artículo 105 antiguo, que es de nuevo un ejemplo más de invasión competencial a nuestro modo de ver y una invasión competencial bastante burda, si me permiten la expresión, relativa a la formación de los inspectores de educación. No me canso de seguir preguntando dónde están las competencias del Estado en materia educativa porque cuando uno termina de leer esta ley, y ya estamos al final del texto de la misma, da la sensación de que las competencias de esta materia educativa son inmensas y no lo son. El Estado tiene competencia en fijación de títulos y en todo lo que se refiere a la obtención de los títulos y después en lo que es estrictamente el garantizar del derecho a la educación y, por tanto, elementos básicos que garanticen el derecho a la educación. A partir de ahí, el resto es de las comunidades autónomas y eso hay que decirlo una y otra vez a ver si el ministerio se entera y si el Grupo Popular se entera. Por consiguiente, la formación de los inspectores no es competencia del Estado porque no tiene nada que ver ni con las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos ni tiene nada que ver, que yo sepa, con el derecho fundamental a la educación y su garantía. Por tanto, el Estado no tiene competencias en formación de inspectores, es simple y claro. Todo este artículo, tal como está establecido, nos parece que está absolutamente fuera de lugar, y especialmente evidente en la medida en que el proyecto de ley convierte en este artículo 105 que las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio nacional previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca.


Si uno se va a la normativa vigente, lo único que hay en este momento en el ordenamiento, que debería ser básico, porque, que yo sepa, la Constitución no ha cambiado en los últimos meses, y por tanto si las cosas son así hoy es que debían ser así hace seis meses, y hace un año, y hace dos, porque el fundamento competencial no ha cambiado, la única normativa vigente en este ámbito -digo- es una orden ministerial del año 1992, que atribuye un reconocimiento oficial a las actividades de formación que cumplan determinados requisitos establecidos en la mencionada orden. Por tanto, eso, que una orden ministerial establezca simplemente el reconocimiento entre las actividades de formación de unos y otros, es una cosa; convertir aquí por ley orgánica, sacralizado a nivel de ley orgánica que a partir de ahora las actividades de formación de las Administraciones educativas sólo tienen efecto si se cumplen una serie de requisitos básicos que el Gobierno va a establecer -nueva delegación al Gobierno, para que luego se nos diga que esto no modifica y no da al Gobierno más poderes de los que tenía-, nueva delegación al Gobierno para establecer lo que quiera sin saber exactamente en qué va a consistir esas condiciones básicas, nos parece claramente un abuso, un exceso y una invasión de competencias.


Insisto, no se vea en nuestra intención nada que contradiga la modalidad funcionarial, nada que contradiga la unidad del conjunto del Estado en términos funcionariales, en términos de ámbito, de movilidad entre cuerpos, de cuerpos entre sí, en términos geográficos, no hay nada en ese sentido, lo que hay es algo que el Partido Popular no tiene, que es la confianza mutua. Nosotros tenemos confianza mutua, entendemos que si

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una comunidad autónoma da unos cursos de formación, esos cursos de formación son reconocidos por los demás. Es tremendo que estemos llegando a una situación, señorías, en la que una decisión de un fiscal -perdonen que siga con comparaciones judiciales-, una decisión de un fiscal de Dinamarca obliga sin ningún tipo de filtro al conjunto de los fiscales de España, una decisión de un juez sueco, o de un juez de Malta dentro de cuatro días, del cual no sabemos absolutamente nada, o una orden de búsqueda y captura de cualquier juez de Luxemburgo, en este momento se impone a todos los efectos, vincula a la policía de todo el Estado y vincula al conjunto de todo el sistema judicial español. En cambio, una decisión de un Gobierno autonómico, que tiene su propia legitimidad, que tiene su base en la Constitución, que tiene su base en el estatuto de autonomía, que también es Estado, precisa toda una serie de filtros para su reconocimiento y tiene que ser fiscalizada por el Ministerio de Educación, porque, si no, aquello no se sabe muy bien si es serio o no es serio. Es absurdo, es sencillamente absurdo y se basa en esta sensación de desconfianza mutua entre Administraciones que en cierto sentido es causa y efecto de esta ley; es causa porque es lo que tiene detrás esta ley en estos ámbitos y es consecuencia de esta ley, porque esta ley lo que hace es levantar mucho más esa desconfianza entre la Administración general y las Administraciones autonómicas.


El señor PRESIDENTE: Señora Serna, tiene la palabra.


La señora SERNA MASIÁ: En primer lugar, quiero agradecer a la Mesa que nos haya permitido pasar a los títulos VI y VII, en tanto en cuanto que la señora Chacón tenía un debate con el secretario de Estado. Digo esto porque precisamente en el título V, en la sección 3.ª, íbamos a hablar de la autonomía de los centros, de lo que de alguna manera se derivaba la posición que mantenemos en cuanto al título VI y al título VII.


Dicho esto, para nosotros, por ejemplo, en la sección 3.ª del título V, que es lo que ahora después debatiremos, precisamente lo que defendemos es la importancia de la autonomía de los centros para una educación más personalizada. Sin embargo, cuando se da más autonomía a los centros eso significa que para que puedan llevar a cabo precisamente esa educación más personalizada y que esa autonomía fuese también un índice de calidad, en tanto en cuanto prevendría el fracaso escolar, eso tiene su contrapartida, y es que los centros tienen que aceptar que haya una evaluación de sus tareas, lo cual a su vez da lugar -lo debatiremos después- a que haya equipos directivos bien formados, con mayor capacidad de decisión y con mucho más apoyo de la administración del que hasta la fecha España ha ido dando a sus centros docentes.


Dicho esto, pasamos a explicar cómo va a ser la estructura del debate que vamos a llevar a cabo respecto a los títulos VI y VII. En el título VI debatiremos, desde el punto de vista que ya hemos planteado, las enmiendas 909 a 923; en el título VII, desde la 924 a la 928 y, al acabar el título VII, defenderemos el título VII bis de adición, donde se habla de la importancia del sistema educativo, cómo tiene que llevar a cabo una serie de modificaciones en cuanto que el Estado actualmente es un Estado autonómico con plenas transferencias de las competencias educativas a las comunidades autónomas.


Dicho eso, paso sin más a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al título VI, De la evaluación del sistema educativo. En el ámbito de la evaluación, antiguo artículo 93, que para nosotros es fundamental, hemos hecho una modificación, y es que el artículo, tal como está planteado por el Gobierno, habla de que hay que evaluar las actividades del profesorado. Eso es una incorrección técnica importante y nosotros hemos presentado una enmienda en el sentido de que no hay que hablar de las actividades, sino del profesorado. Por tanto, dentro de este ámbito de evaluación, donde habrá que evaluar el aprendizaje de los alumnos, los procesos educativos, al profesorado, la inspección, los centros docentes y la administración educativa, damos una importancia fundamental a la evaluación de lo que consideramos tres grandes patas de la educación, que serían los alumnos -su aprendizaje-, el profesorado -sus procesos de enseñanza- y los centros docentes. Por ello, además de las modificaciones a estos artículos, antiguos 93, 96 y 97, hemos planteado una serie de adiciones, de manera que, por ejemplo, respecto al artículo 93, que está dentro del ámbito de la evaluación, nosotros planteamos el 93 bis, porque nos parece que tal como está redactado es muy ambiguo y que no tiene ninguna incidencia si no se hace hincapié en las tres cuestiones que acabo de plantear: el aprendizaje de los alumnos, el profesorado y los centros. De ahí esas adiciones. En el 93 bis, enmienda 910, indicamos que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe dar lugar a que las administraciones educativas faciliten a los centros la formación y los instrumentos necesarios para mejorar esos procesos de evaluación de aprendizaje de los alumnos, distinguiendo enormemente desde dónde parten los alumnos hasta dónde llegan, porque en el fracaso escolar también tiene una gran importancia ver desde dónde parte un alumno, y cuando hablemos posteriormente del tema de los centros veremos cómo no es lo mismo partir de unos determinados niveles que de otros, y cuando a veces se habla de un fracaso escolar y se toman unas medidas estandarizadas resulta que se falsea totalmente la realidad y alumnos que han hecho un grandísimo esfuerzo para llegar a donde han llegado, sin embargo son considerados como alumnos fracasados.


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Por otro lado, para ese mismo artículo en su apartado 2, y en esa misma enmienda 910, decimos que las juntas de evaluación tienen que coordinar a todo el profesorado. A veces esto falla, y todos lo sabemos, en nuestro sistema educativo, y las juntas de evaluación no pueden consistir simplemente en que el profesorado se dedique a dictar las calificaciones obtenidas por sus alumnos, sino que tienen que ser más importantes, mucho más profundas, y este mismo profesorado tiene que ser consciente de la importancia de su labor. Por tanto, tienen que decidir colegiadamente sobre los componentes que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos y el aprendizaje realizado.


En el ámbito del profesorado hay dos adiciones en las enmiendas 912 y la 914. Nosotros creemos que tiene que haber una evaluación general del profesorado, no de cada profesor. Esa sería la enmienda 912 al antiguo artículo 93 quáter, donde decimos que no es voluntaria, y es que las administraciones públicas tienen que evaluar al profesorado de todos los centros públicos y de todos los privados concertados, porque entre ambos tienen que llevar a cabo la labor que el ministerio, las administraciones, en definitiva, la sociedad española les ha encomendado para que se eduque a nuestros alumnos, y tiene que llevar esa evaluación no para ir castigando, sino para mejorar permanentemente el trabajo del profesorado.


Sin embargo, en el artículo 94 bis, que sería la enmienda 914, planteamos que además de esa evaluación general obligatoria, en el sentido de que nos daría una percepción importante de cómo es el funcionamiento de nuestros centros educativos y no solamente de los públicos, tiene que haber a la vez una evaluación voluntaria, y ahora ya no del profesorado sino de cada profesor que así lo requiera y lo desee, y esto tiene que tener una importancia enorme para esa carrera educativa del profesorado.
¿En qué sentido esta evaluación tiene que tener importancia? Porque debemos ligarla a la carrera profesional, de manera que no ocurra, como debatíamos ayer, que de pronto nos aparezca un recién licenciado que hace un buen estudio de todo un temario que se presenta, saca una cátedra y de pronto a sus 23, 24 años se convierte con carácter vitalicio en un catedrático, y además con unas importantísimas responsabilidades para las que no está capacitado. Esa es nuestra gran discusión, porque creemos que tiene que haber una carrera profesional donde un profesor, como en cualquier otro ámbito profesional, empieza desde abajo, va aprendiendo, tiene una formación inicial, luego va teniendo una formación permanente, hasta que por sus propios méritos, y no porque un día tuvo una buena intervención ante un tribunal, va convirtiéndose en la auctoritas de la que ayer hablábamos por esa buenísima formación profesional que ha ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia y con la ayuda de las administraciones educativas. En ese sentido cuando hablamos de la evaluación voluntaria del profesorado a petición propia, consideramos que tendría que haber unas comisiones de evaluación, que estarían integradas por los inspectores de trabajo y por profesionales de reconocido prestigio, y que tendrían que valorar las actividades que ha desarrollado en el centro, cuál es su formación, cómo han ido evolucionando los alumnos con este profesorado, qué proyectos de innovación ha hecho o en los que ha participado. De la misma manera, consideramos que en esa evaluación también los órganos de Gobierno del centro al que pertenece este profesor y el Consejo Escolar -que no tiene que ver para nada y que así va a quedar cuando se apruebe esta ley gracias a su mayoría absoluta, no porque estemos de acuerdo todos los grupos parlamentarios- tienen que participar en esto.


¿Para qué serviría esa evaluación voluntaria? Para que adquiera tanta importancia para los concursos de traslados, para el desarrollo de su carrera profesional o para lo que hablábamos ayer del nuevo concepto retributivo, que los profesores la quieran. Tanto cómo se han fijado en Francia sobre cómo se hace allí, pues hay una evaluación voluntaria, allí creo recordar que es cada tres años, nosotros solicitamos que sea cada cinco, y que con esa buena mochila de formación y de experiencia acaben deseando tener esa carrera profesional, y no que por un examen en un momento determinado uno acabe siendo catedrático y el jefazo de todo el departamento. Para nosotros esa evaluación voluntaria debe tener prestigio y consecuencias importantes vinculadas a la carrera profesional.


En cuanto a la evaluación de los centros, con la enmienda 911, al antiguo artículo 93 ter, decimos que si los centros tienen esa autonomía que debatiremos posteriormente, deben ser evaluados, deben explicar a la sociedad qué es lo que han hecho con esa autonomía tan importante de recursos económicos, autonomía no pedagógica como dice el texto, sino curricular, autonomía de organización, y nosotros también pedimos de personal, y explicaremos posteriormente por qué. En esa evaluación de los centros lo que se tiene que ver es desde dónde parten los alumnos de ese centro, porque no todos los centros son iguales. Para que en esa evaluación haya condiciones de igualdad hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico del centro, de qué recursos dispone, cuáles son los procesos educativos que ha podido llegar a cabo, cuáles los resultados de los alumnos, y qué valoración hace la comunidad educativa y, por tanto, de nuevo el Consejo Escolar, de cómo ha funcionado este centro. Por eso, en el apartado 2 de esta enmienda decimos que las administraciones educativas acordarán con los consejos escolares de centros las medidas previstas para mejorar, que es lo que plantea nuestro proyecto alternativo a la ley de calidad. En definitiva, los centros van a realizar luego esa evaluación de todos los programas específicos y complementarios que están llevando a cabo. Esto es enormemente importante por una razón. No se trata de que

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vayamos sacando qué es lo que ocurre, pero como sabe el señor Calomarde, que creo que sigue siendo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hay que tener en cuenta cómo están los centros y cómo están los alumnos.
Por ejemplo, él sabe perfectamente que en este momento, en la escuela pública de la Comunidad Valenciana, 33.000 alumnos están siendo atendidos en aulas prefabricadas, lo que vulgarmente conoce la gente como barracones. Eso también es un índice de calidad. Si en este momento evaluásemos qué es lo que está ocurriendo allí, estamos seguros que el INCE, el futuro INE, daría una calificación bastante negativa a lo que ha hecho el Gobierno popular en el ámbito de la educación en la Comunidad Valenciana.


Dicho esto, hay dos cuestiones del antiguo artículo 94, hoy 95, referidos al instituto nacional de evaluación y calidad del sistema educativo, que queríamos plantear en este momento. En la enmienda 913 proponemos que el instituto nacional de evaluación tiene que llevar a cabo la evaluación general del sistema educativo, pero es la Conferencia sectorial de Educación, y en eso estoy de acuerdo con el señor Guardans, la que tiene que aprobar los planes de actuación, porque es allí donde se encuentra no sólo el ministerio sino todas las comunidades educativas que ya tienen transferencias plenas. Tampoco estamos de acuerdo cuando dice que también participarán. En el instituto nacional de evaluación no tiene que participar ninguna administración; lo que tienen que hacer es colaborar, lo que tiene que hacer es aprobar sus planes. El instituto nacional de evaluación, precisamente por que es de evaluación, tiene que ser absolutamente independiente y tiene que tener criterios científicos y criterios objetivos a la hora de plantear qué es lo que va hacer. No puede hacer una evaluación a la carta de lo que quiera la administración de turno. Eso es imposible. Ahora bien, la Conferencia sectorial de Educación, que es la que tiene que recuperar el prestigio y la importancia que debería tener, tiene que aprobar los planes de actuación y tiene que elegir al consejo rector de este instituto entre personas de reconocido prestigio. Por eso a nosotros nos parece que la credibilidad de este instituto tiene que residir en la autoridad, auctoritas que tanto le gusta al señor Calomarde, que le dé la conferencia sectorial y en el prestigio que tengan estas personas, sin que sean nombradas y designadas por lo que a cada administración o a cada gobierno le vaya pareciendo bien. Por eso pedimos la supresión del artículo 95, enmienda 915, porque no tiene que haber esas evaluaciones generales de diagnóstico. Si de verdad se hace una evaluación general de diagnóstico, tendría que estar recogido en los planes de evaluación general del sistema educativo, porque no acaba de entenderse muy bien qué significa eso de las evaluaciones generales de diagnóstico. Si los centros van a ser evaluados en vez de dedicarse a tener buenos planes de evaluación para sus alumnos, en vez de dedicarse a vigilar cómo marcha el proceso de aprendizaje de sus alumnos, en vez de mejorar el rendimiento real escolar de sus alumnos, a lo que se van a dedicar es a ver cómo puede pasar esa prueba que le haría el instituto nacional de evaluación. Por lo tanto, esa autonomía que dice la ley de calidad que hay que darle a los centros, no serviría de nada, porque sería una autonomía totalmente cercenada por el miedo a no pasar esos planes generales de evaluación. Por tanto. pensamos que el artículo 95, que además está redactado de tal forma que no se entiende lo que pretende -de ahí la sorpresa que nos ha producido-, va en detrimento de la calidad de la enseñanza, que no tiene que estar continuamente pendiente de la evaluación que le vaya a hacer el instituto nacional de evaluación.


La enmienda 916 se refiere al artículo 96 y propone la modificación de su apartado 1, con la consiguiente redacción: El instituto nacional de evaluación, siguiendo las directrices de la Conferencia sectorial de Educación -es donde se encuentran todas las administraciones educativas-, elaborará periódicamente el sistema estatal de indicadores. Consideramos que esa conferencia tiene que tener un papel fundamental y lo que nosotros vemos a través de la ley de calidad es que el ministerio ha olvidado que en este momento estamos en un Estado de las autonomías, con competencias educativas totalmente regionalizadas.


Por último, la enmienda 918 propone la modificación del artículo 97, con la siguiente redacción: Evaluaciones generales del sistema educativo. El instituto nacional de evaluación, siguiendo las directrices establecidas por la Conferencia sectorial de Educación, elaborará planes periódicos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, del profesorado, de los centros educativos, de la inspección de educación y de la administración educativa. El informe que elabore el instituto deberá ser bianual y tendrá que ser presentado al Consejo Escolar del Estado y al Parlamento, ya que es aquí donde nosotros tenemos que legislar conforme nos vaya indicando el instituto nacional de evaluación que funciona el sistema educativo.


Paso al título VII: De la inspección del sistema educativo, artículos 100 a 105 y enmiendas 924 a 928, las cuales son todas de supresión, ya que no terminamos de comprender por qué viene de nuevo esto aquí. Yo manifesté ayer que esta ley incluye tantas cosas -algunas ya están legisladas- que acaba perdiendo el hilo conductor de lo que realmente pretende. Sabemos que la misma quiere mejorar el rendimiento escolar y paliar el fracaso escolar porque lo dice la ministra, pero eso es algo que no se deduce leyendo la ley, precisamente porque va dando saltos y se va metiendo en todos los charcos posibles, incluso en aquellos sobre los que el Parlamento ya se ha pronunciado y no están derogados. Por eso no entendemos qué es lo que de verdad quiere la ley y, con respecto a las cuestiones que hemos entendido, tenemos un profundísimo desacuerdo, siendo una de ellas la relativa a la inspección del sistema educativo,

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título VII. ¿Por qué pedimos la supresión del artículo 100? Porque es una copia literal del artículo 35 de la LOPEG. ¿Por qué solicitamos la supresión del artículo 103? Porque es una copia del artículo 36 de la LOPEG. ¿Por qué pedimos la supresión del artículo 105? Porque es una copia de los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la LOPEG. ¿Y qué pasa con el artículo 104? Solicitamos su supresión porque ustedes recuperan no la condición de catedrático -estamos de acuerdo con que en esa carrera administrativa hay que llegar a ello-, sino el cuerpo de catedráticos, un cuerpo restringido y de elite, y para ello han tenido que recuperar la inspección, que también estaba por especialidades, de tal forma que las funciones de los catedráticos pasan a ser las funciones de los inspectores. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se abre la posibilidad de la especialización de la inspección por asignaturas, lo que es absolutamente ineficaz para la evaluación de los inspectores en los centros educativos.


El artículo 36 de la LOPEG establece las funciones de la inspección educativa. ¿Y qué es lo que tiene hacer? Pues controlar y supervisar desde el punto de vista pedagógico y organizativo, colaborar en la mejora de la práctica docente, participar en la evaluación del sistema educativo, velar por el cumplimiento, asesorar, informar, etcétera. Así pues, que ahora vuelvan a aparecer los antiguos inspectores, que solamente podían entrar a unas cuantas clases y que no podían entrar en un centro porque tenían una profunda ignorancia de lo que estaba pasando allí, no tiene ningún sentido. A lo mejor eran grandísimos expertos en matemáticas o en filosofía, no me cabe la menor duda, pero no eran los verdaderos inspectores que hoy necesita la escuela del Estado español. Es absolutamente inconcebible que ahora volvamos a estas cuestiones. Me parece que no tiene sentido que vuelvan a plantear este asunto porque, primero, lo están copiando todo, y para una cosa que ponen nueva y que podríamos haber debatido lo único que hacen es volver a los antiguos inspectores de hace veintitantos años, donde estaban por especialidades.
Me parece que es gastar muchísimo dinero porque va a tener que haber multitud de inspectores, cada uno de ellos dedicado a pequeñas parcelitas de la realidad educativa, y realmente no va a ser eficaz para la escuela que en este momento estamos intentando estructurar de cara al siglo XXI.


Por último, entraría en el título VII bis, que lleva como rúbrica: Del sistema educativo del Estado de las autonomías. Naturalmente, tiene una gran relación con lo que estábamos hablando anteriormente por la importancia que creemos que hay que dar a la Conferencia sectorial de Educación porque es ahí donde el ministro o la ministra de Educación, con todos los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, conocen cómo está desarrollándose el sistema educativo en cada una de las regiones de nuestro país.


¿Qué es lo que decimos al respecto? Nuestro grupo presenta cinco enmiendas de adición sobre cómo en este momento, cuando ya están transferidas todas las competencias de educación, tendría que haberse replanteado el ministerio un nuevo papel. Un papel que desde luego debería tener también la alta inspección, y es que esa alta inspección de la que hablábamos antes en el título VII debería haberse reestructurado dentro de lo que es el nuevo marco autonómico, puesto que ya están transferidas todas las competencias y por tanto no tiene ningún sentido volver a una inspección que, tal y como ustedes la plantean, pertenece mucho más a los años setenta que al año 2001. Esas cinco enmiendas de adición que proponemos tienen que ver con una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo, que es adecuarse muchísimo mejor al actual marco autonómico. Para el Grupo Socialista, este proyecto de ley es un ejemplo más de la forma que ustedes tienen de entender la educación, y es que la educación hoy no sólo no es una tarea compartida sino que, tal y como ustedes lo hacen, parece como si impusiesen sus reformas.


Nosotros consideramos que la señora Del Castillo va a acabar batiendo el récord de ser la ministra que más páginas del "BOE" ha llenado, pero que menos ha cambiado la educación de este país, y si no ustedes lo verán dentro de unos años. Desde luego, en cuanto nosotros ganemos esto va a desaparecer. No se puede gobernar la educación en contra de todo el mundo, pero sobre todo lo que no debe hacerse es de espaldas y en abierta confrontación con los gobiernos autonómicos; gobiernos que no existen sólo para pagar la factura de las decisiones ministeriales (ayer varios portavoces se quejaban de esto), sino que son y deben ser cada día más los auténticos garantes de un mejor y más cercano servicio público educativo; hoy también Convergència i Unió hablaba de este asunto. Esos gobiernos regionales, de los que de alguna manera parece que ustedes desconfiasen y quisiesen renacionalizar la educación, resulta que son la clave del éxito de cualquier reforma que vayan a llevar a cabo, de ahí la importancia que nosotros le damos a la Conferencia sectorial de Educación. Nuestro sistema autonómico lo que tendría que hacer es potenciar los instrumentos de coordinación, de cooperación y de colaboración. Por ello, esta ley, que en realidad busca la reforma de nuestro sistema educativo para mejorar su calidad (eso es lo que dice) no impulsa, sin embargo, el papel de la Conferencia sectorial de Educación, que tendría que haberse convertido en órgano de debate. Con ese debate previo hoy tendríamos muchísimos más acuerdos y, tal y como hoy vemos en los titulares de los periódicos, no estaríamos asistiendo a la soledad del Partido Popular en la defensa de esta ley.


En materia de objetivos educativos y en atención a las reservas que en el debate en Pleno realizaron tanto el portavoz de Convergència i Unió como el del Bloque

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Nacionalista Galego a nuestra enmienda de totalidad, hemos incorporado un apartado que clarifica que los objetivos educativos se van a establecer de común acuerdo con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia sectorial de Educación. Con la última enmienda que planteamos de adición pretendemos suplir los vacíos de este proyecto de ley en un tema que cada día asume más fuerza por necesario, que es la descentralización de nuestra educación en el gobierno más cercano. Es decir, hay que dar cada vez más papel -y ya verán cómo nos tendremos que sentar en los próximos años en relación con esto- a los gobiernos locales, porque ellos traerían también una gran eficacia en la aplicación del servicio público.


Mientras que con esta ley se pretende muy claramente renacionalizar competencias que hoy ya no tiene el Ministerio de Educación, sin embargo, las reformas educativas europeas están propugnando lo contrario, y es que para que mejor funcione la educación se le está dando cada vez un mayor papel a las administraciones locales. Esa es nuestra última enmienda de adición a este título VII bis que tiene como rúbrica: Del sistema educativo del Estado de las autonomías.


Quiero finalizar indicando una cuestión. Leyendo la ley no se acaba de saber qué es lo que se quiere, porque es como si tuviese un hilo conductor poco claro. Yo ya sé que el señor Calomarde no lo va a aceptar, pero intelectualmente no tiene más remedio que hacerlo, aunque ahora aquí políticamente lo niegue, porque no se entiende de ninguna de las maneras.
Cuando nosotros hemos planteado un texto alternativo, ¿cuál era el objetivo del título I? Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, mejorar el sistema educativo. Todos los títulos siguientes están enfocados a cumplir ese objetivo. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento escolar, cómo se puede mejorar el sistema educativo? Hay que incentivar el trabajo del profesorado, hay que facilitar la participación de padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, pero ustedes no solamente no lo incentivan, sino que les quitan competencias tal y como queda el Consejo Escolar, hay que asegurar una educación de calidad para todos los alumnos, compensando precisamente las desigualdades, compensando precisamente a aquellos que más necesitan la calidad y ustedes nada menos que en el sistema obligatorio acaban por expulsar -según dicen sus propios documentos- a un 25 por ciento del alumnado, hay que profundizar en la autonomía curricular pedagógica y de gestión de los centros, hay que preparar el sistema educativo para adecuarlo a las demandas de la sociedad del conocimiento, hay que garantizar la participación de los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de todo el alumnado, porque la administración paga y, si la administración paga, no es para que ellos elijan a los alumnos que tienen que ir, sino para que la propia administración obligue a todos aquellos centros que están financiados con fondos públicos a ayudar al sistema educativo de este país, tienen que ayudar a que todos los alumnos en el sistema obligatorio estén precisamente en igualdad de condiciones, hay que evaluar el sistema educativo, pero no poniendo ahora una alta inspección que no procede en este nuevo Estado autonómico, sobre todo en el ámbito de las competencias educativas. Para hacer todo eso la administración educativa del Estado tiene que adecuarse a la nueva realidad y, por tanto, tiene que profundizar en la descentralización de dos maneras, dándole muchísima más importancia a la Conferencia sectorial de Educación y, desde luego, descentralizando esa educación también en aras de que participen los ayuntamientos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Comenzaré mi intervención haciendo algún comentario a lo propuesto por la señora Julios, por parte de Coalición Canaria. En esta ocasión, y valorando la prudencia y mesura de las intervenciones que habitualmente tiene la portavoz del Grupo Parlamentario Canario en esta Comisión, no podemos aceptar sus enmiendas, en concreto la número 88 por cuanto que, a nuestro juicio, tal y como está planteada se olvida el carácter nacional del cuerpo de inspectores.
Aunque este es un asunto que posteriormente veremos, porque se han referido a él otros grupos parlamentarios de la Cámara, concretamente el Grupo de Convergència i Unió, señor Guardans, quiero recordar que el cuerpo de inspectores es así por cuanto lo establece de ese modo la Ley de la función pública. Por tanto no es un capricho ni una opción, sino que está reglamentado a través de una determinada ley. Esa es la realidad, independientemente de las consideraciones que los grupos puedan hacer respecto al funcionamiento de la inspección. Eso no tiene nada que ver con el carácter funcionarial y nacional del cuerpo de inspección.


Me gustaría hacer algunos comentarios un poco más extensos respecto a la intervención del portavoz de Convergència i Unió, señor Guardans. En primer lugar, quiero valorar el reconocimiento del señor Guardans a las negociaciones habidas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de la compleja y extensa tramitación de este proyecto de ley. También quiero añadir otra cosa -y supongo que el señor Guardans ni se molestará por ello ni me lo rebatirá-, y es que en el tiempo que han durado esas negociaciones ha habido intentos serios de aproximación y de acuerdo por todas las partes, por lo menos así fue manifestado en reiteradas ocasiones por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Ciertamente, en este título que estamos debatiendo surgieron -y así lo ha reconocido también el señor Guardans en su exposición- diversos desencuentros entre los respectivos puntos de vista. Señor Guardans,

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no quisiera repetir en modo alguno debates que ya hemos tenido en la tarde de ayer y a los que usted también se ha referido en su intervención, sino que quiero ir al fondo de la cuestión. Ustedes han reconocido el carácter nacional del cuerpo de inspectores, carácter que no tiene porque ustedes lo reconozcan, sino porque es así, por lo que no vamos a hacer de ello materia de discusión política o partidista. No voy a entrar en la valoración que nos merece la palabra nacional referida a un cuerpo funcionarial, porque es un debate estéril desde el punto de vista de la posible confrontación política.


En cualquier caso, en toda la tramitación de este proyecto de ley ustedes han aludido reiteradamente a la desconfianza que el Partido Popular, la ministra, señora Del Castillo, y este grupo parlamentario tenían respecto al hecho autonómico, al buen funcionamiento, a la mejor voluntad y a los mejores criterios de las comunidades autónomas y, muy concretamente, del Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Supongo que no le voy a convencer de nada, pero me gustaría intentarlo una vez más. Voy a intentar explicar de nuevo cuál es la posición de mi grupo parlamentario respecto a este tema. En su intervención ha insistido en reiteradas ocasiones en que las comunidades autónomas son Estado. Tiene usted toda la razón, y no solamente la tiene, sino que el Grupo Parlamentario Popular lo comparte plenamente, por eso discrepamos con ustedes en cuanto a la desconfianza mutua de las administraciones públicas.


En la tramitación de este proyecto de ley ha habido un punto de desencuentro fundamental entre su grupo parlamentario y el nuestro, porque usted sabe igual que yo, señor Guardans -y se lo digo con la mayor cordialidad-, que hemos estado a punto de llegar a acuerdos muy importantes, pues teníamos dos o tres puntos que nos separaban, pero otros muchos casi los habíamos podido cerrar. Ese punto de desencuentro entre el carácter de Estado de las comunidades autónomas y la propia administración central del Estado se puede entender políticamente, pero es difícil de justificar desde el punto de vista político e incluso desde el punto de vista intelectual. Esta ley no se entromete ni recorta las competencias de las comunidades autónomas.


Es verdad que al comienzo de las negociaciones nos separaban diversas aristas, a las que usted ha aludido antes, pero el Gobierno, nuestro grupo parlamentario -no tengo ninguna dificultad en decirlo- y el Grupo de Convergència i Unió han hecho verdaderos esfuerzos para limarlas.
Seguramente, señor Guardans, el punto de desencuentro estriba hoy en que lo que ustedes entienden por invasión de competencias nosotros lo entendemos no como renacionalización del Estado, sino como el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, que no es lo mismo. La administración central del Estado o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -en una terminología que les es más próxima y que este grupo no tiene ningún inconveniente en utilizar- recupera sus competencias, en el sentido de que decide ejercerlas con plena libertad, con absoluta competencia y con total legitimidad. Eso, señor Guardans y señores de Convergència i Unió, no entendemos, honestamente, que sea invasión de competencia alguna de la administración educativa de la Generalitat catalana, sino simplemente coordinación de lo que representan las diversas, insisto, competencias que tienen las administraciones públicas, precisamente porque nos parece comprensible y asumible que las autonomías son Estado, pero si lo son lo somos todos y para todo. Por eso, la administración central del Estado pretende ejercer legítimamente aquellas competencias que tiene constitucional y legalmente establecidas. Si usted a eso le llama desconfianza, llámelo como quiera, está -cómo no- en su perfecto derecho de hacerlo. Pero a este portavoz le parece una mala interpretación de la situación y sobre todo que enturbia lo que, sin esa interpretación, podrían haber sido unas relaciones mucho más fluidas y mucho más satisfactorias presumo que para ambos.


Con respecto a lo que usted ha dicho, todo se basa en esto, lo sabe usted perfectamente y yo también. Consiguientemente, no voy a entrar mucho en ello, no por nada sino porque ya lo ha dicho usted. Pero sí quiero, porque fue uno de los objetos de discusión importantes -usted lo recordará y yo también-, referirme al artículo 96, antes 95, en lo que se refiere a las evaluaciones generales de diagnóstico. Yo no le voy a decir que nos unían más cosas. Es verdad que ustedes plantearon -y lo acaba de volver a hacer S.S. en su intervención- que no estaban de acuerdo con la evaluación general del diagnóstico. Efectivamente, ése fue uno de los puntos de no encuentro entre nosotros, en el sentido de que lo que dice concretamente el artículo 96, antes 95.1, de que el Ministerio elaborará evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas, a ustedes no les parecía correcto o les parecía que invadía competencias.
Ustedes preferían, y así lo manifestaron, una evaluación de carácter muestral.


Lógicamente, señor Guardans, no le tengo que explicar que voy a defender la posición del proyecto de ley, como es natural, pero sí quiero recalcar que, independientemente de su apreciación respecto a que ustedes prefieren una evaluación de carácter muestral porque entienden que una evaluación general es una invasión competencial, por una parte, y que, por otra parte, pervertiría el sentido mismo de la evaluación -y me parece entender que ese es el sentido de su enmienda o de su planteamiento en este punto-, fíjense ustedes en que el punto 1 del artículo 96, antes 95, se cuida muy mucho de que esa interpretación sea sostenible. ¿Por qué? Porque se dice que estas evaluaciones se realizarán, en todo caso, en la educación primaria y en la secundaria obligatoria, y que versarán sobre competencias básicas del currículo.


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Señor Guardans -a la señora Serna tendré ocasión despúes de comentar lo mismo que estoy comentando ahora-, cuando aquí se dice que esta evaluación general versará sobre competencias básicas del currículo nadie está invadiendo competencia alguna, entre otras razones, porque evaluar sobre las competencias básicas es una de las tareas que legítimamente tiene encomendada la administración central del Estado, usted lo sabe igual que yo, porque estamos hablando de competencias básicas. Hemos discutido mucho sobre lo que eran las competencias básicas y no negará usted que el texto está escrito con extrema prudencia. Es evidente que aquí no se dice que la evaluación general podrá desarrollar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en detrimento, por otra parte, de lo que las comunidades autónomas puedan evaluar. Nadie niega que las comunidades autónomas puedan realizar las pruebas que consideren pertinentes de evaluación de su estructura y de su administración educativa. Nadie lo niega y en modo alguno lo niega este proyecto de ley. Me gustaría que alguien me explicara en esta Cámara dónde sucede eso. Me parece que el texto es muy escrupuloso en lo que se refiere a qué evaluación general puede realizar, en este caso, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, insisto, versará sobre competencias básicas del currículo.


Se establece en el punto 3 del mencionado artículo que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará la normativa básica aplicable. Naturalmente que es discutible -¿cómo no va a serlo- cómo entiende cada grupo parlamentario lo que se dice de previa consulta a las comunidades autónomas. Permítanme ustedes que lo podamos explicar y defender con la menor dosis de desconfianza posible para el Estado autónomico. Previa consulta a las comunidades autónomas quiere decir previa consulta, es decir, las comunidades autónomas serán consultadas -y fíjese que lo dice claramente el proyecto de ley- con respecto a la propia normativa básica, que es, por otra parte, competencia legítima de la administración central del Estado. Explíqueme usted, por favor, dónde está la invasión competencial en este punto.


Insisto en que yo puedo entender, aunque no compartir -permitirá usted que esto sea legítimo también por parte de nuestro grupo parlamentario-, que ustedes defiendan una evaluación de carácter muestral, aunque le recuerdo, señor Guardans, que en algún momento de esas negociaciones a las que usted ha aludido, si yo no recuerdo mal, se llegó a hablar incluso de evaluaciones globales. En cualquiera de los casos, por supuesto, yo no quiero entrar en asuntos que no corresponden a esta Comisión en este momento, pero sí quiero defender lo que me parece perfectamente defendible. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada, ocupa la presidencia.)

Respecto a lo que ha dicho de la inspección, otro de los puntos que ha suscitado su desacuerdo o su desconfianza, quiero recordarle que usted mismo ha reconocido -y me alegro que así sea, naturalmente- que en el artículo 104 original, actual 105 del proyecto, se ha avanzado. Yo diría que más que avanzar, es que esto casi lo vimos en común. Señor Guardans, fíjese que en el artículo 105, antes 104, se dicen cosas clarísimas que, me permito decirle, ponen en entredicho o hacen muy discutibles las interpretaciones que ustedes hacen respecto a las invasiones competenciales. ¿Cómo puede usted decir que hay invasión competencial en un artículo que dice que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las especialidades básicas de la inspección educativa? Si son especialidades básicas, naturalmente que las puede establecer el Gobierno, es una de sus competencias. ¿Por qué no las puede ejercer? (El señor Guardans i Cambó: ¿Por qué es una competencia?) Porque es básica y la legislación básica es perfectamente atribuible en este caso a la administración central del Estado. Ustedes no pueden negar eso, si no quieren; si quieren, sí, claro. En consecuencia, después, las administraciones educativas -están en plural-, de acuerdo con sus competencias, podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado anterior. Un problema diferente es que ustedes estén más o menos a favor de que la inspección se estructure por especialidades. Tendré ocasión de debatir esto con mayor detenimiento en la respuesta a la señora Serna, pero, en cualquiera de los casos, a mí me parece que el cuidado que se ha tenido en el proyecto de ley al defender estos puntos es muy importante, y así lo quiero subrayar.


Siguiendo con la inspección del Estado, usted ha mencionado concretamente, creo recordar -y con esto voy a terminar este apartado de mi intervención-, el punto e) del artículo 103, antes 102, que se refiere a comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza, señalando que creían que esto era una nueva invasión competencial a las comunidades autónomas. Yo vuelvo a reiterarle mi argumentación -lamento que no logre convencer ni llevar a mejor ánimo a su grupo parlamentario- porque estamos en lo mismo. Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por el ministerio respecto a las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico es una de las competencias que la administración central puede perfectamente ejercer. (El señor Guardans i Cambó: ¿De dónde? ¿Por qué?) Porque es una competencia básica y la administración la puede ejercer perfectamente sin lesionar, en absoluto, las competencias concretas que las administraciones autónomas puedan realizar en este mismo sentido. Por otra parte, quiero recordar, cuando aquí se dice que el ministerio, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están intentando renacionalizar

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el sistema educativo español, por ejemplo, con el capítulo dedicado a la alta inspección del Estado, que lo que corresponde a la alta inspección del Estado en materia educativa viene regulado por el artículo 27 de la Constitución. Lo único que hace el proyecto de ley es recoger esto y desarrollarlo, señalando que las competencias que en las comunidades autónomas constitucionalmente tiene atribuidas la alta inspección del Estado las vamos a ejercer con el más escrupuloso cuidado y cariño a las competencias autonómicas. Y subrayo las dos cosas porque así son. Otra cosa es lo que se quiera decir desde otros grupos parlamentarios.


Respecto a la intervención de la señora Serna, que ha sido larga porque son dos puntos, yo trataré de responder, en la medida en que pueda y el tiempo me lo permita, a casi todas sus apreciaciones. Voy a comenzar, dado que estamos en el tema de la inspección, por lo mismo que le estaba diciendo en este momento al señor Guardans. El Grupo Socialista plantea la supresión por las mismas o parecidas razones que tuvimos ocasión de debatir ayer por la tarde, es decir, que los artículos 100, 103, 105, etcétera, son artículos, digamos, copiados de otros proyectos legislativos -de nuevo se insiste en esta argumentación- y empeorados. No puedo discutir mucho más esta argumentación porque ya tuvimos ocasión ayer -y al "Diario de Sesiones" me remito- de justificar estos mismos argumentos y lo mismo ocurre respecto a sus apreciaciones y su insistencia en la no consideración del cuerpo de catedráticos. Tampoco voy a entrar en esa argumentación porque ayer tuvimos ocasión suficiente, tanto la señora portavoz del Grupo Socialista como yo mismo, de debatir ese asunto. Sí quiera comentar lo que ella ha dicho respecto a que el capítulo I, dedicado a la alta inspección del Estado -artículo 102, antes 101-, debería estar enmarcado dentro de los ámbitos autonómicos. Debo decir que aquí no hay ningún proyecto y, desde luego, en este artículo no se dice en ningún lado, de renacionalización, sino el estricto cumplimiento de la legislación vigente y, concretamente, de los preceptos constitucionales.


No quiero cansar a nadie, pero, como es corto, permítanme que lea el artículo 102, antes 101. Dice: Corresponde al Estado la alta inspección educativa para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza a las comunidades autónomas. Quiero señalar esto de una manera clara, nítida. Se dice que es para garantizar el cumplimiento. ¿De qué? De las facultades que les están atribuidas en materia de enseñanza a las comunidades autónomas por el artículo 27 de la Constitución. Explíquenme qué renacionalización de la educación es esto, cuando lo que se dice es única y exclusivamente que el Gobierno, el ministerio y el grupo parlamentario apuestan por la aplicación de la Constitución y por que la alta inspección del Estado funcione con legitimidad, con corrección, de forma ajustada a las competencias que tiene atribuidas, que son las que se recogen en el artículo 103, antes 102. Si leen este artículo con el detenimiento que un texto de esa naturaleza merece, verán que entre las mencionadas competencias no hay ninguna que vaya en contra de las posibles competencias que en otras materias tengan atribuidas las propias comunidades autónomas. La alta inspección del Estado no pretende sustituir ni avasallar a las inspecciones educativas que las autonomías tienen estructuradas, lo que pretende, como estoy intentando argumentar, es que lo que al Estado corresponde -la garantía y el cumplimiento de facultades en materia de enseñanza en las comunidades autónomas- se cumpla. Es decir, que la alta inspección del Estado funcione con legitimidad, con garantías legales, cumpliendo sus funciones y en perfecta colaboración con el marco autonómico y competencial vigente. Vuelvo a insistir porque me parece fundamental. Este proyecto de ley no invade nada, pero sí dice con claridad que no hay ningún motivo para que la administración central del Estado no aplique y contemple aquellas competencias que pueden y deben ser ejercidas, desde el punto de vista educativo, por dicha administración central del Estado, en rigurosa colaboración, diálogo y consenso con las competencias legítimamente transferidas a las administraciones autonómicas, precisamente porque no hay ninguna guerra de intereses interestatales ni ninguna concepción de que el Estado de las autonomías signifique un desequilibrio a favor de la administración central o una vejación para la asunción de las competencias propias de la misma respecto a las comunidades autónomas. Aquí sí estamos en un debate político de fondo en el que me permito sugerirles que no andemos con frivolidades porque estamos tocando muy sensiblemente lo que constituyó el pacto constitucional de 1978 y la vertebración, la articulación del actual Estado autonómico español que mi grupo parlamentario, el Gobierno del Partido Popular y este portavoz que tiene el honor de dirigirse a SS.SS. apoyan con todas las consecuencias. No sé si esto puede ser extensible a otros grupos parlamentarios en las interpretaciones que este portavoz ha tenido que oír esta mañana.


Señora Serna, quiero comentarle algunas apreciaciones respecto a lo que han dicho del título VI, que se refiere a la evaluación del sistema educativo. Ustedes han presentado diversas enmiendas que no tocan excesivamente lo que dice la ley porque han esgrimido, argumentos de carácter general que me parecen muy bien, pero lo único que manifiestan son discrepancias (ayer por la tarde tuve ocasión de debatirlas con usted) con los conceptos de evaluación general, el cuerpo de catedráticos, lo que usted entiende por autoritarismo, y lo que usted ha dicho referido a lo de jefazos de departamento. S.S. ha vuelto a insistir en el argumento de los 23 años, sobre este punto no voy a añadir nada porque tuvimos ocasión de debatirlo ayer y S.S. conoce perfectamente la posición de mi grupo parlamentario y del

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proyecto de ley que estamos debatiendo. Respecto a la evaluación de los profesores en lugar de actividad del profesorado, también tuvimos ocasión de debatirlo ayer. Ya era un poco tarde y quizá no pudimos insistir suficientemente. Señora Serna, no es tanto un problema nominal estrictamente, Lo que pasa es que si tenemos que evaluar el profesorado sería conveniente saber qué vamos a evaluar. Si hablamos de las actividades del profesorado, como hace el proyecto de ley en su artículo 94, queda bastante mejor en el sentido de que especificamos que no se trata de una evaluación de carácter metafísico, ontológico, psicológico o de otra naturaleza del profesorado, sino de las actividades concretas que los profesores desarrollan. Lo ha mencionado hoy en su criterio de evaluación en lo que se refiere a las juntas de evaluación. Ni a mí ni a mi grupo parlamentario nos parece mal, que las juntas de evaluación tienen que decidir colegiadamente -es lo que viene sucediendo hace muchos años-, la evaluación, pero habrá que evaluar cosas. Estoy dispuesto a admitirle, señora Serna -no tengo ningún inconveniente en hacerlo-, que la evaluación de un alumno u alumna de nuestro sistema educativo es un acto complejo, pero precisamente porque es un acto complejo no lo reduzcamos a un acto simple; que la evaluación no tenga que ser sólo de conocimientos, de elementos cognitivos, instrumentales, de meros elementos de aprendizaje. Pero en ningún punto de este proyecto de ley se dice que la evaluación sólo tenga que ser eso. Lo afirman ustedes. No me parece ni mal ni bien, digo que lo afirman ustedes, no nosotros ni lo dice el proyecto de ley. Si S.S. dice que reducimos la evaluación exclusivamente a una nota concreta en matemáticas, en dibujo, en plástica o en lo que sea y que, como ocurría hace muchos años (y usted lo sabe como yo porque lo hemos hecho los dos), uno iba a la junta de evaluación y decía que fulanito tenía un cinco en matemáticas o un cuatro en lo que fuera, tengo que responderle que nadie pide que a esto se reduzca la evaluación porque sería simplificador y probablemente muy negativo. Lo que decimos, está en el proyecto de ley y me parece enteramente defendible, es que tampoco podemos hacer evaluaciones oníricas ¿Qué quiere que le diga? Tendremos que evaluar respecto a algo.
Si lo que quiere S.S. es que se evalúe más ampliamente a un alumno, yo también. Pero reconózcame que la evaluación instrumental y cognitiva tiene que tener un peso específico importante en la evaluación final y global de un alumno. Si no lo tiene (yo sí le critico, señora Serna, que en los años de la LOGSE este aspecto de la evaluación ha sido menguado progresivamente en detrimento de otros, no digo que no sea importante sino que no ha sido suficientemente tratado) es precisamente por su concepto de la comprensividad que no compartimos. Ese es el problema de fondo y lo que está separando nuestras respectivas posturas políticas y educativa y por esto es por lo que se ha llegado progresivamente a un nivel de fracaso escolar muy considerable, el 23 ó el 25, el que usted quiera.


Por otro lado, dice S.S. en la segunda parte de su intervención que pretendemos expulsar al 25 por ciento del alumnado de los centros. Tengo que contestarle que no pretendemos expulsar a nadie porque ningún Gobierno del mundo puede expulsar a nadie de ningún sitio mucho menos del sistema educativo porque el Gobierno estaría loco. Ni éste ni ningún Gobierno. Yo tampoco me puedo creer, porque no soy ningún ingenuo, que cuanto gobernaban pretendían hacer cualquier otra barrabasada, -permítame las comillas lo que acabo de decir- porque no es mi estilo. Ustedes desarrollaron una determinada ley que ha funcionado hasta donde ha funcionado, pero reconozca que ha tenido lagunas importantes que nos ha llevado a determinadas cotas de fracaso muy considerables. Por el contrario, lo que pretendemos es dar alternativas a ese 25 por ciento actual que no sabe dónde meterse, que no es lo mismo, y que está abandonando nuestro sistema educativo. Ese sí que es un problema que su ley no resolvió, que no resolvió adecuadamente o que los años han demostrado que no se ha resuelto satisfactoriamente. Por eso, entre otras muchas razones, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes presenta esta ley y la estamos debatiendo en este parlamento.


Naturalmente subyacen concepciones educativas diferentes en la LOGSE y en este proyecto de ley, señora Serna. Son perfectamente legítimas. ¡Ojalá estuviéramos debatiendo sobre ellas y no sobre eslóganes políticos o de simplificaciones partidariamente interesadas Fíjese la claridad con la que lo manifiesto. Naturalmente constará en el "Diario de Sesiones" como todo lo que los diputados y diputadas decimos en esta casa. ¡Ojalá el debate hubiese sido ese y no hubiese sido, lamentablemente, el que siendo en los medios de comunicación! Esto de la exclusión, la segregación, el autoritarismo, la racionalización del sistema, las invasiones competenciales, los camiones que van y vienen a las autonomías..., esto es devaluar profundamente un debate complejo como el que estamos teniendo y estamos haciendo un flaco favor al país, y a la propia comunidad educativa reduciendo los debates educativos a estos términos.


Señorías, me van a disculpar, pero hay un asunto que ha planteado la señora Serna que no puedo pasar por alto, y lo lamento. La señora Serna ha hablado de la educación en la Comunidad Valenciana. Ni usted ni yo estamos en estos momentos en las Cortes Valencianas. Quizá en algún otro momento podamos coincidir allí, no lo sé, y tengamos ocasión de debatir esto con profundidad. Ha dicho usted que en nuestra comunidad hay 33.000 alumnos en barracones y que esa es la conclusión a la que ha llevado la política del Partido Popular. Como tanto usted como yo no somos nada nuevos en esto y conocemos bastante bien cómo han estado las cosas y cómo están ahora, le voy a dar sólo unos datos.


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En el año 1995 que, como usted sabe perfectamente, gana el Gobierno de la Generalitat el Partido Popular, los anteriores consejeros de Educación de los últimos gobiernos de Joan Lerma, señores Andreu López y Joan Romero, con los que tuve el gusto de debatir, -usted lo sabe perfectamente- como portavoz que entonces fui del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, nos dejaron exactamente un proyecto de tres hojas grapadas de lo que era un mapa escolar de la Comunidad Valenciana. Le puedo dar garantías fehacientes de la verdad de lo que digo porque estaban encima de mi mesa. Dígame usted cuáles fueron sus últimas aportaciones -no trato de herir la sensibilidad de nadie porque no es mi estilo, lo matizo claramente- respecto a la calidad educativa en nuestra comunidad.
Reconozca al menos las inversiones que se han hecho, yo también les reconozco las dificultades que sin duda toda gestión educativa tiene y, mucho más, en el panorama de centros que ustedes dejaron en su momento y le remito a las personas responsables directamente de la materia en el momento procesal al que usted se refería. Dígame si no calificarían -vamos a utilizar un término profesoral- de suficiente, incluso de bien -yo la calificaría de más alta-, una gestión que afortunadamente terminará con un mapa escolar construido y con la aplicación de la LOGSE desarrollada. Por cierto, señora Serna, no me negará usted que tampoco lo hemos hecho excesivamente mal. No nos acuse ahora de deslealtades serias, por cuanto que no es sorprendente que un partido como el nuestro, que tiene efectivamente responsabilidades tan altas de Gobierno tanto en la Comunidad Valenciana, como en este caso, en el Gobierno español, no le ha hecho ascos a la aplicación de una legislación que no hizo, y que tampoco avaló. Sin embargo, en nuestra comunidad no lo ha aplicado malamente y la hemos llevado a cabo con eso que se llama lealtad institucional, que es una cosa importante en política por cuanto que, independientemente de lo que nos parezcan las leyes, el carácter de orgánica de aquella ley obligaba al cumplimiento de la misma, -como esperamos que así sea tenido en cuenta cuando se apruebe por la mayoría de la que gozamos en este Parlamento, no solamente por nuestra parte, también otros grupos parlamentarios han manifestado buenas intenciones de voto respecto a esta ley-, y lo mismo deseamos con la ley orgánica de calidad de la educación que estamos debatiendo.


El señor presidente me está mirando con toda la razón, diciéndome que termine; lo entiendo, le agradezco mucho su generosidad, y así lo voy a hacer.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): ¿Algún grupo desea hacer alguna puntualización? Tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Brevemente, señor presidente. Esta intervención del señor Calomarde me suscita un montón de comentarios y voy a intentar ser breve. El primero es sobre esa constante referencia que todavía mantiene y que no sé muy bien qué propósito político tiene -el Partido Popular sabrá- de intentar transmitir a la opinión pública que aquí había un acuerdo casi terminado. Yo sé que probablemente para el resto de la Comisión tiene un interés relativo si había acuerdo o no, es un debate menor, pero me interesa dejarlo claro en la medida en que, dada la trascendencia que tiene esta ley, es muy probable que este "Diario de Sesiones" sea más leído que otros. Me interesa dejar muy claro que no había ningún acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió, había un diálogo que no llegó a ningún sitio y la mejor prueba de ello, la prueba más obvia es el "Diario de Sesiones" de ayer y de lo que llevamos hoy. Si existiera tal acuerdo, ¿alguien puede explicarme qué hago yo aquí protestando una y otra vez por la invasión competencial que tiene esta ley? Si existiera tal acuerdo, ¿por qué mi grupo parlamentario sigue manteniendo todas estas enmiendas y va denunciando una y otra vez, en cada una de las comas que tiene la ley, la permanente invasión competencial que a nuestro modo de ver el Tribunal Constitucional pondrá en su sitio? Si existiera tal acuerdo, ¿por qué no ha puesto el Grupo Parlamentario Popular sobre la mesa un montón de enmiendas que dejaran sin contenido las nuestras y que le permitieran hacer un discurso diciendo: aquí están nuestras propuestas, lo convirtiera en enmiendas parlamentarias y nos dejara absolutamente en ridículo y en evidencia dejando claro que sólo tenemos dos puntos abiertos y que estamos votando contra la ley sólo porque hay dos puntos? Y en lugar de dos puntos hay docenas y docenas de enmiendas vigentes que el Partido Popular va a votar en contra.


Ya está bien de mantener esa especie de discurso de que estamos prácticamente de acuerdo. No estamos de acuerdo en nada. Esta ley es un abuso competencial, esta ley interfiere en las competencias de las comunidades autónomas, el Partido Popular lo mantiene así, y ya está. Me parece muy bien que el Partido Popular desconfíe de las comunidades autónomas, tenga una visión absolutamente centralista y quiera, como ha dicho literalmente su portavoz, recuperar competencias. (El señor Calomarde Gramage: ¡Yo no he dicho eso!) Lo ha dicho, está en el "Diario de Sesiones": lo ha dicho y he tomado nota en ese mismo momento. Y además ha dicho: somos Estado las comunidades autónomas y el Gobierno central; todos y para todo. Pues no, todos y para todo, no, porque ahí está precisamente el reparto de la Constitución y los estatutos; no todos para todo. Cada uno en su marco, y ese es el gravísimo error. El ministerio de educación y las comunidades autónomas no son Estado para lo mismo, cada uno es Estado para su propio ámbito, para aquellas competencias que les han atribuido el estatuto y el título VIII de la Constitución. Por tanto, basta de jugar con la opinión pública.


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Aquí a cada uno le piden cuentas, a usted y a mí nos pedirán cuentas. Si usted de verdad está tan convencido de que está tan cerca de CiU, ponga sobre la mesa los acuerdos a los que llegamos, conviértalos en enmiendas e introdúzcalos en la ley. A partir de ahí me dejará a mí en evidencia y me obligará a salir ante el Pleno de la Cámara diciendo: CiU vota contra la ley a pesar de que sólo le quedan dos puntos de discrepancia. Atrévase a hacer eso, atrévase a poner en evidencia a CiU, porque eso es muy obvio. Aquí no estamos haciendo nada a puerta cerrada, hay testigos, hay letrados, hay un "Diario de Sesiones", hay prensa. Póngame usted sobre la mesa la lista de todo lo que nosotros denunciamos, la lista de todo lo que ustedes ofrecen, conviértame eso en ley y a partir de ahí yo tendré que explicar ante mi electorado por qué, a pesar de que el Partido Popular ha convertido en ley todo aquello que nosotros consideramos que está mal, votamos en contra. Eso no es así, todas nuestras enmiendas están vigentes, las están votando ustedes en contra una detrás de otra, así que por favor basta de hacer teatro y de andar por ahí diciendo que estamos de acuerdo en todo. No lo estamos y llevo muchas horas, desde ayer a las nueve de la mañana, denunciando coma por coma en qué puntos concretos, que son muchos, que son docenas y docenas, hay invasión competencial. Hay invasión competencial, además, del derecho vigente. Ese juego de que aquí no cambia nada también es perfectamente comprobable en términos empíricos. Aquí estamos para hacer política y no para hacer trabajos académicos. Que yo sepa, la Constitución no ha cambiado en el último año; ni la Constitución ni el estatuto de autonomía, no han cambiado en nada. Por tanto, el marco competencial no ha cambiado absolutamente en nada. Esta ley respecto del derecho vigente introduce más de cincuenta remisiones al Gobierno que no existían. Luego, una de dos: o hasta ahora ha habido una prevaricación permanente del ministerio renunciando a cumplir sus competencias y a ejercer facultades que tenía que estar ejerciendo, y lo que hay que hacer es revisar la actuación del ministerio incluido, por un lado, del Partido Socialista y, por otro, del Partido Popular desde el año 1996 hasta aquí, porque ha renunciado, y un Gobierno que renuncia a ejercer lo que es su obligación está prevaricando. Aquel Gobierno que tiene por ley facultades y no las ejerce prevarica. Una de dos: o el Gobierno ha estado prevaricando hasta ahora por no cumplir esas competencias y por no ejercer facultades que tenía y que la Constitución le imponía, o -que es nuestra tesis- hasta ahora el Gobierno se ha limitado a cumplir aquello que podía hacer y a partir de esta ley en cincuenta puntos distintos se atribuye competencias que no tiene conforme a la Constitución. Luego, hay regresión ¡Claro que la hay! Y hay invasión competencial, está en la ley y llevo muchas horas -y ahí está el "Diario de Sesiones"-, desde ayer por la mañana a las nueve, artículo tras artículo, enmienda tras enmienda diciendo: donde antes no había remisión al Gobierno, ahora la hay; donde antes no hacía falta autorización, ahora hace falta; donde antes lo hacían las comunidades autónomas, ahora hay que pedir permiso. Usted defienda que por ley orgánica le parece oportuno imponer eso, pero no nos diga que aquí no ha cambiado nada, porque tontos no somos y además estamos todos explicándonos con luz y taquígrafos.


Con relación derecho constitucional y a las competencias, le acepto que en derecho -soy jurista con una cierta experiencia- las cosas no son blanco o negro. Ahora bien, una cosa es que no sean blanco o negro y que en derecho hay cosas que se pueden discutir, y otra que permanentemente en su discurso, ayer y hoy, lo mejor lo hace todavía alguna otra vez-, cada vez que denunciamos la invasión competencial con sentencias del Tribunal Constitucional en la mano, las tome como si estuviéramos hablando del tiempo y como si fueran mera interpretación, casi con una visión protestante de la libre interpretación de la Biblia: que cada uno interprete las cosas como quiere. No, esto no es así. La Constitución no la interpreta cada uno como le da la gana. Yo estoy firmísimamente convencido de que sus palabras en el "Diario de Sesiones" en nombre de su grupo quedarán en agua de borrajas ante una sentencia del Tribunal Constitucional, como le ocurrió hace años a su compañero ponente en la Ley del Suelo; como le ocurrió hace años a su compañero ponente en la Ley de Defensa de la Competencia; como le ocurrió a su compañero ponente en un montón de leyes, que compareció en la Comisión respectiva con la boca llena diciendo que efectivamente el Estado estaba no sé qué, y vino el Tribunal Constitucional y puso orden, que para eso está. Tengan ustedes prudencia ante esas frases tan grandilocuentes que van soltando, porque les pondrán en su sitio, porque estamos demostrando punto por punto que están ustedes yendo más allá de lo que la Constitución les permite. La Constitución, -lo digo una vez más- les permite a ustedes, a este Parlamento y a la administración general del Estado establecer legislación básica en acceso o implementación del derecho a la educación y los títulos. Todo lo que se sale de ahí está fuera de lugar; todo lo que es administración, y organización están fuera de lugar. Si ustedes no lo quieren ver ahora, están estableciendo un sistema educativo caduco, que tendrá que ser desmontado dentro de pocos años en cuanto haya una sentencia del Constitucional que les va a dinamitar en los propios pilares este puente que están construyendo. Esa es una irresponsabilidad de la que ustedes tendrán que dar cuenta.


El limitarse a poner la palabra básico en la ley, como si fuera harina que se echa sobre un Belén para poner nieve, no les da competencias de nada.
En su discurso S.S. decía: es básico porque yo lo digo. La ley cita la palabra básico a cualquier cosa y, a partir de ahí, ha ganado una competencia. Esto no va así. Es la Constitución

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la que dice dónde puede legislar el Gobierno con carácter básico, dónde esa legislación básica tiene que ser por ley o dónde puede deslegalizarla, y donde no puede permitir que acabe siendo básica una orden ministerial. Eso lo dice la Constitución, lo dice el estatuto y lo dice la interpretación que de los mismos lleva haciendo el Tribunal Constitucional hace muchos años. Que el redactor de este texto se limite a poner la palabra básico, espolvoreándola, no les atribuye competencias nuevas. En el ámbito de inspección, tienen las que tienen y no más. Y por mucho que figure la palabra básico en la ley, no recuperan competencias.
Pido un poco de acuerdo. ¿Qué hay desconfianza? ¡Claro que la hay! Es más, me atrevo a decir que ustedes no tienen desconfianza en la Generalitat de Cataluña. La percepción que tengo es que no tienen desconfianza en la Generalitat de Cataluña, pero estoy convencido de que tienen una profunda desconfianza en la Junta de Andalucía, una profunda desconfianza en el Gobierno vasco y una profunda desconfianza probablemente en alguno más. Por lo menos, en la Junta de Andalucía y en el Gobierno vasco tienen una desconfianza atroz. ¿Qué ocurre? Que nos la hacen pagar a nosotros. Así que no me haga la argumentación ad hominem diciendo que se fían de la Generalitat de Cataluña. En nombre de la consejera de Educación, le agradezco ese acto de confianza que tiene en la Generalitat de Cataluña. Pero le ruego que haga lo mismo con los demás consejeros de Educación y que me diga que tiene confianza en la política educativa de la Junta de Andalucía, que lo recoja el "Diario de Sesiones", y que me diga que tiene confianza en la política educativa y en el ámbito competencial del Gobierno vasco. Cuando le escuche decir eso, me empezaré a creer su discurso. Pero como no se lo voy a escuchar, lo que intenta esta ley es laminar competencias educativas porque no se fían del Gobierno vasco, porque no se fían de la Junta de Andalucía y porque no se fían de muchos otros, y lo pagamos los demás. Es un discurso habitual que Convergencia i Unió viene oyendo desde hace mucho tiempo.
Nos dicen: Vosotros sí sois buena gente, vosotros hacéis las cosas bien, lástima de esa panda de inútiles que están en otros sitios. Si no fuera por esa gente que está gobernando en otros sitios, las cosas irían bien.
Vosotros sois majos, pero como en otros sitios hay una panda de cafres, no tenemos más remedio que legislar como legislamos. Ese es un discurso que Convergencia i Unió ya está acostumbrado a oír. Para su tranquilidad, también lo oía con el Gobierno anterior. (La señora Chacón Piqueras: ¡De Andalucía, no!) Con el Gobierno anterior lo oía respecto de otros.
También decían: Los de CiU sí que son majos, en la Generalitat de Cataluña sí que hacéis bien las cosas, sanidad, justicia, educación, prisiones, lo que sea. (El señor Calomarde Gramage: ¿Prisiones? ) En prisiones somos los únicos que lo tenemos, pero otros tendrían derecho a tenerlo y no se lo dan por la misma razón, porque por el estatuto lo podrían tener. Nos dicen: Vosotros hacéis bien las cosas, pero como en tal sitio gobierna tal partido que no es de fiar, no nos queda más remedio que limitarlo. Eso es algo que nos tiene profundamente hartos y que justifica decisiones políticas de mayor calado hacia lo que nos encaminamos todos.


Termino. La distribución competencial es la que es. No depende de la libre interpretación que pueda estar haciendo usted en este momento. A título de resumen, reitero dos puntos muy concretos. Si ustedes creen de verdad que hay acuerdo con CiU excepto en dos puntos, apruébenme todas las enmiendas y déjenme con dos puntos. Dejen sólo dos temas con los que yo no coincida con el Partido Popular. Cuando hagan eso, podrán salir en el "Diario de Sesiones" o en rueda de prensa diciendo: hay acuerdo con CiU excepto en dos puntos y aún así CiU no vota la ley. Mientras tanto, lo que tengo aquí son docenas de enmiendas que ustedes están votando en contra y que yo llevo defendiendo desde ayer. Menos retórica. En segundo lugar, cuando ustedes digan que no se está cambiando el derecho vigente en temas de competencias, saquen todo lo que hay en esta ley de mayores remisiones al Gobierno y mantengan las cosas exactamente donde están.
Acepten todas las enmiendas que suprimen remisiones al Gobierno donde en el derecho vigente no las hay. Cuando hagan eso, tendrán un punto más de credibilidad. Mientras no lo hagan, acepten que están haciendo una LOAPA educativa, que han llegado a la conclusión de que el sistema no funciona, que no se fían de él y que quieren poner orden. A partir de ahí, es una opción legítima -en parte es inconstitucional, pero hay una parte que es opción política-, pero háganla, sean coherentes y explíquensela a su electorado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Invirtiendo el orden de la respuesta que ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular con relación a mi intervención, le voy a recordar, señor Calomarde, una frase de Kant que usted conoce.
Decía Kant que el mayor problema que puede tener el ser humano es el de la educación. Si ese es el mayor problema, porque hay que decidir muchas cosas, porque nunca se sabe cómo solucionarlas, porque hay que estar haciendo revisiones continuamente, una de las cuestiones que estamos debatiendo desde ayer precisamente es la prisa que ustedes se han dado para llevar a cabo este proyecto, prisa que por ejemplo hace que en este momento el orden del día del próximo Pleno esté todavía abierto. Tienen ustedes una increíble prisa, porque esto podíamos haberlo debatido con muchísima tranquilidad. Quiero recordar aquí respecto a la anterior Ley general del Sistema Educativo, la LOGSE, que la misma tuvo seis años de experiencia en las aulas y que estuvimos debatiendo sobre ella durante

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año o más en el Parlamento. Sin embargo, si no recuerdo mal, la LOCE fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 31 de julio de este año y en este momento, a 24 y 25 de octubre, estamos finalizando no un debate previo, sino un debate en Comisión para aprobar el articulado.
¿Qué ocurre? Que, naturalmente, esta prisa que tienen ustedes nos está llevando a una carrera sin sentido, tan sin sentido que ayer una serie de grupos parlamentarios se marcharon de la Comisión por el profundo desacuerdo que tenían con el modo en que se está llevando a cabo esta cuestión. Esto en cuanto a las formas.


Usted ha manifestado que a nuestra ley, a la LOGSE, no la han hecho ascos y que durante los seis años que llevan en el Gobierno central y siete en la comunidad autónoma la han estado llevando a cabo. Mire usted, cuando nosotros nos marchamos del Gobierno, estábamos dedicando al ámbito de la educación en relación con el producto interior bruto el 4,9 por ciento y en este momento estamos en menos del 4,5. Todo el mundo sabe que la LOGSE requiere un incremento en los recursos económicos y ustedes los han bajado y de qué manera en seis y siete años lo han bajado muchísimo, en miles de millones. Quiero recordarle que la LOGSE tuvo fundamentalmente dos razones: una, la que estamos debatiendo hoy, que es precisamente la necesidad de adecuar el sistema educativo a un nuevo marco autonómico, algo con lo que estamos en desacuerdo en este momento con la LOCE; y dos -usted ha vuelto a hablar del asunto-, había que hacer una reforma en las aulas por el alto porcentaje de fracaso escolar que había en los años ochenta en nuestro país. Le recuerdo las cifras: el 32 por ciento en la EGB, el 50 por ciento en el bachillerato y el 67 por ciento en la formación profesional. Esto está publicado en el informe de la OCDE del año 1986 que ayer mencioné, y si quiere, podemos ver la publicación. Así pues, que en este momento estamos en el 23 por ciento significa que durante estos años, a pesar de que no se hayan incrementado los recursos, esos altísimos porcentajes han bajado nada menos que nueve puntos en la escuela obligatoria, 27 puntos en el bachillerato y 44 en la formación profesional. Luego no me diga usted -lo acaba de manifestar- que estas cotas altísimas de fracaso escolar dan lugar a la LOCE. En primer lugar, lo que ha habido ha sido una disminución profunda del fracaso escolar. De todas maneras, nosotros no estamos de acuerdo con que el porcentaje sea del 23 por ciento y por eso dijimos ayer que pensamos que se tienen que hacer unos reajustes, tantos como decidamos todos los grupos parlamentarios de la Cámara; no hemos podido proponer ninguno porque ustedes han venido, han impuesto su ley y se ha acabado, ese es el problema que en este momento tenemos. También quiero recordarle -a lo mejor con esta prisa no le ha dado tiempo a usted verlo- los titulares de ayer de la Comunidad Valenciana, porque dicen que hemos dejado tres hojas del famoso mapa escolar al que ustedes se refieren. Pues bien, ustedes han hecho un mapa escolar en relación con el cual manifiestan que va a estar construido cuando se marchen y la verdad es que no sé si les va a dar tiempo a terminarlo en ocho meses, puesto que solamente está construido el 2 por ciento del mismo, señor Calomarde, mapa escolar que por cierto presentan todos los años, como el AVE (Risas), porque el AVE ya lo hemos inaugurado y ni siquiera está hecho el estudio del proyecto.
Desde luego, en los presupuestos de este año no se refleja este asunto.


Dicho esto, y siguiendo el orden en el que usted ha intervenido, en relación con el título VII, relativo a la inspección, tengo un enorme interés para que conste en el "Diario de Sesiones" de esta Comisión que nosotros no hemos dicho no de ninguna manera a la inspección. ¿Cómo vamos a manifestar eso? Señor Calomarde, lo que nosotros decimos es para qué vamos a votar y aprobar lo mismo que ya está aprobado, si es una copia del título IV de la LOPEG, que está dedicado a la inspección educativa. Y hay más; nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las modificaciones que ustedes hacen aquí. Le recuerdo precisamente lo que dice el artículo 37 del título IV de la LOPEG y es que, de acuerdo con lo establecido en la LOGSE, las comunidades autónomas ordenarán su función inspectora en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en dicha ley. Naturalmente que estamos de acuerdo en que son normas básicas, lo que yo digo e insisto es que ustedes renacionalizan de alguna manera las competencias educativas, y en eso nosotros mostramos un enorme desacuerdo.


El artículo 94 habla del antiguo instituto nacional de evaluación y precisamente nosotros estamos diciendo que hay que darle mayor papel a la conferencia sectorial, donde naturalmente está sentado el Ministerio de Educación con las consejerías de las comunidades autónomas; es desde ahí desde donde hay que decidir cómo mejorar el sistema educativo y el rendimiento escolar. El apartado 2 de este artículo dice que se garantizará la participación de las administraciones educativas en la estructura y funciones de este instituto. Nosotros decimos que no, decimos que tiene que ser un instituto independiente, y por eso proponemos una modificación del mismo. Ese instituto tiene que estar al servicio del Estado y lo que nosotros decimos es que la Conferencia sectorial de Educación aprobará sus planes de actuación y elegirá a las personas de reconocido prestigio precisamente para que la evaluación que haga de todo el sistema educativo (centros, profesorado y procesos de aprendizaje de los alumnos) no esté al servicio de lo que quieran las administraciones educativas, da igual que pertenezca al Gobierno central o a las comunidades autónomas. Precisamente para que esto funcione tiene que haber un verdadero instituto nacional de evaluación. Lo que ustedes vienen a decir es que todo va a depender del Ministerio de Educación y lo

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único que van a garantizar es la participación, que tampoco se dice muy bien en qué, para poder determinar su estructura. Tiene que ser es un verdadero instituto científico y objetivo que de verdad permita a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de educación, mejorar todo lo que compete al sistema educativo. Queremos dejar claro que de ninguna manera decimos no a la inspección, lo que decimos es que tiene que ser adecuada al nuevo marco competencial. ¿Que forma parte de una legislación básica? Sí, pero tiene que haber una nueva adecuación de la inspección y desde luego el instituto nacional de evaluación tiene que estar al servicio de todas las administraciones educativas y tener muy en cuenta a la hora de evaluar que debemos tener homologación en la calidad, no homologación en los contenidos, que es lo que usted me ha estado diciendo todo el tiempo. Su intervención me acaba de recordar la que hizo un ministro de educación francés en un congreso de educación en el que tuve la suerte de participar. Dijo una cosa que ya entonces, teniendo en cuenta hacia dónde íbamos en nuestro país y desde luego cuando se aprobó la LOGSE, era una auténtica..., no sabría cómo calificarla, pero era una afirmación pedagógica totalmente inadecuada.
Dijo lo siguiente: yo sé, como ministro de educación francés, lo que hacen todos los niños franceses cada día y a cada hora de este país. ¡Qué barbaridad! Y usted vuelve a lo mismo. Nosotros queremos homologación en la calidad y usted quiere homologación en los contenidos, de manera que el Ministerio de Educación español sepa a cada hora y en cada momento qué hacen todos los niños de España. Qué desacuerdo tan profundo con las palabras que usted ha dicho. Usted dirá que es su opción, pero precisamente es su opción y usted dice no a la comprensividad. Mayor comprensividad que ésa no cabe. Para nosotros la comprensividad significa coherencia y cohesión escolar; que todos los niños de la escuela obligatoria tengan una parte de su formación común. Les quiero recordar que somos nosotros los inventores de la diversidad; los inventores en el ámbito legislativo porque los inventores eran los investigadores de la educación. Nosotros precisamente trajimos la diversidad para que aquellos niños que tuviesen diferentes procesos de aprendizaje no quedasen totalmente descolgados ni muchísimo menos, sino que hubiese partes básicas para todo el alumnado de este país, para que aprendiesen aquello que su sociedad considera importante que debe aprender, y que sin embargo respetásemos en las escuelas sus diferencias, sus distinciones, sus posibilidades y sus capacidades; de ahí nuestro invento de la diversidad.


Ustedes para evaluar se inventan una prueba general de diagnóstico, que va a hacer el INE. Nosotros tenemos un desacuerdo profundo con la prueba general de diagnóstico, porque ya sabemos lo que significa, y además usted lo acaba de confirmar totalmente: homologación en los contenidos.
Ahora vamos a salir de una escuela pública y vamos a entrar en una escuela estatal. ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Una escuela estatal, como en la época de la dictadura, en la que todos los niños tenían que tener lo mismo? No digo política sino pedagógicamente ustedes vuelven atrás. Ustedes quieren recuperar los catedráticos, quieren recuperar la inspección por asignaturas y ahora quieren recuperar la escuela estatal.
¿Pero si la escuela tiene que ser pública, si ese precisamente es el pacto de la democracia? Escuela pública con autonomía en los centros, ¿para qué? para mejorar el sistema educativo y para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. Si usted quita la autonomía a los centros y les hacen esa prueba general de diagnóstico, que significa de una forma muy grave homologar contenidos, desde luego nuestro desacuerdo es total conforme vamos debatiendo la ley y escuchándoles a ustedes. Si usted quiere decir homologación en la calidad, nosotros decimos un rotundo sí y para eso están todas nuestras enmiendas de modificación, de supresión y de adición. Por tanto, conforme se amplía el debate, el desacuerdo que nosotros tenemos respecto a la ley es mucho más profundo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Trataré de ser breve en la medida de mis posibilidades.


No está en este momento el señor Guardans de Convergència de Unió, así que, si me lo permite...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): El hecho de que no esté no significa que no pueda hacer las alusiones que considere porque quedarán reflejadas en el "Diario de Sesiones".


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Lo sé, señor presidente. Quisiera contestar con cierta brevedad a las diversas intervenciones que han tenido a bien formular los portavoces parlamentarios de los grupos.


Respecto a lo que ha dicho el señor Guardans, en representación de Convergència i Unió, quisiera hacer tres apreciaciones. No voy a insistir más en el asunto de la negociación o intento de acuerdo con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entre otras múltiples razones porque estamos en sede parlamentaria. Ustedes dicen que les aceptemos el conjunto de enmiendas y que después hablemos de que ustedes no votarán la ley, pese al acuerdo que ha habido y el reflejo que ese acuerdo ha tenido en la tramitación parlamentaria de la ley. Lo que pasa, señor Guardans, es que cuando el desacuerdo se circunscribía aproximadamente (y los términos estadísticos en esto siempre son engañosos, porque no dan fehaciente veracidad de las cosas, pero sí suficiente aproximación) en torno a un 20 por ciento, concretamente en dos o tres asuntos, evaluación, inspección, etcétera, y teníamos acuerdos en

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otras materias y acuerdos sustanciados, cuando lógicamente el desacuerdo está en esa franja estadística parece bastante razonable que el proyecto de ley no pueda incorporar lo que lamentablemente no ha podido ser un acuerdo. Usted lo sabe políticamente igual que yo y lo defendería exactamente con los mismos o muy parecidos argumentos a los que este portavoz está utilizando; por tanto no insistiré más en lo que es una obviedad política. Sí quisiera comentar dos cosas. Usted habla de la inconstitucionalidad presunta de la ley. Es evidente que este es un proyecto de ley orgánica para el que en su momento el Consejo de Estado ha emitido el preceptivo dictamen. Me voy a remitir -porque quiero y porque necesariamente debe ser así- a lo que indica el Consejo de Estado a este respecto. El ministerio tiene ese aval, esa justificación, ese dictamen en el que se reconoce precisamente la constitucionalidad del proyecto. Como usted comprenderá, ningún ministerio ni ningún Gobierno se arriesgaría a elaborar una ley de esta envergadura, con el carácter que tiene la misma, sin ese dictamen, que usted como jurista conoce y que no me parece oportuno comentar en este momento. Usted ha empleado palabras más gruesas, pues ha hablado de prevaricación permanente del ministerio en dejación de competencias. Esto nos llevaría a un debate político de envergadura respecto a lo que pasó con la LOGSE, a lo que pasó con ustedes y la LOGSE, a por qué en determinados momentos algunos grupos políticos apoyan una ley. No voy a entrar en este debate porque no es objeto de lo que hoy estamos hablando aquí, pero usted sabe perfectamente a qué me refiero. En cualquiera de los casos, decir que el ministerio ha prevaricado durante años....(El señor Guardans i Cambó: Yo no lo he dicho.) Perdóneme, yo he apuntado aquí prevaricación permanente del ministerio. (El señor Guardans i Cambó: Lo habrá escuchado mal.) No sé si lo habré escuchado mal, pero creo que ha dicho eso. En cualquier caso, lo que he dicho y reitero, aunque ya sé que es una argumentación que no les convence, es que aquí no hay una invasión de competencias, sino un ejercicio de las mismas, que no es lo mismo ni mucho menos.


Ha dicho usted una cosa que quiero comentar. Entre los usos parlamentarios de este portavoz no están en absoluto, no lo han estado jamás ni lo estarán en el futuro, descalificaciones de nadie en el sentido de que nosotros tratamos como buena gente -me parece que ha dicho usted- a la Generalitat de Catalunya, pero no diríamos lo mismo de la Junta de Andalucía o del Gobierno vasco. Como usted sabe perfectamente, el problema es mucho más complejo. El hecho de que las comunidades autónomas sean Estado, lo mismo que lo es el Gobierno central, y que el Estado lo sea para todos y para todo no quiere decir que este portavoz esté defendiendo la uniformidad general del sistema; no, ni mucho menos. Yo estoy defendiendo la Constitución y los estatutos, son ustedes los que dicen últimamente que quieren cambiar el suyo. No voy a entrar en ese asunto porque no es objeto de este debate, me limito a recordar lo que dicen ustedes. En cualquiera de los casos, el problema consiste en que para que el sistema que estableció la Constitución en su momento funcione adecuadamente, con toda lógica y con todo equilibrio, es necesaria la reciprocidad; fíjese que ni tan siquiera voy a hablar de lealtad, que es una palabra mayor, hablo de reciprocidad. Lo que ocurre es que a veces el Gobierno, el Partido Popular y este grupo parlamentario se encuentran con que no son muy bien recibidos en las actuaciones concretas de algunas administraciones autonómicas, que más que gestionar sus respectivas autonomías, utilizan -fíjese que espero matizar con toda elegancia parlamentaria, porque quiero hacerlo así- las instituciones de autogobierno como si fueran arietes partidarios en contra del Gobierno central. Cuando esto sucede, es más difícil -no digo que sea imposible- mantener las normales y lógicas relaciones institucionales y políticas.


Respecto a lo que ha comentado en su segundo turno de intervención la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Serna, quisiera centrarme sobre todo en una cuestión, que es la referida a la financiación, en concreto a algunas omisiones que ha hecho su grupo político a lo largo de toda la tramitación de este proyecto de ley, sobre todo las que se refieren a los informes de la OCDE. Señora Serna, a la hora de hablar de gasto educativo, la OCDE considera como el indicador más fiable el gasto por alumno referido al PIB per cápita. Si esto es así, España se situaría en la novena posición entre veinticuatro países, teniendo por delante a Suecia, Japón, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Finlandia, etcétera. Según la OCDE, tanto en educación primaria como en secundaria, el gasto por alumno en España está por encima de lo que le correspondería en función del PIB per cápita. Sin embargo, cuando el Grupo Parlamentario Socialista habla de gasto en educación, nunca hace referencia al peso del gasto educativo en primaria y secundaria sobre el gasto público en su conjunto y el aumento producido en los últimos años, lo que según los propios informes de la OCDE situaría a España por delante de otros países como Holanda, Italia, Alemania, etcétera.


Finalmente, señora Serna, señoras y señores del Grupo Socialista, se sobrevalora la importancia de los recursos en la mejora de la calidad de la educación. En el conjunto de los países desarrollados y de conformidad con los resultados del proyecto PISA 2000 de la OCDE, las diferencias en gasto por alumno entre los países sólo han podido explicar el 17 por ciento de las diferencias entre ellos en cuanto a los resultados de rendimiento escolar. No me invento nada, me remito al informe de la OCDE, que me imagino usted conoce. Consiguientemente discútalo usted o no, pero es deseo de este portavoz manifestarlo públicamente para que

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conste en el "Diario de Sesiones" y para conocimiento de SS.SS.


Por último y quiero ser breve en esta intervención, insisto, están las referencias que usted hace de nuevo a la renacionalización de la educación en España. Es una apreciación que yo no le voy a discutir, creo que ya la hemos discutido y no logro convencerle, ¡qué le vamos a hacer! No existe tal término en modo alguno, ni se puede colegir de este proyecto de ley. Y respecto a lo que usted dice de la escuela pública y la escuela estatal no ignora este portavoz las diferencias. Yo no tengo nada que ver con el ministro francés de 1979 al que usted se refiere, pero en cualquier caso tampoco creo que de lo que el proyecto de ley establece se pueda decir esto.


Fundamentalmente, usted se ha referido a un punto concreto que no comparten en absoluto, el de la evaluación general de diagnóstico. Se ha referido usted a eso y me ha dicho que tenemos una diferencia insalvable.
Me parece muy bien. Lo único que le quiero comentar es que en el artículo 96, anterior 95.1, insisto, donde se habla de este tema, cuando se dice que el ministerio elaborará evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas se está diciendo en qué se evaluará generalmente, y generalmente se evaluará sobre las competencias básicas del currículo, casualmente aquellas que puede el ministerio establecer. Dígame usted dónde está la invasión competencial, dígame usted dónde está la estatalización de la escuela, y dígame usted dónde nos cargamos, entre comillas, la escuela pública española, por la que usted dice abogar.


He tratado de contestarle, imagino que con escaso éxito, pero en cualquier caso ciñéndome a los argumentos que ustedes dan.


No voy a insistir en las referencias que usted ha hecho a la Comunidad Valenciana porque no es éste el marco adecuado para ello, pero tendría mucho gusto en discutir con usted, insisto, los famosos tres folios grapados -y sé muy bien de lo que hablo-, con lo que ustedes dejaron en aquella administración en su momento, cuando perdieron las elecciones, y con cómo presumiblemente podemos estar en este momento.


No voy a comentar sus apreciaciones respecto al AVE, porque no le quiero recordar cómo inauguraban ustedes maquetas en la época de anteriores presidentes de la Generalidad (Rumores.) Es un debate que ni usted ni yo podemos tener en este momento ni en esta Cámara. Insisto que si alguna vez coincidimos en alguna otra Cámara y en algún otro momento, más cercano a nuestras respectivas ciudades de origen, tendré muchísimo gusto, y sentido del humor sin duda, en discutirlo con usted. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Exclusivamente en relación a la alusión de prevaricación, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor Calomarde, intervengo para aclarar un poco las cosas, porque si no esto puede llegar a confusión, y aunque mi inmunidad parlamentaria me permite acusar de lo que quiera no lo hago gratuitamente.


No he acusado de prevaricación al Gobierno. Lo que he dicho es que, una de dos, si el Gobierno con esta ley simplemente está ejerciendo competencias... escúcheme ahora, porque si no después volverá a decir algo distinto de lo que he dicho. Normalmente escucha, pero como antes ha instrumentalizado las palabras quiero que ahora me entienda bien.


Una de dos, o el Gobierno lo que está haciendo ahora es recuperar competencias que no estaba ejerciendo y que no tenía por ley (es lo que yo creo, que está invadiendo competencias ajenas, porque estos sí son vasos comunicantes, lo que crece por un lado decrece por el otro, y no hay más), están ustedes invadiendo competencias ajenas, que es la opción que yo creo que es, o si es como usted dice y el Gobierno lo único que está haciendo con esta ley es empezar a ejercer competencias que tiene y que no ejercía, está usted acusando al Gobierno del Partido Popular y al Gobierno del Partido Socialista de no haber ejercido competencias que tenían desde la aprobación de la LOGSE. y eso es prevaricación. Eso me parece absurdo, claro que me lo parece. Es ridículo pretender que el Gobierno no ha ejercido competencias que por ley podía ejercer, y como esa prevaricación creo que no se da, creo que es una situación absurda, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, el Gobierno hasta ahora, se ha mantenido en los márgenes de sus competencias y a partir de ahora quiere ir más allá y esta ley le habilita para ir más allá.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Brevemente, señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Primero, señor Guardans, suelo tener la costumbre de escuchar, a usted y a todos los portavoces parlamentarios, y además con mucho gusto, ¡faltaría más!

Segundo, respecto a lo que usted ha manifestado, naturalmente yo no le voy a decir a usted que los gobiernos socialistas incumplieron competencias o lo que fuera y que el Gobierno del Partido Popular lo hace. Lo que sí le digo, y es una discrepancia que en este momento no parece salvable, es que lo que hace el proyecto es recoger en un proyecto de ley orgánica -y eso no prejuzga ni cumplimientos ni incumplimientos- aquellas competencias que legítimamente puede desarrollar y puede aplicar en materia educativa la administración central del Estado. Eso es lo que le estoy diciendo, y no estoy construyendo ningún tipo de sofisma ni ningún tipo de juicio de intenciones ni de valor político añadido a gobiernos anteriores ni al mío propio, como es natural. Lo que ocurre es que ahí hay una discrepancia, insisto, parece que poco salvable en

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este momento entre su concepción y la nuestra, y naturalmente yo doy por defendidas las posiciones que considero oportunas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Finalizado el debate de estos bloques, pasamos ahora a debatir lo que dentro de los diez bloques corresponde al séptimo en concreto.


Para la defensa de las enmiendas de este bloque, que SS.SS. conocen perfectamente a qué artículos se refiere, en primer lugar la señora Julios tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Espero no equivocarme. Estamos hablando del título V.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Exacto.


La señora JULIOS REYES: Comentaré brevemente algunas incorporaciones que nos parecen importantes y luego defenderé las enmiendas que mantenemos vivas.


En el artículo antes 71, relativo a las administraciones locales, y en línea con otras enmiendas que habíamos planteado, ha quedado recogido el importante papel que deben tener las administraciones locales en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Nos parece que esto enriquece el texto y viene a avalar algo que ya se está haciendo en muchas comunidades autónomas, en concreto en Canarias, y es que determinados municipios participan activamente con el Consejo Escolar en el seguimiento de la escolarización obligatoria, lo que está dando buenos resultados.


En el antes artículo 66, cuando se habla de admisión de alumnos, en el primer punto se ha producido una modificación como consecuencia de una enmienda nuestra y lo quiero resaltar porque va a tener relación con otra enmienda que mantenemos viva a las disposiciones adicionales. En nuestra enmienda planteábamos que en los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de los que sean objeto de financiación. No me voy a extender, pero nos parece importante, desde el punto de vista de la necesaria complementariedad entre la prestación con recursos públicos o con recursos privados concertados, que los criterios de selección obedezcan a las necesidades del sistema educativo, y sobre todo que no se pierda la oportunidad de elección conforme se va avanzando en los diferentes cursos.


Respecto a las enmiendas que nos quedan vivas quisiera comentar lo siguiente. La primera, al anterior artículo 77, se refiere a las competencias y funciones del Consejo Escolar y plantea sustituir este punto por el siguiente: Elevar una terna a la administración educativa para el nombramiento del director del centro. Obviamente, esta enmienda obedece a otra enmienda que presentamos al artículo 84 relativa a la selección y al nombramiento del director. Aquí nosotros hacemos un planteamiento a contracorriente de los distintos grupos. Uno de los principios de nuestra política educativa en defensa del sistema público es apostar por modernizarlo, por facilitar a la administración pública herramientas para su gestión. La administración pública tiene que tener herramientas para, en su quehacer -y su quehacer va desde los servicios centrales de las consejerías hasta la propia administración y gestión de los centros, el último eslabón y el que directamente da la prestación al ciudadano- poder cumplir los objetivos previstos y responder a los ciudadanos. El necesario aumento de competencias y de responsabilidades por parte del director -es una cuestión de sentido común- no se debe contraponer a la necesaria participación de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar. Nosotros, en nuestras enmiendas, proponemos un sistema mixto donde el director sea un puesto de libre designación de la administración educativa a través de una terna que proponga el propio Consejo Escolar. El criterio que debe primar para la selección o la remoción de los directores es el ejercicio efectivo de sus funciones, de aquellas funciones que le encomienda la propia sociedad. El criterio de calidad debe primar como criterio de selección y de permanencia en un puesto de responsabilidad como es el de director de un centro, pero también entendemos que la propia sociedad, a través del Consejo Escolar, tiene que tener su parcela de participación, elevando una terna a la administración, que sería, en última instancia, quien decidiera sobre los tres candidatos propuestos.


De todo lo expuesto se derivan otra serie de enmiendas. Resalto la número 83, relativa al cese del director. En nuestra opinión, el cese puede estar motivado por la evaluación negativa del trabajo y debe realizarse en la forma que determine la administración educativa, garantizando, por supuesto, la audiencia del interesado y el informe del Consejo Escolar del centro. También es importante la enmienda número 84. Con independencia del modelo de nombramiento y cese de director, aunque nosotros hemos propuesto uno, sin menoscabo de que no prospere nuestra enmienda, en la enmienda 84, al artículo 91.2, pedimos sustituir el apartado 2 por el siguiente: El director que hubiere cesado en sus funciones tendrá derecho a ocupar un puesto de trabajo de los reservados a su cuerpo de pertenencia, en un centro de la localidad donde ejercía sus funciones antes del nombramiento como director, salvo que el cese hubiere sido por razones disciplinarias. Entendemos esta propuesta en el contexto actual de dificultad de encontrar a veces en la comunidad educativa de los profesores personas a las que les sea estimulante asumir con responsabilidad el puesto de director. Esta sería una medida que ayudaría a fomentar el interés por el cargo de director, salvaguardando, como está contemplado en la Función pública, la reserva de puestos para cuando se deje

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de ocupar dicho cargo. La enmienda número 77, al artículo 82.1, es una enmienda que podría prosperar con independencia del mecanismo de dirección que se establezca, Tal como figura la selección se producirá entre los profesores que tengan destino definitivo en dicho centro.
Nosotros planteamos que sea entre los profesores de dicho centro ¿Por qué? Porque, si exigimos que sólo puedan participar los que tienen destino definitivo, podemos estar dejando fuera a profesores que están en comisión de servicio o en expectativa de destino y que pueden llevar bastante tiempo ejerciendo en el centro en el que se tiene la necesidad de nombrar un director.


Por último, la enmienda 76 hace referencia al antiguo artículo 80, que trata de los órganos de coordinación. Es una enmienda que ha quedado recogida en el texto actual con la nueva modificación que tenemos en la propuesta de la ponencia. Decíamos que no sólo fuera en los institutos de educación secundaria donde pudieran existir departamentos de coordinación didáctica, porque este modelo se debería generalizar a lo que son las enseñanzas de régimen especial, tanto las que tienen que ver con las escuelas oficiales de idiomas como a los centros que imparten enseñanzas artísticas, que han contado tradicionalmente con estos departamentos. Al haber incluido este punto 4, donde se hace extensivo al resto de las enseñanzas de régimen especial, doy por subsumida, transaccionada, o como queramos expresarlo, esta enmienda 76, de Coalición Canaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Para la defensa de las enmiendas a este título V de la ley, por Convergència i Unió tiene la palabra su portavoz, el señor Guardans. (El señor presidente ocupa la presidencia.)

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, entramos en un bloque de enmiendas de bastante importancia y en el que, a diferencia de otros, no todas las enmiendas tienen básicamente carácter competencial; la tienen algunas, pero otras ciertamente no. Hablamos de las enmiendas a partir del número 1.052 de mi grupo parlamentario. Voy a intentar no detallarlas todas, pero voy a entrar en muchas de ellas; alguna pasaré por alto.


En materia de clasificación de centros, el anterior artículo 61, -como he hecho en otras ocasiones voy a seguir refiriéndome a la numeración anterior a la ponencia-, que si no me equivoco es el 63 actual, habla de los centros concertados. Esto vale no sólo para este artículo sino para otros, si la enmienda se va repitiendo en otros ámbitos. No hay centros concertados; lo que hay son centros con enseñanzas concertadas. Ese matiz no es menor, y lo venimos repitiendo, lo hemos explicado antes de que esta ley entrara en esta Cámara, y lo reiteramos ahora en forma de enmienda. No existen centros concertados; existen centros que tienen enseñanzas concertadas, y eso es algo que tiene consecuencias prácticas muy claras.


Sobre admisión de alumnos, yo reconozco que hay una cierta confusión, ya que nuestra enmienda 1.053, al artículo 66, debería referirse ahora al artículo 71. Me permito decir esto porque es uno de los ejemplos de lo que ayer criticábamos sobre cómo se está trabajando en esta ley. Es posible que hubiéramos podido llegar entre todos a un acuerdo, un acuerdo en parte, o que hubiéramos modificado nuestras propias enmiendas, si hubiéramos trabajado en ponencia, que para eso están las ponencias, para un trabajo mucho menos rígido que este trabajo en Comisión, donde uno habla, le da la palabra, le quita la palabra, habla el otro; todo es mucho más complicado. Cuando uno presenta, como ha hecho el Grupo Popular, enmiendas del calibre, y del calado de las que han supuesto que el actual artículo 66 haya cambiado totalmente de contenido y de lugar, en materia de admisión de alumnos, eso deja un poco fuera de juego a los demás grupos enmendantes. Me refiero al antiguo artículo 66, actual artículo 71, que a su vez tiene tres enmiendas nuestras, 1.053, 1.054 y 1055. Es una forma de trabajar caótica y muy poco respetuosa con los grupos parlamentarios. Esto es un comentario de forma, no de fondo, pero es un ejemplo bien claro de que esta no es una manera seria de trabajar en una ley.


Dicho esto, nosotros mantenemos nuestra enmienda 1053, aunque estuviera redactada respecto del texto anterior. Con relación a nuestra enmienda 1054, por algún error de transcripción había aparecido aceptada en la ponencia pero no aparecía propiamente incorporada en el texto anexo a la ponencia, en el cual se incorporan esas modificaciones. Entiendo que finalmente eso ha sido rectificado en un texto que me ha facilitado el letrado y por tanto hay un párrafo nuevo, dos, en el nuevo artículo 71, antes 66, en materia de admisión de alumnos, referido a incluir la discapacidad en el alumno como uno de los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de decidir sobre la admisión. Por la misma razón, nuestra enmienda 1.055 intenta, y eso entiendo que no ha sido recogido, que, entre los elementos de no discriminación, se incluya también la discapacidad. Por el momento parece que el Grupo Popular no lo estima oportuno.


La enmienda 1.056 vuelve a lo mismo; no hay centros concertados, hay centros con enseñanzas concertadas. Ahora, lógicamente, nuestra enmienda debería cambiar de lugar, por todo este caos que se han montado ustedes en la ponencia, y tendría que ser una enmienda no a lo que se pretendía originariamente sino al nuevo capítulo que engloba los nuevos artículos 74 y 75. Que donde dice de los centros concertados se pase a decir de los centros con enseñanzas concertadas. Nuestra enmienda al artículo 68, número 1.057, habla de una cosa que no es menor, que es que no tiene mucho sentido mantener que los componentes económicos

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del módulo del concierto educativo que fijan las comunidades autónomas deban respetar escrupulosamente los mismos conceptos que se han fijado en los Presupuestos Generales del Estado. No se termina de entender qué finalidad tiene que intervengan las administraciones autonómicas, sus presupuestos aprobados por los parlamentos autonómicos, si al fin y al cabo lo único que pueden hacer es reproducir miméticamente, literalmente, aquello que ya han recogido los Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros querríamos que hubiera una cierta simetría, pero no tiene por qué haber una perfecta identidad.


El artículo 70 hace referencia a la autonomía pedagógica, enmienda 1.059, de CiU, y es uno de esos casos -de nuevo no estamos hablando de competencias, sino de temas de fondo- donde esta ley viene a recortar la autonomía pedagógica de los centros. Lo digo por aquellos que dicen que estamos del todo de acuerdo en todo. Pues no estamos de acuerdo tampoco en esto. Me agradará subrayar los puntos de acuerdo, pero donde no hay acuerdo no lo hay, y aquí ustedes, sin que se explique muy bien por qué, recortan la autonomía pedagógica de los centros, que nosotros estimamos que es perfectamente oportuna, conveniente, que más bien debería ser impulsada y que se podría ir más allá incluso de lo que es el derecho vigente. Por poner un ejemplo concreto de los varios que podríamos ir poniendo y que se materializan en los cambios que propone nuestra enmienda, en el modelo actual los centros pueden completar y desarrollar los currícula, mientras que, en su texto, los centros docentes -párrafo 6 del nuevo artículo 67, antes 70- desarrollarán los currículos -dice la ley- establecidos por las administraciones educativas. Donde antes decía "podrán completar y desarrollar" ahora dice "desarrollarán". Pues es un recorte. Por tanto, cuando a ustedes se les diga que han recortado la autonomía de los centros, tienen que salir con la cabeza alta diciendo: sí, nosotros consideramos que es oportuno recortar la autonomía de los centros. No pasa nada, es muy legítimo que uno tenga ideas políticas y las defienda. Lo que es a veces un poco patético es que uno en la ley ponga una cosa pero en rueda de prensa diga que no hace lo que está haciendo en la ley. Ustedes expliquen a su electorado y a la opinión pública que recortan la autonomía de los centros en materia de currículum, que recortan la autonomía de los centros en la fijación de material escolar, de los libros por ejemplo. Pues díganlo, está muy bien: el Partido Popular considera que los centros tenían demasiada autonomía en este tema. Muy bien, salgan y explíquenlo, pero no intenten tirar la piedra y esconder la mano, por un lado recortando la ley y por otro lado pareciendo que no les gusta salir a explicar este tema.


El artículo siguiente, el artículo 72 antiguo, que es el que habla de la autonomía de gestión económica, nos parece confuso. La crítica que le podemos hacer es que no lo entendemos, no lo entendíamos en los borradores anteriores y seguimos sin entenderlo ahora; esto en el fondo, para una ley es una de las peores críticas que se pueden hacer, no ya que uno no esté de acuerdo, sino que no entienda exactamente de qué va. El párrafo 2, que dice que las administraciones educativas, en función de sus disponibilidades, garantizarán la atención específica por personal cualificado en aquellas actividades que lo requieran, tiene, por un lado, un enorme interrogante, qué es ese personal cualificado, porque cuando una ley introduce algo nuevo debería detallarlo un poco más, o por lo menos explicarlo o explicar la justificación. No sabemos qué es, y no es que no lo sepa este portavoz, que tendría muchos puntos para no saber nada en materia educativa hasta hace un año, que se puso a estudiarla, sino que no lo sabe la administración educativa que lo va a tener que implementar. Si las administraciones educativas no entienden lo que la ley les va a imponer como obligación, quizá tienen ustedes un problema que deberían resolver. Además -y aquí sí estamos en temas competenciales-, hay una intromisión en competencias autonómicas. Porque si ustedes fijan -y releo de nuevo- que las administraciones educativas garantizarán la atención específica por personal cualificado en aquellas actividades que lo requieran, están ustedes creando una expectativa y reconociendo que habrá actividades que lo requerirán. Van ustedes a permitir, como ayer ocurría con algún otro caso, que se acabe culpabilizando a la administración autonómica de posibles frustraciones, fundamentadas o no, de personal cualificado que no puede ser atendido.
Están ustedes impulsando que se pueda exigir a la comunidad autónoma -y lo hacen ustedes disparando con pólvora del rey, o el rey disparando con pólvora ajena- haber nombrado personal cualificado para determinadas actividades, que no se sabe exactamente cuáles son, creando unas expectativas más o menos difusas, de las cuales políticamente responsable será no el Gobierno central ni este Parlamento, sino la comunidad autónoma. Eso en términos políticos, es fundamentalmente poco elegante, además de una intromisión competencial.


La LOPEG en su momento admitía la posibilidad de que las administraciones educativas delegaran determinadas actuaciones en los órganos de Gobierno de los centros públicos, y ustedes aquí de nuevo las recortan. Otro ejemplo de recorte de la autonomía de los centros y de su posibilidad de refuerzo. Cabía la posibilidad, y de hecho se ha ejercido, de que las administraciones educativas delegaran en los centros públicos. A partir de aquí, al haber recogido ustedes unos temas y otros no, se entiende que eso ha quedado fuera y que no tendrían en esta ley cobertura legal los órganos de gobierno de centros públicos de determinadas facultades de las administraciones educativas. Tampoco se entiende de dónde nace esa desconfianza.


La enmienda 1.061 -y por lo menos les puedo dar una noticia- queda retirada, porque entiendo que,

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aunque formalmente no aparezca como aceptada en la ponencia, en la medida en que era una supresión y la misma se ha recogido en ponencia, no sé por la enmienda de quién, nosotros la consideramos retirada, o aceptada, como ustedes consideren oportuno. En cuanto a la 1.062, también es un tema de orden. Hay dos cuestiones pequeñas que hemos comentado entre portavoces pero que prefiero decirlo en voz alta para que conste en el "Diario de Sesiones": En primer lugar, que ha habido un error en la ordenación de las enmiendas y aparecen dos enmiendas 1.062, de CiU, por lo que la segunda enmienda 1.062 pasará a denominarse 1.062 bis. En segundo lugar, la 1.062 original, la primera, aparece como aceptada en ponencia, pero nosotros entendemos que eso no es del todo correcto ya que lo que ha habido es una aceptación parcial; se ha aceptado el párrafo 4 nuevo que introduce nuestro texto, pero no la petición de supresión del apartado 5 del artículo 75. Por tanto, sigue viva a efectos de votación la mitad de nuestra enmienda 1.062.


Enmienda 1.062 bis, al artículo 76, hace referencia al Consejo Escolar, que podemos comentar conjuntamente con la siguiente. Nosotros creemos mucho en el Consejo Escolar, entendemos que se pueden revisar sus atribuciones, respetamos eso y no somos partidarios de a priori dogmáticos que nos impidan revisar un poco su funcionamiento. Sin embargo, retirarle competencias o debilitar, como se hace aquí, la participación de los padres y madres no lo compartimos. Como no compartimos que se limite la participación pasiva de alumnos sólo a partir del tercer curso de ESO; creemos que eso no tiene especial justificación y también pedimos su modificación. Lo que pretende nuestra enmienda es reforzar la participación de los padres y madres en el Consejo Escolar y ampliar a la ESO completa la participación de los alumnos. En cuanto a sus propias atribuciones, entendemos que el texto tal cual está hecho es confuso, incompleto, y de nuevo reduce en exceso las atribuciones y facultades del Consejo Escolar. De nuevo vamos a hablar de par de casos muy sencillos. Por ejemplo, en relación con el propio proyecto educativo, actualmente el Consejo Escolar, según la LOPEG, artículo 11.1 a), establece las directrices para la elaboración del proyecto educativo y en cambio, con la ley orgánica de calidad, el Consejo Escolar lo único que pasa es a tener la posibilidad de hacer un simple informe sobre el proyecto educativo. Eso es recorte y de nuevo tendrán que salir ustedes a la palestra y expliquen que recortan el Consejo Escolar.


¿Hasta qué punto consideran ustedes que recortar las facultades o las atribuciones del Consejo Escolar refuerza la calidad educativa? Les corresponde a ustedes explicarlo. ¿Por qué mejora la calidad de los centros debilitando el Consejo Escolar? Yo no lo sé, no sé qué tiene que ver, no sé cómo se relaciona una cosa con otra, y creo que, como yo, no lo entiende absolutamente nadie. Esto sí que no es competencial, me gusta distinguir, es una opción política, tienen ustedes legítimamente plena posibilidad para hacerlo y la ley orgánica y su mayoría en esta casa les permite hacerlo, pero salgan y explíquenlo. ¿Por qué debilitar el Consejo Escolar? ¿Por qué impedir la participación del Consejo Escolar en, por ejemplo, la elaboración del proyecto educativo o en las directrices para la colaboración, que aparecía antes? Ahora simplemente aparece que las puede proponer, pero no está claro a qué órgano tiene que hacer esas propuestas. Y ahora hablo de otra letra de este mismo artículo. Hay una cierta confusión en lo que son las facultades. En los términos en los que está planteado, no está claro cómo queda la participación en la admisión de los alumnos; se habla de una simple participación, como si el Consejo Escolar pasara a ser un simple espectador del procedimiento. Finalmente, espero que por lo menos aquí sí nos acepten la mejora, que es estrictamente técnica. En los órganos de selección del director sí se reconoce una cierta participación del Consejo Escolar. Luego habrá que reconocer entre las atribuciones del Consejo Escolar la designación de las personas que van a participar posteriormente en esa comisión. Incluso desde la lógica de su propio modelo, es algo que supongo que no deberían tener inconveniente en aceptar. Las atribuciones del Consejo Escolar no encajan con lo que luego se le pide en materia de designación del director.


La enmienda 1.064, que hace referencia al anterior artículo 78, convertido ahora en el 82, no ocultamos que pretende limitar la contundencia que tiene el texto actual. El texto actual en materia de claustro de profesores dice: "El claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y en su caso decidir sobre todos los aspectos docentes del centro". Eso no es verdad. El claustro de profesores no puede decidir sobre todos los aspectos docentes del centro. Lo que proponemos es que quede claro que podrá decidir sobre todos los aspectos docentes del centro, de acuerdo con sus atribuciones, porque sobre los demás no podrá decidir. Estaríamos ante una especie de habilitación por ley orgánica al claustro de intervenir en ámbitos docentes en los que no puede intervenir y tendríamos una contradicción con las competencias de la administración educativa.


En el artículo 79 también introducimos una cierta mejora en lo que son los proyectos curriculares de los centros docentes. En toda la ley de calidad no aparece ni una sola referencia a los proyectos curriculares. Aparecen las programaciones didácticas que elaboran los equipos de profesores de cada área o de cada asignatura. Nosotros creemos que debería volverse a recoger con una nueva letra b), que le corresponde al claustro de profesores aprobar y evaluar el proyecto educativo y los proyectos curriculares.


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El artículo 80 nos parece tan excesivo que simplemente pedimos su supresión. Es uno de esos casos de tipo competencial. De nuevo el redactor, el autor de este proyecto de ley y por tanto el Parlamento, si finalmente la aprueba, está creando por ley unos órganos de coordinación que no tienen base constitucional alguna y que no tienen ningún fundamento competencial. Como máximo, podríamos llegar a aceptar que una ley básica como ésta, que es lo que tiene que ser y lo único que puede ser una ley básica, fijara que pueden existir estos órganos y que en todos los centros deben existir departamentos de coordinación didáctica, establecer la necesidad de su existencia. No podemos convertirlo en una regulación detallada de la organización y el desarrollo de cómo tiene que ser y decir que cada departamento de coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas, etcétera, ¿Me quieren explicar qué hace la ley orgánica de calidad de la educación determinando cómo se compone un departamento de un instituto? ¿Puede alguien explicar qué fundamento constitucional tienen la administración general del Estado y esta Cámara para fijar por ley orgánica la composición de un departamento de coordinación didáctica? No tienen ninguno. Por tanto, fijen ustedes con carácter básico que debe existir de alguna manera, pero no impongan cuál es ni cómo funciona ni cómo se desarrolla.


En relación con la estructura del equipo directivo, artículo 82, enmienda 1067, entendemos, y por eso hemos presentado la enmienda, que existe una serie de limitaciones que no tienen especial fundamento y esto de nuevo no es un tema competencial, sino casi de legislación funcionarial. Los detalles -no quiero extenderme más de la cuenta- que establece este artículo, la job description, si me permiten la expresión, o sea, las capacidades de los distintos elementos del cuerpo docente, no se corresponden porque no existen. Los cuerpos de los profesores no están directamente relacionados con un solo nivel educativo. Los maestros tienen atribuidos tanto los niveles de educación infantil como los de educación primaria y los profesores de secundaria también pueden impartir docencia en más de un nivel educativo. Por tanto, la terminología que utiliza la ley, a la hora de hablar del equipo directivo, de pertenencia a un determinado nivel, no se corresponde con la legislación en este ámbito.


Llegamos a uno de los temas clave en este punto: los principios generales en el nombramiento del director, los requisitos, el procedimiento, etcétera, que voy a tratar conjuntamente. Desde Convergència i Unió no nos oponemos a que haya un cambio. No tenemos nada en contra, y lo digo bien claro, de que se modifique el actual proceso de nombramiento de directores y se vaya a lo que se llama una profesionalización en la elección del director, eligiéndose el mismo a partir de aquí una comisión que pueda nombrar a directores mediante un concurso de méritos que se base en los principios de igualdad ante la ley, mérito y capacidad. Muy bien y eso lo tiene que fijar la ley básica. Establezcan ustedes que los directores serán nombrados por un concurso de méritos basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso es una ley básica. Lo que ya no tiene ningún sentido es que ustedes a partir de ahí fijen en una ley orgánica de carácter básico cómo ha de ser la Comisión, quién la debe componer, prácticamente el horario de reunión, etcétera, porque eso no tiene sentido. Eso es invasión competencial, pero lo otro no; lo otro es una opción legislativa que nosotros, insisto, compartimos.
Efectivamente, compartimos que el método actual tiene disfunciones claras y por tanto podríamos aceptar eso. De ahí que hayamos propuesto una serie de enmiendas, que no voy a detallar, que aligeran el texto, suprimen otros textos y simplemente fijan el principio, que es lo importante y lo que ustedes tienen derecho a hacer. Por ejemplo, ¿qué fundamento constitucional tiene que ustedes fijen incluso la duración del mandato? ¿En virtud de qué? En el artículo 88, enmienda 1072, se establece la duración del mandato del director. ¿Eso es aseguramiento del derecho de igualdad ante la educación, son títulos o qué es? ¿Cuál es su título competencial, según la Constitución, para fijar que los directores podrán optar por continuar desempeñando su mandato en el mismo centro por un máximo de cinco períodos consecutivos? ¿De dónde sale esto? ¿Qué capacidad tienen ustedes para decir esto si la organización de la educación corresponde a las comunidades autónomas? ¿Esto es organización? Si no es organización la decisión de la duración del mandato, ¿qué queda?

El artículo 89, actualmente artículo 90, está mejor redactado que antes.
Es uno de esos ejemplos en que acepto que está mejor redactado de lo que estaba antes, pero aún así nosotros seguimos manteniendo nuestra enmienda, lo que no nos impide decir que por lo menos ha sido mejorado en ponencia.


En cuanto al artículo 90 -voy terminando, señor presidente-, relativo al apoyo a la función directiva, entendemos que aquí hay de nuevo una invasión competencial de la forma en que eso está planteado. El apartado 3, tal y como está redactado, pretende que el Ministerio de Educación realice una oferta periódica de planes de formación que promueva la calidad de la función directiva dirigidos a profesorado de todo el Estado. O sea, es una recuperación de competencia, un ejemplo más. Una de dos, o ustedes tenían esta competencia y no la han ejercido, lo que deberán explicar, o lo que están haciendo es recuperar y asumir una competencia que está transferida a las comunidades autónomas.


Si eso es así no nos nieguen más que esta ley invade competencias autonómicas y que asume competencias autonómicas que no tiene. Todo este tema de planes de formación, etcétera, es algo transferido. La formación

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del profesorado, que incluye la formación de los directores, está transferido y ustedes no tienen hoy facultades para entrar en ese ámbito.


El artículo 91, relativo al cese del director, dice que éste se producirá en una serie de supuestos, entre otros, la finalización del periodo para el que fue nombrado y en su caso de la prórroga del mismo. Es evidente que con referencia a la prórroga es un poco ocioso, pero es un tema de mejora técnica. En cambio, nos parece un poco más delicado, y les pedimos, por favor, que lo miren ustedes con atención porque esto no es competencial y aquí hay derechos sustanciales en juego, el apartado c) de este artículo 91, en el que se dice que el cese del director se producirá en los supuestos de incapacidad física o psíquica sobrevenida. Ustedes mantienen este texto pero no matizan si es permanente o temporal. Una incapacidad física o incluso psíquica sobrevenida que sea temporal a lo que da lugar es a una baja temporal, y aquella que sea permanente puede dar lugar al cese, pero tal como está redactado da la sensación de que todo director que se ponga enfermo cesa. Está redactado así. Si la incapacidad física o psíquica sobrevenida es motivo de cese, el director que enferma cesa. Probablemente no era lo que ustedes pretendían pero en todo caso es lo que aparece en la ley, por tanto, les pedimos que con el texto de nuestra enmienda o con otro (aquí aceptaríamos otro) corrijan ustedes este error.


Finalmente, nuestra enmienda 1.076 va dirigida a uno de los artículos importantes, como es el relativo al reconocimiento de la función directiva, porque estamos entrando mucho en la literalidad de la ley y yo no estoy haciendo un discurso de amplia retórica porque creo que no es el momento, pero conviene decirlo. Nosotros somos absolutamente partidarios y compartimos la filosofía que en este punto tiene el proyecto de ley de reforzar al director y permitir que e introduzcan mejoras que faciliten su reconocimiento social y su reconocimiento a efectos económicos. Por tanto, hay que reforzar la figura del director y hay que permitir que sea mejor reconocida y que ser director sea algo que tenga algunos estímulos externos que en este momento no tiene. Desde esa perspectiva estamos absolutamente de acuerdo. Tienen ustedes el apoyo de CiU en este punto en conjunto, lo que pasa es que ahí hay matices, claramente competenciales, y en este caso concreto no es sólo un tema competencial sino que nosotros entendemos que cuando se permite que entre los reconocimientos de la función directiva se incluya un reconocimiento a efectos de la participación en el ámbito de la Aministración educativa, eso tiene que ir más allá y que sea dentro de cualquier Aministración. El ejercicio de cargos directivos y en todo caso del cargo de director pedimos que sea especialmente valorado a efectos de la provisión de puestos de trabajo en la Función pública docente, así como para el ejercicio de otras funciones dentro del ámbito de nuestra acción educativa o general, no sólo en el ámbito de la Aministración educativa. Es un tema menor pero si realmente compartimos, como creo que compartimos, la idea de que los directores son figuras cualificadas y que una vez hayan sido designados por este criterio de mérito y capacidad eso acredita que están especialmente cualificados, una de las formas de reconocerlo es su posibilidad de participar no sólo en la Aministración educativa sino también en cualquier otra donde se exija unas ciertas funciones de gestión directiva.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, por tanto, que queda suprimida la enmienda 1.061.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Voy a intervenir para defender las enmiendas de mi grupo a los actuales artículos 70 a 75, antiguos 60 a 68, así como a la creación de un nuevo título bis a este título.


Quiero empezar por presentar mis disculpas respecto de la interrupción a la que hemos sometido al portavoz de Convergència i Unió en su alocución, pero debido a este trámite descabellado, señor presidente, quiero insistir en ello, tanto en el tiempo como en la forma respecto de los textos sobre los que trabajamos y sobre los textos que ahora mismo se nos dan y aquellas enmiendas que se han introducido o sustraído de los textos que manejamos, estábamos con nuestra portavoz tratando de aclararnos un poco. Esto no tiene nada que ver ni con la educación ni con este Parlamento. Por tanto, no me parece de recibo que se nos esté entregando ahora mismo un artículo, que parece ser que es el que salió en ponencia, pero que no es el artículo que figuraba como tal en el texto sobre el que hemos trabajado nuestras propias enmiendas y, por tanto, nuestras propias intervenciones de hoy. Se lo ha comentado ya el señor Guardans y se lo quiero comentar yo. Esto sólo es producto de lo mal que estamos haciendo las cosas y, por tanto, de algún argumento más o menos razonable, que en cualquier caso no se nos ha dado, del porqué estamos hoy aquí sentados de esta manera y trabajando de esta forma algo tan importante como la reforma del sistema educativo. Quiero insistir porque en el día de hoy no va a suceder sólo mientras estemos interviniendo los portavoces, sino que va a ser a la hora de votar cuando tendremos francos problemas respecto de algo que ha sido causado única y exclusivamente por el voto de la mayoría del Partido Popular en esta Cámara imponiendo un determinado trámite con el que discrepamos más cada momento que estamos aquí sentados.


Tras las disculpas querría hacer un halago, y lo quiero hacer al hilo de la intervención del portavoz de Convergència

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i Unió. Es el halago a aquellos que defienden lo que hacen y el respeto intelectual que merecen quienes efectivamente defienden aquello que después está en sus leyes y no justamente lo contrario para disimular. En ese sentido, les aseguro que a sabiendas -como conocen ustedes- que el señor Ollero y yo probablemente discrepamos en casi todo, en materia de contenidos, mi respeto intelectual porque dice las verdades como puños.
Lo agradecí mucho en la Ley orgánica de Universidades, porque cuando se dicen aquí cosas como que no se recorta, por ejemplo, la participación democrática a través de los consejos escolares, me parece que es mucho más respetable intelectualmente que uno defienda sinceramente aquello que después dicen sus leyes. Ya no es sólo el Grupo Parlamentario Socialista, se lo estamos diciendo todos, quiero reiterarlo respecto de la intervención que él ha hecho y que en esta materia acontece en autonomía de los centros que están justo en este título y también en materia de servicio público educativo.


A esto me voy a referir diciendo que con la nueva redacción que me acaba de llegar del actual artículo 71, antes 66, francamente se ha mejorado bastante la cuestión referida a la admisión de alumnos, aunque quiero dejarles claro algo que manifesté ya en el Pleno de la semana pasada y que dejan ustedes claro en otros artículos distintos de este, del de la admisión de alumnos, pero que de alguna manera pueden revertir, y más en el momento en que estamos, en estas cuestiones la bondad de las finalidades de estas -y lo quiero decir así- nuevas incorporaciones que no existían en absoluto en el texto originario respecto del anterior artículo 66, admisión de alumnos. Como ya les comente a ustedes, nos costó mucho a la democracia española la convivencia pacífica y honesta entre enseñanza pública y enseñanza privada hasta que la educación pública salió de aquel carácter subsidiario que tenía antes de la democracia. Todos nos esforzamos por asegurar la existencia de centros públicos de calidad junto a centros privados, también de calidad, una buena parte de ellos sostenidos con fondos públicos, de modo que pudiéramos conseguir que aquellos que no quisieran optar por la privada concertada lo pudieran hacer por la escuela pública. Durante todos estos años de gobierno del Partido Popular ustedes han ido alterando esa convivencia, lo hacen por acción o lo han hecho por omisión, lo mismo que sucede en esta ley y así han ido favoreciendo poco a poco a la escuela privada, hasta llegar en este debate a un momento legislativo francamente desequilibrado que nos obliga a intervenir de una manera precisa en este sentido para que deje de aflorar esa imagen que hoy empieza a proliferar de que en este país tenemos una escuela pública a la que acuden todos aquellos que la escuela privada no quiere admitir o, lo que es peor, todos aquellos de los que la escuela privada se desentiende. Ustedes saben igual que yo que eso está sucediendo y por tanto somos cómplices de que suceda, bien por acción o bien por omisión. En esta ley lo estamos siendo porque reforzamos esa tendencia, cuando lo que habría que hacer es intervenir sobre ella.


Ese es el sentido de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. No estamos de acuerdo -y por eso pedimos su supresión- con los artículos que permiten que los centros privados impartan sólo algunos itinerarios o se especialicen en algunas modalidades, porque ustedes saben que siempre existirán centros públicos que acojan a quienes cursen los otros, los socialmente menos valorados. Han acabado redactando una ley llena de derechos para los centros privados y llena de obligaciones para los centros públicos, y eso no era lo que había que hacer justamente en este momento, cuando no sólo no había que reforzar esa tendencia, sino que había que intervenir sobre ella. Por eso algunas de nuestras enmiendas son de supresión. En ese sentido, quiero retirar la enmienda 851, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 66.2 anterior, ahora artículo 71, que es la que les comentaba. A pesar de esa nueva redacción, esa tendencia de los centros concertados a seleccionar su alumnado, que hace que la inmensa mayoría de los alumnos con dificultades -singularmente los procedentes de la inmigración- estén siendo escolarizados en centros públicos, acaba siendo reforzada en vez de ser frenada, que es la obligación de los legisladores que hoy estamos aquí sentados. No se puede consentir que un centro educativo que pagamos todos los ciudadanos seleccione al alumnado que se va a matricular. En su artículo 25.2 -si sigue siendo el mismo que anteriormente- se detalla claramente, con la excepción gravísima que ayer comentaba, que no todos los centros tendrán que impartir todos los itinerarios, pero sí lo tendrán que hacer los públicos, y si es que dejan de tener algún itinerario, se encontrarán entre aquellos mejor valorados socialmente y no al contrario, algo que no tendrán que hacer los privados concertados que pagamos todos con nuestro dinero.


Además, se introduce un nuevo concepto en la oferta educativa de los centros que tengan alguna especialización curricular, y sobre esto quisiera hacerles algunas preguntas, a ver si saco más luz sobre la redacción y algunas de las intenciones de este texto. ¿Qué significa esto exactamente? Esto ya se lo preguntamos a la ministra, si ustedes recuerdan, cuando compareció allá por el 11 de julio, poco antes de que saliera este texto -por tanto, digo yo que ya sabía lo que significaba-, y no nos contestó. Sería un detalle que unos meses más tarde lo hicieran ustedes por ella. Queremos saber si esta especialización significa que la mayoría de los concertados se van a especializar en los itinerarios con futuro y a la mayoría de los centros públicos le va a tocar lo contrario, es decir, los itinerarios menos valorados socialmente. Ayer les comentaba lo que pensábamos

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de un programa de inserción profesional que comienza a los quince años, y hoy quiero aprovechar para contestar de nuevo a la portavoz del Grupo Popular en aquella materia, por si acaso no lo entendió. La escolarización obligatoria abarca hasta los dieciséis años, por eso la garantía social no empieza antes de esa edad, señora Moneo. En cambio, el programa de iniciación profesional empieza a los quince, y esa es la franca diferencia. Suba usted el programa de iniciación profesional a los dieciséis y esta portavoz se callará, pero mientras, deje de equiparar una cosa y la otra o suprima la escolarización obligatoria hasta los dieciséis, que en definitiva es lo que acaban rompiendo con esta ley. Si no, es que no quiere entenderme, porque lo fundamental es la edad a la que se comienza. Deje de comparar una cosa y otra o dígame: Señora Chacón, lleva usted razón, si hay escolarización obligatoria hasta los dieciséis, los vamos a pasar a los dieciséis; si no, no los compare, porque yo acabo pensando que no entiende usted ni la función de la garantía social ni la de los programas de diversificación curricular. En cambio, subrepticiamente ha intentado explicarnos algo de los programas de iniciación profesional que no se cree nadie excepto ustedes.


Respecto a esto, quiero decirles que si en un centro concertado hay 45 alumnos de segundo de secundaria que quieran hacer un itinerario de los que conducen al bachillerato -les repito que hay dos itinerarios tecnológicos y después, casual y curiosamente, en el bachillerato, el tecnológico desaparece-, y después 10 quieren ir a uno de orientación técnico-profesional y sólo cinco quieren ir a un programa de iniciación profesional, quiero saber si estos centros especializados podrían especializarse en esos itinerarios. La pregunta es adónde irían los 10 alumnos que no van al itinerario de bachillerato y los cinco del programa de iniciación profesional. Me parece que la respuesta es evidente, a no ser que usted me diga lo contrario, y decirme lo contrario no significa hacer lo que han hecho ustedes hasta ahora con el señor Guardans en el poco rato -y me disculpo- que he estado aquí, que es afirmar cosas que no dice la ley, porque le reitero el respeto intelectual hacia aquellos que defienden lo que después escriben en sus textos. Todo esto va a llevar a que se especialicen la mayoría de los centros privados concertados en los itinerarios con futuro académico más valorado y la mayoría de los centros públicos en aquellos itinerarios con menor valor académico. Así, desgraciadamente, vamos a darle el golpe definitivo a la escuela pública en este país, que ahora mismo necesita sobre todo ser redotada y renovada en su red. Ese era el impulso fundamental que teníamos que dar a una reforma del sistema educativo, que está hoy unificando sus problemas donde ustedes saben que se concentran, básicamente en los centros públicos y singularmente en los centros públicos en zonas desfavorecidas que atienden a un determinado colectivo, no tan heterogéneo como creemos, ya empieza a ser muy homogéneo respecto de esas condiciones desfavorables en algunos centros. Señorías, creo que desde el sistema público educativo tenemos la obligación de trabajar en contra de esa tendencia, por lo que debe existir complementariedad y no subsidiariedad en relación a los centros públicos y privados. Ya vivimos eso, afortunadamente la democracia nos sacó de allí, y no me gustaría que una ley, a la que en definitiva estaremos contribuyendo todos los aquí presentes acabe obligándonos a volver a ver aquello.


Las aportaciones del Grupo Socialista -que me gustaría tuvieran a bien estudiar, con la filosofía que les comento que todas ellas tienen- buscan la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones para centros públicos y para centros privados concertados, por tanto pagados por los ciudadanos, con la perspectiva de superar ese viejo debate entre escuela pública y escuela concertada, porque claramente tiene que haber una obligación legal para ambas. Tiene que haber una obligación legal para todas aquellas escuelas sostenidas con fondos públicos, y yo iría incluso más allá. Me parece poco que la escuela privada, stricto sensu, tenga sólo una obligación moral de atender a uno de los grandes retos que tiene no sólo nuestra escuela sino nuestra sociedad. Creo que en algunos casos incluso nos estamos jugando la dignidad como condición humana. Por tanto, los que estamos aquí sentados debiéramos legislar no sólo para no reforzar esa tendencia, que está hoy causando verdaderos problemas en nuestro servicio público educativo, sino para alterarla de manera importante.


Los centros no deben tener autonomía alguna para seleccionar a su alumnado, y a pesar de la nueva redacción del artículo 71 les señalaré que hay un par de artículos en este texto que alteran esa redacción. Por eso quisiera que se aceptasen las enmiendas a esos artículos o que alguien me explicara que eso no es así, pero hasta ahora es lo que dice la ley. También quisiera que hubiera mucha más autonomía para organizar la mejor respuesta al alumnado que tienen escolarizado, que es lo que ustedes recortan en la otra parte de este capítulo. Por eso no sólo no se entiende nada sino que se entiende desgraciadamente lo que yo les digo, que reforzamos una tendencia que, sinceramente, está dejando nuestro nivel moral, no sólo legal, francamente debilitado.


Les diré que el propósito de nuestras enmiendas es conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos y obligaciones, y les señalaré que lo que sucede ahora lo han reavivado ustedes en sus años de gobierno y por eso me gustaría legislar hoy para que eso no suceda. Nuestras propuestas las hemos puesto bajo la rúbrica del servicio público de la educación, insistiendo en esa complementariedad necesaria, en esa igualdad de derechos y de obligaciones. Señorías, nosotros queremos una escuela privada de

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calidad, pero también queremos una escuela pública de calidad, porque no todo el mundo se puede pagar una escuela privada, y, sobre todo, no todo el mundo, si la pagamos entre todos, puede tener un acceso en mejores condiciones que otros a esa escuela pública concertada, y hoy está sucediendo.


Por eso creemos que los centros privados concertados se deben comprometer a cumplir tres obligaciones básicas. Puede ser más o menos básica esta parte de la ley, pero en cualquier caso, la inspección, tras estos principios que enumerábamos en la misma, debe ser francamente eficaz y no lo está siendo, cosa que ustedes también saben; se debe atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con una normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa; se debe hacer efectivo el principio de gratuidad en todos los centros, y se debe llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.


Si legisláramos ex novo, señorías, tal vez tanta cautela no fuera necesaria, pero en nuestra democracia ya legislamos sobre este tema, actualmente contenido en tres leyes, probablemente lo hicimos con más ilusión que cautela y hoy está sucediendo lo que sucede. Además, no está ocurriendo en todos los centros privados concertados, y estamos haciendos un flaco favor a aquéllos que no están seleccionando su alumnado ni están obligando a pagar cuotas de manera subrepticia y que así no alteran la gratuidad necesaria que por ley tienen reconocidas estos centros escolares. En este sentido creo que es aún más necesario, más incluso que por la escuela pública, intervenir respecto de la iniciativa privada que tiene vocación de servicio público educativo, que por supuesto existe y está garantizada en nuestra Constitución. Además, saben ustedes que los socialistas, en las leyes que hasta ahora hemos redactado en materia educativa, también lo hemos querido garantizar. Lo que pasa es que algo se nos ha ido de las manos, señorías, y hoy estamos enfrentándonos a una tendencia que vuelve a hacer de la escuela pública una escuela subsidiaria. A eso hay que añadir el reto que tenemos hoy de escolarización de población inmigrante, que llega a nuestras aulas en cualquier momento del curso escolar, en el mejor de los casos sólo con retrasos educativos, pero en algunos otros con manifiestas dificultades para entender las lenguas vehiculares propias de cualquiera de las comunidades autónomas de este país, que está siendo una gota que cae día a día sobre una tendencia que no nos deja nada bien ni a ninguno de los que legislamos en aquel momento ni a ninguno de los que estamos legislando hoy, señorías, si aprobamos este texto como está.


En segundo lugar, a partir de este compromiso, creemos que las administraciones educativas, de acuerdo con esas necesidades de escolarización, deben ser capaces de proporcionar a los centros concertados una financiación suficiente para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado. Esto es algo que los centros concertados llevan mucho tiempo solicitando y creo que ha llegado el momento, siempre que seamos capaces de equiparar derechos y obligaciones, de incorporar la oferta de los centros privados concertados a la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo -como justiprecio, es hoy de justicia-, así como equiparar -se lo comentaba ayer la otra portavoz de mi grupo parlamentario- las condiciones de trabajo del profesorado en los centros concertados con las de los profesores de los centros públicos, y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias. No entiendo por qué ustedes no aceptan estas enmiendas, porque se trata simplemente de aquello que ustedes manifiestan cuando, subidos a un atril, dicen lo que quieren para la escuela pública y para la escuela privada concertada.
Está redactado en las enmiendas del Grupo Socialista, en cambio, no lo está en su ley. Por lo tanto, aquí tenemos que resolver una discrepancia: o ustedes están con lo que dicen en el atril o ustedes están con lo que dicen en su texto. Ambas cosas a la vez son incompatibles. Quisiera que alguien me explicara aquí, hoy, por qué no aceptan nuestras enmiendas si ustedes están de acuerdo en mismos derechos y mismas obligaciones, por lo tanto, en frenar una tendencia que puede llevar, como les digo, no sólo a hacer los centros públicos subsidiarios sino, incluso, cuasi asistenciales en algunas zonas especialmente desfavorecidas. Reconozco que son términos que ni siquiera me gusta utilizar, señorías, pero esto está sucediendo hoy en la práctica y ustedes lo saben.


Sigue vigente el artículo 25.4 como estaba (como han alterado las redacciones, ya incluso me he perdido), que es aquel en el que había una excepción francamente grave respecto a que no todos los centros privados concertados deberían tener todos los itinerarios, en cambio, sí los centros públicos, y si en algún caso no tuvieran que tenerlos los públicos, no iba a ser para que no los tuvieran los centros infravalorados socialmente (ustedes saben de lo que estoy hablando y cerrar los ojos a eso, insisto, es reforzar esa tendencia que este país sinceramente no merece, aunque sea por omisión) o los centros que tengan una especialización curricular. Si no tienen nada que ver con esto, yo me callo, pero aquí nadie explica qué son y sólo hemos escuchado a la señora ministra hacer afirmaciones sobre estos centros, a los que me referiré específicamente en las disposiciones adicionales, que es donde más se explicitan. Decir cosas tan sumamente peligrosas como que, respecto de los expedientes académicos de los alumnos, se podrá hacer una determinada especialización curricular e incluso que se podrá saltar uno la lengua vehicular propia de la comunidad autónoma, sinceramente, es muy grave, porque estamos redactando una norma infraconstitucional, contra Constitución. Señorías, hoy deberíamos tener eso

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en cuenta en atención a las razones que aquí expongo. Si alguien tiene a bien contraargumentarlas y convencernos a los demás, esto no irá en cohete al Tribunal Constitucional; si no, tiene todas las de ir, porque estamos redactando una normativa infraconstitucional, legislando contra Constitución. Yo les digo, en primer lugar, que esa no es nuestra obligación, sino toda lo contraria, como cargos públicos que estamos ejerciendo, y, en segundo lugar, porque hay que alterar una tendencia que hoy se está dando, voluntaria o involuntariamente. Muchos, con toda seguridad, no tuvimos la voluntad y algunos de ustedes de los que están sentados aquí, tampoco. En cualquier caso, sus gobiernos lo han favorecido y yo les repito que con estas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista podemos frenar ese peligro.


Finalmente, el Grupo Socialista propone la creación de un nuevo título V bis, básicamente para la adopción de iniciativas que permitan situar a nuestro país en el grupo de cabeza ante las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento. Nuestras iniciativas buscan un salto cualitativo en la modernización de nuestros centros y en la oferta a nuestro alumnado y entre ellas figuran la dotación de ordenadores con conexión gratuita de Internet (en las reformas educativas que se están haciendo ahora en la Unión Europea, singularmente en la británica, se habla de conexión gratuita a Internet en las aulas de primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional), ya que hoy existe una discriminación importante respecto de quien tiene y quien no tiene y, por ende, de quien sabe y quien no sabe.
En segundo lugar, medidas de formación del profesorado y de dotación de materiales de apoyo a los centros correspondientes. Hay que insistir en la formación del profesorado en nuevas tecnologías porque ustedes les habrán escuchado, igual que yo, decir que tienen auténtico pánico a trabajar con un ordenador en las aulas con sus chicos y chicas por cuanto los chicos y chicas conocen cincuenta mil veces mejor los ordenadores. Si hablamos de revalorizar la función del profesorado, debemos implicarnos de manera singular en las nuevas tecnologías, en las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento a la hora de su formación.


Una de las enmiendas aceptadas por el Grupo Popular y que se incorporó en la ponencia era la relativa a doble titulación. Nos gustaría saber por qué no aceptaron la de centros bilingües cuando estamos solicitando que gobiernos, de común acuerdo con comunidades autónomas, adopten las medidas necesarias para inyectar calidad a nuestros centros públicos, que es una de nuestras obligaciones a sabiendas de cómo está hoy el servicio público educativo, especialmente en lo que acontece a los centros públicos stricto sensu. Solicitábamos que se adoptaran las medidas necesarias para que determinados centros públicos pudieran impartir sus enseñanzas utilizando como lenguas vehiculares la propia y otra lengua de otro país de la Unión Europea. Nosotros creemos que es de justicia que lo intentemos aquí y que no generalicemos en la medida de lo posible, a través de nuestros recursos.


Una curiosidad. La única enmienda que nos han aceptado del paquete de 335 enmiendas que el Grupo Socialista a hecho a este texto hace referencia a una medida dirigida al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender y, en cambio, no han aceptado ninguna de las que van dirigidas al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje. Como ustedes saben, en todo nuestro discurso de prevención del fracaso escolar las nuevas medidas tenían ese doble objetivo: reforzar tanto a aquellos con problemas como a aquellos con mayor capacidad y motivación para aprender.
Estamos encantados, por supuesto, de que nos hayan aceptado esta enmienda, nuestra curiosidad viene de por qué no nos han aceptado las muchas que tenemos en el otro sentido, las propuestas dirigidas al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene ahora la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: En la defensa de las enmiendas correspondientes al título V, mi turno va a estar dedicado a los antiguos artículos 69 a 92, que se corresponden con las enmiendas 871 a 907.


Nosotros, desde el artículo 69, es decir, desde las secciones 3.ª, de la autonomía de los centros, y 4.ª, de los órganos de gobierno, órganos de participación y órganos de coordinación de los centros docentes públicos, vemos una profunda contradicción. Esta contradicción, aunque no aparece en las rúbricas de las secciones 3.ª y 4.ª, si figura en todo el articulado. En la sección 3.ª, en el texto del Gobierno figura: de la autonomía de los centros. En realidad, lo único que estamos viendo es que se ha producido un recorte de esa autonomía, fundamentalmente en la autonomía pedagógica. Luego hablaré especialmente del artículo 73, centros docentes con especialización curricular, incidiendo en las palabras de la señora Chacón. Por eso, todas nuestras enmiendas a esta sección 3.ª son fundamentalmente de modificación, menos una de adición, la 72 bis. Son de modificación porque de alguna manera intentamos restituir aquellos recortes que ustedes han hecho en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica a como estaba anteriormente. ¿Por qué decíamos que hay una contradicción? Porque si aquí se habla de la autonomía de los centros, que luego en realidad no es tal, cuando pasamos a la sección 4.ª lo que vemos es que en el Consejo Escolar y en el claustro lo que ustedes están defendiendo es un recorte de esa autonomía, un recorte de las atribuciones que tenían tanto el Consejo Escolar como el claustro. De manera que no acabamos de entender por qué se habla en la sección 3.ª de la autonomía y luego en la sección 4.ª se habla de heteronimia. Se habla de un recorte de competencias

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en el Consejo Escolar y en el claustro. Todo eso es absorbido por el director que, como veremos, se ha convertido al final en un subalterno de la administración, a pesar de que se dice de la autonomía pedagógica que luego tendrá que poner a todo el centro a funcionar en función de esa prueba general de diagnóstico que hemos comentado ya en el título VII que hará la administración a través del instituto nacional de evaluación. Lo que están demostrando a lo largo de esta ley es una profunda desconfianza, ya lo hemos hablado, de las comunidades autónomas y, tal como aparece en esta sección 4.ª, de los órganos de gobierno, antes Consejo Escolar y claustro, que ahora se ha convertido en órganos de participación. De manera que hay desconfianza hacia el profesorado y también hacia los padres.


Dicho eso vamos a pasar de la sección 3.ª fundamentalmente al artículo 73, centros docentes con especialización curricular, y que ya decía que quería hacer incidencia en algunas de las cosas que ha dicho también la señora Chacón. No entendemos qué significa este centro, una vuelta a los antiguos institutos con solera, cuando estamos hablando de que confunden ustedes lo que es la escuela obligatoria con el bachillerato. Por eso ayer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le comentaba que si los itinerarios en la LOGSE son para la orientación de los alumnos de la escuela obligatoria, ustedes tenían esos itinerarios como selección de estos alumnos, lo cual nos parecía no solamente políticamente incorrecto, es que es moralmente incorrecto, es que estamos hablando de una escuela obligatoria. Lo que tiene que hacer el Estado y toda la sociedad española es orientar a todos sus alumnos, a todos sus jóvenes ciudadanos y no ir segregándolos y seleccionándolos. Tenemos un profundo desacuerdo y por eso pedimos la supresión del artículo 73 porque no vemos, con todo lo que hay anteriormente y con lo que viene después en la sección 4.ª, que haya una sola medida que de verdad mejore el rendimiento escolar que, tal y como dice la señora ministra, doña Pilar del Castillo, es el objetivo básico de esta ley.


Aunque ella habla de esfuerzo -que por otro lado está siempre dedicado a los alumnos-, al final acaba siendo, tal y como está montado este engranaje de la escuela obligatoria, más bien como, entre comillas y sin querer faltar al respeto, una especie de lucha por la vida, una especie de vuelta al darwinismo social. Quiero recordarles, supongo que se habrán asesorado de expertos, de orientadores de educación y también de psicólogos, por ejemplo, las grandísimas dificultades de aprendizaje que tiene un disléxico. Me pregunto cómo van a resolver esos problemas, cómo les van a orientar. Supongo que irán al pelotón de los torpes que ustedes han inventado a partir de los doce años.


Pasamos a la sección 4.ª, de los órganos de participación. Así como en la 3.ª planteábamos enmiendas de modificación y de supresión solamente en el artículo 73, la sección 4.ª es toda ella de supresión. Quisiera hacer referencia fundamentalmente al artículo 75, tipo de órganos; al 76, Consejo Escolar; atribuciones del Consejo Escolar en el 77; y al 78 y 79 que están referidas al claustro de profesores. En primer lugar, pedimos la supresión del artículo 75, tipo de órganos, porque se recorta la capacidad de decisión del Consejo Escolar. De nuevo volvemos a una profunda desconfianza de la comunidad educativa y de los padres y de los profesores que aquí han dejado de ser órganos de gobierno de los centros y pasan a ser solamente de participación y simplemente el director les informará. De manera que si hasta ahora tenían atribuidas toda una serie de competencias y de responsabilidades, hay una rebaja de ese nivel competencial máximo porque despoja al Consejo Escolar, por ejemplo, de dos competencias, de la elección de director y de la aplicación de la disciplina escolar. A nosotros nos parece que eso significaría que los padres ahora quedan como ajenos al funcionamiento del centro y al desarrollo escolar y personal de sus hijos. Estamos en completa disidencia con ustedes con relación a este artículo. Si en la LODE, por ejemplo, la figura del director era unipersonal y colegiada, como el Consejo Escolar y el claustro, ahora tanto el claustro como el Consejo Escolar se convierten en órganos de participación, y nos parece que es un ataque demoledor al modelo participativo que hoy está en las grandes leyes vigentes.


Comprendemos que ustedes, la patronal Concapa y la jerarquía de la Iglesia católica estén de acuerdo con esta ley. Ustedes dicen que hay muchísimos profesores, pero ya lo veremos dentro de unos días, porque lo que nos está llegando es que hay un gran desconcierto y una gran confusión al respecto porque ustedes les han prometido muchas cosas que luego leyendo la ley aquí no aparecen en absoluto.


En cuanto al artículo 76, que se refiere al Consejo Escolar, estamos completamente en desacuerdo, por eso es una enmienda de supresión. Se recorta la posibilidad de ser elegidos, por ejemplo, para el Consejo Escolar, los alumnos del primer ciclo de la secundaria, y además se dice que fundamentalmente por su mala conducta. Volvemos a lo mismo, nosotros creemos que hay que arreglar todos los problemas que surgen de la mala conducta de los alumnos, pero que en una norma de tipo orgánico aparezcan estas cuestiones nos parece sorprendente, cuando son medidas que tendría que tomar el Consejo Escolar, el decir la comunidad educativa, de orientación fundamentalmente.


Con el artículo 77, atribuciones del Consejo Escolar, estamos totalmente en contra porque hay un recorte fundamental. Dígame de verdad en qué mejora la calidad de la enseñanza recortando las funciones del Consejo Escolar, recortando la participación de los padres en la vida escolar de los centros. Nos tendrá que explicar eso porque no lo vemos en absoluto, al contrario, las enmiendas de modificación que hacemos a la sección

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3.ª, autonomía de los centros, es para que tuviera muchísima más autonomía y muchísima más capacidad de resolución de los problemas.


El artículo 78, que está relacionado con el claustro de los profesores, de nuevo deja de ser un órgano de gobierno y se convierte en un órgano de participación donde simplemente el director del centro va a informar de aquello que le ha dicho la administración tiene que hacer. Para nosotros, sirve la misma consideración que hacemos sobre otros artículos, que es su total supresión.


Igual ocurre con el artículo 79, que se refiere a las atribuciones del claustro de profesores, donde también hay grandes recortes, pero además muy importantes. Por ejemplo, se elimina el proyecto curricular, que sería algo así como el código educativo por el cual se rige el centro. No acabamos de entender por qué ustedes hacen esto cuando lo que quieren arreglar es lo del fracaso escolar, y sin embargo aprueban que el proyecto educativo prive a los demás representantes de la comunidad para que participen en esto. No entendemos qué es lo que están haciendo en este apartado en relación a las medidas que querían tomar sobre el rendimiento escolar de los alumnos.


En el artículo 80 estamos en desacuerdo con la recuperación de aquellos catedráticos, que aunque estaban en los antiguos institutos de los 10 a los 17 ó 18 años, los quieren recuperar para la escuela obligatoria. Por ejemplo, aquí se dice que la jefatura del departamento solamente puede ser desempeñada por un funcionario del cuerpo de catedráticos. Como ya lo hemos discutido tanto, no vamos a incidir en eso.


Pasaríamos a la sección 5.ª, dirección de los centros públicos. Aquí, puesto que ya está legislado en la LOPEG, en el antiguo artículo 81, lo único que añadiríamos es una serie de modificaciones que mejorarían estas atribuciones del director, por ejemplo, que ellos pudiesen aplicar las medidas que en materia de disciplina se contemplan en el reglamento de régimen interior, que por cierto ya no lo puede hacer tampoco el Consejo Escolar, y en el plan de mejora de la convivencia. Las demás funciones, como les digo, ya están legisladas y no nos parece que tengan en este momento que derogarse.


Entraríamos en la enmienda de modificación del artículo 83, que está dirigido a la participación de los directores en los centros concertados.
Como nosotros estamos pidiendo que haya una corresponsabilidad en el ámbito de la educación como servicio público, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, en los centros concertados, lo que decimos es que lo que tiene que hacer el director es participar en los consejos escolares de los diferentes ámbitos territoriales, cuando ahora estos titulares de los centros, a pesar de ser una empresa sostenida con fondos públicos, no entran en debates fundamentales para la mejora del sistema, con lo cual consideramos que la modificación de este artículo 83 supondría una gran mejora para que hubiese una corresponsabilidad real entre ambos tipos de centros.


En el capítulo II, del director de los centros públicos, solicitamos una supresión de todos los artículos, excepto el 92, en el que les hablaré de una modificación y de dos adicionales, el 92 bis y el 92 ter. Pedimos la supresión del artículo 85 porque lo único que hace es copiar el artículo 18 de la LOPEG y empeora la legislación vigente, porque viene a decir que se puede presentar como candidato un profesor que, como será elegido por la administración, venga de otro centro sin conocer cuáles son las características del centro donde él va a desarrollar sus tareas de dirección.


También proponemos la supresión del artículo 86, procedimiento de selección, en primer lugar porque de nuevo empeora la legislación vigente, que está contemplada en el artículo 17 de la LOPEG, y merma el principio de participación de la comunidad educativa en el proceso de selección de director. ¿Quiénes se van a presentar al concurso del que habla la LOCE? En realidad, tal y como viene, parece que ustedes creen que si los elige la administración va a haber más candidatos de los que hay ahora, que es una de las quejas que ayer veíamos en el debate de la tarde, y también les planteamos que antes era una elección democrática, donde participaban el claustro y toda la comunidad educativa a través del Consejo Escolar, y ahora todo eso se merma y solamente lo hace la administración. ¿Qué significa eso? Que lo que va a hacer la administración es elegir como director a alguien que nunca hubiese sido elegido democráticamente por el Consejo Escolar. Por tanto, de nuevo aparece el dedo de la administración decidiendo quién tiene que ser director y quién no, cuando antes había toda una serie de requisitos, como era conocer perfectamente todo su perfil profesional, qué objetivos quería para el centro, cuál era su proyecto educativo y qué pensaba hacer él con relación a la mejora no solamente del sistema, sino fundamentalmente de las aulas del centro y de la prevención del fracaso escolar y la mejora, por tanto, del rendimiento escolar del alumno. Luego no nos parece que todos estos artículos mejoren lo que ahora hay.


El Grupo Parlamentario Socialista habría debatido con ustedes todo el tiempo que hubiese sido preciso, aportando muchas iniciativas y muchas ideas, puesto que conocemos perfectamente cuáles son las cosas que habría que reajustar de la LOGSE, pero como ustedes han querido hacer una nueva ley con todo este totum revolutum no tenemos más remedio que ir suprimiendo toda una serie de cosas que nos parecen completamente inaceptables e inadecuadas para que funcione mejor el sistema.


En el artículo 87, en cuanto al nombramiento, ya saben lo que pensamos de todo esto, además de que también empeora la legislación vigente en los artículos 19 y 20.


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Si nos vamos al artículo 88, creemos que podríamos haberlo debatido, puesto que es de modificación y ya veríamos cuánto es el tiempo de duración del mandato. No entendemos por qué no hemos entrado ni siquiera en una cosa tan sencilla como esta en un debate del asunto, simplemente lo rechazan.


En el artículo 89 consideramos que no hay nada nuevo, es una copia literal del artículo 20 de la LOPEG y no entendemos por qué está. Creemos que el artículo 90 también se debe suprimir, en cuanto que tampoco aporta nada nuevo, pero es que ustedes empeoran el apoyo a la función directiva en los centros concertados que aparece en la disposición adicional sexta de la LOPEG y, por otro lado, puesto que en el artículo 88 ya hemos dicho qué medidas de mejora tendría que haber, nos parece que sería improcedente apoyar este artículo.


Igual ocurre en los artículos 91 y 92. Simplemente, y con ello acabaría, decirles que los nuevos artículos 92 bis y 92 ter, que incorporaríamos a este capítulo, servirían para mejorar la organización de las actividades educativas del centro, de manera que hubiese un plan de actuación que figurara en la programación general anual, donde estuviesen contempladas las actividades, las horas lectivas y no lectivas del profesorado, y que por tanto hubiese una verdadera coordinación de todos los docentes. Por otro lado, cómo las administraciones educativas no harían ese plan de actuación, sino que lo aprobarían a través del Consejo Escolar y del profesorado hablando de cómo mejorar todo esto. Por tanto, la filosofía de esta adición es incrementar lo que ustedes recortan, que son las competencias de los equipos directivos.


En el artículo 92 ter nuevo, que también es de adición, hablamos de algo que nos parece muy importante, y es que las normas de convivencia en los centros tiene que darlas el Consejo Escolar, que es donde está toda la comunidad educativa, no la administración, es en el marco de la normativa establecida por las administraciones donde tienen que darse las normas de convivencia de los centros. Por eso hemos suprimido los artículos 75, 76 y 77. No entendemos qué es lo que quieren hacer ustedes con esto. ¿Ahora la administración va a decir cómo es el régimen interior de los centros? Es la propia comunidad educativa quien tiene que acordarlo, porque ahí están el profesorado, los empleados de los centros, pero fundamentalmente los alumnos y sus padres, y son también ellos los que tienen que decidir cuáles tienen que ser esas normas de convivencia. Ustedes han recortado competencias al alumnado y a los padres. No acabamos de entender qué es lo que ocurre con eso.


Yo querría acabar con una frase de Rousseau, que no estaría mal citarla en este momento, que dice que la dignidad del ser humano viene cuando se da normas a sí mismo. Ustedes impiden que los alumnos, de acuerdo con sus padres y con el profesorado, se den normas a sí mismos, y ponen que las normas de convivencia de los centros de alguna manera también serán puestas por la administración.


El señor PRESIDENTE: Por petición de alguna portavoz, vamos a interrumpir un minuto y continuamos el debate.


También anuncio a los señores diputados que, a la vista del desarrollo del debate, la votación podrá realizarse no antes de las dos y cuarto de hoy.
(Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Quiero agradecer a la Mesa la deferencia por aceptar estos dos minutos de receso en esta larga mañana que nos está ocupando a todos los miembros de la Comisión.


Dentro de la exposición que han realizado los diferentes grupos parlamentarios, intentaré ser lo más breve y concisa posible respecto a algunas de las afirmaciones que han expuesto los diferentes grupos. En primer lugar, voy a contestar a la portavoz de Coalición Canaria, agradeciéndole, como ya hice en la intervención de ayer, las amplias aportaciones que ha realizado su grupo a esta ley de calidad y los acuerdos a los que hemos conseguido llegar en algunas de las enmiendas.
Sin embargo, quiero darle una explicación lo más breve, pero lo más convincente posible, respecto a algunas cuestiones que nuestro grupo no puede aceptar en relación con las enmiendas que permanecen vivas. Así como con la enmienda 79 que mantenían viva hemos conseguido llegar a un acuerdo, porque es similar a la 1.158 que el Grupo Parlamentario Popular incorpora en el texto en el debate de ponencia, en lo que se refiere a la enmienda 75, que hace referencia al artículo 77.1. j) del texto (me ajusto a esta enmienda porque quizá la modificación en lo relativo a la elección de director sea uno de los aspectos más puntuales de la ley), la propuesta que su grupo realiza no encaja dentro del modelo del actual sistema de elección del director que nosotros proponemos. Es una posibilidad que, barajada en principio, fue descartada, porque no consideramos que se ajuste al rigor con que debe hacerse la elección del director de los centros educativos. Por lo tanto, no podemos aceptar su enmienda. En relación con esta enmienda se encontraban las números 79 y 77, referida, a los profesores; una enmienda de supresión referida al artículo 86, y el cese del director relativo a la evaluación negativa de su trabajo. No hemos visto que incorpore algo nuevo o decisivo respecto de lo que establece la ley de calidad en relación con las condiciones que puedan determinar el cese del director del centro. Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda número 72, que hace referencia a la ampliación de los conciertos a centros de nueva construcción. Nos parece que el actual sistema de concertación es y factible y tal y como lo determinan las administraciones

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educativas y tal y como establece la ley de calidad dentro de las competencias que se les otorga para la programación de plazas y de acuerdo con las demandas de las familias, queda perfectamente definido ese nivel de concertación de centros de titularidad privada.


Comenzando por las consideraciones del portavoz de Convergència i Unió, señor Guardans, ayer le dije que hay una serie de cuestiones en las que ni usted ni yo, ni mi grupo ni el suyo, nos vamos a poner de acuerdo. Son aquellas que hacen referencia a las supuestas intromisiones que usted ha señalado que esta ley de calidad realiza dentro de las competencias de las comunidades autónomas. Lo dije ayer y lo vuelvo a reiterar. El Grupo Popular defiende esta ley de calidad con el firme convencimiento de que respeta total y absolutamente las competencias que las comunidades autónomas tienen otorgadas en materia educativa. Consideramos que todos y cada uno de los artículos, que han sido cuidadosamente estudiados por mi grupo, respetan el desarrollo de esas competencias y no se entrometen en el desarrollo de las mismas que tienen que hacer las comunidades autónomas. A nuestro juicio, la ley de calidad llega de manera específica donde tiene que llegar, a aquellos aspectos que se espera de una ley de estas características, de una ley que pretende reorganizar el sistema educativo y que aporta nuevos condicionantes con el fin de otorgar una mayor calidad a ese sistema educativo para elevar el nivel de formación de nuestros alumnos y para disminuir el fracaso escolar de los mismos.


Ha hecho usted referencia a la enmienda número 1.063, que nos gustaría transaccionar. Se refiere al anterior artículo 77, actual 81, relativo a las atribuciones del Consejo Escolar, en relación con las cuales ha hecho usted una serie de afirmaciones que por supuesto no comparto. El Grupo Popular defiende esta ley en todas y cada una de sus intervenciones públicas con el firme convencimiento de que las manifiestan el sentir recogido en este texto legislativo, que es público, que está a disposición de todos los ciudadanos, que no esconde absolutamente nada y que puede ser perfectamente leído y entendido no sólo por toda la comunidad educativa, sino por la sociedad en general en el que queda expresado con perfección el modelo educativo que nosotros defendemos, que defendió la ministra en su comparecencia en esta Cámara, el 14 de junio de 2000, y desde el momento en que comenzó a elaborarse con la participación de la comunidad educativa. Por eso yo quería ofrecerle una transacción a este artículo, en concreto al apartado que habla de las atribuciones del Consejo Escolar: en vez de informar el proyecto educativo, que establezca directrices para la elaboración del proyecto educativo. Ha afirmado usted que esta atribución al Consejo Escolar podría verse cercenada con la actual redacción de la ley y pensamos que la nueva redacción que proponemos puede subsanar determinadas inquietudes que ha manifestado respecto a que las atribuciones del Consejo Escolar pudieran verse mermadas con la redacción del actual artículo.


En cuanto al resto de dudas que ha expuesto respecto al nombramiento del director en los actuales términos, repito lo que he señalado a la señora Julios. Estamos firmemente convencidos de que el actual modelo de nombramiento de director es un modelo que ha fracaso. Me producen cierta curiosidad determinadas afirmaciones de algunos portavoces esta mañana, señalando que se cercenan los derechos de la comunidad educativa en a la elección del centro, cuando es una realidad que el actual modelo ya ha cercenado esos derechos. En el momento en que más del 60 por ciento de los profesores, al día de hoy, son elegidos por la Administración, ello quiere decir que el actual modelo ha fracasado y que implícitamente ha cercenado los derechos de la comunidad educativa que la actual ley supuestamente establece. En cuestiones de competencias tendríamos todavía mucho que hablar, pero seguro que ni usted ni yo llegaríamos a un acuerdo por cuanto nuestros planteamientos son diferentes, aunque los dos estamos en el firme convencimiento de que el respeto a las comunidades autónomas y al modelo constitucional pueden quedar perfectamente reflejados en una ley de estas características.


Querría detenerme en determinadas afirmaciones que he oído, fundamentalmente de las dos portavoces del Grupo Socialista; afirmaciones que también escuché ayer porque no pude o no supe expresarme con claridad, o quizá la portavoz del Grupo Socialista, no supo o no quiso en un determinado momento entenderme con la absoluta claridad con la que yo me quise expresar. Si seguimos utilizando los argumentos que se usaron ayer, ambos grupos vamos a defender las posiciones que ya estamos defendiendo, y en este caso creo que al Grupo Popular le asiste la razón.
No es lógico que en un debate de estas características se siga utilizando la política del enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela privada, que es lo que hemos visto en esta mañana. Se ha acusado al Grupo Popular de realizar el enfrentamiento entre escuela pública y escuela privada. Nosotros no inventamos el modelo educativo que actualmente está vigente. Si alguien ha logrado cercenar las posibilidades de desarrollo de la escuela pública ha sido precisamente el actual modelo educativo, que se demuestra que ha fracasado. Ha fracasado en la medida en que nos ha llevado a una tasa de fracaso escolar, junto con Portugal, la más alta de Europa. Y no es que fracasen los alumnos, es que el modelo educativo ha fracasado y les ha hecho fracasar a ellos.


Cuando la escuela pública no ofrece alternativas, cuando la escuela pública ofrece fracaso y cuando la escuela pública no se ve potenciada dentro de ese modelo educativo es cuando la alternativa surge a través de los centros que ustedes llaman privados, es cuando la alternativa se busca a través de los centros concertados. Se buscan esas alternativas, desgraciadamente,

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incidiendo siempre en el más débil, en el que menos recursos tiene. Voy a señalar estos argumentos porque a ustedes se les llena la boca continuamente hablando de la marginalidad de los centros, diciendo que vamos a crear centros de primera y de segunda, que vamos a crear una escuela de primera y de segunda. La única forma de crear una escuela de primera y de segunda es seguir manteniendo el actual sistema educativo, al que ustedes se han agarrado como un clavo ardiendo. Sólo cuando se planteó el debate en la comunidad educativa y cuando el Grupo Popular y el Gobierno plantearon la necesidad de la reforma, ustedes con ciertas reservas reconocieron el fracaso escolar que estábamos viviendo y que el actual sistema educativo había fracasado en cierta medida. Ahora ustedes pretenden achacarnos que nuestro modelo va a crear centros de primera y centros de segunda. Nuestro modelo especifica perfectamente en su articulado -se puede comprobar si se lee detalladamente-, que con el reforzamiento y con la calidad educativa de una escuela pública entendida entre centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos la sociedad, los jóvenes, los niños, tendrán una mayor oportunidad y se romperá esa dinámica donde aquellos que más tienen podrán optar por un sistema educativo paralelo, que es lo que precisamente ustedes critican, pero es lo que han potenciado, y tendrán entonces un sistema educativo con todas las garantías.


Hablan de los centros de especialización curricular. Los centros de especialización curricular no pretenden en modo alguno crear centros paralelos, no pretender crear esos centros que tanto repiten de primera, de segunda, para zonas marginales, para zonas menos marginales. Lo que harán los centros de especialización curricular será ofertar más oportunidades, más materias además de los itinerarios que esos centros puedan dar. Está perfectamente recogido en la ley que todos los centros públicos concertados tendrán que ofertar todos los itinerarios. Cuando hablamos de centros de especialización curricular estamos hablando de centros que ofertarán más especialidades al margen de esos itinerarios y además a éstos se podrán acoger tanto los centros públicos como los centros concertados. Quería recordar que son las comunidades autónomas las que van a establecer el procedimiento y su autorización. Cada una de las comunidades autónomas desarrollará el modelo que entienda, aunque tal vez haya que estar atentos para ver qué hacen aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, porque si el ejemplo es el que nos están dando en gasto público, con el que a ustedes también se les llena la boca, la verdad es que no es el mejor ejemplo ni de especialización curricular ni de alternativas que ofertar a los alumnos de estas comunidades. Están continuamente criticando este modelo de centros y hay que decir que ustedes en su proyecto hablan de centros bilingües. Podría ser un centro de especialización curricular en centros públicos y concertados, señora Chacón, públicos y sostenidos con fondos públicos. (La señora Chacón Piqueras: ¡El nuestro dice públicos!) Le tengo que recordar que no somos nosotros los inventores de los conciertos. Es así de claro, están perfectamente extendidos y delimitados aun cuando ustedes consideren que, cuando el Partido Popular concierta, favorece la escuela privada y, cuando el Partido Socialista concierta lo que hace es firmar convenios de colaboración para extender la enseñanza de la educación infantil. Esa es una postura no sólo irresponsable, sino de cierto cinismo respecto a cuál es la realidad del actual modelo educativo que es lo que ustedes están aplicando allí donde gobiernan y a qué se corresponde el discurso que ustedes desarrollan en sus intervenciones respecto a la ley de calidad.


Ayer quise dejarlo perfectamente claro, pero no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlo. Nosotros somos firmes defensores y estamos firmemente convencidos de que los programas de iniciación profesional van a incidir decididamente en reducir el fracaso escolar. Y lo van a hacer porque van a permitir a los jóvenes la obtención de un título, la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
Ustedes se agarran a un clavo ardiendo diciendo que a los quince años nosotros vamos a sacar a los niños del sistema educativo. Lo que es una auténtica irresponsabilidad es el discurso que ustedes mantienen continuamente y es que a los 16 años, cuando consideran que la enseñanza obligatoria ha finalizado, ustedes cierran los ojos y les importa poco dónde van todos esos alumnos que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria. En este caso, gracias a sus programas de garantía social, un 4 por ciento van a esos programas y el resto, más del 20 por ciento, va a la calle, sin una formación y sin un título; en definitiva, van a darse de frente con la realidad de que tienen que competir en un mercado con un importante número de jóvenes formados, un mercado que es cada vez muchísimo más abierto, porque afortunadamente estamos en país sin fronteras, en el que nuestros jóvenes tienen que competir en un marco europeo. Dejen de utilizar intencionadamente los programas de iniciación profesional. A los programas de iniciación profesional irán aquellos alumnos que consideren que ese programa se ajusta a lo que ellos quieren en un futuro. Nadie les expulsa del sistema educativo, porque los programas de iniciación profesional les mantienen dentro del sistema reglado, cosa que no hacen los programas de garantía social, que los sacaban del sistema reglado sin darles la oportunidad de obtener titulación alguna.


También nos han acusado de dar un golpe definitivo a la escuela pública.
No es por ser reiterativa, pero el golpe definitivo a la escuela pública se lo ha dado su actual sistema educativo. Si ustedes hablan de centros marginales, será porque el actual modelo educativo no ha ofrecido las suficientes garantías para que todos los centros ofrezcan la misma calidad educativa, que es lo

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que precisamente pretende corregir el modelo que en estos momentos estamos debatiendo: calidad para todos los centros, itinerarios para todos los centros, posibilidad de especialización curricular para todos los centros y posibilidad de admisión de alumnos con una serie de características que hemos perfilado. Aquí quiero hacer un inciso respecto a una enmienda de Convergència i Unió que hemos aceptado, que creo recordar que es la número 1.054, en la que uno de los criterios de admisión de alumnos era la consideración de aquellos con determinadas discapacidades. Es una cuestión que marca el desarrollo de toda la ley, precisamente porque una de las filosofías que pretende impregnar el proyecto de ley de calidad de la enseñanza es dar oportunidades a aquellos que más las necesitan -en este caso, los discapacitados-, a aquellos que en algún momento pueden tener ciertas dificultades a la hora de incorporarse al sistema educativo.


Han hablado ustedes del nombramiento del director. El nombramiento del director queda perfectamente especificado dentro del modelo educativo a través de una comisión -queremos dejarlo también claro- con representantes de la administración y del Consejo Escolar de los centros.
Ustedes consideran que la comunidad educativa, los padres, ven cercenado su derecho de participación; yo les digo que el actual modelo es el que ha cercenado todas esas posibilidades. Las cercena desde el momento en que un gran número de personas que se dedican a la docencia no ven los suficientes incentivos o apoyo del modelo educativo como para dar un paso adelante y asumir la enorme responsabilidad de dirigir un centro educativo. Eso cercena la capacidad de desarrollo y las iniciativas de aquellas personas que asumirían gustosamente ese compromiso y cercena también, por aburrimiento, por desidia y por falta de apoyo del modelo educativo, la posibilidad de participación de los propios padres y alumnos. Como nosotros sabemos eso, vamos con la verdad por delante, y la verdad es que el actual modelo de elección de director ha fracasado y hay que proponer otro. Hay que proponer un sistema que ofrezca a las personas que asuman la responsabilidad de ser directores de un centro educativo no sólo un mayor número de competencias y de apoyo dentro de la administración, sino una valoración específica de su función -es importante reconocer la función que ellos desempeñan-, exigiendo que esas personas, cuya responsabilidad es enorme, pasen un proceso de formación específica para el ejercicio de su función directiva. Lo que estamos haciendo es corregir una realidad que en estos momentos existe y que demuestra que los centros educativos carecen de suficiente atractivo, gracias al modelo actual, para ofertar a determinadas personas la posibilidad de asumir las competencias directivas de los mismos.


A ustedes, de vez en cuando, les gusta hacer comparaciones europeas. Yo las voy a hacer ahora. Salvo en los casos de España y Portugal, en el resto de Europa el modelo educativo a la hora de nombrar a los directores de los centros es similar al nuestro, y en algunos casos muchísimo más rígido que el nuestro. Les podría hablar de los casos de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, donde, en muchas ocasiones, son las administraciones locales las que hacen el nombramiento a dedo, sin consulta específica, del director.


No nos estamos inventando ni sacando de la manga absolutamente nada; lo que estamos haciendo es adecuar la realidad que en estos momentos se vive dentro de los centros educativos a un sistema educativo que ha de primar no sólo al profesorado sino a aquellos que asumen responsabilidades verdaderamente importantes dentro de la docencia y del desarrollo normal de la enseñanza en esos centros, como es el caso de los directores.


Se les llena la boca hablando de la participación de los padres y de los derechos que éstos tienen. Esta ley no cercena los derechos de los padres, porque el principal derecho que tienen los padres es que sus hijos reciban una educación de calidad, conforme a los criterios establecidos en al Constitución y en las leyes educativas. Otro derecho importante que tienen, y que no han tenido hasta ahora, es la posibilidad de elegir para sus hijos el centro educativo que consideren más adecuado, en los términos que establezcan las leyes. Y eso, gracias a la extensión de la gratuidad infantil a partir de los tres años, va a quedar perfectamente definido. También nos han dicho que no reforzamos la autonomía de los centros educativos. En la medida en que otorgamos a los centros la posibilidad de especializarse en determinados currículos, lo que les permitirá convertirse en un referente para otros centros educativos de su entorno, el más inmediato y el mediato, en la medida en que podrán seleccionar los libros de texto y demás materiales curriculares, sin la necesaria autorización administrativa que les constriñe la posibilidad de maniobra a la hora de desarrollar la vida dentro del centro, y en la medida en que podrán contratar determinado personal administrativo de apoyo, estamos sosteniendo, decididamente, esa autonomía de los centros.


Lo que más me preocupa de todo el discurso que he escuchado esta mañana de las portavoces del Grupo Socialista es que estamos donde empezamos: ustedes siguen manteniendo que esta ley separa a los niños cuando decimos que el actual modelo educativo está adoptado en la mayoría de los países europeos y que, precisamente, forma y ayuda a aquellos que más necesidades tienen; ustedes dicen que cercenamos las posibilidades de participación de la comunidad escolar, y nosotros decimos que las posibilidades de participación ya están absolutamente cercenadas por su modelo educativo -el modelo educativo impuesto por la LOGSE y por supuesto fracasado-; ustedes dicen que nosotros expulsamos a los jóvenes del sistema educativo y nosotros les decimos que no sólo no expulsamos a

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los jóvenes sino que les ofrecemos muchas más alternativas para que puedan desarrollar su formación y puedan obtener una titulación necesaria y acorde a lo que en estos momentos les impone la sociedad.


A nosotros nos hubiese gustado un mayor ejercicio de responsabilidad a la hora de analizar esta ley. Ustedes se quejan del tiempo, pero yo les digo que la mayoría de sus enmiendas, yo diría que el 70 por ciento, son de supresión. Nos hubiese gustado ver una mayor alternativa a esa tasa de fracaso escolar, como nosotros hemos hecho elaborando una ley, en vez de ir poniendo parches aquí y allá, criticando lo que supuestamente copiamos, denostando lo que supuestamente no les conviene y cerrando los ojos ante una realidad, la de que el actual sistema educativo necesita una modificación. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esa modificación de las comunidades autónomas, porque estamos aplicando el actual modelo educativo allí donde gobernamos, no sabemos lo que harán sus presidentes.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, ¿tiene algo que decir en relación con la oferta de transacción?

El señor GUARDANS I CAMBÓ: De entrada, agradezco su tono a la señora Moneo y la oferta que hace, pero no puedo admitir la enmienda transaccional. Si el Grupo Popular quiere hacer una enmienda que recoja ese punto, estaremos encantados, pero no podemos retirar nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: No sé si porque no me escucha o porque no quiere escucharme (yo no diré que porque no sabe hacerlo, como me dice usted a mí), pero es muy difícil el diálogo entre usted y yo. Yo trato de argumentar por qué creo que pueden pasar determinadas cosas y usted simplemente reitera afirmaciones que ya mencionó ayer, sin dar un solo argumento o razonamiento de los peligros que yo le estoy poniendo sobre la mesa. Simplemente, me dice que no hay recorte en la participación o que no se cercena, si a usted le gusta más el término porque es más elegante. Se llama recortar y se lo estamos diciendo desde que nos hemos sentado aquí. Usted responde que no lo hay, pero que hay mucha calidad.
Si usted quiere que entablemos el discurso en esos términos, se va a hacer muy complicado. Yo le hago preguntas, modestas preguntas, desde la oposición que espero tenga a bien respondérmelas. Si usted se limita a hacerme la misma afirmación en negativo, sinceramente, avanzaremos poco.
Tenga S.S. en cuenta que me lo pone muy difícil.


Un ejemplo. La única explicación que me ha dado. Le he preguntado qué eran exactamente los centros de especificación curricular y su respuesta ha sido, lo he escrito tal cual: Existen para ofertar más oportunidades y más materias, además de los itinerarios que puedan dar. ¿Usted se cree que yo me puedo enterar de algo? Porque esto de que hay más oportunidades y más materias me lo dicen en todo. La señora ministra se pone delante del atril y dice: Más oportunidades, más materias, más diversificación.
Yo le pregunto: Aparte de todo eso, ¿me puedo decir para qué sirven, qué son, qué objetivo tienen? Sobre todo, cuando la señora ministra me ha dicho dos cosas de estos centros, y lo ha repetido usted también: primero, que se pueden especializar en currículos como el científico-humanístico, es decir, en itinerarios específicos, posibilidad que abre este proyecto de ley. Ya que usted me dice que no, léase su ley.
Yo me he leído su ley, hágalo usted también. Específicamente, en el artículo 25.4 hay una afirmación y después hay una excepción: Las administraciones educativas podrán adecuar este principio a las demandas de los alumnos y a las características y recursos de los centros, es decir, podrán excepcionarlas en función de estas cuestiones. Hemos escuchado a la señora ministra decir que esto puede pasar. En segundo lugar, otra cosa que me pareció aún más grave, que los centros de especificación curricular se pueden saltar la lengua vehicular propia de la comunidad autónoma que, a través de ley o, como en el caso de Cataluña, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha quedado muy claro cuál es.


Yo le pregunto qué pasa con eso y su respuesta es: ofertar más oportunidades y más materias. Señora Moneo, lo complica mucho, porque eso es lo que ustedes me responden a todo. Si es la única respuesta que me va a dar, entablar un diálogo va a ser muy complicado. Yo le estoy haciendo una pregunta. Es un artículo de una ley de su Gobierno, usted sabrá mejor que yo qué significa. Si puede ser, me gustaría que me diera una explicación algo más clarificadora que más oportunidades y más materias, que es lo que siempre nos dicen. Esa suele ser siempre la respuesta habitual del Gobierno y del Partido Popular a cualquiera de estas preguntas.


Una cuestión más sobre lo que nos ha comentado. Aunque se empeñe en decir que no pretendemos reformar el sistema educativo, por activa y por pasiva le hemos repetido que el sistema educativo actual tiene problemas, aunque nunca fue ésa la voluntad de los legisladores. Y le diré más. Ojalá el problema fuera la ley, señora Moneo, porque eso significaría que si cambiáramos la ley se solucionarían los problemas, pero ustedes saben, igual que yo, que por desgracia eso no va a ser así y que hace falta una política activa, aparte de un marco legal concreto. En ese sentido, en materia de centros públicos y privados, ha habido una tendencia que nadie pretendió pero que, por acción o por omisión, está sucediendo.
Paulatinamente los centros públicos se están convirtiendo en subsidiarios de los privados, y además se está concentrando en ellos, con las dificultades educativas que eso comporta, a un

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determinado alumnado con dificultades específicas de escolarización. Como cargos públicos que somos legislando en esta Cámara, tenemos la obligación de acabar con esa tendencia y, por tanto, reforzar la complementariedad entre centro público y privado. Yo no sé si es que no me entiende o no me quiere entender, pero eso es lo que le estoy diciendo. Si su única respuesta es: La culpa es suya por cómo legislaron, no nos vamos a entender. Por favor, yo le pregunto cuáles son las razones.


Ya que usted quiere hacer números, le diré que el 52 por ciento de las enmiendas del Partido Socialista pueden ser de supresión, pero el resto son todas de adición, señora Moneo. Por tanto, no diga usted sólo media verdad, añada la otra. A cada uno de sus artículos hay una alternativa concreta; unas enmiendas son de modificación, pocas; otras son de supresión, pero no han tenido ninguna voluntad de acercarse. Además -ya lo comentamos el otro día-, han dedicado ustedes cero días, cero horas, cero minutos a intentar algo. Por tanto, yo le pregunto: ¿quiere usted contestarme a estas cosas o no? Se ha dedicado a hablarme del gasto público, particularmente en Andalucía, y le vuelvo a repetir que, en si este país miramos el esfuerzo educativo en gasto público que hace cada comunidad autónoma respecto al producto interior bruto de cada una de ellas, la tercera comunidad autónoma, señora Moneo, es Andalucía y ese informe lo tiene usted igual que yo. La segunda es Asturias y la última es Madrid, la del señor Gallardón. La última es Madrid, por tanto les pido por favor que dejen de jugar con las cifras como les interesa porque cada vez que me dice gasto público por alumno, que ahí ciertamente Andalucía está muy por debajo, no lo está en esfuerzo presupuestario respecto a su producto interior bruto, entre otras cuestiones, señora Moneo, porque su Gobierno, durante muchos años, no quiso actualizarles el censo electoral, lo que estaba castigando a los ya nacidos y por tanto a aquellos que están es la escuela. Por favor, un poco de rigor y un poco de seriedad en relación con Andalucía después de que su Gobierno se negara años y años, hasta el anterior, a actualizar ese censo, con lo que estaba castigando a los que hoy están en las aulas. Además, su esfuerzo presupuestario respecto a su producto interior bruto, señora Moneo, la pone como tercera en cabeza en relación con las demás comunidades autónomas de este país. Por tanto, no aporte sólo medias verdades.


Respecto a la educación infantil y su prioridad de poner el gasto de esta ley la cabeza del león de esta ley, en la educación infantil privada, ya le contesté ayer. Si quiere insistir insistimos; en cualquier caso usted no quiso escucharme, no puso ningún interés; por tanto no voy a dar más vueltas a esto y simplemente le haré una pregunta. Usted dice que el actual modelo de dirección de los centros ha fracasado. Yo le digo que es verdad que tiene problemas y que es importantísimo otorgarles más competencias, reforzar el trabajo de la dirección y del equipo de dirección, que es importantísimo incentivar su tarea, estabilizar su figura -ahí están las enmiendas del Grupo Socialista-, lo que no le digo es que si hay que dotarle de mayores competencias y de mayor capacidad para ejecutar las mismas lo que haya que hacer es quitarle la legitimidad democrática que le da ser elegido por todos y que venga una persona elegida por la administración a hacer ese plus de competencias que ahora le vamos a dar. Eso dificulta su trabajo. Usted no me contesta a lo que le digo, simplemente me vuelve a decir que hemos fracasado y que esto es lo mejor del mundo, sin darme ningún argumento para una cosa o para otra, excepto uno: la abstención. La abstención ha llevado a que un tanto por ciento elevado de la administración tenga que elegir, básicamente en centros públicos, nuestros directores. Mi pregunta es: ¿cree usted que si en la democracia española tuviéramos un índice elevado de abstención porque la gente pensara que el ejercicio que llevamos a cabo los cargos públicos no es suficientemente atractivo para ellos, la respuesta sería acabar con la democracia, señora Moneo? Eso es lo que han hecho ustedes.


El señor PRESIDENTE: Tiene treinta segundos, señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Señora Chacón, usted y yo no nos vamos a entender nunca, entre otras razones porque mis formas afortunadamente no son las suyas, pero hablando de rigor sí quiero decirle que lo primero que tendrían que hacer es repasarse los datos de financiación, y repasárselos con cierto criterio.


Sé que es difícil buscar un dato donde ustedes salgan beneficiados respecto al gasto público que hacen, pero tengo el informe sobre la situación económica de las universidades andaluzas. Debo recordarle que las transferencias en materia educativa se realizaron sin ningún tipo de déficit, y al día de hoy las tres universidades a nivel nacional que más déficit tienen y que menos gastan por alumno son Asturias, Andalucía y Extremadura, gobernadas por el Partido Socialista. El problema no es que haya fracasado su modelo educativo, el problema es que el modelo educativo que ustedes aplican, con remiendos aquí y remiendos allá, sigue fracasando, porque en sus comunidades autónomas hay un índice de fracaso escolar mucho más alto que allí donde gobierna el Partido Popular.


Puede ser porque sus centros carecen de la seguridad o en ocasiones de los profesores necesarios para impartir la docencia o porque no gastan lo suficiente como les gusta decir continuamente al Gobierno del Partido Popular.


Le he explicado perfectamente la ley y otra cuestión es que usted no quiera entenderla ni comprenderla porque es más fácil salir a los medios de comunicación y seguir haciendo esa oposición y esa demagogia insultante para cualquiera que se haya leído la ley de calidad. Pero le digo que la ley está ahí. No hay oscurantismo

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ni memoria económica, como les gusta repetir, a pesar del patinazo que tuvieron enseñando papeles que no existían ni hay nada que la sociedad española no pueda saber. La sociedad española conoce la ley, sabe perfectamente cuáles son las líneas generales de la ley y sabe que afortunadamente también el actual modelo educativo incidirá favorablemente en la formación de nuestros alumnos y reducirá el fracaso escolar, cosa que su modelo educativo que aplican allí donde gobiernan no está haciendo. (La señora Chacón Piqueras: Muy aclaratorio.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque último de los que formaban parte del debate que se refiere a las disposiciones adicionales, exposición de motivos, transitorias, derogatoria y finales. En reunión con los portavoces ha habido una modificación técnica que ha pasado a formar parte de las disposiciones adicionales. Lo tienen los señores portavoces y no hace falta que lo repita, pero el debate podremos hacerlo de acuerdo con el texto que tenemos delante.


Coalición Canaria tiene algunas enmiendas. Señora Julios, puede defenderlas.


La señora JULIOS REYES: En cuanto a las enmiendas que se han incorporado a este bloque, quiero resaltar la que se refiere a la disposición quinta, que tiene que ver con la admisión de los alumnos. La enmienda que se ha incorporado tiene que ver con la redacción que ya se dio al antiguo artículo 66. Entendemos queda mejor redactado de esta forma puesto que antes estaba recogido en apartados distintos lo que se refiere a la admisión de los alumnos en el caso de que no haya plazas suficientes y porque no estaba recogida en el texto anterior la situación que implicaba la admisión o el ingreso en los círculos formativos de grado medio. Ahora ha quedado mejor recogido.


En cuanto a las enmiendas que nos quedan vivas, hay que destacar las enmiendas 96 y 97. La enmienda número 96 es de adición y hace referencia a la disposición adicional novena donde hablando de lo que es el acceso a los centros concertados planteamos que se incluya un párrafo que diga: El acceso a un centro en régimen de concierto previsto en el artículo 67 de esta ley (que habría que corregirlo con el que corresponda según la nueva numeración) podrá establecerse de forma progresiva desde las unidades de los cursos inferiores hasta completar el número de unidades autorizadas.
Está más acorde con otra enmienda que hemos planteado; que se dé prioridad a la concertación in crescendo de los cursos inferiores a los superiores y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias que puedan tener las administraciones educativas en este caso autonómicas.


En este mismo sentido está la enmienda número 97 que hace referencia a la disposición transitoria tercera en lo que se refiere a la concertación infantil y proponemos añadir una frase en el sentido de cambiar la preferencia que ahora mismo está en orden a que las unidades sean de tercero, segundo y primer ciclo para que a las unidades preferentemente solicitadas se le dé prioridad en el sentido no decreciente, sino creciente, es decir primero, segundo y tercero. Esto va más acorde con el calendario de implantación de las nuevas enseñanzas y propicia que se garantice realmente la existencia de criterios públicos de admisión, porque todos conocemos la realidad que se produce de que cuando una familia, unos padres van a pedir plaza a un centro concertado y en un curso determinado que se ha nutrido de las plazas que venían de los cursos anteriores, en donde no estaba concertada esa prestación se encontraban muy pocas plazas para poder dar la libre elección a los ciudadanos.


Si estamos hablando de infantil, entendemos que la prioridad debe ser de los primeros cursos hacia adelante, de esta forma el criterio de elección por parte de los padres se ejerce con muchas más posibilidades para no encontrarse con un curso prácticamente cerrado al no tener plazas para ofertar dentro de lo que son provenientes del modelo privado que habían copado el paso al curso superior. Estas dos enmiendas serían importantes en la línea de otras enmiendas que ya se han incorporado.


Por último, comentar una enmienda que se refiere a la disposición final cuarta, en la que proponemos añadir un apartado, en el sentido de que se haga una modificación al artículo 31.1, de la Ley orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, para que se añadan los presidentes o personas en quienes deleguen los consejos escolares de ámbito de la comunidad autónoma. ¿Qué queremos decir con esto? Que se busque algún mecanismo para coordinar los consejos escolares de las comunidades autónomas con el Consejo Escolar del Estado y que se haga llegar la voz de los consejos escolares de las comunidades autónomas al Consejo Escolar del Estado. Esta es la razón de la enmienda que nosotros planteamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS Y CAMBÓ: Todo lo bueno se acaba, como suelen decir, y en principio ésta parece que va a ser la última intervención en este celebradísimo trámite.


Mi grupo, como bien sabe, tiene un montón de enmiendas en este ámbito porque esta ley en las disposiciones adicionales y finales tiene disposiciones de enorme calado, por tanto no puedo anunciar que vaya a ser breve porque me temo que no lo seré dentro de la cierta celeridad que vamos a intentar tener.


La primera de nuestras enmiendas en este bloque se corresponde con una enmienda a la adicional primera, que es de ámbito estrictamente competencial

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en la medida que de nuevo estamos en un supuesto en el que las cosas deberían hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas y en cambio el proyecto de ley pretende que se haga simplemente previa consulta a las comunidades autónomas. Este pequeño detalle afecta nada menos que al calendario de la aplicación de la ley. ¿Quién va a aplicar esta ley? Las comunidades autónomas, las administraciones educativas, y sin embargo el calendario de aplicación del que la administración, sea del Estado o el Gobierno no es responsable, va a ser fijado por el Gobierno, en su caso con la opinión contraria de todas las comunidades autónomas, porque lo único que tiene que hacer es consultarlas. Una vez oídas, puede hacer de su capa un sayo, es decir incluso en términos de puro respeto institucional, es una barbaridad tremenda, más allá de lo que es la mera distribución competencial, el reparto de cada uno.


Adicional segunda, enmienda 1090. Del área o asignatura de sociedad, cultura y religión. Más allá de otras consideraciones sobre el conjunto de esta área, que hemos optado por no enmendar aunque probablemente nunca habíamos redactado así, lo que sí queda claro es que el currículum de la opción no confesional corresponde a las comunidades autónomas, el contenido del curriculum de la opción no confesional corresponde al Gobierno, no tiene ningún fundamento constitucional ni estatutario para que eso sea así.


En la adicional tercera estamos en algo que tiene mucho que ver con otra enmienda del bloque anterior que ya había defendido antes, y es el hecho de que se introduzca aquí que serán los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos los que elijan los libros de texto. Es decir estamos recortando, como he dicho antes, la autonomía de los centros, estamos invadiendo la competencia de las comunidades autónomas al establecer exactamente la función de la inspección en este ámbito, estamos creando por ley o ratificando de nuevo algo que nos parece que no es oportuno, que son las funciones de un órgano de coordinación didáctica que no debería existir en esta ley orgánica, que existirá o no según decidan las administraciones educativas, pero que no tiene rango como para ser sacralizado aquí, y no sólo sacralizado en su existencia, sino que esta adicional concreta sacraliza sus funciones.


A esto se suma una vez más el hecho de que en ponencia se ha admitido aquí una enmienda del Partido Popular que nos parece absolutamente criticable en el párrafo tercero. El Grupo Popular ha añadido aquí en uso de su mayoría algo que no aparecía en el proyecto de ley, recogiendo que la vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de sanciones administrativas, sin perjuicio en su caso de lo dispuesto en el Código Penal. Eso, tal como está redactado, no lo podemos compartir, y creo que Convergència i Unió no es sospechosa de ser una fuerza política que se dedique a criticar a la Constitución o que haya impugnado los valores constitucionales propiamente ni una sola vez en su existencia. Pero esta llamada, tal cual está planteada aquí, es absurda, porque el límite está en el Código Penal. El Código Penal tiene sus propias disposiciones de protección de la Constitución. Reducir la protección de la Constitución al ámbito administrativo, por tanto con la discrecionalidad que supone, y permitir que los libros de texto, todos ellos, deban recoger no sólo los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico -hasta ahí estaríamos de acuerdo-, sino los principios y valores contenidos en la Constitución, haría que, por ejemplo, si nos encontráramos un manual educativo de Ciencias Sociales que de alguna forma se pueda entender que anima a la república o que cuestiona la existencia misma de la monarquía, sin perjuicio de explicar que ese es el modelo que hay en la Constitución, si ese manual cuestiona la monarquía parlamentaria como modelo, ni siquiera que la impugne abiertamente, a partir de ahí se podrían imponer sanciones administrativas en ese ámbito. Me parece que eso no tiene sentido.


Hay excesos de celo que rozan el ridículo y a veces al Gobierno en este tipo de temas le entran unos excesos de celo, entiendo muy bien qué comunidad autónoma concretamente le levanta este tipo de inquietudes -entiendo, no comparto y sé por dónde van los tiros-, pero a pesar de eso me parece un grave error. Por tanto, creemos que sería bueno que retiraran esa enmienda y en el Senado volvieran al texto original en este punto. Ya está el Código Penal para proteger a la Constitución; no protejan o sacralicen la Constitución más de la cuenta porque lo que acaban haciendo es deslegitimarla por sí sola. La Constitución está suficientemente legitimada e instrumentos tiene hoy el ordenamiento jurídico para que permitan ustedes que los funcionarios vayan estableciendo sanciones administrativas cuando haya alguna cosa que se separe no ya, de la defensa de los derechos fundamentales o algo por el estilo, insisto. Si ustedes hubieran reducido eso a los principios de los títulos I y II de la Constitución, lo que son derechos fundamentales, derechos humanos, ahí podríamos estar de acuerdo, pero a partir de ahí que alguien pueda poner en cuestión en un libro educativo el título VIII me parece una barbaridad, o que no pueda poner incluso el propio modelo de Gobierno. Es una iniciativa nueva que se ha introducido y creo que es grave y como tal lo denuncio y ruego que se corrija.


Enmienda número 1.092 a la adicional cuarta. De nuevo estamos con el calendario, no de implementación de la ley en este caso sino el calendario escolar. Es otro ejemplo. No me canso de decirlo, es la última intervención que tengo en esta ley, seguimos diciendo que CiU está de acuerdo y el resto son temas menores. Pues si son temas menores cámbienlo y verán cómo dejan de ser menores. ¿De dónde se saca el Gobierno las competencias para establecer el calendario escolar con este detalle? ¿Qué competencias tiene el Gobierno?

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El Gobierno no tiene competencias educativas de tipo ejecutivo, las ha transferido todas. Esto estaba en la legislación anterior porque había un territorio MEC, había un territorio del Ministerio de Educación y Ciencia donde el Gobierno tenía competencias ejecutivas directas, pero hoy no las tiene, luego si el Gobierno no tiene competencias ejecutivas, ¿qué diantre de competencias tiene -permítanme la expresión- para fijar el calendario escolar? ¿De dónde sale eso? No puede por una ley orgánica.
¿Qué carácter básico tiene el calendario escolar? Por favor, eso son puramente las administraciones educativas si se quiere con un principio y un final, como máximo, y aun así sobra.


No tiene ninguna base la regla que se establece ni la excepción, porque establece una excepción para la enseñanza de adultos y el desarrollo de la formación en centros de trabajo, cuando el Gobierno no tiene competencias en gestión de enseñanza de adultos, porque son competencias transferidas, y en la formación en centros de trabajo tampoco. Luego si ustedes no tienen competencias de gestión ahí, ¿quiénes son ustedes para fijar el calendario de algo que no pueden gestionar? Es uno más que se suma a la lista de eso que decimos que el Gobierno no tenía competencias hasta ahora y se las atribuye con esta ley.


Enmienda 1093 a la adicional quinta. Se dice algo que es de imposible cumplimiento: Corresponde a las administraciones educativas establecer el procedimiento y condiciones para la adscripción de centros a que se refiere el apartado anterior, respetando en todo caso el derecho a la libre elección de centros. Si estamos hablando del contenido de la propia adicional quinta sobre la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos en caso de no existir plazas suficientes, imponer que las administraciones educativas continúen respetando el derecho a la libre elección del centro es una contradicción en sus propios términos, y es algo que las administraciones educativas no podrán desarrollar, porque si no hay plazas suficientes no se puede respetar el derecho a la libre elección del centro, luego alguien tendrá que cortar esto por la mitad.
Lo que están haciendo ustedes es animar a que se planteen recursos uno detrás de otro para que alguien acabe dando la razón que es de imposible cumplimiento. Es un ejemplo perfecto de norma literalmente de imposible cumplimiento.


A la adicional séptima, enmienda 1094, planteamos simplemente su supresión. No entendemos, y no está justificado en ningún sitio, por qué nada menos que una ley orgánica de carácter básico tiene que autorizar una serie de centros docentes privados, así a bote pronto y en general.
Una serie de centros docentes privados se autorizará caso por caso si cumplen determinados requisitos y después de verificar la situación en que se encuentran. Una especie de amnistía a una serie de centros docentes privados sin verificar sus requisitos, sino simplemente porque hoy están impartiendo determinadas enseñanzas, no, habrá que ver exactamente en qué condiciones se encuentran. Yo no sé muy bien qué intereses tiene esto detrás, quién está detrás de estos centros privados que quedan autorizados globalmente y sin matices por una ley orgánica, pero no podemos apoyar esto y pedimos la supresión de esta adicional séptima.


La enmienda 1095 es a la adicional octava, que ha quedado mejorado el texto en ponencia porque había tres puntos muy concretos sobre el exceso en la facultad reglamentaria de desarrollar esta norma que nos parecía una clara invasión. Esto ha quedado perfeccionado. Mantenemos nuestra enmienda, porque a nuestro modo de ver sigue siendo mejor que el texto actual, pero como he hecho en alguna otra ocasión, no me duelen prendas reconocer que se ha mejorado.


Paso a las enmiendas 1096, 1097, 1098 y 1099, a las adicionales octava, novena, décima y undécima, todas ellas afectando conjuntamente a la creación de esos distintos cuerpos nuevos de catedráticos que crea esta ley. A nosotros no nos parece que tenga ningún sentido la creación de esos cuerpos. De nuevo estamos en un caso en el que nuestro problema no es competencial. Si ustedes quieren crear esos cuerpos en términos competenciales tiene plenas facultades para hacerlo, no se las discutimos, pero no la compartimos y creemos que no tiene ningún sentido.
Además, creemos que es contradictorio con el propio derecho vigente en materia de Función pública, porque para la creación de nuevos cuerpos de funcionarios, la normativa general de la Función pública, que ustedes estarían indirectamente excepcionando aquí, prevé que la creación de nuevos cuerpos responda a los criterios de clasificación, según titulaciones que se exigen para el ingreso, o a las funciones que tienen atribuidos los diferentes cuerpos, para evitar en último término que se puedan estar creando cuerpos que desempeñen las mismas funciones. La realidad es que si uno atiende a cómo está estructurado este nuevo cuerpo de funcionarios que van a crear con esta ley, no hay diferencias en las funciones docentes, ni en los niveles educativos que se les atribuye, ni en las especialidades docentes en que se clasifican los miembros de los cuerpos docentes, ni en los niveles de titulación que se exigen para el ingreso, ni en las responsabilidades que se pueden ejercer, ni en las plazas docentes que podrán ocupar. La única clasificación actual se basa en niveles educativos: los maestros, la educación infantil y primaria y los demás cuerpos a nivel de secundaria. La justificación de los diferentes cuerpos de secundaria estriba en las diferentes especialidades docentes o en la diferenciación entre enseñanzas generales y enseñanzas especiales. El hecho de que a los catedráticos creados con esta ley se les atribuya con carácter exclusivo la jefatura de un departamento didáctico, por sí solo y de conformidad con la legislación general de funcionarios, no justifica la diferenciación de un nuevo cuerpo, porque de hecho ni siquiera esa es auténticamente exclusiva pues en caso de ausencia

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de catedrático, como prevé el artículo de la ley, la podrá desempeñar.
Luego si ni siquiera es esa exclusiva, están creando un cuerpo con funciones que no son exclusivas, lo que contradice el marco general de la legislación funcionarial.


Desde esta perspectiva, y no por razones competenciales, nos llegamos a plantear la propia constitucionalidad de la creación de estos cuerpos, en la medida que un criterio general que rige para toda la función pública lo están excepcionando ustedes aquí. Es algo que estudiaremos con más detalle cuando lamentablemente tengamos que plantearnos el recurso frente a esta ley. Nuestra alternativa es mantener las cosas como están. En todo caso, crear (enmienda 1096) una nueva categoría profesional de catedrático por un lado, y de magister por otro, que establezca una categoría profesional superior dentro de cada uno de los cuerpos docentes que existen actualmente, de forma que los funcionarios puedan tener una mejora profesional, sin necesidad de abandonar el cuerpo al que pertenecen actualmente.


Suponiendo que aceptáramos como hipótesis de trabajo, que no aceptamos, la creación de estos nuevos cuerpos de catedráticos, seguiríamos discrepando en otro punto, que es la posibilidad del acceso externo. No he intervenido en los debates anteriores que ha habido sobre este tema con el Grupo Parlamentario Socialista, pero en este caso me sumo a esa tesis.
Nosotros no somos partidarios de que ese nuevo cuerpo que ustedes crean no tenga, por lo menos, el sentido de ser la culminación de una carrera docente pueda entrar como catedráticos gente de 22 ó 23 años. Ya sé que el señor Guerra Zunzunegui me dirá que estoy impidiendo que sea catedrático Gerardo Diego o Antonio Machado. Tengo mucho respeto por Gerardo Diego y Antonio Machado, eran otros tiempos, era otro nivel de acceso a la universidad; por tanto, y perdón que le chafe el comentario, me adelanto a decir que ese no es el argumento. Vamos a asegurar que si se crea ese cuerpo de catedráticos, que sea la culminación de la carrera docente y que no se pueda estar entrando por vía externa antes porque desmonta el propio sentido que en algún caso podría llegar a tener en hipótesis este modelo que ustedes crean. Por tanto, oposición de conjunto a este modelo, lo cual me ahorrará las explicaciones a otras enmiendas que tenemos a estas disposiciones adicionales y algunas transitorias que se derivan simplemente de nuestro rechazo a la creación de estos nuevos cuerpos funcionariales.


La enmienda 1100 ha quedado aceptada en ponencia y lo agradecemos. La enmienda 1101, a la adicional decimotercera, coincide con algo que he comentado antes: sustituir centros concertados por centros con enseñanzas concertadas. Nos parece mucho más riguroso. La enmienda 1102 sería una adicional nueva en la que propondríamos, y no entendemos el obstáculo para ello, fijar de forma permanente la jubilación voluntaria que establecía la LOGSE. La estamos renovando periódicamente con el apoyo de todos. Aprovechemos la ocasión para fijar que la jubilación voluntaria que establecía la disposición transitoria novena de la LOGSE quede ya fijada de forma permanente, si se cumplen los requisitos que se establecían entonces, 60 años de edad y 15 años de servicios efectivos.
Eso beneficiaría a todos. Proponemos otra adicional que deje clara la financiación de la ley. Ya hemos dicho que esto ya era importante cuando redactamos nuestras enmiendas, es extraordinariamente más importante ahora con algunas enmiendas que han introducido ustedes en ponencia.
Deben señalar expresamente que el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, deberá aportar los recursos para financiar el incremento de gasto público que se deriva de esta ley.


Con la enmienda 1104, que pretende una disposición adicional nueva, animamos -el Partido Popular incluso desde su propio modelo tampoco debería tener inconveniente- a que las administraciones educativas puedan extender a los centros privados concertados con enseñanzas concertadas en esa terminología más matizada, aquello que esta ley dispone en materia de apoyo al profesorado y reconocimiento de la función directiva.
Evidentemente no se puede regular en los mismos términos, puesto que los directores de los centros privados que tienen enseñanzas concertadas no pueden tener lo mismo, no se pueden regular de la misma manera, pero nada obsta para que, ya que hay fondos públicos implicados, por analogía puedan las administraciones autonómicas desarrollar las previsiones de los artículos 59, 90 y 92, en materia de apoyo al profesorado en general y reconocimiento a la función directiva.


La disposición transitoria segunda es un ejemplo de libro de lo que este portavoz, desde ayer a las nueve de la mañana hasta dentro de un rato, unos minutos más, lleva intentando transmitir a esta Comisión y que quede en el "Diario de Sesiones". Es que ustedes van más allá del derecho vigente y se arrogan competencias que no tienen. Ese sería el título de nuestro discurso. Insisto en que la transitoria segunda es un ejemplo de libro. Por ejemplo, la educación infantil no tiene competencias en el Estado de ningún tipo, porque no entra dentro del derecho a la educación, no es obligatoria, no hay título. Lo cojan ustedes por donde lo cojan, lo miren por donde lo miren, se les deshace entre las manos el artículo en términos competenciales, no tienen ustedes ningún tipo de competencia.
Voy a leer la transitoria segunda, para que quede para la historia, tal como está: De la adaptación de los centros que imparten educación infantil. Los centros que a la entrada en vigor de la presente ley atienden a niños menores de tres años -niños menores de tres años significa que no hay título y no entran dentro del derecho a la educación, puesto que no existe el derecho a la educación de niños menores de tres años- y que no estén autorizados como centros

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de educación infantil, deberán adaptarse a los requisitos mínimos que el Gobierno establezca para los centros de educación preescolar. Bingo. (El señor Guerra Zunzunegui: Previa consulta.) Sí, previa consulta. Por lo menos preguntan. Eso está bien. No previo acuerdo, previa consulta a las comunidades autónomas, a todas ellas. Está bien, informarán a las comunidades autónomas de lo que piensan hacer y al menos no se enterarán por la prensa. Si consultan significa que consultan un proyecto. Luego consultan un proyecto de requisitos mínimos, se lo explican y a partir de ahí lo aprueban. Si esto no es abuso competencial, que venga Dios y lo vea; si esto no es recuperar o asumir competencias que hoy no tienen, que venga Dios y lo vea. ¿Qué competencia tiene el Gobierno en educación infantil? ¿Qué fundamento constitucional tiene? Ninguno. Es un abuso tan flagrante y tan obvio que no sé cómo ustedes todavía tienen la desvergüenza de seguir manteniendo el disco rayado de seguir diciendo que son respetuosos con las comunidades autónomas. ¿Me quieren ustedes explicar qué sentido tiene que el Gobierno tenga que fijar los requisitos mínimos para la autorización de centros de educación infantil? ¿Es que las comunidades autónomas no tienen suficiente solvencia para ver qué centros de educación infantil autorizan? ¿Es que son tan irresponsables para no poder meterse en eso? ¿Es que necesitan la tutela de papá administración central, de papá Estado para poder decidir de cero a tres años qué centros pueden autorizarse? Por favor, al menos tengan ustedes la sinceridad de decir que no se fían y por tanto las comunidades autónomas podrán utilizar centros de educación infantil sólo con los requisitos mínimos que el Gobierno establezca. Esto es de una inconstitucionalidad tan flagrante como que ustedes por decreto trasladen la capitalidad de España a Sevilla. En esos términos. Es de esas cosas burdas y evidentes. (El señor Guerra Zunzunegui: Gravísima.) ¿Gravísima? Todo depende, pero la inconstitucionalidad es absolutamente obvia.


En cuanto a la disposición transitoria tercera, entiendo que, según esta nueva ordenación, se va a convertir en una disposición adicional. Estamos otra vez en las mismas. ¿Qué sentido tiene fijar por una ley orgánica de carácter básico los criterios de ordenación de las solicitudes para los conciertos? Es que la cosa sería cómica si no fuera dramática. Los distintos centros piden conciertos educativos a la Administración educativa, a la Administración autonómica. Evidentemente no hay concurso entre centros educativos de distintas comunidades autónomas porque cada uno pide el concierto a la administración educativa de su propia comunidad autónoma, luego no hay problemas de igualdad ante la ley o de igualdad en el conjunto del Estado entre centros educativos de las distintas partes del territorio del Estado. Todos los centros de Cataluña se lo tendrán que pedir a la Generalitat, todos los centros de Galicia a la Xunta de Galicia. Sin embargo, el Estado, a partir de esta ley, establece los criterios por los que se tienen que atender esas solicitudes y las administraciones autonómicas tendrán que dar preferencia a las unidades que se soliciten para tercero, segundo y primer curso de educación infantil. De nuevo es pura intromisión competencial y es de una dimensión tan burda y tan evidente que no entiendo cómo ustedes no lo ven. Ya se lo recordará el Tribunal Constitucional cuando llegue el momento.


Disposición transitoria cuarta: adquisición de la categoría de director.
Es un tema técnico menor o muy preciso pero no compartimos ni nos parece que sea correcto el último inciso del párrafo tercero, que establece que estarán exentos de la realización de la fase teórica de la formación inicial aquellos profesores que estén acreditados en este momento, etcétera, etcétera. Creemos que eso es un error y por tanto proponemos su supresión. Simplemente de eso.


Nuestra enmienda 1108 a la disposición transitoria quinta es probablemente una de las enmiendas más importantes que presentamos dentro de las de ámbito no competencial. Si dejamos de lado las competenciales, de las de carácter no competencial es una de las más graves que formula mi grupo a este texto porque entendemos que con esta ley se introduce una discriminación grave entre personas que tienen en este momento unos derechos adquiridos. La enmienda 1108 pretende la supresión de la disposición transitoria quinta por no reconocer o dejar de reconocer los derechos profesionales a aquellos profesores de formación profesional que han accedido a la condición de catedráticos sin ser licenciados, ingenieros o arquitectos, pero que pertenecen a un cuerpo del grupo A por tener una titulación declarada equivalente a efectos de docencia. Y tienen una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no por una ley por ahí perdida que el Partido Popular no conozca sino por la propia ley de calidad. La ley de calidad, o sea este propio proyecto de ley, entre otros por ejemplo en su artículo 31.1, reconoce la equivalencia a efectos de docencia de aquellos que no tienen el título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto, y dice cómo se fija esa equivalencia. Sin embargo, a partir de ahí se establece una discriminación que no está en absoluto justificada entre profesores que pertenecen al mismo cuerpo, que tienen competencia docente reconocida como equivalente y por tanto pueden de pleno derecho impartir esas enseñanzas y que sin embargo no pueden integrarse en ese nuevo cuerpo de catedráticos.


Es absolutamente injustificable y una discriminación de trato para los que tienen una titulación declarada por el Gobierno con carácter básico, a efectos de la función docente, equivalente a una licenciatura o ingeniería superior y por ello válida a todos los efectos para impartir docencia en la educación secundaria obligatoria, válida en el bachillerato y en la formación profesional de grado medio y superior, válida para continuar

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disfrutando de los derechos económicos y profesionales durante un plazo transitorio de 10 años, pero no válida para entrar en el nuevo club de catedráticos que crea el proyecto de ley, que integra a todos los funcionarios de los cuerpos de secundaria, excepto a los que tienen una titulación declarada equivalente por la propia ley. El día mismo en que entre en vigor la ley orgánica de calidad de la educación estos funcionarios dejan de poseer la condición de catedráticos y no pueden ingresar en los cuerpos nuevos por no tener una titulación superior que exige la ley, a pesar de que su titulación, la que tienen, sigue siendo considerada equivalente a efectos de docencia. Seguirán trabajando igual, seguirán desarrollando las mismas actividades, pero serán discriminados en el sentido más literal de la expresión de sus compañeros en función de una titulación que tienen, que es distinta pero que la propia ley ha declarado equivalente a todos los efectos. Eso nos parece una discriminación sin sentido, esto no es un tema competencial y animamos al Partido Popular y al Grupo Popular a que reflexionen sobre este tema, porque son de esas cosas que además afectan por igual, como es obvio, a todo el territorio del Estado, no tiene nada que ver con el ámbito autonómico ni con la circunscripción de la que procede este diputado o las que le rodean.


La enmienda 1109 pretende la supresión de la disposición transitoria sexta por coherencia con el tema de la supresión de los catedráticos. Respecto a la disposición transitoria octava, la enmienda 1110 es una mejora técnica; proponemos corregir una aparente confusión, que acaba mezclándolo todo, entre lo que son conciertos y lo que son subvenciones.
Creemos que es mucho más correcto llamar a los conciertos conciertos y a las subvenciones subvenciones y no andar mezclando todo como si todo fuera indistinto, porque no lo es. La enmienda 1111 pretende introducir una nueva disposición transitoria que abra una vía transitoria para facilitar el acceso a la función pública docente a muchos interinos que han sido nombrados por las distintas administraciones educativas durante la aplicación de la actual reforma educativa. La enmienda 1112 quedó aceptada en ponencia. La enmienda 1113 quiere simplemente añadir los párrafos que en el derecho vigente, la disposición adicional 16.2 de la LOGSE, regulan la promoción interna de los funcionarios del grupo B a cuerpos del grupo A, mantener eso y añadir dos párrafos nuevos en la disposición final segunda. Pedimos la supresión de la disposición final tercera por coherencia con los catedráticos. La disposición final cuarta, enmienda 1115, es de esos casos que entendemos que ha quedado mejorado en la ponencia. La disposición final séptima, enmienda 1116 -y termino señor presidente-, nos parece una invasión competencial clara porque, si incluso llegáramos a aceptar, cosa que no hacemos, pero si en términos de discusión llegáramos a aceptar que con carácter básico se pueden fijar especialidades, lo que no entendemos ni compartimos es que no sólo la ley fije con carácter básico las especialidades en la inspección educativa, sino que autorice al Gobierno para adscribir a los inspectores a esas distintas especialidades. Ya no es un tema de legislación básica en absoluto, sino que estamos de nuevo en una intromisión frontal en el ámbito organizativo. Por tanto pedimos la pura y simple supresión.
Suponiendo que el Gobierno se empecine en mantener especialidades en el ámbito de la inspección, las administraciones educativas tendrán que adscribir a esos funcionarios a las especialidades que correspondan.


La enmienda número 1117 es una enmienda que yo les animaría tremendamente a aceptar, porque como ya dijimos en negociación y lo vuelvo a decir aquí, si ustedes nos aceptan esta enmienda 1117, nosotros les votamos esta ley. Por tanto es como para que se lo piensen dos veces. Si aceptan la enmienda 1117, que conste en el "Diario de Sesiones", recogida en la página 427 del Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, de 21 de octubre de 2002, Convergència i Unió inmediatamente cambia su voto a la ley de calidad y la acepta. ¿Por qué? Porque la enmienda 1117 lo que hace es dar al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios, es decir, reconducir lo que es básico como básico y lo que no lo es, que no lo sea. Es una enmienda que no está inspirada en una mala mañana, sino que se basa en jurisprudencia constitucional. Además, harían bien ustedes en estudiarla, porque les adelanta el contenido de nuestro recurso de inconstitucionalidad y les puede ahorrar también tiempo a los servicios jurídicos del Gobierno. En ella vamos examinando punto por punto esta ley, discriminando y separando el grano de la paja separando aquello que tiene carácter básico y aquello que no lo tiene. Insisto en que se hace no en función de un estado de ánimo de una mala mañana, sino en función de la jurisprudencia constitucional. La propia justificación -no la voy a detallar ahora-tiene en el citado boletín 6 páginas; por lo menos reconocerán que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque queremos dejar claro que no es que cojamos al tuntún la ley y vayamos poniendo crucecitas en lo que creemos básico, sino que de forma muy fundamentada, con nuestro estatuto en la mano y con la Constitución en la mano, dejamos claro qué artículos, que son muchos, de esta ley no merecen la condición de básicos. Y, si pierden esa condición de básicos, todos nuestros problemas han terminado, volvemos a entendernos y se nos acabaron las discusiones, porque, si no son básicos, ustedes los ponen aquí, pero nosotros ya legislaremos como estimemos oportuno en todos aquellos temas en los que no compartimos el modelo, en algunos casos, no en muchos, para acabar diciendo lo mismo. Pongo el ejemplo que recordé ayer de la segunda lengua extranjera como optativa. Muy bien, ya la pondremos, pero la pondremos nosotros, la pondrá la Generalitat de Catalunya. Piensen ustedes bien esta enmienda 1117, porque ya se ha hecho en

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otras leyes e incluso en términos de técnica legislativa es algo perfectamente válido. El Parlamento aprueba una ley y al final se deja claro que no es básica, que son básicas algunas cosas, pero el resto, no.
Por tanto, el Parlamento de Cataluña, en el uso de su soberanía, ya establecerá lo que estime oportuno.


En el mismo sentido va la enmienda número 1118, que deja claro quién debe desarrollar esta ley y que impide, se opone a que ustedes autoricen -y es algo sobre lo que el Constitucional también les dará malas noticias dentro de un tiempo- que el Gobierno pueda desarrollar con carácter básico esta ley. Dan ustedes un cheque en blanco al Gobierno para que casi por orden ministerial pueda desarrollar lo que estime oportuno.
Finalmente, la enmienda 1119 -y ya termino de verdad, señor presidente-, que es la última, pretende rebajar el carácter orgánico de la ley, dejando claro en qué ámbitos entendemos que debe ser orgánica y en qué ámbitos, no. Por poner dos ejemplos muy concretos, hay ya jurisprudencia del Constitucional, que ustedes consciente o inconscientemente ignoran, que dice que los deberes de los alumnos no son orgánicos. Eso ya está dicho -lo dice el Tribunal Constitucional- porque la imposición de deberes a los alumnos no es ejercicio del derecho a la educación, luego no puede tener carácter orgánico, como tampoco puede tenerlo la educación de adultos.


Lamento, señor presidente, que el Grupo Popular haya optado por esta forma de tramitación -que es nuestra discrepancia más frontal- y que se haya empeñado en mantener una ley de estas características, que deberemos volver a debatir en el pleno, quizás la semana que viene, y que a nuestro modo de ver, tal como sale -a pesar de que se hayan aceptado algunas enmiendas de carácter menor-, sigue siendo lamentablemente una mala ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans, por su concisión.


Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Aparte de manifestar que estoy en disposición de defender las enmiendas de mi grupo parlamentario a las disposiciones adicionales, voy a empezar por el final de la intervención del señor Guardans, diciéndoles que el calendario que se nos ha impuesto para esta tramitación es completamente inapropiado y, por quien representamos y por el lugar en el que estamos sentados, no debería imponerse en nuestro ánimo. Aunque por nuestras caras cansinas es fácilmente apreciable que todos tenemos ganas de acabar, ustedes conocen igual que yo la importancia del paquete de enmiendas que incluye las destinadas a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y exposición de motivos, y saben la opinión del Grupo Socialista a la hora de ponerlas sobre la mesa. Intentaré que las horas que llevamos aquí no me afecten y que tampoco me afecte el calendario en el que nada tiene que ver mi grupo parlamentario. Espero que, a pesar de la hora, podamos hablar de ello.
Quiero que reflexionen sobre el calendario que nos han impuesto. Se han marchado tres grupos parlamentarios, imagínense ustedes lo que realmente querían hacer durante estos dos días con esta ley. No voy a hablar más sobre esta cuestión, porque son ustedes conscientes, otra cosa es que lo reconozcan o no, pero son sobradamente conscientes.


Voy a pararme a comentar de manera específica algunas de las disposiciones adicionales, no todas, pero al menos las que me parecen más graves, y pondré sobre la mesa nuestras enmiendas alternativas a las mismas.
Respecto al área de sociedad, cultura y religión, saben ustedes que este grupo parlamentario no ha querido hacer un debate beligerante, a pesar de que creemos que lo merecen tanto la disposición como lo que comporta en todo el texto legislativo y en lo que va a ser nuestro nuevo sistema educativo respecto a la materia de la religión en nuestras escuelas, lo que dice la Constitución y la jurisprudencia de nuestros tribunales.
Desgraciadamente, podría tener resuelto todo lo que ahora les voy a preguntar, porque para ello interpelé de manera específica a la señora ministra, ya que he conseguido deducir que es la única manera en que se encuentra obligada a contestar algo a la oposición. Aún así les recuerdo que la señora ministra -es la primera vez que lo hace un ministro en democracia- renunció a su turno de réplica para no contestar ni una sola de las preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista le hacía sobre esta materia. A mí me encantaría tener hoy mejor suerte y, ya que estamos acabando el debate de esta ley, que alguien me respondiera a las tres cuestiones básicas que en aquel momento puse sobre la mesa desde la tribuna, porque creo que lo merecemos quienes al final, apoyándola o no, hoy estamos dando el sí a la tramitación de esta ley y a su texto definitivo.


Podría resumirme yo misma pero, como sé que a ustedes no les gusta que me conteste a mis propias preguntas, no lo haré. Lo resume bastante -se lo recuerdo- El País, martes 14 de mayo, de 2002: Rouco afirma que la reforma de la clase de religión es lo que venían pidiendo los obispos. La verdad es que explica bastante más que todo lo que ustedes me han explicado el porqué de esta disposición adicional segunda, pero aun así, señor Guerra, en mi ingenuidad, voy a volver a ponerle todas esas preguntas sobre la mesa, no sea que la cosa no vaya de esto. En teoría, de lo que iba la ley era de mejorar la calidad de nuestra educación y recuerdo cómo la presentaban ustedes al grito de: Vamos a acabar con las elevadísimas tasas de fracaso escolar y con los objetores. Y he aquí que con este objetivo llega no sólo el peso académico a la asignatura de religión sino la obligación, para quienes no la quieren, de una determinada alternativa. Y esto es lo más curioso. Me parece bien que digan: para aquellos que quieren clase de religión, esto; pero lo que están haciendo es lo contrario,

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están imponiendo obligaciones a aquéllos que no quieren asumir ese derecho -que lo es hoy- del sistema educativo. Quiero empezar por decirles que el Grupo Parlamentario Socialista quiere garantizar en nuestras escuelas -ya lo hace la legislación vigente- el derecho de aquellos padres cuyos hijos van a la escuela de que puedan recibir en la misma la asignatura de religión. Lo que no nos parece tan bien es el refuerzo que ustedes le dan y sobre todo las obligaciones que imponen a quienes no ejercen ese derecho. Y eso no lo dice sólo este grupo parlamentario, les recuerdo que también lo dice la jurisprudencia de los tribunales. Pero vayamos por partes.


En primer lugar, quisiera que me dijeran en qué mejoramos la calidad de la enseñanza, que es en lo que estamos, entiendo yo; en qué vamos a reducir con esta disposición adicional segunda nuestro fracaso escolar. No refuerzan ustedes materias básicas (que en definitiva es lo que estamos haciendo, dedicando horas de clase a la religión y a la alternativa para determinados alumnos), no aceptan ustedes las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Socialista, de una hora más de lectura, de más horas de clases adicionales diarias en primaria para alumnos con problemas de aprendizaje, o de tres horas más semanales para alumnos con problemas de aprendizaje o con mayor motivación para aprender en secundaria. No aceptan ustedes estas enmiendas, repito, que ponen el acento de atención educativa en aquellas asignaturas que son la clave del fracaso escolar del mañana de muchos alumnos. Dígame usted en qué mejoramos, en vez de teniendo más matemáticas, más expresión oral o más expresión escrita, dando más religión y optando por reformar la enseñanza de la asignatura de religión haciendo obligatoria su alternativa evaluable y dando a ambas peso académico. De verdad, agradecería una respuesta a esto. ¿Por qué no más matemáticas? ¿Por qué, incluso, no más derechos y valores constitucionales? Lo digo en atención a una de las últimas encuestas en que hemos conocido qué piensan de este Parlamento -aunque con estos trámites, la verdad es que no me extraña nada- nuestros niños y niñas, qué piensan del trabajo que hacemos, de las instituciones como tales, de la Constitución, de la democracia, etcétera. Mi pregunta es por qué no nos esforzamos en eso.


Si queremos combatir el fracaso escolar por qué no lo hacemos en matemáticas, en cálculo, en expresión oral, en expresión escrita, en idiomas, etcétera, y lo hacemos en la religión. Y si el tema no ese sino los valores de los niños y niñas, en atención a la encuesta que les comento, ¿por qué no reforzamos las asignaturas de ética y de derechos y valores constitucionales y nos vamos a reforzar la de religión? Sería un detalle que alguien, ya que no lo hizo la señora ministra en la tribuna, que es donde es su obligación hacerlo, lo hiciera hoy aquí, ya que vamos a dar por definitivo este texto.


En segundo lugar, me gustaría saber cómo vamos a garantizar el escrupuloso respeto a normas que evidentemente son fundamentales, y no es que lo diga yo, una es la Constitución española, también, me dirá usted, los acuerdos con la Santa Sede, por supuesto, también los acuerdos con la Santa Sede.
Y los tribunales nos han dicho que la actual regulación es respetuosa con ambos marcos normativos, con la Constitución española y con los acuerdos de la Santa Sede. Pero he aquí que ustedes cambian las reglas del juego y quién cambia las reglas del juego tiene que explicarnos cómo van a ubicarse esas reglas del juego en ese marco en el que estamos jugando.
Tampoco me lo respondieron ustedes y yo quiero saber cómo vamos a garantizar aquello que decía la jurisprudencia, en particular la del Tribunal Supremo, de que evidentemente la enseñanza de la religión es una opción personal de la que no pueden derivarse obligaciones para los demás. Niega por lo tanto que la asignatura alternativa a la religión deba ser sometida a evaluación y deba tener un contenido moral. Asimismo, la alternativa -nos decía- no puede incluir contenidos curriculares, para no dar ventajas académicas a quienes no elijan la religión. Aquí vuelven a abrirse unos cuantos interrogantes respecto de lo que ustedes acaban poniendo en este texto. El primero es que, por supuesto, irá en cohete al Tribunal Constitucional, como alguna vez dijo el señor Guardans aquí presente, una ley que pretenda que unos alumnos hagan en un aula Constitución y en la otra religión. Yo entiendo que no debe ser así y por eso pido explicaciones. Si resulta que la materia es curricular, el Tribunal Supremo nos ha dicho que tiene que ser para todos. Si tiene que ser para todos, tampoco cabe en el marco actual, a la luz de la jurisprudencia constitucional, lo que ustedes nos están diciendo, que es la misma asignatura en una versión confesional y en una versión aconfesional, porque en ese caso la confesional no la podrían decidir, ni en su contenido curricular ni a la hora de determinar quién es apto o idóneo -me da lo mismo una cosa u otra- desde la jerarquía católica. Lo tendrían que hacer las administraciones educativas e incluso los propios centros. Sería un detalle que alguien alguna vez nos aclarara, antes de dar el visto bueno, aunque sea sólo con su estricta y solitaria mayoría, a este texto legal, una cuestión tan importante como ésta, señor Guerra.


Tengo que decirle una cosa. No le tocaría a usted hacer esto.
Sinceramente, por respeto a ustedes, no le tocaría a ninguno de los que están aquí. Cuando la señora ministra ha sido interpelada sobre su texto de ley, era su obligación. Al final, con este calendario y con la respuesta que espero que usted me dé, usted está pagando las facturas no pagadas por quien debiera hacerlo, que es la señora ministra. Quiero que esto quede claro, sobre todo en atención a ustedes, porque me parece que no tendríamos que estar aquí intentando que alguien nos explique estas cuestiones cuando de

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manera específica la interpelamos a ella. Ella era quien debería dar respuesta y no deberían salir ustedes corriendo a ampararla, como están haciendo hoy, tanto en materia de trámite parlamentario como en materia de respuesta. Una cuestión que no he sido capaz de entender, probablemente por mis convicciones en este sentido (que en todo caso me hacen ser completamente respetuosa con aquellos padres que quieren ejercer el derecho de que sus hijos sean educados desde la escuela en la religión católica), es cómo se evalúa la religión, cómo se evalúa la fe.
Si usted es capaz de decirme cómo se evalúa la fe en esa asignatura de religión, a lo mejor me lo creo. ¿Cuándo se cree suficiente para aprobar con nota o por los pelos, señor Guerra? Sinceramente, a mí se me escapa y me iría muy bien que ustedes me respondieran.


Otro punto más en relación con este tema. El primero era en qué mejoramos la calidad de la educación; el segundo, cómo vamos a aplicar la jurisprudencia de los tribunales y el tercero es, siendo conscientes -y sé que ustedes lo son- de lo que en la historia de este país ha sido la espinoso cuestión religiosa, incluso para llegar a los puntos que hemos llegado, por qué ustedes se deciden a reformar unilateralmente una cuestión tan espinosa como la de la religión, y particularmente en la escuela. Voy a empezar diciendo que no comprendo una ley educativa que no busque el consenso, y se lo he dicho muchas veces, pero creo que es especialmente peligroso que lo hagan ustedes en una reforma unilateral, sólo con su voto, de una materia tan espinosa, tan complicada, tan difícil y que nos ha dado tan pocas alegrías en la historia de este país cuando no ha habido consenso sobre la misma. Por qué ustedes, a pesar de la falta de consenso, están dispuestos a reformarla igual sin el apoyo de los grupos parlamentarios. Quería pararme especialmente aquí, señor presidente, porque nunca nadie me ha contestado a algo que me parece que es fundamental al estar en un texto legal como éste. Y les repito que están ustedes poniendo un parche a quien no hizo los deberes en su momento y sigue sin hacerlos.


Otra cuestión es la disposición adicional quinta -no soy la primera que lo comenta-, referida a la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos en caso de no existir plazas suficientes. Me preocupa esto y me vuelven a preocupar los centros de especialización curricular, que están en esta disposición adicional. La señora Moneo no quiso responderme en la intervención anterior y me gustaría que lo intentáramos todos de nuevo. Yo les digo que esto tiene bastantes peligros, que si juntamos el texto normativo anterior a esta disposición adicional los peligros son sustantivos; que, además, ha habido dos afirmaciones de la señora ministra particularmente, una de las cuales salió en portada en El Periódico de Cataluña, la tierra de la que yo provengo: Con los centros de especialización curricular podemos saltarnos el uso de la lengua vehicular de una comunidad autónoma. Yo le digo que eso es inconstitucional y, por tanto, quiero saber si puede o no ser así. Con esta redacción puede ser así; con algunas de las enmiendas que han presentado algunos grupos puede no serlo. Si ustedes optan por que no lo sea, respóndame a esta pregunta tan sencilla porque no podemos normar infralegalmente contra Constitución. Por tanto, esta consideración que le hago merece una respuesta.


La siguiente pregunta la saben ustedes: especializarse en itinerarios que conducen a determinados lugares, como el bachillerato, y no especializarse en el resto y dejarlo para los centros públicos que, esos sí, tendrán obligación de ofertarlos todos porque, con toda seguridad, tendrán la demanda, esa de menor valor social -entre comillas-.


¿Qué le voy a decir de la concertación de las FP y bachillerato pudiendo seleccionar al alumnado por el expediente académico? ¿Qué les voy a decir sobre esto que ustedes no sepan?

También me gustaría saber cuál es la razón por la cual tampoco tienen a bien, cuando lo pagamos todos con fondos públicos, contestarnos a estas cuestiones y decirnos por qué se apoyan o no se apoyan nuestras enmiendas.


Pasando a la defensa de las enmiendas propias, quiero hablarles de la financiación. Sé que a ustedes no les gusta este tema porque, como es obligación legal, la memoria económica existe y arrojaba datos mucho más alarmantes de los que arroja el propio texto de ley respecto a cómo van a quedar mañana configuradas nuestras redes educativas públicas, privadas-concertadas y privadas. Yo le digo, y usted lo sabe bien, que cuando trasladábamos al papel los cálculos económicos que hacía el propio Gobierno -así se pasaban del Ministerio de Educación al de Hacienda y del de Hacienda al de Educación-, si siguen insistiendo en que, como la huelga general, nunca existió porque nunca la aprobaron ustedes, yo pasaría a la Mesa la memoria económica del Gobierno con el sello del Gobierno, para que se la repartieran a ustedes. En cualquier caso, los datos, aquellos que ustedes manejaron -son documentos oficiales, aunque internos; después no salieron a la luz-, arrojaban, en materia de nuevo profesorado, para financiar esta ley un profesor más por cada 1.700 alumnos de la educación pública y un profesor más por cada 400 alumnos de la privada. Con todo el respeto, señor Guerra, me parece obsceno.
Teniendo en cuenta dónde están hoy significativamente ubicados los problemas educativos, con centros públicos concertados en zonas especialmente desfavorecidas, los resultados que arrojaba esta memoria económica me parecen obscenos. Me parece obscena también la irrisoria cantidad de euros que pretendían invertir, 91 millones de euros. Les recuerdo que el señor Blair, sólo este año, se va a gastar 200 veces más en reformar su sistema educativo que lo que pretendían hacer ustedes. Aun así, lo peor es que va recibir un profesor más el 32 por ciento de los centros

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públicos frente a un 83 por ciento de los centros privados concertados.
Señor Guerra, yo le digo, con toda seguridad, que este no es el camino, que es simplemente la prueba del nueve de todo aquello que le digo que está en su texto de ley, aunque me digan que insistimos gratuitamente. En cualquier caso, me gustaría que, si puede y lo tiene a bien, me diera una respuesta.


Saben también que el Grupo Parlamentario Socialista ha apostado por un compromiso financiero que no podemos poner hoy en práctica porque estamos en la oposición, pero que es un compromiso de futuro con un nuevo gobierno socialista: una inversión de 3.411 millones de euros para la reforma de nuestro sistema educativo, porque necesita una reforma, y es verdad que no se trata sólo de recursos, pero los recursos son importantísimos para dar a la escuela, en particular a la escuela pública, el empujón que necesita, a pesar de que hay muchas más reformas que hacer. Esta es una de las adicionales que quiere defender el Grupo Parlamentario Socialista. Las otras las conocen porque en algún lugar las hemos defendido ya.


Sin más, paso a solicitarle que, por favor, tenga a bien darme, en relación con la disposición adicional segunda, la respuesta que nunca quiso darme la señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Señora Serna, tiene la palabra.


La señora SERNA MASIÁ: Las enmiendas que voy a defender hacen relación a las disposiciones transitorias y van desde la 965 a la 973, a la disposición derogatoria única que sería la enmienda 974 y a las disposiciones finales que se corresponderían con las enmiendas 975 a 987.
Como verá, y conoce el Grupo Popular, todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en relación con las disposiciones transitorias son de supresión y eso es lo que me gustaría defender, en primer lugar. En relación con la disposición transitoria primera, que es la duración de mandato de los órganos de los centros, decimos que sea de supresión en cuanto empeora la legislación vigente y parte de una elección del director que no cuenta con la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa. No hace falta insistir más en que lo que propone esta nueva ley nos ha parecido unos recortes muy graves a la participación democrática, al Consejo Escolar y al claustro de profesores.


En relación con la disposición transitoria segunda, la adaptación de los centros educativos que imparten educación infantil, lo que queda muy claro, aunque ya está en el artículo 9 del proyecto de ley del Gobierno, es que deja clara la idea de disminuir la exigencia de los requisitos mínimos de los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil al que ustedes ahora le llaman preescolar, y lo llaman preescolar para poder decir que no solamente va a ser educativa, sino fundamentalmente asistencial. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En primer lugar, les recuerdo que en el desarrollo de la LOGSE ya aparecían los requisitos mínimos establecidos luego en el título II, pero quiero decirles que los requisitos del personal docente y no docente de los centros de educación infantil van a quedar profundamente rebajados. Les voy a hacer una afirmación que puede les parezca chusca pero quiero explicarla. Señorías, ya que está acabando el debate quería hacerles la siguiente afirmación siguiente: Tengo un nieto y tengo un perro. He aquí que me encuentro que cuando la ley de educación esté vigente la administración cuidará mejor a mi perro que a mi nieto. Se lo voy a explicar: Cuando tengo que marcharme de viaje y dejo a mi perro en un centro de perros, resulta que el titular tiene que ser veterinario. Es un licenciado. Hete aquí que ahora cuando tengamos que llevar a mi nieto a un colegio infantil que ustedes hacen asistencial fundamentalmente, me gustaría que constase que mi nieto se llama Carlos Valdés Serna para que cuando sea mayor y le explique este asunto vea que el Grupo Parlamentario Socialista hizo lo indecible y usó todos los elementos parlamentarios a su alcance para poder evitar que esta ley de calidad llegase a su fin.
(Rumores.) ¿Por qué digo esto? Señorías, si esto está les sienta mal, esto está escrito en su ley y no en la mía. El artículo 10 de la LOGSE fija que la educación infantil está compuesta de dos ciclos...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señores diputados.


Adelante, señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Decía que la educación infantil será impartida por maestros con la especialización correspondiente y que en el primer ciclo de cero a tres años los centros dispondrán también de otros profesionales con la debida cualificación ¿Qué han hecho ustedes? Que en el artículo 9 de su ley han retirado que estén los niños educados por maestros y dicen simplemente que la educación preescolar de cero a tres será impartida por profesionales con la debida cualificación. Por tanto, quiero decir y reitero -y efectivamente así constará en el "Diario de Sesiones" -es que en este momento el Partido Popular exige mayor cualificación a los que tienen que cuidar a los animales de este país que a los niños de cero a tres años. Le voy a insistir, en la Comunidad de Madrid en este momento hay 15.000 niños de cero a tres años en listas de espera. La ciudad de Madrid solamente tiene una oferta pública del un 2 por ciento y en la comunidad de un 10 por ciento y cuando se ha tenido que investigar cómo son esos centros a los que se ha dado una subvención, nos encontramos con que son centros con condiciones físicas, a veces, deplorables, con personal no especializado ni cualificado y con ratios abusivas donde a veces un adulto cuida de 15 a 18 bebés.


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A mí eso me parece que es algo profundamente lamentable, por eso el Grupo Parlamentario Socialista pide la supresión de la disposición transitoria segunda.


En relación a la disposición transitoria tercera, concertación de la educación infantil, nosotros lo retiramos en cuanto que nos parece que es de nuevo una estrategia legislativa para la privatización de la enseñanza; ahora al no estar cualificado su personal, naturalmente serán obreros de la educación muchísimo más baratos.


En la disposición transitoria cuarta, adquisición de la categoría de director, tampoco compartimos este proyecto, porque nos parece que de nuevo es un modo de crear solapada y artificiosamente el cuerpo de directores. A este respecto, tal y como se ve venir que va a ser el cuerpo de directores aconsejaría a SS.SS., fundamentalmente a los diputados del Partido Popular la lectura de un libro que se llama Vigilar y castigar, de Michel Foucault, y quizá ahí entenderían por qué el Grupo Parlamentario Socialista pide la supresión de la disposición transitoria cuarta.


En relación a la disposición transitoria quinta, integración en los cuerpos de catedráticos, ya saben y lo hemos discutido hasta la saciedad en este día y medio que no compartimos la creación del cuerpo de catedráticos del proyecto LOCE al que hace referencia esta disposición.


Con respecto a la disposición transitoria sexta, la movilidad de los funcionarios docentes saben SS.SS. que en esta ley se crea el cuerpo de catedráticos que nosotros hemos enmendado cada vez que ha ido saliendo a lo largo de su articulado por lo que no procede modificar la movilidad de los funcionarios de los cuerpos docentes existentes en cuanto que la restauración de ese cuerpo de catedráticos de alguna manera va a modificar todo el sistema educativo. Para eso entrego a la mesa un documento que, aunque está subrayado y lo siento, me ha sido enviado por la Asamblea de los coordinadores de profesores de secundaria de Madrid, para que tenga a bien la Mesa repartirlo entre los diversos ponentes.


El señor PRESIDENTE: Se repartirá a los grupos por los servicios de la Cámara.


La señora SERNA MASIÁ: Este documento viene al caso de nuestra profunda discrepancia en cuanto a que el profesorado en su mayoría, el 75 por ciento -constará en el "Diario de sesiones" porque se dijo el otro día en esta Comisión-, apoya esta locura de la LOCE.


En cuanto a la disposición transitoria octava, de la transformación de conciertos, deben entender que pedimos la supresión porque esta disposición hace referencia a la filosofía de conciertos educativos del proyecto LOCE, que no compartimos, con matices a la sección 2.ª del título I, que reafirma la política privatizadora del proyecto.
Naturalmente, como ustedes saben, esta política privatizadora no solamente va a ser masiva a partir de ahora en el ámbito de la educación infantil primer ciclo que ustedes llaman de preescolar con carácter asistencial, sino que también, tal y como aparece en la enseñanza no obligatoria de bachillerato y de la formación profesional, además de estar estos centros subvencionados, concertados y por lo tanto sostenidos con fondos públicos, ha introducido a lo largo de todo el articulado la posibilidad de permitir nada menos que la selección de su alumnado.


Antes de acabar, en cuanto a la relación de las disposiciones transitorias, quería decirles que el Grupo Parlamentario Socialista plantea con la enmienda 973 una disposición transitoria octava bis de adición. En ella consideramos es que deberíamos acabar con una situación de enorme injusticia que tienen los funcionarios de los equipos psicopedagógicos en el Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad psicología y pedagogía. Como saben, lo que pedimos es que en enero del año 2003 se integren en el Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de psicología y pedagogía los funcionarios procedentes del cuerpo de maestros que, con titulación de licenciados en psicología y/o pedagogía, obtuvieron plazas, por concurso público de méritos, en los equipos sicopedagógicos de la Administración educativa, que ocupan esas plazas ganadas por concurso del grupo A, que cobran como grupo A, que les hicieron renunciar a sus plazas de maestros del grupo B, y sin embargo a pesar de todo, aunque trabajan como grupo A siguen siendo del grupo B. Por lo tanto, pedimos que haya una integración con toda una serie de consideraciones al respecto, que regularice la situación administrativa de estos funcionarios, cuya necesidad de normalización, para empezar, ya ha sido puesta de manifiesto por distintas resoluciones jurídicas y aprobadas por unanimidad, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, mediante las pertinentes resoluciones políticas, y quiero recordarles a SS.SS. que además tienen diversas sentencias que les dan toda la razón.


En cuanto a la enmienda 974 a la disposición derogatoria única, como no se corresponde en absoluto con nuestras enmiendas ni propuestas alternativas y no hemos llegado a ningún acuerdo y teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de las disposiciones derogadas son una copia literal de esta ley, consideramos que deben quedar las cosas como están. Si quieren, empezamos de nuevo un debate serio y riguroso con el tiempo que sea necesario para que se puedan arreglar los problemas que tiene nuestro país en este sentido y a lo cual nunca nos hemos negado. Por eso hemos hecho la afirmación de que todos los reajustes que consideremos deben introducirse en el sistema educativo, pero lo que ustedes traen a esta Cámara no son reajustes, sino que es una contrarreforma que consideramos va a ser profundamente negativa para la escuela y para nuestros ciudadanos jóvenes.


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A la disposición final primera, punto 1, planteamos una modificación. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho una serie de cosas, y en la redacción actual que plantean solamente introducen una facultad para los directores de los centros concertados. Sin embargo, nosotros consideramos que, como ya está regulado en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la LODE, lo que hay que añadir es otra medida, que sería un nuevo apartado f): Aplicar las medidas que, en materia de disciplina, se contemplen en el reglamento de régimen interior y en el plan de mejora de la convivencia, dando cuenta al Consejo Escolar -cosa que no se da- de los casos más significativos que se produzcan.


En cuanto a la disposición final primera, punto 2, consideramos que debe suprimirse, entre otras cosas porque empeora la legislación vigente y porque a lo largo de todo el debate que hemos tenido no hemos visto ni una sola medida que vaya a mejorar el rendimiento escolar. Hemos visto medidas de segregación para aquellos alumnos que en la escuela obligatoria tienen necesidades, a veces profundas, y lo que hace el sistema educativo tal y como ustedes lo conciben es una simple segregación y un simple rechazo. Por eso nosotros decimos que ustedes acabarán convirtiendo la escuela pública, los centros públicos, las aulas públicas, en centros patera, en escuelas patera, en aulas patera. Estamos con un profundo disgusto respecto a eso, y quiero que conste perfectamente en este momento.


La enmienda a la disposición final primera, punto 4, también es de supresión, porque de nuevo empeora la legislación vigente. Ustedes suprimen los requisitos para ser director establecidos en el artículo 59.1 de la LODE, y en el resto, como es una copia literal, no ha lugar volver a aprobarlo cuando ya está.


Hay una enmienda de supresión a la disposición final tercera porque deja sin efecto la condición de catedrático que está creada en la LOGSE y que nos parece que mejoraba enormemente en cuanto que, al estar los profesores en condiciones de igualdad y formar equipos pedagógicos, como hemos venido demostrando a lo largo del debate, ha disminuido en un porcentaje altísimo el fracaso escolar que nos encontramos los socialistas cuando llegamos en los años ochenta a ser los garantes de la igualdad en el ámbito educativo.


Hay una enmienda de supresión a la disposición final cuarta, punto 1.
Motivación: empeora la legislación vigente y recorta las funciones del Consejo Escolar. De nuevo ustedes hacen recortes profundos a la participación democrática de los centros, a la comunidad educativa, merman muchísimas posibilidades de actuación de los padres y de los propios alumnos en lo que significa la organización de los centros.


A la disposición final cuarta, punto 2, hay una enmienda de supresión porque empeora la legislación vigente, reduciendo la exigencia de diez años a seis años para ser inspector. No nos parecería mal, pero nos hubiese gustado debatir por qué ustedes han tomado esta medida, cosa que ha sido imposible.


La enmienda 982 a la disposición final cuarta, punto 3, ha sido aceptada en la ponencia en cuanto que, si no recuerdo mal, se correspondía también a la 1176, del Grupo Parlamentario Popular.


A la disposición final quinta tenemos la enmienda 983 de supresión. Nos parece totalmente innecesaria porque recordar la vigencia de una ley cuando ésta no ha sido derogada no tiene sentido desde la técnica legislativa.


La enmienda 984 a la disposición final sexta es de supresión en cuanto que no añade nada nuevo y es una simple copia de la legislación vigente.


La enmienda 985 a la disposición final séptima es de supresión.
Motivación: en coherencia con las enmiendas que hemos presentado a los apartados 2 y 3 del artículo 104 del proyecto de ley relativas a las especialidades de la inspección de educación. En este momento los inspectores de educación, tal y como ustedes los contemplan, van a volver a ser inspectores por asignaturas, y nos parece que eso no tiene ningún sentido de cara a la escuela obligatoria. Nos parece que va a ser una rémora para toda la escuela, allí van a llegar inspectores que no van a entender de los graves problemas que hay en cuanto a los procesos educativos, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a los procesos de enseñanza y en cuanto a las evaluaciones, simplemente van a ser como eran en la escuela estatal, expertos en disciplinas. Eso es lo único que sabrán hacer.


En cuanto a la disposición final décima, en coherencia con las enmiendas planteadas, la enmienda es de supresión porque se refiere a los preceptos del proyecto LOCE que no tienen carácter orgánico y que el señor Guardans, yo creo que muy bien, ya les ha aclarado con suficiente rotundidad.


Señorías, acabamos un debate que podría haber sido enormemente fructífero, podría haber mejorado los problemas que tiene en este momento el sistema educativo y las escuelas de nuestro país, pero no ha sido posible teniendo en cuenta las premuras, que a nosotros nos han parecido totalmente innecesarias. Quiero volver a recordar que hubo una gran ley en este país, que era la LOGSE, que ustedes están intentado sustituir con un texto que además en un 90 por ciento no aporta nada. En aquel momento hubo una experiencia durante seis años, hubo un debate parlamentario que duró año y medio -creo recordar que más pero en rigor a las cifras diré año y medio-, y, sin embargo, en este momento hemos despachado con 16 ó 17 horas de debate un problema tan importante para nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, tiene la palabra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a ser lo más breve que pueda, pero no tengo más remedio que

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responder a una serie de preguntas y de enmiendas que se han suscitado.


En primer lugar, tengo que decir a la señora Julios, representante de Coalición Canaria, que por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo en las enmiendas 96 y 97. Efectivamente se debe empezar por abajo, es decir, los niños de tres, cuatro, etcétera. Convencidos de ello, aceptamos ambas enmiendas.


En cambio la otra nos es imposible aceptarla. La hemos estudiado mucho y hemos hecho toda clase de esfuerzos, pero nos es imposible aceptarla.


El señor Guardans nos vuelve a repetir la distinción que hace entre lo que debería haber sido ley básica y lo que no debería haberlo sido. Ese fue el primer planteamiento que hizo Convergència i Unió, y en ese sentido es coherente, pero después de las conversaciones llegamos, no le diré al acuerdo, pero a un cierto talante de seguir para adelante. Es una ley orgánica y lo que está dentro de ella consideramos que lo es, además hace referencia a otra ley orgánica fundamental, que es la LOGSE.


Le agradezco que diga que todo lo bueno se acaba, porque indudablemente este proyecto de ley es bueno y se va a acabar, no ahora, pero sí cuando vaya al Senado. Voy a contestar a algunas cosas.


Jubilación voluntaria. Sabe usted perfectamente cómo hemos ido prorrogando la que figuraba en la LOGSE hasta el año 2006, cada vez quedan menos que se puedan acoger a las condiciones de 60 años. Lo dijimos cuando se intervino en el Pleno, que no fue este diputado sino me parece que fue Isidro Fernández Rozada y dijo que estaba seguro que cualquier Gobierno que estuviese en 2006 prorrogaría; pero éste no es un problema y no vemos por qué se tiene que incluir.


Sobre el argumento de culminación carrera docente, señor Guardans, se ha puesto usted la venda antes de la herida. Aparte de Gerardo de Diego y otros, no podemos cortar absolutamente a nuestra juventud universitaria una vía, aunque no sea la del escalafón. Nosotros consideramos que la carrera docente tiene que tener su culminación en catedrático; efectivamente aquellos docentes que lleven seis o diez años podrán concurrir a esas oposiciones y además tendrán una serie de ventajas respecto del universitario que llega, pero no podemos quitar la oportunidad a nadie. Este es un criterio no solamente de aquí sino en general de la Función pública, ya sea letrado de las Cortes, abogado del Estado, etcétera; aunque teóricamente no tiene experiencia, que es el argumento fundamental que se da. Es difícil que pueda llegar a los 23 años, porque si se termina a los 18, y cinco, son 23, más después tienen que hacer un año, pero si hay un fenómeno que a los 24 ó 25 años llega, no podemos reducir y quitar a la juventud esa posibilidad. Decía la señora Serna que ¡cómo va a llegar sin experiencia! La persona que está preparada, la persona que pasa esa oposición y ha cursado brillantemente los años de su carrera universitaria, puede perfectamente. Ahora bien, si tienen ustedes la idea de que en el conjunto de la Función pública sólo sirve el escalafón, en eso no estamos de acuerdo. El escalafón es parte y la experiencia también, pero no todo. Por lo tanto, sí es culminación de la carrera docente, pero tenemos que dejar un porcentaje, que vendrá fijado en el desarrollo de la ley, para la gente joven que esté preparada y decidida a pasar una oposición para llegar a ser catedrático.


Vuelve con el tema de la financiación. Creía que este era un argumento sólo del PSOE, pero veo que no. Sabe perfectamente, porque lo hemos repetido, que desde finales de 2001 está clarisimamente recogido que cuando se aprueba una ley en la que puede haber aumento de gasto público, y sin duda aquí lo hay, se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera y estudiará qué parte le corresponde a las comunidades y cuál no. ¿Quiere un ejemplo? ¿Qué es lo que puede tener mayor coste? La gratuidad entre 3 y 6 años. En estos momentos, muchas de las comunidades, no sólo las del Partido Popular, sino ustedes en Cataluña y alguna del Partido Socialista están aplicando la gratuidad. En este caso algunas comunidades pueden decir que ya lo tienen implantado y, en cambio, otras no. Ese es el planteamiento financiero que tenemos.


Llegado a este punto, le agradecería que retirara una frase que ha dicho: la desvergüenza constitucional. No creí nunca que eso lo fuera a decir usted. Le tengo en un gran concepto y es una persona preparada. De otras personas y de otros grupos hemos oído cosas peores, pero ya estamos acostumbrados. (Rumores.) Señor Guardans, le pediría que lo retirara, porque, si no, constará en el "Diario de Sesiones" y será un borrón en su carrera parlamentaria (Risas.), pero cada uno es libre.


Ha hecho hincapié después en la tramitación de la ley. Llevamos con conocimiento de que se iba a modificar esta ley desde las primeras comparecencias de la señora ministra, posteriormente, en el mes de febrero o marzo de hace año y pico apareció aquel primer documento de bases de por dónde iba a ir; por fin ha venido el 30 de julio y se ha ampliado tres veces el plazo de enmiendas. Estoy plenamente satisfecho porque aquí se ha explayado todo el mundo (Rumores.). Estoy satisfecho porque el señor presidente no ha aplicado el Reglamento en cuanto al tiempo. Me parece muy bien que se haya dejado hablar a todos los portavoces, que se hayan explayado el tiempo que han creído conveniente y hayan defendido sus enmiendas. No he visto aquí prisas. Al revés, algunos grupos han utilizado, en vez de uno, dos portavoces y además de dos portavoces el segundo ha repetido mucho de lo que ha dicho el primero.
Así que no creo que haya habido prisas. (Risas.)

Resumo, no creo que se invadan competencias. Creo en el Cuerpo de catedráticos. Creo en el sistema de elección de directores. Ya lo ha dicho mi compañera, la señora Moneo, que junto con Portugal éramos el único

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país. Vamos a un sistema mixto. Lo decimos claramente para que no nos achaquen luego que no contestamos a las preguntas. Vamos a un sistema mixto para los directores. ¿Por qué? Porque hay un 60 por ciento de directores en este país que no han sido elegidos y ha tenido que nombrarlos la Administración. No es el sistema holandés, francés o alemán de designación pura. Nosotros proponemos en la ley un sistema mixto que creemos que es el que se debe hacer. Damos, además de mayores competencias, una serie de incentivos a los directores, pero esto señor Guardans no he visto que lo contradiga en ninguna de sus enmiendas.


Ahora paso a contestar -le ruego que me perdone, señor presidente, lo estoy haciendo lo más rápidamente posible- a la señora Serna. A Carlitos Valdés le puede usted decir de nuestra parte, primero, que estaremos encantados de conocerle cuando termine el bachillerato y, segundo, que el artículo 9 dice que la educación preescolar será impartida por profesionales con la debida cualificación, por lo que la misma se verá en el desarrollo reglamentario. Y dígale usted también, ya que ha puesto el ejemplo del perro, que la noticia siempre es que el perro muerde al niño y nunca que el niño muerde al perro (Risas.) Lo ha dicho usted en tono jocoso y yo lo repito también en ese tono.


A lo del cuerpo de catedráticos ya he contestado. Usted pertenece a dicho cuerpo. Ayer distinguían no sé qué patas, unas de un color y otras de otro. (La señora Serna Masiá: Yo no. Las patas las sacó el señor Calomarde.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


Continúe, señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor presidente. No quería entrar en el color de las patas de los catedráticos.


Nosotros creemos que ese cuerpo debe existir. No conculcamos ninguno de los derechos de los actuales catedráticos. (La señora Serna Masiá: ¡No faltaba más!) No diga usted no faltaba más porque ustedes conculcaron algunos del viejo cuerpo de catedráticos. En fin, sigamos. La ley no conculca ninguno de los derechos y, como he manifestado antes, defendemos eso y lo vamos a seguir defendiendo y además mayoritariamente. Por otra parte, ha traído usted un escrito. Qué pena que no lo trajese el día que se celebraron las comparecencias, puesto que muchos de los que comparecieron dijeron que estaban de acuerdo con ello. Finalmente, los tres ponentes hemos mantenido reuniones con grupos de catedráticos y en ellas se nos ha dicho que dejemos un cupo para que acceda la gente joven, pero también que dejemos un cupo mayoritario para que los actuales profesores de secundaria puedan llegar a ser catedráticos. Aquí no está plasmado, pero recuerde usted que anteriormente sí lo estaba en el primer documento y seguramente lo estará en el desarrollo reglamentario.


Perdone, señora Serna, que no dé contestación al resto de sus enmiendas, pero es que la mayoría de las que ha defendido son de supresión, por lo que no hay nada que hacer. Solamente voy a responder a lo de las pateras.
Yo respeto tanto los centros públicos concertados que no tolero ni admito que se diga que lo que nosotros queremos hacer son centros-patera, ni por los que van en las pateras, a los que respetamos, ni tampoco por ese adjetivo despectivo que usted ha utilizado para los centros. En relación con el resto de las materias, usted ha defendido bien sus argumentos y no ha adjetivado, pero en este tema sí lo ha hecho y lo siento mucho, pero tengo que elevar el tono.


Señora Chacón, vamos a ver si usted comprende la contestación que le voy a dar. A lo mejor respondo mal, pero creo que la cosa va a estar muy clara.
Quería usted saber cómo mejora la calidad el tema de la alternativa a la religión, que es sociedad, cultura y religión. Señoría, cualquier que sea la práctica religiosa, ya sean los padres agnósticos, mahometanos, judíos o lo que sean, un niño no puede terminar la ESO sin tener unos conocimientos generales acerca de las cuatro religiones monoteístas y sin tener un conocimiento algo más profundo de lo que ha significado especialmente la religión cristiana, no católica, en el mundo occidental y en la Europa unida, en donde nosotros nos movemos, más de 2.000 años de historia de religión. No puede ser que, cuando un niño termina segundo de la ESO, vaya al museo del Louvre, al del Prado o al que quiera, vea un cuadro de la Santísima Trinidad y no tenga una idea de por qué su autor lo plasmó. Eso es de cultura general y nosotros queremos que se tenga una cultura general independientemente de cuál sea la religión que se profese.


¿Por qué queremos la religión católica? Primero, para aquellos padres que tengan voluntad de que sus hijos lo estudien y porque el 85 por ciento lo eligen; segundo, porque ya en el artículo 27 de la Constitución, aunque nos ha asustado la señora Serna o la señora Chacón diciendo que no toquemos estos temas -yo fui constituyente-, llegamos al acuerdo de la libre elección no solamente de centro sino de lo que los padres querían para sus hijos. No juguemos a dos cartas. Como ustedes, en los 14 años que gobernaron, no tocaron el acuerdo con la Santa Sede, ahora tampoco lo quieren tocar. Además, como el secretario general de su partido ha manifestado que con nosotros no está de acuerdo ni la jerarquía católica-, yo creo que quiere estar él de acuerdo- no entro en eso. He entrado en ello porque usted ha aludido a las declaraciones del cardenal Rouco en un periódico español. Eso es lo que queremos y creemos que mejora la calidad. ¿O mejora la calidad la alternativa del parchís? Por favor, seamos serios. Yo no estoy de acuerdo con una serie de argumentos que ustedes han dado en otros temas, que son

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serios, pero en éste no me digan ustedes que preferían esa alternativa.


Sobre los valores constitucionales, hace usted referencia a la jurisprudencia. Lo que dice la jurisprudencia en un recurso que hubo no sé si por parte de la jerarquía es que toda la educación tenía que estar imbuida de los valores constitucionales y democráticos. Es decir, al enseñar literatura, al enseñar geografía o al enseñar una lengua extranjera. También dijo que no había normativa clara a este respecto y que por tanto se tendría que ajustar el día que existiera normativa.
Léase esa sentencia, que es importante. Yo me la he leído y no soy un gran jurista, pero la he entendido perfectamente.


¿Cómo se evalúa? Se evalúa para que los padres sepan en cualquiera de las dos opciones qué nota saca el chico o la chica, pero sabe usted que no forma parte del conjunto de notas a efectos de una media. ¿Está claro? Se evalúa para que los padres, las madres o quien tenga la responsabilidad sobre el chico o la chica conozcan si prospera adecuadamente.


Me pregunta también por los centros de especialización curricular. Señora Chacón, usted sabe perfectamente cuáles son, pero hace la pregunta una y otra vez. Centros de especialización curricular pueden ser de música, pueden ser de artes plásticas, pueden ser de idiomas, etcétera, etcétera.
Eso es lo que contempla el proyecto de ley. Lo sabe usted, pero le contesto para que no necesite volver a preguntárselo a la ministra ni a este grupo, que ya le ha contestado clarísimamente.


Nos hubiese gustado que el broche de cualquier reforma educativa fuera en este país de acuerdos y de consensos, porque hemos demostrado con este proyecto de ley que nosotros no somos partidarios de un cambio total y absoluto en la educación. Nosotros repetimos aquí que la ley de 1970, aunque se hiciera en un régimen de dictadura, fue positiva para la educación y que ha sido positiva la LOGSE en bastantes aspectos, fundamentalmente en la obligatoriedad hasta los 16 años, pero en estos momentos y ante estos problemas había que hacer una reforma. Nos hubiese gustado llegar a un acuerdo, pero ha sido imposible, como tampoco lo hizo el Grupo Socialista cuando la LOGSE con el primer grupo de la oposición, porque sabemos que antes o después ustedes llegarán al Gobierno, aunque esperemos que tarde. Ustedes sabían que antes o después nosotros llegábamos al Gobierno y, por tanto, con quien tendrían que haber llegado a acuerdo es con este partido, que era el primer partido de la oposición.
Nosotros si hubiésemos visto una posición abierta, y no el no, no, no, hubiésemos intentado llegar a acuerdos, pero no ha sido posible, la responsabilidad no será totalmente de ustedes, parte será nuestra. Ha sido una pena, fue una pena la LOGSE y ha sido una pena en estas circunstancias.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intervengo brevemente. En primer lugar, yo le pediría al portavoz de Educación del Grupo Popular que la idea de que no se le puede quitar a la juventud la posibilidad de llegar a ser catedrático, con la misma fundamentación, la generalice y, por tanto, permita que en el ámbito militar en la Academia de Zaragoza se pueda salir directamente de coronel o que los licenciados en derecho puedan opositar a magistrado del Supremo, porque es una opción legítima que puede usted pedir, o pueda ser fiscal de sala o teniente fiscal directamente por oposición al acabar la carrera, porque eso es lo único coherente. No vamos a impedir a los jóvenes que sean fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia o que puedan ser coroneles al acabar, no se lo impidamos, permitamos a cada uno en función de sus méritos que pueda directamente, si está muy bien preparado y es hombre aguerrido, serlo.
Por tanto, el argumento no se sostiene. Yo entiendo que su modelo es ese y nuestro modelo es otro, pero no me venga diciendo que esto es un derecho de la juventud y que no se lo podemos quitar. Está claro que se lo podemos quitar, el que quiera ser catedrático que trabaje en la Función pública docente y llegará a catedrático. Es una opción y no estamos quitando nada a nadie.


A partir de ahí, lo de la desvergüenza es un término muy acreditado y muy homologado en la práctica parlamentaria, incluso desde tiempos de la República, y yo lo mantengo. Le agradezco los piropos que me ha dirigido, a veces peligrosos, pero en todo caso estimo, sostengo y mantengo que, efectivamente, el Partido Popular aquí concretamente en algunos artículos referidos al ámbito competencial actúa de tapado e intenta violentar las competencias como con disimulo, y en otros artículos lo hace sin vergüenza y, por tanto, de forma desvergonzada, es decir, con todo descaro asume competencias que no tiene y no lo intenta ni disimular.
Espero que no le ofenda, pero si le ofende, lo mejor que pueden hacer es corregir la ley y le dejará de ofender.


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Yo no soy constituyente, si acaso constitucionalista como profesora del ramo y la jurisprudencia me la sé.
Me sé la del Tribunal Constitucional y me sé la del Tribunal Supremo, por eso le he hecho tres preguntas, y no me ha contestado ninguna. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Caramba!) Vamos a ver si es que no nos entendemos.
¿En qué mejora la calidad, la obligatoriedad de la alternativa y el refuerzo de la religión que hay aquí, cuando estamos todos diciendo que en primaria y en secundaria las horas que más debiéramos dar son de matemáticas, son de expresión oral, son de expresión escrita, son de idioma? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo cuando el objetivo de esta reforma era atajar el fracaso

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escolar. Usted me da un razonamiento y me dice que hay que ir al Louvre entendiendo determinadas cosas y yo le digo que, si eso es así, lo necesitarán todos, que es lo que entre otras cosas dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Usted me dice: no, es que los que hagan religión católica tendrán mayores conocimientos, pero yo fui una de ellos, yo fui a un colegio de monjas y sé cuál es el currículo que se da, y de Buda no me explicaron nada. Por tanto, ¿el currículo lo va a hacer la administración educativa, si tenemos en cuenta que es porque es necesaria para todos, y la idoneidad del profesorado también? Sabe usted que eso no está pasando, está pasando lo contrario. Tenemos un auténtico oasis constitucional en materia de docentes ahora mismo en formación religiosa.
Eso es lo que yo le estoy preguntando. La jurisprudencia nos dice: si es curricular y es necesaria lo tiene que ser para todos los alumnos, los que quieran religión y los que no.


Mi grupo parlamentario quiere garantizar, como lo hizo la legislación anterior, el derecho de los padres que quieren religión para sus hijos en las aulas, que la tengan, lo que no quiero es que eso comporte una obligación para quienes no ejercen ese derecho. Que yo sepa no hacen parchís, y si lo hicieran lo razonable sería que se marcharan a casa, pero lo que no es razonable es que usted altere lo que hoy al menos está amparado por la jurisprudencia de nuestros tribunales de manera unilateral, sin buscar el consenso de nadie en una cuestión tan fundamental y tan polémica en la historia de este país, como ha sido la religión. Eso le he dicho. Le pregunto si no le importa a ustedes hacerlo así de solos a sabiendas de lo que ha sido la historia de este país en esa materia. La segunda pregunta que le hacía, aparte de si mejoraba la calidad, era cómo va a garantizar usted la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y se le ha explicado exactamente leyéndole la sentencia. Usted está haciendo una interpretación muy sui generis. En cualquier caso, sigue sin decirme cómo vamos a conseguir la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ni quién establece los currículos y quién establece por tanto la confesionalidad o no confesionalidad de la enseñanza de cultura, sociedad y religión. En segundo lugar, ¿qué ocurre con ese oasis constitucional en la contratación de los docentes? Tengo aquí a la compañera de Coalición Canaria, muy cercana a estas cuestiones en su comunidad, hasta el punto que ha llevado los propios acuerdos, a través de una cuestión de constitucionalidad, al propio Tribunal Constitucional. Díganme por qué, en aplicación a rajatabla del Estatuto de los Trabajadores también para ellos, no aceptan ustedes la enmienda de este grupo parlamentario. Si usted cree que me ha respondido a todo, sigo anonadada.


Respecto a cómo se evalúa, simplemente le preguntaba cómo se evalúa la fe, cómo se saca un sobresaliente o se saca un aprobado en materia de fe, señor Guerra, eso era lo único que le estaba diciendo. A mí me cuesta entenderlo, porque lo que se está haciendo en la asignatura de religión es catequesis, señor Guerra, y no formación religiosa. ¿Por qué en vez de dedicar horas a determinadas cuestiones, no se dedican a otras áreas que son la clave para atajar el fracaso escolar de nuestros niños y niñas mañana, como son cálculo, expresión oral y expresión escrita? ¿No cree usted que el esfuerzo debiera estar ahí y no en reforzar la religión? La segunda pregunta que le hago es cómo va a aplicar usted con la nueva normativa la jurisprudencia de los tribunales. En tercer lugar, le pregunto: ¿Por qué lo hacen ustedes solos a pesar de saber lo que esto significa?

Sobre los centros de especificación curricular le pregunté a la ministra y no me contestó nada, le pregunté a la señora Moneo y me dijo que eran centros para dar más oportunidades y más materias y usted me dice que son de música y de arte. Por tanto, acabo concluyendo que ni siquiera ustedes saben qué van a ser los centros de especificación curricular.


Respecto del consenso de que usted me hablaba, le quiero decir una cosa.
Mi grupo parlamentario ha dicho desde el principio que la mejor ley educativa, nos guste más o menos su contenido, es una ley estable. Lo que no podemos hacer es tener a los niños al pairo de los vaivenes de las mayorías electorales. La clave de un consenso, señor Guerra, no la tiene la oposición, la suele tener el Gobierno. El esfuerzo del Gobierno socialista, para bien o para mal, concluyó en el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la LOGSE, excepto una abstención, que fue la de ustedes. No sé cómo les va a ir a ustedes en ésta. De momento, reconocerá usted conmigo que bien no pinta.


En cuanto a si ganarán ustedes o si ganaremos nosotros antes o después, digamos que esta tampoco ha sido su mejor semana. En cualquier caso sí le digo que, desgraciadamente, el consenso que tuvo la LOGSE no lo va a tener esta ley. Digo desgraciadamente a conciencia de lo que digo, porque eso no lo sufriremos ni ustedes ni nosotros, a no ser que sea en algún que otro apoyo electoral, eso lo va a sufrir realmente quien menos debiera de hacerlo. Por eso, este trámite acelerado no es pertinente, aunque al Grupo Popular le parezca muy generoso. Le recuerdo que los que estamos aquí acabamos a las cuatro de la mañana la discusión de la LOU, y que con esto llevamos un día y medio y mire la hora, y eso que se han ido tres grupos parlamentarios. Por tanto, usted saque pecho de lo que quiera, pero no me lo saque de generosidad del Partido Popular en la tramitación parlamentaria a la hora de aplicar los calendarios en materia educativa, señor Guerra, porque está siendo de nuevo muy generoso con lo propio y muy crítico con lo ajeno, que es algo que les suelo decir a ustedes.


Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para hacer una denuncia en la medida de lo posible. Me parece muy poco respetuoso con esta casa, con este Parlamento

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y con el trabajo que estamos haciendo aquí que hoy, a las doce y media del medio día, la señora ministra haya convocado nada más y nada menos que una rueda de prensa que ha durado hasta las dos del mediodía. Ya lo dejó ayer claro: ¿Para qué vamos a darles más tiempo si las enmiendas de la oposición son el no, no, no, no? Le quiero decir que la democracia no sólo consiste en recibir al que le dice sí, sí, sí, sí, porque eso ya lo hemos visto en los telediarios, sino también en escuchar a quien le dice no y por qué. Eso es lo que estamos haciendo en esta casa y es un trabajo muy digno. Hubiera sido un detalle que ella hubiera estado atenta a eso en vez de convocar, porque además sabía que, si ella convocaba, la prensa educativa no estaría aquí, sino que estaría en esa rueda de prensa. Como la burla al Parlamento en materia educativa por parte del Gobierno y de quienes aquí le apoyan ha sido ya sublime, al menos quiero denunciar ex profeso lo que creo que es una auténtica desfachatez, y es que hoy, de doce y media a dos, la señora ministra, en vez de estar atenta a esto o permitir que lo esté la prensa educativa, se haya dedicado a dar una rueda de prensa sobre Internet en la escuela, como ha hecho.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, tiene veinte segundos.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Veinte segundos o diez, señor presidente.


Siento mucho que el señor Guardans no lo haya retirado, pero cada uno será hijo de sus obras.


Señora Chacón, no le pido que saque pecho, pero sí le digo que le he contestado a las preguntas que usted me ha hecho. Lo que pasa es que, a veces, usted pregunta y se contesta. Y cuando pregunta y los demás contestamos dice: no se me ha contestado. Pero creo que he sido clarísimo en los puntos en que usted ha preguntado.


Respecto de la señora ministra -y siento, señor presidente, tener que decirlo al final-, a mí tampoco me pareció bien, y no lo dije, que ayer, cuando estábamos aquí debatiendo, S.S. estaba convocando ruedas de prensa, etcétera. Y esta mañana S.S. se ha ido a Canal Plus, y me parece perfecto, pero no tiene nada que ver. En cuanto a la prensa, le puedo decir los representantes de periódicos importantes que están aquí porque me acaban de pasar una nota diciendo que me están esperando cuando termine. Por favor, no haga usted esas críticas, en cosas serias, a la señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, ha concluido el debate.
Agradezco a todos los portavoces y a todos los grupos su participación, creo que hemos llegado a buen puerto en el debate y que, por tanto, podemos proceder a la votación. Con la ayuda inestimable del señor letrado, creo que podemos hacer las complejas votaciones con el adecuado orden. (La señora Valcarce García pide la palabra.)

La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, para una cuestión de orden.


Mi grupo parlamentario ya advirtió ayer que presentaba reservas a las votaciones por la situación de premura, de falta de documentación, de documentación incompleta, errónea en parte, y quiere hacer constar, antes de que se inicie esta votación, lo siguiente: que hoy, a las nueve de la mañana, por parte del señor letrado se ha comunicado a mi grupo parlamentario que ayer se había incorporado a la votación, por error, la enmienda 1.045, de Convergència i Unió; enmienda que se correspondía con el bloque VI, en concreto enmienda al título IV, que no era objeto de la votación.


Aproximadamente a las dos y media de la tarde de hoy se nos comunica, también por el señor letrado, que ayer se votó la enmienda 26, de Coalición Canaria, correspondiente al bloque X, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, que tampoco eran objeto de votación ayer. Debido a esto, mi grupo parlamentario, antes de que se proceda a la votación, pide un informe escrito y firmado del letrado sobre las votaciones efectuadas en el día de ayer.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia tiene facultad para contestar a esta cuestión de orden y para tomar la decisión que estime oportuna, conforme al Reglamento.


En relación con la votación de la enmienda número 26, de Coalición Canaria, la interpretación y la decisión de esta presidencia es que dicha enmienda 26 se votó a petición del señor Guerra Zunzunegui, que dijo públicamente: desearíamos que se votara en un primer bloque, junto con las enmiendas 38 y 39. Por tanto se hizo pública esa votación ante los distintos grupos. El presidente aceptó esta petición, no hubo en aquel momento procesal ninguna objeción por ninguno de los grupos y se pasó a votar, y así queda reflejado en el "Diario de Sesiones", la enmienda número 26, junto con las números 38, 39 y 43. En todo caso, le tengo que decir que, dado el contenido y la naturaleza de esa enmienda, esta presidencia estima que podía votarse perfectamente en el primer bloque, puesto que era una enmienda genérica en referencia a la redacción del texto del proyecto, y por tanto afectaba a todos los títulos y capítulos del proyecto de ley. En consecuencia, esta presidencia estima válida la votación de la enmienda número 26.


Respecto a la enmienda 1045, de Convergència i Unió, esta presidencia tiene la facultad, cuando lo considera necesario y con carácter excepcional, y aquí hay una excepcionalidad, de volver a someter a votación dicha enmienda. Por tanto, volveré a someter a votación la enmienda número 1045.


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La señora VALCARCE GARCÍA: Una cuestión de orden, señor presidente.


En primer lugar, queremos hacer constar que la votación de la enmienda número 26 se hizo a petición del Grupo Parlamentario Popular, sin que por parte del señor letrado se advirtiese a los portavoces que se estaba votando una enmienda que correspondía a un bloque no objeto de votación en esa sesión, y que esa enmienda correspondía a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.


Segunda cuestión, señor presidente, de orden. Si no hay informe del letrado, el Grupo Parlamentario Socialista no puede conformar nuestra posición respecto de lo que usted ha planteado, por lo que mi grupo estima que queda en absoluta indefensión. En consecuencia, se reserva todas las actuaciones que procedan según el Reglamento.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas.


Empezamos por todas las enmiendas del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Lasagabaster. En primer lugar, la enmienda número 534.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 523, 524 y 532, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la enmienda número 458.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 457, 459, 476 y 482.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Núñez Castain.


Enmienda número 652.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 653 del mencionado diputado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del señor Puigcercós.


En primer lugar, enmiendas números 625, 628, 637 y 645.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 631 y 633.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


Enmienda número 576.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 575, 578, 590 y 591.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 572, 583, 585 y 587 a 589.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Coalición Canaria.


La enmienda número 76 ha sido retirada.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pido votación separada de las enmiendas números 96 y 97.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 83, de coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la enmienda número 96.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos, a continuación la enmienda número 97.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas números 72, 75, 79, 85, 88 y 91, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 378, 386, 389, 390 y 393.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


En segundo lugar, votamos las enmiendas números 394, 397, 400 y 401.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


En tercer lugar, votamos las enmiendas números 387, 380 y 383, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda número 233.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos las enmiendas números 244, 257, 258, 260, 315, 316, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 343 y 344, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


En tercer lugar, votamos las enmiendas números 256, 268, 270 y 272, presentadas por el mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Empezamos por la número 1.045, a la que me he referido anteriormente. ¿Hay algún grupo que se oponga a esta votación?

La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Entonces, no procede la votación.


Pasamos a la enmienda 1.062, en lo relativo a la supresión del apartado 5, del artículo 77.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda 1.062 bis, sobre la modificación del artículo 80.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la enmienda 1.088.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar las enmiendas 989, 1.047, 1.051, 1.057, 1.069, 1.079, 1.084, 1.090, 1.092, 1.095, 1.096, 1.104, 1.105, 1.106, 1.110 1.111, 1.115 y 1.117, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 1.068, 1.071, 1.107 y 1.113.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


En primer lugar, las enmiendas número 910 y 911.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


En segundo lugar, enmienda número 917.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Concluidas las votaciones de las enmiendas, pasamos a votar el informe de la ponencia que, junto con las enmiendas ya aprobadas, pasará a ser dictamen de la Comisión para su elevación al Pleno de la Cámara. Esta votación se efectuará incluyendo las correcciones técnicas que conocen ya SS.SS. y todos los portavoces de los grupos. Se incluye, asimismo, el apartado 2 del artículo 71 que acordó incorporar la ponencia, tal y como refleja su informe, pero que se ha omitido en el anexo, con arreglo a las enmiendas 1.054 de Convergència i Unió y 71 de Coalición Canaria.


Pasamos a votar, en primer lugar, por separado, los artículos 71, 60, 101 y 102 y disposiciones finales octava y novena del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


En segundo lugar, el resto del informe de la ponencia, junto con la exposición de motivos, que pasaría a ser el preámbulo del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la ponencia.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.

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