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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 16/11/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 41

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 39

celebrada el jueves, 16 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 16-1, de 30 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000016.) (Continuación.) . . . (Página 1944)

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 17-1, de 13 de octubre de 2000. (Corrección de error en BOCG, serie A, núm.
17-2, de 16 de octubre de 2000.) (Número de expediente 121/000017.) .
. . (Página 1966)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/ 2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 18-1, de 13 de octubre de 2000.
(Número de expediente 121/000018.) . . . (Página 2014)

Página 1938


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 8-1, de 26 de julio de 2000. (Número de expediente 121/ 000008.) . . . (Página 2039)

- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la 12.ª reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 10-1, de 1 de agosto de 2000. (Número de expediente 121/000010.) . . . (Página 2040)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 1944)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (continuación) . . . (Página 1944)

Ente Público Radiotelevisión Española . . . (Página 1944)

El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pide en primer lugar que se de por defendida la enmienda del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto. Respecto de la enmienda de su grupo, por la que solicita una partida en torno a los 100.000 millones de pesetas, señala que se trata de evitar que vuelva a aumentar el endeudamiento de la televisión pública y con él los gastos financieros para justificar la intervención de la SEPI y la aplicación de un plan de viabilidad que llevaría a una televisión reducida a la mitad de su tamaño actual. Pretenden con su propuesta la implantación en nuestro país del modelo europeo de televisión.


El señor Díaz-Cano del Rey defiende la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza señalando que se presenta un presupuesto calcado de los del año anterior, con la única diferencia de un incremento del 56,48 por ciento de los gastos financieros y el aumento de la deuda acumulada de RTVE en torno a los 800.000 millones. De esta forma sigue sin darse respuesta a los problemas de la radiotelevisión pública, con un presupuesto que el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular califica de despilfarrador y en cuya defensa se limitan a pedir que tengan fe en el mismo. Termina manifestando que ha llegado el momento de poner sobre la mesa el modelo que cada uno tiene sobre RTVE e intentar consensuarlo, ya que el actualmente vigente, aprobado hace 20 años, no sirve para resolver los problemas actuales.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ballestero de Diego, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sección 24 . . . (Página 1950)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) presenta los presupuestos de la sección manifestando que se hallan ante los primeros presupuestos de equilibrio desde la llegada de la democracia. A continuación explica el organigrama del nuevo Ministerio de Economía, creado al inicio de la legislatura, y sus características presupuestarias, realizando un extenso análisis de los capítulos que integran la sección 24 y las principales actividades a desarrollar durante el próximo ejercicio.


La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, pide que se den por defendidas las enmiendas del señor Labordeta.
Seguidamente solicita el apoyo a su enmienda, por la que solicita la financiación de un proyecto de feria de muestras en la ciudad de Irún.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo ParlamentarioMixto, defiende las dos enmiendas presentadas,

Página 1939


que justifica en que a su juicio, a través del proyecto de ley, se vulnera e incumple el estatuto de autonomía de Cataluña.


El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia el voto en contra de esta sección. Respecto de su enmienda, referida al plan de comarcas mineras de Galicia productoras de lignito pardo y cuyos yacimientos están a punto de agotarse, pide que tales comarcas no sean discriminadas dentro de los planes aprobados por el Instituto del Carbón.


El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da por defendidas sus enmiendas.


El señor Alcaraz Masats defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza aludiendo al que considera problema fundamental de nuestro país en este momento, como es la elevadatasa de inflación, mostrando su extrañeza por que el señor vicepresidente no haya dedicado una sola línea al mismo y respecto del que no se prevé ningún tipo de medida. Mantienen en cambio la previsión del 2 por ciento de inflación, lo que califica de auténtica provocación a los funcionarios y a la negociación colectiva sobre los salarios, e insisten en dos medidas cuyo coste tienen que pagar los trabajadores, como son la reforma laboral y la congelación salarial.


El señor Centella Gómez completa el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pidiendo que el turismo, principal industria de este país, disponga por fin de un órgano con rango ministerial. Al mismo tiempo tacha de insuficientes las partidas destinadas al turismo para alcanzar los objetivos que dicen pretender y de ahí su oposición a esta sección.


El señor Bel i Queralt defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Expone su impresión sobre la sección 24, considerándola una declaración de objetivos sin instrumentos, al ser formulados esos objetivos tan genéricamente que no comprometen a nada y hasta les permitirían estar de acuerdo con ellos. Alude a algunos de estos objetivos, como los de regulación económica y financiera, internacionalización y desarrollo regional, renunciando a la defensa concreta de sus enmiendas, que suponen una cuantía total de 23.950 millones de pesetas y que en su opinión servirían para hacer realidad los objetivos que se enuncian en la sección pero que no se acometen a través de políticas concretas.


Para fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Estado de ingresos . . . (Página 1962)

El señor Fernández Marugán interviene en la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, realizando diversas consideraciones en torno a la evolución de los ingresos tributarios y la alta evolución del ingreso público, en mayor proporción que el gasto público, contribuyendo así a la reducción del déficit. Expone diversas cifras sobre el particular, para concluir aludiendo a la reforma del IRPF afirmando que la misma ha servido para beneficiar fundamentalmente a los empresarios y especuladores y laminar la progresividad del impuesto, pero no así para beneficiar a los millones de contribuyentes que viven de su trabajo.


Para fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social . . . 1966

Título I . . . (Página 1966)

El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 291 a 295, limitándose a exponer el contenido concreto de algunas de ellas.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las cuatro enmiendas presentadas a este título, procurando una mejor financiación para los entes locales.


El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas, que pretenden especialmente una rebaja de la presión fiscal, que según recientes informes de organismos internacionales ha elevado el Gobierno.


El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defiende la enmienda número 70, dirigida a la sección tercera, de impuestos especiales, proponiendo el aplazamiento de pago de productos alimenticios perecederos y de las bebidas derivadas sujetas a impuestos especiales para que no exceda en ningún caso de 30 días contados a partir del día en que se entrega la mercancía a los minoristas comerciantes.


El señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defiende la enmienda 79, al

Página 1940


artículo 14, por la que pretenden incluir la exención prevista para las Administraciones públicas en el apartado 7 del artículo 73 de la ley general de telecomunicaciones a los servicios o explotaciones de redes en régimen de autoprestación sin contraprestación económica de terceros.


Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Uría Etxebarría. Se refiere a la enmienda 196, al artículo 9, por la que solicitan la exención total de las tasas para quienes están obligados a renovar los permisos de conducir cualquier tipo de vehículos por razones psicofísicas.


El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que comprenden los números 123 a 140, exponiendo brevemente el contenido de cada una de ellas.


La señora Costa Campi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Expresa una vez más el desacuerdo de su Grupo con el uso inadecuado que hace el Gobierno de la ley de acompañamiento al contemplar una serie de medidas heterogéneas, que tienen que discutirse de manera precipitada, con vulneración del principio de seguridad jurídica. Afirma que la modificación abusiva de un gran número de leyes sobre materias dispersas constituye una degradación de la función del Parlamento. Termina su intervención mencionando brevemente el contenido de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los artículos 1 a 7 del proyecto de ley.


El señor Segura Clavell completa la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista refiriéndose a la presentada a los artículos 8 al 12. Expone sintéticamente el contenido de las mismas y reitera la total discrepancia de su Grupo con el contenido de estos artículos, anunciando el voto contrario a los mismos.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte López, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título II . . . (Página 1974)

El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, pide que se den por defendidas la enmienda del señor Puigcercós y las demás del Grupo Parlamentario Mixto, limitándose ahora a la defensa de las dos enmiendas del BNG, la primera de sustitución del apartado d), párrafo primero del artículo 23, y la segunda de supresión, también referida al artículo 23.


El señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da por defendidas las enmiendas 198 y 199, manteniendo la 194, relativa a la seguridad social de lenguas actualmente vigentes distintas del castellano.


El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las enmiendas de su grupo a este título II de la Ley de acompañamiento que van en la dirección en la que su grupo viene insistiendo desde hace mucho tiempo, y es que el empleo deber ser la prioridad política para el Gobierno, al que reprochan, como también lo han hecho en repetidas ocasiones, el que estos presupuestos no sean en materia de empleo otra cosa que un acompañamiento escasamente activo de la evolución económica. Plantea las propuestas de su grupo en relación con la reducción de la jornada de trabajo y anima a SS.
SS. a realizar una reflexión de contenido social, y es que el crecimiento ha de estar basado en la justicia, esto es, en el reparto de las posibilidades en términos de empleo y de renta.


El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), procede a la defensa de las dos enmiendas que su grupo parlamentario ha presentado al título II del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social. La número 142 hace referencia a la gestión de la ayuda específica de la renta activa de reinserción, y la número 143 a la cotización por contingencias de trabajo y enfermedad profesional de determinadas categorías de empleados.


La señor López i Chamosa defiende conjuntamente las nueve enmiendas presentadas mas las nueve transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este título II. Denomina la ley de acompañamiento «la madre de todas las leyes«, porque todo lo cambia y todo lo toca, y expone las propuestas que su grupo hace a este título II.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título III . . . (Página 1981)

El señor Aymerich Cano, del Grupo ParlamentarioMixto, defiende las enmiendas del Bloque Nacionalista

Página 1941


Galego a este título III, y en concreto las que se refieren al régimen de los empleados públicos, al derecho al cargo de los empleados públicos y a la selección, bases de este procedimiento de los empleados públicos de las administraciones locales.


El señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defiende las cinco enmiendas presentadas a los artículos que componen el título III del personal al servicio de las administraciones públicas, dos de ellas al artículo 31 y las otras tres a los artículos 32, 34 y 35.


El señor Rejón Gieb defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Denomina contrabando legislativo y político el traer a una ley como esta, que incluso en el frontispicio de su presentación mantiene otra filosofía, modificaciones como la de la incompatibilidad de altos cargos de la Administración. Considera que hay muchas cosas que modificar, por supuesto, pero no a hurtadillas y a una velocidad casi desquiciada. A continuación pasa a referirse en concreto a la enmienda número 28 en la que plantean que no más allá del 1 de abril del año siguiente se compense a los funcionarios con el porcentaje de subida del IPC más allá del previsto y que a esta subida se le incorpore al menos un uno por ciento anual para que vayan recuperando ese 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en los últimos años.


El señor Padrol i Munté defiende las dos enmiendas que su grupo de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado al articulado del título III del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La número 144 trata de evitar la adición literal del artículo 65 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, y la número 145 propone que los miembros de las corporaciones locales puedan recibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el pleno de la corporación.


El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, tras manifestar su desacuerdo con la introducción de modificaciones en leyes como la de incompatibilidades o de régimen local a través de esta ley de acompañamiento pasa a defender las tres enmiendas que ha presentado su grupo este título III. La número 241 pretende suprimir el artículo 29; la 242 pretende evitar que se modifique la Ley de Incompatibilidades, y la 272 tiene que ver con la jornada laboral en la Administración pública. Por último se refiere a la enmienda 281, aunque no es a este título III.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), anuncia la retirada de su enmienda número 145.


Título IV . . . (Página 1988)

El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y plantea las tres presentadas por el Bloque Nacionalista Galego: la 181, con la que se pretende que las aportaciones y desembolsos económicos que el Estado tiene que hacer a organizaciones internacionales tengan el adecuado control legislativo en esta Cámara; la 182 plantea que se establezca un plazo máximo de 15 días para la resolución que haya de hacer el jurado provincial de expropiación para fijar el justiprecio de los bienes que se pretende expropiar, y la 183 pretende que se rebajen las tasas que el servicio Redes exige para la asignación de dominios.
es.


Asimismo da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor Rejón Gieb da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La primera pretende incorporar en el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria aquellos supuestos en que es posible asumir o adquirir compromisos de gasto con carácter plurianual, y la segunda, la número 147, la da por defendida.


La señora Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Reitera su queja sobre la utilización de esta ley de acompañamiento para modificar leyes, en este caso la Ley general de las telecomunicaciones. Se refiere al artículo 45 que tiene por objeto regular la nueva entidad empresarial Red.es, que va a ser la encargada de gestionar el registro de dominio de nombres de Internet bajo el código de España.es.


El señor Díaz-Cano del Rey interviene también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender las enmiendas de supresión de los artículos 47, 48 y 49 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que son aquéllos que se refieren a la adscripción de Radiotelevisión

Página 1942


Española a la SEPI, la modificación de la Lofage y la modificación de la ley de creación de determinadas entidades de derecho público, en concreto la SEPI.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título V . . . (Página 1993)

El señor Mardones Sevilla defiende la enmienda 71 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al título V, donde proponen un artículo 56 bis, nuevo, que se refiere al proyecto de ley de modificaciones que hacen referencia a la Ley 62/1997, que modificó la Ley 27, de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y presenta una serie de enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título V. La número 186pretende suprimir la referencia que en el artículo 56 del proyecto se hace a un nuevo canon por concesión de la lámina de agua sobre la que se asientan bateas u otras instalaciones de cultivos marinos, viveros flotantes, etcétera; y las otras enmiendas están destinadas a restablecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores de las autoridades portuarias.


El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende dos enmiendas de carácter técnico que se refieren al sistema del; otra que se refiere a los derechos de los viajeros, y da por defendidas el resto de enmiendas.


El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas, por cortesía parlamentaria, las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), procede a la defensa de las enmiendas presentadas por su grupo al título V. La número 148 hace referencia a la figura del Defensor del Asegurado, cuya figura se pone en riesgo con la modificación que se propone en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, a juicio de su grupo parlamentario. La segunda enmienda hace referencia a la negociación colectiva y la fijación de los gastos de personal por parte de los Puertos del Estado. El resto de enmiendas presentadas por su grupo las da por defendidas, excepto la número 150 que defenderá el señor Jané.


El señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la enmienda 150 que pretende ayudar a un más rápido desarrollo del cable en España, sobre todo en aspectos relativos a la obtención de los derechos de paso y al uso compartido de las infraestructuras.


La señora Mendizábal Gorostiaga defiende las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista al título V. La enmienda 256 propone la supresión del artículo 53 de la ley de acompañamiento y la enmienda 257 propone la supresión del artículo 54.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales . . .
(Página 1997)

El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster y del señor Puigcercós a esta parte final del proyecto. De las enmiendas que presenta su grupo, Iniciativa per Catalunya-Verds. Destaca la enmienda 298 que pretende ampliar los beneficios que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 dio a aquellas personas que habían sufrido prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía.


El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas que los andalucistas han presentado a las disposiciones adicionales. La primera de ellas se refiere a un segmento del sector turístico que tiene gran implantación en Andalucía que es el llamado tiempo compartido, y la segunda es una enmienda de reconocimiento de singularidad a municipios singulares, como aquellos que tienen más de dos tercios del término municipal ocupados por terrenos del Ministerio de Defensa o por parques naturales.


El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reconoce parte de razón al argumento del señor portavoz del Grupo Popular cuando decía que es una contradicción no estar de acuerdo con la ley de acompañamiento porque es la percha donde se cuelgan otras leyes y presentar enmiendas para modificar las mismas u otras leyes. Sin embargo, da por presentadas y defendidas las enmiendas que su grupo propone a estas disposiciones.


Página 1943


El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende conjuntamente las dos primeras enmiendas, números 154 y 155, que hacen referencia al Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. A continuación defiende la enmienda 156, que hace referencia al perjuicio que sufren los operadores económicos que venden bebidas alcohólicas al sector de la distribución, que están cobrando el precio de la venta de estas operaciones más tarde que el plazo que tienen para ingresar la imposición especial sobre este tipo de productos ante la Hacienda Pública, y la enmienda 157 que versa sobre la naturaleza de la relación a une a los profesionales con la asociación en la que se enmarcan y desde la cual prestan sus servicios. La enmienda 158 se refiere a la reciente liberalización del ejercicio de la actividad profesional, y la 159 propone que no tenga coste la contratación de los trabajadores que sustituyan a las personas con minusvalías psíquicas en estos supuestos de incapacidad temporal ante la Seguridad Social. Finamente defiende las enmiendas 161, que hace referencia a la posibilidad de que las cooperativas emitan valores negociables y tengan acceso al primero y al segundo mercado de valores, y 162 que solicita la adscripción personal de un letrado a cada magistrado del Tribunal Supremo para un mejor y más eficaz ejercicio de la función jurisprudencial, así como la adscripción de 15 letrados al gabinete o a las salas con la misma finalidad.


El señor Segura Clavell defiende las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a las disposiciones del proyecto de ley y hace una serie de reflexiones acerca de su posición en estas materias y sobre el contenido que figura en el dictamen de la Comisión.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (votaciones) . . . (Página 2004)

Se procede a las votaciones de las enmiendas al Ente Público Radiotelevisión Española, a la sección 24, Ministerio de Economía, al Estado de ingresos, así como del dictamen de la exposición de motivos.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (votaciones) . . . (Página 2006)

A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas a los títulos y disposiciones del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, así como del texto del dictamen.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 2014)

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo . . . (Página 2014)

El señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua) presenta, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley que recoge las medidas legales que el Gobierno considera en este momento más adecuadas para reforzar la lucha contra el terrorismo o, lo que es lo mismo, para mejorar la protección que proporciona el ordenamiento democrático ante la conducta de quienes ofendiendo de forma gravísima a la razón y a la libertad perturban la convivencia en paz y democracia e infligen gratuitamente un daño a todos y, muy especialmente, a quienes hoy tienen la condición irreparable de víctimas directas del horror terrorista. Asegura que la fuerza democrática contra la barbarie terrorista reside en el Estado de derecho y el primero de los instrumentos para recorrer ese camino es la ley, como señala la propia exposición de motivos del proyecto que hoy presenta ante la Cámara. Se debe afrontar, manteniendo una tensión legisladora permanente, que la propia evolución de las conductas terroristas abre nuevos espacios de impunidad que es necesario cerrar con prontitud y eficacia, que no es otra cosa que lo que se persigue con el proyecto de ley de modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Explica los principios y el contenido básico de la reforma y agradece la colaboración recibida, muy singularmente del principal partido de la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista, y de los grupos de Convergència i Unió y Coalición Canaria.


Página 1944


Por otra parte, manifiesta que, aunque le cuesta mucho entender las razones que han llevado a tres grupos parlamentarios a presentar enmiendas de totalidad, está dispuesto a escucharlas atentamente, y denuncia las palabras que en un día como hoy, en el que se debate sobre la mejor manera de proteger con todas las fuerzas de la Constitución y de la ley las libertades de los ciudadanos, el presidente el Partido Nacionalista Vasco nos haga saber desde Alemania las afinidades que, según su particular juicio, le aproximan al credo de los terroristas. Finalmente manifiesta que con esta reforma se colabora a poner al Estado de derecho a la altura moral que demuestran tantos españoles que hacen día a día, con su comportamiento cotidiano, que el terrorismo fracase. Por eso confía en el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara a las medidas que hoy presenta para acorralar cada vez más a los terroristas y proteger a la sociedad que vive y quiere vivir en democracia y en libertad.


Defienden las enmiendas de totalidad presentadas los señores Aymerich Cano, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Arenas Bocanegra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora Lasagabaster Olazábal solicita un turno de réplica en base al artículo 72 del Reglamento, que le es denegado por la Presidencia.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución presentadas por el Grupo Mixto, señor Aymerich, señor Saura, señor Puigcercós, señora Lasagabaster y señor Labordeta, y también por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechazan todas ellas por 14 votos a favor, 255 en contra y cuatro abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 2039)

Proyecto de Ley por la que se autoriza a participación de España en la ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo . . . (Página 2039)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 273 votos a favor y uno en contra.


Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación del Reino de España en la 12.ª reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento . . . (Página 2040)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 271 votos a favor y cinco abstenciones.


Se levanta la sesión a las ocho de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Continuación.) (Número de expediente 121/000016)

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Iniciamos el debate del Ente Público Radiotelevisión Ente Público Española juntamente con la enmienda presentada RadioTelevisión a Televisión Española, S.A. Para la defensa de la Española enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta. En primer lugar, doy por defendida la enmienda que presenta por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Labordeta, sobre la necesidad de que la cobertura de Radio Nacional y Televisión Española sea adecuada en la zona de Calatayud.
En segundo lugar, quiero hablar de nuestra posición respecto a Radiotelevisión Española en estos momentos delicados. A través de nuestra enmienda solicitamos una partida de dinero presupuestario en torno a 100.000 millones de pesetas. Creemos que este es el

Página 1945


tema fundamental a la hora de hablar del futuro de Radiotelevisión Española.
La financiación de las televisiones públicas en Europa tiene distintos modelos, pero el español es único y absolutamente exótico en Europa y en el mundo. Hay televisiones en Europa que se financian a través de un canon. Aquí, en función de una iniciativa de Izquierda Unida, se rechazó ese método; otras televisiones se financian a través de dinero presupuestario casi al cien por cien; otras se financian con porcentajes en torno al 50 por ciento de dinero presupuestario y dinero procedente de la publicidad; y en España la forma de financiar Televisión Española es publicidad más endeudamiento. Desde que se aprobó el Estatuto de Radiotelevisión Española no se cumple esta ley, este es el fondo de la cuestión. La ley dice que, como se trata de un servicio público esencial, hay que aportar dinero presupuestario todos los años para compensar lo que falta, en función de las partidas que entran procedentes de la publicidad. Todos los años hace falta incluir en torno al 50 ó 60 por ciento de dinero en el presupuesto de Radiotelevisión Española, y no se cumple esta ley. Estamos engordando la cuenta de los bancos, porque a partir del endeudamiento anual estamos pagando una media de gastos financieros entre 30.000 y 35.000 millones de pesetas al año.
Esta deuda puede llegar a finales de año a 800.000 millones de pesetas, incluso el señor Arenas llegó a hablar en la legislatura anterior de una deuda de un billón de pesetas, y en función de esta deuda, dicho así, falsamente dicho así: deuda de Radiotelevisión Española, se ha montado un enorme desprestigio de la radio y la televisión en lo que a su sistema financiero se refiere que la ha llevado a la SEPI, debido a una decisión absolutamente ilegítima y desde luego supuestamente inconstitucional, a nuestro juicio, adoptada por el Gobierno de la nación. Porque no es una deuda de Radiotelevisión Española, es una deuda del Estado para con Radiotelevisión Española. Porque incluso cuando se habla de ella se dice: déficit, agujero, y no se ha dicho nunca la verdad. Es una deuda del Estado, de las que se consignan como triple A, una deuda del Reino de España, y no se puede nunca deducir de esta deuda, no de Radiotelevisión Española, sino del Estado, que se pueda llegar a una situación de ruptura, de caída de la empresa, de quiebra técnica, de quiebra financiera, de quiebra presupuestaria de la empresa. Todo esto ha sido mentira. Ha sido un bluff, ha sido una campaña contra esta televisión pública para conseguir dos o tres cuestiones que se van a ver a partir de su inclusión en la SEPI.
El Gobierno y el Partido Popular tienen un plan oculto, una estrategia oculta sobre Radiotelevisión Española, que van desgranando paso a paso. Ahora me dirá el señor Ballestero: ya está usted con las demagogias. Desde hace año y medio nosotros venimos hablando de que la SEPI estaba haciendo un estudio para conseguir una televisión viable -fíjense el término que utilizamos teniendo en cuenta que es un servicio público esencial-, de cara a reducir Televisión Española, con otra serie de consecuencias que se pueden derivar de esta reducción, adaptándola al término viable. Desde hace año y medio también el Partido Popular nos viene diciendo que esto es mentira, consta en el «Diario de Sesiones». La última vez que consta es al principio de esta legislatura, cuando yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, hice una interpelación al Gobierno, en la que le volví a plantear que estaba pendiente de entrar en la SEPI, que esto era una barbaridad, que iba a suponer un recorte muy serio, un modelo de televisión marginal tipo Estados Unidos, y el señor Pío Cabanillas no dijo ni pío, con perdón, no dijo nada, dijo que no era verdad, que no era cierto, que no iban las cosas por aquí, que de nuevo veíamos fantasmas. Quien mentía era él. Hay un plan oculto que se va cumpliendo. Ustedes lo desgranan gota a gota. Es lógico que lo hagan así, puesto que no quieren debatirlo cara a cara. Ahora el señor Ballestero, que ya tiene el discurso escrito a máquina y no lo va a cambiar, me dirá lo que tiene que decir, como siempre, por cuestiones de su oficio me dirá que estamos diciendo barbaridades.
Bien, tenemos ya a Televisión Española en la SEPI, un servicio público esencial lo tenemos en un hospital de empresas. Lo digo también en función de lo que el señor Aznar nos contestó a una pregunta en este Pleno parlamentario, dijo: no, la televisión hay que hacerla viable. ¿Qué quiere decir viable en el momento en que una empresa entra en la SEPI? Quiere decir que hay que adaptar la empresa a los ingresos que tiene, quitando, por supuesto, los ingresos del Estado. Luego, teniendo en cuenta este criterio, vamos hacia una televisión que es la mitad de lo que tenemos en este momento, vamos hacia una televisión de 100.000 millones de pesetas al año, vamos hacia una televisión reducida. Y se puede reducir porque el desprestigio que ha caído sobre el sistema financiero de televisión es muy fuerte. Se le dice a la gente a través de los medios de gran audiencia: es que tiene ya un agujero de 800.000 millones de pesetas.
Claro, la gente dice: eso hay que cortarlo, eso hay que superarlo, eso hay que eliminarlo. Estamos perdiendo 800.000 millones de pesetas, pero no se dice a la gente que es un servicio público esencial, y lo mismo que se gasta en educación o en cuarteles de la Guardia Civil, hay que gastar en la radiotelevisión pública si queremos el modelo europeo. Porque éste es otro problema sobre el que tiene que tomar posición el Grupo del Partido Popular y el Gobierno.
El modelo europeo es un modelo amplio, con distintos sistemas de financiación, pero siempre, en un 80 por ciento, con una gran financiación pública de dinero presupuestario. Es un modelo muy amplio porque es un modelo cultural europeo, que para nada sigue las líneas del modelo norteamericano. Hay un modelo amplio en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y en el resto de los países europeos exceptoen España, que tiene diseñando un modelo corto y bonsái

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que posiblemente envíe a la privatización una parte de la estructura televisiva.
Claro, que no se trata sólo de privatización. A través de la denominada contabilidad analítica, por la que separarán ustedes programas de servicio público de programas comerciales, según la hora a la que retransmitan unos u otros y con su estrategia de reducción de la televisión, van a conseguir que gran parte de la audiencia pase a las televisiones privadas. En horas de máxima audiencia, de prime time, darán unos programas u otros que, en función de que sean públicos o privados, serán subvencionados con dinero publicitario o con dinero público y, a partir de esa estrategia, conseguirán poner la televisión pública en la antesala de la privatización -ahora me dirán: ¡no hay nada de privatización; eso es una sombra, un fantasma!- y entregar una gran cuota de audiencia a las televisiones privadas. Esta es la situación.
Ante esta situación, el Gobierno vuelve a aumentar el endeudamiento de la televisión pública: aumenta el endeudamiento, aumenta los gastos financieros, mantiene el modelo televisivo con continuidad y nos encontramos con que la SEPI, a través de un plan de viabilidad que no quisieron pactar, como pedimos, con las centrales sindicales y con los grupos parlamentarios... (El señor Ballestero de Diego muestra un documento.) Ustedes no quisieron pactarlo, ustedes nos entregaron un escrito al final de la legislatura -ya que usted me enseña una carta, le voy a contestar, señor Ballestero-, por el que querían consolidar los aspectos fundamentales de la ley; nosotros decíamos, por el contrario, que había que cambiar aspectos de esa ley. Por ejemplo, la elección del director general de Radiotelevisión Española; pedíamos lo que ustedes están pidiendo en Andalucía dando porrazos en la puerta de Chaves todos los días: que el director general de la Radiotelevisión fuera elegido por el Parlamento funcionando bajo su control y por un tiempo superior al de la legislatura, incluso, para evitar esta gubernamentalización y el control constante de los informativos. Había otras cuestiones que queríamos incluir también, como asegurar la proporción 60/40 de dinero presupuestario y dinero publicitario. Querían ustedes que aprobáramos un documento que en muchos aspectos era flotante y que no aterrizaba, para que consolidáramos el actual modelo de elección de los órganos fundamentales de Radiotelevisión Española. Les dijimos que no podíamos firmar eso, retiraron el documento y echaron la culpa a la oposición; pero nosotros no faltamos nunca a la ponencia, estuvimos siempre al pie del cañón viendo hasta dónde querían llegar.
Ustedes querían llegar hasta el final de la legislatura y que la posibilidad de aprobar un documento adecuado quedara totalmente marginada para que el señor Ballestero nos echara la bronca desde la tribuna, como hará esta mañana intempestiva con la subida del IPC.
No podemos aceptar estos presupuestos, señora presidenta, porque no suponen solamente una reducción en abstracto, sino también una reducción seria de la estructura de personal de Radiotelevisión Española, tal como han dicho algunos de ustedes -creo que el señor Montoro, que ahora es el responsable máximo de este ente, también lo ha dicho-. En el plan de viabilidad ya se prevé la posibilidad de una reducción -sin que intervengan los agentes sociales ni los grupos parlamentarios- que puede estar en torno al 30 por ciento de los trabajadores de Radiotelevisión Española, que eran, por cierto, 14.000 y ya han bajado a 9.500 aproximadamente.


Consecuentemente, señora presidenta, hemos presentado esta enmienda y esperamos que el Grupo Popular, al margen de la bronca, nos diga por qué no acepta un modelo europeo de televisión, por qué han metido a la televisión en la SEPI, lo que supondrá una reducción muy seria de la estructura de funcionamiento y de la estructura laboral, y por qué tiene ese modelo oculto de televisión que desembocará en el modelo marginal de televisión pública que tienen en Estados Unidos, y no en el europeo.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me es difícil abordar el debate una vez que hemos tenido ocasión de hacerlo en la Comisión de Presupuestos y no repetir argumentos. Lamento si reitero hoy alguno de los argumentos ya esgrimidos en la Comisión de Presupuestos para defender la enmienda a la totalidad y de devolución del presupuesto de Radiotelevisión Española.
Me gustaría empezar mi intervención corrigiéndome a mí mismo, porque califiqué en la Comisión de Presupuestos estos presupuestos de Radiotelevisión Española que estamos debatiendo en estos momentos como unos presupuestos continuistas, y creo que no es exacto. Creo que estos presupuestos son los mismos del año pasado. Se ha puesto el papel de calco, se han copiado y se traen únicamente con la diferencia, a peor, del incremento en un 56,48 por ciento de los gastos financieros y con el incremento de la deuda acumulada de Radiotelevisión Española en torno a los 800.000 millones de pesetas, lo cual es más grave. Estos prepuestos son los mismos que los del año anterior porque repiten la misma filosofía, siguen sin dar respuestas a los problemas de Radiotelevisión Española, en ningún caso, y porque la subvención que la Administración general del Estado aporta a Radiotelevisión Española es la misma, 11.043 millones de pesetas y, por lo tanto, el debate tiene estas limitaciones como consecuencia de que el Gobierno trae a esta Cámara unos presupuestos

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que en nada suponen vislumbrar una luz en el túnel, por utilizar la terminología del señor Ballestero, a la solución de los problemas de Radiotelevisión Española. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Yo creo que lo que aquí cambia fundamentalmente respecto al debate de los presupuestos del año anterior son dos cuestiones. Una, que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno se han caído del caballo camino no de Damasco sino de la SEPI, y nos pide a los demás que tengamos fe. Se cae del caballo camino de la SEPI porque nos viene a plantear -lo dijo el señor Ballestero y ahora leeré parte de su intervención- que esto era un problema de financiación transitoria, que es verdad que estos presupuestos no son buenos para Radiotelevisión Española pero no se preocupen porque va a operar la SEPI dentro de poco tiempo y eso va a ser la panacea para resolver los problemas que tiene planteados el Ente público Radiotelevisión Española.
A mí me llamó poderosamente la atención cómo definió el señor Ballestero los presupuestos y el modelo de Radiotelevisión Española hace escasamente nueve días en la Comisión de Presupuesto. Se lo voy a leer: La conclusión que se tiene que sacar de este incremento de deuda es que el modelo no es bueno. ¿Vamos a seguir despilfarrando dinero en un modelo claramente sin validez? El calificativo de presupuesto despilfarrador se lo pone S.S., no yo. Me acojo a él: ¿por qué si es un presupuesto despilfarrador el Gobierno lo trae a la Cámara y durante el tiempo que ha tenido? Porque quiero recordar que este es el quinto presupuesto de Radiotelevisión Española que el Gobierno trae a la Cámara, entre otros. ¿No ha tenido tiempo para traernos un presupuesto no despilfarrador para Radiotelevisión Española? Lo ha dicho usted, señor Ballestero, hace nueve días en la Comisión de Presupuestos. Por eso digo que estamos haciendo un debate prácticamente virtual sobre un presupuesto que ustedes ya plantean bajo este calificativo y nos dicen: no se preocupen, tengan fe. No nos dicen que tengamos fe, nos dicen, ¿por qué no se concede el beneficio de la duda a esta intención del Gobierno? El beneficio de la duda a un gobierno que lleva un año de gestión, probablemente; dos años, vale; ¡pero cinco años!, ¿no ha habido tiempo? Ustedes nos quieren plantear aquí que tengamos fe en el sentido de que es la garantía de lo que se espera, es la prueba de las realidades que no se ven. Pero estamos en un ejercicio de la actividad política, no religiosa, no nos pidan fe y, sobre todo, que les concedamos ese beneficio de la duda, en la medida que ustedes han tenido tiempo más que suficiente para que, si tenían un modelo de radiotelevisión pública con soluciones desde el punto de vista económico y financiero, lo hubiesen traído a esta Cámara por lo menos en este ejercicio, y no lo han hecho, y ustedes mismos califican a su presupuesto de despilfarrador. Con esto ya debería ser suficiente para defender la enmienda a la totalidad y de devolución que el Grupo Parlamentario Socialista trae en estos momentos y que estamos defendiendo.


Este presupuesto, por dar el dato, contiene un desfase entre gastos e ingresos de 133.703 millones de pesetas, con lo cual la deuda de Radiotelevisión Española se elevará a finales de este ejercicio a 800.000 millones de pesetas, y a mí esto no me alegra, no es motivo de satisfacción, ni siquiera para la crítica política. Yo creo que este es un problema que hay que abordar desde el consenso y desde el acuerdo político, en la medida que estamos debatiendo sobre un servicio público que afecta a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y que no se debería abordar desde la imposición de la mayoría absoluta tomando decisiones como la de la adscripción de Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en un ejercicio que yo creo que tiene mucho de artificio y que está generando conflictos o por lo menos contradicciones serias entre los afectados, los directivos, tanto de Radiotelevisión Española como de la propia SEPI.
Yo no creo que ustedes tengan intenciones ocultas, señorías, no lo sé, lo que yo creo es que en este momento no tienen intenciones, que no saben cuáles son, que no saben cuál es el camino que tienen que recorrer para resolver este problema, que no tienen un modelo que traer a esta Cámara, y por eso lo eluden planteándolo en estos términos en lugar de traer un modelo para debatirlo en esta Cámara con la oposición y con los representantes de los trabajadores de Radiotelevisión Española, y se escudan en algo que está por venir. El porvenir es el plan de viabilidad que vendrá a esta Cámara supuestamente dentro de seis meses, que no sabemos quién lo hará, si el señor González Ferrari, el señor Ferreras con el apoyo del señor Montoro, etcétera. Este es el barullo en el que nos encontramos, pero mientras tanto la situación de Radiotelevisión Española sigue agravándose.
Este presupuesto que estamos debatiendo creo que colma ya el vaso de la situación de Radiotelevisión Española. No se puede seguir en esta línea, y les pido la coherencia en los términos que usted manifestó, señor Ballestero, en la Comisión de Presupuestos. No me lo estoy inventando, está escrito en el «Diario de Sesiones»: despilfarro. Con este modelo se está despilfarrando el dinero, como usted ha dicho. El beneficio de la duda, permítame, señor Ballestero, no se lo podemos conceder porque el Gobierno que nos pide que le concedamos el beneficio de la duda es el que dijo que nombraría un independiente de director general de Radiotelevisión Española, y el señor López-Amor fue director general de Radiotelevisión Española; es un Gobierno que dijo, cuando estaban en la oposición, que iban a eliminar 5.000 altos cargos -¿verdad, señor Núñez?- (El señor Núñez Pérez: En estos cinco años lo hemos ahorrado.), y sigue no solamente habiendo los mismos altos cargos que en la anterior etapa, sino más; y que se iban a ahorrar no sé cuántos cientos de miles de millones a cuenta de esa disminución

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de altos cargos. Este es el beneficio de la duda que no le podemos conceder por los antecedentes que ustedes tienen.
Yo no me voy a extender mucho más. Llega el momento de poner encima de la mesa en el debate político el modelo que cada uno tenemos de Radiotelevisión Española e intentar consensuarlo. El modelo es el Estatuto actualmente vigente, que se ha quedado viejo en su funcionamiento, que no resuelve los problemas de una radiotelevisión pública moderna, pero que fue un modelo que se adoptó desde el punto de vista del acuerdo político, que fue aprobado con un amplio acuerdo de los grupos políticos de esta Cámara hace veinte años. Eso es lo que les pedimos, esa voluntad, no que tomen decisiones arriesgadas que en ningún caso suponen la garantía de la viabilidad, y es tremendo, y estoy de acuerdo con el señor Alcaraz, que hablemos de viabilidad cuando estamos hablando de un servicio público. Que a estas alturas todavía el Gobierno se esté planteando cuál es la situación actual de Radiotelevisión Española y tenga que hacer un inventario, y supuestamente por eso tiene que intervenir la SEPI, nos parece que es realmente grave.
Acabo, señorías. Decía Nietzsche que no comprendía por qué se necesita calumniar. Si se quiere perjudicar a alguien, lo único que hace falta es decir de él alguna verdad. Yo voy a decir dos verdades, pero no para perjudicar, sino para intentar aclarar. Para nosotros, adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI -utilizaré como cita de autoridad al señor Cabanillas, ya aludido anteriormente, en su intervención en el Club Siglo XXI- significa querer una radiotelevisión pública más pequeña, residual. Esta es la primera verdad. Cita del señor Cabanillas en su intervención en el Club Siglo XXI, en coherencia con lo que ha manifestado aquí en distintas intervenciones en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española.
La segunda verdad es que tienen que buscar el diálogo y el acuerdo en este asunto. No debería ser un problema de discrepancia política el querer que exista una radiotelevisión pública moderna, que preste un servicio público a los ciudadanos y que sea garantía de derechos y libertades, tal y como establece nuestra Constitución y la propia filosofía del Estatuto de Radiotelevisión Española. El tiempo quitará y dará razones. Lo que deberíamos conseguir entre todos es liberar a Radiotelevisión Española -y, si quieren ustedes, a todas las radiotelevisiones públicas que existen en nuestro país, incluidas las de las comunidades autónomas- del secuestro, entre comillas, al que la tiene sometida el Gobierno y otorgarle un paraguas institucional por el cual esa radiotelevisión pública dependa o esté bajo el control de los representantes de la soberanía popular, es decir, del Parlamento. Esta es la senda que, desde el Partido Socialista, creemos que debería recorrerse para intentar buscar el acuerdo político. Lo contrario, señorías, significa que estamos perdiendo el tiempo, que el problema se agrava y que no damos respuesta a lo que Radiotelevisión Española necesita.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Díaz-Cano. ¿Grupos parlamentario que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Me he traído el discurso escrito para ver si, repitiendo por enésima vez algunos argumentos, podemos arrojar luz sobre un debate que desde luego nosotros no hemos complicado y en el que seguimos sin entender determinadas posiciones.
Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a apoyar el presupuesto de Radiotelevisión Española y vamos a rechazar tanto las enmiendas a la totalidad como una enmienda de Izquierda Unida que pretende incrementar en 100.000 millones de pesetas el presupuesto y que a la sazón es prácticamente una enmienda a la totalidad. Estos son para nosotros unos presupuestos llenos de esperanza para Radiotelevisión Española, que vienen marcados por un hecho que a ustedes les podrá gustar más o menos: que Radiotelevisión Española se adscriba a la SEPI. Ahora bien, partamos de una evidencia. Quieran o no, la SEPI es un hospital al que llegan enfermos, pero también es un hospital en el que se han dado casos de recuperaciones interesantes y, si no, vean el caso de Iberia. Por tanto, la imagen que tenemos sobre la SEPI es bien distinta. Por eso los calificamos como unos presupuestos llenos de esperanza, por eso decimos que éstos pueden ser en cierta medida unos presupuestos transitorios y por eso decimos que se parecen a los del año anterior, aunque tienen diferencias de matices importantísimas que yo creo que también muestran a las claras cuál es la intención del Grupo Popular y del Gobierno del Partido Popular en Radiotelevisión Española.
Hay que analizar no sólo lo que venimos a decir aquí, en esta tribuna, cada uno de nosotros, sino los hechos de cada uno de los grupos parlamentarios, porque, sinceramente, a la vista de la actitud de determinados grupos durante estos años, tengo serias dudas sobre cuál es la intención de ciertas enmiendas, como la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y, sobre todo, cuál es la actitud del Grupo Socialista en torno a Radiotelevisión Española. Yo no digo que sea un presupuesto despilfarrador, pero sí que éste es un modelo que claramente no nos vale. No nos duelen prendas en reconocerlo. Pero hay que ver los datos reales, hay que ceñirse un poquito a los datos reales, uno no se puede subir a la tribuna desconociendo cuál es la realidad de otros años. Señor Díaz-Cano, como le decía el otro día, si se coge el incremento de la deuda de los tres últimos

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años de gobierno socialista y de los tres años de gobierno popular, se ve que el incremento de la deuda en 1994, 1995 y 1996 en Radiotelevisión Española fue de 296.000 millones de pesetas y que el incremento de la deuda en los tres siguientes años, 1997, 1998 y 1999 -todavía no ha terminado el año 2000- es de 285.000 millones de pesetas. La deuda se incrementó en 11.000 millones más durante los últimos años de gobierno socialista. ¿Qué significa esto? ¿Qué nosotros vamos a venir aquí a decirles que son ustedes mucho peores que nosotros? No, no venimos aquí a decir eso, venimos a reconocer que es evidente que el modelo de financiación de Radiotelevisión Española no nos vale, no nos sirve.
A partir de ahí, y tras un intento prolongado del Grupo Popular y del Gobierno de que hubiese un diálogo con todos los grupos parlamentarios -aunque algunos se han escapado permanentemente, se han ido de la subcomisión, se han ido de todos los ámbitos de diálogo y han rechazado cualquier tipo de propuesta positiva-, llega un gobierno que dice que va a poner encima de la mesa un plan de viabilidad económico y financiero que arregle los problemas de Radiotelevisión Española, que va a poner encima de la mesa un modelo bueno, que pueda financiar de verdad las necesidades de Radiotelevisión Española para que pueda seguir siendo, como lo es en estos momentos, uno de los grandes operadores públicos europeos. Ante eso, ¿qué hacen algunos grupos? Pensaba que se iban a alegrar, que iban a celebrar esta solución y que cuando viniese el modelo, cuando fuese el momento oportuno de establecer ese debate en el Parlamento, apuntarían lo que fuese conveniente, que seguro que iba a arrojar luz en ese debate. Pues no, nos dedicamos a montar escándalo tras escándalo, porque se puede pretender ser muy constructivo, pero la realidad es que la actitud permanente respecto a Radiotelevisión Española es la de crear intranquilidad en la plantilla y buscar un escándalo detrás de otro. Esa intranquilidad en la plantilla que buscan Izquierda Unida y el Grupo Socialista, ¿tiene algún sentido? ¿Responde a alguna realidad? Vuelvo a los hechos: no. Vamos a analizar el presupuesto de este año, porque, efectivamente, es similar al del año anterior, pero tiene matices importantísimos. En primer lugar, se incrementan las compras en un 7 por ciento. En segundo lugar, se incrementan los gastos de personal en un 4,6 por ciento. En tercer lugar, se incrementan las ventas en un 11,2 por ciento. ¿De ese presupuesto se desprende algún dato que nos pueda hacer pensar que va a quedar un modelo de radiotelevisión pública bonsái? No lo veo por ningún sitio; no lo veo yo y no lo ven, aunque ustedes no quieran, los trabajadores de Radiotelevisión Española, que eso también es importante.
Durante la etapa de gobierno del Partido Popular no se ha adelgazado ni un solo proyecto de Radiotelevisión Española. No se ha privatizado ni una sola de las actividades de Televisión Española en ninguna de sus cadenas. No ha habido ni un solo indicio de reducción de la plantilla mediante bajada de presupuesto. No ha habido ni un solo retraso en la permanente actuación tecnológica que viene realizándose en Radiotelevisión Española. No hay ni un solo dato objetivo que permita decir que va a haber un modelo de radiotelevisión bonsái. Eso sí que es un hecho evidente.
Por eso les digo que va a ser muy difícil explicar determinadas actitudes, intentando montar el escándalo por el escándalo. Ayer mismo lo veíamos. Hoy suben a esta tribuna pretendiendo establecer -y yo lo agradezco sinceramente- un diálogo, pero como ayer se produjeron los ejemplos que se produjeron, creo que hay que ponerlos encima de la mesa. La línea 900 es un ejemplo palmario de la oposición real del PSOE en los temas de Radiotelevisión Española.
Este domingo se iban a emitir en Radiotelevisión Española dos programas de carácter claramente histórico: uno, sobre los veinticinco años de la monarquía y otro, al mismo tiempo y por la otra cadena , haciéndose la competencia, sobre el régimen de Franco.
Creo que en un alarde de sentido común, Radiotelevisión Española, para no hacerse la competencia a sí misma en torno a dos programas históricos, retrasa uno de ellos. ¿Qué hemos oído decir desde el Grupo Socialista? Que la sombra de la dictadura planea sobre los directivos de Radiotelevisión Española. Entiendo que los que estaban en las tribunas altas hayan bajado y los que estaban abajo hayan ido arriba, pero si le siguen cuchicheando permanentemente el mismo discurso rancio, no vamos a avanzar absolutamente nada. Cambien de discurso. (Aplausos.) Desde luego, por nuestra parte vamos a seguir permanentemente ofreciendo ese diálogo, pero lo vamos a ofrecer en el momento oportuno, cuando se traiga aquí el debate sobre la SEPI. Pido un margen de confianza, pero a la vista de los hechos, y lo hago porque el Grupo Socialista tiene otro problema: el Gobierno del Partido Popular, en este tema como en tantos otros, volverá a cumplir sus compromisos electorales y sus compromisos del debate de investidura, y arreglará el problema económico de Radiotelevisión Española para permitir que siga habiendo una Radiotelevisión Española pública, de contenidos sobre todo culturales -se ha presentado una enmienda interesante en ese sentido-, y al mismo tiempo permitirá algo en lo que coincidimos todos, pero para lo que no aportan ni una sola solución, como es que esa Radiotelevisión se pueda pagar sin que se siga incrementando la deuda permanentemente. Por eso no vamos a dejar de hacer esa oferta ni una sola de las veces que el Grupo Popular suba a esta tribuna.
Termino respondiendo a otras dos enmiendas. Ya he dicho que me parece muy interesante la enmienda que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida respecto a incrementar el presupuesto en temas culturales. En primer lugar, cuestiones de forma de la propia enmienda y desde luego la distribución que habría que hacer de los recursos de Radiotelevisión Española nos llevan a votar de modo negativo. Es cierto que para nosotros es

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muy preocupante el momento cultural de todas las tancial del esfuerzo de la política económica del radiotelevisiones, pero pensamos -y creo que tenemos Gobierno está dirigido al aumento de la oferta económica ejemplos suficientes- que Radiotelevisión Española y a conseguir que la economía española pueda sigue siendo para todos los telespectadores, sin seguir creciendo de manera intensa durante un largo duda ninguna, la única oferta de garantía en cuanto a la período de tiempo. No cabe duda de que los datos de calidad cultural; se me vienen a la cabeza muchísimos evolución de la economía española en los últimos años programas: Al habla; Su Salud; Agrosfera; los documentales; han supuesto una situación de mejora de nuestras posibilidades Al Filo de lo Imposible; La Mandrágora; en nuestro margen de maniobra, como lo está Metrópolis; Negro sobre Blanco; Lo suyo es puro teatro. comprobando la economía española en momentos de Hay muchísimos ejemplos que nos dicen que incertidumbre internacional, como los producidos en el seguimos teniendo la mejor oferta cultural, aunque año 1998, como consecuencia de la crisis financiera, y recogemos esa iniciativa y vamos a interesarnos por los producidos en el año 2000, como consecuencia del ella. (El señor Díaz-Cano del Rey: Eso no es lo suyo, choque petrolífero; en ambos años, quiero recordar a la es lo tuyo.) Señor Díaz-Cano, era una broma. Evidentemente, Cámara, se están produciendo crecimientos iguales o lo del señor Alcaraz también es puro teatro. superiores al 4 por ciento e índices de creación de Termino haciendo otra vez esa oferta. Dentro de empleo que superan el medio millón de personas en pocos meses vendrá aquí un modelo adecuado, que cada año. solucionará los problemas. A partir de ahí, le pido que Sin duda, el dato más preocupante que en estos empiecen a debatir y a poner ideas encima de la mesa. momentos afecta a la economía española es el que se Mientras tanto, si quieren seguir haciendo demagogia deriva de la evolución de los precios del consumo, tendré que subir a esta tribuna a responder, a denunciar afectada en parte por la situación internacional, como esa demagogia y sobre todo a tranquilizar a unos profesionales es el caso del incremento del precio del petróleo y de la como los de Radiotelevisión Española que depreciación de la moneda, que probablemente afectan demuestran día tras día su calidad. por encima de un punto a la evolución de nuestros precios, Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) pero también como consecuencia de la evolución de los precios de los alimentos no elaborados y, lo que La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): más importante, como consecuencia de la evolución de Gracias, señor Ballestero. la inflación de los servicios. En ese sentido, la política Sección 24 A continuación, vamos a debatir la sección 24, Economía. económica del Gobierno sigue centrada en una política Para la presentación de la sección y, por tanto, presupuestaria que incremente los grados de estabilidad del presupuesto del Ministerio, tiene la palabra el señor de la economía española y también en una política ministro. de liberalización de sectores, que ha producido efectos muy saludables desde el punto de vista del empleo y de El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL los precios en el sector de las telecomunicaciones y de GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y la energía, pero que debe continuar avanzando en otros MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): sectores como los planteados en las reformas aprobadas Señora presidenta, señorías, comparezco ante la Cámara por esta Cámara el pasado mes de junio. para presentar la sección 24 de los Presupuestos Precisamente hoy se hace público el informe del Generales del Estado correspondiente al Ministerio de Fondo Monetario Internacional sobre la economía Economía que, como la Cámara conoce, surge de la española. Es interesante constatar que es la primera vez reorganización ministerial que se produce después de que España admite la publicación de los informes respecto la constitución de las Cámaras en esta nueva legislatura al artículo 4 del Tratado del Fondo Monetario y que, en esencia, supone la división del antiguo Ministerio Internacional y en ese informe se ponen de relieve los de Economía y Hacienda en dos ministerios. Este riesgos de la economía española, pero también la capacidad Ministerio de Economía se configura como el departamento que ha tenido la sociedad española de aprovechar encargado de la propuesta y también de la ejecución sus oportunidades en los últimos años, con calificativos de las medidas generales de la política económica que pueden parecer muy positivos.
Pero lo que me del Gobierno y, en especial, de las relativas a las políticas gustaría resaltar del informe es que nos incita a continuar comerciales, turísticas, de la pequeña y mediana por el camino de la estabilidad presupuestaria, a empresa, energética y minera. (La señora presidenta acelerar el proceso de estabilidad presupuestaria y el ocupa la Presidencia.) proceso de reformas estructurales, dentro de las cuales Después de una legislatura en que la política presupuestaria el propio informe subraya la modernización del mercado ha sido la protagonista principal de la política laboral. De lo que no cabe duda, como reconoce el económica del Gobierno, el presupuesto presentado por informe del Fondo Monetario Internacional, es de que el ministro de Hacienda en esta Cámara para el ejercicio el patrón de crecimiento actual es más equilibrado y del año 2001 supone el primer presupuesto de equilibrio permite a la economía española plantearse horizontes que se traduce en España desde la llegada de la de crecimiento a lo largo de varios ejercicios, como lo democracia. Sin duda en estos momentos una parte susdemuestra el hecho que desde el primer trimestre del

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año 1997 la economía española esté creciendo sustancialmente por encima del 3 por ciento, en tres de los últimos cuatro años habrá crecido por encima o igual al 4 por ciento, lo cual nos permite reducir nuestra distancia de renta real con la Unión Europea y al mismo tiempo es un patrón de crecimiento extraordinariamente intensivo en empleo, como lo demuestra el crecimiento, según los datos de la última EPA hechos públicos el pasado lunes, de alrededor de 670.000 empleos en los últimos doce meses.
Quisiera pasar, señorías, a comentar la reorganización administrativa que supone la creación del nuevo Ministerio, con dos secretarías de Estado, la de Economía, y la de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, junto con una Subsecretaría. A través de la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, el Instituto Nacional de Estadística, el ICO y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, así como la Comisión liquidadora de entidades aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros. Además, esta Secretaría de Estado tutela la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
A su vez, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo también tiene bajo su responsabilidad al Instituto Español de Comercio Exterior, Turespaña, la Escuela Oficial de Turismo y las sociedades estatales Expansión Exterior y Cofides. Y dependen de la Subsecretaría, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Además, a través del propio Ministerio de Economía, el Gobierno se relaciona con el Consejo de Seguridad Nuclear.
En definitiva, el actual Ministerio de Economía queda configurado por 17 servicios presupuestarios, nueve organismo públicos, de los cuales siete son organismos autónomos con presupuesto limitativo, y siete entidades públicas empresariales, dos sociedades estatales y una corporación de derecho público.
A continuación, quisiera describir el objeto de esta comparecencia, que es la descripción del presupuesto de la sección 24. Voy a hacer primero una reflexión inicial sobre el carácter instrumental de la política económica competencia de este Ministerio y la prioridad y la importancia concedidas por el Gobierno a las políticas de liberalización de sectores, de aumento de la competencia y de respaldo a las actividades relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, con el turismo o con la expansión exterior de nuestras empresas. Este Ministerio, como es bien sabido por la Cámara, no tiene encomendada la realización de prestaciones de gasto social, con alguna excepción, como son las relacionadas con nuestras políticas mineras, ni la mejora de la calidad de servicios esenciales, como pueden ser la justicia, la educación, el orden público o la ejecución de infraestructuras. Por lo tanto, la cuantificación de las dotaciones se realiza teniendo en cuenta objetivos concretos que pretenden movilizar sobre todo el esfuerzo inversor de la iniciativa privada y facilitar la entrada de nuevos operadores en mercados, al mismo tiempo que racionalizar y complementar el esfuerzo presupuestario de las administraciones que dependen del Ministerio. En definitiva, es necesario no sólo analizar desde el punto de vista cuantitativo las cifras de este presupuesto de la sección 24, sino la capacidad y el acierto en la distribución de recursos cuando son aplicados para atraer proyectos de inversión.
La estructura presupuestaria del Ministerio de Economía tiene las siguientes características: tienen un gran peso las operaciones financieras, que representan más de un 30 por ciento del total del presupuesto como consecuencia de las dotaciones materializadas en préstamos y adquisición de acciones de organismos financieros internacionales. Además, dentro de las operaciones no financieras, adquieren especial importancia los créditos destinados a transferencias corrientes y a las transferencias de capital, que conjuntamente representan más del 90 por ciento del presupuesto no financiero y más del 64 por ciento del presupuesto total. Ello es consecuencia de la estructura de gestión descentralizada a la que ya he aludido anteriormente.
Si hiciéramos un análisis dinámico del presupuesto del Ministerio de Economía, tendríamos una inicial pequeña dificultad de comparación homogénea con ejercicios anteriores y, sin embargo, una comparación de la evolución de las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Economía para el año 2001 sobre el presupuesto del 2000 tendría un incremento del 1,4 por ciento. El presupuesto no financiero, es decir, los capítulos 1 a 7, asciende a 373.000 millones de pesetas y crece un 5,7 por ciento. De este incremento, 13.734 millones corresponden a dotaciones para atender la cobertura del seguro del tipo de cambio en los préstamos del exterior a los concesionarios de autopistas, que se han incorporado a la sección 24 desde la sección 31. Si exceptuamos esta incorporación, el incremento del presupuesto no financiero, es decir, capítulos 1 a 7, es estrictamente el 1,8 por ciento, muy por debajo del 4,5 de incremento global de los gastos no financieros del presupuesto total del Estado.
El presupuesto financiero, es decir, el capítulo 8, que totaliza 165.000 millones de pesetas, disminuye a su vez un 7,1 por ciento.
Ello es consecuencia de la disminución en los préstamos del Consorcio de Compensación de Seguros a Cesce, derivado del menor nivel de riesgos por operaciones en países como Cuba, Brasil, Irán y Rusia, y de la desaparición de la dotación puntual de 4.200 millones de pesetas, que en el año 2000 se destinaba a la subrogación de préstamos del Banco de España a la República Dominicana y a Guinea Ecuatorial.


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El análisis por capítulos de esta sección arroja las siguientes variaciones. La previsión de créditos iniciales para el capítulo 1, es decir, el capítulo referente a personal, se incrementa un 3,8 por ciento, del cual se deriva el incremento del 2 por ciento correspondiente a la actualización de retribuciones, y el exceso hasta el 3,8 por ciento tiene tres factores: por un lado, la reorganización efectuada para completar la estructura básica del Ministerio, por otro, el proceso de funcionarización de 80 empleados públicos con contrato laboral y, por último, la incidencia en el coste del personal destinado en el extranjero del proceso de depreciación de nuestra moneda o de apreciación del dólar, si ustedes prefieren.
El capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, crece un 18,4 por ciento sobre los créditos iniciales del año 2000 y la tercera parte de este aumento se debe a la celebración de reuniones internacionales. Al igual que en el capítulo anterior, el impacto de la evolución de las monedas es muy importante, así como la intensificación de relaciones con la Unión Europea como consecuencia de las nuevas competencias asumidas. Además, en términos homogéneos, si comparásemos la evolución de este capítulo, descontando estas dos cuestiones que he mencionado relacionadas con la evolución de las monedas, el incremento se aproximaría al 2,1 por ciento. En este sentido, quisiera destacar el proyecto que, dentro del programa de racionalización de gastos corrientes, se ha iniciado por este Ministerio mediante la creación de una red corporativa multiservicio que integran los servicios de voz y datos del Ministerio y sus organismos autónomos durante los años 2001 a 2003, que va a suponer una inversión de 123 millones de pesetas, pero que, a su vez, va a suponer unos ahorros tanto en inversiones que no tendremos que realizar, como en nuevas prestaciones de servicio, como en reducción de gastos, probablemente de más de 700 millones de pesetas, así como la incorporación de nuevos servicios, tales como videoconferencia, transmisión de imágenes o acceso común a servicios de información corporativos.
Por su importancia, creo que es importante resaltar las variaciones del capítulo 4, de transferencias corrientes, que crece un 6,8 por ciento, fundamentalmente como consecuencia de la inclusión que antes he comentado del crédito destinado a la cobertura de diferencias de cambio a concesionarios de autopistas.
En cuanto al capítulo 6, de inversiones reales, aumenta un 3,4 por ciento como consecuencia de la campaña de publicidad sobre la implantación del euro real, y con respecto a las transferencias de capital, el crecimiento es superior, del 4,2 por ciento, del cual más de la mitad es consecuencia de las necesidades de financiación de las entidades del INE principalmente relacionadas con la elaboración del censo de población y vivienda que, como sabe la Cámara, se hace una vez cada diez años.
Antes de analizar las políticas que realiza el Ministerio, quisiera detenerme brevemente a comentar algunas cuestiones que redundarán en la mejora de la calidad del trabajo de las 9.000 personas, entre trabajadores y contratados, que prestan sus servicios en el Ministerio y sus organismos dependientes. Me refiero a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para fomentar la sociedad de la información, en un doble plano. En el ámbito externo, estableciendo un plan de formación, llamado el Plan e-función@, que pretende convertir la telemática en un instrumento habitual de trabajo. Este plan pretende para el año 2000 formar a 1.000 trabajadores del Ministerio, de los 9.000 que he mencionado, en el manejo de las herramientas asociadas con las nuevas tecnologías, para lo que se ha previsto una dotación de 50 millones de pesetas. Y en el ámbito externo, en las relaciones de la Administración con los administrados, potenciando el denominado programa Ceres, que facilita el uso de la firma electrónica en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas. Por ello, la inversión en equipos informáticos crece un 62 por ciento frente al ejercicio anterior, lo cual representa en este Ministerio un incremento de 100 millones de pesetas. El Ministerio de Economía y Hacienda fue pionero en el establecimiento de una política de austeridad y de optimización de recursos en los ejercicios 1996 a 1999, lo que supuso ahorros cercanos a los 2.500 millones de pesetas. Esta política de racionalización ha continuado y, como ya he mencionado anteriormente, la más importante es el concurso de transmisión de voz y datos que va a suponer ahorros alrededor o superiores a 700 millones de pesetas.
Dentro de las políticas sociales que realiza el Ministerio, las más importantes se realizan a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, desde el punto de vista del mantenimiento del empleo de las empresas productoras del carbón y para cubrir los costes sociales y de formación de capital humano. Como SS.SS. saben, pese al proceso de restricción presupuestaria acometida en los últimos años, el sector minero español, por sus características especiales, cuenta, a su vez, con un sistema de financiación especial en el que se contemplan subvenciones al funcionamiento, que alcanzarán el próximo año cerca de 100.000 millones de pesetas, y ayudas para la reconversión, reestructuración, modernización y desarrollo de las comarcas mineras, para las que el año que viene están previstos 65.000 millones de pesetas. Todos ellos son compromisos que, a su vez, se derivan del Plan del Carbón 1998-2005, suscrito con las organizaciones sindicales más representantivas del sector, que desde luego el Gobierno está decidido a mantener, así como a defenderlo en Bruselas y a garantizar su cumplimiento a partir del año 2002 en que, como sabe la Cámara, desaparece la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.
El funcionamiento y grado de ejecución del plan han resultado satisfactorios, como indican algunas de las cifras que voy a dar. Por un lado, en los tres años de

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vigencia del plan ha habido ayudas al funcionamiento por más de 245.000 millones de pesetas y a la reducción de capacidad, por casi 30.000 millones de pesetas. Quiero recordar a la Cámara que la reducción de capacidad planteada prevé pasar de 18 millones de toneladas a 13, entre los años 1998 y 2005.
En el área de reactivación, quisiera destacar el apoyo prestado a proyectos empresariales generadores de empleo que, al cierre del año 2000, alcanzará una cifra cercana a los 460 proyectos, con una ayuda próxima a 34.000 millones de pesetas, que a su vez habrán generado unos 7.000 empleos, una cifra claramente superior a las prejubilaciones producidas, que rondarán las 5.900. Eso quiere decir que el plan está siendo capaz de producir más empleo que el que se deriva de la reducción de actividad en el sector minero.
En el área de formación se ha realizado un indudable esfuerzo, pasando de 3.527 becas, concedidas entre los años 1998 y 1999, a 5.673 entre los años 1999 y 2000. En el citado área de formación, en la primera convocatoria, se concedieron ayudas para 224 acciones, por un importe algo superior a 1.000 millones de pesetas y para la segunda convocatoria, que corresponde al próximo ejercicio, al año 2001, está previsto conceder ayudas por un importe próximo a los 2.500 millones de pesetas, es decir, más del doble de lo que concedimos en la primera convocatoria. A su vez, el Ministerio de Economía desarrolla una importante labor a favor de las zonas menos desarrolladas a través de los incentivos regionales. En el año 2001 se destinarán a este objetivo más de 44.000 millones de pesetas, que se dedicarán a subvencionar la inversión productiva de empresas en las comunidades y zonas de menor nivel de desarrollo. Entiendo que este proceso es la mejor garantía de un desarrollo regional equilibrado, en la medida en que persigue incentivar la inversión privada en zonas geográficas definidas, con el fin de reducir las diferencias de situación económica interterritorial en España, al tiempo que contribuye al desarrollo interno de la zona y a la reducción del desempleo. Para el año 2001 la inversión subvencionable en este programa ascenderá a 445.000 millones de pesetas, que van a permitir la creación de más de 11.000 puestos de trabajo y 350 nuevas empresas.
En cuanto a lo que son propiamente políticas activas de este Ministerio, quisiera referirme, en primer lugar, a los programas en materia energética. Como saben SS.SS., la liberalización del sector energético ha sido una de las políticas fundamentales del Gobierno a través de la anterior legislatura y del comienzo de la presente. En este sentido, se ha avanzado a una gran velocidad, habida cuenta de que la liberalización energética será total en España en el año 2003, es decir, durante esta legislatura. No voy ahora a referirme al punto de partida, pero sin duda hemos pasado de un sistema en el que se fijaban los precios y la recuperación de la inversión por parte de la Administración, haciendo cero el riesgo de las empresas, a un sistema de mercado libre, lo cual ha permitido la reducción de la factura eléctrica en un promedio del 15 por ciento en los últimos años.
Me gustaría detenerme en el Plan de fomento de energías renovables aprobado por el Gobierno en la pasada legislatura, el 30 de diciembre, y que supone que en el año 2010 las fuentes de energía renovable lleguen al menos a un 12 por ciento de nuestra demanda energética, lo cual supone duplicar su situación actual. Las inversiones propuestas por el plan desde la fecha de su aprobación -finales de 1999 hasta el año 2006- totalizan 1,7 billones de pesetas, de los cuales casi 280.000 millones corresponden a ayudas públicas, a las que se sumarán más de 160.000 millones de pesetas en forma de incentivos fiscales. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo financiero público para el Plan de energías renovables de 444.000 millones de pesetas. Para ello, este Ministerio gestiona el programa de normativa y desarrollo energético, cuyos créditos ascienden a 4.327 millones de pesetas, manteniéndose el nivel de transferencias de capital al Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, por valor de 3.600 millones de pesetas. Quisiera recordar especialmente, en el tema de las energías renovables, las energías eólicas, en las que España ocupa ya el tercer lugar en la Unión Europea, mejorada por Alemania y por Dinamarca, y que en los últimos años nos ha permitido situarnos en el primer lugar de la Unión Europea en términos relativos por la evolución. La evolución prevista es espectacular. En este momento, según los datos oficiales, las energías eólicas son responsables de 1.400 megawatios y hay proyectos que previsiblemente permitirán elevar esa cifra en torno a 8.000 megawatios, lo cual supone, como pueden comprobar SS.SS., una evolución considerable -de 1.400 a más de 8.000- en proyectos que ya están en ejecución. Me gustaría también, señora presidenta, señorías, detenerme brevemente en la política de defensa de la competencia, que cobra importancia creciente en la actualidad y que es una demanda no sólo de la sociedad, sino cada vez más constante de los grupos parlamentarios. En la pasada legislatura se introdujeron modificaciones normativas para intensificar el control de las concentraciones, que pasa a ser obligatorio cuando anteriormente era voluntario. No cabe duda de que los expedientes sancionadores relacionados con las concentraciones han superado notablemente las medias de ejercicios anteriores, como el volumen de multas establecidas por los servicios de la competencia y por el Tribunal de Defensa de la Competencia. En esta legislatura debemos avanzar en una dotación de medios, empezando por el lugar de instalación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que a todas luces es insuficiente, y espero poder dar noticias a la Cámara brevemente de su instalación. Comprendo que el punto de partida del que veníamos era indudablemente muy poco satisfactorio, y estoy convencido de que este Gobierno también en este tema, incluso en la ubicación del Tribunal, va a ser capaz de corregir las

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insuficiencias de nuestros antecesores, así como en la remuneración del personal a su servicio.
Por lo que se refiere al aumento sustancial al que me he referido de la actuación de los órganos de la competencia, en 1989 teníamos 48 expedientes sancionadores de conductas restrictivas y en estos momentos tenemos más de 200. En cuanto a las sanciones, nos encontramos con que nos movemos en importes que han pasado de 20 millones de pesetas, en 1991, a 3.366 millones de pesetas, en el año 1999. Se han incrementado también las sanciones máximas impuestas: la sanción máxima en 1991 era de 15 millones de pesetas y la sanción máxima impuesta en el año 1999 fue de 1.400 millones de pesetas. Por tanto, estamos siguiendo una evolución intensa en la aplicación de la defensa de la competencia, como SS.SS. pueden comprobar. Especial importancia tiene la modificación legal que permite el control de las concentraciones y la obligación de su notificación al Servicio de Defensa de la Competencia, puesto que hemos de tener en cuenta que este es un proceso cada vez más intenso en un marco de globalización de mercados, que pasa de 8 expedientes notificados en el año 1990 a más de 70, que se han notificado en el presente ejercicio.
He mencionado entre las responsabilidades del Ministerio los planes del Instituto Nacional de Estadística, que se refieren, sobre todo, a la actualización del censo de vivienda, que se realizará el año que viene.
Me gustaría referirme ahora muy brevemente, señora presidenta, a las medidas del Ministerio respecto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, componente fundamental de nuestro tejido productivo y protagonista principal de la creación de empleo en los últimos años.
Los buenos resultados obtenidos por la iniciativa pyme-desarrollo empresarial, que estuvo vigente del año 1996 al año 1999, han venido a ser sucedidos por el plan de consolidación de competitividad de las pymes para el período 2000-2006, que está muy relacionado con aspectos de la innovación empresarial. El presupuesto del Ministerio de Economía contempla una transferencia de 6.000 millones de pesetas al plan, a los que hay que añadir una enmienda que ha sido presentada en este trámite parlamentario y que creo que han aprobado los grupos, a iniciativa del Grupo Popular, de 8.000 millones adicionales.
También quiero mencionar la dotación de 1.000 millones de pesetas al fondo para las operaciones exteriores de la pequeña y mediana empresa, que financia proyectos de inversión de empresas españolas situadas en el exterior. La dotación acumulada del fondo asciende desde su creación, en 1998, a 1.500 millones de pesetas, que, junto con la dotación prevista para el próximo año que acabo de mencionar de 1.000 millones de pesetas, permitirán la financiación de veinte proyectos de inversión que movilizan más de 15.000 millones de pesetas de inversiones de pequeñas empresas en el exterior.
Por lo que respecta al comercio interior, que, como sabe la Cámara, es responsabilidad de las administraciones autonómicas, la Administración del Estado tiene como única función actuar como catalizador para dirigir la política comercial del conjunto de las administraciones en la dirección más consecuente con el empleo. El presupuesto del Estado para el próximo año cuenta con una dotación de 1.500 millones de pesetas para cofinanciar o impulsar con las administraciones territoriales nuevas posibilidades de mejora y modernización del comercio tradicional, a lo que hay que sumar iniciativas como el observatorio de la distribución o las gestiones que ha realizado el Ministerio en cuestiones concretas que preocupan al comercio, como es la utilización de las tarjetas de crédito.
Creo que van a ser especialmente importantes los planes que tiene el Ministerio para la introducción física del euro, relacionados con las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, me gustaría mencionar la evolución de nuestra economía en el ámbito exterior. No sólo nos hemos convertido -como ya se ha puesto de relieve por parte de organismos internacionales- en el sexto inversor internacional, sino que los datos a septiembre indican que la inversión internacional en España está creciendo a ritmos realmente muy intensos: lo que a septiembre del año pasado era ligeramente más de un billón de pesetas, a septiembre de este año supera los tres billones de pesetas.
Sé que también es preocupación de la Cámara la participación de España en el diseño de la nueva arquitectura financiera internacional, y especialmente en los programas de reducción de la pobreza en el mundo. A modo de ejemplo, quisiera citarles la participación de España en la llamada iniciativa HIPC de reducción de la deuda de los países más altamente endeudados que, desde el punto de vista de la deuda multilateral de estos países, va a suponer una aportación de España de 180 millones de dólares, a los que hay que sumar 750 millones de dólares de nuestra condonación bilateral, lo cual permitirá que España se sitúe en una cifra global cercana a los 1.000 millones de dólares, una parte importante de la cual -unos 40.000 millones de pesetas- se materializará en el año 2001.
Dentro de los programas de internacionalización de la pequeña empresa, quisiera mencionar el programa PIPE, que ha permitido a más de 2.000 pequeñas empresas que se inicien en actividades de comercio exterior. Nuestro objetivo es que en esta legislatura esa cifra se sitúe en 6.000 pequeñas empresas que puedan beneficiarse de dicho programa. Dentro de la internacionalización de la empresa, citaré tres planes: el plan Asia-Pacífico, aprobado por el Gobierno recientemente y que supone una novedad sustancial al identificar una zona del mundo en la que, a través de un plan concreto por parte del Gobierno se establecen prioridades, objetivos e instrumentos, tanto desde el punto de vista económico como político y cultural, para responder al proceso de internacionalización no sólo de la economía sino de la sociedad española. En concreto, respecto a lasactividades comerciales, se acaba de celebrar la semana

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pasada la Expo-Hábitat en Shanghai, además de un foro empresarial, con participación de más de 170 empresas españolas y más de 275 empresas chinas, lo cual vendrá seguido de la celebración de una expo similar - aunque aún hay que elegir los sectores a los que va a afectar- en Cantón el año próximo, así como actividades a realizar en Hong Kong, tanto el año que viene como en 2002.
Desde el punto de vista de la visión de la actividad comercial de la Administración general del Estado, estamos convencidos de que deben inspirarla tres principios: la sectorialización, la información a través de los nuevos sistemas de Internet -tanto del ICEX como de las oficinas comerciales- y la formación, que es especialmente relevante, a través de una política de becas, en el mercado asiático. Por otra parte, quisiera mencionar la celebración de una expotecnia en México el año que viene, así como la feria que he mencionado en Cantón.
Dentro del segundo plan, el plan de ampliación se refiere a los nuevos candidatos a la incorporación a la Unión Europea (Hungría, República Checa, Polonia y Eslovenia) que en este momento está llevando a cabo el Gobierno con la intención de que aumente la presencia comercial e inversora española en esos países. Por último, el tercer plan está relacionado con los países del norte de África: Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez.
Por lo que respecta al sector del turismo, señora presidenta -con esto voy terminando-, es, sin duda, uno de los sectores básicos en nuestra economía. Somos en este momento la segunda empresa turística del mundo -junto con Francia y después de Estados Unidos- y la primera en términos de atracción del turismo europeo, con varias características. Probablemente la más importante sea la existencia de un turismo cuya presencia en España es sustancialmente mayor que en otros mercados. El turista medio pernocta en España casi una semana frente a pernoctaciones que no llegan a los dos días en los mercados competidores. Tanto desde el punto de vista de la Administración general del Estado como de las comunidades autónomas, es imprescindible una política de coordinación, que en estos momentos es ampliamente satisfactoria como se ha podido comprobar en la Feria del Turismo que se está celebrando estos días en Londres y, desde luego, con la aprobación de planes conjuntos que giran sobre algunos principios como son la calidad, el desarrollo sostenible, la diversificación de mercados y motivos y la proyección exterior de España. La evolución del turismo en los últimos años ha sido muy satisfactoria, con años extraordinariamente importantes, como los años 1998 y 1999. Puedo anunciar a la Cámara que el año 2000 se saldará con un incremento de más de un millón de turistas sobre el año 1999.
El plan integral de calidad del turismo, que va de 2000 a 2006, profundiza la apuesta por la calidad del turismo español. En estos presupuestos se recogen actuaciones como los planes de excelencia y dinamización turística por 2.434 millones, la mejora de estadísticas turísticas, a las que se aportan 532 millones de pesetas, además de políticas de expansión de la red de Paradores, con una inversión de 15.000 millones de pesetas, y de la promoción turística en el exterior, que asciende ya a 12.000 millones de pesetas. También la aplicación de nuevas tecnologías a nuestra promoción turística a través del portal Turismo español de Turespaña, que es sin duda el portal más visitado en nuestro país con más de un millón de visitas anuales.
Por último, quisiera mencionar, señora presidenta, señorías, el plan de introducción del euro, que, como saben SS.SS., se produce el 1 de enero del año 2002. Estamos, por lo tanto, en el último año de actuación del citado plan. En este año, el Gobierno va a centrarse, por un lado, en una información general que permita a los ciudadanos acostumbrarse a la conversión de pesetas en euros y, además, a la identificación de las empresas que estén dispuestas a devolver euros a sus clientes a partir del año 2002, en un programa que probablemente se extenderá al conjunto de los países euro de la Unión Europea. Por otro lado, el Gobierno está llevando a cabo también propuestas con sectores con problemas específicos, como pueden ser los discapacitados físicos y psíquicos, las muy pequeñas empresas y los ayuntamientos de muy pequeño tamaño, aparte del proceso práctico, no sólo de fabricación de 7.800 millones de monedas euro y 1.924 millones de billetes, además de su distribución en todo el territorio nacional, para garantizar que durante la primera quincena del año 2002 España pueda introducir de manera efectiva el euro con la mayor rapidez y la mayor seguridad.
Con todo ello, señora presidenta, señorías, completo la información sobre el presupuesto del Ministerio de Economía para el año 2001, que sigue las pautas de la política económica del Gobierno y que incide especialmente en los temas que acabo de mencionar a la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Iniciamos el debate de las enmiendas. En primer lugar, de las presentadas por distintas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Doy por defendidas las enmiendas del señor Labordeta y paso a defender la enmienda presentada a esta sección 24 por Eusko Alkartasuna, que hace referencia a la solicitud de financiación para un proyecto de feria de muestras de la ciudad de Irún, en un área fronteriza, que, como consecuencia de la desaparición de las fronteras, necesita poner en marcha nuevos proyectos, uno de los cuales el de la feria de muestras. Sería muy importante que el Ministerio de Economía apoyara esteproyecto y aportara financiación para que pudiera salir

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adelante, junto con otras aportaciones que realizan distintas instituciones.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana ha presentado dos enmiendas a esta sección: una al programa de coordinación y promoción del turismo, y otra al programa de dirección y servicios generales de comercio y turismo. Entendemos que en ambos casos se vulnera e incumple una ley orgánica como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que deja bien claro que el turismo es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, hasta la fecha se viene produciendo una permanente invasión de competencias, debido a la persistencia de organismos dependientes del Gobierno español que continúan invirtiendo en esta materia y gozan de partidas presupuestarias habilitadas para mantener su estructura administrativa y funcionarial Presentamos estas enmiendas porque estimamos que hay que respetar el sentido de la competencia exclusiva en materia de turismo y de promoción, como ya hemos visto en materias como comercio interior en las que también la Generalitat goza de competencia exclusiva, que no se respetaron cuando este mismo Gobierno aprobó la orden ministerial que hacía referencia a los horarios comerciales.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por último, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, anuncio -supongo que nadie lo dudaba- que mi grupo va a votar en contra de esta sección, porque el señor ministro de Economía cita el informe de la OCDE, pero podía haber citado también el último dato del IPC conocido ayer, que nos dice que estamos ya con una inflación interanual del 4 por ciento. Dígaselo a los funcionarios, y después en el debate de la ley de acompañamiento podemos hablar también de ello.
La receta no es nueva: reforma del mercado laboral. Habla usted de creación de empleo. En Galicia la tasa de actividad sigue bajando, estamos en el 42,36 y, por primera vez desde que ustedes gobiernan, tenemos una tasa de paro superior a la media estatal, es decir, cada vez menos activos y más parados.
La enmienda que presenta mi grupo a esta sección se refiere al plan de comarcas mineras de Galicia productoras de lignito pardo, yacimientos que están también a punto de agotarse. El 11 de febrero de 1997 y el 31 de octubre de este año, el Congreso de los Diputados aprobó sendas iniciativas del Bloque Nacionalista Galego en el sentido de que las comarcas mineras gallegas productoras de lignito pardo no fuesen discriminadas dentro de los planes estatales aprobados por el Instituto del Carbón. En concreto, en la segunda de estas proposiciones no de ley, aprobada aún no hace un mes, se instaba a que el Gobierno declarase urgentes proyectos contenidos en el plan de actuación para la mejora de las conexiones con las centrales térmicas de As Pontes y Meirama; que estudiase soluciones de futuro para las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, es decir, autorizar la conversión para convertirlas en centrales de ciclo combinado; y que para las actuaciones del Instituto del Carbón en Galicia se siguiese el mismo criterio que se sigue en otras comarcas mineras, es decir, que exista una relación proporcional entre el porcentaje de ayudas y el número de puestos de trabajo perdidos en estas comarcas.
El Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda que obedece, como digo, a resoluciones aprobadas por esta Cámara, y espera que sea aceptada.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco da por defendidas las enmiendas a esta sección.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta. Compartiré el tiempo de la intervención con el señor Centella.
Señor Rato, ha dado usted una lección magistral de autismo político, se ha convertido usted hoy en esta Cámara en al autista de Hamelin.
En el momento en que la inflación en este país ha escalado el Mont Blanc y está a punto de escalar Everest, usted no ha dedicado ni una sola línea? (Risas.), digamos que una sola, al problema fundamental de este país en los momentos actuales.
Usted podría decir: Yo tengo que hablar de una estructura que ya estaba hecha y no tengo por qué atenerme a la coyuntura. Si esto es así, ¿por qué ha citado

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usted, eso sí, ciertos datos fundamentales que se derivan de la última comunicación del Fondo Monetario Internacional? Ha hablado de lo que a usted le interesa, pero no de lo que le interesa a la sociedad, no digo a mí. La realidad nos dice, señor Rato, que tienen ustedes, como Gobierno, un problema muy serio, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos un problema tremendamente serio, y es que se les ha disparado la inflación, se les han disparado los precios y no saben, no quieren, no pueden tomar ningún tipo de medidas.
Después de las últimas elecciones han hecho ustedes -me refiero al señor Aznar- una serie de cambios en el Ministerio de Economía. Y uno de los problemas que tenemos posiblemente sea ése: que no sabemos bien en este momento quién coordina la política económica del Gobierno. Parece que no la coordina ningún ministro y que todo se supedita a la iniciativa que en un momento determinado pueda tomar el señor Aznar. Por eso los ministros en este momento están a la espera, no adoptan ninguna medida, no hay previsiones, no hay políticas activas de ningún tipo ante el problema fundamental que tenemos en este país como ciudadanos y que ustedes tienen como Gobierno: la subida de la inflación interanual al 4 por ciento, el 0,3 en octubre, el doble de las previsiones que han previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Señor Rato, no sólo se trata ya del precio de los carburantes, se trata también del precio de la vivienda y, últimamente, del precio de los alimentos frescos. Por citar una cantidad aleatoria, de pronto sacan directamente de los bolsillos de los contribuyentes, de los que vamos a comprar día a día al mercado, 400.000 millones de pesetas, sin ninguna reacción, sin ningún comentario. Se destaca este problema de enorme magnitud y ustedes mantienen una previsión del 2 por ciento, que va a suponer un problema muy serio y es una auténtica provocación política con respecto a los funcionarios y al problema de la negociación colectiva por lo que compete a los salarios. No reaccionan, no pueden reaccionar porque no tienen coordinación en la política económica. Ya conocemos la costumbre del señor Aznar de esperar a ver qué pasa, esperar a ver si nos cansamos, esperar a ver si la gente no reacciona ante uno de los problemas fundamentales que tenemos. Pero la propia UGT lo acaba de decir. No sólo es el problema de los carburantes, sino que, teniendo en cuenta la inflación subyacente, en los últimos meses ha subido del 2,1 al 2,8 por ciento.
Por lo tanto, estamos ante un problema estructural de primera magnitud que sus presupuestos no permiten atacar. Sus presupuestos del déficit cero -un déficit conseguido mucho más contable que estructuralmente- no permiten atacar reformas de primera magnitud como haría falta en este momento, que no son, señor Rato, a las que ustedes están apuntando. Ustedes apuntan, fundamentalmente, a dos salidas cuyo coste tienen que pagar los trabajadores: reforma laboral o congelación salarial. Y han dado un ultimátum para que en tres semanas los sindicatos asuman la reforma laboral que ustedes quieren, que fundamentalmente pasa por un despido más pronto y más barato y, al mismo tiempo, empiezan a satanizar los salarios. Por cierto, señor Rato, usted lo sabe tan bien como yo, son los beneficios los que influyen, los que impactan, incluso con más fuerza que los salarios, en el crecimiento de la inflación. No se le ocurre ni una sola vez hablar de la contención de beneficios, hablar de la reinversión de beneficios y hablar de esos beneficios indecentes que están obteniendo en estos momentos las petroleras, por encima de todo lo previsto y aceptable.
Ni siquiera hablan ustedes de la posibilidad, como en otros países, de poner una tasa a los enormes, a los inmensos beneficios de las petroleras que están haciendo de este país una auténtica selva, un auténtico mercado bananero. Ustedes ni saben, ni quieren, ni pueden.
Lo único que consigue cada paquete liberalizador es trasladar poder del espacio público al espacio privado. No consiguen la competencia que tendrían que conseguir para bajar los precios. Y no me diga que yo quiero más competencia, estoy hablando desde su propia lógica. No consiguen lo que ustedes habían previsto, consiguen exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque ustedes buscan lo contrario de manera soterrada. Buscan esta conspiración de las petroleras para subir el precio y convertirse en auténticos oligopolios. Si no fuese así, habrían reaccionado y no reaccionan; lo permiten mientras no haya una reacción pública importante y mientras los grupos de oposición desde la izquierda no protestemos de manera rotunda, contundente y movilizadora. Desde ese punto de vista, señor Rato, su intervención de hoy puede pasar a los anales de la historia. En el momento en que la inflación está en el 4 por ciento, usted se dedica a hablarnos de música celestial, en un momento como éste de la historia económica de la moderna democracia.
Señor Rato, ustedes hicieron una reforma del IRPF y es cierto que lograron vender la idea de que bajaban los impuestos en este país. Y hemos visto, sin embargo, que solapadamente han subido ustedes los impuestos el 2,5 por ciento en los últimos años. Han sido ustedes geniales, lo comprendo, a la hora de vender esta idea. Además, incluso en gente de la izquierda caló la idea. Decían: vamos a dejar a los de gran poder adquisitivo que ingresen un millón de pesetas, pero vamos a hacer que usted, aunque no tenga gran poder adquisitivo, tenga diez mil pesetillas más en el bolsillo. Esta es la reforma del IRPF. Y la gente se la tragó. Es cierto, la gente la asumió. Nosotros no hemos cambiado de posición, sino que hemos pregonado en el desierto, porque la gente, con 10.000 pesetillas más en el bolsillo, aceptaba que ustedes les perdonaran un millón de pesetas a los más pudientes. Pero ¿qué nos encontramos después? Que ese dinero, esas 10.000 pesetillas se las han sacado ustedes del bolsillo a través de la gasolina, a través de la subida constante de la gasolina, de los impuestos de la gasolina. El 69 por ciento del precio de la gasolina son impuestos que van a las arcas del señor

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Rato o del señor Montoro. Yo ya no sé quién controla ahora el arca de los dineros. En todo caso, ustedes han compensado los 800.000 millones con esta subida permitida, cómplice a veces de la actuación conspirativa de las grandes petroleras. No sólo eso, sino que la subida de los impuestos está siendo, repito, una subida solapada pero del 2,5 por ciento en los últimos años; mucho más grande de lo que se había previsto en principio.
Por otra parte, usted no habla del euro, señor Rato, usted no habla del euro, como habla la solapa de un libro. ¿Por qué no entramos a fondo en las cuestiones, señor Rato? Usted nos dice: vamos a hacer propaganda para que la gente se acostumbre...


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, lleva prácticamente consumido todo el tiempo de su grupo. Simplemente se lo aviso para su organización.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, está todavía en verde el semáforo.


La señora PRESIDENTA: Sí, pero como me ha dicho que iba a compartir el tiempo con el señor Centella, le advierto de que en este momento le queda un minuto veinticinco segundos.


El señor ALCARAZ MASATS: Me dice usted lo mismo que el señor Centella. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, termino diciéndole que del euro vamos a hablar si usted quiere en serio, pero no nos diga que va a hacer una campaña para que la gente se acostumbre a pagar con el euro la cerveza y los zapatos en el año 2001 y que esto es lo importante. Incluso se nos ha dicho desde esa tribuna, en estos últimos días de debate parlamentario, que ésa es la base de que se recupere el euro, señor Rato. Fíjese usted hasta dónde se está llevando este debate. No, señor Rato, mientras no haya una estructura política y una consolidación política en Europa, es imposible que el euro sea una moneda consolidada y una moneda seria en el área mundial, pero ustedes están queriéndonos meter en un mensaje superficial, en un debate superficial, que nosotros intentamos no aceptar, dándole coordenadas distintas en un momento que empieza a ser muy triste de la economía española.
El tema de la inflación, señor Rato, es el gran fracaso de la economía del Gobierno del señor Aznar, el gran fracaso, y ustedes están intentando maquillarlo, cosa que a mí me parece que resulta imposible.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Centella, muy brevemente.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, brevemente, pero hemos querido dividir nuestra intervención en primer lugar para recalcar la necesidad de que el turismo tenga un rango ministerial, porque entendemos que es una necesidad que la principal industria de este país pueda al fin disponer de un rango ministerial. Y en segundo lugar para defender nuestra enmienda de totalidad a la sección de turismo, porque las partidas que ustedes asignan a la Secretaría de Turismo son claramente insuficientes para alcanzar los objetivos que ustedes mismos dicen pretender. Y son insuficientes porque un año más vemos ese contrasentido en que ustedes nos hablan de unos objetivos pero luego, a la hora de ver las cuentas, vemos que son unas cuentas realmente ridículas en relación con lo que la propia industria turística viene aportando a la economía de este país. Es una realidad que el turismo necesita inversiones, que el turismo necesita que de una vez por todas el Gobierno asuma que es una cuestión de Estado, como por otra parte se dice en los papeles. En el sector turístico hacen falta menos discursos, hacen falta menos jornadas y fundamentalmente hacen falta inversiones.
Ha venido usted a hablar de calidad y a hablar de planes, pero, cuando señala las cifras, vemos que resultan ridículas. Habla de planes de excelencia turística y dice que, para los más de doscientos planes que puede haber en espera, se prevén 2.400 millones. Permítame que le diga que es una cantidad no sólo ridícula sino incluso ofensiva para el sector. Pasa usted de puntillas sobre lo que tiene que hacer, potenciar la calidad. Habla de calidad, pero la calidad en el sector turístico no es una muletilla. La calidad en el sector turístico viene de inversiones y de elementos muy concretos. No sólo de más dinero, sino también de una serie de elementos que usted parece olvidar. Quiero recalcar que de una vez por todas asuman lo que les propone la Federación Española de Municipios y Provincias, que es que haya una financiación específica para los municipios turísticos, que tienen que ejercer funciones para la mejora de la calidad del turismo que no vienen compensadas por una financiación específica. Hablar de calidad en el sector turístico es hablar de calidad medioambiental. Aquí también hacen aguas, porque han olvidado proyectos que mejorarían la calidad de nuestras costas, la calidad de nuestros ríos.
Diré, para terminar, señor Rato, que estos no son los presupuestos que reclama la industria turística. No son los presupuestos que se merece una industria que aporta billones de pesetas a las arcas del Estado y que al final recibe solamente migajas. Porque ustedes siguen creyendo que el turismo no es una industria, que el turismo es un fenómeno y que los turistas vienen a España como las golondrinas. Eso no es verdad, señor Rato. Hacen falta políticas activas y hacen falta, fundamentalmente, otros presupuestos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorCentella.


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Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Rato, yo, primero que nada, tengo que reconocer un error propio. Porque el martes pasado, 17 de octubre, cuando discutíamos la moción consecuencia de interpelación, yo, que no me gusta hacerme eco de previsiones catastrofistas, empleé una previsión del IPC de octubre de una entidad razonable; la mencionaba y decía: el IPC parece que va a ser - nos dice el Instituto Flores de Lemus- el 3,86 por ciento. Me equivoqué. El IPC ha llegado al 4 por ciento.
Sigo sin ser catastrofista. No creo que siga en escalada de forma indefinida, pero se nos ha revelado que ese techo del que viene hablando el Gobierno desde enero es un techo hidráulico. Va ascendiendo a medida que asciende la presión. ¿Sabe qué me preocupa? Que de aquí a final de año probablemente no reduzcamos mucho esta tasa interanual, tasa interanual que nos mete otra vez en problemas de diferencial de inflación con los países de la Unión. Porque este mes, señor Martínez-Pujalte, el diferencial va a crecer, y mucho.
Sabemos que Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Suecia han tenido reducciones en su IPC armonizado. Cuando dentro de unos días nos den la evolución del diferencial, el pequeño sueño de septiembre se habrá evaporado; seguiremos con problemas de competitividad, seguiremos con problemas de pérdida de poder adquisitivo.
Deben cuidarlo más. Todos pretendemos la estabilidad de precios y el control de la inflación, pero parece que no hay instrumentos para conseguir ese objetivo loable. Además, sé que es un problema que le preocupa seriamente al señor vicepresidente. De hecho, en unas declaraciones de ayer en Londres, decía que aceptaba las críticas sobre la cuestión. Yo le agradezco de antemano que sea comprensivo con nuestras críticas. Por cierto, cuando estuvo hablando usted ayer con el señor Gordon Brown, ministro de Hacienda británico, sobre la política económica, ¿le explicó que el Gobierno británico ha decidido aplicar una rebaja de tres peniques en los impuestos especiales de carburantes a partir de marzo a los gasóleos y gasolinas sin sulfuro, de modo que, en total, los pequeños utilitarios verán reducida su imposición en cuatro peniques, que es el equivalente aproximado a 10 pesetas? ¿Se lo explicó el señor Gordon Brown? ¿Por qué les extraña tanto que nosotros propongamos en estos presupuestos una reducción de impuestos especiales de cinco pesetas, que es la mitad? El Gobierno de Blair lo acaba de aprobar a efectos de marzo. Tomen medidas que sean realistas con los objetivos que dicen perseguir, algunos de los cuales podemos compartir. Porque, señor Rato, tengo la impresión de que la sección 24 es una declaración de objetivos sin instrumentos; objetivos formulados tan genéricamente que nos permiten estar de acuerdo. Haremos un pequeño repaso.
Ustedes definen cómo tienen que cumplirse los objetivos de los programas de la sección y en la página 114, cuando hablan de regulación económica, dicen literalmente que se trata de lograr un conocimiento adecuado de la oferta agregada de la economía española y en particular de las características estructurales se persigue conocimiento, reforma de aspectos concretos, etcétera, y conseguir que el sistema español funcione bajo las reglas de la libre competencia. Estamos de acuerdo con ese objetivo. Y para conseguir ese objetivo sería bueno que ustedes aplicaran una enmienda, una moción que presentó su grupo el 17 de octubre, que decía: Aumenten los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Después de la declaración de objetivos, vamos con un pequeño mordisco de la realidad. Porque en el presupuesto del año 2001 la dotación para el Tribunal de Defensa de la Competencia se reduce en 4 millones de pesetas. Es verdad que pasan 6 millones de Telecomunicaciones a Subsecretaría. Por tanto, en realidad, la dotación al Tribunal de Defensa de la Competencia aumenta en 2 millones de pesetas, un 1 por ciento. Es decir, en términos constantes, descontada la inflación, el presupuesto del Tribunal de Defensa de la Competencia para el año 2001, baja; la estimación de la reducción en términos constantes no se la puedo decir, hace dos días la calculé con el 3,7 por ciento, ahora ya estoy en el 4 y he decidido dejar el baile de la precisión de las pesetas en términos constantes.
El señor Luis de Guindos anunció en Barcelona el pasado jueves que iba a haber un importante e inequívocamente intenso aumento de dotación de recursos para el Tribunal de Defensa de la Competencia y hoy le venía a pedir noticias. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Me ha dicho que van a mejorar las oficinas. Está bien, porque con los 384 metros de que disfruta, francamente los treinta funcionarios locales y demás del Tribunal de Defensa están apiñados. Yo no sé si ustedes tienen intención de presentar alguna enmienda en el Senado. Si no, es que no se entiende, señor Rato. Porque le van a hacer caso con lo del combustible, 250.000 pesetas el año pasado y 250.000 este, van a tener que consumir menos. Pero todo parece indicar que se va a reducir un personal del grupo D. Si tuviéramos una oficina presupuestaria en el Congreso podríamos ser más finos en los análisis, aunque todo parece indicar hasta que va a caer en uno el número de personas. Sin duda, 29 personas se moverán mejor que 30 en ese espacio. Pero si seguimos así, seguiremos sin tener publicadas las memorias del Tribunal de Defensa de la Competencia. La última es la del año 1997. Las memorias tienen efecto de vademécum para los sectores y para los estudiosos y dan transparencia a la materia de la competencia y usted sabe, como yo, que por falta de medios y por falta de personal se han dejado de publicar las memorias.


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Voy a seguir. En la siguiente página, la 115, ustedes nos presentan los objetivos de regulación financiera y nos dicen que ante el progresivo afianzamiento de un área financiera integrada en el marco de la Unión Europea se requiere una importante labor administrativa en materia de análisis y regulación, que contribuye a lograr unos mercados financieros amplios, transparentes, competitivos y eficientes. ¿Cómo? No vamos a estar de acuerdo en perseguir mercados financieros amplios y transparentes. El problema es que la primera medida que toma la nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es anular las circulares emitidas desde la Presidencia. Nosotros podemos estar de acuerdo en que las circulares de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberían gozar del apoyo del Consejo, pero en todo caso una circular de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores da transparencia al mercado y orienta a los agentes sobre los criterios que se van a aplicar. La primera actuación de la nueva Presidencia de la Comisión les decía que ha sido anular circulares; por tanto, restar transparencia.
Seguimos en la página 116. En internacionalización. Usted ha hablado de ello, y ahora ya no voy a leerlo literalmente porque, si no, la señora presidenta me va a llamar la atención antes de lo que pensaba.
El objetivo de fomentar la presencia exterior de las empresas es indudable, lo compartimos. De hecho, el secretario de Estado, Juan Costa, presentó la semana pasada en Shanghai, el día 9 de noviembre, un plan de impulso del comercio exterior, en un intercambio -creo que también estuvo usted, señor vicepresidente- que financió el Instituto Español de Comercio Exterior. Y es paradójico, porque ese Instituto, que financiaba el intercambio en el cual el secretario de Estado anuncia un plan de impulso para las empresas españolas en el exterior, para el año 2001 ve reducidas sus dotaciones en términos corrientes y en términos constantes. Este es otro mordisco de la realidad. Podemos seguir. Usted ha hablado también de los incentivos al desarrollo regional. ¿Cómo no vamos a compartir la necesidad de impulsar el desarrollo económico equilibrado? Esta Cámara además aprobó una moción el día 3 de octubre a consecuencia de una interpelación del Partido Andalucista, pero, cuando uno se va a ver las subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno, se da cuenta de que, para perseguir este objetivo tan loable y compartido, ustedes congelan la cantidad. 44.677 millones el año pasado y 44.677 millones este año. Congelar la cantidad es una reducción en términos constantes de esta política, y una reducción más alta cuanto más alta sea la tasa de inflación. En términos de transferencias al Instituto para la Reestructuración a la Minería y el Carbón y el Desarrollo pasa lo mismo, compartimos el objetivo, pero ustedes reducen las transferencias a este Instituto de 160.000 millones a 157.000 millones.


Sólo un ejemplo más. También ha hecho mención al fomento de las energías renovables y el día 31 de octubre el secretario de Estado, señor Folgado, presentó un plan de fomento de energías renovables, pero es que el presupuesto nos da otro mordisco de realidad, porque ustedes mantienen congelada la transferencia al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables. Año 2000, 3.676 millones; año 2001, 3.676 millones. Congelación.


No voy a defender nuestras enmiendas. Hemos presentado enmiendas por un total de 23.950 millones, que creemos que sirven para hacer realidad estos objetivos que se enuncian en la sección pero que no se acometen a través de una política concreta.
Yo querría acabar, señor Rato, pidiéndole que haga algo. Yo sé que usted personalmente está convencido de la necesidad de avanzar en las reformas. Lo sé; además, lo sabe la prensa internacional, lo sabe Financial Times, nos lo dijo en aquel magnífico editorial titulado Aznar pierde el rumbo. Hagan algo, porque con estos presupuestos de la sección 24 y en general pasa como nos pasa con la liberalización de la telefonía, eso en lo que ustedes van los primeros hasta que comparamos con lo que pasa fuera. El objetivo está bien, poder elegir, tener un mercado liberalizado, pero el día 8 de octubre teníamos que empezar a gozar de la portabilidad del móvil, cambio de número y de empresa sin costes; no se conoce ni se espera cambio de portabilidad del móvil para reducir costes. El día 1 de noviembre tenía que empezar la tarifa plana; sabemos que ustedes fijaron una tarifa de interconexión por encima de la propuesta por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, pero hoy, pasada la mitad de noviembre, como no se conocen las especificaciones técnicas de la conexión a Telefónica de los nuevos oferentes, la tarifa plana es una entelequia. Por último, señor Rato, imagínese que usted hubiera estado ayer en Madrid y que yo le hubiera querido llamar por teléfono. Nos habían anunciado que para el día 15 de noviembre íbamos a poder elegir compañía para mis llamadas locales. Pues no ha sido así. Nos lo habían prometido para esta fecha y resulta que tampoco podemos hacerlo.


La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Señor diputado, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BEL I QUERALT: Acabo enseguida.
Anuncian objetivos, no aplican instrumentos; anuncian fechas, no se cumplen; estamos a la cola de la liberalización de la telefonía local. Señor Rato, tome medidas, señor Rato, haga un esfuerzo de persuasión con sus compañeros del Consejo de Ministros. No le pedimos que nos lo explique, nos basta el señor Arias Cañete para explicarnos las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero sí le ruego, usted que está sinceramente comprometido con la idea de que España necesita

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avanzar en las reformas, que se aplique y persuada a sus compañeros.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor diputado. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
Señora presidenta, señorías, estamos en el debate de la última sección de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. Si a lo largo de estos días algún espectador que no conociera la realidad económica y social española hubiera escuchado los discursos de la oposición, pensaría que la situación española es un absoluto desastre, que nada funciona. Y resulta que durante el transcurso del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 hemos sabido cómo ha evolucionado el empleo, hemos conocido el dato de la encuesta de población activa, que nos dice que en el último año se han creado 670.000 empleos, que el paro se ha reducido en 224.000 personas y que la tasa de paro ha caído al 13,7. En esto días hemos conocido también que el Fondo Monetario Internacional hace unas previsiones de crecimiento excelentes para el año próximo, por encima del 3 por ciento, lo cual confirma que estamos en un proceso estable de crecimiento económico. Asimismo, durante estos días hemos conocido que se van a dotar presupuestos para los gastos sociales que van a alcanzar cifras como nunca habíamos conocido. ¿Qué nos diría la oposición si no estuviéramos creciendo por encima del 3,5 por ciento, si no hubiéramos creado más de dos millones 200.000 puesto de trabajo en estos años y si no estuviéramos dotando con financiación suficiente las políticas sociales de sanidad, de educación, etcétera? Señorías, por supuesto que hay coyunturas económicas y por supuesto que ahora estamos afrontando una determinada coyuntura económica, en gran parte derivada de la situación internacional del mercado de hidrocarburos, de la debilidad del euro y también de una senda de comportamiento de los precios en toda Europa y en España que mi grupo entiende que no es positiva y para la que hay que adoptar las políticas adecuadas. En 1995 la situación era compleja, teníamos tasas de paro de casi el 25 por ciento, tasas negativas de crecimiento diferencial en relación con el resto de los países europeos, tipos de interés altísimos y un nivel de convergencia con el resto de los países realmente insuficiente. No cumplíamos ninguna de las condiciones para estar en la primera división europea. Y se hizo una determinada política económica, una determinada política económica que daba respuesta a esa situación. Una política económica de control del déficit, de reformas estructurales, de impulso a la modernización del sistema tributario, de modernización del mercado laboral y de apoyo a la oferta. Y el resultado fue que hemos ido reduciendo la tasa de paro del 25 por ciento a poco más del 13, que hemos reducido nuestro diferencial de renta per cápita con el resto de los países europeos, que hemos pasado de una situación de quiebra en la Seguridad Social a una situación de superávit, de una situación de incertidumbre para los pensionistas a una situación de garantía, que estamos en mejor posición que hace cinco años. Alo largo de estos cinco años ha habido situaciones distintas. Le recuerdo la situación de final de 1998 y principios de 1999 con la situación internacional.
Y la pregunta clave, señorías, es: ¿Este Gobierno, el presupuesto para el 2001 tiene soluciones para seguir por la senda de crecimiento de creación de empleo, para seguir impulsando lo que necesita la economía española? Y la respuesta, por los datos que tenemos, es que sí. Yo entiendo al señor Bel y entiendo que nos haga críticas.
Entiendo que, ante una situación de dificultad, la oposición tiene que hacer críticas y el grupo parlamentario del Gobierno tiene que aceptar las críticas, pero sobre todo plantear soluciones. Y lo que hacen los presupuestos para el 2001 es plantear soluciones, señor Bel. Porque se nos puede pedir que hagamos políticas antiinflacionistas y nosotros lo aceptamos, pero tiene que saber que es relevante -y no irrelevante, como dice su grupo- que traigamos a esta Cámara un presupuesto con equilibrio; que es importante traer a esta Cámara un presupuesto con equilibrio para garantizar políticas antiinflacionistas, para garantizar crecimiento y empleo de futuro.
Nos pueden decir que es importante hacer políticas antiinflacionistas y nosotros lo aceptamos, pero también, señor Bel, hay que ser consecuente y votar alguna vez que sí cuando traemos a esta Cámara políticas de reformas estructurales. Porque es que nunca han votado que sí. Y está demostrado que, en los mercados energéticos, en los mercados de telecomunicaciones donde en España se han hecho reformas, en esos mercados la subida de precios es menor que en el resto de los países europeos. Por eso mi grupo lo que quiere es seguir profundizando en esta política; por eso mi grupo va a apoyar los presupuestos del 2001, porque siguen profundizando en esta política, porque seguimos profundizando en políticas adecuadas para España, en políticas de apuesta por el euro, en políticas de equilibrio presupuestario, de continuidad en las reformas estructurales, de modernización de nuestro sistema tributario y de apoyo a la oferta.
Hay que seguir. Y mi grupo, desde esta tribuna, ha animado al Gobierno a seguir, a través de las mociones, con políticas de reformas estructurales y con políticas también -y lo quiero señalar ahora- de modernización del mercado laboral.
Señor Bel, la sección 24 del presupuesto marca unos objetivos y habla usted de que comparte los objetivos. Si comparte los objetivos, compartirá que las políticas van por el buen camino, porque le voy a mostrar algunos

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datos. La sección 24 quiere procurar la internacionalización de la economía española. Y ¿cuál ha sido la evolución de la internacionalización de la economía española? Le voy a mostrar un gráfico, señor Bel, de cómo han evolucionado las inversiones españolas en el exterior en miles de pesetas. Vea, señoría, cómo la evolución desde 1995 es tremendamente positiva. Hemos pasado de 440.000 millones de pesetas en 1995 a más de 4 billones en 1999. Y ¿cómo han evolucionado las exportaciones, señor Bel? Estaban creciendo a un ritmo bueno en 1996, a un poco más del 10 por ciento, pero es que ahora estamos creciendo a casi el 30 por ciento.
Compartirá usted conmigo, señor Bel, que estos son los datos, porque son innegables; compartirá usted conmigo que es positivo que se haya impulsado un programa específico para las pymes que ha hecho que existan actualmente más de 2.000 pequeñas y medianas empresas nuevas que están participando en los canales comerciales exteriores. Es una satisfacción, señor Bel, ir a un mercado difícil como es el chino y encontrarse con empresas españolas, pero no con grandes empresas, sino con pequeñas y medianas empresas que están abriéndose camino.
Usted puede decir lo que quiera, señor Bel, pero estará usted de acuerdo conmigo en que si hablamos de internacionalización de la economía o de las empresas españolas, estamos en el buen camino.
Puede decir que se debe ir más rápido, y eso se lo respeto, señor Bel. Crecíamos al 10 por ciento, estamos creciendo al 30, pero podríamos crecer al 40. No tengo nada que discutirle sobre ese dato, señor Bel, pero estamos creciendo al 30 y cada vez hay más empresas en el exterior. ¿Hablamos de turismo? Señor Bel, también podemos hablar de turismo y de su evolución. Podemos comprobar, en el período enero a septiembre, cómo ha evolucionado en 1996, en 1998 y en 2000.
El total de turistas recibidos en el año 2000 asciende casi a 40 millones, 38,5 millones; en el mismo período de 1996 eran 29,3 millones. Señor Bel, vamos por el buen camino. Los objetivos marcados en la sección 24 están dando buenos resultados. Me puede decir que 38,5 millones son pocos, aunque hayan crecido enormemente en relación a 1996. Eso se lo admito, pero, señor Bel, señor Centella, estamos en el buen camino, estamos construyendo una oferta turística en España que hace que nuestro país sea un destino preferente, donde ya no sólo hay una oferta de sol y playa, sino que hay también una buena oferta complementaria.


La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Señor diputado, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Si hablamos del servicio de defensa de la competencia y miramos el número de expedientes que se instruían hace cuatro años y el que se instruye actualmente, uno observa que hay muchísimo más esfuerzo. Me puede decir que hace falta todavía más, eso lo comparto y mi grupo mantiene que el Tribunal de Defensa de la Competencia necesita más recursos humanos y materiales, porque nos parece una pieza clave de la política económica de futuro.
Señor Bel, tendremos ocasión de seguir los debates en esta Cámara.
Ahora abordaremos el debate de política tributaria, al que se han referido varios grupos, y lo dejo para la ley de acompañamiento. En el presupuesto de 2001 España tiene una base sólida para garantizar el crecimiento, para garantizar la creación de empleo y para garantizar una buena respuesta a la situación coyuntural que existe en los mercados internacionales. Con el presupuesto de 2001 este país da una respuesta adecuada, como la ha dado en períodos anteriores, y así lo han reconocido los organismos internacionales. Mientras en 1989 y 1990, con tasas de inflación del 6,5, del 6,8 o del 7 por ciento, no se hizo una política adecuada y por eso en 1992 y 1993 llegamos al 25 por ciento de paro, a una situación desastrosa de cierre de empresas y de desánimo en el mercado laboral, con las políticas que está haciendo este Gobierno, a pesar de las coyunturas, estamos creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar de los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor diputado.
Procedemos, a continuación, al análisis y debate del Estado de ingresos estado de ingresos. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.
A lo largo de estos días, he tenido la sensación de que ejercíamos más el derecho de antena que un debate parlamentario. Este turno y la defensa de esta enmienda me van a permitir poner de relieve los puntos de vista de mi grupo en torno al presupuesto de ingresos y necesariamente van a coincidir los argumentos que pudimos utilizar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y yo mismo, tanto en Comisión como en el Pleno, cuando hablamos de normas tributarias.
Arranco del informe recientemente publicado por la OCDE sobre la evolución de los ingresos tributarios entre los países de esta organización, donde se pone de relieve el protagonismo de los ingresos públicos en España. El lunes pasado manifesté que en mi opinión era este protagonismo de los ingresos tributarios el que había proporcionado mayor carga a la reducción del déficit público; que la reducción del déficit público había sido consecuencia de una extraordinaria y alta evolución de los ingresos públicos, en mayor proporción que el gasto público. No querría apoyar este planteamiento única y exclusivamente en el informe de esta organización multinacional; también hay publicaciones, algunas de ellas distribuidas recientemente en

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nuestros casilleros, como el informe mensual del mes de septiembre de la Caixa, donde igualmente se pone de relieve que la recaudación tributaria avanza fuertemente. Sin embargo, quizás el documento más significativo lo haya publicado en el mes de septiembre el propio Banco de España. He tenido la satisfacción de proporcionar a algunos portavoces un gráfico más modesto, en blanco y negro, que el que nos ha mostrado hoy el ilustre portavoz del Grupo Popular. En él se analizan los ingresos y los pagos no financieros del Estado desde el 1 de enero de 1997 hasta el mes de agosto del año 2000, es decir, 44 ó 45 observaciones mensuales, con una técnica estadística de medias móviles que le da una enorme estabilidad al perfil de los acontecimientos. En ese sentido, lo primero que se ve es que los pagos no financieros han sido estables a lo largo prácticamente de esos tres años; que ha habido dos momentos altos donde se ha producido realmente una aceleración del gasto público, que fue en los primeros meses del año 1999 y en los primeros meses del año 2000, y que como consecuencia del avance del gasto en el año 1999, se produce un salto cualitativo -para el del año 2000, como se está produciendo, habrá que esperar un poco más-. La diferencia del gasto público entre la primera observación y la última, es decir, entre enero de 1997 y agosto de 2000, es de 1,5 billones de pesetas. Este Gobierno, a través del Estado, ha gastado 1,5 billones de pesetas más en esos 45 meses. Y cuando uno se va a los ingresos no financieros lo primero que ve es un proceso intensísimo e ininterrumpido, que va desde enero de 1997 a mayo de 1999; que en mayo de 1999 hay una flexión que dura seis meses como consecuencia de los efectos derivados de la reforma tributaria, pero que de nuevo en el año 2000 los ingresos públicos vuelven a crecer, a un nivel superior al que tenían en junio de 1999.
En este caso la diferencia de los ingresos no financieros del Estado entre enero de 1997 y agosto de 2000 es de 4,1 billones de pesetas.
Por lo tanto, este Gobierno a través del Estado ha gasto 1,5 billones más en un mismo período, en el cual ha ingresado 4,1 billones más. A partir de ahora y apoyándome en esa información del Banco de España, yo podré afirmar que quien diga que los ingresos no han sido los protagonistas del proceso de reducción del déficit público falta a la verdad, se llame como se llame.
La segunda puntualización que querría hacer es la de ¿los ingresos están bien calculados? Yo creo -y me lo va a permitir el señor Martínez-Pujalte, que nos dijo la semana pasada que este era un Gobierno que calculaba muy bien los ingresos y los gastos- que en el día de hoy deberíamos tranquilizar a los pensionistas, porque la desviación con la cual ustedes van a tener que pagar los dos y pico puntos de deslizamiento no está en los ingresos; aparecerá, pero no está en los ingresos. En cualquier caso, yendo al análisis de los ingresos, si uno coge la documentación que se nos ha proporcionado y ve el presupuesto de 1999 y el avance de liquidación, han acertado plenamente, más 765.000 millones de desviación. No solamente ha habido desviaciones en los ingresos; es que ha habido desviaciones en el gasto, que han sido de 380.000 millones de pesetas. Es decir, la mitad del exceso de recaudación se desliza a incremento de gasto público. Por lo tanto, en relación con lo que un poco a título de eslogan y de propaganda se dice, de que aquí hay grupos de la Cámara que ingresan mucho y que gastan mucho, habrá que decir que el Gobierno que hoy gobierna España ingresa mucho y gasta mucho. En ese terreno, grandes diferencias no.
Las cosas no terminan ahí. Yo me voy a atrever a leer un párrafo de la revista Situación del mes de agosto -y me gustaría que nadie llamara al presidente del BBVA para decirle que hemos utilizado los datos aquí en la Cámara, como ocurrió el año pasado cuando dicha revista hizo un análisis crítico de la reforma fiscal-, que dice que en el año 2000, como consecuencia de la favorable evolución de la recaudación tributaria y de la elevación de las cotizaciones, los ingresos totales podrán superar los 900.000 millones -no los 765.000 millones- y que esa recaudación adicional no se va a dedicar en su totalidad a reducir el déficit público, sino que habrá 500.000 millones más de gasto. Por consiguiente, que vayan quedando las cosas claras. Esta vez hemos podido replicar a algunas cuestiones. Dicho claramente, a la vista de las muchísimas insuficiencias que se han detectado a lo largo de este debate en los créditos de gasto, a la vista de la complicidad del ciclo, que ha proporcionado un caudal de ingresos públicos de una magnitud extraordinaria, hubiera cabido la posibilidad de hacer la presentación social del equilibrio en otro momento, de cualquiera de los equilibrios, pero que esté claro que este es un presupuesto deliberadamente mal dotado por parte de los gastos, con insuficiencias por parte de los ingresos, que es un arma de propaganda política, pero en ese contexto y en su lógica política y presupuestaria, podían haber presentado el superávit este año y desde luego también el equilibrio; por lo tanto, una ceremonia levítica más.
A partir de ahí, ¿qué ocurrirá en el año 2001? ¿Serán las normas que aprobemos aquí las que vayan a determinar -porque también se aludió a las enmiendas del Grupo Socialista en materia de ingresos- la pulsación del ingreso público? Pues en alguna medida sí, en alguna medida no. En alguna medida sí porque, como todos sabemos, entre el BOE y el Tesoro hay algún distanciamiento. La aplicación de muchas medidas en el sistema tributario no es tan instantánea y, desde luego, existe eso que llaman los economistas los lag, pero la mayor parte del esquema tributario español se mantendrá a lo largo del año 2001 como lo ha hecho a lo largo del año 2000. Por lo tanto, ¿de qué depende el caudal de ingresos? El caudal de ingresos en una Hacienda moderna depende del PIB monetario y este no va a experimentar grandes cambios a lo largo del año 2001 -no van a desaparecer los trabajos ni los negocios ni las actividades-; el PIB monetario en el año 2001 tendrá un cambio de

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composición respecto del PIB monetario del año 2000, cambio derivado fundamentalmente de un hecho que a veces no tomamos en cuenta, pero que no es perjudicial para la Hacienda pública. El PIB monetario va a depender de la inflación. La inflación es un impuesto -lo saben los economistas, los hacendistas y la gente que se dedica a esto- y aquí la inflación es el doble de lo que nos habían dicho. Por lo tanto, una parte de la inflación caerá en las cajas de la Hacienda pública, caerá en las cajas del Tesoro y podrá haber en el año 2001 más recaudación que la que ha habido en el año 2000. En consecuencia, los ingresos que trae el Gobierno están subestimados, por muchas razones, por las que acabo de decir y por otro motivo. Ustedes podían haber hecho un buen trabajo con las UMTS y no lo han hecho fundamentalmente por los compromisos que tienen con ellos. Han vendido un hecho imponible y moderno por unos cacahuetes en un acto tomado en el último Consejo de Ministros antes de las últimas elecciones. Los gobiernos serios de por ahí aplican ese nuevo hecho imponible a reducir el déficit público o a mejorar el sistema de pensiones.
Lamentablemente este no es un Gobierno serio; es un Gobierno voraz, y su voracidad se ha demostrado aquí.
Las empresas españolas seguirán teniendo una buena situación económica en el año 2000 y estamos viendo cómo las estimaciones que se hacen sobre el valor añadido o sobre las cuentas de explotación permiten decir lo que nosotros hemos mantenido. Puede haber un sesgo alcista a lo largo del año 2000 en la imposición que grava la actividad empresarial.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández Marugán, le ruego vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señora presidenta.
Me hubiera gustado hacer algunas consideraciones sobre otras manifestaciones que han hecho los portavoces del Grupo Popular respecto a la evolución tributaria de estos años. Ustedes reformaron la fiscalidad de los generadores de plusvalías, reformaron la fiscalidad de los empresarios sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas o de las personas jurídicas y terminaron reformando la fiscalidad del IRPF hasta laminar la progresividad del impuesto, pero yo me pregunto ¿y qué ocurre con esos millones de contribuyentes que no son especuladores, que no son empresarios, que no son profesionales, independientes o de la alta dirección? ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Quién se preocupa de ellos? ¿Qué ocurre con esos millones de contribuyentes que viven de su trabajo, que tienen algunas dificultades o no las tienen -pueden tener dificultades o pueden no tener agobios-, pero cuya renta no está para tirar cohetes, que no son capaces de ahorrar lo que debían? A esos, ¿quién los defiende en esta Cámara? ¿Quién se preocupa de la fiscalidad del trabajo dependiente? La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández Marugán, le ruego concluya, por favor.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino.
Todo lo que han venido a decir es que a ésos ya les han bajado la tarifa. Y, claro, cuando uno se acerca a la fiscalidad que ustedes han montado, pobre de aquel que tenga que tributar por el tipo de tarifa. Aquí, en esta sociedad, ustedes han definido unos que son benefactores fiscales y otros que no lo son. Esos que no son benefactores fiscales son lisa y llanamente ¡pecheros, pecheros como fueron siempre en la Hacienda pública! (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor Fernández Marugán, que concluya definitivamente.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: A esos benefactores les han aplicado exenciones tributarias, minoraciones y reducciones en la base imponible, por cierto, con carácter sociocultural, ¿eh?

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández Marugán, no se explaye más. Le ruego que concluya ya.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Unas últimas palabras, señora presidenta.
A más renta, más reducciones. No han establecido un tipo fijo.
(Aplausos.) Me hubiera gustado...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante) No, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Ha sido una reforma que ha contribuido fundamentalmente a elevar la carga tributaria, en contra de los intereses de la mayoría de esta sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¿quién ha defendido a los españoles en estos cuatro años? Salgan a la calle y pregúntenselo a los ciudadanos. ¿Quién ha defendido a los españoles en estos cuatro años? (Aplausos.) ¿Quién ha defendido a los 2.200.000 españoles que han encontrado un puesto de trabajo? El Partido Popular. ¿Quién ha defendido a los millones de familias que tenían todos sus miembros en el paro y ahora tienen trabajo? El Partido Popular.


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¿Quién ha asegurado que los pensionistas en España tengan garantizada por ley su pensión y el poder adquisitivo de la misma? El Partido Popular. ¿Quién ha garantizado que en España estemos viviendo una senda de crecimiento estable, por encima del 3,5 durante cuatro años, con creación de empleo intensa y que, además, estemos en la primera división europea? El Partido Popular. Eso, señor Fernández Marugán, se debe también y en buena parte a una política tributaria eficiente y a un sistema tributario moderno.
Usted, señor Fernández Marugán, sabe de esto y cuando ha subido a esta tribuna a decir que la recaudación en España aumenta y, por tanto, aumenta la recaudación con relación al producto interior bruto, sabe que está diciendo una verdad, pero sabe también que la percepción que intenta transmitir, que los impuestos han subido, es falsa. Los impuestos han bajado en España y han bajado para todos los españoles. Lo que pasa es que cuando bajan los impuestos con una política económica adecuada, España crece, en España se crea empleo y se da una situación en la que todos pagan menos impuestos, pero hay más gente que puede contribuir a la Hacienda pública. Cuando en España se crece y se crea empleo hay más personas que pueden contribuir a la cotización de la Seguridad Social y a asegurar las pensiones. Eso es lo que ha pasado, señor Fernández Marugán, porque en España los impuestos han bajado para todos los ciudadanos. Y los cinco millones de españoles que tienen fondos de inversión no son especuladores; son personas que ahorran y a esas personas que ahorran hay que crearles un sistema tributario moderno y competitivo con el resto de los países europeos. Por eso en 1996 bajamos los impuestos al 20 por ciento y ¿sabe que votaron ustedes? Que no. Sin embargo, ahora nos han dado la razón y dicen que era lo que había que hacer, porque esa era una política de izquierdas. Mire, señor Fernández Marugán, esa era una política de crecimiento, de creación de empleo, de bienestar y de justicia y eso es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Luego bajamos la tributación de las pymes -es verdad y usted lo ha dicho- y hoy las pymes en España pagan menos impuestos, tanto las pequeñas y medianas empresas que tributan en el régimen de estimación objetiva, de módulos, como las pequeñas y medianas empresas que tributan en el régimen del impuesto sobre sociedades.
Les hemos bajado los impuestos -y en el siguiente trámite parlamentario hablaremos del impuesto de las pymes- y esa ha sido una de las claves fundamentales de la creación de empleo, porque son las pymes las que han servido de motor a la creación de empleo. Casi el 90 por ciento del empleo que se ha generado en España ha sido consecuencia de que el Gobierno del Partido Popular ha bajado la fiscalidad de las pymes. Bajamos la fiscalidad en la sucesión de los negocios familiares, bajamos la fiscalidad para cuando un padre quería dejar en vida el pequeño negocio familiar a su hijo y bajamos los impuestos de los millones de españoles que tributan en el IRPF. A todas esas familias, a todos esos asalariados se les ha bajado la tributación, y ese ha sido el camino adecuado para crecer.
¿Qué propone el Partido Socialista? En su enmienda 1223, ¿qué propone? Que subamos los impuestos para gastar más. ¿Y a quién quiere subirle los impuestos? Dicen: quiero subir los impuestos a las empresas, sobre todo a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Y consideran ustedes que es razonable subir los impuestos a las pymes? Señor Fernández Marugán, yo le aconsejo que no voten ni sus propias enmiendas. Es que no es razonable, si queremos crecer y crear empleo, subir impuestos a las pymes. (El señor Fernández Marugán: Los has subido tú, Vicente: 4 billones.)

La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego que guarde silencio y que respete el turno lo mismo que se ha respetado el suyo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ¿Y qué más quieren? Subir los impuestos de las familias. Y dicen: vamos a recaudar más por IVA. Gran cosa.
Ustedes se han pasado estas jornadas de presupuestos diciendo que España va fatal, que vamos a crecer menos, que el consumo va fatal y, sin embargo, hacen la previsión de que va a crecer la recaudación del IVA. Pues, señor Fernández Marugán, ¿sabe por qué hacen ustedes esa enmienda? Porque siguen la política presupuestaria que utilizaban cuando eran Gobierno, que era: previsiones de ingresos al alza para poder gastar más. Al final del ejercicio, ¿qué sucedía? Que no alcanzaban los ingresos previstos, pero se gastaban más dinero del previsto, con lo cual el resultado claro y diáfano era que todos los años de Gobierno socialista en España se hacía una previsión de déficit que ustedes superaban. ¿Qué es lo que se ha hecho durante los años de Gobierno del Partido Popular? Una previsión de ingresos adecuada y una previsión de gastos también adecuada, y eso ha permitido que todos y cada uno de los años de Gobierno del Partido Popular se mejorara la previsión de déficit público, lo que ha permitido que llegáramos a una situación de equilibrio presupuestario.
Dice el señor Fernández Marugán: los ingresos han sido protagonistas de la corrección del déficit público. Señor Fernández Marugán, no tiene usted razón. Los que han sido protagonistas de la corrección del déficit público han sido los miles de españoles que, trabajando y con esfuerzo, han hecho que España crezca, que España cree empleo y que en España se mejoren las condiciones de vida. Esos han sido los protagonistas, porque los protagonistas de la corrección del déficit público, señor Fernández Marugán -y yo sé que usted lo sabe-, han sido los que han hecho que en España se haya crecido, que en España se haya creado empleo y que en España haya ahora más cotizantes a la Seguridad Social y más ciudadanos que pueden contribuir a la Hacienda pública. Eso ha hecho que España esté en mejores condiciones que nunca para afrontar cualquier

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situación económica sobrevenida. Señor Fernández Marugán, en España tenemos hoy bases mucho más sólidas para pensar en el futuro; tenemos bases mucho más sólidas para que la economía crezca, cree empleo y haga que se mejore el bienestar de los ciudadanos. La gran pregunta que hay que hacerse es ¿quién tiene las mejores soluciones para el futuro? ¿Cuáles son las mejores soluciones del futuro? Señor Fernández Marugán, los españoles no quieren oír dramáticas interpretaciones de la realidad y del futuro. Eso lo hizo su grupo durante los últimos cuatro años y no es lo que quieren oír los españoles. Lo que quieren oír los españoles son las soluciones para que en España sigamos creciendo, creando empleo, mejorando las condiciones de vida, integrándonos en Europa en los primeros lugares.
¿Dónde están esas soluciones, señor Fernández Marugán? Yo sé que usted lo sabe. Esas soluciones están en un presupuesto con equilibrio, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular: traer a esta Cámara un presupuesto con equilibrio. ¿Dónde están esas soluciones? En más reformas estructurales, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, por cierto, siempre con el voto en contra del Partido Socialista. ¿Dónde están las soluciones? En una política tributaria moderna y eficiente. ¿Qué ha votado el Partido Socialista a las reformas? Siempre que no. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Seguir en la línea de una mejor política tributaria. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones pasan por apoyar a la oferta, por apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular.
Concluyo mi intervención, y creo que también el debate de los presupuestos para el 2001 hasta que vuelvan del Senado, diciendo que estamos ante unos presupuestos en los que los ciudadanos españoles pueden seguir estando tranquilos porque dan la cara a la coyuntura actual y garantizan que España siga en la buena senda del crecimiento y la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del Título I proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Como SS.
SS. seguramente recuerdan, el debate está ordenado por títulos del I al V y después otro bloque con las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas al título I tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Defenderé las enmiendas 291 a 295 al título I y doy por defendida la número 294 al título V.
En la enmienda número 292 proponemos una modificación en la Ley del IRPF por la cual las parejas de hecho tengan el mismo tratamiento fiscal que los matrimonios. Hace pocas semanas esta Cámara rechazó la tramitación parlamentaria de una ley de reconocimiento de las parejas de hecho. Si se hubiera aceptado no hubiéramos presentado esta enmienda, pero dado este rechazo creemos que es injusto social y fiscalmente que por el hecho de estar casado se tengan beneficios fiscales, lo cual nos parece correcto, y que muchas parejas no casadas no tengan derecho a ese tratamiento fiscal. Lo que plantea nuestra enmienda 292 es la introducción de una modificación en la Ley del IRPF por la que, independientemente de que exista matrimonio o no, dos personas puedan tener el mismo tratamiento fiscal. Por otro lado, proponemos la supresión de los apartados dos y tres del artículo 1. Son enmiendas en la línea de frenar el continuado y progresivo tratamiento fiscal beneficioso de las rentas del capital en relación con las rentas del trabajo, en lo que es una constante de la política económica y fiscal del Gobierno desde 1996. La enmienda 293 hace referencia a introducir exenciones fiscales en relación al IVA en determinadas prestaciones públicas, especialmente en la conservación y mejora de las escuelas que llevan a cabo los ayuntamientos. Y la número enmienda 294 responde a una reivindicación de muchísimos ayuntamientos: la eliminación de un privilegio fiscal del que hoy gozan las autopistas concesionarias por el cual dejan de pagar el IBI a los ayuntamientos, afectando de forma importante a las haciendas locales.
Estas cuatro enmiendas son las que quería destacar del título I y repito que doy por defendida la 294 al título V.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
A efectos de numeración de las enmiendas, los números que ha indicado no coinciden con el guión que tiene esta Presidencia. La 294 y la 295 afectan al título II, señor Saura, si es que estamos hablando de lo mismo, que me supongo que sí. (Asentimiento.) Gracias.


Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana tiene cuatro enmiendas a este primer título que básicamente tratan de buscar una mejor financiación para los entes locales. A nuestro entender, en el discurso de investidura del presidente del Gobierno quedó claro que una prioridad era la mejora de la financiación de los ayuntamientos, pero todo hace indicar que nos encontramos con una situación bastante diferente de lo expresado.
Con estas

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enmiendas el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya lo que pretende es formalizar y mejorar la financiación de los ayuntamientos. En primer lugar, nosotros entendemos que los ayuntamientos tienen que tener facilidades para crear zonas agrarias, parques y jardines, con una mejora de su capacidad dispositiva, y que las juntas de cooperación y cesión a los ayuntamientos sean mucho más accesibles. En segundo lugar, entendemos que tiene que haber una fórmula de control para que las líneas de los servicios públicos privatizados coticen como otras empresas privadas, ya que no es comprensible que pequeñas y medianas empresas tengan que contribuir fiscalmente a los ayuntamientos y, en cambio, no lo hagan las empresas privadas que han recibido del Gobierno la privatización de servicios básicos como luz, agua y electricidad. Asimismo entendemos que es básico que los ayuntamientos puedan acceder, controlar y cobrar los impuestos de las escrituras que se formalicen al cabo de cinco años. Por estas razones mantenemos estas enmiendas.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a este título I pretenden sobre todo una rebaja de la presión fiscal, que como recientes informes de organismos internacionales han puesto de manifiesto este Gobierno ha subido.
En primer lugar, y mientras no se determine de una manera clara cuál es el régimen de cobertura social y salarial de los investigadores, el Bloque Nacionalista Galego quiere que las becas y ayudas percibidas por estos estén exentas del IRPF. También dentro de la regulación del IRFP, el Bloque Nacionalista Galego propone que los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social y el 15 por ciento, con un máximo de 250.000 pesetas, por alquiler de vivienda habitual se contemplen como deducciones en el IRPF.
Pretende también el Bloque Nacionalista Galego que se dé el mismo tratamiento a las explotaciones agrarias y ganaderas que el previsto para un negocio empresarial o industrial. Es decir, que en casos de transmisión mortis causa de la explotación se prevea una deducción del 95 por ciento en la base imponible del impuesto sobre sucesiones.
Desde luego, la regulación actual no promueve la continuidad de este tipo de negocios. También solicitamos que se aplique el tipo del 7 por ciento del IVA en la llamada prestación de servicios en común de cooperativas agrarias, excluida esta aplicación del tipo mínimo por la Ley 41/1994, Presupuestos Generales del Estado, y que se reduzca el IVA al 4 por ciento para la entrega de bienes y objetos de artesanía con el fin de promover este sector.
Tenemos otras enmiendas relativas a la rebaja de la presión fiscal sobre los carburantes, para beneficiar a agricultores, y el gasóleo de calefacción, que esperamos que reciban el apoyo del Gobierno. En general, pedimos la rebaja de ciertas tasas que consideramos abusivas y que no se adecuan al coste efectivo del servicio. Por ejemplo, las tasas por acreditación catastral, las referidas a la navegación aérea o las que se cobran y se aumentan de una manera extraordinaria por la Dirección General de la Marina Mercante.
Una última enmienda persigue eximir del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados los supuestos de permuta voluntaria de fincas rústicas de superficie mínima para favorecer -y esto es especialmente importante para Galicia- la concentración voluntaria de tierras de cultivo, evitando que, como sucede ahora, se grave doblemente a ambos permutantes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Antes de continuar con el debate de las enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, quiero comunicar a la Cámara que el debate no se va a suspender hasta tanto en cuanto terminemos con este proyecto de ley, y que se votará todo lo debatido en esta mañana al final del proyecto de ley conocida como de acompañamiento.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al título I, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha mantenido para este trámite de Pleno la enmienda número 70, dirigida a la sección tercera de impuestos especiales. Desde un principio queremos dejar claro de que los tres grandes productos sometidos en las leyes fiscales españolas a impuestos especiales, junto a los hidrocarburos y el tabaco está el sector de las bebidas espirituosas, los licores, también denominados bebidas derivadas de productos por destilación. Nosotros hablamos exclusivamente del fenómeno que se está produciendo actualmente en España, que contempla también el proyecto de ley de acompañamiento, referido a estas bebidas derivadas o licores obtenidos por destilación que están sometidos a impuestos especiales. ¿Qué está ocurriendo y qué contempla el proyecto? Resulta que los fabricantes de bebidas derivadas, que están sometidas, como he dicho, a estos impuestos especiales, se ven obligados a realizar el ingreso de los mismos con una media de sesenta días de anticipación a cuando ellos lo perciben del comerciante minorista y lo tienen en el establecimiento en venta al sector consumidor público. Pues bien, aparte de a la fuerte presión fiscal que existe actualmente sobre las bebidas espirituosas y licores y el componente fiscal que repercute sobre el precio de venta, cosa

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que no tienen, por ejemplo, los vinos de mesa, nos estamos enfrentando a un fenómeno peculiar y es que estos fabricantes están haciendo un anticipo del impuesto de casi más de sesenta días liquidándoselo a la Hacienda pública y, por tanto, se produce un diferencial que no parece correcto. Nuestra enmienda trata sencillamente de darle un sentido lógico proponiendo el aplazamiento del pago de productos alimenticios perecederos y de las bebidas derivadas sujetas a impuestos especiales y que no exceda en ningún caso de treinta días contados a partir de la entrega de la mercancía a los minoristas comerciantes. Mi grupo -ya lo había ofertado y lo habíamos hablado en el trámite de Comisión con el Grupo Parlamentario Popular- sería receptivo a una enmienda transaccional, porque entendemos que en esta cuestión de los plazos si hablamos de sesenta días también se puede hablar de cincuenta o de setenta; en cualquier caso, una enmienda que nos dejara satisfechos y quitara un principio de irracionalidad absurda que existe en estas moratorias de los pagos.
A esto se dirige, señora presidenta, nuestra enmienda número 70.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. Voy a compartir el turno con mi compañera Margarita Uría.
Paso a defender nuestra enmienda número 197 presentada al artículo 14 del proyecto. A través de esta enmienda pretendemos fundamentalmente incluir en la exención prevista para las administraciones públicas en el apartado 7 del artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones a los servicios o explotación de redes en régimen de autoprestación, sin contraprestación económica de terceros. Es cierto que con arreglo a una interpretación amplia de la dicción literal del texto del proyecto, cuando habla de servicios de interés general, las reservas de dominio público hechas para que las administraciones públicas respondan a sus propias necesidades de gestión interna podrían entenderse incluidas en la exención que se configura; pero consideramos que la inclusión de una mención expresa a estos servicios contribuiría a clarificar el alcance real de la exención y a evitar interpretaciones de la norma que, aun posibles con arreglo a la dicción literal del precepto, conducirían a un absurdo como es el de sujetarlo al pago de una tasa de determinados servicios de telecomunicación de carácter público y oficial.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Erkoreka.
Tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: La enmienda que voy a defender es a un artículo anterior, por lo que lamento la confusión creada y el desorden en el debate. Se trata de la enmienda número 196, que hace referencia al artículo 9. Tal como dije en Comisión, mi grupo felicita al Gobierno por la propuesta que se hace en el texto de la ley de reducir a la mitad las tasas para quienes están obligados a renovar los permisos de conducir cualquier tipo de vehículos por razones psicofísicas. Pero nos parece que la reducción no debiera haber ido sólo hasta la mitad, sino que razones de equidad aconsejan que estas personas estén en igualdad de condiciones que los ciudadanos que renovamos en períodos ordinarios. Puesto que el valor a proteger es la seguridad vial, creemos que la reducción de la tasa debiera hacer que estos ciudadanos paguen en los distintos períodos en los que tengan que renovar la tasa dividida cuantas veces deban renovar en ese período. Otra solución que también podría ser satisfactoria, que en el caso de no ser aceptada nuestra enmienda propondríamos en el Senado, es que cuando menos se viesen libres de pagar, cada vez que tienen que renovar, los informes médicos de los gabinetes correspondientes y que las certificaciones de los médicos que les tratan habitualmente les sirviesen para acreditar la evolución de la enfermedad psicofísica que padezcan. Tal como se establece en la justificación de la enmienda, creemos que el bien jurídico protegido es la salvaguarda de la seguridad vial, y es una carga excesiva para estos ciudadanos de la que deben hacerse cargo los poderes públicos, para que la acreditación de que están en las debidas condiciones no les suponga un costo superior que al resto de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a proceder a la defensa de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado al título I del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En primer lugar, la 123 hace referencia a la creación de una nueva modalidad de exención de renta en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En la actualidad, el artículo 7. I) de la Ley reguladora del IRPF establece que están exentas las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo de acogimiento de personas con minusvalía y mayores de 65 años. Mi grupo parlamentario propone que se consideren también como renta exenta en el ámbito del IRPF

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las cuantías percibidas de instituciones públicas por el acogimiento de menores de edad civil. Entendemos que es una exigencia de justicia social y que no hay ningún motivo para que las rentas exentas, que ya están incorporadas en el artículo 7.I) de la Ley 40/98, no puedan ampliarse a este supuesto de exención al acogimiento de menores de edad civil.
Las dos enmiendas siguientes las voy a defender conjuntamente. Hacen referencia a una cuestión de total actualidad y se refieren a la cuantía de las retenciones. En el sistema tributario vigente hoy en día, en el ámbito de retenciones a miembros de los consejos de administración o de órganos sociales que hagan sus veces, se establece que la retención será de una cuantía fijada en el 40 por ciento. Recientemente han existido diversos pronunciamientos judiciales. Concretamente, las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2000 y de 14 de julio también del año 2000 establecen la necesidad de ajustar el tipo de retención a la factura fiscal final que deberá pagar el contribuyente. Qué duda cabe que establecer un tipo de retención para los miembros de los consejos de administración a efectos de IRPF del 40 por ciento es desconocer la realidad de que hay muchas empresas en España cuyos consejeros no van a situarse finalmente, en el momento de presentar su declaración de IRPF, en un tipo efectivo de gravamen del 40 por ciento. No todos los consejos de administración lo son de grandes empresas con espectaculares retribuciones, y es especialmente preocupante este tipo de retención vigente hoy en día para los consejos de administración de pequeñas y medianas empresas. Por ello mi grupo parlamentario propone una alternativa consistente -es la primera de las dos enmiendas- bien en establecer las retenciones de los miembros del consejo de administración con el mismo sistema que está establecido para las rentas del trabajo, es decir aplicando el sistema de tabla de las rentas del trabajo, o si ello no es posible o no se considera adecuado por esta Cámara determinar que para los consejos de administración de lo que se consideran pequeñas y medianas empresas, facturación hasta 500 millones de pesetas, se establezca un tipo de retención fijo no del 40 por ciento sino del 20 por ciento. Insisto en que tengo la sensación de que si no damos un paso para ajustar el tipo de retención para los miembros de los consejos de administraciones siquiera de las pequeñas y medianas empresas, finalmente este tema nos va a venir impuesto de fuera, nos va a venir impuesto del orden jurisdiccional.
La siguiente enmienda se refiere a los límites de inversión de las instituciones de inversión colectiva. Se propone que la inversión de cada conjunto de activos en un solo bien o derecho o en valores o derechos emitidos por una misma empresa no excederá del 15 por ciento del valor total del conjunto de activos. El establecimiento de este límite del 15 por ciento permite combinar una adecuada dispersión y diversificación de los conjuntos activos sin las complejidades de gestión que supone la aplicación del artículo 53 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.
La siguiente enmienda hace referencia a lo que en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social supone una supresión de un incentivo fiscal en la actualidad vigente. Se trata de la deducción establecida para las producciones de cortos cinematográficos. En el proyecto de ley en tramitación en esta Cámara se establece que este incentivo fiscal se mantendrá a partir del 1 de enero del año 2001 para las producciones cinematográficas pero no para los cortometrajes. Mi grupo parlamentario considera que no existe una razón objetiva para eliminar este incentivo fiscal, porque si se utiliza la argumentación de que este sector no está en la situación de resultados que podía experimentar hace una serie de años, lo cierto es que esta reflexión nos llevaría a eliminar cualquier incentivo fiscal en épocas de bonanza o de prosperidad económica.
La enmienda número 130 es, a juicio de mi grupo parlamentario, extremadamente importante desde una óptica social. Se trata de establecer un incentivo fiscal en forma de deducción en la cuota de un 25 por ciento de la inversión en obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de los trabajadores minusválidos. Es decir, se trata de favorecer -evidentemente tiene que existir un consenso de planteamiento en estas cuestiones entre todos los grupos de la Cámara- la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad mediante la fijación de un incentivo fiscal para que las empresas, para que las entidades mercantiles puedan recuperar, vía deducción en cuota, parte de las inversiones que se efectúen para favorecer la accesibilidad laboral de este tipo de personas. Es una enmienda muy importante y significaría un paso decidido adelante para favorecer, insisto, la inserción laboral de este colectivo tan necesitado de protección.
La siguiente enmienda es de carácter más técnico y hace referencia a la imposición sobre no residentes. En concreto, se trata de ampliar la aplicación del tipo del 18 por ciento establecido en este proyecto de ley y en la normativa vigente para determinadas categorías de rendimiento calificados como rendimientos de capital mobiliario y aplicarlo a otra categoría de renta que también es rendimiento de capital mobiliario según la normativa vigente del IRPF, como son los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez. No apreciamos razón alguna para que el tipo del 18 por ciento que se aplica a dividendos, intereses, etcétera, no se aplique en su plenitud a todas las categorías de rendimiento de capital mobiliario previstas en la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La enmienda 132 hace referencia al gravamen sobre bienes inmuebles que se exige en el sistema tributario español desde al año 1992 a los no residentes titulares de bienes inmuebles situados en territorio español. Este gravamen se establece por diversos motivos. Uno de

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ellos es evitar la interposición fraudulenta de sociedades en el extranjero para detentar la titularidad de bienes inmuebles situados en España que luego son objeto de uso por personas físicas españolas que no residen en el extranjero. Para ello se establecen una serie de excepciones en la tributación por este gravamen para los casos en que no existe utilización fraudulenta de sociedades situadas en el extranjero. Por ejemplo, no se exige el gravamen a las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.
Por ello consideramos que tampoco debe ser exigible este gravamen a las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea.
En la enmienda 133 mi grupo parlamentario propone que determinadas ejecuciones de obras de albañilería tributen al 7 por ciento, con dos correcciones o cambios respecto del régimen actualmente vigente.
Proponemos que se acojan a este tipo impositivo no sólo la ejecución de obras de albañilería stricto sensu, sino también la de las complementarías de fontanería, electricidad, etcétera, prácticamente inseparables de la obra de albañilería propiamente dicha. También proponemos que se aplique el tipo de gravamen del 7 por ciento en aquellos casos en que la factura no sea expedida a nombre de la persona que ha encargado la ejecución de la obra sino al de la entidad de seguros que va a costearla.
La enmienda 134 es una propuesta de cambio normativo que trata de atajar una situación de fraude que desgraciadamente existe hoy en día en nuestro país. Para determinados operadores económicos -siempre es injusto y difícil generalizar- en la entrega de desechos nuevos de la industria, residuos y demás materiales de recuperación, su margen operativo habitual -entre comillas- es el IVA que repercuten y que no ingresan en la Hacienda pública. Se trata de una operativa desarrollada por determinados agentes económicos a la que es muy difícil poner coto o atajar. Dado que la Sexta Directiva de la Unión Europea, reguladora del impuesto del valor añadido para los Estados miembros de la Unión, ofrece la posibilidad de establecer el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para este tipo de entrega de bienes, mi grupo propone que se establezca tal mecanismo de inversión del sujeto pasivo para atajar ese tipo de fraude que se produce por determinados operadores en el sector de recuperación de chatarras al que me estoy refiriendo.
La siguiente enmienda hace referencia a una adaptación en el ámbito de la importación de bienes efectuada a través de agencias de transporte y transitarios. Se trata de una adaptación de la normativa del impuesto sobre el valor añadido al no contemplar las normas vigentes una reciente modificación en la que se autoriza a las agencias de transporte y a los transitarios a operar en nombre propio y por cuenta ajena, al igual que los agentes de aduanas. Entendemos que la adaptación de la normativa tributaria a la operativa concreta de las agencias de transporte y transitarios es absolutamente necesaria después de la modificación producida en virtud del Real Decreto 1889/ 1999 y la Orden del Ministerio de Hacienda de 9 de junio de 2000.
La siguiente enmienda hace referencia al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Los artículos 46 y siguientes del Real Decreto legislativo 1/1993 establecen para la generalidad de las transmisiones que se produzcan de bienes o derechos la posibilidad de que la Administración con competencias al respecto efectúe la llamada comprobación de valores, en virtud de tasación pericial que pueda instarse contradictoriamente por parte de los sujetos afectados. Lo cierto es que el real decreto legislativo no permite la facultad de comprobación de valores en las transmisiones producidas por subasta y, a juicio de mi grupo parlamentario, no existe una razón de política social o de política fiscal con carácter general que permita la aplicación de la comprobación de valores a una compraventa normal realizada entre particulares y no permitirla en las transmisiones de bienes realizadas por subasta pública, notarial, judicial o administrativa.
La enmienda 138 hace referencia a la proposición realizada por mi grupo parlamentario de destinar una parte de lo que se recaude en virtud del impuesto especial sobre las labores del tabaco, concretamente un 1 por ciento, a la financiación de medidas de política sanitaria para prevenir los daños causados por el consumo de tabaco. Entendemos que es una enmienda que se justifica desde un punto de vista social, habida cuenta que hoy en día -son datos recientemente difundidos- la edad de inicio de los fumadores se ha rebajado a los 17 años y que un 15 por ciento del gasto sanitario global deriva de este hábito y su repercusión negativa en la salud de sus consumidores.
La siguiente enmienda hace referencia a las tasas por permisos para conducción cuando las pruebas de aptitud se realicen fuera de la capital de la provincia e inspección practicada en virtud de precepto reglamentario, referidas a las autoescuelas. Fundamentalmente en el primer concepto entendemos que técnicamente esta tasa no se sostiene.
Las tasas se exigen por prestar un determinado servicio y la diferenciación establecida en el actual régimen jurídico-tributario vigente de cobrar una cuantía adicional o específica para cuando el examen de conducción se realice fuera de una determinada capital de provincia entendemos que no se sostiene desde un punto de vista técnico.
En la siguiente y última enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado a este título I del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, proponemos que quede exenta de pago la tarifa B1 por la utilización por parte de los pasajeros de las infraestructuras aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades aeroportuarias complementarias en el supuesto de que los aeropuertos presenten un resultado negativo en su cuenta de explotación. Es decir, se trata de que determinados aeropuertos, en

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número importante, que presenten unos resultados negativos, en tanto en cuanto dure esta situación, no tributen por las tasas a las que he hecho referencia.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, de nuevo, un año más, el Grupo Parlamentario Socialista se ve obligado a expresar su desacuerdo con el uso inadecuado que hace el Gobierno de la ley de acompañamiento. Señorías, esta ley convierte a esta Cámara en un buzón de medidas heterogéneas que tienen que ser discutidas de manera precipitada, lo que supone una vulneración del principio de seguridad jurídica. No podemos aceptar que exista una ley ordinaria que, con carácter anual, contenido indeterminado e impredecible, opere sobre la totalidad del ordenamiento jurídico. La modificación abusiva de gran número de leyes sobre materias dispersas constituye una degradación efectiva de la función del Parlamento.
Esta ley modifica tributos, cuando el procedimiento adecuado para su modificación se debería hacer dentro de una ley tributaria. Dichos cambios, señorías, no guardan relación directa con el presupuesto al que dicen complementar; por el contrario, no constituyen un contenido necesario para la aplicación de éste ni de la política económica del Gobierno en general. Las modificaciones fiscales repercuten sobre todas las figuras tributarias, constituyendo un modo encubierto de imponer un nuevo sistema fiscal, sin que pueda debatirse en profundidad y de forma pormenorizada en la Comisión de Economía, como correspondería si el Gobierno siguiera el procedimiento adecuado.
Allí, en la Comisión de Economía, señor Martínez-Pujalte, en una ley tributaria, sería donde tendríamos que discutir los cambios fiscales que afectan a los beneficios de las pequeñas y medianas empresas.
Como sé que este es un tema que le gusta, le adelanto -lo que dará contenido, imagino, a su intervención- que el Grupo Socialista defiende deducciones a las pequeñas y medianas empresas cuando éstas son motores de inversiones en nuevas tecnologías, cuando la pequeña y mediana empresa va a incidir directamente sobre los aumentos de la productividad. Nosotros creemos -porque en definitiva usted sabe que la literatura económica no da alternativa- que hay una asociación positiva entre crecimiento y productividad, por mucho que desde aquí y desde los asientos del Grupo Popular se intente subvertir lo que es un principio aceptado por toda la literatura económica. Sin embargo, no son sólo las modificaciones fiscales; la heterogeneidad del contenido de la ley de acompañamiento da lugar a numerosos cambios, a los que otros diputados de mi grupo harán referencia, que afectan a la organización del sector público, a la personalidad jurídica de sus entes, al cuerpo de funcionarios y al propio concepto de servicio público.
Obligada por esta miscelánea normativa a que nos somete el Gobierno, pasaré muy rápidamente a defender las enmiendas presentadas por mi grupo al título I, secciones 1.a y 2.a, artículos 1 al 7, del proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Con relación al artículo 1, sobre modificación de la Ley 40/1988, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias, presentamos dos enmiendas de adición a los apartados dos y tres respectivamente. El Grupo Socialista entiende que el fin último de las ayudas percibidas para la adquisición, autopromoción y rehabilitación de la primera vivienda por sus titulares queda desvirtuado por su sometimiento a gravamen en el IRPF. De ahí que solicitemos su exención, siempre que el resto de ingresos del contribuyente no supere los 3,5 millones de pesetas.
Igualmente consideramos que deben eximirse del pago de tributación del IRPF las aportaciones de la Administración que sean consecuencia de catástrofes, incendios u otros sucesos de similar naturaleza. Por último, y con relación al punto dos de este artículo 1, proponemos actualizar a dos millones de pesetas el límite para acceder a la exención del pago tributario por la prestación de desempleo en una única modalidad de pago. En relación al punto tres del artículo que nos ocupa, proponemos una enmienda de adición por la que se exime de la obligación de presentación de la declaración del IRPF a todos aquellos pensionistas con ingresos inferiores a 3,5 millones de pesetas, aunque estos ingresos percibidos provengan de diversos pagadores. Creemos que esta enmienda se basa en el principio de equidad, ya que con la actual ley de acompañamiento este grupo de pensionistas, si recibiera esa cantidad por diversos pagadores, saldrían perjudicados en relación al resto del colectivo.
Respecto al artículo 2, hemos presentado dos enmiendas de adición.
Proponemos, en primer lugar, la derogación del artículo 127.bis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, porque en su versión actual es injusta, discriminatoria y no neutral al introducir diferentes tributaciones. En segundo lugar, proponemos la incorporación de un nuevo apartado en el artículo 33, por el que la inversión en activos afectos a la producción de energía pueda tener derecho a una deducción del 10 por ciento.
En el artículo 3 proponemos la supresión de los apartados tres y cuatro, dado que entendemos que no hay ninguna razón que justifique un tratamiento privilegiado de las ganancias patrimoniales y de las rentas de capital percibidas por no residentes.


La señora PRESIDENTA: Señora Costa.


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La señora COSTACAMPI: Para acabar, señora presidenta, proponemos tres enmiendas de adición al artículo 5. En la primera defendemos aplicar el tipo superreducido del IVA a todas las viviendas de protección oficial, cualquiera que sea su régimen. Igualmente, con el objetivo de reconocer la singularidad de las empresas municipales que realizan un servicio público, y a fin de que puedan tener un tratamiento tributario acorde con la función que realizan, proponemos también la modificación que queda recogida en el texto escrito. Y, por último, proponemos que las subvenciones que no integran la base imponible en el cómputo del IVA, que van dirigidas a los institutos tecnológicos y que están subvencionando proyectos de I+D, no queden contabilizadas en el prorrateo del cálculo. Sabemos que los institutos tecnológicos son agentes decisivos en la difusión de la tecnología, siendo, señor Martínez-Pujalte, tan importantes para las pequeñas y medianas empresas como la deducción fiscal que se propone, yo diría que mucho más. En todo caso, la que proponemos nosotros es la que ayuda a la inversión.
Nada más, señora presidenta. Termino mi turno porque el diputado señor Segura acabará con la defensa de este título I. Gracias.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, complemento la intervención del Grupo Parlamentario Socialista con unas consideraciones acerca de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del título I de este proyecto de ley que estamos debatiendo en estos instantes. En primer lugar, señorías, por lo que se refiere al artículo 8, constituye una preocupación para el Grupo Parlamentario Socialista la forma en que se está tramitando.
Como todos ustedes saben, porque ha sido objeto de muchas consideraciones en las Cortes Generales, Canarias, como consecuencia de una ley fiscal del año 1991 y de otra ley de régimen económico y fiscal del año 1994, de naturaleza esencialmente económica, dispone de un mecanismo de fiscalidad diferente del que tiene el resto del Estado español, derivado de la condición de región ultraperiférica y del reconocimiento histórico de una singularidad de esa comunidad.
Señorías, el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Canarias exige el informe favorable del Parlamento de Canarias cada vez que se produzcan modificaciones en los contenidos de las leyes a las que acabo de hacer referencia. Así pues, el Parlamento de Canarias emitió un informe desfavorable -un informe favorable necesita el voto de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento- en relación con el contenido del artículo 8 remitido por el Gobierno y nos encontramos con que no solamente dicho Parlamento no emitió un informe favorable del contenido de ese artículo remitido por el Gobierno, que se recoge en el dictamen, sino que, además, sin que haya mediado petición de informe al Parlamento de Canarias, a propuesta de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, que, cogiditos de la mano, presentaron cerca de 12 enmiendas firmadas conjuntamente por los dos portavoces de los dos grupos, se ha añadido al dictamen, no habiendo tenido siquiera oportunidad el Parlamento de emitir informe. Desde nuestro punto de vista, esto es una flagrante violación de un mandato derivado del Estatuto de Autonomía de Canarias. En los contenidos, naturalmente, no vamos a entrar por razones de premura de tiempo; simplemente hacemos referencia a este aspecto de naturaleza formal, aparte de manifestar que el incremento en la fiscalidad que se va a producir en Canarias en toda una serie de sectores está siendo rechazado no solamente por esos sectores, sino además por las corporaciones locales, que se van a ver afectadas como consecuencia de la disminución de los rendimientos económicos derivados del arbitrio a la importación, una figura tributaria coloquialmente conocida como APIC. Hay un incremento notable en la recaudación del Gobierno de Canarias, impulsado políticamente por la necesidad de rellenar unas lagunas deficitarias derivadas de una mala gestión en dos consejerías, la de Educación y Sanidad, y por ello es por lo que se producen esos incrementos en las figuras tributarias en el impuesto general indirecto.
En el artículo 11, señorías, nos preocupa la nueva regulación de la tasa de aterrizaje. En el día de ayer, el diputado que en estos momentos tiene la oportunidad de dirigirse a SS.SS., en el debate de la sección 17, Ministerio de Fomento, ya alertó al ministro diciéndole que en la ley de acompañamiento se produce una modificación estructural de la regulación de las tasas de aterrizaje que va a ser objeto de importante acción de recurso por parte de las compañías aéreas y de las asociaciones de consumidores. Se ha hecho con la finalidad de incrementar la recaudación de Aena, que va a aumentar, según la previsión, en unos 8.900 millones de pesetas, y nosotros...


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego vaya concluyendo.


El señor SEGURACLAVELL: Sí, señora presidenta.
Nosotros queremos dejar claro y patente que además lleva contenida una modificación del mecanismo diferenciador en el cobro de la tasa de aterrizaje en regiones archipielágicas, como es el caso de Canarias y Baleares, que ahora se elimina radicalmente. Se va a incrementar un 30 por ciento el coste de la tasa de aterrizaje en esos dos archipiélagos, y nos resultaría sorprendente que grupos parlamentarios que han defendido la posición de la diferenciación en el coste de las tasas hoy diesen su voto favorable a este artículo 11.
Termino, señorías, señora presidenta. El artículo 12, de tasas por la prestación de servicios por la Dirección General de Marina Mercante, nos merece muy brevemente unas reflexiones. En el punto 48, de los sesenta

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y pico puntos que integran ese artículo, certificado de navegabilidad de embarcaciones de recreo, queremos dejar muy claro que, dado que la Dirección General de Marina Mercante ha externalizado la función de control, de exigencia del certificado de navegabilidad de embarcaciones de recreo a empresas privadas, con el incremento que ahí se recoge se están posibilitando unas recaudaciones excepcionales en esas especies de ITV, ya que de la misma manera que hay en tierra las inspecciones técnicas de vehículos existen para las embarcaciones la ITB, por entendernos, es decir, empresas dedicadas a la inspección técnica de barcos...


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego dé por concluida su intervención.


El señor SEGURA CLAVELL: Si es tan amable, señora presidenta, son diez segundos.
El punto 51, refrendo de certificados emitidos por sociedades de clasificación, merece nuestro rechazo más absoluto. De ahí, señorías, señora presidenta, que nosotros reafirmemos, en los contenidos de estos artículos, la discrepancia total del Grupo Parlamentario Socialista y, en consecuencia, nuestro voto desfavorable.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Segura.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, empezamos el debate de la ley de medidas administrativas, sociales y fiscales, la ley de acompañamiento. La portavoz socialista nos dice que se hace un uso inadecuado del parlamento con esta ley. Con asombro se observa que el Grupo Socialista presenta enmiendas. Si les parece mal la ley, lo mejor es no presentar enmiendas, pero es que presentan enmiendas que modifican los preceptos un poco más de cuatro veces más que lo que hace el propio proyecto de ley.
Como muy bien dijo el portavoz del Grupo Popular, señor Cámara, en Comisión, esta no es una ley cuya paternidad haya que atribuírsela al Partido Popular, es una ley cuya paternidad corresponde al Partido Socialista, lo que es evidente es que tiene una enorme eficacia para ayudar a conseguir los objetivos del presupuesto de 2001. De hecho, el Grupo Socialista así lo reconoce al plantear enmiendas. Alo largo de este debate, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado enmiendas prácticamente de todos los grupos de la Cámara; hemos aceptado enmiendas de nuestro propio grupo, hemos aceptado enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Vasco (EAJ-PNV), del Grupo de Coalición Canaria y hemos aceptado enmiendas del Grupo Socialista. El Grupo Parlamentario Popular ha demostrado capacidad de consenso, capacidad de diálogo a la hora del debate del presupuesto para 2001 y lo hemos hecho porque creemos que es bueno construir un texto que ayude a hacer realidad los objetivos marcados en el presupuesto para 2001.
Esos presupuestos, señorías, son los que hemos ido citando a lo largo de la mañana, crecimiento, empleo, bienestar y presencia importante en Europa. Para la consecución de esos objetivos, el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno del Partido Popular, con la colaboración de otros grupos de la Cámara, como el Catalán (Convergència i Unió), como el de Coalición Canaria, lleva trabajando cuatro años en una reforma del sistema tributario que haga de nuestro sistema fiscal un instrumento eficiente para los objetivos de política económica, es decir, un instrumento que ayude al crecimiento, que ayude a la creación de empleo, que ayude a la internacionalización de la empresa española y que además sea un instrumento que reparta con equidad la carga tributaria. En eso hemos ido trabajando a lo largo de estos años. Hemos reformado -como también se ha dicho aquí esta mañana- el marco fiscal del ahorro, el marco fiscal de las pymes, hemos reformado el marco de tributación de sucesiones y donaciones de los pequeños negocios familiares, el marco fiscal para la internacionalización de la economía, hemos reformado también, por último, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con eso concluyó la legislatura anterior. Al inicio de esta legislatura mi grupo parlamentario convalidó un Real decreto de medidas fiscales, que trajo a la Cámara el Gobierno para seguir impulsando esa reforma tributaria y, posteriormente, para hacer frente a la situación más difícil por la que atravesaban algunos sectores especialmente castigados por el precio del petróleo, trajimos un Real decreto que convalidó mi grupo para apoyar a agricultores, pescadores y transportistas. ¿Cuál ha sido la posición del Grupo Socialista a lo largo de todas estas reformas? Votar siempre que no. Señorías, siempre han votado que no. Votaron que no en la anterior legislatura, han votado que no en esta legislatura; y siempre que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una reforma fiscal ha contado con los apoyos del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que además de apoyarlo ha hecho sugerencias muy importantes que se han ido incorporando, y con el del Grupo de Coalición Canaria, que también ha hecho sugerencias que se han ido incorporando. Y siempre, monolíticamente, el Grupo Socialista ha votado que no a las reformas fiscales. Parecía que iban a cambiar, parecía que el Grupo Socialista, después de su último congreso, mantenía otra posición, ya que modificaban sus planteamientos antiguos, y parecía que quería empezar a decir que una reforma fiscal que bajara los impuestos a los ciudadanos era buena. Vemos con asombro que siempre sigue votando que no a las reformas fiscales. Mi grupo parlamentario quiere seguir trabajando por construir un sistema tributario más moderno, más eficiente, más justo y además un sistema tributario que baje la imposición de todos los ciudadanos, sobre todo de los de rentas más bajas, de pensionistas,

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de las familias de asalariados. Nosotros estamos comprometidos en esta tarea. Ahora presentamos a la Cámara un presupuesto con equilibrio. Vamos a afrontar, al inicio del año, una modificación sustancial de la financiación de las comunidades autónomas y, posteriormente, seguiremos afrontando reformas fiscales que tenemos comprometidas en nuestro programa para bajar la imposición en el IRPF y para eliminar el IAE en la imposición de las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el Grupo Socialista presenta un grupo de enmiendas llenas de incoherencia, y me voy a referir a ello, señora Costa.
Nosotros en la legislatura pasada dijimos que queríamos que las pequeñas y medianas empresas tributaran menos, lo dijimos porque estábamos convencidos de que éstas tenían que ser motor del crecimiento, y establecimos, con los votos del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de Coalición Canaria, y en esa ocasión también del PNV, un tipo impositivo del 30 por ciento para las pymes societarias, entendiendo por éstas a aquellas con un volumen de facturación de 350 millones de pesetas.
Dice posteriormente que el Grupo Parlamentario Popular también apoyó con un real decreto-ley de junio que esa rebaja llegara a más pequeñas y medianas empresas, y estableció que eso fuera efectivo para todas las empresas con un volumen de facturación hasta 500 millones de pesetas. El Grupo Socialista presenta una enmienda a ese proyecto de ley en Comisión diciendo que no, que el 30 por ciento se aplicara a todas las empresas hasta 1.000 millones, y la señora Costa dijo ese día en la Comisión: nuestro grupo quiere que se apoye realmente a las pymes, si no se da un apoyo a la enmienda presentada por el Grupo Socialista ampliando ese tipo para las empresas hasta 1.000 millones de facturación no estaríamos defendiendo una posición ideológica, sino que ustedes no tendrían una posición de sentido común, no estarían legislando con honradez. Eso lo dice usted en Comisión y posteriormente presenta una enmienda para que eliminemos ese tipo impositivo, y dice que hay que hacerlo en otro sitio. Yo le digo: mire, señora Costa, hoy, cuando su grupo parlamentario vote la enmienda 220, si usted vota en el sentido que le indique su grupo, estará contradiciéndose con sus palabras dichas en Comisión, y esa es una muestra de la incoherencia en materia tributaria del Grupo Socialista, que dicen un día una cosa, al día siguiente otra, y así no construimos un sistema tributario que ayude a conseguir los objetivos de política económica. Así no avanzamos, señora Costa. Yo le animo a que su grupo retire la enmienda 220 y que dejemos el tipo impositivo del 30 por ciento para las pymes. Retiren ustedes esa enmienda si son coherentes. Pero si retiran esa enmienda, se les desmonta todo el entramado de las enmiendas que habían presentado al proyecto de presupuestos del Estado, y eso no lo pueden hacer. Así no construyen discursos coherentes, los discursos coherentes pasan por reformas tributarias que ayuden de verdad a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, a los objetivos de política económica.


Señora Costa, hoy nos dice que han presentado una enmienda para declarar exenta la prestación del pago único del desempleo. Yo se lo agradezco, señora Costa. Pero tiene que saber que mi grupo parlamentario, en 1996, ya introdujo esa exención hasta medio millón, y ustedes votaron que no; que en 1997 elevamos esa exención hasta un millón, y ustedes votaron que no, y que en el trámite de ponencia de este proyecto hemos incluido una enmienda elevando la exención a dos millones, y el Grupo Socialista votó que no hace una semana. Señora Costa, así no se puede avanzar en un diálogo fructífero para construir un sistema tributario adecuado. Mi grupo parlamentario va a votar que sí al proyecto de ley y no podemos votar más que negativamente a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.


Quiero decir una cosa antes de acabar, señora presidenta. No está aquí el señor Segura, pero quiero decir con claridad que mi grupo parlamentario, con el Grupo de Coalición Canaria, introdujo en ponencia unas enmiendas referentes al sistema tributario en Canarias -lo que marca la ley es que se consulte al Parlamento canario-, enviamos el escrito a la Mesa del Congreso, que ha decidido por unanimidad, y siguiendo el marco legal vigente, enviarlo al Parlamento canario. O sea, que el señor Segura, con mucha solemnidad, ha querido confundir a esta Cámara. Mi grupo está empeñado, señorías, en seguir trabajando por tener un sistema tributario que reparta con equidad la factura fiscal, que haga que paguen menos impuestos los españoles, sobre todo los asalariados, las familias, los pensionistas...


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que termine.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Y además vamos a seguir trabajando, porque eso crea empleo y mejora el bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del título II. En primer lugar, enmiendas del señor Puigcercós. Título II

Tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendida la enmienda del señor Puigcercós y las demás del Grupo Mixto, y voy a defender las dos enmiendas del Bloque Nacionalista Galego. La primera es una enmienda de sustitución del apartado b), párrafo primero, del artículo 23 del proyecto de ley, que persigue que los intereses en caso de autoliquidación se calculen desde el momento de la fecha del ingreso y no, como sucede ahora, desde el momento de la liquidación, porque pensamos que la buena fe del cotizante

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siempre se presume. Por tanto, salvo que se demuestre lo contrario, parece que no tiene sentido penalizarlos, al menos parcialmente, con este pago de intereses. En segundo lugar, presentamos al artículo 23 una enmienda de supresión, porque no nos parece adecuado establecer una renta activa de inserción -sobre todo cuando determinadas comunidades autónomas, como es el caso de la gallega, tienen ya establecidos salarios sociales- sin el debate necesario para un proyecto de ley de este tipo, sin haber negociado antes con las comunidades autónomas, que realmente son las que tienen competencia en materia de asistencia social. También es criticable establecer esta renta mínima de inserción social a través de una habilitación reglamentaria al Gobierno, lo cual convierte esta renta de inserción social, aparte de invadir competencias autonómicas, en algo absolutamente inestable, es decir, un año se puede establecer y al año siguiente, por una disposición reglamentaria en sentido contrario, suprimir.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Txueka, adelante.


El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas 198 y 199, y voy a defender la enmienda 194, que se refiere a la Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial.
Como es sabido, la falta de reconocimiento del pluralismo lingüístico y cultural en el régimen anterior dificultaba e impedía la enseñanza en la lengua actualmente oficial distinta al castellano, imposibilitando, entonces, el reconocimiento de los derechos de Seguridad Social, con lo cual quedan perjudicadas sus posiciones a la hora de acceder actualmente a prestaciones de dicho sistema.
El artículo que proponemos será aplicable cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en que se devengue la prestación y viene a considerar como cotizados, o como servicios prestados en terminología de clases pasivas, los cursos en los que se impartió la enseñanza. Lógicamente, resultará innecesario cuando el trabajador haya alcanzado el máximo derecho establecido legalmente. No procederá tampoco el abono cuando no hubiese sido posible la cotización en una situación análoga pero legal ni cuando el período ya hubiese sido cotizado. Se limita al reconocimiento a una determinada generación -las personas mayores de 50 años- y, tratándose de una enseñanza clandestina e informal en muchos aspectos, dicho reconocimiento requiere facilitar la prueba que se llevó a cabo, por lo que establecemos un procedimiento administrativo en el que se otorga competencia a la Administración educativa.
Se nos están planteando dudas por parte del Gobierno y del Partido Popular, como que no existe la cuantificación. Yo desearía tranquilizarles manifestándoles que no es que ésta sea muy pequeña, sino que será meramente simbólica y también diciéndoles que podrían crearse agravios comparativos con otros colectivos, por ejemplo, los sindicalistas. Nuestra opinión es que si existe un agravio, si existen otros colectivos en situaciones parecidas, sería de justicia tenerlos en cuenta. Por lo tanto, se calculará y se atenderá.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este título II de la Ley de acompañamiento ha presentado varias enmiendas que van en la dirección en la que este grupo parlamentario ya viene insistiendo desde hace mucho tiempo, porque que el empleo debe ser nuestra prioridad política es algo tan repetido que puede pasar a ser una verdad tan manida como poco operativa. En diversos debates, Izquierda Unida ha reprochado al Gobierno que no desarrolla consecuentemente las políticas de empleo, al menos no lo suficiente como para dar seguridad a los desempleados y desempleadas en un futuro menos comprometido.
Hemos reprochado al Gobierno, y volvemos a hacerlo hoy, que estos presupuestos no son en materia de empleo otra cosa que un acompañamiento escasamente activo de la evolución económica. Los datos persisten en darnos la razón. La EPA del tercer trimestre ha revelado el crecimiento del ritmo de descenso del desempleo -menos 1 punto frente a casi 7 puntos del trimestre anterior-. Hay quien lo ha llamado efecto bañera; yo lo llamaría jarro de agua fría, derivado de un parón de la actividad económica que parece que va a ser menos venturoso de lo que hace unos días, en la peregrinación del Gobierno no sé si al Congreso de Convergència o a Cataluña, decía el propio presidente del Gobierno, señor Aznar. En otras palabras, cuando la economía española no va -pues no se acaba con el desempleo-, cuando se para, mucho o poco, da igual, éste vuelve a aparecer como una amenaza. Todo presupuesto que sea como éste, un simple acompañamiento, no interviene ante el desempleo como en estos momentos desearía la economía española.
Hemos insistido en diversos debates presupuestarios en la necesidad de auspiciar un crecimiento de las políticas activas similar al de la economía española frente a la lógica de estos presupuestos del Estado en los que el crecimiento de las políticas activas es inferior al de la economía.


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Pero eso no es suficiente. Ante nosotros aparece la necesidad de afrontar iniciativas estructurales que permitan dar un salto cualitativo en la actitud ante el desempleo. Tarde o temprano, nuestro país, como han hecho otros, ha de plantearse el problema del tiempo de trabajo y su reorganización. Ya sabemos que esta cuestión no está en los genes de la derecha política, que ustedes tienden a observar el movimiento histórico de la reducción de jornada como una intolerable apropiación de la productividad por parte de los trabajadores. Déjennos decirles que a muchos nos parece intolerable la apropiación de la productividad que condena a un 14 por ciento de la población activa al desempleo.
Parece que los analistas del papel sepia empiezan a advertir que el trabajo precario y temporal no se convertirá en productividad generadora de empleos gracias a la nueva economía. Las cosas, como era evidente, son bastante más complicadas y bastante más difíciles.
En este contexto, les proponemos considerar la duración de la jornada laboral, su reordenación, el problema de las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial como una forma de empleo voluntario y con derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo. Éste es el objetivo de nuestra enmienda más relevante a esta Ley de acompañamiento.
Por otra parte, las horas extraordinarias constituyen la expresión de un reiterado fracaso de nuestro modelo laboral. Mientras nuestra economía no establezca mecanismos de control y negociación colectiva en este campo, no tienda a compensar con tiempo y no con salario la prestación extraordinaria o no penalice estableciendo menores y más rígidos topes a su realización, será imposible que esta práctica se limite al carácter extraordinario que la justifica. Debemos ser conscientes de que la superación de las horas extras no acumula tiempo de trabajo que permita cambios estructurales en la creación de empleo. Desde esta perspectiva, les proponemos la introducción de la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial. La tendencia de reducción de jornada, que empezó en los años ochenta, se ha detenido.
El hecho bastante grave desde este punto de vista es que, a partir del segundo trimestre de 1999 -y nos referimos a jornada efectiva-, la jornada ha aumentado salvo en el sector de la construcción; es decir, no sólo tenemos pendiente el impulso de la reducción de jornada, sino que se camina justo en la dirección contraria. En este campo es fundamental impulsar la negociación entre los agentes sociales, impulsar la negociación de todos los ámbitos de nuestra economía, que es una responsabilidad del Gobierno y de su capacidad de influencia. La diferencia entre jornada negociada y no negociada en trabajadores a tiempo completo es casi de cinco horas.
Nos tememos que el señor Aznar impulsa una reforma del mercado laboral que desprecia los tres problemas más serios del mercado de trabajo: la insuficiencia de cobertura, la temporalidad y la organización del tiempo de trabajo. Por el contrario, insiste en el precio de salida del mercado de trabajo como variable determinante, cuando no hay un solo dato que demuestre que el problema de fondo se encuentre en este punto. El Gobierno debe asumir su propia responsabilidad en cuanto al desarrollo de las reformas de todo tipo necesarias para que la reducción del tiempo de trabajo sea abordada en su sentido más amplio en el marco de la política de fomento del empleo. A este respecto, no dejamos de reclamar que se establezca cuanto antes la elaboración de los instrumentos normativos y financieros más adecuados para promover la reducción general de la jornada laboral. Ésta es una demanda que habrá de imponerse en la economía española.
Otro elemento relativo a la reordenación del tiempo de trabajo es la jubilación. Proponemos la anticipación de la jubilación a los 60 años, estableciendo la propuesta de incluir esta jubilación y el contrato de relevo entre las medidas a incentivar. Ustedes, a impulso del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, persisten en la dirección contraria en nombre de la defensa del sistema de pensiones. Señorías, este argumento es el que mejor expresa su desconfianza a largo plazo en que la economía española sea suficiente para crear empleo. No parece que ustedes deseen más cotizantes, sino cotizantes más viejos.
Una segunda política, además de la reducción del tiempo de trabajo, debería ser la creación de empleo estable y de calidad. La temporalidad y la rotación de trabajadores es un hecho indiscutible, reflejo de la incapacidad estructural de la economía española frente al empleo. No se encuentra en los presupuestos ningún atisbo de iniciativa que vaya más allá de la bonificación de cuotas. Nuestras enmiendas proponen incentivos en los presupuestos del Estado a las empresas que implantan las 35 horas con empleo estable y contratos de relevo, y penalizaciones en el campo del uso y abuso de las ETT.
Proponemos, y creemos que podemos moralmente exigir, una actitud ejemplar de la Administración. Los recursos públicos y su gestión deberían vincularse a la reducción de la temporalidad y el abuso de la misma y sus empresas gestoras en la propia casa pública. Por el contrario, como hemos tenido oportunidad de debatir estos días, la gestión pública viene amparando el aumento de la temporalidad.
La tercera política que anima a nuestras enmiendas es la articulación de un modelo de rentas que impida la exclusión social. No compartimos la evaluación de las tasas de cobertura que contienen los documentos presupuestarios, pero no vengo a debatir sobre estadística, porque sería suficiente constatar que, según esas cifras, cuatro de cada diez parados, la mayoría con responsabilidades familiares, carecen de renta de sustitución. En este contexto, que ustedes definen de equilibrio de cuentas públicas, de un déficit cero que cada día parece más improbable como insolidario, proponemos, en primer término, un esfuerzo presupuestario para completar el sistema de subsidios estableciendo para estas personas

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una renta mínima. La renta mínima, señorías, constituye otra reflexión insoslayable si se desea dotar a nuestro sistema económico de una barrera a la exclusión. Esta será en el futuro la diferencia entre un Estado de beneficencia, compasivo, como se dice ahora, o un Estado de bienestar. La capacidad de enfrentarse a la exclusión y, tarde o temprano, el sistema de rentas de inserción será el modelo que nuestra sociedad deberá aceptar como el más útil y más coherente con un sistema social basado en la protección a las personas.
Forma parte de la misma reflexión el debate que debe efectuarse sobre el salario mínimo. Proponemos mejorar notablemente su dotación y garantizar una revalorización coherente con la evolución real de los precios y la pérdida de capacidad adquisitiva de este instrumento de protección.


La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz, le ruego concluya.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Sí, estoy acabando, señora presidenta.
Independientemente del resultado de este debate, animamos a SS.SS. a realizar una reflexión de contenido social. La actividad económica de períodos precedentes no ha garantizado el pleno empleo del que en algún momento de euforia se ha llegado a hablar. Ahora que se produce una ralentización, deberíamos estar al menos en condiciones de responder sin dejarnos llevar pasivamente por el mercado. Esta izquierda, señorías, para terminar, no cree que cuanto mejor, peor; por lo tanto, no expresa ninguna alegría al comprobar que algunas referencias a lo vulnerable, por externo, de nuestras tasas de crecimiento económico eran acertadas. Lo que afirmamos es que esta izquierda sí tiene el desempleo entre sus prioridades y no dejará de convocar a la sociedad española a una reflexión permanente sobre un crecimiento basado en la justicia, esto es, en el reparto de las posibilidades en términos de empleo y de renta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, voy a proceder a la defensa de las dos enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado al título II del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social. En primer lugar, la número 142 hace referencia a la gestión de la ayuda específica de la renta activa de inserción. En ese sentido, el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, cuando define la acción protectora de la protección por desempleo, incluye dentro de ésta las acciones de formación e inserción profesional a favor de los desempleados. La gestión de las políticas activas ha sido transferida a diversas comunidades autónomas, de manera que las actuaciones favorecedoras de la inserción laboral dirigidas a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo deberán ser gestionadas por la Administración competente en el territorio que corresponda. Por este motivo, mi grupo parlamentario propone incorporar al final del artículo 23 una referencia a que estas ayudas serán gestionadas por la Administración competente en materia de gestión de las políticas activas de ocupación; enmienda que entendemos como necesaria y aclaratoria respecto a quién corresponden las competencias para llevar a cabo estas tareas gestoras.
La segunda y última de las enmiendas presentadas por mi grupo a este título II del proyecto de ley de medidas de acompañamiento hace referencia a la cotización por contingencias de trabajo y enfermedad profesional de determinadas categorías de empleados. Así, entendemos que determinados empleados, como encargados, taquilleros, administrativos, etcétera, que presten sus servicios en aparcamientos al aire libre y no en espacios cerrados, deben cotizar por el epígrafe 108 por razón de su mayor riesgo o peligrosidad en el desempeño de sus tareas, mientras que las mismas categorías de empleados que cumplan sus tareas en ámbitos cerrados creemos más lógico incluirlas en el artículo 113, equiparándolos a empleados de oficinas en general.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, voy a defender conjuntamente las nueve enmiendas que tenemos al título II y las nueve transaccionales, ya que al estar todas relacionadas, me repetiría un poco al subir dos veces a esta tribuna.
Estamos hablando de una ley llamada, en términos coloquiales, Ley de acompañamiento a la que casi podríamos llamar la madre de todas las leyes, porque es la ley que todo lo cambia y todo lo toca. Durante un año y pico hemos estado haciendo leyes y llega ésta y todas las toca y nos las cambia todas. Nos preguntaba antes el señor Martínez- Pujalte que si no estábamos de acuerdo con ella por qué presentábamos enmiendas. Si no estás de acuerdo con una cosa, por lo menos hay que intentar cambiarla, si no en todo, en aquello que puedas. Supongo que yo no voy a tener la gran suerte, como decía el señor Martínez- Pujalte, de que me vayan a aceptar alguna enmienda, pero por lo menos voy a

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poner las ganas y lo voy a intentar a ver si les ablando un poquito y consigo que me acepten alguna.
Anteayer había un debate en los medios de comunicación porque había levantado mucha expectación la última encuesta de la EPA, que venía a decir que tres cuartas partes de los parados se pronunciaban en contra del desplazamiento, es decir, de aceptar un puesto de trabajo en otra provincia fuera de su lugar de residencia. Se hacían comentarios en el sentido de que parece que esa gente no quiere trabajar, que no quieren un empleo.
Señorías, hay un informe del CES que habla precisamente de la movilidad geográfica y les recomiendo de verdad que lo lean no sólo todas SS.SS. sino el Gobierno, porque en él se explican varias de las razones por las que esta gente no puede estar de acuerdo con el cambio de ciudad, es decir, con la movilidad geográfica. Sólo les voy a citar dos ejemplos. Uno es que no vale lo mismo el metro cuadrado de vivienda en Extremadura que en Madrid, pero no hay mucha diferencia en los salarios de los nuevos empleos que se crean en Extremadura o en Madrid: mientras que una vivienda en Madrid vale tres veces lo que una en Badajoz, el salario de Madrid no es tres veces el de Badajoz. Otro es que no es lo mismo lo que se paga por metro cúbico de agua en Sevilla que lo que se paga en Barcelona, donde abonamos cuatro veces más, pero el salario no es cuatro veces superior en Barcelona que en Sevilla. Señorías, si a esos trabajadores se les ofrece un salario en los términos en que se está haciendo es razonable que no lo acepten, porque así no pueden vivir.
Yo recuerdo que hace unos meses los hosteleros de Lérida y Barcelona tenían problemas para poder contratar en el Valle de Arán a trabajadores de la hostelería del Baix Llobregat que estaban parados porque les ofrecían 70.000 pesetas. Y es lógico, porque desplazarte a 100 kilómetros, pagar una vivienda, comer y vivir con 70.000 pesetas es realmente difícil. ¿Y qué pasa con tu familia y tu casa? Ese es uno de los problemas por los que realmente no se quieren cambiar de ciudad.
Decimos que estamos creando empleo. Sí, estamos creando empleo, pero algún día tendremos que empezar a pensar qué empleo estamos creando.
No me dirijo a usted especialmente. Estamos permitiendo que las grandes empresas, con condiciones de trabajo y convenios muy ventajosos estén externalizando, que no es otra cosa que rebajar condiciones de trabajo y salarios. Como no pueden rebajar los convenios, despiden a los trabajadores, los contratan con el nombre de otra empresa haciendo la misma labor, a veces en el mismo lugar, como es el caso de Ericsson aquí, en Madrid. ¿Y qué sucede? Que los que antes ganaban 200 ahora perciben 140 por hacer lo mismo, en el mismo lugar, con la misma máquina y entrando por la misma puerta.
¿Estamos creando empleo? Sí, pero, ¿qué empleo? ¿Qué clase de empleo estamos creando? Contratación estable. El ministro de Trabajo nos ha dicho varias veces aquí, y el secretario de Estado también nos lo ha repetido, que los contratos estables han aumentado, han subido mucho. Yo le pedía el otro día que me confírmase si el 30 por ciento de los contratos estables que se han firmado en este país en los dos últimos años están rescindidos. Fuera de micrófonos me dijo: no son tantos. Seguramente son más, porque se están rescindiendo.
La contratación temporal, la contratación en precario, sigue igual.
Es muy bonito subir aquí y decir: ¿quién ha creado tanto empleo? Nosotros. La realidad es muy tozuda y está ahí. ¿La economía va bien? Sí, pero la gente cada día tiene más problemas para llegar a final de mes. Por una sencilla razón: miren los ingresos. ¿Los ingresos del Estado cuáles son? Cotizaciones sociales, impuestos indirectos e impuestos directos. ¿Han bajado los impuestos? Sí, los que paga cada uno en función de lo que gana. Pero han subido los indirectos, que son aquellos que pago yo, que gano 500.000 pesetas, lo mismo que el pobre pensionista que cobra 80.000. Eso es lo que han hecho. ¿Les han asegurado las pensiones? Sí, pero hoy viven peor con su pensión asegurada de lo que vivían hace dos años con la misma pensión asegurada. Lo que tenemos que empezar a decirles, y yo siempre lo hago, es que un pensionista tiene su pensión asegurada gobierne el PP o gobierne el PSOE, porque es suya, porque le corresponde y porque se la ha ganado a lo largo de su vida. No se la regala nadie, es suya y le pertenece.


Por lo tanto, señorías, yo creo que deberíamos empezar a situar la cuestión, porque yo tengo a veces la sensación de que tanto el Gobierno como el Grupo Popular se dedican a decir: en el futuro vamos a hacer esto, los objetivos del futuro son aquéllos, pero no sé a qué futuro se refieren. Igualmente dicen: ustedes en el pasado lo hicieron mal, hicieron mal esta ley y esto otro también. Y entre hablar del futuro y criticar el pasado, resulta que los problemas de hoy, los que tienen los ciudadanos para poder vivir y seguir adelante, los que tenemos delante los ojos, no los solucionan. Yo creo que hay que empezar a resolver esos problemas.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a estos presupuestos que son para el siglo que viene, es decir, para el principio del siglo que viene. Estos presupuestos contienen unas medidas y unos programas del siglo que acaba, por no decir, quedaría muy fuerte, del siglo pasado porque todavía estamos en él. Son lo mismo. Les podemos cambiar el nombre, en vez de escuelas taller podemos llamarles talleres de empleo, pero contiene lo mismo; y la producción y la situación organizativa de las empresas no son las mismas, requieren más proyectos, más imaginación, y que aprovechemos el momento en que estamos para consolidar cosas hacia el futuro, porque ustedes, que saben mucho más de economía que yo, saben que los ciclos suben y bajan. En ese sentido van nuestras enmiendas.
Hablamos de fomentar, ni siquiera por ley; hablamosde bonificar para que haya reparto del trabajo; hablamos

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de controlar las horas extra. ¿Cuántas horas extra se hacen en nuestro país sin ningún control? Nosotros hablamos exactamente de eso, pero también hablamos de que hay que cumplir aquellas leyes de las que todos nos hemos dotado. Tenemos el Pacto de Toledo. Si metiéramos en una cuenta una peseta cada vez que mencionamos el Pacto de Toledo podríamos subir algunas pensiones en una estimable cantidad. El Pacto de Toledo habla, y todos los agentes sociales y los grupos estamos de acuerdo en que los complementos a mínimos no son contributivos. Lo dice el Pacto de Toledo y está firmado con los agentes sociales, pero este año siguen pagándose con dinero de las cotizaciones contributivas. Estamos hablando de 670.000 millones de pesetas que deberían ir al fondo de reserva para el futuro, para cada vez que aumenten los pensionistas.


La señora PRESIDENTA: Señora López, le ruego concluya.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a ir concluyendo, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: No, no, le ruego que concluya, señora López.
Tiene su límite de tiempo consumido y nos queda un largo debate por delante.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Terminaría diciendo dos cosas, muy brevemente.
Una, aquí hay programas con imaginación para generar y consolidar empleo, para garantizar que el Pacto de Toledo se cumpla. Señor Azpiroz, no me diga -yo sé que comparte las medidas que está contempladas aquí- que está pendientes de negociación con los agentes sociales, porque ustedes sabían que esta ley se iba a traer aquí y podían haber iniciado las negociaciones antes. Usted sabe que las medidas que proponemos, no sólo las de cotizaciones sociales sino todas las demás, son necesarias para generar un empleo de calidad, y sobre todo para incorporar a la mujer al mundo del trabajo, porque el problema de los malos tratos no se soluciona cambiando el Código Penal y endureciéndolo, sino dándole un empleo de calidad a la mujer, preparándola, dando dinero para la formación, que sea independiente económicamente y pueda decidir con quién vive, dónde y cómo quiere vivir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señoras y señores diputados. Yo creía que el debate estaba prácticamente agotado por reiterado en sus diversas fases de comisión, de Pleno, de proyecto de presupuestos, de parte articulada, sección 19, sección 60, ley de acompañamiento, pero veo que hay una especie de multirreincidencia.
Yo no me voy a referir ahora a las palabras genéricas del portavoz de Izquierda Unida, porque ni siquiera está presente -seguro que está viendo el debate por televisión-, pero sí haré alguna mención previa, porque quería dar respuesta cumplida de todas y cada una de las enmiendas, dar nuestra opinión y desmontar los argumentos. Aquí se habla de proyectos alternativos y hay que saber cuáles son, en qué consisten y si son válidos, funcionales, viables o no; o incluso si cosas que se proponen desde la oposición se están ya ejerciendo y practicando por el Gobierno de la nación o no.
Se han dicho muchas cosas relativas al empleo. Ayer di un dato. Que en este país, desde 1996 al momento actual, estemos en una cifra próxima a los dos millones y medio de empleos hace posible que se plantee una discusión en torno a la calidad del empleo. Hace cuatro años no era posible este debate. Hace cuatro años el debate era la lacra del paro, el que la gente no tenía derecho a trabajar. Tendrá que reconocer S.S. que esta sociedad y este gobierno alguna responsabilidad, algún éxito y algún patrocinio habrán tenido en este hecho. (Aplausos.) Hablaremos en el futuro, ¡cómo no!, de un debate presente, no sólo en nuestra sociedad sino en muchas sociedades europeas, sobre la calidad del empleo, la rotación, la precariedad y la externalización. Hablaremos de qué resultados se están dando donde gobiernan partidos socialistas. Intentaremos hablar en positivo para buscar soluciones que contribuyan a mejorar a ese objetivo que compartimos de dotar de calidad de vida a nuestros ciudadanos y a las prestaciones en sus contratos de trabajo. Hablaremos, si se quiere, de la movilidad. Aquí se utiliza el argumento de cómo un señor de Badajoz va a venir a trabajar a Madrid, con lo caro que está Madrid.
Invierta S.S. el argumento. ¿Es que un señor de Madrid no puede ir a trabajar a Badajoz y comprarse una casa grande o ahorrar con el cambio de vivienda? Las posibilidades no son unidireccionales. No quiero entrar en este debate porque existe una ventana abierta a la discusión y que tendremos que andar en el tiempo.
Dice la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y algún otro interviniente que los presupuestos son continuistas. Yo le digo que son mejor que continuistas, son mejores porque este año va a haber equilibrio presupuestario. No me gusta mucho hablar de estadística porque en democracia la palabra estadística parece que es la palabra no argumento, pero es un dato objetivo. Los datos estadísticos acreditan que cuando hay déficit se destruye empleo y cuando no hay déficit se crea empleo. Anteayer dije que esto era un vaso comunicante perfectamente constatable. De manera que este presupuesto es continuista en lo que tiene bueno lo otro, que tan mal no nos fue ni en términos de empleo, ni en términos de cotización, ni en términos de inversión de la curva financiera de la Seguridad Social de déficit a

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superávit. Por lo que acabo de apuntar, es mejor porque consigue el deseado equilibrio financiero.
Dicho esto, en el tiempo que me queda intentaré entrar en las enmiendas. La enmienda 232, del Grupo Parlamentario Socialista, solicita la prescripción de cinco años para los supuestos de falta de ingreso de la cotización, alta o descubierto. Ya dije en Comisión que se han reducido y homologado los plazos prescriptorios del campo laboral y los del campo tributario o fiscal, y que por razones de seguridad jurídica, de homogeneización y porque no hay un motivo para establecer tan sólo cinco años, entendemos innecesaria la enmienda porque ya se garantizan los derechos de los trabajadores.


Con relación al interés legal en los supuestos de devolución por autoliquidación practicada por el cotizante (enmiendas 233 del Grupo Parlamentario Socialista , 175 del Bloque Nacionalista Galego y 23 de Izquierda Unida), estamos de acuerdo en que se presume la buena fe, pero no estamos de acuerdo con que se imprime la ineficacia del ciudadano. El error no tiene por qué ser apoyado de forma positiva, porque lo que vamos a hacer es favorecer el error de los contribuyentes -en este caso cotizantes de Seguridad Social- en su autoliquidación.
Fondo de reserva. Enmienda 234 del Grupo Parlamentario Socialista. El artículo 91.1 de la actual Ley de la Seguridad Social respeta escrupulosamente la recomendación segunda del Pacto de Toledo. He dicho también que en cuanto a la afectación automática, ipso iure, al fondo de reserva todos los excedentes que se produzcan en la Seguridad Social, puede contravenir no sólo las legítimas aspiraciones de diálogo y acuerdo entre los interlocutores sociales, sino abordar otros temas que afecten a las pensiones. Si todo el superávit lo dedicamos automáticamente a excedente, tal vez otras legítimas pretensiones de subida de pensiones mínimas, de actualización o de mejora de pensiones de viudedad y orfandad, por poner algún caso, no se podrían afrontar. La enmienda 235 del Grupo Socialista propone que no se bonifiquen los contratos con subvenciones de desempleo, y solicita la supresión del punto 2 del artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Quiero decirle a la señora López i Chamosa que el cambio normativo se ha producido con una convalidación del Real Decreto 5/ 1999, de 9 de abril del pasado año y que este asunto fue objeto de discusión y de aprobación democrática y mayoritaria por esta Cámara.
Consideramos que la acción del desempleo debe ser de protección integral, no sólo en prestaciones sino también en prestaciones formativas, en políticas activas y no sólo en políticas pasivas. Está funcionando bien y la supresión que solicitan lo impediría.


En cuanto a la enmienda 236, relativa a la equiparación de las pensiones de viudedad mínimas para los beneficiarios de 60 a 64 años, están dialogando los interlocutores sociales y, sin duda, lo tienen también encima de la mesa. Habría que distinguir aquellas pensiones de viudedad en las que el beneficiario puede tener un buen trabajo y aquellas en las que no, porque supongo que de lo que se trata es de dotar de un mínimo suficiente de subsistencia a aquellas pensiones que carecen de cuantías razonables. Por lo que se refiere a complementos a mínimos, hemos hablado con holgura y, por tanto, abandono mayor argumentación.
La enmienda 238, relativa a horas extraordinarias, coincide básicamente con las números 8 y 44, de Izquierda Unida. El 3 de octubre debatimos en esta Cámara la reducción de las horas extraordinarias, incluso la reducción de la jornada, por lo que no les aburriré a SS.SS. Lo que solicitan es materia de negociación colectiva, pero me remito a los argumentos que expuse en su día.
Por lo que se refiere a las enmiendas 244 y 266 del Grupo Socialista, 176 del Bloque Nacionalista Gallego, y 198 y 199 del PNV, relativas al plan de renta activa de inserción, quiero reiterar el argumento dado en Comisión de que es un proyecto que tiene carácter temporal.
Se inició el año pasado con el Real Decreto 236/2000 para este ejercicio y se va a hacer para el año 2001, pero todavía no tiene una clara vocación de estabilidad temporal, de ser indefinido. Si lo tuviera, estamos de acuerdo en que habría que abordar el asunto con un proyecto de ley. Mientras tanto, es suficiente y respeta escrupulosamente la legalidad la habilitación que se ha conferido al Gobierno a través de esta ley de acompañamiento de los presupuestos.
Por lo que se refiere a la enmienda 141 de Convergència i Unó, sobre la misma materia, es innecesaria. En el real decreto al que acabo de hacer mención ya se recogió expresamente, como no podía ser de otra forma, el escrupuloso respeto a las competencias que en la citada materia tienen las comunidades autónomas. Ocurrirá lo mismo y pueden estar ustedes totalmente tranquilos al respecto.
La enmienda 142, de Convergència i Unió, propone que determinadas cotizaciones de guardas de garaje, etcétera, por contingencias tales como accidentes de trabajo, se regulen de una forma determinada. Dije en Comisión y repito que el Gobierno se está planteando una reforma global de toda la cuestión, que afecta al Real Decreto 2930/1979, y no nos parece oportuno una enmienda tan pequeña y parcial, que podrá tener acogida, con los informes necesarios en esta materia, a la hora de la reforma legal completa. Las enmiendas 175 y 176, del Bloque Nacionalista Galego, son equivalentes a las que ya he comentado números 233 y 240, del Grupo Socialista.
El Partido Nacionalista Vasco suscita, en la enmienda 194, un tema cuya motivación entendemos. Compartimos el reconocimiento a aquellas personas que han contribuido al mantenimiento de una situación cultural, lingüística y plural en nuestro país, pero también hemos expuesto algunos datos que avalan el que no podamos aceptar la formulación actual. Quizá en el futuro se puedan encontrar otros caminos, pero no

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podemos aceptar esta enmienda porque, como he dicho, en colectivos que se han encontrado anteriormente en una situación similar, el reconocimiento de los días de cotización ha venido compensado con una cotización efectiva o con una capitalización que hiciera no gravosa la Seguridad Social y, además, el reconocimiento de días para cualquier cotizante debe estar, efectivamente, pagado. Esto afectó a los sacerdotes, a los religiosos secularizados, a los procesos de presos a través de amnistía, etcétera. Por otro lado, podríamos plantear que esto afecta al carácter contributivo y proporcional, que son principios básicos del Pacto de Toledo, incluso a la práctica de la prueba. Se ha hecho una redacción que pretende recoger razonablemente esta materia, pero es un tema dificultoso. Puede dar lugar a una situación de discriminación. Usted decía con razón: si hay sindicalistas clandestinos, contémplelos; pero, de hecho, la ley no lo contempla. En otro contexto, nuestra opinión podría ser diferente.
Creo que algo de razón tiene el PNV en la fundamentación de la enmienda 200. No hemos encontrado la fórmula que le manifesté estudiaríamos para este trámite; tal vez acabe dándosele acogida en el Senado.


La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya, por favor.


El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señoría. Procuraré ser lo más breve posible, pero tengo la dificultad de que trato de dar respuesta a todas las enmiendas. Abusando de su amabilidad, haré una rápida mención a las enmiendas más relevantes.
A Izquierda Unida tengo que decirle que en el ordenamiento jurídico está contemplado el contenido de su enmienda 12. Plantean la modificación del Real Decreto- ley 1/1994, relativo a acción protectora de la Seguridad Social en materia de cooperativas; quedó aprobado en el Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, el famoso tema de la contratación a tiempo parcial dentro de las cooperativas; está resuelto. Proponen una modificación del Real Decreto 11/1998, sobre contratos de interinidad; ha quedado incorporado en la Ley 39/1999 y, en particular, en su disposición adicional primera, donde se establece el derecho que ustedes pretenden dar. El Gobierno ya ha dado este derecho, el Partido Popular ya ha apoyado la economía social en este campo y las tres cosas que ustedes piden están cubiertas. También lo está lo último que solicitan: la modificación de la Ley 3/1987, general de cooperativas. Está derogada; el año pasado aprobamos -yo tuve la fortuna de ser ponente- una Ley de cooperativas, la 27/1999, donde se recoge justamente sus peticiones.
Con esto acredito la evidente sensibilidad social del Gobierno a la hora de legislar sobre las cuestiones concretas que ustedes nos solicitan.
Cuando hablan en la enmienda 52 de certificaciones de descubierto de la Seguridad Social para débitos de corporaciones locales, se refieren a un reglamento derogado. Por otro lado, esto ya está arreglado a través de la Ley 66/1997 y de la 50/1998. Además, desde la Ley 42/1994 no existen certificados de descubierto, y menos aún para las corporaciones locales.
Concluyo, señora presidenta. El Partido Socialista nos ha hablado de un fondo de reserva para el desempleo y de la mujer. Este Gobierno trajo a esta Cámara una Ley de la conciliación de la vida laboral y familiar, que salió adelante, y trajo el coste cero de la maternidad; ahora, vemos con cierta sorpresa la iniciativa del Grupo Socialista.
A lo mejor, en el futuro y dentro del diálogo social se hace no una ley sino una dotación del fondo de reserva para el desempleo. Pero, ¡oh, curiosidad! Resulta que nos dicen que el 50 por ciento de ese fondo para el desempleo se destinará a la formación de parados de larga duración y jóvenes. Mi pregunta es: ¿dónde quedan los minusválidos y las mujeres? ¿Dónde quedan las mujeres, señora Chamosa? No figuran.
Concluiré como empecé el otro día: en política, los presupuestos son las cifras y las voluntades políticas hechas números; obras son amores, y no buenas razones.
Lamento no haber podido contestar a todas las enmiendas, porque todas y cada una tenían cumplida explicación y razones suficientes para su desestimación. Damos todo nuestro apoyo y adhesión a un presupuesto que va a continuar generando empleo, confianza y futuro para toda la sociedad.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Antes de iniciar el debate de las enmiendas del título Título III

III y con el objeto de aclarar la marcha del mismo, quiero indicarles que todo lo debatido durante esta mañana y esta ley de acompañamiento se votarán alconcluir este debate, pero en ningún caso antes de las cuatro de la tarde.
Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto al título III. En primer lugar, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y, en concreto, una serie de enmiendas que se refieren al régimen, derecho al cargo de los empleados públicos y a la selección y bases de este procedimiento de los empleados públicos de las administraciones locales.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego se opone, y por eso pide que se suprima el artículo 29 de la ley de acompañamiento, a la movilidad geográfica que por la puerta falsa el Gobierno y el Partido Popular han introducido en esta ley. Esta reforma puntual que se pretende lo que hace es socavar el régimen español de Función pública, un elemento de este régimen de rango constitucional, como es el derecho al cargo, y retrotraernos a épocas pasadas en las que los tribunales reaccionaron con bastante rotundidad frente a actuaciones

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arbitrarias y políticamente movidas de los responsables políticos.
Los que estudiamos derecho público ponemos frecuentemente como ejemplo de desviación de poder el traslado de un funcionario a Melilla, Ceuta, o a cualquier lugar alejado de su lugar de residencia y del que tiene su plaza por necesidades del servicio. Y esto es exactamente lo que pretende la reforma que el Partido Popular introduce en la ley de acompañamiento. Lo que en realidad hace esta reforma, este socavamiento del derecho al cargo y el establecimiento de la movilidad geográfica, es convertir en sancionados a todos los funcionarios públicos porque ahora el traslado se contempla en la legislación funcionarial como una sanción para infracciones graves y muy graves. Eliminan la necesidad de cometer una infracción para poder sancionar a todos los funcionarios públicos y llevarnos a épocas de arbitrariedad y de absoluto y sectario dominio partidista sobre la Función pública, Lo mismo se puede decir de la enmienda 178, en la que pretendemos la supresión del artículo 30 de la ley de acompañamiento en la que, siguiendo una tendencia iniciada ya con la reforma de la Ley de bases de régimen local, pretenden aumentar los poderes de los órganos unipersonales de las entidades locales en detrimento de los órganos colegiados, en concreto del pleno. Le dan al alcalde la potestad para aprobar las bases, resolver los procedimientos de selección de personal en las administraciones públicas y lo que hacen en realidad es, en línea con el artículo 29, aumentar la falta de transparencia y aumentar -y perdonen que se lo diga con esta claridad- maniobras caciquiles de los alcaldes. Yo no sé si esta es la idea que tienen ustedes de la democracia, yo no sé si esta es la idea que tienen ustedes de un régimen local democrático y participativo, pero, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego no la puede compartir en ningún caso.
Otras enmiendas, como la que va dirigida al artículo 179, pretende mejorar la redacción del apartado 4 del artículo 33 del proyecto de ley, para incluir dentro del concepto de accidente en acto de servicio supuestos que con la redacción del proyecto no se contemplarían.
Finalmente, la enmienda 180 pretende salir al paso de una tendencia anunciada ya -dice el señor Calcerrada, que va a ser una de las líneas que va a seguir el Gobierno en la reforma del Pacto de Toledo-, que propone aumentar la vida laboral de las personas, retrasando su edad de jubilación. Habría más bien razones para adelantar la jubilación: la productividad ha aumentado y, por tanto, la gente ya cotiza lo suficiente en su vida laboral como para tener a los 60 años una pensión digna. Por otra parte, retrasar la edad de jubilación es una medida absolutamente contraria al reparto del empleo y al acceso de las jóvenes generaciones a puestos de trabajo.
Pretendemos que se garantice la jubilación a los 65 años -tendríamos que adelantarla más- para todos los empleados públicos, así como eliminar supuestos tales como la carrera judicial o los profesores universitarios, en los que esta jubilación se establece a los 70 años. Aunque no es objeto de esta enmienda, lo será de otra y tendrá nuestra más rotunda oposición durante la tramitación de la Ley de medidas urgentes de reforma de la Administración de justicia, pues no estamos de acuerdo en retrasar la jubilación de los jueces y magistrados a los 72 años, sobre todo cuando con ello se intenta -por lo menos existe esa sospecha fundada- beneficiar a determinados altos responsables del Poder Judicial español.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo al que represento ha presentado cinco enmiendas a los artículos que componen este título del personal al servicio de las administraciones públicas, dos de ellas al artículo 31 y, de las otras tres, una a cada uno de los artículos 32, 34 y 35. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Al artículo 31, que modifica el artículo 12 de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado, hemos presentado la enmienda número 204, que propone suprimir la referencia al nombramiento realizado por acuerdo de Consejo de Ministros a la hora de determinar la inclusión en el ámbito de aplicación de la ley de los miembros del gabinete del presidente del Gobierno y de la Vicepresidencia. En nuestra opinión, no hay razón alguna que justifique una diferencia de trato entre los miembros de los gabinetes nombrados por el Consejo de Ministros y los designados por cualquier otro órgano personal o colegiado. Parece ser que lo que pretende este precepto es establecer regímenes diferentes para unos y para otros. En la medida en que pretende establecer diferencias de trato, a nuestro juicio injustificadas, proponemos la enmienda a la que hacía referencia.
El artículo 31 del proyecto pretende también modificar el artículo 5.
o.1 de esta misma Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado. El párrafo que en concreto se quiere modificar a través de este artículo 31 sujetaba a los altos cargos a la obligación de declarar las actividades que fueran a realizar una vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos. La reforma suprime esta obligación y nuestra enmienda número 205 pretende recuperarla porque, aun cuando sea cierto que no siempre se conoce, en el momento de hacer la declaración, la actividad que se va a desarrollar después del cese, es bueno, a nuestro juicio, conocer el modo en el que evolucionan las expectativas profesionales del cargo durante el desempeño del mismo, porqueesta evolución, entre otras cosas, puede revestir un

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claro indicador de cara a conocer si se ha hecho o no un uso del cargo para fines espurios.
El artículo 32 del proyecto pretende modificar el artículo 5 de la Ley de incompatibilidades, pero ésta se refiere a la de los funcionarios, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Establece este artículo 32, entre otros extremos, que los miembros de las corporaciones locales que se hallan en situación de dedicación parcial podrán percibir retribuciones por tal dedicación, y condiciona esto al hecho de que estas retribuciones no puedan superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan. Nuestra enmienda 206 propone insertar en el precepto una referencia a las comunidades autónomas competentes en materia de Función pública, con la evidente intención de que la fijación de los límites retributivos máximos a los que se refiere el precepto les corresponda a éstas, porque creemos que esta fijación de límites excede de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas a las que se refiere el 149.1.18 de la Constitución y tampoco cabe incluirlas en el ámbito de la ordenación general de la economía, en la medida en que se trata de retribuciones no generalizables por definición, son puntuales, y corresponden a determinados funcionarios, no a la generalidad de los empleados públicos del conjunto de las administraciones públicas, y precisamente por eso su incidencia en la ordenación general de la economía es exigua, nula.
El artículo 34 del proyecto pretende modificar el artículo 106 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el sentido de retrasar sine die el desarrollo reglamentario que requiere esta norma legal. Ese artículo autoriza al Gobierno a fijar los casos en los que los empleados públicos pueden acceder al disfrute de una vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñados. Resulta a nuestro juicio chocante que, cuatro años después de aprobada esta disposición que habilita al Gobierno para establecer estos criterios, no se haya abordado aún el desarrollo reglamentario previsto y que ahora, a través de esta modificación, pretenda dilatarlo ad calendas graecas con una previsión en virtud de la cual se establece un régimen de transitoriedad que se mantendrá en vigor en tanto, dice el proyecto, el indicado desarrollo reglamentario no tenga lugar. Evidentemente, nosotros, como grupo, no ponemos objeción alguna al hecho de que el personal que venga ocupando una vivienda oficial continúe disfrutando de ella, pero esto, pensamos nosotros, no puede autorizar al Gobierno a eludir la responsabilidad de dictar sin más dilaciones la norma reglamentaria prevista en la ley que ahora se pretende modificar. El reglamento, a nuestro entender, debe ser dictado ya, porque cuatro años de retraso son muchos años de cara a la elaboración de una disposición reglamentaria que haya de fijar unas condiciones de continuación en el disfrute de las viviendas oficiales, algo que en principio no parece tener una complejidad técnica que justifique este retraso tan dilatado. Y este reglamento no solamente ha de ser dictado ya, sin más demora, sino que, además, el régimen de transitoriedad que se prevé en el proyecto de ley en todo caso habrá de ser incorporado al texto del reglamento, que será el que establezca las condiciones en virtud de las cuales podrán continuar disfrutando de la vivienda las personas que hasta el momento presente lo estén haciendo.
Finalmente, el artículo 35 del proyecto pretende modificar el artículo 75 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, previendo, entre otras cosas, una serie de normas para la retribución de los miembros de las corporaciones locales que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación parcial. Entre estos preceptos hay uno, que está situado en el apartado 2.o, que pone un límite máximo a dichas retribuciones, estableciendo literalmente que no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. En este caso no se alude sólo a la existencia de unos límites generales, sino que se asigna a la Ley de Presupuestos Generales del Estado la responsabilidad de fijar dicho límite general. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Nuestra enmienda número 200 propone suprimir esta referencia a los límites fijados por las leyes de Presupuestos Generales del Estado, porque en nuestra opinión, primero, viola la autonomía local, limitando entre otras cosas la capacidad de autoorganización, que constituye la primera y más elemental manifestación de la autonomía de los entes locales. Nótese a este respecto que no estamos hablando de la Función pública ni de los empleados públicos de los entes locales, sino que estamos hablando de miembros de las corporaciones locales, alcaldes y concejales, con respecto a cuyo régimen parece razonable reconocer cierta posibilidad de actuación en el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Y segundo, creemos que esta previsión ignora también la competencia de las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración local y en la Función pública a través de un precepto que nos parece que no reviste carácter básico. La misma argumentación que antes he hecho a propósito de la disposición relativa a los empleados públicos creo que puede invocarse en este caso, porque muy difícilmente puede considerarse básica esta disposición. Y pensamos que de ninguna manera puede incardinarse en el ámbito de las bases y coordinación de la ordenación general de la actividad económica una disposición que no es generalizable por definición, puesto que se refiere solamente a los alcaldes y concejales que ejerzan sus cargos en determinadas condiciones. Además, es de escaso impacto económico, por definición y, por su carácter coyuntural y limitado en el tiempo, no puede tener una repercusión en la ordenación y en la evolución general de la economía como puede tenerlala fijación de los límites retributivos del conjunto de

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los empleados públicos de todas las administraciones públicas, que es lo que justifica la operatividad de este precepto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, voy a defender una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título III.
Había, señorías, una anécdota en el mesofranquismo de un personaje pintoresco que todos los días pasaba la frontera de Ceuta y Melilla algo así como diez o doce veces y siempre iba cargado con una maleta; el agente de aduanas le miraba la maleta y siempre la encontraba llena de cosas que indiscutiblemente no podían considerarse contrabando. Nadie entendía por qué este personaje pintoresco hacía diez o doce viajes para llevar cosas que no tenían ninguna razón.
Escamados ya, le preguntaron los agentes de aduanas: ¿Cuál es el contrabando que estamos seguros que traes? Y respondió: El contrabando, evidentemente, es de maletas. No hay que preguntar al Gobierno del Partido Popular qué contrabando legislativo nos trae en estas leyes porque es evidente que traen las maletas y el relleno.
Son maletas de contrabando traer a una ley, que incluso en el frontispicio de su presentación habla de otra filosofía y de otras cuestiones -y se han referido a ello anteriormente otros portavoces-, la modificación de la incompatibilidad de altos cargos de la Administración. No es de recibo. No tiene que ver nada. Podía discutirse si es conveniente o no modificar el IRPF con una ley de este tipo, pero díganme ustedes a qué viene, si no es a un mero contrabando legislativo y político, traer por ejemplo, como digo, una modificación de la Ley de incompatibilidades. O entrar, señorías, en terrenos como el de las asignaciones de los cargos de la Administración local. Son elementos que indiscutiblemente hay que tocar, que habrá que ir poniendo al día de la mejor forma posible, pero no a hurtadillas, de una forma casi desquiciada, por la velocidad, por el número de leyes, algunas de ellas todavía calentitas, del mes de junio, en esta llamada ley de acompañamiento.
De nuestras enmiendas, aparte de esta supresión de que hablaba, quiero referirme muy particularmente a una, la número 28, en la que planteamos una cosa muy sencilla. Esta mañana nos hemos despertado con la circunstancia de que, por culpa de acciones incapaces, negativas, torpes, del Gobierno del señor Aznar, el IPC llega al 4 por ciento. Y digo yo que ustedes serán responsables. Hace un momento hemos oído una intervención muy patria del señor Pujalte diciendo: Pregunten ustedes en la calle quién tiene la confianza de los españoles, pregunten a los 2.200.000 parados. Evidentemente, era el Partido Popular el responsable de tanta bondad y de tantas cosas buenas. Indiscutiblemente, también el Partido Popular en este caso, con su política económica o con su no política económica, será el responsable del 4 por ciento del IPC interanual en este momento.
Pues bien, aquí nadie se ha movido, nadie ha hecho un gesto, nadie ha buscado una autoenmienda, como si eso no fuera con la realidad.
Alguien decía aquello de: Que la realidad nunca te fastidie un buen titular. Es una técnica periodística. Ustedes han entendido que la realidad del 4 por ciento no les puede fastidiar su discurso del 2 por ciento del IPC para el año 2001. Si fuera meramente algo egocentrista o algo estético desde un terreno político, pase, pero eso tiene sus repercusiones y las tiene sobre unos funcionarios por mucho que el ministro diga: Ya discutiremos unos fondos adicionales que con otros aditamentos... ¿Por qué no se hacen las cosas normales? ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Es como si un arquitecto dijera: Le voy a ir construyendo una casita, pero, como sé que se la voy a ir construyendo mal, cada dos por tres la vamos a ir apuntalando. Eso no es serio. Si hay una previsión por encima de la oficial real de que en el 2001 va a estar por encima del 2 por ciento, señorías, búsquense los mecanismos, pero que no salga el ministro del ramo prometiendo que buscará unos fondos adicionales para compensar.
Búsquense los mecanismos, repito.
Nosotros, Izquierda Unida, hemos dicho por eso que, no más tarde del 1 de abril del año siguiente, se compense a los funcionarios con el porcentaje de subida del IPC más allá del previsto y que a esta subida se incorpore al menos un 1 por ciento anual para que vayan recuperando ese 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en los últimos años. Enmiendas como esta o similares acerca del desplazamiento de funcionarios o de algunas prestaciones sociales son las que forman el bloque de enmiendas que mi grupo presenta al título III y que doy por defendidas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.


Voy a proceder a la defensa de las dos enmiendas que mi grupo ha presentado al articulado del título III del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La primera de ellas, la 144, supone tratar de evitar la adición literal del artículo 65 de la Ley reguladora de las bases de régimen local en la redacción que resulta del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Según la norma, resulta que las percepcionespor dedicación exclusiva a las tareas municipales

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van a ser incompatibles con la percepción de cualquiera otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes.
Esta incompatibilidad, que pudiera parecer apropiada con carácter general, si nos detenemos a analizar determinadas percepciones con cargo a los presupuestos públicos, a juicio de mi grupo parlamentario, cede la bondad de la modificación propuesta. Me estoy refiriendo concretamente a determinadas percepciones por razón de pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad laboral. Según mi grupo parlamentario, la dedicación exclusiva a las tareas municipales no debe hacer perder a quien incurra en este supuesto el derecho a percibir una pensión, por ejemplo, por incapacidad, o una pensión, por ejemplo, por viudedad. Por eso proponemos la modificación, para que se exceptúen del supuesto de incompatibilidad al que estoy haciendo referencia las percepciones de pensiones de jubilación, de viudedad y por incapacidad laboral.
La segunda de las enmiendas es la 145. Respecto de esta enmienda, en la sesión de la Comisión de Economía celebrada el lunes pasado, mi grupo parlamentario introdujo una autocorrección de la que resultaba el siguiente texto. Del número 3 del artículo 75 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, proponíamos que la redacción fuera la siguiente: Los miembros de las corporaciones locales podrán recibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el pleno de la corporación. El motivo es el siguiente. Lo cierto es que en la mayoría de los ayuntamientos de España, fundamentalmente en los de una población inferior a 50.000 habitantes, muchas de las personas que dedican su tiempo al desempeño de tareas en el ayuntamiento lo hacen fuera del horario laboral, bien sea por la tarde o por la noche; fuera de horarios. Del texto de este artículo 75, según el proyecto de ley que estamos debatiendo, se deduciría que para poder percibir una cuantía económica por esta dedicación, insisto, muchas veces en horarios realmente incómodos para quien desarrolla esta función pública, sería necesario estar dado de alta en la Seguridad Social con dedicación parcial o exclusiva y si no fuere así no habría derecho a percibir cuantía económica alguna fuera de la asistencia a los plenos, lo cual realmente no soluciona este problema, o haber incurrido en gastos específicos, que pudieran indemnizarse, en el desempeño de esta función pública.
Mi grupo parlamentario por ello presentó esta enmienda, para que pudieran recibir una indemnización, una percepción económica, en los casos en que se desarrolle esta función pública sin estar dado de alta en la Seguridad Social en dedicación parcial o exclusiva, o/y con independencia de la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados. Lo cierto es que si el número 4 del artículo 75 de la Ley 7/1985 se interpretara de forma que se pudiera dar cabida al sentido de esta enmienda que presentamos, que el artículo 75.4 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social no se interpretara con cerrazón, que no se considerara en este precepto que los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, que estos gastos efectivos no fueran sólo los que suponen aportar una factura y ser recompensado por ello, sino que se diera cobertura precisamente al desempeño de estas funciones públicas fuera de horarios y sin estar dado de alta en la Seguridad Social, si así se interpretara, repito, el artículo 75.4 y así se pronunciara inequívocamente esta Cámara, mi grupo entendería que nuestra enmienda número 145 ya tiene cabida en el tenor y en la interpretación correcta que de este precepto resultaría en función de este debate que hoy celebramos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente voy a fijar la posición sobre las enmiendas que hemos presentado a este título III, relacionado con la política de personal al servicio de las administraciones públicas. Y no ampliaré criterios y argumentos que dí en la Comisión respecto a la idoneidad o no, como ha hecho mi compañera Costa al principio, de utilizar esta ley de acompañamiento para modificar siete leyes en este título III. Nos parece absolutamente increíble que se tenga que utilizar, y ya lo han puesto de manifiesto otros grupos parlamentarios, la modificación de leyes que nada tienen que ver con la ejecución presupuestaria, como la Ley de incompatibilidades, la Ley de régimen local o algunas otras.
Me referiré muy brevemente a tres enmiendas fundamentales de mi grupo parlamentario, la número 241, la 242 y la 272, a la disposición adicional respectiva. La enmienda 241 pretende suprimir el artículo 29. Este artículo es un invento de última hora del Gobierno del Partido Popular que quería modificar la Ley de medidas para la reforma de la Función pública del año 1984 incorporando un nuevo tránsito y un nuevo escalón en lo que se entiende por movilidad de los funcionarios y de los puestos de trabajo más allá de la localidad donde están, ampliándolo a otro término municipal dentro de la provincia o de las islas. Ni en ponencia, ni en Comisión, ni en Pleno, he oído cuáles son las razones de verdad que justifican esto para la ejecución del presupuesto del año 2001, habiendo, como hay, convocada el día 21, de nuevo, una Mesa de la Función pública, y no habiendo acuerdo con las organizaciones sindicales en el artículo 29.
Y el Partido Popular y el Gobierno siguen empeñados en mantener este artículo 29. A no ser que, como últimamente algunas cuestiones se hacen

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en función de la testosterona, se haga verdad la justificación que leí en Comisión, y voy a leer ahora, en la memoria del proyecto de ley de acompañamiento. ¿Por qué se quiere cambiar la Ley 30/1984 incorporando la movilidad geográfica en los empleados públicos? La razón es tan curiosa que tiene los siguientes argumentos -memoria que envía el Gobierno-: Se hace preciso modificar la regulación de la movilidad forzosa de los funcionarios de las administraciones públicas estableciendo un nuevo procedimiento claro y uniforme que respete los derechos de los funcionarios afectados. Esta es la razón.
Se hace preciso, ¿para qué? ¿por qué? ¿Por qué se quiere adelantar debates que hay que tener políticamente con las organizaciones sindicales en este Parlamento, como puede ser la Ley del estatuto de la Función pública. ¿Por qué, señor Merino? ¿O es que también los empleados públicos tienen que estar contentos de que les puedan cambiar su puesto de trabajo a una ciudad distinta porque han bajado el precio de las hipotecas ustedes? Esa es la única razón que a lo largo de todo el debate parlamentario he oído de que estén contentos los funcionarios. ¿También van a estar contentos por esto? Usted sabe como yo que no están contentos ni admiten esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto es un trágala. No se puede aplicar, en función de la mayoría absoluta, una decisión de esta importancia porque sí, sin ninguna argumentación. Y usted lo sabe, señor Merino.
Yo le digo, y no quiero que lo interprete mal, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que mal comienzo es pedir diálogo con las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, para la reforma del Estatuto de la Función Pública manteniendo tal y como está el artículo 29. Mal empezamos y mal seguiremos si ustedes no recapacitan y si, en este momento o en el Senado, no son capaces de volver sobre sus pasos y anular el artículo 29. Porque no se puede plantear una negociación política, una negociación que puede tener posibilidades de acuerdo o no poniendo de entrada una cortapisa que no admite la Función pública, ni los empleados públicos, ni los grupos parlamentarios de esta Cámara, como usted ha escuchado. Por eso, de entrada, la enmienda 241 solicita que desaparezca el artículo 29. Se lo pedimos con responsabilidad. Recapaciten, si no es ahora, en el Senado, y adopten una postura coherente con una política de pacto, de discusión, de diálogo, en temas que pueden ser considerados importantes en los acuerdos políticos de esta Cámara. Se lo digo con absoluta responsabilidad. No puede ser que se ponga, antes de empezar a hablar de determinadas cosas, el artículo 29, porque no es asumido por nadie en estos términos, en los términos en que está, sin pacto, sin acuerdo, sin diálogo, sin contraprestaciones de ningún tipo. No puede ser una negociación parcelada en función de intereses, creo que, además, no del Ministerio de Administraciones Públicas. Esto es lo importante.
La segunda enmienda es la 242. Lo decía el señor Rejón y algún otro portavoz. No es posible de verdad, desde el punto de vista lógico -sí lo es desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la fuerza de los votos y del papel del Parlamento-, que se aproveche la ley de acompañamiento para modificar la Ley de incompatibilidades de altos cargos. Además le dije, y no obtuve respuesta -espero tenerla ahora, señor Merino-, que esto no es una reforma inocua. Es una reforma que tiene calado. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, y analizando a fondo el actual artículo correspondiente, el artículo 31, en la modificación de la Ley de incompatibilidades de altos cargos, se produce una cierta deslegalización y desinformación que se exige a los altos cargos. ¿O no es tener menos posibilidades de control y de exigencia de información que hasta ahora se les obligara a todos los altos cargos a presentar junto a la declaración anual de la renta su declaración anual de patrimonio, si tienen que realizarla? Apartir de ahora, no. No es obligatorio, no la tienen que presentar con esta modificación. Y no es verdad, señor Merino, y usted lo sabe, lo que me dijo en Comisión de que la obligatoriedad de información en función de las actividades y de los bienes por la declaración de bienes establecida actualmente es menos rígida incluso que la declaración de patrimonio. No lo es. En una declaración de patrimonio, un alto cargo puede decir: Yo tengo equis acciones de una determinada sociedad. Y es verdad. En la declaración de bienes que se pretende evitar con esta nueva de patrimonio había que decir si a su vez esa propietaria de acciones o esa sociedad en la que uno tenía o podía tener determinadas acciones era propietaria de otras que podían tener relación con la Administración. ¿O es que no hemos tenido en los últimos años, gobernando ustedes también, algún caso de escapatoria de información, resultando que parece que algún alto cargo y algún ex ministro tenía intereses en determinadas sociedades que de una forma directa o indirecta estaban contratando con la Administración? Si de verdad quieren seguir manteniendo un nivel de información lógico, razonable, mantengan en los niveles actuales la Ley de incompatibilidades y no la cambien. No queremos que se cambie.
La enmienda 272 tiene que ver con la jornada laboral en la Administración pública. Queremos que, de verdad, por acuerdo y por una decisión adoptada por este Parlamento, a partir del año que viene se pueda entrar a discutir, a hablar y a asumir en la Administración general del Estado la jornada de 35 horas. Alguien puede decirme que esto es una barbaridad, que no se hace por vía de acuerdo o por la vía del cambio legislativo y que la Administración general del Estado quedaría fuera de lo que es una política del resto de las administraciones. Pues no es verdad. No lo es. El 75 por ciento de los funcionarios de las comunidades autónomas tendrá 35 horas ya en el año 2004. Prácticamente todas las comunidades autónomas, gobernadas incluso por el Partido Popular, están llegando a acuerdos y han

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asumido la reducción de la jornada en la Administración pública, de acuerdo con las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo. No estamos pidiendo para el conjunto de la Administración General del Estado nada distinto de lo que están ustedes asumiendo en las comunidades autónomas, incluso en las que gobiernan. Sean razonables. ¿No nos piden coherencia al Partido Socialista en determinados momentos, diciendo que hacemos en un sitio cosas distintas que en otros? Ahora se la pido yo. Sean ustedes coherentes con los presidentes o los consejeros de Presidencia de comunidades autónomas gobernadas por ustedes. La última, la de La Rioja, la que mejor conozco. Acaban de llegar a un acuerdo hace 15 días, como le dije el otro día, para revisar la jornada laboral, las prestaciones y las subidas salariales. Esas que nosotros pedimos aquí y que ustedes nos demonizan las están asumiendo verdaderamente todos sus presidentes o muchos de los presidentes de las comunidades autónomas. No seamos tan inconsecuentes en una política que debe tener un cierto grado de homogeneidad en lo que sería la estructura territorial del Estado.
Esto es fundamentalmente lo que pide el Partido Socialista, tres cuestiones, entre otras cosas, absolutamente lógicas y razonables.
Por último, la enmienda número 281, que no es de este título, es del siguiente, pero ya no intervendré después, se refiere a las compensaciones que solicitamos a nivel de comunidades autónomas donde se está produciendo una cierta desfiscalización en decisiones políticas por parte del Estado. Y espero que, si no son asumidas ahora, las podamos discutir cuando se vea el modelo de financiación autonómico, ese modelo de financiación que, según el señor Merino, el Partido Socialista tiene troceado y diversificado. Estoy convencido de que ese modelo que tiene el Partido Popular, ese modelo que llaman el modelo Zaplana -no sé si es el que mantienen ahora- será un punto de encuentro y de acuerdo con el nuestro. Sólo por una razón, porque, como bien dice hoy el periódico Levante, un ex director general del Partido Socialista, del modelo y de la época socialista, Francisco Pérez, responsable del IVIE, fue el que elaboró el modelo Zaplana y fue al que Pedro Solbes, ministro de Economía, solicitó en su momento la coautoría, la realización del informe o el libro blanco sobre la financiación autonómica. Si las fuentes, en definitiva, pueden ser muy similares, espero que en la discusión nos pongamos bastante de acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Merino tiene la palabra.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en este debate sobre la ley de acompañamiento yo creo que estamos en la misma dinámica que en el de Presupuestos Generales del Estado en cuanto a los grupos de la oposición. Voy a dar una contestación general a todas las enmiendas y luego haré referencia a una cuestión que nos ha planteado Convergència i Unió.
Yo quiero decirles que ustedes caen en la incongruencia y ustedes mismos se descalifican en su discurso político. No se puede empezar, por parte de los portavoces, criticando que en esta ley de acompañamiento se modifican leyes cuando ustedes, en sus propias enmiendas, quieren más todavía. El Grupo Socialista pretende, si no me equivoco, que en este título se añadan cinco adicionales nuevas.
Ustedes están criticando que el Partido Popular y el Gobierno, con la ley de acompañamiento, modifiquen leyes y ustedes, con sus enmiendas, están haciendo más de lo que hace el propio Gobierno. Es difícil mantener un discurso político de coherencia con ustedes, porque no hay cosa peor que discutir con alguien que no tiene las ideas claras y que lo que hace no se corresponde con lo que dice. No pueden ustedes criticar al Gobierno cuando, como bien ha dicho nuestro portavoz don Vicente Martínez-Pujalte, ustedes mismos fueron los que crearon la ley de acompañamiento. Si ustedes crearon el sistema y ahora critican al Gobierno, y no es sólo que lo critiquen, sino que enmiendan más que el propio Gobierno, ¿cuál es entonces la coherencia entre el discurso del Grupo Socialista y que se hace en esta Cámara? Luego nos dirán que estamos todos los días criticándoles y descalificándoles. No es que nosotros les descalifiquemos; es que les hacemos ver sus incoherencias, su forma de trabajar en política y cómo para ustedes todo vale; para ustedes, en política todo vale.
No puede quedar en esta Cámara sombra o duda sobre las actuaciones por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular respecto a incompatibilidades de altos cargos. No se pueden utilizar palabras o adjetivos que puedan sembrar dudas. En las actuaciones del Gobierno hay absoluta claridad, hay absoluta claridad en las normas que figuran en la ley de acompañamiento y hay absoluta claridad en cuanto a las incompatibilidades y actuaciones de los altos cargos. Yo le decía en Comisión que la declaración del impuesto sobre el patrimonio era más completa que la declaración de bienes y hoy tengo aquí dos cuadros que lo demuestran. Por tanto, se está dando más información: a esta Cámara, a los ciudadanos y a toda España, y no se puede dejar caer esa duda que ustedes plantean, porque están actuando contra la racionalidad política, porque están desvirtuando la realidad de esta ley de acompañamiento y la realidad de las actuaciones del Gobierno de España, puesto que no se flexibiliza la incompatibilidad de los altos cargos ni aumenta la falta de transparencia, sino todo lo contrario: se ordena, se regula y se aclara. Ahora bien, también se reducen actuaciones inútiles que duplican la gestión administrativa.
Varios preceptos de la ley de acompañamiento

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pretenden clarificar y organizar la Administración. Yo comprendo que ustedes, que han estado 14 años y han tenido una Administración absolutamente desorganizada, no estén de acuerdo con los planteamientos del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Hoy en día la Administración central es una administración más moderna, más eficaz, más organizada, más profesional y más independiente. Esas son las verdades, y que se introduzca una norma de movilidad -que ustedes llevan a lo máximo- no quiere decir que todos los funcionarios de la Administración central se vayan a mover por toda España -eso es coger el rábano por las hojas-; ahora bien, permitan ustedes que este Gobierno tenga capacidad de organizar la Administración central, sin que se lesione ninguno de los derechos que tienen nuestros funcionarios, porque este Gobierno no lesiona derechos de nadie y mucho menos de los funcionarios.


Respecto al artículo 30, debemos decir que lo único que se hace es adaptar la normativa al pacto local, pero si se desconoce cuál es el pacto local y se viene a demostrar que hay una falta de voluntad de municipalismo por parte de los grupos de la oposición, también se desconoce que este artículo pretende adaptar la normativa al pacto local que se llevó a cabo con la Federación Española de Municipios y Provincias, representante de todos los ayuntamientos.
En cuanto al planteamiento de Convergència y Unió, quiero decirles que tengan la absoluta tranquilidad de que el espíritu que ustedes manifestaban en su enmienda queda recogido en el artículo 35.4 de la norma. Lo digo expresamente para que quede claro que esa potestad de la que usted hablaba y que yo, como municipalista, comparto queda recogida en la norma que hoy pretendemos aprobar. Les agradecemos su voluntad de retirar la enmienda una vez que aceptan que ese es el espíritu y la interpretación que se le quiere dar a la norma.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el contenido del título III porque recoge en los justos términos actuaciones que son necesarias para poder ejecutar el presupuesto, para poder ejecutar los objetivos del Gobierno y para poder llevar a cabo una política que está dando buenos resultados en España. Este conjunto de medidas favorece a la Administración central, favorece a los funcionarios, a la organización de la Administración central y, en definitiva, favorece a todos y cada uno de los ciudadanos de España. Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo al proyecto del Gobierno y nuestro rechazo de las enmiendas que han planteado los grupos de la oposición.
Muchas gracias. (El señor Padrol i Munté pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino. ¿Sí, señor Padrol? El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, tal y como he anunciado anteriormente, al hilo de la intervención del señor Merino, ratifico que mi grupo parlamentario retira la enmienda número 145.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Concluido el debate de las enmiendas al título III, Título IV

vamos a comenzar el debate del título IV.
Enmiendas presentadas a este título por el Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Puigcercós y el señor Rodríguez Sánchez.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Intervengo brevemente, señor presidente, para dar por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y para defender las del Bloque Nacionalista Galego, que son tres. Con la primera, la número 181, se pretende que las aportaciones y desembolsos económicos que el Estado deba hacer a organizaciones internacionales para cumplir compromisos asumidos también convencionalmente con dichas organizaciones tengan el adecuado control de esta Cámara. Con la enmienda número 182 se pretende que en la modificación que se propone en el artículo 40 se establezca un plazo máximo de 15 días para la resolución que haya de hacer el jurado provincial de expropiación para fijar el justiprecio de los bienes que se pretende expropiar.
Con la enmienda número 183 se pretende que se rebajen las tasas que el servicio Red.es. exige para la asignación de dominios.es. Parece que una tasa de 18.000 pesetas es excesiva de acuerdo con el coste efectivo del servicio, lo que no contribuye a promover un acceso cada vez mayor a las nuevas tecnologías y sobre todo de empresas y entidades a Internet.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV) (El señor Aymerich Cano pide la palabra.) ¿Sí, señor Aymerich?

El señor AYMERICH CANO: Solicito que se den por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Las damos por defendidas, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.


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Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Son dos las enmiendas que procede defender.
La primera se refiere a incorporar un nuevo apartado en el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria respecto a aquellos supuestos en que es posible asumir o adquirir compromisos de gasto con carácter plurianual. En la actualidad, en el artículo 61.2 son diversos los supuestos que se contemplan: inversiones, transferencias de capital, arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por organismos del Estado, etcétera, y mi grupo parlamentario propone que se incorporen también los programas de fomento de la ocupación cofinanciados por la Unión Europea. Los programas de fomento de la ocupación forman parte de acciones cofinanciadas previstas en el objetivo 3 del Fondo Social Europeo. De acuerdo con la normativa comunitaria, los marcos de apoyo tienen una duración de seis años y tienen que prever la cofinanciación, por lo que entendemos que es adecuado modificar el artículo 61.2 para incorporar ese supuesto como un caso en el que se pueden asumir compromisos de gasto con carácter plurianual.
La segunda de estas enmiendas al título IV, la 147, la doy por defendida.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos para defender las enmiendas al título IV, dado que vamos a continuar el debate título por título y luego entraremos en las disposiciones adicionales.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor presidente, en ese caso debo decirle que compartiré el turno con el diputado Díaz-Cano.
También en este título, cómo no, el Partido Popular utiliza la ley de acompañamiento, que habitualmente viene siendo la percha en la que cuelga toda una serie de modificaciones de leyes que, como mínimo, debieran tener un debate monográfico en esta Cámara, para llevar a acabo importantes reformas del la Ley General de las Telecomunicaciones. Me voy a centrar en una que corresponde a este título y que entiendo que es importante, la modificación que se contiene en el proyecto de ley de medidas del artículo 45, que tiene por objeto regular esa nueva entidad empresarial Red.es., que va a ser la encargada a partir de ahora de gestionar el registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de España.es.
Señorías, el artículo 45 fija la tasa de utilización del dominio.es.
en 18.000 pesetas para la asignación inicial y el primer año y en 12.000 pesetas para los años sucesivos, lo que entendemos que es una tasa muy alta. Ya se lo dije al diputado Cámara en Comisión y él, que no pareció escuchar mi intervención aquel día, pero al que hoy tengo la oportunidad de dar la réplica, me decía que no sabía en qué se fundamentaban los importes de la propuesta socialista, por qué era así y sobre todo que no le parecía una propuesta solvente, porque no venía acompañada de un informe previo de los costes. Añadía que la propuesta del Gobierno, por el contrario, sí estaba sustentada en un informe económicofinanciero, que esta Cámara no conoce y que espero que nos dé ahora su señoría. No obstante, como creo que usted no conoce las tasas de utilización de los dominios en los países de nuestro entorno -Europa, Estados Unidos y Canadá- se las puedo proporcionar una a una, porque las tengo aquí, y le puedo asegurar que la que ustedes proponen es la más cara de todas. En Francia, en Alemania, en Bélgica y en el Reino Unido los precios del dominio de Internet son mucho más bajos tanto en la asignación inicial como para los años sucesivos. Por eso lo que pretendemos con nuestra enmienda es reducir esa tasa a 7.500 pesetas por asignación inicial y a 6.500 para los demás años. Insisto, se lo dije en Comisión y le repito ahora que esa tasa es la media de los precios de los dominios europeos; por tanto es una propuesta solvente, una propuesta avalada por datos y que viene informada económicamente por el coste del servicio y por el precio de los dominios en otros países.
Yo quisiera que usted nos justificara la propuesta del Gobierno porque esa no viene avalada en el proyecto. ¿Dónde está la preceptiva memoria económico-financiera que establece el artículo 20 de la Ley de tasas? Ustedes no la han presentado y si existe, que usted dice que sí, esta Cámara debiera conocerla y también debieran conocerla los usuarios, porque así sabríamos por qué el Gobierno ha decidido que sea esta tasa y no otra más parecida a la que utilizan los países de nuestro entorno. Señorías, en esto ustedes tampoco han seguido la tónica y los pasos de los países europeos. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del artículo 45 dan un paso más y abren la puerta al procedimiento de subasta para los nombres de dominio en unos supuestos que inicialmente el proyecto de ley denominaba de especial interés económico o demanda y que ahora define como de carácter especial.
Me decía el otro día, señor Cámara, que no parecía que me hubiera leído la autoenmienda del Partido Popular para -según usted- arreglar el texto del artículo 45 que nos propusieron a debate. Sí la he leído y le tengo que decir que si bien es verdad que modifican y mejoran algunos aspectos de la redacción, lo que además hacen con toda certeza es profundizar en la discrecionalidad que se reserva el Gobierno para definir en el llamado plan nacional de nombres de dominios -que va a elaborar posteriormente y que no sabemos con qué criterios, pero sí que se hará por el procedimiento de subasta- una serie de dominios que ustedes considerarán de carácter especial, pero que nosotros no conocemos y que sin duda debiéramos conocer. No es de recibo, señorías, en primer lugar, que utilicen ustedes

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el procedimiento de subasta para los dominios y para los usuarios de Internet y, sin embargo, no lo hagan cuando tienen que aplicar realmente ese procedimiento en el tema de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. Ustedes, en primer lugar, decían que la subasta no era buena, que el objetivo no era recaudar cuando se trataba de dar las licencias de UMTS, y sí lo es ahora cuando se trata de que algunos dominios puedan subastarse. Yo les voy a poner un ejemplo a los señores representantes en la Cámara para que lo entiendan, un ejemplo muy facilito. Existe el dominio internautas.
Imagínese que el Gobierno decide que ese es un dominio de carácter especial para poder subastarlo. Si llega una gran operadora, Telefónica o cualquier otra, y decide subastar y elevar el precio de la tasa, ¿qué hará finalmente el Gobierno? ¿Quitar lo que por la legislación de marcas y patentes se le dio a alguien? No parece razonable, señoría, este procedimiento. Por tanto, nuestra primera propuesta va encaminada a suprimir este artículo. Señor Cámara, no es incoherente; todo lo contrario. Cuando no podemos evitar que traigan un proyecto que modifica las leyes por este procedimiento tenemos que utilizar, y eso no es incoherencia, como decía el señor Merino, la práctica para poder resolver los entuertos que ustedes crean con esta ley.
Termino, señorías, si me permite el presidente, defendiendo una enmienda a una disposición adicional, con lo que no iría en el siguiente bloque, la número 274, relativa al servicio universal de telecomunicaciones y a las contribuciones económicas de los titulares de licencias individuales para el uso del dominio público radioeléctrico. Nosotros entendemos que en este terreno hace falta una actuación global del Gobierno, porque es una materia en la que no se puede ir parcheando continuamente, como viene haciendo durante estos últimos ocho meses la ministra del ramo. En esta enmienda instamos a que el Gobierno nos presente, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley en el que al menos se recojan tres aspectos que consideramos fundamentales. El primero es el de la inclusión en el servicio universal de telecomunicaciones de un conjunto de servicios mínimos de Internet que tengan una estructura de tarifa plana, un precio asequible y ofrezcan la gratuidad para las escuelas, para los servicios sanitarios, para discapacitados, etcétera. De otra parte, creemos que es muy importante también que se regulen las exacciones tributarias a esos titulares de licencias de uso del dominio público radioeléctrico, sobre todo en el caso de las licencias de UMTS, porque pensamos que es tan importante como para que tengan en cuenta en la regulación de las exacciones tributarias los resultados económicos obtenidos en cada uno de los procesos de adjudicación de las licencias de telefonía móvil en la Unión Europea. Por último, señorías, entendemos que el destino del producto de esas exacciones tributarias debe ir fundamentalmente a un fondo nacional del servicio universal de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información, porque sólo así podremos distribuir de forma equitativa esos beneficios de la sociedad de la información.
Por eso les pedimos que acepten esta enmienda y que corrijan lo que viene siendo una política nefasta en estos ocho meses de Gobierno y del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Apoyando esta enmienda sin duda la corregirán.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pleguezuelos.
Señor Díaz-Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor presidente. Haré la intervención desde el escaño porque voy a ser breve.
Intervengo para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión, a los artículos 47, 48 y 49 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que son aquellos que se refieren a la adscripción de Radiotelevisión Española a la SEPI, la modificación de la Lofage y la modificación de la Ley de creación de determinadas entidades de derecho público, en concreto la de la SEPI. Intervengo sobre todo para llamar la atención modestamente del Grupo Parlamentario Popular para que no se equivoquen, como lo hicieron en la Comisión de Economía, y que hoy en el Pleno no cometan la incongruencia de hacer lo contrario a lo que manifestó el señor Cámara en la Comisión.
El señor Cámara en la Comisión de Economía dijo literalmente, transcripción taquigráfica: Se hace imprescindible la modificación de la adscripción de Radiotelevisión Española a la SEPI. Efectivamente, señor Cámara, se hace precisa la modificación de la adscripción, es decir, no hay que adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI, tal y como usted mismo lo ha planteado. Yo espero que al señor Cámara no le pase con el oído lo que a Clemenceau con el corazón. Clemenceau, ya con 80 años, fue a visitar al médico para hacerse una revisión y una vez que se la hizo le preguntó ¿qué tal estoy? El médico le dijo: tiene usted el corazón como un joven de 18 años, y Clemenceau respondió: no me extraña, no creo haberlo usado en mi vida. Que no le pase a usted esto con el oído cuando dice que nosotros denunciamos que la adscripción de Radiotelevisión Española a la SEPI se hace de forma encubierta. No, no, es una reforma encubierta. El problema está en que usted probablemente no se ha enterado, señor Cámara, por una razón, y se lo digo con mucho respeto, porque quien mucho abarca poco aprieta, y yo sinceramente estoy convencido de que usted no se ha leído el informe del Consejo de Estado de julio de 2000, porque si se lo hubiese leído, no habría podido utilizar la misma argumentación que en la Comisión de Economía, porque el propio Consejo de Estado dice exactamente que se produce esa alteración de la estructura de

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Radiotelevisión Española y de la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En cualquier caso, serán opiniones, la suya diciendo que no y la mía diciendo que sí; por eso recurriremos al Tribunal Constitucional, para que diga si es o no correcto que se produzca esa modificación.
Por último, dice usted que la decisión de adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI es muy meditada. Pregúnteles usted a todos los sindicatos de Radiotelevisión Española a ver qué opinan; leáse el informe del Consejo de Estado; leáse el informe del Consejo Económico y Social y luego, si quiere, hablamos de si es poco o muy meditada la decisión del Gobierno de adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI.
Para finalizar, señor presidente, la Línea 900 no es una línea erótica, sino un programa de Televisión Española que se emite por La 2, que tenía previsto emitir un programa que se titula La sombra del caudillo, que efectivamente es alargada, y ¿sabe por qué es alargada? Pregúntele a los directivos de Televisión Española por qué no emiten dos anuncios del Gobierno de Aragón sobre el Plan hidrológico nacional cuando, según la doctrina del Tribunal Constitucional, impedir o limitar la emisión o elaboración de programas que se someten a un examen previo se llama censura.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz-Cano.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor Presidente.
Señores del Grupo Socialista, ¿no se aburren ustedes como culebras de hacer planteamientos en los mismos términos en que lo acaba de hacer S.S. en esta Cámara, planteamientos que tienen tan poco en el fondo? ¿S.S. no se da cuenta de que a lo único que nos someten permanentemente es a una escenografía que nadie en esta Cámara ni fuera de ella comprende? Señorías, la vida, como casi todas las cosas, es de colores. En zoología se estudia que tan sólo hay una pequeña parte de los animales de esta tierra, los menos evolucionados, que ve en blanco y negro. ¿No les parece que después de transcurridos cinco años podían empezar ustedes a evolucionar en su forma de hacer política, en la forma de plantear las cuestiones en esta Cámara? ¿Creen de verdad que los españoles perciben bien que SS.SS. vean sólo las cuestiones en blanco cuando las presentan ustedes y en negro cuando las presenta el Gobierno? ¿No están aburridos de que la realidad les quite la razón permanentemente? Ustedes deben responder ante siete millones de votantes. ¿Creen que esos siete millones de votantes perciben correctamente que ni una sola de las propuestas del Gobierno del Partido Popular, que ha beneficiado obviamente a la sociedad española, haya sido votada favorablemente por ustedes? ¿Creen ustedes que los españoles están todavía para muchas de sus juergas en los medios de comunicación, hoy con Retevisión, hace un rato relacionado con los dominios en Internet? ¿No creen que sería más positivo empezar a hacer política de otra manera? (Rumores.) Si me dejan, sigo. No pierdan la calma, señorías, yo tengo mucha paciencia. ¿No creen que sería mejor seguir aplicando planteamientos políticos como el que alguno de sus compañeros que tiene otra forma de entender la política ha hecho esta mañana? Por ejemplo, ha intervenido este portavoz hoy en la Cámara para explicar -lamentablemente no se ha hecho con demasiada profusión- que es necesario incluir en la ley de acompañamiento algún artículo que modifique la Ley de Haciendas Locales, saltándose ese criterio, más o menos extendido dentro de su grupo, de que la ley de acompañamiento es una especie de ley de amañamiento, como decía algún diputado ilustre del Partido Socialista, que no está desafortunadamente en esta Cámara, cuando lo que hacen ustedes permanentemente es vulnerar la paternidad del chiquillo que ya tiene seis años, que es la ley de acompañamiento. ¿No se acuerdan ustedes que en 1994 el Tribunal Constitucional decidió que las leyes de presupuestos eran inconstitucionales -las suyas- y que había que abordarlas mediante una ley que no fuera la de presupuestos? ¿Por qué se empeñan en seguir negando la mayor a ese crío que es suyo? Lo único que hemos hecho nosotros es que a aquel crío que era glotón y bastante torpe le hemos sometido a cierta dieta alimenticia y hoy aparece una ley de acompañamiento mucho más aseada que la que ustedes presentaban. Hemos cogido a aquel niño torpe y lo hemos convertido en algo bastante más útil y más eficaz de lo que eran las leyes de acompañamiento. Dejen de negar la paternidad de un instrumento que ha resultado ser eficaz, porque si la vida es en colores, además tiene su tiempo. A lo largo de la vigencia de los presupuestos tiene que acometerse algún tipo de modificaciones. Estas son las que ustedes inventaron en 1994 para ir adecuando a los tiempos las necesidades de los españoles en cada una de las leyes que se modifican en la ley de acompañamiento. Eso es exactamente lo que trae la ley de acompañamiento en este año, por cierto, mucho más adelgazada, si se me permite, que en otras ocasiones, como ha demostrado acreditadamente el informe al que aludía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Esta es la realidad.
Les animo a que hagan propuestas como la del artículo 39. Saltándose su criterio de que la ley de acompañamiento es un absurdo, precisamente porque abortaría el debate parlamentario, hagan cosas como las que hizo su compañero Martínez Sanjuán en la Comisión.
Lamentablemente no lo ha hecho hoy, quizá por falta de tiempo, por aburrimiento, quizá porque ni siquiera le convenzan los planteamientos de su propio grupo parlamentario. Aportemos posibilidades, con

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algún sorprendente criterio relacionado con el endeudamiento local, reduciendo los riesgos que tienen que asumir nuestros ayuntamientos por causa de una todavía deficiente financiación que, en la medida que se puede, se va abordando a través de, por ejemplo, el pacto local. ¿Se acuerdan ustedes del pacto local? Desde el pacto local, que ninguno de ustedes critica ya, tan sólo ha transcurrido un año y medio. Fue una propuesta conjunta de la Federación Española de Municipios y Provincias y se incorpora a la ley de acompañamiento.
Ustedes también criticaron el instrumento. Este año no sólo no lo critican, sino que promueven una modificación, sobre la que nosotros hemos meditado y que tiene alguna pega de carácter jurídico, pero ese es el camino. El camino no es que cualquiera de los planteamientos que hace el Grupo Parlamentario Popular caiga en el olvido, porque su posición política formal es sencillamente la de la inexistencia de la gama de grises, que es otra de las formas en las que se puede ver también la actividad política. Introdúzcanse con un poquito más de trabajo, con un poquito más de tesón en este tipo de políticas y a lo mejor se encuentran con algo más que un frontón por parte del resto de los grupos de la Cámara. Si ustedes tuvieran un planteamiento político más dialogante, en el que además de la simple crítica destructiva y de desgaste del Gobierno se encontrara alguna propuesta constructiva, quizá encontraría en los grupos de la oposición otra actitud con respecto a sus propuestas, pero lamentablemente no existe.
Respecto a la enmienda que parece ser la única que ha merecido por parte del Grupo Socialista el respeto, el cariño suficiente para ser presentada hoy en esta Cámara (lo digo porque hay más, hay una relacionada con esta ley presupuestaria de acompañamiento que ustedes han creído que no había que defenderla, así como otra al artículo 39 que tampoco han considerado necesario defenderla, y sin embargo sí aquellas que, como decía el señor Núñez ayer, son al fin y al cabo ratoncitos pequeños para lo que de verdad necesita resolver nuestra sociedad-, es cierto que la tasa de utilización del dominio va a ser de 18.000 pesetas, como también es cierto -y tendrán ustedes ocasión de comprobarlo tantas veces como tengan interés en hacerlo, interés en algo más que poner en solfa cualquier propuesta que salga del Gobierno- el informe económico- financiero que lo sustenta. Yo no sé si usted sabe lo que es una tasa; yo creo que sí, lo que aparece en la Ley General Tributaria que trata de remunerar el coste efectivo de los servicios. ¿Se ha planteado usted por qué el coste efectivo del servicio de la utilización del dominio. es. en España puede ser superior al de otros países? ¿Quiere que le dé alguna pista? ¿Se le ha ocurrido pensar que en España llevamos algún tiempo de retraso con respecto a la utilización de estos dominios en Internet como consecuencia de alguna paralización o falta de iniciativa, hace unos años, que tuvo que ver con las gestiones implementadas en la época de los gobiernos socialistas? ¿Se le ha ocurrido que ésta puede ser una razón? Cuando se presente el informe económicofinanciero -no tengo ninguna duda de que usted, que es una parlamentaria tenaz, lo solicitará-, cuando lo lea, comprobará que está sustentado no en propuestas que tienen que ver con vamos a poner la mitad porque así parece que la tasa suya es cara y la nuestra es más barata, sino en una razón absolutamente justificada técnicamente que poco tiene que ver con las insinuaciones de su señoría. Yo le decía también en la Comisión -y veo que lo hice con poca fortuna- que si se había mirado detenidamente o no, me da igual, aunque fuera por encima, la enmienda 87 de nuestro grupo. ¿Usted la ha leído? ¿Por qué no nos dice la verdad -porque yo sé que usted se la ha leído- que le parece bien la modificación que el Grupo Parlamentario Popular introduce en el artículo correspondiente? ¿A usted le parece mal el planteamiento que ha hecho el Gobierno sobre el plan futuro de dominio? (La señora Pleguezuelos Aguilar pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, es que no se le ha oído decir en esta Cámara nada relacionado con la propuesta del Partido Popular que ha sido incorporada en la ponencia.
El otro día tampoco lo hizo y ahora... (La señora Pleguezuelos Aguilar: Sí, sí.) No, no insista; usted no ha hecho ninguna referencia a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pues hay un plan nacional de nombres de dominio y la cuantía, como usted sabe, se determinará en función de circunstancias de todo tipo. Por ejemplo, y por encima de cualquier otra razón, usted sabe perfectamente, como yo y todos los miembros de esta Cámara, que hay algunos registros de dominio que tienen valor económico en sí mismos. En nuestra enmienda se incorpora una modificación que pretende dar solución a esta cuestión. Como mínimo yo creo que hubiera sido necesario, para acreditar cierta solvencia política, que usted hubiera reconocido que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular tenía cierta valoración positiva.
Desde luego, señor Díaz-Cano, no tengo ninguna intención de reproducir los argumentos que de forma brillante, como usted reconocerá conmigo, el señor Ballestero le ha dado esta mañana. Usted sabía que el debate se producía esta mañana, aunque está perfectamentelegitimado para hacerlo en este momento o en cualquier otro. Yo le digo que el debate ha sido esta mañana. Entiendo que S.S.
no ha quedado satisfecho porque de la posición política de ambas partes ha quedado bien claro que la posición de nuestro grupo estaba sustentada, avalada políticamente, y a ustedes tan sólo les movía una intención que es seguir aportando titulares de periódico sin ninguna argumentación que tenga que ver con la realidad de Radiotelevisión Española. Lo que está en el «Diario de Sesiones» está dicho, pero también lo dicho por nuestro portavoz en el día de hoy. Entiendo que usted necesitaba sacarse la espina del fracaso evidente que supuso su intervención hoy por la mañana. Lamento que sea así. Tendrá usted oportunidad

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de nuevo para intervenir cuantas veces sea necesario Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife, los de Valencia, en esta propuesta que hace nuestro grupo. Bilbao y Vigo estén sometidos a esta situación de bloqueo Nada más, señor presidente. de sus competencias jurisdiccionales, y de sus principios de autonomía funcional y de gestión, que el El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, Gobierno tendrá que dar una solución rápidamente para señor Cámara.
evitar las situaciones de conflictividad laboral anunciada Título V Culminado el debate de las enmiendas al título IV, por los sindicatos respectivos de los puertos. En el vamos a comenzar el debate de las enmiendas al título V. ámbito de Canarias la unidad sindical es total en los Por el Grupo Parlamentario Mixto hay presentadas documentos conjuntos firmados por los sindicatos, la enmiendas firmadas por los señores Puigcercós, Núñez Intersindical canaria, UGT y Comisiones Obreras. Es y Rodríguez Sánchez, que entiendo antes se han dado un problema de reivindicación laboral que tienen unos por defendidas.
convenios colectivos firmados entre la parte laboral Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario social y la parte empresarial, representada por la Autoridad de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. Portuaria, que se encuentran sin posibilidad de aplicación por este bloqueo que está realizando la El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, Cecir. Esta situación es insostenible y creemos que con señor presidente. nuestra enmienda y con el buen uso razonado que haga La enmienda que me corresponde defender en este la Administración central, los ministerios de Economía trámite es la número 71, al título V, en la que proponemos y Hacienda, se podrá despejar rápidamente. Señor presidente, un artículo 56 bis, nuevo, y estamos hablando del nuestra enmienda va dirigida a solucionar el texto del proyecto de la ley de modificaciones que problema en un ámbito de coordinación y colaboración, hacen referencia a la Ley 62/ 1997, que modificó la para que no haya disparidades en convenios Ley 27, de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina colectivos que por razón de presión social o laboral Mercante. Esta enmienda coincide en términos literales puedan haberse interpretado como muy asimétricos con la 149, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència dentro de la estructura de convenios colectivos de todo i Unió) y con la 243, del Grupo Parlamentario el Estado.
Socialista. Esta enmienda trata de resolver un problema Nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (El que se nos está planteando en este momento en señor Aymerich Cano pide la palabra.) los puertos canarios como unos más entre los 12 puertos españoles cuyas autoridades portuarias, en razón de El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, lo que dicen estas leyes invocadas de puertos y de la señor Mardones. marina mercante, son entes públicos que tienen personalidad El señor Aymerich me está pidiendo la palabra. jurídica propia y gozan de una autonomía funcional y de gestión propia. La situación actual en España El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, es que 12 puertos tienen firmados estos convenios señor presidente, por tolerar este quebranto del orden colectivos laborales y hay un organismo centralizado, normal en las intervenciones. el Cecir, que no da la autorización correspondiente, se Al título V el Bloque Nacionalista Galego presenta encuentra en situación de silencio administrativo y las una serie de enmiendas. La número 186 pretende suprimir negativas que se han dado a determinadas autoridades la referencia que en el artículo 56 del proyecto se portuarias no vienen razonadas. Esta situación es insostenible hace a un nuevo canon por concesión de la lámina de y va en demérito no solamente de la eficacia y agua sobre la que se asientan bateas u otras instalaciones de la gestión de los puertos del Estado, sino de un Estado de cultivos marino, viveros flotantes, etcétera. Creemos de derecho en el que la inseguridad jurídica se puede que con la imposición de un canon lo que se instaurar por esta vía. ¿Qué propone nuestra enmienda, introduce es una doble imposición para empresas de como las otras que he citado del Grupo Parlamentario cultivos marinos que en este momento ya están en algunas Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario comunidades autónomas, como es el caso de la Socialista? Sencillamente que este organismo, la gallega, pagando una tasa por explotación de estos cultivos. Cecir, que no da ninguna satisfacción y que está fuera Hay otra serie de enmiendas dirigidas a restablecer de lugar jurídico, sea sustituido por la Comisión interministerial la capacidad de negociación colectiva de los empleados, de seguimiento de la negociación colectiva de los trabajadores de las autoridades portuarias, de empresas del sector público, donde creemos que por una razón. Si la vigente Ley de puertos establece debe estar ubicada la competencia. No tratamos con para las autoridades portuarias un sistema de gestión nuestra enmienda -y he visto satisfactoriamente que empresarial, parecería lógico también que en atención los otros grupos que he citado tampoco- que haya una a las diferentes tareas que los empleados de estos entes descoordinación total en la política laboral de convenios públicos tienen que realizar, que varían de unos puertos colectivos de los puertos del Estado. Es tan chocante a otros, se reconozca una capacidad de negociación que puertos de la trascendencia como el de Barcelona, colectiva en los mismos términos que se reconoce en la el puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran legislación laboral común.
Actualmente lo que está

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sucediendo es que los acuerdos a los que llegan los representantes de los trabajadores con los representantes de la dirección de estas autoridades portuarias ven impedida su eficacia y su validez incluso por el informe negativo que hace la Comisión interministerial de retribuciones. Este es el sentido de las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a este título V.
Doy por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós e intervendrá ahora, compartiendo el tiempo, el señor Núñez.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, voy a ser muy breve porque las dos primeras enmiendas son de carácter técnico y se refieren a que el sistema del mercado de valores permita inversiones distintas de los propios accionistas. Otra enmienda se refiere a los derechos de los viajeros -Ley de Navegación Aérea- en relación con la suspensión de vuelos, garantizando que en cualquier caso las compañías tengan que devolver el valor del billete o garantizar vuelos alternativos. El resto de las enmiendas las doy por defendidas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado algunas enmiendas, pero no hay nadie de dicho grupo para defenderlas.
(Pausa.-El señor Aymerich Cano pide la palabra.) Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: A efectos de la cortesía parlamentaria también las doy por defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.


Voy a proceder a la defensa de las enmiendas al título V. En primer lugar, la enmienda 148 hace referencia a la figura del defensor del asegurado. El cambio que se propone en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, a juicio de nuestro grupo parlamentario, pone en situación de riesgo el desempeño de sus tareas por quien ostente la funciones de defensor del asegurado, figura contemplada en la Ley de ordenación del seguro privado y en la normativa reglamentario de desarrollo. ¿Y por qué entendemos que pone en peligro el papel de esta figura de creciente prestigio? Por el siguiente motivo. Porque en la regulación hoy en día vigente, el lapso de tiempo que tiene para resolver el defensor del asegurado las reclamaciones, las quejas, las sugerencias que procedan de asegurados antes de que pueda proceder a la reclamación ante la Dirección General de Seguros es de seis meses desde que se interpone la queja, sugerencia o reclamación ante el defensor del asegurado. En la modificación de la Ley de Ordenación del Seguro Privado, la Ley 30/1995, que se propone en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, este plazo de seis meses no cuenta desde que se acude al defensor del asegurado, sino que empieza a contar desde que se acude a los departamentos de la entidad aseguradora que se encargan de atender estas quejas o sugerencias, con lo cual, si el plazo empieza a contar desde que se acude a estos servicios, el lapso de tiempo en el que puede operar el defensor del asegurado es sustancialmente menor. Entendemos que esto sólo redunda en una pérdida de la calidad en el desempeño de las funciones por parte de esta figura que está adquiriendo un prestigio creciente, insisto.
La segunda de las enmiendas que mi grupo ha presentado al articulado de este título V del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social hace referencia a la negociación colectiva y a la fijación de los gastos de personal por parte de los puertos del Estado, enmienda en sentido idéntico, diría yo, a una presentada y defendida por el portavoz de Coalición Canaria. El procedimiento actual de determinación de gastos de personal y de negociación colectiva en el ámbito de los puertos del Estado viene regulado en la ley de presupuestos a través de la Cecir. Todos los grupos parlamentarios sabemos que la eficacia de este procedimiento de determinar los gastos de personal y de llevar la negociación colectiva dista mucho de ser un ejemplo de agilidad y eficacia, de tal forma que permita a los puertos del Estado poder desempeñar las funciones que les son propias. Sabemos que hay funciones de índole pública, pero también que tienen asignados unos objetivos, de tal forma que la gestión que se les exige, sin perjuicio de su función pública, tienda a la consecución de objetivos de mejora de la eficacia y la gestión de carácter empresarial. Como la situación, se diga lo que se diga, es de inoperancia de la Cecir, lo que propone mi grupo parlamentario junto con el de Coalición Canaria es que se le aplique el mecanismo del que hoy en día disfrutan, por ejemplo, Correos u otras empresas de carácter público, que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y los gastos de personal esté sometida al control de la Comisión interministerial de seguimiento de la negociación colectiva en empresas del sector público. Perpetuar lo contrario es mermar la eficacia de los puertos del Estado.
En cuanto al resto de enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado, doy por defendidas las que mi grupo mantiene vigentes, salvo la número 150, que defenderá el diputado señor Jané.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, la enmienda número 150 pretende ayudar a un más rápido desarrollo del cable en España. La propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones reconoce en sus informes que existen unos obstáculos que impiden un buen y ágil desarrollo del cable en España, sobre todo en aspectos relativos a la obtención de los derechos de paso y al uso compartido de las infraestructuras. Nuestra enmienda número 150 pretende dar solución a estas insuficiencias, por lo que nuestro grupo está abierto, ya sea hoy al final de este Pleno o en el Senado, a buscar alguna fórmula transaccional con el Grupo Parlamentario Popular para dar respuesta a lo que esta enmienda pretende. Simplemente para dejar constancia en el «Diario de Sesiones», he de decir que el uso compartido de las infraestructuras se regula en la Ley General de Telecomunicaciones, en el título III, pero esa regulación afecta a nuevas ocupaciones. En cambio, no se aplica al uso compartido de infraestructuras ya existentes previamente. Ello se intentó solucionar normativamente con el Decreto 1.736/1998, pero ese decreto es de difícil interpretación y nosotros entendemos que no tiene el rango normativo suficiente, de ahí nuestra enmienda número 150 que intenta dar solución a este tema. Por tanto, nuestro grupo espera, ya sea hoy, ya sea en el Senado, que encontremos una fórmula que ayude a lo que tiene que ser el vehículo privilegiado de implantación de la sociedad de la información en los hogares domésticos y en el conjunto de la sociedad, que es el hecho de facilitar la implantación del cable en España.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Las dos enmiendas que presenta mi grupo a este título V son las números 256 y 257. La enmienda 256 propone la supresión del artículo 53 de esta ley de acompañamiento porque creemos que una vez más se produce un abuso en la utilización de un procedimiento excesivamente rápido para modificar la Ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No tiene sentido que se introduzca en esta ley de acompañamiento, por lo que nuestra enmienda es de supresión de todo el artículo 53. La segunda enmienda, la número 257, es de supresión del artículo 54, ya que no consideramos necesaria la modificación de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, pero es que además su creación supone la transformación de una figura privada, como es la del defensor del consumidor, en un órgano administrativo y desde nuestro punto de vista no resulta conveniente.
Por tanto, proponemos la supresión tanto del artículo 53 como del 54.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mendizábal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intervenir brevemente.
El título V del proyecto de ley objeto de debate se refiere a la regulación de las medidas administrativas. Contempla todo un elenco de disposiciones que introducen modificaciones puntuales y concretas a lo que son distintos segmentos de la acción administrativa, siempre con un común denominador que no es otro que el de actualizar y adaptar los diversos instrumentos normativos que disciplinan esas esferas de la acción administrativa con especial trascendencia en el ámbito económico; actualización y adaptación que se contempla, señorías, desde la unidad sistemática que les confiere una determinada política económica, que es la política económica del Gobierno de la nación. Por tanto, a nuestro juicio, se trata de poner al día un conjunto de leyes, de sincronizarlas con las exigencias de la política económica y presupuestaria del Gobierno o, simplemente, de adaptarlas a las exigencias derivadas de la normativa comunitaria o a las exigencias derivadas de la siempre cambiante realidad social que ordenan en materias como el mercado de valores, la acción administrativa en puertos, la legislación sectorial de seguros, hidrocarburos, telecomunicaciones, medio ambiente o sanidad, que como realidades sociales complejas exigen esa adaptación y actualización.
Para responder cumplidamente a las enmiendas que se han presentado, señor presidente, y con el ánimo de sistematizar y ser breves a estas horas, las vamos a agrupar en tres grandes bloques. Un primer bloque se refiere a las enmiendas del capítulo 5 del título V, que reglamenta la acción administrativa en materia de puertos. Se introduce en la Ley 27/1992 una modificación en el sentido de establecer que la ocupación de láminas de agua por artefactos flotantes u otras instalaciones con destino a la acuicultura esté sujeta al régimen de concesión administrativa o de autorización administrativa, según los casos, con el consiguiente devengo de cánones. La enmienda 186, del BNG, pretende la supresión de este precepto del proyecto. Evidentemente no podemos compartir esa enmienda, puesto que entendemos que, obviamente, la ocupación del dominio público, ya sea ocupación privativa u ocupación especial, tiene que quedar sujeta al régimen de concesión administrativa o de autorización administrativa. Es decir, la previsión del proyecto es plenamente compatible con loque son las técnicas de utilización privativa del dominio

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público y, por ende, plenamente coherente con lo que son las técnicas de utilización privativa del dominio público portuario que diseña la Ley 27/1992. Hay también un conjunto de enmiendas relativas a la administración portuaria y al régimen de personal que nos merecen un tratamiento uniforme. Son las enmiendas de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Socialista, enmiendas que debemos rechazar, puesto que en síntesis postulan sustituir el control que en materia retributiva del personal al servicio del ente público Puertos del Estado y autoridades portuarias desempeña la Cecir por la Comisión interministerial de seguimiento de la negociación colectiva de empresas del sector público. Son enmiendas que entendemos que desconocen la peculiar naturaleza de estas entidades que desarrollando una actividad empresarial, y así se ha dicho también, vienen a prestar una actividad de servicio de interés público, es decir, que fusionan criterios de rentabilidad con criterios de servicio público. Sus tasas y sus precios, por ejemplo, están controlados, están tasados, no se establecen por el mercado y no concurre ese elemento de competencia que presiona en la negociación colectiva de otras empresas del sector público o del sector privado, de ahí la necesidad de mantener unos criterios de armonización de la política sectorial o de la política de negociación colectiva del conjunto. Por lo demás, su propia normativa presupuestaria, los procedimientos administrativos que prevé la propia Ley de puertos establecen un régimen muy similar al que se fija para otras entidades públicas empresariales de naturaleza económica, como es el caso de Aena u otras. En definitiva, entendemos, señoría, que el establecimiento de criterios relativos a la gestión de recursos humanos y de gastos de personal que ejercen mancomunadamente el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas responde a esa necesidad objetiva de mantener una política global de recursos humanos en el sector público estatal, sin perjuicio de las especialidades organizativas o de funcionamiento de las distintas entidades públicas empresariales, y entre ellas de las propias autoridades portuarias.
En un segundo bloque tenemos la enmienda 150, de CiU. Es una enmienda que tiene una doble finalidad: por un lado, introducir competencia en el ámbito de las telecomunicaciones y, por otro, posibilitar la suscripción de convenios entre el Estado y las comunidades autónomas para asignar a estas últimas la aprobación de los proyectos técnicos a que se refiere el artículo 46 de la Ley General de Telecomunicaciones. Entendemos que sus objetivos pueden parecer razonables, atendibles, que podemos estar de acuerdo con la ratio que late en la reforma, pero que en el actual escenario normativo vigente son absolutamente innecesarias. En primer lugar, porque en cuanto a la aprobación de esos proyectos técnicos, en los casos en que sean necesarias expropiaciones para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, pueden resolverse mediante el recurso a una figura de nuestro ordenamiento como es la encomienda de gestión. En cuanto a las otras modificaciones que se introducen, su finalidad es fomentar, implementar la competencia local, que ya de alguna forma viene coadyuvada por la apertura del bucle local. Por lo demás, como subrayaba el propio ponente del Grupo de Convergència i Unió, esta materia ya se discutió durante la tramitación de la Ley General de Telecomunicaciones, plasmándose como conclusión en su articulado que la utilización compartida de infraestructuras de telecomunicación preexistentes requiere de la expropiación forzosa en la medida en que ello supone una privación singular de derechos e intereses legítimos.
En un tercer grupo hay un conjunto de enmiendas que vamos a rechazar sobre gastos farmacéuticos o sobre la modificación de la Ley 18/1981.
Quiero referirme a la enmienda 257, del Partido Socialista, que postula la supresión de un precepto del proyecto de ley so pretexto de que pretende convertir en órgano administrativo una figura privada. Evidentemente no podemos compartir esa tesis, al menos si partimos de un concepto de órgano administrativo, es decir, qué entendemos por órgano administrativo. Convencionalmente se define el órgano administrativo como un complejo orgánico incardinado en la Administración pública, con una esfera de atribuciones o competencia e investido de potestades administrativas. Obviamente, ni el requisito subjetivo ni el objetivo ni el de actividad concurren en la regulación del defensor del asegurado o en los departamentos de atención del asegurado. Por ende, no podemos compartir este planteamiento. Como no podemos compartir tampoco la enmienda 215, del Partido Andalucista, de modificación de la Ley de Navegación Aérea, que entendemos que en el actual escenario europeo supondría colocar a los operadores nacionales en situación de desigualdad respecto de los demás operadores. En fin, la enmienda 53, del Partido Socialista, que propone la supresión de la regulación o modificación de la Ley del Mercado de Valores en el proyecto de ley con el a mi juicio peregrino argumento de que no es oportuna su regulación en dicha ley, tenemos que rechazarla. La tenemos que rechazar desde la convicción de que no sólo es oportuna sino que además es legítima y estrictamente indispensable. Es legítima porque, como SS.SS. saben, la Ley de acompañamiento no está sujeta a las limitaciones materiales o a las especialidades procedimentales propias de la Ley de presupuestos, que por mandato constitucional únicamente pueden regular la materia directamente relacionada con la habilitación de ingresos y la autorización de gastos. Eso fue lo que reiteradamente le dijo al Partido Socialista, cuando tenía responsabilidades de Gobierno, el Tribunal Constitucional, poniendo coto al uso y al abuso del expediente presupuestario cuando en el mismo se colaban todo tipo de modificaciones legales. Hoy la Ley de presupuestos ya no es ese ómnibus legislativo.Pero es que, además, consideramos que es una

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modificación oportuna y que dentro de esa oportunidad incluidas en la Ley de 1990, en los supuestos, insisto, de adaptar, modificar y poner al día nuestro ordenamiento que contempla la Ley de amnistía. se incluye -y en un lugar singularizado- la Nada más. Muchas gracias.
disciplina normativa del mercado de valores. Y no sólo es oportuna sino que es estrictamente indispensable El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, para la modernización del mercado de valores y su señor Saura.Señor Núñez. adaptación al escenario europeo, para superar, en definitiva, ese modelo mutualista en cuya virtud, para El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, los adquirir la condición de miembro de un mercado andalucistas hemos presentados dos enmiendas a las secundario o de una sociedad rectora del mismo, es disposiciones adicionales. La primera de ellas, referida necesario participar en su capital social.Entendemos, a un segmento del sector turístico que tiene mucho peso señorías, que tenemos que eliminar las barreras para en Andalucía, algo menos en el resto de España, que es facilitar o fomentar, de alguna forma, la competencia el llamado de tiempo compartido o time sharing. Nuestra en la intermediación bursátil y facilitar las alianzas enmienda va en la dirección de que los servicios que europeas de bolsas que en la actualidad se están realizando aplican esta nueva fórmula de adquirir la propiedad vía intercambios accionariales, lo que veda nuestro tengan el tipo reducido del IVA del 7 por ciento, para ordenamiento. que sean similares a los servicios de alojamiento hotelero, Concluyo ya, señor presidente. Desde la convicción a los que se refiere el tiempo compartido. de que esta reforma es legítima, oportuna y estrictamente La segunda enmienda, la número 217, vuelve a esta indispensable, rechazaremos esta enmienda del Cámara después de dos años. Es una enmienda de reconocimiento Grupo Socialista. de singularidad a municipios singulares; de Nada más, señor presidente. reconocimiento de contraprestación del Estado a aquellos municipios que tengan más de dos tercios del término El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, municipal ocupados por terrenos del Ministerio señor De Juan. de Defensa o por parques naturales. Estos municipios Disposiciones Culminado el debate de las enmiendas presentadas no reciben contribución por esos suelos, salvo alguna adicionales, transitorias, al título V, corresponde ahora el debate de las enmiendas simbólica de parque natural, y creemos que no es justo derogatorias a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias que recaiga sobre las espaldas de sus ciudadanos el y finales y finales, en el bien entendido que aquellos peso de servicios de interés general del Estado, como grupos parlamentarios que no hagan uso de la palabra los de defensa o los de protección de parques naturales. para la defensa de estas enmiendas lo han hecho ya en Aunque la norma es extensiva a todos los municipios su defensa a lo largo de todo el debate de este proyecto que cumplan estas condiciones, afectará en concreto de ley. al municipio de San Fernando y algún que otro Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra municipio catalán. Por tanto, es una enmienda que se el señor Saura. aplicaría como discriminación positiva y como contraprestación a aquellos ayuntamientos que tuvieran estas El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, en características.Espero que el Gobierno sea sensible a mi intervención también doy por defendidas las esta enmienda, que fue apoyada por todos los grupos enmiendas de la señora Lasagabaster y del señor Puigcercós de la Cámara en Comisión, pero que no tuvo el apoyo a las disposiciones adicionales. del Gobierno mismo; espero que pueda tenerlo hoy en Por lo que se refiere a las enmiendas que ha presentado el Pleno.
Iniciativa per Catalunya-Verds, simplemente quiero Muchas gracias.
destacar y explicar la enmienda número 298. Esta es una enmienda que pretende ampliar los beneficios que El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 señor Núñez. dio a aquellas personas que habían sufrido prisión como Señor Aymerich. consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de amnistía. Estos beneficios eran para las personas El señor AYMERICH CANO: Intervengo muy brevemente mayores de 65 años. Desde 1990 hasta ahora hemos para dar por defendida la enmienda de supresión recibido sugerencias o reivindicaciones de personas que que, en coherencia con otras defendidas anteriormente, hoy tienen más de 65 años y que en aquel momento evidentemente presenta el BNG al apartado uno y dos de la no pudieron acogerse a los beneficios de la disposición derogatoria única.
Ley de Presupuestos Generales de 1990. Nuestra propuesta Muchas gracias. es que de alguna manera se amplíen los beneficios de la Ley de 1946, de acuerdo con la Ley de Presupuestos El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, Generales del Estado, a todas las personas que señor Aymerich. hubieran sufrido prisión, a pesar de que no estuvieran Señor Rejón.


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El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Popular que intervino anteriormente, el señor Merino, dijo: yo quiero denunciar las contradicciones de la oposición, que critica que esta ley de acompañamiento es la percha donde colgar leyes y, luego, resulta que ellos en sus enmiendas plantean modificaciones a nuevas leyes. Francamente, tengo que reconocer que, en esa parte de su intervención, llevaba su cuota de razón; estoy de acuerdo. Asumo como grupo que es una contradicción.
No es que las contradicciones sean malas pero, si queremos ser coherentes en nuestro discurso, la oposición tendrá que ir corrigiéndolo para futuros presupuestos. Claro que ese argumento no sirve para decir: como ustedes critican esta ley, no le hagan enmiendas; dentro de lo que cabe, el mejoramiento de un texto legislativo es interesante aunque uno no esté de acuerdo con el marco. Ahora bien, insisto en que llevaba su cuota de razón en cuanto a aquellos puntos en que planteamos nuevas leyes. No se puede estar en contradicción.
Sirva de descargo que, para grupos minoritarios como el que represento, es un elemento útil porque, habiendo como hay cupo, tenemos dificultades de entrar con proposiciones de ley en los plenos y eso hace que aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid o que la Ley de acompañamiento acompaña -como su propio nombre indica- a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y la utilicemos como percha para introducir algunas cuestiones. No obstante, vuelvo a insistir en que no es conveniente hacerlo para seguir manteniendo la coherencia.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión, pero está claro que tanto estas enmiendas, como las presentadas a las disposiciones derogatorias y finales, las doy por presentadas y defendidas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.


De las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a las disposiciones adicionales, voy a defender conjuntamente las dos primeras porque hacen referencia a una misma cuestión, aunque con distintos enfoques: al Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 67 de la Ley 30/1994, de fundaciones e incentivos a la participación privada en actividades de interés general, será de aplicación a los programas y actividades relacionados con el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. La primera consideración de mi grupo parlamentario en relación con esta cuestión es que no hay ningún obstáculo ni argumentación convincente para considerar que no sea aplicable, para una mejor preparación de este evento, el régimen prioritario de mecenazgo del artículo 67 de la Ley 30/1994 a partir de 1 de enero del año 2001; en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social se sitúa a partir del 1 de enero de 2002.
La segunda de las cuestiones sobre el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 hace referencia a su financiación y, habida cuenta de que en otros eventos se han establecido mecanismos de financiación específicos para este tipo de circunstancias, consideramos que de forma análoga a la seguida para otros eventos deben arbitrarse las medidas para que puedan ser operativas vías de financiación tales como emisión de sellos conmemorativos, acuñación y puesta en circulación de monedas igualmente conmemorativas y la celebración de un sorteo de lotería nacional encaminado a obtener beneficios para una mejor financiación del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.
La siguiente de las enmiendas, la 156, hace referencia a una cuestión sin duda sensible y muy importante y que mi grupo entiende que debe ser tratada con contundencia para acabar con el perjuicio que se está produciendo para determinados operadores económicos en un determinado sector productivo, fundamentalmente en el ámbito de las bebidas alcohólicas, como consecuencia de que las entidades económicas, los operadores económicos que venden bebidas alcohólicas al sector de la distribución están cobrando el precio de la venta de estas operaciones más tarde que el plazo que tienen para ingresar la imposición especial sobre este tipo de productos ante la Hacienda pública. Con lo cual resulta que han de adelantar dinero a las arcas de la Hacienda pública y el cobro del operador económico se produce después. Mi grupo parlamentario considera que existen distintas formas de atajar la solución a este problema, que creo que es evidente para cualquier analista de la cuestión. Y de las distintas posibilidades que existen para atajar este problema financiero que se les está produciendo a estos operadores económicos de venta de bebidas alcohólicas, mi grupo pone el acento en que el Ministerio de Hacienda arbitre la posibilidad de ampliar el plazo para ingresar la imposición especial sobre ese tipo de productos ante la Hacienda pública, que establezca la posibilidad de ampliar el plazo sin modificar el período de presentación de la correspondiente declaración, con lo cual no se distorsionaría en absoluto la gestión tributaria, porque lo único que modificaría sería el plazo de ingreso y no el de presentación, con lo que lograríamos poner fin a una situación que no es correcta, que no es justa, como es el hecho de que se cobre más tarde de aquel momento en el que hay que cumplir ante la Hacienda pública española.


La siguiente enmienda es la número 157 y también es una iniciativa de carácter normativo, una iniciativa parlamentaria que entendemos que tarde o temprano habrá que abordar. En la prestación de servicios profesionales se han creado múltiples formas en el marco de asociaciones, y lo cierto es que en el ámbito de la prestación

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de servicios de carácter profesional existen muchas dudas sobre cuál es la naturaleza que une a los profesionales con la asociación en la que se enmarcan y desde la cual prestan sus servicios. La jurisprudencia es vacilante, aunque en los últimos tiempos la mayor parte de los tribunales que han resuelto al respecto en esta cuestión han entendido que la naturaleza de la relación que une a los profesionales que prestan servicios con las asociaciones en las que se integran es una naturaleza civil de prestación de servicios profesionales, no es relación laboral sino una relación civil de prestación de servicios profesionales. Pero lo cierto es que existen muchas dudas y que las dudas están abiertas y que afectan a significativas asociaciones en el ámbito de la prestación de servicios profesionales. Lo que propone mi grupo parlamentario es salir al paso de esta jurisprudencia vacilante -aunque es cierto que mayoritaria en los últimos tiempos a favor de considerar que la relación tiene una naturaleza civil de prestación de servicios profesionales-, salir al paso de estas dudas y considerar que la relación es de naturaleza civil, pero que se abra la opción para que la propia entidad pueda decidir si la relación es de naturaleza laboral. Es decir, ante un panorama judicial oscilante, lo mejor es acoger y recoger la realidad existente y permitir la opción entre la relación civil de servicios profesionales y la relación puramente laboral.
La siguiente enmienda es la número 158 y enlaza con la reciente liberalización del ejercicio de la actividad profesional, lo cual ha puesto en cuestión la continuidad de una efectiva adscripción territorial colegial para el ejercicio de profesiones en todo el territorio de España. Lo cierto es que si se ha liberalizado esta posibilidad de prestar servicios, parece lógico que las propias mutualidades específicas de este tipo de profesionales, a los que se ha abierto la puerta para ejercer la profesión en otros ámbitos territoriales más amplios de la acotación inicial que tenían, también puedan, siquiera las constituidas antes del 10 de noviembre de 1995, prestar cobertura, cubrir contingencias fuera del ámbito territorial en el que hoy puedan operar. Si los profesionales cuyas contingencias cubren pueden operar fuera del ámbito territorial originario, como ya ocurre hoy en día, lo lógico es que las mutualidades constituidas antes del 10 de noviembre de 1995 puedan también prestar servicios, cubrir contingencias fuera del ámbito territorial estricto originario.
La siguiente enmienda que presentamos entendemos que se justifica desde una óptica de política social evidente. Hace referencia a aquellos casos de trabajadores con minusvalías psíquicas y que incurren frecuentemente en situaciones de incapacidad temporal. Mi grupo parlamentario propone que no tenga coste ante la Seguridad Social la contratación de los trabajadores que sustituyan a las personas con minusvalías psíquicas en estos supuestos de incapacidad temporal. Entendemos que es una exigencia de la justicia social, que favorecerá la integración profesional de los trabajadores con minusvalías psíquicas.
Muy rápidamente defiendo las dos últimas enmiendas, las números 161 y 162. La enmienda número 161 hace referencia a la posibilidad de que las cooperativas emitan valores negociables y tengan acceso al primer y segundo mercado de valores. En principio, el marco normativo general arbitra la posibilidad de que las cooperativas puedan emitir estos valores y coticen en el primero y en el segundo mercado de valores, pero el desarrollo normativo posterior no ha abierto la puerta a esta posibilidad de manera práctica y operativa. Y la iniciativa parlamentaria presentada, contenida en la enmienda número 161, precisamente lo que hace es abrir la puerta a esta operativa.La última enmienda, la número 162, solicita la adscripción personal de un letrado a cada magistrado del Tribunal Supremo para un mejor y más eficaz ejercicio de la función jurisprudencial y la adscripción de 15 letrados al gabinete o a las salas con la misma finalidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura tiene la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a consumir este turno de defensa de enmiendas que hemos presentado a todo el conjunto de disposiciones adicionales y transitorias de que consta la ley, al mismo tiempo que haremos reflexiones acerca de nuestra posición en el contenido que sobre esas materias figura en el dictamen de la Comisión.
Como primera medida, permítame, señor presidente, que fije posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al contenido de la disposición adicional decimoquinta nueva y la decimonovena nueva -estoy leyendo textualmente-. Se refieren, sobre todo la segunda, a subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Dice el texto introducido por el Grupo Parlamentario Popular: Se amplía al año 2001 la autorización concedida al Gobierno para modificar la cuantía de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, contenida en el artículo 61 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Dicha modificación nunca podrá suponer disminución de la ayuda prestada o un deterioro de la calidad del servicio en incremento de los créditos asignados a esta finalidad.
Señorías, les voy a leer también lo que decía el artículo 61 de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, titulado Subvenciones al transporte aéreo para residentes en las

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islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y decía: Se autoriza al Gobierno de la nación para que durante el año 2000 modifique la cuantía de las subvenciones, etcétera. Ahora resulta que lo que el Gobierno no ha hecho a lo largo del año 2000, al menos hasta estos momentos, que era un mandato legislativo (el Gobierno no ha ejecutado un mandato legislativo, un mandato contenido en una ley, en el artículo 61 de esa Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000), con la disposición decimonovena nueva, que es una disposición vergonzante, el Grupo Parlamentario Popular le quiere tapar las vergüenzas, los incumplimientos, quiere enmascarar su negligencia y defenderlo cueste lo que cueste y pide una prórroga de un año. Esto es: la obligación que contenía la Ley de acompañamiento del año 2000 para con los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que no hemos cumplido porque somos unos gandules y unos incompetentes, ahora, el Grupo Parlamentario Popular, para que no se note, dice: vamos a prorrogar ese mandato un añito más.
Segundo. Hay incumplimientos del Gobierno de las disposiciones adicionales -y esto fundamenta la argumentación del Grupo Parlamentario Socialista-, irrevocables, incuestionables, porque les estoy leyendo el Boletín Oficial del Estado, que luego podrán vestir como quieran. Decía el artículo 62 de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, sobre acreditación de la condición de residente en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla -mire qué perla de un nuevo incumplimiento-: Al objeto de alcanzar una mayor facilitación y accesibilidad al vigente régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se aceptará la acreditación de la condición de residente mediante la utilización del documento nacional de identidad o documento equivalente para ciudadanos de la Unión Europea. Y continuaba, señor Cámara -y esto incrementará, desde luego, el conocimiento tan amplio que usted tiene de estas materias-: Reglamentariamente, en el plazo de seis meses -es decir, de enero a julio-, se determinará el procedimiento adecuado, que se basará en la utilización de fotocopia de dicho documento, etcétera.
Los contenidos de estos artículos 61 y 62 de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000 no son temas baladí, los ciudadanos españoles residentes en las islas Canarias están esperando -se lee en la prensa permanentemente, en los comunicados de colectivos ciudadanos, de las instituciones públicas- ese desarrollo reglamentario. El Gobierno no ha ejecutado, al menos hasta el día de hoy, el contenido del artículo 61, y el mandato que contenía el artículo 62, que reglamentariamente tendría que regular eso en los seis primeros meses del año, tampoco se ha cumplido. No es un tema sin importancia, porque para los ciudadanos que residen en estas cuatro comunidades la obtención del certificado de residencia, la acreditación de su condición de residente en cada una de esas comunidades es un tema muy importante. Ya sé que para un ciudadano que reside en Valladolid, en Albacete, en Cuenca o en Guadalajara esto no le dice mucho, pero estas son las Cortes Generales del Estado español y estos incumplimientos del Gobierno surgieron precisamente de disposiciones adicionales que introdujeron ustedes en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000 -y lo he reiterado- y el Gobierno no lo ha cumplido. Una actitud digna de un grupo parlamentario es exigir al Gobierno, cualquiera que sea el color de ese Gobierno, el cumplimiento de los contenidos de una ley. Luego entenderán, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista, con estos precedentes -es cierto que en otras materias el Gobierno, lógicamente, cumplirá-, diga que en esto se ha mostrado notablemente negligente.


Por ello, señorías, es por lo que nosotros hemos presentado una enmienda de devolución de las disposiciones adicionales sexta y séptima y de la disposición transitoria segunda. La sexta, modificación de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, del año 1992, la disposición adicional séptima, modificación de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, y la disposición transitoria segunda, vinculada a estas materias, titulada «Régimen transitorio aplicable a las tarifas por servicios portuarios prestados por las autoridades portuarias», responden al siguiente problema. Ustedes recordarán -y ayer tuve la oportunidad de indicárselo en el debate de la sección 17 al ministro de Fomento- que la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante de noviembre de 1992 estableció la creación de la figura de las autoridades portuarias y estableció un mecanismo de financiación de los puertos. Cierto es que la mayoría minoritaria, para producir la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno en 1996, pactó con los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Convergència y Nacionalistas Vascos modificaciones en determinadas leyes. Una de las que se modificó fue la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante. Si esa modificación se hizo aceleradamente, ya el Grupo Socialista advertía que se generarían problemas, y, en efecto, cuando en 1997 se modificó la ley, bastaron dos años para comprobar que se habían generado importantes problemas, y por ello es por lo que introdujeron en la Ley de acompañamiento del año 2000 una disposición adicional para parar el golpe de un conjunto de recursos de quienes operan en los puertos del Estado español y se ven obligados a pagar determinadas tasas por la ocupación del dominio público en los puertos o como consecuencia de las concesiones o también por los servicios de que son beneficiarios, y me estoy refiriendo a operadores portuarios: navieros, consignatarios; me estoy refiriendo a transitarios, a todos ellos. Pagan la tasa que la autoridad portuaria les aplica, pero, ojo, una vez pagada la tasa, se

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van a los tribunales, y los tribunales les están dando la razón. Y, señorías, cierto es que esto se vincula con la declaración de inconstitucionalidad, la sentencia pertinente del Tribunal Constitucional, a la Ley de tasas y precios públicos. Pero precisamente para solventar ese problema era necesaria una ley específica, monográfica, de financiación de los servicios públicos en los puertos españoles, y el Grupo Socialista -y este interviniente en reiteradas ocasiones así lo ha venido demandando- ha solicitado una ley específica de financiación de los puertos españoles. Y, miren ustedes, a finales del año 1999, tanto en Comisión como en Pleno, el Gobierno, a través del ministro del ramo, se comprometió a presentar ante la Cámara en los tres primeros meses del año 2000 -tengo el «Diario de sesiones» no en mis manos en estos momentos, pero podríamos acudir a él ante cualquier duda al respecto- una ley reguladora de la financiación de los puertos españoles. Ha pasado todo el año 2000, ¿y qué ha ocurrido? Pues que los puertos se han endeudado. Yo les recomiendo que lean el último número de la revista Transporte 21, una revista acreditadísima en nuestro país, que, junto con otras, Transporte y Logística, etcétera, en la portada denuncia que hoy los puertos españoles tienen un endeudamiento de 40.000 millones de pesetas en su globalidad, que les va a llevar a una situación de grave crisis. Y denuncian también que se ha creado una asociación de usuarios de los puertos para demandar a las autoridades portuarias el pago de las cantidades que se deben devolver a esos usuarios. Además, señorías, en la sección 17, en una partida pertinente de los Presupuestos Generales del Estado que estamos a punto de aprobar, figura una transferencia de 3.000 millones de pesetas a las autoridades portuarias desde el Ministerio de Fomento para que puedan asumir esas responsabilidades y atenderlas. Y por ello es por lo que el Gobierno, preocupado, lógicamente, por una situación que no ha sabido resolver en los tres últimos años, presenta estas dos disposiciones adicionales y la disposición transitoria. Pero la disposición transitoria es una perla de la que no puedo renunciar a leerles una frase. La disposición transitoria segunda termina diciendo: El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, es decir, enero, febrero, marzo del 2001, remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de establecimiento de la libertad tarifaria en los puertos españoles y de modificación del régimen económico de las tarifas por servicios portuarios.
Si profundizásemos -hoy no es el momento- en los contenidos de las disposiciones adicionales sexta y séptima, de las que tengo informes sólidos en los que me sustentaría en el debate pertinente en Comisión, si aprobáramos estas dos disposiciones adicionales -como hará la mayoría-, les aseguro o, mejor dicho, intuyo -renuncio a esta terminología a los efectos de no ser dogmático- que la pérdida de autonomía en la gestión y, consiguientemente, en la financiación de las autoridades portuarias españolas iba a ser excepcional.
Pero es más, esa modificación significa un retrotraimiento en los contenidos de la modificación que se produjo en la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante. Fíjense ustedes en que esas disposiciones adicionales son para modificar las disposiciones adicionales que se aprobaron en la Ley de acompañamiento del año 2000 y ponen de manifiesto la torpeza en la gestión, la falta de línea directriz en la gestión directiva de los puertos españoles. Además, ¿cómo vamos a creernos que en los próximos tres meses el Gobierno va a traer una ley que en cuanto se apruebe invalidará los contenidos de las disposiciones adicionales sexta y séptima? Pensamos que tenemos razones para no creer que el Gobierno vaya a traer la ley, porque se prometió hace un año y porque los dos incumplimientos que he leído en materia aeronáutica son precedentes justificativos de la falta de confianza que nos genera el Gobierno en estas materias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Es una pena, presidente, porque me gustaría seguir. Si me lo permite, señor presidente, le ruego dos minutos.
He defendido e intentado argumentar coloquialmente, con terminología adaptada a lo que debe ser un debate político, no de razonamiento vertebrado técnicamente, al que no renuncio en absoluto, las justificaciones que nos llevan a pedir la retirada de una serie de disposiciones adicionales. Respecto a una enmienda de mucho calado que se ha introducido y que figura en el dictamen de esta ley de acompañamiento, en el artículo 46 bis, constitución de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, la que figura en la disposición adicional vigesimoprimera, y una enmienda que se introdujo en el dictamen de Comisión de la Ley de presupuestos, de pronto, sin que haya mediado discusión, a pesar de que en 1998 se aprobó la Ley Postal, el Gobierno le dice a su grupo parlamentario: ahí va eso; métanlo como enmienda y ya veremos qué pasa. Naturalmente, el Grupo Parlamentario Socialista estima que la desaparición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y su reconversión en una sociedad estatal, Correos y Telégrafos, S.A., es un tema de mucho calado.
Nosotros aquí no somos naturalmente más que defensores del bien público y este es un tema que requiere discusión en Comisión, que requiere debate plenario, pero que tiene que verse fundamentado en una memoria justificativa. ¿O se va a ver fundamentado no en el rodillo parlamentario, del que hacen uso ustedes, sino en la trituradora parlamentaria?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, han pasado los dos minutos que usted había fijado.


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El señor SEGURA CLAVELL: Termino ya, señor presidente.
Se argumente como se quiera, desde luego la reconversión de Correos y Telégrafos coloca a esta compañía en el proceso de privatización en el que el anterior ministro la situó y del que no guardamos buen recuerdo, entre otras cosas, por perlas como el edificio del Campo de las Naciones, del que sin duda alguna hablaremos en sesiones plenarias próximas.
Si ustedes continúan en esa línea, aténganse a las consecuencias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos finalizando el debate de la ley de acompañamiento con las muy nobles y leales disposiciones adicionales y transitorias, que siempre están al final de estos debates parlamentarios.
Transcurrido todo el debate parlamentario, he de decir que aprecio en lo que valen las intensísimas y largas, por qué no decirlo, intervenciones del señor Segura. Lamento muchísimo que toda esa capacidad oratoria que tiene el señor Segura y todo ese profundísimo conocimiento que tiene de lo aeroportuario, de lo portuario, de lo relacionado con Correos, con lo que ustedes quieran, que ha ocupado no ya en este debate parlamentario, sino en los que se han desarrollado en esta legislatura y en la anterior, páginas y páginas y muchas páginas del «Diario de Sesiones», no lo convierta en una propuesta por escrito. ¿Cómo puede decir que el Gobierno es zángano, que el Gobierno pone poco cuidado para poner fin a problemas de este tipo? Con lo que usted sabe, señor Segura, hubiéramos podido resolver de inmediato muchas de las cosas que le ocurren a este país. ¿No le parece a usted una pena? ¿Por qué no hace un ejercicio de generosidad parlamentaria, de generosidad política para España, para todos los españoles, para los ciudadanos de Canarias, y pone por escrito todas esas cosas que usted dice y que figuran en el «Diario de Sesiones»? ¿No se le ocurre pensar que eso quizás fuera más útil para los españoles y para los ciudadanos de su tierra? La diferencia entre ustedes y nosotros es que cuando el Gobierno, por la razón que sea -que habrá tiempo para explicarla- no ha podido, durante el plazo que estaba previsto en el artículo 61 de la Ley de medidas del año 2000, reglamentar las subvenciones al transporte aéreo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, lo explica y dice por qué no ha podido reglamentar esta situación durante el año 2000. Lo pone por escrito y con honestidad, para no hacer incurrir en ilegalidad al Gobierno de España. Dice que se prorrogará o se ampliará durante el año 2001 la autorización concedida al Gobierno. Además, usted dice que tendría la solución.
Lo que me parece absolutamente raquítico es el argumento político por el que ustedes, simple y llanamente, se cargan la propuesta, que por otra parte está cargada de honestidad política. No crea que nuestro grupo parlamentario está orgulloso de que el Gobierno no haya podido, durante este año, reglamentar esta situación. Lo que le aseguro es que tenemos la honestidad política que a ustedes les faltó durante muchos años para reconocer la realidad y dotar de plena legitimidad jurídica a lo que es una falta de desarrollo normativo propuesto en una ley aprobada en estas Cortes. Esa es una forma de actuar en política con honestidad; otra cosa es lo que hacían ustedes cuando les tocó hablar de estas y de otras muchas cuestiones. ¿Alguna de SS.
SS. cree que el Gobierno del Partido Socialista, en algún momento, hubiera puesto en la ley de acompañamiento un artículo como éste, en el que ampliara lo que evidentemente luce por la existencia de la disposición adicional, una falta de cumplimiento de un precepto de la ley de acompañamiento? ¿Usted cree que esto ocurriría? De ninguna de las maneras. Esta solución es, de momento, muy poco satisfactoria para lo que de verdad hay que regular, pero pone de manifiesto la voluntad de este Gobierno para atajar los problemas de verdad y hacerlo además con plena honestidad.
Pasamos al tema de las tasas al que hacía referencia el señor Segura.
Ayer perdió usted otra oportunidad. Debo decir que ayer, cuando se presentaban aquellas enmiendas de su grupo parlamentario a la sociedad de puertos y AENA, tuvo la oportunidad de seguir rellenando páginas en el «Diario de Sesiones» y de seguir aportando soluciones que después nunca aparecen en las propuestas del Grupo Socialista.
Voy a dar lectura a la justificación de la enmienda 259 -no la 260, porque dice lo mismo-, del Grupo Socialista, a la disposición adicional sexta. Se reconoce que se pretende garantizar la exigibilidad en el cobro de las liquidaciones de tarifas por servicios portuarios y para ello se pretende añadir una nueva disposición adicional. Efectivamente, ha dado usted en el clavo. Esto es lo que hace exactamente el Gobierno, pretende garantizar la exigibilidad en el cobro de las liquidaciones de tarifas. Usted acaba de decir que éste es un problema tremendo, lo ha elevado casi a la categoría de catástrofe. (El señor Segura Clavell: Próximo a la anarquía.) Lo que usted quiera. Si está próximo a la anarquía y usted habla de racanismo en la presentación de propuestas, ¿me quiere usted explicar por qué siendo tan grave ustedes lo único que sugieren es que se retire, que se elimine, que se suprima la propuesta normativa de esta disposición adicional? Si es tan urgente, ¿por qué no hacen algo más simple y mucho más útil, que es presentar un texto alternativo? (La señora Cunillera i Mestres: Para votarlo en contra.) Lo que no pueden hacer es prejuzgar las intenciones de ungrupo parlamentario cuando ustedes no han tenido ni

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siquiera la decencia política de poner por escrito lo que parece que saben, porque además ustedes dicen que le consta al Grupo Parlamentario Socialista que tienen informes que solucionarían este elemento para siempre. Eso es poco más o menos lo que ha dicho el señor Segura. ¿Por qué no lo ponen de manifiesto? Quizá el Gobierno no haya estado acertado en la presentación de las disposiciones adicionales porque quizá sean incompletas. Pero, ¿saben lo que trata de hacer con la misma honestidad que le decía? Poner solución a algo que ahora mismo hay que solucionar. Además ustedes mismo lo reconocen en sus dos enmiendas, lo que resulta absolutamente pintoresco. Pues eso es lo que ustedes hacen, pero no en estas disposiciones adicionales, sino en toda la actuación parlamentaria que han tenido a lo largo de esta ley de acompañamiento. Ustedes, además de decir que éste no es un instrumento válido, cuando fueron los padres de la criatura y la han abandonado, presentan en algunos casos, cuando les conviene, propuestas de reforma de leyes que poco tienen que ver con el desarrollo normativo de una ley de presupuestos y, sin embargo -permítanme decirlo con cariño-, tienen el descaro político de no hacerlo cuando no les conviene. ¿No les parece a ustedes que sería mejor que ofrecieran a sus siete millones largos de votantes otra imagen de lo que ustedes son capaces de hacer? Yo no quiero pensar, ni puedo hacerlo, que los representantes elegidos en el Grupo Parlamentario Socialista no sean capaces de ponerlo por escrito, a través de enmiendas y propuestas de modificación normativa, cuando he de decir con sinceridad que lo que escucho de SS.SS. cuando intervienen es todo lo contrario; algunos de ustedes saben de lo que hablan, no todos; el señor Segura sabe de lo que habla.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, y termino con esto, señorías, les sugiero una cosa muy simple. Nosotros estamos dispuestos a admitir, como ha hecho el señor Rejón, en un ejercicio de honestidad política, que he de reconocer, y así lo hace nuestro grupo, que además de discrepar en política también es legítimo estar de acuerdo. El señor Rejón ha dicho una verdad inmutable. Ustedes, del mismo modo que ha hecho Izquierda Unida, incurren en la contradicción de presentar enmiendas a una ley de acompañamiento que como instrumento ustedes repudian aunque lo crearon. Quizá nosotros tengamos que reconocer nuestra parte de culpa, que la habrá, de que, como consecuencia de ese frontis en el que se convierten las propuestas del Partido Socialista, nuestro grupo aplique la misma medida, que era, como decía el señor Núñez con mucha gracia, simple y sencillamente votar en contra, pero ustedes no nos dan opción a otra cosa.
Si siguiéramos algunos de los argumentos esgrimidos hoy por el señor Rejón, que yo acepto en su integridad y creo que nuestro grupo también, a lo mejor hacíamos más vivo y más enriquecedor un debate de la ley de acompañamiento que, como ven ustedes, ciertamente pocas oportunidades ofrece ahora mismo a la sociedad española.
¿Por qué no intervienen desde una posición constructiva, que permita, por ejemplo, que sus largos siete millones de votantes reconozcan en ustedes cierta alternativa de Gobierno, y presentan sus propuestas? He de decir, en este momento en que estamos finalizando el debate de la ley de acompañamiento, que esto no lo han acreditado ustedes de ninguna manera. En su bagaje político posiblemente exista un buen número de argumentos para poner por escrito, a lo largo de las futuras sesiones, estas y otras muchas cuestiones, como, por ejemplo, la que para ustedes no ha merecido ninguna enmienda, que es el cambio de la consideración jurídica del servicio postal universal en España, de la sociedad de Correos. Ustedes critican que el Partido Popular, a través de sus enmiendas, transforme el servicio de correos español para ponerlo en igualdad de condiciones ante los efectos de la liberalización del mercado postal en la Unión Europea. Más allá de lo que ha dicho el señor Segura, no hemos oído nada más, cuando hubiera merecido algún tipo de debate para aportar alguna solución adicional.
Este es otro de los ejemplos que nos hemos ido encontrando a lo largo de este debate. Lo peor de todo es que no es la primera vez que un diputado del Partido Popular dice esto. Cuando, desde 1996, el Gobierno viene introduciendo medidas para poder llegar a un equilibrio presupuestario como el de hoy, con unos presupuestos como los que ofrecemos a los españoles, que el principal partido de la oposición mantenga las mismas viejas, arcaicas y poco ambiciosas propuestas que hacía en ese año, como mínimo merecería un calificativo poco sugerente para SS.SS. , que al Grupo Parlamentario Popular les aseguro que tampoco le sugiere nada favorable. Sería más enriquecedor para todos que, para revitalizar este Parlamento, el Grupo Parlamentario Socialista se creyera que, incluso en situaciones de mayoría otorgada por la confianza de los españoles, se pueden hacer cosas en el Parlamento. Ustedes son los responsables, junto con el Grupo Parlamentario Popular y los demás grupos, de acreditar que eso es posible. Con su falta de ambición política, con su falta de preparación en muchos de los temas que han traído aquí y con la socarronería con la que han sido presentadas algunas de las propuestas del Partido Socialista, es imposible acreditar que España tiene hoy una alternativa de gobierno que se sustentaría en propuestas que ninguno de nuestros portavoces ha podido comprobar. Es una lástima, señorías.
Les conmino, con paciencia, a no reproducir el estado de la cuestión del mismo modo que se ha hecho en este período de sesiones. Que con ocasión del debate de la ley de acompañamiento y de la ley de presupuestos tengamos otro tipo de debate en el que intervengan todas SS.SS., el Grupo Parlamentario Popular y el grupo mayoritario de la oposición, con otro tipo de posicionamiento que enriquezca el debate político en España y que no lo adormezca. En el día de hoy ha sido tremendamente difícil mantener la paciencia en los

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escaños y la atención en alguna de las intervenciones de sus señorías. Es una lástima, pero lamento decirles que ha sido así.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Cámara.
Culminado el debate de las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, reanudaremos el Pleno a las cuatro de la tarde para votar las secciones y el proyecto de ley debatidos esta mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 121/000016.) (Votaciones.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños, para tal y como se ha anunciado al mediodia iniciar las votaciones correspondientes a los asuntos debatidos en el transcurso del Pleno de la mañana.
Iniciamos la votación del Ente Público Radiotelevisión Española.
En primer lugar, enmienda 757, del diputado del Grupo Mixto, señor Labordeta Subías.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones 13.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 1491, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 115; en contra, 172; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 441, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al presupuesto de Televisión Española S.
A.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 115; en contra, 161; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Acontinuación, votamos el dictamen del Ente Público Radiotelevisión Española y sociedades estatales de radiodifusión y televisión.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas a la sección 24, Ministerio de Economía. En primer lugar, las presentadas por el diputado del Grupo Mixto, señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 115; en contra, 161; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda número 800, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 115; en contra, 163; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 47, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda.
Enmienda número 48, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 20; en contra, 268; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, las números 1030 y 1031.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 106; en contra, 162; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
A continuación, votamos las restantes enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 117, en contra, 163; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1002, del señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 115; en contra, 164; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Enmienda número 411.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 114; en contra, 177; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada dicha enmienda.
Votamos a continuación la enmienda número 412.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 116; en contra, 176.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la sección 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 117; en contra, 165; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1333, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la citada enmienda.
Enmiendas números 1339 y 1344, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 107; en contra, 164, abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación el dictamen de la sección 24, Ministerio de Economía.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 178; en contra, 115; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la sección 24, Ministerio de Economía.
Votamos a continuación la enmienda número 1137, del Grupo Parlamentario Socialista, al estado de ingresos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 117; en contra, 164; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la enmienda de referenmcia.
Votamos a continuación la enmienda número 803, del diputado señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 117; en contra, 165; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda citada.
Sometemos a votación el texto del dictamen de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 177; en contra, 118.


PRESIDENTA: La señora Queda aprobado el dictamen de la exposición de motivos.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017.) (Votaciones.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En primer lugar, las enmiendas presentadas al título I, del artículo 1 al 20.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 291, firmada por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 23; en contra, 260; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, enmienda 292, del mismo del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 129; en contra, 163.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la número 293, también del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 163; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada la enmienda citada.


A continuación, votamos las enmiendas números 56 y 63, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 119; en contra, 164; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación las números 57 y 58, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 108; en contra, 162; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 164, 165 y 168, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 109; en contra, 168; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 172.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 112; en contra, 165; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de referencia.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 116; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda número 70, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 119; en contra, 166; abstenciones, 12.


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La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas.


Enmienda 196, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 110; en contra, 174; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 197, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 112; en contra, 166; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda 128, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 119; en contra, 175; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.


Enmiendas números 129, 130 y 136, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 131; en contra, 164; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 126, 127 y 131 a 133 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 25; en contra, 271; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas dichas enmiendas.
Enmienda 134, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 133; en contra, 165; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada por tanto, la enmienda de referencia.
Enmiendas 140 y 141, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 125; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 218, 219, 221, 222, 224, 226 y 231.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 119; en contra, 169; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la enmienda 228, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 112; en contra, 166; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas al Título I por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 111; en contra, 167; abstenciones, 20.


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La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación el texto del dictamen del título I, que comprende los artículos 1 al 20, inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 182; en contra, 116.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado el texto del dictamen del título I.
Iniciamos la votación de las enmiendas pertenecientes al título II.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, las presentadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas.


Enmienda número 69, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 27; en contra, 168; abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.


Enmienda 175, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 176, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 265; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Entramos en las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ.PNV). En primer lugar, la 194.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 125; en contra 164; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 198.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 22; en contra, 261; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la número 199.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las que llevan por números 10, 15, 16 y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 16; en contra, 262; abstenciones 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos a continuación las números 9, 11, 12, 13, 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 116; en contra, 166; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 18; en contra, 170; abstenciones 103.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
No se apuren SS.SS., ya se han dado instrucciones para que bajen la calefacción. (Risas.- Aplausos.) Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, la número 142.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 33; en contra, 263; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos a continuación la enmienda 143, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Se someten a votación todas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos seguidamente el dictamen del título II, que comprende los artículos 21 a 27 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 177; en contra, 123.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el dictamen del título II.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título III. En primer lugar, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la número 178, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 21; en contra, 169; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos, a continuación, la número 180.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 24; en contra, 254; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.


Votamos a continuación las enmiendas números 177 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 116; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 204 y 205.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 207.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 12; en contra, 169; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 200 y 206 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 24 y 25.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 117; en contra, 166; abstenciones, 15.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda número 144, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 130; en contra, 166; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Entramos en la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 241 y 242.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 129; en contra, 167; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 243, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 128; en contra, 166; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia. (El señor Silva Sánchez pide la palabra.) Señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora presidenta, tengo dudas sobre si se ha votado la enmienda 145 del Grupo Parlamentario Catalán

La señora PRESIDENTA: Señor Silva, en el debate esa enmienda ha sido retirada. Salvo que las notas de votación estén mal, la nota que yo tengo dice que ha sido retirada. En cualquier caso, si hay duda, la sometemos a votación. (Pausa.) ¿Ha sido retirada? (Asentimiento.)

Sometemos a votación el título III del dictamen, que comprende los artículos 28 a 35, ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 175; en contra, 122; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas al título IV. En primer lugar, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, y de las correspondientes al señor Puigcercós, la número 55.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 26; en contra, 169; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 67.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 129; en contra, 165; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 68.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 202, del Grupo Parlamentario Vasco, por cuanto la 201 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 112; en contra, 165; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 113; en contra, 169; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.


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Votamos la enmienda número 146, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 130; en contra, 167; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 147.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 122; en contra, 166; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la enmienda número 247, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 112; en contra, 167; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este título.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 120; en contra, 168; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título IV, artículos 36 al 51 ter, nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 177; en contra, 118; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título V, artículos 52 a 60. En primer lugar, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la correspondiente al señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 118; en contra, 166; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 112; en contra, 164; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 186, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 119; en contra, 166; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 23; en contra, 165; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas.
Enmienda número 71, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 131; en contra, 166; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 203, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 113; en contra, 175; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 27; en contra, 168; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 148, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 29; en contra, 263; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 149, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 32; en contra, 166; abstenciones, 97.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 150 y 152.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 23; en contra, 176; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la enmienda número 151.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 21; en contra, 172; abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La enmienda número 153 ha sido retirada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 116; en contra, 168; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Vamos a someter ahora a votación el texto del dictamen del título V, dividido en dos votaciones sucesivas. En primer lugar, sometemos a votación el capítulo IX nuevo, que corresponde al artículo 60, nuevo a su vez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 286; en contra, uno; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la parte indicada del dictamen de referencia.
Votamos a continuación el resto del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 178; en contra, 119; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen sometido a votación.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. En primer lugar, la enmienda número 298, del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 132; en contra, 167.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 117; en contra, 168; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 209 y 211, de la señora Lasagabaster, por cuanto la 210 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 60, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 29; en contra, 166; abstenciones, 103.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 62, del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 108; en contra, 162; abstenciones, 23.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 118; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 216, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 13; en contra, 167; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 217, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 133; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la enmienda número 190, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 104.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 72, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 38, 45, 52 y 54.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 17; en contra, 259; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 34, 36, 37, 39 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 18; en contra, 167; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 121; en contra, 166; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmienda número 156.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 157.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 31; en contra, 267; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 158.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 24; en contra, 272; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos los números 154, 159 y 162.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 122; en contra, 175; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la número 269, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 131; en contra, 166.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, las disposiciones adicionales primera a vigésimo segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 175; en contra, 122.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las disposiciones de referencia.
Votamos el texto del dictamen de las disposiciones transitorias primera a quinta, disposición derogatoria única y disposiciones finales primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 177; en contra, 119; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.Por último, sometemos a votación el texto del dictamen a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 179; en contra, 118; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen sometido a votación. (Aplausos.) DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/ 1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DELCÓDIGO PENAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 5/ 2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 121/000018.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar esta tarde un proyecto de ley importante, un proyecto que recoge las medidas legales que el Gobierno considera en este momento más adecuadas para reforzar la lucha contra el terrorismo, o lo que es lo mismo, para mejorar la protección que proporciona nuestro ordenamiento democrático ante la conducta de quienes, ofendiendo de forma gravísima a la razón y a la libertad, perturban la convivencia en paz y democracia y nos infligen gratuitamente un daño a todos y cada uno de nosotros y, muy especialmente, a quienes hoy tienen la condición irreparable de víctimas directas del horror terrorista.
Todos sabemos que a pesar del sufrimiento que nos provoca cada acción terrorista, España no va a torcer un milímetro el ilusionante proyecto de libertad con el que nos introducimos en un nuevo siglo cargado de esperanzas. Como sabemos también, y ello nos da cada día más fuerza para persistir en este proyecto, que nadie tiene razón cuando necesita la violencia para tratar de hacer valer su sinrazón.
Después de tantos avatares históricos, consideramos hoy esta regla elemental un bien irrenunciable y no estamos dispuestos a que desde el miedo y la violencia se nos arrebate ni un gramo del aire de libertad que respiramos.
La sociedad española lleva ya muchos años negando de forma admirable lo que los terroristas no pueden arrancarle por la fuerza, no sólo mediante la confianza en que sus instituciones democráticas han de hacer lo que mejor corresponda en cada momento para perseguir a los criminales, sino participando activamente, con una movilización social persistente, especialmente emocionante en el País Vasco, que les dice a diario clamorosamente a quienes sólo saben utilizar las armas que sólo se puede convencer por las ideas y en las

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urnas. Estar a la altura de esta sociedad, acompañarla en este esfuerzo colectivo, nos exige a los responsables públicos encontrar los caminos que desde un Estado de derecho sin complejos, consciente de las exigencias especiales que se le plantean en este tiempo histórico, han de cerrar este inútil capítulo sabiendo que cada paso y cada acierto estrecha el círculo del totalitarismo y del terror y ensancha el de la libertad.
La fuerza democrática contra la barbarie terrorista reside en el Estado de derecho y el primero de los instrumentos para recorrer ese camino es la ley, como señala la propia exposición de motivos de este proyecto. La ley es el instrumento más valioso con el que cuenta el Estado de derecho para que los derechos y libertades de los ciudadanos proclamados en la Constitución sean reales y efectivos. Es obvio, señorías, que la aprobación de nuevas leyes no resuelve por sí sola el problema del terrorismo. Sabemos que una lucha eficaz contra el mismo precisa la combinación de soluciones diversas, una acción tenaz de todos los poderes públicos y una gran fortaleza social. No voy a detenerme ahora en algo que conocen sobradamente, como es que, en definitiva, para acabar con el terrorismo es sencillamente capital que, sin reservas mentales ni ambigüedades, las voluntades políticas confluyan en hacer respetar los principios más elementales de la convivencia democrática, dejando absolutamente claro ante todos los ciudadanos que quienes no respetan los derechos fundamentales de los demás no pueden ser tenidos en cuenta para ningún proyecto ni para ningún acuerdo, y no basta con decirlo, hay que actuar siempre en consecuencia. (Aplausos.) Sin embargo, sin reducir la importancia de todo ello, el compromiso de quienes estamos hoy en esta Cámara es el de responder al desafío terrorista desde la ley, con el máximo rigor técnico, dentro del exigente marco constitucional que disfrutamos, pero con decisión, con firmeza y coherencia en los principios, dejando claro a quienes han confiado en nosotros que disponemos de soluciones y que estamos de acuerdo en desarrollar la enorme capacidad y legitimidad de nuestro Estado de derecho para preservar la vida, la libertad y la dignidad frente a quienes quieren privarnos de ella.
Es nuestra responsabilidad evitar que una incompleta articulación de la ley penal pueda ser utilizada por los terroristas para ganar zonas de impunidad. Allí donde se aprecien, hemos de corregir inmediatamente las lagunas, resquicios o dudas de interpretación jurídica que permiten a los delincuentes evadir su responsabilidad.
Debemos afrontar, manteniendo una tensión legisladora permanente, que la propia evolución de las conductas terroristas abre nuevos espacios de impunidad que es necesario cerrar con prontitud y con eficacia. No otra cosa se persigue con el proyecto de ley de modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores, que hoy tengo el honor de presentar ante ustedes. Proyecto que cubre las lagunas que en materia de delitos de terrorismo presenta nuestra ley penal, matizando algunos tipos, creando delitos nuevos y reformando algunas de las penas que se imponen con el fin de responder mejor a la realidad terrorista, y que modifica la ley para conciliar mejor el innovador tratamiento penal de los menores con que hemos decidido dotarnos al final de la pasada legislatura con la persecución más eficaz de los delitos terroristas en las nuevas circunstancias que venimos padeciendo a lo largo del presente año.
La reforma que se pretende, además de necesaria, es una reforma seria, reflexiva y profunda. Responde a un trabajo riguroso en el que han participado numerosos profesionales de la máxima cualificación con el objeto de conseguir una visión completa de la regulación de los delitos de terrorismo en nuestro ordenamiento y de cuáles son las posibles y mejores soluciones. Se compone de medidas concretas dirigidas a resolver sin retórica problemas apreciados por todos y que han de hacer sentir su eficacia de forma inmediata tras su entrada en vigor. Toda ella, ni que decir tiene, se ajusta escrupulosamente a la Constitución. Más aún, no hay aquí medida excepcional o extraordinaria alguna, todo lo contrario. Lo que hay es un gran esfuerzo por hacer compatible la más eficaz persecución del delincuente con instrumentos exquisitamente democráticos, que precisamente persiguen salvaguardar la democracia frente a los que hacen todo lo posible por socavarla. Acreditaré inmediatamente, como es obligado, estas afirmaciones con un repaso de las medidas que se proponen.


Comenzando por el Código Penal y por las modificaciones introducidas en los tipos delictivos, me voy a referir, en primer lugar, al terrorismo urbano. La realidad pone de manifiesto que se cometen numerosos delitos por aquellos que sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, comparten con éstos sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, aterrorizando a los habitantes de una población o de un colectivo social, político o profesional. Y es importante, muy importante, que esta finalidad quede recogida en la nueva redacción del Código Penal. Estamos hablando de quienes crean un clima de terror propicio para los objetivos de la banda o grupos terroristas.
Es más, en el actual Código Penal no aparecen tipificados como delitos propios del terrorismo urbano los delitos de daños que no llevan aparejados riesgos para las personas, y este es uno de los resquicios más llamativos que el ordenamiento deja a la actividad terrorista.
Señorías, no creo que sea posible afirmar que los reiterados ataques, arrojando cócteles molotov a las fachadas de edificios donde viven un concejal, un periodista o un funcionario público, o los incendios de autobuses, vehículos, cajeros automáticos, y otros tantos que a diario conmocionan a los ciudadanos, no merezcan la consideración de delito terrorista por el simple hecho de que no conlleven un riesgo a las personas. Al contrario, están contribuyendo de forma evidente

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a los fines terroristas, porque están tratando de atemorizar a los habitantes de esa población, de ese colectivo social o de ese colectivo político o profesional, a los que afecta, pretendiendo impedir el ejercicio legítimo de sus derechos y libertades más importantes. (Aplausos.) ¿Y todavía alguien puede atreverse a calificar estos hechos como de simple gamberrismo? Rotundamente, no.
No, porque atentan y atacan directamente a los derechos y libertades más importantes de los ciudadanos.
El artículo 578 recoge un nuevo tipo delictivo, la exaltación o justificación del terrorismo. Comprende tanto las conductas que suponen el enaltecimiento o la justificación, por cualquier medio de expresión, de los delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, como la de aquellos que realizan actos que entrañan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.
Señorías, de ninguna manera se prohibe la defensa de ideas, doctrinas o la expresión de opiniones encuadrables en el constitucionalmente protegido derecho a la libertad de expresión. Señala, como expresamente dice la exposición de motivos, algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como esas conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Los ciudadanos no pueden entender, sin una profunda indignación, cómo en un acto público pueden justificarse los más graves delitos terroristas, homenajear, exaltar y poner como modelo a los autores de los más terribles asesinatos. Señorías, ¿qué Estado de derecho no debe sancionar actos de humillación y menosprecio a las víctimas del delito? (Aplausos.) ¿Cómo podríamos permanecer inactivos frente a aquellas conductas, que son reales y que hemos conocido, que repugnan a la conciencia, como que, tras un asesinato terrorista, llamen a la viuda insultándola, burlándose o comunicando cómo han profanado la tumba de su marido? En mi opinión, la respuesta penal a estas conductas, especialmente perversas, que atentan directamente contra la dignidad de las personas, es una exigencia, pero no sólo legal sino también moral.
Un capítulo aparte merecen las modificaciones introducidas en relación con las corporaciones locales. Los miembros de las corporaciones locales y los plenos de la misma son una manifestación básica de la participación política y democrática. La protección que merecen debe estar a la misma altura de las otras instituciones públicas, pues precisamente por ser eso, fundamento de la democracia, son objeto de singulares ataques por quienes quieren destruirla a través del terrorismo. El nuevo precepto que se propone no abarca cualquier tipo de desorden en cualquier pleno. No, la definición de la conducta realizada en apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, viene a delimitar claramente el supuesto al que nos estamos refiriendo y que fácilmente queda identificado en conductas que se producen muy a menudo, desgraciadamente. Señorías, estoy seguro de que no es necesario justificar más lo oportuno de reforzar la protección a los concejales y a su actividad.
Por último, en lo que respecta a las reformas del Código Penal, se introduce otra importante modificación. A partir de la entrada en vigor de este proyecto, todos los terroristas deberán ser condenados también a la prohibición de ejercer un cargo público con una duración de seis a veinte años. En ningún caso esa condena podrá tener una duración inferior a la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia. La actual regulación provoca la paradoja de que personas condenadas como terroristas acceden inmediatamente a cargos públicos representativos, una vez cumplen la pena de prisión. Se trata, en definitiva, de impedir que ejerzan cargos públicos como concejales o parlamentarios aquellos que han atentado contra el propio sistema democrático y sus instituciones y pretenden seguir socavándolas desde las mismas. Con ello conseguimos que los autores de los delitos de terrorismo no pasen directamente desde la cárcel a ocupar un escaño.
(Aplausos.) El segundo cuerpo legal que es objeto de modificación mediante este proyecto es, como conocen SS. SS., la Ley de responsabilidad penal de los menores. Un rápido repaso por las informaciones del último año, y en especial de los últimos días, pone claramente de manifiesto que la edad de los que cometen los delitos de terrorismo se ha reducido considerablemente. Además, son evidentes las especiales circunstancias en las que se accede y se permanece en esta actividad delictiva. El objetivo es conseguir que el tratamiento que prevé la Ley de responsabilidad penal de los menores, orientado a su rehabilitación, se adecue a estas especiales circunstancias.
Señorías, debe de quedar muy claro que, con esta reforma, ni se excepciona a los menores de la aplicación de la Ley de responsabilidad penal de los mismos ni se soslayan las disposiciones de nuestro ordenamiento ni de las normas internacionales, que establecen un tratamiento diferenciado para los menores en razón de su edad y de su formación. Al contrario, estamos proporcionando al juez los instrumentos necesarios para que, valorando el tipo de delito cometido, la gravedad del mismo y las circunstancias del menor, pueda aplicar medidas que efectivamente cumplan los objetivos que, con carácter general, prevé la ley. Se persigue, como es evidente, evitar que las bandas terroristas utilicen a los menores de edad para cometer los más graves delitos amparándose en una impunidad y proteger a los menores en su derecho a desarrollarse al margen de cualquier programación criminal.
Por todo ello, además de hacer compatible un especial tratamiento penal a los menores de edad con la persecución de los delitos terroristas, la reforma debe servir

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para proporcionar una protección a los propios menores frente a la estrategia terrorista de iniciarles dando vivas a ETA para, a continuación, quemar cajeros y autobuses y acabar en sus comandos operativos.
El tratamiento que establece la reforma comprende, en primer lugar, el conocimiento de los hechos por la Audiencia Nacional, aplicando siempre la legislación de menores. En el caso de que se impongan medidas de internamiento, éstas se efectuarán en centros que se pondrán a disposición de la propia Audiencia Nacional. Se concede al juez la posibilidad de incrementar el tiempo máximo de la medida de internamiento hasta diez años. Señorías, no es lógico que un menor que pueda haber cometido uno o varios atentados, que no se rehabilita y que incluso manifiesta que va a continuar en su actividad terrorista, no pueda estar internado un tiempo superior a cinco años y que, libremente, pueda incorporarse de nuevo a la organización terrorista transcurrido este tiempo. Por último, la Ley de responsabilidad penal de los menores prevé que la misma pueda aplicarse a los mayores de 18 años y menores de 21. Esta aplicación carece de justificación, en nuestra opinión, en los supuestos de delitos tan graves como los de terrorismo, ya no sólo por la gravedad del hecho cometido, sino por las circunstancias sociales de estos delincuentes y las propias características del terrorismo en nuestra sociedad.
Esbozados los principios y el contenido básico de la reforma, quiero detenerme en una última consideración. Para impulsarla, hemos querido utilizar como herramienta de trabajo el diálogo y el consenso con quienes comparten estos objetivos. Por ello, quiero agradecer la colaboración que hemos recibido -y estoy seguro de que vamos a poder seguir colaborando con espíritu de diálogo y consenso de otros grupos políticos-, que se ha fundamentado en unos objetivos y estrategia compartidos, muy singularmente con el principal partido de la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista. De este consenso democrático han participado intensamente también Convergència i Unió y Coalición Canaria, a cuyos portavoces quiero, asimismo, agradecer su importante colaboración. También quiero manifestar que el Gobierno mantendrá durante toda la tramitación parlamentaria el mismo espíritu de diálogo y de acuerdo, buscando el consenso en todas aquellas cuestiones que permitan reforzar y hacer mejores los principios mencionados. Finalmente, quiero agradecer también los informes favorables y las sugerencias de los altos organismos que los han emitido.
Aunque es una inmensa mayoría de esta Cámara la que comparte los principios que inspiran esta ley, no voy a dejar de escuchar muy atentamente las razones de quienes se oponen a ella. Confieso de antemano, sin embargo, que me cuesta mucho entender las razones que han llevado a tres grupos parlamentarios a presentar enmiendas de totalidad. Cuando se trata de no dejar a la intemperie a los ciudadanos que están amenazados por el terrorismo, de salvaguardar las libertades de todos de peligros ciertos y gravísimos, de fortalecer los instrumentos del Estado de derecho frente a comportamientos que por su reiteración resultan particularmente insufribles, se puede y se debe debatir sobre las mejoras técnicas para atender cada necesidad, pero es -créanme, señorías- difícilmente explicable objetarlo todo, sin aportar solución alternativa alguna. Nadie puede sentirse ajeno a estos desafíos, y menos aún aquellos que, sin sentirse directamente afectados por la amenaza que alcanza a todos los demás, tienen la especial responsabilidad política y ética de situarse al lado de las víctimas. Por ello, no puedo dejar de denunciar que un día como hoy, en el que debatimos la mejor manera de proteger con todas las fuerzas de la Constitución y de la ley las libertades de los ciudadanos, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Javier Arzalluz, nos haga saber desde Alemania las afinidades que, según su particular juicio, le aproximan al credo de los terroristas. Sé, porque he leído el texto de la enmienda, que el Grupo Vasco va a subir a esta tribuna para explicarnos que, por una serie de razones técnicas y con el mejor ánimo de colaborar, no se va a sumar, una vez más, a la acción concertada y firme que requiere la lucha antiterrorista.
Pero el señor Arzallus ya nos ha explicado que estas razones técnicas son metáforas que encubren otros propósitos políticos. Lo lamento, lo lamento enormemente, porque no es honesto, porque no es razonable, porque genera un desconcierto imperdonable en unos ciudadanos que esperan un mensaje claro, firme u unívoco. (Aplausos.) Porque no sólo no ayuda, sino que multiplica gravemente las dificultades, porque éste, señorías, y no otro es el auténtico problema político vasco.
Frente a todo ello, no puedo terminar esta intervención, señorías, sin hacer una reflexión en voz alta de íntima convicción democrática.
Con esta reforma colaboramos a poner el Estado de derecho a la altura moral que demuestran tantos españoles que hacen día a día, con su comportamiento cotidiano, que el terrorismo fracase. Porque el terrorismo fracasa cuando no alcanza su objetivo de doblegar la voluntad de los ciudadanos que desean convivir libremente y en paz; el terrorismo fracasa cada día que un periodista escribe o habla en libertad aunque esté amenazado; el terrorismo fracasa cuando un parlamentario o un concejal ejerce su tarea cotidiana defendiendo las mismas ideas por las que un compañero de su mismo partido ha sido asesinado. (Aplausos.) El terrorismo fracasa cuando un juez, un fiscal, un militar, un funcionario de prisiones, un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumple con sus responsabilidades; el terrorismo fracasa y está fracasando cuando un ciudadano (La señora Alborch Bataller: Y ciudadana.-Rumores.) anónimo planta cara a los violentos, se manifiesta y demuestra que la calle es de quienes aman la libertad. El terrorismo fracasa también, muy especialmente, con cada paso que el Estado de derecho da para hacerse más

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fuerte. Por eso confío en el apoyo de la inmensa mayoría de esta Cámara a las medidas que hoy presentamos para acorralar cada vez más a los terroristas y proteger a la sociedad que vive y quiere vivir en democracia y en libertad.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Aeste proyecto de ley han sido presentadas cinco enmiendas por parte de cinco diputados integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, que deberán compartir el tiempo para su defensa.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, dice usted que el terrorismo fracasa cada vez que un periodista puede ejercer su libertad de expresión, y el Bloque Nacionalista Galego está absolutamente de acuerdo con usted.
Pero permítanos también a nosotros ejercer nuestra libertad de expresión como parlamentarios en esta Cámara, sin que nos coaccione o acobarde de primera intención diciéndonos que nos va a escuchar, pero que lamenta muchísimo que estemos del otro lado de la barrera, porque nosotros no sabemos a qué barrera se refiere usted. (Rumores.) La exposición de motivos dice que la estructura del proyecto es sencilla, yo diría que más que sencilla es simple. Yo no sé cuáles fueron los profesionales, como dijo usted, cualificados que participaron (no me extraña que no den los nombres); simple como el pensamiento que tiene detrás y como las actitudes políticas que lo sostiene. Si me permite un consejo, en materias como las de terrorismo y -le diría más- en todos los asuntos públicos en democracia de la simpleza o del simplismo a la demagogia y al sectarismo hay sólo un paso, un paso que hoy están ustedes a punto de dar.Apreciaciones de técnica legislativa al margen de que, como ya apunté, por sí solas y dada la deficiente calidad del proyecto motivaría la petición de devolución del mismo; la presente enmienda a la totalidad con petición de devolución parte de una consideración de principio.La lucha contra la violencia terrorista que el Bloque Nacionalista Galego condena y rechaza de la forma más firme y coherente debe hacerse con los instrumentos propios de un Estado democrático y de derecho sin violentar estos instrumentos. Por ello, las reformas legales que se acometan no pueden obedecer a razones ajenas a la política criminal, sean éstas electorales o de cualquier otro tipo, deben inspirarse en los principios propios de un ordenamiento penal y penitenciario democráticos -proporcionalidad que ustedes no respetan-, presunción de inocencia, eficacia y reinserción social como orientación principal de las penas y, sobre todo -no lo decimos nosotros lo dice el Consejo General del Poder Judicial-, deben hacerse con una serenidad congruente con el carácter de la última ratio que caracteriza el derecho penal en un sistema democrático.
El proyecto presentado por el Gobierno no respeta ninguna de estas condiciones. Muchas de las reformas propuestas, como así lo ha demostrado el Tribunal Constitucional en la aplicación del Código Penal anterior al de 1995, como la tipificación de la apología del terrorismo como delito autónomo, pueden calificarse de ineficaces; otras, como desproporcionadas, en atención a las penas que introducen; todas, en fin, como se desprende del carácter urgente de la tramitación parlamentaria del proyecto de su escasa calidad técnica o del hecho, por segunda vez en esta legislatura, de que se acometa la reforma de una ley antes de su entrada en vigor, dejan ver la precipitación propia de un derecho penal de emergencia o de un derecho penal de excepción con el que el Bloque Nacionalista Galego no puede estar de acuerdo.
Especial gravedad tiene para nosotros, aparte de la reforma de la Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la reforma que se hace del artículo 505 del Código Penal. Dicen ustedes que con este proyecto de ley quieren luchar contra el terrorismo, pero les recomiendo, si es así, que acepten la enmienda parcial que nosotros hacemos a este artículo. Vinculamos los desórdenes en los actos públicos de las corporaciones locales a que tengan por objeto manifestar el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, cosa que no aparece en el artículo 505, tal y como ustedes lo pretenden modificar. Por tanto, este artículo ubicado sistemáticamente fuera del capítulo de los delitos de terrorismo podría ser aplicado a cualquier desorden, por ejemplo, protesta de unos funcionarios públicos que con toda razón (no digo por la gravedad de las protestas sino por la protesta en sí) protesten porque sus sueldos sólo se van a subir un 2 por ciento o porque el alcalde, como fue aprobado también aquí esta mañana, arbitrariamente apruebe unas determinadas bases como reguladoras de un proceso de selección de funcionarios. Por lo que se refiere a las reformas de la 5/2000, el BNG se opone también de una manera rotunda, no sólo -de nuevo se lo dice el Consejo General del Poder Judicial- porque sea más que de probable inconstitucionalidad sustraer un determinado tipo de infracciones cometidas por los menores al régimen general previsto en dicha ley sino, sobre todo, porque se pretende subvertir el principio informador de dicha norma, el interés superior del menor, en aras de una regulación casi exclusivamente retributiva y peligrosamente cercana, tanto en lo sustantivo como en lo jurisdiccional, a lo dispuesto para los delitos de terrorismo en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si como dicen los penalistas clásicos (no los que están en esa oscura comisión de reformas de las penas, o los que parece ser que lo asesoraron en la elaboración de este proyecto de ley) el derecho penal constituye un medidor muy fiable de la calidad democrática de un Estado, la aprobación de este proyecto de ley rebajará la calidad de la democracia en el Estado español, con quien con más crudeza haya de padecer

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sus consecuencias, desde luego -y siento decirlo- con mucha más crudeza que los propios terroristas.


La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.


El señor AYMERICH CANO: Termino enseguida, señora presidenta.
Señor ministro, este proyecto es dudoso y, como dijo usted, estrecha el círculo del totalitarismo. Lo que sí le aseguro es que, para todos los ciudadanos, lo que va a hacer desde su entrada en vigor, es estrechar el círculo de la libertad.
Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, esta es una oportunidad importante para discutir alguno de los problemas de fondo de la lucha contra el terrorismo. Evidentemente el único y principal problema de fondo es que ETA mata. Pero la intervención del señor ministro y la política del Gobierno en este tema hoy expresa otro problema que tenemos las fuerzas democráticas. El señor ministro qué nos ha dicho: O ustedes coinciden exactamente con mi política antiterrorista o ustedes están con los terroristas. (Un señor diputado: No ha dicho eso.) Ha dicho eso. (Rumores.) El señor ministro ha dicho que no entendía, que no justificaba, porque eso no era luchar clarísimamente contra los terroristas. (Aplausos.) Señor ministro, le digo una cosa: ni usted personalmente, ni lo que usted representa políticamente, a mí personalmente y a lo que yo represento políticamente me va a dar ni una sola lección, ni de libertades, ni de democracia, ni de lucha contra el terrorismo (Aplausos.); ni una. Y, señor ministro, usted ha hablado del consenso democrático. ¿Sabe que le digo? Acepte usted el disenso democrático. ¿Qué ha ocurrido desde el año 1996? Que el Pacto de Madrid, no se reúne. Yo recuerdo haber discutido en la anterior legislatura con el Grupo Socialista -evidentemente estábamos confrontados políticamente- los disensos democráticos, y aquel Gobierno, el último de la legislatura del Grupo Socialista, no intentaba aparecer como el único garante de la lucha contra el terrorismo. Y hoy el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular tienen la absoluta intención, y creo que es perversa democráticamente, de que sólo el Partido Popular sabe y quiere luchar contra el terrorismo y que o se acepta el trágala del Partido Popular o, si no, se está haciendo el juego a los terroristas. (Rumores.) Sí, sí, señores diputados y señoras diputadas y lean la intervención del señor ministro. Señores diputados y diputadas, ¿por qué no se reúne el Pacto de Madrid? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor SAURA LAPORTA: Este es un tema de fondo de la lucha contra el terrorismo de las fuerzas democráticas. Señoras y señores diputados del Grupo Popular y señores del Gobierno, nosotros hemos presentado una enmienda de devolución. ¿Saben ustedes por qué? Porque estamos convencidos de que el diagnóstico que les mueve a ustedes a plantear esta modificación es equivocado y que además la vía que eligen tiene dudosos aspectos de constitucionalidad y de vulneración del sistema de garantías. Y voy a decir esto, el señor ministro lo ha dicho: ¿cuál ha sido el discurso del Grupo Popular y del Gobierno? Pues, miren ustedes: tenemos un Código Penal de penas benignas, de agujeros; además, los menores, por ser menores, se zafan de sus responsabilidades. Fíjense que fácil es. Porque, evidentemente, existe en la sociedad española una sensación de impunidad y de impotencia, evidentemente que sí. Y, como los problemas son estos, es fácil: que las penas son blandas, las endurecemos; que los menores se nos escapan, los tratamos como si no fueran menores. Esto es simplismo, es demagogia, pero, sobre todo, es inútil. Le hago una pregunta, señor ministro. ¿En el último año y medio de violencia callejera, dígame, porque usted lo debe saber, cuántas personas se ha detenido? (Rumores.) ¿Cuántas? ¿A cuántas se ha incriminado? (Rumores.) Evidentemente, señor ministro, yo sé que ésa no es una responsabilidad exclusiva suya, pero también es suya. Por tanto, si usted me dice: no me lo diga a mí, y el señor ministro de Trabajo me dice: pregúnteselo al PNV. (Un señor diputado: Exacto.) El PNV va a seguir hasta que no haya elecciones vascas siendo el Gobierno, y ustedes lo que no pueden hacer es decir a la sociedad que el problema es la ley, porque hoy existe un arsenal legal importantísimo para dar batalla al terrorismo. Lo que ocurre es que no hay eficacia ni operatividad, pero eso es más difícil hacerlo, porque significa afrontar una realidad concreta difícil y, en cambio, la solución mágica que ustedes acostumbran a hacer en España es: ante un problema, modificación del Código Penal. Entramos en una cadena que la gente aplaude, porque evidentemente en el corazón y en el estómago de la gente cuando hay terrorismo se quieren penas más duras. No creo que la función del Gobierno sea echar leña al fuego diciendo que esto se va a arreglar con esto, después con la cadena perpetua y posteriormente con la pena capital (Rumores.). Sí, señoras y señores diputados. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


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El señor SAURA LAPORTA: Esto no va a arreglar el problema del terrorismo. Por tanto, lo que estoy diciendo, señoras y señores diputados, es que no estamos de acuerdo en que el diagnóstico de la impunidad sea de vacío legal, porque además no estamos de acuerdo con las medidas que toman. El señor ministro ha dicho: se es muy escrupuloso con el respeto a la Constitución. No tengo tiempo, pero usted sabe tan perfectamente como yo que hay informes jurídicos importantes y solventes que dicen dos cosas: una, que en relación con la apología puede ser que haya un conflicto de constitucionalidad -yo no me atrevo a decir que lo haya, pero usted no se puede atrever a decir que no lo hay-.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
Y dos, en la Ley de responsabilidad del menor no se pueden hacer tratamientos distintos a menores en función del tipo de delito, con algunos ejemplos que también han aparecido escritos en informes jurídicos y en artículos de periódicos, porque posiblemente por quemar un cajero automático sin peligro de vida un menor puede tener mucho más castigo y pena que una persona por matar a su padre y a su madre, simplemente porque son delitos distintos. (Rumores.) Señoras y señores diputados, acabo diciendo tres cosas.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que concluya, por favor; ha sobrepasado su tiempo.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo ahora mismo, señora presidenta.
Primero, luchar contra el terrorismo quiere decir aceptar posiciones distintas desde los partidos políticos que defienden posiciones democráticas; segundo, esto hay que hacerlo inicialmente desde espacios no públicos (y el Pacto de Madrid tenía la gran virtud de que si no nos poníamos de acuerdo no había propuestas); tercero, luchar contra el terrorismo significa que las propuestas que se hagan es mejor para todo el mundo que sean por consenso o prácticamente por unanimidad. No creo que sea bueno la aparición de un Gobierno que quiera aparecer como garante del terrorismo y que, si no se está de acuerdo, nos condena a todos a una cierta comprensión del terrorismo.
Esto es, señoras y señores diputados, posiblemente aplausos para hoy, posiblemente votos para hoy, pero no creo que el futuro de la sociedad española mejore con sus propuestas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, vaya por delante que usted ha coaccionado a aquellos que usamos el legítimo derecho a discrepar de su política: o con el PP o con ETA. Y de ahí a criminalizar el nacionalismo democrático del Partido Nacionalista Vasco, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana de Catalunya, o de Eusko Alkartasuna hay un paso. Que quede claro que una cosa es trabajar para el fracaso terrorista y otra sacar tajada electoral de este drama colectivo.
Esto no lo dice sólo Esquerra Republicana de Catalunya; algunos que hoy no votarán en contra ni pedirán la devolución de esta ley al Gobierno dicen y piensan lo mismo. Aquí hay una frontera que ustedes cruzan a diario. Las reformas que el Gobierno ha enviado a esta Cámara son una respuesta penal a un problema que, a nuestro entender, es de naturaleza política, con consecuencias letales para la vida, la libertad y la seguridad de las personas que viven en Euskal Herria y en el resto del Estado. (Rumores.-Un señor diputado: ¿Usted dónde vive?) Se trata de reformas -la del Código Penal y la de la Ley de responsabilidad penal del menor- que, a nuestro modo de ver, son muy desafortunadas y no van a aportar ninguna solución a este conflicto.
Peor aún, no se puede, es inaceptable y muy negativo, subordinar el derecho y el Código Penal a los imperativos políticos; es de sentido común, y así lo han expresado la mayoría de los juristas progresistas. La arbitrariedad y la subjetividad que se desprenden de la nueva redacción del Código Penal no son buenas compañeras de viaje de la justicia y se convierten en proteína pura para nutrir la dramática espiral acción-reacción-acción en que ustedes tambien han entrado. Con más represión no vamos a solucionar nada.
Fíjense en la arbitrariedad del artículo 577: algunas manifestaciones juveniles que pueden derivar o no en violencia van a ser sistemáticamente atacadas bajo este calificativo. ¡Ojo!, porque determinados movimientos de protesta, como el movimiento por una vivienda digna -okupas-, antiglobalización, ecologistas, etcétera, pueden entrar bajo esta consideración.¿Y qué me dicen ustedes del artículo 578, que introduce el concepto de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo? Una aplicación extensiva de este artículo rompe con todas las reglas del juego democrático, y se entiende que los que estamos aquí, en este hemiciclo, las acatamos y las respetamos. Mi partido, Esquerra Republicana de Catalunya es el primero en estar por el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la democracia; pero esto no implica que renunciemos en modo alguno al derecho a la autodeterminación de los pueblos. La modificación de la Ley de responsabilidad penal de los menores en materia de terrorismo supone, ya de entrada, un grave retroceso democrático. Su objetivo no es la protección del menor ni su reinserción social, sino el principio represor que prevalece frente a cualquier otra consideración. Esta modificación

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conlleva una exagerada desproporción de las penas: privación de libertad que puede llegar hasta los diez años. Una vez más vale la pena subrayar que todo se basa en la aplicación subjetiva del juez que, manejando un criterio amplio, podría encerrar a jóvenes que se encadenen en señal de protesta, que pinten graffities o, sencillamente, que ponga una pegatina de CAT -de Cataluña- encima de la E de las dichosas matrículas. Se rompe el principio de juez natural establecido en los artículos 10 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se crea una jurisdicción especial al otorgar el conocimiento de los hechos a la Audiencia Nacional con un procedimiento especial.
En definitiva, señoras y señores diputados, las modificaciones previstas por el partido en el Gobierno se basan en criterios subjetivos e impulsan la desproporción entre el hecho y la pena, con lo que da la sensación de que el Gobierno está impulsando un estado de excepción encubierto en Euskal Herria. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Bueno!) Si ustedes quieren un progresivo estado de sitio en Euskadi, díganlo; nosotros, no. El Estado de derecho es suficientemente fuerte para salir al paso, solucionando y garantizando la vida y la libertad de todos los ciudadanos. En cualquier caso, tengan presente que un estado de excepción progresivo aumenta la represión y esto no va a ayudar en nada a solucionar el conflicto y a evitar la violencia en la calle.
Para acabar, señoras diputadas y señores diputados, es evidente que atornillando el Código Penal y la Ley de responsabilidad penal del menor no se va a resolver el conflicto que atenaza a la sociedad vasca y que tiene graves efectos sobre el resto del Estado. Este es, como decíamos al principio, un conflicto de naturaleza política y vamos a solucionarlo desde la fuerza que da la normalidad y la rutina democráticas, no desde la excepcionalidad o, simplemente, endureciendo el Código Penal.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, la reforma en su conjunto emprende un camino equivocado. Desgraciadamente, poco va a ayudar a terminar con la falta de respeto a la vida y a la libertad de quienes están amenazados. Las reformas propuestas por el Gobierno no conducen a la unión de quienes defienden las pautas democráticas en la actuación política, sino a nuevas divisiones y su exposición lo ha demostrado perfectamente. No denotan firmeza en el Estado de derecho, sino desconfianza en su capacidad para resistir al terrorismo. No fortalecen al Estado social y democrático de derecho, sino que diluyen sus principios. Cuando los poderes legítimos emplean medios excesivamente rigurosos y represivos y, por tanto, se alejan de los principios básicos de tal modelo de Estado para luchar contra fenómenos delictivos distorsionan el modelo de sociedad en el que queremos vivir. El sistema penal español cuenta con instrumentos legales suficientes para la lucha contra el terrorismo. Desde una perspectiva de política criminal en el momento actual no es en la política legislativa en materia penal donde haya que incidir; por el contrario, lo que este fenómeno requiere es adoptar una batería de medidas políticas y estratégicas dispares de tipo policial, judicial, institucional, social y políticas. Un cambio en las leyes penales es fácil y efectista, efectivamente, pero ineficaz a medio plazo; no va a contribuir a la eficacia antiterrorista. Por un lado, permítame que le diga, señor ministro, es difícil afirmar ciertamente que existan lagunas de punibilidad, es decir, conductas merecedoras de represión penal no incriminadas o insuficientemente sancionadas en las leyes penales. Por otro lado, es improbable que el endurecimiento de las penas vaya a traer beneficios destacables. Aún no se ha demostrado que con carácter general un incremento de las penas produzca efectos preventivos sobre la delincuencia y, desde luego, mucho menos sobre la delincuencia terrorista. La excepcionalidad y la emergencia no son buenas consejeras para el derecho penal de un Estado social y democrático de derecho. Si el Poder Legislativo no tiene la serenidad para introducir grandes dosis de racionalidad en esta materia y se deja llevar por las encuestas de opinión, ¿quién va a mantener la racionalidad, la firmeza en la adhesión a los principios del Estado social y democrático de derecho? La firmeza contra el terror desde el Estado de derecho es desde luego lo contrario a reformar la legislación penal de forma reactiva, introduciendo modificaciones que se alejan del modelo constitucional y que desde luego, permítame que le diga, tienen la oposición de grandes e importante sectores políticos, de la judicatura y de la fiscalía, y especialmente en lo que afecta a la reforma de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Por si alguno no se ha dado cuenta, como ocurre siempre, las medidas expansivas y excepcionales en derecho penal se convierten en gran fuerza expansiva y terminan convirtiéndose en regla general, afectando a sectores de población para los cuales en ningún caso estaban pensadas.
No vamos a entrar en el análisis detallado de cada uno de los apartados -lo hemos hecho en las enmiendas parciales, no tenga usted la menor duda-, pero sí creemos que lo que caracteriza a esas nuevas conductas o tipos delictivos son tres cuestiones claves: conceptos jurídicos indeterminados, definiciones excesivamente abiertas de los tipos delictivos y, en definitiva, simple y llanamente endurecimiento de penas. Pero desde luego lo que merece al menos, siquiera sucintamente, unamención es la reforma de la Ley penal de menores. No

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le voy a citar al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Estado, que dice que es raro que en un Estado social y democrático de derecho se reformen las leyes antes de que entren en vigor; nada más que eso ya tendría que llevarles a ustedes a la reflexión, pero, en todo caso, estas reformas son cuestionables y cuestionadas y desde luego conculcan no solamente la Constitución, sino toda la normativa y literatura jurídica que hay a este respecto: la Convención sobre derechos del niño de 1989, ratificada por España en 1991, y otros muchos textos internacionales( reglas de Pekín, directrices de Riad o recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa).
Desde el principio constitucional de la proporcionalidad parece insostenible -lo ha dicho algún compañero anteriormente- que se puedan sancionar conductas contra la propiedad con la misma pena que el homicidio; inadmisible. Desde luego, lo que es aún más desproporcionado es que se pueda entender que esos mismos actos lleven a que a menores de 18 años se les deba internar en centros cerrados de uno a diez años.
Las reformas que se apuntan en esa ley no creemos que sean constitucionales. No podemos hablar de que a los menores se les da -diríamos nosotros- un trato incluso más duro que a los mayores, cosa increíble. El incremento de la duración de las medidas privativas de libertad, el vindicativo cumplimiento íntegro de las mismas, desde luego en ningún caso aporta respuestas rehabilitadoras y reintegradoras.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
En cuanto a la Audiencia Nacional, se le atribuye competencia para enjuiciar a menores de 14 a 18 años. Creemos que esta reforma es dudosamente compatible con el principio constitucional de igualdad ante la ley o con el derecho al juez ordinario predeterminado en la misma.
Hay más cosas, hay muchas más cosas en esta reforma. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las competencias de las comunidades autónomas? Ni siquiera las mencionan. Ni siquiera se les ocurre pensar que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de menores, en cuanto al sistema penitenciario. ¿Qué está haciendo este proyecto de ley, de facto, anulando todas esas competencias? Porque ni siquiera las mencionan. Además, el hecho de que el cumplimiento para los menores tenga que ser en centros alejados de sus familias, de sus entornos sociales, va en contra de las recomendaciones, como decía antes, del Consejo de Ministros.
Creemos que hacen ustedes todo lo contrario de lo que propugna la exposición de motivos de la Ley del menor, todo lo contrario; no apuestan para nada por la naturaleza educativa del menor, lo único que intentan es la represión y van a conseguir que haya una desafección a esa ley de grandes e importantes sectores de la población.
Señor ministro, dejémonos de cuestiones, de reformas que sean efectistas pero no eficaces. Ustedes y nosotros sabemos lo que hay que hacer. Cada cual que haga su trabajo: la policía el suyo, los fiscales el suyo, los jueces que instruyan y sentencien de manera correcta y conforme a la ley, las instituciones penitenciarias, en este caso de los menores, de las comunidades autónomas que realicen su labor educativa y ustedes y nosotros dedicarnos a solucionar definitivamente un conflicto que es político.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por último, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar, desde Chunta Aragonesista se entiende y se valora la necesidad social de dar respuesta adecuada frente al terrorismo, y por ello se comparte el inicio de la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Entendemos, no obstante, que estas respuestas no pueden quedarse en las meramente penales ni ser a costa de principios tan reconocidos como el interés superior del menor o el derecho a la igualdad ante la ley.
Los menores son titulares de aquellos derechos fundamentales contenidos en el título I de la Constitución española; de ello se deduce, por un lado, que estos derechos han de ser efectivos por los padres y subsidiariamente por el Estado y, por otro lado, se trata de derechos exigibles para el niño y no renunciables por él, y por ello obligaciones para los padres y los poderes públicos y no excusables por éstos. Los poderes públicos deben llevar a cabo una política educativa y de nuevas formas de existencia social que haga efectiva la prevención en materia de inadaptación infantil o juvenil. Sólo desde este punto de vista existe solución para la infancia y para la juventud inmersa en acciones de tipo terrorista. Sólo cambiando los contextos sociales con una acción decidida de los poderes políticos se puede prevenir la implicación de menores en hechos que por su contenido de aventura, agresividad, lealtad al grupo de iguales, diferencia social o justificación moral se ajustan a los intereses de determinados adolescentes.


Nada sabemos, por otra parte, de la aplicación actual de la vigente Ley 4/1992, del desarrollo de sus medidas educativas por la institución competente ni de los éxitos o fracasos que esta normativa ha tenido con los menores que han cometido actos terroristas. Las modificaciones que el proyecto de ley propone a la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de losmenores rompen la coherencia interna del nuevo sistema

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de responsabilidad de los menores, ofrece serios reparos de constitucionalidad y atenta contra la esencia del principio de igualdad y, por ello, puede calificarse de discriminatoria. También contradice gravemente el interés jurídico a proteger, que siempre debe ser el menor. Va en contra de las importantes razones que llevaron a la creación de los juzgados de menores y, sobre todo, por concepción como órgano con proximidad fundacional y geográfica necesaria al ámbito familiar y social de la génesis y tratamiento de la infracción y el propio contenido de su intervención jurisdiccional.
La creación del juzgado de menores en la Audiencia Nacional sólo puede contribuir a la mayor estigmatización del menor, no aportando soluciones reales a los problemas concretos que pertenecen al menor, sino formalizando a éste como terrorista. Es difícilmente entendible, desde el punto de vista educativo y racionalizador, principio que inspira la Ley 5/2000, qué medidas de duración superior a los cinco años marcados por el actual texto tengan una mayor eficacia en la educación prosocial del menor o logren una mayor interiorización del respeto a la norma o progresen por ello más en actitudes empáticas.
Sólo con medidas simplemente coercitivas o punitivas y de escaso valor educativo pueden contemplarse internamientos de diez años y alejados de su entorno familiar y social.
En cuanto a los establecimientos para el cumplimiento de las medidas judiciales, en primer lugar, es en la práctica anular las competencias que la comunidad autónoma posee en la actualidad. Por otro lado, un internamiento de estas características estigmatizaría de nuevo al menor y entendemos que no cumpliría las recomendaciones del Consejo de Europa. Todo ello con el fin de eliminar progresivamente el recurso a la reclusión y multiplicar las medidas de sustitución de la reclusión.
Por ello, entendemos, señor ministro, señorías, que si bien la respuesta penal es necesaria en el caso de los menores, ésta tiene que ser escrupulosa en el respeto de los derechos reconocidos y debe ir acompañada de aquellas medidas sociales y educativas que impidan contextos favorecedores y prevengan la comisión de estos delitos.
Por todos los motivos señalados pedimos la devolución del mencionado proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Finalizado el turno de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene a continuación la palabra, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, no es elegante -lo sé- comenzar una intervención citándose una misma, pero para acreditar la postura de mi grupo frente a las modificaciones legales del proyecto que hoy se anuncia como antiterrorista, me parece útil acudir a algo que tuve ya escrito, y que escribí en nombre de mi grupo, primero en Avui y luego en Deia cuando se produjo el anuncio sin concretar de qué medidas se trataba.
Mi formación política busca y arriesga, decía yo, para la consecución de la paz; quiere la persecución eficaz de los crímenes de ETA y participaremos y colaboraremos en la tramitación de las medidas legislativas que se anuncian. Pero tenemos claro que no van por ahí las soluciones efectivas. Los cambios legislativos no son la panacea.
Ofrecíamos leal colaboración en la tramitación legal, que también incluía la crítica fundada -escrito está, señor ministro-, y crítica fundada es nuestra enmienda de devolución. Es, por cierto, esta la primera ocasión de opinar sobre el efecto que las llamadas al pacto de Estado sobre la justicia ha tenido para nosotros en esta materia.
Se nos ha consultado, eso sí, si preferíamos que los magistrados se jubilaran a los 70 ó a los 72 años o cuántos meses de prácticas debería cursar una estudiante que hubiese aprobado las oposiciones en la escuela judicial, pero no cuando se abordan medidas antiterroristas, aunque se trate de un terrorismo vasco y lo que se plantee sean reformas que pueden afectar a pilares fundamentales del sistema constitucional, de la dogmática penal, de las garantías propias del proceso penal o de la política criminal en esa área. No por ello, señor ministro, nos situamos de espaldas al proceso.
Queremos estar en él y por ello hemos presentado junto a esta enmienda de devolución, creemos que por graves motivos, además 20 enmiendas parciales que rehacen -o a lo mejor a usted le parece que le deshacen- la norma propuesta, pero que denotan trabajo aportado y leal colaboración efectiva, no crítica al bulto, ni pasotismo, ni abstencionismo por sistema.
El primer problema a abordar es si es necesaria una reforma de este tipo. Estamos sufriendo una escalada brutal de violencia terrorista, sobre todo tras la ruptura de la tregua. Persistente y cruel violencia terrorista, dice nuestra enmienda. Pero ¿la atajarán las mayores penas, los tipos imprecisos y mezclados, contrarios a principios de legalidad y tipicidad, la introducción de bienes jurídicos a proteger en la esfera de lo ético y no del reproche penal o promover un derecho penal y un proceso auténticamente de excepción para menores de edad penal? Nosotros creemos que no, lo cual no sería mucho, ni tampoco la dogmática penal y criminalista consolidada. El éxito en la lucha contra el crimen viene dado por la eficacia en la detención y en la persecución y la seguridad en la aplicación de la ley, no por la dureza de ésta. Por cierto, se hacía antes mención, desde el público que le jaleaba, a la actuación de la Ertzaintza. La media de detenciones de Kale Borroka en la Ertzaintza está en 200 personas. No basta lo que digan los medios de comunicación, hay que contrastarlo con los datos reales dados en la Cámara vasca y la media en los

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últimos años es de 200 personas por año. El sistema penal del código vigente responde a un esquema que no surge de la nada, sino que es producto del pensamiento jurídico penal de los dos últimos siglos y sus rasgos generales son los de la prevención general vinculada a la proporcionalidad, la prevención especial debidamente influenciada por el artículo 25.2 de la Constitución, que habla de la reeducación y reinserción del condenado, y el carácter retributivo que en modo alguno le negamos. La pena tiende a la reinserción, pero la pena es también castigo si de personas adultas estamos hablando; respecto de los menores, luego hablaremos, es otra cosa.
Dice la exposición de motivos que los comportamientos terroristas evolucionan buscando evitar la aplicación de las normas, aprovechando resquicios y complejidades interpretativas. Para resquicios y complejidades interpretativas las que introducen los tipos nuevos, además de tener defectos técnicos y de encaje constitucional evidentes. Los iré enunciando. Se toca el artículo 266, dentro del capítulo de daños, en el título correspondiente a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, y se dice en la exposición de motivos que se pretende responder a la delincuencia aledaña por finalidad, proximidad o relación con el terrorismo. Lean el precepto, señorías, y verán cómo en él no encuentran este objetivo declarado del proyecto. Las tipificaciones se hacen sin referencia alguna a datos que manifiesten nada con el fenómeno terrorista, de tal manera que su ámbito se extiende a cualquier posible autor o conducta con independencia de su relación con el terrorismo. Tal relación se contempla en el artículo 577, y por ello es a este artículo al que debiera haberse limitado la modificación en lo relativo al ámbito material de los preceptos citados, incorporando las conductas nuevas que se estimasen procedentes, eso sí, delimitando mejor el elemento teleológico de los tipos que ya ahora aparece como excesivamente amplio. La revisión del artículo 346, cuando habla de delitos contra la seguridad colectiva y de los estragos a que hace referencia el 266, provoca gravísima inseguridad, ya que en el artículo 346 se contemplan unos daños que no se corresponden con los del 266, que a su vez establece penas distintas en razón de diferentes clases de daños, con los que resulta realmente imposible determinar cuál sea la penalidad concreta a que tal remisión se refiere.
El artículo 551 vigente no contempla resultado dañoso alguno, ya que habla de una acción incendio y de un peligro concreto para la vida o integridad física de las personas. La modificación contempla supuestos de ausencia de ese peligro y se remite a penalidades de tipos con resultado de daños. De aprobarse, conduciría a castigar como daños acciones no dañosas y exentas de peligro para las personas, lo cual resulta totalmente ajeno a la lógica y a la finalidad del vigente artículo 351, desproporcionado y contrario al principio de intervención mínima.
El desorden en los plenos por apoyo a bandas armadas es una cuestión que podría haberse abordado, pero se hace en términos extraordinariamente generales, con una imprecisión a qué conducta se refiere y, sobre todo, la pena de prisión está indicada en todo caso, tampoco tenemos nada que objetar, a la fusión de los artículos 504 y 505 que se hace y al artículo 551.2, que puede salvarse cuando amplía el atentado a los miembros de las corporaciones locales, objeto de especial persecución para la banda terrorista en los últimos tiempos, y que merecen, justo es decir, ser debidamente protegidos.
Al modificar el 577, delito de terrorismo sin terroristas que dice el profesor Gimbernat, se olvidan ustedes que tienen sin cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1999 que, según la exposición de motivos del proyecto de ley que ustedes mismos trajeron a esta Cámara en octubre de 1999 (Boletín Oficial de las Cortes, serie A, número 1.189), obliga a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada, al objeto de ajustarla a la interpretación que del derecho constitucional a la legalidad penal, desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, ha realizado el alto tribunal. De esto se olvidan en absoluto. Nosotros, no. No pretendemos en modo alguno la impunidad, hemos reproducido ahora las enmiendas que presentamos entonces a ese proyecto, por ustedes olvidado, y en el artículo 576, en el punto primero, definimos la colaboración, y en el punto segundo se diagnostica exactamente de forma más clara, dejando para el artículo siguiente las conductas que coadyuvan a actividades de bandas, organizaciones y grupos terroristas, quedando el 577 técnicamente más correcto que el que el Gobierno propone para aquellos actos de idéntica finalidad de quien no se integra, sin embargo, en las bandas, organizaciones o grupos terroristas. Repito, no hay impunidad, hay mayor corrección, y consúltenlo con algún penalista.
El artículo 578 es bien intencionado, pero desde el punto de vista de la dogmática penal no tiene desperdicio. El adelantar la protección penal a conductas que no conllevan lesiones o peligro concreto de bienes jurídicos, es algo que la doctrina penal considera únicamente como excepcional. Por ello, se exige que tal adelantamiento se produzca únicamente para conductas que tengan una real y directa potencialidad de conducir o desembocar en tal lesión o peligro o entrañen una voluntad delictiva clara y sólo respecto de delitos especialmente graves. Esto es exactamente lo que hace el Código vigente del año 1995. La conducta que se contempla no ostenta la significación concreta que tienen la provocación, la conspiración o la proposición para delinquir, exceden los ambos de dichos preceptos para adentrarse en un campo de amplios contornos y difícil delimitación, en el que será sencillo confundir legítimos planteamientos ideológicos o análisis políticos con lo delictivo. De instaurarse, además, este precepto excesivamente amplio, nos encontraremos con que los tribunales no van a aplicarlo, como ya ocurría con el

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precepto anterior al año 1995, puesto que se autolimitan al establecer sus contornos para no conculcar otros principios constitucionales que, repito, tienen ya jurisprudencia asentadísima.
Modificar para que, a la postre, todo quede igual, no conduce a nada.
Es, señorías, lo que se ha dado en llamar, y ustedes lo conocen, derecho penal simbólico, muy tranquilizador a corto plazo, pero a largo plazo destructivo, porque está construido sobre el engaño de que puede resolver algunos problemas que, efectivamente, no resuelve.
En lo referente al segundo inciso del artículo 578, se puede hacer el siguiente comentario crítico. Es bien intencionado, pero plantea dudas sobre cuál es el bien jurídico protegido. Si fuese el mismo que en el apartado primero, habría que trasladar a él la argumentación recién realizada. Si, como parece más probable, el bien jurídico es el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, el precepto, pensamos, adolece de incorrección técnica relevante. A saber, el derecho al honor no puede predicarse de un colectivo o grupo de afectados, ni tampoco puede trasladarse a él la dignidad de cada una de las personas que lo componen. Estamos ante derechos personalísimos que sólo pueden violarse por referencia a personas concretas.
Estamos, entonces, ante la violación del principio de seguridad jurídica. En la enmienda a la totalidad ya indicamos que el derecho penal no es el mejor instrumento para acabar con lo que son conductas de vileza moral o actitudes canallas, que ciertamente lo son, pero que no tienen cabida en el Código Penal.
En cuanto a la inhabilitación absoluta, se podría haber hablado, teniendo en cuenta que deben extremarse las cautelas al hablar de esta pena, puesto que es difícil plasmarla cuando no lleva aparejada una pena privativa de libertad y teniendo además en cuenta que existe constitucionalmente plasmado el artículo 23, que consagra el derecho a la participación en los cargos públicos, evitando la excesiva duración, la proporcionalidad, que es otro de los aspectos respecto de los cuales podría haberse hablado. A nuestro modo de ver, la modificación pretendida con el artículo 572.2 queda al margen del uso razonable y prudente que se establece para esta pena con carácter general, sin buscar conexiones con la naturaleza y con las circunstancias de cada delito, y se establece, a nuestro modo de ver, repito -podrían hacerse enmiendas parciales-, una duración excesiva.
Ha dicho el representante del Bloque Nacionalista Galego -y yo lo repito- que el ordenamiento penal es indudablemente un instrumento fundamental para la defensa del Estado de derecho. Sin embargo, cuando se usa sin un claro fundamento, vulnerando o rozando peligrosamente principios que lo animan, es ese mismo Estado de derecho el que sufre.
Mención aparte merece la reforma de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Es desafortunada, y así se lo han indicado a ustedes el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado, y contraria a los principios que informan esta norma, que no ha entrado todavía en vigor, según la cual la medida aplicable ha de estar más en función de la personalidad y necesidades educativas del menor, que del hecho realizado, lo cual es contrario al criterio de establecer un régimen excepcional para determinados delitos, habida cuenta de que incluso dentro de los delitos de terrorismo existen infracciones de una gravedad muy diferente a otras, sin olvidar lo que tiene de improvisación pretender la reforma de una ley que todavía no ha entrado en vigor.
Hablo, señorías, siempre del texto del proyecto. Si respecto de él hay cambios o negociaciones con algunas formaciones políticas, no nos constan, porque no hemos sido tenidos en cuenta, y la enmienda a la totalidad va dirigida a lo que es el contenido del proyecto. Olvida, además, el proyecto que es contraproducente responder a los menores que delinquen con el mismo silogismo que a los mayores. La creación de un juzgado central de menores excepcional es contraria a la jurisprudencia constitucional. Además, es hábil para generar héroes y útil para introducirles en un determinado engranaje, ETA y su entorno, cuando lo que se debe buscar es la reeducación y la reinserción. La recuperación de estos menores, consiguiendo su capacitación para la convivencia democrática, es lo que, a nuestro modo de ver, se ha de buscar, y esto es lo que ha de primar sobre lo meramente aflictivo. Se les imponen medidas que superan en tiempo y dureza las penas de los mayores. Mírenlo ustedes: un mayor que cometa asesinato es condenado a 15 años, de los que cumple 11; un menor que cometa un asesinato cumple 15 años de internamiento más 5 años de aplicación de medidas. En segundo lugar, el que cumplan las medidas en lugares alejados del domicilio del menor, además de la posibilidad de heterointoxicación, nos parece más grave que la dispersión en materia de mayores. Supone, además, un grave agravio comparativo que mientras los mayores son juzgados por tribunal colegiado, por una sala, y les cabe el recurso de casación en toda su extensión, los menores son juzgados por un órgano unipersonal y, sin embargo, sólo cabe casación para unificación de doctrina. Creo haber acreditado con esto que la situación que se establece respecto de los menores es más gravosa que respecto de los mayores y debe analizarse de una forma distinta.
Señorías, la criminalidad de ETA es despiadada y cruel. La situación presente está cargada, y con sobrada razón, de emotividad, pero ni la irritación ni la cólera espontánea de los ciudadanos pueden estar en el origen de una iniciativa legislativa de esta naturaleza. Los políticos, todos, no excluyo tampoco nuestras propias responsabilidades, pero sobre todo los gobernantes, tienen que desempeñar una difícil función de pedagogía, que es lo más contrario a la demagogia. Al secretario general socialista se le atribuye la frase de que la política antiterrorista no puede convertirse en un sucesivo proceso de ocurrencias, y a una escalada de ellas estamos asistiendo en estos días. Primero, cumplimiento

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íntegro de las penas, cadena perpetua, juicio revisorio y examen moral, ahora revisión del sistema de penas del Código Penal. Un conocido columnista lo llamó hiperactividad neurótica frente a lo que fue total inactividad en la legislatura pasada, desaprovechando, como tantas veces decimos, un período de tregua. Repito, ante la convulsión que produce la amenaza, hay que responder con cálculo, pragmatismo y sutileza, con la normalidad y la cotidianidad democrática, perseguir los delitos y aplicar el Código Penal vigente y no penalidades abstractas. Para una respuesta serena, para un compromiso unitario, señor ministro, en estos términos el Gobierno nos hubiese encontrado si es que hubiese querido buscarnos.


En días pasados leía yo a Miguel Ángel Rodríguez, personaje de su entorno más que del mío, prestigioso jurista -se supone-, siempre expeditivo, alentando al Grupo Popular a no tener miedos constitucionales cuando se tienen 182 votos. Son criterios. A mí me parece una temeridad. Ahora que todo el mundo se confiesa unamuniano, es prudente que yo traiga la referencia a la distancia que existe entre vencer y convencer.
Como punto final, y para el supuesto de que quien intervenga en nombre del Grupo Popular no vaya a ser el prestigioso jurista que es portavoz habitual en esta materia, adelanto ya que, por lo conocido en debates anteriores, ni esta diputada ni los componentes de mi grupo ni los de mi partido, a pesar de las referencias que se han hecho a las declaraciones del señor Arzalluz (por cierto, debieran leerse enteras, porque supongo que hemos leído la misma prensa; el señor Arzalluz dice que no compartimos la ideología marxista de ETA y siempre hemos dicho a sus seguidores que la independencia debe conseguirse por la vía del consenso; nosotros rechazamos la violencia y creo que no es exactamente lo mismo que lo que ha dicho el señor ministro), y, por supuesto, ninguno de los demás enmendantes a la totalidad cumplimos los elementos de ningún tipo penal en los aledaños del terrorismo ni en su versión actual ni en la prevista para la reforma. Evítense, por tanto, los innecesarios esfuerzos de imputación y váyase al argumento de fondo del debate y análisis de las propuestas, que es lo propio de este foro parlamentario. Debate y análisis que su proyecto, señor ministro, en este momento no resiste.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que represento en esta intervención ante la Cámara, tiene la impresión de que ustedes, señor ministro, el Gobierno del Partido Popular, se han equivocado en la presentación de estas iniciativas antiterroristas. Pero, lo que es peor, esa equivocación remite también a una equivocación de fondo en cuanto a las propias medidas que hoy nos presentan ante esta Cámara.
Señor ministro, nosotros reconocemos que, ante una intervención de estas características, sus palabras estén llenas de emotividad, lo reconocemos, además creemos que no puede ser de otra manera. Nosotros también hemos sufrido el terror, nuestra formación política lo ha hecho además sin la cobertura de la legalidad. Nosotros no hemos respondido únicamente con la emotividad; sin la responsabilidad del Gobierno, nosotros hemos respondido con la razón y con la ley. En estos días vamos a celebrar una efemérides relacionada con ese esfuerzo político y moral por parte de nuestra fuerza política. Por tanto, les exigimos que, con toda la emotividad que es necesaria y que es humana además, presenten ante esta Cámara las medidas legales que pretenden contra el terrorismo, con objetividad y con voluntad política y no arrojen sobre nosotros los términos morales y los principios generales que compartimos, porque ustedes y nosotros, con una diversidad ideológica clara, compartimos la defensa del sistema democrático, la defensa de las libertades y el rechazo de cualquier forma de violencia y de terrorismo en especial.
No hay ninguna razón en democracia para los atentados terroristas, y eso lo tenemos claro. Luego ustedes no aprovechen su intervención de forma desafortunada para lanzar esos criterios morales, que son de todos y de todas, o para lanzar también esa afectividad y emotividad, que compartimos, contra las fuerzas políticas democráticas que estamos en esta Cámara y que no coincidimos con ustedes ni en su estrategia antiterrorista ni en sus medidas concretas de modificación del Código Penal o de la Ley del menor. Si lo hacen así, si arrojan sobre el resto de las fuerzas políticas criterios morales y emotividad, estaremos dividiendo a la sociedad española, cuando lo que hay que hacer en estos momentos -y es su principal responsabilidad- es unirla, pero no sólo en la calle también en esta institución, frente al terrorismo y frente al terror. Ése es también el sentido de la diversidad política. Señorías, yo no se lo voy a recordar, pero seguramente alguien que intervendrá después que yo les va a recordar que no es lo mismo la diversidad que la deslealtad.
Hemos sido diversos en muchas ocasiones en la política antiterrorista, pero no hemos sido desleales. Por tanto, no intenten ustedes ahora interpretar la diversidad como deslealtad. Somos diversos, tenemos distintas concepciones y distintas posiciones sobre esta ley, pero tenemos una lealtad, que va mucho más allá de la mayoría que ustedes traen a esta Cámara, con la paz, con la democracia y en la lucha antiterrorista. Deberían ustedes tenerlo en cuenta, no vaya a ser que, al final, se encuentren bastante más solos de lo que dicen estar, enesta iniciativa legislativa.


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Señorías, a mí me gustaría dirigirme a su cabeza y no a su corazón.
Sé que es difícil pero quiero dirigirme a su cabeza, porque lo que ustedes están presentando aquí son medidas legales que van a afectar a todos los ciudadanos y, por su parte, parece ser que pretenden frenar la ofensiva terrorista. Nosotros consideramos que estas medidas son equivocadas, consideramos que responden a una estrategia antiterrorista que va más en el sentido de la emotividad y del patriotismo de partido que en el sentido de la unidad democrática, necesaria en una estrategia de fondo contra el terrorismo. Pensamos que hoy la necesidad fundamental no consiste en articular nuevos mecanismos legales, que nuestro sistema penal no es un queso de gruyer, que está trabado y tiene suficientes características y posibilidades, y también potencialidades, para enfrentar la nueva ofensiva terrorista. Por tanto, para nosotros prima otro tipo de medidas: medidas policiales, medidas judiciales, medidas institucionales, una mayor colaboración institucional y medidas políticas, una de ellas, y fundamental, la recuperación de la unidad democrática, al margen de posiciones nacionalistas, no nacionalistas o federalistas, en el enfrentamiento con la ofensiva de ETA.
Señorías, decía que me iba a dirigir fundamentalmente a su cabeza, y voy a tratar de argumentar por qué pensamos que, en primer lugar, sus medidas probablemente son ineficaces; en segundo lugar, en algunos casos pudieran ser contraproducentes, y por último, son medidas de dudosa constitucionalidad y que quiebran una relación entre el sistema legal del menor en España y la legislación del niño y del menor a nivel internacional.
En relación a la eficacia, señorías, vuelven ustedes a presentar otra batería de modificaciones parciales, en este caso, de las leyes penales. No es, en su caso, un hecho novedoso; lo hacen habitualmente -yo ya estoy acostumbrado- en materia económica, también en materia penal; parece ser que ésta es la tradición y la forma de funcionar del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular.
Vayamos a esas medidas. Se presenta una serie de medidas que, según la intervención del señor ministro, intentan delimitar nuevos tipos delictivos frente a nuevas estrategias terroristas, a nuevas formas de delito de ETA. A través de estas iniciativas legales, intentamos coartar, limitar o acabar con ese tipo de actividades terroristas, pero no vemos, en la intervención ni en la argumentación de la modificación legal, ninguna valoración de las últimas modificaciones legislativas del Código Penal que se han producido hace muy poco tiempo en relación a la violencia callejera -año 1998- o en relación al menor. No vemos ningún análisis ni ninguna valoración sobre la eficacia de alguna de esas medidas. Nos llama la atención que alguna medida, que debería haber contado con el análisis de la realidad de la acentuación de la kale borroka, no lo ha tenido en cuenta. La Ley del menor, que todavía no ha entrado en vigor, no ha tenido en cuenta una realidad que venía existiendo al mismo tiempo que se elaboraba esa iniciativa legislativa.
Además de que tenemos modificaciones legislativas que no aprenden nada del pasado, porque en aquellas modificaciones sobre la kale borroka se pretendía criminalizar determinadas acciones que se producían en la calle por parte de jóvenes que se consideraba que eran parte de la estrategia terrorista de ETA, ¿cuál ha sido la consecuencia de esas iniciativas legislativas? ¿Se ha argumentado por parte del Gobierno? Nosotros ya tenemos algunas consecuencias, las tienen la Policía Nacional y la Ertzaintza, y sabemos hasta qué punto las nuevas medidas que se plantean por el Gobierno pueden o no ser eficaces. Señorías, consideramos que pudieran no ser eficaces, y vamos a fijarnos en algunos aspectos de las modificaciones que ustedes plantean. Pretenden retrotraer, en estos momentos, la legislación del menor a la entrada en vigor de esta nueva legislación, aprobada con carácter homogéneo con respecto a la legislación internacional del menor. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la aplicación de la legislación del menor pasada, no la que está por entrar en vigor, en la kale borroka? Lo que nosotros sabemos es que, del conjunto de los detenidos en la violencia callejera, hay una mínima parte de menores, y que en ningún caso ningún juez ha planteado problemas para analizar y sancionar los delitos de estos jóvenes o menores.
Por tanto, señorías, no entendemos muy bien a qué viene la necesidad de presentar esa iniciativa legislativa, si no es que el Gobierno, en vez de estar realizando una iniciativa legislativa para luchar contra la violencia terrorista, esté realizando una iniciativa legislativa que puede llamarse de penalización simbólica o, mejor, una iniciativa legislativa placebo, fundamentalmente para tranquilizar a la sociedad y para tranquilizar al propio Gobierno en relación a la ofensiva terrorista, pero con dudosa eficacia en cuanto a su posibilidad de detener y condenar a aquellos que realizan actividades terroristas, que no han sido condenados, al parecer, a través de la actual legislación penal.
Vayamos a otro aspecto de las modificaciones legales que ustedes plantean: el delito de apología del terrorismo. Señorías, el delito de apología del terrorismo, que ustedes pretenden tipificar de nuevo, estaba así tipificado antes del Código Penal de 1995; una legislación genérica, tan genérica que no era eficaz. ¿Cuáles son los datos sobre la eficacia de la legislación que había sobre la apología del terrorismo? Pues bien, 150 años de legislación sobre apología del terrorismo han dado para 14 sentencias, de las cuales cuatro tienen que ver en los últimos años con actividades supuestamente de apología del terrorismo y solamente una, del Tribunal Supremo, condenatoria; el resto, todas absolutorias. Es decir, a pesar de existir un tipo delictivo genérico contra la apología del terrorismo, no se podía condenar porque ese tipo delictivo colisionaba con un valor mayor en nuestro sistema legal, que está reconocido por la Constitución, que es el derecho a la palabra o a la

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libre expresión de las ideas. En nuestra opinión, pues, estas medidas no sólo pueden ser ineficaces (en algunas de ellas, y lo digo también en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si hubiéramos tenido la oportunidad de negociarlas -no la hemos tenido porque no nos la han dado-, probablemente hubiéramos llegado a acuerdos, pero no es ese el caso), sino que también pueden ser contraproducentes, y me fijo fundamentalmente en las medidas que modifican la Ley del menor. Ustedes dicen que un endurecimiento de las penas (que no es otra cosa la modificación que ustedes realizan en la Ley del menor), el internamiento o el extrañamiento, es decir, el juicio fuera de su lugar de origen por parte de la Audiencia Nacional, todas esas medidas van a lograr romper la conexión entre la kale borroka y la, digamos, actividad terrorista de ETA. Nosotros pensamos que bien pudiera ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que esos jóvenes, que antes iban a ser resocializados, fundamentalmente mediante métodos educativos, probablemente en su propio medio, que no iban a ser tratados mediante métodos coercitivos, pero que ahora van a ser aislados, van a ser juzgados fuera de su lugar de origen y van a ser penados como un adulto, iniciaran el camino directo a formar parte ya de esa banda, a través de mecanismos que favorecería el propio Código Penal, mecanismos para la afiliación y para el alineamiento de estos jóvenes con la política terrorista de ETA. Nosotros tenemos esa duda, señorías, y tenemos toda la legitimidad para defender esa duda con respecto a sus medidas legales.
Por otra parte, decía que estas medidas no solamente pueden ser ineficaces, sino también contraproducentes, pero es que también pueden afectar a nuestro entramado legal, a principios básicos de nuestra Constitución y de la legislación internacional. Señorías, con estas medidas en relación con la Ley del menor volvemos a desengancharnos de la legislación internacional sobre el niño y el menor, creamos una situación excepcional por la que determinados menores y niños españoles no están sujetos a la legislación internacional penal, que fundamentalmente es educativa y resocializadora. Nos da la impresión de que estas medidas contra la apología del terrorismo van a colisionar con preceptos básicos que consagra la Constitución española, como es el derecho de información.
Y no solamente lo decimos nosotros, señorías, porque aquí parece que hay una parte de la Cámara que posee principios morales y que otra parte de la Cámara se halla en una situación ambigua sobre los principios morales. Señorías, esta posición que hoy defendemos nosotros (de dudas razonables en cuanto a la eficacia de una medidas que pueden ser contraproducentes y que pueden contraponerse al conjunto del sistema legal, del sistema penal y también del sistema constitucional) es también defendida por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial y por juntas de fiscales. Es decir, hay dudas razonables por parte de sectores muy importantes de la sociedad española. No se bunkericen detrás de las medidas penales, señorías, consideren que esas medidas penales son discutibles, no son preceptos morales que tengan que ser utilizados como arma arrojadiza contra quienes ustedes consideren que no son solidarios con su política antiterrorista. Se equivocan en esa percepción y si siguen así, probablemente cada vez haya más parlamentarios en esta Cámara que no coincidan con ustedes en sus modificaciones penales, aunque sigan siendo solidarios de una estrategia antiterrorista que limite y acabe con el terror de ETA.
Termino, señorías, diciendo en nombre de mi grupo parlamentario que en el futuro esperamos que iniciativas de estas características no las conozcamos por los medios de comunicación, que por iniciativas de estas características no conozcamos al final que hemos sido relegados por decisión libre del Gobierno. El Gobierno ha establecido quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta película. Nosotros esperamos que en el futuro no sea así. Nosotros estamos convencidos de que una estrategia antiterrorista para llamarse con tal nombre tiene que conseguir la unidad de las fuerzas políticas -nacionalistas, no nacionalistas, federalistas, de izquierdas o de derechas- que estamos en esta Cámara, que la estrategia antiterrorista tiene que conseguir la colaboración, no la fractura, entre las instituciones españolas, y que la estrategia antiterrorista debe ser consensuada, señorías. Eso no ha sido así hasta ahora, pero no renunciamos a que lo sea en un futuro. Porque, señorías -y termino-, nosotros frente al terrorismo no creemos que sea conveniente ni una ley dura ni un Estado fuerte; creemos que lo fundamental frente al terrorismo es una ley y un Estado democráticos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Mardones, por Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, con la venia.
Coalición Canaria, como bien ha dicho el señor ministro de Justicia, conoció el borrador del texto del anteproyecto; se nos remitió, se nos pidieron sugerencias y observaciones al mismo y las hicimos llegar en aquel momento, sobre todo fijándonos, en primer lugar, en que había un respeto a la letra y al espíritu de la Constitución; en segundo lugar, que no entrañaba medidas excepcionales de orden jurídico superior o distinto que pudiera ser incluso tachado de inconstitucional o presuntamente inconstitucional y que estaba dentro de un ordenamiento del Estado competencial democrático que, afortunadamente, tenemos asentado en estas Cortes Generales.
Quisiera recordar aquí-porque mi discurso va a ir en una línea política- unas palabras que dijo el ilustre jurista don Federico Carlos Sainz de Robles, cuando era presidentedel Tribunal Supremo y del Consejo General del

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Poder Judicial. Dijo que, pasada la fase en que el pueblo español democráticamente se había dado las libertades constitucionales, tenía que tener muchísimo cuidado, para la defensa de esas libertades, en no perder el gusto por la libertad. El gusto por la libertad se puede ver conculcado y adormecido por la más perversa de las intencionalidades del terrorismo. El asesinato terrorista no es un asesinato emocional, no es un asesinato de tipo moral en el sentido de ir contra una persona, no es un asesinato de tipo emotivo -por celos, por ajuste de cuentas de aparatos mafiosos-, pretende la utilización de la muerte, de las víctimas y del terror, llegar a algo que es lo más pernicioso para los demócratas y la democracia que nos sustentamos en el voto popular, el miedo. El miedo es la peor enredadera que puede sojuzgar a un sistema democrático, porque impide la voluntariedad de los actos políticos. Da miedo ir en las listas electorales de los ayuntamientos, da miedo ir en las listas electorales de los parlamentos, da miedo hasta circular por la calle a la expectativa de la bomba lapa o del tiro, da miedo ejercer unas libertades profesionales, en el caso de jueces, magistrados y fiscales. De ahí que, aunque esas garantías puedan ser de dudosa eficacia, la democracia está obligada a probar todos los sistemas. Se mostrará su eficacia en el cumplimiento y en la existencia de los mismos.
Hay que proteger a ese estamento profesional -como dice el texto de la ley, y como nosotros tratamos de garantizar-, a esos profesionales de la justicia que, como humanos, son sensibles al miedo; a esos concejales, a esos parlamentarios y a cualquier persona que tenga conciencia de la libertad y del valor de la vida humana e instinto de conservación. El instinto de conservación forma parte de la defensa.
El Estado de derecho debe darle un blindaje frente a la barbarie, pero sobre todo frente al desalmado principio del miedo que inspira el terrorismo. En las palabras de Sainz de Robles y en el orden constitucional está el principio con el que pretende acabar el miedo que inspira el terrorismo. El miedo que inspira el terrorismo pretende algo gravísimo, que es la subversión del orden constitucional. La subversión del orden constitucional está basada en la insidiosa separación de lo que reconoce el título I de la Constitución española. Si no somos capaces de reaccionar con actuaciones políticas y policiales, pero sobre todo con leyes penales, dejaremos que la letra de la Constitución que reconoce la libertad de ejercicio de la democracia se convierta en un derecho formal. Estamos obligados a transformar los derechos formales que reconoce la letra de la Constitución en derechos reales; los derechos reales de los ciudadanos que optan bien por permanecer entre el común de los ciudadanos, bien por ir en las listas electorales, bien por ejercer como profesionales en el campo de la justicia -magistrados y fiscales- o bien por formar parte de cualquiera de los instrumentos legales, civiles, policiales o militares de los que está dotado un Estado de derecho. Estamos obligados a apoyar aquellos instrumentos legales que hagan que los derechos formales reconocidos por la Constitución sean derechos reales. Esto es lo que va a entender el común de la estructura democrática. Y en caso de duda, mi grupo y yo estaremos siempre del lado del bien jurídico a proteger.
Yese bien jurídico a proteger en un Estado de derecho no es solamente la vida de las personas, es el ejercicio de la democracia. No podemos dejar que la democracia se quede en un derecho formal reconocido en la letra de nuestra Constitución, debe ser un derecho real, que requiere las circunstancias de la libertad y de la libre elección, pero que requiere sobre todo la circunstancia de no tener miedo a ejercerlo. Ahí es donde se dirige la insidia del terrorismo, a producirnos miedo a todos, hasta que algunos tengamos que pensar cómo decir un discurso sin comprometernos con la vida que tenemos. Los demócratas tenemos que cruzar con valor esa delgada línea roja, tomando decisiones sobre las herramientas para combatir el terrorismo.
Mi grupo aporta a este proyecto de ley nueve enmiendas, que van en la línea de perfeccionar las garantías procesales y de introducir la protección del ministerio fiscal en los actos en los que, en razón de su estatuto, le corresponde velar por el principio de legalidad; y el principio de legalidad son estas leyes que aprobamos. Se dice que esta es una modificación más del Código Penal. El Código Penal está para irlo adaptando como un traje a las circunstancias de la sociedad. ¿Por qué no ha habido grandes debates y ha habido un gran consenso cuando hemos decidido modificar las leyes penales y procesales de protección al menor frente a la pederastia y de protección de la mujer frente a los malos tratos? Lo hemos hecho con una gran naturalidad, y nadie ha hablado de agujeros en el Código Penal. La sociedad nos trasladó entonces una exigencia, y esa misma exigencia nos la vuelve a trasladar ahora a esta Cámara. Tenemos que dar una respuesta inteligente, pero también armónica y acorde con lo que nos demandan los que nos votan, porque la voluntad de los ciudadanos es el fundamento de una democracia electiva y de libertades. Se nos llena la boca al decir que representamos aquí a la soberanía popular. Nuestra primera exigencia es representar a la soberanía popular, que quiere parar esta tremenda hecatombe que provoca el terrorismo, no solamente en la vida humana -con todo el respeto que merece-, sino en los valores democráticos. El terrorismo atenta no como un crimen pasional, sino como un crimen de intencionalidad antidemocrática contra este Estado, intentando que sea solamente un Estado formal y que les deje el campo libre.
Si alguien me pudiera acusar de que con mis palabras estoy recogiendo una inquietud, que me dejo influir por una opinión pública, yo preguntaría lo siguiente. Si cuando hace unos años, a través de un sondeo o de una encuesta, llegábamos a la conclusión de que la primera preocupación de los españoles era el problema del paro, veíamos con naturalidad que había que exigirle al Gobierno que solventara el problema del paro, que adoptara medidas económica y laborales para luchar contra el paro; si cuando salían en los sondeos y encuestas de los institutos de opinión que el principal problema era la droga y la drogodependencia, hemos adoptado

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las medidas legales y cautelares en esta Cámara, a través del Código Penal y de las leyes concursales competentes, para luchar contra el narcotráfico, ¿por qué ahora, cuando en las encuestas el pueblo español pone como primer tema de preocupación el problema del terrorismo, nos vamos a enredar en un discurso metafísico? Esa es la demanda democrática. La demanda democrática está ahí. Por tanto, yo prefiero escuchar esa demanda democrática que me llega a través de un sondeo de la opinión pública que la demanda que me quieren hacer llegar a través del instrumento de la kale borroka, del terrorismo y sobre todo del miedo.
En este momento, estamos obligados en esta Cámara a legislar contra el miedo, y aquí llega un instrumento al que nosotros vamos a prestar nuestro apoyo en esta línea política de interpretación constitucional y de las libertades democráticas, porque no quiero que haya malos tratos para nadie ni que a los ciudadanos se les impida ejercer con tranquilidad sus derechos ni que el miedo se establezca en la sociedad, porque no avanzaríamos.
Por ello, mi grupo, señora presidenta, votará en contra de las enmiendas de totalidad o de devolución que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios y apoyará en los trámites consiguientes y subsiguientes las enmiendas que se presenten con la intención de perfeccionar lo que, desde nuestro punto de vista, son unas garantías puramente procesales. Cuando las generaciones futuras analicen estas leyes podrán decir al menos que los legisladores no tuvieron miedo de defender la democracia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario se ha marcado los límites que le atribuye nuestro reglamento y, por tanto, no pretendemos entrar en un debate sobre la política antiterrorista del Gobierno, ni siquiera sobre la política antiterrorista del Estado, porque no debe ser estrictamente del Gobierno. Tampoco pretendemos participar en un debate sobre la situación política del País Vasco y las formas de resolver esa situación ni pretendemos adelantarnos a lo que sin lugar a dudas será el debate en ponencia y en Comisión, a través de enmiendas técnicas, de las críticas técnicas a un proyecto que ciertamente presenta defectos técnicos y que estoy absolutamente convencido que a lo largo de la tramitación parlamentaria, con la colaboración de todos los grupos, se podrán resolver.
Por tanto, mi grupo pretende fijar su posición respecto de la finalidad, espíritu y principios de este proyecto, y determinar su posición respecto de las enmiendas de totalidad que han presentado algunos grupos en atención a esta finalidad, a este espíritu y a estos principios. Quiero decir que poco hemos oído en las enmiendas de totalidad respecto de esta finalidad, espíritu y principios; hemos oído defensas ardorosas, que compartimos, de un sistema de libertades; hemos oído críticas, afirmaciones o dudas, que podemos asumir en parte, respecto de la eficacia de estas medidas, pero entiendo que de la finalidad y del espíritu poco se ha hablado.
No obstante, hay que tener en cuenta tres aspectos, que entiende mi grupo que son circunstancias objetivas. En primer lugar, que hace ya meses que no hay tregua y estamos en presencia de una terrible ofensiva terrorista; y digo que no hay tregua porque una de las legislaciones que se pretende enmendar, concretamente la Ley de responsabilidad penal de los menores, fue una ley de la tregua, fue una ley que estuvo bloqueada durante más de un año por diferencias entre responsables de Interior y de Justicia de diferentes gobiernos, y que sólo el desenlace de la tregua resolvió esa situación.
En segundo lugar, parece existir una sensación de impunidad ante la comisión de determinados delitos; sensación de impunidad que, por un lado, tienen los que cometen estos delitos y, por otro lado, tiene también buena parte de la sociedad española.
En tercer lugar se nos alerta, nos resulta difícil contrastar esos datos pero se nos alerta de la reducción de la edad de las personas que participan en la kale borroka, en la existencia de una línea de continuidad entre la kale borroka y la grave delincuencia terrorista y la posibilidad de que la organización terrorista ETAeste utilizando esos reductos o residuos de impunidad para moverse con mayor facilidad.
Ante estos tres elementos que intento objetivar, que pueden ser compartidos y discutidos o no y podemos estar incluso en un error, lo que pone de manifiesto mi grupo es intentar sumarse al mayor de los consensos posibles en la lucha contra el terrorismo, y al menos en las conversaciones previas a la presentación de este proyecto de ley y en las posteriores parece existir un importante nivel de consenso entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, al que mi grupo se une.
Nos preocupa la sensación de impunidad que puede existir; sensación de impunidad que va en dos direcciones, por un lado respecto de aquellas personas que participan en la kale borroca o en actividades y delitos terroristas, que puede alentarles y facilitar el reclutamiento, y por otro, señorías, nos preocupa incluso mucho más que esta sensación de impunidad sea percibida, como nos parece, por la sociedad española. Ciertamente no es única y exclusivamente la aplicación de esta legislación la que puede determinar esa sensación de impunidad u omisiones legislativas, sino que hay actuaciones administrativas, está la propia responsabilidad de las fuerzas políticas democráticas, y también el papel que ahí tiene la legislación. A mi grupo le preocupa notablemente que de esa sensación de impunidad que puede participar muy buena parte de la sociedad española, se derive una desconfianza

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hacia el Estado de Derecho; desconfianza que es grave si es desconfianza respecto del Estado, pero es muchísimo más grave, señorías, si se acaba transformando en una desconfianza del derecho y de los instrumentos que el derecho y la ley ofrecen a la sociedad para defenderse ante esta ofensiva terrorista.
Lo peor que le podía ocurrir en estos momentos a la sociedad española, si ya debe enfrentarse a la violencia terrorista de ETA, es tener que enfrentarse por otro lado a una actuación o a grupos antisistemas que entienden que el Estado de derecho o la gestión que hacemos de ese Estado de derecho no ofrece elementos suficientes para combatir eficazmente al terrorista.
Finalmente, como decía, se producen una serie de acontecimientos, o al menos es lo que nos trasladan medios de comunicación, de que existe una mayor vinculación de los menores con actividades terroristas. Les decía anteriormente que la Ley de responsabilidad penal de los menores, quiero recordar que es la Ley 5/2000, fue una ley de la tregua, y en cualquier caso sí quiero ponerles de manifiesto que tampoco es una ley que obvie el fenómeno terrorista.
Animo a SS.SS. a que examinen, por ejemplo, el artículo 17.4 de la ley, cuando se remite a los artículos 520 bis y a su vez al artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece la detención prolongada de 72 horas, con prórroga de 48, o cuando se establece incluso la posibilidad de incomunicación que prevé el artículo 527. Animo también a SS.SS. a que examinen el artículo 9.5 en su apartado 3, que también hace referencia a actividades terroristas. Lo que puede ocurrir, y posteriormente me referiré a ello, es que estos preceptos que fueron enmendados por Izquierda Unida y por la señora Lasagabaster, es que haya algunos otros aspectos en los que la Ley de responsabilidad penal de los menores pueda eficazmente contribuir a la lucha antiterrorista.
Señorías, por lo que hace referencia al Código Penal, tengo que hacerles una primera manifestación y es que añoro aquel año de 1998, en el que prácticamente la unanimidad de los portavoces parlamentarios que subían a esta tribuna eran capaces de ponerse de acuerdo en dar a través del Código Penal una respuesta a actuaciones que generaban una gran preocupación en la sociedad española. Las contramanifestaciones, aquellos gritos de ETAmátalos o la celebración de manifestaciones prohibidas. Añoro, sinceramente se lo digo, aquella unidad. Estoy seguro que los responsables de que no exista somos todos, pero la añoro.
Por otra parte, entiendo que algunas de las modificaciones que se introducen en el Código Penal son positivas. Señorías, mi formación es una formación nacionalista. En el debate de 1998 hubo un planteamiento importante sobre si de verdad los delitos de terrorismo debían definirse a través de la subversión del orden constitucional, que podría confundirse con modificación de un orden constitucional que en cualquier caso es modificable.
Permítanme les diga, señorías, que creo muy positivo que a través de esta reforma se constituya como uno de los núcleos del delito terrorista, que no es sino la voluntad de atemorizar a una población o a un colectivo político, social o profesional, porque el terrorismo no es otra cosa que eso, es atemorizar, no es pretender modificar legislación, y creo que es un elemento tremendamente positivo.
Por otra parte, en lo que hace referencia al delito de apología, que sin lugar a dudas puede tener deficiencias técnicas, señorías, en última instancia viene ratificado por el informe del Consejo de Estado y por la tipificación que en estos momentos tenemos en el artículo 606.2 del Código Penal respecto de la apología del genocidio; no se trataría del único delito que así estuviese tipificado.
Permítanme que me detenga un poquitín en la Ley de responsabilidad penal de los menores. Dice el informe de la fiscalía que se adjunta al proyecto que el terrorismo, como fenómeno unitario, necesita o puede necesitar una respuesta también unitaria. Respeto absolutamente las posiciones de los grupos que han presentado enmiendas de totalidad, pero también preguntaría si tiene sentido que en la legislación penal de menores que entrará en vigor en enero, y que se aprobó muy mayoritariamente por esta Cámara, permita la incomunicación de un niño, o no tan niño de 14 ó 15 años, permita que esté detenido 72 horas prorrogables durante 48 más, permita que sus padres estén durante días sin saber dónde está ese niño, y sin embargo no entendamos que puede ser conveniente que la investigación, la instrucción y el conocimiento de los delitos terroristas se unifiquen en una fiscalía y en un órgano jurisdiccional como es la Audiencia Nacional. Por lo menos permítanme que en ese caso sí pongamos de manifiesto que pueden existir razones que lo haga conveniente.
En cualquier caso mi grupo mantiene distancias con el proyecto. De la misma manera que mi grupo no discute esa centralización de la investigación, de la instrucción y del conocimiento de los delitos por la Audiencia Nacional, no comparte la centralización de la ejecución de las medidas; de ahí que hayamos presentado una enmienda que pretenda salvaguardar la competencia de las comunidades autónomas para ejecutar las medidas que hayan sido impuestas. Desde luego mi grupo no entiende que a través de este proyecto se derogue el principio que establece el artículo 56 de la Ley de responsabilidad penal de los menores de cumplimiento de las medidas dentro del ámbito familiar y local, sin perjuicio de la excepción que establece el propio artículo 46, pero no entiende que se derogue el artículo 56, y en ese camino no estaría.
Existe una prolongación de las medidas de internamiento que mi grupo ha enmendado en sentido similar, según hemos visto, al planteado por el Grupo Parlamentario Socialista. Este tema ya lo discutimos en la Ley de responsabilidad penal de los menores, en la medida que existían enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que en los supuestos de delitos muy muy graves permitían el internamiento de hasta ocho años en las personas

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de 16 ó 17 años y de 14 y 15 en los menores. Creemos que debe reducirse ese planteamiento de diez años que el proyecto introduce, aunque sea contrario en algún caso a la naturaleza de la ley, unos criterios de proporcionalidad, y que por tanto en ningún caso puedan existir unas medidas de internamiento tan prolongados, de la misma manera que hemos presentado enmienda, porque no compartimos, a la posibilidad de modificar o sustituir la reducción de esas medidas.
Señorías, volvemos a ratificar el respeto por el proyecto del Gobierno, por la posición de todos los grupos, por la sensibilidad de los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad; sin embargo entendemos que la sociedad española demanda determinadas medidas que el proyecto podrá mejorar técnicamente; que no constituye una derogación de los principios de la Ley de responsabilidad penal de los menores, porque no constituye una derogación de esos principios; y en cualquier caso no creo que a estas alturas estemos descubriendo aquella definición que se hizo del Código Penal de que no es sino una amarga necesidad, amarga, señorías, pero necesidad también.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, creo que todos en esta Cámara somos conscientes de las coordenadas en que se enmarca el debate de las enmiendas a la totalidad de esta iniciativa legislativa, de este proyecto de ley de modificación del Código Penal y de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor en materia de terrorismo. Todos en esta Cámara somos conscientes de esas coordenadas, el Grupo Socialista desde luego también, y esas coordenadas son las de una cruda ofensiva terrorista. Una cruda ofensiva terrorista que ha suscitado, desde el mismo arranque de esta VII legislatura, un clima de apasionamiento que quizá no ha suscitado ningún otro tema debatido en la Cámara hasta este momento; desde luego un clima de apasionamiento muy superior al de la ley de presupuestos. Pero el apasionamiento no es una buena técnica legislativa. La pasión no es una buena adjetivación para la tarea del legislador; por tanto, si bien conviene tener el corazón caliente, indignado ante la injusticia, ante la amenaza y ante el terror, también es conveniente tener la cabeza fría.
El Partido Socialista tiene algunas ideas claras a este respecto. La primera, que esta cruda ofensiva terrorista está dirigida como un torpedo al nervio del orden constitucional y de la democracia en España; al nervio de esa Constitución que establecimos felizmente va a hacer ahora 22 años. Tenemos muy claro también que frente a esa amenaza al orden constitucional debemos saber muy bien cuál es el papel que a cada fuerza política, plenamente identificada con el corazón y con la razón con la democracia y el orden constitucional, le corresponde.
El Partido Socialista está en la oposición, señores del Partido Popular, y ustedes tienen mayoría absoluta, están en el Gobierno. Al Gobierno de la nación le corresponde la defensa del Estado, lo dice la Constitución; le corresponde la defensa interior y exterior del Estado; le corresponde la dirección de la política interior y por supuesto también la defensa de la seguridad del Estado. Al Partido Socialista le corresponde participar en un procedimiento legislativo que tienda a definir una política fundamental para la seguridad del Estado: la política antiterrorista.
Hace falta una política antiterrorista, no sólo leyes, no sólo normas; hace falta definir una política antiterrorista. Eso significa elevar la moral y la cohesión de la democracia y de los demócratas frente a la amenaza y frente al terror; tener muy claro que hay que estar unidos en una misma moral y en una misma cohesión democrática.
Ninguna otra estrategia, ninguna confrontación, ninguna espiral de encrespamiento social; debemos tener claro que los demócratas tenemos que estar unidos frente a esa amenaza. Por supuesto, hace falta también estimular la eficacia policial, la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cooperación internacional, la construcción progresiva de ese espacio judicial europeo que será decisivo para que consigamos derrotar finalmente al terrorismo.
Las piezas legislativas, por tanto, son parte de ese rompecabezas, pero no la única pieza ni la más importante que es la estrategia que va a derrotar al terrorismo definitivamente. La pieza legislativa está ahí, España no está desarmada normativamente frente al terrorismo, nunca lo estuvo, señor ministro; no empieza a estar armada ahora que se preocupa por incorporar al Código Penal respuestas al hilo de este clima emocional y pasional. La Constitución prevé el artículo 55, el artículo 116 y hasta el artículo 155 que pueden resultar instrumentos para derrotar al terrorismo. Los hemos incorporado a nuestro derecho vigente, y desde luego tenemos también una legislación penal contra el terrorismo.
Tenemos un Código Penal que no es del siglo pasado, no es anterior a la existencia de ETA. Precisamente por eso en nuestro Código Penal hay capítulos enteros dedicados a tratar un problema con el que no bregan los noruegos cuando legislan su Código Penal; con el que no brega Finlandia o con el que no brega Suecia, cuando legislan su Código Penal; bregamos nosotros, y es un capítulo antiterrorista.
Tenemos un Código Penal que es del año 1995 y una Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores del año 2000 que aún no ha entrado en vigor, que es bueno se recuerde en esta tribuna y no lo he oído subrayar; todavía no ha entrado en vigor, por tanto hoy se está aplicando el Código Penal vigente con una mayoría de edad que transitoriamente cubre a los mayores 16 años,

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lo cual no ha contribuido a la desaparición del problema terrorista.
Tenemos un Código Penal y una legislación penal de menores primero reciente, que no han sido adoptados con improvisación, sino por el contrario después de prolongados debates que incluso duraron varias legislaturas en el caso del Código Penal. Nuestra legislación de menores fue preparada también por el último Gobierno socialista, y tenemos unas normas penales y de regulación de la responsabilidad penal del menor no solamente recientes y no improvisadas, arropadas por un profundo debate técnico y político, sino también básicamente bien hechas.
Estas normas bien hechas deben ser defendidas, tienen la cobertura de la Constitución, están conformes con las garantías constitucionales y su sistema penal no está inspirado en una retribución prohibida por la Constitución, sino por el principio de resocialización y reeducación del penado. En todo caso, una concepción de las medidas penales o de internamiento de los menores que no obedecen a una visión retributiva ni vengativa, que no quiere satisfacer en ningún caso un ansia de venganza, ni siquiera emocional, pasional y hasta justificada como pueda estar por la violencia de esa amenaza, sino con una visión resocializadora y reeducadora del penado que desde luego debe inspirar todas las penas privativas de libertad y precisamente por ello proscriben no sólo la pena de muerte, expresamente excluida de nuestro orden constitucional en el artículo 15, sino también la cadena perpetua, porque es incompatible con ninguna resocialización, porque aspira precisamente a que el penado muera en prisión, porque aspira precisamente a que la sociedad desista de ninguna esperanza de recuperar al que sufre una pena privativa de libertad, porque la pena consiste exactamente en que muera en prisión. Por tanto, son medidas penales recientes, bien hechas y con una vocación esencialmente progresista que incorporan los valores que profesamos los socialistas.
Pues bien, es posible que esas normas no sean perfectas, ninguna obra humana lo es decimos a menudo, desde luego no la legislativa. Ninguna obra legislativa es perfecta. Ningún producto legislativo lo es y los demócratas estamos sanamente condenados a ser capaces con coraje de modificar la armadura del Estado de derecho frente a una violencia fascista que se propone suplantar la voluntad de la mayoría por la voluntad de la minoría, con el único argumento con que la minoría puede hacerse más fuerte que es el miedo, la intimidación, el terror.
Por tanto, los socialistas hacemos un ejercicio de responsabilidad, lo tenemos claro, hay un Gobierno, hay una oposición y los socialistas en esta estrategia tendente a asegurar el Estado de derecho frente a una amenaza como esta, una amenaza fascista, tenemos claro que nuestra responsabilidad es apoyar con lealtad al Gobierno democrático, no al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno democrático que ha sido siempre nuestra filosofía y la exigimos. Es por tanto una responsabilidad compartida defender al Estado de derecho y exigir lealtad recíproca en la defensa del Estado de derecho. El Grupo Socialista no apoya al Gobierno popular, apoya al Gobierno democrático frente a la amenaza fascista, porque está identificado profundamente con los valores de la democracia y el orden constitucional y dentro de esa responsabilidad está sin duda comprometerse a ser capaces de modificar aquello del Código Penal o de la Ley reguladora de la responsabilidad de los menores que pueda perfeccionar nuestra armadura frente a esa amenaza que lo es contra todos.
Tenemos un proyecto y hemos conversado sobre el mismo. Su nacimiento, su difusión ante la opinión pública no fue desde luego el más feliz de los imaginables. No nos hizo felices ver en los medios de comunicación que una iniciativa estaba en curso y no nos hace felices enfrentarnos legislativamente contra el terrorismo, el terrorismo no nos hace felices, el antiterrorismo tampoco nos hace felices, pero tenemos que hacerlo, y por responsabilidad y en un ejercicio continuado de responsabilidad para con todos los ciudadanos que nos están mirando, estamos dispuestos a colaborar en la modificación de nuestra armadura frente a esa amenaza.
Pues bien, este proyecto de ley se corresponde con una situación de preocupación e inquietud que puede derivar en desmoralización además de crispación. Corresponde lo contrario: lucidez, determinación y firmeza. De esa lucidez ante la lectura del proyecto que ha remitido el Gobierno, se derivan sin duda objeciones, algunas de ellas importantes y las hemos hecho saber en conversaciones, las hemos hecho saber en la exposición de nuestra actitud ante esta iniciativa y las hemos hecho saber expresándolas por escrito en forma de enmiendas. Tienden desde luego a asegurar que no existe la más mínima sombra de inconstitucionalidad en el producto legislativo que pueda emerger de esta Cámara. Esta condición de legitimación es también de eficacia en un orden constitucional en el que está al alcance de cualquiera llevar al Tribunal Constitucional una norma en el momento de ser aplicada -está al alcance de cualquier juez o cualquier órgano judicial en el momento de ser aplicada-; una norma que tiene dudas de constitucionalidad es profundamente ineficaz, puede producir desmoralización y hasta depresión en el momento que tenga que ponerse a prueba, pasar por la prueba del algodón, del enjuiciamiento y en su caso de la conducción a la eventual condena.
Por tanto, esas objeciones tienden, en primer lugar, a asegurar un principio garantizado en jurisprudencia constitucional, que se ha hecho fuerte en esa jurisprudencia constitucional y es el principio de proporcionalidad, notablemente ausente del texto inicialmente remitido a esta Cámara en extremos que consideramos muy fundamentales. Proporcionalidad que debe iluminar, desde luego, la adecuación de las penas y en su caso de las medidas que pueden ser interpuestas contra los menores de edad que hayan cometido hechos relacionados

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con integración o con colaboración en banda armada, que puedan asegurar, como digo, que se encuentran proporcionadas y adecuadas a la gravedad de los hechos. Esa proporcionalidad se refleja en varias de nuestras enmiendas, en concreto a los artículos 573 y 576. Por supuesto, también la persecución de los espacios y resquicios de impunidad que han sido puestos de relieve en esta tribuna, esos resquicios de impunidad que nos hablan de la posibilidad de humillar a las víctimas y producirles escarnio, esos resquicios de impunidad que nos hablan de que todavía se pueda atentar contra las corporaciones locales como si no se atentara contra un representante de la autoridad o esos resquicios de impunidad que nos hablan de que se pueda exaltar el terrorismo, exaltar a los terroristas humillando la conciencia de los demócratas sin que la respuesta penal sea perfectamente segura. Pero también, por supuesto, aquellas que afectan a la proyección en este paquete, en estas medidas, del fraccionamiento de la edad de los menores, porque esa proyección es expresiva de la filosofía tutelar, protectora y resocializadora que inspira toda la Ley del menor que todavía no ha entrado en vigor. Por eso proponemos la consideración de una doble franja de edad entre los 14 y los 16 y otra entre los 16 y los 18, desde la convicción de que toda la ciencia penal y la criminología comparten la convicción de que el discernimiento es distinto, y distinto tiene que ser por tanto el régimen de resocialización al que se someta al menor, incluso cuando esté involucrado en hechos de terrorismo.
Es cierto que el menor puede cometer acciones relacionadas con el terrorismo y es cierto que el menor puede estar integrado en tramas de terrorismo, pero el menor sigue siendo un menor; el menor que se integra en banda armada necesita un tratamiento resocializador todavía más intenso, puede que todavía más extenso, y en ese sentido proyectamos la extensión de las medidas de internamiento (junto con las relativas a otros delitos graves contra la vida, la integridad física y la integridad sexual, en delitos de asesinato, homicidio y violación) contemplando esa doble franja de edad.
Con estas enmiendas también intentamos encontrarnos con otras que tendrán su cauce en el curso del procedimiento legislativo. En las enmiendas aportadas por otros grupos parlamentarios hemos visto algunas que son aprovechables. Pensamos, por tanto, que bajo esa cobertura antiterrorista común de todos los demócratas tienen que integrarse o incorporarse en la mejor medida de nuestras posibilidades todas aquellas que puedan contribuir a conseguir que el paquete legislativo que salga de esta Cámara sea perfectamente seguro, legitimado en su indubitada constitucionalidad y que esté en condiciones de rendir la mayor eficacia contra el terrorismo. Junto a estas objeciones, interesa subrayar que por supuesto estamos dispuestos a arrimar el hombro en la definición de toda esa política antiterrorista, esa política de Estado que lamentable y lastimosamente está desfalleciendo ante una opinión pública alarmada y convulsionada por la escalada terrorista.
Hace falta, por tanto, afrontar el verdadero desafío, el desafío de la eficacia policial, el desafío de la energía político-criminal con que los fiscales ejercitan su función de promover la acción de la justicia en defensa del interés público tutelado por la Ley, el de la coordinación informativa y operativa de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso con las fuerzas de otros países de la Unión Europea que puedan ayudarnos decisivamente a combatir este problema terrible en refuerzo de la seguridad de todos. Ninguna reforma penal antiterrorista, señorías, va a tener la más mínima eficacia, nos pongamos como nos pongamos, si no conseguimos incorporarla a esta firmeza con que todos los oradores que se han sucedido en esta tribuna se han manifestado; tenemos que reaccionar contra el terrorismo, defender la democracia, porque la democracia es el objetivo de los terroristas: imponer la voluntad de una minoría que sabe que no puede ser mayoría por el único procedimiento que se encuentra a su alcance. Pero ninguna reforma será tampoco operativa ni eficaz si no conseguimos que trascienda de la letra del BOE.
Señor ministro y señores del Grupo Popular, la responsabilidad de un grupo de la oposición es apoyar con lealtad y con responsabilidad la iniciativa en materia antiterrorista, pero por supuesto también exigir que se lleve a cabo con eficacia y cumplidamente. No basta con crear órganos judiciales, no basta con crear fiscalías especiales, no basta con decir que se van a enviar a establecimientos dependientes de la Audiencia Nacional o de la Administración general del Estado para el cumplimiento de las medidas de internamiento a aquellos jóvenes que hayan sido condenados por estar involucrados con hechos de terrorismo. Hay que hacerlos realidad, hay que crear esos órganos, hay que dotarlos de personal, hay que dotarlos de medios materiales, hay que dotarlos de dinero, hay que inyectar en los presupuestos lo necesario para que no se quede en la letra del BOE. No se legisla buscando el aplauso, sino buscando transformar la realidad. No basta con buscar el aplauso caliente en esta Cámara para decir: hemos creado un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional. Hay que conseguir que sea operativo, que trascienda de la letra del BOE y transforme la realidad de la kale borroka, transforme la realidad de la calle alterada, transforme la realidad de la violencia cotidiana, transforme la realidad del miedo de los ciudadanos de bien y los convierta en represión y castigo a quienes amenazan a los ciudadanos de bien. Por tanto, hay que hacer un ejercicio de coraje, firmeza, serenidad y responsabilidad. Coraje, y con esto termino, señorías, no sólo para buscar el aplauso caliente de la calle sino para decirle a la calle también que la pena de muerte no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional, que no la tendrá, que la pena de muerte no está en el debate. Coraje también para decir a los ciudadanos que

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buscan a menudo respuestas de sus representantes que reflejen serenidad, claridad de ideas y firmeza que la cadena perpetua no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Coraje para decir a la opinión pública que sus representantes están trabajando seriamente, con lucidez, con determinación, sin demagogia, sin electoralismo y sin partidismo, sin intentar nunca encrespar al adversario político ni al oponente por sensible que sea la materia, y que la legislación penal no se hace a golpe de titular de periódico, tampoco se hace respondiendo a la declaración de algún dirigente político de otra fuerza, por enloquecidas que esas declaraciones o el propio dirigente nos puedan parecer y por vivo que sea el rechazo que ese dirigente nos pueda producir; la legislación penal no se hace para responder a un dirigente que se derrama en revistas o en periódicos extranjeros, sino para transformar la realidad eficazmente, y transformar la realidad significa ser eficaz frente al terrorismo.


La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Por tanto -y con esto concluyo-, vamos a excluir el electoralismo, el partidismo, el emocionalismo, y vamos a incorporar serenamente firmeza, responsabilidad, eficacia, lealtad recíproca, responsabilidad compartida en esta lucha que es la lucha de todos, es la nuestra, es la lucha de los socialistas, la lucha por el orden constitucional y por la democracia. Exigimos, por tanto, y ofrecemos consenso en el trámite parlamentario con nuestras enmiendas lealmente ofrecidas a la mayoría del Grupo Popular para perfeccionar estas medidas buscando el voto favorable. Exigimos y ofrecemos que se cierren los falsos debates. Ofrecemos trabajo serio y cooperación para que el Estado se despliegue policial, judicial, penitenciaria y políticamente, y también ofrecemos colaboración en el plano social para explicar qué estamos haciendo aquí. Esto es en definitiva lo que la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros.
El Estado de derecho se firmó en España va a hacer 22 años. Por tanto, el Estado de derecho no está en estos momentos en deuda constitucionalmente; ningún déficit de constitucionalidad con las víctimas del terrorismo. Estamos permanentemente en deuda sus representantes, la Administración y el Gobierno para reparar la acción de los terroristas en las respuestas serenas y reflexivas que merecen de sus representantes. Para esto convoco a los grupos de esta Cámara: serenidad, firmeza, confianza y seguridad, en definitiva todo aquello que los ciudadanos tienen derecho a esperar frente a un problema de este calibre.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de en un debate que entendemos de la máxima trascendencia para la sociedad española y para fijar también nuestra posición en relación con las enmiendas a la totalidad que se han defendido en el día de hoy. Quisiera empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo la participación de todos los grupos parlamentarios en este debate, porque me parece que es un debate que necesitaba, que necesita la sociedad española. Pero creo que también comprenderán que el representante del grupo mayoritario de este Congreso que respalda la acción del Gobierno tenga un agradecimiento muy especial, que no significa en absoluto desdoro para otros grupos parlamentarios, para aquellos representantes en esta Cámara de Coalición Canaria, de Convergència i Unió y, por supuesto también, del Partido Socialista, que han visto elementos positivos, instrumentos positivos en las propuestas del Gobierno. El Partido Socialista, con el que hemos tenido un largo diálogo en todo el proceso de elaboración de estos proyectos de ley, se podría decir, en parte, que es casi copartícipe en la elaboración de estos proyectos de ley. Pues yo quisiera, señorías, en nombre de mi grupo, ofrecer a toda la Cámara que el diálogo que hoy hemos celebrado en este debate plenario lo continuemos en Comisión, en ponencia. Me parece muy importante que con Convergència i Unió, con Coalición Canaria, con el Grupo Socialista tengamos coincidencias en los objetivos, tengamos coincidencias en los instrumentos y que aprovechemos ahora el debate en Comisión y en ponencia para seguir alcanzando acuerdos.
En cualquier caso, yo pienso que es muy positivo que estos grupos, que con el Grupo Popular representan una mayoría amplísima de esta Cámara, tengan ese nivel de identidad. Nosotros ya hemos estudiado las enmiendas parciales que se han presentado. Creemos que algunas de ellas están en la buena dirección y vamos a ese debate en Comisión y en Pleno con la más firme voluntad de ampliar el diálogo y con el objetivo de un gran consenso con las fuerzas políticas que así lo quieran.
Yo creo, señorías, que no les sorprende nada que yo les diga que nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Y vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad por dos razones: la primera, porque no nos han convencido en absoluto los argumentos de los ponentes de estas enmiendas en esta tribuna, y la segunda, señorías, porque seguimos pensando que la modificación del Código Penal y la modificación de la Ley de responsabilidad del menor que nos propone el Gobierno constituyen un profundo acierto de la democracia española. Y como decía el señor López Aguilar, el Gobierno tiene competencias

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tasadas en lo que significa la defensa del Estado y la defensa de las instituciones, pero, señor López Aguilar, a la hora de defender el Estado, la democracia, las instituciones y la libertad, todos los demócratas tenemos obligaciones en nuestra sociedad. (Aplausos.) Todos los demócratas. Y aquí, señorías, se ha dicho esta tarde que hay una cierta pretensión por parte del Gobierno -y por supuesto que las posiciones del Gobierno las asume y las respalda el Partido Popular y el Grupo Popular, y le felicito, señor ministro-, cierta propensión del Gobierno para buscar la conclusión de que se está con el Gobierno o se está con ETA. Eso es un profundo error. De lo que sí está convencido mi grupo parlamentario, el Partido Popular y el Gobierno es de que o se está con la democracia, con la libertad y la paz o se está con ETA. De eso sí estamos absolutamente convencidos.
(Aplausos.) De eso no hay ninguna duda por nuestra parte.
Yo les quiero decir que calificamos la reforma del Gobierno como un acierto, y que, aparte de un acierto, nos parece un ejercicio de responsabilidad, y les diré por qué. Nosotros apostamos con la máxima firmeza por la victoria del Estado de derecho frente al terrorismo.
Pero, señorías, para que se produzca esa victoria del Estado de derecho frente al terrorismo hace falta que busquemos la mayor fortaleza, la mayor eficacia, la mayor capacidad de respuesta frente a quienes alteran nuestra convivencia. Y estas propuestas legales significan con toda nitidez dar mayor capacidad de respuesta al Estado de derecho frente al terrorismo.
Señorías, ya nos gustaría que no fuera así, pero en estos años pasados se han repetido conductas, algunas de ellas nuevas, que no están tipificadas en el Código Penal, conductas que claman al cielo, conductas que indignan a la sociedad y, sin ningún tipo de duda, conductas que forman parte del entramado terrorista. Pues bien, señorías, nosotros pensamos, y el Gobierno piensa, que tenemos la obligación de ofrecer a nuestros jueces las leyes más eficaces para combatir el terrorismo; que nadie puede valerse de las rendijas, de los resquicios que pueda tener nuestro Estado de derecho, y que, desde luego, tenemos que evitar la impunidad de cualquier acción que se emplee en el ámbito del terrorismo.
Ha dicho un portavoz en esta tribuna que teníamos el riesgo de la soledad. No, señoría. Nunca nunca este grupo parlamentario y este Gobierno se han sentido más acompañados por la sociedad española.
Créanme que se lo digo sinceramente y desde el respeto. Tengo la impresión de que las enmiendas que han presentado esta tarde están divorciadas de la realidad española y divorciadas del sentir mayoritario de la sociedad española. (Aplausos.) La sociedad española siente la necesidad de esta reforma, y nosotros, que somos legisladores, tenemos la obligación de adaptar la ley a las necesidades de los ciudadanos que quieren vivir en libertad y que quieren, por supuesto, vivir en democracia.
Cuántas veces se ha dicho que el Parlamento va detrás de la calle, cuántas veces se ha dicho que el Parlamento va detrás de la iniciativa social, cuántas veces se ha dicho, incluso, que el debate parlamentario está alejado de las auténticas preocupaciones de los ciudadanos. En este caso, estas reformas son sentidas en la calle.
Después de cinco años del nuevo Código Penal ¿tiene sentido que lo revisemos? Sí, desde el rigor, sin ningún tipo de premura, estudiándolo a conciencia. ¿Por qué tenemos que revisar el Código Penal? Porque se han producido conductas penales nuevas, y cuando se producen conductas penales nuevas hay que plantearse soluciones jurídicas nuevas, y entre ellas aparece como elemento desgraciado el creciente protagonismo de los jóvenes en lo que podemos calificar como terrorismo callejero.
La cuestión para nosotros es muy clara. Los que estamos en esta Cámara, en el Congreso, y en el Senado, no tenemos derecho a contemplar con indiferencia la exaltación del terrorismo, la humillación de las víctimas, que se amenace impunemente a concejales, que se saboteen plenos municipales ni, por supuesto, el cúmulo de vandalismo que significa la lucha callejera, según algunos. Yo creo, señorías, que no podemos contemplar estos hechos con indiferencia, y que lo peor de todo sería que miráramos para otro lado, que hiciéramos la vista gorda o que nos resignáramos a pensar que este tipo de conductas se tienen que incorporar a nuestro paisaje democrático cotidiano.
Por eso yo creo que con estos proyectos de ley también nosotros afrontamos ahora nuestra responsabilidad como legisladores, y en mi opinión, si me lo permiten, creo que el perfeccionamiento de nuestro sistema legal contra el terrorismo significa fortalecer también nuestra dignidad como demócratas. Esa es nuestra opinión.
A lo largo de este debate hemos oído con mucha tranquilidad algunas afirmaciones que no podemos compartir en absoluto. Se ha hecho alguna pregunta insólita en alguien bien informado. Alguien preguntaba dónde estaba el Pacto de Madrid. El Pacto de Madrid está, señorías, donde decidieron enterrarlo los del Pacto de Lizarra, los que tomaron la decisión del pacto político con el entorno de ETA (Aplausos.), que decidieron el entierro del Pacto de Madrid, decidieron el entierro del Pacto de Ajuria Enea. (Aplausos.) Se ha dicho aquí que el problema no es de leyes, es de eficacia policial. Pues miren, cada día tenemos que mejorar el sistema legal y también, por supuesto, la eficacia policial. Pero déjenme que les diga que desde que se rompió la tregua en España se han detenido a 71 colaboradores de ETA en España, 25 de ellos en Francia, se ha desarticulado un comando legal, se han desarticulado cinco comandos de liberados, tres tramas civiles de ETA han sido desmanteladas desde decisiones judiciales, siete miembros de los Grapo han sido detenidos en Francia, dos miembros de otros grupos terroristas han sido detenidos. Este es un balance que nopone de manifiesto en absoluto ineficacia policial, pero

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que tampoco nos debe llevar a la euforia, ni hay que estar con desesperanza los días que actúan los asesinos y provocan dolor en familias españolas, ni nunca tampoco con desesperanza ante los éxitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero esto no basta, lo ha dicho el señor López Aguilar; no basta con la acción policial, hacen falta muchas más cosas: acción policial, mejorar el sistema legal, que lo hacemos en el día de hoy en el debate parlamentario, la actuación de la justicia. Si me lo permiten, ¿no hace falta también la educación contra el terrorismo? Señorías, yo les pregunto si no hace falta también que la Ertzaintza sea beligerante con ETA, y no sólo con ETA, con el entorno de ETA y con los amigos de ETA. Yo creo que hace falta también. Pero es una pieza angular, insisto, el perfeccionamiento del sistema legal, que no viene a esta Cámara por la ausencia de la eficacia policial, sino como una de las grandes claves en las que hay que trabajar para derrotar al terrorismo.
Algunos de ustedes han puesto en duda la constitucionalidad de las reformas que plantea el Gobierno. Y yo les digo: su opinión me merece todo el respeto, pero, con todos los respetos, me merece en este caso más confianza lo que hayan podido decir el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Fiscalía General. El Consejo General del Poder Judicial textualmente dice: Este Consejo comparte perfeccionar la respuesta del Estado de derecho ante la proliferación de determinadas conductas relacionadas con el fenómeno del terrorismo, que afecta muy gravemente al funcionamiento de nuestras instituciones. Asume plenamente la necesidad de que el Estado se dote a sí mismo y a sus ciudadanos de mecanismos de protección. El Consejo de Estado manifiesta que las reformas proyectadas suponen una adecuada identificación de los problemas planteados por la realidad cotidiana del terrorismo, así como una reacción congruente a ellos y respetuosa con la Constitución. Y la Fiscalía General del Estado comparte plenamente las razones que animan la presente reforma. ¿Que podemos estudiar alguna cuestión relativa a la constitucionalidad, a la proporcionalidad de las penas en el seno de la Comisión o la ponencia? Pues no hay ningún tipo de inconveniente. Pero hay certificados que avalan plenamente la constitucionalidad de estas reformas que está presentando el Gobierno, incardinadas en el Estado de derecho, eso sí, desde la más firme voluntad del Estado de derecho de derrotar a ETA.
Aquí podríamos celebrar en el día de hoy dos debates que yo creo que a lo largo de la tarde se han podido confundir. Señorías, hoy no estamos debatiendo la estrategia global del Gobierno o de nuestros grupos parlamentarios frente al terrorismo. Hemos venido a discutir un nuevo sistema legal, con el cambio del Código Penal y la Ley de responsabilidad de los menores, para tener mayor eficacia, pero se han vertido algunas cuestiones que yo no puedo dejar de comentarlas, aunque sea muy brevemente.
Hay una diputada de un grupo parlamentario que ha presentado una enmienda a la totalidad que nos ha hecho un llamamiento a la unidad, y yo quiero dejar muy claro en esta tribuna que unidad contra el terrorismo, siempre; unidad para defender nuestros derechos y libertades, siempre; unidad para defender la Constitución española, siempre; unidad para defender el Estatuto de Guernica, siempre. Ahora bien, hay que preguntar: unidad ¿para qué? Si a este grupo parlamentario se le pide unidad para sentarse con los amigos de ETA, la respuesta es que no, que no estamos por esa unidad. (Aplausos.) Si a este grupo parlamentario y a este partido lo que se le pide es que demos la razón a ETA, la respuesta es que no.
Y ciertamente, señorías, me ha parecido algo llamativo que se diga que nosotros no defendemos el Estado de derecho, cuando hay partidos políticos -lo digo con todo el respeto- cuyos miembros se van a una manifestación, siendo gobernantes en el País Vasco, a pedir la desobediencia civil. Eso no es de recibo. Lo mismo, señorías, que no es de recibo venir a esta Cámara a hacer un discurso técnico-jurídico en el día de hoy, porque, no debemos engañarnos, hoy hemos oído por parte de la representante del PNV (a la que respeto mucho como parlamentaria y por sus condiciones y categoría jurídica) un discurso técnico-jurídico, y con buen tono (lamento que no nos estén oyendo en este momento), pero es que no podemos ser ingenuos, señorías, ¿cómo vamos a obviar que en el día de hoy y de ayer el máximo representante del PNV nos dice que coincide con ETA, que está dispuesto a cambiar la independencia por la paz? ¿Cómo vamos a obviar eso? ¿Que no se hable de eso? ¿Que no lo diga el ministro? Eso es taparse los ojos ante la realidad que nos contempla. ¿Cómo vamos a obviar que nos está diciendo el presidente del PNV que está dispuesto a alcanzar la paz siempre que sea a cambio de la independencia? Pues para eso que no se cuente con nosotros, y estoy seguro de que con otros grupos políticos tampoco, porque lo que no podemos hacer, insisto, es obviar lo que significa la auténtica realidad.
Tenemos que hacer un esfuerzo para centrar el debate, buscando puntos de encuentro. Si nosotros, por ejemplo, hablamos con Izquierda Unida, señores de Izquierda Unida, nosotros no podemos compartir que ustedes estén en el Pacto de Lizarra en el País Vasco, porque no lo entendemos (La señora Castro Fonseca: No estamos.), o que hayan estado o que sigan estando, ni tampoco compartimos con ustedes que defiendan la autodeterminación. Sin embargo, sí podemos compartir con ustedes que hay determinadas conductas punibles que podemos discutir en la Cámara. Ese es el debate que demanda hoy el Grupo Popular y que demanda el Gobierno.
Seré muy breve. ¿Qué nos dice el Gobierno? Que cree que hay que perfeccionar tipos legales, que tenemos nuevas figuras delictivas que podemos plantearnos, que se pueden ampliar bienes jurídicos protegidos,

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que hay que modificar la Ley de responsabilidad del menor, que se pueden atribuir nuevas competencias a la Audiencia Nacional, en este caso concreto, la articulación de un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional; y luego nos hace una serie de propuestas. Y yo pregunto: ¿no nos podemos poner de acuerdo en esas propuestas? Por ejemplo, cuando hay unas señoras mayores o unos jóvenes en el País Vasco que tienen que bajarse de un autobús, porque a continuación se va a incendiar, con la legislación actual esa conducta no es punible penalmente. Con el cambio que propone el Gobierno, al introducir el delito de daños en el elenco de los tipos que antes se planteaban en el Código Penal, sí puede ser punible esa conducta en términos penales. ¿Estamos de acuerdo en eso? En segundo lugar, cuando alguien va por la calle y, en vez de llevar la bomba preparada, lleva todos los instrumentos para la bomba, ¿es punible penalmente esa conducta? Creemos que sí. ¿Nos podemos poner de acuerdo en eso? Eso es lo que está planteando el Gobierno con mucho acierto en la modificación del artículo 577.
Las víctimas. Todos los demócratas decimos: Estamos en deuda con las víctimas, tenemos que dignificar a las víctimas, la sociedad siempre tendrá una deuda moral con las víctimas y con sus familias. Señorías, ha habido quien se ha orinado -me cuesta mucho decir esta expresión en esta tribuna, pero es fisiológica- en la tumba de una víctima, orinado. Ha habido quien se ha dedicado a reírse de la víctima y de la familia de la víctima. Ha habido madres de víctimas que han tenido que cambiar el número de teléfono porque las estaban insultando y vejando por teléfono. ¿Nos podemos poner de acuerdo en que quien humille o calumnie a las víctimas y sus familias sea perseguido penalmente? Vamos a ponernos de acuerdo.
Ensalzar la acción terrorista. Yo creo que la libertad de expresión no puede significar ni un paraguas ni una coartada para terroristas y para delincuentes. Ni paraguas ni coartada. Quien aplauda, quien justifique, quien ensalce la acción de los terroristas tiene que ser perseguido penalmente. Antes, ¿qué se nos decía en la interpretación del Código Penal vigente? Que tenía que tener como consecuencia la inducción a un delito; pues ahora el Gobierno nos plantea lo contrario. Y quiero dejar una cosa muy clara: la apología de una idea o una doctrina es un derecho constitucional, pero la apología del terrorismo tiene que ser un delito. Esa es la diferencia. ¿Que quieren defender el nacionalismo? Con todas las consecuencias. ¿Que quieren defender -y ahí está la grandeza- los cambios constitucionales? Defiéndanlos. Cuando el señor Arzalluz ha querido hacer a la mayoría de los vascos, o a muchos vascos, alemanes en Mallorca, a mí me parece que ha dicho una barbaridad, pero eso no es punible. ¿Cómo va a ser punible? Es una opinión del señor Arzalluz.
Lo que sí tiene que ser punible es la justificación del tiro en la nuca. Por tanto, la apología de una idea o doctrina es un derecho constitucional, pero la justificación, la promoción, el aplauso o la exaltación del terrorismo tiene que ser perseguible en términos penales. (Aplausos.) Desgraciadamente, señorías, todos los días en que muere un concejal todos los demócratas nos damos un abrazo sincero, todos. Cuando matan o asesinan a un concejal los demócratas nos damos un abrazo sincero.
Esto lo sabemos los partidos políticos. Y los del Partido Popular con sinceridad decimos, si la víctima ha sido un compañero del Partido Socialista: hoy nos sentimos socialistas. Y los socialistas con toda sinceridad dicen, cuando matan a uno de nuestros compañeros: hoy nos sentimos del Partido Popular. ¿Qué problema hay en que equiparemos a los concejales que están arriesgando su vida por tener ideas distintas -que por tener ideas distintas tienen que arriesgar sus vidas-, qué problema hay en que esos concejales tengan la misma equiparación jurídica con el resto de los miembros de otras instituciones? ¿No nos podemos poner de acuerdo en eso? Vamos a ponernos de acuerdo en eso, que de eso es de lo que estamos hablando.
Señorías, ¿se intentan sabotear los plenos municipales? ¿Estamos de acuerdo con que se intenten sabotear los plenos municipales? No. Pues vamos a perseguirlo penalmente. Señoras y señores diputados, ¿a ustedes les provoca escándalo el que un terrorista, un terrorista, que ha sido condenado por un delito gravísimo, al día siguiente esté sentado como un cargo público? A mí, desde luego, sí. ¿Tendremos que abordar si la inhabilitación puede ser absoluta, si esa pena no tiene ya que ser accesoria y puede ser una pena principal? Tendremos que hacerlo.
Los menores. Con todo el respeto del mundo, la reforma que plantea el Gobierno y que se va a seguir discutiendo en ponencia y en Comisión -lo he dicho, con todos los matices que quieran plantearse-, primero, no rompe, en absoluto, las garantías para los menores que establece la Ley de responsabilidad penal del menor, en términos generales. Sí es verdad que establece una serie de especialidades. Ahora, yo les pregunto, con sinceridad también: ¿es lo mismo un delincuente joven que un joven terrorista? (Un señor diputado: No.) ¿Es lo mismo un delincuente juvenil que un terrorista joven? Planteémonos algunas especialidades. ¿Qué hemos propuesto nosotros? La posibilidad de ampliar el internamiento. Lo discutimos. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Personal especializado dependiente del juzgado central de menores en la Audiencia para atender esos casos, y que haya una dependencia de la Audiencia Nacional. Pero eso en absoluto supone una ruptura de garantías. Sí espero que todos estemos de acuerdo en apostar por el descarte, en relación a la Ley 5/2000, de los que tienen delitos de terrorismo entre 18 y 21 años.
Señorías, con toda sinceridad, mi grupo parlamentario, que apoya estas propuestas del Gobierno, desea y espera un intenso trabajo de todos los grupos, tanto en el Congreso como en el Senado. Con aquellos grupos que tienen clarísimo que lo que nos une es la defensa de la libertad y la defensa de la democracia; que la paz

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no tiene precio, que los demócratas españoles no podemos pagar un precio por la paz; que siempre tendremos que rendir homenaje a aquellos que han sido víctimas del terrorismo; que dentro de 30 ó 40 años las españolas y los españoles de entonces se acordarán de tantos cargos públicos en el País Vasco que han arriesgado su vida por defender sus ideas. Los que pensamos así tenemos la obligación de hacer un esfuerzo muy importante para mejorar nuestro sistema legal contra el terrorismo.


Yo creo que estas dos leyes están más que justificadas en este debate, y -fíjense lo que les digo- no tengo dudas de que estas reformas legales van a significar que se salven vidas humanas y que se ahorre mucho daño y mucho terror a la sociedad española.
Esperaremos a las enmiendas, pero yo no tengo más remedio que terminar con una frase que invocaba el ministro de Justicia en su intervención: La ley es el instrumento más valioso con el que cuenta el Estado de derecho para que los derechos y libertades de todos, proclamados en la Constitución, sean reales y efectivos. Sólo cabría añadir a esa frase que figura en la exposición de motivos de este proyecto de ley, señorías, que una sociedad libre -libre-, que se siente amenazada por el terrorismo, debe responder a ese terrorismo desde su esencia, y la esencia de una sociedad libre es el ejercicio democrático y legal de su propia soberanía. La soberanía, señorías, que reside en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿Qué artículo del Reglamento invoca, señora Lasagabaster?

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, el artículo 72, en concordancia con el 74.2 y el 112.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster. (Pausa.) ¿Qué documento quiere que se lea?

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El título de la observancia en los debates de totalidad en relación al Reglamento y el artículo 72. El portavoz del Partido Popular ha esgrimido en parte de su discurso argumentaciones en contra de las enmiendas. Por tanto, podía haber utilizado el turno en contra, por lo que tendríamos derecho de réplica.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, usted sabe que, en las fijaciones de posición, cuando la posición es contraria a lo que han defendido otros grupos, es imposible no utilizar argumentos contrarios; cuando no hay turno en contra, no hay turno de réplica.
Lo siento, señora Lasagabaster, todos los grupos que no han enmendado han utilizado turnos de fijación de posición y todos han utilizado argumentos distintos a los de los que han defendido las enmiendas.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Pero no en contra de las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, lo siento, no hay turno de réplica.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sin derecho de defensa. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas de devolución presentadas por parte del Grupo Mixto, señor Aymerich, señor Saura, señor Puigcercós, señora Lasagabaster y señor Labordeta, y también por parte del Grupo Vasco (PNV) y por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 14; en contra, 255; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LAAMPLIACIÓN SELECTIVA DE CAPITAL DELBANCO INTERNACIONALDE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente 121/000008.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Pasamos entonces a su votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 273; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobado el referido dictamen de la Comisión.


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- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA EN LA 12.ª REPOSICIÓN DE RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONALDE FOMENTO. (Número de expediente 121/000010.)

La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por el que se autoriza la participación del Reino de España en la duodécima reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

Procedemos a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276, a favor, 271; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el dictamen de la Comisión de referencia.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho de la noche.

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