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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 38, de 13/11/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 38

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 36

celebrada el lunes, 13 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 16-1, de 30 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000016.) . . .
(Página 1695)

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S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 1695)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 . . . (Página 1695)

Títulos I y II . . . (Página 1695)

El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a los títulos I y II del proyecto de ley por considerar que no son adecuados para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus derechos laborales o para avanzar en la corrección del desequilibrio territorial. Con sus enmiendas pretenden que se corrijan ciertas previsiones presupuestarias del Gobierno en un sentido que consideran más justo y social, así como favorecer el control del Ejecutivo por el Congreso.


El señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defiende las enmiendas que en el título II presentan al artículo 13, relativo a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, con el fin de generar un marco legislativo que favorezca la gestión de estos centros educativos de iniciativa social en consonancia con criterios al uso en otros sectores laborales.


El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, da por defendidas sus enmiendas en los términos planteados.


El señor López de Lerma i López, defiende las enmiendas 1554 y 1555 al título I que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mantiene en este trámite y que tratan de corregir una deficiencia, según su parecer, en la financiación de la sanidad en el período 1998-2001.


Defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los títulos I y II el señor Fernández Marugán. Manifiesta que este proyecto de presupuestos no reúne ninguno de los tres requisitos necesarios para obtener un presupuesto equilibrado: la necesidad de realismo y de rigor, la necesidad de disciplina y el principio de universalidad, por lo que sus enmiendas están encaminadas a corregir estos defectos.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título III . . . (Página 1701)

El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las veintinueve enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta al título III, haciendo referencia varias de ellas a la propuesta de su grupo de modificación de las previsiones del Gobierno de incremento salarial de los funcionarios.


El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas mantenidas referentes al mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios públicos y a la consideración de la oferta de empleo público en función de la necesidad de servicio y no de otros criterios.


El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las veinte enmiendas que su grupo mantiene a este título III y que se refieren a la política de recursos humanos en las administraciones públicas.


El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende las enmiendas que su grupo presenta a este título III, gastos de personal, que él denomina: de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Sobre la base de este título argumenta la defensa de sus enmiendas y pide el voto favorable para ellas por el bien de los ciudadanos y por el éxito de una Administración pública moderna, eficaz y positiva.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Títulos IV y VIII y sección 07 . . . (Página 1707)

El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las cuatro enmiendas que su grupo mantiene al título IV, solicitando que se incrementen las pensiones en un 5,5 por ciento en lugar del 2 por ciento que prevé el Gobierno. Asimismo defiende las enmiendas 845 y 846 al título VIII, y anuncia la retirada de las enmiendas 848 y 849 por estar repetidas.


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El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende brevemente las enmiendas del Partido Andalucista referentes a que se aplique un límite extraordinario a las pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas cuando vengan originadas por incapacidad o inutilidad en acto de servicio. Asimismo da por defendidas el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende una serie de enmiendas a los títulos IV y VIII sobre la revalorización de las pensiones y el complemento de pensiones mínimas, circunstancias que plantean uno de los problemas más severos del sistema de solidaridad y protección español.


El señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende el grupo de enmiendas más justas y más necesarias, según su opinión, a estos presupuestos, con la intención de mejorar las pensiones mínimas, denunciando la insensibilidad social de estos presupuestos.


El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las enmiendas 1559 y 1560 al título VIII que, dice, se justifican por sí mismas, por el aval que comporta la firma del portavoz de su grupo y por la explicación consiguiente, por lo que sólo recuerda que la primera trata de bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el régimen general de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la segunda de que las bases de cotización de los trabajadores autónomos que el 1 de enero del próximo año 2001 tengan una edad inferior a 50 años deben ser elegidas por ellos dentro de las bases máximas y mínimas fijadas.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título V y sección 06 . . . (Página 1713)

El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las dos enmiendas del Partido Andalucista que tratan de incrementar el fondo de ayuda al desarrollo y de los fondos para el desarrollo social de los microcréditos, por entender que las dificultades de gestión de estas ayudas no pueden llevar en ningún caso a su disminución.


El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las enmiendas de su grupo a este título V, en sentido contrario a las del anterior interviniente, pues solicita que se disminuya a 35.000 millones de pesetas y se cree un fondo de condonación de deuda externa dotado con 45.000 millones de pesetas.


El señor Fernández Marugán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este título V, planteando el debate desde tres perspectivas: las autorizaciones que se producen a favor del Estado, de la Seguridad Social, de los organismos autónomos y de los entes públicos; las privatizaciones que en España se han producido a lo largo de los últimos años y la evolución del déficit.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título VI . . . (Página 1717)

El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 10, 11, 12, 13 y 14, que son de apoyo a los entes locales y hacen referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas, su afectación a los entes locales, al impuesto de actividades económicas y a otros tipos de impuestos, dando por defendidas las enmiendas 512, 513 y 514 del señor Saura Laporta.


El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), plantea a través de las enmiendas 1053 y 1054 modificar la base liquidable general del IRPF, y con la enmienda 1055 pretende elevar el mínimo personal y familiar.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón Gieb defiende las enmiendas 126, relacionada con los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica; 127 encaminada a aclarar que la exención en las obras benéficas sociales de las Cajas de Ahorro no incluye aquellas actividades que aun estando enmarcadas en el ámbito benéfico y social pudieran conllevar finalidad lucrativa o comercial; y la 128, sobre el impuesto de actividades económicas.


El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mantiene la enmienda 1556, que trata de ampliar la reducción de nueve puntos en el porcentaje de tributación por IVA para los servicios de peluquería, aprobado en la Ley de presupuestos del año pasado, a los centros de belleza que también ofrezcan servicio de peluquería.


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El señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende las enmiendas de su grupo a este título VI, destacando la falta de información existente en la Cámara sobre el sistema tributario español y agradeciendo a la OCDE el informe sobre las estadísticas de ingresos referidas al período 1996-1999. Asimismo acusa al Partido Popular de alterar la carga tributaria y desmantelar el único gravamen que gravaba a quien más ganaba, que solía ser quien más tenía, y hace referencia a las UMTS.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título VII y secciones 32 y 33 . . . (Página 1723)

El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda 844, que propone que se incremente la parte destinada al Fondo de Compensación Interterritorial, y retira la 847, que es repetición literal de la anterior.


El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas del Partido Andalucista a este título VII, enmiendas que considera básicas y conceptuales. La primera se refiere al reconocimiento del censo de la población andaluza a la hora de la liquidación de las cantidades que corresponden a esa comunidad, y la segunda y la tercera al incremento del Fondo de Compensación Interterritorial, dando por defendidas las enmiendas presentadas por el señor Labordeta.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas en primer lugar las enmiendas 515, 516 y 519, del señor Saura Laporta, pasando a referirse a las ocho enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunyacon la intención de mejorar la financiación y la capacidad presupuestaria de los entes locales, ayuntamientos y otras estructuras supramunicipales.


El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende un grupo de enmiendas presentadas al título VII. La primera pretende que cualquier subvención, transferencia o acuerdo con los ayuntamientos enclavados en el Estado español se haga sobre el padrón a 1 de enero del 2001; y otro grupo de enmiendas se refiere a que las transferencias o los ingresos a cuenta se aumenten del 95 por ciento de previsión al 98 por ciento. Asimismo plantea un aumento de subvenciones a los ayuntamientos y un mecanismo corrector sobre exenciones en el IBI y en otros impuestos que se realizan fuera del ámbito municipal pero que indiscutiblemente tienen repercusión sobre la hacienda municipal, y en otras dos enmiendas se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial.


Defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al titulo VII y sección 32 el señor López de Lerma i López. La enmienda 1557 al artículo 72 trata de subvenciones a entidades locales por servicios de transportes colectivos urbanos, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo con la sentencia 233 del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre; y la 1558 al artículo 73 trata de no hurtar a los ayuntamientos una compensación prevista por el Gobierno en el ámbito recaudatorio de las corporaciones locales.
Asimismo mantiene las enmiendas 1628 y 1629 y retira la 1627 a la sección 32.


Defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista la señora Pozuelo Meño. Su grupo presenta enmiendas al título VII y a las secciones 32 y 33 porque considera que la política del Gobierno para los territorios propicia la inseguridad y el desconcierto en materia fiscal entre las corporaciones locales y las comunidades autónomas y porque estos presupuestos no contienen las previsiones necesarias e imprescindibles que permitan mejorar las condiciones de desarrollo económico, de creación de empleo y de mejora del sistema productivo de aquellas regiones más desfavorecidas.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Disposiciones adicionales, transitorias y anexos . . . (Página 1731)

El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas centrándose en las disposiciones adicionales segundas de los estatutos de autonomía de Andalucía y Extremadura, hecho conocido como la deuda histórica constitucional de nivelación de servicios básicos. Asimismo se refiere a una enmienda de adición relativa a la territorialización de los fondos de cohesión, que persigue la transparencia en la finalidad de estos fondos.


La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las tres enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna a las disposiciones adicionales. Una de ellas se refiere al 0,7 por ciento

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del PIB para ayuda al desarrollo, compromiso adquirido hace unos años; otra, a que se cumplan asimismo los compromisos de la Cámara en relación con aquellas personas que no pudieron ser contempladas en los supuestos de las indemnizaciones de la Ley de amnistía, y la última es una enmienda de adición a una disposición adicional relativa a la formación continua.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas, en primer lugar, las enmiendas 520 a 523 presentadas por el señor Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya, pasando a defender las enmiendas números 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Esquerra Republicana.


El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presenta una enmienda de adición a la disposición adicional vigésima en la que plantea la aplicación de beneficios fiscales al DCC Aniversario de Bilbao, Tercer Milenio, exclusivamente para el año 2001.


El señor Rejón Gieb defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a las disposiciones adicionales. Un primer bloque va dirigido a dignificar cuanto menos el salario mínimo interprofesional; un segundo bloque trata de corregir el gran anacronismo del paro, sobre todo el paro agrario; y un tercer bloque pretende aumentar el control del Parlamento sobre el acceso al sistema informático del Ministerio de Hacienda.


Defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor López de Lerma i López. Anuncia que si el Grupo Popular accediera a poner Fundación Abadía de Montserrat en lugar de Patronato Abadía de Montserrat, su grupo retiraría la enmienda 1561 y la 1566, que es complementaria de la anterior. A continuación pasa a defender sus enmiendas 1562, 1563, 1565, 1571, 1567, 1568 y 1569, retirando la 1570.


El señor Griñán Martínez defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a las disposiciones adicionales con el propósito de conseguir un cumplimiento más completo del Pacto de Toledo, dejando claro dos cosas: que los complementos a mínimos tienen que financiarse a partir del año que viene con los Presupuestos Generales del Estado y que si se va tener una coyuntura demográfica favorable de aquí al 2010 o al 2015, y por lo tanto se mantendrá un superávit de la Seguridad Social, se tendrá que generar un fondo de reserva que pueda llegar incluso a media anualidad de la factura de las pensiones.
Asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mayoral Cortés defiende otro bloque de enmiendas a la disposición adicional vigesimoprimera que considera importantes. Con la presentación de sus enmiendas pretenden abrir un debate sobre la financiación por el Estado de las confesiones religiosas distintas a la católica y establecer un sistema definitivo de asignación tributaria a la Iglesia católica.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiroz Villar y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas a los títulos y disposiciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y sus anexos y a las secciones 07, 06, 32 y 33, así como del texto del dictamen.


Se suspende la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA ELAÑO 2001. (Número de expediente 121/000016.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Dictámenes de comisiones Títulos I y II sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. Iniciamos el debate del articulado de este proyecto de ley con las enmiendas a los títulos I y II conjuntamente, comenzando por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez) Para la presentación de las enmiendas, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Miren por donde, me cabe el honor de iniciar el debate en Pleno de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001; unos presupuestos que desde nuestro punto de vista no son los adecuados para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus derechos laborales o para avanzar en la corrección del desequilibrio territorial; unos presupuestos presididos por la nueva orientación -panacea,

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parece ser- del Gobierno, déficit cero, que no compartimos. Las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego a los títulos I y II hacen referencia a algunas de estas cuestiones y pretenden que se corrijan ciertas previsiones presupuestarias del Gobierno en un sentido que nosotros creemos más justo y más social, así como favorecer el control del Ejecutivo por el Congreso, control que parece que el Gobierno rehúye cada vez más. Paso a referirme brevemente a algunas de ellas.
Con la enmienda 804 pretendemos que se eliminen las competencias del Gobierno para autorizar créditos destinados a financiar la movilidad geográfica del personal de la Administración pública, posibilidad que introduce el Gobierno y que no compartimos, entre otras cuestiones porque abre el paso a una actuación arbitraria sobre los trabajadores. En la enmienda 805 pretendemos evitar la autorización de generaciones de crédito, por servicios prestados por ejércitos integrados en la OTAN, directamente por el Gobierno, sin el control o la consulta de las Cámaras legislativas. A nosotros nos parece que lo mínimo es garantizar que la participación en determinadas misiones de la OTAN debe contar con la aprobación de las Cámaras y, por tanto, de los créditos destinados a la financiación de las mismas. Desde luego, en cuestiones tan delicadas como ésta la transparencia es algo ciertamente deseable.
La enmienda 806 pretende evitar la habilitación al Gobierno para suspender determinadas partidas presupuestarias, que incluso podrían ser gastos sociales o inversiones en infraestructuras, al objeto de conseguir el déficit previsto, el famoso déficit cero. Desde luego, nosotros no compartimos que ese objetivo de déficit sea un bien en sí mismo y tampoco nos parece razonable que el Gobierno, para conseguirlo, se reserve la capacidad de no aplicar partidas previstas, sin que además nos diga cuáles.
La enmienda 808 pretende actualizar la aportación de los presupuestos del Estado a la Seguridad Social para financiar los complementos a mínimos, porque el Gobierno pretende su congelación. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez. (Pausa.) Adelante.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
La enmienda 809 va dirigida a delimitar las ayudas a los centros privados para los ciclos de enseñanza obligatoria. No es necesario insistir en que nosotros seguimos defendiendo que el Estado debe garantizar la existencia de un sistema público de enseñanza de calidad. No nos oponemos a la existencia de la enseñanza privada, pero sí a que se siga con la tendencia de dedicar importantes partidas a esta modalidad cuando las carencias del sistema público son tan notorias.
Por último, en la enmienda 810 proponemos eliminar la financiación provisional de los centros concertados, ya que, en nuestra opinión, esta fórmula se utiliza de manera fraudulenta. Es la cuarta vez que se incluye en la ley de presupuestos generales. Por otro lado, se propone excluir la financiación de las enseñanzas experimentales en los centros privados, ya que, en nuestro criterio, se deberían impartir en los centros públicos, suprimiendo también la financiación de las mismas en los centros concertados.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco al artículo 13, sobre los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los concertados, pretenden generar un marco legislativo que favorezca la gestión de estos centros educativos de iniciativa social, en consonancia con criterios al uso en otros sectores laborales. Resulta llamativo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte siga apostando por un modelo de relación laboral y económica para con los centros educativos concertados claramente intervencionista y que, además, obligue a los titulares de los mismos a un tipo de relación con el profesorado y demás personal no docente nada típico en el mundo de las relaciones laborales y completamente alejado de los criterios que, en general, sostiene el Partido Popular en estas materias sociolaborales. Desde esta perspectiva de trasladar al sector educativo de iniciativa social lo que es normal en el ámbito de relación Administración-administrados, el Grupo Parlamentario Vasco presenta diez enmiendas a este artículo 13, las comprendidas entre la 1042 y la 1051 y la correspondiente al anexo IV, enmienda 1052.
Además de este objetivo genérico enumerado anteriormente, el Grupo Parlamentario Vasco aboga en estas enmiendas por un planteamiento abierto de estos módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de estos centros concertados, en sintonía con una lectura estricta de las leyes educativas vigentes y no con una lectura restrictiva como la que se está produciendo en los últimos ejercicios en relación con estos temas; lectura restrictiva que sorprende, en primer lugar, por el objeto de las materias que se proponen, que en ningún caso suponen aumento de gasto, y, en segundo lugar, porque el planteamiento filosófico de gestión que subyace en estas propuestas es el que habitualmente recoge el Partido Popular en sus propuestas electorales o programáticas. Así, el proyecto de

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ley que presenta el Gobierno a esta Cámara plantea la financiación de estos centros educativos de iniciativa social en función de las disponibilidades presupuestarias. En opinión de este grupo parlamentario, esta coletilla debe suprimirse, puesto que introduce una limitación que está en contra de lo legislado en la Lopeg, que establece que los módulos mínimos se determinan por las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. El módulo mínimo es un sinsentido en nuestra opinión si a renglón seguido se establece la matización de que el mismo debe considerarse en función de las posibilidades presupuestarias. Para que los módulos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sean los básicos y mínimos es necesario que el límite a su cuantía no se establezca sobre el importe total de los mismos, sino sobre el importe de cada una de las partidas integrantes, así como de los componentes de éstas, como la ratio profesor-aula o salario-personal docente. En caso contrario, estamos desdibujando los conceptos con una clara intencionalidad de rebaja de lo ya establecido como módulo mínimo.
Resulta curioso constatar, señora presidenta, que la Administración exija en la gestión laboral de los centros educativos de iniciativa social que exista unanimidad de todas las organizaciones empresariales, generando situaciones laborales incomprensibles que dificultan la gestión de estos centros. Se solicita también en esas enmiendas que las previsiones de justificación se refieran al ejercicio económico correspondiente, obviando en este sentido el curso escolar o dejándolo meramente para efectos académicos.
Asimismo, en consonancia con la Logse, se solicita extender la financiación de los servicios de orientación educativa a cualquiera de las enseñanzas de régimen general reguladas en la citada ley y no exclusivamente a la educación secundaria obligatoria, como establece este proyecto de ley. Las ratio que se recogen en la enmienda 1049 son las que se entienden necesarias para asegurar la calidad de la prestación del servicio de enseñanza en los niveles que exige la Logse. No se puede obviar, señora presidenta, que los módulos actuales de conciertos no reflejan el coste real de la enseñanza concertada y que los mismos están además a años luz de los costes reales de la enseñanza pública. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que se realice por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los estudios correspondientes que determinen las necesidades reales de los centros de la enseñanza concertada en analogía con los centros públicos y, como corolario de estas premisas, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco al anexo IV sobre los módulos modifica las partidas de salarios del personal docente y cargas sociales de los distintos módulos de conciertos, incorporando a las mismas las ratio mínimas profesor titular-unidad expuestas en la enmienda 1049 como mínimos para garantizar la calidad del servicio educativo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: Solamente quiero decir que en este apartado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida da por defendidas sus enmiendas en los términos planteados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nosotros mantenemos para este trámite dos enmiendas al título II, las números 1554 y 1555, que tratan de corregir una deficiencia, al menos nosotros la observamos así, en el proyecto enviado por el Consejo de Ministros sobre financiación de la sanidad respecto del período 1998-2001. El Gobierno -en este caso también del Partido Popular en la anterior legislatura- había previsto obtener -y aquí hubo un debate en su momento- un ahorro de prácticamente 69.000 millones de pesetas para el año 1999 mediante la aportación de recursos por parte de la industria farmacéutica y de otras medidas que entonces se denominaron de racionalización del gasto farmacéutico. Lo cierto y verdad es que aquellas medidas y acuerdos, sobre cuya eficacia nosotros ya dijimos en su momento que teníamos serias dudas, no han producido el ahorro previsto de esos 68.900 millones de pesetas y entendemos que los recursos correspondientes a las comunidades autónomas, que se cifran en otros 42.900 millones, deben estar en los presupuestos para el año próximo para recuperar algo que en la práctica no ha sido otra cosa que generar un déficit hacia las comunidades autónomas mediante un discurso de ahorro en el gasto farmacéutico, que no se ha producido, tal como diversos grupos de la Cámara, entre ellos el nuestro, predijimos en su momento.
Por otra parte, respecto de la segunda de las enmiendas, ocurre que con el sistema de financiación vigente, al que en su momento dimos nuestro plácet o nuestro apoyo, cuando se liquida con las comunidades autónomas el modelo de financiación, es decir, cuál es la producción efectiva de ese modelo, siempre se realiza en función del crecimiento real del PIB nominal y, por lo tanto, no recoge la financiación correspondiente a decisiones que va adoptando a medida que puede, se le ocurre o ve necesario el Gobierno central; por parte de éste se toman medidas correctivas de este modelo de financiación, que a veces son impulsos necesarios, no lo discuto,

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en función de circunstancias sobrevenidas, pero que tienen su descarga económica, entre comillas se entiende, hacia los gobiernos autonómicos que tienen competencias en esta materia. Estos gobiernos no ven incrementado en la parte que les corresponde el coste adicional de unas medidas que toma, repito, el Gobierno central, que las toma no de acuerdo con la planificación de sus previsiones sino al hilo de acontecimientos sobrevenidos, y la factura final la pagan las comunidades autónomas. Nosotros creemos que en la práctica se produce un traslado de déficit también en el sistema de financiación sanitario hacia las comunidades autónomas, que se ven sorprendidas, aunque sea desde la solidaridad bien entendida, repito, con decisiones gubernamentales no previstas que generan gasto.
Nada más, señora presidenta. En esa línea de corrección iban nuestras enmiendas. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, cuando oí las primeras explicaciones que dio el Gobierno acerca de estos presupuestos dije que tenía la impresión de que vivíamos en una sociedad sin problemas. Cuando analicé estos presupuestos pude comprobar que eran unos presupuestos que elaboraban unos dirigentes políticos sin problemas, que son dos cosas completamente diferentes. En estos presupuestos sólo hay un mensaje, el mensaje del equilibrio presupuestario, pero una cosa es tener un mensaje y otra es disponer de unos fundamentos o de un proyecto político que dé cabida a ese mensaje. El equilibrio presupuestario plantea, al menos, tres requisitos: la necesidad de realismo y de rigor, la necesidad de disciplina y el principio de universalidad.
Tiene que estar todo lo que tiene que estar, pero tiene que estar bien contado y bien dotado. Este proyecto de presupuestos no supera ninguno de los tres requisitos.
No hay rigor ni realismo presupuestario, ni en el escenario económico ni en el cifrado presupuestario. Hoy sabemos que al Gobierno se le ha ido la inflación de las manos y, como consecuencia de ello, nadie cree en las previsiones para el año 2001; no cree ni el propio Gobierno, como se podrá ver a lo largo de estos debates. En el capítulo 1 de todas y cada una de las secciones y de todos y cada uno de los títulos se establece un incremento del 2 por ciento. Este año la inflación terminará en el 4 por ciento, el crecimiento medio de los precios será el 3,5 y al año que viene nadie lo va a hacer bajar del 3 por ciento. A pesar de todo, los créditos consolidados de personal, que constituyen una magnitud superior a 4 billones de pesetas, están mal dotados y también está mal dotado lo que se va a pagar por intereses de la deuda. Se dice que se va a pagar en el año 2001 algo menos de lo que se va a pagar, según el avance de liquidación, en el año 2000. Otro tanto ocurre con múltiples capítulos presupuestarios que están tratados de manera similar al capítulo 1 en el capítulo 3. Los beneficiarios de las políticas sociales, los del seguro de desempleo, los pensionistas asistenciales, el servicio sanitario, las dotaciones de las administraciones territoriales, todos ellos tienen un impuesto oculto que nadie aprueba, que ellos soportan y que a todos erosiona.
Esas carencias que notamos en los gastos de personal y en el servicio de la deuda aparecen en capítulos tan importantes como el de la Seguridad Social. Ustedes han previsto dotaciones presupuestarias que incorporan el crecimiento del número de beneficiarios, el efecto sustitución y un incremento del 2 por ciento, pero, ¿está la desviación del año 2000? ¿Están los dos puntos o han previsto única y exclusivamente el 1,2? ¿Y el resto dónde está? ¿Dónde están las previsiones para elevar el complemento de mínimos, las pensiones mínimas del sistema o el fondo de reserva? Al final sería lamentable tener que decir que en este presupuesto del equilibrio faltan aspectos importantes de la política social.
En materia de disciplina ¿qué ocurre con el capítulo 8? Que los activos financieros se elevan el 36 por ciento, alcanzan la cifra de 1,3 billones de pesetas, pero todos sabemos qué son hoy los activos financieros. No son otra cosa que gastos de inversiones que se han ido deslizando de los capítulos 6 y 7 para imputarlos al capítulo 8 porque allí no se toman en cuenta a la hora de determinar el déficit.
Es una actividad bancaria ruinosa, que sólo tiene un 10 por ciento de retorno y que se desarrolla en el ámbito del sector público. Si nosotros aplicáramos estas restricciones a los 828.000 millones con que están dotados los activos financieros, tendríamos un gasto de inversión al alza de cerca de 500.000 millones de pesetas, medio punto del PIB. ¿Y de la universalidad? No están las pérdidas de Radiotelevisión, no están las pérdidas de la Renfe y los gastos del síndrome tóxico se cifran en 5.000 millones de pesetas, cuando todos sabemos que en los últimos años nos hemos gastado más de 50.000, y ya han anunciado ustedes para este ejercicio un crédito extraordinario.
Por tanto, si no hay rigor, si no hay disciplina, si no hay universalidad, ¿qué sostenibilidad tiene este tipo de proyecto? Seamos sinceros, desde la verdad y desde la transparencia: ninguna.
Para eso no hay que irse nada más que al análisis del agente Estado.
Cuando uno ve lo que el Estado transfiere, una vez que ha cumplido con sus compromisos con la Seguridad Social, con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales, con la Unión Europea, con los organismos autónomos, con los entes empresariales y con las empresas públicas, como pagador de su propia deuda o como pagador de sus propias clases pasivas,comprueba que tiene comprometido el 84 por ciento

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del presupuesto. ¿Cuánto es el 16 por ciento restante? Tres billones de pesetas, para mejorar el servicio público, para crear unas adecuadas infraestructuras que ayuden a competir a la economía española, para pagar los activos, el gasto de funcionamiento de los servicios y la inversión pública. Estos son, señorías, unos presupuestos sin margen, sin ningún margen, con una serie de carencias; unos presupuestos que conducen a alguna de estas tres pésimas soluciones: a la degradación del servicio público, a impedir nuestra vinculación y nuestra incorporación a la revolución tecnológica que se está produciendo en estos momentos, o a la pérdida de peso y de importancia del gasto social. Y por esas soluciones nosotros no apostamos. Nosotros apostamos por un servicio público de calidad, porque para eso pagan los impuestos los españoles. En este momento, nosotros tenemos una prestación deficiente y burocrática de los servicios públicos que en modo alguno ayuda a la prosperidad colectiva ni nos garantiza un equilibrio social. Hoy nos encontramos con un avance legislativo importante de la justicia, pero no hay recursos para dar este servicio con una mediana calidad. Hoy la seguridad ciudadana es un problema, porque aumenta la delincuencia, porque hay redes importantes de criminalidad, porque aumenta el número de los penados, y ustedes retiran 1.000 policías de la calle y 1.000 policías de los centros de investigación. Este presupuesto trae menos becas y menos educación compensatoria. En materia de política social, no hay un proyecto de servicios sociales, y de nuevo vuelve a descansar el problema de los españoles con deficiencias y con carencias en el hogar, y cuando digo que descansa en el hogar es que descansa en las mujeres. Hoy vivimos en un mundo en el que el saber y el ser capaz son variables muy importantes, que hacen que debamos apostar por un incremento del capital físico y por combatir la exclusión. Pues bien, estos presupuestos en modo alguno se vinculan a los acuerdos de Lisboa. Son unos presupuestos donde se pierde la iniciativa en materia de educación, en materia de cualificación profesional, en materia de investigación, en materia de innovación tecnológica. Nuestro sistema de ciencia y tecnología, actualmente, padece un momento crítico y estamos viendo cómo se está desmoronando.
Si en lugar de acercarnos a ese tipo de políticas nos acercamos a políticas más tradicionales, vemos cómo a ustedes, con la venta de las empresas públicas, se les ha olvidado la política industrial, a no ser que prefieran discutirla en la calle de Génova en lugar de en la carrera de San Jerónimo, dado que se han quedado ustedes con la propiedad de la mayor parte de las empresas públicas españolas. Con la renta agraria, ¿qué ocurre? Ocurre que por tercer año consecutivo miran hacia un lado, mientras que la renta de los agricultores se degrada. Y lo mismo que ocurre esto en el servicio público interior sucede en el servicio público exterior. Carecemos de instrumentos operacionales adecuados, financieros y presupuestarios. Hoy, en el servicio público exterior hay un creciente desorden. Ocurre lo que siempre ha ocurrido: ni imperio ni plata.
Estos son, señorías, unos malos presupuestos, unos presupuestos que no están a la altura de las necesidades de España. Son unos presupuestos para sostener una imagen, pero con malos fundamentos.
Son unos presupuestos para poder decir que se es el más grande entre los grandes, pero hay demasiadas carencias que no hacen posible esta afirmación. Muchas trampas, muchas mentiras, más agujeros que en un queso de gruyer. Y, además de todo eso, han malversado ustedes una buena idea, una idea que han sacrificado en el ara, en el altar de una enorme estafa política.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posición de grupos que no han presentado enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en este primer debate presupuestario de la VII legislatura. Debo decir que comienzo con la satisfacción de quien ve cumplido un proceso que se inició en el año 1997 y que puede decirse que culmina en el ejercicio presupuestario del año 2001 con la consecución de unos presupuestos equilibrados, unos presupuestos modernos y que ponen a España en una senda de futuro, del que en otras épocas nuestro país adolecía de forma sensible.
Comenzaré, si quieren con un cierto atrevimiento, diciendo que la oposición política de España acabará, como en otros años, pontificando el equilibrio presupuestario como uno de los elementos imprescindibles de la gestión presupuestaria. Lo digo porque ésta ha sido la tónica general vivida en los Presupuestos Generales del Estado desde que el Gobierno del Partido Popular se hizo cargo de la gestión de nuestro presupuesto. Acabarán, como digo, dando apoyo político a los presupuestos del año 2001, como lo hicieron en términos materiales respecto a los presupuestos de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
Me explico. En el año 1997, España se enfrentaba a una realidad, en cuanto al presupuesto, bastante difícil de olvidar. En el año 1997 estábamos en presencia de un enfermo terminal: las finanzas públicas de España. Era un enfermo terminal al que había que aplicar métodos quirúrgicos y los métodos quirúrgicos los aplicó el Gobierno en forma de cirugía invasiva. ¿Se acuerdan ustedes de la Ley de medidas de disciplina presupuestaria? ¿Se acuerdan del entonces discutido Real Decreto 12/1996, donde se impedía la disponibilidad de 720.000 millones de pesetas?

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Estos eran los métodos quirúrgicos que había que aplicar a aquel presupuesto, en el que hacía falta converger de forma nominal con Europa para estar presentes en la Europa en la que hoy está España sin ninguna discusión. Aquellos presupuestos sugirieron a la oposición política de España mil y un epítetos, pero fundamentalmente decía que España, que el Gobierno, no sería capaz de cumplir los criterios de convergencia nominal y se cumplieron. En el año 1998, el de los presupuestos del euro, se cumplieron los criterios de convergencia nominal. España dejó atrás décadas de aislamiento y apareció en la escena internacional como una nación capaz de responder a los problemas de los ciudadanos. En aquel momento fue cuando el Grupo Parlamentario Socialista acuñó aquella bonita descripción de lo que hacía el Grupo Parlamentario Popular, aquello de la ingeniería contable. ¿O es que no se acuerdan ya de lo que hablaban en los años 1998 y 1999? Reconocen que aquel presupuesto sirvió para lograr lo que hoy es una realidad incontestable, que España es una de las naciones del euro.
Solamente hace falta un par de años atrás para recordar otra de las grandes propuestas que hicieron el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno en el año 1999. Acuérdense de que en aquel curso legislativo se modificó la imposición personal de los españoles y se bajaron los impuestos. En aquel momento, se habló de una reforma regresiva, de una reforma imposible de asumir por los sectores menos favorecidos de la sociedad. Hoy, parece que el mismísimo Grupo Socialista apoyaría una segunda reforma fiscal, que creo que verá la luz en pocas fechas, según anunció el Gobierno. Por tanto, se trata de un proceso en el que el Grupo Parlamentario Popular apoyaba presupuestos que eran calificados por el Grupo Socialista con aquellos tótems relacionados con la ingeniería contable, decían que no iba a ser capaz la economía española de ponerse por encima del crecimiento económico vivido en otros años, etcétera.
Llegamos a los presupuestos del año 2000 y entonces lo imposible era crecer, como consecuencia de la crisis energética, más allá del 3 por ciento. España lo hizo y el Grupo Socialista tuvo que decir definitivamente que las políticas implementadas por el Gobierno en el año 2000 tuvieron como consecuencia muchas otras cosas además de crecer por encima del 3 por ciento. Se dieron cuenta definitivamente de que efectivamente las políticas implementadas en materia de empleo habían dado como resultado la creación de 1.000 empleos diarios y que estábamos en aquel momento por encima del 1.600.000 empleos creados desde la incorporación del Partido Popular al Gobierno de España.
En cuatro años han pasado muchas cosas y los tótems se van renovando, pero se van renovando con una posición política por parte del Grupo Socialista, también evidenciada a lo largo de este tiempo, que acaba estando a remolque de las circunstancias puestas de manifiesto por el Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista vive a remolque de las propuestas del Gobierno y, transcurrido un tiempo, cuando se olvidó el debate presupuestario de los años 1997, 1998, 1999, aparece otro pronunciamiento del mismo grupo que entonces nos criticaba diciendo que estaba bien. Hoy asistimos a un nuevo tótem, que es el equilibrio presupuestario. Al Grupo Parlamentario Socialista no le gusta formalmente el equilibrio presupuestario. Pues yo estoy seguro de que dentro de dos años ustedes lo expondrán en su programa de gobierno y hablarán del equilibrio presupuestario como hablaron el otro día de bajar los impuestos a las pymes y, a través de sus enmiendas al presupuesto, de lo contrario, de subir un 5 por ciento los impuestos a nuestros pequeños y medianos empresarios.
Pasarán de decir que era imposible alcanzar la convergencia real a que, en el momento que se produzca, tendrán que reconocer que las medidas adoptadas por el Gobierno eran efectivas, que se tradujeron en propuestas positivas para los españoles, y tantas otras cosas.
Llegaron ustedes a decir que iba a ser imposible mantener ritmos de crecimiento en España cuando las economías del resto de los países de Europa vivían momentos preocupantes, incluso recuerdo que algún país como Alemania e Italia tuvieron escenarios casi de recesión económica. Tuvieron que reconocer que España se había mantenido firme en el crecimiento de nuestras expectativas económicas y que lo que en otros sitios había supuesto dificultades ciertamente graves, en España se había resistido de forma alentadora para el desarrollo de nuestra economía, los potenciales crecimientos de nuestras empresas y la seguridad de nuestros empleados.
A mí me parece perfecto, razonable y legítimo que ustedes sigan manteniendo una posición formal de oposición al presupuesto (ninguna otra cosa se puede esperar de la oposición política en España), pero les digo que, de sus propuestas, seguimos sin entrever cuál es la alternativa real, si esto es tan malo, ni cuál es la alternativa posible de la oposición política en España. Yo creo que mis palabras se confirmarán dentro de unos años cuando veamos incluir en sus propuestas el equilibrio presupuestario como uno de los elementos inevitables en la gestión presupuestaria. Me van a permitir que diga que la alternativa del Grupo Socialista es bastante endeble, como mínimo. Basan sus enmiendas en aumentos indefendibles en el estado de ingresos. Todavía no sabe nuestro grupo cómo se consigue un incremento de 205.000 millones de pesetas por recaudación del impuesto sobre el valor añadido sin aplicar otras medidas adicionales. Ustedes, cuando subieron el IVA un punto, lograron justamente lo contrario, que los ingresos fiscales se redujeran en España. Como decía antes, ustedes proponen subir un 5 por ciento la tributación de los pequeños y medianos empresarios, cuando se ha demostrado en estos cuatro años que la mayor parte de los empleos se producen precisamente en las

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pequeñas y medianas empresas, que están garantizando el incremento de los empleos netos en España por encima de los 1.000 empleos diarios.
Realmente sus propuestas resultan endebles. No se acaba de ver si en su discurso están a favor o en contra del equilibrio presupuestario; no se acaba de ver una línea de actuación de rechazo claro al presupuesto del 2001. Yo me pregunto: ¿ustedes creen que alguien tiene claro en este momento en España por qué el Partido Socialista Obrero Español rechaza los presupuestos del 2001? Yo creo que nadie lo tiene claro. Yo creo que tenían muy claro lo que ocurría en el año 1997 y lo que ustedes decían en el año 1997, pero lo que hoy ocurre creo que nadie lo tiene claro, absolutamente nadie. Sin embargo, lo que sí creo que la opinión pública tiene interiorizado es que todo lo que se va presentando por parte del Gobierno del Partido Popular acaba traduciéndose en hechos favorecedores para la situación económica y social de España. ¿Se acuerdan cuando ustedes pronosticaban la imposibilidad de que el Gobierno pudiera financiar la sanidad española sólo con impuestos, sin tener que utilizar las cotizaciones sociales para ello? Pues se logró en el año 1999. ¿Se acuerdan cuando ustedes decían que era imposible que el Gobierno pudiera tener los impuestos de la Seguridad Social en superávit? Pues también es una realidad incontestable en el día de hoy. Y más, si quieren. ¿Cuáles son las propuestas a los títulos I y II? Debo decir que cuando el Gobierno del Partido Popular ha ido poniendo sobre la mesa un proceso meditado de circunstancias que nos llevan, al día de hoy, a presentar un inmejorable presupuesto, las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista son las mismas de siempre y ha ocurrido hoy en el Pleno lo mismo que ocurrió en Comisión la semana pasada. Las enmiendas que se presentaron en el año 1997 son las mismas que en el año 2001, exactamente las mismas, con la misma edición literal. No hay ninguna alternativa creíble que se fundamente en propuestas formales tan pequeñas y de tan poca ambición política como las que aparecen en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Y ésta es la realidad. Podrán ustedes revisar cuantas veces quieran las enmiendas presentadas; podrán ver si son las mismas, si son distintas o si son formalmente diferentes de las anunciadas por su grupo. Una cosa es lo que ustedes dijeron en el Pleno en el debate de totalidad y otra cosa son las obras, los hechos, las enmiendas puestas por escrito por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay una prueba irrefutable de que lo que digo es cierto, basta con hacer un pequeño cotejo de lo que, en circunstancias muy diferentes a las del año 1997, dice el Grupo Parlamentario Socialista. En sus enmiendas decían lo mismo que lo que dicen en un escenario económico completamente diferente al del año 1997.
Lamentablemente, eso es lo que ocurre con la oposición política en España. Cuando la trayectoria de la oposición política en España es la que es, con una incapacidad manifiesta de poner encima de la mesa alternativas creíbles, y como contrapunto existe una política sosegada, que ofrece tranquilidad a los españoles, continuada en el tiempo y que está dando resultados eficaces y bondadosos para nuestras empresas y para nuestros trabajadores, la oposición sigue sin presentar alternativas claras de gobierno. La prueba irrefutable es que la declaración definitiva del año 1997 se presentó por el presidente del Tribunal de Cuentas la semana pasada, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y nadie del Grupo Parlamentario Socialista llamó la atención sobre una circunstancia obvia: eran las primeras cuentas ejecutadas en su integridad por el Partido Popular a cargo del Gobierno de España; nadie. Tuvo que ser el Partido Popular quien recordara al Grupo Parlamentario Socialista que eran las primeras cuentas ejecutadas por el Partido Popular. Al portavoz en aquella Comisión no le mereció ni una sola, ni pequeña, ni insignificante crítica la ejecución de aquellos presupuestos.
Estos son los hechos que contrastan vivamente con otros discursos políticos realizados en esta Cámara. Esta es la realidad, señorías.
No voy a insistir más en ello. Existe no una aprobación formal, pero sí un rechazo formal de los presupuestos por parte de la oposición política.


La señora PRESIDENTA: Señor Cámara, vaya concluyendo por favor.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Termino, señora presidenta.
Existe un rechazo formal de los presupuestos por parte de la oposición política, pero, si me permiten, existe cierta aprobación virtual de los mismos, no sólo por la parte que corresponde a nuestro grupo parlamentario, sino por parte del principal grupo parlamentario de la oposición. Esta es una realidad, hasta que ustedes acrediten tener otras alternativas que, al día de hoy, no han presentado en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Una vez debatidas las enmiendas presentadas por los Título III distintos grupos a los títulos I y II, pasamos al debate del título III.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Rodríguez Sánchez. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta veintinueve enmiendas a este título III. Varias de ellas hacen referencia a nuestra propuesta de modificación de las previsiones del Gobierno de incremento salarial de los funcionarios, fijado en un 2 por ciento para el año 2001. La previsión de incremento que nosotros creemos

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más justa y adecuada a la realidad es el 5,5 por ciento. El tope de incremento salarial del 2 por ciento que propone el Gobierno conllevará inevitablemente que un año más los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo, porque todo apunta a que la inflación, como sucedió en años pasados, superará ese 2 por ciento. Es también una evidencia que año tras año los funcionarios ven cómo retrocede su capacidad de compra, más si cabe en un momento en el que las alzas de precios son tan evidentes; las gasolinas y la vivienda están a la vista de todos. Creemos que es necesario modificar la tendencia de estos años anteriores, en que los funcionarios vieron cómo se congelaban sus sueldos o cómo estos quedaban fijados por debajo del IPC. En este sentido, proponemos un incremento salarial, de manera que se empiece a compensar, aunque sea parcialmente, esa pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, creemos que el tope de incremento salarial fijado por el Gobierno para los funcionarios incide de alguna manera negativamente en todos los trabajadores, en tanto que sirve de orientación para la negociación de los convenios colectivos.
Esto hace tender a la baja los incrementos respecto a los precios del común de los trabajadores.


Por referirme a algunas otras enmiendas, con la enmienda 812 pretendemos que se suprima la intención del Gobierno de impedir a las comunidades autónomas la capacidad de fijar incrementos retributivos distintos a los fijados por el Gobierno para su personal. Nosotros no creemos que tal limitación encuentre el amparo legal que pretende el Gobierno, porque impide adaptar los incrementos salariales a los distintos IPC que, como es sabido, son diferentes en las distintas comunidades autónomas. Con la enmienda 813 queremos mostrar nuestra oposición a la política restrictiva del Gobierno en cuanto a la creación de empleo en la Administración. El Gobierno lleva varios años limitando las plazas de nuevo ingreso en un número inferior al 25 por ciento en la tasa de reposición de efectivos, lo que no sólo no ayuda a amortiguar la cifra de paro, vía creación de empleo por la Administración, sino que, además -y esta es una paradoja-, por falta de personal propio, acude a la contratación de empresas externas para cubrir precisamente las de la Administración, lo que a nosotros no nos parece nada razonable. También en este sentido va la enmienda 814, que pretende que el personal sanitario de asistencia social no sea sometido a la limitación que propone el Gobierno, referida a esa reposición de efectivos. Nosotros creemos que, si es inconveniente la restricción en la contratación de personal, en general, más lo es en el caso del personal sanitario de asistencia social. En la enmienda 820 proponemos que se consideren todas las retribuciones básicas, tanto el complemento de destino como específico, a la hora de establecer la cuantía de las pagas extraordinarias de los funcionarios. Con la enmienda 823 pretendemos que se supriman los complemento de productividad como fórmula para fijar los salarios. Creemos que este tipo de complemento no deja de dar lugar a la aparición de criterios subjetivos y de crear diferencias salariales no necesariamente basadas en el real trabajo que se hace. Con la enmienda 824 se pretende que los funcionarios interinos vean reconocida su antigüedad a través del cobro en trienios como los demás funcionarios, lo que nosotros creemos que es de justicia. La enmienda 825 se refiere a que el personal eventual, que es, además, personal de confianza, precisamente aquí no pueda ver incrementadas sus retribuciones a través del complemento de productividad, porque si en general nosotros lo consideramos fuente de posible arbitrariedad, en este caso el peligro se acentúa notoriamente. Con la enmienda 826 proponemos que a los funcionarios se les compute automáticamente, a efectos de trienios, los años trabajados con la Administración como funcionarios en prácticas y que no tengan que solicitarlo. Por último, con la enmienda 839, pretendemos que se elimine la disposición establecida en el artículo 37, referida a la contratación de personal laboral; es decir, que la Administración no recurra a las contrataciones temporales de una manera tan general como la que se propone, cuando es la propia Administración, como decía antes, la que lleva años limitando notablemente la contratación de personal fijo.
Proponemos esto porque la temporalidad debería limitarse a casos muy excepcionales y no con la amplitud que se propone. Creemos que la temporalidad no es deseable para los trabajadores y la Administración no debería ser quien fomentase esta modalidad de contratación.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto, para defender las enmiendas que ha presentado.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas referentes al mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios públicos y a la consideración de la oferta de empleo público en función de las necesidades del servicio y no de otros criterios. Asimismo, doy por defendidas el resto de enmiendas del Grupo Mixto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)

El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de

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Izquierda Unida presenta a este título III de la ley de presupuestos 20 enmiendas.
Las enmiendas que presentamos a este título se refieren a un aspecto fundamental de nuestras administraciones públicas: la política de recursos humanos. No hará falta que señale aquí que el grado de conflictividad al que pueden enfrentarse nuestras administraciones al hilo de estos presupuestos es creciente. Anticiparemos la conclusión de nuestra reflexión en este punto: el empeño del Ejecutivo en deteriorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y, como consecuencia, también la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas. De lo que se trata para un gestor público es de analizar la Administración pública española desde una triple perspectiva: la profesionalización de la Administración, la mejora de la calidad de los servicios que se prestan y su consideración en el contexto de un Estado descentralizado. No hará falta reiterar ante ustedes que cualquiera de los esfuerzos que se realicen en estas direcciones exige unos recursos humanos cualificados, motivados, formados y partícipes de la política que se impulsa. Cualquier baremo de calidad que se aplique a la gestión de recursos humanos enfatizará estos aspectos.Por el contrario, la política que se traduce de estos presupuestos destila ausencia de participación, escasez de estímulos e implicación en lo público de los recursos humanos; en definitiva, una incapacidad de crear una función pública de calidad, motivada y dispuesta a contribuir a la mejora de calidad de los servicios públicos. Desde este punto de vista, como hemos tenido oportunidad de enfatizar en los debates de las secciones de los presupuestos, tres variables se convierten en determinantes para analizar la política de la Función pública: primero, la concertación social; segundo, el deterioro del modelo de rentas; y, tercero, una función pública estable y de calidad. El juicio que nos merece cada una de estas variables es el que justifica el voto negativo al título III de la ley de presupuestos y, por extensión, al título III de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
En materia de concertación se ha hecho evidente para todos la creciente devaluación de los mecanismos de acuerdo y concertación existentes. El Gobierno ha rechazado cualquier posibilidad de negociación y acuerdo sobre las condiciones de empleo de los empleados públicos incluidas en el proyecto de presupuestos, llegando a ocultar algunas de estas propuestas a los representantes sindicales. La concertación no sólo tiene el cometido de traer un presupuesto anual concertado, sino avanzar hacia lo que es un auténtico déficit democrático de la Función pública: el derecho a la negociación colectiva. Su ausencia constituye un factor de discriminación respecto al conjunto de los trabajadores y tiene inevitables efectos en el modelo de rentas. El 70 por ciento de los trabajadores sujetos a convenio disponen de cláusulas de revisión y derechos de negociación frente a la indefensión de las empleadas y empleados públicos respecto a la evolución de precios, de decisiones, de gestión impensables, sin negociación en el ámbito privado, como en el caso de la movilidad geográfica forzosa; una regulación unilateral probablemente contraria a derecho no informada ni negociada con la representación sindical; el deterioro del modelo de rentas de las empleadas y empleados públicos es evidente. Se ha debatido en Comisión sobre la pérdida de capacidad adquisitiva histórica que ustedes niegan y que me imagino seguirán negando en este debate.
Tendrán que reconocer, al menos, que este ejercicio se ha perdido y que en el próximo no está nada claro que no vuelva a repetirse esta circunstancia.
No es este el momento de debatir su previsión de inflación, ese 2 por ciento que no resulta creíble para ningún agente económico. Desde esta perspectiva, enfatizamos la necesidad de recuperar la capacidad de pérdida en este ejercicio, más de un punto y medio incontestable, y la necesidad de incluir de una vez por todas una cláusula de revisión que defienda el modelo de renta de los trabajadores públicos. Izquierda Unida mantiene un criterio de derecho y justicia laboral. El incremento salarial no sólo debe anticipar la inflación prevista, sino además resarcir a los funcionarios y empleados públicos de la desviación de la inflación de este año y hacerles partícipes del incremento de productividad de la economía española.
Mantenemos, para reforzar la importancia de esta enmienda, nuestra opinión de que los empleados públicos han perdido entre 1993 y 1999 diez puntos respecto a la evolución del IPC.Desde esta consideración, la estructura del aumento del 4,6 que propone la enmienda respondería a un 2 por ciento para cubrir la inflación prevista, un 1,6 para cubrir la desviación sobre el IPC previsto en el 2000 y un 1 por ciento del complemento de productividad. Las enmiendas existentes en este punto se refieren al personal al servicio del sector público, con la aplicación del complemento de la productividad a los salarios más desfavorecidos, compensando la técnica de aumentar la capacidad adquisitiva en el pasado mediante reclasificación de puesto de trabajo, al personal laboral, a los funcionarios incluidos en la Ley 30/1984, al personal de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, de la Administración de Justicia y de la Seguridad Social. También se extiende este incremento a las recompensas y al personal de los cuerpos sanitarios locales.
Planteamos, una vez más, la necesidad de que el sistema de retribuciones establecido en el artículo 21 pierda su carácter básico; esto es, que la legislación presupuestaria deje de invadir la autonomía de las corporaciones locales y comunidades autónomas y pase a respetar su capacidad de autoorganización. Un evidente problema que está erosionando la calidad de los servicios públicos es la pérdida de estabilidad de empleo público. Los acuerdos entre organizaciones sindicales y patronales en 1997 han mejorado la estabilidad

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laboral en el sector privado en cuatro puntos. En este mismo año, el Gobierno impuso a las administraciones públicas una tasa de reposición que impide la cobertura de más del 25 por ciento de las vacantes que se produzcan. La consecuencia es que la temporalidad en las administraciones públicas ha crecido más de 3,5 puntos. Este incremento es notable en la Administración local (5 por ciento), pero también relevante (2,5 puntos) en comunidades autónomas y en la Administración central. Dicho de otra manera, uno de cada cinco empleados de la Administración es eventual. El efecto de la tasa de reposición ha sido, pues, un notable incremento precario y no la búsqueda de la contención del gasto. La sociedad demanda a las administraciones públicas que afronten un número mayor de servicios públicos y que mejoren los ya existentes; objetivos claramente incompatibles con la reducción de plantillas y su pérdida de estabilidad. Además de esta eventualidad, los gestores públicos han articulado vías que les facilitan mayor libertad de selección de personal, ignorando los sistemas públicos y objetivos, generalizándose una utilización abusiva del encadenamiento de contratos o del empleo de personal procedente de planes de empleo o de contratos de obras o servicios para la cobertura de necesidad permanente de plantilla.
Para terminar, la contribución del sector público a un empleo estable y de calidad, con derechos, exige la eliminación de la tasa de reposición, la conversión de empleo temporal en fijo, la reforma de los sistemas selectivos, la agilización de las ofertas de empleo público, la exclusión de las ETT del ámbito de las administraciones públicas y la normalización del contrato fijo discontinuo para los trabajadores estacionales.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Matínez Sanjuán para la defensa de sus enmiendas.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos discutiendo el título III, de los gastos de personal o de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Las consecuencias del debate de este título van a afectar, directa o indirectamente, a más de dos millones de personas en toda España que prestan sus servicios en las diferentes administraciones públicas. Todos los empleados públicos saben que el Partido Popular quiere reducir en términos nominales su salario el año que viene, porque en el artículo correspondiente del proyecto de ley de presupuestos se consagra que la subida salarial en el año 2001 va a ser del dos por ciento y nadie se cree que como en el año 2000 la inflación va a ser del dos por ciento. Es decir, que en términos reales los empleados públicos en España van a perder nuevamente capacidad de renta, capacidad adquisitiva.
En el debate presupuestario que tuvo lugar aproximadamente hace un año por estas fechas, el Gobierno también hizo una previsión de inflación del 2 por ciento, subió los salarios el 2 por ciento, pero camufló un poco esta subida con un fondillo que algunos sindicatos aceptaron y otros no. Crearon una especie de fondo de reparto porque sabían que iba a haber ya una pérdida de poder adquisitivo del año anterior, de 1999, no fuera que como el 2000 era año electoral tuviéramos conflictos en vísperas de las elecciones del mes de marzo.
Por eso el Gobierno el año pasado creó un fondo adicional y repartió una cantidad que algunos interpretan, con deslizamientos y sin deslizamientos, en el 1,2 por ciento. Y ahí el Gobierno marca su gran teoría: no ha habido pérdida o capacidad de renta entre los funcionarios gracias a estas decisiones. Pero no todo el mundo lo cobró, porque no fue un fondo que se generalizó a toda la Administración pública, entre todos los estamentos o todos los niveles de la Administración pública. Decía que como el 2001 no es año electoral -excepto en Galicia creo- y no hay previsión de adelanto electoral, señor Montoro, realmente no hacía falta poner en marcha este fondo, a no ser que las circunstancias a última hora terminen haciendo recapacitar a algunos sobre la necesidad o la exigencia de no cabrear demasiado a un determinado colectivo importante de ciudadanos de este país. Así que decía que como este año no hay elecciones no hay fondo, y la previsión de inflación va a ser la subida salarial, el 2 por ciento.
Tampoco parece que hay capacidad de negociación porque, el señor Montoro, el señor Rato y el Gobierno, con el apoyo del Partido Popular, quieren ser los primeros de la clase y este año hay que tener déficit cero. Al final resulta que para conseguir este objetivo, loable en opinión del Gobierno, algunos tienen que pagar el pato, y este año toca a los empleados del sector público. Pero la inteligencia del Gobierno le hace pensar: igual se nos rebrinca un poco este sector; después de los años que han pasado, otro año más, yendo las cosas tan bien, con un crecimiento del 2 por ciento, igual tenemos conflicto. Algunos está habiendo; por cierto, con un tratamiento de las decisiones políticas por parte de algunos representantes del Gobierno un poco desaforadas en las fuerzas y que mi grupo parlamentario no comparte. Como estaba convencido de que habría protestas y van a amenazar al Gobierno con movilizaciones, con protestas, lógicas por otra parte, encima se han sacado una cosa nueva en la ley de acompañamiento: metamos la movilidad funcionarial, metamos la posibilidad de que el Gobierno pueda trasladar a los funcionarios y empleados públicos fuera de su lugar de residencia o fuera del lugar en donde tienen su puesto de trabajo dentro de la misma provincia. Así, si se enfadan por un lado, tenemos la posibilidad de pactar por otro

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para intentar deshacer un poco los niveles de conflicto. Pero ni una cosa ni otra. Al final, la decisión del Gobierno es si no quieres taza, taza y media, congelación de subida salarial en el 2 por ciento y encima movilidad funcionarial. Así que no me extraña que el Gobierno, a la vista posiblemente de los conflictos que va a tener, haya desarrollado en los últimos tiempos una especie de campaña de agitación y propaganda tratando de demonizar y de satanizar las justas reivindicaciones de un colectivo importantísimo. Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas, concretamente el secretario de Estado de Administración Pública, tratando de demonizar y de satanizar las reivindicaciones de este colectivo se empeña en decir, desde hace tiempo, que gracias a este Gobierno y al Partido Popular los empleados públicos, los funcionarios, los miembros de la Administración pública están ganando poder adquisitivo. Esto no se lo cree, señor ministro, señores del Partido Popular, como se dice vulgarmente, ni el que asó la manteca, nadie. Conocida por todo el mundo la evolución del IPC en los últimos veinte años -porque la publica el Instituto Nacional de Estadística- y la evolución prevista en las leyes de presupuestos de los salarios de la Administración pública en términos legales, todo el que tiene una calculadora sabe y puede demostrar que los funcionarios y empleados públicos han perdido en los últimos cinco años 4,6 puntos de poder adquisitivo; por las leyes de presupuestos, no por otros inventos que justifiquen determinadas cifras. La subida del IPC en el año 1996-2000 ha sido del 13 por ciento y la subida de los sueldos, por leyes de presupuestos, ha sido del 9,4. Es decir, ha habido una pérdida de rentas, en función de la desviación de la inflación, de 4,6 puntos.
Es verdad -y lo tengo que reconocer- que también la hubo en trece años de Gobierno socialista -otros 4,7 puntos-, pero ¿no se había quedado en que en los últimos cuatro años las condiciones económicas de crecimiento y de evolución de la riqueza y la capacidad del Partido Popular de gestionar bien el presupuesto permitían avanzar en el aumento de la capacidad de renta? Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, su mensaje no ha conseguido engañar a nadie, y menos a los trabajadores del sector público. Lo mismo que mi grupo parlamentario SS.SS habrán recibido cartas de los sindicatos y de determinados colectivos pidiendo que no se consagre en este debate presupuestario una subida salarial del 2 por ciento sin una cláusula de revisión. Todos los partidos políticos distintos del Popular coinciden en este análisis. No se trata solamente del Partido Socialista, los sindicatos y otros partidos políticos, sino que además deberían conocer ustedes que las decisiones en materia de subidas salariales y de negociación salarial en determinadas comunidades autónomas están superando de forma clara y palmaria el 2 por ciento que ofrecen en la Administración general del Estado. La Generalitat de Catalunya ha pactado una subida del 3,8 por ciento porque en palabras del señor Duran i Lleida, conseller de la Governació, el IPC previsto por el Gobierno para el año 2001 es poco creíble y, además, está habiendo una pérdida de poder adquisitivo en el ejercicio del año 2000. Algunas comunidades autónomas están aumentando esta cantidad del 2 por ciento.Así que ¿qué grado de credibilidad puede tener -no ya ante el Partido Socialista sino ante otros partidos políticos de carácter nacionalista- el criterio de básico, los artículos correspondientes a las subidas, cuando hasta los responsables del Partido Popular en muchas comunidades autónomas están negociando subidas salariales superiores a las previstas en la ley de presupuestos e incluso indiciando la subida salarial del próximo año con el IPC de algunas comunidades autónomas en vez de con el IPC nacional real? Esto significa, señor Montoro, que ni sus propios responsables políticos en el ámbito de las comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos creen en la cifra de inflación ni en la capacidad adquisitiva que ustedes dicen haber conseguido para los trabajadores de la Administración pública.
Para apostar por una administración moderna, que asuma los retos del siglo XXI, que sea capaz de ser competitiva y eficaz, tiene que haber una dministración bien pagada, que negocie sus acuerdos -no como en estos momentos en que no se negocia absolutamente nada-; tiene que haber un nuevo marco de relaciones, una compensación al aumento en la productividad que está teniendo lugar gracias a que no aumentan la masa salarial ni la masa laboral en la Administración pública en las debidas condiciones. Nosotros creemos en ese tipo de administración: una administración modelo y adaptable a las nuevas realidades. Para eso hace falta estabilidad en el empleo y no plantillas mal dotadas; hace falta cubrir las vacantes y no una tasa de temporalidad altísima y la movilidad geográfica que se quiere imponer. Con una desmovilización y una desmotivación importantísimas no se puede pedir a la Administración pública que sea eficaz, moderna, estable, adaptada a las circunstancias y capaz de resolver los problemas de los ciudadanos.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Martínez Sanjuán, tiene que terminar.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino, señora presidenta.
Por eso queremos aumentar la estabilidad en el empleo a través de tres enmiendas que aumenten las plantillas, acaben con la inestabilidad laboral, haya un control mayor sobre las horas extraordinarias y se implante la jornada de 35 horas en la Administración pública. Pero queremos una administración con una política salarial coherente con la España que en estos momentos es capaz, en opinión del Gobierno, de apostar por el déficit cero. Por eso a través de nuestras

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enmiendas queremos compensar la pérdida del año 2000 que se está produciendo a unos niveles importantísimos, aproximadamente del 1,8 por ciento de capacidad de renta. Queremos establecer a través de la enmienda 1127 la cláusula de revisión salarial. Queremos actualizar las cuantías de compensación a los funcionarios y trabajadores del sector público por las dietas y por las indemnizaciones. Y queremos que se vayan empezando a acercar, porque sabemos que no se puede hacer de golpe, las pagas extraordinarias al salario real. Por último, hemos presentado tres enmiendas correspondientes a mejorar, a través de un plan de medidas sociales, a los trabajadores en activo y a los trabajadores de clases pasivas con un programa específico que mejore los programas de bienestar social en la Función pública.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, los objetivos y los planes de estos presupuestos consagran, desde nuestro punto de vista, una administración mal pagada, una administración con escasos efectivos y una administración sin ilusión y sin perspectivas. Por el bien de la Administración de este país les pediría que votaran a favor de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista porque antes o después, señores del Gobierno, van a tener que tomar decisiones que hoy no quieren tomar y que sería mejor que las tomaran cuanto antes por el bien de los ciudadanos de este país y por el éxito de una administración pública que todos queremos que sea eficaz, moderna y positiva.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Grupos que quieran consumir un turno en contra. (Pausa.) Grupos que quieran fijar la posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino. (Aplausos.)

El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, una vez que SS. SS.
terminen de saludar a los compañeros de la tribuna que les acompañan, quisiera decir que tenía la esperanza de que en este debate en Pleno los miembros de los grupos de la oposición hubieran cambiado su discurso catastrofista, su discurso de graves tormentas que se avecinan sobre nuestro país y sobre nuestros funcionarios y dieran una visión más realista de lo que es la España del año 2000 y la que va a ser en el año 2001. Lo digo porque no me ha sorprendido el debate de ninguno de los portavoces que han intervenido, pero mucho menos por supuesto el del portavoz del Grupo Socialista en esta materia. Quiero decirle, señor Martínez, que ustedes se tiraron catorce años haciendo presupuestos generales, se fueron sin saber cómo hacer un presupuesto general (Rumores.-La señora Amador Millán: ¡No digas bobadas!), se van a tirar otros tantos años y muchos más opositando a los presupuestos generales del Partido Popular y van a seguir sin saber cómo se hacen unos presupuestos generales. (Protestas.) Son pocos pero ruidosos, eso sí que es verdad.
Quiero decirles, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el título III del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno porque recoge la realidad de una política económica de globalidad y cuando se gobierna hay que pensar en la globalidad, en una economía que beneficie a todos los españoles y ahí están los más de dos millones de funcionarios; en una economía que tenga en cuenta el hoy y el futuro de nuestro país y de nuestros ciudadanos; en una economía que piense en una administración más moderna, más organizada, más eficaz, más transparente y, sobre todo, por mucho que les duela, en una administración más independiente que cuando ustedes gobernaban. Decir aquí que el Partido Popular y el Gobierno de España niegan el diálogo, niegan la negociación colectiva, es faltar a la verdad y a la realidad que existe en nuestro país y que desarrolla nuestro Gobierno. Decir aquí que los empleados públicos han perdido poder adquisitivo en estos años es lo más lejano de la realidad que se ha dicho en esta Cámara. (La señora López i Chamosa: Cómo se nota que no eres funcionario.- Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA(Rubiales Torrejón): Señorías, les ruego silencio para poder oír al orador.
Continúe, señoría.


El señor MERINO LÓPEZ: Saben SS.SS., porque así lo han reconocido los propios sindicatos, que los funcionarios han mejorado su poder adquisitivo en los últimos años: en el año 1996 el 2,2 por ciento; en 1997 el 0,4; en 1998 el 1,1 y en 1999 el 0,3. Pero les digo lo mismo que dije en Comisión: cuando este Gobierno habla de economía habla de política global, de política que beneficie a los ciudadanos y que beneficie a los funcionarios. Cuando se bajan las hipotecas se está beneficiando a los funcionarios; cuando se bajan los impuestos se está beneficiando a los funcionarios; cuando se baja la luz se está beneficiando a los funcionarios; cuando se baja el teléfono se está beneficiando a los funcionarios.
Les voy a dar un dato muy concreto porque están ustedes un poco alterados y espero que se relajen, ya que el debate presupuestario va a ser largo. Les voy a dar un dato para que se sitúen en lo que era la realidad del Gobierno socialista y lo que es la realidad del Gobierno del Partido Popular. En el año 1993 ustedes subieron un 3,5 por ciento las retribuciones de los funcionarios y las hipotecas se estaban pagando al 16 por ciento. Esa es la realidad y ese es el diferencial de las subidas que ustedes hacían a los funcionarios, de las magníficas situaciones económicas que ustedes ofrecían a los funcionarios. Los funcionarios de hoy en día

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están mucho más contentos con la política económica del Gobierno del Partido Popular que con la política que ustedes hacían, porque con esta política pueden pagar la hipoteca. (Rumores.) Con esta política pueden pagar la hipoteca, y ahí están los datos de bajada de morosidad que ha habido en los cuatro años de gobierno del Partido Popular, y eso es debido a que ha mejorado la situación económica de los ciudadanos y en concreto de los funcionarios. Ustedes siguen empeñados en demostrarnos que esto es un desastre, que nuestros funcionarios pierden, que vamos a la debacle funcionarial y a la debacle en nuestra Administración. Yo les quiero decir que, a pesar de que vean nubarrones, la capacidad de diálogo de este Gobierno llevará a buen término todas las negociaciones que están sobre la mesa. Ustedes intenten aprovechar todos los ríos electorales que pasen por su vera, por sus márgenes; nosotros seguiremos trabajando, el Gobierno seguirá trabajando por mejorar España, por seguir resolviendo los problemas de los españoles, por seguir mejorando la situación de nuestros funcionarios. Y hoy en día, por mucho que les duela, la Administración y los funcionarios están mejor que en 1995.
Y no lo decimos nosotros sino que lo reconocen los propios funcionarios.
Señor Martínez, quiero decirle -es un tema que ha sacado usted- que deseamos y confiamos en que los dirigentes de todas las administraciones públicas colaboren con el Gobierno de España en el equilibrio presupuestario, porque los intereses generales están por encima de los intereses particulares. Confiamos y deseamos que haya una colaboración leal en la actuación económica de los distintos gobiernos para mejorar y lograr ese equilibrio presupuestario que se prevé para el año 2001.
No entro a comentar la subida del 5,5 por ciento que se propone en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego porque me parece que está fuera de toda posibilidad de debate. Creo que con la respuesta dada al Grupo Socialista contestamos a todas las enmiendas.
Para terminar quiero decirle, señor Martínez, que ningún secretario de Estado del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Popular, sataniza a nadie, ni a los funcionarios ni a ningún ciudadano de España. Por tanto le ruego que utilice más correctamente el lenguaje parlamentario. Comprendo que usted pretenda aprovechar cualquier cosa electoralmente, aunque se demuestra que la rentabilidad que sacan de ello en los últimos tiempos es mínima. Y creo, como bien ha dicho nuestro portavoz, Rafael Cámara, que ningún español va a entender su oposición a este presupuesto. Con un presupuesto que por primera vez en los 20 años de democracia logra el equilibrio presupuestario -y ustedes mismos, con la defensa que hacen de sus enmiendas, están demostrando su falta de convencimiento-, es difícil explicar a los españoles que se pueda oponer a dicho presupuesto que presenta el Gobierno de España, que presenta el Partido Popular, que va a tener el apoyo del grupo parlamentario, y tenga usted la seguridad de que va a tener y tiene el apoyo de los ciudadanos y el apoyo mayoritario de los funcionarios.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez Sanjuán pide la palabra)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Merino.
Señoría, no ha habido turno en contra y no hay por tanto réplica, tal y como establece el Reglamento. Lo siento, señor Martínez Sanjuán. Se da así por concluido el debate del título III del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Iniciamos a continuación el debate conjunto de los Títulos IV títulos IV y VIII y de la sección 07 del proyecto de ley y VIII sección 07 de Presupuestos Generales del Estado, clases pasivas. Tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a estos títulos. Si, como acabo de oír, la contestación a alguna de nuestras propuestas de incremento para los funcionarios ha sido que ni merecía la pena hablar del incremento que proponíamos en ese caso por irrealizable, no le quiero decir qué pensará de las demás que proponemos. En todo caso, vamos a defender cuatro enmiendas al título IV, enmiendas en las que, en consonancia con nuestro planteamiento de que los sectores más débiles de la sociedad puedan beneficiarse en alguna medida de la bonanza económica que una y otra vez se nos dice que existe, y en este caso entre los sectores más débiles, el de los pensionistas, proponemos que se incrementen las pensiones en un 5,5 por ciento en lugar del 2 por ciento que prevé el Gobierno, y por tanto que las pensiones más bajas, tanto de clases pasivas como de la Seguridad Social, se vean incrementadas en dicho porcentaje. Nosotros creemos que son incrementos perfectamente asumibles por modestos; asumibles y además necesarios en un contexto de incremento de precios como el que se está viviendo y que afecta a las necesidades básicas de las personas, ya que quienes cobran pensiones mínimas se las ven y se las desean para hacerles frente. A veces, en estos debates no sabe uno si es que vivimos en mundos diferentes. Mientras que algunos tienen la percepción de que todo va maravillosamente, que la gente no sólo llega holgada a fin de mes sino que ahorra extraordinariamente, incluso para dar una entradita para un BMW, otros vemos a nuestro alrededor unas realidades bien diferentes, entre ellas la realidad de muchos pensionistas que yo creo que con un mínimo de objetividad todos podríamos compartir. En todo caso, nosotros creemos que más allá de las alabanzas que el Gobierno pueda hacerse a sí mismo respecto al enorme esfuerzo hecho para consolidar

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el sistema de pensiones, etcétera, debería considerar la situación y ver las dificultades de muchas personas mayores. Insisto en que son dificultades ciertas, que resultan aún más difíciles de entender en un marco en el que algunas capas sociales, por cierto, viven espléndidamente, y a lo mejor es la única realidad que algunos ven.
En definitiva, se trata de aumentos que aunque mínimamente permitan a los pensionistas disfrutar de una pequeña parte de esa riqueza que se está generando y que esa riqueza, por tanto, se redistribuya en función de la mayoría de la sociedad.
Al título VIII presentamos dos enmiendas, la 845 y la 846, y quisiera hacer constar que retiramos las enmiendas 848 y 849, que figuran en el texto que se nos remite y que son idénticas; por algún motivo que en este momento desconozco están repetidas. Haciendo brevemente referencia a las enmiendas, con la 845 pretendemos que para garantizar la adecuada financiación de la Seguridad Social se establezcan tipos de cotización para las modalidades de contratación indefinida, de duración indeterminada, etcétera, es decir todas las contempladas en el artículo 87 (nuevo) apartado dos.1.1, similares a los que estaban vigentes antes de la reforma efectuada el pasado año porque nos parecen más adecuados para este fin. Por último, con la enmienda 846 pretendemos que el Gobierno no disponga de la facultad de reducir aún más los tipos de cotización al desempleo por las repercusiones evidentes que esto supondría.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Núñez tiene la palabra.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente para defender las enmiendas del Partido Andalucista, respecto a que se aplique un límite extraordinario a las pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas cuando vengan originadas por incapacidad o inutilidad en acto de servicio.
Son las dos enmiendas presentadas a este capítulo y a su vez doy por presentadas y defendidas el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta una serie de enmiendas a los títulos IV y VIII. En este punto debatimos dos cuestiones fundamentalmente sensibles, como son la filosofía y la práctica de la revalorización de pensiones y el complemento de pensiones mínimas. Ambas circunstancias nos plantean uno de los problemas más severos del sistema de solidaridad y protección español. Un debate pendiente que sólo se ha afrontado desde la perspectiva de la suficiencia de los sistemas de pensiones y nunca desde la justicia o el modelo de rentas que deseamos. Mucho nos tememos que los regalos fiscales que el Gobierno ha venido efectuando en los años que España parecía ir bien, les ha dejado sin margen de maniobra para lidiar los días en que las cosas se tuerzan y se deterioren las rentas, especialmente las rentas más bajas. No compartimos esta política de espera que impulsa el Gobierno del Partido Popular. Los ministros de Economía y de Hacienda han sido muy claros en este sentido, nos ocuparemos de las rentas bajas cuando el presupuesto esté equilibrado; pero constatamos que de las rentas altas se ocupan cotidianamente, desde las operadoras de telefonía a los regalos en plusvalías, desde las petroleras a los servicios que manipulan sus precios.
Nuestras pensiones, señorías, no son suficientes ni adecuadas.
Nuestro sistema de protección social necesita una modernización no en el sentido de deteriorar las rentas o de animar a los ciudadanos a construir medidas, fondos de pensiones para su jubilación, sino mediante la corrección de las circunstancias que convierten a los pensionistas en grupos de riesgo de exclusión. Los ciudadanos españoles deseamos ser solidarios. No queremos ser solidarios con las petroleras pero sí con nuestros pensionistas; no con las operadoras de telefonía pero sí con los emigrantes. Ésta es la reflexión que de una vez por todas debe imponerse en esta Cámara y en la política de nuestros gobiernos.
El equilibrio de las cuentas públicas, además de construirse sobre contabilidades creativas por no hablar de morro fiscal de SS.SS., se edifica sobre el desplazamiento del beneficio de la actividad económica hacia los sectores privados en lugar de desplazarlo hacia los sectores más débiles de nuestra sociedad, como son parados y pensionistas. Su carrera hacia el déficit cero, incompatible en un país de cohesión, deja atrás una posibilidad histórica de modificar el período de crecimiento sostenido de la economía española, de mejorar notablemente el modelo de renta de nuestro país y de crear las condiciones para que los trabajadores españoles puedan elaborar un modelo de pensiones dignas.
En este contexto deseamos inscribir en primer lugar la revalorización de pensiones, siendo nuestra posición adecuar dicha revalorización a un incremento del 4,6, posición que Izquierda Unida ha mantenido para las rentas del trabajo del sector público. Se trata de un aumento que persigue compensar pérdidas anteriores de capacidad adquisitiva, la inflación prevista y desplazar al sistema de pensiones una parte del crecimiento de la economía española, revalorización que desearíamos ver acompañada de una cláusula de revisión que

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rechazara cualquier hipótesis de congelación, como las contenidas en la letra b) y siguientes del artículo 43. La tabla de pensiones mínimas que contiene el artículo 45 de estos presupuestos consiste en una auténtica declaración de riesgo de exclusión, especialmente para los casos de jubilación y viudedad. Las circunstancias demográficas de nuestro país, los datos de que disponemos sobre estadísticas de hogares y nuevos núcleos familiares revelan en qué medida estos sectores sociales constituyen una porción cada vez más elevada, sobre todo en los grandes núcleos de población, sectores sociales que viven con riesgo de precariedad motivado por la evolución de los precios, el precio de la vivienda y el acceso a los servicios de primera necesidad.
Debemos referirnos en este marco a los complementos para las pensiones inferiores a la mínima en el sistema de la Seguridad Social. Estos complementos a mínimos tienen un evidente carácter no contributivo, lo tienen hoy y lo tenían en su momento. Fueron de difícil justificación a la hora de su regulación y lo es ahora su financiación a cargo de la Seguridad Social. Los supuestos no contributivos vinculados a la solidaridad deben financiarse con impuestos y no con la caja de la Seguridad Social. Las cosas entonces eran así y ahora también y éste debería seguir siendo un buen momento para corregir estos supuestos. En el momento de su regulación era más arriesgado que ahora para la solvencia de la Seguridad Social atribuir estos complementos a este régimen que al sistema impositivo.
Estos presupuestos deberían corregir la legislación reguladora y deberían habilitar las partidas que permitan dignificar los complementos a mínimos. La práctica solidaria consiste en mejorar dichos complementos, así como la pensión mínima, especialmente en los casos que afectan a estos complementos. En el pasado no hemos tenido oportunidad, por razón de la técnica del sistema, para conseguir una jubilación digna para los trabajadores y trabajadoras y me temo que en el presente no lo estamos haciendo. Reconozcamos, señorías, que estamos dificultando la construcción de carreras de jubilación a relevantes porciones de nuestra población, por ello planteamos la necesidad de reforzar la política de solidaridad.
Por último, quiero referirme a nuestro deseo de incorporar pensiones extraordinarias de nueva naturaleza junto a las que se señalan en el artículo 41, no queriendo dejar pasar la ocasión para manifestar nuestro apoyo a las pensiones extraordinarias reconocidas a las víctimas del terrorismo. Esta solidaridad es sin duda expresión de nuestro compromiso con una convivencia pacífica y de rechazo a la violencia, compromiso con un claro mensaje a la sociedad española de que el Estado de derecho protege a sus ciudadanos frente al crimen y la violencia. En este contexto reconocemos que pueden existir otras circunstancias extraordinarias que no por ser ajenas a esta deleznable actividad terrorista dejan de ocasionar graves perjuicios, por ello proponemos que en relación con la incapacidad o inutilidad física producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo se sitúe su importe máximo en el 200 por ciento del límite establecido con carácter general. Sería un contrasentido, por no decir un prejuicio injusto, que estas pensiones extraordinarias no tuvieran un límite extraordinario, en consonancia con la casuística de su señalamiento inicial.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo parlamentario Socialista, el señor Jáuregui tiene la palabra.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a la tribuna para hacer la defensa del grupo de enmiendas, me atrevo a decir más social y más solidario que el Partido Socialista propone a este presupuesto; las enmiendas más justas y más necesarias.
Queremos mejorar las pensiones mínimas. España es un país, señorías, que accedió tarde al Estado del bienestar, en general al desarrollo económico y a lo que es una sociedad equilibrada, redistribuida, cohesionada socialmente.
Si hablamos de convergencia con Europa, que es nuestro objetivo básico, tenemos que concluir que el problema más importante que tiene este país para atender un colectivo tan importante como el de los pensionistas con las pensiones más bajas, es en ese escalón de lo que llamamos las pensiones mínimas donde se encuentra el esfuerzo de redistribución y de solidaridad que este país tiene que hacer.
¿Quiénes son, cómo son, qué cobran, cuál es el problema? Señorías, en España tenemos aproximadamente 800.000 pensionistas si sumamos las pensiones no contributivas (450.000 aproximadamente), viudas menores de 60 años y las llamadas pensiones del SOVI. Repito, 800.000 personas perciben aproximadamente al mes de 40.000 a 45.000 pesetas; 1.400.000, pensionistas normalmente menores de 65 años, bien por jubilación, bien porque no tienen cónyuge a cargo, etcétera, cobran en torno a las 60.000 pesetas, y por último en torno a 1.000.000 de jubilados con cónyuge, mayores de 65 años, que cobran aproximadamente 70.000 pesetas al mes. En total, señorías, 3.200.000 pensionistas que cobran cantidades, repito, que oscilan entre las 40.000 y las 70.000 pesetas. ¿Qué propone el Gobierno a estos pensionistas? Les propone una subida del 2 por ciento, es decir que sus pensiones mensuales, tan bajas ya como ustedes coincidirán conmigo, suban en torno a 1.000 pesetas al mes; es decir, nada.
Yo creo, señorías, que de la misma manera que se ha hecho siempre un esfuerzo por mejorar las pensionesmínimas (desde luego el Gobierno socialista lo hizo

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durante muchos años, ya que tanto les gusta recordar al Gobierno socialista), se debe seguir haciendo por mejorar esas pensiones mínimas respecto al resto de las pensiones. Incluso ustedes algo hicieron también el año pasado en un acuerdo con los sindicatos.
Conscientes todos de que hay que mejorar un poco más a este colectivo tan importante (3.200.000 hogares), debemos hacer un poco más. Pues, no el 2 por ciento de incremento para las pensiones mínimas en España, que equivale -repito- a 1.000 pesetas al mes de incremento para todas ellas.
Pues bien, el Partido Socialista cree que hay que hacer un esfuerzo mayor. Hemos propuesto que el incremento de las pensiones mínimas sea del 5 por ciento, el 5 por ciento para las no contributivas, el 5 por ciento para las pensiones mínimas en general, el 8 para las pensiones más bajas (SOVI y orfandad) y una equiparación importante para las viudas menores de 60 años que perciben, creo que sin ninguna razón que lo justifique, una pensión mucho más baja que las pensiones que perciben las viudas mayores de 60 años, y las igualamos con un incremento de unas 15.000 pesetas al mes. Incluimos también en nuestra propuesta un nuevo colectivo para pensiones mínimas al incorporar la invalidez permanente total de personas menores de 60 años.
Señorías, esta propuesta equivale a un coste en torno a 120.000 millones de pesetas y según cómo apliquemos las tablas puede rondar los 130.000 millones como mucho. Es una cifra perfectamente aceptable para nuestras cuentas públicas si pensamos, por ejemplo, que el presupuesto de la Seguridad Social aporta 311.000 millones de pesetas desde las cotizaciones de la Seguridad Social al presupuesto general del Estado para el llamado déficit cero; es decir que hay una aportación -sé que es una aportación contable-, una aportación de la Seguridad Social al presupuesto general que supone casi tres veces la que estamos pidiendo para mejorar un poco las pensiones mínimas. Se podrían poner otros ejemplos. ¿Cuánto nos va a costar en las pensiones, señorías, la desviación de inflación del año 2000? Cerca de 300.000 millones. Hay cifras macroeconómicas que explican perfectamente que este país puede hacer este pequeño esfuerzo para mejorar ese colectivo. No me digan (como no tengo oportunidad de replicar tengo que hacerlo ahora adelantándome a los argumentos de contrario), que ya se han hecho esfuerzos en años anteriores, no me digan esto porque no es suficiente, señor Azpiroz, hay que seguir haciéndolos y no me digan tampoco que ya pactaremos más adelante con los sindicatos porque si el diálogo social es importante, el diálogo político no lo es menos. Si un acuerdo con los sindicatos legitima una subida de pensiones, un acuerdo con la oposición lo legitima mucho más. No acabo de entender por qué nos vamos a ir de esta Cámara con el 2 por ciento de incremento para las pensiones mínimas, hurtando al debate parlamentario de esta Cámara la oportunidad de pactar entre Gobierno y oposición un incremento importante de las pensiones mínimas, que quizás va a ser pactado como compensación de otro tipo de concesiones en el diálogo social. No hay razón ni hay derecho para que esta Cámara no pueda debatir el incremento de las pensiones mínimas, salvo que apliquemos el argumento que he escuchado antes al representante del Grupo Popular a propósito del salario de los funcionarios, que viene a decir que no hay que subirles ni siquiera la inflación porque ya han mejorado su teléfono y su hipoteca y no sé qué cosas más. Por esa regla de tres no apliquemos ningún incremento ni siquiera éste, porque ya les bajan no sé qué otras cosa. Por cierto, no les bajan nada, todo está subiendo ahora -como saben muy bien-, las hipotecas, el gasóleo y todo lo demás. La cuestión es que tenemos oportunidad de poder hacer un incremento en el colectivo que más solidaridad demanda y que nos plantea con urgencia.
Les voy a dar un dato que me parece anecdótico pero significativo.
Ustedes saben, señorías, que el Partido Popular es oposición en el Parlamento Vasco; que es oposición lo saben todos, porque es evidente y lo vemos todos los días, pero en el debate que ha habido en el País Vasco sobre el salario social, sobre el mal llamado salario de pobreza, el salario de inserción de los que no tienen nada ni pensión no contributiva ni pensión mínima, de los que no reciben nada, quiero que ustedes sepan que el Partido Popular ha propuesto un incremento de ese salario al Gobierno del PNV, obviamente, no del 2 ni del 5 por ciento, sino del 50 por ciento. El Partido Popular quiere que en el País Vasco quien recibe el salario de pobreza cobre 61.000 pesetas.
Por cierto, me parece formidable, hemos coincidido con ustedes en esa reclamación, pero yo pregunto si allí pueden cobrar quienes no tienen nada una pensión de pobreza de ese importe, ¿por qué los 3.200.000 españoles que sólo reciban de 40.000 a 70.000 pesetas no pueden tener un incremento no del 2 por ciento -1.000 pesetas al mes-, sino del 5 por ciento como plantea el Grupo Socialista? No hay respuesta para eso.
Voy a terminar con una denuncia importante y grave, que quiero hacer solemnemente. Ustedes comparan siempre las cifras de gasto de sus presupuestos con los años 1995, 1996, y a veces con el año anterior.
Por favor, comparémoslas con nuestro PIB y con Europa, para converger. Y quiero dejar claro que en relación con nuestro PIB el gasto social en España está estancado en el entorno del 20 por ciento y que nuestro diferencial con Europa en gasto social ha aumentado de cinco a siete puntos. Esas cifras son las que merecen un debate político en profundidad. Digan ustedes si o no a esto, pero no me diga ya veremos, señor Azpiroz, por favor. No me digan ya veremos, igual pactamos, digan sí o digan no. Si es sí, llévense la gloria, y si es no, como señalaba el señor Cámara reiteradamente que nadie sabe qué dice el Partido Socialista?

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La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Jáuregui tiene que concluir.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Ahora mismo acabo, señora presidenta.
Como dice el señor Cámara que nadie sabe cuál es el argumento de la oposición del Partido Socialista a estos presupuestos, déjenme les diga que todo el mundo sabrá hoy y mañana que el argumento de oposición es su insensibilidad social, total y absoluta.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Jáuregui. ¿Algún grupo quiere intervenir para consumir un turno en contra? (Pausa.) Para fijación de posición, tiene la palabra el señor López de Lerma, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, pero mi intervención iba en el sentido de que, como usted ha expresado, hemos unido los títulos IV y VIII, además de la sección 07, Clases pasivas, y al título VIII nuestro grupo mantiene dos enmiendas. Simplemente quería recordarlo y reclamar el turno correspondiente, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor López de Lerma.
Señoría el Grupo de Convergència i Unió tenía enmiendas y fue saltado en el orden correspondiente. Le pido disculpas y si quiere fijar su posición, tiene la palabra.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Efectivamente, como usted ha señalado, señora presidenta, mantenemos dos enmiendas a este título VIII, las números 1559 y 1560. Se justifican por sí mismas, por el aval que comporta la firma de nuestro portavoz y la explicación consiguiente, pero quiero recordar a SS.SS. que la primera trata de bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el régimen general de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que como saben SS.SS. están limitadas por grupos de categorías profesionales y por las bases mínimas y las máximas.
Nosotros entendemos que las cuantías de esas bases mínimas y máximas no se ajustan a lo que es correcto en cuanto a la inflación que no de una manera oficial pero sí altamente oficiosa (y aquí se ha puesto de manifiesto por parte del señor Jáuregui, en una cita concreta, la de las 1.000 pesetas de incremento) en la práctica sí se da. ¿De qué estamos hablando? Estamos sugiriendo, señora presidenta, abrir una moratoria en el proceso de aproximación de las bases máximas de cotización de las diferentes categorías laborales o del destope, que se llamaba entonces, en el año 1997, cuando se inicia en el contexto del Pacto de Toledo que aún sigue vigente, toda vez que no ha sido todavía sustituido por uno nuevo.
El proceso de destope de las bases máximas de cotización comporta un aumento de los costes laborales no salariales para aquellas empresas que ocupan un elevado número de empleados adscritos a los grupos 5.º a 11.º de cotización, es decir los empleados de menor cualificación profesional, lo cual genera un problema de competitividad inducida por el hecho de soportar ese sobrecoste a la empresa. Por ese motivo y después de cuatro años consecutivos de ir incrementando los costes de la Seguridad Social por encima de la inflación prevista y de hecho la existente a 31 de diciembre de cada ejercicio, proponemos abrir una moratoria en el proceso de destope para el ejercicio 2001, para que esas bases máximas de cotización de las categorías que he citado, de la 5.ªa la 11.ª, se incrementen estrictamente el 2 por ciento, lo que estaba previsto de inflación, como habíamos leído en la prensa, y que ha desaparecido del documento presupuestario.
La enmienda 1560 trata de que las bases de cotización de los trabajadores autónomos que el 1º de enero del próximo año 2001 tengan una edad inferior a 50 años deben ser elegidas por ellos dentro de las bases máximas y mínimas fijadas; precisamente con objeto de equiparar el incremento del límite máximo de las bases de cotización de los trabajadores autónomos de 50 años, proponemos fijarlo estrictamente al 2 por ciento.
Nada más, señora presidenta y muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor López de Lerma. Disculpe que antes haya saltado el orden de intervención de su grupo.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, se nos ha acusado, injusta cicatera y falsamente, de insensibilidad social. Obras son amores y no buenas razones, señor Jáuregui. Heredamos una Seguridad Social con más de medio billón de pesetas de déficit, y hoy el Gobierno Popular ha puesto a la Seguridad Social en superávit para el futuro de los pensionistas actuales y los que puedan venir el día de mañana. Ésas son obras, ésas son realidades y eso es sensibilidad social y no hacer proclamas que no vienen respaldadas por realidades políticas ni fácticas. Hay que ser, señor Jáuregui, un poco más respetuoso y un poco más objetivo con la realidad de las cosas.
Señora presidenta, iba a hacer una introducción en relación al apoyo obvio de nuestro grupo y de este portavoz a los títulos que me toca defender aquí en este momento. Por economía de tiempo y porque quiero

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responder de algún modo a todos, voy a dejar estas evidencias; evidencias que se traducen en que año tras año, y en contra de lo que se dice los presupuestos del Gobierno se vienen materializando en crecimiento de empleo, en crecimiento de cotizantes, en crecimiento de las cuentas de resultados públicas y de la Seguridad Social, en garantía de futuro y también en elevación, importante en algunos ejercicios, de las pensiones mínimas no contributivas, pensiones SOVI y mínimas como he dicho, dentro del sistema de la Seguridad Social.
Ha habido un eje vertebral en las enmiendas de casi todos los grupos intervinientes que se han referido a esta materia. Usted dice que no recuerda y yo le digo que no sea amnésico. El año 2000, es decir el año que está discurriendo, el Gobierno Popular llegó a un acuerdo con los interlocutores sociales que dio lugar a una reforma importante de las pensiones mínimas con un incremento de más del 5 por ciento, el 5,4. Se consiguió una equiparación histórica a la pensión de jubilación de mayores de 65 años con cónyuge a cargo, que era una reivindicación sindical jamás conseguida, ni en 13 años de Gobierno Socialista, pero en cuatro de Gobierno Popular, un Gobierno tan insensible, se consiguió; se subieron las pensiones no contributivas y las pensiones de viudedad, para los menores de 60 años particularmente, sin cónyuge a cargo, prácticamente el 11 por ciento y con cónyuge a cargo, el 15,95 por ciento. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

Este Gobierno, este grupo y este Parlamento hicieron posible garantizar a todos los ciudadanos pensionistas que sus pensiones iban a ser actualizadas automáticamente por ley con el diferencial del IPC que se pudiera producir, y ganaron los primeros años el 1,6 por ciento más porque el IPC previsto por el Gobierno resultó superior al real los tres primeros años. Posteriormente, cuando ha sido la revés -y éste va a ser el segundo año- van a tener una pensión de acuerdo con la modificación que se estableció en la ley para que no hubiera ninguna arbitrariedad ni discrecionalidad gubernamental, porque respetamos por encima de todo a los pensionistas y a un sistema que no es del Partido Popular ni del Gobierno Popular ni del Partido Socialista, es de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes, de todos los españoles. Y tan importante fue que usted el martes pasado, en la Comisión, en la defensa de la enmienda 443, de Izquierda Unida, a la totalidad de la sección 60, Seguridad Social, tuvo ocasión de oír que el Gobierno pretende ponerse medallas por los incrementos de las pensiones mínimas del año 2000 de una forma injusta, porque eso obedecía a una presión social, ustedes dicen que parece que es una presión de ustedes, y otros dicen que obedece a una presión sindical, y yo digo que obedece a una capacidad de diálogo, a una voluntad de acuerdo y a una voluntad política de mejora de dichas pensiones. Y si este año hemos incluido un 2 por ciento, es porque en este momento todavía se está debatiendo e intentando llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales en ese diálogo. Nosotros mantenemos el 2 por ciento, que con carácter general va para todos, y si hay desviación, tendrán corrección por IPC, pero no cerramos la puerta a que puedan tener un incremento superior; quizá ustedes la cierren, miren por dónde. El Grupo Socialista, cuando está diciendo que todo el superávit de Seguridad Social, los 300.000 millones, se destine a fondo de reserva, ¿tal vez no está cercenando la posibilidad de que parte de ese dinero se destine a incrementar este tipo de pensiones? Piénsenlo (piensen que los que tenemos insensibilidad, según dicen, también pensamos en estas posibilidades, señor Jáuregui), y aunque a ustedes les parezca mal decir que no a esta subida, porque 1.000 pesetas es nada, lo que usted propone son otras 1.000 y le podría responder que también es nada. Y si usted dice que un 5 por ciento es correcto, yo digo que por qué no un 4,5 por ciento, como plantea Izquierda Unida; o por qué no un 5,5 por ciento, como plantea el Bloque Nacionalista Galego; o por qué no un 15 por ciento, como plantea una enmienda de Eusko Alkartasuna a las pensiones de viudedad; o por qué no el 2 por ciento y la posibilidad de ver, dentro de ese diálogo social, qué deciden los que cotizan; o por qué no, como nosotros hemos hecho. Lo he dicho en Comisión y lo repito aquí, y usted me lo podrá reprochar si no se cumple. El programa del Partido Popular tiene un compromiso serio en relación con las pensiones de viudedad, que a usted le preocupan y a nosotros también nos preocupan. Coincidimos en su sensibilidad -cómo no- y tenemos el compromiso de que a lo largo de la legislatura va a haber modificaciones importantes para mejorar en lo posible esta situación, pero manteniendo el equilibrio del sistema, manteniendo la estabilidad del sistema, manteniendo la posibilidad de que en el futuro este sistema no sólo sea para los actuales beneficiarios, sino también para los hoy cotizantes.
Dentro de este contexto, el presupuesto que presenta el Gobierno popular también posibilita la continuación en la senda de creación de empleo y en la senda de elevación de cotizantes, y la creación de empleo probablemente no sea ajena a la realidad de algunas de las familias que perciben pensiones mínimas, que ahora tienen, afortunadamente, familiares que pueden trabajar y hace unos años no tenían esas fuentes de financiación.
Y también he de decir que, cuando hablamos de pensiones mínimas, a veces tendemos a mezclar galgos con podencos, porque una cosa son las pensiones no contributivas, otra cosa son las pensiones SOVI y otra cosa son las pensiones mínimas, y hay pensiones SOVI que están concurriendo en la unidad familiar con otras personas activas o con unas buenas pensiones del régimen general o con patrimonio propio; en las pensiones mínimas, también; en las no contributivas, evidentemente,no.


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Repito, no sé yo por qué debe ser un 5 por ciento y, si de sensibilidad hablamos, por qué un 5 por ciento a las de 40.000 pesetas y también un 5 por ciento a las que casi las dobla. ¿Por qué no un 8 por ciento a las de 40.000 y un 4 por ciento a las de 70.000, señor Jáuregui o demás señores enmendantes en esta materia? En fin, no voy a hablar de las cifras. Ahora se ha hablado de 120.000/130.000 millones de costo. En Comisión creí entender (si me equivoco, lo siento) 150.000 millones. No voy a entrar en eso.
Nosotros, insisto, tenemos la sensibilidad suficiente, acreditada y demostrada, y vamos a continuar en la senda de la mejora progresiva, pero creando simultáneamente estabilidad y confianza en un sistema para todos.
Y voy a empezar por el final, porque a lo mejor me quedo sin la oportunidad temporal de contestar a todos. Había unas enmiendas de Convergència i Unió y prometí en Comisión dar una explicación en relación con una de ellas, que es la enmienda 1560, relativa a la base máxima de cotización de los mayores de 50 años. El Grupo Catalán propone un tope incrementando el 2 por ciento; en el proyecto de ley viene un 1,6 por ciento. Diré al representante de Convergència i Unió que a lo largo de estos cuatro últimos años se ha incrementado un 2,6 por ciento más que el resto de las bases máximas y mínimas a los diversos regímenes. ¿Por qué? Porque en el régimen de autónomos se redondea a 3.000 pesetas. Por tanto, este año, el redondeo más próximo no era el 2 por ciento, sino el 1,6 por ciento. Pero, en definitiva, a lo largo de estos años han incrementado y han ganado posibilidades cotizantes respecto al resto de los cotizantes de la Seguridad Social.
Respecto a su otra enmienda sobre la moratoria, ya le expliqué que hay un imperativo legal, de la Ley de racionalización y consolidación del sistema de la Seguridad Social, por el cual en el año 2002 debe estar concluida la equiparación de las bases de cotización de los grupos 5 a 11 con el grupo 1 del régimen general de la Seguridad Social. Nos parece preferible hacerlo de una forma transitoria, aunque sea elevada, que no de golpe y sopetón, en el último ejercicio, o peor aún, no cumplir con la previsión legal que existe al respecto.
Por su parte, el BNG formula dos enmiendas, al haber retirado la 888 y la 849, por estar duplicadas. La 845 se refiere a los minusválidos.
Ustedes nos proponen que volvamos a las cotizaciones precedentes al ejercicio del 2000, es decir, nos plantean incrementar las cotizaciones de Seguridad Social de este colectivo. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que la empleabilidad de los minusválidos precisa de medidas de apoyo. Estoy convencido de la sensibilidad del portavoz del Bloque Nacionalista Gallego. Si lo piensa bien, coincidirá conmigo en que este colectivo todavía tiene muchas trabas para poder acceder al mercado laboral, y debemos facilitárselo en todo lo posible, incluso con estas medidas de reducción de tipos, y no volver a incrementarlas este año y, en definitiva, poner más trabas a su posibilidad de acceso al trabajo y a una vida laboral y social más normalizada. Si lo piensan bien, pueden replantearse esa enmienda.
Asimismo, quería responder a una enmienda del Grupo de Izquierda Unida -que también ha planteado el Partido Andalucista, con los números 1663 y 1674- relativa a las pensiones extraordinarias en el régimen de clases pasivas. Ustedes hablan de incapacidad, por tanto no incluyen la pensión a favor de familiares causada en acto de servicio ni la de viudedad ni la de orfandad ni a favor de padres, regulando un tratamiento distinto a las pensiones derivadas del fallecimiento en acto de servicio respecto a las que se aplicarían en el supuesto de incapacidad o inutilidad. Además, estas últimas pensiones, cuando concurren con otras, no tienen la consideración de extraordinarias; por tanto, se les dota de un tratamiento más favorable y tal vez discriminatorio respecto a otras que no tienen esta concurrencia.


Por último, y probablemente lo más importante para oponerme a todas, las pensiones extraordinarias causadas en acto de servicio en el régimen de clases pasivas se corresponden con las que por accidente de trabajo o enfermedad profesional reconoce la Seguridad Social, que no se incluyen en la enmienda, estableciendo por tanto un tratamiento distinto en pensiones que derivan de la misma causa, según el régimen de adscripción del titular o del beneficiario de la prestación.
Concluyo, señorías. Aunque sea una cuestión dialéctica -y entiendo que a veces es difícil plantear desde la oposición determinados argumentos-, le agradecería que tuviera la delicadeza de no decir que este grupo es insensible. Ustedes buscan el bienestar de los ciudadanos, sin duda. Nosotros lo hacemos, y creo que lo demostramos, pero es no sólo legítimo, sino en este caso conveniente, que los caminos y los instrumentos para conseguirlo sean diferentes, afortunadamente, ya que los nuestros creo que son mejores y lo acreditan cada día.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Azpiroz.
A continuación procedemos al debate del título V y Título V

de la sección 06, Deuda Pública, conjuntamente, si bien sección 06

en la sección 06 no ha habido enmiendas, por lo que nos centraremos en el título V.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez Castain, para la defensa de sus enmiendas.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Las dos enmiendas presentadas por el Partido Andalucista tienen la misma finalidad. Se trata de incrementar el fondo de ayuda al desarrollo y de los fondos para el desarrollo social de los microcréditos. Me consta que

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son inversas a las presentadas por otros grupos, en proporción a la capacidad de gastos de otros años, pero desde nuestra posición hemos entendido que las dificultades de gestión de estas ayudas no pueden llevarnos en ningún caso a su disminución, sino al incremento de los mecanismos para que sean ayudas más importantes destinadas a este gravísimo problema de los países en vías de desarrollo.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Muy brevemente, señora presidenta.
Como decía el portavoz del Partido Andalucista, su propuesta es en sentido inverso, pero yo creo que, en el fondo, la filosofía es la misma. Desde Izquierda Unida lo único que planteamos es que este fondo se está sobredimensionado porque luego, como viene siendo habitual desde el año 1995, el importe real de los préstamos aprobados está en torno a los 35.000 millones de pesetas, con lo cual hay unos 45.000 millones de pesetas de papel, en el sentido de que está solamente en el texto presupuestario, que luego no cobran cuerpo. Por tanto, nosotros hemos planteado disminuir esa cantidad hacia el hecho real, a 35.000 millones de pesetas, y ese trasvase dentro del mismo título producirlo con la creación de un fondo de condonación de la deuda externa dotado con 45.000 millones de pesetas. Estamos hablando, al fin y al cabo, de la misma cantidad.
Creemos que eso va en la línea, no solamente de lo expresado por más de un millón de ciudadanos y ciudadanas españoles, que pusieron la urna al lado de las urnas de los colegios electorales durante las últimas elecciones generales; incluso muchos de aquellos interventores políticamente pertenecían al partido del Gobierno, y no quiero hablar de qué urnas eran más o menos legales, ése no es un tema para hoy. Por tanto, dentro de esa filosofía de más de un millón de españoles que pidieron esa condonación, y también por distintas declaraciones, no sólo del presidente del Gobierno, sino de miembros del mismo, planteamos esa creación de un fondo de condonación de la deuda externa con la misma cuantía que disminuimos los créditos. Por tanto, entendemos que no debería haber ninguna oposición por parte del partido del Gobierno. Nosotros estamos abiertos a cualquier transaccional sobre filosofía o sobre cantidad. Creemos que es justo ir adecuándolo a la realidad del gasto de otros años y también a una demanda cada día más fuerte, no solamente aquí, sino en los foros internacionales.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el objetivo de déficit que el Estado tiene en este proyecto de presupuestos se cifra en 314.000,9 millones de pesetas.
El Ejecutivo ha dicho que pretende, además, lograr una deuda pública que se sitúe por debajo del 60 por ciento del PIB. Esta reducción es consecuencia de que crece el PIB nominal más que la deuda pública; es decir, que la deuda pública en circulación medida en cantidad aumenta, por lo que mi grupo tiene interés en plantear el debate de esta sesión desde tres perspectivas: las autorizaciones que se producen en favor del Estado, de la Seguridad Social, de los organismos autónomos y de los entes públicos; las privatizaciones, que en España se han producido con intensidad a lo largo de los últimos años y que deberían tener alguna vinculación con el stock de deuda y, por último, averiguar cuál es la evolución del déficit, ya que creemos que, a partir de la evolución que han tenido los déficit, éstos deberían constituirse en el factor principal que determinaran el incremento de la deuda. Dicho en otras palabras, la deuda real, la que existe desde 1995 para acá, ha aumentado por encima de la necesidad de financiación. Nosotros nos preguntamos por qué, en qué cantidad y en qué medida esos desajustes, que no conocemos de dónde vienen, por qué vienen, están gravitando sobre las espaldas de los españoles.
Vayamos, por tanto, por partes. Hablemos de las autorizaciones. Las autorizaciones son cuantiosas, se refieren a una panoplia amplia de organismos y recurren para ello a distintos instrumentos. El saldo de la deuda en el presupuesto del equilibrio se eleva en 1,927 billones de pesetas, de los cuales 927.000 son del Estado y hay otros, autorizaciones de endeudarse: para el ICO en 600.000 millones, para Aena en 138.000, para Radiotelevisión Española en 133.000, y para Renfe en 65.000, solamente queriendo citar las más importantes. Los avales se incrementan en 953.000 millones de pesetas, de los cuales al Estado se le autorizan 290.000, a la SEPI 200.000, a Radiotelevisión 133.000 y a Renfe 30.000 millones.
Los riesgos no quedan ahí. En mi intervención anterior hablaba de los riesgos que suponía la existencia de unos activos financieros incobrables que se iban a elevar a una magnitud de un 1,3 billones de pesetas, de los cuales 828.000 son del Estado, y seguramente van a suponer un incremento del gasto público de alrededor de 600.000 millones de pesetas, porque lo demás van a ser fallidos.
En este presupuesto, donde se dice que le pedimos a la sociedad aquello que vamos a gastar, aquello que obtenemos única y exclusivamente de impuestos y de

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tributos, nos encontramos con que los riesgos de las operaciones financieras se sitúan en unos extremos que a mi grupo le parecen preocupantes: 1,927 billones en mayor endeudamientos; 0,93 billones en más avales; 1,3 billones en activos financieros.
Además, en privatizaciones hay un hecho llamativo: que en España se han producido de una manera activa desde 1996; que a través de ellas se han ingresado alrededor de cinco billones de pesetas, pero que esa magnitud apenas si ha conseguido reducir el porcentaje de la deuda en el PIB en tres puntos.
Por último, la vinculación que debe establecerse entre el stock de deuda y la necesidad de financiación. Señorías, la suma de los déficit habidos en España desde 1995 para acá alcanza la cifra de 7,1 billones de pesetas, y los incrementos de deuda son 11,2 billones de pesetas. Por tanto, hay un incremento de la deuda pública en más de 4 billones de pesetas. Mi grupo se pregunta por qué, qué es lo que está ocurriendo. ¿Es que no se traen a esta Cámara las cuentas que son ciertas? ¿Es que se oculta que a través de este tipo de operaciones lo que se está es financiando préstamos que no se cobran? ¿Es que estamos asistiendo a la centrifugación de la organización administrativa del Estado a través de múltiples entes y organismos para evitar que las aportaciones a los mismos se computen en el déficit público? Creo que de esta cuestión hay que tomar conciencia.


La práctica del PP a lo largo de los últimos años ha sido sacar fuera del control del sector público múltiples organismos. Posteriormente, ha financiado las pérdidas de esos organismos con deuda pública, ha avalado esa deuda por el Estado, y, cuando ha llegado el momento del vencimiento, esa deuda ha pasado a formar parte de la deuda pública que asume el Estado español. Como consecuencia de ello, se produce una operación que falsea íntegramente las cuentas públicas. En un primer momento se falsea el déficit y en un segundo momento se incrementa la deuda pública. Se me podrá decir que es en mucha o poca cantidad. Pero en una política que ha adquirido una cierta relevancia a lo largo de los últimos días en la opinión pública, en activos financieros vinculados fundamentalmente al proceso de I+D, desde 1996 hasta hoy las obligaciones reconocidas han supuesto la cantidad de 3,6 billones de pesetas, y los derechos reconocidos sólo han llegado a 900.000 millones. Por tanto, ha habido un incremento de la deuda de 2,7 billones de pesetas que, insisto, no lucen en el déficit, lucen en el endeudamiento. Falsean las cuentas del déficit, pero algún día contraen obligaciones para esta sociedad.
Algunas cosas deberían quedar claras entre nosotros en esta institución que representa la soberanía nacional, las computen o no los mercados. Que nadie pueda decir en algún momento que algunos diputados no dijimos lo que estaba ocurriendo en las finanzas públicas españolas. Cada vez hay más deuda pública y el Estado se endeuda en cantidades importantes hasta cuando dice que se equilibra. Cada vez hay menos activos patrimoniales.
Decía antes, y lo reitero, que han vendido las empresas públicas, se han quedado con ellas los amigos de Rato y de Aznar? (El señor Albendea Pabón pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, se han quedado con ellas. Tenemos más deuda pública, tenemos menos patrimonio y pagamos más impuestos. Este es un problema de posiciones políticas y de identidades contables. Esta es la gestión que hoy yo denuncio aquí. Confío que en algún momento se clarifique, porque desde luego forma parte de la preocupación de mi grupo parlamentario.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
El señor Fernández Marugán ha hablado de la gestión de la deuda y ha dicho una serie de cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Las necesidades de endeudamiento del Estado no se han incrementado, sino que, un año más, en el año 2001 se reducen. Las necesidades de financiación en el 2001 se situarán en torno a los 10,3 billones de pesetas, unos tres billones menos que el año 2000. Esas menores necesidades se producen por dos razones. Una, por la reducción del déficit público y, dos, porque hay menores vencimientos, porque la política del Gobierno ha sido alargar los plazos de la deuda precisamente para conseguir deuda a unos tipos inferiores a los que estaba emitida. Eso ha hecho que el Estado reduzca a la mitad su apelación al mercado de capitales, y esa menor presencia del Estado como destinatario del ahorro nacional ha supuesto una notable mejoría de las posibilidades de financiación de la empresa privada, tanto en renta fija como en renta variable. La carga financiera de la deuda en el año 2001 se prevé que ascienda a 2,78 billones de pesetas. Es un 4 por ciento inferior a la cifra con que se espera terminar este ejercicio. Esto significa, en términos relativos, que los pagos por intereses en el año 2001 se sitúen en el 2,85 por ciento del producto interior bruto, cuando en 1996, cuando el Gobierno del Partido Popular accedió al poder, estaban en torno al 5 por ciento del producto interior bruto. Por tanto, señorías, la gestión de la deuda del Estado está siendo modélica. Nuestro grupo puede sentirse legítimamente orgulloso de cómo está gestionando el Gobierno la financiación pública.
Se habla mucho de que nosotros deificamos, santificamos el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario tiene muchas ventajas, tiene muchas virtudes. Establece un marco de estabilidad financiera, favorece la reducción de los intereses de la deuda, acelera la

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amortización de la deuda, crea un colchón de seguridad para que podamos cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si la coyuntura empeora, permite seguir bajando los impuestos, reduce la presión del sector público sobre los mercados financieros. Este compromiso de austeridad presupuestaria del Gobierno se verá reforzado y ganará en credibilidad con el proyecto de estabilidad presupuestaria, lo que impedirá que las haciendas territoriales puedan incurrir en déficit.
Además, señor Fernández Marugán, el equilibrio presupuestario se alcanza no por la vía de los ingresos, sino por la vía fundamentalmente del gasto corriente. El 75 por ciento de la reducción del déficit debe imputarse al gasto corriente. Si además de esa reducción tenemos en cuenta que el gasto social crece en cifras antes desconocidas, ha de convenir S.S. que es la política económica del Gobierno, desde que comenzó la pasada legislatura, la que permite un presupuesto tan favorable para los intereses nacionales y no una mera situación coyuntural de un ciclo favorable. Porque cumplir los indicadores de convergencia que en su día exigió el Tratado de Maastricht para entrar en la unión monetaria no pueden ustedes decir que es un capricho de este Gobierno, por lo de deificar el déficit.
En 1996 no cumplían ustedes ninguno de los requisitos, ni el del déficit público ni el de inflación ni el de tipos de interés ni el de estabilidad, ninguno. En mayo de 1998 se cumplían todos.
Y respecto al endeudamiento, como eran muy pocos los países que lo cumplían, es verdad que hubo una cierta benevolencia, una interpretación benévola en su cumplimiento. El endeudamiento español rondaba entonces el 68 por ciento del producto interior bruto, hoy está en el 62 por ciento y en el año 2001 estará por debajo del 60 por ciento. Por el contrario, las expectativas de la media de los países de la zona euro hacen que pase del 74 por ciento en que estaba en el año 1996 al 70 por ciento en el 2001. O sea, que ahí incluso vamos por delante de Europa, como vamos en tantas cosas, porque, desde el punto de vista económico, el crecimiento sostenido es una realidad: venimos creciendo desde 1996 por encima de la media europea. El año 1999 se ha cerrado con un crecimiento del 4 por ciento. Esta fase alcista se ha mantenido en el primer semestre de este año e incluso se ha intensificado, habiéndose alcanzado en el primer semestre un crecimiento interanual del 4, 2. Se ha mantenido un diferencial positivo con la zona euro, continuando el proceso de convergencia en renta real y empleo con las economías más avanzadas.
Señoría, la confianza de las empresas y de las familias es evidente, y es lo que explica que la demanda interna siga siendo el factor fundamental de la expansión. Quiero recordarles que el indicador de confianza del consumidor en España ha alcanzado en julio de 2000 su máximo histórico, muy por encima de la media de la Unión Europea.
Esta misma mañana, señoría, el periódico Expansión publicaba una encuesta llevada a cabo por las gestoras de fondos extranjeras y nacionales que tienen más actividad en España y hacía una previsión para doce meses de cómo iban a evolucionar los mercados bursátiles, y me limito simplemente a leerle los títulos. Respecto a Japón, titulaba: incertidumbre a corto; respecto a Estados Unidos: por debajo de mínimos; en cuanto a Europa: bien a medio plazo; y respecto a España, decía: la mejor opción. Preveía un crecimiento del IBEX 35 en los próximos doce meses del 12 por ciento, señoría. Eso es confianza de los mercados en la política, al margen de todas la consideraciones que pueda hacer el señor Fernández Marugán sobre la confianza de los mercados en la política económica del Gobierno. Podríamos aludir también, desde la óptica política, a las encuestas del CIS, etcétera. Y si nos referimos al prestigio de la política, señorías -usted hablaba de los amigos del señor Aznar-, todavía no hay, que yo sepa, ni creo que lo haya en el futuro, ningún ministro ni ningún alto cargo del Gobierno imputado, procesado o enjuiciado, en contra de lo que acontecía en España hace cinco años. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Entonces sí que estaba España no sólo encogida -como dijo el otro día S.S. en la Comisión de Presupuestos- sino demudada de asombro por el desprestigio que alcanzó el Gobierno.
En cuanto al crecimiento de los gastos sociales, el gasto social representa el 54,9 por ciento del total del presupuesto. La sanidad aumenta el 6,2 por ciento, las prestaciones sociales crecen un 13 por ciento, la investigación, desarrollo e innovación un 11,3, las infraestructuras un 9,1 y la educación el 9,54 por ciento.
El servicio de la deuda, señor Fernández Marugán, solamente crece el 1,1 por ciento, gracia a una gestión financiera muy acertada desde hace cuatro años.
Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la política económica del Gobierno y ustedes, la oposición, casi tienen la obligación de estar en desacuerdo; pero de eso a formular un juicio tan severo y tan alejado de la realidad sobre la situación de España, va un abismo. Le aconsejo, señoría, que vaya al oculista y que le mejore la visión de la España de hoy porque está muy desenfocada. Y como S.S.
no ha citado ninguna enmienda del Grupo Socialista ni las ha defendido, voy a hacer gracia a la Cámara de su glosa.
Me referiré a las de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que propone cuatro enmiendas. Una, referente a la reducción de la dotación del fondo de ayuda al desarrollo a 35.000 millones de pesetas, que no podemos aceptar por razones obvias: crearía problemas de gestión del fondo, puesto que las cantidades que se vienen necesitando son superiores -en los últimos años estaban en torno a los 77.000-78.000 millones de pesetas- y, por tanto, la cifra que se prevé se considera adecuada. Aprovecho para comentar ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, PartidoAndalucista, que propone exactamente lo contrario:

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incrementar el fondo hasta 100.000 millones; ya lo han comentado sus portavoces, el de Izquierda Unida y el del Partido Andalucista, y, por tanto, no voy a entrar en ello. Vamos a rechazarla por las mismas razones: porque está desenfocada en relación con las necesidades reales.
Las enmiendas 123 y 124 a los artículos 57 y 57 bis, por las que Izquierda Unida propone la creación de un fondo de condonación de la deuda externa por importe de 45.000 millones de pesetas -no sé por qué se formulan dos enmiendas del mismo tenor-, vamos a rechazarlas porque entendemos que no es necesario tal fondo, ya que la ausencia de una partida presupuestaria propia no impide una gestión activa y ambiciosa de la deuda externa y en ningún caso ha estado ésta sujeta a los vaivenes presupuestarios.
La última enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al artículo 58, para que la utilización del fondo para microcréditos cumpla los requisitos recogidos en la Ley de cooperación al desarrollo, tampoco vamos a apoyarla, ya que en el artículo 105 de la Ley de acompañamiento del año 1998, que regula el fondo para la concesión de microcréditos, se dispone explícitamente que este fondo será destinado a la ejecución del proyecto de desarrollo social básico a que se refiere el artículo 28 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo.
Con relación a la enmienda 1637, del Grupo Mixto, Partido Andalucista, que propone incrementar en 5.000 millones la cifra destinada a la concesión de microcréditos, hemos de decirle que ya los 10.000 millones que se prevén significa un incremento del 25 por ciento respecto al año 2000, y, tras el estudio realizado, se constata que no existen peticiones que hagan necesaria una mayor dotación. Por todo ello, también vamos a rechazarlas.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Ha finalizado el debate del título V, sección 06.


Título VI Iniciamos el debate del título VI, que comprende los artículos 59 a 66.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Vamos a defender las enmiendas números 10,11, 12, 13 y 14, y voy a dar por defendidas las enmiendas del señor Saura Laporta 512, 513 y 514.
Estas enmiendas que presentamos son de apoyo a los entes locales y se pueden dividir en tres ámbitos, que son el impuesto de renta a las personas físicas y su afectación también a los entes locales, el impuesto de actividades económicas y otros tipos de impuestos.


Una primera enmienda, la número 10, con la voluntad de equiparar el tratamiento fiscal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los supuestos de transmisiones inter vivos y mortis causa. Una segunda enmienda, la número 11, hace referencia también al impuesto de actividades económicas y pretende crear un mecanismo que permita que la tributación local y la estatal estén coordinadas y armonizadas fiscalmente en lo que respecta al gravamen sobre la actividad económica. Por esta razón, se propone desde Esquerra Republicana que el impuesto de actividades económicas pueda deducirse en parte del impuesto de sociedades.
Otra, que hace referencia, como decíamos, al impuesto de actividades económicas, en la que se propone la actualización del impuesto sobre actividades económicas, a fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios. Se trata de mantener actualizada la base imponible del impuesto, lo cual no conduce a un aumento de la presión fiscal sino a su mantenimiento, y en esta línea también he de aclarar que la excepción de las obras benéfico-sociales de las cajas de ahorro no incluye aquellas actividades que aun estando enmarcadas en este ámbito pudieran conllevar finalidades lucrativas o comerciales.
Finalmente, la enmienda que hace referencia a proponer la actualización de los cuadros de tarifas regulados en la Ley 39/1988, relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios, puesto que han transcurrido varios ejercicios sin que se hayan corregido. Se trata de mantener actualizada la base imponible del impuesto, lo cual no conduce a un aumento de la presión fiscal, sino, como decíamos también en la anterior enmienda, se trata de su mantenimiento.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
El Grupo Vasco plantea a través de las dos primeras enmiendas, la 1053 y la 1054, modificar la base liquidable general del IRPF, tanto la global como la escala autonómica del impuesto. La tarifa que proponemos se corresponde con la aplicable en el año 2000 deflactada en un 2 por ciento. Como todos saben, en un impuesto con una escala progresiva, un incremento de la renta gravable ocasiona un incremento más que proporcional en la cuota tributaria, por lo que a nuestro juicio un aumento estrictamente nominal de las rentas percibidas por los contribuyentes provoca un aumento de la presión fiscal.


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La tercera de las enmiendas, la 1055, pretende elevar el mínimo personal y familiar, puesto que esta parte de la renta se debe dedicar a la cobertura de las necesidades esenciales básicas y las de los miembros de su familia, que dependen económicamente de él. Por lo tanto, a través de esta enmienda se propone igualmente corregir mediante la deflactación en un 2 por ciento la tasa de inflación estimada, y digo estimada -entre comillas- para el año 2001 de la cuantía referida a mínimos personal y familiar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve porque después de las intervenciones de los portavoces, tanto del representante de Esquerra Republicana, Grupo Mixto, como del Grupo Vasco, podemos decir que coincidimos casi en la literalidad de algunas enmiendas.
La enmienda 126 está relacionada con los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica y la enmienda 128 es sobre el impuesto de actividades económicas. Lo que pretendemos no es, ni mucho menos, aumentar la presión fiscal, pero sí evitar la obsolescencia de algunos apartados de estos impuestos si no se produjera la adecuación a esos momentos.
Por último, la enmienda 127 va en el mismo sentido que otras ya defendidas: que se aclare que la exención en las obras benéficas sociales de las Cajas de Ahorro no incluye aquellas actividades que aun estando enmarcadas en este ámbito -el ámbito benéfico y social- pudieran conllevar finalidad lucrativa o comercial. Las actividades que estén en esta línea deben quedar apartadas del beneficio.
Nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nosotros hemos mantenido la enmienda 1556, que trata de ampliar algo que acordamos en la pasada legislatura con el Grupo Popular, con la aquiescencia del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, durante el trámite en el Senado y que, si la memoria no me falla, en su trámite posterior, ante el Congreso, tuvo la aquiescencia del resto de los grupos. Se trataba de introducir en la vigente Ley 54/1999, es decir, en los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, una enmienda que permitió a los servicios de peluquería y servicios complementarios incluidos, que, por el epígrafe 962.1 del IAE, se beneficiaran de una reducción de 9 puntos en el porcentaje de tributación por IVA. Esta iniciativa era perfectamente compatible con la normativa europea y no sólo fue un acierto parlamentario, sino que fue un acierto fiscal para un conjunto de personas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un sector de gran intensidad en mano de obra, de un sector que crea empleo constantemente. Esta labor, que al final fue de todos, aunque la iniciativa fuera de este grupo parlamentario, se reconoció en el trámite del Senado, pero hubo un error de interpretación en la propuesta que se hizo por nuestros senadores y el acuerdo final de transacción que se materializó en el Senado provoca interrogantes respecto a otros dos epígrafes sobre actividades muy similares. La verdad es que de la literalidad no se saca la consecuencia que se pretendió en su momento: que ese disfrute de rebaja en el IVA llegue a todos los servicios de belleza o de estética personal, lo que, a nuestro juicio, no vulnera la normativa comunitaria. Se trata de solventar un problema, digamos, de redacción que se produjo en su momento -hará un año- y situar a ese colectivo en un tratamiento similar al que ahora es de común aplicación; en definitiva, incluir a los centros de belleza que también ofrecen servicios de peluquería.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, después de celebrar en Comisión el debate de este título se ha publicado el informe de la OCDE sobre las estadísticas de ingresos referidas al período 1996-1999. Para nosotros es un documento importante, puesto que viene a cubrir una parte destacada de la enorme carencia de información existente en esta Cámara sobre esta cuestión. Es un hecho que mi grupo quiere destacar, porque en pocas políticas ha habido tanto activismo legislativo por parte del PP como en esta. Quizá haya sido debido a que a sus dirigentes les molestaba el pago de los impuestos y desde el primer momento decidieron alterar la carga tributaria en España y proceder a desmantelar el único gravamen que, dicho sea de forma redundante, gravaba a quien más ganaba, que solía ser quien más tenía.
Pues bien, a pesar de esa abundancia legislativa, en pocas políticas, insisto, ha habido tanta oscuridad y tanta carencia de información.
La última memoria de impuestos que está publicada corresponde a 1994, y

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desde entonces para acá no ha llegado a esta Cámara un documento serio, riguroso y suficiente que nos demuestre las consecuencias que se derivan de ese activismo legislativo. Podrán haber sido buenas o malas esas disposiciones, podrán haber sido beneficiosas o perjudiciales, no es el momento de reiterar la posición de mi grupo en torno a las mismas; solamente he de recordar una frase de Kant que tiene alguna importancia y que pronunció, como es lógico, hace mucho tiempo: Toda decisión que no soporta ser publicada es injusta. Por lo tanto, quede claro el agradecimiento de mi grupo parlamentario a la OCDE, porque ha sido capaz de arrojar algo de luz en un ámbito en el que lo que ha habido hasta ahora ha sido oscuridad. Confío en que gracias a ella resulte una vez más verdad eso de que la luz ahuyenta las polillas.
En torno a la situación del sistema tributario español y a su incidencia en la política económica, nos vamos a mover en tres planos. Vamos a hablar del nivel, de la composición y del diseño.
Respecto al nivel, en los últimos cuatro años, pese a lo que dijo el señor Aznar, los impuestos no han bajado; todo lo contrario, han subido, y han subido más que en la OCDE y más que en la Unión Europea. Han subido 2,5 puntos del PIB en cuatro años. Más o menos como en Turquía. (Protestas.) Más o menos como en Turquía, eso es lo que dice la OCDE. (Una señora diputada: ¡Es que no leen!) Pero no hay que fijarse solamente en el nivel, sino también en la composición. De los 35 puntos de presión fiscal que tenemos, 12,3 puntos se justifican por las cotizaciones sociales; 10,5 puntos se justifican por la imposición indirecta; 9,9 puntos gravan la renta y los beneficios, y 2,3 puntos gravan los impuestos patrimoniales. Por lo tanto, la distribución es esclarecedora de alguna preferencia política. Los clásicos de la literatura española diferenciaban entre tener y no tener, y aquí se puede ver una parte de esa referencia de los clásicos españoles. Así, ocupan el primer lugar en la financiación de las administraciones públicas las cotizaciones sociales, que, como todos sabemos, son regresivas desde el punto de vista de las políticas distributivas e inconvenientes desde el punto de vista del empleo, ya que gravan en mayor medida al trabajo menos cualificado. Ocupan el último lugar los impuestos que gravan a los que tienen, y los impuestos de base patrimonial tienen escasa importancia entre nosotros.
Respecto del diseño, cabe decir que el diseño tributario que ha aplicado el Partido Popular a lo largo de los últimos años ha consistido en bajar los impuestos directos y subir los impuestos indirectos. Eso plantea un problema de distribución, ya que el objetivo del legislador ha sido sacudirse la progresividad del impuesto arrojando sobre las espaldas de los demás aquella parte de la carga tributaria que no quería soportar. Su furor en contra del principio de capacidad ha sido tan evidente que el orden y la magnitud de los impuestos en España suponen el primer lugar para las cotizaciones sociales, el segundo lugar para los impuestos indirectos y el tercer lugar para los impuestos que gravan la renta y los beneficios. Por lo tanto, ustedes han puesto en marcha un sistema que se ha llevado por delante el principio de equidad.
Además, no solamente falla desde el punto de vista de la distribución y de los equilibrios distributivos. Falla también desde el punto de vista de la estabilidad. Nuestra experiencia como nación de baja inflación es muy reciente; por lo tanto, resulta extraordinariamente arriesgado realizar cambios bruscos en el sistema que favorezcan el auge de aquellas figuras tributarias que estimulan la elevación de los precios. Para eso sólo hay que ir al análisis de la contabilidad nacional de España en el segundo trimestre del año 2000. En ese documento se dice que los impuestos indirectos suponen ya el 11 por ciento del PIB y que vienen creciendo a lo largo del año de 1999. Han crecido 1,2 puntos: a medida que bajaba el peso de la imposición directa se elevaba el peso de la imposición indirecta. Pero además, si uno se acerca a la descomposición del deflactor del PIB según sus fuentes de renta, encuentra que la explicación más importante de ese nivel que adquieren los precios interiores, la temperatura de la economía española, se halla en los impuestos netos de subvenciones, que suponen el 35 por ciento del deflactor del PIB. Por lo tanto, nos encontramos con que ya conocemos, aunque sea indirectamente, los resultados de una reforma que terminado por ser profundamente desequilibradora y cuyos errores se han visto tapados en buena medida por la complejidad del ciclo. Ahora puede que haya algunas turbulencias; ahora habrá que saber timonear, habrá que saber hacia dónde quiere uno aproar la nao del Estado, y eso va a ser un elemento importante a la hora de cualificar las decisiones políticas.
En materia de política tributaria la reforma del IRPF supuso una reducción de la recaudación durante 1999 que estimuló grandemente la renta disponible. No hay datos oficiales, pero hay estudios solventes que dicen que el coste de esa reducción de la recaudación se situó alrededor de 800.000 millones de pesetas, distribuidos fundamentalmente en el año 1999 y en alguna medida en el año 2000.
Pero ya para el año 2001 comenzarán a pagarse las facturas de legislaturas anteriores y empezará a devolverse aquello que dice el Gobierno que entregó. Como prueba de ello nos encontramos la negativa del PP a deflactar la tarifa de renta y desde luego a no completar en los impuestos especiales la erosión de la inflación.
Queremos evitar esa reducción de la renta disponible y para eso hemos propuesto tres líneas de actuación política. Una de ellas en materia de carburantes. Señorías, el Partido Popular y su Gobierno están siendo víctimas en este segmento de la fiscalidad de su propia política. Durante muchos años agitaron los problemas que tenía el IRPF: unas veces con las retenciones, otras con las simplificaciones; unas veces con los tramos,

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otras con la familia o con el ahorro. Pero todo servía para desacreditar a la única figura tributaria que gravaba en esta sociedad la capacidad de pago, para alejar de su prestigio a importantes núcleos de contribuyentes y llevarlos hacia la imposición indirecta. Querían situarlos en esa modalidad de imposición porque creían, equivocadamente, que ahí podrían producirse elevadas presiones fiscales sin que hubiera resistencia fiscal por parte del contribuyente. Es verdad que puede resultar molesto hacer una vez al año la declaración de la renta, así como hacer 12 ó 14 veces al año la declaración de rentenciones, pero al surtidor se va una vez a la semana, y cuando uno ve que sube constantemente el precio del gasóleo o el precio de la gasolina, cuando uno va y ve que lo que la semana anterior o el mes pasado le costaba 6.000 pesetas ahora le cuesta 8.000 o que antes llenaba el tanque por mil duros y ahora con esa cantidad no lo llena y no le dura una semana, sino que tiene que volver el jueves, el índice de malestar del contribuyente se eleva frecuentemente. Por tanto, ustedes, que han situado al contribuyente español delante de un surtidor, están pagando la perversidad de acabar con los impuestos que conocían, de apostar por impuestos opacos y de creer que cabía la posibilidad de aliviar las necesidades del Tesoro a través de impuestos indoloros. Así pues, nosotros enmendamos para sacudirles a ustedes de la pereza que están demostrando en esta cuestión.
En el IRPF pasa lo mismo. El juego de los deflactores -lo dije en las comparecencias, en la Comisión y aquí- es absolutamente dantesco. El objetivo de precios es el 2, el deflactor del PIB es el 2,3 y el de los hogares el 2,7 y resulta que los precios acaban este año en el 4 y al año que viene en el 3 por ciento. Ustedes se han negado a deflactar la tarifa y están perjudicando la renta disponible de 15 millones de declarantes españoles. Hay un grupo de ellos, el de los funcionarios, al que no le dan para recuperar la pérdida de capacidad adquisitiva del año 2000, quitándole más por la vía de la fiscalidad de lo que nos quitan al resto de los contribuyentes. Por lo tanto, todos vamos a tributar por rentas nominales, pero habrá unos cuantos que recibirán un mordisco de cierta entidad en rentas reales. ¿Y qué decir del IVA superreducido? Señorías, los españoles dedicamos la mayor parte de nuestro ahorro a la adquisición de una vivienda. Esto no es un dato político, sino sociológico; no es una variable, sino un coeficiente fijo. Viene siendo así desde hace bastantes décadas, porque los españoles han aprovechado la rebaja de los tipos de interés para aumentar sus gastos en la adquisición de viviendas. Lo hicieron a un ritmo muy superior al crecimiento de su renta y hoy las familias españolas tienen dificultades para financiar esas adquisiciones, aparte de que están viendo cómo los créditos que solicitaron están aumentando rápidamente, por lo que su capacidad para financiar esas adquisiciones se ha reducido de alguna manera.
Eso lo han evaluado dos instituciones, siendo una de ellas Funcas, quien ha dicho que las familias ahorradoras tienen grandes dificultades. Ha elegido una familia prototipo y pide que se la proteja, una familia en la que están empleadas dos o más personas, con estudios superiores, con una vivienda en propiedad y con un cabeza de familia que tiene menos de 45 años y unos ingresos de más de 400.000 pesetas mensuales. Ha pedido legítimamente que se le proteja y es un hecho que quizás se debiera considerar, porque si legítimamente hay que proteger a todas las familias que responden a ese prototipo, díganme ustedes qué hay que hacer con las que no cumplen con la inmensa mayoría de esos requisitos. Y lo mismo se puede decir del estudio que ha hecho el BBVA, en el que se refleja que el esfuerzo para pagar una vivienda llega al 40 por ciento de la renta, dedicando las familias el salario de cinco años a su adquisición. Hace un año, en 1999, una familia media, que no es la familia prototipo del estudio de Funcas, podía acceder a comprar una vivienda de 14,5 millones de pesetas por medio de un crédito hipotecario a 20 años y a un tipo de interés del 5,5 por ciento. Un año después esa familia sólo puede adquirir una vivienda de 13,5 millones. Por lo tanto, han empeorado las condiciones y han empeorado de tal manera que va a haber más demanda de vivienda social, y si hay más demanda de vivienda social para jóvenes, para matrimonios jóvenes, para familias monoparentales, nosotros lo que decimos es que se baje el IVA en esos casos.
Por último, quisiera hablar del tema de las UMTS. En Comisión les dije lo que voy a decirles ahora. La calidad de la política económica del Gobierno cotiza a la baja y cotiza a la baja porque hemos asistido a un proceso de privatizaciones que elige Rato con la finalidad de consolidar un grupo de poder económico vinculado al Partido Popular. Dije textualmente que Rato lidera el botín de la elite (Rumores.) y hoy lo ratifico aquí: Rato lidera el botín de la elite. Además, las liberalizaciones han tropezado con el deseo de crear campeones nacionales que eviten que socaven la reforma. Las intervenciones partidistas han llegado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Tribunal de Defensa de la Competencia. De la confusión entre lo privado y lo público, en la legislatura anterior: Matutes y Piqué y desde luego ahí queda la enorme duda de Arias- Salgado. En el concurso de la UMTS se ha demostrado una vez más la baja calidad de la política económica del Gobierno de Aznar, y lo sostiene con toda la tranquilidad del mundo un periódico independiente como el Financial Times, que ha dicho que en España se vendieron estas licencias a un precio irrisorio en un concurso de belleza. Por eso mi grupo ha planteado una enmienda que trata de elevar la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
Además, queremos que se apruebe un marco global en el que se contemplen las exacciones tributarias que comprometen a todos los concesionarios de este tipo de licencias.


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Esta es la filosofía que adorna nuestras enmiendas, este es el planteamiento que hacemos y lamento que disposiciones generales, que acato y respeto, de ordenamiento del debate me impidan responder a las numerosas alusiones personales que me van a hacer ahora y a las que me han hecho a lo largo de los capítulos anteriores.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte López.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, cada vez que asistimos a un debate en materia tributaria tengo una sensación clara, y lo tengo que decir en esta Cámara, que al Grupo Socialista no le gusta que bajemos los impuestos, y el Grupo Popular lleva cuatro años bajando los impuestos, de izquierdas, de derechas, de centro... Señor FernándezMarugán, bajar los impuestos y construir un sistema tributario más eficiente, que reparta con mayor equidad la carga tributaria y que, sobre todo, fomente que España siga creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar es el compromiso que tenemos. En ese compromiso seguimos firmes. Los presupuestos para el año 2001, en el título VI que ahora debatimos, están en esa línea, en la de seguir profundizando en la construcción de un sistema tributario moderno, eficiente, con impuestos más bajos y con un reparto mejor y más equitativo de la carga tributaria.
El sistema tributario en España está comprometido con los objetivos de política económica. Intenta garantizar que España camine por la senda de un crecimiento estable, de un crecimiento sostenido y que ese crecimiento sea intenso en la creación de empleo. Uno puede preguntarse si eso se está cumpliendo. Hoy hemos tenido los datos de la EPA: durante los últimos doce meses se crearon más de 670.000 puestos de trabajo; el paro se redujo en 224.000 personas; la ocupación creció en 172.000 personas entre julio y septiembre y hemos situado ya la tasa de paro en cifras cercanas al 13 por ciento. Hemos conseguido situar la tasa de paro en los niveles más bajos desde el inicio de los ochenta. A ello ha contribuido el sistema tributario y eso es bueno.
En los debates de presupuestos se conoce a los grupos por lo que dicen y por lo que omiten. El Grupo Socialista en este debate de presupuestos, aquí en el Pleno, en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Economía esta mañana, no ha hablado de un tema esencial, en el que el Grupo Popular está comprometido, y ese tema se llama empleo, se llama creación de empleo y se llama seguir en la línea de crear empleo. El sistema tributario está en esa línea y lo está consiguiendo; a los datos me remito, a los datos de la EPA, de una encuesta tan lejana como la de esta mañana. Frente a las voces agoreras de hace poco más de un mes, según las cuales todo iba fatal, donde el Grupo Socialista volvía a diseñar y a predecir un panorama negro, resulta que hoy los datos de la encuesta de población activa dicen que España sigue creando empleo de una manera intensa y además de una manera mucho más vigorosa que el resto de los países de la Unión Europea. Estamos creando empleo a lo largo de este año a un ritmo del 4,8 por ciento, mucho más alto que el del resto de los países europeos. Puede decirme, como me ha dicho el señor Jáuregui, que eso está desacelerado; creando más empleo que el resto de los países europeos usted puede decir lo que quiera, pero es una línea positiva.
Estamos aplicando un sistema tributario que tiene como segundo objetivo el reparto más justo de la carga tributaria y hoy todos los estudios -y el señor Fernández Marugán los conoce, porque es un entendido de esta materia- han demostrado que el último IRPF es más progresivo, que el último IRPF ha hecho que descienda mucho más la factura fiscal de las personas que más lo necesitan, de las familias con rentas más bajas, de los pensionistas, de los asalariados, y además estamos pagando en España menos impuestos. De una manera constante desde 1996 la presión fiscal individual en España ha bajado y en esta Cámara lo saben todas SS.SS. y lo saben todos los ciudadanos de la calle.
Hemos bajado los tipos impositivos del ahorro. Quiero recordar que antes de 1996 se pagaba al tipo marginal con una exención por el transcurso del tiempo que hacía más ineficiente el sistema tributario porque mantenía cautivo el ahorro. Nosotros pusimos un tipo impositivo del 20 por ciento, con la ayuda de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, que ayudó a que en España el ahorro contribuyera más eficazmente al crecimiento y al empleo. Hemos aprobado ahora otra rebaja al 18 por ciento y -¡oh maravilla!- el Grupo Socialista ya está de acuerdo; ahora ya está de acuerdo, cuando en 1996 nos decían que eso representaba la destrucción del sistema fiscal español.
Hemos bajado los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Los bajamos en 1996, los volvimos a bajar en 1997 para 1998 y nos decía el Grupo Socialista: esto no puede ser, esto cuesta 800.000 millones de pesetas. Pues bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas ha sido el motor para la creación de empleo, porque son las pymes las que crean empleo. Después me referiré a una enmienda del Grupo Socialista que no tiene desperdicio, señorías. Hemos bajado los impuestos del IRPF y los hemos bajado, como el señor Fernández Marugán ha reconocido, sobre todo a las familias, a los asalariados y a los pensionistas. Hemos bajado los impuestos especiales y hemos bajadoel IVAde algunas actividades, pero no de una manera

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indiscriminada sino selectivamente. Señorías, la última vez que se subió el IVA con una ley en este Parlamento fue con la que trajo el Grupo Socialista, y se subió el IVA un punto en la legislatura de 1993 a 1996 y ¿qué sucedió? ¡Oh maravilla de las maravillas!, sucedió que subieron el IVA y bajó la recaudación. El Grupo Parlamentario Popular ha bajado el IVA -y después me referiré a la recaudación- y ha bajado las cotizaciones sociales de una manera selectiva, para potenciar algunos contratos determinados. ¿Y qué ha sucedido en España con todas estas rebajas de impuestos? Que hemos rebajado los impuestos, que los españoles pagan menos impuestos, pero que hay mayor recaudación. A eso es a lo que se refiere el señor Fernández Marugán cuando habla de que ha mejorado la recaudación. ¿Cómo no va a mejorar la recaudación de las cotizaciones sociales si hay más de 2.200.000 nuevos trabajadores? Tendrán que mejorar. ¿Cómo no va a mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas si hay más ciudadanos que cotizan porque hay más ciudadanos que tienen un empleo? Nosotros hemos logrado bajar los impuestos y mejorar la recaudación, con un objetivo, el de poder afrontar mayores políticas sociales. ¿Qué quiere hacer el Grupo Socialista con sus enmiendas, que es lo que nos reúne aquí esta tarde? La enmienda de las enmiendas del Grupo Socialista es la 1137, esa es la enmienda central de lo que esta tarde debatimos. ¿Y qué quiere hacer el Grupo Socialista con la enmienda 1137? Dice que va a recaudar 800.000 millones más, porque quiere gastarse un billón 200.000 ó 300.000 millones más. ¿Qué quiere hacer el Grupo Socialista?: más impuestos para más gasto; más gasto y, entonces, cobrar más impuestos. Eso, que es lo que hizo cuando era Gobierno, es lo que significa la enmienda que hoy nos presenta: más impuestos. ¿Y qué impuestos quiere subir el Grupo Socialista, señorías? Primero dice que va a subir los impuestos a las pymes. Me voy a detener ahí unos segundos, porque la contradicción en la que cae el Grupo Socialista no tiene desperdicio. En 1996 el Gobierno trajo un real decreto-ley, que se convalidó en esta Cámara, que establecía un tipo del 30 por ciento para las pymes societarias, entendiendo por pymes aquellas que tuvieran un volumen de facturación de hasta 350 millones de pesetas. En el año 2000 el Gobierno ha traído en un real decreto-ley una ampliación del concepto de pyme estableciendo ese tipo impositivo del 30 por ciento para las empresas con una facturación de hasta 500 millones de pesetas. El Grupo Socialista votó que no en 1996 y votó que no en el real decreto-ley de hace unos meses. Pero ahora presentan una enmienda diciendo que no, que el 30 por ciento se aplique a las empresas de hasta 1.000 millones de facturación, y lo defienden en la Comisión de Economía el día 9 de octubre. Sin embargo, hoy presentan una enmienda pidiendo que se elimine el tipo del 30 por ciento. Ejemplo de coherencia. Presentan una enmienda el 9 de octubre, con la nueva dirección socialista y con la nueva filosofía fiscal, y hoy nos traen justo la contraria. ¿Por qué? Porque quieren subir impuestos, porque quieren gastar más. No contentos con subir los impuestos a las pymes dicen que, además, van a recaudar 205.000 millones más en el IVA. ¿Por qué se va a recaudar más? No lo explican. Es la técnica presupuestaria que han usado siempre. Es decir, como los ingresos no son un techo sino una previsión, dicen: voy a ingresar más, lo que me permite gastar más; si ingreso menos y gasto más, aumenta el déficit. Eso era lo que pasaba en todos y cada uno de los años del Gobierno Socialista. ¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? Prever bien los ingresos y establecer bien los techos de los gastos. (El señor Fernández Marugán: ¡Que te crees tú eso!) ¿Y qué sucede en cada uno de los años de Gobierno del Partido Popular? Que se mejora el objetivo de déficit. Esa es una realidad, no hay más que ver los resultados de ejercicio tras ejercicio: se mejora el objetivo de déficit. ¿Qué quiere el Grupo Socialista? Más impuestos porque quiere gastar más, lo de toda la vida: más gasto, más impuestos, más déficit, y eso tiene una consecuencia: menor crecimiento, menor creación de empleo y menor bienestar. El Grupo Parlamentario Popular presenta un presupuesto equilibrado entendiendo el equilibrio presupuestario como un bien presente y futuro; presenta un presupuesto con equilibrio porque entiende que ese es el pilar básico para seguir en la senda de crecimiento y de creación de empleo. Todas las enmiendas que se han aprobado en ponencia y en Comisión y algunas que aprobaremos aquí siguen manteniendo como piedra angular el equilibrio presupuestario como elemento básico para el futuro.
El Grupo Socialista habla de deflactación de la tarifa -¡maravilla de las maravillas, señor Fernández Marugán, quién le ha visto y quién le ve!-. No hay mayor deflactación de la tarifa que bajar los tipos impositivos y votaron ustedes que no. ¿Habrá mayor deflactación de la tarifa que bajar el tipo del 56 al 48 y el del 20 al 18? Y votaron ustedes que no. El Grupo Parlamentario Popular está comprometido con la bajada de impuestos, como saben todos los ciudadanos. Yo le pediría, señor Fernández Marugán, que esta intervención se la guardara, no vaya a ser que cuando traigamos la nueva reforma del IRPF vuelvan a votar en contra, porque nosotros traeremos una nueva reforma del IRPF que baje los impuestos. Previamente, vamos a conseguir el equilibrio presupuestario y vamos a lograr una financiación estable para las comunidades autónomas y, luego, afrontaremos la reforma del IRPF. Le recuerdo, señor Fernández Marugán, lo que ha dicho aquí, ya que, si no, estamos haciendo el paripé, porque ustedes votaron que no a la bajada de los tipos impositivos; han votado que no a todas las reformas fiscales que ha habido en este país, que son las que han contribuido en buena medida al crecimiento y a la creación de empleo.


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Nos hablan de bajar los impuestos de los hidrocarburos. Señor Fernández Marugán, no quiero repetir aquí debates que ha habido en esta Cámara. Mi grupo trajo a este Parlamento unos reales decretos- leyes que fueron el producto de un acuerdo con los sectores más afectados para ayudar a que no tuvieran una disminución bruta de sus rentas y que se modernizaran e innovaran. Mire, España tiene que pagar una factura adicional por la subida del barril del petróleo, una cifra cercana a un billón de pesetas. Nosotros queremos que se reparta solidariamente y propusimos bajar los módulos a los agricultores. ¿Qué votó el Grupo Socialista? Que no se los bajáramos.
Propusimos establecer ayudas fiscales al sector del transporte. ¿Qué votó el Grupo Socialista? Que no a las ayudas al sector del transporte. Propusimos establecer ayudas al sector de la pesca en cotizaciones sociales. ¿Qué votó el Grupo Socialista? Que no a las ayudas. Yo no entiendo cuál es su posición. Hasta el señor Solbes les ha dicho que el camino no es bajar los impuestos de hidrocarburos, que eso no arregla nada, que España tiene que pagar un billón de pesetas adicionales a los países productores y que eso se tiene que repartir solidariamente buscando un sistema que permita que los sectores afectados puedan llevar bien esta situación económica, pero que no impida que España siga creciendo y creando empleo. Eso es lo que se ha hecho con los reales decretos-leyes que se convalidaron en esta Cámara recientemente, a los que el Grupo Socialista votó que no, y ahora vuelven otra vez con la cantinela de bajar el impuesto sobre los hidrocarburos, que ha sido desaconsejado por todos los analistas y por propios miembros del Partido Socialista con responsabilidad, como el señor Solbes, y ustedes lo saben bien. (El señor Fernández Marugán: Blair dice otra cosa.)

La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
(El señor Fernández Marugán: Blair dice otra cosa.) Me habla usted?

La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego respete el turno de intervención.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me habla usted de las UMTS. El proyecto de ley contempla una tasa para el uso del espacio radioeléctrico y nos parece que ese es el camino apropiado. España está comprometida con las nuevas tecnologías y queremos que sea una punta de lanza en el uso de las mismas, porque ese es un camino muy apropiado para la economía de este país. Hemos establecido un sistema que garantiza el desarrollo de las nuevas tecnologías. Si el mercado internacional ahora quiere que se ponga un precio al uso del espacio radioeléctrico, nosotros así lo hemos hecho y hemos puesto una tasa, pero una tasa justa porque se recibirá en los presupuestos de cada ejercicio. No se adelantan impuestos para ejercicios futuros, lo cual sería injusto; cada generación va a recibir el pago que hagan las empresas del espacio radioeléctrico. Ese es el camino apropiado y por eso se ha regulado esta tasa.
Señoría, mi grupo va a votar que sí al articulado y va a votar que no a las enmiendas del resto de los grupos, porque entendemos que con este articulado España sigue por la senda del crecimiento y de la creación de empleo, como ponen de manifiesto todos los informes económicos, porque estamos aplicando un sistema tributario que reparte con mayor equidad la factura fiscal y porque, de esa manera, estamos contribuyendo a hacer que España tenga diferenciales favorables de crecimiento y niveles de convergencia positivos con el resto de los países europeos. Con el sistema tributario que en este país se ha puesto en marcha desde 1996 -que el señor Fernández Marugán llamaba muchísimos cambios fiscales- vamos por el camino de asegurarnos un sistema tributario moderno y eficiente, que hace que España crezca, que en España se cree empleo y que, además, se mejore el bienestar de todos los ciudadanos. En ese objetivo estamos comprometidos y vamos a seguir.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Finalizado el debate de las enmiendas del título VI, Título VII y secciones iniciamos el debate de las enmiendas que afectan al 32 y 33 título VII, artículos 67 a 86; sección 32, Entes Territoriales, y sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial, debate que se celebrará conjuntamente.
En primer lugar, y para la defensa de sus enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para defender la enmienda 844 que el Bloque Nacionalista Galego presenta a este título VII. Retiro la enmienda que figura con el número 847, porque por algún motivo que sigo desconociendo es repetición literal de la anterior. En nuestra enmienda 844 proponemos que se incremente la partida destinada a este Fondo de Compensación Interterritorial, un fondo que, como es conocido, tiene como fin fundamental corregir los desequilibrios territoriales que evidentemente existen. Sin embargo, la práctica nos dice que las cantidades destinadas por el Gobierno a este fondo no sirven para corregir estos desequilibrios. De hecho, son las mismas comunidades autónomas las que se benefician de este fondo año tras año; es decir, ninguna de estas comunidades consigue avanzar posiciones relativas por esta vía. Esa cantidad

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que nosotros juzgamos insuficiente para poder cumplir los fines para los que se creó este fondo no se ve incrementada en términos reales en los sucesivos presupuestos -tampoco para el 2001-; simplemente se incrementa en una proporción similar al IPC. Por tanto, si de verdad el Gobierno quiere avanzar en la corrección de esos evidentes desequilibrios, debe empezar por incrementar realmente las partidas destinadas a este fin. De lo contrario, mucho nos tememos que la cuestión seguirá planteándose en los mismos términos que hasta ahora.
Eso es lo que trata de poner encima de la mesa esta enmienda que defendemos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Las enmiendas que presenta el Partido Andalucista a este título son enmiendas básicas y conceptuales. La primera de ellas se refiere al reconocimiento del censo de la población andaluza a la hora de la liquidación de las cantidades que corresponden a la comunidad autónoma, a la que, como saben sus señorías, se está aplicando un censo determinado, en un momento en el que la población de Andalucía ha crecido, a diferencia de otros territorios del Estado, produciéndose por tanto más descompensaciones, desequilibrios y falta de medios para la nivelación de servicios.
La segunda y la tercera enmiendas se refieren a algo que, en filosofía, ha aprobado esta Cámara hace muy pocas semanas, que es el incremento del Fondo de compensación interterritorial. La enmienda andalucista pretende que al menos se mantenga respecto al año pasado el tanto por ciento de la inversión civil total del Estado que figuraba en los presupuestos de 1999. Solamente manteniendo este tanto por ciento y aplicándose el IPC estaríamos ante una subida del Fondo de compensación interterritorial para que no hubiera bajada, para que no disminuyera en términos relativos respecto al presupuesto y, en definitiva, como se manifestó en la moción consecuencia de la interpelación sobre desequilibrios regionales, para que esta Cámara haga un esfuerzo de discriminación positiva en aquellas comunidades a las que corresponde el reparto del Fondo de compensación interterritorial.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas por el señor Labordeta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Damos por defendidas las enmiendas 515, 516 y 519 del señor Saura Laporta.
Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, vamos a defender agrupadamente ocho enmiendas, todas ellas con la voluntad de mejorar la financiación y la capacidad presupuestaria de los entes locales, ayuntamientos y otras estructuras supramunicipales que, hoy por hoy, están bajo la espada de Damocles que el Gobierno y el Partido Popular han puesto a partir del anuncio de la supresión del impuesto sobre actividades económicas. La incertidumbre de estos entes locales en la previsión de sus presupuestos y en su financiación nos lleva a presentar estas enmiendas.
En primer lugar, está la relativa al esfuerzo fiscal como variable a considerar en la distribución de la participación de los municipios en los tributos del Estado para el 2001. Se trata de correlacionar la presión fiscal local real con la participación de los municipios en los tributos del Estado, con la finalidad de promover el objetivo de corresponsabilidad fiscal entre las administraciones. En el mismo sentido de apoyo local relativo a subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano proponemos ajustar en el tiempo el indicador poblacional, con el fin de incluir a todos los municipios que prestan efectivamente el servicio de transporte urbano con una población superior a los 50.000 habitantes.
En la misma línea de subvenciones a entidades locales por servicios transporte colectivo urbano, proponemos aplicar esas ayudas a todos los municipios superiores a 20.000 habitantes que prestan efectivamente dichos servicios y que tienen actividades económicas relacionadas con el sector turístico, extensible a todas las capitales de provincia.
Las enmiendas 18 y 20 se refieren a la compensación a los municipios por los que transcurren las autopistas de peaje. Se propone que los municipios afectados por el coste de las bonificaciones de que gozan las autopistas de peaje en el impuesto sobre bienes inmuebles -el IBI- reciban una compensación. En esta enmienda de Esquerra Republicana se considera que dichas bonificaciones forman parte de un ámbito que no es competencia de los ayuntamientos y, en consecuencia, el gasto fiscal que generan no debe surgir de los ingresos municipales.
En las enmiendas 19 y 22 Esquerra Republicana propone compensar a los municipios afectados por el coste de la exención sobre el impuesto correspondiente a centros concertados del ejercicio de 1993, de la misma manera que se viene haciendo en relación al ejercicio 1994, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 30/1988, reguladora de las haciendas locales. Finalmente, la enmienda 21 propone compensar a la hacienda local en tanto que no dispone de mecanismos automáticos propios que permitan la cobertura de los mayores costes en la prestación de servicios públicos locales derivados de la coyuntura internacional, tanto de los mercados de materias primas como de los mercados de divisas. La existencia de

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estos factores exógenos a la hacienda local pueden poner en peligro el proceso de equilibrio presupuestario de las cuentas locales iniciado a principios de los noventa, sin que ello suponga una pérdida en los estándares de la provisión de servicios públicos locales. Se trata de compensar las previsiones presupuestarias que tenían los entes locales a partir de la subida del precio del carburante.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Voy a defender, señora presidenta, un grupo de enmiendas al título VII. En la primera de ellas proponemos que cualquier relación de tipo de subvención, transferencia o acuerdo con los ayuntamientos enclavados dentro del Estado español se haga sobre el padrón a 1 de enero de 2001 -al fin y al cabo son los presupuestos de 2001- y no sobre el padrón a 1 de enero del 2000. Otro grupo de enmiendas se refiere al reconocimiento de la mayoría de edad -como no, ya va siendo hora- tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, que las transferencias, que los ingresos a cuenta no se queden en el 95 por ciento de la previsión -estamos hablando de muchos miles de millones-, sino que se aumenten al 98 por ciento.
Posteriormente la Hacienda pública tiene suficientes mecanismos para corregir al alza o la baja cualquier desajuste que se hubiera producido a lo largo del año.
Sobre el tema de la realidad cotidiana, porque son enmiendas de realidad cotidiana, quiero plantear un aumento de subvenciones a los ayuntamientos, porque no tienen mecanismos propios a la hora de poder actuar, en el caso de que el coste del petróleo siga subiendo, como parece que va a suceder, toda vez que se va a producir un aumento de sus gastos en los transportes públicos y de servicio. Al mismo tiempo hay que introducir mecanismos correctores sobre exenciones en el IBI y en otros impuestos que se realizan fuera del ámbito municipal y que indiscutiblemente tienen repercusiones sobre la Hacienda municipal.
Otra enmienda se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, con el objetivo de que el fondo cumpla el objetivo para el que fue creado y no sea simplemente una fórmula matemática que se aplique sobre la inversión en obra nueva, porque parece que eso es jugar con los papeles presupuestarios incumpliendo los objetivos para los que el propio fondo se creó por mandato constitucional. Y voy a defender la última enmienda. Siendo el último año de aplicación del quinquenio de financiación de las comunidades autónomas (y no vamos a discutir ahora aquí qué fue antes, si el huevo o la gallina, quién fue el responsable o los responsables de que se produjeran esos menores ingresos por acogerse al sistema nuevo, al anterior o quedarse a medio camino entre el anterior y el nuevo), indiscutiblemente los ciudadanos y ciudadanas no pueden sufrir esas peleas, muchas veces de gallinero -y que me perdonen las gallinas por la comparación-. Lo que planteamos es que se creen los mecanismos necesarios para aquellas comunidades que tuvieran un menor ingreso -porque en todo caso van a tener un menor ingreso- por la no aplicación del sistema del quinquenio vigente, para que se compense a los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades, indiscutiblemente a través de las transferencias o de la participación de su gobierno. Lo que está claro es que los ciudadanos y ciudadanas no debemos sufrir las consecuencias de los errores de nuestros gobiernos.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, hemos presentado varias enmiendas, concretamente cinco, a este título VII y sección 32. La primera de ellas, al artículo 72, trata de subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, en cumplimiento de lo previsto en la Ley reguladora de las haciendas locales, pero en la línea que nosotros entendemos, no en la que expone el documento presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros, lo cual comporta una variación en la distribución de crédito. ¿Qué pretendemos? Dar una nueva redacción a este artículo 72 del proyecto de ley, de acuerdo con la sentencia 233 del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre, que se dicta, entre otras, con relación a la disposición adicional decimoquinta de la Ley reguladora de haciendas locales. En dicha sentencia se argumenta por parte del Tribunal Constitucional -y debemos sujetarnos a esa argumentación- que esas subvenciones al transporte colectivo tienen naturaleza de subvención condicionada, que tienen como destinatario las entidades locales y que no pueden regularse ni legislarse al margen del orden constitucional de competencias. Por tanto, lo que estamos defendiendo es ni más ni menos que, en primer lugar, una sentencia del Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, el ámbito competencial correspondiente, que en este caso son las corporaciones locales.
La enmienda número 1558 lo es al artículo 73, y con ella pretendemos una compensación a los ayuntamientos por los beneficios fiscales concedidos a las personasfísicas o jurídicas en los tributos locales.
En este

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caso concreto se trata de una bonificación de las establecidas en la Ley 8/1972, relativas a la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de peaje. Las conclusiones de un estudio del propio Gobierno especifican que las entidades que a 31 de diciembre tuviesen la condición de concesionarias de la construcción, conservación y explotación de autopistas continuarán disfrutando de una bonificación del 95 por ciento en la cuenta del IBI hasta la fecha en que expirase esa concesión, si bien dicha bonificación no será aplicable a las obtenidas después de ese 31 de diciembre de 1989 ni a los nuevos tramos. Por tanto, es un informe que viene a clarificar la sujeción al impuesto para las concesiones y tramos incorporados a modificaciones de las concesiones posteriores a 1990.
En definitiva, señora presidenta, señorías, en la justificación de la enmienda 1558 se explica que se trata de no hurtar a los ayuntamientos una compensación que está prevista, que además está en un documento del Gobierno y que, por tanto, pertenece al ámbito competencial, en este caso en el ámbito recaudatorio, de las corporaciones locales.
Mantenemos dos enmiendas más -pues la número 1627, que lo es a la sección 32, entes territoriales, la retiro en estos momentos, señora presidenta-, la 1628 y la 1629. Estas dos enmiendas tienen ámbitos competenciales distintos, una se refiere a las comunidades autónomas, la otra a los ayuntamientos, pero detrás de ellas hay un denominador común, que es poner de manifiesto la injusta financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. ¿Por qué digo esto? Porque se suprime -al menos esa es la voluntad del Gobierno a través de la ley que se está tramitando en esta Cámara en la Comisión correspondiente, de medidas fiscales, administrativas y de orden social- una desgravación por cancelación de hipotecas, se produce una supresión de impuestos. Yo no discuto la titularidad, que corresponde a las Cortes Generales de acuerdo con la Constitución, pero sí discuto el que a través de esa propuesta, que compartimos en su totalidad, lo que se derive sea una pérdida de ingresos por parte de las comunidades autónomas que tienen cedidos en la práctica como finalistas esos impuestos. Esas comunidades autónomas deben ser compensadas, porque, en términos coloquiales, quienes se colocan la medalla de la modificación a la baja del impuesto son las Cortes Generales y, por supuesto, quien la impulsa es el Gobierno, pero quienes la padecen en la práctica por minusvaloración de sus ingresos son las comunidades autónomas. Aquí se hace lo que se llama vulgarmente trampa, y que nadie se irrite. Es decir, vamos a rebajar unos impuestos cuya recaudación corresponde a las comunidades autónomas, pero sus previsiones presupuestarias ya están hechas. Lo que se pone de manifiesto es la injusticia del actual sistema de financiación. Por un lado, se reconoce y, por otro lado, se quita. Es algo casi mágico. Esto se aplica igual a la compensación a los ayuntamientos por la bonificación del IBI en cuanto a las concesiones de autopistas, tanto de titularidad estatal como de titularidad autonómica. No vamos a discutir la bondad de esta supresión impositiva, lo que decimos es que en las previsiones de muchísimas corporaciones locales había unos ingresos que hoy desaparecen, yo diría que afortunadamente para todos, pero el Estado debe compensarlo de una u otra manera. En caso contrario, repito, estamos haciendo trampas porque aunque la titularidad es del Estado, los beneficiarios son las haciendas de las comunidades o las haciendas de las corporaciones locales. El impacto sobre esas haciendas de cualquier retoque a la baja por parte del Estado, si no conlleva una compensación, es negativo. En definitiva, lo que pedimos es una compensación que nosotros valoramos de acuerdo con lo que exponen nuestras enmiendas y que viene a equilibrar lo que, a través del documento presupuestario, el Gobierno trata de desequilibrar: la financiación autonómica y la financiación local, no diría que voluntariamente, quizás inconscientemente, pero en la práctica es igual.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en este título VII y en las secciones 32 y 33 de estos presupuestos es donde se plasman en cifras y en programas concretos los objetivos políticos del Gobierno, las estrategias para alcanzarlos y el marco de relaciones entre la Administración territorial del Estado, el Gobierno de la nación, las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Es aquí donde se materializan los compromisos electorales y, en definitiva, donde se expresa el modelo de Administración territorial que el Gobierno ha proyectado para nuestro país. Para el Grupo Parlamentario Socialista la política del Gobierno para los territorios propicia la inseguridad y el desconcierto en materia fiscal entre las corporaciones locales y las comunidades autónomas. El Gobierno ha modificado unilateral y reiteradamente, desde 1996, los impuestos cedidos, como los que gravan las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos o el impuesto de sucesiones, sin hacer compensación alguna y vulnerando claramente la legislación vigente. Persisten en detraer a los ayuntamientos compensaciones por las bonificaciones concedidas por el impuesto sobre bienes inmuebles e impiden a estos mismos ayuntamientos participar activamente en la actualización y en la gestión del censo de este impuesto, que es su principal elemento de recaudación. Los presupuestos para el año 2001 no tienen, por tanto, proyecto político

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ni para las corporaciones locales ni para las comunidades autónomas, cuando persisten tozudamente en mantener un año más, precisamente el primero de una nueva legislatura, los vicios y los errores, suficientemente puestos de manifiesto por el Grupo Socialista, de un modelo de concepción del Estado, de una forma de entender el marco de relaciones entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas y las corporaciones locales que va a provocar una vez más la insolidaridad entre los territorios, la discriminación y la generación de diferencias entre unos y otros. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Señorías, el Grupo Socialista cree que estos presupuestos no contienen las previsiones necesarias e imprescindibles que permitan mejorar las condiciones de desarrollo económico, de creación de empleo y de mejora del sistema productivo de aquellas regiones más desfavorecidas, que necesitan de un mayor impulso y apoyo del Estado español para acortar sus diferencias con otras comunidades de nuestro país y de nuestro entorno europeo. Estos presupuestos no van a conseguir tampoco ayudar en la convergencia real entre nuestras regiones y las regiones europeas, entre nuestras ciudades y las ciudades de nuestro entorno. ¿ O creen que se puede avanzar en esa convergencia con un sistema fiscal regresivo, que penaliza las regiones de menor renta? Voy a leerles un pequeño párrafo de la presentación literal de estos presupuestos del Estado para el año 2001. Dice: «Las reformas tributarias modernas se caracterizan por el predominio del principio de eficacia en la asignación de los recursos, ya que se han asumido las limitaciones del sistema impositivo para cumplir de forma eficaz otras finalidades clásicas, como las funciones redistributivas de renta y patrimonio». Señorías, ¿cómo es posible que el Gobierno renuncie abiertamente a ejercer una política redistributiva, contraviniendo nuestra Constitución en el artículo 31.1? ¿Cómo creen que pueden reducirse las diferencias entre regiones de renta inferior a la media si no existe en estos presupuestos una sola medida de política redistributiva que propicie un aumento de renta disponible en estas regiones que acorte paulatinamente sus diferencias? ¿Es posible que los gobiernos de la Unión Europea hagan un esfuerzo de solidaridad a través de los fondos estructurales y de cohesión destinados a mejorar los déficit de infraestructura y renta, y el Gobierno de España sea incapaz de corresponder en igual medida al admitir en estos presupuestos que renuncia a la redistribución en la asignación de recursos? Este, señorías, es un modelo arcaico, en el que se consolidan las diferencias entre comunidades y se condena a las menos desarrolladas a avanzar a un nivel más lento. Pero además del efecto negativo que tiene sobre las comunidades la política fiscal regresiva, el propio sistema de financiación y las inversiones que se recogen en estos presupuestos reflejan la falta de equidad, de justicia y de reequilibrio territorial y de los más elementales principios de solidaridad que consagran nuestra Constitución.
En cuanto a las inversiones, diré brevemente que a mi grupo le ha sido imposible encontrar en la distribución de inversiones regionalizadas un solo criterio objetivo, ya sea de población territorial o de corrección de déficit en infraestructuras básicas, que justifique las propuestas de inversiones que nos hace este Gobierno. Voy a poner un solo ejemplo de esa falta de equidad en relación a la comunidad a la que pertenezco: Andalucía recibirá como inversión directa del Estado para el próximo año 289.480 millones de pesetas, 149.000 correspondientes a ministerios y organismos autónomos y 140.000 a sociedades mercantiles. Esto significa un 10,98 por ciento de la inversión real estatal y el 14,3 por ciento si nos referimos a la regionalizada. Esta cifra es inferior en cuatro puntos al peso de la población andaluza sobre la española, que es el 18,15 por ciento, y es inferior en 10.891 pesetas a la media nacional.
Mientras esa media nacional es de cerca de 51.000 pesetas por habitante, la andaluza es sólo de 40.000; es decir, cada andaluz va a percibir un 20 por ciento menos que el resto de los españoles. Por otro lado, si comparamos con el territorio, Andalucía recibe 3,3 millones de pesetas en inversiones por kilómetro cuadrado, mientras que la media de las comunidades autónomas es de 4. Esto supone una diferencia de inversión de 700.000 pesetas menos por kilómetro cuadrado. En la inversión directa regionalizada, Andalucía ocupa el lugar decimotercero cuando le correspondería, en una distribución igualitaria, el decimoctavo.
En cuanto a la distribución por provincias, permítanme que presente el ejemplo de Sevilla. El Gobierno la ha situado en el honorable puesto número 48, entre las 52 provincias españolas. La media en pesetas por habitante para Sevilla se sitúa en 13.600, cuando la media nacional -repito- está en 51.000 pesetas. Esta discriminación evidente, y reiterada desde el año 1996, en la inversión prevista para Andalucía y para su capital, una de las primeras ciudades del país, está imposibilitando un desarrollo adecuado que dé solución a graves problemas de infraestructuras y equipamiento, como el de abastecimiento de agua para la capital y su área metropolitana por medio de la construcción de la presa de Melonares. El Gobierno ha sido incapaz de adjudicar esta obra tras presupuestarla durante cinco años. Ahora, el ministro de Medio Ambiente ha prometido que se iniciarían las obras en el mes de diciembre pero, a fecha de hoy, las obras no están adjudicadas y llevan ocho meses con las ofertas guardadas en un cajón del Ministerio sin resolver la adjudicación.
Tampoco tiene justificación ninguna otro olvido imperdonable: la no previsión en el proyecto de adjudicación de esta obra de la conexión entre la presa de Melonares y la red de abastecimiento de aguas de Sevilla.
Otra obra imprescindible, razón por la cual el GrupoSocialista ha presentado la enmienda 1379, dentro de

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la sección 32, es la del metro de Sevilla. Señorías, el Gobierno va a destinar en los presupuestos para 2001 65.000 millones de pesetas para financiar el transporte metropolitano en Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. Sevilla necesita de manera acuciante una solución al transporte de la capital y de su área metropolitana. La Junta de Andalucía tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad y existe una ley aprobada por este Congreso en 1975 en la que se establecen los compromisos para la construcción y explotación del metro de Sevilla. Espero, por tanto, señorías, que esta enmienda obtenga el voto favorable de esta Cámara.
Me refería al principio de mi intervención a los criterios de financiación previstos en estos presupuestos para las corporaciones locales. El Gobierno sigue negándose a escuchar la voz de los municipios españoles, que reclaman un auténtico acuerdo sobre el sistema de financiación vigente desde 1999 hasta 2003. En la negociación del sistema de financiación para este quinquenio se produjo una quiebra de los principios que habían informado hasta entonces las relaciones entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de los métodos de funcionamiento y adopción de acuerdos en el seno de la misma. La Federación ha sido reconocida como única representante de los municipios españoles a la hora de abordar los aspectos sustantivos de competencias, financiación y funcionamiento de los entes locales. Por otra parte, esos acuerdos eran adoptados por consenso en un ejercicio de gran responsabilidad por parte de todos los partidos políticos. La quiebra de estos principios provocó que, en la última asamblea de la FEMP, se tomaran resoluciones en materia de hacienda local que suponen un total descrédito del proceso negociador entre el Gobierno y le ejecutiva de la FEMP. En dicha resolución se dice literalmente: Se solicita restablecer con el Gobierno las negociaciones para los criterios de reparto de la participación de los ingresos del Estado, de tal forma que se restablezca el consenso sobre los mismos.
Los ayuntamientos españoles demandan, además, que el Gobierno plantee con claridad soluciones a las nuevas situaciones que se ven obligados a abordar; a la reforma, revisión y modernización de las figuras impositivas tributarias que contiene la Ley de haciendas locales que, vigente desde el año 1988, plantea desfases que necesitan solución; además de la supresión del impuesto de actividades económicas y su sustitución por otras fórmulas de financiación de las corporaciones locales. Esta última, promesa electoral del Partido Popular que se ha visto paralizada por la incapacidad de ofrecer alternativa financiera a las corporaciones. Junto a esto, no puede olvidarse la demanda creciente de los ciudadanos de nuevos y mejores servicios, lo que ha provocado que los ayuntamientos hayan asumido un número de funciones sin que previamente se reconocieran y transfirieran las correspondientes competencias y dotaciones económicas desde la Administración del Estado.
La prestación de los servicios que no figuran como competencias básicas en la Ley de bases de régimen local tienen hoy un peso muy importante que no se corresponde con la financiación de los ayuntamientos y con el peso de estos en el conjunto del gasto público del Estado, limitado hasta el día de hoy al 13 por ciento. Es urgente por lo tanto, desde nuestro punto de vista, iniciar las negociaciones para propiciar un sistema de financiación que resuelva las disfunciones que se han generado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Pozuelo, le ruego que vaya concluyendo.


La señora POZUELO MEÑO: Intentaré ser breve, señor presidente, pero tenga en cuenta que acumulamos, además del título VII, dos secciones de los presupuestos, y de ahí la razón de que solicite extenderme un poco más en la defensa de nuestras enmiendas y de nuestras posiciones políticas.
Quiero referirme, para concluir, al capítulo relativo a las corporaciones locales, a las enmiendas presentadas por mi grupo y dirigidas a aumentar la cuantía destinada a la financiación del transporte colectivo, que tiene consignaciones claramente insuficientes, por lo que solicitamos el crecimiento del PIB nominal y hacer extensivas estas subvenciones a las capitales de provincia de menos de 50.000 habitantes.
Señorías, quiero referirme ahora de nuevo a la financiación de las comunidades autónomas. Concluye este año la vigencia de un modelo que por primera vez se implantó sin el consenso del conjunto de las comunidades, que surgió como moneda de cambio para la investidura del presidente Aznar y que ha provocado las mayores tensiones entre el Gobierno de la nación y algunos gobiernos autonómicos, que han recibido un trato discriminatorio, injusto y poco equitativo; un sistema de financiación denunciado por inoperante por las propias comunidades que lo propiciaron y aceptaron, basado como eje fundamental en la cesión de un tramo del IRPF. El modelo fracasó de inmediato al caer la recaudación del citado impuesto, lo que obligó a su modificación por dos veces consecutivas apenas un año después de su entrada en vigor. Se acabó definitivamente con estas modificaciones, con el manoseado concepto de corresponsabilidad fiscal y también, casi de inmediato, se empezó a hablar de cuál iba a ser el nuevo modelo. Desde el Partido Popular no se han recatado en exponer distintas versiones de modelos radicalmente diferentes a los que se acordaron en 1997. Cada presidente de comunidad se ha permitido lanzar sus ofertas; pareció que la propuesta Zaplana, contestada por el señor Fraga, era la mejor y hasta el propio presidente del Gobierno la defendió públicamente, aunqueel señor Lucas no lo tenía suficientemente claro, según

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sus manifestaciones, hasta que algún ministro cayó en la cuenta del gran aumento de recaudación que estaba suponiendo la recaudación por IVA y por impuestos especiales, sobre todo después de la subida de los carburantes. Parece que ya no les gusta tanto un sistema de financiación basado en una cesta de impuestos. Realmente ya es hora de dejar las apuestas, señorías, y esperemos que el Gobierno sea capaz de poner encima de la mesa un proyecto de financiación para las comunidades autónomas que pueda ser negociado con tiempo y sosiego entre el Gobierno, las comunidades y los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara.
Señorías, el Grupo Socialista espera y desea que la actitud y las formas del Gobierno en estos trámites no reproduzcan las que se han sucedido durante estos años, en los que ni siquiera se ha cumplido con las más elementales normas legales de coordinación presupuestaria entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El Gobierno ha tenido un ejemplo claro de prepotencia y de trato dominante en sus relaciones con las comunidades autónomas. Esta actitud le ha llevado a vulnerar sistemáticamente durante estos cinco años el marco jurídico que regula la asignación de los recursos a las comunidades.
Esta vulneración ha existido tanto en lo referente a los ingresos propios de las comunidades como en la participación en ingresos y transferencias que se perciben de los Presupuestos Generales del Estado. De nuevo, este año veremos en la Ley de medidas fiscales, al igual que lo hicieran en el Decreto-ley de 1996 y en el de 23 de junio de 2000, que el Gobierno modifica los impuestos cedidos a las comunidades, en este caso el impuesto de actos jurídicos y documentados y anteriormente la transmisión de vivienda y el impuesto de sucesiones. Estas modificaciones incumplen el acuerdo del Consejo de política fiscal y financiera del año 1992 y el reglamento de la Comisión mixta de gestión tributaria sobre el procedimiento a seguir en las modificaciones de la normativa de tributos cedidos. De esta manera, se están detrayendo recursos a las comunidades, ya que no se ha establecido ningún mecanismo de compensación a través de la PIE.
Por otra parte, quiero poner de manifiesto una vez más y por quinto año consecutivo que la participación en ingresos del Estado que figura en estos presupuestos para aquellas tres comunidades -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- que no acordaron el nuevo modelo de financiación es una decisión ilegal y unilateral del Gobierno y no está respaldada por ninguna norma jurídica. Estas cantidades no han sido acordadas en la Comisión mixta de transferencias, que el Gobierno se niega a reunir, y contravienen la Lofca y los estatutos de autonomía de las respectivas comunidades.
Esta decisión unilateral del Gobierno ha significado una importante merma de recursos en el transcurso de estos cinco años. En el caso de Andalucía, esta disminución de ingresos puede cuantificarse en más de 222.000 millones de pesetas para el 2001. En primer lugar, los presupuestos para este próximo año, igual que en los cuatro años anteriores?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Pozuelo, le ruego que vaya concluyendo.


La señora POZUELO MEÑO: Sí, señor presidente.
Decía que los presupuestos para este próximo año recogen sólo el 98 por ciento de la participación en ingresos del Estado como entregas a cuenta, pero no figura la previsión de liquidación del 2 por ciento restante ni la variación prevista del PIB. En segundo lugar, el Gobierno aplica desde una rotunda ilegalidad la evolución del PIB nominal a partir de la PIE de 1996 en lugar de efectuarlo sobre los valores reales de la recaudación de los impuestos no cedidos cada año, tal como establece la Lofca en el artículo 13.1.
Señorías, ustedes saben que el Grupo Socialista y otros grupos de la Cámara han presentado enmiendas para que en la financiación municipal se aplique el padrón actualizado porque se está aplicando todavía el del año 1998. Pero siendo eso absurdo, lo es más y es ilógico, arbitrario e injusto, por la merma de recursos que supone, que en la utilización del censo para Andalucía se esté aplicando el de 1998 a la hora de calcular la participación en la PIE. El Gobierno de la nación no puede seguir ignorando tozudamente la existencia de esa nueva población, de esos 463.000 andaluces. Nadie puede entenderlo en Andalucía ni en el resto del país. No existe precedente en ningún otro Gobierno de elaboración de censos aprobados para luego ignorarlos y actuar al margen de ellos. El Gobierno no puede mantener una decisión recurrida constitucionalmente, contraria a los intereses comunes de los ciudadanos y que representa una pérdida de ingresos de 58.234 millones de pesetas para este año. Señorías, al terminar este quinquenio, la deuda del Gobierno de la nación con Andalucía por todos estos conceptos alcanzará la cifra de 772.000 millones de pesetas, tres veces la inversión prevista para Andalucía en estos propios presupuestos.
Me referiré muy brevemente al Fondo de compensación interterritorial y al Fondo de nivelación. El Fondo de compensación interterritorial, desde 1997, viene reduciendo año tras año su peso específico con relación a la inversión real nueva, tal como establece la legislación que lo regula. Si en 1997 ese porcentaje era del 50 por ciento, en los presupuestos del 2001 el porcentaje será del 36 por ciento.
Afecta a un conjunto importante de comunidades y es uno de los instrumentos más importantes de reequilibrio territorial entre comunidades. En cuanto al Fondo de nivelación de servicios, simplemente diré que, como todos ustedes saben, no se ha utilizado ninguna de sus dotaciones presupuestarias desde el año 1997. No se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar los criterios de reparto entre las asignaciones del Fondo de nivelación.


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Es obvio que, después de estos cuatro años, el Gobierno ha sido incapaz de impulsar esos trabajos y de llegar a acuerdos que proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Finalmente diré que el Grupo Socialista, por todas estas razones, espera que el Gobierno reúna de una vez la Comisión mixta de transferencias para legalizar las aportaciones y la participación en ingresos del Estado que hace a estas comunidades autónomas que no acordaron el nuevo sistema de financiación.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Pozuelo, ha consumido el doble del tiempo previsto.


La señora POZUELO MEÑO: Termino, señor presidente.


Decía que el Grupo Socialista espera obtener de la Cámara, por justicia, que se aprueben las enmiendas que ha presentado a este título y a estas secciones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar el apoyo de nuestro grupo al proyecto presentado por el Gobierno en el título VII y en las secciones 32 y 33. Voy a contestar brevemente a los portavoces que han intervenido sobre las enmiendas presentadas y anuncio que vamos a votar en contra de las mismas por entender que no se ajustan a la realidad del presupuesto que ha sido presentado por el Gobierno.
Han planteado los portavoces en el debate que ha tenido lugar la ausencia de apoyo del Gobierno a los municipios y a las comunidades autónomas, y debemos decirles con seriedad y rigor que este grupo parlamentario entiende que nada hay más lejos de la realidad.
Creemos, por el contrario, que hay un apoyo decidido del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Popular, a los municipios y a las comunidades autónomas. Respecto al apoyo a los municipios, el hecho de que este año sea un billón 500.000 millones de pesetas la cantidad asignada para colaborar con los municipios, y no sólo eso sino también las inversiones reales que el Gobierno va a realizar, a través de fondos europeos, en muchos de los 8.000 ayuntamientos de España, vienen a demostrar la apuesta, el apoyo y la colaboración que el Partido Popular y el Gobierno de España prestan a nuestros municipios. Hay que decir, señorías, que en estos momentos existe un modelo de financiación local que fue acordado con la FEMP y que es el modelo que está vigente, haciendo constar que desde mi grupo parlamentario entendemos -y así lo entiende el Gobierno- que es necesario profundizar en el pacto local que el Partido Popular y el Gobierno de España organizaron con los ayuntamientos. Y quiero recalcar que el Partido Popular y el Gobierno de España fueron los que llevaron a cabo el pacto local, porque parece que los señores miembros del Partido Socialista pasan por aquí por primera vez, cuando han gobernado España durante 14 años, y nos imaginamos que alguna influencia de su Gobierno habrá habido en la situación económica de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Es necesario acometer -y así lo ha anunciado nuestro ministro de Administraciones Públicas- el segundo pacto local entre ayuntamientos y comunidades autónomas impulsado por el Gobierno de España, porque entre todos debemos, desde el diálogo y la colaboración institucional, resolver la situación económica de los ayuntamientos, pero nosotros entendemos que hay que hacerlo con las ideas claras, con proyectos y con voluntad e intención política de llevarlo a cabo.
En cuanto a las comunidades autónomas, creemos que no se puede criticar al Gobierno ni al proyecto que se presenta. Hay que decir que el Gobierno del Partido Popular, desde que el presidente Aznar asumió la responsabilidad, ha sido el que en cuatro años ha transferido más competencias a las comunidades autónomas. Y hay que decir que el Fondo de compensación interterritorial incrementa este año sus aportaciones a las comunidades autónomas. Tenemos los datos y podríamos entrar a debatirlos, pero hay un hecho que para mí es una sorpresa, y es que el portavoz del Grupo Socialista es el sexto que utiliza este trámite parlamentario para defender sus enmiendas en las cuestiones relativas a las administraciones públicas. Nos imaginamos que es fruto del desconcierto que existe en dicho grupo sobre las enmiendas que han sido presentadas. Desde el Gobierno del Partido Popular y desde mi grupo parlamentario se reitera la voluntad de diálogo que existe con el Partido Socialista y con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para el nuevo modelo de financiación autonómica, porque entendemos que este es un problema de Estado que debemos abordar desde la seriedad y desde el diálogo, y no desde la confrontación institucional. Muchas de las enmiendas que han sido presentadas por los grupos de la oposición pretenden de algún modo arreglar el error que algunos dirigentes de otras administraciones autonómicas del Partido Socialista han tenido a la hora de no asumir el modelo de financiación. A través de estas enmiendas pretenden cubrir esos déficit por no haber aceptado y por haber utilizado políticamente desde sus comunidades autónomas la financiación autonómica, utilizándola como arma arrojadiza contra el Gobierno de España. Estas medidas colaboran y ayudan seriamente a la convergencia real de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Se está viendo y se va a ver a lo largo de losaños cómo se está produciendo porque ustedes no

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suman a estas cantidades las inversiones reales que se producen.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha circunscrito a dos cuestiones muy concretas de Sevilla. Señora portavoz del Grupo Socialista, usted debió escribir su discurso antes de la celebración de la Comisión porque en ésta se ha aprobado una enmienda del Grupo Popular de 900 millones de pesetas para Melonares. Usted no puede venir aquí a criticar al Gobierno del Partido Popular por Melonares cuando ustedes tuvieron 14 años para hacerla y no fueron capaces ni de hacer el proyecto. Nosotros hemos hecho el proyecto, hemos salvado las cuestiones medioambientales y tenemos ya dinero para construir Melonares. Si alguien aquí y en Sevilla ha defendido Melonares ha sido la anterior alcaldesa de Sevilla y hoy vicepresidenta de esta Cámara, la señora Becerril. (Aplausos.) Yo soy testigo de eso porque lo he vivido. Señora mía, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no está bien venir aquí a hablar del Metro de Sevilla. Yo que soy de Córdoba voy con frecuencia a Sevilla y todavía no he podido montarme en el Metro de Sevilla; no es que no haya podido montarme en el Metro de Sevilla, es que ustedes no han traído al Gobierno de España un proyecto del Metro de Sevilla. ¿Cómo presentan ustedes una enmienda para dar dinero a un proyecto del Metro de Sevilla que ni el Gobierno lo tiene? ¿Por qué utilizan ustedes la demagogia como arma en el debate presupuestario? No me extraña que sea la sexta portavoz que interviene en el debate de las administraciones públicas porque ni ustedes mismos se creen las enmiendas que presentan. Venir aquí y pedir miles de millones de pesetas para el Metro de Sevilla cuando no han sido capaces de presentar al Gobierno de España un proyecto para construirlo, cuando la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Sevilla se han sentado con el Gobierno ni se ofrece un convenio para financiar el proyecto del Metro de Sevilla es un brindis al sol que ustedes hacen y que tendrán que explicar y defender en Sevilla. Lo veo difícil, lo veo complicado. Lo que sí es cierto es que la señora Becerril puede ir con la cabeza muy alta diciendo que Melonares se va a hacer y que en cinco años de Gobierno del Partido Popular la presa de Melonares está en marcha y con financiación. (Aplausos.) Esas son las realidades de las enmiendas que ustedes presentan.
Ustedes no pueden estar aquí todo el día hablando de Andalucía y del censo de Andalucía porque los 400.000 andaluces no son hijos del Gobierno del Partido Popular porque esos andaluces habían nacido ya.
¿Dónde estaban ustedes cuando gobernaban? ¿Dónde estaban ustedes reclamando esos 400.000 andaluces? ¿Por qué no presentaban ustedes esas enmiendas cuando eran los encargados de hacer los Presupuestos Generales del Estado? Les pido con toda la sinceridad del mundo lealtad institucional. (Rumores.) Mire usted, sexta señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Fondo de compensación interterritorial en el año 1995: a Extremadura -por no seguir con el debate de Andalucía-,10.003 millones de pesetas; en el año 2001, 12.466, un 20 por ciento de incremento. Viene usted aquí a hablar de la discriminación que sufren las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y las cifras reales de este presupuesto y de este proyecto vienen a demostrar que no se produce y que se está buscando la redistribución, el reequilibrio y la igualdad de las comunidades autónomas y de los territorios de España.
Para concluir, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor del proyecto presentado por el Gobierno y a rechazar las enmiendas que presentan las distintas formaciones y grupos parlamentarios.
Esperamos y deseamos, de verdad, que próximamente se pueda iniciar con claridad de criterios por parte de los grupos parlamentarios y de las formaciones políticas un debate riguroso y serio sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Como ha manifestado el Gobierno de España y así lo reitera el Grupo Parlamentario Popular, estamos dispuestos a ese diálogo y a esa búsqueda de consenso para mejorar la situación de nuestras comunidades autónomas y lógicamente apostamos por ese segundo pacto local.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino.
Concluye el debate de las enmiendas al título VII.
Comenzamos con el debate de las enmiendas presentadas Disposiciones adicionales, a las disposiciones adicionales, transitorias y transitorias anexos de manera conjunta. Para la defensa de las y anexos enmiendas tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Núñez Castain.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que presenta el Partido Andalucista a las disposiciones adicionales se centran en primer lugar sobre las disposiciones adicionales segundas de los estatutos de autonomía de Andalucía y de Extremadura, conocidos coloquialmente como la deuda histórica, deuda histórica constitucional de nivelación de servicios básicos, puesto que estos estatutos han pasado el refrendo de esta Cámara, esperando desde hace años estas comunidades conseguir la equiparación y la nivelación de estos servicios básicos al ciudadano.
Otra enmienda de adición se refiere a la territorialización de los fondos de cohesión y persigue la transparencia en la finalidad de estos fondos, de forma que sepamos que se reparten con los mismos criterios que se solicitan a Europa, es decir, con criterios de reequilibrio regional y no con criterios desconocidos y sin saber qué pauta se sigue cada año en el reparto del dinero. Ala vez pedimos la creación de dos fondos. Por

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una parte, un fondo importante e imprescindible para ayudar a los municipios turísticos, a aquellos municipios que tienen una población flotante importante respecto de su población de derecho, población que no cotiza impuestos en esos ayuntamientos y a la que las corporaciones locales deben dar servicio y equipamiento y, por tanto, tener compensaciones estatales. Por otra, un fondo para invertir en Marruecos, en ese plan de desarrollo socioeconómico del país vecino que es tan importante para nosotros, un fondo para incentivar las inversiones en aquel lugar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente Eusko Alkartasuna ha presentado tres enmiendas a las disposiciones adicionales, refiriéndose dos de ellas a dos cuestiones que pretendíamos que se considerasen dentro de este texto articulado de los Presupuestos Generales del Estado. Una hace referencia a recoger y materializar aquello a lo que en su día todos los grupos parlamentarios y las formaciones políticas se comprometieron en relación con la ayuda al desarrollo. Curiosamente es una cuestión que se ha planteado a lo largo de los diferentes ejercicios presupuestarios; sin embargo, parece que no vamos avanzando sino, muy al contrario, vamos retrocediendo. Lo cierto es que los datos demuestran que no alcanzamos el compromiso al que todas las formaciones políticas llegaron del 0,7 por ciento del PIB para ayuda al desarrollo, sino que las previsiones del Gobierno del Estado se han estancado y ni tan siquiera parece que vamos a llegar al 0,23.
Así pues, queríamos recoger ese compromiso planteado hace unos años en los textos del articulado a los presupuestos. La otra enmienda pretende que se cumplan asimismo compromisos de esta Cámara en relación con aquellas personas que no pudieron ser contempladas en los supuestos de las indemnizaciones de la Ley de Amnistía.
Presentamos una enmienda de adición a una disposición adicional relativa a la formación continua, la cual nos parece tremendamente importante, especialmente en estos momentos. Conocen ustedes, puesto que lo hemos debatido en esta Cámara varias veces, el contencioso que se mantiene en relación con la financiación para la formación continua del País Vasco, el acuerdo interprofesional, la fundación Obetus. Creemos que ese contencioso podría ser solventado añadiendo a la disposición adicional décima un párrafo en el que quedara claro que determinado montante, en este caso el correspondiente al denominado cupo, el 6,24, relativo a la formación continua, pasara directamente sin necesidad de estar constantemente en una negociación que entendemos no está siendo justa ni legítima para los intereses de los trabajadores y, en definitiva, de los ciudadanos de nuestro país. Estas son las tres enmiendas que queremos que sean votadas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Doy por defendidas las enmiendas de Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto, Iniciativa per Catalunya, que van de la 520 a la 523.
Concretamente de Esquerra Republicana, en este cajón de sastre que son las disposiciones adicionales, voy a destacar la enmienda 24, por la que se trata de buscar la fórmula de habilitar un crédito extraordinario para cubrir el déficit histórico acumulado por las comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de sanidad originado por las diferencias y actualizaciones de criterios.
Se trata de hacer frente a este déficit que básicamente se ha producido por una valoración inicial inadecuada de los traspasos y por el coste diferencial de esos servicios sanitarios entre las comunidades autónomas y el Estado, a causa sobre todo del coste de la vida, los centros de excedencia, los enfermos desplazados o la demanda diferencial de este tipo de prestaciones.
En segundo lugar, quiero destacar también dos enmiendas de carácter social, las números 25 y26, que básicamente hacen referencia a las situaciones de minusvalías y a las pensiones y ayudas en este sentido. Para Esquerra Republicana es necesario que, a partir del 1 de enero de 2001, la cuantía de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 años o más y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento sea equivalente al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
Cuando este hijo necesite una ayuda externa será del cien por cien.
En este sentido, también deseo hacer referencia a las ayudas al subsidio de garantía de ingresos mínimos para las que pedimos el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, para el subsidio por ayuda a tercera persona el 40 por ciento del salario mínimo interprofesional y para el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte el 19 por ciento.
La enmienda número 27 es de carácter humanitario. Hace referencia a una amplia sensibilidad social de la población. Se refiere a la condonación de la deuda de los países del Tercer Mundo, reflejando en ese sentido una opinión mayoritaria de nuestra sociedad.
La enmienda número 28 hace referencia a aquellas comunidades autónomas que por unas condiciones económicas históricas de financiación tienen, como es bien sabido, un coste de la vida más elevado. Las mismas pensiones, los mismos salarios de los trabajadores de la Función pública pierden poder adquisitivo dependiendo

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de cada comunidad autónoma. Por eso Esquerra Republicana pretende por medio de esta enmienda que sea el Gobierno el que a partir del índice de precios al consumo de cada comunidad autónoma establezca los mecanismos de compensación.
La enmienda número 29 hace referencia a la creación de un plan quinquenal, 2001-2005, para el rescate de las concesiones de las autopistas que sean competencia del Estado, en este caso de Cataluña.
La prioridad en el rescate de los peajes se centrará en aquellos situados en los cinturones urbanos de las grandes ciudades catalanas y en las autopistas que no dispongan de una vía rápida alternativa, libre de peaje, en este caso una autovía.
Finalmente, entendemos que es de justicia que el Gobierno asuma la enmienda número 30, de Esquerra Republicana de Catalunya, por la que se pide al Gobierno que haga las gestiones necesarias para conseguir fondos de cohesión de la Unión Europea y que habilite las partidas presupuestarias complementarias para financiar la ampliación de la nueva línea 9 del Metro de Barcelona y hacerla llegar hasta el aeropuerto. Es sabido por todos ustedes que la línea del aeropuerto de Madrid-Barajas se benefició de los fondos de cohesión europeos en una subvención del 85 por ciento del total de esta inversión para hacer llegar el Metro de Madrid a Barajas. Entendemos que en el caso de Barcelona es necesario que la línea 9 de Metro llegue también al aeropuerto de El Prat y la conexión pertinente con el tren de alta velocidad.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, el Grupo Vasco presenta una enmienda de adición a la disposición adicional vigésima del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. A través de esta enmienda, el Grupo Vasco plantea la aplicación de beneficios fiscales al 700 aniversario de Bilbao-III Millenium, exclusivamente para el año 2001. Proponemos que la Ley 30/1994, de Fundaciones y de incentivos a la participación privada en actividades de interés general, sea de aplicación a los programas y actividades relacionados con el 700 aniversario de Bilbao-III Millenium, siempre que se aprueben por el área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao y se realicen por las entidades e instituciones a que se refiere el artículo 41 y disposición adicional sexta de la Ley 30/1994.
Básicamente los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por ciento de las inversiones que, efectuadas en el término municipal de Bilbao, se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao. Igualmente, las transmisiones patrimoniales sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados gozarán de una bonificación del 95 por ciento. La gran importancia cultural e histórica de la celebración del 700 aniversario de Bilbao-III Millenium determina la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado que promueva las iniciativas encaminadas a la conmemoración del citado acontecimiento. Para la celebración del 700 aniversario de Bilbao-III Millenium, el Ayuntamiento de Bilbao, como principal institución que representa al conjunto de los ciudadanos de la villa, tiene previsto organizar diversos eventos que sirvan para dinamizar internamente la ciudad y promocionar el conjunto de la metrópoli de cara al exterior, y ello tenga un efecto positivo en el crecimiento económico de nuestra ciudad y su entorno. El Ayuntamiento de Bilbao promoverá vías para la colaboración y desarrollará acuerdos con empresas para la promoción de Bilbao a fin de conseguir que la ciudad se consolide como un punto de referencia cultural, social y económico. Para dotarse de mayores recursos y alcanzar la autofinanciación de los diversos actos que se organicen durante el 700 aniversario de Bilbao-III Millenium, el Ayuntamiento de Bilbao fomentará la participación del sector privado en los actos de la celebración. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Esta disposición sería complemento perfecto a la norma foral por la que se establecen determinados beneficios fiscales aplicables a las actividades y programas relacionados con el 700 aniversario, aprobada recientemente por las juntas generales de Vizcaya, cuyo ámbito de aplicación se limita al mencionado territorio histórico. Por último, quiero comentar que el sistema ideado no resulta en absoluto novedoso, ya que el mismo se ha venido aplicando a acontecimientos de similar trascendencia como el Año Santo Jacobeo en 1999, Santiago Capital Europea de la Cultura 2000 o Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002. Asimismo en la disposición adicional quinta del proyecto de ley de medidas fiscales se contempla la aplicación del régimen fiscal solicitado para Bilbao a los programas y actividades relacionados con el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en el último achuchón a la ley, el Grupo Federal de IzquierdaUnida presenta un bloque amplio de enmiendas a las

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disposiciones adicionales que voy a defender con el mismo tiempo que le he dedicado a las demás, no por darle menos importancia, al contrario, sino por aquello de que los esfuerzos inútiles y la melancolía es conveniente tasarlos.
Un primer bloque de enmiendas va dirigido a dignificar cuando menos el salario mínimo interprofesional para que con pagas extraordinarias no sea menor de 1.107.848 pesetas al año. El objetivo es solventar dos anacronismos, dos dibujos virtuales, el que se ha perdido durante muchos años y el que se va a perder este año con esa especie de ficción, de dibujo más que virtual de un 2 por ciento de supuesto IPC para el año 2001.
El segundo bloque de enmiendas trata de corregir ese gran anacronismo que es el paro, sobre todo el paro agrario. Planteamos en una serie de enmiendas que el dinero destinado a EPSA, al PER, al menos garantice dos meses de trabajo al año, en el ejercicio 2001, a aquellas personas que se puedan acoger a este derecho, porque cumplan los requisitos para acogerse al mismo.
Un tercer bloque de enmiendas pretende aumentar el control de este Parlamento sobre el acceso al sistema informático del Ministerio, con la finalidad de aumentar el control de este Parlamento sobre el desarrollo presupuestario.
Y, ¿cómo no?, uniéndome a intervenciones anteriores, de mis compañeros del Grupo Mixto, quiero plantear dos cuestiones. En cuanto al Fondo de nivelación, no voy a recordar la tan manida frase de: cuando alguien quiere que no funcione algo creamos una comisión. El Fondo de nivelación, mandato de los artículos 3.º y 15 de la Lofca, fue dotado siempre con un dinero escaso, pero mucho más escaso fue cuando se creó una comisión para fijar los criterios, y esa comisión dudo mucho que hubiera concluido o incluso se hubiera reunido.
Hay que unir a ello la demanda, lo decía el compañero del Partido Andalucista, por estar inmersos en el bloque constitucional. Aalgunos miembros del Gobierno, diputados también de esta Cámara, se les llena la boca cuando se habla de la Constitución, y han de ver que también el bloque constitucional tiene obligaciones que cumplir relativas a las disposiciones segundas de los estatutos de autonomía, tales como los de Extremadura, Andalucía y otros, conocidas como deuda histórica. A este grupo le bastaría con algo muy sencillo, le bastaría con que los diputados y diputadas del PP, que lo fueron en el período 1994/96 en la Cámara andaluza y que tanto respaldaron la deuda histórica, cambiaran el voto y siguieran en el mismo sentido respaldando la deuda histórica; estoy seguro de que con ello ganaríamos esa votación.
Por último, dos cuestiones. Una, plantear que al menos el 1 por ciento de los presupuestos de los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento se destine a la construcción y recuperación de sendas para carriles bici, acercamiento a la naturaleza, etcétera, y al mismo tiempo crear una serie de plazas de funcionarios capacitados y preparados para realizar las declaraciones de impacto ambiental.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente mantenemos diversas, y naturalmente distintas enmiendas a este grupo de disposiciones adicionales, transitorias y anexos que conjuntamente tratamos. La primera de ellas es la 1561, que retiraríamos si se aceptara por el Grupo Popular, y digo por el Grupo Popular porque presentó en su momento una enmienda que fue aceptada en Comisión, para que donde pone patronato Abadía de Montserrat, que es lo que se aprobó en Comisión, pusiera fundación Abadía de Montserrat, porque la realidad existente es que hay un patronato y hay una fundación. La intencionalidad del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en su finalidad es exactamente la misma, simplemente hay un error y se puso patronato en vez de fundación. El patronato es algo que ya existía en sus mecanismos, en sus funcionamientos y en sus objetivos y la fundación es algo relativamente reciente, que es donde vamos a coincidir -me permitiría decir a converger- los grupos parlamentarios Popular y el de CIU. Por tanto, si se aceptara eso, señora presidenta, retiraríamos esa enmienda porque la encontramos ya en el texto, así como la enmienda 1566, que es complementaria de la misma.
En todo caso, señora presidenta, la enmienda 1562 trata de incorporar una nueva disposición adicional mediante la cual el Organismo nacional de loterías y apuestas del Estado destinaría durante el próximo año 2001 los beneficios de un sorteo especial de lotería a favor del consorcio organizador del Fórum universal de las culturas Barcelona 2004, que es una manera como otra -algunas veces se ha hecho- de contribuir a su financiación. (Rumores.) La enmienda número 1563?

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López de Lerma, es imposible que se le pueda oír.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.) Adelante, señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
La enmienda número 1563 viene a anticiparse a algo que se ha debatido en otro foro, en la Comisión Constitucional, y que vendrá a este Pleno, la reforma de la llamada Ley de extranjería -entre comillas-, para dotar

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una partida inicial de 1.000 millones de pesetas para un fondo para la integración de los inmigrantes, que debería ser administrado por las comunidades autónomas porque así lo dispone el texto con el que se está trabajando en esta Cámara. Es una previsión presupuestaria ante algo que esta Cámara y las Cortes Generales van a aprobar, espero y deseo de manera consensuada.
La enmienda 1565 propone que se suprima la disposición adicional vigesimotercera del texto enviado por el Consejo de Ministros, que trata de la gestión del Inem en el ámbito del trabajo, la ocupación y la formación. Como SS. SS. sabrán, porque se materializó en la pasada legislatura, se traspasaron a la Generalitat de Cataluña las funciones de gestión y control de todas las políticas activas de ocupación, reservándose el Inem exclusivamente las políticas pasivas.
Acordado esto en la pasada legislatura, ahora aparece una disposición adicional en la que se recupera en beneficio de la Administración central del Estado aquello que en su momento se acordó. Entendemos que es un contrasentido decir ayer que sí a un acuerdo suscrito en la pasada legislatura y materializado mediante ley y que hoy se diga lo contrario.
Retiramos en este momento la enmienda 1570, señora presidenta. La enmienda 1571, que propone una adicional nueva, trata de establecer, de acuerdo con la financiación de los servicios sanitarios para el periodo 1998-2001 a lo que me he referido en anteriores intervenciones, como criterio de evolución de la financiación sanitaria el índice de incremento del PIB nominal a coste de factores.


En el apartado de anexos, la enmienda 1567 da la consideración de crédito ampliable a la partida de crédito creada para la compensación a las comunidades autónomas por la pérdida de recaudación derivada de la supresión de los impuestos por la cancelación de hipotecas. Esta cuestión ya ha sido tratada, por lo que doy por reiterados los argumentos que he utilizado en un turno anterior.
La enmienda 1568 propone una dotación de 7.000 millones de pesetas para financiar los programas de estabilización del profesorado en el marco de los convenios de colaboración con las comunidades autónomas que establece la Ley 54/1999, de 29 de diciembre. Encontramos que es insuficiente la partida que se propone por el Consejo de Ministros para cubrir el coste de dicha estabilización, y entendemos que debería correr a cargo de la Administración del Estado la totalidad de los costes de ampliación de los medios y recursos transferidos a las distintas comunidades autónomas con competencia en materia universitaria.
La enmienda 1569, señora presidenta, la retiramos en este momento, y finalmente nos centramos en la 1572, que viene a corroborar una enmienda que ya he defendido, y es la relativa a los créditos destinados a dotar el fondo para integración de los inmigrantes.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.


El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el 26 de octubre, exactamente el día inmediatamente posterior a la celebración del debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, se podía leer en un diario económico la siguiente noticia: El Gobierno maneja unas cuentas de la Seguridad Social distintas a las hechas públicas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el debate parlamentario de los presupuestos. Nadie del Gobierno ha rectificado tal información (que aquí, entre paréntesis, puede ser poco menos que un escándalo), y no podía rectificar porque en la misma Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de la Seguridad Social nos vino a decir que el presupuesto de la Seguridad Social que estamos hoy debatiendo y cuyas enmiendas estamos hoy viendo, es un presupuesto no definitivo. Por tanto, imagínense ustedes el problema que tiene la oposición para hacer enmiendas a un presupuesto virtual, cuyo estado de ingresos y de gastos no conocemos y sobre el que solamente podemos hacer especulaciones.
Las enmiendas que quiero defender hoy aquí se refieren a disposiciones adicionales con las que el propósito del Grupo Socialista es conseguir precisamente un cumplimiento más completo del Pacto de Toledo. También hace unos días, un alto cargo de la Seguridad Social decía en la prensa que ahora era el momento para acometer las reformas necesarias en el sistema de la Seguridad Social y no esconder la cabeza. Yo no sé cuáles son esas reformas tan urgentes que hay que hacer (es difícil conocerlas), pero me imagino que el director general de ordenación económica de la Seguridad Social se refería no a reformas de largo alcance, sino a dar un cumplimiento ya definitivo a lo que dispuso en su momento el Pacto de Toledo, y tengo que decir que si era esto lo que pretendía decir -y así lo creo-,estoy totalmente de acuerdo. Ahora, señorías, es el momento, porque si nos fijamos en las cifras del presupuesto de la Seguridad Social (las que han venido a esta Cámara), el superávit de la Seguridad Social se consigue no solamente porque se haya producido en los ingresos un mayor aumento de afiliados cotizantes, sino además y fundamentalmente porque en estos tres últimos años se ha producido una reducción del crecimiento medio del número de pensiones cada año.
Es decir, el número de pensiones venía aumentando a razón de 150.000/ 155.000 pensiones más cada año y, sin embargo, en los tres últimos está creciendo solamente a razón de 80.000/85.000 pensiones anuales.
Esto significa que estamos viviendo un momento demográfico particularmente favorable y que ese

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momento (que se produce como consecuencia de que ahora se están incorporando al sistema de pensiones las generaciones nacidas en el entorno de la Guerra Civil) hay que aprovecharlo llevando a sus últimas consecuencias las recomendaciones del Pacto de Toledo; recomendaciones que, si ustedes recuerdan, no suponen ninguna novedad en lo que fueron las reformas que históricamente se han venido produciendo en la Seguridad Social. De hecho el Pacto de Toledo supuso una ratificación de las reformas que se hicieron en 1978, en 1985, en 1989 y, posteriormente, de la que se ha hecho en 1997. Si se fijan ustedes, lo que se hizo en 1978 y 1985 fue racionalizar la gestión de la Seguridad Social y reducir el número de regímenes especiales; en 1985 se avanzó también en la mejora y el fortalecimiento de la proporcionalidad en el sistema de la Seguridad Social, y en 1989 se empezó a hacer la separación de las fuentes financieras, cosas una y otra que fueron refrendadas por el Pacto de Toledo. Ahora se trataría de culminar el Pacto de Toledo en esta legislatura, y de empezar a hacerlo mejor de lo que se ha hecho en el presupuesto para el 2001.
Resulta de verdad preocupante que en las líneas de avance que marcaron el Pacto de Toledo fueron más intensas las que se produjeron antes de 1995 que las producidas después de 1996. Si ustedes se fijan, la paulatina asunción por parte del Estado de la responsabilidad de financiar las prestaciones no contributivas se ha hecho en menor medida en estos últimos cinco años de lo que se hizo en años anteriores. Dicho de otra forma, entre 1989 y 1995 las aportaciones del Estado a la Seguridad Social aumentaron por término medio cada año el 15 por ciento, y sin embargo desde 1996 las aportaciones del Estado a la Seguridad Social han aumentado el 8 por ciento en términos de PIB; antes crecieron punto y medio y ahora medio punto. Esto quiere decir que deberíamos aprovechar el año 2001 para hacer una mayor aportación del Estado a la Seguridad Social, asumiendo parte de los complementos a mínimos que hoy día se financian prácticamente en su totalidad por cotizaciones sociales.
Además, pedimos en una disposición adicional que se determine ya de una vez su naturaleza no contributiva y que se empiecen a financiar a partir del 2001 por las aportaciones del Estado. Esa propuesta la hacemos en la disposición adicional. Si ya los sindicatos, si ya los empresarios, si ya toda la Cámara se ha pronunciado a favor de la naturaleza no contributiva de los complementos a mínimos, bueno habría sido que en los presupuestos para el año 2001 existiera ya una aportación significativa -estimamos que como mínimo una cuarta parte del coste total- que fuera directamente financiada por los Presupuestos Generales del Estado.
En segundo lugar, queremos que el fondo de reserva se regule definitivamente, que no sea una decisión política sino que sea una decisión que se deduzca lógicamente de la liquidación de cada presupuesto. En esta tribuna el portavoz socialista les hacía a ustedes una pregunta: ¿Cómo siendo los excedentes de la Seguridad Social para el 2001 de 300.000 millones de pesetas, sin embargo el fondo de reserva va a recibir ese mismo año sólo 90.000 millones? Es una pregunta que no se puede contestar. Solamente se puede contestar si tenemos la obsesión del déficit cero, y si la Seguridad Social contribuye en esos doscientos y pico millones, es decir en dos puntos del PIB, a que se consiga el objetivo. Por tanto, pedimos: primero, que todos los remanentes de la Seguridad Social vayan al fondo de reserva, y segundo, que el Estado también pueda aportar al fondo de reserva en momentos determinados. Les pongo como ejemplo el caso francés.
Ustedes saben que en Francia el primer presupuesto de la Seguridad Social con superávit va a ser el del año 2000, y un superávit de escasamente 80.000 millones de pesetas. Sin embargo, el año que viene la Seguridad Social va a tener un fondo de reserva en Francia de billón y medio de pesetas, porque se puso un impuesto sobre privatizaciones, que fue a nutrir precisamente el fondo de reserva.
Por eso pedimos que el fondo de reserva se nutra en España con todos los excedentes de la Seguridad Social y además se permitan aportaciones del Estado. Éstas son las disposiciones adicionales que ha presentado al Grupo Socialista, con la pretensión de que puedan ser aprobadas y por tanto tengamos dos cosas claras: En primer lugar, que los complementos a mínimos tienen que empezar a financiarse ya, desde el año que viene con los Presupuestos Generales del Estado, de manera que al final de la legislatura todos ellos sean financiados por las cuentas públicas del Estado; y en segundo lugar, que si ahora que vamos a tener una coyuntura demográfica favorable, si de aquí al 2010 ó 2015 mantenemos crecimientos estables, probablemente podamos llegar a mantener también superávit de la Seguridad Social y podamos ir generando un fondo de reserva que pueda llegar, en el año 2010 ó 2015, incluso a media anualidad de la factura de pensiones, cosa que podría ser perfectamente posible si lo hiciéramos tal y como estamos diciendo. Es verdad que vendrán momentos más difíciles y esos momentos son los que estamos analizando en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, pero para estos presupuestos hagamos ya algo que me parece razonable: vamos a hacer que no sea la Seguridad Social la que contribuya al equilibrio presupuestario, sino que el Estado asuma la responsabilidad de las prestaciones no contributivas, que ahora están financiándose con cargo a cotizaciones sociales.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Griñan.
Señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, las enmiendas que trae mi grupo parlamentario

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a la disposición adicional vigesimoprimera se refieren a cuestiones de enorme trascendencia; el hecho de que estén en disposiciones adicionales no impide nada sobre su gran importancia. Se trata de la financiación de las distintas confesiones religiosas en España. Un asunto pendiente, un asunto que constituye una cuestión realmente importante en lo que se refiere al ejercicio de las libertades en nuestro país, y un asunto que está afectado por una cuestión de inmediatez y de realidad social. La España de hoy, señorías, no es la España de ayer. Estamos ante un contingente importante de personas procedentes del exterior que tienen que ser también atendidas en lo que se refiere a sus necesidades religiosas, y por otra parte también tenemos la nueva actitud, el nuevo comportamiento y el ejercicio de la libertad religiosa por parte de los españoles.
Queremos abrir con estas enmiendas, señorías, dos cuestiones importantes: la primera es que las aportaciones financiadas por parte del Estado, beneficien también a otras entidades representativas de religiones con notorio arraigo en nuestro país. Se trata de abrir una situación que actualmente está cerrada, porque con independencia de toda consideración de carácter propagandístico o el hecho incluso de que se haya instalado en la conciencia como resuelto, la realidad social, la realidad efectiva es que las confesiones religiosas distintas a la católica no tienen cobertura financiera en el presupuesto del Estado. Por tanto, se trata de establecer un principio según el cual dotemos de una cantidad equivalente o proporcional a la que el Estado actualmente, desde el punto de vista de la financiación, dedica a la religión católica. Se trata, señorías, de reconocer efectivamente la neutralidad religiosa del Estado, que es un principio liberal. Se trata de establecer en España el desarrollo efectivo del principio de tolerancia, desde la perspectiva de la tolerancia activa. Se trata de romper con una situación de desigualdad, que afecta a otras religiones distintas con notorio arraigo en nuestro país, como es el caso de los evangélicos, de los musulmanes y de la religión judía; una situación de desigualdad ante los recursos financieros del Estado. Se trata también, señorías, de romper una vieja tradición de hegemonía impropia del tiempo en que vivimos. Los tiempos han cambiado, la Constitución ha establecido otros principios, el ejercicio de las libertades tiene unos ámbitos distintos, y en este sentido es conveniente dar una solución, la solución que nosotros planteamos, de manera que por parte del presupuesto del Estado se contemple también, repito, la financiación de estas otras alternativas de carácter religioso. Hay que acabar, señorías, con la situación que el propio presupuesto del Estado recoge en este momento.
Si vemos el presupuesto en el capítulo de prisiones, instituciones penitenciarias, se ve que se prevé exclusivamente financiación para la asistencia de aquellos reclusos que tienen religión católica; sin embargo ¿qué ocurre, señorías, con aquellos 8.000 reclusos extranjeros que están en nuestras prisiones? ¿Qué ocurre con aquellas personas que tienen necesidades de asistencia religiosa distintas a la católica. En realidad no tiene solución. Nosotros hemos propuesto una enmienda en los presupuestos del Estado, en el capítulo referido a instituciones penitenciarias, precisamente para que se incorpore una dotación financiera y que sean atendidos aquellos reclusos que no pertenecen a la religión católica.
Si vemos el caso de la educación nos encontraríamos en un supuesto similar. Hay convenios sobre enseñanza religiosa en nuestro país hechos por las distintas confesiones, pero quitando la confesión católica ninguna otra tiene reconocida dotación económica y financiera en los presupuestos del Estado para atender las necesidades religiosas que voluntariamente manifiesten los alumnos de religión distinta a la católica.
Por tanto, señorías y repito una vez más, se trata de garantizar un principio que es esencial en el Estado democrático y de derecho, que es el de la neutralidad religiosa del Estado y atender al imperativo que marca la propia Ley orgánica de libertad religiosa, que establece la conveniencia por parte del Estado de establecer relaciones de colaboración con las distintas religiones y también un sistema que permita su apoyo en las necesidades que manifiesten aquellas personas que ejercitan su opción de libertad religiosa en ese sentido.
Por otra parte, la segunda enmienda, también bastante importante desde nuestro punto de vista, trata de resolver otra cuestión que está pendiente y cuya pendencia de larga tradición en lo que se refiere a nuestro derecho contemporáneo. Estamos hablando de establecer un sistema definitivo de asignación tributaria a la Iglesia católica, y en este sentido instamos al Gobierno para que a lo largo del año 2001 traiga a esta Cámara un proyecto de ley que permita la regulación definitiva del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica. Desde hace años, señorías, se viene arrastrando un sistema de carácter transitorio que es preciso dar ya por concluido; son ya muchos años de transitoriedad, de tal manera que parece que lo que se definió en su día como carácter transitorio ha venido a establecerse como un principio de carácter definitivo, y no es eso lo que quiere la Constitución, no es eso lo que quiere la Ley de libertad religiosa, y no es eso lo que está previsto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
En consecuencia, conviene acabar definitivamente con este sistema y abrir la regulación a aquello que ha sido querido por el legislador, tanto constitucional como ordinario.


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, le ruego concluya.


El señor MAYORAL CORTÉS: Perdone presidenta, acabo ya definitivamente.
Se trata de establecer, por tanto, una regulación definitivamás acorde con la Constitución y estos acuerdos.


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No es defendible, señorías -y con esto acabo-,que la nueva realidad social española se siga regulando con normas cuyo arcaísmo va siendo manifiesto cada día. No podemos seguir con un sistema de financiación que es parecido o prácticamente similar al que existía en la época que en los presupuestos del Estado figuraba la dotación de culto y clero, y como creemos que estos tiempos ya han pasado y que es conveniente regular un sistema que esté acorde con la voluntariedad del ejercicio de la libertad religiosa de los españolas, es por lo que hay que acudir definitivamente al sistema de asignación tributaria que permita que los españoles manifiesten su libertad también a la hora de definir a quién quieren asignar los recursos que pagan a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Intentaré ser breve habida cuenta de la hora y la larga votación que nos espera, pero evidentemente el señor Griñán ha planteado cosas interesantes, como persona experta que es en la materia. Yo sin embargo le tengo que hacer algunas puntualizaciones de cómo analizamos los hechos y los datos que él ha expuesto aquí.
El primero de ellos es que si alguien ha hablado de que el presupuesto no es definitivo, lo ha hecho pensando en dos cosas que objetivamente avalan esa afirmación: una es que queda pendiente del trámite del Senado la fijación del porcentaje definitivo del incremento de las pensiones, una vez se conozca definitivamente el porcentaje del IPC que este año corresponda, noviembre a noviembre, para la actualización de todo tipo de pensiones; y la segunda cuestión es que nosotros -lo hemos dicho en Comisión y en reiteradas ocasiones- no desdeñamos la posibilidad de que se produzca un deseable acuerdo social que en buena medida tras el debate que corresponda en la Cámara pueda lograrse, ya aquí difícil y probablemente tendría que ser por razones reglamentarias en el trámite del Senado, pero no cerramos esta vía a esa consideración.
Eso explica la dificultad que ustedes veían en que se presupuesten 90.000 millones de pesetas en el fondo de reserva cuando hay 300.000 millones de superávit; se hace por una razón muy sencilla: una presupuestación estable, homogénea, prudente, en línea y consonancia con la presupuestación que se ha hecho en el año 2000 en relación al fondo de reserva, pero abierta, es decir no cerrada al fin que ustedes disponen de que todos los excedentes se destinen a fondo de reserva, sino que puede haber otras cuestiones de interés prioritario de los interlocutores sociales, o que nosotros estimemos, que puedan ir con cargo al superávit. Es un debate que todavía queda abierto, pero que explica ampliamente esto. Los complementos a mínimos entran también dentro de este paquete del diálogo y del posible acuerdo social. Es cierto que tan sólo se ha presupuestado la misma cifra del año pasado, no llega a 12.300 millones de pesetas, con cargo a la imposición. Es cierto también que antes de que finalice este año habrá de producirse la definitiva clarificación del tema. Por cierto, a lo largo de la tarde alguien alegó que históricamente siempre ha sido así, es decir, no ha sido con contribuciones sociales. Aclararé que esto no es cierto.
Históricamente nació dentro del sistema de la Seguridad Social como solidaridad interna del propio sistema, sin perjuicio de que ahora todos nos pronunciemos en el sentido de que los complementos a mínimos conviene que se financien con imposiciones, pero progresivamente habrá que discutir los ritmos y los tiempos. En un debate público un sindicalista dijo recientemente que él veía como buena para este año la cifra de 50.000 millones. Ustedes la ven en 100.000 millones más. Veremos al final en qué queda.
Quiero decirle también al representante del Grupo Parlamentario Socialista que cuando habla de que hay una coyuntura de crecimiento demográfico favorable que puede propiciar estabilidad y viabilidad en el futuro inmediato del sistema de la Seguridad Social, esto es posible porque hay una política económica y una política presupuestaria que genera actividad económica, que genera crecimiento, que genera riqueza y que genera empleo. Si tuviéramos una política regresiva en términos económicos, una política que no controlara el gasto, el déficit, ni la deuda, una política como la de este presupuesto, que pretende la estabilidad presupuestaria de equilibrio, no sólo no sería un problema para el sistema de la Seguridad Social, sino que sería una agravación de la tara del desempleo y un incremento del pago de las prestaciones en políticas pasivas por no tener empleo.
Concluyo diciendo que ninguna peseta del superávit de la Seguridad Social va a tener otro destino que no sea el propio y exclusivo de la Seguridad Social. Lo digo porque puede haber malentendidos en la afirmación que el señor Griñán (que creo que no la ha hecho con ningún ánimo de confundir) ha expresado en su intervención en relación a que la Seguridad Social corrige de alguna forma el déficit del presupuesto general del Estado. Las pesetas de la Seguridad Social, señores diputados, son para la Seguridad Social.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Para continuar con la fijación de posición en este debate del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


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El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
De forma casi telegráfica voy contestar a algunas de las intervenciones de otros grupos parlamentarios. En primer lugar, quería hacer mención a la exposición de la enmienda 1561, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) No sólo vamos a converger en la valoración del informe sino que vamos a convenir en que, efectivamente, nuestra enmienda tenía una equivocación. Nuestra enmienda quería decir no «Patronato de la Montaña de Montserrat», sino «Fundació Abadía de Montserrat». Lo que comunicamos a los servicios de la Cámara a efectos de que se modifique la enmienda 1509, que fue incorporada en trámite de ponencia. Recuerdo a SS.SS.
que se refería a la reparación del Monasterio, afectado por las lluvias torrenciales hace unos meses, de todos conocidas, de modo que puedan gozar durante el ejercicio 2001 de una deducción del 25 por ciento de la cuota del IRPF y una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades que no podrá exceder del 15 por ciento de la base imponible, pero referido al destinatario real, que no es el Patronato sino la Fundació Abadía de Montserrat.
Dicho esto, quería contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que intervino en relación con las enmiendas 1107, 1108 y 1109 sobre la aportación a la Iglesia católica del impuesto sobre la renta de las personas físicas. De la intervención del Grupo Parlamentario Socialista parecería que la razón por la que los españoles podemos optar entre poner una cruz, en nuestro impuesto sobre la renta, a otros fines de interés social o a la Iglesia católica es un capricho del Grupo Parlamentario Popular. Sabe S.S.
perfectamente que eso no es así. Esto procede de un acuerdo con la Santa Sede del año 1979. Por lo tanto, cuando ustedes se incorporaron a las tareas de gobierno en 1982 y las dejaron en 1996, tuvieron tiempo para iniciar eso que para ustedes supondría perfeccionar el sistema de libertad religiosa en España.
Considero que esa no es la cuestión. Ustedes mismos en la enmienda que presentan explican que esto no será posible porque no hay ningún acuerdo de la naturaleza que existe con la Santa Sede en materia de atribución de los dineros de los españoles a otras confesiones religiosas. Pero también les he de decir que el Grupo Socialista no ha dicho que durante los años en los que gobernó pudo haber acuerdo sobre ésta y otras materias con otras confesiones religiosas y no hubo. Sin embargo, en los cinco años en los que lleva gobernando el Partido Popular ha habido acuerdos en esta y en otras materias, si bien no definitivos, que lleven a poner esta cruz en el impuesto sobre la renta, porque es que no ha habido el acuerdo, pero ha habido acuerdos suscritos por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Ferere, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y Comunidad Islámica de España. Esta es la realidad, ha habido acuerdos con estas confesiones religiosas durante estos cincos años.
Yo quiero recordar esto a todas SS.SS., porque desde luego sería tanto como atribuir una responsabilidad al Grupo Parlamentario Popular que no nos corresponde de ninguna manera.
Estamos convencidos de que hay que ahondar, sin ninguna duda, en las posibilidades que estas confesiones religiosas tengan para poder poner, con toda le eficacia que ellos necesitan, diversos servicios propios de estas religiones. No sé si a las que hacía referencia S.S.
o a alguna otra que ya, como digo, están en esos acuerdos. Pero, en todo caso, rechazo la insinuación referida a que era el Grupo Parlamentario Popular el que tenía pegas para poder distribuir, de una forma equitativa, los recursos, por cuanto, insisto, el acuerdo es del año 1979 y ustedes bien pudieron haber hecho algo más de lo que hicieron durante los años en los que gobernaron para poner alguna otra cruz adicional en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de la correspondiente a otros fines de interés social.
El Grupo Parlamentario Socialista ha entregado otra serie de enmiendas a disposiciones adicionales tan serias, tan respetables como las presentadas por el Grupo Socialista en este turno, pero sorprendentemente ni las ha defendido en Comisión ni las ha defendido en el Pleno, y yo creo que hay algunas que bien hubieran merecido algún debate en este Pleno, incluso en la Comisión, porque no por ser adicionales son menos importantes, señorías. Hay alguna referente -no voy a insistir mucho para no cansar a SS.SS.- a que los diputados podamos introducirnos en la contabilidad. Esto acabará siendo una enmienda histórica, una enmienda recurrente por parte del Grupo Socialista.
Yo quiero decirles algo que tiene que ver con aquellos problemas de trenes que hacíamos en segundo de EGB algunos, ahora de secundaria o de primaria, no sé muy bien cómo es, aquello de que salía un tren de una determinada ciudad a una hora y llegaba a una hora prevista y qué era lo que había ocurrido durante el trayecto. Pues bien, con la enmienda que ustedes presentan pasaría lo mismo, un tren puede salir a una hora prevista y llegar a la misma, pero durante el trayecto puede haber una aceleración por parte del tren, puede haberse parado en una estación, puede haber tenido que recuperar la marcha para llegar a la hora, pero al final lo que interesa al presupuesto público es que se llegue al destino a la hora prevista, y eso es lo que ocurre con el presupuesto general del Estado.
Todas SS.SS. tienen toda la información disponible habida y por haber para poder hacer un control eficaz de la acción del Gobierno sobre el presupuesto. Lamentablemente, no siempre los montones de papeles que aparecen en los despachos de todas SS.SS. son utilizados en los debates, y lo hemos podido comprobar durante estos días. Yo quisiera hacer un llamamiento a todos aquellos que utilizan estos medios para que tengan en cuenta que son eficaces, son absolutamente

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regulares para poder hacer esta labor de Gobierno, y que el introducirnos en el Sicop, como parecían pretender algunos de los portavoces del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, tan sólo aportaría errores en la interpretación de los datos, por cuanto la información que se podría manejar tan sólo es información de presupuestos cerrados, que es de la que disponen todas SS.SS. todos los meses, y una cantidad que yo creo que es difícil de manejar por todas sus señorías.
Con esto, señora presidenta, finalizo mi intervención. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara. (Pausa.) Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al título I, artículos 1 a 12.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, la enmienda número 804.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 15; en contra, 168; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Acontinuación, sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y firmadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 274; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 10; en contra, 168; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas 96 y 97, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, siete; en contra, 278; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas a este título por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 124; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda 1554, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 132; en contra, 168; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la enmienda 1555, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 138; en contra, 166.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 1062 y 1064, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 123; en contra, 167; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen del título I, artículos 1 al 12, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 180; en contra, 122; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen referido al título I, artículos 1 al 12, ambos inclusive.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Rodríguez Sánchez, al título II, artículos 13 al 20.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 14; en contra, 169; abstenciones, 121.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda 1043, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 116; en contra, 168; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 1042, 1047, 1048 y 1050, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, ocho; en contra, 273; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Seguidamente votamos las enmiendas números 1044, 1045 y 1051, presentadas asimismo por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, nueve; en contra, 166; abstenciones, 129.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas al título II por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 10; en contra, 169; abstenciones, 125.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 1068, del Grupo Parlamentario Socialista, al título II.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 120; en contra, 168; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al título II.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 124; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos seguidamente a votación el texto del dictamen del título II, que comprende los artículos 13 a 20, ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 180; en contra, 124.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente al título II.
Iniciamos la votación del título III, artículos 21 a 37. En primer lugar, enmiendas números 812, 815, 823, 824, 829, 831, 836 y 839, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 13; en contra, 277; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 813, 814, 825 y 826, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y correspondientes al señor Rodríguez Sánchez.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 127; en contra, 166, abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 167; abstenciones, 124.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos seguidamente a votación las enmiendas números 1630 y 1632, del señor Núñez Castain, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 1631, presentada asimismo por el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 120; en contra, 166; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazada la enmienda de referencia.
Votación de la enmienda número 758, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 15; en contra, 276; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación de las enmiendas números 99, 108, 109, 112 y 114 a 117, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 10; en contra, 169; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votación de la enmienda número 106, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, nueve; en contra, 278; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentadas al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a continuación a votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista presentadas al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen correspondiente al título III, que comprende los artículos 21 a 37 ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 178; en contra, 125; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes al título IV.
En primer lugar, las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 122; en contra, 168; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación de las enmiendas presentadas al título IV por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 121; en contra, 165; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación la enmienda presentada al título III por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 117; en contra, 166; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 124; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación el texto del dictamen al título IV, que comprende los artículos 38 a 47, ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 179; en contra, 124; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del título IV.
Título VIII. Sometemos únicamente a votación la enmienda 846, presentada por el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, por cuanto las restantes han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 276; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 1559, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 18; en contra, 280; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 1560, presentada también por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 132; en contra, 166; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda 1104, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al título VIII.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 166; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del dictamen al título VIII, artículos 87 y 88.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 180; en contra, 122; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente al título VIII.
Sometemos a continuación a votación, según el dictamen, la sección 07, clases pasivas, por cuanto no tiene ninguna enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 190; en contra, 98; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la sección 07, según el dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes al título V.
En primer lugar, la número 1636, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 14; en contra, 277; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la enmienda 1637, presentada también por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 16; en contra, 169; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 122, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título V.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, ocho; en contra, 170; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título V.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 1081, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al título V.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al Título V.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 124; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen del Título V, que comprende de los artículos 48 al 58, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 48 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 176; en contra, 124; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente al Título V, artículos 48 a 58.
Sometemosa votación el texto del dictamen de la sección 06, Deuda pública, por cuanto no han sido presentadas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 177; en contra, 116; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la sección 06, Deuda pública, según el dictamen de la Comisión.


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Acontinuación, iniciamos la votación de las enmiendas presentadas al Título VI. En primer lugar, enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, cinco; en contra, 277; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Sometemos a votación la enmienda número 11, también del señor Puigcercós, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, cinco; en contra, 171; abstenciones, 127.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 12; en contra, 167; abstenciones, 124.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 512, del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 512, del señor Saura Laporta.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 11; en contra, 166; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 118; en contra, 168; abstenciones 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 127, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, siete; en contra, 168; abstenciones, 128.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 122; en contra, 168; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 1556, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 18; en contra, 165; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 122; en contra, 169; abstenciones, 12.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación el texto del dictamen correspondiente al título VI, que comprende los artículos 59 al 66.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 178; en contra, 124; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente al título VI.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes al título VII. En primer lugar, enmienda número 844, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, por cuanto la 847, del mismo diputado, ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 123; en contra, 164; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas presentadas por el diputado del Grupo Mixto señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 117; en contra, 166; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Núñez Castain.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 15, presentada por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, seis; en contra, 170; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Sometemos a votación las enmiendas números 16, 17, 20 y 21 del señor Puigcercós, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 124; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Acontinuación, sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 118; en contra, 165; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 516, del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 118; en contra, 170; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 519, asimismo del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 118; en contra, 166; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas al título VII por el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 123; en contra, 166; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación a continuación las enmiendas números 132, 134 y 136 a 139, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, presentadas al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 123; en contra, 168; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas al título VII por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, ocho; en contra, 168; abstenciones, 125.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda 1557, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 20; en contra, 274; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 1558, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 129; en contra, 166, abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda 1098, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 117; en contra, 166; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al título VII.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 122; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación el texto del dictamen correspondiente al título VII, que comprende los artículos 67 a 86.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 177; en contra, 121; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobado el texto del dictamen correspondiente al título VII, que comprende los artículos 67 a 86.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas presentadas a la sección 32, Entes Territoriales.
En primer lugar, votamos las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Labordeta Subías.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 123; en contra, 167; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas números 432 y 435, presentadas a la sección 32 por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Acontinuación, sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la sección 32, Entes Territoriales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, ocho; en contra, 166; abstenciones, 128.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 1628 y 1629, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la sección 32, por cuanto la 1627 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 165; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Por último, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista presentadas a la sección 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 126; en contra, 165; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
A continuación, sometemos a votación el texto del dictamen de la sección 32, Entes Territoriales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 178; en contra, 123; abstenciones, una.


PRESIDENTA: La señora Queda aprobado el dictamen correspondiente a la sección 32, Entes Territoriales.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas presentadas a la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
En primer lugar, votamos la enmienda número 437, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 125; en contra, 165; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 438, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a la sección 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, seis; en contra, 166; abstenciones, 128.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la sección 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 123; en contra, 163; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación, de acuerdo con el dictamen, la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 177; en contra, 124; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.


Iniciamos a continuación las votaciones de las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales primera a vigesimosexta y transitorias primera a sexta.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1642 y 1643, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 122; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 12; en contra, 169; abstenciones, 120.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas números 761 y 762, presentadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 18; en contra, 165; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 760 de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, siete; en contra, 170; abstenciones, 121.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas números 23 y 31, del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 12; en contra, 164; abstenciones 124.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 24 del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 134; en contra, 164; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 28, del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, ocho; en contra, 280; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos a continuación las enmiendas 29 y 30 del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 17; en contra, 274; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos, a continuación, la enmienda número 27, del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 13; en contra, 275; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda de referencia.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto, a las disposiciones adicionales y transitorias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 12; en contra, 276; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación, a continuación, las enmiendas del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la enmienda número 522.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 523.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 1750


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 123; en contra, 163; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura Laporta a las disposiciones adicionales y transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, diez; en contra, 165; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1056 del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, ocho; en contra, 164; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación a continuación la enmienda 1057, también del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, siete; en contra, 276; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas números 140, 152, 154, 155 y 160 a 164, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302, a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones, 127.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas números 141, 142, 149, 153 y 157 a 159, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, ocho; en contra, 278; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a continuación a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a las disposiciones adicionales y transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 1571, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 128; en contra, 166; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos, a continuación, a votación la enmienda número 1563, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 21; en contra, 273; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1565, asimismo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 18; en contra, 273; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Por último, votamos la enmienda 1562, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por

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cuanto las número 1566 y 1561 han sido retiradas, admitiéndose una corrección de error material.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 169; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Entramos a continuación en la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1114.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 125; en contra, 165; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos, a continuación, la enmienda 1119, asimismo del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 122; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos a continuación la enmienda 1127, también del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 124; en contra, 165, abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos, a continuación, la enmienda 1106, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 125; en contra, 166; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a las disposiciones adicionales y transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Sometemos a votación a continuación el texto del dictamen correspondiente a las disposiciones adicionales primera a vigesimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 177; en contra, 124; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el texto del dictamen de las disposiciones adicionales primera a vigesimosexta.
Votamos a continuación el texto del dictamen de las disposiciones transitoria primera a sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 175; en contra, 126; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente a las disposiciones transitorias primera a sexta.
Sometemos a continuación a votación la enmienda número 1052, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a los anexos I a VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 118; en contra, 165; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda 166, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 124; en contra, 166; abstenciones, 12.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda 1572, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 138; en contra, 165.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda 1567, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 170; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la enmienda 1568, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por cuanto la número 1569 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 130; en contra, 166; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación las enmiendas a los anexos I a VI, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 124; en contra, 166; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Por último, sometemos a votación el texto del dictamen de los anexos I a VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 178; en contra, 124.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el texto del dictamen de los anexos I a VI, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.


Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

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