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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 19/10/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 35

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 33

celebrada el jueves, 19 de octubre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 10938.) . . . (Página 1555)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea, S. A.», correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 15-1, de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000015.) . . . (Página 1555)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. «BOE» núm.
241, de 7 de octubre de 2000. (Número de expediente 130/000008.). . .
. (Página 1561)

Página 1552


- Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte. «BOE» núm. 241, de 7 de octubre de 2000, y corrección de error en «BOE» núm. 244, de 11 de octubre de 2000.
(Número de expediente 130/000009.) . . . (Página 1571)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la finalización del servicio militar el 30 de junio de 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 61, de 22 de septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000111.) . . . (Página 1584)

Propuestas de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una Subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor. (Número de expediente 158/ 000008.) . . . (Página 1594)

- Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.
(Número de expediente 158/000012.). . . . (Página 1594)

- Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una Subcomisión para el estudio de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en Extranjería e Inmigración que contemple todos los aspectos y políticas sectoriales que incidan en el fenómeno migratorio para afrontar los retos que el mismo planteará en las próximas décadas. (Número de expediente 158/000014.) . . .
(Página 1594)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados . . .
(Página 1555)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Declaración institucional. . . . (Página 1555)

La señora presidenta, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la aprobación de una declaración institucional sobre el proceso de democratización en la República Federal de Yugoslavia, que es aprobada por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 1555)

Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea, S.A.», correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios . . . (Página 1555)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Se trata de un crédito extraordinario de 15.560.625.000 pesetas para financiar el déficit de la Compañía Trasmediterránea S.A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios. Explica el

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contenido del proyecto de ley y pide el voto favorable de la Cámara.


En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Segura Clavell.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea S.
A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios, se rechaza por 113 votos a favor, 166 en contra y una abstención.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. . . .
(Página 1561)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre el Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Manifiesta que, como se indica en el preámbulo del Real Decreto-ley, uno de los principios básicos que deben informar toda política ambiental es el de la prevención, y el instrumento básico preventivo es la valoración de impacto ambiental al permitir integrar en el medio ambiente la programación y ejecución de los proyectos de mayor importancia económica y social, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea, según el cual las exigencias de la protección del medio ambiente deben incluirse en la definición y en la realización de las demás políticas y acciones comunitarias con el objeto de fomentar el desarrollo sostenido. Siguiendo este criterio, añade, el principal objetivo de este Real Decreto-ley es la transposición de la directiva de impacto ambiental, que es una de las normas pendientes de aplicar en nuestro derecho interno. Considera que, a pesar de la dificultad que entraña la transposición de normas comunitarias, se ha alcanzado un grado de consenso muy elevado tanto con las comunidades autónomas como con los agentes económicos y sociales afectados. Explica el contenido del Real Decreto-ley, destacando dos aspectos muy importantes: el extraordinario alcance que para el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales tiene el análisis, desde el punto de vista ambiental, de prácticamente todos los proyectos que van a tener un mínimo de importancia económica y social; y el carácter básico de la normativa que se está modificando.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; y las señoras García-Hierro Caraballo, del Grupo Parlamentario Socialista), y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto- legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, se aprueba la convalidación por 283 votos a favor y 15 abstenciones.


A continuación se somete a votación la tramitación del Real Decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que se aprueba por 298 votos a favor.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte . . . (Página 1571)

Presenta el Real Decreto-ley 10/2000, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Manifiesta que el motivo de su comparecencia ante la Cámara es promover la convalidación del Real Decreto-ley 10/2000 en el que se recogen las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la subida del gasóleo sobre los sectores agrícola, pesquero y de transportes, porque parece lógico que en un momento en que la economía está experimentado un elevado y continuado crecimiento, se adopten medidas que vengan a compensar a aquellos sectores cuya participación en ese crecimiento se vea más afectada y perjudicada. Destaca que las medidas que hoy presentan son fruto del diálogo mantenido por el Gobierno con los principales representantes de los sectores afectados y pretenden evitar conflictos sociales, añadiendo que las medidas adicionales que se irán incorporando en los próximos meses tendrán como finalidad sentar las bases para promover la modernización de estos sectores estratégicos para la economía y el desarrollo de la vertebración social del país. Explica la estrategia seguida por el Gobierno en el conflicto de los carburantes y las medidas contenidas en el Real Decreto-ley, parael que pide la convalidación.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En un segundo turno excepcional intervienen la señora Cunillera i Mestres y el señor Martínez-Pujalte López.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte, se aprueba por 171 votos a favor, 110 en contra y 12 abstenciones.


A continuación, y al haber sido solicitado por algún grupo parlamentario, se somete a votación la tramitación del Real Decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que se rechaza por 133 votos a favor, 159 en contra y una abstención.


Proposiciones no de Ley . . . (Página 1584)

Del Grupo Parlamentario Socialista, para la finalización del servicio militar el 30 de junio de 2001 . . . (Página 1584)

En defensa de la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Moragues Gomila. Plantean en su proposición no de ley la discusión sobre la finalización del servicio militar obligatorio y sus consecuencias derivadas. No les anima, asegura, el más mínimo interés demagógico, sino el interés más leal de debatir un asunto que preocupa no sólo a los jóvenes españoles afectados directamente, sino muy especialmente a las Fuerzas Armadas.
Se refiere al debate que tuvo lugar en la Comisión Mixta sobre la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y a la posición contraria que su grupo mantuvo en cuanto al número de efectivos y el período transitorio que se establecía para la entrada en vigor del nuevo modelo de ejército profesional, aunque reconoce, por otra parte, el alto grado de acuerdo con el contenido del documento.
Considera que el período transitorio fijado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas ha llegado a su fin por la fuerza de los hechos y el número de sus efectivos ha sido fijado por la realidad de los acontecimientos, por lo que ahora sólo puede esperarse de las Cortes Generales que estén a la altura de la situación para enterrar con los honores debidos a una institución como el servicio militar obligatorio que tantos servicios ha prestado a España y encarar con realismo los problemas de toda índole que dicha desaparición conlleva. Finalmente hace unos breves comentarios a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxeberría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la finalización del servicio militar el 30 de junio de 2001, en los términos derivados del debate, se rechaza por 124 votos a favor, 151 en contra y cuatro abstenciones.


Propuesta de creación de subcomisiones . . . (Página 1593)

Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una Subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor. . . . (Página 1593)

Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor, se aprueba por 279 votos a favor.


Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público . . .
(Página 1594)

Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, se aprueba por 275 votos a favor y cuatro en contra.


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Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una Subcomisión para el estudio de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en Extranjería e Inmigración que contemple todos los aspectos y políticas sectoriales que incidan en el fenómeno migratorio para afrontar los retos que el mismo planteará en las próximas décadas . . . (Página 1594)

Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una subcomisión para el estudio de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en extranjería e inmigración que contemple todos los aspectos y políticas sectoriales que incidan en el fenómeno migratorio para afrontar los retos que el mismo planteará en las próximas décadas, se aprueba por 277 votos a favor.


Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 10938.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de pasar al punto siguiente del orden del día, la Presidencia, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la aprobación de la siguiente declaración institucional sobre el proceso de democratización en la República Federal de Yugoslavia: El Congreso de los Diputados manifiesta su total apoyo al esperanzador proceso de democratización que se ha iniciado en la República Federal de Yugoslavia, felicita a su presidente, Vojislav Kostunica, por su victoria electoral, y al pueblo de la República Federal de Yugoslavia por la convicción y el coraje demostrado en su afán por hacer respetar su voluntad, inequívocamente expresada en las urnas, haciendo así posible una verdadera democracia en su país. Asimismo, el Congreso de los Diputados exhorta a todos los países, y especialmente a los miembros de la Unión Europea, a que continúen adoptando medidas que sirvan para la normalización de las relaciones económicas y diplomáticas con ese país y para hacer efectivas la cooperación y ayuda necesarias, con el fin de que la República Federal de Yugoslavia ocupe su lugar entre las naciones libres y democráticas de Europa. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 15.560.625.000 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE LA «COMPAÑÍATRASMEDITERRÁNEA, S.A.» CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO DE 1997, POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONALY LOS AJUSTES POR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO REGULADOR DE LOS REFERIDOS SERVICIOS. (Número de expediente 121/ 000015.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea, S.A.», correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar hoy a la Cámara el proyecto de ley de un crédito extraordinario por importe de 15.560.625.000 pesetas, para financiar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea, S.A.», correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés

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nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
Señorías, ruego que ocupen sus escaños. (Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): El Real Decreto 1876/ 1978, de 8 de julio, estableció el régimen de prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y aprobó las bases del contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional a suscribir entre el Estado y la «Compañía Trasmediterránea, S.A.» El anexo 2 a las bases de dicho real decreto estableció la tabla inicial de servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, que comprendía los servicios de Baleares, norte de África, Canarias e interinsulares de Canarias. La «Compañía Trasmediterránea, S. A.» ha venido prestando los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional de conformidad con lo establecido en el contrato regulador, formalizado en escritura pública el 4 de septiembre de 1978, según lo establecido en el real decreto que antes he citado de 8 de julio de 1978, por el que se estableció el régimen de prestación de estos servicios, se autorizó al entonces Ministerio de Transportes y Comunicaciones a suscribir con la «Compañía Trasmediterránea, S.A.» el correspondiente contrato y se aprobaron las bases a las que había de ajustarse.
El contrato señala, en su cláusula 25, que el equilibrio económico financiero de los servicios se obtendrá mediante las aportaciones del Estado, cuya cuantía figura en la denominada cuenta del Estado, que tiene dos componentes: explotación, que se cuantifica saldando el déficit de las cuentas de ingresos y de gastos, e inversiones, que financia la amortización de la flota y los gastos financieros. Es decir, a efectos de garantizar la prestación de determinados servicios de transportes marítimos que asegurasen la movilidad de los ciudadanos entre determinados puntos del territorio nacional, se encomendó su prestación a una empresa pública, la «Compañía Trasmediterránea, S.A.», y al mismo tiempo se garantizaban a dicha empresa las aportaciones estatales necesarias para asegurar el equilibrio económico financiero de dichos servicios.
La cláusula 3 del contrato regulador establece que el contrato tendrá una duración de 20 años a partir de su entrada en vigor, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1978, debiendo entenderse prorrogado si dos años antes de su terminación no hubiese sido denunciado por alguna de las partes. La prórroga tácita no podrá exceder de dos años. El Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 1995, autorizó la denuncia del contrato regulador en los términos establecidos en su cláusula 3. Así, el contrato regulador finalizó en diciembre de 1997 al ser denunciado oportunamente por la Administración general del Estado dentro del plazo establecido en él, dos años antes de su finalización, para que no se produjese su renovación automática. Esta denuncia se efectuó, entre otras razones, debido al diferente contexto, tanto en lo relativo al régimen de competencia en el sector del transporte marítimo nacional como respecto de la organización del Estado existente en el año 1978, ejercicio del inicio del contrato regulador, y en 1995, año de denuncia del contrato. En este orden de cosas, la denuncia se basó en consideraciones relativas al proceso de liberalización del transporte marítimo al que debía pasar a desenvolverse la actividad de Trasmediterránea, en el ámbito de los servicios del contrato regulador, como ocurre actualmente, que prima el principio de libre prestación de servicios marítimos, y al traspaso de competencias en la materia a las comunidades autónomas.
En relación con las obligaciones derivadas del contrato regulador, debe señalarse que el pago de las distintas liquidaciones anuales a la compañía Trasmediterránea, devengadas, según lo establecido, en el contrato regulador, se ha efectuado en su totalidad durante los últimos ejercicios mediante modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios o transferencias desde la sección 31, sección de gasto de diversos ministerios, no existiendo desde 1993 hasta 1997 inclusive créditos iniciales en los Presupuestos Generales del Estado para estos fines. Estas liquidaciones han sido verificadas en cada ejercicio correspondiente por la Intervención general de la Administración del Estado. La «Compañía Trasmediterránea, S.A.» ha incluido en la cuenta del Estado del ejercicio 1997, como ajustes por fin de contrato, una serie de conceptos susceptibles de ser incorporados por ser este el último año de vigencia del contrato y corresponder básicamente a gastos devengados en el año 1997 y a derechos de cobro no realizados durante la vigencia del contrato, cuya regularización quedó aplazada hasta su conclusión.
La Intervención general del Estado, con fecha 22 de marzo de 1999, emitió su informe de control financiero sobre la cuenta del Estado del ejercicio 1997 presentada por la compañía. En el indicado informe, en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 1995, por el que se autoriza la denuncia del contrato regulador, se señala que la denuncia del contrato obliga a definir los derechos y obligaciones que se derivan por el Estado y la compañía por las relaciones en él contenidas y que deben reflejarse en la liquidación del mismo.
La cuantificación del déficit real pendiente de subvencionar al final del ejercicio 1997 ha quedado fijada en 15.560.625.000 pesetas, según se recoge en el informe de control financiero de la Intervención general del Estado, realizado sobre la cuenta del Estado de 1997, constituyendo el importe del crédito extraordinario: déficit cuenta de explotación, 137.703.000 pesetas;

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déficit cuenta de inversiones, 9.482.591.000 pesetas, y ajustes por fin de contrato, 5.940.331.000 pesetas. Total: 15.560.625.000 pesetas. Al no haberse efectuado cobros a cuenta durante el ejercicio 1997, la compañía Trasmediterránea debe percibir la cantidad anteriormente citada, de conformidad con lo establecido en la cláusula 25 del contrato regulador.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de devolución, una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley de crédito extraordinario de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y por los ajustes por finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Queremos indicar, señor ministro, que esencialmente presentamos esta enmienda de devolución no por la primera componente del proyecto de ley, no por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional correspondientes al ejercicio de 1997 sino por la segunda componente, es decir, por la componente de lo que ustedes, eufemísticamente, han denominado ajustes por finalización del contrato regulador de los referidos servicios. No creemos en esos ajustes, no creemos en la liquidación del contratoprograma. Sí creemos en las obligaciones asumidas y adquiridas como consecuencia del Real Decreto 1876/1978, por el que se estableció el régimen de prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Señor ministro, nosotros creemos que aquel contrato, que tenía una duración de 20 años y en el que se especificaba claramente una posible prórroga de dos años en caso de no ser preavisada la terminación por ninguna de las partes, lo cumplió el Estado. El 19 de mayo de 1995, el Consejo de Ministros decretó que dicho contrato no se prorrogase. Nosotros creemos que tiene especial y singular importancia este punto por cuanto, recogida la prórroga posible que establecía el contrato regulador, no se estableció en beneficio de la empresa prestataria del servicio sino pensando en el beneficio exclusivo del servicio público. A nosotros nos parece que ahí es donde está esencialmente el tema que justifica nuestra enmienda de devolución. Y de ahí que el proyecto de ley que se somete ahora a la aprobación de las Cortes parece basarse en que la compañía tenía derecho a una compensación por terminación del contrato de dos años antes de la duración inicialmente prevista. Por el contrario, señor ministro, señorías, la duración inicialmente prevista fue de 20 años y la posibilidad de prórroga, un supuesto previsto según acabo de manifestar, en beneficio de los intereses públicos, repito, la posible prórroga podía ser en beneficio de los intereses públicos pero nunca en beneficio de la propia compañía.
Señor ministro, señorías, nosotros quisiéramos dejar muy claro que, por ejemplo, en el año 1994, la compañía Trasmediterránea solicitó de la Administración general del Estado un crédito extraordinario de 5.091.000.000 de pesetas. Cuando pasó el filtro de la Intervención general de la Administración del Estado se le concedieron 4.595 millones; en 1995, solicitó 5.253 millones de pesetas y se le concedieron 4.989, por informe de la Intervención general del Estado; en 1996, solicitó 8.377 millones y se le concedieron, mediante ley de crédito extraordinario, 7.673; y en 1997, el Gobierno debía haber traído a la Cámara, y lo hubiésemos votado a favor, no la liquidación del contrato- programa sino la subvención correspondiente. Al amparo de los requisitos y de los contenidos del contrato regulador que vincula la situación contractual durante 20 años mantenida por la compañía Trasmediterránea -y nosotros nos sentimos orgullos y francamente satisfechos por el buen funcionamiento que durante esos 20 años ha tenido ese contrato regulador, que comenzó en 1977 y terminó en diciembre de 1997- nosotros hubiésemos dado nuestro voto a favor de la pertinente subvención para la liquidación de 1997 en los dos conceptos que el contrato-programa recoge: gastos de explotación y gastos de inversión. Pero, señorías, repito, no estamos de acuerdo con lo que ustedes han denominado liquidación del contrato-programa.
Y lo vamos a razonar, señor ministro, de la forma más rigurosa posible.
Voy a darle algunos datos que justifican nuestra posición. En primer lugar, en la página 13 del informe del interventor general del Estado al examinar las cuentas de la compañía Trasmediterránea para el año 1995, se dice lo siguiente: a) Que la compañía Trasmediterránea presentó al Gobierno el 6 de octubre de 1995 un plan para reducir una plantilla de personal en 297 personas, por un costo de indemnización de 2.460 millones de pesetas. El plan se proyectaba en cinco años: 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, porque en aquel momento se pensaba prorrogar el contrato dos años más. b) La Dirección General de la Marina Mercante aprobó el plan del 30 de octubre de 1995, lo que significaba aprobar esa suma como gasto a subvencionar por el Estado.
c) La Intervención general de la Administración del Estado ha analizado el desarrollo del plan durante los años 1995 y 1996 de una forma que explicita claramente en el informe, y, al final de la página 12 ycomienzo de la 13, el interventor general del Estado

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critica y pone de manifiesto que existía un compromiso de no aumentar la plantilla, pero la realidad es que la plantilla en 1994 era de 2.321 empleados, en 1995 era de 2.339 y, en 1996, 2.394. Dice el interventor general del Estado: Ello significa que la compañía Trasmediterránea recibió 1.525 millones de pesetas para reducir su plantilla, pero en realidad lo ha incumplido, produciendo un aumento de la misma desde 2.321 hasta 2.394 empleados.
En segundo lugar, señorías, estaba pendiente de pago en relación con la suma total aprobada en 1995 una cantidad de 934 millones de pesetas, que se elevan en las cuentas de 1997 a 1.042.835.000 pesetas, por el concepto, también eufemístico, de premios de jubilación, es decir, de retiros incentivados. Y se pide en este proyecto de ley adicionalmente la suma de 2.623.977.000 pesetas, para la reestructuración de la plantilla. Ambas cifras se han respetado íntegramente en la propuesta de indemnización. En conjunto, desglosado, significa que las subvenciones en materia de reestructuración de personal concedidas en los dos ejercicios de 1995 y 1996 han sumado 2.460.000.000 pesetas. Pendientes de aprobar con cargo al ejercicio de 1997: 1.042.000.000 pesetas; adicional, por terminación de contrato -con lo que no estamos de acuerdo-: 2.624.000.000 pesetas. Suman 6.126.000.000 pesetas. En total, respecto de una subvención para reestructurar personal aprobada en el año 1995 de 2.460.000.000 pesetas, se pretende pasar con este proyecto de ley a 6.126,8 millones de pesetas. Este concepto -lo decimos clara y rotundamente, para que quede claramente subrayado- de liquidación del contrato-programa no tiene fundamento alguno en los contenidos del contrato-programa.
A continuación, señorías, señor ministro, permítanme que les desglose las obligaciones que vinculan al Estado con la compañía Trasmediterránea en los dos conceptos. Primero, el déficit de explotación y, segundo, las compensaciones a las que tiene derecho por inversiones. Por lo que se refiere al déficit de explotación, parece significativo un resultado como el que se deriva de la explotación de servicios de interés público en las comunicaciones de las rutas Cádiz-Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz-Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife-La Palma, Palma de Mallorca- Barcelona, Valencia-Ibiza, Algeciras-Ceuta o Almería-Nador. Son del orden de 11 rutas de interés público para comunicar con la Península, para el transporte de mercancías y pasajeros desde los puertos peninsulares hasta los puertos insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla. Luego no discutimos el déficit de explotación. Incluso la Intervención general del Estado pone de manifiesto que le resulta muy difícil hacer un seguimiento de todos y cada uno de los contenidos de las partidas que la compañía Trasmediterránea le presenta y por eso cada año le ha venido recortando unos 1.000 millones de pesetas. No entramos, porque no hemos podido, naturalmente, ni es nuestra función como parlamentarios, a hacer un seguimiento exhaustivo y milimétrico de las partidas presentadas. Las queremos creer.
Con respecto a la segunda componente, la de la compensación por inversiones, queremos poner de manifiesto lo siguiente: Señorías, la compensación por inversiones se ha mantenido en los últimos años en cifras ascendentes, sin que aparezca, ni exista, ni se justifique, por qué se pasa de 6.890 millones de pesetas en 1994 a 7.000 millones de pesetas en 1995, 7.261 en 1996 y ahora, en esa liquidación del contrato-programa, 9.482 millones de pesetas, en 1997. En definitiva, entre el primer año al que he hecho referencia, 1994, y el último, 1997, los años 1994, 1995, 1996 y 1997, la compensación por inversiones se multiplica por más de un tercio y el aumento acumulado casi duplica la inversión. Lo más lógico, señorías, sería que, al finalizar el contrato de duración de 20 años, es decir, a finales de 1997, toda la flota y las demás inversiones hubiesen estado totalmente modernizadas. ¿Por qué se produce desde nuestro punto de vista la iniciativa del Gobierno en lo que a compensación por terminación del contrato se refiere? En primer lugar, porque el Gobierno se ha llevado un varapalo, varapalo que le ha dado la Comisión Europea. Y, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario Socialista, en la pasada legislatura, como consecuencia de la fijación de posición ante un real decreto-ley que el Ministerio de Fomento nos trajo para su convalidación en la declaración de rutas de interés público -estoy hablando de los primeros días del mes de diciembre del año 1997-, puso de manifiesto la intención del Gobierno de abrir un concurso público dando 12 días de plazo para la presentación de ofertas, que era un pliego de condiciones elaborado como traje a medida para un solo concursante, la compañía Trasmediterránea, y que lo sacaba como un paquete conjunto en lugar de fraccionar las diferentes rutas, incluyendo en esos 12 días naturales los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, con lo cual eran muy pocos días de plazo. Además, que los contenidos del pliego de condiciones sin duda alguna la Comisión Europea los iba a sancionar y no los iba a aceptar. Esa fue la posición del Grupo Socialista, ya que manteníamos que las ayudas del Estado no eran posibles una vez producida y consolidada la liberalización del transporte marítimo. Y me estoy refiriendo a la liberalización del transporte marítimo de cabotaje en cada uno de los países. Sin embargo, hay que continuar apoyando a la compañía Trasmediterránea. Eso lo tenemos claro, puesto que se trata de una compañía hecha por todos los españoles. Luego entiéndase que la posición del Grupo Socialista es la de defensa del interés de la Compañía Trasmediterránea, todavía de interés público, porque es una compañía de titularidad pública. Cuando se produzca su privatización, tendrá que estar bien equipada para prestar buenos servicios y poder competir con las restantes compañías. La ayuda a la Compañía Trasmediterránease debe prestar con el cumplimiento estricto de la

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normativa comunitaria. El Gobierno no lo hizo y en enero de 1998 adjudicó las 11 rutas de interés público. ¿Y qué ha ocurrido? Que el comisario Kinnock abrió el pertinente expediente, que culminó a mediados de julio pasado con una sanción al Gobierno de España, con la anulación de ese contrato y con la obligación del Gobierno español de aprobar un nuevo mecanismo en los primeros meses del año próximo para cubrir las rutas de interés público, pero abierto a la libre competencia. Por eso el Gobierno trae ahora este crédito extraordinario en concepto de liquidación del contrato-programa.
Señorías, si hoy las Cortes Generales aprueban este proyecto de ley -por la posición que van a tener los grupos parlamentarios y por la mayoría que tiene el grupo que soporta al Gobierno parece que sí-, anunciamos que la Comisión Europea dará un segundo varapalo al Gobierno español y le obligará, porque va a considerar que estas son ayudas de Estado, a efectuar las reconversiones y reconducciones pertinentes. Aeste diputado, que reside en la comunidad canaria, para el que la Compañía Trasmediterránea es la columna vertebral de las comunicaciones marítimas en el Estado español, país esencialmente ribereño, no le produce ninguna satisfacción la posición del Gobierno. Creemos que hay que tener en cuenta las recomendaciones comunitarias y reconducir esta subvención, para que no sea considerada como ayuda de Estado. Me refiero a la segunda componente, que, reitero, es la llamada liquidación del contrato-programa.
Señorías, si el Gobierno materializa el futuro proyecto de privatización de la Compañía Trasmediterránea, las subvenciones que contempla este proyecto de ley que estamos analizando y sobre las que el Grupo Parlamentario Socialista realiza un análisis crítico, no serán en un futuro para mejorar los servicios públicos, sino que se convertirán en beneficios para los futuros dueños de esta empresa, que ya ha anunciado el Gobierno, a través del propio presidente de la compañía y de responsables gubernamentales, que se pondrá inexorablemente en marcha su proceso de privatización, porque así lo marca la normativa comunitaria y la filosofía de liberalización del transporte marítimo, en los primeros meses del año próximo.
Señorías?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Voy terminando, señor presidente.
Los riesgos de sanción al Reino de España por parte de la Unión Europea, en virtud de las denuncias en curso contra las ayudas financieras concedidas por España a la Compañía Trasmediterránea, son ya una realidad. Ya hemos tenido un primer varapalo, ya hemos tenido una primera sanción, que no tengamos una segunda, apoyemos a la Compañía Trasmediterránea, pero con racionalidad.
Señorías, de acuerdo con la información de que dispone la Comisión Europea, la ayuda financiera no puede ser autorizada con arreglo al Tratado, ya que no puede acogerse a ninguna de las exenciones, en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 92 del Tratado. Yo quiero recordarle al señor ministro que este es un tema grave. Aquí tengo un ejemplar de la carta que el comisario Kinnock dirigió al Gobierno español en el año 1997. Naturalmente, obra en poder del Gobierno español. Lean milimétricamente -y con ello termino, señor presidente- lo que dice el comisario Kinnock. No lo haré yo. Si me permite, señor ministro, y le permiten sus compañeros de escaño prestar atención unos segundos a esta intervención -o léalo en el «Diario de Sesiones» futuro-, voy a leer el antepenúltimo párrafo de la carta que el comisario Kinnock dirige al Gobierno español, que dice clara y textualmente que si se mantiene en esta línea, si se incrementan las ayudas de Estado bajo pretexto de finalización del contrato, es de prever que la Comisión Europea -decía en aquel momento-, que aún no ha concluido el expediente de las denuncias que dieron lugar a la carta de 3 de diciembre de 1997, produzca una sanción al Reino de España.
Termino, señor presidente. Estos comentarios que figuran en esa carta del comisario Kinnock al Gobierno español son más graves todavía, porque estábamos a finales de 1997 y todavía no se había producido la resolución que la Comisión Europea acaba de emitir, la sanción que ha impuesto al Gobierno español, obligándole a realizar un nuevo contrato, un nuevo concurso público. No se equivoquen, señorías, porque si aprueban este proyecto de ley van a perjudicar a la Compañía Trasmediterránea. Aprobemos una sola parte de su tramitación, la subvención recogida ?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, ha rebasado el tiempo sobradamente.
Gracias, señor Segura.
Señor ministro. (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno en el día de hoy ante esta Cámara para la concesión de un crédito extraordinario a la Compañía Trasmediterránea, como consecuencia del equilibrio necesario en los gastos de explotación por la prestación del servicio público de comunicaciones marítimas de interés nacional, así como también por la cantidad correspondiente al ajuste necesario como consecuencia de la terminación del contrato regulador hasta este momento en vigor. Lo hacemos así, porque creemos que con ello llevamos a cabo una autorización, la que corresponde al Gobierno,

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para que cumpla con las obligaciones que legalmente tiene contraídas, y para que lo haga en los términos que corresponden; no en los términos que dice el Grupo Parlamentario Popular, ni siquiera que dice el Gobierno, sino en los que manifiestan los máximos órganos de fiscalización del Estado, como son la Intervención General de la Administración y el Tribunal de Cuentas, que claramente han dicho que todo el procedimiento se ha ajustado a derecho y que la cuantía del mismo se corresponde con la que la Compañía Trasmediterránea debe percibir por la gestión de sus servicios.
El Tribunal de Cuentas, en la conclusión sexta del informe fiscalizador que llevó a cabo de oficio, dice textualmente: Se han analizado los criterios y directrices adoptados en relación con las partidas a las que afecta la regulación por fin de contrato incorporada a la última cuenta del Estado rendida por la Sociedad Estatal Trasmediterránea, encontrándolos ajustados a las disposiciones contractuales y legales aplicables a este contrato. Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular lo único que hace es autorizar al Gobierno para que haga lo que tiene que hacer y en la cuantía que corresponde.
Frente a esta posición, el Grupo Socialista presenta una enmienda a la totalidad de devolución, fundada en una serie de argumentos, ninguno de los cuales nos parece de suficiente peso. Dicho sea entre comillas, nos parece que en este caso el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha dado tal atracón de Trasmediterránea que al final los árboles no le han permitido ver el bosque, que con esa querencia que tiene por Trasmediterránea, junto con la compañía Iberia, hoy ha volado más por los aires que anclarse con algún argumento sólido a la mar por la que surca, por la que navega la Compañía Trasmediterránea.
En primer lugar, decía el portavoz socialista que uno de los argumentos de peso es que estamos ante una compensación encubierta de alguna manera a la Compañía Trasmediterránea porque se ha hecho coincidir el término del contrato exactamente con el que marcaba la ley. Por tanto, la prórroga era sólo en el caso de que no se llevara a cabo la condición prevista en el contrato regulador que el Consejo de Ministros, en el año 1995, puso sobre la mesa. Por consiguiente, lo que ha hecho el contrato es llegar a su término. No se trata de ningún tipo de subvención, no se trata de ningún tipo de compensación, sino simple y llanamente de cumplir también en este caso el contrato regulador que hablaba de la necesidad de que el equilibrio económico-financiero por la prestación de estos servicios públicos se hiciera con cargo a las aportaciones del Estado.
Para ello se estableció esta cuenta del Estado, que al finalizar el contrato, lógicamente, hay que liquidar. Esta liquidación es la que se ha producido con arreglo a derecho, tal como nos han dicho tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención General de la Administración del Estado. También utiliza como argumento una serie de criterios de la Intervención que nosotros no hemos conocido y que no nos parece que tengan nada que ver con el asunto que tratamos. En este caso, el criterio de la Intervención es el que es, el que ha explicitado respecto a este tema, que no es otro -como vengo repitiendo a lo largo de toda la intervención- que todo el proceso se ha hecho con arreglo a derecho y en la cuantía correspondiente a los ajustes que ha llevado a cabo precisamente la propia Intervención.
Por último, convertido de alguna manera en portavoz virtual de la Comisión Europea, nos amenaza con que sobre el Gobierno van a caer todo tipo de males como consecuencia de esta decisión. Sin duda, al portavoz socialista, que conoce bien los asuntos de Trasmediterránea, se le ha olvidado algo fundamental en este tema, y es que el contrato que actualmente liga a Trasmediterránea con el servicio público del que estamos tratando fue adjudicado como consecuencia de un concurso, y que nada tiene que ver este contrato con el que hubo hasta el año 1997. Por tanto, esto es mezclar churras con merinas. No sólo el contrato sigue en vigor, Trasmediterránea sigue prestando el servicio y no ha habido ningún tipo de anulación por la Unión Europea, sino que se ha indicado al Gobierno que este contrato tendrá valor hasta el año 2001, y que a partir de ese momento se podrá realizar de nuevo el concurso, si bien no de forma conjunta.
Por tanto, señorías, nos parece que ninguno de los argumentos que ha expresado el portavoz socialista hoy, desde esta tribuna, son de suficiente peso como para devolver al Gobierno este proyecto de ley.
Al no haber argumentos, nos parece que estamos situados más bien en el terreno de los caprichos, y frente a los caprichos del Grupo Socialista, el Grupo Popular se atiene a los criterios de rigor puestos de manifiesto por los órganos fiscalizadores del Estado. En consecuencia, como he anunciado previamente, vamos a votar favorablemente el proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Souvirón. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la enmienda a la totalidad del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560 millones 625.000 pesetas, para compensar el déficit de la «Compañía Trasmediterránea S.A.», correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 113; en contra, 166; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de totalidad.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 9/2000, DE 6 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. (Número de expediente 130/000008.)

La señora PRESIDENTA: Punto 40 del orden del día, convalidación o derogación del Real Decretoley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como indica el preámbulo de este real decreto-ley, uno de los principios básicos que deben informar toda política ambiental es el de la prevención. El instrumento preventivo por excelencia es la valoración de impacto ambiental al permitir integrar en el medio ambiente la programación y ejecución de los proyectos de mayor importancia económica y social, dando, en consecuencia, cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea, según el cual las exigencias de la protección del medio ambiente deben incluirse en la definición y en la realización de las demás políticas y acciones comunitarias, con el objeto de fomentar el desarrollo sostenido.
Esta integración entre el medio ambiente y el resto de la actividad económica no debe entenderse en ningún caso como una restricción, como un límite al desarrollo, como un coste social que hay que asumir, sino todo lo contrario, el medio ambiente debe ser el soporte de nuestra actividad y un elemento generador de riqueza y de vida. El medio ambiente, gestionado de forma sostenible, alcanzando el equilibrio entre su aprovechamiento y conservación, constituye sin duda un valor añadido, en definitiva, una ventaja competitiva, cumpliendo no sólo una finalidad ambiental sino incluso, desde el punto de vista económico, un importante papel como impulsor de la modernización de las actividades industriales, agrícolas y de servicios, aumentando su productividad y competitividad, y con ello los beneficios para el medio ambiente y para la sociedad en su conjunto.
En este marco de inequívoca voluntad de aplicación de las medidas ambientales, quiero apuntar también mi compromiso con el cumplimiento estricto y riguroso de los acuerdos que España firma a nivel internacional.
Algunas normas europeas, por razones perfectamente comprensibles, habían tenido un retraso importante en su trasposición, y hoy esta Cámara estudia la convalidación de la trasposición de la directiva de impacto ambiental, que justamente era una de las normas pendientes de aplicar en nuestro derecho interno.
Con este objeto, la principal finalidad de este Real Decreto-ley de evaluación de impacto ambiental, es dar cumplimiento a las exigencias establecidas en esta normativa comunitaria sobre esta materia y, en particular, incorporar plenamente a nuestro derecho interno la Directiva 85/337, de la Comunidad Europea, regulando la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del denominado anexo II. Todas estas razones aconsejan tramitar la presente reforma legal por la vía del real decreto-ley.
Tras esta introducción, debemos indicar que la trasposición de las directivas comunitarias sobre evaluación de impacto ambiental no es una tarea sencilla, pues la normativa sobre esta materia ha sido siempre muy controvertida. A pesar de este antecedente, el Gobierno cree que el real decreto-ley que se presenta en estos momentos a la convalidación de SS.SS. ha alcanzado un grado de consenso muy elevado, tanto con las comunidades autónomas, tras los debates realizados en el seno de la conferencia sectorial de medio ambiente, como con los agentes económicos y sociales afectados, a pesar de que, lógicamente, es muy difícil en un tema de tanta trascendencia, en donde existen opiniones a priori tan divergentes, conseguir una total conformidad de todas las partes con el texto finalmente aprobado.
Posiblemente, este alto grado de consenso en un tema de tanta conflictividad se haya alcanzado al intentar el Gobierno que el real decreto dé cumplimiento adecuado a la principal tarea que tenemos en estos momentos, que es incorporar a nuestro derecho interno las directivas comunitarias sobre la evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de que en un futuro podamos ampliar dicha regulación, sobre todo cuando en el ámbito comunitario estamos en estos momentos negociando, y desde el pasado 30 de marzo ya con una posición común, una nueva directiva europea en este sentido.
En este contexto, y con la indicada finalidad, el real decreto-ley realiza los siguientes cambios en el Real Decreto Legislativo 1302/ 1986: En primer lugar, se modifica el actual anexo del real decreto legislativo, que pasa a ser anexo I en un doble sentido, incluyendo las 21 categorías de proyectos que figuran en el actual anexo I de la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental, tras la modificación realizada por la Directiva 97/11 de la Comunidad, incorporando aquellos proyectos del anexo II de la directiva comunitaria respecto de los cuales se haya considerado posible fijar, con carácter básico, umbrales o criterios objetivos que determinen a priori si el proyecto debe ser o no sometido a evaluación de impacto ambiental.


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En segundo lugar, se regula la evaluación de impacto ambiental respecto a los proyectos del anexo II de la directiva en una doble vía, bien fijando criterios o umbrales objetivos, con lo que el proyecto pasa a formar parte, como indicábamos anteriormente, del nuevo anexo I del real decreto legislativo, que incluye todos aquellos en los cuales es obligatorio realizar esta evaluación cuando se superen los umbrales establecidos para cada tipo de proyecto, o bien obligando a realizar un estudio, caso por caso, para determinar si es o no necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Para dar cobertura jurídica a esta segunda posibilidad, el real decreto-ley establece expresamente en su artículo 1 la obligación de que en todos los proyectos del anexo II de la directiva respecto de los cuales no se han fijado previamente umbrales o criterios objetivos, se sometan o no a evaluación del impacto ambiental, tras un estudio que debe hacerse caso por caso; estudio que dará lugar a una decisión del órgano ambiental que debe ser motivada, al amparo de los criterios de selección recogidos en el nuevo anexo III, y pública, tal como se exige en el artículo 4.4 de la directiva comunitaria en su actual redacción. Para posibilitar este estudio caso por caso, el real decreto-ley, con el alcance exclusivo de su carácter de legislación básica, incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 2, estableciendo la obligación de que para dotar la decisión prevista en el artículo 1.2, el promotor debe presentar al órgano ambiental la documentación acreditativa de las características, ubicación y potencial impacto del proyecto, dejando, pues, para el desarrollo normativo posterior, estatal o autonómico, la regulación de los procedimientos administrativos que, en su caso, se considere oportuno establecer para adoptar la mencionada decisión.


En tercer lugar, de conformidad con los nuevos criterios establecidos en la Directiva 97/11, el texto legal incluye de forma expresa, con carácter de norma básica, en el nuevo segundo párrafo que se incorpora en el apartado 2 del artículo 2, la posibilidad de que el promotor pueda solicitar al órgano ambiental su opinión en cuanto al alcance específico, atendiendo a cada tipo de proyecto del estudio de impacto ambiental.
El real decreto-ley modifica el apartado 1 del artículo 6 del real decreto legislativo, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Directiva 97/11, exigiendo que esta evaluación de impacto ambiental de los proyectos que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea se realice conforme a lo que establece el Convenio sobre evaluación de impacto en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo hecho en Finlandia el 25 de febrero de 1991.
Al margen de las modificaciones exigidas por la adaptación comunitaria, el real decreto-ley introduce también algunos otros cambios en la normativa vigente, que vienen motivados principalmente por la necesidad de adaptar su actual regulación a los criterios competenciales establecidos en la jurisprudencia constitucional.


En este sentido, se modifica el artículo 5 del real decreto, si bien se mantiene el principio de que el Ministerio de Medio Ambiente será el órgano ambiental, en el caso de la evaluación de proyectos autorizados o aprobados por la Administración g eneral del Estado y se incluye, de acuerdo con esta jurisprudencia constitucional, un nuevo apartado 3, estableciendo en estos supuestos la obligación de que sea consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.


En el resto de los proyectos, incluidos aquéllos que no están sometidos a autorización administrativa y, por tanto, exclusivamente lo están a licencia municipal, el órgano ambiental será el que determine cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito territorial. Se incluye un segundo párrafo, en el apartado 2 del artículo 1, que permite expresamente establecer a las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias normativas en materia de medio ambiente, criterios o umbrales objetivos en relación con los proyectos del anexo II que deban ejecutarse en el ámbito territorial de dicha comunidad, lo que permitirá determinar a priori cuándo dichos proyectos deben o no someterse a evaluación de impacto ambiental, haciendo innecesario, en este supuesto, el estudio caso por caso.
Se introduce una nueva disposición adicional tercera que reconoce la necesidad de regular un procedimiento específico para aquellos proyectos de titularidad estatal que no estando sujetos a evaluación, de acuerdo con lo previsto en el real decreto legislativo, deban someterse al mismo como consecuencia de exigirlo, en ejercicio de su competencia para aprobar normas adicionales de protección, la legislación de las comunidades autónomas en donde deba ejecutarse el proyecto.
A solicitud de diversas comunidades autónomas, el real decreto legislativo deja en manos de dichas comunidades la posibilidad de que regulen respecto de los proyectos de su competencia, de forma diferente a la prevista en la normativa básica, la resolución de conflictos entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo o la determinación del órgano que debe realizar las tareas de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto.
La disposición transitoria establece un criterio claro para determinar cuándo resulta de aplicación la nueva normativa, no sujetándose a la misma los proyectos privados que a su entrada en vigor se encuentren en trámite de autorización administrativa. En relación a los proyectos de titularidad pública, se establece un doble criterio, en función de que en el procedimiento administrativo de aprobación esté previsto o no un trámitede información pública. En el primer supuesto lo previsto

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en el real decreto sólo se aplicará si no se ha cumplido todavía dicho trámite, en el segundo caso no se aplicará a los proyectos aprobados.
Quisiera destacar dos aspectos muy importantes del texto que se somete a su consideración. En primer lugar, el extraordinario alcance de la modificación que estamos llevando a cabo. Basta echar una simple mirada a los nuevos anexos I y II del real decreto para darse cuenta de la importancia que supone para el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales tener la garantía de que prácticamente todos los proyectos que van a tener un mínimo de importancia económica y social van a ser analizados desde el punto de vista ambiental, estudiándose los impactos negativos y sus posibles correcciones y compensaciones.
En este sentido, de las actuales 12 categorías de proyectos incluidos en el derogado anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986 que se sometían con anterioridad a la presente reforma a esta evaluación de impacto ambiental pasamos, tras la modificación que supone este real decreto, a 115 categorías de proyectos respecto de los cuales, bien mediante una evaluación obligatoria o mediante un estudio caso por caso, se debe considerar, previamente a su realización o ejecución, si el mismo tiene o no efectos ambientales significativos. Este trascendental e importante esfuerzo no es sino una consecuencia, como decíamos al principio, de la necesidad de incorporar la política de protección ambiental a la ejecución del resto de las políticas públicas, e igualmente a la política empresarial general, con la consiguiente necesidad de modificar los códigos de comportamiento y los sistemas de gestión empresarial que deben adaptarse a las nuevas exigencias que el respeto al medio ambiente demanda.
En segundo lugar, el carácter básico de la normativa que estamos modificando. Como SS.SS. conocen, de acuerdo con nuestra Constitución y los estatutos de autonomía, la competencia en el plano legislativo en materia de medio ambiente es compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, correspondiendo al primero la legislación básica, y a las comunidades autónomas adaptar el desarrollo legislativo en el marco de la legislación básica del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de dictar normas adicionales de protección. En consecuencia, cualquier modificación del régimen legal vigente en materia de evaluación de impacto ambiental debe tener presente que el objetivo de dicha disposición debe ser exclusivamente el establecimiento de una norma de carácter básico que permita ser desarrollada, fijando incluso normas adicionales de protección por las comunidades autónomas, sin poder incluir dentro de este carácter básico procedimientos administrativos específicos, pues en esta materia el Estado sólo tiene competencias para regular el procedimiento administrativo común. Por dicha razón, tratando de buscar el justo equilibrio entre criterios a veces divergentes, el real decreto-ley que se somete a convalidación es extremadamente respetuoso con las competencias autonómicas, limitándose, como hemos indicado anteriormente, a regular aquellos aspectos que se han considerado básicos en la normativa sobre la evaluación de impacto ambiental y dejando, por tanto, una importante capacidad normativa a las comunidades autónomas para que, en ejercicio de sus competencias, puedan, no sólo desarrollar dicha normativa, sino establecer normas adicionales de protección si, como consecuencia de sus propias peculiaridades ambientales, territoriales, geográficas o sociales, así lo consideran oportuno.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra de la convalidación del real decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidente.


Para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto de la convalidación de este real decreto. La lectura del mismo, y sobre todo la forma en que se introdujo en el orden del día de esta sesión, nos produce cierta sorpresa y nos hace albergar ciertos temores de cara al futuro, no sólo porque se abuse de la figura del decreto-ley, abuso del que en la última sesión del anterior período de sesiones de esta legislatura ya tuvimos cumplida prueba cuando hubo que convalidar en un solo día nueve sin que en el resto de ese período de sesiones se sometiese a consideración de la Cámara ningún proyecto de ley por parte del Gobierno. Después, por su inclusión extemporánea en el orden del día, que podríamos denominar causante de indefensión, porque se dieron menos de 48 horas a los grupos para fijar su posición a favor o en contra respecto de este decreto-ley. Y, por último, porque la urgencia que se alega, y así lo ha hecho notar también el Consejo de Estado, no es una urgencia objetiva, sino subjetiva, que responde a la imprevisión o negligencia del Gobierno.
Subjetiva, porque como también recuerda el Consejo de Estado, la Directiva 97/11 de la Comunidad Europea debía haber sido traspuesta antes del 14 de marzo de 1999, y pasó casi un año y medio. Subjetiva, también, porque no hay otro tipo de razones que justifiquen este retraso ni que a uña de caballo tengamos hoy que aprobar o no la convalidación del decreto-ley.
Sobre el contenido hacemos dos críticas al decretoley. Respecto a la distribución de competencias en materia de medio ambiente, el señor ministro recordó que estamos ante una competencia compartida con la legislación ambiental, pero las competencias de ejecución administrativa de la legislación ambiental deben

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ser autonómicas. Pues bien, este decreto-ley, siguiendo la línea del que pretende reformar y amparándose en una polémica sentencia del Tribunal Constitucional, acoge una solución admisible por parte del Tribunal Constitucional, pero coincidirán conmigo en que no es la más respetuosa del ámbito de competencias autonómicas. Y no lo es porque cuando se trata de la aprobación de un proyecto de obras públicas de competencia estatal, inmediatamente queda arrumbada la competencia ambiental autonómica para subsumirse esta competencia ambiental dentro de la competencia de la Administración que debe aprobar el responsable de la obra. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Desde este punto de vista, también podríamos recordar otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que no se puede acudir a argumentos tales como la dificultad técnica o la dificultad práctica para justificar vaciamiento de competencias de las comunidades autónomas. Pues bien, esto es justamente lo que se hace en este caso: se acude a eventuales dificultades de articulación técnica entre la competencia ambiental autonómica y la competencia sustantiva estatal para autorizar determinadas obras que se extienden por el territorio de varias comunidades autónomas, para justificar de alguna manera la asunción estatal de esa competencia también ambiental, que es puramente ejecutiva. Es decir, la comunidad autónoma desaparece en beneficio del Estado y también desaparece en detrimento de una adecuada protección del medio ambiente. Porque, y creo que también coincidirán conmigo, se elimina un contraste de pareceres entre la Administración del Estado y la administración autonómica, que en principio es la que tiene competencia ejecutiva en materia de medio ambiente, que no puede sino ser beneficiosa, aunque sólo sea por el equilibrio y el control recíproco de esos dos poderes, para lo que es el objetivo de esta norma que es la protección ambiental. Sin embargo, se cae otra vez en concepciones desarrollistas al primarse la competencia material de autorización de proyectos y obras públicas sobre el ambiental, y se cae también en un deficiente entendimiento de lo que el Estado autonómico supone, ya que esta regulación está trufada, igual que el Real Decreto-ley de 1986, por lo menos en este punto, de una acusada desconfianza, frente a las comunidades autónomas competentes en materia de medio ambiente.
La segunda reticencia que el Bloque Nacionalista Galego tiene respecto de este decreto-ley se refiere a la regulación de su única disposición transitoria. Se establece que para los proyectos privados que estén en tramitación administrativa en el momento de entrar en vigor el real decreto, se seguirá aplicando la normativa anterior.
Respecto a esta regulación transitoria quiero aclarar una cuestión.
El día anterior a la entrada en vigor del real decreto legislativo de junio de 1986, que a través de este real decreto-ley se reforma, se autorizó la construcción de un embalse en un río con muchos valores ambientales, el río Salles, en la comarca de la Costa da Morte en A Coruña. Por supuesto, también el real decreto legislativo no contemplaba ningún tipo de normativa transitoria que impidiese que este proyecto, claramente incompatible por los efectos ambientales que tenía con lo que ya era la normativa comunitaria y con lo que después fue la normativa estatal, de alguna manera tuviese que acomodarse o tuviese que respetar estos condicionantes ambientales.
Espero que en este caso, con esta normativa transitoria y con el retraso en la aprobación de la norma de trasposición, no tengamos también que encontrarnos con proyectos autorizados o ya en trámite de autorización administrativa en este momento y que, sin embargo, por esa negligencia gubernamental, se van a ver de alguna manera absueltos de los criterios y de los condicionantes más exigentes que se contienen en esta norma.
Por estos argumentos, tanto formales como materiales, que afectan a lo que es el contenido de la norma, el Bloque Nacionalista Galego no se va a oponer a la convalidación de este real-decreto, pero sí se va a abstener.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a apoyar la convalidación de este Real Decretoley 9/2000, de evaluación de impacto ambiental. En primer lugar, por una razón de tipo formal en un Estado de derecho, que también justifica la perentoriedad de traer esto por vía de urgencia. La Comisión Europea ya ha hecho dos advertencias muy significativas en la demanda al Gobierno español para que incorpore fundamentalmente lo que es la última Directiva comunitaria 97/11, que ya tenía que haber sido introducida en nuestro derecho positivo, en todo el armazón legislativo de medio ambiente por el Gobierno español. Por tanto, no podemos seguir en esta situación de fuera de juego, de incumplimiento de la normativa básica del Consejo de la Unión Europea. Tenemos que incorporar cuanto antes, de facto, este real decreto-ley, y así no tendremos que ser reprendidos con nuevas demandas por parte de la Comisión Europea.
Debemos tener cuanto antes en nuestro derecho positivo y en nuestra legislación la Directiva 97/11 del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, y nadie nos tendrá que hacer ninguna advertencia de incumplimiento.
En segundo lugar, Coalición Canaria habla desde la experiencia de nuestro territorio insular -y que conoce muy bien el señor ministro por su procedencia también insular balear-, territorio muy frágil por el hecho insular, sometido a una presión especulativa en la cons trucción

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de industrias de servicios, hoteleras, segunda residencia, etcétera, sobre todo las zonas costeras de dos comunidades autónomas como la balear y la canaria, donde esta presión incluso especulativa está haciendo a veces saltar por los aires, en las competencias que tienen otras administraciones, las carencias de impactos ambientales, y ese impacto ambiental si es negativo implica un deterioro irreversible.
Es muy difícil volver a recuperar unos ambientes costeros de medios naturales, donde la especulación sobre el suelo es de las características actuales; son procesos degradativos irreversibles, que afectan no solamente a ecosistemas, sino también a la propia armonía del territorio en el cual tiene que estar integrada la habitabilidad por parte de los ciudadanos.
Este real decreto-ley no viene a hacer otra cosa que lo que he dicho, introducir todas las exigencias del artículo 2, ya con el imperativo de la exigencia de un estudio de impacto ambiental en la evaluación sobre esta materia. También viene a garantizar, desde nuestro punto de vista -haciéndolo posible las comisiones sectoriales de medio ambiente de la competencia del Ministerio que regenta el señor ministro-, que a través de ese diálogo entre la Administración central y la autonómica se subsane cualquier posible dificultad en la aplicación de proyectos de actuación estatal, dado que, por sus estatutos de autonomía -estoy hablando de una comunidad autónoma como la canaria y como otras-, las competencias medioambientales están radicadas en ellas. Estoy pensando en nuestro territorio insular, donde es el Estado el que hace un aeropuerto y debe hacer una consulta previa a la comunidad autónoma; también la comunidad autónoma, en sus competencias de proyectos infraestructurales o de cualquier tipo de industria o de ubicación, tendrá que exigir a los promotores el estudio de repercusión medioambiental.
Creemos que supone un avance muy positivo que por fin se hayan definido, en los anejos I, II y III, todo tipo de intervenciones y actuaciones calificadas, porque es un principio de seguridad jurídica. Ante la iniciativa privada, la Administración central del Estado, la Administración autonómica o municipal no pueden mantenerse con una especie de teoría filosófica del medio ambiente, sin decir al promotor qué puede hacer, cómo lo debe hacer, qué debe hacer, qué cosas nopuede hacer o qué cosas tienen que ser corregidas, dirigidas y rectificadas de acuerdo con la normativa 11/97, del Consejo de Europa. Este avance es muy significativo y creemos que va a dar al promotor una seguridad jurídica, ya que sabrá qué tipo de proyectos puede emprender.
En el anexo I, proyectos de infraestructuras, en el grupo 7, se habla de autopistas y autovías. Nuestra comunidad se encuentra en este momento con un plan concertado entre la Administración del Estado y la Administración autonómica, el Plan canario de carreteras. Es imprescindible definir las actuaciones sobre el medio ambiente porque el impacto ambiental está provocando que movimientos ecologistas estén tomando la opinión pública de manera agresiva, pero todos estamos hablando solamente de principios filosóficos sin exigencias tecnológicas. El grupo 8 trata de los proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, cuando el propio ministro ya ha presentado a los grupos el proyecto del Plan hidrológico, que tendría que armonizarse con esta normativa para que los proyectos de infraestructuras de ingeniería hidráulica y de gestión del agua estén en sintonía con la directiva comunitaria.
El anexo II viene a significar lo mismo cuando hablamos, en el grupo 6, de proyectos de infraestructura de los complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas. Las licencias municipales son un fenómeno que se produce todos los días en las comunidades balear y canaria, por poner unos ejemplos de territorio frágil. Tenemos que ordenar y normalizar esto, dar seguridad jurídica y criterio a la administración que tenga que dar concesiones, licencias o autorizaciones por esa vía.
Respecto al anexo número III, creemos que constituye un avance significativo en cuanto a la ubicación de los proyectos, porque es una cosa que estaba indeterminada en la legislación actual, en el Real Decreto legislativo del año 1986, donde no había una determinación de ubicación de los proyectos. El proyecto se ubicaba territorialmente en una especie de mapa, con una geografía indeterminada, donde no había una previa calificación. Por esta sensibilidad medioambiental que afortunadamente está calando en nuestras conciencias ciudadana, urbana y social, es bueno que se exija en este momento la ubicación de los proyectos y el uso de suelo para que no haya especulaciones, que se defina lo que son humedales, zonas costeras, áreas de montaña y de bosque, reservas naturales y parques. Cuando vemos aquí la referencia segunda, de zonas costeras, es obvio que tenemos un argumento más para apoyar la convalidación de este real decreto-ley por un principio de seguridad jurídica, de normativa, y de concordancia en el marco internacional al que pertenecemos, que es la Unión Europea. Basta ya de recibir amonestaciones por incumplimiento.
Señor presidente, esta es la razón que nos mueve a votar positivamente la convalidación de este real decreto- ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida reconoce que el real decreto que ustedes han aprobado es un avance en cuanto a la inclusión

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de nuevas obras de infraestructura o de nuevas actuaciones a las que se va a exigir la evaluación de impacto ambiental en el territorio español, pero nuestro grupo parlamentario no comparte el método que ustedes están utilizando a la hora de aprobar iniciativas de esas características. Si la Comisión Europea les puede poner a ustedes una sanción por no haber traspuesto la directiva, tenemos que recordar que la directiva está aprobada hace muchísimo tiempo y que el plazo para su trasposición venció el 14 de marzo de 1999. En el Ministerio ha habido anteproyectos y borradores de evaluación de impacto ambiental suficientes como para que se hubiera podido traer una ley que hubiera sido debatida en condiciones y aprobada por esta Cámara.
Los reales decretosleyes merman la capacidad de participación de la sociedad y, fundamentalmente, de este Parlamento. Nosotros no podemos enmendar este real decreto-ley si no se tramita como proyecto de ley.
Señorías, debe tramitarse como proyecto de ley, y aprovecho para decir que mi grupo parlamentario solicita que así se haga.
Han tenido cuatro años de gobierno para poder traer a esta Cámara un proyecto de ley y no lo hicieron, fundamentalmente porque ustedes tenían problemas dentro del propio Ministerio y tenían departamentos enfrentados a las declaraciones de evaluación de impacto ambiental.
Pero eso no es responsabilidad de esta Cámara, es responsabilidad, en todo caso, del Gobierno del Partido Popular, que no supo, en su momento, hacer lo que le correspondía hacer, que era asumir la responsabilidad de trasponer una directiva. Estamos convencidos de que hubiera sido mucho mejor presentar un proyecto de ley para que hubiera sido dialogado, consensuado a ser posible, y desde luego debatido. Mi grupo parlamentario no comparte esta forma de gobernar, que no permite a esta Cámara trabajar como corresponde ni permite la participación social de los sectores que también deberían estar trabajando en este tipo de leyes.
El señor ministro ha hablado aquí de gestión sostenible del medio ambiente (nuestro grupo comparte la necesidad de que esta gestión se lleve a la práctica), pero eso no es lo que el real decreto plantea.
Nosotros reconocemos que hay un avance importante en cuanto a la trasposición de la directiva, pero permítannos que dudemos que sea por voluntad del Gobierno, sino más bien porque las directivas europeas les están obligando a ustedes a llevarlo a cabo. Mi grupo parlamentario hace tiempo que está planteando (ya lo hizo en la legislatura pasada, en diferentes comparecencias de altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente) qué es lo necesario a la hora de hablar de una evaluación de impacto ambiental. Primero, tener claro que no se va a convertir en un mero trámite administrativo, como está sucediendo realmente en estos momentos, sino que las declaraciones de evaluación de impacto ambiental van a servir, en todo caso, para corregir aquellos proyectos que más impacto están suponiendo para nuestro entorno, y que fundamentalmente están siendo llevados a cabo por la propia Administración, ya sea por el Ministerio de Medio Ambiente o por los demás ministerios. Creemos que no se puede dejar al arbitrio de la Administración el decidir si determinados proyectos deben tener evaluación de impacto ambiental o no.
En el anexo II, que es el objeto de esta posible discrecionalidad por parte de la administración ambiental, se plantean actuaciones tan importantes para el medio ambiente y en los que sería tan necesaria la evaluación de impacto ambiental como, por ejemplo (en el grupo 2, industria extractiva), las perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares. Sea cual sea la capacidad que tenga la instalación de este tipo de perforaciones, deberían tener la obligación de contar con una evaluación de impacto ambiental. Y podríamos poner otros muchos ejemplos. ¿Por qué las instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente que tengan una longitud superior a tres kilómetros no tienen que estar incluidas en el anexo I y pueden ser objeto de la discrecionalidad de la Administración a la hora de plantear si necesitan o no la evaluación de impacto ambiental? Lo mismo ocurre respecto a cualquier otro tipo de obra de infraestructura hidráulica, ya que será la Administración la que establecerá la necesidad o no de dicha evaluación en función de la capacidad de la obra, de los trasvases o, sencillamente, de cualquier otra conducción que se pueda llevar a la práctica. Nos parece que es totalmente imprescindible, por ponerles dos ejemplos más de declaración necesaria de impacto ambiental y no dejarlo a la discrecionalidad de la Administración, que se incluya cualquier tipo de pista de esquí, remonte, construcción asociada, parques temáticos o los campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas. No se entiende que, además de las que figuran en el anexo II, no hayan sido incluidas en la obligatoriedad de la declaración de impacto ambiental otras específicas.
Hay otra cosa que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Creemos que es necesario que el real decreto-ley contenga también los planes y programas que se tienen que hacer desde las diferentes administraciones con una evaluación de impacto ambiental, porque no se pueden hacer exclusivamente para las obras de infraestructuras; hay planes y programas que tienen impacto ambiental y deberían estar incluidos en la obligatoriedad de esa declaración. No lo podemos dejar pendiente de que, en un futuro -nos parece muy bien, esperemos que no sea excesivamente lejano-, haya ya una propuesta y se esté tramitando una nueva directiva donde se puedan incluir los planes y programas. En nuestro país en estos momentos había posibilidades de haber incluido ya, por no tener traspuesta la directiva, esta evaluación de impacto ambiental de los planes y programas de las diferentes administraciones públicas, porque todo lo que lleva un determinado desarrollo, ya sea económico, de infraestructuras o social, puede generar, y en la mayoría de las ocasiones lo genera, grandes

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impactos ambientales que debemos evaluar y que debencorregirse. Por tanto, al trasponer esta norma se podía haber aprovechado la ocasión para no quedarnos sólo en aquello que nos demanda la directiva europea; teníamos que haber sido un poco más audaces, haber ido un poco más allá y haber mejorado, entre otras cosas, la declaración o la evaluación de impacto ambiental.
No voy a repetir argumentos que ya se han dicho en otras ocasiones.
Este real decreto no tiene una urgencia real que nos lleve a tenerlo que convalidar, porque lo que en realidad estamos haciendo es paliar una negligencia, y por nuestra parte consideramos que una irresponsabilidad de la propia Administración, por no haber traspuesto la directiva a tiempo. Mi grupo parlamentario, reconociendo que es un avance y precisamente por eso, no va a votar en contra de la convalidación del real decreto, pero tampoco puede votar a favor. Por tanto, señorías, nos abstendremos y desde luego seguimos reclamando que se tramite como un proyecto de ley y que podamos participar no solamente el Parlamento sino también otros sectores de la sociedad en la modificación de este real decreto para que pueda mejorarse y ampliarse.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, con la convalidación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, que el Gobierno ha enviado a esta Cámara, se va a proceder a trasponer al ordenamiento jurídico español la actual directiva comunitaria en esta materia, en concreto la Directiva 97/11 de la Comunidad Europea. Debemos congratularnos, pues, en primera instancia, de que el Gobierno haya hecho realidad esta trasposición, pues creemos que se mantienen todavía algunos incumplimientos en lo concerniente a la trasposición de normativa comunitaria en materia de medio ambiente al ordenamiento jurídico español, situación que debería subsanarse lo antes posible. Dicho esto, aunque en la exposición de motivos del real decreto-ley se justifica la utilización de este trámite excepcional, creemos que existen elementos suficientes para cuestionar o al menos para poner en duda la virtualidad de este procedimiento, de la misma manera que se han pronunciado anteriores portavoces de otros grupos parlamentarios. Lo creemos sencillamente porque nos encontramos ante la trasposición de una normativa del año 1997 que, como se ha dicho anteriormente, debería haberse hecho efectiva antes del 14 de marzo del año pasado.
En este sentido, el Gobierno, y en concreto del Reino de España, ha tenido que ser objeto de dos demandas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como se reconoce en la exposición de motivos del real decreto- ley. En otro orden de cosas, celebramos que el Gobierno, según la información de que disponemos, haya decidido en última instancia promover la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley ante esta Cámara, con lo que los diferentes grupos parlamentarios vamos a tener la oportunidad de presentar, defender y votar en su caso las enmiendas que se consideren adecuadas al objeto de intentar mejorar su contenido y su alcance.
Dicho esto, consideramos que el real decreto-ley que nos ocupa tiene una importancia notable por diversas razones, a las cuales se han referido anteriormente tanto el señor ministro como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en primer lugar, porque homologa nuestra normativa sobre evaluación de impacto ambiental con el resto de los países de la Unión Europea sobre la base de criterios más preventivos y exigentes con relación a la normativa anterior; en segundo lugar, porque gracias a esta nueva norma se profundizará en dos líneas básicas de actuación en las que se fundamentan las nuevas tendencias medioambientales, que son, por un lado, la de intervenir con anterioridad a la producción de daños ecológicos y, por otro, la de hacerlo horizontalmente en lo que se refiere a la definición y realización de las diferentes políticas medioambientales y sectoriales del Gobierno al objeto de fomentar el desarrollo sostenible; en tercer y último lugar, porque este real decreto-ley, más allá de las consideraciones de orden autonómico o de ámbito competencial, a las que me referiré a continuación, debería actuar como dique de contención de los efectos perniciosos sobre el medio ambiente que provocan muchos proyectos de obras e infraestructuras, hasta el día de hoy exentos de declaración de impacto ambiental.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la hora de fijar su posición al respecto, quiere poner el acento en una cuestión básica para nosotros y para todos los que ejercemos la tan citada lealtad constitucional. En ese sentido y más allá de cuestiones técnicas y sectoriales, que se discutieron en su día en el seno de la conferencia intersectorial en el ámbito de las autonomías y a la que asistieron autoridades autonómicas competentes en la materia, nuestro grupo no puede estar de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del real decreto-ley ni con la disposición transitoria tercera. Una vez más, y según nuestro criterio político y jurídico, que en este caso es discrepante con el del Gobierno central, muestran una tendencia excesiva a utilizar los mecanismos de incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria para recuperar competencias que ostentan las comunidades autónomas. En concreto, el artículo 5 determina que el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración general del Estado.
Aunque en su apartado 3 se establezca que la

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Administración general del Estado deberá consultar preceptivamente al órgano ambiental de la comunidad autónoma cuando el proyecto se ubique en el territorio de la misma, nuestro grupo parlamentario valora la pretensión del Gobierno como una laminación, digamos, de las prerrogativas políticas del Gobierno autónomo, en este caso de la Generalitat de Cataluña y de sudepartamento de Medio Ambiente, como autoridad competente en materia de declaración de impacto ambiental, así como del resto de gobiernos autonómicos con competencias en esta materia. Asimismo cuestionamos la oportunidad y el contenido de la disposición final tercera al establecer que el real decreto-ley de referencia tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente. Nuestro grupo parlamentario ha reiterado en numerosas ocasiones, en ésta y anteriores legislaturas, su preocupación por la excesiva facilidad con la que el Gobierno -ya sea el actual o cualquiera de los anteriores- otorga la consideración de básicas a normativas que, según nuestro criterio, no deberían tener tal carácter, en la línea de la lógica autonómica consagrada por la Constitución y también a tenor de algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
En definitiva, la postura contraria de nuestro grupo parlamentario a la aprobación de este real decreto-ley en su literalidad -en los términos en los que se nos ha presentado a los grupos parlamentarios- se basa en una discrepancia puntual con relación al ámbito competencial y, por tanto, con relación a la potestad de la declaración de impacto ambiental por parte de los órganos ambientales competentes de las comunidades autónomas. Me permitirán que además me reitere en un aspecto que he citado anteriormente y que, como mínimo, nos genera ciertas reservas, aunque no por ello vayamos a oponernos a la convalidación de este real decreto-ley. Me refiero a la situación de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica la utilización de la figura del real decreto-ley, aspecto al que se han referido anteriores portavoces. Creemos que debe existir una conexión clara de sentido o una relación de adecuación entre la situación definida que constituye el supuesto habilitante y las medidas que se adoptan en el real decreto-ley, tal y como establecen las sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982 y 182/1997. Así pues, expresamos nuestras dudas respecto a que en ese supuesto concurra la tal circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que justificaría su aprobación.
Entendemos que la existencia de los procedimientos comunitarios de infracción no deberían constituir aquella extraordinaria y urgente necesidad, porque los procedimientos iniciados por la Comisión Europea ofrecen siempre las oportunidades suficientes a los gobiernos o a los Estados para que pongan fin a la situación irregular que se denuncia, si realmente existe voluntad política para ello. Pero la causa exclusiva, digamos que única, de nuestro desacuerdo en relación con el contenido actual del decreto-ley, que esperamos que sea despejada en el trámite de enmiendas, se basa en que en el supuesto de que se admitiese la existencia de un procedimiento comunitario de infracción por la no incorporación de una directiva, causa de extraordinaria y urgente necesidad, es indiscutible que esta causa solamente justificaría la regulación por el decreto- ley de aquellos aspectos de la directiva que tuvieran que incorporarse. Ello implicaría, por tanto, que los artículos del real decreto-ley que regulan aspectos relativos al ámbito competencial de las comunidades autónomas, en concreto, los artículos 4.2, 5.7 y la disposición adicional tercera, no estarían afectados por aquella causa justificativa y, por tanto, podrían ser inconstitucionales en su caso.
Por todo ello, mi grupo parlamentario, como he dicho anteriormente, es favorable a votar positivamente la convalidación de este real decreto-ley y su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, posibilidad a la que el Gobierno ha accedido, con la esperanza puesta en que durante este trámite puedan solventarse aquellas cuestiones a las que me he referido en nombre de mi grupo parlamentario relacionadas con la potestad de las declaraciones de impacto ambiental y que, por lo tanto, afectan a las competencias que, según nuestro criterio, en esta materia tienen las comunidades autónomas y sus órganos ambientales competentes.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí.
Señora García Hierro.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición respecto a la convalidación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre. Este decreto-ley, como ya se ha dicho, modifica a su vez el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre evaluación de impacto ambiental en determinados proyectos y obras tanto públicas como privadas. En primer lugar, quisiera precisar que este decretoley sobre evaluación de impacto ambiental responde a una exigencia y a una necesidad de armonización de la normativa básica medioambiental de la Unión Europea en los países miembros y también a una exigencia de nuestro grupo parlamentario que en reiteradas ocasiones ha planteado en esta Cámara. Se trata de cumplir con la trasposición de la Directiva 97/11, que tiene por objeto revisar las disposiciones comunitarias y abordar como novedad importante la prevención en su origen de los perjuicios ambientales causados por diferentes proyectos, planes y obras de infraestructura, transportes, agrícolas, etcétera. Además, incorpora la lucha contra la contaminación de manera integral, estableciendo un marco general de control integrado de la contaminación.


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En cuanto a los contenidos de los estudios que deberán incorporarse y la interacción de factores, nos parece muy importante resaltar que el ser humano ocupe el primer lugar, posteriormente la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural.
La aplicación de la directiva de 1985 y del resto de compromisos adoptados, de acuerdo con el convenio sobre evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterizo, ratificado por España el 1 de septiembre de 1997 como consecuencia de la conferencia sectorial de Medio Ambiente, nos obliga a desarrollar una normativa ambiental básica, junto con el resto de los países miembros de la Unión Europea, más acorde con las necesidades humanas y medioambientales, que actúe preventivamente con el cumplimiento del principio de respeto hacia el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos y que incorpore en todas las políticas sectoriales, de manera transversal, criterios ecológicos para hacer posible un desarrollo económico y ambiental sostenible. Como decía, la citada Directiva 97 introduce nuevas disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las normas relativas al procedimiento de evaluación que permita garantizar que la directiva se aplique de manera cada vez más armonizada y eficaz en la Unión Europea; a la vez, la evaluación de los proyectos que estén sujetos a una autorización para su realización deben llevarse a cabo antes de que se haya otorgado dicha autorización. Es decir, hay que prevenir los efectos sobre el medio ambiente antes de conceder o aprobar un plan, proyecto u obra.
Otra novedad importantísima es que amplía la lista de proyectos que tienen o pueden tener repercusiones negativas, que, por tanto, deben someterse a una evaluación sistemática. Cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes que introduce para clarificar las discrepancias surgidas entre los Estados miembros y la Comisión son aquellos proyectos que obligatoriamente deberán someterse a la evaluación de impacto ambiental. Recuérdese como algunos países, entre ellos España, entendieron que podían prescindir de la evaluación acogiéndose o interpretando erróneamente el anexo II de la Directiva 85 y hoy están denunciados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por estas y otras razones se hacía urgente y necesaria la trasposición, máxime si consideramos que estamos fuera de plazo desde marzo de 1999. Si tenemos en cuenta esta obligación de la Directiva 97, posiblemente podamos coincidir, al menos así lo pienso, en que no se trata de ningún brote excepcional de especial sensibilidad o inquietud por parte del Gobierno, permítame que se lo diga, señor ministro, sino que ustedes tenían la obligación de hacer la trasposición antes -el plazo finalizaba en marzo de 1999, como ya se ha dicho- para evitar que la Comisión Europea llevara a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como finalmente ha hecho en el mes de julio de este año. Si se hubiera cumplido el plazo exigido, suficientemente amplio (dos años), no nos encontraríamos en esta situación, en la que previsiblemente seremos sancionados. Dos años es un plazo más que suficiente para no vernos abocados ahora a tener que debatir con carácter urgente y excepcional este decreto-ley. Desde luego, lo que sí queda claro una vez más es que ustedes hacen un uso abusivo de sus facultades como Gobierno para su convalidación y nos traen de nuevo un real decreto-ley, cuando lo razonable, puesto que ha habido tiempo de sobra, es que hubieran traído un proyecto de ley, tal como se señala en el dictamen del Consejo de Estado, que considera que aunque la urgencia pudiera estar sustentada en intentar resolver el litigio pendiente ante el Tribunal de Justicia, no obran en el expediente elementos que avalen la urgencia y la excepcionalidad del real decreto-ley y que habría sido preferible tramitar un proyecto de ley, tal y como figuraba desde su inicio hasta pocos días antes de remitirlo a consulta. Nosotros, claro está, coincidimos con esta apreciación. No vemos que la urgencia venga avalada por ningún argumento jurídico de rigor, ya que si el motivo es intentar evitar una posible sentencia condenatoria por el retraso, es más que probable que eso no suceda -y, créame, nosotros, en beneficio de España, no lo deseamos-.
Llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿cuáles han sido las verdaderas razones para que el Gobierno, finalmente, no haya presentado el proyecto de ley de evaluación ambiental al Parlamento? ¿Hurtar el debate? Probablemente, esa sea una de las causas, pero no la principal. Seguramente el hecho de que la anterior ministra de Medio Ambiente ya tuviera un anteproyecto o, como se ha dicho, varios borradores enviados al Consejo Asesor de Medio Ambiente en diciembre de 1998, que respondía, aunque de una manera restrictiva, al cumplimiento en los plazos de dicha directiva, tenga más que ver con cuál ha sido hasta ahora el comportamiento de otros ministerios, por ejemplo, el de Fomento, incumpliendo la declaración de impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto de Barajas o el estudio informativo de la carretera N-VI, Madrid-Coruña, en la variante de Guadarrama y otros incumplimientos; o quizá tuvieran mucho que ver las declaraciones públicas en prensa y por escrito enviadas a la directora general de Calidad Medioambiental en enero de 1999 por el anterior secretario de Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco, que tildaba de arbitrarias, kafkianas y de que le daban pavor las propuestas que se recogían en el anteproyecto de ley de impacto ambiental. Estas razones seguramente hayan pesado mucho en que ahora no estemos debatiendo un proyecto de ley. Intentan hurtarnos por este procedimiento no sólo el derecho a la crítica sino también, y lo más importante, que con las ideas y propuestas de todos pudiéramos alcanzar un texto consensuado que recogiera otros aspectos que el real decreto-ley no contempla y que a nuestro juicio lo

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hubieran mejorado. Además, estamos hablando de una materia, el medio ambiente, que precisa de una concienciación ciudadana y política constante si queremos contribuir a una mejora de la calidad de vida y a la preservación y conservación del medio.
No obstante lo dicho, nuestra posición va a ser favorable, no al procedimiento -anuncio en este momento, señor presidente, que solicitamos que se tramite como proyecto de ley- pero sí al contenido, porque queremos contribuir a que no se demore ni un solo día más la convalidación de la citada Directiva 97/11. Deseamos que se agilicen los trámites para su posterior desarrollo y cumplimiento.
En ese sentido, echamos en falta algo que se contemplaba en el borrador de la ley de impacto ambiental de la ministra anterior: fijar algún tipo de fianza o régimen sancionador bajo el principio de que quien deteriora paga, que actuara de manera preventiva y cautelar persuadiendo para cumplir estrictamente la norma. Asimismo cabe preguntarse qué previsiones tiene el Ministerio de Medio Ambiente de desarrollar reglamentariamente el real decreto-ley de manera inmediata y cuál va a ser la disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades técnicas y de nuevos puestos de trabajo que estas necesidades demandan.
Finalizo mi intervención, señorías, ratificando que la preocupación y el interés que sobre el medio ambiente tiene mi grupo parlamentario ha sido y es prioritaria. Por ello, una vez más, en un ejercicio de responsabilidad en el que no nos duelen prendas reconocerlo, vamos a apoyar los contenidos del real decreto-ley. Nos gustaría que se tramitara como proyecto de ley para poder mejorarlo, porque hay aspectos, que aquí se han citado, que en ningún caso son cuestiones menores. Se han puesto algunos ejemplos; yo pondré algún otro: la incineración, el tratamiento de residuos peligrosos o de residuos urbanos. También tenemos un plazo para cumplir otra directiva, pero al día de hoy no se han puesto los medios necesarios para que se haga un tratamiento integrado de esos residuos que no pase por el proceso de la incineración, cuyo riesgo todos conocemos. Llama poderosamente la atención que en el grupo 9, entre los proyectos que sí tendrán un informe de impacto obligatorio, se excluyan precisamente todas aquellas incineradoras o plantas de tratamiento que estén por debajo de las 100 toneladas por día. Me pregunto cuál es la intencionalidad, si nos atenemos a la experiencia -por ejemplo en Madrid- y a las graves consecuencias que tiene sobre la calidad de vida del entorno y de los vecinos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora García-Hierro, le ruego vaya concluyendo.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Voy finalizando, señor presidente.
Por todas estas razones nuestra predisposición es positiva y queremos que se apruebe cuanto antes. Creemos que el procedimiento de proyecto de ley tramitado por urgencia ayudará a alcanzar el consenso y el grado de participación necesaria en una materia tan importante como ésta, porque, señor ministro, no creo que sea bueno para el Gobierno, sobre todo para su Ministerio, que se quede solo aprobando una normativa que lo que hace es trasponer de manera cuasi total la Directiva 97/11, de 1997.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora García-Hierro.
Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, el real decreto- ley que hoy estamos debatiendo cumple en opinión del Grupo Popular un triple objetivo. De un lado, traspone correctamente la Directiva 85/ 337 de la Comunidad Europea, relativa a la evaluación de repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en cuya transcripción se habían olvidado algunos proyectos que se considera necesario incluir. En segundo lugar, traspone la Directiva 97/11, que a la vez que aclara algunos conceptos de la anterior, introduce nuevos elementos cuya importancia señalaré a continuación. En tercer lugar, mejora la coordinación con las comunidades autónomas en las evaluaciones de impacto ambiental que correspondan a la Administración general del Estado. Tal vez sea obvio señalar aquí ahora la importancia de la política preventiva en la protección del medio ambiente, pero creo, señorías, que el principio de la prevención es básico en toda política ambiental y que el instrumento de evaluación de impacto ambiental recogido en el nuevo real decreto-ley garantiza que todos los proyectos susceptibles de causar un impacto importante en el medio se estudien y evalúen con criterios ambientales serios y rigurosos.
Tres son los aspectos que en mi opinión conviene destacar del real decreto legislativo. En primer lugar y como aquí se ha dicho, se amplía la lista de proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluyendo una serie de ellos que en su momento no se consideró tuvieran incidencia apreciable en el medio y que hoy se opina que sí la tienen y que es preciso evitarla. Me refiero a temas como repoblaciones forestales, instalaciones de ganadería intensiva, plantas de cogeneración de más de 100 megavatios, parques eólicos con más de 20 aerogeneradores, vertederos de residuos no peligrosos y un largo etcétera cuya inclusión garantiza que dejarán de producirse graves deterioros ambientales. Se incluye también la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental en los planes generales de urbanismo y sus revisiones, aspecto novedoso que no se contempla en la directiva comunitaria y cuyaimportancia creo que es clara.


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En segundo lugar, se establece que el titular del proyecto obligado a realizar la evaluación de impacto ambiental podrá solicitar a la autoridad competente su opinión sobre el alcance específico de dicho informe. Creo, señorías, que este punto permitirá al promotor acortar la tramitación administrativa al presentar un estudio de impacto ambiental que se ajuste en su contenido a lo que se establece en la Administración, evitando así elaborar y tramitar modificaciones y aclaraciones, con lo que el proceso resultará más ágil, algo realmente necesario y por supuesto más eficaz. No setrata de que las obras estén paralizadas durante mucho tiempo, sino de que se realicen con el menor impacto posible y que el procedimiento se agilice.
En tercer lugar, se establece que si bien el Ministerio de Medio Ambiente será el órgano ambiental en el caso de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos autorizados o aprobados por la Administración general del Estado, el órgano ambiental de la comunidad autónoma afectada deberá ser consultado preceptivamente, adaptando así la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998, que aclaró las polémicas surgidas en algunas comunidades autónomas y que establecía la necesidad de una fuerte colaboración entre las administraciones afectadas para permitir su coordinación.
No se incluyen en el real decreto los conceptos nuevos de evaluación estratégica de planes y programas por dos motivos, señorías. En primer lugar, porque se están debatiendo en la Unión Europea y en su día se incorporarán a nuestro cuerpo legislativo y, en segundo lugar, porque en la conferencia sectorial no hubo consenso entre las comunidades autónomas en este punto. Por cierto, es bueno que aclaremos que no hubo consenso porque algunas comunidades se oponían y precisamente las que se oponían no estaban gobernadas por el Partido Popular.
El real decreto incidirá favorablemente, asimismo, en la adaptación de las comunidades autónomas a las prescripciones ambientales cuando soliciten ayudas de fondos comunitarios para la inversión. Señorías, a partir del momento de la aplicación de la norma los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental serán más respetuosos con el medio ambiente y promoverán sin duda tecnologías más punteras. Quiero en este momento indicar que el Ministerio de Medio Ambiente y el Grupo Popular sí quieren diálogo, no quieren hurtar el debate ni quieren hacer un uso abusivo de reales decretos.
Por ello, anuncio a SS.SS. que el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley para poder recibir las aportaciones de todos los grupos. Nuestro grupo parlamentario apuesta por las políticas preventivas, y la evaluación de impacto ambiental es el mayor instrumento para ello. Nuestro grupo votará favorablemente la convalidación del real decreto-ley, porque entendemos que con su aprobación se avanza unpaso más en este largo camino que conduce a la defensa de nuestro entorno y que es prioritario para el Gobierno de José María Aznar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora De Lara. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto- legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 283; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley de referencia.
A continuación, sometemos a votación la tramitación del real decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor; 298.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la tramitación del referido real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 10/2000, DE 6 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO Y DEL TRANSPORTE. (Número de expediente 130/000009.)

La señora PRESIDENTA: Punto 41 del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.) Señorías, con el nivel de murmullo que hay en la Cámara es imposible que el señor ministro presente el real decreto.
Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el motivo de mi comparecencia ante la Cámara es promover la convalidación del Real Decreto- ley 10/2000, en el que se recogen las medidas adoptadas

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por el Gobierno para paliar los efectos de la subida del gasóleo sobre los sectores agrícola, pesquero y de transportes. En un momento en el que nuestra economía está experimentando un elevado y continuado crecimiento, parece lógica la adopción de medidas que vienen a compensar aquellos sectores cuya participación en este crecimiento se ve más afectada y más perjudicada como consecuencia de las subidas recientes del gasóleo.
Quisiera destacar que las medidas que hoy presentamos son fruto del diálogo y de unas intensas negociaciones que el Gobierno ha mantenido con los principales representantes de los sectores agrícola, pesquero y de transportes. Estas son, en buena parte, las medidas demandadas por estos sectores. Son aquellas cuya puesta en marcha urge más, y se verán completadas en las próximas semanas y meses con otras ya acordadas con dichos sectores, que se irán incorporando a través de reales decretos y órdenes ministeriales, así como en otras disposiciones que se concretarán en las variadas mesas de negociación que ahora mismo siguen abiertas con los sectores. Todas estas medidas vienen a paliar los negativos efectos que está teniendo la subida de los hidrocarburos en los ámbitos de actividad económica agrícola, pesquero y de transportes y suponen compensaciones, en buena parte fiscales, que el Gobierno les ofrece y que les permitirá paliar la pérdida de renta que han experimentado por esa causa. Con estas medidas el Gobierno también pretende evitar tensiones sociales que se estuvieron gestando las semanas pasadas y paliar posibles tensiones inflacionistas en el futuro. Junto a estos objetivos, quiero destacar ante la Cámara que las medidas adicionales que se irán incorporando en los próximos meses pretenden sentar las bases para promover la modernización de estos sectores que son estratégicos para la economía y para el desarrollo de la vertebración social de nuestro país.
Debo recordar a la Cámara, en primer lugar, que hemos vivido en estos últimos meses un cambio en los escenarios económicos internacionales como consecuencia de que, desde 1999, el gasóleo de uso agrícola, pesquero y de automoción, al igual que los carburantes para otros usos, viene sufriendo un alza de precios derivada de la subida internacional de la cotización del petróleo que, en poco más de año y medio, ha pasado de 10 dólares a 32, incluso 34 ó 35 dólares que llegó a registrar hace pocos días, a lo que se ha sumado una muy importante devaluación del euro frente al dólar y, en definitiva, de pérdida de valor de la peseta. La conjunción de estos dos factores ha influido negativamente en la formación de precios en nuestro país, de manera que prácticamente la tercera parte del rebrote inflacionista que hemos padecido en estos últimos meses obedece a esa subida internacional del crudo. Esta fuerte elevación del precio de los carburantes está afectando a todas las economías de nuestro entorno y equivale a una transferencia de renta desde nuestro país a los países productores de petróleo. Es, en definitiva, un pago de renta que afecta e involucra a todos los sectores de nuestra economía, porque a todos nos corresponde asumir su coste.
Como ya he tenido ocasiones de explicar ante la Cámara, no es este el primer shock petrolífero de esta naturaleza con el que nos hemos enfrentado en nuestra historia económica reciente. Lo que puedo decir es que esta es la primera vez que podemos enfrentarnos a las consecuencias de ese shock sin grandes temores, sabiendo que tenemos que pagar ineludiblemente la factura que representa el encarecimiento del coste del crudo, pero explicando a la sociedad española que estamos en mejores condiciones objetivas para pagarla de lo que estuvimos en episodios anteriores de crisis de esta naturaleza.Debo decir, pues, que España puede hoy pagar esta factura porque nuestra economía es una economía más desarrollada y, que lejos de ser una economía de estancamiento, sigue progresando y teniendo un fuerte e intenso crecimiento. En estos meses en los que han incidido estos efectos perturbadores del shock petrolífero, nuestro crecimiento económico se ha mantenido alto y sostenido, a la cabeza de la Unión Europea y ese crecimiento -y esto es lo mejor del mismo- se ha traducido en mayores y mejores oportunidades de empleo, de manera que este mismo ejercicio, el año 2000, la economía española habrá sido capaz de crear 500.000 empleos nuevos, con un crecimiento económico del 4 por ciento.
No podemos hablar, pues, de crisis de ningún ámbito. Debemos hablar de dificultades de un entorno internacional que estamos siendo capaces de absorber. Es evidente que estamos en mejores condiciones para afrontar el nuevo coste de la factura energética. Eso es así porque la economía española es hoy una economía más libre, más competitiva de lo que lo fue en el pasado, está mejor preparada para adaptarse a estas condiciones y a estas dificultades, y está siendo capaz de responder a este tipo de adversidades mucho mejor de lo que lo hizo en el pasado. Hoy nuestras empresas están saneadas, en posiciones financieras holgadas y en condiciones objetivas de seguir invirtiendo, de seguir absorbiendo el incremento de costes y, por tanto, de seguir en la senda de la promoción de la creación de empleo y de empleo más estable. Además, hoy tenemos un presupuesto del Estado cercano al equilibrio. Hoy, con este presupuesto, podemos promover el pago solidario de la factura del petróleo que tenemos delante, porque tenemos estos Presupuestos Generales del Estado y presupuestos de la Seguridad Social tendentes al equilibrio, que, en el caso de la Seguridad Social, no es ya un equilibrio sino un significado superávit. Este año -recuerdo a la Cámara- el Gobierno se ha propuesto que el déficit público equivalga al 0,4 por ciento de nuestro producto interior bruto, una cifra que en sí misma es una rebaja muy significativa del objetivo inicialdel 0,8 por ciento. Como tendremos ocasión de

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debatir la próxima semana, el proyecto del Gobierno con los Presupuestos Generales del Estado del año 2001 es conseguir el equilibrio presupuestario. Ya hemos aprendido mucho de las crisis anteriores, y conocemos qué medidas son efectivas para paliar esas crisis y cuáles, por el contrario, lo que hacen es perjudicar todavía más las crisis petroleras, trasladando el peor de sus efectos a los ciudadanos.
Decía hace unos minutos que este shock petrolífero no afecta en exclusiva, ni mucho menos, a España. Es algo que está involucrando a todos los países de nuestro entorno, es algo a lo que el Gobierno de España debe dar respuesta en línea con la opinión mayoritaria y presente de los países, de las autoridades de la Unión Europea. Esa es la línea que nos ha llevado a descartar modificar la imposición sobre hidrocarburos y, en especial, a no modificar los impuestos especiales sobre esos hidrocarburos.
Conocemos cuáles son las iniciativas que han sugerido diferentes grupos políticos también presentes en esta Cámara para amortiguar los efectos de la subida de los precios del petróleo, que es en definitiva ir a la reducción de la fiscalidad sobre el petróleo y sus derivados. Yo debo recordar esta mañana aquí, una vez más, que una iniciativa de esa naturaleza lo que haría es frenar la acomodación de nuestro consumo y del uso del petróleo a una circunstancia objetiva, cual ha sido la de su encarecimiento, que lo que haría es enmascarar una realidad ante los sectores productivos que falsearía esa realidad y el día de mañana tendríamos que hacer frente a consecuencias peores, en términos de aumento de la factura. Sería un empeño inútil por intentar evitar la transferencia de renta disponible que supone el encarecimiento del precio del petróleo, y no serviría más que para incrementar las tensiones inflacionistas por la propia vía de sostenimiento de la presión de la demanda.
Sin duda, el tema de la fiscalidad que grava los productos petrolíferos es objeto de controversia, de opiniones variadas, pero su revisión ha de contemplarse siempre en el marco de un planteamiento de reforma general en España. Lo que es evidente es que este es el peor momento para proceder a su reducción. Cuando una economía se enfrenta simultáneamente a un encarecimiento del petróleo y a una demanda interna que está creciendo a ritmos superiores a los del producto interior bruto, una rebaja impositiva de esta naturaleza lo único que haría sería alimentar precisamente el proceso de tensiones inflacionistas en otro país. De ahí, el rechazo del Gobierno ante esta reivindicación por calificarla de inadecuada e irresponsable. El mensaje que daría lugar de adoptarse sería muy contraproducente, sería un mensaje a productores y petroleras de que pueden seguir subiendo los precios de los petróleos, tanto en origen como en su fase finalista de consumo, porque no importa los precios sino que lo que se puede y se debe hacer por parte del Estado es bajar los impuestos. La prueba la hemos tenido en la reciente subida del precio del gasóleo que de haber adoptado la bajada del impuesto especial sobre hidrocarburos, como determinados grupos políticas nos pedían, ahora nos encontraríamos con que esa bajada del impuesto especial habría sido absorbida por las nuevas elevaciones que lamentablemente se han producido en los últimos días. Por otro lado, la reducción de los impuestos especiales no eliminaría el problema de fondo en el incremento de los precios y, por el contrario, distorsionaría el comportamiento, como decía, tanto de los proveedores, incremento del margen, como de los consumidores, avances de la demanda.
Los impuestos especiales en España -debo recordarlo una vez más- son menores que en la Unión Europea, con lo que prácticamente no hay margen para bajarlos. Aunque nuestra renta per cápita es inferior a la media europea, es decir estamos en una renta per cápita algo superior al 80 por ciento de esa media, tengo que recordar que nuestros impuestos indirectos de esta naturaleza suponen un 74 por ciento de la media de la Unión Europea, por lo que aún están por debajo de nuestro nivel de renta. Asimismo debo recordar que el Gobierno español lleva dos años defendiendo ante la Unión Europea la no subida de estos impuestos específicos, subida que se pretende dentro de los proyectos de armonización de la Unión Europea y que tuvo su última manifestación en el Consejo de Economía y Finanzas, celebrado el pasado lunes, en el que se le volvió a insistir al Gobierno español que era conveniente una subida gradual de estos impuestos para promover la armonización europea, por parte de la mayoría de las delegaciones sentadas en ese Consejo de Ministros de la Unión Europea y de la propia Comisión. La postura del Gobierno español es firme en el sentido de no permitir avances en esa imposición en las circunstancias que estamos viviendo, pero no podemos desconocer la tendencia armonizadora, que está abierta para un futuro.
El Gobierno ha preferido aplicar, desde el comienzo de la crisis del petróleo, una estrategia dirigida a suministrar ayudas para paliar los efectos de la subida del crudo allí donde era más conveniente, allí donde podía perjudicar especialmente a sectores estratégicos económicos, allí donde había más riesgo de que el incremento de los costes pudiera repercutir en un incremento de los precios para el conjunto de los consumidores y, por tanto, alimentar, como decía antes, el proceso de inflación de nuestro país.
La actual subida del petróleo afecta a numerosos sectores de la economía, pero es indudable, señorías, que hay sectores que se ven especialmente perjudicados como consecuencia de su mayor consumo de carburantes, porque es obligado para el desarrollo de su actividad, y de su menor capacidad de trasladar estas subidas a sus precios. Esos son los sectores a los que van dirigidas las medidas incluidas en el presente decreto-ley. El Gobierno, sensible a la realidad de las dificultades producidas por los factores externos, ha

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analizado con las organizaciones más representativas de los sectores especialmente afectados -agrario, pesquero y transportes- la magnitud de su deterioro económico, habiendo alcanzado importantes y muy significados acuerdos con los mismos. Conviene recordar, no obstante, que las medidas acordadas no son sino continuación de otras que ya se han adoptado para compensar la subida del precio del petróleo.
En el año 2000, el Gobierno del Partido Popular no actualizó el impuesto especial sobre hidrocarburos, lo que equivalió a una reducción real del 2 por ciento, y en el año 1997 no se actualizó el impuesto especial de gasolinas con plomo y gasóleos. Asimismo, en los ejercicios 1999 y 2000 se ha compensado a los sectores más afectados por las subidas de hidrocarburos, transportistas y agricultores, mediante una reducción de los módulos de IRPF e IVA. Para el sector de transportes, la rebaja de los módulos del IRPF, en el ejercicio 1999 supuso un ahorro de 6.200 millones de pesetas. En el año 2000, la reducción de los pagos fraccionados del IRPF y de los módulos de IVA representa un ahorro de 7.900 millones de pesetas para los transportistas. Los agricultores se han beneficiado también de una rebaja adicional en los módulos de IRPF de 1999, de 2.500 millones de pesetas. En resumen, estas medidas ya adoptadas suponen un ahorro de 14.100 millones de pesetas para el sector transporte y de 2.500 millones de pesetas para el sector agrícola. Por otra parte, para el año 2000 se ha incrementado la compensación por IVA soportado que perciben los agricultores desde el 4,5 al 5 por ciento. Además de las medidas anteriores, en este momento se está preparando la ampliación de la deducción medioambiental del impuesto sobre sociedades para facilitar la adaptación de la flota de vehículos industriales a la normativa europea.
El real decreto-ley cuya convalidación hoy se propone es, insisto una vez más, consecuencia de los importantes acuerdos a los que se han llegado con los representantes de los sectores, acuerdos alcanzados por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fomento, Trabajo y Seguridad Social y Hacienda. Con estos acuerdos se incorpora toda una serie de medidas que reflejanayudas en forma de modificaciones en el régimen fiscal aplicable, y también, y no menos importante, medidas que profundizan en la liberalización y modernización de estos sectores. La adopción de las medidas, a las que a continuación me referiré, son relativas, por su naturaleza y finalidad, a aquellas situaciones en las que concurre la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización del real decreto- ley; y se trata de medidas ya cerradas en los acuerdos, puesto que era necesaria su inmediata entrada en vigor. Insisto en que las medidas acordadas no se agotan en el presente decreto-ley, ya que otras medidas que fueron objeto de ese acuerdo con los representantes de los sectores afectados se irán incorporando progresivamente a nuestro ordenamiento, a través, como decía al comienzo de mi intervención, de reales decretos y de órdenes ministeriales, aparte de que algunas de ellas se irán aprobando a medida que se vayan concretando en las numerosas mesas de negociación actualmente abiertas y que se están convocando estos días. Antes de entrar en el análisis de cada una de las medidas, quisiera recordar que se trata de medidas flexibles, que parten de una subida del precio de los hidrocarburos que no ha concluido, por lo que su efectividad se prolongará más allá del actual ejercicio, cubriendo también posibles subidas adicionales de los hidrocarburos.
En el ámbito del sector agrario el Gobierno ha entendido que es igualmente importante no sólo el planteamiento de medidas coyunturales compensatorias por el incremento del precio de los carburantes sino el diseño de medidas estructurales, de naturaleza fiscal y de profundización en la liberalización del sector, que permitan a las explotaciones agrícolas y ganaderas tanto su sostenimiento futuro como el incrementar sus cotas de competitividad, apostando así por un sector agrario moderno, capaz de enfrentarse a los retos que se le presentan. Quiero destacar ante la Cámara que el acuerdo ha sido suscrito con las organizaciones más representativas del sector y que las medidas en él contempladas afectan, benefician a un millón de agricultores y ganaderos, siendo el importe estimado de las mismas superior a los 50.000 millones de pesetas. En este real decreto-ley se aprueba, en primer lugar, el aumento de la compensación a tanto alzado que reciben los empresarios acogidos al régimen de la agricultura, ganadería y pesca en el impuesto sobre el valor añadido, habida cuenta del incremento que se ha producido en las cuotas soportadas como consecuencia de la subida del precio de los carburantes. Esta compensación, que hasta ahora se cuantificaba en el 5 por ciento del precio de venta de los productos obtenidos en las explotaciones o de los servicios accesorios incluidos en el régimen, pasa a situarse en el 8 por ciento en el caso de los agricultores y en el 7 por ciento en el caso de los ganaderos, estando motivada la diferencia en el mayor impacto que el alza del precio del petróleo ha supuesto para la actividad agraria en relación con la ganadera. En segundo lugar, se garantiza a las cooperativas agrarias la posibilidad de distribuir gasóleo B a terceros no socios en condiciones de libre competencia, no suponiendo esta medida la pérdida de la condición de especialmente protegidas que estas cooperativas tienen en el ámbito del impuesto sobre sociedades.
Por otra parte, en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con las asociaciones del sector figura otra serie de medidas que no están incluidas, obviamente, porque no necesitan para su aplicación del rango de ley, pero que serán incorporadas en sucesivas órdenes ministeriales. Entre éstas, destaco esta mañana la disminución de los módulos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Aumentarán las deducciones hasta un 35 por ciento

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de la factura del gasóleo, a partir del 1 de enero del año 2001, y para el año 2000 el porcentaje de reducción de los módulos se establecerá mediante una orden ministerial, una vez determinado el precio medio del gasóleo vigente durante este año 2000. La segunda medida es el aumento de 5.000 millones en la cantidad destinada a créditos ICO preferenciales para el agricultor, por lo que el montante total destinado al sector ascenderá a 35.000 millones.
Igualmente, y con el ánimo de colaborar y trabajar desde el diálogo en la mejora del sector agrario nacional, se ha acordado la constitución de mesas y comisiones de trabajo para estudiar otras medidas que permitan seguir modernizando el sector. En concreto las mesas y comisiones convocadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca son: la mesa de estudio de desarrollo de biocarburantes, la mesa técnica de reformas fiscales, la comisón de seguimiento de la evolución del precio de los carburantes y, finalmente, la comisión de seguimiento de aplicación de estos acuerdos. En las mesas se contemplarán, entre otras medidas, el establecimiento de incentivos fiscales para el fomento de la agricultura ecológica, para el desarrollo de la investigación y la innovación, y para el fomento del ahorro energético en el sector. Estas medidas son objeto de análisis y de negociación y serán puestas en marcha en el ejercicio 2001.
En el ámbito del sector pesquero el acuerdo se ha firmado con la Federación Nacional de Cofradías y con la Federación Española de Organizaciones Pesqueras, y tiene como objetivo no sólo paliar en la medida de lo posible los efectos causados en el sector por el incremento de los precios de los carburantes, sino también corregir los problemas que tiene el sector de alta tasa de desempleo y precariedad de contratos de trabajo vigentes. Quiero destacar que es un acuerdo suscrito con la mayoría del sector pesquero, armadores y cofradías, y que supone una ayuda al sector por importe de 10.000 millones de pesetas. Se establecen a ese respecto bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y en las de los trabajadores por cuenta ajena y propia o autónomos incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, debidamente graduadas y limitadas en el tiempo para superar esta situación transitoria. Estas bonificaciones no supondrán una disminución de ingresos por cuotas de la Seguridad Social, ya que se ha establecido que estos beneficios se ejecuten con cargo a las respectivas partidas presupuestarias del Instituto Nacional de Empleo, para así favorecer a grupos con especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a los sectores productivos afectados, sin que se produzcan distorsiones en el normal equilibrio financiero de la Seguridad Social. Por tanto, el acuerdo suscrito supone bonificaciones extraordinarias temporales y de carácter coyuntural en las cotizaciones a la Seguridad Social, que van desde el 67 por ciento al 85 por ciento para la flota de bajura y del 50 por ciento para la de altura. Asimismo se establecen créditos blandos al sector por importe de 7.000 millones para mejoras de la flota. Además, se acuerda la constitución de una serie de mesas sectoriales para analizar diferentes temas que afectan al sector, en especial la fiscalidad y los aspectos organizativos.
Otro de los grandes sectores económicos perjudicados notablemente por el alza en el precio del petróleo ha sido sin duda el del transporte por carretera, lo que motivó la consecución de un acuerdo con las asociaciones representativas de transportistas y la adopción de medidas que algunas de ellas ya comenzaron a ser aplicadas, como antes recordaba, en enero de este año. Sin duda el nivel de los precios alcanzados a lo largo del mes de septiembre aconsejó profundizar en las líneas de actuación que ya se habían iniciado en enero y a ensayar otras nuevas que promovieran y aseguraran el nivel de competitividad que debemos salvaguardar para el sector del transporte y, consecuentemente, garantizaran la existencia de un sector empresarial del transporte preparado para hacer frente a los numerosos y variados desafíos del futuro.
Básicamente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas establece la puesta en marcha de medidas de contenido fiscal y de transparencia para el funcionamiento del mercado de transportes. Al igual que con el sector agrario, el real decreto contempla sólo una parte de las medidas que contiene el acuerdo, ya que el resto serán aprobadas mediante las oportunas órdenes ministeriales y a través de la concreción en las negociaciones que en las distintas mesas siguen trabajando.En líneas generales, las medidas que se incluyen en el real decreto-ley son medidas fiscales que modifican la Ley 43/1995, del impuesto sobre sociedades, y la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el ámbito del impuesto sobre sociedades se aprueba el establecimiento de una deducción del 10 por ciento en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades para las inversiones realizadas en sistemas de navegación y localización de vehículos vía satélite que se incorporen a vehículos industriales y comerciales de transporte por carretera, y para las inversiones en plataformas de acceso para personas discapacitadas que se incorporen a vehículos de transporte público por carretera. Asimismo, se reduce de cinco a tres años el plazo de permanencia de los elementos patrimoniales afectos a las deducciones anteriores. En cuanto al IRPF y con la finalidad de facilitar el abandono de la profesión a los transportistas de edad avanzada en el sector del transporte por carretera, se aprueba la exención de las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de ayudas públicas para el abandono de la actividad. Por otra parte, en el acuerdo se contemplan una serie de compromisos en materia fiscal adquiridos por el Gobierno que irán incorporándose mediante realesdecretos u órdenes ministeriales. Entre otros figuran la

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reducción de los módulos aplicables, la disminución de la cuota mínima aplicable al sector en el régimen simplificado del IVA y toda una serie de deducciones en el impuesto sobre sociedades para las inversiones efectuadas en la mejora y modernización de los vehículos.
Por otra parte, y en paralelo al acuerdo con las asociaciones de transportistas, se firmó otro complementario entre éstas, el Ministerio de Fomento y las asociaciones de empresas cargadoras, teniendo por objeto acomodar, por una parte, los precios aplicados a los transportes de mercancías por carretera a las sucesivas elevaciones experimentadas por el precio de los carburantes y avanzar, por otra parte, en criterios de calidad y transparencia en la contratación y realización de dichos servicios.
No quisiera concluir mi intervención sin volver a señalar que este real decreto-ley plasma un conjunto de medidas fiscales, sociales y financieras que, no sólo pretenden paliar una situación coyuntural difícil como pueda ser la derivada del alza del precio del petróleo, sino que aspira a dar un impulso a la modernización de los sectores afectados. Además, se trata de medidas flexibles que arrancan de una subida del precio de los hidrocarburos, cuya efectividad se prolongará más allá del presente ejercicio. Es decir, son medidas con vocación de permanencia que compensarán la subida de costes durante varios ejercicios. Debemos expresar el convencimiento de que la adecuada utilización por parte de agricultores, transportistas y otros colectivos afectados de los contenidos de este real decreto, van a contribuir a que en estos sectores económicos tan importantes para la economía de nuestro país se promuevan avances muy significativos en cuanto a su competitividad y en su contribución a que la economía española sea más moderna y saneada.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. En representación del Bloque Nacionalista Galego, nos gustaría hacer algunos pequeños comentarios al contenido de este decreto-ley para sacar una conclusión final. Los pequeños comentarios son los siguientes.
En relación con las cooperativas agrarias, las modificaciones que se proponen de la Ley de cooperativas, de la Ley del régimen fiscal y de la Ley del sector de hidrocarburos, en cuanto van a posibilitar operaciones con terceros no socios de gasóleo B sin limitaciones, sin que se pierda la condición de especialmente protegidas a las cooperativas, sin el requisito de constituir entidad jurídica propia y sin aplicación del régimen fiscal general, está claro que no conllevará a abaratar los productos de carácter petrolífero. En todo caso, significará mayores ingresos para las cooperativas agrarias si pueden ofertar precios competitivos. Por experiencia sabemos que un mercado en el que está muy controlada la producción y la distribución y hay un ligero margen en la comercialización, pero donde los pequeños no pueden jugar con todas las cartas en su mano, esta medida va a ser de escasa incidencia en el objeto final que proponen las medidas del Gobierno. En segundo lugar, y refiriéndonos también al sector agrícola, forestal y pesquero, el IVA, en la medida en que se aplica al precio final de venta de los productos una compensación a tanto alzado del 8 por ciento en los productos agrícolas o forestales, y del 7 por ciento para los productos ganaderos y pesqueros, sabemos que es inevitable que se añada al precio final y que, por tanto, repercuta en los consumidores. Estos sectores, agrícolas, forestales y pesqueros, pueden ver, por tanto, mermados sus ingresos en el mercado, es decir, en la venta de los productos. En tercer lugar, las medidas que se van a tomar respecto de las bonificaciones en materia de cotización del régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar son elocuentes por sí mismas. Estas cotizaciones de las cuotas devengadas en concreto en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2000, en proporciones del 50 y del 60 por ciento, según se trate de los grupos primero y segundo, o del 85 por ciento para referirse a la modalidad del arrastre, son medidas que están perfectamente limitadas en el tiempo y que además se mantienen en relación con el Instituto Nacional de Empleo. No pensamos que este sea precisamente el organismo que deba hacer frente directamente y en primera instancia a este problema. Está claro que si se quiere seguir manteniendo este tipo de medidas, no sería posible según el modelo que se nos ofrece, a no ser que se intente afectar a la Seguridad Social.
En cuanto al último de los sectores que está directamente afectado por la subida de los productos petrolíferos, el sector del transporte, son deducciones en el impuestos sobre sociedades que tienen que ser correlativas o tienen como condicionante la inversión en concreto en sistemas de navegación y localización de vehículos vía satélite, sean vehículos industriales o comerciales. Esta compensación sería del 10 por ciento de la inversión en el impuesto sobre sociedades, o bien comprando plataformas de acceso para personas discapacitadas o anclajes de fijación de sillas de ruedas en vehículos por carretera, también con una compensación del 10 por ciento. La medida, por tanto, es parcial, no puede afectar a todo el sector. Y la tercera que se propone, de incentivar el abandono del sector, está claro que no es para los que se quedan. Todo esto quiere decir que en conjunto las medidas que contempla el Gobierno no van al fondo de la cuestión de la subida de

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los productos petrolíferos y de su incidencia en la sostenibilidad de los sectores más afectados. No inciden en el precio final de los carburantes, repercutirán algunas de ellas en los consumidores. Están perfectamente delimitadas en el tiempo. Son, por tanto, de una periodicidad estricta y están puramente condicionadas a determinado tipo de comportamientos de carácter inversor. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Son parches y, por tanto, este tipo de medidas no creo que sean sostenibles en el tiempo. Seguimos pendientes de la gran asignatura, que es enfrentar el problema de la subida de los productos petrolíferos con relación a ellos mismos y a quienes son, en definitiva, los principales responsables, dejando aparte los derechos legítimos que tienen los países productores a vivir de ese producto que es perecedero.
Por todo estos motivos, pero con afán de no boicotear la acción del Gobierno, vamos a mantener una posición abstencionista.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Tiene la palabra, por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, en primer lugar, porque entendemos que hay que respetar desde esta Cámara lo que ha sido un proceso de pacto de negociación entre la Administración general del Estado por parte del ministro de Hacienda (de los ministerios de Hacienda, de Economía y también de Agricultura) con los representantes del sector, tanto con la parte empresarial como con la parte laboral o social. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Se ha llegado a unos acuerdos que vienen a esta Cámara en la forma del documento preceptivo del real decreto-ley, para su convalidación con el rango pleno de ley. Por tanto, es una armonización y pacificación de la situación de los sectores afectados por el incremento fuertemente alcista de los precios de los combustibles, concretamente de los que están relacionados con el transporte y fundamentalmente con el gasoil, tanto de uso agrícola, pesquero o del transporte. En segundo lugar, porque el Gobierno ha buscado la fórmula de evitar que los sectores productivos de agricultura, pesca y transporte trasladen al consumidor, vía precios o tarifas, los incrementos del combustible, del gasóleo, con la repercusión negativa que eso tendría, pues desbarataría cualquier previsión del Gobierno sobre los índices de inflación. Nos parece una fórmula que entra en la política económica del Gobierno, política que mi grupo apoya, pues evita mecanismos inflacionistas que desvirtuarían los objetivos de convergencia económica que tenemos trazados en España en este momento. Por tanto, buscar una fórmula de financiación de las ayudas que se dan al sector en cuotas de la Seguridad Social para obtener la financiación en la vía que viene a consagrar este real decreto-ley y no calentar los presupuestos de la Seguridad Social disminuyéndolos e ir al procedimiento financiero del Instituto Nacional de Empleo, nos parece, señor ministro, una medida correcta, acertada, que evita un conflicto con el índice de precios al consumo, concordante con los objetivos de convergencia económica y financiera de la economía y la hacienda españolas. Por tanto, nos parece perfectamente ortodoxo el recurso de que el Estado pueda dotar posteriormente al Instituto Nacional de Empleo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para esta atención específica. Lo contrario habría supuesto menores beneficios en la Tesorería General de la Seguridad Social -así este organismo no se va a ver afectado- y habría sentado posiblemente un precedente -y en esto estoy de acuerdo con el señor ministro-, por lo que, si se trata de generalizar a otras circunstancias futuras, estaríamos produciendo un daño grave a la Tesorería de la Seguridad Social. Es bueno un principio de respeto y consolidación y que no se produzca ahí ninguna extracción de recursos. Por tanto, para eso está el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, con una corrección que nos parece muy acertada.
Solamente quiero hacer una reflexión al señor ministro sobre las medidas propuestas al sector agrario para que la tenga en cuenta. El artículo 2, que viene a modificar la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido, desde la óptica de mi grupo, Coalición Canaria, no es aplicable en Canarias porque no es área de IVA, no es área del impuesto sobre el valor añadido. En Canarias, hay diferencia de precios en los combustibles, en este caso el gasóleo, respecto de la península y Baleares por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero lo que no ha sido discordante es la elevación porcentual que las empresas distribuidoras de petróleo, que son las mismas en Canarias que en la península y Baleares, han repercutido en los precios. Dado que el real decreto-ley no lo contempla, le pediría al señor ministro que nos dijera cómo se aplican estas ayudas o bonificaciones a cualquiera de los sectores, en este caso el agrario y el que pueda tener el transporte terrestre y marítimo, al ámbito económico-fiscal del archipiélago canario, donde las vías impositivas son distintas al impuesto sobre el valor añadido.
En cuanto a las medidas para el sector del transporte, las deducciones por inversiones en el impuesto sobre sociedades -impuesto común a todo el territorio estatal español, por tanto incluido Canarias-, también nos parece oportuno que se recurra a estas fórmulas de financiación y ayudas por vía del impuesto sobre sociedades, para evitar que el sector de transportes caiga enla tentación inmediata de trasladar al consumidor los

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incrementos de combustible vía tarifas. Entendemos, señor ministro, que aquí se ha hecho una labor prudente e inteligente, dada la estructura tan peculiar que tiene la empresa del transporte por carretera en España, con una base de pirámide muy ancha porque se trata prácticamente de empresas familiares -las empresas con uno o dos camiones casi superan el 90 por ciento-, mientras las empresas con más de 15, 25 ó 50 vehículos pesados de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, son la excepción. El mercado del transporte de mercancías es, por su estructura de atomización familiar, un mercado cautivo de lo que se viene denominando los cargadores. Es decir, las empresas que utilizan a estos transportistas con sus camiones, las grandes empresas de distribución alimentaria y agraria en España, las grandes empresas de automoción, fabricantes de automóviles, de bienes de equipo, etcétera, lo hacen con un contrato fijo. En los momentos en que las grandes empresas firmaron estos contratos con los transportistas pequeños no se tuvo en cuenta. Hoy es rara la gran empresa española de distribución o de automoción que tiene flota propia de vehículos; se han desprendido de ella, ya sea en el transporte marítimo o en el transporte terrestre.
Por tanto, estos transportistas están cautivos de los cargadores y ha sido interesante que se haya llegado a unos acuerdos con ambos, tanto transportistas como cargadores, para solucionar este problema. Los cargadores pueden mejorar su situación, pero quien va a recibir los beneficios de compensación va a ser el transportista, que no es que tuviera voluntad de trasladarlo a las tarifas, sino que era prácticamente imposible por los contratos que tienen firmados.
De estas medidas se deriva una serie de beneficios, dada la situación crítica por el aumento continuado del precio de los combustibles y, por tanto, señora presidenta, mi grupo va a dar su voto favorable a este real decreto-ley que, al menos, viene a paliar los efectos negativos en las rentas de los agricultores, pescadores y transportistas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para expresar en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nuestra postura contraria a la ratificación de este real decreto-ley y, también -si me permite, señor ministro-, para puntualizar alguna parte de su intervención. Señor Montoro, usted ha hablado de diálogo y de acuerdo, pero en realidad lo que ha habido ha sido un diálogo trucado porque, desde el primer momento, el Gobierno marcó las cartas y dijo hasta dónde y por dónde tenía que ir ese diálogo. Y, cuando usted ha hablado de acuerdo, tenía que haber dicho que ha habido un acuerdo incompleto, porque no ha sido firmado por organizaciones muy representativas, quizá las más representativas, del sector agrario; usted no ha señalado que la coordinadora de organizaciones agrarias y campesinas no ha firmado este acuerdo. Tampoco puede decir, como usted ha manifestado, que se han acabado las movilizaciones porque es una realidad (y están convocadas) que continúan y que, por tanto, su acuerdo no ha conseguido esa paz social que usted anunciaba. En ese sentido, usted ha hablado de que los acuerdos satisfacen las demandas de los sectores afectados, pero ha olvidado decir que, en realidad, las demandas eran otras y que afectaban muy directamente a los impuestos especiales de los hidrocarburos. Esas demandas no han sido resueltas.
Otra cosa es que ustedes hayan trucado desde el inicio las cartas de la negociación y, al final, hayan conseguido unos acuerdos, pero no son, ni mucho menos, los que los sectores demandaban. Usted ha dicho, una vez más, que la bajada del impuesto especial fomentaría el consumo. La verdad es que a uno le resulta reiterativo, y a veces difícil, volver a explicarle que eso no es cierto, que ustedes se han subido al carro ecologista tarde y mal, que la bajada de impuestos especiales para sectores profesionales que se plantea no aumentaría el consumo, porque estamos hablando de sectores que tienen que consumir por obligación para poder trabajar. Por tanto, no es así como se combate el aumento de consumo, sino con medidas en los presupuestos. Por cierto, le invito a que mire las partidas presupuestarias que ustedes dedican realmente al fomento de energías alternativas, verá cómo son cantidades ridículas y cómo ustedes no han apostado por fomentar esas energías.
En consecuencia, usted plantea el acuerdo, pero el decreto que aquí nos trae como un avance, nosotros consideramos que es tremendamente insuficiente. Además usted envuelve su intervención en una euforia por la situación económica que puede resultar, incluso, hiriente para algunos sectores de la población española que están viendo cómo el IPC va a subir muy por encima de sus salarios o cómo las hipotecas están subiendo. De hecho, ahí también se va a encontrar usted con que la paz social no existe. Por lo tanto, ya es hora de que ustedes vayan bajando la euforia en relación con la situación económica y se adapten mucho más a la realidad, que es que hoy España sigue sufriendo una situación que no es ni más ni menos que la derivada de dos elementos: uno, internacional -es verdad-, pero también hay otro, que es la incapacidad de su Gobierno para haber asegurado el mantenimiento de los niveles de renta de los sectores que han sido afectados directamente por la crisis de los carburantes. Ustedes siguen empeñados en mantener una situación, pero ya veremos cómo, una vez más, tendrán que venir aquí a rectificar. La realidad es que millones de españoles seguimos sufriendo las consecuencias de una apuesta que

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ustedes han hecho por no molestar a las petroleras y por seguir manteniendo una política que, les repito, ya se ha evidenciado que no va por el buen camino.
Tengo que decirles una vez más -porque usted lo ha vuelto a señalar en su intervención y a estas alturas creo que no quieren enterarse- que no vuelvan a hablar ustedes de que el gasóleo en España es de los más baratos de la Unión Europea. Eso no es cierto, señor Montoro. Le vuelvo a repetir que hay que relacionarlo con el nivel de compra y que sigue siendo el quinto más caro de la Unión Europea. No es el más barato. Cuando ustedes siguen empeñados en mantener ese discurso tenemos que pensar que lo que están intentando una vez más es confundir y que siguen creyendo que los ciudadanos tienen que pagar la factura que su Gobierno no está dispuesto a pagar. Usted no ha mencionado cómo cortar los beneficios de las petroleras. Porque no es verdad, como usted ha dicho, que si no se bajan los impuestos va a parecer que no hay subida de los precios y van a seguir ganando las petroleras. No es verdad. A las petroleras se les puede gravar sus beneficios como hay que gravarlos, porque realmente son las que están haciendo el gran negocio.
Nosotros creemos, señor Montoro, que hay otras medidas, que hay otras posibilidades que ustedes no han querido ni siquiera explorar o experimentar. Ustedes han escogido un camino, que es el que están siguiendo y que nos está llevando a la situación en la que estamos en la actualidad, donde difícilmente las medidas que usted propone van a repercutir en quien tienen que hacerlo, que es en el pequeño o en el mediano campesino, o en el pescador, que son los que en estos momentos difícilmente pueden mantener una situación -no dentro de un año, cuando las medidas fiscales puedan repercutir, sino mañana o la semana que viene-, que ya no pueden aguantar el mantenimiento de sus producciones. Esas medidas que ustedes plantean son insuficientes, no han alcanzado el consenso social que usted ha dicho que han alcanzado y por consiguiente el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar en contra y vamos a seguir reclamando que ustedes modifiquen su política y que reconozcan realmente la necesidad de bajar el impuesto especial de hidrocarburos. Vamos a seguir manteniendo esta postura, esperando que cuando rectifiquen no sea demasiado tarde.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario valora positivamente el contenido del real decreto-ley que hoy es traído a esta Cámara para su convalidación. De hecho no podría ser de otra manera, habida cuenta de que su contenido, las medidas que se articulan a lo largo de su texto, viene a coincidir de manera muy importante con el contenido de la moción que, presentada como consecuencia de interpelación urgente efectuada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Gobierno, tuvo un amplio respaldo de esta Cámara.
Valoramos positivamente las distintas medidas, en concreto la apertura de la operativa que se establece para las cooperativas agrarias, para que puedan vender gasóleo B a terceros no asociados sin limitaciones cuantitativas y sin la limitación de tener que crear una entidad jurídica independiente; la elevación de las compensaciones de a tanto alzada prevista en el artículo 130 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido, elevación hasta el 8 por ciento en el caso de explotaciones agrícolas y forestales y hasta el 7 por ciento en el caso de explotaciones ganaderas y pesqueras; las bonificaciones establecidas en la Seguridad Social para el caso de los trabajadores del mar y las deducciones -y las valoramos positivamente, aunque no estaban previstas o contempladas en el texto concreto de la moción que se aprobó en esta Cámara- en el impuesto sobre sociedades establecidas para determinado tipo de inversiones en el sector de transporte por carretera. Mi grupo, insisto, valora positivamente el contenido de este real decreto-ley.
Sucede también, sin embargo -tenemos que manifestar nuestra posición a este respecto-, que no podemos entender que la problemática ocasionada por la subida del precio del barril de petróleo y la evolución de la cotización del euro respecto del dólar nos obligue, como grupo parlamentario, a seguir vigilantes ante la problemática social que la elevación del precio del crudo pudiera generar en un futuro próximo e inmediato. De hecho, coincidimos plenamente con la intervención del señor ministro al indicar que no podemos considerar que los efectos de estas medidas deban evaluarse sólo a corto plazo, porque en principio la situación de la evolución del precio del crudo no parece en absoluto cerrada. Buena prueba de lo que estoy diciendo la tenemos en la llamativa cotización del euro respecto del dólar -el cierre de ayer se produjo a 0,83 dólares un euro- y en la situación del precio del barril de petróleo, que dista mucho de estar controlada, máxime cuando tiene que llegar todavía la época de frío, que va a incrementar el consumo de los hidrocarburos.
Por ello, mi grupo va a votar positivamente este real decreto-ley, pero pedimos su tramitación como proyecto de ley, para poder avanzar en la prospección de medidas que pudieran servir para atender las situaciones que pudieran producirse y las inquietudes de determinadas asociaciones agrarias particularmente activas en el ámbito territorial de Cataluña que han puesto de manifiesto su descontento ante su contenido concreto. Insisto en que votaremos a favor del real decreto-ley,

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pedimos su tramitación como proyecto de ley para atender las inquietudes de las asociaciones particularmente activas en el ámbito territorial de Cataluña y fundamentalmente para mantener abierta la tramitación parlamentaria de este texto y estar vigilantes ante la posible necesidad de tomar nuevas medidas, si el precio del crudo y la cotización del euro respecto del dólar así lo aconsejan.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, nuestro grupo va a votar en contra de la convalidación de este real decreto que hoy estamos tramitando y en una posición que no tiene nada de suicida, como se atrevió a decir el otro día el señor ministro de Agricultura, sino más bien en coherencia con la necesidad que este decreto no satisface: abordar problemas estructurales que tienen los sectores relacionados con el real decreto.
Este decreto es un mero salir del paso, S.S. lo sabe, y, además, son múltiples las razones que yo le podría dar para apoyar el sentido de nuestro voto, pero todas giran en torno a dos argumentos fundamentales. En primer lugar, que el Gobierno se niega sistemáticamente a considerar la posible rebaja del impuesto especial del hidrocarburo, sin estimar los argumentos que nosotros le hemos expuesto. Yo no creo que el decreto, que, si no lo remedia nadie, vamos a convalidar, resuelva el problema. ¿Sabe por qué, señor ministro? Porque este decreto no aborda ni una medida que incida sobre el precio del carburante. En segundo lugar, este real decreto llega a esta Cámara obsoleto; este real decreto se firmó el día 6 de octubre y llega a la Cámara el día 19, transcurridos trece días, con dos incrementos del precio del carburante. Por tanto, el señor ministro, el Gobierno no nos puede decir que este real decreto es la solución a los problemas que tienen los tres sectores que contempla, tanto más cuando los propios sectores, incluso los firmantes, reclaman al Gobierno la actualización de la norma.
En la propia exposición de motivos el Gobierno insiste en que los problemas de los sectores antes citados son siempre por causas externas: el alza del precio del petróleo, la baja del euro respecto del dólar. Además, hay una referencia muy explícita en su segundo párrafo en el sentido de que el Gobierno tiene mucha sensibilidad ante la magnitud del impacto económico. Yo les tengo que decir que la única sensibilidad que tiene el Gobierno es la de manejar la situación para desactivar reivindicaciones de los sectores y, a ser posible, dividirlos. (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Madero. Y a pesar de esos intentos, le guste a usted o no, le guste al Gobierno o no, las reivindicaciones siguen vigentes. Las propias organizaciones agrarias, las pesqueras, las de transportes, están pidiendo la revisión de los acuerdos. Ustedes dan el tema por cerrado, pero no lo está, y ahí no se van a engañar ni ustedes mismos. Este decreto, incluso mirado con la más grande de las benevolencias, podría suponer una pequeña restitución de las pérdidas acumuladas, pero en ningún caso se puede considerar una solución de futuro para los sectores afectados.
El real decreto tiene dos partes muy definidas: una primera, que contiene la bonificaciones fiscales y ayudas a los sectores, que se vende por el Gobierno como la gran solución, cuando lo que podríamos aceptar de este Gobierno sería un intento de actualidad en la fiscalidad, tanto en el campo como en la pesca, en cuanto a los precios del gasóleo vigentes. Estábamos hablando de un cálculo de módulos y de IRPF para el campo con precios del gasóleo a 40 pesetas, cuando vivía en una realidad de precios de 80. Esto, y ustedes lo saben igual que yo, si no mejor, tiene una repercusión desigual según a qué cultivos y tamaños de explotaciones se aplique. Se lo voy a ilustrar con un ejemplo. En un viñedo de La Mancha, según sea uva tinta, uva blanca o de denominación de origen, cuando hablamos de cultivo selecto y de precio alto, las repercusiones son positivas; cuando hablamos de un cultivo abundante, barato y, por tanto, con más gasto de gasóleo, son negativas. Es la demostración más clara de que este decreto ayuda precisamente a los que menos lo necesitan y no a los que más gasóleo consumen.
Hablaba usted esta mañana de la reducción de los módulos. Y también tendrá usted los datos, porque son los que nosotros manejamos desde la página de su Ministerio y de la Agencia Tributaria. Usted sabe que esta reducción de módulos afecta a una minoría del campo, afecta, como mucho, a un 20 por ciento; más del 80 por ciento no verá ningún beneficio ni de la reducción de módulos ni del efecto del IVA sobre los mismos. Ha hablado usted también del sector pesquero. Nosotros hemos hecho los cálculos y le puedo decir que la bonificación en Seguridad Social que se va a aplicar al sector pesquero representa 6,5 pesetas sobre un incremento de 40 pesetas en el precio del gasóleo o que las medidas del incremento del IVA podrían representar 12 pesetas en un mismo incremento del carburante.


Hay un segundo aspecto muy perverso de este real decreto, que es la creación de las mesas. Se crean seis, para estudiar diversos temas.
Ahora, eso sí, sin ningún compromiso del Gobierno. Y yo le voy a hablar de un tema puntual y además fundamental. Ustedes crean una Mesa para el estudio de la viabilidad del gasóleo profesional sin saber cuál es la posición del Gobierno respecto de la creación del gasóleo profesional. Y hoy tenemos la oportunidad de saber qué quiere decir la creación de esta Mesa. ¿El Gobierno es partidario de

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que exista un gasóleo profesional, o no lo es? Porque, caso de no tener una respuesta concreta sobre esto, estamos claramente ante una maniobra para dilatar la posición del Gobierno. Porque hacen ustedes gala de un talante que no se corresponde con sus declaraciones.
Ustedes están excluyendo de las mesas de debate y de estudio, que no de negociación, a sectores representativos. Claro que ayer, aquí mismo, el señor Rato dijo, sobre algunas organizaciones que no estaban en ese ámbito de negociación, que eran organizaciones que quieren abusar del Gobierno.
Se equivocan ustedes si creen que van a cercenar las reivindicaciones del sector, porque esas reivindicaciones ya están en los sectores y están en los medios de comunicación. En julio de este año yo recibí una respuesta escrita del Gobierno en la que se referían al precio del petróleo, al eurodólar, etcétera, y me decían que era una situación que afectaba al conjunto de los países europeos al tiempo que había una tendencia alcista que no había acabado. Y ahí, para que vea que no en todo le voy a llevar la contraria, tiene usted razón: la tendencia alcista no ha acabado. Lo que sí ha sido distinto ha sido la reacción que han tenido diversos países europeos. Ha habido países que han encontrado margen para rebajar, dentro de los límites que les fija la Unión Europea, el impuesto especial. Ellos han preservado los mínimos de la Unión Europea y han fijado su posición, cosa que usted no ha hecho. Y me temo que este debate no les interesa porque son más partidarios de refugiarse en los argumentos que utiliza de forma recurrente el vicepresidente segundo del Gobierno.
Ustedes pretenden hacernos creer que se ha hecho lo que se ha podido, pero saben perfectamente que eso no ha sido así y lo sabemos todos los ciudadanos de este país. Porque si hubieran querido de verdad enfocar el problema del alza de los carburantes, ustedes habrían al menos estudiado y debatido las propuestas que nuestro grupo les viene haciendo.
Ustedes tienen un problema, ustedes son de la religión de antes pecar que votar cualquier cosa que proponga el Partido Socialista. Y así les va a los que tienen que sufrir la repercusión de los precios de los carburantes, que en definitiva somos todos. Ustedes no quieren ir al fondo de la cuestión. Usted ha hablado antes en su exposición, señor ministro, de años en que se ha congelado el impuesto especial sobre hidrocarburos; lo van a hacer el año que viene, lo han hecho en el pasado. Si sube el precio, como está subiendo, y se mantiene la congelación, eso, en la práctica, es una rebaja, señor ministro.
Ahora, eso sí, es una rebaja vergonzante y por la puerta pequeña.
No han querido negociar aquí sobre el gasóleo profesional y lo remiten a una Mesa en la que ustedes creen que van a diluir la reivindicación. Y yo le anuncio, señor ministro, que creo que en eso también van a fracasar. Pero tampoco han querido hablar ustedes de la competencia real en el sector de distribución de hidrocarburos. Se lo hemos dicho muchas veces y no nos han querido escuchar. Y le voy a citar textualmente algo que ha escrito una de las principales organizaciones del transporte. «Sobre el alarde que están haciendo las grandes petroleras de apoyo al Gobierno reteniendo precios sin que a ninguno de nosotros nos haya sido dado conocer la prestación recibida a cambio». Le aseguro, señor ministro, que me gustaría conocerlo. Son los mismos que denuncian la falta de competencia y la actuación de dichas empresas en contra de las resoluciones liberalizadoras, tal y como se ha denunciado en esta Cámara reiteradamente.
Se instalan ustedes en la bondad del acuerdo, pero ese acuerdo se firmó con el gasóleo agrícola a 80 pesetas y ahora -no sé si habrá subido a lo largo de este debate- estamos en 85 pesetas y, según ha publicado la prensa, en algún poste, a 90. Por tanto, ya no sirve lo que ustedes nos traen para su convalidación. Y realmente son desafortunadas las declaraciones del señor Rato: No desembolsaremos ni pensamos entregar ni una peseta más de lo acordado. En una función más del amo del territorio que del administrador del bien común.
Se lo dije hace unos días al ministro de Agricultura y aprovecho hoy para repetírselo, porque ustedes no quieren entender que no venimos sólo a hablar de dinero. Venimos a hablar de cosas que tienen más trascendencia que la mera subida del precio del carburante. En el sector agrícola, desde hace unos años estamos en una secuencia -números Eurostat, números de sus propios ministerios- de bajada continuada de la renta agraria, de bajada continuada de los precios agrícolas. ¿Y sabe lo que pasa, señor ministro? Que estamos ante un grave riesgo de abandono de explotaciones. En el sector pesquero, ya no le quiero ni decir. Encima de lo que les está cayendo con esto, tienen la inquietud de no saber qué va a pasar con la firma del convenio entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Y en el sector del transporte, hemos tenido una de las declaraciones más lucidas que hemos visto a lo largo de estos días. Dice el subsecretario del Ministerio de Fomento que la subida del carburante es puntual y que hay que hablar de modernización del sector. No es verdad que sea puntual; la demostración es que estamos en una subida continuada y más que van a caer. Y desde luego, con este acuerdo, ustedes no modernizan el sector del transporte.
Podrán convalidar este decreto, porque tienen la mayoría, y podrán tranquilizar su conciencia, pero, señor ministro, a usted y a su grupo les ha faltado el coraje para abordar el fondo de la cuestión.


La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, le ruego vaya concluyendo.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Sí, sí. Gracias, señora presidenta.
Además, a todos estos sectores de los que hoy hablamos en este decreto les afectan no sólo estos precios

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sino también los que inciden en tanto que consumidores. Encima de lo que les está lloviendo por esta vía, les está cayendo un 40 por ciento de incremento en el gasóleo de calefacción, una subida del 17,5 por ciento de la bombona del butano, por no hablar de gasolinas y gasóleos de automoción.
Le voy a decir lo mismo que dijo ayer mi compañero, señor Sevilla. De toda esta crisis, lo que está saliendo claramente son unos vencedores, que son el Gobierno, por la vía de recaudación de impuestos, y las empresas petroleras, por la vía de la comercialización y la distribución. Y unos claros perdedores, que somos todos los consumidores españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, hay días en que, en el Parlamento, uno se asombra. Y hoy es uno de esos días, por lo menos por mi parte. Estamos convalidando un decreto que tiene su origen en la ayuda a tres sectores. Hay un problema internacional derivado del precio del crudo, que ha hecho que el precio del barril pase de 10 dólares a 30 dólares, lo que supone una transferencia de rentas, de España a los países productores, de más de un billón de pesetas. Se negocia con las organizaciones, algo que la oposición decía que no era posible, pero el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda, consigue llegar a un acuerdo con todos los sectores afectados, con las organizaciones más representativas. En el caso del transporte, con más del 95 por ciento de representación; estaba incluso una organización cuyo presidente era un alcalde de un municipio de su partido, y se llega a acuerdos con organizaciones agrarias, una de ellas UGT, muy ligada a ustedes.
Se llega a un acuerdo que lo que supone es decir: la transferencia de rentas de España a los países productores es de un billón de pesetas.
Vamos actuar solidariamente ayudando a los sectores más afectados, vamos a tomar medidas para ayudar a los sectores más afectados, para ayudar a los agricultores, a los transportistas, al sector de la pesca. Y hoy -ese es mi asombro-, el Grupo Parlamentario Socialista dice que no, dice que no se les ayude. Yo sólo lo entiendo, señorías, y a lo mejor me equivoco, porque ustedes querían que hubiera movilizaciones. Ustedes dijeron al sector del transporte y al sector agrario: Paren ustedes España. Y como ellos no sólo no han parado España sino que han negociado con el Gobierno, han llegado a acuerdos, ustedes dicen: Pues ahora, ni agua. No les transferimos a ustedes ninguna renta. Señoría, eso me parece sorprendente. Porque podrían decir: Vamos a ayudar más.
Pero dicen: No vamos a subir la compensación del IVA, no vamos a bajar los módulos, no vamos a poner bonificaciones para la mejora de las explotaciones agrarias, no vamos a poner mejoras para el sector del transporte, no vamos a ayudar a que se mejore el transporte para los discapacitados, no vamos a ayudar a que haya un transporte más ecológico. Ustedes dicen que no a todo eso. Me parece sorprendente, señoría. Y creo que tendrán que dar cuenta a la opinión pública, porque lo que hoy estamos debatiendo es sí o no a ayudar a los tres sectores.
Y hay un grupo parlamentario que dice sí a ayudar a los sectores y hay un grupo parlamentario que dice no a ayudar a los sectores.
(Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Demagogo!) Y dicen que no a la ayuda el Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida. Hoy, los que han dicho que iban a votar que no a ayudar al transporte, a ayudar a la agricultura y a ayudar a la pesca son el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, y tendrán que dar cuenta, porque se han quedado ustedes solos. Ni siquiera han oído a las organizaciones más representativas, en todos los casos más del 75 por ciento, que han firmado un acuerdo, porque han optado por ayudas en renta para mejorar la renta de sus sectores y para ayudar a la modernización y a la competitividad de los mismos. No me traigan la vieja polémica del impuesto de hidrocarburos, porque me veré obligado a decirles que hasta el propio Pedro Solbes, que hoy tiene una responsabilidad de su partido, dice, en grandes titulares, que bajar los impuestos de los carburantes sería un error y una contradicción. (Rumores.) Por cierto, no me extraña la contradicción, porque llevan manteniendo más de siete posiciones diferentes desde que subió el precio del barril; más de siete posiciones diferentes.
Hoy, la señora Cunillera -no sé si ha querido decir eso cuando ha hablado en la tribuna- ha dicho que el Gobierno interviniera en los precios, quizás volviendo a actitudes pasadas de precios absolutamente intervenidos. Eso no lo había dicho su grupo hasta ahora, señora Cunillera. En la tribuna. (Rumores.) Es una matización nueva: que el Gobierno intervenga los precios.
Señorías, estamos debatiendo un tema muy serio y es que la situación internacional del mercado del crudo hace que tengamos que transferir rentas a los países productores. ¿Sobre quién debe recaer el peso? ¿Sobre todos los españoles y sobre la sociedad del bienestar, que también era una posición que ustedes mantenían? ¿Adoptamos políticas que ayuden a mejorar los sectores, políticas que, sin bajar las rentas de los sectores afectados, ayuden a su competitividad o a su modernización, o nos tapamos los ojos y hacemos un impuesto flexible? Hoy, una petrolera decide subir los precios y el Gobierno inmediatamente trae una ley para bajar el impuesto de hidrocarburos.
¿O adoptamos medidas

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como las que se toman en estos decretos, medidas positivas, medidas sobre la renta, medidas que van a ayudar con política fiscal a que mejoren las rentas de los sectores, pero que a la vez van a ayudar a la competitividad? ¿Sobre quién debe recaer? ¿No es más lógico arbitrar estas medidas que estar queriendo incitar a la movilización, movilización, movilización, como hace el Partido Socialista? Mi grupo va a apoyar estos decretos y lo va a hacer porque creemos que son el fruto de un gran consenso con las organizaciones más representativas de los sectores. Y los vamos a apoyar porque creemos que son decretos que inciden en aquellos puntos en los que se debe actuar. Inciden con políticas fiscales para mejorar la renta, pero no a través de una distorsión de la oferta y la demanda de los productos petrolíferos, no, sino a través de políticas de renta, a través de los módulos, de la compensación del IVA, a través de políticas sociales, como en el sector pesquero, y de políticas de rentas. Y porque entendemos que eso es positivo, vamos a apoyar el decreto, pero es que además creemos que es positivo adoptar medidas, como se hace en estos decretos, importantísimas para la mejora de los sectores. Porque en estos decretos, señorías, se aprueban medidas estructurales para la modernización del campo, estableciendo bonificaciones para la modernización, para el ahorro energético y para el ahorro del agua. Se introducen bonificaciones en el sector del transporte para la compra de elementos más ecológicos y se introducen bonificaciones fiscales para que el sector del transporte por carretera pueda incorporar medidas que hagan más accesibles sus elementos de transporte, sus autobuses, y que puedan disfrutarlos también las personas discapacitadas.


Por eso, mi grupo, señorías, va a apoyar estos decretos, porque dan respuesta a lo que la sociedad nos está pidiendo. La sociedad nos está pidiendo que la factura derivada del incremento del crudo se distribuya con solidaridad. Y eso es lo que hace este decreto, pero lo hace sin distorsionar lo que ha sido la política económica hasta el momento. Lo hace defendiendo esos sectores sin entorpecer los intereses generales. Lo hace, señorías, dando continuidad a una política económica de control del déficit, a una política económica de reformas estructurales, a una política económica de bajada de impuestos, sin llegar a actuar sobre impuestos que destruyen el medio ambiente, con una política de apoyo a la oferta productiva, como hacen estos decretos. Señorías, esa política es lo que ha permitido que España en estos cinco años crezca, cree empleo y reparta con justicia la riqueza. Esa política es la que ha permitido dar respuestas positivas a situaciones de alza y a situaciones adversas y la que ha permitido que en España, cuando hace dos años, en 1998, hubo problemas, se tuviera un crecimiento superior a la media europea. Esa política es la que ha hecho posible que España crezca, todos y cada uno de los años en todas y cada una de las circunstancias, más que la media europea. Por eso, mi grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, convencido de que estamos dando la respuesta acertada a los sectores.
Quiero que sepan, señorías, que mi grupo va a seguir trabajando y, así, en los acuerdos con las organizaciones más importantes se ha llegado a dar continuidad con las mesas de trabajo. Eso es lo que han decidido las organizaciones y el Gobierno, darle continuidad para desarrollar estas medidas con las mesas de trabajo que se han creado al efecto.


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Hay una cosa cierta, señorías, y es que hay un Gobierno capaz de dialogar y de llegar a acuerdos, un Gobierno capaz de tomar medidas en cada uno de los momentos, y hay un grupo de la oposición que está enfadado porque no le han seguido en su posición de movilización, movilización, movilización. Está enfadado con los sectores, porque no han paralizado España para que ellos obtuviesen ventajas partidistas.
Se han enfadado y han dicho que no a las ayudas a los sectores. Pues bien, señorías, no cuenten con nuestro voto. Nosotros apoyaremos el decreto.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)

Señora Cunillera, le recuerdo que en este trámite cabía la posibilidad de utilizar un turno en contra, que le hubiera dado derecho a réplica. Ningún grupo parlamentario ha utilizado el turno en contra, señora Cunillera. Cuando se defienden posiciones contrarias es lógico que los diputados se puedan sentir contradichos, pero para eso había que haber utilizado el turno en contra.


La señora CUNILLERA I MESTRES: No es por contradicción, señora presidenta. Justamente por eso no pedimos el turno en contra. Se lo pido porque el señor Martínez-Pujalte, sin duda porque yo me explico peor que él, me ha hecho una pregunta muy directa.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Cunillera.


Antes de empezar con su intervención, dígame en base a qué artículo me está pidiendo la palabra.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Le puedo citar el 71 como alusión y el 73 como contradicción. En cualquier caso, aludo al sentido común cuando elseñor diputado ha preguntado una cosa. (Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, usted sabe que en la práctica parlamentaria es habitual que ocurran estas cuestiones. Si quiere, tiene 30 segundos para contestar al señor Martínez-Pujalte, pero sea consciente de que reabriría un debate, por lo cual esta Presidencia le agradecería que no hiciera uso de los 30 segundos.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora presidenta, menos de 30 segundos.
El señor Martínez-Pujalte, sin duda, no me ha entendido. Yo lo que he dicho es que este decreto no contiene ninguna medida para paliar los efectos de la subida de los precios de los carburantes. Él me pide explicaciones, yo le doy una: rebajen el impuesto especial sobre hidrocarburos. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Martínez-Pujalte, por el mismo tiempo, y de manera excepcional.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora Cunillera, yo creo que, quizás por desconocimiento, porque están en la oposición, no mantienen una posición coherente. Pídanle ayuda a Solbes, que hoy mismo se la da en una revista.
Lo que se ha hecho está en la línea de garantizar crecimiento y empleo.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, procedemos a la votación de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 171; en contra, 110; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el decreto de referencia.
A continuación, y puesto que ha sido solicitado por algún grupo parlamentario, sometemos a votación la posible tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 133; en contra, 159; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto convalidado.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR EL 30 DE JUNIO DE 2001. (Número de expediente 162/ 000111.)

La señora PRESIDENTA: Punto número 42 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la finalización del servicio militar el 30 de junio del 2001.
Para la defensa de la iniciativa, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy para su debate en la Cámara una proposición no de ley que quiere plantear la discusión sobre la finalización del servicio militar obligatorio y sus consecuencias derivadas. Somos conscientes de que lo que proponemos será difícil de aceptar por la mayoría, especialmente en lo que se refiere a la supresión del próximo sorteo, que está previsto que se realice a principios de noviembre. Pero incluso así, creemos que la iniciativa tiene razón de ser y es oportuna en el tiempo. Créanme, señor ministro, señores del Grupo Popular, que no nos anima el más mínimo interés demagógico, sino el interés más leal de debatir un asunto que preocupa no sólo a los jóvenes españoles afectados directamente, sino, y muy especialmente, a nuestras Fuerzas Armadas.
Sabe la Cámara y la opinión pública que, durante todo el debate de la Comisión Mixta sobre la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Grupo Socialista mantuvo, y sigue manteniendo ahora con toda la razón que el tiempo nos ha dado, dos importantes diferencias con el proyecto que se discutía y con el dictamen que se produjo.
Estas diferencias eran, en primer lugar, el número de efectivos que se fijaron y, en segundo lugar, el período transitorio que se establecía para la entrada en vigor del nuevo modelo de ejército profesional.
Efectivamente, la Comisión Mixta, en el punto 2.2 del dictamen, estableció una entidad para las Fuerzas Armadas que, debiendo ser determinada en su número exacto por el Gobierno, debía situarse entre los 150.000 y 170.000 efectivos. En su punto quinto fijaba un período transitorio para la total implantación del nuevo modelo, que debiera estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre del año 2002.


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Estas dos cuestiones, señorías, fueron las que impidieron a nuestro grupo votar favorablemente el dictamen en el debate que se realizó en esta Cámara el 28 de mayo de 1998. Y lo hicimos reconociendo el alto grado de acuerdo con el contenido del documento, porque compartíamos las razones para el cambio de modelo que se nos planteaba. Estábamos de acuerdo con unas Fuerzas Armadas más operativas, más flexibles, más polivalentes y orientadas a la acción conjunta. Estábamos de acuerdo con la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas más reducidas, pero que requieren hombres y mujeres cada vez mejor preparados profesionalmente y con plena dedicación a sus tareas.
Además, estábamos de acuerdo en que este modelo que se quería implantar, a pesar de que había surgido más como un condicionante político de carácter postelectoral que de una reflexión serena y exigente, era el modelo que tenía mayor aceptación en los países de nuestro entorno.
Nuestro grupo fijó desde el primer momento una cifra no superior a los 140.000 efectivos, unos 80.000 ó 90.000 soldados y marineros, y alrededor de 50.000 cuadros de mando, que obligarían a reducir algo más las previsiones de fuerza, pero que eran suficientes, a nuestro entender, para garantizar nuestra seguridad y el cumplimiento de los compromisos con nuestros aliados y con la comunidad internacional.
También defendimos la necesidad de reducir al máximo el período transitorio, ya que las expectativas de finalización del servicio militar obligatorio a fecha fija harían muy difícil, cuando no imposible, una buena gestión de este período. Es cierto también, y eso debo reconocerlo, que el Gobierno ha ido cambiando su idea inicial, y en cada decisión tomada se ha producido el acercamiento a nuestros planteamientos. En su momento, fijó los efectivos de tropa profesional -que podían situarse entre los 102.000 y los 120.000 hombres y mujeres- en su banda más baja, en 102.500 exactamente. En cuanto al período transitorio, el propio presidente Aznar anunció en su discurso de investidura que, a lo largo del año 2001, suspendería el servicio militar obligatorio, adelantando esta fecha en un año aproximadamente.
Ahora, desde el Grupo Socialista les pedimos algo más, un último esfuerzo, tanto al Gobierno como al Grupo Popular. Les pedimos el esfuerzo de que, reconociendo la realidad por la que pasa el proceso de profesionalización, den por terminado el período transitorio y fijen como aceptable la cifra de efectivos en la que se mueven las Fuerzas Armadas hoy. Que abandonen las frías cifras de los planeamientos operativos, que prevén para el final del presente año unos 85.000 soldados profesionales y unos 35.000 soldados de reemplazo, que configuran unas Fuerzas Armadas de 120.000 efectivos de tropa, y acepten una realidad que se situará al final del año en el entorno de 75.000 soldados profesionales y alrededor de 15.000 soldados de reemplazo, dando unas cifras totales que pueden rozar los 90.000 efectivos. Les pedimos que no den la espalda a una situación reiteradamente vivida, sorteo tras sorteo y convocatoria tras convocatoria, que nos demuestra, tal como anunciamos nosotros en su día, que este período transitorio sería muy difícil, cuando no imposible, de gestionar; que fijando una fecha de finalización del servicio militar obligatorio como la que se pretendía, lo único que conseguiríamos sería aumentar exponencialmente el número de objetores de conciencia, que harían prácticamente inservibles las previsiones de personal de reemplazo en las que se mueven los cuarteles generales. La realidad ha sobrepasado con creces lo predicho. En estos momentos, tenemos alrededor de un millón de jóvenes españoles acogidos al derecho constitucional de la objeción de conciencia, pendientes de cumplir la prestación social sustitutoria o disfrutando de algunas de las situaciones de prórroga y aplazamientos previstos por la ley, y no sabemos cuántos jóvenes hay que ni siquiera se han preocupado de responder a los últimos llamamientos que se están efectuando, y que en la práctica están en situación de insumisión, con todas las consecuencias que esto puede acarrearles.
Ante esta realidad y dado que el Gobierno mantiene sus previsiones de 85.000 soldados profesionales para finales de año, objetivo al que hasta ahora no ha renunciado o al menos no ha informado de ello a esta Cámara, nos encontraríamos en la situación de que, para mantener las cifras actuales de efectivos reales que nosotros manejamos y que esperamos poder contrastar con el Ministerio, bastaría sólo una aportación de 5.000 mozos del servicio militar, es decir, que para cubrir estos efectivos que, vuelvo a repetir, son los efectivos reales de las Fuerzas Armadas de hoy, bastaría con el mantenimiento de los incorporados en este año, en el año 2000; efectivos que terminarán el servicio militar a lo largo de 2001, en un proceso que debe ir acompañado de las incorporaciones de soldados profesionales, producto de las convocatorias ordinarias previstas para el próximo año. Por consiguiente, señorías, si nuestros cálculos son ciertos, no es necesario realizar un último sorteo para determinar las incorporaciones del año 2001.
Nuestro planteamiento puede ser cuestionado, puede no ser compartido por el Gobierno o por la mayoría que le apoya, pero sólo puede serlo desde la disyuntiva de negar la realidad de la actual situación de efectivos o de reconocer que no se están cumpliendo los objetivos de profesionalización ni las previsiones del servicio militar obligatorio. A partir de un reconocimiento de la situación en la que se mueven las Fuerzas Armadas, el Grupo Parlamentario Socialista podría ofrecer su disposición a aceptar argumentos para llegar a un acuerdo que cierre el proceso histórico de la supresión del servicio militar obligatorio, proceso que no se merece el final que está teniendo.


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La diferencia con el Gobierno en estos momentos es muy pequeña en cuanto a la fecha de cierre, únicamente seis meses. El Grupo Socialista defiende la fecha del 30 de junio de 2001, en lugar del 31 de diciembre que establece el Gobierno, pero esta pequeña diferencia nos enfrenta a una cuestión mucho más importante, cual es dilucidar si es necesario efectuar el próximo mes la llamada de un último reemplazo. Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que no, pero al Parlamento en general, y muy especialmente al Gobierno, le resultará muy difícil explicar a la sociedad española cómo si se termina el año con 85.000 efectivos profesionales, es necesario reclamar la incorporación a filas de forma obligatoria de 80.000 jóvenes españoles, aun cuando sepan los responsables del Ministerio que, siendo muy optimistas, de esta cifra, no más de un 20 por ciento van a incorporarse a filas. Al Parlamento en general, y muy especialmente al Gobierno, le resultará muy difícil explicar a la sociedad española que debe procederse a un nuevo sorteo de 80.000 jóvenes españoles para poder mantener unos efectivos que la realidad ha situado ya en torno a los 90.000 hombres y mujeres.
Señorías, el período transitorio fijado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas ha llegado a su fin por la fuerza de los hechos y el número de sus efectivos ha sido fijado por la realidad de los acontecimientos. Ahora, sólo puede esperarse de nosotros, de las Cortes Generales, estar a la altura de la situación para enterrar con los honores debidos a una institución como el servicio militar obligatorio, que tantos servicios ha prestado a España y encarar con realismo los problemas de toda índole que dicha desaparición conlleva y de los que es el menor la interrupción del cumplimiento de la prestación social sustitutoria, especialmente las organizaciones no gubernamentales, o proceder a las modificaciones del Código Penal para eliminar el tratamiento de las penas derivadas del incumplimiento del servicio militar. Esto es lo que pretende el Grupo Socialista y espera lograr con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, pero de no ser así, si a pesar de todos los argumentos esgrimidos la mayoría no acepta nuestros planteamientos, al menos habremos colaborado en promover un debate que pensamos interesa a miles de jóvenes españoles, a miles de familias españolas que tendrán más argumentos y más información para decidir su futuro inmediato.
Antes de acabar, señor presidente, permítame unos breves comentarios a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo Mixto, aunque ya me han informado que este último la ha retirado en el día de hoy. En cuanto a la del Grupo Federal de Izquierda Unida, el Grupo Socialista no va a aceptar el planteamiento de finalizar el servicio militar el 31 de diciembre del año 2000, porque nuestra propuesta pretende que no se sortee ningún reemplazo más, que no ingrese nadie más a partir del primero de enero, pero que los mozos que ya están incorporados al servicio militar terminen con las obligaciones que tienen en estos momentos.
Si me permite, señor presidente, voy a autoenmendar la proposición no de ley, en el punto 5, que plantea que el Gobierno debe presentar a la Comisión de Defensa un conjunto de medidas destinadas a superar los problemas que hemos comentado; que sea rectificada la expresión «presentar a la Comisión de Defensa» por «presentar a la Comisión de Justicia» o «presentar a la Comisión de Política Social».
Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Moragues.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradecemos su presencia en este debate, cuestión no usual cuando se debate una proposición no de ley, porque el ministro del ramo no suele acudir. Le agradecemos su presencia, que reclama una atención especial a un tema de enorme importancia, como es la culminación, sin desflecamientos de ningún tipo, sin ambigüedades, sin debilidades, del fin del servicio militar obligatorio y la instauración definitiva y estable de un ejército absolutamente profesionalizado.


Eso es lo que nosotros vamos a reclamar aquí, porque o hay falta de generosidad o no se es consciente de que existe un desflecamiento al final de este proceso, una inseguridad, incluso con mártires -entre comillas- que están sufriendo esta etapa final -después me referiré a algunas de estas personas-, simplemente porque no se quiere ver que ya es posible dar el tajo definitivo al servicio militar obligatorio, en función del número que se ha expresado aquí y que reiteraré también en un momento determinado.
Pensamos que, a finales de este año, sin que se realice el sorteo del mes de noviembre, puede culminar el fin del servicio militar obligatorio e iniciarse una nueva etapa limpia, nítida a partir del primero de enero del año 2001, como siempre hemos solicitado -en la anterior legislatura a través del debate sobre la profesionalización completa de las Fuerzas Armadas, del debate de la Comisión Mixta-, y evitar así ese período transitorio que ustedes marcaron al final de 2002, y que el señor presidente expresó de manera ambigua, porque todavía no está claro, que sería a finales del año próximo, de 2001.
No estamos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, hay que terminar con este período transitorio; hay que terminar con él por las repercusiones económicas

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negativas que conlleva y para que los jóvenes no sigan viviendo un período de inseguridad total, en el que no saben situar sus vidas de cara al próximo año. Hay que evitar esta última convulsión y, desde luego, los que están en la cárcel ahora tienen que salir ya, no tenían que haber entrado. Hay un insumiso que se llama Trillo- Figueroa, no es usted, obviamente. José María Trillo- Figueroa es un insumiso de Sevilla que lleva varios meses en la cárcel de Alcalá de Henares. Es un hombre que está estudiando, para el que no hemos conseguido ni el tercer grado ni aquí ni en Sevilla. No hay forma humana de hacer comprender al Consejo de Ministros -se ha solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, por el Parlamento de Andalucía y por el Grupo Federal de Izquierda Unida- de que debería concederle el indulto, que ha sido rechazado por el Gobierno de manera injustificada. Otras veces se han dado indultos, y este hombre está absolutamente inserto en la actividad social, en ONG, en grupos del tejido social sevillano, y no tiene sentido lo que está pasando, no tiene ningún sentido. Da la impresión de que José María Trillo- Figueroa es el último héroe de esta situación y está indicándole a la gente que en el último sorteo tengan mucho cuidado porque les puede pasar lo que a Nino Trillo-Figueroa que, según la sentencia, ya lleva varios meses en la cárcel en Alcalá de Henares y se puede pasar dos años y tres meses en ella, porque la reforma del Código Penal no está clara y sería lenta. Ésta es una situación absolutamente incomoda que nosotros no podemos compartir.
Por tanto, habría que terminar este periodo, teniendo en cuenta contradicciones que hay en el modelo sobredimensionado de ejército profesional que ha aprobado el Partido Popular; un modelo con 170.000 efectivos, aproximadamente, que supone un coste superior a los dos billones de pesetas. El señor Trillo estará pensando que no, que es un billón, pero son dos billones de pesetas. Si sumamos las clases pasivas, la Guardia Civil, los créditos que concede industria, las cuotas para la UEO y la OTAN, etcétera, sin hablar de la investigación, supera el 2,5 por ciento del producto interno bruto.
Nosotros habíamos pedido no superar el 1 por ciento del PIB, de cara a tener un ejército de 80.000 personas, un ejército que no fuera de intervención, en el marco de una neutralidad activa, tal como se deriva de las declaraciones y acuerdos de las Naciones Unidas y de todas las convenciones internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, y como se está derivando también de los últimos dictámenes y resoluciones de la propia legalidad internacional. Pero no ha podido ser.
Esta situación de ahora, por desflecamiento y por sobredimensionamiento, la están pagando los jóvenes y los bolsillos de los ciudadanos; los jóvenes y la cartera de la gente. Señor Trillo, a finales de año, tendrán aproximadamente 75.000 soldados profesionales. Con eso pueden trabajar tranquilamente, mientras va aumentando un poco esa cuota a lo largo del año 2001. Si no, se van a encontrar, a pesar del ejemplo mártir de José María Trillo-Figueroa, con la avalancha más grande de toda la historia de España de objeción de conciencia y de insumisión. Ustedes saben que se la van a encontrar. Ya hay un millón de jóvenes acogidos a laobjeción de conciencia, y los que vienen en el último tramo, obviamente, no van a meterse en el engranaje de una situación que no aceptan, si pueden rechazarla de una manera o de otra.
Por tanto, nosotros mantenemos esa enmienda. Sentimos que el PSOE colabore en este desflecamiento final. Hace falta un esfuerzo de generosidad por parte del Partido Popular y del Gobierno para evitar estos dos problemas que antes he señalado y para dar una alegría a muchos jóvenes que están en la indefinición o en la cárcel.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con la venia.
Contraviniendo una recomendación del anterior presidente de esta Cámara, fijo nuestra posición desde la tribuna para dar testimonio de que mi grupo, por mi voz, va expresar un planteamiento ante esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, ante la ley que tiene que cumplir y hacer cumplir el Gobierno, por un principio de seriedad.
Desde que aprobamos en esta Cámara la Ley Orgánica 13/1991 -cuando fijamos un modelo de Fuerzas Armadas, con un gran consenso de todas las fuerzas, un ejército mixto, profesional y obligatorio- hasta que llegamos, ocho años después, a la Ley 17/1999, del régimen profesional militar, hemos asistido en todas las campañas electorales a una especie de subasta a la baja de la duración del servicio militar. Y el que no ofrecía doce meses, ofrecía nueve, el que no seis y el que no tres.
Parecía que al fijar en la ley última del régimen profesional militar, en su disposición adicional vigesimotercera, la finalización de este servicio militar obligatorio el 31 de diciembre del año 2002, se habían acabado estas subastas a la baja, este oportunismo político electoral de cara a los jóvenes que van a ser llamados a filas. Para mí, personalmente, y para mi grupo este es un tema muy serio, porque hemos tenido que señalar una prioridad respecto a cuál era el bien jurídico a proteger. Nos inclinamos por que el bien jurídico a proteger sea la defensa de España a través de sus Fuerzas Armadas, que disponen de un instrumento que es fundamentalmente el de marinería y tropa como fuerzas de base, que son las que van a ser sustituidas por los profesionales. No se van a sustituir profesionales por obligatorios, a nivel de los que salen de las academias militares,

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de tenientes para arriba. No, el tema está en la marinería y clase de tropa.
Pues bien, dado que estuvimos de acuerdo en esta Cámara en aprobar la disposición adicional decimotercera a que me referido -salvando la línea consecuente que ha tenido siempre Izquierda Unida, con la cual no me voy a meter porque ha seguido un criterio lineal-, llamo a la responsabilidad de los que discutimos y votamos aquí esa disposición, que vino del Senado sin enmiendas y se votó aquí sin ninguna discusión al respecto.
Después ha habido la introducción de un factor político, de compromiso ante esta Cámara. En su discurso de investidura el presidente Aznar anuncia el adelanto, aproximadamente en un año, de la supresión del servicio militar obligatorio. Mi grupo contrae un compromiso, desde esta tribuna y ante la Cámara democrática, de reducción de este período transitorio, porque lo apoyamos, y soy consciente y responsable de ese voto de apoyo al discurso de investidura. Pero inmediatamente después abrimos otra vez una subasta a la baja y me ha extrañado que el Grupo Parlamentario Socialista traiga esta proposición. Y prueba de que esto abre una dinámica es la enmienda de Izquierda Unida: Ustedes dicen que el 30 de junio de 2001, nosotros que en diciembre de 2000. Y porque sólo nos quedan estos meses, si no, llega cualquiera y solicita la supresión del servicio militar el mes que viene. Esto no me parece serio. Y no me lo parece porque se trata de una cuestión que deja a la juventud española que puede ser llamada a filas en una situación de incertidumbre y de inseguridad. Atodos los efectos, al que le toque como al que no le toque.
En segundo lugar, no es serio desde el punto de vista del bien jurídico a proteger, y en este caso predomina un interés colectivo de la nación frente al interés individual, al cual han tenido -con leyes democráticas desde 1991- que supeditarse todos los jóvenes españoles en edad de ser llamados a filas. Repito, por un bien superior, porque no se trata de una entelequia ni de algo puramente marginal.
Aprovecho la presencia del señor ministro de Defensa para recordarle que también tuvimos una cautela cuando en la disposición transitoria decimoctava ya fijamos los períodos de transitoriedad que se reflejan en su apartado 2, donde se viene a hacer referencia a la fecha del 31 de diciembre de 2002. La cautela del legislador, con motivo de los informes que venían del Ministerio de Defensa (ante las preguntas que les hicimos a los mandos militares y administrativos del departamento, respecto a cómo veían ellos la dinámica de incorporación de fuerzas profesionales en tropa y marinería, y se nos dijeron las dificultades que había), es que quisimos darle al Gobierno una facultad discrecional y flexible, a través del punto 4 de esta disposición transitoria decimoctava. Esta disposición transitoria viene a decir: Se autoriza al Gobierno? Le dimos una autorización de un nivel tan superior que desborda, incluso, la limitación que la disposición adicional decimotercera señalaba como fecha. Y se entendió que si había una posibilidad de incremento de tropa y marinería profesionales el Gobierno tuviera facultades, en función del proceso de profesionalización de los ejércitos, para modificar la fecha determinada en los apartados anteriores para acortar el período transitorio, informando al Congreso de los Diputados.
Mi grupo se pregunta ¿pero cómo podemos cometer la irresponsabilidad de que, si no tenemos en este momento el proceso de profesionalización garantizado, tengamos un período mayor, que deje al bien jurídico a proteger en una situación difícil de sustituir o de poder reemplazar? Este es un problema muy grave para la defensa de la nación y sus Fuerzas Armadas. Habrá argumentos -como los de todo defensor o todo fiscal- para acusar o defender, pero la posición de mi grupo y la mía personal es fundamentalmente ésta.
Si hay un compromiso de adelanto, lo que sí le digo al señor ministro de Defensa es que hagan uso de la disposición transitoria decimoctava en su apartado 4 y que el Gobierno comunique al Congreso de los Diputados la fecha de compromiso político del presidente Aznar en esta tribuna en su discurso de investidura, que con prudencia no le puso una fecha sino que dijo que lo adelantaría al año 2001, pero tienen que ser los organismos del Ministerio de Defensa los que, con la secuencia de incorporación de tropa y marinería profesional, lo puedan decir ahora al Parlamento, y el Gobierno concretar y ponerle fecha fija en el calendario del 2001 al compromiso político del presidente Aznar.
Al Gobierno le basta con decir al Congreso de los Diputados, en cumplimiento a esta facultad que tiene: la fecha va a ser la del 31 de diciembre del 2001, o el 1 de noviembre del 2001; la que fije el Gobierno de acuerdo con el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que es la exigencia de esta Cámara con el bien jurídico a proteger, que esté garantizado con todos los avales de tropa y marinería el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Si no está garantizado este proceso de profesionalización tenemos que irnos a la fecha límite de la ley que se señala en la disposición adicional decimotercera. Lo demás es un oportunismo, y mi grupo no quiere decir: voy a alegrarles los oídos a los que estén en esta circunstancia.
Tampoco es una cuestión de presupuesto, sino de un principio de identificación, sobre todo en una estructura que está jerarquizada y funciona bajo el principio de la disciplina. Además, lleva medidas concomitantes con respecto a la prestación social sustitutoria, y ya en esta Cámara suprimimos las restricciones de penalización que había sobre dicha prestación. Está el compromiso de modificar, vía Código Penal y que el señor ministro de Justicia traiga la pertinente corrección en su momento, la figura penalizada sobre el insumiso para que desaparezca de nuestro ordenamiento, que va a ser automático a este respecto.


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Esto nos obliga a plantearlo bajo unos principios de responsabilidad y de seriedad. En cuanto yo me salga de esos principios estoy entrando en la dinámica de la subasta a la baja, de alegrar los oídos de un colectivo en este país, pero con un agravante más, al haber hecho este adelanto no se les deja tiempo a todas las entidades civiles que están acogiendo objetores de conciencia (Cruz Roja, servicios de lucha contra incendios, actuaciones benéficas municipales, etcétera) para la sustitución de estos efectivos.
Señores, ¿es que la cuestión humana de las Fuerzas Armadas va a ser de menor entidad que la adaptación de la peseta al euro, cuando para adaptarnos al euro le estamos dando a la peseta una serie de períodos, porque vemos que el problema de adaptación no es fácil ni sencillo? Podemos decir ahora que en vez de tres meses estemos un mes y medio en el período transitorio de la peseta al euro, pero hay que darles tiempo a todos los sectores económicos y sociales del país a que tengan esta adaptación perfectamente asimilada; también tenemos que darle tiempo, porque hay una serie de organizaciones, como la Cruz Roja, que están trabajando sobre unas fechas que están en la ley, para ver cómo se hace la sustitución del personal que, procedente de la objeción de conciencia militar, está prestando sus servicios en estas organizaciones. Esta no es una sustitución que se pueda hacer fácil ni se pueda improvisar de la noche a la mañana.
Esto es lo que nos lleva a nosotros, y con esto termino, señor presidente, a esta reflexión que yo hago, volviendo a la insistencia al señor ministro de darle un plazo de confianza. Ha habido unas elecciones y hay un nuevo ministro incorporado, y esto no se puede improvisar hasta que no tengamos perfectamente hecha la radiografía de la dinámica que a lo largo de este año y del próximo semestre, de acuerdo con los factores de demanda laboral de la economía española, veamos en la dinámica de incorporación de personal de tropa y marinería al ejército profesional que sustituye al de contingente de leva u obligatorio. En cuanto el Gobierno tenga este dato, ni un día más, por el compromiso político del presidente Aznar aquí, al amparo del punto 4 de la disposición transitoria decimoctava, comuníquese a esta Cámara la fecha de supresión definitiva del servicio militar obligatorio.
Nosotros nos colocamos en esa línea de responsabilidad y por esta razón vamos a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
De todos es conocida en esta Cámara la oposición del Partido Nacionalista Vasco a la existencia misma de la prestación del servicio militar con carácter obligatorio, pese a conocer de sobra la dicción del artículo 30 de la Constitución que establece esto como obligación legal. Obligación que quedaba diferida a su regulación por ley y que si SS.SS. me permiten abrir un paréntesis, podré ejemplificar sobre una cuestión que me interesa en este momento, que es la libertad de configuración del legislador en relación con la posibilidad de que dé lugar a opciones normativas distintas conforme al principio democrático de mayorías y minorías.
Quiero indicar con esto que quien leyese este precepto legal en el año 1978 al aprobarse la Constitución, hubiera pensado que la obligatoriedad de cumplimiento del servicio militar iba a existir para siempre y, sin embargo, por ley aprobada en esta Cámara conforme a una promesa hecha por el propio presidente del Gobierno en su debate de investidura en la anterior legislatura, ahora resulta que sin cambiar el artículo 30 de la Constitución es posible una interpretación distinta. Cuando algunos planteamos esto respecto de otras cuestiones, inmediatamente se nos demoniza. Repito, los preceptos constitucionales admiten soluciones normativas distintas, siempre que se respete el juego de mayorías y minorías.
Dicho esto, y cerrado ya el paréntesis, desde el Grupo Vasco se considera acertadísima la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos ante una situación absurda e injusta, tanto para quien cumple con la obligación de prestar el servicio militar, como para quien no cumple, y creemos que también para los propios poderes públicos, discrepando en esto de lo manifestado por el señor Mardones. Los pocos que cumplen, me reconocerá el señor ministro, se encuentran ante un año perdido para ellos de cara a su inserción en el mercado laboral, perdido para el Ejército, puesto que se dedica alguna preparación, tiempo y esfuerzo en esas personas que no se van a quedar en sus filas y perdido también para los intereses públicos, puesto que esta sociedad está gastando cantidades importantes en lograr la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y, por otra parte, se demora su acceso mediante el cumplimiento de una obligación que -repito- tiene ya un plazo fijo de vencimiento. Para quien no lo cumple es un delito, respecto del cual el bien jurídico protegido no se adivina cuál sea, al margen de una mera desobediencia a un precepto legal que también tiene plazo fijo de caducidad, y con unas penas ya no privativas de libertad, aunque algunos todavía las están cumpliendo, como ha señalado el representante de Izquierda Unida, pero sí con inhabilitaciones gravísimas que también pueden impedir o retardar el acceso a la vida laboral o a la vida pública y está forzando a que los juzgadores hagan interpretaciones muchas veces imaginativas para no tener que penar. Ocasiona, por tanto, distorsiones en la aplicación del ordenamiento jurídico. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Es esto sensato? ¿Es siquiera justo en muchas ocasiones? ¿Se cohonesta con la seguridad exigible o

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fomenta más bien la distorsión de posturas, haciendo que muchos jóvenes se estén declarando objetores, que no olvidemos que es un derecho constitucionalmente reconocido, sin serlo en realidad? Se ha convertido el derecho a la objeción de conciencia en un derecho refugio, tergiversando así su auténtico sentido.
No puede ser excusa, desde nuestro punto de vista, la dificultad para cubrir las plazas que el Ejército profesional requiere, aunque sabemos que esta dificultad lo exige, pero quizá lo que requeriría es un mayor esfuerzo desde los poderes públicos. El Gobierno, que es maestro en publicitarse, podría utilizar otras políticas para incentivar las vocaciones de quienes crean que la tienen para desarrollar una carrera militar o planifíquese un ejército menor como tantas veces se sostuvo también durante el debate de la profesionalización de las Fuerzas Armadas en esta misma Cámara. Pero no se mantenga una obligación legal de tan graves consecuencias, sabiendo que va a dejar de existir, que tiene caducidad, adelantándose desde ahora esta fecha.
Desde el punto de vista de la prestación social sustitutoria, existe igual lío con relevancia social, provocado por esta interinidad. Se alude en la exposición de motivos de la iniciativa socialista a que hay que buscar soluciones alternativas para la cobertura de las actividades de utilidad pública, que actualmente realizan los objetores de conciencia en servicios sociales, ayuda a refugiados, protección de derechos humanos, servicios sanitarios, cooperación internacional y otras varias. En este caso, óptese entonces también desde los poderes públicos por establecer un servicio o una prestación civil; prestación civil que aprovecho ya para decir que no le correspondería articular al Estado, sino que en este caso -estamos en el artículo 30, apartado 3, estaríamos hablando de títulos sociales- incumbiría su desarrollo y establecimiento a la competencia de las comunidades autónomas.
Insistimos, la claridad, la seguridad jurídica, la propia planificación social son intereses públicos de suficiente magnitud como para considerar no sólo acertada sino hasta exigible, en tutela de intereses y valores también socialmente relevantes, el apoyar la iniciativa del PSOE. Se está ante una situación contraria a lo que la normalidad social refleja. Se está distorsionando la aplicación de las leyes. Si la función del legislador es optimizar el derecho tal y como ahora sostienen modernas corrientes doctrinales y el Tribunal Constitucional ha recogido en alguna sentencia reciente, aceptando lo que hoy nos propone el Partido Socialista contribuimos a ello, nosotros y el Gobierno, si definitivamente se aviene.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Maldonado tiene la palabra.
El señor MALDONADO GILI: Señora presidenta, señorías, permítanme que empiece mis palabras con una expresión que podría parecer rimbombante, pero que espero que cuando acabe mi explicación no sea así o al menos ustedes entiendan que no es así. Esta expresión lógicamente va dirigida al grupo proponente, al Grupo Socialista y dice así: ¡a buenas horas mangas verdes! ¿Por qué esta expresión? Porque uno se pregunta el porqué de esta actitud, de esta voluntad, de esta propuesta, de este deseo, por qué no durante el período del año 1982 al año 1995. Ya sé que algunos de ustedes dirán que es una reiteración el hablar siempre de lo mismo. Pero ustedes gobernaron muchos años, algunos de ellos con mayoría absoluta, y podían hacer lo que quisieran. Tuvieron la oportunidad histórica de acabar con el servicio militar obligatorio, de profesionalizar al ejército, de estructurar un nuevo ejército moderno, con visión de futuro, y no lo hicieron, y hoy nos presentan esta proposición no de ley. Señorías, en política, como en la vida misma, se puede ser oportuno o se puede ser oportunista. Curiosamente, el portavoz de Coalición Canaria señor Mardones ha hablado de oportunismo. Pues yo haré lo mismo. Yo hablaré de oportuno o de oportunista. Creo que no haría falta entrar a definir estos conceptos, pero un poco sí que me recrearé con estas dos palabras para definir el sentimiento que tiene el grupo que yo represento, Convergència i Unió, respecto de esta proposición no de ley.
Se puede ser oportuno en el momento, en el fondo y en la forma. Se puede ser oportunista por entrar fuera de tiempo, por electoralismo o por demagogia. De estos tres motivos de oportunismo yo seré benevolente. El Grupo Parlamentario Catalán tiene fama de sumar más que de restar, de aplicar el seny en la política y, por tanto, a ustedes les aplicará este oportunismo en un fuera de tiempo, ex tempore. No es ahora, señorías, era antes. No es en este momento, era cuando gobernaban y podían hacerlo. Pero vemos que lo presentan ahora. Nosotros curiosamente fuimos oportunos.
En la anterior legislatura aprovechamos el momento, teníamos poder decisorio, efectuamos un pacto de Gobierno con el Partido Popular; en aquel pacto, aprovechamos la oportunidad de conseguir, aparte de otras cuestiones muy importantes que se aprobaron durante los cuatro años anteriores, la finalización del servicio militar obligatorio.
Fuimos oportunos en el fondo y en la forma. Era un aspecto que la sociedad reclamaba, lo reclamaban los jóvenes, lo reclamaban sus familias, lo reclamaba la sociedad en general. Era un momento en que el Ejército necesitaba adecuarse a la situación que había en muchos países europeos; muchos de los países europeos apostaban por la total profesionalización. Era el momento de profesionalizar el Ejército español, de estructurarlo, de darle una nueva visión de futuro, de adaptarlo a una situación nueva, que hemos debatido aquí anteriormente, de la cultura a la paz, actuaciones

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en países en crisis, para lo que había que tener un ejército profesionalizado, dotado y bien estructurado. Se hizo en su momento y en el fondo y en la forma adecuada.
Esta es una proposición no de ley oportunista y, déjenme decirlo, frívola, porque después de escuchar atentamente la larga intervención del portavoz socialista encuentro buenas intenciones, pero no encuentro soluciones; no hemos oído propuestas, no hemos oído cómo piensan llevar a cabo esta proposición no de ley, cómo la quieren orquestar. Por tanto, creemos que es una proposición no de ley oportunista, frívola, fuera de tiempo. Hemos oído hablar del número de efectivos, del nuevo modelo, pero nada más. Por eso, señorías, he tenido que definir por qué entendemos que es una propuesta oportunista, fuera de tiempo, para no calificarla desde otro punto de vista.
En política nada debe hacerse para ponerse medallas. Los políticos somos simples servidores de la sociedad, los políticos somos servidores de nuestros conciudadanos, que esperan que les ayudemos a elevar el nivel de calidad de vida, que les ayudemos en el día a día a solucionar los problemas que tiene la sociedad; aquí, legislando; en el Gobierno, gobernando; en otras administraciones, gestionando, pero la política no es un sitio donde ponerse medallas.
Sin embargo, permítanme que no practique una falsa modestia: si hubiera medallas en relación con este tema, todas para Convergència i Unió, se habrían agotado. Ustedes saben que, en la anterior legislatura, nosotros tiramos del carro de este asunto, saben que pactamos con el Partido Popular y con el Gobierno y, conjuntamente, llegamos donde estamos hoy. También es verdad que hubo consenso, es verdad que este consenso se trabajó en esta Cámara, pero nosotros nos sentimos padres de esta ley, que ha permitido llegar donde hemos llegado. Se trabajó incansablemente, mi compañero Carles Campuzano ha sido la persona que nos representó en las comisiones, incluso gracias a aportaciones de Convergència i Unió hoy podemos debatir y avanzar sobre el final del servicio militar obligatorio. Esta Ley 17/1999, de personal militar, se aprobó con la básica aportación del Grupo Parlamentario Catalán, que previamente había pactado con el Gobierno y, de común acuerdo, se avanzó en este aspecto.
Alguna de SS. SS. se preguntará cuál será el signo del voto de Convergència i Unió. No se preocupen, compañeros de hemiciclo, no se preocupen señores socialistas, será positivo. Será positivo por coherencia, porque donde decimos digo no podemos decir Diego; será positivo porque lo llevábamos en nuestro programa electoral. En nuestro programa electoral decíamos que favoreceríamos el avanzar en la finalización del servicio militar; esto sí, hay que ver cómo se puede orquestar y desde qué punto. Esperábamos sus aportaciones técnicas para ver si esto era posible. Por coherencia y porque electoralmente nosotros así lo anunciamos, nuestros electores no lo entenderían.
Por todo esto, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a pesar del oportunismo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, votaremos favorablemente su propuesta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en esta proposición no de ley que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, en la que propone la finalización del servicio militar obligatorio el 30 de junio del próximo año 2001. Señorías, a mí me parece que, para centrar este debate, es obligado hacer un somero repaso histórico de todo lo concerniente a la regulación del servicio militar obligatorio y a las actuaciones y decisiones parlamentarias, legislativas especialmente, que se han producido en los últimos tiempos.
Como SS.SS. recuerdan, históricamente, las Fuerzas Armadas españolas se han venido dotando, en cuanto a tropa y marinería, de personal de reemplazo. Durante la época de gobierno socialista, en el año 1991 se presentó a esta Cámara un acuerdo respecto a una propuesta de modelo -que después se llamó modelo mixto- de Fuerzas Armadas para el año 2000. En ese modelo mixto se proponía la coexistencia de personal voluntario o profesional con el personal de reemplazo, con la tropa y marinería correspondientes a los contingentes del servicio militar obligatorio; pero seguía existiendo, por tanto, este servicio militar obligatorio. El 20 de diciembre de ese mismo año 1991 se aprobó la Ley orgánica del servicio militar, que consagra la situación que hemos tenido y que sigue vigente, con los cambios que posteriormente se han realizado. Pero es en mayo de 1996 cuando se produce el inicio del cambio radical respecto al modelo de Fuerzas Armadas, especialmente -por ceñirnos a la cuestión- al servicio militar obligatorio, y el presidente del Gobierno, don José María Aznar, en la investidura de su primer mandato, desde esta tribuna, propuso la finalización del servicio militar obligatorio. Como consecuencia de ello, se puso en marcha, por impulso del Grupo Popular y con respaldo de otros grupos, la creación de una Comisión mixta que estudió la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Por cierto, en los trabajos de esa Comisión, y especialmente en su dictamen, se abordó no específica y simplemente la profesionalización, sino el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, que es algo mucho más amplio, porque incluye otros aspectos como la modernización

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y otros elementos. Esa Comisión mixta terminó sus trabajos con un dictamen (aprobado por el Pleno de esta Cámara, como antes se ha hecho referencia), de 28 de mayo de 1998, que establecía la fórmula y los plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y que, en su epígrafe quinto, dedicado al período transitorio, establecía como fecha para la terminación del proceso el 31 de diciembre del año 2002. Posteriormente, y en cumplimiento de mandatos que se establecían en este mismo dictamen, el Gobierno elabora un proyecto de ley, que finalmente se convierte en la Ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, conocida popularmente como la ley de la profesionalización.


Esta ley representa un cambio sin precedentes en la concepción de nuestra defensa. Se trataba no sólo de una mera evolución del sistema mixto que se quería poner en marcha en ese momento, sino de la creación de unas Fuerzas Armadas profesionales de nuevo cuño, y ello, señorías, llevaba consigo retos de extraordinaria complejidad donde el binomio profesionalizaciónmodernizaci` y otros elementos son claves y están estrechamente unidos. Esta ley de 1999 -de hace un año- establecía fundamentalmente dos apartados. En el artículo 19, referido a los efectivos de militares profesionales de tropa y marinería, dice, literalmente: ?se fijará teniendo en cuenta los créditos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar un total comprendido entre 102.000 y 120.000. Y en su disposición transitoria decimoctava, cumpliendo el mismo mandato e idéntico tenor que el del dictamen de la Comisión mixta que estudió la profesionalización, establece un período transitorio hasta el 31 de diciembre del año 2002. Bien es verdad que, como se ha destacado antes por el señor Mardones, autorizando al Gobierno para que pudiera modificar la fecha para acortar el período transitorio. Esa es la situación que nos encontramos al terminar la pasada legislatura.
Conviene recordar, por fijar antecedentes, que en el programa electoral del Partido Popular de las elecciones del pasado mes de marzo proponíamos acortar el período transitorio y, por tanto, que terminara al final del año 2001. En el discurso de investidura, el pasado 25 de abril, el entonces candidato, hoy también presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo literalmente que el objetivo de nuestro programa de Gobierno era adelantar el fin del servicio militar obligatorio al próximo año, 2001, confirmando por tanto aquello. En la primera comparecencia parlamentaria en esta Cámara el 6 de junio, así como posteriormente en el Senado, el ministro de Defensa, señor Trillo, ratificó ese compromiso y dijo que este año sería el último sorteo del servicio militar y que el 31 de diciembre del 2001 terminaría, haciendo referencia, desde el punto de vista de la decisión política, a la voluntad manifestada en el programa electoral y en el programa de Gobierno. Pero es que la semana pasada, cuando han comparecido los altos cargos del Ministerio de Defensa en la Comisión correspondiente para hablar de los presupuestos, se ha hecho referencia a esto, se ha hablado del contingente de incorporación de soldados profesionales y de la finalización del servicio militar obligatorio el próximo año, con las correspondientes partidas presupuestarias. Por tanto, estando previsto en los presupuestos lo que políticamente se ha comprometido, sólo falta la decisión formal.
El fin del servicio militar obligatorio, por consiguiente, está muy próximo. Se va a adelantar un año, como solemnemente en esta tribuna se ha manifestado, y se va a adelantar por impulso y voluntad del Gobierno del Partido Popular. Conviene destacar además que se está realizando un enorme esfuerzo de profesionalización y de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que hay que reconocerlo públicamente; por lo menos este grupo parlamentario hoy, aquí, en esta tribuna, quiere hacerlo constar. El objetivo de profesionalización, como señaló el señor ministro de Defensa, se sitúa en torno a los 100.000 soldados y marineros profesionales a la fecha en que se suspenda el servicio militar obligatorio y se están cumpliendo los objetivos razonablemente bien, como esta tarde sin duda tendrá oportunidad de explicar en la Comisión el señor ministro.
Yo simplemente me remito a los datos que figuran en la primera comparecencia parlamentaria del ministro.
En esta situación, con estos antecedentes históricos y con lo realizado en la anterior legislatura y especialmente con los compromisos para ésta, ustedes, el Grupo Socialista, presentan esta iniciativa, en la que proponen no ya que se suspenda la prestación del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre del próximo año, sino que lo adelantemos seis meses. Con el mayor respeto, señores del Grupo Socialista y señor Moragues, me da la impresión de que ustedes andan pegando tumbos de un lado a otro y se han quedado sin discurso político. Después de lo que ha pasado en los últimos años es sorprendente que ustedes propongan esto ahora. Después de los casi catorce años de Gobierno socialista que les han recordado el señor Mardones y el señor Maldonado, cuando ustedes propusieron en el año 1991 un modelo de Fuerzas Armadas donde el servicio militar obligatorio permanecía y lo reflejaron en una ley; cuando finalmente esta Cámara acordó poner en marcha una Comisión mixta para hacer una propuesta de profesionalización y ustedes dijeron que íbamos muy rápidos, aunque la aceptaron lealmente -y lo acaba de decir el señor Moragues-; cuando el antiguo líder de ustedes, señor González, estando ya en marcha el proceso político de la profesionalización, dijo que había que volver al viejo sistema, ahora ustedes nos dicen que no hay que correr, hay que ir más rápido. Lo que quieren ustedes es que nos peguemos un tortazo. Vamos a hacer las cosas bien y vamos atenernos

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a los dictámenes de la Comisión y especialmente a la propia ley.
Me parece que después de un año de la entrada en vigor de la Ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas y cuando existe el compromiso del Gobierno de adelantar un año el fin del servicio militar obligatorio, su iniciativa no sólo es oportunista, como algún diputado ha señalado -y yo he tenido oportunidad de decirlo públicamente fuera de esta Cámara-, sino que su propuesta -y se lo vuelvo a decir con el mayor respeto, señor Moragues- carece de un mínimo de rigor, no es seria. Nos proponen que vayamos alocadamente a terminar el 30 de junio del año que viene. Señores del Grupo Socialista, su propuesta no sólo es incoherente y poco seria -incoherente con lo que han realizado y poco seria dada su experiencia-, sino que, además, es insostenible. La Ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas establece un contingente, como antes dije, de 102.000 a 120.000 soldados profesionales. No es posible llegar a junio del año que viene teniendo el número mínimo de la banda, que está en alrededor de los 100.000 soldados profesionales. Se va a acortar el período transitorio, pero se va a acortar cumpliendo los requisitos de la ley. Además, no sólo no se cumpliría ese objetivo -está muy bien que ustedes digan que quieren un objetivo más pequeño, pero tenemos que cumplir lo que las leyes han establecido-, sino que, además, económicamente, en el supuesto de que este grupo hiciera una locura y decidiera respaldar su iniciativa, sería imposible de abordar. ¿De dónde lo sacamos? Tenemos un presupuesto y adelantar eso costaría alrededor de 8.000 millones de pesetas, aparte de que, técnicamente, el proceso de incorporación de los soldados y marineros previsto para el próximo año se puede hacer en un año, pero es imposible realizarlo en seis meses.


La señora PRESIDENTA: Señor Atencia, le ruego que concluya.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Voy terminando, señora presidenta.
Por cierto, señor Moragues, de acuerdo con su iniciativa, los soldados y marineros que se incorporen en el mes de noviembre no cumplirían los nueve meses, hagan ustedes bien los cálculos, y, por tanto, se rompería el principio de igualdad. Además, lo más importante, y lo ha destacado el señor Mardones, es que esta iniciativa que ustedes plantean haría incumplir el dictamen de las Cámaras que hablaba de construir un modelo sobre bases sólidas y con el cual no se vea reducido el nivel de operatividad de los ejércitos.
Esa es la cuestión trascendental.
El Gobierno del Partido Popular va a cumplir su objetivo, va a poner en marcha la profesionalización, tiene un amplio respaldo parlamentario, pero hay que hacerlo dentro de los trámites previstos.
La señora PRESIDENTA: Señor Atencia, le ruego que concluya. Ha sobrepasado sobradamente su tiempo.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino enseguida, señora presidenta.
Las otras iniciativas que se plantean, que afectan a la objeción de conciencia, son consecuencia de la desaparición de una obligación.
Cuando finalice esa obligación, se producirán las consecuencias oportunas. En la pasada legislatura se modificó la Ley de Objeción de Conciencia, que equiparó el tiempo de duración de la prestación social sustitutoria al servicio militar. Hoy ya no hay ningún insumiso en las cárceles, señora Uría y señor Alcaraz. Una cosa es la insumisión y otra el delito de deserción, castigado en el Código Penal Militar, esa es la realidad. (El señor Alcaraz Masats: Es una causa sobrevenida.) Señoras y señores diputados, el Grupo Popular votará en contra de la iniciativa porque entendemos que el proceso de profesionalización, fruto especialmente del impulso del Gobierno del Partido Popular y de su presidente, José María Aznar, va hacia adelante, se va a acortar el plazo y se va a realizar en condiciones. Lo vamos a hacer con seriedad y con rigor y cumpliendo nuestro compromiso con la sociedad española y especialmente poniendo en marcha un modelo de Fuerzas Armadas profesionales acorde con el siglo XXI y que va a ser un orgullo para todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos. El señor Moragues Gomila pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Señor Moragues, en su intervención en la tribuna ya ha expresado su rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Muchas gracias.
Señorías, procedemos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la finalización del servicio militar el 30 de junio de 2001, en los términos que se han derivado del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 124; en contra, 151; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.


PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍAYHACIENDADE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA IMPULSAR EL ESTATUTO

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DE LAMICROEMPRESA, DELTRABAJADOR AUTÓNOMO Y DEL EMPRENDEDOR. (Número de expediente 158/000008.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número 43 del orden del día: Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
De acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996 sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las comisiones, el acuerdo del Pleno de creación de una subcomisión se adoptará sin debate previo y, por tanto, si algún grupo desea intervenir, se deberá acoger al turno de explicación de voto previsto en el artículo 89 del Reglamento.
Señorías, sometemos a votación la propuesta referida a la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de explicación de voto? (Pausa.)

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO.
(Número de expediente 158/000012)

La señora PRESIDENTA: Punto número 44 del orden del día: Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. A esta propuesta es también de aplicación la normativa expuesta hace un momento desde la Presidencia.


Sometemos a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 275; en contra, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de explicación de voto? (Pausa.)

- PROPUESTADE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE UN PROGRAMA GLOBAL QUE EL GOBIERNO HA DE DESARROLLAR EN EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN QUE CONTEMPLE TODOS LOS ASPECTOS Y POLÍTICAS SECTORIALES QUE INCIDAN EN EL FENÓMENO MIGRATORIO PARAAFRONTAR LOS RETOS QUE EL MISMO PLANTEARÁ EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. (Número de expediente 158/000014.)

La señora PRESIDENTA: Punto número 45 del orden del día: Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una subcomisión para el estudio de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en extranjería e inmigración que contemple todos los aspectos y políticas sectoriales que incidan en el fenómeno migratorio para afrontar los retos que el mismo planteará en las próximas décadas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 277.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de explicación de voto? (Pausa.) Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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