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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 42, de 21/11/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 42

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 40

celebrada el martes, 21 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día . . . (Página 2046) Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular: - Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 4-1, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 120/000001) . . . (Página 2046)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales. (Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 20-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000016) . . . (Página 2058)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del Consejo de la Comunicación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 35-1, de 8 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000026) . . . (Página 2058)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de creación del Consejo de la Comunicación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm.
53-1, de 22 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000043) . . .
(Página 2058)

Página 2042


Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la promoción de la promulgación de la normativa básica sobre protección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 27 de octubre de 2000.
(Número de expediente 162/000129) . . . (Página 2067)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre potenciación del uso de las nuevas tecnologías y especialmente del comercio electrónico en las empresas españolas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 79, de 20 de octubre de 2000. (Número de expediente 162/000127) . . . (Página 2075)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia así como el de la venta de Aerolíneas Argentinas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 27 de octubre de 2000. (Número de expediente 173/000029) . . . (Página 2081)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 27 de noviembre de 2000. (Número de expediente 173/000030) . . . (Página 2086)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del Salario Mínimo Interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 27 de noviembre de 2000.
(Modificación de la iniciativa en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 88, de 3 de noviembre de 2000. (Número de expediente 173/000031) . . . (Página 2092)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Modificación del orden del día . . . (Página 2046)

La señora presidenta, oída la Junta de Portavoces y conforme al artículo 68.1 del Reglamento, propone al Pleno de la Cámara que el punto 54 del orden del día pase a ser debatido después del punto 56 de dicho orden del día, lo que se acuerda por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular .
. . (Página 2046)

Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción . .
. (Página 2046)

En turno a favor interviene el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere al alto índice de siniestralidad y de bajas médicas por accidentes laborales en España y al gasto que esto conlleva para la Seguridad Social y pregunta quiénes son los responsables. Da una serie de causas generales y otras concretas en el sector de la construcción que, según su opinión, pueden provocar esta situación y defiende la proposición de ley que presenta la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras, autores de la iniciativa legislativa popular.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Saura Laporta, Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ochoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 2043


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se rechaza por 123 votos a favor, 149 en contra y 15 abstenciones.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 2058)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales (Orgánica) . . . (Página 2058)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del Consejo de la Comunicación . . . (Página 2058)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de creación del Consejo de la Comunicación . . . (Página 2058)

Defiende la primera de las iniciativas el señor Pérez Rubalcaba, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que hace más de dos años, el 23 de junio de 1998, tuvo ocasión de defender esta misma proposición de ley por la que se crearía en España el consejo superior de medios audiovisuales, para su toma en consideración, proposición de ley que fue aprobada por unanimidad, pero que se paralizó y no pudo ver la luz en la anterior legislatura. Se pregunta si en este momento se dan las mismas circunstancias que existían en junio de 1998 y asegura que, a juicio de su grupo, siguen vigentes las razones que en su día llevaron a la Cámara a votar por unanimidad la tramitación de la proposición de ley, razones que pasa a explicar de nuevo, resaltando el origen parlamentario de la propuesta y la recomendación que el Defensor del Pueblo hizo a la Cámara en 1997 sobre la creación de un órgano regulador de los medios de comunicación. A estas razones añade los debates europeos y la propia degradación en algunos de los contenidos de las televisiones en general. Finalmente, anuncia el voto favorable de su grupo a la toma en consideración de las otras dos proposiciones de ley presentadas sobre el mismo tema.


Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del consejo de la comunicación, el señor Alcaraz Masats.
Manifiesta que sube por cuarta vez a la tribuna para defender la posibilidad de instaurar por fin en España la primera autoridad democrática en el terreno de la comunicación, porque defender el artículo 20 de la Constitución en abstracto, sin consejo de la comunicación, sin reglas del juego, es defender la inexistencia de la aplicación de la libertad de expresión. Se refiere a las cinco proposiciones de ley que sobre este tema se debatieron y se aprobaron en la Cámara hace dos años y medio, no siendo posible ponerse de acuerdo en la organización del debate ni en los contenidos de la proposición de ley que habría de salir del supuesto consenso parlamentario, y considera que este es el argumento fundamental para decir que esta es ahora una necesidad democrática. Defiende la proposición de ley presentada por su grupo y critica la política de comunicación llevada a cabo por el Gobierno.


Finalmente, el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en consideración de la proposición de ley de creación del consejo de la comunicación. En primer lugar anuncia su voto favorable a la toma en consideración de las iniciativas de los otros grupos e incide en el argumento de la unanimidad alcanzada hace dos años sobre las razones que llevaron a presentar cinco proposiciones de ley sobre la creación de un consejo de la comunicación, razones a las que hoy hay que añadir motivos adicionales. Explica que el objetivo de su iniciativa es la creación de un órgano de control sobre la actividad, el desarrollo, la titularidad, los contenidos de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Critica la política seguida hasta ahora y expone las características que su grupo propone para el consejo de la comunicación.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martí i Galbis; del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo Superior de los medios audiovisuales, se rechaza por 118 votos a favor, 152 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del Consejo de la Comunicación, se rechaza por 120 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de creación del Consejo de la Comunicación,

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se rechaza por 120 votos a favor, 152 en contra y nueve abstenciones.


Proposiciones no de Ley . . . (Página 2067)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la promoción de la promulgación de la normativa básica sobre protección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas . . . (Página 2067)

Defiende la proposición no de ley el señor Rivero Baute, en nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Explica que el objetivo de la iniciativa de su grupo es subsanar una ausencia de legislación adecuada en materia de prevención de los ciudadanos frente a radiaciones radioeléctricas. Considera que es necesaria una regulación que permita afrontar los problemas que habitualmente existen y que resume en una creciente preocupación social frente a este tipo de riesgo, en la protección eficaz de los ciudadanos frente a las radiaciones electromagnéticas y en la facilidad que necesitan los operadores de telefonía móvil y los de bucles abonados inalámbricos para desplegar sus redes y servicios. Estos puntos no se regularon convenientemente en el Reglamento de la Ley general de telecomunicaciones, quizá porque se consideró que correspondía al ámbito de la salud pública, pero lo cierto es que, a pesar de la preocupación social, siguen sin resolverse. Explica en qué consisten los campos electromagnéticos, conocidos como ondas electromagnéticas, que considera elementos básicos para el desarrollo de la sociedad de la información y que es necesario regular de manera unitaria en todas las comunidades autónomas.


En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, interviene a los solos efectos de aceptar la enmienda transaccional apoyada por todos los grupos que han enmendado la proposición no de ley.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la promoción de la promulgación de la normativa básica sobre protección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas, con la incorporación de la enmienda transaccional en los términos derivados del debate, se aprueba por 275 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre potenciación del uso de las nuevas tecnologías y, especialmente, del comercio electrónico en las empresas españolas . . . (Página 2075)

Defiende la proposición no de ley el señor Gómez Darmendrail, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Explica que la iniciativa tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la adaptación de España a la sociedad de la información, fenómeno que afecta de forma directa o indirecta a todos los ciudadanos, razón por la cual, asegura, el Gobierno y el propio Grupo Parlamentario Popular están poniendo en marcha un importante número de iniciativas. La iniciativa que hoy se debate, añade, debe permitir a las pequeñas y medianas empresas seguir avanzando hacia su completa modernización. Explica el contenido de la proposición no de ley y confía en que merezca la aprobación de todos los grupos parlamentarios.


En defensa de las enmiendas presentadas a la iniciativa intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Gómez Darmendrail.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre potenciación del uso de las nuevas tecnologías y, especialmente, del comercio electrónico en las empresas españolas, en los términos derivados del debate, se aprueba por 254 votos a favor y 10 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2081)

Página 2045


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia así como el de la venta de Aerolíneas Argentinas . . . (Página 2081)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Manifiesta que su grupo presentó la interpelación en la correspondiente sesión de control al Gobierno con la intención de conocer de forma directa información acerca de la oferta pública de venta de las acciones de Iberia, así como de los contenidos de los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas de la compañía Aerolíneas Argentinas. Hace una exposición de los hechos acaecidos hasta este momento y plantea los puntos sobre los que su grupo pide información al Gobierno, anunciando que votará en contra de las enmiendas presentadas.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y LópezAmor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de rechazar las enmiendas planteadas a la iniciativa socialista interviene el señor Segura Clavell.


Sometidos a votación los puntos 1 y 4 conjuntamente de la moción consecuencia de interpelación urgente, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia así como el de la venta de Aerolíneas Argentinas, se rechazan por 100 votos a favor, 152 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación el resto del texto de la moción de referencia, se rechaza por 107 votos a favor y 146 en contra.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia . . .
(Página 2086)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Explica que esta moción es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 11 de noviembre de 1999, al conocer el Alto Tribunal de sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco y el Conseil Executive de la Generalitat de Catalunya contra la Ley de defensa de la competencia, indicando dicho Tribunal que determinados preceptos de la ley recurrida no tenían acomodo en el texto constitucional. Especifica que los preceptos que fueron excluidos del acervo del ordenamiento jurídico han sido los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c), quedando clarificado el trazado y distribución de competencias entre el Estado y comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Sin embargo la expulsión de tales preceptos del ordenamiento jurídico quedó demorada hasta que una ley estatal estableciera cuáles eran los criterios de conexión hábiles que permitieran articular la distribución de competencias administrativas entre el Estado y comunidades autónomas, ley que no ha sido presentada al día de hoy, cuando tenía como plazo máximo el 1 de octubre del año 2000, por lo que su grupo se ha visto obligado a presentar una interpelación urgente de la que resulta la moción que hoy se debate.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Padrol i Munté.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, se aprueba por 246 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo (IPC) . . . (Página 2092)

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Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Reitera los argumentos dados en el debate de la interpelación urgente relativos a que el salario mínimo interprofesional es el 36 por ciento del salario medio del país cuando la tendencia tendría que ser hacia el 60 por ciento de ese salario mínimo. Por lo tanto, añade, hay un incumplimiento por parte de todos los gobiernos del imperativo legal de subir el salario mínimo en la medida en que subiera el IPC por encima de lo previsto, lo que tiene como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. A continuación da lectura al contenido de la moción.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene la señora García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Frutos Gras.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo, en los términos que se derivan del debate y de la incorporación de la enmienda aceptada, se rechaza por 98 votos a favor, 132 en contra y seis abstenciones.


Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Comienza la sesión.
Asunto previo al orden del día. Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, y considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el punto 54, correspondiente al dictamen de Comisión sobre proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pase a ser tramitado después del punto 56 de dicho orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:

- REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
(Número de expediente 120/000001.)

La señora PRESIDENTA: Punto primero: Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular: Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. ¿Algún grupo parlamentario o algún diputado desea que se dé lectura a las razones que aconsejan la tramitación y aprobación por el Parlamento de la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción o SS.SS. las conocen? (Pausa.) Entendemos que SS.SS. conocen las razones y pasamos al debate de la iniciativa. ¿Turno a favor de la iniciativa? (Varios señores diputados piden la palabra.) Es que turno a favor no puede haber más que uno, iríamos luego a fijación de posición de todos los grupos parlamentarios. ¿Fijación de posición? (Pausa.) Señor González Vigil, ¿usted había pedido la palabra en fijación de posición? (Pausa.) Entonces, el señor Frutos tiene la palabra.


El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados y diputadas, invitados de la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras, autores de la iniciativa legislativa popular, en este país cada día continúa habiendo cinco muertos por accidente laboral, 2.000 bajas médicas al día, bajas médicas que dejan secuelas físicas, humanas, tullidos por el camino, que representan un gasto de dos billones de pesetas anuales para la Seguridad Social. La pregunta inmediata, después de tanto tiempo de hablar de los accidentes laborales, después de haber aprobado una Ley de prevención de accidentes laborales hace mucho tiempo, es la siguiente. Ya sé que es una pregunta retórica, recurrente, lo que quieran, pero se debe volver a hacer por lo que inmediatamente explicaré. ¿No hay responsables de estos muertos, de estos tullidos, de estos dos billones de gasto de la Seguridad Social, y tampoco causas? ¿Tenemos que ir a buscar las causas fuera de la realidad del mercado de trabajo, y en concreto fuera del mercado de trabajo de la construcción, más degradado todavía que el conjunto del mercado de trabajo? Les voy a dar unas causas de carácter general y luego bajaremos a las causas concretas. Causas de carácter general: continúa la privatización, desregulación consecuencia

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de la privatización, búsqueda del déficit cero a costa de lo que sea -de garantías sociales y laborales para las gentes-, reducción del Estado (el Estado tiene que tener cada vez menos peso, aunque para algunas cosas sí tiene peso como luego intentaré explicar), y consecuentemente con esa reducción reducción también del debate entre los agentes sociales, es decir entre los sindicatos y los empresarios para discutir sobre contratos de trabajo, convenios colectivos, etcétera. Este Gobierno tiende de forma extraordinaria a la reducción del Estado y a la reducción de los mecanismos e instrumentos con que los trabajadores defienden sus derechos laborales y sociales, su derecho al trabajo. Añadamos a esto el ahorro de costes, fundamental en la construcción, y la eventualidad.
Responsables estructurales entrando ya en el sector de la construcción, aunque esto también afecta al conjunto de sectores, quizá no forma tan fuerte como en la construcción: dureza laboral, ritmos de trabajo brutales y sin control, destajos, contratos temporales que además son estacionales y precarios haciendo que la gente que quiere tener un puesto de trabajo para comer cada día y quiere tener una vivienda digna, venda su fuerza de trabajo de cualquier manera sin garantía siquiera de la defensa de sus derechos laborales, muchos de ellos conquistados en condiciones bastante más precarias desde el punto de vista democrático que las existentes ahora porque son conquistas que vienen de los últimos años de la lucha del movimiento obrero durante el franquismo; en resumen, ahorro de costes, más beneficios y desidia.
En la construcción hay un plus de todo lo que he señalado: ritmos más acelerados de trabajo, más destajos. En Madrid hubo cuatro muertos en la construcción la semana pasada; en Cataluña, tres muertos; en Alicante -si no recuerdo mal-, un muerto; es decir una sangría permanente, y el Gobierno no se entera. Parece ser, en relación con lo ocurrido en Madrid, que el Defensor del Pueblo va a tomar en consideración la gravedad del asunto y va a abrir una investigación para saber qué está ocurriendo en este sector y en el conjunto de los sectores de producción y servicios, pero muy en concreto en el sector de la construcción.
Hace medio año se creó una subcomisión y vean ustedes lo que se aprobó: el Pleno del Congreso de los Diputados considera necesario que en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo se proceda a la creación de una subcomisión parlamentaria para la mejora de la prevención de los riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, haciendo especial referencia al sector de la construcción.
Dicha subcomisión, en el plazo de seis meses -en el plazo de seis meses, insisto-, deberá emitir un conjunto de recomendaciones legislativas y administrativas destinadas a promover y garantizar la mejora de las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo. La propuesta venía de Convergència i Unió y en definitiva era una propuesta para hacer frente a la iniciativa legislativa popular del sector de la construcción y para hacer frente a otras iniciativas que habían venido, muy en concreto del Grupo de Izquierda Unida. Eso hace medio año. No se ha reunido la Comisión y, naturalmente, si no se ha reunido no ha podido cumplir con su obligación que eran recomendaciones legislativas y administrativas destinadas a promover la seguridad, etcétera. Ha cumplido la función de toda comisión o subcomisión que se elige en este Parlamento, es decir ninguna función. Se ha dedicado única y exclusivamente, después de un debate muy fuerte, porque era un tema fuerte también, era el tema de la seguridad en el trabajo, de las muertes que se producen en el trabajo, de los accidentes laborales que continúa vigente y con potencialidad hacia el futuro, y sin embargo esta subcomisión ha enterrado el problema; ni tan siquiera se ha reunido para empezar a poner en marcha una serie de medidas. (Rumores.) Usted nos explica después si se ha reunido qué ha aprobado y qué ha puesto en marcha el Gobierno para aplicar estas decisiones que se tomaron en un momento determinado.
Les acuso de complicidad en dos cosas: desprecio al Parlamento, liquidación del control democrático, como pasa en otras comisiones y subcomisiones, y responsabilidad indirecta en los accidentes laborales, en la medida que desde la responsabilidad que tienen ustedes como partido del Gobierno y el Gobierno en concreto no ponen en marcha las medidas necesarias.
Miren lo que decía el ministro de Trabajo cuando discutimos estas cuestiones, hace escaso tiempo, para sacar el problema del debate: Respetuosamente asumo que me interesa la opinión manifestada por una de las centrales sindicales mayoritarias -decía el ministro de Trabajo hace poco, en el mes de mayo-, pero si es posible me gustaría que también tuviéramos la opinión del conjunto de la sociedad. Para el tema de la siniestralidad laboral se recaba el concurso de toda la sociedad. Cuando se plantea el debate para el diálogo social y para la reforma laboral, el ministro amenaza con que el Gobierno va a cumplir con su obligación y va a legislar; sin embargo, en una cuestión que mueren personas cada día, que quedan por el camino muchas personas tullidas y que hay un gasto terrible, prácticamente insoportable de la Seguridad Social, el ministro dice que se tiene que hacer una consulta al conjunto de la sociedad. ¿Qué consulta se tiene que hacer? El ministro de Trabajo ni siquiera está hoy en un debate de estas características (Aplausos.), con el debate de una iniciativa legislativa popular en la que han participado más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de la construcción y me imagino que de otros sectores; ni siquiera está el ministro de Trabajo en esta iniciativa legislativa popular.
En febrero hubo una huelga general por este tema, sólo por este tema, no por el aumento de salarios, ni tan siquiera por aumentar las condiciones sociales de la gente, sino

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solamente en defensa de la seguridad en el trabajo, sólo en él, y participaron las dos principales federaciones sindicales de la construcción de este país, federación de Comisiones Obreras y federación de la UGT. ¿No se tiene en consideración esa huelga general? ¿No es la sociedad que se pronuncia? ¿No es una parte importante de la sociedad la que sufre las consecuencias? ¿Medio millón o 600.000 firmas no se tienen que tener en cuenta, no representan una parte importante de la sociedad que sufre las consecuencias? Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, yo creo que esto merece un tratamiento diferente al que ha tenido hasta ahora, y ustedes tienen que responder; pero tienen que contestar con iniciativas concretas. ¿Qué van a hacer en los próximos meses, inmediatamente? Iniciativas concretas. El Gobierno también debería contestar, el Gobierno debería tomar la palabra en este debate y decir desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: vamos a poner en marcha de inmediato una serie de iniciativas urgentes, porque consideramos que son las iniciativas fundamentales para poner en marcha en este momento concreto.
Proposición de ley que presentan los compañeros de la construcción.
En primer lugar, esta proposición de ley parte de un conocimiento exhaustivo de la realidad de este sector, habla de que existe el 60 por ciento de contratos eventuales que si se limitaran única y exclusivamente a las obras representarían el 80 por ciento de contratos eventuales, y que además hay el 16 por ciento de autónomos; el autónomo este caso es un eufemismo para designar a muchos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y crean una pequeña empresa; son considerados por la ley como autónomos, pero de hecho trabajan en las mismas condiciones que los asalariados del sector.
Hay en el sector, y se reconoce en la proposición de ley, una atomización natural, pero al mismo tiempo hay una atomización producida por las grandes empresas que durante años se han dedicado a desarticular plantillas diversificando y difuminando los riesgos y las responsabilidades de las empresas durante los años ochenta, empresas que tienen padre y madre, que tienen nombre social, que están inscritas en el registro, etcétera; es decir existen empresas que deberían formar parte de esas 30.000 empresas que en su momento se dijo que deberían ser controladas porque son las empresas en las cuales se producen principalmente los accidentes laborales.
Esta proposición de ley quiere actuar sobre esta realidad, sobre las cifras. Se dice que las cifras son muy complejas y exigen un tratamiento muy especial porque en este país está muy atomizado el sector. Es verdad, está muy atomizado el sector, pero a pesar de ello en este sector más o menos 350.000 trabajadores -quizá más- trabajan en empresas entre 50 y 1.000 trabajadores; luego hay aproximadamente otros 600.000 que trabajan en empresas entre 10 y 49 trabajadores; y después los hay que trabajan en empresas más pequeñas. Es verdad que está atomizado, pero no es menos cierto que se puede tener un tratamiento específico para cada uno de estos sectores en el momento de poner en marcha iniciativas por parte del Gobierno y por parte de este Parlamento para controlar exhaustivamente qué ocurre en el sector, y mucho más teniendo una Ley de prevención de riesgos laborales que está prácticamente sin cumplir, con un desconocimiento de prácticamente el 85 por ciento de empresarios del sector. Creo que una gran parte de este desconocimiento es voluntario, consciente, porque no interesa, porque interesa más trabajar de esta forma.
Por tanto, esta proposición de ley quiere actuar sobre esta realidad, y lo hace de forma matizada y articulada, partiendo de la realidad de la construcción, entendiendo que hay accidentes debidos a deficiencias estructurales, deficiencias del conjunto de la estructura del sector, a la insuficiente formación, que es también otro de los grandes asuntos pendientes, y a la deficiente actuación inspectora y sancionadora. Decía el ministro hace unos cuantos meses, cuando hablábamos de la siniestralidad laboral en términos generales, que se había producido un aumento del 25 por ciento en la creación de inspectores de trabajo concretos que ya estaban actuando sobre el terreno. Muy bien, en la construcción en concreto debe haber un despliegue inmediato de inspección por parte del Estado que permita no solamente conocer sino llegar hasta las últimas consecuencias también en el elemento sancionador que marca la ley. Hay otra realidad que es partir del ritmo de las obras. El ritmo en las obras crea el incumplimiento generalizado de las normas de prevención; ritmo en las obras que tiene que ser aceptado de forma forzosa por parte de los trabajadores del sector porque si no van a la calle, y hay cola para buscar un puesto de trabajo. La ausencia de representantes legales hace el resto, es decir no hay representantes legales, y se puede decir que como el sector está tan atomizado no puede haber representantes legales; sin embargo, sí puede haber representantes legales de zona que permitan un trabajo sectorial para cada una de las zonas, que recojan una serie de empresas pequeñas que no pueden tener representación sindical directa, y la Ley de prevención de riesgos no puede desarrollarse ni controlarse si no existen todos estos mecanismos que regulen la intervención sindical, la intervención inspectora en el conjunto del sector.


La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Sí, señora presidenta.
Por tanto, la proposición de ley que se presenta tiene una necesidad objetiva: legislar cuando no hay solución a los problemas que se plantean; y a diferencia del diálogo social donde sí puede haber solución en la

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medida que sindicatos y empresarios están discutiendo y sí puede haber solución, en este caso concreto se ha demostrado que nos encontramos ante una barrera: no hay solución eficaz a los problemas terribles de los accidentes laborales; por tanto, tiene que haber legislación.


El problema, señoras y señores diputados, no es la perversidad personal del empresario que es tonto y no sabe aplicar la ley porque no la conoce, ni tan siquiera que los trabajadores se sienten trapecistas en su trabajo y por tanto suben a los andamios sin ninguna protección. El problema es que la gente tiene que comer y está desprotegida; al tener que comer y estar desprotegida no son héroes individuales sino que tienen que vender su fuerza de trabajo en un momento determinado sin siquiera tener en cuenta las mínimas garantías de seguridad en el trabajo. El problema es por qué no se solicita autorización controlada a las autoridades por parte de muchas empresas; no se da papel a los sindicatos, como he señalado antes, y se potencia la subcontratación en cadena. Nosotros no estamos en contra de la subcontratación en este momento concreto porque sabemos que no hay otra posibilidad de subcontratación tal como está de atomizado el sector; pero al mismo tiempo exigimos que haya una serie de medidas concretas y verificables que controlen exhaustivamente el sector y las subcontratas. Es por ello que la ley plantea una serie de criterios que en la medida que se pongan en marcha garantizarán que se cumpla no solamente la Ley de prevención de riesgos laborales, sino que se avance también en la reducción de accidentes de todo tipo y especialmente de los mortales en el sector de la construcción.
Ante todo ello; ante la falta de control suficiente de normativas, la proposición de ley no solamente nos parece acertada sino sabia porque habla de las autorizaciones que se tienen que dar, de la participación sindical, de las sanciones; es decir de todo el régimen regulador de una ley articulada que no mira únicamente los intereses que podrían decirse limitados del conjunto de los trabajadores del sector, sino que mira también al conjunto del sector como una economía en marcha. Por tanto, la proposición de ley necesitaría el apoyo de este Pleno parlamentario y a mí me gustaría conocer de forma inmediata la propuesta concreta que hace el Gobierno, cuál es la propuesta que hace el Partido Popular, si continuar desarrollando un debate teórico sobre los accidentes laborales en la construcción y en el conjunto de los sectores o si hoy mismo, sin crear otra subcomisión, parten de este Parlamento una serie de iniciativas que obliguen al Gobierno a tomarlas en consideración de forma inmediata y ponerlas en marcha en todo lo que compete al Gobierno, y a los partidos políticos arremangarse y ponerse a trabajar en la realidad de los accidentes laborales y muy en concreto en los accidentes laborales que se producen en la construcción.
La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego concluya.


El señor FRUTOS GRAS: Ahora sí.
Estoy agradeciendo al Partido Popular -al Gobierno no le puedo agradecer nada porque no hay ningún representante del Gobierno- con la sensibilidad que le caracteriza la toma en consideración de esta proposición de ley de más de medio millón de trabajadores de la construcción. Este plenario va a decidir hoy sobre cuestiones importantes dando una satisfacción a este conjunto de trabajadores.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Turno en contra. (Pausa.) Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) Inicialmente, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: En primer lugar, señora presidenta, señorías, desde Chunta Aragonesista queremos saludar la iniciativa que adoptó la Federación estatal de construcción en maderas y afines de Comisiones Obreras, que es la que puso en marcha este proceso de recogida de firmas, conducente a la presentación de una iniciativa legislativa popular que regulase el fenómeno de la subcontratación en la construcción de nuestro país. Además, quiero recordar que la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón aprobó una proposición no de ley expresando su apoyo a esta iniciativa por entender que se trata de una normativa imprescindible si se quieren atajar las gravísimas consecuencias de este fenómeno que está produciendo, en términos de incremento, los accidentes laborales. La iniciativa que debatimos hoy en el Pleno es fruto de una larga reflexión que se ha producido en el movimiento sindical, en donde se ha coincidido en el diagnóstico de una determinada situación y en donde también se han concentrado una serie de medidas para paliar lo que es elocuente. Tenemos un problema de siniestralidad laboral y lo tenemos muy especialmente concentrado en el sector de la construcción, que presenta características que no son homologables a las de otros sectores. Hay datos verdaderamente preocupantes en lo que se refiere a la precariedad del empleo si tenemos en cuenta que más de la mitad de los trabajadores tienen contrato eventual, a lo que hay que añadir el porcentaje, importante también, de trabajadores autónomos. Nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de esos trabajadores no tienen estabilidad en el empleo, a lo que hay que añadir otras causas propias del trabajo de ese sector, como son los destajos, los ritmos de trabajo, la prolongación de la jornada, etcétera.
La conclusión es que los proponentes de la iniciativa legislativa popular han decidido plantearlo a la socie-

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dad en su conjunto, de forma que haya un marco legal que permita subsanar este problema, un marco legal que incida en superar los convenios colectivos de empresas, porque cada empresa pequeña fragmentariamente considerada no da respuesta a este problema, de manera que se puedan crear controles al ejercicio de la subcontratación en el ámbito de la construcción. En definitiva, es importante que el Congreso manifieste su apoyo a esta iniciativa legislativa popular, que ha reunido muchos cientos de miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en un sector tan importante como es el de la construcción.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, quisiera felicitar, en primer lugar, a la Federación de la construcción de Comisiones Obreras, que no sólo ha ejercido un sindicalismo de reivindicación y de movilización, sino que, cansada de que día tras día muera mucha gente en el trabajo, ha tomado la decisión de que más de 600.000 personas traigan aquí una iniciativa legislativa ante una situación absolutamente escandalosa.
Es de justicia felicitar al sindicato de Comisiones Obreras y, al tiempo, quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que es absolutamente inadmisible que el ministro de Trabajo no esté hoy aquí. La pregunta es la siguiente: ¿Qué cosa más importante tiene que hacer hoy el señor Aparicio que escuchar y debatir en torno a una iniciativa legislativa popular para intentar atajar las continuas muertes y accidentes de trabajo en el sector de la construcción? ¿Qué puede haber más importante? Es una falta de educación y de sensibilidad no estar escuchando aquí el debate que se está produciendo. De forma rápida, quiero decir que la siniestralidad y la temporalidad son, sin duda, los dos grandes problemas del mundo del trabajo y que, como se ha dicho antes, a pesar de que en 1995 se aprobó la Ley de prevención de riesgos laborales, desde entonces los accidentes de trabajo no han hecho sino incrementarse.
No es cierto -también se ha dicho antes- que el incremento de la actividad económica justifique la alta tasa de siniestralidad laboral. El crecimiento de los accidentes laborales prácticamente triplica el crecimiento de la actividad económica, por lo que hay que buscar en la nueva aplicación de la ley, en la incapacidad del Gobierno de hacerla cumplir, en la falta de sanciones y en la insuficiente información las causas de fondo en el índice de país subdesarrollado que España tiene en relación con la siniestralidad laboral.
Hoy discutimos específicamente los accidentes laborales en el sector de la construcción. Yo recuerdo que el jueves de la semana pasada, cuando el secretario general de Comisiones Obreras de la construcción vino a preguntarnos qué haríamos en esta votación, en los periódicos de Madrid venía que el día anterior habían muerto cinco personas. El sábado se celebró en Cataluña, en Lloret de Mar, el congreso de la construcción de Comisiones Obreras, al que asistí invitado, y ese mismo día todas las páginas de los periódicos de Gerona decían que el día anterior había muerto un chico de 16 años víctima de un accidente laboral en el sector de la construcción. Pero el problema no es que esto pasara el jueves o el sábado, el problema es que cada día hay un muerto en el sector de la construcción en el Estado español; cada día muere una persona y cada día se producen diez accidentes graves en el sector de la construcción. En 1999 se han superado los 200.000 accidentes laborales en el sector de la construcción.
Por otra parte, las razones que decía antes por las cuales la siniestralidad laboral en el Estado español es de país subdesarrollado, tienen unas condiciones específicas en el sector de la construcción que hay que situar fundamentalmente en la subcontratación; una subcontratación sin límites y sin control. ¿Qué significa eso? Significa encadenamiento de subcontratación; significa, señores y señores diputados, que en el sector de la construcción en el año 1998 había más de 120.000 empresas de las que 50.000 sólo tienen uno o dos trabajadores; significa falta de delegados sindicales, falta de delegados de prevención, tiempos de trabajo absolutamente desorbitados, infrahumanos, que llevan a que en el sector de la construcción, sobre la tasa de siniestralidad escandalosa del conjunto del mundo del trabajo, cada día muera una persona y haya 10 heridos.
También se ha dicho antes -no sé qué hará el Grupo Popular, espero que vote favorablemente- que hay una comisión, que, según el señor Frutos, se creó en mayo, pero que no se ha reunido. Incluso quiero recordar que la propuesta inicial de Convergència hablaba de un plazo de seis meses y que el Partido Popular nos ofreció una enmienda transaccional según la cual sólo apoyaría su creación si no se ponía límite de tiempo y, finalmente, no hay límite de tiempo. Yo recuerdo que en aquel momento le dije al portavoz de Convergència que teníamos que aceptar esa transaccional, pero que tuviera claro que esa comisión posiblemente no se creara, y no se ha creado. En un sector donde cada día muere una persona, existe la posibilidad de reunir una comisión y no se ha reunido. Es cierto que en el Senado también existe una subcomisión, que no sé si ustedes han visto el ritmo de trabajo que tiene, pero tengo la sensación de que en el 2025 pueden estar debatiendo; yo he leído todos los «Diarios de Sesiones» de las dos o tres reuniones de la Comisión del Senado.
Señoras y señores diputados del PP, hoy no se trata de hacer más comisiones, no se trata de remitir esto a

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posteriores actuaciones legislativas o a trabajos de otras cámaras; hoy debatimos aquí si esta Cámara, este Pleno cree que la situación es suficientemente grave para empezar a actuar o cree que no, porque, entonces, la pregunta sería: ¿cuántos muertos más ha de haber para que se actúe? ¿Cuántos más? Estamos en uno diario, ¿cuántos más? ¿Ha de haber 1,5? ¿Ha de haber 1,8? Estamos en 10 accidentes graves diarios. ¿Cuántos más ha de haber? Porque la tendencia desde 1995 va en aumento y en estos momentos no hay ninguna acción del Gobierno.
Señoras y señores diputados, voten a favor de esta iniciativa, que no significa aprobarla en los términos que plantea la Federación de Comisiones Obreras, sino que ha de haber un trámite parlamentario en el que se pueden mejorar o matizar algunas de las propuestas que se hacen e incorporar otras. No se puede decir que no hoy a esta proposición que ha reunido a 600.000 personas; 600.000 personas que han traído una propuesta en positivo ante la incapacidad del Congreso y del Gobierno de hacer frente a este problema. Un sector ha dicho: no queremos que la gente siga muriendo y, como este Congreso y este Gobierno no toman medidas, vamos a reunir estas firmas. Las traen aquí, el ministro de Trabajo no está y posiblemente el Partido Popular va a votar que no. Señores y señores diputados, que los problemas de las personas, que la vida de las personas no se sitúe en primer lugar en el debate político y en la acción del Gobierno denigra y degrada el sistema democrático.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. (El señor Núñez Castain pide la palabra.) Señor Núñez, antes de darle la palabra -creo que antes no la había pedido-, les advierto a los dos diputados del Grupo Mixto que quedan por intervenir que entre sus dos compañeros han consumido prácticamente el tiempo, con lo cual les pido la mayor brevedad.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Pero él no es el responsable de esto.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Rodríguez. No está S.S. en el uso de la palabra.
Lo que sí puede hacer esta Presidencia es dar la palabra a un solo diputado del Grupo Mixto, si esto se sigue repitiendo. Se la voy a dar a los dos que quedan pendientes, con el ruego de que hagan un turno muy breve, porque les quedan 30 segundos de su tiempo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve y contundente para manifestar el apoyo del Partido Andalucista a esta iniciativa popular a impulso de la Federación estatal de la construcción. No voy a repetir argumentos, pero sí quiero decir que, además de lo expuesto en esta sala respecto de la iniciativa popular y a la siniestralidad, donde también en Andalucía desgraciadamente andamos a la cabeza, hay otros muchos aspectos que aconsejan su apoyo, entre otros, el del propio fraude que se supone a todo el sistema de Seguridad Social por esta cadena sin límites de la subcontratación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Solamente quiero advertir que levanté la mano a su debido tiempo para intervenir.
A lo largo de los últimos años, se ha producido un incremento notable de la siniestralidad laboral tanto en lo relativo a siniestros que comportaron incapacidades temporales, como invalidez e incluso el fallecimiento de trabajadores y trabajadoras. El sector de la construcción es, sin duda, uno de los que más accidentes laborales registra, aumentando progresivamente el número de siniestros cada año, a pesar de la promulgación de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las campañas de concienciación para reducir esta alta siniestralidad.
Dentro de los factores que favorecen un incremento de la siniestralidad laboral cabe destacar, en primer lugar, la precariedad en el empleo, como se señala en la exposición de motivos, agravada en los últimos años por la desregulación de las relaciones laborales cuyo paradigma es la promulgación de la normativa de las empresas de trabajo temporal en el año 1994, que permitieron la puesta a disposición de muchos trabajadores en el sector de la construcción sin contratos estables, con condiciones laborales inferiores a las que se fijaban en los convenios colectivos del sector, provocando la irrupción de mano de obra barata, pero poco experimentada y cuya actividad laboral se desenvuelve bajo presión al no estar garantizada su continuidad en el puesto de trabajo. Es significativo destacar que es a partir de 1994, coincidiendo con la penúltima desregulación de las relaciones laborales en el Estado español, cuando crecen de manera importante los índices de siniestralidad laboral.
El otro mecanismo de desregulación laboral ha sido, con la inhibición de los poderes públicos, la externalización de los servicios en todos los sectores pero, especialmente, en el de la construcción, acudiendo a la subcontratación de empresas o a autónomos para rebajar el coste de las cargas sociales.
La presente proposición de ley es oportuna por cuanto pretende someter a un mayor control administrativola subcontratación en el sector de la construcción y con

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ello aportar una mayor estabilidad en el empleo en ese sector.
Finalmente, el Bloque Nacionalista Galego quiere recordar que como principio rector de la política social y económica está el artículo 40.2 de la Constitución española, que dispone que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Por tanto, no sólo se convierte en un deber individual de los empresarios velar por esa seguridad en el trabajo, sino incluso un deber público que debe ser acometido por parte de los poderes públicos de forma eficaz.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar con decisión y entusiasmo la presente proposición de ley de iniciativa popular impulsada por Comisiones Obreras.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
A efectos aclaratorios, quiero indicarle que había visto su mano cuando la ha levantado; el que no la había levantado era el señor Núñez y a él me he referido, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La subcontratación y sus efectos, posiblemente inducidos por la misma, junto con otras cuestiones en la siniestralidad laboral, ocupa un renglón de preocupación en la Comunidad Autónoma de Canarias que yo quiero también recoger, transmitir aquí y personificar en la posición de mi grupo. Una siniestralidad laboral que debe ser atajada con las máximas medidas por la Administración central del Estado en cuanto a la Inspección de Trabajo por parte de los inspectores en materia de higiene y de seguridad en el trabajo, así como en todo cuanto se deriva de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Habría que aclarar si lo que está fallando es la subcontratación en el sector de la construcción o si están fallando, a mí me parece que más estrepitosamente, los servicios de garantía de inspección de los riesgos laborales, con la siniestralidad laboral que produce este abandono. Aquí hay una responsabilidad conjunta y hay que hacer una labor conjunta entre la Administración general del Estado y la Administración autonómica de comunidades autónomas, como la de Canarias, con competencias en materia laboral igual que en la formación profesional. Aunque el trabajador de la construcción proceda de empresas de contrato temporal, de listados que se obtienen en las oficinas del Inem, del personal fijo de la empresa contratista o subcontratista, el problema es complejo y poliédrico. En Canarias, nos planteamos en este momento exigir al Gobierno un reforzamiento de los servicios de inspección para el pleno cumplimiento de las garantías formales de la Ley de prevención de riesgos laborales para bajar esa tasa de siniestralidad laboral.
Al mismo tiempo, el título de la proposición de la ley que se trae es la subcontratación en el ámbito de la construcción. Celebro que esté asistiendo a este debate el ministro de Fomento señor Álvarez-Cascos, porque en Canarias, en el sector de la construcción, se levantó inquietud tiempo atrás al conocer un presunto borrador del Ministerio de Economía que trataba de influir en el reglamento de la contratación en la construcción, sobre todo en empresas dedicadas al sector público. Nos consta que existe una preocupación en el Ministerio de Fomento, con una nueva sensibilidad, porque en muchas comunidades autónomas como la canaria, las grandes empresas de contratación de obras públicas se podían llevar, por la vía de un reglamento interpretado de manera muy selectiva, una serie mayoritaria de contratos de obras, cuya ejecución en comunidades autónomas como la canaria no sería realizada directamente por estas grandes empresas contratistas de la construcción en obras públicas sino por subcontratas. Exigimos a la Administración que ese reglamento dé también esa cancha de juego a las industrias locales de la construcción, que están viviendo prácticamente de una subcontratación, y que se vea qué cuesta una obra pública cuando se suma lo que ha costado la subcontratación. Una cosa es lo que se paga al contratante principal, a la gran empresa de construcción que obtiene la concesión de la Administración pública correspondiente, estatal o autonómica, y otra cosa lo que les queda a los subcontratistas al final del pago. Ahí es donde queremos que se armonicen los factores que van a intervenir para que no se caiga en la precariedad de los subcontratistas si no los protege una ley como la que pretendemos que recoja ahora el reglamento de la contratación en las administraciones públicas. Celebramos que exista ese criterio y animamos al ministro de Fomento a que defienda los derechos de las pequeñas y medianas empresas, que es donde está la mayoría del colectivo de los trabajadores, que exista un nuevo concepto de sensibilidad con una ley de protección de riesgos laborales, pero no dar una condición peyorativa a la empresa que subcontrata, pues se está viendo obligada a subcontratar porque no accede a los contratos.
No se le puede imputar a la empresa la responsabilidad de la siniestrabilidad laboral por el hecho de ser empresa subcontratista, cuando resulta que el gran contratista se lava las manos porque no es el que está a pie de obra con el andamiaje, con la maquinaria, con los trabajadores, porque esos trabajadores no son de la plantilla del contratista principal. Entendemos que una ley tiene que contemplar tanto la responsabilidad del contratista principal como las exigencias de que quede perfectamente reflejada en un reglamento de la contratación de las administraciones públicas en caso de obras públicas y de la construcción.


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Nosotros significamos la sensibilidad hacia el problema de la siniestralidad laboral que aquí se detecta. Conscientemente, estamos dejando obsoleta la Ley de prevención de riesgos laborales y vamos a corregir con otra ley los riegos laborales cuando son de la subcontratación. Nos parece un contrasentido que tendríamos que armonizar.
Nuestro grupo insta al Gobierno, igual que a las administraciones autonómicas y a sus respectivos parlamentos, a que establezca con el máximo celo las condiciones inspectoras para la prevención de los riesgos laborales con la legislación que tenemos. Otra cuestión será la subcontratación en el ámbito de la construcción, que lleva aparejada una serie de problemas muy distintos, complementarios o no, de la siniestralidad laboral. Por eso me estaba refiriendo al papel importante que en el reglamento de la subcontratación tiene no solamente el Ministerio de Economía, sino también el Ministerio de Fomento, que es quien tiene que regular más directamente este asunto, porque más que de economía, es un tema técnico, laboral y de seguridad.
Señora presidenta, mi grupo, desde este respeto a la iniciativa popular, no se va a pronunciar contra ella, pero estima que tiene que ser objeto de reconsideración en todas las administraciones, pivotando fundamentalmente sobre la Ley de prevención de riesgos laborales que he citado. En esta línea y esperando que el Gobierno solucione el tema completo, mi grupo se va a abstener en la votación de esta iniciativa popular.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Ochoa.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, al cual represento esta tarde, quiere hacer unas reflexiones y hacer partícipe de ellas al resto de los grupos antes de fijar su posición respecto de esta proposición de ley.
La exposición de motivos que acompaña a la proposición de ley cuya toma en consideración hoy discutimos nos introduce en una visión crítica de la situación que vive el sector de la construcción, que compartimos prácticamente en su totalidad en cuanto a accidentes de trabajo, precariedad en el empleo y recurso a las técnicas de subcontratación y de empresas de trabajo temporal. Tras esta introducción, la estructura de la proposición presentada pivota, a nuestro juicio, únicamente en la vertiente de la subcontratación, como técnica generadora de muchos de los problemas que se contemplan en el sector de la construcción, desarrollando dos tipos de disposiciones. Por un lado, normas de carácter general para la subcontratación en el sector de la construcción, destacándose al efecto el régimen de intervención administrativa que se arbitra; por otro lado, normas específicas para la subcontratación en el ámbito de la contratación pública y de la contratación privada, finalizando con disposiciones sancionadoras.
En la disección que hemos hecho de esta proposición de ley hemos encontrado algunas cuestiones de las cuales queremos hacerles partícipes, insisto, porque nos entran algunas dudas. Inicialmente, tal como hemos señalado, la consecución de unos niveles más altos de seguridad laboral, así como de seguridad en el empleo, merecen a nuestro juicio el esfuerzo de todos los agentes sociales y de todas las instituciones. No obstante, entendemos que en el contexto ordinario actual quizá no se justifique tanto la necesidad de aprobar una ley específica reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, porque el marco jurídico del cual disponemos tiene normas dedicadas al logro de tales finalidades, cuyas lagunas pueden ser completadas con disposiciones accesorias. Estamos exponiendo nuestra opinión, pero no vamos a hacer cuestión de ello. Nos estamos refiriendo al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y, por supuesto, a la Ley de prevención de riesgos laborales, donde se contienen, repito, instrumentos legales y entendemos que un correcto empleo de los mismos, añadiéndoles nuevas disposiciones en las lagunas existentes, puede llevar a feliz término el objetivo que persigue la proposición de ley.
Hay que decir que puede haber problemas en cuanto a la legislación de las comunidades europeas en concomitancia con lo que aquí se persigue, porque en la proposición de ley apreciamos dos vértices de difícil solución: por una parte, el respeto a la libre prestación de servicios que dimana del derecho comunitario y, por otra, la garantía de los principios que rigen la contratación pública. La proposición de ley parte de una actuación intervencionista de la autoridad laboral, de tal suerte que cuando se pretenda subcontratar la ejecución de una obra, se deberá obtener autorización administrativa previa, previa acreditación de una serie de requisitos, señalándose que tal autorización se concederá por determinados órganos administrativos en función del lugar donde se encuentre el centro de trabajo de la empresa. Esto pone en serias dificultades a algunas empresas comunitarias que a la hora de licitar no tienen centro de trabajo, por ejemplo, en el Reino de España. Pues bien, el sometimiento de estos empresarios cuyo centro de trabajo está fuera de la comunidad donde se registra el contrato a un régimen previo de autorización para ejercer su actividad puede entrar en contradicción con determinaciones de las comunidades europeas. Nos podemos referir a la sentencia del 9 de marzo de 2000, contra el Reino de Bélgica, que votó contra esto precisamente por las cláusulas limitativas.
Podríamos extendernos en la casuística de posibles choques entre las disposiciones de la Comunidad y las que se plantean en esta proposición de ley, pero sola-

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mente lo aportamos como puntos que deben tratarse en la Comisión que se cree ad hoc dentro de este Parlamento. A nuestro juicio, y abundando en lo que otras autoridades han dicho al respecto, la subcontratación está considerada por las comunidades europeas -y cito textualmente- como un medio muy eficaz para fomentar la competitividad y lograr una contratación pública más equitativa y eficaz, que debe evitar abusos en detrimento de determinadas obligaciones que justamente han sido recogidas por el texto refundido de la Ley de contratas y que versan sobre la garantía de un trato igualitario en las condiciones entre contratistas y subcontratistas.
Dicho esto, tengo que añadir que participamos plenamente de la exposición que ha hecho aquí el señor Frutos, hablando de la sangría laboral que supone esa accidentalidad. Al Grupo Vasco le merece mucho respeto una iniciativa parlamentaria popular y no nos vamos a oponer a ella en absoluto. Vamos a votar a favor de la misma, introduciendo estas aportaciones que después se pueden discutir en Comisión y que, a nuestro juicio, son importantes. Entendemos que el asunto merece un esfuerzo y, salga una nueva ley o nuevas disposiciones que se incorporen a las ya existentes, tendrá nuestro apoyo para conseguir mejorar la calidad de los trabajos y aminorar, en lo que esté en nuestras manos, esos accidentes que son una lacra para todos nosotros.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ochoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el problema social al que trata de hacer frente la iniciativa legislativa popular que estamos debatiendo es de una grandísima importancia. Basta con recordar alguna de las cifras que algún diputado ha mencionado, aunque con otro enfoque, en su intervención. Alo largo del último quinquenio se han producido cada año un promedio de 1.000 accidentes con víctimas mortales, mientras que una media de 700.000 accidentes anuales requieren de baja médica en España. Como digo, el problema es muy importante. Quiero recordar -y también ha sido traído a colación por algunos diputados intervinientes- que una de las primeras iniciativas parlamentarias que mi grupo presentó en el primer período de sesiones fue precisamente una proposición no de ley por la que se proponía la creación de una subcomisión para el estudio y recomendación de las medidas legislativas necesarias dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, para salir al paso de la problemática de la siniestralidad laboral. Cierto es que, para evitar una prolongación de los trabajos de la subcomisión en el tiempo, en la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario se propuso una limitación temporal de seis meses, que finalmente desapareció en el texto aprobado por la Cámara el 23 de mayo de este año. Recuerdo esta iniciativa parlamentaria como prueba de la preocupación de mi grupo parlamentario por esta problemática.
Respecto de la iniciativa legislativa popular concreta que estamos debatiendo en estos momentos, mi grupo parlamentario comparte plenamente la preocupación que subyace en su presentación. Sólo por el hecho de estar respaldada por 600.000 firmas debe llevarnos a una reflexión sobre la importancia del tema que subyace, aparte del tema en sí, del que todos somos conscientes. Mi grupo comparte la preocupación que lleva a un grupo amplio de ciudadanos españoles a presentar esta iniciativa. Sin embargo, teniendo en cuenta que existe una subcomisión ya constituida en el Senado y que el problema de los riesgos laborales no se agota en la subcontratación, que es un problema más amplio, aunque valora la iniciativa, se va a abstener, por entender que se abrirían dos vías parlamentarias para tramitar y analizar esta cuestión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero mostrar mi asombro y mi indignación cuando veo que, tratándose de una iniciativa legislativa popular, todos los escaños del Gobierno están vacíos, excepto el del señor Cascos, que, por cierto, ha llegado tarde. Creo que es un desprecio y un insulto a los miles de trabajadores que han firmado esta iniciativa legislativa popular y a los millones de trabajadores y de ciudadanos en general que confían en esta Cámara para que se les resuelvan sus problemas.
Permítanme, entrando en el tema, una puntualización que me parece necesaria. Hoy no estamos debatiendo el problema de la siniestralidad laboral en general en nuestro país ni la proposición de ley que regule la subcontratación en el sector de la construcción. Lo que estamos debatiendo es si creemos necesario que el Congreso, que esta Cámara dé el visto bueno para que en su día debatamos y aprobemos la ley que regule la subcontratación en dicho sector. Si hacemos esta puntualización es porque no queremos que ocurra aquí lo que ocurrió en el Senado el día 28 de junio pasado, cuando, a propuesta del Grupo Mixto, se debatió una interpelación; también se debatió la consiguiente moción el día 12 de septiembre. El señor ministro, que en aquella ocasión sí estaba presente, y el Grupo Popu-

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lar desviaron el debate hacia temas como la altísima siniestralidad que había en nuestro país, los esfuerzos que estaba haciendo el Gobierno para su reducción, hacia el reparto de responsabilidades, hacia la dudosa constitucionalidad de algunos de los conceptos que de alguna forma, según el Grupo Popular, componen la iniciativa legislativa. Todo ello para terminar votando en contra e invitar a que el contenido de esas medidas fueran sometidas a estudio en la Comisión especial creada en aquella Cámara. Sabemos, señorías, que cuando mandamos algo a una comisión estamos dando largas y no estamos tratando el problema, no estamos afrontando el problema concreto. En definitiva, creo que se trató de una maniobra de distracción para no afrontar el tema concreto que debatimos hoy.
Hoy no deberíamos actuar de igual modo. Es un debate muy serio el que tenemos en nuestras manos. Por ello insisto en que este no es el debate de la siniestralidad laboral en general en nuestro país y no es el debate sobre la articulación de la proposición de ley que ha presentado como iniciativa legislativa popular la Federación Estatal de Construcción, Maderas y Afines, Fecoma, del sindicato de Comisiones Obreras, y la Federación Estatal de la Madera, Construcción y Afines, la MCA, de la UGT, cuyos representantes nos acompañan en la tribuna y a los que, en nombre de mi grupo, envío un saludo desde aquí.
Sobre la siniestralidad ya hemos tenido varios debates en esta legislatura y pronto tendremos otro, porque, por desgracia, cuando hagamos balance del año 2000 veremos que el número de accidentes laborales sigue aumentando de forma alarmante. Y sobre la proposición de ley en sí ya tendremos tiempo de debatir en profundidad y de introducir las enmiendas necesarias una vez que demos el visto bueno.
Yo estaba convencido de que se lo íbamos a dar por unanimidad; la primera sorpresa me la he llevado con el Grupo de Convergència i Unió.
Tratemos el tema concreto que nos ocupa, señorías. ¿Es necesaria una ley que regule la subcontratación en el sector de la construcción? El Grupo Parlamentario Socialista cree que sí y ha llegado a esta conclusión... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor González Vigil. Un momento, por favor. (Pausa.) Señorías, es imposible, con el ruido que hay en la Cámara, que la intervención del señor diputado se pueda escuchar y se pueda entender. Ruego guarden silencio o establezcan las conversaciones fuera del hemiciclo.
Adelante, señor González Vigil.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.


Decía que nuestro grupo ha llegado a la conclusión de que sí es necesario y urgente regular la subcontratación en el sector de la construcción y hemos llegado a ella después de analizar la realidad del sector. Si la analizamos someramente podremos ver que desde el año 1996 hasta el año 1999, es decir, en la anterior legislatura, los accidentes laborales en este sector, lejos de contenerse o de disminuir, han aumentado de forma alarmante y progresiva. En estos cuatro años se han producido en el sector de la construcción 9986 accidentes graves y 1044 mortales; 235, en 1996; 253, en 1997; 267, en 1998; 289, en 1999; y, según los datos hechos públicos por la Administración relativos al primer semestre del año 2000, podemos confirmar que persiste la tendencia alcista del año anterior. En este primer semestre se han producido 1545 accidentes graves y 149 mortales, sin conocer los datos de los accidentes producidos en los meses de verano, que son las fechas en que más se producen, entre otras cosas porque son las fechas en las que hay que entregar gran parte de las obras y donde se dan mayormente las horas extras, los destajos, donde se contrata precipitadamente a mano de obra no especializada, donde se va con prisas. Sin conocer aún esos datos, podemos asegurar que en el año 2000 se van a superar desgraciadamente las cifras de 1999.
En el sector de la construcción, que emplea a un millón y medio de trabajadores, al 13 por ciento de la población ocupada, se genera el 35 por ciento de todos los accidentes laborales en nuestro país. De los cinco accidentes mortales de media diarios que se producen en nuestro país, a la construcción le corresponde uno y medio por día laboral en los centros de trabajo. Y, señorías, lo que más nos tiene que llamar la atención porque es el dato más relacionado con el tema que estamos tratando es lo siguiente: el 95 por ciento de los accidentes graves y mortales que se producen en la construcción se producen en las subcontratas. El 95 por ciento, señorías. Luego la realidad no deja lugar a dudas, algo está fallando en el fenómeno de la subcontratación. ¿Qué es lo que falla? Nosotros creemos que fundamentalmente el actual marco legislativo es insuficiente, no puede controlar la atomización y la desestructuración que existe hoy en el sector de la construcción y no puede impedir, por no decir que lo permite, la subcontratación en cadena ejercida sin límite ni control.
Si continuamos analizando la realidad, vemos que, como se nos dice en la exposición de motivos de la proposición de ley, a partir de los años ochenta se inicia en el sector de la construcción un proceso que se instala definitivamente en la década de los noventa, desde su estructuración de atomización y desarticulación de las plantillas de las grandes constructoras. Estas se han convertido en meras gestoras de contrataciones y de obras públicas y privadas y han derivado la ejecución física de la obra a trabajadores contratados por subcontratas y/o por empresas de trabajo temporal, por ETT. Esto ha propiciado el nacimiento de miles de empresassin organización, sin estructuras administrativas ni téc-

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nicas, que practican la subcontratación en cadena y que hacen que en la mayoría de los casos el trabajador se encuentre indefenso, sin saber ni quién es el empleador ni quiénes son los responsables. A ello hay que añadir que en la mayoría de estas empresas, dado su tamaño -el 94,8 por ciento tiene menos de 25 trabajadores-, ni siquiera existe la obligación legal de elegir representación legal de los trabajadores, con lo que se acentúa aún más la indefensión del trabajador para exigir y hacer cumplir sus derechos y por supuesto para exigir al empresario el cumplimiento de las medidas preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Ante esta situación el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario y urgente una legislación que regule la subcontratación, que establezca las normas necesarias para acabar con la altísima siniestralidad en el sector y que reduzca la precariedad laboral. Nos parece que la Administración, que tiene, si cabe, el doble de responsabilidad, ya que es el contratante de casi el 70 por ciento de actividad en el sector, comparte con nosotros este convencimiento o al menos así se deriva de unas declaraciones realizadas el pasado mes de julio por la directora general de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, Dolores de la Fuente. En estas declaraciones, donde asegura que la subcontratación es un grave factor de riesgo, dice cosas como las siguientes: No cabe duda de que el fenómeno de la subcontratación puede considerarse como uno de los factores más negativos y que contribuye especialmente en el sector de la construcción a la producción de las situaciones de riesgo. Sigue diciendo, y resumo: En cuanto a la iniciativa legislativa promovida desde Comisiones obreras, coincidiendo con buena parte del análisis, creo que, desde los términos en que está planteada, puede encontrar problemas de índole jurídico, en la medida en que una prohibición de la subcontratación en este sector parece colisionar con el principio constitucional de libertad de empresa. Está claro. Sólo una puntualización: No estamos hablando de prohibición de la subcontratación. No creemos que la subcontratación por sí misma sea perniciosa. Estamos hablando de la necesidad de regularla, justamente para evitar que tenga los efectos perniciosos que tiene en la actualidad.
Traigamos, por tanto, señorías, la proposición de ley al Congreso.
Debatámosla. Eliminemos los problemas de índole jurídico que podamos encontrar, si es que los encontramos, y ayudemos con ello a prevenir la salud de los trabajadores y a dignificar su trabajo, haciendo que éste sea de más calidad. Por la composición democrática de la Cámara, ustedes, señoras y señores diputados del Grupo Popular, tienen la última palabra. Ustedes sí van a ser los responsables en este debate de que se regule este sector, esta subcontratación o se deje capear a sus anchas como lo estamos haciendo hasta ahora.
Termino. Hay que añadir que hay muchas comunidades autónomas en las que se ha apoyado esta iniciativa con el voto favorable del Partido Popular. Se ha apoyado en el Parlamento catalán, con el voto del Partido Popular; en la Junta General del Principado de Asturias, con el voto del partido Popular; en la Asamblea de Madrid, con el voto del Partido Popular; en la Asamblea general de Murcia, con el voto del Partido Popular; en las Cortes de Aragón y en Extremadura, con la abstención del Partido Popular y en el Parlamento andaluz, sin ninguna actuación, ni siquiera abstención, del Partido Popular. Asimismo, se ha aprobado en numerosos ayuntamientos, en Valencia, en Madrid, en Murcia...


La señora PRESIDENTA: Señor González Vigil, le ruego termine, por favor.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señoría.
Recuerden lo más importante, se trata de una iniciativa legislativa popular avalada por casi 600.000 firmas, recogidas durante una campaña realizada bajo el lema, y lo digo con mayúsculas: Nos va la vida. Es un lema suficientemente expresivo para comprender la importancia que para los trabajadores del sector tiene el tema que nos ocupa. Así lo piensan también y nos lo demandan la totalidad de los trabajadores de la construcción, como lo pusieron de manifiesto secundando masivamente la huelga general convocada por Comisiones Obreras y por UGT durante los días 24 y 25 del pasado mes de febrero.
A ellos les va la vida; a nosotros, señorías, la obligación de legislar para que la conserven.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Vigil.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para defender la posición de mi grupo en relación con la iniciativa popular legislativa que se ha plasmado en los últimos tiempos y que ha tenido entrada en esta Cámara. Creo que alrededor de esa iniciativa legislativa, desde el más profundo respeto, desde la más profunda consideración a cualquier iniciativa popular legislativa que pueda llegar a esta Cámara, debemos hacer una triple valoración, somera, rápida, porque son muchos los grupos que han intervenido, sobre su aspecto formal y sobre la valoración de su contenido.
Con relación al aspecto formal, he de decir que se cumplen todos y cada uno de los requisitos que se contemplan al amparo de la Constitución y de la normativa vigente (recogida de firmas, admisión a trámite en la Mesa del Congreso). Por tanto, desde ese máximo respeto, siempre, en esta Cámara y por parte del Grupo Parlamentario Popular, serán atendidas cuantas iniciativaslegislativas populares nos lleguen para su estudio.


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Sobre el contenido, aunque el portavoz del Grupo Socialista diga que hoy lo que no se debate en concreto es la siniestralidad laboral, ni siquiera la regulación que pretende hacer esta ley en el campo de la subcontratación en el sector de la construcción, tengo que decir que existen razonamientos de índole variada -uno con relación a la problemática del sector de la construcción y otro a la prevención de riesgos laborales- que deben ser tenidos en cuenta.
Cuando en la pasada legislatura el Gobierno y el presidente del Gobierno planteó en el debate de investidura una política económica distinta era porque creíamos en una economía libre de mercado y no creemos que, desde ese punto de vista, aplicar normas de contenido intervencionista y de contenido regulado, normas que pueden incidir tanto en el ámbito del derecho privado como en el del derecho público, puesto que a nadie se le escapa que en el ámbito de las subcontrataciones en el sector de la construcción las hay que afectan al mundo del derecho privado y al del derecho público, como puede ser cuando hay contrataciones administrativas. Por un lado se vulnerarían esos principios de normativa de derecho público y, por otro, si el Congreso se pone a legislar un ámbito tan concreto, aunque tan delicado, como han puesto de manifiesto los distintos portavoces, podrían producirse en nuestra sociedad unos efectos que podrían ser perjudiciales para el propio sector de la construcción. Y vuelvo a repetir, señorías, que dicho desde el más profundo de los respetos.
Porque, al igual que cuando hay un atentado terrorista decimos que ni una sola idea política vale una muerte, en el campo de los accidentes de trabajo tenemos que tener todas las ideas, todos los esfuerzos y todos los cauces encaminados a prevenir los riesgos de accidentes de trabajo y la siniestralidad laboral. Pero, repito, si entráramos a regular lo que sería una contratación desde el punto de vista de las normas de derecho privado en el ámbito de la subcontratación del sector de la construcción, llegaría un momento en que sólo sobrevivirían unas cuantas empresas de obras o constructoras de ámbito grande y tendrían mayor dificultad de supervivencia las pequeñas y medianas empresas que se hacen cargo de estas subcontratas en el terreno de la construcción, sea de carácter privado o de carácter público.
Desde este punto de vista, en el Ministerio de Fomento se van a establecer con toda cautela todos los mecanismos de la máxima transparencia cuando se dé la oportunidad de celebrar subcontratos en el sector de la construcción. De hecho, esas actuaciones de máxima transparencia, utilizando todos los instrumentos que el marco jurídico permite, se han iniciado y se han puesto ya de manifiesto por los portavoces del Ministerio de Fomento. He hablado con la Dirección general de la Inspección de Trabajo y tengo que decir que es cierto que ha aumentado la siniestralidad laboral, sobre todo en aquellos accidentes de trabajo de carácter leve. Nunca en los de carácter grave o en los casos de mortalidad, que ha habido una disminución importante. Tengo el dato de la Comunidad de Madrid y en el último año han disminuido un 43 por ciento, afortunadamente. Es cierto que han aumentado los accidentes de trabajo de carácter leve, pero, si ponemos el énfasis en establecer los mecanismos y análisis de los índices y los porcentajes, y nunca en cifras absolutas, veremos que quizás ello se deba a que, fruto de la política económica del Gobierno, se ha favorecido un incremento de la ocupación en nuestro país, cosa que pienso que es satisfactoria.
Se ha aludido al ministro de Trabajo y a nadie se le escapará que está cumpliendo la competencia inherente a su Ministerio y por lo tanto nadie dudará de que está cumpliendo con su cometido. Ya asumió compromisos serios en la prevención de riesgos laborales, tanto en el Senado como en el Congreso. El Gobierno desarrolló en 1997 la Ley de riesgos laborales de 1995, en la que incorporó, como ha mencionado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, todas las normas que dimanaban de la última directiva comunitaria en prevención de riesgos laborales. Se ha constituido la Comisión especial, o la subcomisión, como se la quiera llamar, en el Senado, para estudiar de una manera pormenorizada, concreta y con el máximo rigor y el máximo esfuerzo la prevención de riesgos laborales, porque hay una mención específica al sector de la construcción. Y ahí lamento tener que decir que, de acuerdo con nuestros idearios y con el conocimiento de lo que debe ser la sociedad de mercado, la economía libre de mercado, hay determinados problemas, incluidos los de la prevención laboral, que deben ser enfocados desde la libertad de la negociación entre los agentes sociales, desde la libertad de celebración de convenios colectivos entre los sectores, y no incurrir este Parlamento en proclamar normas de derecho dispositivo o de carácter material que pudieran afectar a la economía libre de mercado.
Dicho esto, creo que debemos poner todos el mayor énfasis en aportar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros conocimientos, todos nuestros análisis y todo el rigor que seamos capaces de llevar a cabo desde un ámbito puramente apartidista, a la Comisión especial creada en el Senado y utilizar todos aquellos mecanismos e instrumentos para prevenir los riesgos de accidentes de trabajo, mejorar la calidad de seguridad de los trabajadores en el ámbito de la construcción y que podamos felicitarnos en breve, puesto que tal es la preocupación del presidente del Gobierno sobre materia de riesgos, sobre accidentes de trabajo y de siniestralidad laboral, que acaba de encargar al presidente del Consejo Económico y Social un estudio detallado, pormenorizado, para tener un conocimiento profundo de ese problema que afecta a nuestra sociedad. Y, en la convicción de que el presidente del Gobierno tomará todas aquellas medidas oportunas para solucionar oayudar a solucionar este problema, estudiemos en el

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ámbito de la Comisión de Política Social y Empleo del Senado todos los mecanismos que puedan conducir a mejorar la siniestralidad laboral en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montseny.


Toma en consideración de proposición de ley de iniciativa popular reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 123; en contra, 149; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la iniciativa de referencia.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/ 000016.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN. (Número de expediente 122/000026.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN. (Número de expediente 122/000043.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. De acuerdo con el contenido de la resolución de la Junta de Portavoces, sometemos a continuación a debate las siguientes proposiciones de ley conjuntamente para su toma en consideración: en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del consejo superior de los medios audiovisuales; asimismo la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del consejo de la comunicación y, por último, la del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de creación del consejo de la comunicación.
Tiene en primer lugar la palabra, para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Rubalcaba. (Rumores.) Señorías, es necesario continuar con el debate en las debidas condiciones, aunque sólo sea de acústica, por lo cual ruego a SS.SS.
que si van a abandonar el hemiciclo, lo hagan de manera rápida y silenciosa; si no, permanezcan en sus escaños y hablen con el tono de voy más bajo posible.
Adelante, señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Señoras y señores diputados, subo por segunda vez a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la proposición de ley por la que se crea en España el consejo superior de medios audiovisuales. Ya tuve ocasión de hacerlo el 23 de junio de 1998, hace más de dos años. En aquel entonces la Cámara optó por votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, junto a otras cuatro presentadas por otros tantos grupos parlamentarios, y lo hizo creyendo por unanimidad que era necesario dotar a nuestro país de un órgano de la naturaleza del que se propone, un consejo superior de medios audiovisuales. Más adelante entraré en por qué, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, este consenso se convirtió finalmente en parálisis y la ley no pudo ver la luz en la anterior legislatura.
La pregunta relevante hoy aquí es, a juicio de mi grupo parlamentario, si en este momento se dan las mismas circunstancias que existían en junio de 1998; por decirlo de otra manera, si las razones que en su día llevaron a la Cámara a votar por unanimidad la tramitación de una proposición de ley como la que hoy defiendo siguen vigentes en este momento. Avanzo que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista sí siguen vigentes. Por ello presentamos de nuevo esta proposición de ley, aunque es verdad que hay algunas razones adicionales, a las que me referiré en mi intervención.
Les decía que todas las razones, las que esgrimió el Grupo Parlamentario Socialista y también las que esgrimieron el resto de los grupos de la Cámara que defendieron proposiciones de ley similares, siguen plenamente vigentes. Les recordaré aquí dos que me interesa resaltar en este momento, en primer lugar, el origen parlamentario de esta propuesta. Sus señorías saben que fue en el Senado, en la Comisión sobre contenidos audiovisuales, cuando por primera vez se habló en las Cámaras sobre la necesidad de crear una comisión o un consejo de medios audiovisuales. Quiero recordar que en aquel momento, finales de 1995, se hizo por unanimidad; hace cinco años, por unanimidad, los grupos parlamentarios votamos la necesidad de que en España existiera un consejo superior de medios audiovisuales. Por cierto, que la composición y las funciones que en aquella Comisión se votaron unánimemente por todos los grupos parlamentarios como las más idóneas para este consejo son las que aparecen, una por una, recogidas en nuestra proposición de ley. Ahora que aparecen padres y madres que no firman libros, que son firmados y cobrados por otros, les diré que al Grupo Parlamentario Socialista no le duelen

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prendas en reconocer paladinamente que copiamos punto por punto las resoluciones de aquella Comisión parlamentaria del Senado y que, por tanto, hasta el nombre, consejo superior de medios audiovisuales, tiene su origen en esa Comisión, que, repito, trabajó durante un año, entrevistó al sector y, finalmente, concluyó por unanimidad la necesidad de su existencia. Otra institución, en este caso el Defensor del Pueblo, recomendó a esta Cámara en 1997 la creación de un órgano parecido, consejo u órgano regulador de los medios audiovisuales.
Como indicaba anteriormente, en el debate de 1998 hubo muchos argumentos, todos los cuales siguen estando plenamente vigentes a juicio del Grupo Parlamentario Socialista. Les diré algo más, hay algunas razones adicionales que aconsejan la creación del consejo que hoy proponemos, en primer lugar, los debates europeos. Mientras el Congreso español era incapaz de encontrar un consenso sobre la naturaleza, composición y funciones de este órgano, en Europa se ha seguido hablando de las autoridades independientes en materia audiovisual. Por ejemplo, el 26 de junio de 2000, hace pocos meses, el Consejo de la Unión Europea, junto con representantes de los países miembros, debatió una comunicación de la Comisión en relación con las directrices políticas a seguir para formular una política europea del sector audiovisual. De las conclusiones me gustaría destacar aquí hoy dos: la que hace una mención expresa a la necesidad de que en los países miembros existan autoridades independientes, consejos como aquel que hoy proponemos en esta Cámara que inicie su tramitación reglamentaria, y a la Comisión también le parece oportuno recomendar a los países miembros que separen en dos regulaciones distintas las infraestructuras y los contenidos. Esta es justamente la filosofía que subyace en nuestra proposición de ley. Se trata de crear un órgano que tenga como misión fundamental el control y la regulación de los contenidos audiovisuales y dejar para otro órgano, en este caso la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los aspectos relativos al control y la regulación de las redes de las infraestructuras a través de las cuales se difunden estos contenidos.
Repito, esta es la filosofía que hoy traemos aquí.
Recientemente, hace mes y medio, el 6 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó el llamado informe Veltroni, que tiene ese nombre por el diputado italiano que lo defendió, en el cual se atribuyen a órganos de esta naturaleza, órganos independientes, la defensa de la pluralidad, de la diversidad lingüística y cultural, en este caso de los países de Europa, y la defensa de la libertad de los usuarios en materia de medios audiovisuales. Son justamente estas misiones, de acuerdo con nuestro marco constitucional y con nuestras normas básicas, las que la proposición de ley que hoy defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista encomienda al consejo superior de medios audiovisuales.
En resumen, no es sólo que existan órganos de esta naturaleza en Austria, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Portugal, en todos los länder alemanes o en Holanda, sino que las autoridades europeas, en sus distintos niveles, están aconsejando a los países miembros la creación de estas instituciones, es más, aconsejándoles también que les dotemos de funciones, de capacidad de intervención, de control, de regulación y de vigilancia sobre nuestro sector audiovisual. En este sentido camina nuestra proposición de ley.
Desde 1998, momento en el que debatimos aquí esta proposición de ley por primera vez, en España no han hecho sino aumentar lo que llamaríamos síntomas del malestar televisivo de los españoles. Me referiré al último dato conocido. Hace muy pocos días, el observatorio de la publicidad, que, como SS.SS. conocen, es un observatorio creado por las empresas publicitarias y por los usuarios del sector, ha puesto sobre la mesa un dato enormemente preocupante.
Dice el observatorio, refiriéndose a la publicidad en las cadenas de televisión, que uno de cada cuatro minutos de nuestra oferta televisiva se dedica a anuncios o a lo que se llaman autopromociones.
Ciertamente es una cifra que, de ser real, desbordaría lo que está contemplado en nuestras previsiones legislativas, concretamente en la Ley de televisión sin fronteras. Más allá de la certeza o no de este dato, es bastante evidente para cualquiera que tenga la afición de ver los programas de televisión de las llamadas cadenas generalistas que de día en día es mayor el número de bloques publicitarios y de día en día también estos bloques son cada vez más amplios. Repito, esto es sólo un ejemplo. Entretanto, ¿qué hace nuestra Administración? Prácticamente nada, entre otras cosas y como hemos venido defendiendo en esta Cámara en distintas instancias, porque no tenemos una atribución clara de responsabilidades en esta materia o, dicho de otra manera, porque no existe un órgano independiente -y cuando digo independiente me refiero no sólo de la Administración sino también del sector- capaz de velar por el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y, aún más, capaz de extender el respeto y la promoción de nuestros valores constitucionales.
Las razones que en su momento argumentamos para la creación del consejo superior de medios audiovisuales desde el Grupo Parlamentario Socialista, razones que fueron recogidas por el resto de los grupos parlamentarios en sus propuestas correspondientes, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista siguen, pues, plenamente vigentes. Aún más, existen razones adicionales, como he dicho: los debates europeos y la propia degradación en algunos de los contenidos de nuestras televisiones generalistas. Señorías, lo que hace año y medio era necesario hoy, a nuestro juicio, es imprescindible. Lo que por necesario permitió la unanimidad en esta Cámara debería, por imprescindible, permitir una nueva unanimidad y la aprobación para su tramitación de la proposición de ley que hoy defendemos.


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Les decía que en la legislatura anterior no conseguimos ponernos de acuerdo sobre la naturaleza, la composición y las funciones de un consejo de medios audiovisuales en España y que cuando preparamos nuestra proposición de ley no nos proponíamos ser originales: seguimos punto por punto las recomendaciones de la Comisión del Senado a la que vengo haciendo referencia; nos fijamos en las experiencias de países que tienen órganos similares, muy especialmente de Italia, Portugal, Francia y del Reino Unido. Por eso, porque todos votamos por unanimidad en el Senado unas recomendaciones que se recogen explícitamente en nuestra proposición de ley y porque existe una experiencia comparada en los países de Europa, es por lo que creemos que la proposición de ley debe iniciar su proceso de tramitación.
Señorías, como hemos tenido ocasión de decir en algunos de los debates de esta Cámara, no queremos que se cree una nueva dirección general en el Ministerio, en este caso de Ciencia y Tecnología, no queremos eso; tampoco queremos que se cree un nuevo consejo asesor.
Muchos de nuestros consejos asesores duermen el sueño de los justos en la actual Administración pública. Esta misma mañana nos hemos enterado de que el Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología hace once meses que no se convoca -prácticamente, no; no se ha convocado en todo el año 2000-. No queremos más consejos asesores, no sirven. Queremos, como en el resto de los países de Europa, como quiso la Comisión del Senado por unanimidad, una autoridad independiente, es decir, una autoridad constituida por personas relevantes y de prestigio -de ahí su autoridad- y que tenga funciones ejecutivas -por eso es una autoridad-. Y queremos una autoridad independiente, independiente del Gobierno de turno -por tanto proponemos la creación de un ente de derecho publico con personalidad jurídica propia, con autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus tareas-; pero también queremos que sea una autoridad independiente de los sectores empresariales y por eso reclamamos para sus componentes un estricto pero eficaz sistema de incompatibilidades. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no cabe una autoridad independiente sin estos atributos y sin estas funciones. No puede existir una autoridad independiente si no tiene, además de la tarea de asesorar al Gobierno, a las administraciones públicas y también a estas Cortes, la capacidad de velar por el cumplimiento de las leyes y, lo que me parece más relevante, de sancionar a aquellos que las incumplen. No es posible entender que existe una autoridad independiente en materia audiovisual si no da cuenta a los ciudadanos de quiénes son los dueños de los medios de comunicación, televisiones y radios, si no es transparente en relación con los propietarios de estos medios y con los cambios que en las propiedades se puedan producir. No es concebible a nuestro juicio una autoridad independiente en materia audiovisual si no tiene la capacidad de informar al Gobierno cuando se desarrollan los procesos de atribución para conceder nuevas licencias o nuevos permisos en el sector. Tampoco es independiente, lo queramos o no, si sus miembros los nombra el Gobierno. Tampoco lo es si no se garantiza en una ley el perfil adecuado de aquellos que la forman. No cabe hablar de independencia si la autoridad que se crea, el consejo o como finalmente decidamos llamarle, está bajo la tutela de una Administración pública. Por eso proponemos que la elección de los miembros se realice aquí, en esta Cámara, por mayorías reforzadas, lo que obliga al consenso entre los grupos parlamentarios. Para defender la independencia de sus consejeros proponemos que los mandatos no coincidan exactamente con los tiempos de las legislaturas parlamentarias.
Es evidente que un consejo como el que aquí se propone requiere un consenso lo más amplio posible de los grupos de esta Cámara.
Seguramente alguien pensará que desde esta perspectiva, la del consenso, el momento político elegido por el Partido Socialista no es el más adecuado. Escuchando al ministro de Agricultura poner en boca del presidente del Gobierno su voluntad de aprobar el Plan hidrológico nacional impulsándose adicionalmente de forma hormonal, se podría pensar que corren malos tiempos para el consenso. Sin embargo, nosotros creemos que merece la pena intentarlo, por las razones que he mencionado aquí y también por una razón adicional que ahora comento, porque es verdad que el momento audiovisual español vive una situación particular. Radiotelevisión Española depende en este momento de la SEPI, que está abordando su proceso de reestructuración. El vicepresidente Rajoy nos anuncia para el año próximo una ley de lo audiovisual. Embarcado como está el sector, por decisión del Gobierno, en estos procesos de cambio, ¿no sería oportuno que creáramos un consejo de medios audiovisuales para que dicho sector, a través de sus representantes, de los empresarios, de los profesionales y de los usuarios, pudiera colaborar colectivamente en estos procesos de reforma que el Gobierno anuncia? A nuestro juicio, sí sería el momento oportuno, antes de abordar una reforma en profundidad del sector, de tal manera que, a través de un consejo organizado y regulado, un consejo representativo, el sector audiovisual y todos sus subsectores pudieran participar en estos procesos de elaboración en los que el Gobierno nos ha embarcado.
Les anuncio que mi grupo parlamentario votará a favor de las dos proposiciones de ley que se van a defender a continuación, la de Izquierda Unida y la del Grupo Mixto, y lo hará porque a pesar de no coincidir con todos sus extremos, creemos que lo relevante hoy aquí es reabrir un proceso de discusión sobre la necesidad de que exista en nuestro país un consejo de medios audiovisuales y hacerlo de la manera más rápida posible. Lo creemos, y termino ya, porque, como decía

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anteriormente, existen las mismas razones que hubo para acordar unánimemente que este consejo era necesario en nuestro país. Existen algunas razones más, como los debates europeos, las recomendaciones que una y otra vez el Parlamento Europeo y la Comisión Europea hacen a los países miembros, las quejas de los usuarios, cada vez más importantes, y, finalmente, la propia propuesta reformadora del Gobierno, que aconseja, repito una vez más, que exista un consejo capaz de participar en estos procesos de cambio que se nos anuncian.
Nada más y muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Para la presentación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del consejo de la comunicación, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo de nuevo a esta tribuna -creo que es la cuarta vez- a defender la creación del consejo de la comunicación. Estoy defendiendo la posibilidad de instaurar por fin en este país la primera autoridad democrática en el terreno de la comunicación. Estamos comunicativamente al margen de una reglamentación democrática y con esto quiero decir que defender el artículo 20 de la Constitución en abstracto, sin consejo de la comunicación o sin reglas del juego, es defender la inexistencia de la aplicación de la libertad de expresión. Estamos en un régimen de creación de la opinión pública, pero en este momento la opinión pública no se está creando de manera estrictamente democrática.
En la legislatura anterior defendimos la creación del consejo de la comunicación a la hora, por ejemplo, de hablar de la denominada Ley del fútbol. Defendimos también la creación del consejo de la comunicación cuando en esta Cámara expusimos la necesidad de una ley contra los monopolios, contra la concentración de medios de comunicación, una ley antitrust. Defendimos también, como pieza separada, la proposición de ley de creación del consejo de la comunicación, por tercera vez, y esta es la cuarta en que subimos aquí a defender esta necesidad: la creación de una autoridad de la comunicación en este país, que aún no tiene autoridad democrática.
Por lo tanto, no se está aplicando, sino por tanteo, el artículo 20 de la Constitución.
La última vez se aprobaron las cinco proposiciones de ley. Que se presentaran y debatieran en esta Cámara cinco proposiciones de ley es el argumento fundamental para decir que esta es una necesidad democrática. Me parece que es la única vez que en esta Cámara se han debatido cinco proposiciones de ley, que se aprobaron.
Después, ¿qué ocurrió? Que no hubo posibilidad ninguna de ponerse de acuerdo, ni a través de cauces técnicos, de cómo organizar el debate, ni después, que fue lo fundamental, en cuanto a los contenidos de la proposición de ley que habría de salir del supuesto, que nunca se consiguió, consenso parlamentario.
Hoy, en este momento, ¿quién gobierna la comunicación en este país? La gobierna el mercado y el Gobierno. No hay más fórmula de gobierno respecto a la comunicación en este país. De ahí que no se esté desarrollando el artículo 20 de la Constitución. Por ejemplo, en el tema de la transparencia se ha dicho aquí anteriormente, pero yo quiero incidir de nuevo, que la transparencia no está asegurada.
¿Quién es el titular de un medio? ¿Cuántas acciones acumula de ese medio y de otros, teniendo como referencia, aunque aquí los pocos límites que había se han roto, las caracterizaciones, los límites, los horizontes que en cada caso marque la ley? ¿Quién vigila democráticamente esta transparencia? No hay ningún organismo, en absoluto. Incluso hay cambios de titularidad que no se producen sino opacamente; no existe la transparencia real. Hay compras, hay ventas, hay acumulaciones, hay concentraciones de las que no se tienen noticias sino corriendo el tiempo y por investigaciones periodísticas. No hay ningún órgano que vigile la transparencia de la titularidad, de las operaciones de capital o de las concentraciones que se están produciendo.
Otro problema más. En función del interés general, frase que no es que acuñara el señor Cascos, pero que sí repitió y va indisolublemente unida a las emisiones en abierto, ¿quién controla en este país las emisiones en abierto, no sólo de eventos deportivos sino eventos de interés general? ¿Quién las controla? Hay un Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas que está no sólo haciendo el ridículo, sino incumpliendo flagrantemente la ley. Cuando el otro día, por ejemplo, no se televisaba en abierto, creo que fue el Real MadridBarcelona, se estaba rompiendo totalmente el espíritu y la letra de la ley. El mercado es el que se ha impuesto sobre las determinaciones de esa ley denominada en su tiempo Ley del fútbol.
Igual sucede en otro tipo de actividades o de hechos de carácter no deportivo. ¿Quién controla, cuáles son las emisiones que hay que dar en abierto en este país? Nadie, ni siquiera el Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas, que últimamente no ejerce; está al servicio de las codificaciones y del resto de mecanismos de codificación o de cobro por ver; se cobra por ver en este país y se cobra en cuestiones de interés general que incluso están recogidas en alguna ley. Estamos incumpliendo la legislación por razón de no existir esta autoridad comunicativa que controle, que vigile y que haga que se aplique no sólo la ley, singular en este caso, sino los aspectos fundamentales del artículo 20 de la Constitución. Por ejemplo, en cuanto a la pluralidad, ¿quién controla en estepaís la pluralidad política, social y cultural? Cada vez

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hay menos pluralidad a través de los medios de comunicación audiovisuales. Nosotros también hablamos del resto, pero fundamentalmente en este caso nos estamos centrando en los medios audiovisuales. Nadie controla la pluralidad. Hay un derecho, que se recoge en la Constitución, pero que requiere su desarrollo por ley, que es el derecho de acceso, que todavía no se ha legislado. El derecho de acceso es que los sindicatos, asociaciones culturales de todo tipo, las ONG, tengan derecho de acceso en la televisión y minutos señalados a lo largo del tiempo, como en otros países. Aquí no existe el derecho de acceso, no se ha regulado y, por lo tanto, no tiene aplicación concreta y real el artículo 20 de la Constitución.
¿Quién controla la pluralidad real en los medios de comunicación? La Comisión de Control de la televisión pública y de la radio pública no tiene ese derecho, sino el derecho al pataleo, a la crítica, pero no al control real. Por otra parte, están los otros medios privados que también debieran estar sujetos al derecho fundamental, a la pluralidad política y social. ¿Quién controla eso? Nadie puede controlarlo, en este momento absolutamente nadie. O la protección de las mujeres, de la juventud o de los niños; no hay ningún mecanismo que tenga en su seno esta posibilidad real. O como se ha dicho aquí la saturación publicitaria; hay una contaminación en la publicidad, en la violencia, en el mal gusto, en los culebrones; una contaminación comunicativa que necesita una ecología del medio cuanto antes y esta ecología tendría que venir en los derechos, aunque algún diputado del PP no lo entienda ni lo vaya a entender en lo sucesivo, porque lo que priva es la política Cañete, y es un momento muy importante para intentar abrir paso al control democrático de la comunicación en este país.
Habría que pesar también todos los elementos que se contemplan en el servicio de defensa de la competencia. En nuestro texto se recoge la actuación de este consejo de la comunicación que en este momento estamos defendiendo. No fue posible el consenso por dos conceptos fundamentales: el de independencia y el de competencias reales del consejo. Se quería un consejo, incluso se hablaba del modelo catalán o de otros que fundamentalmente se remiten a la estructura de un consejo asesor, que no tuviera independencia y cuyos miembros estarían propuestos por el Ministerio correspondiente. Hubo una disonancia total entre unos grupos y otros. No puede existir independencia sin un grado mínimo de extracción parlamentaria.
Nosotros planteamos un consejo que tenga 20 miembros -puede ser otro número cualquiera-, donde aparezcan representantes de los sindicados y de las organizaciones empresariales y una parte importante elegida por el Congreso de los Diputados con una mayoría enriquecida de entre las personalidades que sean auténticos expertos en comunicación, pero que sean de extracción parlamentaria y que tengan un mandato superior al de una legislatura normal, porque si no es así no hay independencia posible, hay dependencia gubernamental, como en este caso, y mucha, en la radio y la televisión públicas, por ejemplo. En el tema de la competencia no hay consejo real, no hay autoridad comunicativa real sin competencias plenas; en los temas que he citado anteriormente y que como es natural se expresen finalmente a través de la competencia sancionadora, si no es que estamos eligiendo una dirección general -se ha dicho antes- o un consejo asesor.
Nosotros pensamos que es el momento de constituir este consejo.
Sabemos que el Partido Popular va a votar en contra y estamos interesados en oír su argumentación, porque en este momento se podría conseguir este consenso -sería conveniente-, ya que estamos viendo que todo se está enrareciendo en el terreno de la comunicación. Hay un enrarecimiento profundo, se están produciendo concentraciones que vulneran los contenidos en estos aspectos que antes he citado y habría que hacer un esfuerzo de sensibilidad en este tema para ir convergiendo con las determinaciones que se aprueban en la Unión Europea, desde el punto de vista de que lo que exigimos no es control de la libertad sino garantía de la democracia. Y no hay garantía democrática en la comunicación actualmente en este país, no existe esa garantía democrática, no hay un desarrollo concreto, reglado, del artículo 20 de la Constitución, no existe, y eso es lo que estamos exigiendo: un organismo que va a hacer que se desarrolle, con una serie de leyes que también hay que aprobar como la de derecho de acceso, de manera normal, concreta y material el artículo 20 de la Constitución, porque si no es un artículo abstracto, importantísimo pero que no tiene aterrizaje real en la vida diaria de este país.
Esperamos a los argumentos del Grupo Popular. Se intentó en la legislatura anterior y no hubo acuerdo, pero se aprobaron las cinco proposiciones no de ley, incluida la del Partido Popular. Si se rechazan estas proposiciones de ley -nosotros vamos a votar también positivamente la del Grupo Socialista y la del Grupo Mixto-, esperemos que se nos anuncie una alternativa a esta situación, porque si no se anuncia una alternativa a esta situación se está diciendo que vamos a seguir en este país sin garantías democráticas en el terreno de la comunicación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de creación del consejo de la comunicación, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Quiero anunciar, en primer lugar, que votaremos favorablemente tanto la iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista como la iniciativa parlamentaria delGrupo de Izquierda Unida. Ya se ha dicho aquí por los

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dos portavoces que me han precedido que en la legislatura pasada se produjo una votación por unanimidad de cinco proposiciones de ley y también se ha argumentado, creo que de forma muy profunda, que no sólo no ha cambiado nada para cambiar la unanimidad de entonces sino que hay motivos adicionales para votar hoy nuevamente con esta unanimidad.
La iniciativa de la creación del consejo de comunicación, como nosotros lo llamamos, tiene como objeto fundamental un órgano de control sobre la actividad, el desarrollo, la titularidad y los contenidos de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Hoy podemos afirmar tranquilamente que el actual sistema de control sobre los medios de comunicación no responde ni al espíritu de la Constitución ni al del propio Estatuto de Radiotelevisión Española. No es necesario demostrar que la imparcialidad de los informativos y la objetividad de la información no es un ejemplo en muchos medios de comunicación, especialmente en los públicos, que evidentemente hay vulneración de los derechos de protección de la infancia, que no hay unas garantías reales en relación con la pluralidad en sentido amplio, o que a menudo nos encontramos con informaciones machistas que hieren la sensibilidad de las mujeres.
Esta tarde, un diputado en los pasillos me decía que para qué crear otro organismo puesto que ya había un par de organismos de control: el consejo de administración de Radiotelevisión, donde está todo el mundo, y la Comisión de Control del Congreso. Hay que decir que no sólo es insuficiente sino que este modelo de control está agotado.
¿Por qué está agotado? Porque nos encontramos ante dos tipos de organismos que reproducen una lógica parlamentaria, por tanto con dos tipos de organismos donde se reproduce la mayoría parlamentaria, por lo que contribuyen o coadyuvan a que los medios de comunicación estén al servicio de las mayorías parlamentarias. Este es un peligro en el que acostumbran a caer todos los gobiernos, pero especialmente en estos momentos la pluralidad y la imparcialidad de la información que se emite por los medios de comunicación públicos roza de alguna manera en algunos casos una información manipuladora.
También se han puesto como ejemplos otros países de la Unión Europea.
Quiero decir aquí que posiblemente en este tema España es una lamentable excepción. España, hoy, en este tema que nos ocupa es una anomalía en el sentido de que adolece de una autoridad administrativa independiente del Gobierno. Esto, como se ha repetido insistentemente en las dos intervenciones que me han precedido, está resuelto en el resto de países de la Unión Europea. Además, las conclusiones de la Comisión especial del Senado de 1995 y, si no recuerdo mal, de los informes del Defensor del Pueblo de 1996 y 1997 van en la misma dirección de la necesidad de crear esta autoridad independiente del Gobierno. Por tanto, espero que la votación sea hoy positiva.
Creo que un no del grupo de la mayoría sólo se podría entender en el sentido de no querer aceptar un control sobre los medios de comunicación públicos, y espero que eso no se produzca.
Quiero destacar, de forma muy rápida, las cuatro o cinco características del consejo de la comunicación que nosotros proponemos. He dicho antes que se trata de un consejo de la comunicación que tenga naturaleza de ente de derecho público independiente de la Administración, que sus funciones velen por el respeto del pluralismo de la sociedad, por el respeto del plurilingüismo de la sociedad española, por la protección de los derechos de las minorías, por la protección de la infancia y de la juventud y que respeten también los contenidos, la sensibilidad, la realidad y la historia de las mujeres. Proponemos que este consejo rinda cuentas anualmente al Congreso y que también tenga competencias para proponer a los organismos pertinentes las sanciones que se crean oportunas. La cuestión que a nuestro entender es fundamental es que no existan cuotas políticas en la designación de los miembros de este consejo. Al mismo tiempo -también se ha dicho aquí-, en nuestra propuesta existe un estricto régimen de incompatibilidades que de alguna manera garantice la imparcialidad de este organismo.
Proponemos que este consejo esté formado por 21 personas y que sean designadas por las Cortes y por los agentes sociales, pero también por aquellas instituciones que están interesadas en defender algunos de los principios y de los valores que antes hemos mencionado.
Señoras y señores diputados, creo que hay una oportunidad de continuar el trabajo que no se pudo acabar en la anterior legislatura. Es necesario que hoy esta Cámara vuelva a poner en marcha, por unanimidad, un proceso parlamentario que finalice con la constitución de un organismo que de alguna manera normalice también el control democrático de los medios de comunicación en un país como España.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, señorías, tal y como se ha deducido de las intervenciones de los anteriores portavoces, especialmente de los que han defendido sus correspondientes proposiciones de ley, nos encontramos ante un debate que afecta a cuestiones muy trascendentales y de tanta incidencia pública como la comunicación social, los audiovisuales, la regulación de sus contenidos y la necesaria conciliación entre los intereses de las industrias audiovisuales y los intereses socioculturales. Los antecedentes de este debate ya han sido citados -no me referiré a ellos-, pero creo que es importante recordar que, en el

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caso de la regulación de los contenidos en materia de audiovisuales, estamos a punto de convertirnos en el vagón de cola de la Unión Europea; antes, el señor Saura y otros portavoces se han referido a ello. Creo que España no está en condiciones de seguir siendo uno de los últimos o casi el único país de la Unión Europea que no dispone de un órgano regulador de los contenidos audiovisuales. En ese sentido, creo que es difícilmente justificable que a estas alturas el Estado español no disponga de un alto organismo regulador de los medios audiovisuales y que, cinco años después de la aprobación por parte de la Comisión especial del Senado sobre contenidos televisivos, ni siquiera haya tenido entrada en esta Cámara un proyecto de ley del Gobierno. Si bien es cierto que en la anterior legislatura tuvieron entrada en esta Cámara cinco proposiciones de ley de diversos grupos parlamentarios (entre los cuales se hallaba el nuestro, Convergència i Unió), la verdad es que la ausencia de voluntad política imposibilitó entonces que este órgano regulador fuese una realidad. Y aquí creo que las responsabilidades deben ser compartidas por todos los grupos, pero deben atribuirse en mayor medida al grupo que apoya al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una proposición de ley cuya toma en consideración fue aprobada por esta Cámara el 23 de junio del año 1998. Se trataba de un texto que respondía a una necesidad objetiva y a una exigencia social que en la mayoría de los países de nuestro entorno ya ha sido cumplida, y es precisamente la pluralidad de modelos y de competencias atribuidas a estos organismos reguladores, por parte de los países que se han dotado de los mismos, el motivo que aún hace más incomprensible que al día de hoy el Estado español no se haya dotado de este organismo.
En este sentido, cabe constatar a título de ejemplo que los países que han aprobado la creación de órganos reguladores de los medios audiovisuales les han atribuido diferentes competencias en cuestiones como el otorgamiento de licencias, el nombramiento de cargos electivos de las televisiones y radios públicas, el control de contenidos, la potestad sancionadora, el asesoramiento a gobiernos y a parlamentos y, en su caso, la emisión de dictámenes preceptivos, sean o no vinculantes. No obstante, también es verdad que desde que la Comisión especial del Senado elaboró su informe y su propuesta de creación de un consejo superior de medios de comunicación, la evolución tecnológica ha desarrollado nuevos tipos y servicios de telecomunicación audiovisual, que entre otras consecuencias han generado una mayor proliferación, diversificación y especialización de los contenidos. Ello no debería ser utilizado por el grupo que da apoyo al Gobierno para dilatar o poner obstáculos a la creación de este organismo. Nos referimos a esta eventual posibilidad porque el Gobierno del Partido Popular ha dado muestras hasta ahora de poca voluntad política para impulsar la aprobación de este proyecto de ley.
Cuando la práctica totalidad de los países de la Unión Europea y otros Estados de nuestro entorno geopolítico, como Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o los mismos Estados Unidos de América, disponen desde hace años de este tipo de legislación reguladora y de control de los audiovisuales, la ausencia de esta legislación en nuestro Estado aparece como algo anacrónico y difícil de justificar.
Como saben SS.SS., en el marco del Estado existe un antecedente pionero, al que ha hecho referencia anteriormente un portavoz. Este ejemplo se ha dado en nuestra comunidad autónoma, Cataluña. Se trata, como es sabido, del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña, que fue creado en forma de consejo asesor en el año 1996 y cuya ley de creación fue modificada a través de la Ley 2/2000, con lo que este organismo dejó de ser un consejo asesor para convertirse en un órgano independiente de regulación de los contenidos, fruto del consenso unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Cataluña. También quiero destacar por su actualidad el caso de la iniciativa que se está tramitando en la Comunidad Autónoma de Navarra. Se trata de un anteproyecto de ley de regulación de la actividad audiovisual y radiofónica, texto que viene a confirmar la plena actualidad de esta exigencia social y política a la que he aludido anteriormente y que debería mover a esta Cámara a tramitar y a aprobar cuanto antes un proyecto de ley, según nuestro criterio.
En relación con el contenido de las tres proposiciones de ley sobre las que ahora nos pronunciamos, la posición de nuestro grupo parlamentario se sustenta en tres planteamientos diferentes. El primero se define por compartir la prioridad política y la necesidad objetiva de la creación de este organismo. El segundo planteamiento viene definido por la discrepancia -matizable, pero discrepancia al fin y al cabo- con algunos contenidos, supuestos y características de las tres proposiciones de ley cuya toma en consideración hoy debatimos. Son discrepancias o matizaciones en ningún caso insalvables, que afectan a aspectos relativos a la composición del propio organismo, a la propuesta o nombramiento de sus miembros o a las funciones concretas que se asignan a este órgano regulador. El tercer planteamiento es el derivado de las dificultades técnicas objetivas o de tramitación parlamentaria con las que nos encontraríamos en el momento de tramitar simultáneamente las tres proposiciones de ley cuya toma en consideración estamos hoy discutiendo. En todo caso, nuestra posición intenta ser coherente con los planteamientos políticos que en su día defendió el Gobierno de la Generalitat, y por tanto el grupo parlamentario que le da apoyo, en el debate político y parlamentario que dio lugar a la aprobación, por la Ley 2/2000, de la modificación del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña. Estas discrepancias no son, sin embargo, la razón por la que nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de la toma en consideración de las tres

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proposiciones de ley que nos ocupan. El motivo principal de nuestra abstención debe encontrarse en la lógica política que se deriva de la actual coyuntura parlamentaria, que otorga exclusivamente al Gobierno y al grupo parlamentario que le da apoyo toda la responsabilidad de presentar un proyecto de ley ante esta Cámara; proyecto que por tratar las cuestiones que trata debe obtener el máximo consenso político. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ha creído más oportuno instar al Gobierno a la presentación de este proyecto de ley a través de una proposición no de ley que tuvo entrada en esta Cámara la semana pasada. Si hoy no se toman en consideración estas tres proposiciones de ley, esperamos que esa proposición no de ley tenga el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno. En su caso, entendemos que el texto que presente el Gobierno debería ser sin perjuicio de los órganos de control que las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, han creado en este ámbito. Si me lo permiten los compañeros del Grupo Parlamentario Popular, aprovecho para decir que esperamos que en su momento, cuando se presente este proyecto de ley por parte del Gobierno del Partido Popular, tendremos ocasión de conocer exactamente cuáles son los criterios políticos que van a defender, porque nos hemos encontrado en estos últimos tiempos con algunas discrepancias, con criterios diferentes, a veces contradictorios. El Partido Popular, en función de cuál es la comunidad autónoma de que se trate, ha defendido posiciones contrapuestas y entendemos que el Gobierno, con la presentación de este proyecto de ley, aclararía de una vez por todas cuál es la posición del Partido Popular en relación con qué contenidos, qué condiciones, qué requerimientos debe tener este órgano regular de los contenidos audiovisuales españoles. Por tanto, nuestro grupo parlamentario cree que al Gobierno le corresponde la iniciativa política y deseamos y confiamos que, dada la naturaleza de la cuestión que nos ocupa, sepa estar a la altura de las circunstancias en el sentido de buscar el máximo acuerdo posible con los grupos de esta Cámara. Intuimos que el Partido Popular va a ofrecer a esta Cámara el consenso y el diálogo, como no puede ser de otra forma, en un tema de tanta trascendencia social, política y económica como es el de la regulación de un órgano de los audiovisuales.
Para terminar, quisiera trasladar al Grupo Parlamentario Popular nuestro deseo de que, en el previsible caso de que las tres proposiciones de ley de las que hoy debatimos su toma en consideración no prosperen, pueda dar apoyo en su día a la proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario a través de la que se insta al Gobierno a presentar su propio proyecto de ley de creación del consejo superior de los medios audiovisuales, al objeto de ordenar y regular el sector audiovisual en el Estado español, sin perjuicio -repito- de las competencias de las comunidades autónomas que han creado órganos propios de regulación de los medios audiovisuales. Señorías, estamos convencidos de que nuestro sistema democrático requiere, exige una institución del Estado de esta naturaleza, cuya creación no debe demorarse más. En un momento histórico en el que el Estado español se ha homologado ya a todos los niveles con los países de la Unión Europea, creemos sinceramente que esta es una asignatura pendiente que debemos aprobar entre todos, con consenso, con diálogo, intentando prever, eso sí, todos los escenarios de futuro del sector audiovisual y de su rápida evolución tecnológica.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí.
Señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, permítame que para fijar la posición de mi grupo parlamentario sobre las proposiciones de ley que hoy debatimos comience leyendo algunas partes de las intervenciones pronunciadas en esta Cámara el 23 de junio de 1998, hace ya más de dos años y medio. Decía el portavoz del Grupo Socialista, entonces como ahora el señor Pérez Rubalcaba, después de anunciar su voto favorable a las cinco proposiciones de creación de consejos audiovisuales que presentamos en ese momento, textualmente lo siguiente: Esperamos que, como se ha señalado por los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, a lo largo de los trabajos de ponencia y Comisión podamos encontrar un acuerdo básico sobre las líneas de este consejo que creemos fundamental. El portavoz de Izquierda Unida, señor Alcaraz, decía: Tenemos que ponernos de acuerdo, sí, tenemos que ponernos de acuerdo y rápidamente, antes de que termine esta legislatura; si hay voluntad es posible que los cinco textos se puedan refundir y a partir de ahí pasarán a ponencia, estableceremos las diferencias a negociar, y si hay voluntad en un breve espacio de tiempo este país podrá tener un consejo de audiovisual. Convergència i Unió, a través de su entonces portavoz, señor Recoder, manifestaba su intención de votar las cinco propuestas para dar así paso a un debate en mayor profundidad sobre los distintos modelos que había sobre la mesa. Yo creo -decía- que es algo que deberíamos hacer con una cierta prisa. El Grupo Mixto se pronunciaba en ese mismo sentido. Y yo misma, en nombre de mi grupo parlamentario, manifestaba que, aunque las cinco proposiciones tenían un contenido bastante distinto que no compartíamos, hiciéramos un esfuerzo de consenso entre todos los grupos para contar con este órgano a la mayor brevedad posible.
Señorías, esta era la importancia que todos los grupos concedíamos a la creación de este consejo audiovisual: consenso y rapidez. Dos años después finaliza lalegislatura y ni siquiera teníamos un texto unificado

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sobre el que poder debatir. Por tanto, señorías, creo que queda bastante demostrado la inoperancia del método de la presentación de cinco proposiciones de ley con contenidos diferentes y la posibilidad de unificarlas en una sola para poder debatir. La imposibilidad de llegar a este texto unificado se mantuvo y se presentó desde el momento en que algún grupo parlamentario muy minoritario de la Cámara trataba de imponer su posición al grupo mayoritario o si no se paralizaba el proceso y no había texto unificado. Llegamos a un punto muerto que se mantuvo durante dos años y las pretensiones, las ideas de los grupos parlamentarios, las inquietudes de consenso y de rapidez quedaron convertidas en que acabó la legislatura y seguíamos sin consejo audiovisual. En esta tesitura llegamos al año 2000 en el que sí que existen cambios de situación porque la coyuntura no es exactamente igual a como lo era en el año 1998. Desde el año 1998 al 2001, si me lo permiten, ha pasado casi un siglo y en telecomunicaciones mucho más de un siglo. ¿Creen ustedes que una proposición que era válida en el año 1998 en materia audiovisual, en materia de telecomunicaciones, puede seguir siendo válida en el año 2000? Mi grupo cree que no. Consideramos conveniente que se regulen, por ejemplo, los contenidos de Internet. ¿Quién no ha oído quejarse a ciudadanos, a usuarios de Internet, a padres de familia, de que los contenidos de Internet no tienen nigún tipo de regulación. Señorías, hoy son contenidos también audiovisuales. Si hablamos de móviles, dentro de poco a través de ellos vamos a recibir medios audiovisuales, vamos a recibir información -ya estamos recibiendo información- y también nuevos canales de televisión. Si hablamos de emisoras digitales, entonces ni siquiera estaban recogidas las televisiones locales, las televisiones por satélite y alguna otra directiva europea que se ha incorporado posteriormente al año 1998 a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, señorías, situación diferente y proposiciones de ley presentadas en esta Cámara por grupos parlamentarios idénticas a las presentadas en el año 1998.
Estas proposiciones, como digo, del año 1998 valían para esa coyuntura, pero al modo de ver de nuestro grupo parlamentario la situación se ha modificado sustancialmente y tenemos que dar un paso más. Por consiguiente, señorías, ni procedimiento adecuado -el debate sobre buscar una solución para hacer una proposición unificada entre todos los grupos- ni actualidad -si me lo permiten son proposiciones caducadas- ni contenido que, como digo, no se ajusta a la situación que vivimos en el año 2000.
Señorías, en el día de hoy sólo se han presentado tres iniciativas porque el Grupo Popular y algún otro grupo parlamentario hemos pensado que era mejor debatir un proyecto único. Hemos pensado que era mejor esperar al proyecto que va a presentar el Gobierno del Partido Popular a esta Cámara para debatir sobre el mismo y poder llegar rápidamente, o a la mayor brevedad posible, a un consejo audiovisual, o como queramos llamarlo en esta Cámara, que cubra las necesidades para las que creemos que debe crecer. Hay dos opciones: crear un órgano o manifestar que se quiere crear un órgano. Nosotros optamos por la primera opción: que debemos crear un órgano, y eso pasa por la presentación de un proyecto único ajustado al tiempo, un proyecto que tiene que venir dialogado con los distintos sectores que tienen algo que decir en materia audiovisual como operadores, asociaciones de televidentes, consumidores de televisión, consumidores y usuarios de Internet, a los que antes ni siquiera había que consultar, pero nosotros creemos que hay que abrir mucho más el espectro de lo que se hizo en el año 1998, sin ninguna duda, porque la situación era prácticamente muy distinta a la que hay ahora. No se trata de ver quién quiere más el consejo, si lo quiere más el Partido Socialista, Izquierda Unida, Convergència i Unió, el Grupo Mixto, el Grupo Popular o cualquier grupo de la Cámara. Se trata de conseguir crear ese consejo. Esto no es un concurso para ver quién es el que más quiere que se cree ese consejo porque, si así fuera, decía el señor Pérez Rubalcaba que hace cinco años, en marzo de 1995, se aprobó el informe de la Comisión del Senado en el que se decía que hacía falta un consejo; si así fuera el Grupo Socialista, desde el Ministerio de la Presidencia -porque hace cinco años gobernaba-, podía haber presentado un proyecto y podíamos haber tenido también en la etapa del Gobierno socialista un consejo audiovisual, ya que la Comisión del Senado acabó sus trabajos hace cinco años, en marzo de 1995. En cualquier caso, es verdad que en la legislatura pasada en este Parlamento estuvimos dos años intentando sacar un consejo que no salió adelante, desde luego no por falta de voluntad del Grupo Parlamentario Popular. Se puede demostrar porque está recogido en nuestro programa electoral de las últimas elecciones generales y, como ustedes saben, señorías, el cumplimiento de nuestro programa electoral es seña de identidad de nuestro partido y del Gobierno de José María Aznar.
Señorías, se trata de crear un consejo operativo, un consejo que vele por los derechos de los televidentes y de los aficionados a contenidos audiovisuales; se trata de crear un consejo operativo que proteja a la infancia y a la juventud y que enfoque su atención en la igualdad de oportunidades.El próximo año tendremos sin duda la ocasión de debatir en esta Cámara una iniciativa para crear este consejo, una iniciativa en la que, como he dicho, se tendrá en cuenta la opinión de todo aquel que tiene algo que decir en el sector audiovisual, en el sector de las comunicaciones, es decir, autorregulación, asociaciones de televidentes, grupos parlamentarios, partidos políticos. En ese momento, señorías, podremos comprobar quién está del lado de los televidentes, quién está del lado de los ciudadanos, quién quiere un consejo o quién sólo se llenaba la boca diciendo que quería un consejo audiovisual. Espero que en esa ocasión ustedespuedan demostrar lo que hoy han manifestado aquí en

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esta Cámara. Nuestro grupo, como siempre, cumplirá su palabra, que no es otra que la que ha dado a los electores en el programa electoral con el que concurrió a las pasadas elecciones generales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mato. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del consejo superior de los medios audiovisuales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 118; en contra, 152; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida, de creación del consejo de la comunicación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 120; en contra, 152; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto (señor Saura), de creación del consejo de la comunicación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 120; en contra, 152; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMATIVA BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN PÚBLICA A LA EMISIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. (Número de expediente 162/000129.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la promoción de la promulgación de la normativa básica sobre protección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rivero Baute.


El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señorías, el objeto de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria es subsanar un vacío legal, la ausencia de legislación adecuada en materia de prevención de los ciudadanos frente a radiaciones radioeléctricas cuya regulación permita afrontar los problemas que habitualmente existen y que podemos resumir en lo siguiente. Primero, una creciente preocupación social frente a este tipo de riesgo. Segundo, la protección eficaz de los ciudadanos frente a las radiaciones electromagnéticas. Tercero, facilitar a los operadores de telefonía móvil y a los de bucles de abonados inalámbricos desplegar sus redes y servicios, dada su condición de herramientas clave para el desarrollo de la sociedad de la información e Internet. Existen en estos momentos muchos problemas en orden a esa preocupación social y la disposición de los ciudadanos a la instalación de nuevas antenas que permitan el desarrollo tanto de la telefonía móvil como de bucles de abonados inalámbricos. El vacío legal viene de que no se ha reglamentado convenientemente el artículo 62 de la Ley 11, de 24 de abril de 1998, Ley General de Telecomunicaciones, que señala que el Gobierno regulará como mínimo lo siguiente: el procedimiento de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables y que no supongan un peligro para la salud pública. Cuando se desarrolló el reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones no se incluyó este punto, quizás porque se consideró que correspondía al ámbito de la sanidad y de la salud pública. En cualquier caso, es un asunto que en estos momentos, a pesar de la preocupación social que existe en torno a él, no está resuelto.
Señorías, los campos electromagnéticos, también conocidos como ondas electromagnéticas, no sólo son el fundamento de muchos servicios actuales, sino que también serán la base sobre la que se desarrollorán muchos sistemas futuros para servicios asociados tanto a la movilidad, telefonía móvil, como a la no movilidad, bucles inalámbricos. Servicios de todos conocidos, como la radio, la televisión por ondas, los radioenlaces de microondas sobre los que se fundamentan redes de comunicaciones fijas, los sistemas de radio de comunicaciones privadas, conocidas vulgarmente por sistemas de radio de cambio y corto, se fundamentan en las ondas electromagnéticas, pero también otros servicios más novedosos se basan en ondas electromagnéticas. La telefonía móvil, la actual GSM, la telefonía móvil de segunda generación, conocida por la GPRS, o la telefonía móvil de tercera generación, la UMTS, así como los bucles vía radio se basan también en las

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ondas electromagnéticas. Tanto los móviles de tercera generación como el bucle de abonado por radio resultan claves para el desarrollo tecnológico en general y de Internet en particular. La telefonía móvil de tercera generación resulta básica para desarrollar Internet, Internet móvil, y así poder recuperar el atraso que en este campo tienen tanto España como Europa frente a países más desarrollados como los Estados Unidos. El bucle de abonado por radio, bucle de abonado inalámbrico, permite desarrollar la banda ancha básica para el desarrollo de Internet de alta velocidad y la transmisión de datos. En suma, uno y otro son elementos básicos para el desarrollo de la sociedad de la información.
Dada la importancia de los servicios futuros, basados en las ondas electromagnéticas, como acabamos de señalar, es necesario reducir, dentro de lo posible, las barreras que actualmente existen o pueden existir para su desarrollo. Entre las barreras a las que me refiero, y que actualmente representan un freno para el desarrollo de estos servicios, están, primero, el impacto medioambiental tanto de los servicios de siempre o tradicionales como de los servicios novedosos o de futuro, que requieren de torres, de antenas, de casetas, de tendidos eléctricos, etcétera. Por lo que respecta a la ordenación de este apartado en relación al impacto medioambiental, corresponde a las comunidades autónomas. En segundo lugar, el impacto sobre la salud pública. El tema, dada la eclosión de la telefonía móvil y, en consecuencia, la proliferación de torres y antenas, sobre todo en núcleos de población, está generando preocupación en los medios de comunicación, en la opinión pública, en los ciudadanos en general.
Son responsabilidad del Gobierno del Estado, tal y como reconoce la ley, los aspectos relacionados con las telecomunicaciones, aunque también tienen competencias las comunidades autónomas en la medida en que son responsables de la salud de los ciudadanos.
Señorías, es sabido que el efecto perjudicial demostrado de las ondas depende de que contengan partículas o que no las contengan. Las que contienen partículas se denominan ionizantes y estas partículas destruyen las moléculas de los seres vivos. Las que no contienen partículas se denominan no ionizantes y la exposición a las mismas no destruye las moléculas. Los sistemas de telecomunicaciones se basan precisamente en ondas no ionizantes, no destruyen moléculas pero sí producen calentamiento de los cuerpos. Un ejemplo práctico puede ser el efecto del teléfono móvil cuando lo pegamos al oído.
A pesar de lo dicho anteriormente, lo cierto es que la proliferación de antenas está causando una gran preocupación social. La multitud de informaciones que circulan al respecto dadas por medios de comunicación social, diferentes organizaciones, institutos, universidades, expertos, en muchas ocasiones contradictorias, contribuyen, junto al vacío legal, a generar esa preocupación social, esa desinformación y a que las comunidades autónomas tomen iniciativas por sí mismas que podrían poner en riesgo la implantación de las nuevas tecnologías al no existir unas normas básicas comunes para todos. Las iniciativas de las comunidades autónomas han aumentado a partir del momento en que ha existido una recomendación europea. Nos referimos a la recomendación del Consejo de la Unión Europea del 12 de julio de 1999, publicada el 30 de julio del mismo año, que previene de la exposición de los campos electromagnéticos entre cero hercios y 300 gigahercios, que afecta directamente todo lo relacionado con el sector de las telecomunicaciones. La recomendación reconoce el derecho de los Estados miembros a legislar sobre esta materia e incluso a introducir medidas aún más restrictivas.
Los hechos expuestos anteriormente son el fundamento de que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presente una proposición no de ley requiriendo al Gobierno para que desarrolle una normativa adecuada en materia de ondas electromagnéticas y sus efectos para la salud pública con objeto de: primero, establecer una normativa que proteja eficientemente a los ciudadanos. Segundo, que sirva de información al ciudadano con el objeto de evitar la preocupación social que podría crear barreras al desarrollo de los nuevos servicios. Tercero, unificar criterios con las comunidades autónomas en esta materia, facilitando así la existencia de una normativa común y el cumplimiento de las normas en materia de salud pública por parte de los operadores de telecomunicaciones. Todo ello, señorías, dada la concurrencia competencial, deberá elaborarse en colaboración con las comunidades autónomas en un plazo razonable de tiempo.
Ante las distintas enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, la disposición de este grupo es favorable a buscar un punto de encuentro sobre el que alcanzar un amplio consenso en la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo para defender la enmienda que el Bloque Nacionalista Galego presenta a esta proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria. Quiero decir, en primer lugar, que se trata de una iniciativa oportuna y también necesaria. Es necesario empujar al Gobierno para que se implique en la regulación de este tipo de emisiones, lo que no ha hecho hasta ahora. La iniciativa coincide con una preocupaciónque mi grupo viene expresando y sobre la que

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ha traído debates a esta Cámara en otras ocasiones. Conviene recordar que una iniciativa de parecido tenor fue rechazada recientemente en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Esperemos que ésta que se debate hoy corra mejor suerte.
Por centrar el problema, desde nuestro punto de vista, es verdad que existe un impresionante despliegue de infraestructuras para dar servicio a la nueva telefonía móvil automática. Esta nueva tecnología supone un avance en materia de comunicaciones, pero no debemos olvidar que también supone un formidable negocio. Sorprendentemente este despliegue lo están realizando distintas empresas sin apenas ningún control por parte de las administraciones ni por parte del Gobierno; es decir que, en la práctica, hacen y deshacen sin ninguna limitación. En esta situación es evidente que existe cada vez más alarma e indefensión social. Alarma porque la población ve cómo proliferan todo tipo de artefactos emisores de ondas electromagnéticas de, cuando menos, dudosa repercusión sobre la salud. Indefensión porque, a pesar de eso, también constatan en la práctica cómo las administraciones no impiden o no pueden impedir este tipo de instalaciones por todos lados, muchas veces encima de sus cabezas. Da la impresión una vez más, y ojalá los hechos me desmientan, de que nos encontramos ante el dicho de poderoso caballero es don dinero y que la inhibición de la Administración está relacionada fundamentalmente con esta cuestión. Parece haber un modo de pensar según el cual el negocio es lo que prima y no es deseable poner dificultades a ese negocio, aunque exista el riesgo de jugar con la salud de los ciudadanos o de una agresión paisajística cada vez más tremenda. Nada mejor para desmentir esta afirmación que aprobar la proposición no de ley que hoy se debate y, en consecuencia, que el Gobierno empiece a tomar medidas que ya no es que demanden los grupos políticos, sino que las demandan los ciudadanos, más allá de las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos -que efectivamente tienen que ser respetadas-, y se establezcan algunos límites básicos a esta actual ley de la selva; es decir, que se empiece a poner orden en esta cuestión.
Desde cualquier punto de vista, no parece razonable que el territorio se vea invadido por multitud de torretas, que sin duda cada día serán más, sea en el medio urbano o en el rural, sobre todo cuando los riesgos para la salud, si bien no están probados, nadie los descarta, porque es de conocimiento público la existencia de informes que alertan de riesgos para la salud de la población a consecuencia de la cercanía de las torretas, también por el uso de los propios móviles.
Incluso algunos gobiernos expresan su preocupación por esta cuestión y, aunque tímidamente, se empiezan a tomar algunas medidas limitativas. En ese sentido, el Gobierno británico encargó estudios a expertos sobre las consecuencias para la salud de estas instalaciones, informes que no negaban precisamente la ausencia de riesgos. El Gobierno suizo ha adoptado también decisiones restrictivas para la instalación de este tipo de artefactos. El propio Defensor del Pueblo ha solicitado en diversas ocasiones medidas preventivas en esta cuestión; investigadores de diversas universidades también alertan sobre estos riesgos. Yo, por citar un ejemplo reciente, daré a conocer algunas de las medidas que seguro que ustedes también conocen de la conferencia internacional de Salzburgo, celebrada este mes de junio, organizada por el Gobierno austríaco, y que, desde luego, tiene algunas recomendaciones que deberían ser tenidas en cuenta. La primera es precisamente establecer un procedimiento de autorización administrativa previa para la instalación y la actividad de estas emisoras de telefonía móvil, en el que se tengan en cuenta algunas cuestiones: sometimiento a información previa con intervención activa de la población residente, análisis de varias alternativas de instalación posibles, protección de la salud y del bienestar, toma en consideración del aspecto visual, local y paisajístico, cálculo y medición de los valores de exposición, toma en consideración de las fuentes ya existentes que emiten campos a alta frecuencia, control de la instalación una vez realizada, seguimiento posterior, etcétera. Se recomienda además que en la instalación de emisoras de telefonía móvil, tanto en las ya existentes como en las futuras, se utilicen todas las posibilidades técnicas disponibles, de forma que se garantice a los residentes la mínima exposición posible. En fin, una serie de cuestiones que fueron debatidas por expertos, por importantes personalidades en la materia y que deberían tomarse en consideración. La propia recomendación del Consejo 1999/519 insta a proteger la salud de los ciudadanos frente a la exposición a campos electromagnéticos. Quiero decir, sin ánimo de nada, que nos parece importante esta recomendación, aunque la creemos insuficiente para resolver adecuadamente este problema. Además, sobre este asunto de las ondas electromagnéticas, y en concreto las producidas por la telefonía móvil, la afirmación de que no ofrecen garantías de inocuidad se refleja en las precauciones que distintas empresas empiezan a tomar. Es curioso que compañías de seguros no cubran los riesgos derivados de la exposición a radiaciones electromagnéticas o incluso compañías que venden teléfonos móviles ya adviertan sobre los riesgos de uso para adolescentes y niños; evidentemente, eso será por algo.
Ante esta alerta, ante los sucesivos avisos, el Gobierno, cuando menos, debería adoptar ese famoso principio de precaución; es decir, adoptar medidas preventivas para impedir el daño, aunque éste sea hipotético; impedir el daño antes de que se produzca, un principio constitucional y contemplado en la norma comunitaria, pero, sobre todo, un principio de sentido común. Se trata, por tanto, de que el Gobierno dé una respuestarápida y eficaz, de que fije una norma legal mínima y

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básica que, además -nosotros estamos seguros-, no afectará al desarrollo tecnológico o al beneficio empresarial, simplemente racionalizará lo que hoy es irracional; de que el Gobierno actúe, sin perjuicio de las competencias de comunidades autónomas o ayuntamientos, pero que no escurra su responsabilidad. Además, nosotros creemos que esta normativa -sé que probablemente se nos hará poco caso- debería establecerse después de informes elaborados por técnicos independientes de reconocido prestigio.
Por entrar en el contenido concreto de las enmiendas que presentamos a esta proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria, debo decir que pretendemos complementar el texto original y acotar algunas cuestiones. En primer lugar, proponemos que la norma a dictar por el Gobierno no se demore sine die sino que su elaboración se limite a un plazo máximo de un año, plazo que creemos más que suficiente; en segundo lugar, desde nuestro punto de vista creemos que esa norma como mínimo debe contemplar dos cuestiones: la necesidad de fijar las distancias de los núcleos habitados a que pueden instalarse las torretas de telefonía móvil, distancia que garantice la ausencia de los posibles riesgos para la salud, y que se compartan las infraestructuras por las distintas empresas, algo técnicamente factible y que desde luego evitaría la proliferación innecesaria y agresiva para el medio, como hoy sucede.
Concluyo, señora presidenta, insistiendo en que el Gobierno no debe permanecer impasible como hasta hoy, debe mojarse regulando mínimamente la implantación de estas nuevas formas de comunicación, desde la perspectiva de que ni el desarrollo de las nuevas tecnologías ni el beneficio de las empresas pueda hacerse pasando por encima de los derechos de los ciudadanos, porque los gobiernos están justamente para garantizarlos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cualquier avance tecnológico, desde la alimentación a las telecomunicaciones, viene siempre indudablemente acompañado de dudas, de incertidumbres y de algunas dosis de preocupación sobre los efectos que estos avances pueden tener sobre la salud. El tema que hoy nos ocupa no es una excepción en España, en la Unión Europea ni en el resto del mundo. No hay límites físicos ni fronteras y mucho menos obstáculos competenciales para la protección de la salud, y eso exige de los poderes públicos, de las administraciones, una respuesta responsable, conjunta y coordinada ante estas cuestiones. Ésta es la orientación que entendemos subyace en la presentación de la proposición no de ley de Coalición Canaria y es también la orientación que juzgamos adecuada para los problemas de salud pública en un Estado profundamente descentralizado, como es el nuestro, y por ello hemos presentado una enmienda; una enmienda ante una nueva aproximación al debate esta tarde aquí porque han sido ya múltiples las ocasiones en que ambas cámaras, la última vez hace tan sólo una semana en el Senado, han encarado este asunto, la proliferación de antenas, de soportes de comunicación, y se ha debatido profusamente, como ya se ha dicho aquí, sobre servidumbres radioeléctricas, sobre impactos medioambientales, sobre impactos paisajísticos, sobre regulación de la ubicación física de esas antenas, la afectación del patrimonio, sobre múltiples consideraciones socioeconómicas y también sobre salud pública. Como suele ocurrir en ocasiones, plantear debates parciales desde enfoques múltiples solapados y a veces contradictorios, no sólo no contribuye a clarificar y mucho menos a transmitir tranquilidad, sino todo lo contrario, contribuyen a la desorientación, señorías.
Por eso, hoy podemos y debemos aprovechar la oportunidad de este debate para aportar algo positivo en esta dirección.


Mi grupo ha pretendido aprovechar el objetivo de la proposición no de ley de promover una normativa que evite los riesgos sobre la salud para centrar sobre esta parte de la cuestión el debate esta tarde aquí, y creo que es con carácter previo muy importante para nosotros explicar que no hay evidencia alguna en estos momentos de que la utilización de ondas de radiofrecuencia, es decir aquella parte del espectro electromagnético que se usa en telecomunicaciones, tenga efectos negativos en salud. Ya se ha dicho que se trata de radiaciones no ionizantes, que no tienen energía suficiente para destruir el ADN o para alterarlo, tampoco para alterar los complejos enzimáticos y tampoco para formar sustancias extrañas en los organismos. Es importante trasladar este mensaje a la población, es decir que no inducen procesos mutagénicos ni procesos cancerígenos; su único efecto reconocido es el efecto térmico, por disipación de la energía que puede tener alguna repercusión. Precisamente para evitarla se fijan límites a la irradiación con un generoso margen de precaución para que no traspase esos umbrales de protección. A estos efectos, señorías, es mucho más relevante la potencia de emisión de los teléfonos móviles -de 0,6 a dos vatios- y su efecto local sobre el organismo humano que la producida por las estaciones base repetidoras de la señal radioeléctrica, que se sitúa en nuestro país en su inmensa mayoría entre los 25 y los 30 vatios de potencia. Todos los estudios sobre esta cuestión avalan estas conclusiones y son numerosísimos, créanme SS.SS., los que se vienen realizando dentro y fuera de nuestras fronteras. El último, de hace tan sólo unas semanas y elaborado por la Junta de Castilla y León, hapresentado unas consideraciones sobre los efectos bio-

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lógicos de estos campos electromagnéticos y abunda en esas conclusiones. Por tanto, entendemos que es importante utilizar estos debates para tranquilizar a la población, justamente para no derivar unas señales hacia esa población que sean realmente contraproducentes.


Respecto a los ámbitos competenciales, entendemos que es absolutamente incuestionable que las administraciones territoriales tienen potestades en estos momentos para imponer condiciones en la implantación de infraestructuras de telefonía móvil. Existe un marco legal; pero ocurre que es un marco legal repartido y distribuido como corresponde al ámbito competencial constitucionalmente reconocido, excepto en el ámbito de las servidumbres radioeléctricas y de la prevención de riesgos para la salud, que atiende a la recomendación 519 del Consejo, de 1999, en cuya elaboración, no lo olviden SS.SS., participó activamente el Ministerio de Sanidad y Consumo de nuestro país, que es quien establece esos valores límites de densidad de potencia. Por tanto, entendemos que es importante destacar que la experiencia nacional y de otros países es que en los lugares donde transitan, donde permanecen o donde viven personas las densidades de potencia recibidas, según todas estas recomendaciones, están muy por debajo de los límites permitidos. Además, las estaciones base, las estaciones de antenas de telefonía móvil, realizan emisiones conforme a una norma técnica aprobada por el Instituto Europeo de normas de telecomunicación y con unas características de radiación autorizadas.
También conforme a la normativa vigente en nuestro país, la instalación de cualquier estación radioeléctrica tiene que ser previamente inspeccionada por las unidades de comprobación técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. De todo este esquema competencial nosotros derivamos una conclusión que incorporamos a nuestra enmienda y es que todo lo que se haga ha de realizarse en coordinación con las administraciones competentes. Entendemos además, y de ahí la existencia de una transaccional, que es posible atender también a la participación de las corporaciones locales y de los agentes implicados.
Señorías, como conclusión y mensaje a los ciudadanos, hay que decir que las potencias de emisión de las antenas de telefonía móvil están muy por debajo de las recomendaciones europeas sobre esta materia, pero somos conscientes de esa sensibilidad social y política que trae esta iniciativa a esta Cámara y de que la exposición pública a los campos electromagnéticos sigue generando dudas e informaciones controvertidas. A eso tenemos que atender y a ello responde también la enmienda de mi grupo. El Gobierno ya está actuando en esta materia. La orden ministerial de 9 de marzo de 2000, por la que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley general de telecomunicaciones, ya regulaba el uso del dominio público radioeléctrico, y en su elaboración se incluyeron aspectos relativos al procedimiento de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables.
Sin embargo, dicho planteamiento, dicha inclusión fue cuestionada por el Consejo de Estado que declaró que la habilitación mediante orden para desarrollar ese reglamento tan sólo abarcaba aspectos de gestión del dominio público radioeléctrico y que el resto de materias como la que nos ocupa, la salud pública, debía ser objeto de una regulación de rango superior.El Gobierno ya ha anunciado por escrito y en debate sobre esta cuestión que dichos aspectos serán objeto del proyecto de real decreto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología dictará en breve para complementar la orden ministerial citada. A eso nosotros añadimos que ha de hacerlo en coordinación con las comunidades autónomas y también entendemos, por qué no, que esa normativa debe ser examinada por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Si estamos hablando de afectación de la salud pública en nuestro país, es evidente que el órgano competente e interesado fundamentalmente en la materia también debe tener derecho a conocer esta regulación con anterioridad a su publicación. Por tanto, señora presidenta, si el acuerdo que hoy puede establecer esta Cámara contribuye a acelerar esa norma y a trasladar a la opinión pública la impresión y la certeza de que para todos nosotros la salud de los ciudadanos está por encima de cualquier otra consideración, entiendo que SS.SS. y todos nosotros habremos estado a la altura. Al Grupo Parlamentario Popular es desde luego lo único que le preocupa; a ello atendía nuestra enmienda inicial y a ello atiende nuestra participación en esta enmienda transaccional que circula entre SS.SS.
y que juzgamos contempla el fin que persigue el debate de esta tarde.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que no es necesario incidir en la importancia que tiene la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ya que se trata de algo que puede afectar y que de hecho en algunos temas afecta directamente a la salud de los ciudadanos. Teniendo en cuenta la sensibilidad y la preocupación que nos debe mover a todos los parlamentarios, no solamente es necesario su debate en esta Cámara, sino que tenemos que ser capaces de aprobar algún tipo de medida que obligue a que el Gobierno pueda plantear las modificaciones legislativas reglamentarias y demás disposiciones que sean necesarias para preservar la salud de nuestros ciudadanos. Por eso mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,

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la primera de las cuales tiene que ver con lo que estaba diciendo. Señorías, hay aprobada una directiva de la Unión Europea -no estamos hablando solamente de las recomendaciones del Parlamento Europeo-, la 1999/5, de 9 de marzo, cuyo plazo para su trasposición a la normativa de todos los Estados miembros acabó el día 7 de abril del año 2000. En ella la Unión Europea insta y obliga precisamente a los Estados miembros a trasponerla, ya que reconoce que afecta a la protección de la salud humana y a la seguridad de los ciudadanos y usuarios de equipos radioeléctricos y terminales de telecomunicación, que generan ondas electromagnéticas de frecuencias comprendidas entre los 9 kilohercios y los 3.000 gigahercios.
Señorías, hay que reconocer desde todos los ámbitos el interés creciente que hay por todos estos temas, además de que todas las tecnologías, y fundamentalmente las de este tipo han enriquecido y hecho mucho más fácil la vida de toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, el incremento que ha habido de todos estos tipos de aparatos hace necesario que se empiecen a tomar medidas para cuidar la salud de nuestros ciudadanos. Es verdad que no todos los estudios que se han llevado a cabo sobre el impacto en la salud son concluyentes; no lo son para decir que no perjudican ni para decir que sí. Señorías, precisamente una de las cosas que la Unión Europea siempre plantea en este tipo de cuestiones es el principio de precaución. El principio de precaución quiere decir que como todos estos trámites son siempre tan largos (la ciencia no es algo que pueda decir investiga hoy y tienes el resultado mañana, sino que necesita años de investigación y en temas de impacto en la salud, sobre todo en nuevas tecnologías, necesita mucho tiempo para investigar, porque no se producen los impactos en espacios de tiempo cortos o breves) tenemos la obligación ética y moral, señorías, de legislar pensando en el principio de precaución.
Ya hay estudios concluyentes, uno de ellos está reconocido por el comité científico de la Comisión Europea, y en él reconoce los efectos térmicos agudos producidos sobre los tejidos humanos por el uso prolongado de teléfonos celulares. Hay otros estudios más amplios, que afectan a otro tipo de situaciones, que todavía no están reconocidos. La verdad es que la preocupación en todos los organismos internacionales es muy alta por este tipo de situaciones y por los riesgos que conlleva para la salud, que probablemente después sean riesgos irreversibles en las personas que se puedan ver afectadas.
Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud lanzó en 1996 un proyecto internacional de al menos cinco años de duración, y que terminará el año que viene. Lo ha hecho con esos cinco años para que se puedan evaluar determinados efectos sanitarios e incluso ambientales de la exposición a los campos electromagnéticos. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) La directiva que nuestro grupo parlamentario cree que se debe trasponer en el plazo de seis meses, y con este motivo se ha presentado nuestra enmienda, es incluso en algunos apartados menos rigurosa de lo que ya están haciendo algunos países de nuestro entorno. En países miembros como Alemania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Italia y Suecia se han fijado límites de radiofrecuencia y de exposición para aparatos repetidores de televisión y repetidores celulares por encima de lo que marca la directiva europea. Nosotros pensamos que es necesaria la introducción de esta normativa en nuestra legislación y que se haga de la manera más rápidamente posible, porque creemos que es necesario intentar empezar a preservar la salud de nuestros ciudadanos. Es más, señorías, es tanta la preocupación que la Unión Europea no se quedó conforme solamente con la directiva europea que había aprobado, sino que en el mes de julio de 1999 aprobó unas recomendaciones que en sus puntos 15 y 16 de las consideraciones dicen lo siguiente: De acuerdo con el Tratado, los Estados miembros pueden establecer un nivel de protección más elevado que el reflejado en las presentes recomendaciones. Es más, señorías, la Unión Europea, como sabe de la preocupación en todos los Estados miembros, deja que estos Estados sean los que impongan los niveles de protección que crean suficientes y necesarios para su ciudadanía, y desde luego mi grupo parlamentario cree que debemos de ir a los más altos.
En la consideración 16, la Unión Europea nos decía: Las medidas arbitradas por los Estados miembros en este ámbito, ya sean obligatorias o no obligatorias, y la forma en que hayan tenido en cuenta la presente recomendación, deberán ser objeto de informes tanto en el ámbito nacional como comunitario. Por eso, señorías, nuestra segunda enmienda a la proposición no de ley plantea que se cumpla ese apartado de las recomendaciones del Consejo (concretamente la 519), y se dé cuenta a esta Cámara de las medidas que se han adoptado por el Gobierno en cumplimiento tanto de las recomendaciones como de la directiva.
Señorías, en definitiva estamos hablando de preservar, sin alarmar, la salud de la ciudadanía del Estado español. Desde luego podemos encontrarnos con obstáculos competenciales en momentos determinados, sobre todo cuando las competencias de las comunidades autónomas están ya transferidas y además el Gobierno tarda bastante tiempo y deja pasar el plazo de trasposición de la directiva para poder tener una legislación básica, que sabemos puede ser compleja. En este caso, señorías, leyendo la directiva, más que ser compleja por las competencias con las comunidades autónomas, puede que lo sea precisamente con los intereses que puedan tener en el mercado distintas compañías que puedan prestar servicios o vender este tipo de aparatos. Por tanto, señorías, creemos que es necesario que esos obstáculos competenciales se salven, que se pueda trasponer la directiva, que nos pongamos a la altura de

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los países más avanzados de la Unión Europea en esta materia y protejamos la salud de nuestros ciudadanos, con independencia de que los informes de los científicos nos digan que se pueden producir o no lesiones que después son irreversibles a la hora de tenerlas que curar.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, se ha dicho aquí, al hablar del tema que nos ocupa hoy, que el objetivo fundamental de este debate es proporcionar a los ciudadanos una respuesta responsable; respuesta que tiene que estar fundamentada en el rigor científico y sobre todo en el rigor político, y huir de los alarmismos innecesarios, pero yo también diría de la simplificación a veces engañosa. Esta respuesta responsable debe producirse en un tema que ha evolucionado de forma trepidante y muy rápida en los últimos tiempos. Pero, también podríamos decir que ya iba siendo hora de proporcionar respuesta a una inquietud de los ciudadanos que ven cómo avances tecnológicos que les proporcionan mejoras en la calidad de vida también conllevan riesgos y problemas. Una sensación de desprotección y de indefensión que hemos visto manifestada ante las administraciones que les son más próximas, especialmente ante los ayuntamientos que son los que tienen que abordar el problema en el ámbito de sus competencias, y también la hemos visto reflejada en el informe del Defensor del Pueblo del año 1999. Estas quejas, estas manifestaciones de preocupación son producto de la falta de información y también de la falta de normativas adecuadas que establezcan medidas preventivas. Si con esta iniciativa conseguimos hoy dar un impulso para subsanar lo que ha sido calificado también por otros portavoces de vacío legal, podremos darnos por satisfechos. Hasta la fecha han sido distintas las instituciones y los organismos nacionales e internacionales los que se han ocupado de estudiar y de investigar los efectos provocados por la exposición a los campos electromagnéticos y han establecido ya algunas conclusiones interesantes. Yo no me atrevería a afirmar aquí desde esta tribuna que no hay evidencia de riesgos, puesto que es la comunidad científica quien debe certificarlo, pero en cualquier caso sí estamos en condiciones de decir que existe consenso científico y suficientes datos para descartar cualquier efecto ionizante, y por tanto cualquier modificación de la estructura de la materia derivada de las frecuencias empleadas en los sistemas de comunicación de telefonía móvil y en los sistemas de radiocomunicación en general. En cambio -como se ha dicho aquí-, sí se han observado posibles efectos térmicos, más o menos potencialmente perjudiciales en función de la intensidad de exposición. Esto es lo que debe limitar o debe regular la normativa que distintas administraciones puedan acabar articulando para la protección de la salud pública de los ciudadanos.
Sólo citaré aquí que el Comité Europeo de normalización electrónica ha creado un subcomité para el estudio de campos electromagnéticos en el entorno humano, que sigue investigando porque parece ser que hay que seguir haciéndolo. Por otra parte, la Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes, bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, sigue proporcionando información a la Comisión Europea para realizar un seguimiento y poder establecer nuevas normativas respecto al tema. Se trata de grupos de expertos independientes que analizan datos y resultados, la información científica disponible, y determinan los niveles de seguridad. Al fin y al cabo, promulgar una normativa debe servir para establecer medidas de precaución y cautela a fin de que las exposiciones sean realmente inocuas. Si los conocimientos científicos nos indican que lo son, debemos aplicar estos conocimientos científicos a través de la normativa adecuada, fijando límites de exposición que no pueden ser superados.
Aquí se ha hablado también de utilizar estos debates para tranquilizar; pero evidentemente también hay que ejercer las responsabilidades de quien las tiene para fijar un marco legal estable. Para tranquilizar a la población, efectivamente podemos citar a la mayoría de mediciones realizadas, y quiero mencionar aquí el estudio más reciente, realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña por encargo del consorcio LocalRed, formado por los ayuntamientos y la Administración catalana, y demuestra que las mediciones que se han realizado en las estaciones base de telefonía móvil fijan unos valores que están muy por debajo de los niveles considerados inocuos; pero esto no impide que sea necesaria la normativa y la regulación. ¿Quién ha regulado hasta la fecha medidas de protección pública ante los efectos de los campos electromagnéticos? Básicamente ha sido el Consejo de la Unión Europea que mediante la promulgación de una recomendación importante y extensa, que contiene muchísima información y muchísimos datos, del pasado julio de 1999, hace una serie de recomendaciones a los Estados miembros. Entendemos que la proposición no de ley que presenta Coalición Canaria tiene intención de aplicar estas recomendaciones en el Estado español.
En estas recomendaciones, el Consejo de la Unión Europea indica que es necesario establecer un marco comunitario, que en el futuro pueden y deben ser normas europeas. Por tanto, una de las enmiendas del Grupo Socialista contempla la necesidad de seguir insistiendo ante la Unión Europea para que continúe dictaminando y pueda establecer normativa común

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para todos los ciudadanos europeos, pues al fin y al cabo también forma parte de sus competencias la protección de la salud pública.
Además, indica que los Estados miembros, en el ejercicio de sus competencias, deben establecer normas detalladas respecto de las fuentes y prácticas que pueden dar lugar a exposiciones a campos magnéticos y sus condiciones de exposición. En nuestro caso sería desplegar la Ley de telecomunicaciones y desarrollar este decreto que, por otra parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene ya preparado, como ha anunciado en respuestas parlamentarias. Por tanto, una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista también insta al Gobierno a promulgar esta normativa en el plazo de tres meses.
Podemos discutir que el plazo sea mayor o menor, pero si el decreto está preparado, si su promulgación es inminente, no deberíamos tener problema en fijar un plazo más o menos corto para disponer de esta norma.
Por otra parte, la recomendación del Consejo de la Unión indica que los Estados y la propia Comisión deben fomentar y promover la investigación sobre la interrelación entre campos electromagnéticos y la salud humana. En este sentido, una parte de las enmiendas del Grupo Socialista insiste en la necesidad de fomentar la investigación pública, libre, ajena a intereses comerciales que puedan tener los operadores, precisamente para cumplir con este objetivo. Por último, la Unión Europea insiste en mantener una actitud de permanente revisión y actualización del cuerpo de conocimientos y de la producción científica, con el objetivo de mantener siempre actualizadas y consensuadas, a nivel internacional, las directrices, recomendaciones y normas que se puedan establecer; incluso fija un plazo de cinco años para realizar una evaluación conjunta de todos los Estados miembros en sus aplicaciones, suponemos que para establecer una norma de mayor rango que la simple recomendación.
En definitiva, señorías, las enmiendas que presenta el Grupo Socialista, por una parte, están en sintonía con lo que nos ha dicho el Gobierno que está haciendo, es decir, preparando un real decreto que va a salir de forma inmediata (por lo tanto, no pedimos nada que no pueda ser aceptado: que se promulgue esta norma en un plazo de tiempo muy corto); por otra parte, proponen también medidas complementarias vinculadas a la necesaria insistencia en la investigación, en el debate público y en compartir en el ámbito de la Unión Europea normativas que puedan ser establecidas conjuntamente, para resolver las dudas e informaciones controvertidas que los diferentes portavoces hemos reconocido aquí que todavía existen. Hay un cuerpo de conocimientos, de decisiones, de conclusiones de los debates que nos permiten establecer un marco legal mínimamente estable para que las administraciones autonómicas y locales, que son las que tienen que acabar dando las autorizaciones, puedan hacerlo con la tranquilidad suficiente de que están respondiendo ante los ciudadanos, de que están protegiendo la salud pública de los ciudadanos. Si, al final -como parece que va a ser posible-, votamos un texto consensuado entre todos los grupos, habremos dado ya un paso bastante importante, que es fijar un plazo y determinar que una normativa que estaba siendo reclamada desde todos los sectores afectados, por fin, podrá ser una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Palma.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que esta proposición no de ley persigue un objetivo que, más allá de los requerimientos de desarrollo reglamentario de la Ley 11/1998, de 25 de abril, general de telecomunicaciones, y de la recomendación 1999/519 del Consejo de Europa, tiene la vocación de dar respuesta a una cuestión que empieza a preocupar, como se ha comentado anteriormente, a amplias capas de nuestra sociedad; aunque, como también se ha dicho, hoy por hoy no hay ninguna evidencia científica de peligros para la salud por el uso de teléfonos móviles.
Tal y como proclama la exposición de motivos de la presente proposición no de ley, a los efectos de garantizar la salud pública ante la proliferación de antenas y teléfonos móviles que emiten ondas radioeléctricas, es necesario proceder a una regulación que establezca el procedimiento de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables y que no suponga un peligro para la salud pública.
En línea con el texto de la moción que sobre esta misma problemática aprobó el Senado la semana pasada por amplia mayoría, nuestro grupo parlamentario apoyará el texto de la proposición no de ley resultante de la enmienda transaccional, consensuada, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, porque entendemos que no sólo es coherente con el texto de la moción del Senado a la que antes me he referido, sino que también es sensible a lo que la sociedad espera de nosotros en estos momentos.
Atendiendo a la distribución de competencias en materia de medio ambiente entre las comunidades autónomas y el Estado, nuestro grupo parlamentario valora muy positivamente la referencia de la enmienda transaccional a que el desarrollo de la futura regulación legal se lleve a cabo en coordinación con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con los sectores implicados como paso previo a su presentación y discusión en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En nuestro caso debe tenerse en cuenta además que el departamento de

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Medio Ambiente de la Generalitat tiene preparado un decreto, que está en fase de información pública, que regulará la ordenación ambiental de instalaciones de radiocomunicación.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor del texto resultante de la enmienda transaccional, con la confianza de que el Gobierno del Partido Popular desarrollará dicha normativa en el plazo de seis meses establecido por la misma autoenmienda, en beneficio de un desarrollo tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones, que al mismo tiempo sea respetuoso con el medio ambiente e inocuo desde el punto de vista de la salud pública.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Rivero para manifestar la aceptación de la enmienda transaccional apoyada por todos los grupos que han enmendado esta proposición.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para manifestar la disposición de Coalición Canaria a un acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la proposición no de ley. Hemos hecho un esfuerzo para encontrar ese punto que haga viable un acuerdo mayoritario, si es posible por unanimidad, de la Cámara ante un asunto que preocupa a la ciudadanía.
La enmienda transaccional pactada entre los distintos proponentes dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el seno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y en coordinación con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los agentes sociales implicados, elabore, en el plazo máximo de seis meses, la regulación relativa a la exposición de los ciudadanos a emisiones radioeléctricas procedentes de sistemas radiantes. Todo ello de acuerdo con los principios que establece la recomendación del Consejo 1999/519 de la Comunidad Europea, de 12 de julio, con el objeto de garantizar la salud pública de los ciudadanos expuestos a los campos electromagnéticos. Dicha regulación deberá ser presentada al pleno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la promoción de la promulgación de la normativa básica sobre protección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas, con la incorporación de la enmienda transaccional en los términos en que se ha derivado del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 275; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POTENCIACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y, ESPECIALMENTE, DELCOMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS (Número de expediente 162/ 000127.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre potenciación del uso de las nuevas tecnologías y, especialmente, del comercio electrónico en las empresas españolas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular en el Parlamento tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la adaptación de España a la sociedad de la información. Saben SS.SS.
que este fenómeno afecta de forma directa o indirecta a todos los sectores y ciudadanos, razón por la cual el Gobierno y el propio Grupo Parlamentario Popular están poniendo en marcha un importante número de iniciativas. Últimamente hemos venido trabajando en políticas que afectan a los derechos de los consumidores, a la adopción de medidas que doten de mayor seguridad al mundo virtual, a los dominios.es, a los derechos de autor, a la protección de menores, al acceso de las escuelas a Internet, a las infraestructuras en materia de telecomunicaciones, a la enseñanza y a mejoras fiscales en la adquisición de equipos informáticos.
Señorías, la iniciativa que hoy debatimos debe permitir a nuestro sector productivo más importante, es decir, a las pequeñas y medianas empresas, seguir avanzando hacia su completa modernización. El desarrollo del comercio electrónico pasa por la adopción de diferentes tipos de medidas y políticas. La inversión en I+D es fundamental, pero no es ni mucho menos suficiente. El firme propósito y compromiso del Gobierno español con el desarrollo de la investigación en nuestro país sólo puede tener éxito si además se articulan otras medidas, algunas de las cuales por cierto ya están en marcha. Por una parte, es necesario crear un marco legislativo apropiado que ponga fin a las dudas que actualmente tienen los consumidores y empresarios acerca de la seguridad de realizar operaciones mercan-

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tiles. En este sentido, nuestro país ya está en la senda adecuada porque, como saben SS.SS., el Parlamento aprobó recientemente una iniciativa del Grupo Popular para acelerar al máximo el proceso de elaboración de la ley de proceso electrónico. Por otro lado, es necesario continuar con la actual política de formación en las escuelas, aprobando nuevos planes universitarios. Las empresas necesitan personas convenientemente preparadas -más adelante daré algunos datos al respecto para la reflexión-, y también es imprescindible llevar a cabo una política de oferta que incida en la modernización y flexibilización de nuestros sectores productivos. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Señorías, España presenta un nivel de desarrollo del comercio electrónico notablemente inferior al de los Estados Unidos y el norte de Europa. Según los últimos datos, la implantación de las grandes empresas es muy superior a las pequeñas, lo que pone de manifiesto la existencia de una importante brecha entre el pequeño y gran comercio, brecha que habrá que ir cerrando con las medidas adecuadas. Hoy día todo el mundo reconoce las ventajas del comercio electrónico: permite abaratar costes en los procesos de compra, producción, comercialización, etcétera, y también facilita el acercamiento a cierto segmento de clientes potenciales que, por motivos de distancia u horarios, hasta ahora no podían ser considerados como tales y que pueden incrementar la cuota de mercado de las empresas más competitivas, mejorando así la competencia y bienestar de los consumidores. Esto, a su vez, redunda en una mayor eficiencia de los mercados y en una posible reducción de la inflación.
Por último -seguramente es el mayor de los beneficios que hoy nos puede ofrecer el comercio electrónico-, las posibilidades de creación y de mejora del empleo son muy grandes, tanto de forma directa como indirecta. No sólo permite crear puestos de trabajos dirigidos a técnicos, informáticos o similares, sino que también va a facilitar el desarrollo de otros mercados laborales como los de la publicidad, la distribución, los medios de comunicación, los recursos humanos, etcétera. Respecto a las mejoras en las condiciones laborales, las posibilidades van desde una mayor rapidez en las comunicaciones a la generalización de trabajo en casa, modalidad que puede significar una notable mejora a los trabajadores con hijos.
No obstante, si las pymes españolas no se incorporan rápidamente al tren del comercio electrónico y de Internet corren el riesgo de no participar plenamente de todos los beneficios antes enumerados. Las razones por las que las pequeñas y medianas empresas están tardando más en incorporarse a Internet son diversas. A menudo, las empresas desconocen las posibilidades que esta nueva modalidad de comercio les ofrece y en algunos sectores está muy extendida la idea de que los cambios tecnológicos no le son aplicables, de que el desarrollo no va con ellos. Es fundamental que desde las diferentes administraciones, en especial desde la central, se les concience de su error y se les reoriente. En otras ocasiones, la propia cultura de la empresa es contraria a la realización de cambios, y estos sólo se producen demasiado tarde. Es frecuente encontrar en los empleados, en la dirección de las compañías, incluso en los propios clientes una resistencia al cambio que sólo puede ser eliminada con una eficaz gestión. Con adecuadas políticas de formación, de recursos humanos y de información estos problemas pueden ser resueltos. También, a menudo, encontramos empresas que, siendo conscientes de las facilidades y beneficios que podrían obtener a través de las telecomunicaciones, no modernizan sus estructuras por falta de personal adecuado.
Dije antes que daría unos datos para la reflexión. Pues bien, señorías, de acuerdo con algunos estudios recientes, sólo en Europa la demanda de expertos en ciencias de la información supera a la oferta en 600.000 personas, cifra que en el 2003 podría incrementarse hasta los dos millones. Por otra parte, un tercio de las empresas europeas cita la falta de personal preparado como uno de los mayores obstáculos para poner en funcionamiento actividades de comercio electrónico. Es fundamental, por tanto, que el Gobierno continúe impulsando la formación de los más jóvenes, la formación continua de los que ya están trabajando, incluso su reciclaje, y poniendo en marcha políticas que eliminen las actuales dificultades que presenta la movilidad geográfica de personal laboral.
Otro de los problemas que suelen encontrar las pymes españolas es la falta de recursos financieros a un coste razonable. La pasada legislatura se llevó a cabo un importante avance en materia de capital-riesgo. Se aprobó un nuevo texto legislativo y se pusieron en marcha diferentes fuentes de financiación destinadas a esta modalidad. Es necesario, por consiguiente, continuar en esta línea y dar a conocer a las empresas las posibilidades que tiene este sistema que está siendo la base y el desarrollo de las empresas americanas vinculadas a la nueva economía. Tampoco es extraño conocer firmas que están intentando dar el salto a la nueva economía, pero que han elegido una estrategia incorrecta. No es suficiente realizar grandes inversiones en equipos, crear una página web o destinar importantes sumas de dinero a la publicidad. Todo esto no sirve si no existen unos objetivos claros ni una actividad productiva eficaz que permita fidelizar a los clientes y actuar con la flexibilidad y rapidez que esta nueva modalidad exige. Desde la Administración es necesario concienciar a nuestros empresarios de que el comercio electrónico no es una moda pasajera sino que es una herramienta que, de gestionarse incorrectamente, puede suponer un riesgo importantísimo para la supervivencia de las empresas. El éxito que diversos programas puestos en marcha la pasada legislatura han tenido en otras áreas

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económicas, hace que nos parezca necesario y positivo seguir con este tipo de medidas en las que la Administración trabaja, codo con codo, con las empresas, ayudándolas a diseñar sus estrategias.
Por último, quiero decir que el propio desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país ha sido tradicionalmente un elemento negativo para la generalización del uso de Internet, no sólo en nuestras empresas sino también en los ciudadanos. La política que en estos momentos se está llevando a cabo desde los ministerios de Ciencia y Tecnología y Economía, supone una verdadera revolución. Por primera vez las empresas y usuarios españoles de Internet pueden acceder a la tarifa plana y se ha puesto fin al monopolio del bucle local. Además, la próxima entrada en funcionamiento de la tercera generación de móviles, la tecnología UMTS, es una garantía de que en el futuro las compañías españolas van a tener a su alcance, antes que sus homologas europeas, la tecnología más avanzada y a unos precios competitivos.
Señorías, para aprovechar al cien por cien estas medidas es necesario poner en marcha políticas que den a conocer a las empresas las oportunidades que todos estos cambios les van a ofrecer. En resumen, el comercio electrónico es hoy día una oportunidad que nuestras pequeñas y medianas empresas no deben dejar escapar. Como en cualquier otra área del mundo de la economía, el éxito no es fácil y la competencia es cada día mayor; sin embargo, las compañías no pueden declinar este reto. Con la ayuda del Gobierno y el compromiso de todos los sectores implicados, lograremos que las pequeñas y medianas empresas continúen siendo las principales productoras de riqueza del país y que el comercio electrónico sea una de las fuentes que empujen en esa dirección.
Por todas estas razones, señorías, señora presidenta, hemos presentado desde el Grupo Popular esta proposición no de ley que esperamos merezca la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Las nuevas tecnologías de la información han producido cambios notorios no solamente en la información sino también en la relación entre empresas, trabajadores y sindicatos, y han aparecido nuevos problemas a partir del inmenso poder que tiene la comunicación y su producción. Este inmenso poder, muchas veces no controlado, genera peligros que de forma objetiva, y a veces subjetiva porque hay la voluntad de que existan, limitan el poder democrático político y dan mucho más poder a los propietarios de los medios de producción, a los propietarios de las cadenas de servicio, etcétera, limitando el poder democrático a los trabajadores del sector; el poder democrático quiere decir la relación con la sociedad en lo que consideren pertinente, la relación con los sindicatos en lo que también consideren pertinente, y el derecho a la información y a la relación más exhaustiva entre los sindicatos y los trabajadores de una empresa. Hay un conflicto con los sindicatos y con la libertad de los trabajadores si éstos no pueden ejercer sus derechos y si los sindicatos no tienen una fácil comunicación con los trabajadores para poderles comunicar en tiempo real las decisiones que se vayan tomando, o adoptar una posición sobre la política concreta que se puede presentar en tal o cual empresa en un momento de regulación de plantilla, de regulación de la producción, etcétera.
Por todo ello, nosotros presentamos una enmienda que es de adición, por la cual se crea un nuevo apartado segundo, con lo que el texto de la proposición pasaría a ser el apartado primero. El citado apartado segundo diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para considerar el correo electrónico e Internet como instrumentos de comunicación e información de los trabajadores y de los sindicatos en el seno de la empresa, incluyendo el derecho al uso de estos soportes telemáticos en la labor informativa sindical en el propio Estatuto de los Trabajadores, en el que se incluyen, entre otras, las siguientes cuestiones: el derecho de cada trabajador a un buzón personal de correo electrónico en la empresa; el derecho de los sindicatos a comunicarse con los trabajadores a través de un buzón sindical de libre acceso en las empresas; el libre acceso de los representantes sindicales al correo electrónico e Internet en la empresa para el desarrollo de su actividad sindical; el libre acceso de los trabajadores al correo electrónico y a las páginas de Internet sindicales para obtener información laboral en la empresa; y que las empresas respeten, por último, la inviolabilidad de las comunicaciones, también a través de Internet. Con esta enmienda se ampliaría el derecho sindical y de los trabajadores y el acceso a determinados medios de comunicación en tiempo real se democratizaría, en la medida en que participaran todos los agentes que deben ser producto en este caso concreto de esta iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario comparte el sentido de la proposición no de ley presentada hoy, así como la necesidad de dar un impulso al comercio elec-

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trónico, a las nuevas tecnologías, en el sentido de ayudar a las empresas a incorporarse a lo que venimos llamando entre todos la nueva economía.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, que coincide plenamente con los objetivos de la proposición no de ley, grupo que ha impulsado en esta Cámara la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología y que siempre ha tenido una posición de vanguardia en todos estos temas, quiere hoy con esta enmienda poner de relieve un aspecto social que consideramos de primer orden. Las nuevas tecnologías -Internet, el comercio electrónico- no pueden ser una fuente de distanciamiento para aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad sensorial. Para nosotros las nuevas tecnologías serán, seguro, un instrumento que permitirá mayores facilidades para aquellos colectivos que sufren algún tipo de discapacidad. Debe ser así. Las nuevas tecnologías ofrecen mayores medios, mayores posibilidades, y deben ayudar sobre todo a aquellos colectivos a los que, en condiciones normales, les es más difícil la vida cotidiana porque sufren algún tipo de discapacidad sensorial. Personas ciegas o personas con dificultades de audición. Las nuevas tecnologías deben poder ser un instrumento de ayuda. El comercio electrónico, que es uno de los ejes básicos de la proposición no de ley defendida hoy por el diputado Javier Gómez Darmendrail, puede facilitar, mucho más que las vías normales, acceder a productos por parte de esas personas.
Nuestra enmienda quiere hacer hincapié en este aspecto, en la necesidad de que -y vamos a dar un mensaje al Gobierno, pero también a las empresas- cuando digamos a las empresas que les vamos a ayudar en el comercio electrónico, les digamos en paralelo: Tengan en cuenta las especiales necesidades y las especiales adaptaciones que en este ámbito debemos hacer entre todos para ayudar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad sensorial. Cuando diseñamos un nuevo portal de las administraciones públicas, cuando diseñamos una página web, necesitamos imaginarnos de qué forma una persona que es ciega puede utilizar esa página, puede utilizar ese portal o puede utilizar ese nuevo instrumento del comercio electrónico. Por tanto, coincidimos con la proposición no de ley, coincidimos con la necesidad -ya lo debatimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología- de que se acelere en España el proyecto de ley de comercio electrónico, pero no queremos que en ese proceso se descuide esa sensibilidad social necesaria y se descuide al colectivo de las personas que sufren algún tipo de discapacidad sensorial. Este es, señora presidenta, señorías, el sentido de nuestra enmienda de adición al texto del grupo proponente, que esperamos que pueda ser aceptada.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Jané.
Turno de fijación de posición de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de esta iniciativa y le diré las razones también comparativas en el archipiélago canario. Vamos a votarla favorablemente en la línea que ha expuesto el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Gómez Darmendrail. Asimismo prestaremos nuestro apoyo a iniciativas como la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para que las personas con minusvalías sensoriales puedan beneficiarse de la red.
Hace apenas veinticuatro horas, la Dirección general de Telefónica de Investigación más Desarrollo ha presentado en Canarias el primer estudio informe de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas. Para Canarias esto tiene que significar un aldabonazo, porque no nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas, sino muy en la cola del uso que están haciendo las pequeñas y medianas empresas. En Canarias se produce el fenómeno de que las grandes empresas que están en la cadena de los tour-operadores turísticos sí están a la cabeza, no sólo en Canarias y a nivel del Estado español, sino de Europa, en el uso de nuevas tecnologías. Si esto es así, es necesario que en estas pequeñas empresas, como se deduce de este estudio que a lo largo del día de hoy he tenido ocasión de consultar, las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de las pymes, sean el motor de cambio. Esperamos que en los próximos años, tres, cuatro o cinco, estén por delante incluso de la innovación tecnológica de la Administración. A veces, la rigidez de los concursos para adquirir tecnología en las administraciones públicas hace que no estén en el último instrumental tecnológico para la informática en todos los amplios aspectos que tiene la telemática.
Se dice también en este estudio que la innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas puede ser, en los próximos cuatro años en España, de un 10 por ciento acumulado de inversión en nuevas tecnologías. Esta línea de la iniciativa del Grupo Popular la suscribimos plenamente, porque entendemos que con una acción sinérgica entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas se da una respuesta adecuada, con las ayudas de todo tipo que sean necesarias, ya sean de tipo fiscal, de tipo formativo, de tipo tecnológico, para que todo ese entramado de las pequeñas y medianas empresas, cuando aprobemos la ley del comercio electrónico, se pueda incorporar plenamente, porque es el gran tejido empresarial de España. No olvidemos que esta tecnología, unidad por unidad de ordenador, va a encontrar un importante mercado de consumo.
Asimismo debemos ser capaces de responder al reto fundamental -y lo ha apuntado el

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señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, es la formación profesional de los que tienen que manejar estas nuevas tecnologías.
Porque no se trata solamente de que el empresario tome una decisión de utilizar nuevas tecnologías en el comercio electrónico, en la gestión de su empresa, sino de que tenga el personal cualificado preparado para ello. Y aquí o se mueve la Administración central y las comunidades autónomas que tienen encomendadas la formación profesional o podemos encontrarnos con el fenómeno que ya, en alerta, se está dando, por ejemplo, en Alemania, que está ocupando uno de los primeros lugares de cabecera en el uso de innovación tecnológica en el comercio electrónico y en las pequeñas y medianas empresas y se encuentra con el tremendo déficit y carencia de las personas que tienen que utilizar estas tecnologías. Hasta tal punto que han tenido que adoptar una serie de decisiones, controvertidas en cierta medida -y ya que vamos a hablar pronto de la Ley de extranjería-, en el sentido de dar permisos y autorizaciones de entrada a extranjeros en la República Federal Alemana, la mayoría procedentes de la India, porque tienen una formación profesional muy cualificada en el manejo de las nuevas tecnologías, que los permisos de residencia de inmigrantes estén condicionados a una formación profesional en el campo de las nuevas tecnologías.
Vamos por tanto a incluir estas circunstancias de previsión en España para que se muevan todos los mecanismos pertinentes para resolver este problema, que es, dicho con palabras sencillas, el futuro inmediato de toda la tecnología, de la revolución tecnológica, dentro del área del comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas, que es necesario. Desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria queremos poner de relieve esta sensibilidad y su importancia y de aquí que vayamos a votar favorablemente la iniciativa de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Gómez, voy a fijar la posición de mi grupo. Como usted sabe, no hemos presentado enmiendas a esta iniciativa, cuyo objetivo no es otro que potenciar el uso de las nuevas tecnologías, especialmente, como usted insistía, en el campo del comercio electrónico en las empresas españolas. El representante de CIU, señor Jané, insistía en los discapacitados. El señor Frutos insistía en utilizarlo para las labores sindicales. En definitiva, son iniciativas que permiten potenciar el uso de las nuevas tecnologías y que, como también decía antes algún otro representante, venimos debatiendo en la pasada legislatura y en ésta, en aras a incorporar en igualdad a todos los ciudadanos españoles a esa sociedad de la información de la que queremos obtener tantas ventajas como obtienen el resto de los europeos y de los americanos.
Comienzo diciéndole que mi grupo va a apoyar esta iniciativa porque potenciará el uso de las nuevas tecnologías especialmente por parte de las pymes, a las que entiendo que va fundamentalmente dirigida, haciéndolas más competitivas en un mercado cada vez más globalizado, en el que tanto los procesos productivos -como usted decía- como la gestión de las empresas están cambiando por el continuo desarrollo de la sociedad de la información y por el uso del comercio electrónico.
Nuestro apoyo no es nuevo, lo venimos reclamando desde mi grupo sistemáticamente con nuestras propias iniciativas en este sentido; la última, la presentamos la semana pasada en el debate de presupuestos y hemos apoyado también iniciativas de otros grupos. Hoy es el Grupo Popular el que trae esta proposición no de ley a debate y cuenta con nuestro apoyo y con nuestro voto.
Permítame, no obstante, señor Gómez, que le haga una pregunta sobre el momento de la presentación de esta iniciativa. ¿Tiene sentido que nos la presenten ustedes ahora, una semana después del debate presupuestario, en el que hemos abordado los recursos económicos y financieros que proponemos para 2001 para incentivar y desarrollar la sociedad de la información? ¿Tiene sentido, además, que lo hagamos unas semanas antes de que el Gobierno nos presente el proyecto de ley de comercio electrónico, que ya podemos encontrar en la página web del Ministerio y de otros sectores? Sin duda, esta es una iniciativa cuyo objetivo compartimos; compartimos su idea fundamental de remover cualquier obstáculo al desarrollo de la sociedad de la información y sus ventajas queremos que lleguen a todos los ciudadanos. Es vital, es muy importante. De todos modos, los problemas con los que se encuentran realmente las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, que son casi el 91 por ciento del empresariado español, tienen que ser resueltos no con medidas virtuales como ésta, sino con medidas reales, apoyando más recursos en los presupuestos y trayendo -¡cómo no!- el desarrollo normativo, el marco legislativo adecuado en el que se desenvuelva ese comercio electrónico. Los problemas a los que se enfrentan, si me lo permite, las pequeñas y medianas empresas españolas son de dos tipos, como decía usted antes. En primer lugar, los derivados de la falta de recursos económicos y humanos. Hablamos de formación, de asesoramiento y de financiación, pero insisto en que la mejor vía de destinar recursos económicos y humanos, asesoramiento y financiación, es la de los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes, hace sólo una semana, no aceptaron ninguna de las enmiendas -no hablo ya de las del Grupo Socialista- encaminadas a que se aumentaran

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esos recursos destinados a las pequeñas y medianas empresas en el marco de la iniciativa Info XXI, precisamente el marco en el que se sitúan las actuaciones que recoge la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En segundo lugar, lo decía también usted, señor Gómez, hay otro conjunto de problemas derivados de la falta de regulación de muchos de los aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y más concretamente del comercio electrónico. Necesitamos competir en un mercado global, pero nuestras empresas quieren hacerlo con todas las garantías para los prestadores de los servicios y para los consumidores. Como es fundamental que garanticemos la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores, tenemos que ofrecerles el marco legislativo adecuado.
Y ese no es otro que la futura ley de comercio electrónico, que ha de estar adecuada -ya lo está, lo hemos visto en el anteproyecto- a la directiva europea que se aprobó el pasado 8 de junio. Sólo así tendrán nuestras empresas y los consumidores españoles todas las garantías de que pueden competir en un espacio sin fronteras en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. Respecto a ese anteproyecto de ley de comercio, del que ya disponemos y, según información del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo tienen para su análisis los sectores y las partes interesadas, le diré que ayer mismo algunos de esos sectores, como la Asociación de empresas de comercio electrónico y las cámaras de comercio, ya criticaban de alguna manera este anteproyecto por considerar que imponía cargas excesivas -consideraban ellos- especialmente a las pequeñas y medianas empresas, lo cual podría suponer una serie de trabas para el desarrollo del comercio electrónico. Por eso, no entendemos por qué el Grupo Parlamentario Popular no ha esperado para producir un debate real, que no virtual, sobre el proyecto de ley de comercio, que el Gobierno quiere, según declaraciones del director general de sociedad de la información, finalizar antes del verano.
Señorías, compartiendo el contenido de su iniciativa, tengo que decirles que hubiera sido más operativo dedicarnos a abordar realmente soluciones económicas en los presupuestos, soluciones reguladoras en el marco de desarrollo normativo. Este apoyo es un apoyo incondicional al desarrollo de la sociedad de la información, pero, como decían antes los representantes de otros grupos, un desarrollo equilibrado, un desarrollo que no sirva para marginar a determinados colectivos, que no sirva en definitiva para que las empresas utilicen esa financiación, esos apoyos, y no recuerden que la sociedad de la información tiene que ser para beneficio de todos.
La propia directiva europea dice que el desarrollo del comercio electrónico y de la sociedad de la información ofrece sin duda importantes oportunidades para el empleo y va a facilitar la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas a través de la inversión en innovación y por tanto va a incrementar su competitividad.
Y hay una cosa en la que insiste la directiva, siempre y cuando Internet sea accesible para todos. Eso significa que hoy abordamos el tema en las empresas, tendremos que abordarlo en la Administración, en las escuelas y en cada uno de los ámbitos de desarrollo de nuestra sociedad, porque, como le decía antes, señor Gómez, prácticamente el 91 por ciento de las empresas españolas son autónomos, son pequeñas y medianas empresas, y su incorporación a la sociedad de la información, y más concretamente a lo que hoy estamos debatiendo, al comercio electrónico, significa también promoción de un entorno empresarial favorable y que no sólo las empresas, sino también los consumidores, estemos sensibilizados y podamos beneficiarnos de las ventajas que ofrece el comercio electrónico. Porque los datos no son demasiado alentadores, y usted lo decía. Hay que cerrar la brecha que existe entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas.
Hoy las empresas europeas están perdiendo cuota de mercado en Internet frente a las compañías estadounidenses y por supuesto en el caso de España la situación es mucho más grave, porque la cuota de mercado electrónico es solamente un 1,9 por ciento del total de la Unión Europea. Estamos igualados a Portugal y muy por detrás de Italia y del resto de los países europeos. Por tanto, no olviden que desarrollar la sociedad de la información significa apostar con recursos y con desarrollo normativo reglado y equilibrado para todos los ciudadanos.
En ese sentido, nosotros apoyamos esta propuesta. Y queremos dejar constancia en esta sesión de que, si bien es verdad que los datos del Instituto Nacional de Estadística están ratificando esa evolución positiva de las empresas del comercio minorista que están utilizando el comercio electrónico, todavía seguimos muy lejos de los deseos de todos los grupos de esta Cámara de competir en igualdad de condiciones en la sociedad de la información, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el resto de Europa y, cómo no, con Estados Unidos.
Para finalizar diré que sólo el 32 por ciento de las empresas españolas tiene una presencia activa en Internet. Por tanto, si no se aplica a la tarea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si no reparte equilibradamente esos beneficios de la sociedad de la información, difícilmente vamos a poder generar un tejido productivo, un empresariado español moderno, competitivo, en un mercado globalizado, cada vez más duro para competir, cada vez más cualificado. Esa es la meta, ese es el reto al que se enfrenta el Gobierno. Espero que venga pronto a esta Cámara el proyecto de ley de comercio electrónico; entonces tendremos oportunidad de tener una actuación real, porque la de hoy es virtual. No obstante, agradezco el debate a su señoría.
Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
El señor Gómez Darmendrail tiene la palabra, para fijar su posición con relación a las enmiendas.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.
No podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque no nos parece lo más adecuado modificar el Estatuto de los Trabajadores a través de una enmienda a una proposición no de ley.
En cuanto a la enmienda de Convergència i Unió, pensamos que es una propuesta más que razonable, defendida con brillantez por el diputado señor Jané, que enriquece sin duda el texto que presenta el Grupo Popular, y por consiguiente la vamos a aceptar.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre potenciación del uso de las nuevas tecnologías y especialmente del comercio electrónico en las empresas españolas, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 254; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia aprobada la iniciativa de referencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL GRUPO IBERIA ASÍ COMO EL DE LA VENTA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS. (Número de expediente 173/000029.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia así como el de la venta de Aerolíneas Argentinas.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Segura.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
(Pausa.) Adelante, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hace prácticamente un mes el Grupo Parlamentario Socialista, en la correspondiente sesión de control al Gobierno presentó una interpelación urgente con la intencionalidad de conocer de forma directa del Gobierno las razones que justifican el largo proceso de privatización del grupo Iberia. Solicitábamos concretamente información acerca de la oferta pública de venta de las acciones de Iberia, así como de los contenidos de los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas de la compañía Aerolíneas Argentinas, la cual se había celebrado muy pocos días antes. Señorías, a efectos de situarnos y de justificar el contenido de la propuesta de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en desarrollo de aquel debate, conviene hacer un breve recorrido de lo ocurrido hasta estos momentos.
Señorías, la SEPI, como es bien conocido, hizo un diseño genérico de distribución de acciones de la compañía, atribuyendo un 10 por ciento a socios industriales y un paquete de un 30 por ciento para aquellos que se denominaron con posterioridad socios institucionales, con la pretensión de que ambos grupos de socios se vinculasen con un pacto de gobernabilidad de la compañía a fin de que el 40 por ciento resultante operase en beneficio del propio grupo Iberia. Parece ser que perseguían evitar en primer lugar que el socio industrial hiciera valer su pretendido mayor conocimiento del sector de los órganos de gobierno de la compañía y, en segundo lugar, en su caso, que los socios financieros hicieran valer frente al socio industrial su mayor participación en el capital y no correr el riesgo de que se devaluasen las recomendaciones que hiciera el socio industrial. Según se nos ha explicado en alguna que otra comparecencia en Comisión, el 10 por ciento de los socios industriales y el 30 por ciento de los institucionales se han agrupado por un pacto de sindicación a efectos de llevar a cabo una gestión uniforme de la compañía.
Señorías, el 12 de febrero del pasado año se suscribieron los acuerdos con British Airways y con American Airlines, las cuales, mediante una nueva compañía, se hicieron con el 10 por ciento de Iberia, con el establecimiento por parte de la SEPI de un precio máximo de 580.000 millones de pesetas, sujetos a posibles futuros ajustes que procediesen de dos conceptos: uno, el valor final de la OPV de Amadeus y, otro, el valor final de los terrenos de La Muñoza por parte de Iberia. Según parece, también se acordó con British Airways y con American Airlines que en ningún caso el precio pagado por ellas sería mayor que el que se pagase en la oferta pública de venta que en su día se hiciese para el resto de las acciones de Iberia. Señorías, muy pocos días después la SEPI sacó un concurso para la adjudicación de hasta un 30 por ciento del capital de Iberia, con la condición de que el precio mínimo a ofrecer

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sería de 580.000 millones de pesetas. Esto es lo mínimo que podría ofrecer el futuro socio institucional y sería lo máximo que en su caso habría pagado el socio industrial. Ello se hizo, según parece, porque se había estimado que la alianza industrial suponía la aportación de unos 15.000 millones de pesetas a la cuenta de resultados de Iberia, que en consecuencia deberían ser tenidos en cuenta y pagados por el nuevo adquirente, esto es, señorías, la compañía incrementaba su valor como consecuencia de la entrada de los socios industriales y el precio se ajustaría en función del valor final del sistema de reservas Amadeus, de la participación de Amadeus y del resultado final de los valores de los terrenos situados en La Muñoza, en el municipio de Madrid, en las proximidades del aeropuerto de Barajas. Todo ello, señorías, implicaba además un pacto de accionistas que condujese a la creación de un núcleo duro con el compromiso de que no pudiese existir el derecho a veto, aparte de que se fijaba el derecho de cada uno de los accionistas a recomprar las participaciones del resto de los miembros del núcleo duro y la obligación de permanencia mínima de tres años en el capital de la compañía. Señorías, sabido es que Caja Madrid con un 10 por ciento, el BBVA con un 7,3 por ciento, Logista con un 6,7 por ciento, El Corte Inglés con un 3 por ciento y Ahorro Corporación con un 3 por ciento configuraron el 30 por ciento, habiendo asesorado en la operación determinadas entidades financieras. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Nosotros, señorías, hemos visto que la evolución de la compañía en los dos últimos años ha experimentado unos altibajos en su valoración que requieren explicaciones concretas, sólidas y rigurosas a las Cortes Generales. Por ello es por lo que nosotros en la interpelación, frustrada, por cuanto el ministro que intervino, el ministro de Economía, reconoció que lo hacía en sustitución del ministro de Hacienda, que es el responsable de la SEPI, entidad de la que depende la compañía Iberia, y que no disponía de los datos suficientes, queríamos saber los criterios de evaluación que condujeron a fijar el precio del negocio aéreo en 330.000 millones de pesetas, así como las razones, derivadas de las presiones de los socios industriales, por las cuales la SEPI decidió fijar los precios máximos de la participación en Amadeus en 200.000 millones y el de los terrenos de La Muñoza en 50.000 millones de pesetas, con el objeto de dar satisfacción a las exigencias de Brithis Airways y de American Airlines.
Señorías, debemos poner muy claro que la evolución de los acontecimientos no ha tenido una vía paralela de explicación a las Cortes Generales. En primer lugar, se vende un 10 por ciento; en segundo lugar, meses después, con otra valoración de la compañía, un 30 por ciento, y desde hace un año y medio se nos viene anunciando cada dos meses que, dentro de dos meses, el 54 por ciento restante, por cuanto un 6 por ciento ha ido a los empleados de la empresa, saldrá a oferta pública de venta. Es la venta más compleja de una empresa del sector público español que ha tenido lugar en los últimos tiempos. Aello se tiene que ir sumando que la gestión del grupo Iberia no es lo espectacular que desde los escaños de la derecha y desde el Gobierno se nos ha querido vender, y no lo es por lo siguiente. En primer lugar, han vendido un activo formidable, que era la compañía de carga Iberia Cargo, con dos aviones especializados en el transporte de mercancías, que era una de las asignaturas pendientes del grupo Iberia. No tenemos conocimiento de las características de esa venta. En segundo lugar, se ha cerrado la compañía Viva Air, con 1.500 trabajadores, con unas instalaciones tecnológicas de mantenimiento de aeronaves en el aeropuerto de Palma de Mallorca y con 11 aviones Boeing-737. En tercer lugar, se ha producido una franquicia, y lo digo conscientemente, para que quede muy claro en el «Diario de Sesiones», desde la óptica jurídica y política, de dudoso mecanismo procedimental. Recordarán SS.SS. que de las cuatro o cinco empresas de ámbito regional que se crearon en el año 1993 como consecuencia de la implementación de las políticas de liberalización del transporte aéreo -una compañía vasca, Euskalair; otra compañía de Navarra, Líneas Aéreas de Navarra; Líneas Aéreas Canarias y Air Nostrum-, el Gobierno solamente hizo una franquicia, y es la primera vez que en el sector público una empresa de titularidad pública hace una franquicia con una empresa privada, y la hace con una empresa privada cuyos titulares es suficientemente conocido que mantienen excelentes relaciones con el poder. Esa compañía se hace con las rutas de la antigua Aviaco, compañía que se integra en Iberia. Todo este proceso requiere una explicación. Requiere una explicación saber qué va a ocurrir con la participación en el sistema Amadeus y qué va a ocurrir con Binter Canarias y con Binter Mediterráneo. En el «Diario de Sesiones» quedará como manifestación de este diputado su temor a que Binter Mediterráneo quede en manos de la compañía franquiciada Air Nostrum, convirtiéndola en un elemento potente. Mientras tanto, ¿qué va ocurriendo? Que el poder económico, el poder de la compañía Iberia va extendiéndose y haciéndose con un 70 por ciento del mercado nacional. Ahora se nos anuncia la negociación con Air Europa, pero quienes sentimos interés por estos temas sabemos perfectamente que desde hace dos años, once aviones de dicha compañía, con más de 500 pilotos en régimen de wet-lease, es decir, de fletamento de aviones y tripulantes, vienen prestando servicios a la compañía Iberia y debilitándose la libre competencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
La integración de Air Europa va a traer innegables conflictos desde la óptica de la competencia, como han

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adelantado miembros del Gobierno, porque nos encontramos con que el grupo Iberia se va a convertir en un monstruo que va a controlar prácticamente el 90 por ciento del tráfico nacional.
Todos estos acontecimientos requieren sencillamente una explicación y una información a las Cortes Generales. Por ello la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista no mandata al Gobierno para que adopte determinadas decisiones, sino que le pide información sobre el sector público. Nosotros pedimos, en primer lugar, impulsar la OPV del tramo minorista del 54 por ciento del capital del grupo Iberia a efectos de su total privatización y, en consecuencia, producir la normalización de la misma, adaptándola al marco comunitario derivado del cumplimiento de las políticas de liberalización del transporte aéreo. En segundo lugar, elevar informe al Congreso de los Diputados. Resultaría sorprendente que esto no se aprobase, por cuanto pedimos informe sobre: compromisos adquiridos por el Estado español a través de la SEPI en la asamblea de accionistas de la compañía Aerolíneas Argentinas, celebrada el 15 de octubre pasado; el contrato de venta del 10 por ciento de las acciones de Iberia a los socios industriales British Airways y American Airlines; el contrato de venta del 30 por ciento de las acciones de Iberia a los socios institucionales; decisiones de la SEPI relativas a las participaciones en el capital de la central de reservas Amadeus, que en la actualidad es gestionada por la compañía Iberia; y sobre las diversas valoraciones de la compañía Iberia que han soportado los criterios de venta diferenciados de cada uno de los tramos. En tercer lugar, solicitamos que se eleve un informe por la Dirección General de la Competencia del Ministerio de Economía acerca del posible debilitamiento de la competencia en el transporte aéreo, como consecuencia de los acuerdos comerciales de la compañía Iberia, de mayoría de capital estatal, con otras compañías españolas de titularidad privada. En cuarto lugar, le pedimos criterio al Gobierno acerca de la posible fijación de una hipotética acción de oro, tal y como se ha reflejado en anteriores declaraciones gubernamentales, y, por último, señorías, que se defina con claridad la decisión gubernamental acerca de la integración de las compañías Binter Canarias y Binter Mediterráneo en Iberia.
Esa es la moción, y con ello termino, señor presidente, en la que solicitamos información a las Cortes Generales. No pretendemos teledirigir una acción de Gobierno, sino que pedimos información y, sorprendentemente, con la correlación de fuerzas de que se ha dotado el pueblo español, actualmente intuimos que esa información no se nos va a proporcionar. Por ello, señorías, pedimos a todos los grupos parlamentarios que recapaciten en su posición política. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida porque creemos que violenta la normativa comunitaria; la que ha planteado el Grupo Mixto, a través del diputado, señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, nos aleja también de nuestros planteamientos, y al tercer grupo enmendante, al grupo mayoritario, le pedimos que no sea tan cancerbero del Gobierno, que el Gobierno sabe defenderse solo y que en las Cortes Generales defiendan los intereses globales del pueblo español.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente, intervengo brevísimamente.
Compartimos los puntos 2, 3, 4 y 5 de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y compartir el contenido de esa parte de la moción nos lleva a expresar algo que está en el centro del debate. Si realmente no hay una correcta información sobre el proceso de privatización o las relaciones de la empresa Iberia con otros socios industriales o institucionales e incluso sobre el proceso de ampliación de la empresa hasta extremos de ocupar una posición de dominio en el mercado, es a causa de que hubo un proceso de privatización que hizo cada vez más opaca a esta compañía en relación con las instituciones de carácter democrático. Quiero recordar que hace más de un año o año y medio que no vemos a ningún cargo responsable de Iberia en este Parlamento para poder debatir con él, a pesar de que no es una compañía totalmente privatizada.
Nosotros pensamos que la compañía Iberia, que ha prestado durante más de setenta años, y aún sigue prestándolos, importantes servicios en las comunicaciones aéreas en las distintas ciudades del Estado español y desde las mismas a destinos en el extranjero, debe de ser, por lo menos, una empresa participada con accionariado público. Se trata de una compañía de naturaleza estratégica que cumple un servicio público esencial, por lo cual el Estado debe mantener su participación mayoritaria en la misma al ser la única manera de preservar el interés general en la toma de decisiones, de que pueda haber información fehaciente, veraz y a su debido tiempo y poder, por tanto, someter a control democrático las decisiones que se adopten dentro de Iberia, que afectan, vuelvo a repetir, al funcionamiento de un servicio público que tiene encomendado. Por esto nuestra enmienda, que ya vemos que no va a ser aceptada, tenía dos partes, la que pretendía detener la privatización del 54 por ciento del capital del grupo Iberia, de manera que el Estado ostente una participación pública mayoritaria en dicho grupo estratégico o, en su defecto, en caso de impulsar la oferta pública de venta el tramo minorista, la que proponía que el Estado man-

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tuviera un significativo porcentaje del capital del grupo Iberia, garantizando así la participación pública en las decisiones estratégicas de la compañía.
Acabo, señorías, diciendo que efectivamente es un grave defecto de los procesos privatizadores que nos hurten la capacidad de debatir y de informarnos sobre temas de tan gran importancia, que es lo que pide el Grupo Parlamentario Socialista en los puntos 2 y sucesivos.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda a los puntos 1 y 4. Con brevedad, tengo que decir a los compañeros y compañeras del Partido Socialista que ni nos gusta esta moción, que impulsa la privatización, ni consideramos que haya que animar, en los tiempos que corren, una salida a Bolsa, puesto que al fin y al cabo sería el sector público el que perdería, y menos dejar pasar el silencio del capital aún público sobre la estrategia emprendida por Iberia, bastante opaca y seguramente a punto de ser penalizada por la Dirección General de la Competencia.
A estas alturas, ignoramos aún con qué criterios se seleccionó a los actuales accionistas o se minusvaloró el precio de la compañía. A estas alturas, deberíamos saber eso antes de iniciar cualquier otro proceso privatizador. A estas alturas, no sabemos la opinión del Gobierno sobre las estrategias, que se van conociendo a través de los medios de comunicación. No existen razones para impulsar la privatización del núcleo de capital dirigente de la actual Iberia, que ya se adquirió a precio de chollo; su participación garantiza el carácter competitivo y la gestión privada en el contexto de la libre competencia europea. Las prisas por ser los primeros de la clase en este país siempre se traducen en beneficios para los operadores privados y pérdidas para el sector público. Se trata de un sector estratégico donde la garantía del servicio exige una presencia pública en el ámbito del control de las estrategias y planes de los operadores institucionales, que actuaron con prisas en busca de gangas desde el diseño antiguo del Ministerio de Fomento. Las compras, de las Binter a Air Europa, van seguramente más en contra de la libre concurrencia que la privatización del tramo minorista, además de aventurar riesgos más que notables sobre el derecho de los usuarios a un servicio universalmente distribuido por el territorio.
Por lo tanto, no somos partidarios de acciones de oro, sino del ejercicio de la responsabilidad de los accionistas públicos. Cabría esperar una preocupación por mejorar el patrimonio público, aunque se pensara en la oferta pública de venta.
La opacidad en la que se está moviendo la compañía exige desde luego mayor grado de información sobre operaciones tan llamativas, con aspecto de escándalo financiero, como las que se señalan. En este punto sólo podemos estar de acuerdo con la moción que se presenta por el Partido Socialista. En este sentido y puesto que el Partido Socialista ya nos ha anunciado que no va a aceptar las enmiendas que se proponen, haríamos un planteamiento y es que los puntos 1 y 4 se votaran por separado del resto de la moción.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Ruiz López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López- Amor para la defensa de las enmiendas.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señorías, creo que esta moción consecuencia de una interpelación presentada en días pasados, sobre el tema de la privatización de Iberia y de Aerolíneas Argentinas, ha tenido en esta Cámara un desarrollo que ha sido muy clarificador y que, además, ha conseguido el efecto que se intentaba tanto con la interpelación como con la moción, que es profundizar de forma importante en la información, tanto con la dada por el vicepresidente segundo en el momento de contestar a la interpelación, como con la originada en este momento.
El portavoz socialista ha puesto de relieve la secuencia de los hechos del proceso de privatización de Iberia de forma correcta. Lo que ocurre es que después, al hablar de las consecuencias, ha sacado los efectos contrarios a todo el proceso de privatización. Con todo cariño, le diré que no ha acertado usted en ninguno, que no ha dado en el clavo, y le diré que el proceso de privatización que se ha seguido con Iberia -y doy por reproducidos los argumentos que utilicé en su día en el debate de la interpelación- yo creo que ha sido absolutamente prudente, mesurado y, desde luego, yo diría que ejemplificador. ¿Por qué digo que ha sido ejemplificador? Porque yo creo que ha tenido una primera fase de saneamiento. Cuando los gestores mandatados por el Gobierno del Partido Popular se hicieron cargo de Iberia era una compañía con una cuenta de resultados muy negativa, con una moral de empresa absolutamente destruida, una compañía de bandera de cuya posible continuidad todo el país dudaba.
Cuatro años y medio después, yo creo que Iberia está reflotada y saneada. Ha habido una concienciación por parte de todos los integrantes de la empresa, desde sus directivos a sus trabajadores, de que es una compañía que merece la pena. Hoy tiene una cuenta de resultados muy positiva y, por lo tanto, hoy vale ya mucho dinero y eso es consecuencia de una buenísima gestión, que pudo hacercaso omiso de los desastres que, por circunstancias

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diversas -y no vienen al caso-, se produjeron con anterioridad.
El proceso posterior de privatización ha sido mesurado, puesto que se ha hecho un diseño estratégico en el cual la primera parte de la privatización iba dedicada a unos socios industriales, y esos socios industriales tenían mucho que ver con las mejores compañías que existen en el mundo del tráfico aéreo para poder ser unos partners escogidos, yo diría que importantísimos, para trabajar codo con codo con nuestra compañía de bandera. En tercer lugar y por ser España el segundo país receptor de tráfico turístico, había que lograr un núcleo duro donde estuvieran interesadas las entidades, desde Logista hasta El Corte Inglés y algunas otras de carácter financiero, que podían constituir ese núcleo español sólido, no temporal, sino socios estratégicos claros de la empresa. Por último, quedaba un 54 por ciento determinado en su día para una OPV, para hacer posible aquello del capitalismo popular, y que evidentemente se sacará a los mercados bursátiles en el momento en que así lo aconseje la coyuntura económica de carácter general. Como usted sabe, ese momento no se está dando ahora, ni aquí ni en Wall Street. Habrá que esperar. Usted siembra dudas sobre las diferentes valoraciones que ha tenido la compañía Iberia o sobre si ha habido accionistas de primera, segunda o tercera. Cualquier compañía de la que hablemos no vale hoy lo mismo que ayer ni lo mismo que mañana; todas las valoraciones están sometidas diariamente al ajuste del más/menos beneficio que se haya producido ese día. Por tanto, la última valoración habrá que hacerla en el momento oportuno; además, tiene que ser contrastada en el momento en que se vaya a hacer la OPV por parte del Gobierno.
Entrando directamente en su moción, mi grupo ha presentado una enmienda que estaría dispuesto a transaccionar con parte de la suya.
Nosotros estamos siempre a favor de la información; por eso, si ustedes aceptan el primer punto de la nuestra, estaríamos dispuestos a aceptar el segundo punto de la suya, siempre que el encabezamiento dijera: Enviar información al Congreso de los Diputados, siempre que no afecte a intereses jurídicos privados. Ahí podríamos recoger los puntos que tiene esa moción, que son cinco, terminando con un punto sexto, que diría que toda la información sobre ese proceso de privatización tendría que darse en el Congreso, en la subcomisión de privatizaciones creada nuevamente en esta legislatura y que es el marco natural y referencial de la información que usted solicita para mejor proveer políticamente. Además de eso, no nos importaría aceptar su punto tercero, pero no vamos a hacerlo, y le voy a decir por qué, porque ya existe una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia diciendo que esos contratos de fletamento con la compañía Air Europa a los que hace usted referencia no afectan para nada a la competencia. En cuanto a los contratos de franquicia suscritos con Air Nostrum -que usted ha calificado jurídicamente muy bien como tales-, tampoco afectan para nada a la competencia, entre otras cosas porque son a riesgo y ventura y, por tanto, hasta la fijación de los precios depende de la compañía franquiciadora. Vamos a decir que no a su punto tercero simplemente por eso, porque no ha lugar después de una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En cuanto al cuarto punto, tampoco ha lugar, por una razón, porque este Gobierno ha explicado en esta Cámara hasta la saciedad cuál es su criterio respecto al establecimiento de acciones de oro. No obstante, si usted quiere que saquemos el «Diario de Sesiones», podrá conocer cuál es el criterio del Gobierno, expresado directamente por boca de sus portavoces, no por boca de un parlamentario, que seguramente lo haría de forma mucho peor que cualquiera de los miembros del Gobierno que han hablado sobre el establecimiento de acciones de oro.
El punto quinto no se lo podemos aceptar tampoco, porque en sí mismas, tanto Binter Canarias como Binter Mediterráneo son activos de la compañía Iberia. No hay que definir con qué claridad están integrados en Iberia, ya que pertenecen a la parte izquierda del balance, a su activo, donde aparece: acciones de Binter Canarias y acciones de Binter Mediterráneo. Por tanto no hay que explicar la claridad, porque son de Iberia. Más claridad que esa no puede haber.
Le ofrezco al Partido Socialista esa transacción. Además, añadiría otro punto a esa enmienda, en el que diríamos que instamos al Gobierno a aplicar el procedimiento del régimen de autorización administrativa previa a Iberia, igual que en anteriores empresas privatizadas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 5/1995, de 23 de marzo. Por tanto, ahí está mi ofrecimiento de mayor información si cabe. Nuestro grupo ha vuelto a crear en esta legislatura una subcomisión especializada en el tratamiento informativo que se ha de dar a todos los procesos de privatización.
Coincido con algunas de las argumentaciones que se han hecho por el Grupo de Izquierda Unida, pero le ofrezco la misma transacción que al Partido Socialista. No podemos aceptar las enmiendas del Grupo Mixto porque son radicalmente contrarias a los principios establecidos por la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López-Amor. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Segura, le corresponde manifestar su posición sobre las enmiendas aquí defendidas.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya manifesté la posición con respecto a las enmiendas del Grupo Mixto y de Izquierda Unida. En cuanto

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al Grupo Parlamentario Popular, tengo que indicarle que la oferta que nos hace nos desvía de una línea argumental y de un conjunto de resoluciones globalizadas. No podemos aceptar los argumentos del Grupo Parlamentario Popular porque, por ejemplo, Binter-Canarias está en un proceso de venta y de segregación del grupo Iberia desde hace cinco años que no ha culminado, luego no está en los activos. En segundo lugar, constriñe a la subcomisión la petición de información que demandamos y, en consecuencia, no responde al planteamiento político que ha tenido este grupo parlamentario.


El Grupo Socialista solicita que nuestra moción se someta a votación.
No estimamos oportuna la introducción de las enmiendas que ha planteado el Grupo Popular porque nos aleja de los contenidos esenciales que han justificado la interpelación y la moción consecuencia de la misma.
Nada más. Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, pedimos la votación separada de los puntos 1 y 4.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, ¿se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.) Gracias. (Pausa.) Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia, así como el de la venta de Aerolíneas Argentinas. De acuerdo con la petición realizada desde el Grupo Federal de Izquierda Unida, sometemos en primer lugar a votación los puntos 1 y 4 del texto de la referida moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 100; en contra, 152; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados los puntos de referencia.
A continuación sometemos a votación el resto del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 107; en contra, 146.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el resto de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REGULAR LOS CRITERIOS DE CONEXIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
(Número de expediente 173/000030.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, procedo a defender la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tal y como ya se debatió ampliamente en esta Cámara cuando se presentó la interpelación urgente, y es sabido por los distintos grupos parlamentarios de la Cámara, esta moción es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en fecha 11 de noviembre de 1999, al conocer el alto Tribunal de sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco y el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya contra la Ley de Defensa de la Competencia, Ley 16/1989.El Tribunal Constitucional indicó en el fallo de referencia que determinados preceptos de la ley recurrida no tenían acomodo al texto constitucional, a la Carta Magna.
Concretamente los preceptos que fueron expulsados, aunque no con efectos inmediatos, del acervo del ordenamiento jurídico han sido los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c). Como consecuencia de la sentencia de referencia queda clarificado el trazado y distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia; trazado que resulta de los artículos 148 y 149 de la Constitución española y que no afecta, en absoluto, a la polémica que dio lugar precisamente a la presentación de tales recursos y al fallo posterior, la determinación de a quieé corresponde la potestad normativa en materia de defensa de la competencia. Resulta claro del texto constitucional que sólo el Estado puede dictar normas jurídicas en materia de defensa de la competencia. Por tanto, el debate no era en cuanto a la potestad normativa, sí lo era en cuanto a la potestad ejecutiva, a la potestad de ejercer una actividad, una acción administrativa en materia de defensa de la competencia en aplicación de la legislación de la normativa estatal al respecto. De dicha sentencia resultó que las comunidades autónomas que en sus estatutos de autonomía hubieren asumido

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competencias en materia de comercio interior, al haberlas asumido resultaba que la mayoría de las comunidades autónomas habían asumido competencias administrativas ejecutivas en materia de defensa de la competencia. Por tanto, el cuadro competencial que queda dibujado en la materia de la defensa de la competencia en España es que la potestad normativa corresponde al Estado, sin perjuicio de la potestad que corresponde a la Unión Europea en virtud de los artículos 85 a 94 del Tratado constitutivo de la CEE y de los actos normativos adoptados por las instituciones de la Unión en aplicación de estos preceptos. En materia ejecutiva las competencias son de la Unión Europea en actos o conductas prohibidas, abuso de posición, etcétera, que afecten a un ámbito supraestatal dentro de la Unión Europea, la gran mayoría de las competencias estatales cuando la conducta prohibida supere el ámbito territorial de una comunidad autónoma, y en este último supuesto competencias asumidas por parte de las comunidades autónomas y que no pueden impedir que el Estado asuma su competencia constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Es por ello que, aun cuando se produzca una conducta prohibida en el territorio de una comunidad autónoma que tenga efectos más allá del ámbito territorial correspondiente, corresponderá la defensa de la competencia de la actuación administrativa a la Administración del Estado.
Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 1999 se declararon determinados preceptos como no acordes con el texto constitucional, pero la eficacia de la expulsión de tales preceptos de nuestro ordenamiento jurídico quedó demorada hasta que una ley estatal estableciera los criterios de conexión hábiles que permitieran articular la distribución de competencias administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta ley, según el Tribunal Constitucional y por exigencias lógicas de respeto al ordenamiento jurídico y a la Carta Magna, debía ser presentada ante este Gobierno lo más rápido posible y, finalmente, en virtud de la disposición final segunda de la Ley 52/1999, de reforma parcial de la Ley de Defensa de la Competencia, quedó fijado el plazo del 1 de octubre del año 2000 para la presentación de este proyecto de ley. Al cumplirse el citado plazo sin que se presentara ante esta Cámara el proyecto de ley, absolutamente imprescindible para que se articule la distribución de competencias que ha dejado claramente sentada el Tribunal Constitucional en su sentencia, al cumplirse dicho plazo sin que se hubiera cumplido tal mandato, mi grupo parlamentario presentó la interpelación urgente de la que resulta la moción que hoy debatimos. No cabe ninguna duda de que el citado proyecto de ley técnicamente es complejo. Deben articularse los criterios de conexión y los mecanismos de intercambio de información y colaboración recíproca entre Administración del Estado y administraciones de las correspondientes comunidades autónomas para lograr la mejor articulación de una defensa de la competencia eficaz, en la terminología del Tribunal Superior de Justicia y las Comunidades Europeas, o para el logro de una competencia suficiente, en la terminología de la exposición de motivos de la Ley 16/1989. Lo cierto es que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía afirmó en esta Cámara, en el debate parlamentario de la interpelación urgente, que antes de la finalización de este período de sesiones se iba a conocer ya el texto legal que iba a dar cumplida respuesta a este mandato del Tribunal Constitucional. El sentido de la moción es precisamente instar a que el Gobierno presente cuanto antes ante esta Cámara el citado proyecto de ley; proyecto de ley que, como decía anteriormente, es complejo técnicamente.
Estaremos obligados a tomar como referencia, siquiera a estudio y toma de posición, cuáles son los diversos sistemas que existen en los Estados de nuestro entorno, y la verdad es que hay para escoger lo que queramos. Tenemos modelos tan dispares como desde el más profundo centralismo, que ya ha dicho el Tribunal Constitucional que no es aplicable en desarrollo de la Carta Magna en España, hasta el norteamericano, en el que hay un amplio catálogo de normas de carácter federal que arrancan de la célebre ley Sherman, la Sherman Act, de 1890, seguida por la Clayton Act, de 1914, o la Ley de Hart- Scott-Radino, en 1976, respecto a las notificaciones previas necesarias para las concentraciones económicas, la Federal Trade Commission Act, de 1914, sobre prohibición de métodos contrarios a la competencia, o la Ley Robinson-Patman, de 1936, sobre prohibición de discriminación de precios en relación a los consumidores. Pues bien, en el modelo norteamericano, junto a este amplio acervo de normativa federal, los Estados tienen también competencia normativa para desarrollar estos preceptos federales. No es el caso español, ya lo hemos visto, y la verdad es que el modelo americano poco nos sirve porque incluso los servicios administrativos de defensa de la competencia son distintos de los configurados en España. La División, por ejemplo, que actúa en la defensa de la competencia no puede dictar resoluciones, puede instruir expedientes y posteriormente presentar reclamaciones en el orden jurisdiccional correspondiente, y realmente el único servicio administrativo que puede dictar resoluciones es la Federal Trade Commission, con competencia exclusiva sobre la norma vista anteriormente de 1914.
El modelo que más nos vale como referencia -creo que fue apuntado por algún grupo parlamentario en el debate producido con ocasión de la interpelación urgente- es el modelo alemán. Quizás es el modelo que, viendo el de los Estados de nuestro entorno, pudiera arrojarnos alguna luz sobre articulación de competencias administrativas a nivel central y a niveles territoriales. De hecho, en Alemania la normativa esfederal, como en España, y en cambio las autoridades

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en materia de defensa de la competencia son la Oficina del Cartel Federal, por tanto competencia federal, como sería la Administración del Estado en España, pero tienen competencias en este ámbito las autoridades de los länder para prácticas que no se extiendan en sus efectos más allá del ámbito territorial de los mismos y para otros supuestos que establece específicamente la legislación de defensa de la competencia. También el Ministerio de Economía Federal tiene otras competencias específicas, competencias muy concretas y puntuales. Por tanto, el modelo alemán es quizá aquél del que podemos extraer más enseñanzas para configurar esta compleja ley de defensa de la competencia en España.
Hay otros modelos, como he dicho, desde los puramente centralizados como el británico, en el que aparentemente no existe territorialización alguna y en el que la Ley de la competencia de 1998 atribuye a la Dirección General de Fair Trading competencias para investigar la realización de este tipo de actividades que unen a la competencia y es un servicio equivalente a lo que aquí sería la Administración del Estado. Sin embargo, sí hay una leve territorialización, no en cuanto a su noción de competencia sino en cuanto al ejercicio de las mismas, porque existen determinadas autoridades con una competencia sectorial específica que precisamente en ese ámbito de competencia sectorial pueden desarrollar actividades de defensa de la competencia. Concretamente son dos: la Dirección General del Suministro Eléctrico para el Norte de Irlanda y la Dirección General del Gas para el Norte de Irlanda, aunque de hecho son autoridades propiamente estatales.
Por consiguiente, de los países de nuestro entorno es quizá el modelo alemán el que nos pueda arrojar más luz, aunque lo cierto es que nos podemos nutrir del estudio de las distintas situaciones comparadas para articular el modelo que mejor satisfacción dé a la sentencia del Tribunal Constitucional a la que he hecho referencia. Como consecuencia de todo ello, el texto de la interpelación, esencialmente el contenido de la sentencia y la reflexión a la que acabo de hacer referencia, mi grupo parlamentario planteó una moción consecuencia de la interpelación urgente que insta esencialmente a dar cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional lo más rápido posible y con el más estricto respeto al mandato contenido en dicha sentencia. Que los servicios de defensa de la competencia en España estén actuando, siquiera en parte, sobre la base de unos artículos que el Tribunal Constitucional ha declarado que deben ser expulsados del ordenamiento jurídico, es una situación altamente anómala que debe ser reparada rápidamente y que en el respeto a la Constitución estoy seguro de que existe una coincidencia plena y total de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
El debate que mantuvimos como consecuencia de la interpelación que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) era un debate interesante y en el que solicitaba el cumplimiento del mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional . Ya aludíamos todos los grupos a la dificultad, a la complejidad técnico-jurídica, digámoslo así, del intento de legislar en esta cuestión sobre esos mandatos de la sentencia, y apuntaba esta diputada el modelo alemán porque nos parecía que podía darnos algunas enseñanzas a seguir.
Las razones por las que hemos presentado esta enmienda, que pretende añadir a la moción unas consideraciones, entre ellas, el control de las contrataciones de empresa y el control de las ayudas públicas, son las siguientes. La sentencia tantas veces citada declara inconstitucional la cláusula en todo o en parte del mercado nacional, contenida expresamente o por remisión en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c), pero lo hace, según tenor literal de la sentencia, en la medida en que desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa de la competencia. Con esta última precisión estimamos que la declaración de inconstitucionalidad no se ciñe únicamente a las conductas prohibidas y autorizadas, sino que se hace extensiva igualmente a aquellos supuestos no prohibidos sino controlados por la Ley de Defensa de la Competencia. Todos saben cuáles son los dos tipos de supuestos, no los voy a citar, pero haré referencia al artículo 1, el tema de la prohibición de cárteles o conductas colisorias, el artículo 6, del abuso de posición dominante, y el artículo 7, los actos de competencia desleal que distorsionan gravemente las condiciones del mercado. No obstante, de entre ellos los comportamientos colusorios de los agentes económicos pueden en determinadas condiciones resultar autorizados, según los artículos 2 y 8. Otros supuestos, en cambio, se hallan per se prohibidos, están permitidos, pero para ello se prevé un control ad hoc. En virtud del mismo se determinará si son o no compatibles con el mercado, si se admiten o no. Se trata en este caso de las concentraciones de empresa (artículos 14 y 18) y de la concesión de ayudas públicas a las empresas (artículo 19.) Pues bien, entendemos que la declaración de inconstitucionalidad no puede entenderse circunscrita al exclusivo ámbito de los cárteles, del abuso de posición de dominio y del supuesto del artículo 7. Si el Tribunal Constitucional en su fallo reconoce que las comunidades autónomas recurrentes tienen competencia para la ejecución de la normativa de defensa de la competencia,

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también ha de tenerse en cuenta que ésta incluye, además de los referidos comportamientos prohibidos, otros supuestos como son el control de las estructuras del mercado, el control de las concentraciones y el control de las ayudas públicas. Por tanto reclamamos que, a los efectos de determinar los criterios de conexión en las atribuciones de competencias estatales y autonómicas, el Gobierno, en ese proyecto de ley que ya se comprometió el señor vicepresidente a presentar, atienda las exigencias derivadas de las materias que se han incluido en el texto modificado de la moción.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster. ¿Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
No hace falta adelantar que apoyamos la enmienda presentada por la señora Lasagabaster por cuanto que el razonamiento que ella defiende coincide sustancialmente con el planteamiento que yo mismo defendí ante este Pleno el pasado 19 de octubre.
El texto que ha sido propuesto como moción no podemos votarlo favorablemente si no se acepta la enmienda propuesta por la señora Lasagabaster, y esto responde a razones evidentes. Basta una mera comparación del texto propuesto con mi intervención ante esta Cámara el pasado 19 de octubre para apreciar que el texto de la moción ha sido redactado para excluir de modo expreso el punto de vista que yo defendí en nombre de mi grupo. La moción podía haberse limitado a instar al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley regulando los criterios de conexión determinantes de las competencias estatales y autonómicas en la ejecución del derecho relativo a la defensa de la competencia, sin más especificaciones. De haberlo hecho así, aun a pesar de la poca ambición que tiene el texto de la moción, no hubiésemos tenido especial problema para apoyarla. Pero no lo hace. El texto de la moción va más allá y señala que los criterios de conexión habrán de circunscribirse exclusivamente a las competencias de ejecución referidas al conocimiento y aplicación de la normativa estatal relativa a las conductas prohibidas, con lo que quedan expresamente al margen las actuaciones ejecutivas de los capítulos 2 y 3 del título I de la Ley de Defensa de la Competencia, es decir, aquellas que guardan relación con el control de la concentración de empresas y el control de las ayudas públicas. A nuestro juicio -ya lo expuse en la citada sesión- nada justifica esta diferencia de trato entre las actuaciones ejecutivas prevista en el capítulo 1 del título I de la Ley y las contempladas en los capítulos 2 y 3 del mismo título. El único criterio delimitador que establece el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de noviembre de 1999 entre las competencias ejecutivas del Estado y las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas en el ámbito de la defensa de la competencia es el de la eventual afectación al mercado supracomunitario. Las competencias de las comunidades autónomas se limitan -señala textualmente el fundamento jurídico sexto de la sentencia- a aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de realizarse en su territorio y que no afecten al mercado supracomunitario. Por el contrario, el fundamento jurídico séptimo de la misma resolución judicial postula que lo que corresponde al Estado es la ejecución respecto de las prácticas restrictivas de la competencia que, teniendo lugar en un ámbito territorial no superior al de la comunidad autónoma, puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del mercado nacional o en ámbitos supracomunitarios.


Como puede verse, el reparto funcional se produce en función de que las prácticas a prohibir puedan afectar o no al mercado supracomunitario. No hay más criterio. Y, desde luego, el criterio en el que se basa la moción de distinguir unos tipos u otros de acciones ejecutivas a efectos de permitir o no la intervención ejecutiva de las comunidades autónomas no está para nada reflejado en la sentencia. De ahí que no comprendamos por qué se quiere excluir a las comunidades autónomas de la posibilidad de intervenir en la ejecución de previsiones de la legislación vigente en el ámbito de la defensa de la competencia relativas, por ejemplo, a concentración de empresas y a ayudas públicas, máxime cuando en concreto en el terreno de las concentraciones de empresas la propia ley vigente prevé expresamente en su artículo 14 la intervención del servicio de defensa de la competencia en operaciones de concentración de empresas de afección exclusivamente autonómica que en ningún caso podrían afectar al ámbito supracomunitario.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ya había anunciado en el debate de la interpelación que ha originado esta moción que compartía la apreciación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la urgencia del asunto, y hoy voy a anunciar que vamos a votar, en consecuencia, de forma favorable a la moción porque es urgente clarificar y dar estabilidad a la legislación sobre la competencia en España.
En los últimos cinco años se han producido cinco cambios legislativos de la Ley de Defensa de la Competencia:uno en 1996, uno en 1997, dos en 1999 y uno

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en el 2000. No negarán que es patente la falta de estabilidad de la legislación sobre competencia, y también lo es la arbitrariedad del intervencionismo del Gobierno y la ausencia de criterios generales por parte del Gobierno respecto a los sectores regulados. Tomen dos ejemplos: primero, la semana pasada, el 16 de noviembre, modificamos en la ley de acompañamiento el Decreto de medidas urgentes de junio; antes de haberlo desarrollado, lo modificamos: falta de estabilidad legislativa. El segundo ejemplo me parece mas gráfico: hace unos meses observamos la agilidad del Gobierno al negar la posibilidad de una fusión entre Hidrocantábrico y Unión Fenosa. Unos meses después, hemos visto al Gobierno metido en procelosos procesos de negociación con los presidentes de Endesa e Iberdrola a raíz de Endrola. Y no sólo con los máximos directivos de estas compañías, también con los de algunas otras compañías de sectores energéticos que podían estar interesadas en la operación; en particular, en lanzar una oferta pública de adquisición sobre Iberdrola. Además, me viene todavía a la memoria un ejemplo que pasará a los anales del intervencionismo arbitrario del Gobierno: el veto práctico de la fusión entre Telefónica y la holandesa KPN, compañía de la que, por cierto, quizás en estos momentos muchos españoles sean accionistas después de la última OPV. Una operación que los sectores financieros habían considerado totalmente sustentada y que el Gobierno, que no sabía que el sector de las telecomunicaciones en Holanda está más liberalizado que el español, vetó -decía- porque KPN tiene una presencia pública que se está reduciendo.
Los vaivenes en la intervención política del Gobierno y la falta de estabilidad legislativa han creado un riesgo regulatorio muy elevado para los sectores españoles regulados y, por tanto, también para la economía española. Miren, un directivo muy importante de una empresa española muy importante del sector energético nos ha informado recientemente de su temor a -y voy a citarle literalmente-: excitar aún más el celo regulatorio del Gobierno que hoy ya es muy grande, hasta el punto de que hay analistas que dicen que el riesgo regulatorio en España es peor que el sudamericano. El riesgo regulatorio es un lastre para los sectores regulados y para el conjunto de la economía española. Por tanto, es urgente reducir ese celo regulatorio que el Gobierno muestra con su afán de intervencionismo arbitrario y discrecional en los procesos de concentración económica y en sus conexiones con la competencia.
En el Grupo Socialista pensamos que hay que avanzar en dos direcciones para reducir el riesgo regulatorio: en primer lugar, modificando institucionalmente los órganos de defensa de la competencia en España y las comisiones sectoriales reguladoras. En segundo lugar, dando estabilidad al panorama legislativo sobre la competencia en España. En el primer ámbito, el de la modificación institucional de los órganos de defensa de la competencia y comisiones reguladoras, sabemos que nos separan muchas cosas. Ustedes están a gusto con un modelo en el que el Servicio de Defensa de la Competencia esté inserto dentro del Ministerio de Economía y en el que, por tanto, el ministro de Economía tenga la primera palabra sobre cuándo se instruye un expediente y, consecuentemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia no tenga palabra alguna hasta que el ministro haya dicho la primera sobre si se instruye o no un expediente. Por cierto, ahora que hablamos del Tribunal de Defensa de la Competencia, me parece oportuno recordar que, tal como dictaminamos el proyecto de ley de presupuestos el pasado día 16 en esta Cámara, la dotación presupuestaria del Tribunal de Defensa de la Competencia para 2001 se reduce en términos constantes respecto al año 2000.
Si el Gobierno quiere tener la primera palabra en materia de defensa de la competencia, se reserva la última en materia de procesos de concentración económica. Este modelo y el uso que de él se ha hecho es lo que explica el alto riesgo regulatorio en que han incurrido estos sectores de la economía española. Ustedes saben que nosotros proponemos una cierta distinción entre Estado y Gobierno; proponemos que el Legislativo establezca el marco legal para el ejercicio de la defensa de la competencia, que el Gobierno ejerza sus funciones en nombramientos y designaciones y, a partir de ahí, que autoridades estatales públicas e independientes apliquen la ley. Ahí, en este modelo, en estas propuestas, que coinciden con las que existen en Estados Unidos o en muchos países europeos, no nos vamos a encontrar, pero sí nos podemos encontrar, y quiero decirlo, en la segunda línea que creemos necesaria para reducir el riesgo regulatorio: dar estabilidad al marco legislativo.
La moción que hoy se discute nos permite a todos dar un paso fundamental para clarificar nuestro panorama legislativo y para cumplir el mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de noviembre de 1999, cuando establecía la posibilidad de fijar criterios de conexión entre la legislación sobre competencia del Estado y la ejecución por las comunidades autónomas. Nosotros consideramos que, además de cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, existen otras dos buenas razones para establecer, para delimitar la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas.
En primer lugar, en materia de instrucción, porque la cercanía permite menores costos y mayor conocimiento de los procesos. Esto es eficiencia, esto es eficacia y ahí está la raíz de la subsidiariedad, señor MartínezPujalte. En segundo lugar, existen buenas razones, créanlo también, para que haya órganos resolutorios a nivel autonómico. Los órganos resolutorios de defensa de la competencia en las comunidades autónomas pueden intervenir no sólo para reprimir conductas prohibidas, sino que pueden constituir un buen lobby de presión pro competencia. Quizá ustedes reconozcan conmigo que en el ámbito de actuación y normativo de

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las comunidades autónomas sería buena la existencia de una mayor presión pro competencia para que la actuación de las comunidades autónomas diera lugar a entornos más amigables para la competencia.
Existen buenas razones en muchos órdenes para el desarrollo de este marco normativo y, como anunciamos ya en la discusión de la interpelación el 18 de octubre, para nuestro grupo parlamentario el modelo más apropiado es el modelo alemán, modelo de un Estado federado para asuntos que afectan al comercio interautonómico que ha mostrado su eficacia para perseguir conductas prohibidas a nivel autonómico.
Señorías, es urgente ya comenzar a clarificar y a dar estabilidad al ordenamiento jurídico de la competencia en España y, por eso, desde nuestro grupo mostramos nuestra disposición para encontrar aquellos puntos en los que podamos llegar a acuerdos con el Gobierno, con el grupo que lo sustenta y con el resto de grupos de esta Cámara, con el fin de elaborar una legislación que nos satisfaga a todos lo máximo posible. Por tanto, vaya por delante nuestra exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación de lealtad constitucional tomando la iniciativa legislativa, y, por otra parte, nuestra disposición a colaborar para avanzar en un marco legislativo que nos sea cómodo a todos y que reúna nuestros criterios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo valora muy positivamente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la votaremos favorablemente. Es una iniciativa que va en el buen camino.
Efectivamente, como decía el señor Bel, hemos avanzado mucho en la legislación de la competencia, porque este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, cree en la política de competencia y hemos modificado el marco legislativo para dar mayores cauces, para que en España haya una competencia efectiva. Se han hecho modificaciones legislativas, si bien es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional ha señalado que hay seis preceptos, no de las modificaciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, sino de la ley que se elaboró con un Gobierno socialista, que son inconstitucionales, seis preceptos de la antigua legislación que nosotros no hemos modificado. Ahora, después de una sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre del año pasado, mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa para instar al Gobierno a que traiga a la Cámara cuanto antes la modificación del marco legal de competencia, de forma que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Mi grupo cree que es bueno que las comunidades autónomas sean también competentes en esta área. Yo no sé si, como decía el señor Bel, es más o menos eficiente, pero creo que es bueno, tal y como señala el Tribunal Constitucional, que las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en sus estatutos en el área de comercio interior también asuman competencias en esta área y trabajen coordinadamente, en el marco legal que se fije, para garantizar que en España haya verdadera competencia. El Tribunal señala que en la modificación legal es necesario establecer los puntos de conexión para que, respetando el interés general y la competencia, no se pongan trabas al desarrollo económico español. Eso nos parece muy importante, por tanto, es una ley que va a requerir un estudio profundo. Posteriormente, cuando el Gobierno la envíe a la Cámara, también exigirá que los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo para construir un marco legislativo apropiado. Desde mi grupo quiero mostrar el mayor grado de disponibilidad para alcanzar acuerdos con el resto de los grupos que nos permitan decidir cuál tiene que ser el marco legislativo de la competencia, dónde tienen que intervenir las comunidades autónomas y dónde tienen que estar las competencias del Estado.
Se ha hablado esta tarde aquí del modelo que tiene establecido el sistema alemán y mi grupo entiende que es un buen punto de partida para iniciar las conversaciones con el resto de los grupos. En ese sentido, reconozco que lo que ha manifestado el señor Padrol o lo dicho por el señor Bel son buenos puntos de comienzo en la búsqueda de un consenso. El modelo alemán, como SS.SS. conocen, establece un triple escalonamiento; por una parte, están las competencias del Gobierno, que en ese caso se sustancian en el ministro federal de Economía, que tiene competencias para dictar instrucciones generales, autorizar conductas, autorizar concentraciones; luego hay unas competencias del órgano federal, del Bundeskartellamt, que tiene también todas las competencias sobre conductas cuyos efectos afectan a varios länder, puede autorizar conductas restrictivas, prohibir concentraciones, tiene competencia cuando la conducta enjuiciada afecta a diversos servicios como correos y transporte por ferrocarril, etcétera; y luego están las competencias de las autoridades de cada uno de los länder, que son competencias sustanciadas en sus regiones y que no tienen trascendencia en un ámbito superior.Es importante reseñar que en el modelo alemán el ministro federal de Economía tiene competencias cuando las conductas requieren una actuación justificada relativa a la economía global o al bien común. Y yo quiero referirme a eso, porque creo que es importante hacer una breve reflexión.


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Señor Bel, usted ha hablado de intervencionismo, de regulaciones.
Creo que mi grupo no es sospechoso de estar en contra de los procesos de globalización; mi grupo no es sospechoso de ir en contra de la globalización. Entendemos que la globalización de la economía es muy positiva para los ciudadanos, muy positiva para la sociedad; los procesos de globalización ayudan a generar riqueza, ayudan a generar bienestar, y mi grupo siempre ha estado al frente de esos procesos de globalización, entendiendo también que en los mismos hay que insertar las políticas de desregulación, de liberalización de la economía, de introducción de la competencia. Mi grupo ha apoyado desde 1996 políticas de desregulación, de liberalización, de introducción de la competencia. Voy a ponerle un ejemplo, señor Bel, usted ha puesto varios. En 1996 sólo teníamos una opción, Telefónica. Hoy, los ciudadanos tienen varias opciones. (El señor Bel i Queralt: Teníamos dos.) Dice el señor Bel que dos. Sería al final del periodo socialista, hoy tenemos varias posibilidades. En España hoy hay más competencia, hay más liberalización y hay más desregulación. Pero también le digo, señor Bel, que no siendo sospechosos de eso, mi grupo entiende que los procesos de globalización y los procesos de desarrollo económico tienen que ser ordenados en un interés superior que es el interés de los ciudadanos. El mercado ha de tener elementos correctores, y para eso están este Parlamento y el Gobierno que sale de la elección de este Parlamento. Señor Bel, hay veces que perdemos el sentido político y quizá el Grupo Parlamentario Socialista, que ha pasado de un socialismo autoritario a una socialdemocracia y a un socialismo libertario y hoy ya no cree en el Estado, ha perdido esa conciencia. (Rumores.) Pero mire, señoría, mi grupo parlamentario, que cree en el desarrollo económico, que cree en la libertad económica, que cree en la competencia, cree también que el Gobierno al que han elegido los ciudadanos tiene que usar las competencias que tiene asumidas para favorecer la justicia social, para favorecer el bienestar de los más desfavorecidos. Eso nos parece muy importante. Y en los procesos de competencia, señor Bel, creemos que lo mismo que sucede en Alemania con el ministro federal de Economía tiene que suceder en España, el Gobierno tiene que tener competencias para que pueda ordenar el proceso de globalización, para poner el proceso de globalización al servicio de los ciudadanos, para que la globalización no sea un proceso que haga que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Para eso tiene que actuar el Gobierno, para introducir elementos de justicia social, y eso es lo que defiende este grupo parlamentario.
Concluyo, señora presidenta. Mi grupo parlamentario va a buscar el consenso, pero mi grupo parlamentario quiere un sistema donde todos los procesos de crecimiento y de desarrollo tengan también elementos correctores que nos hagan construir una sociedad más justa, y en eso estamos trabajando.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Padrol, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su iniciativa.


El señor PADROL I MUNTÉ: Mi grupo no acepta la enmienda presentada por un motivo, porque si lo que se pretende es dar el más estricto cumplimiento al mandato de la sentencia del Tribunal, entendemos que el mejor texto es el que hemos presentado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Vamos a proceder a la votación. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 246; en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA NECESIDAD DE LA REVISIÓN SEMESTRAL DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL CASO DE QUE NO SE CUMPLAN LAS PREVISIONES SOBRE EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). (Número de expediente 173/000031.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados y diputadas, el Partido Popular tiene en el día de hoy una segunda ocasión para socializar su pensamiento y su

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práctica parlamentaria. Tenía una ocasión magnífica para demostrar su generosidad política posibilitando que hubiera un debate sobre los accidentes laborales en Comisión y haciendo valer allí su mayoría absoluta de 183 diputados y diputadas para intentar introducir las enmiendas, rectificaciones o enriquecimientos que le hubiera parecido pertinente. No lo ha hecho. Ahora tiene otra ocasión para centrarse, para decir que en la práctica tiene un discurso social, que es capaz de recibir los mensajes que llegan de la sociedad y las propuestas que le llegan en este caso de un grupo parlamentario de izquierdas como Izquierda Unida.
En el debate sobre la interpelación, hace tres o cuatro semanas, mi grupo ya argumentó suficientemente la necesidad de que hubiera una rectificación al alza del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Los argumentos se dieron en su momento: el salario mínimo es el 36 por ciento del salario medio del país cuando la tendencia debe ser hacia el 60 por ciento de este salario medio. Hay un incumplimiento por parte de todos los gobiernos, de los anteriores y del actual, en el imperativo legal de subir el salario mínimo en la medida en que subiera el IPC por encima de lo previsto, y todo ello tiene una consecuencia que es la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. Se podrá argumentar que el salario mínimo afecta a una parte insignificante del mercado laboral de nuestro país, a medio millón de personas, pero este medio millón de personas es suficientemente significativo, tienen sus necesidades y, al mismo tiempo, pertenecen a determinados sectores del mercado de trabajo que son los que tienen menos protección y menos posibilidades. La consecuencia es, digo, la pérdida de poder adquisitivo. En 1999 hubo un aumento del salario mínimo del 1,8 por ciento y en el año 2000 del 2 por ciento, con lo cual quedó claro, con sólo fijarse someramente y por encima en el aumento de los precios, que ha habido una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Por tanto, este medio millón de personas ha salido perjudicado.
Argumentamos también que el salario mínimo interprofesional desempeña un papel de equilibrio en el mercado laboral, en beneficio de las personas que sufren en este mercado laboral las situaciones más difíciles porque tienen salarios bajos, por la poca cualificación de sus puestos de trabajo y de sus profesiones, por la continua degradación y prostitución de una parte del mercado laboral que afecta a un sector de este mercado laboral, normalmente el que tiene menos condiciones culturales y profesionales para defender sus derechos, que no está normalmente en el circuito sindical para poder defender más colectivamente sus intereses, el sector que tiene menos posibilidades de defender sus derechos a través de la negociación colectiva, porque en los sectores que trabaja, en las empresas o en el subsector donde trabaja no hay tan siquiera negociación colectiva, o a personas que sufren insolvencias empresariales y estas insolvencias tienen que ser solventadas por el Fogasa, por el Fondo de garantía salarial.
Ante todo esto, con las argumentaciones expuestas en la interpelación y para ahorro de tiempo al menos en la vida personal de cada uno de nosotros, ya que hay debates que conducen normalmente a la melancolía, puesto que no hay ninguna atención por parte del grupo mayoritario para atender una reivindicación tan elemental como es que en Comisión se debata una proposición de ley firmada por 600.000 personas en este país; por tanto con un desprecio claro, con una insensibilidad social total hacia lo que representa un sector importante de la sociedad, no vale la pena tampoco gastar mucha energía para hacer ver que aquí hacemos una especie de ejercicio floral que no sirve absolutamente para nada. Por tanto, leo el contenido de la moción. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

«1. La revisión inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI) para adecuarlo a la desviación sufrida por el IPC, en cumplimiento del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. Para ello el Gobierno establecerá un mecanismo permanente de revisión automática similar a lo que sucede en el caso de las pensiones y que permita dar cumplimiento al precepto de revisión semestral fijado en el Estatuto de los Trabajadores de forma inmediata y transparente, eliminando incertidumbres. «2. Proceder a la progresiva equiparación del SMI al 60 por 100 de la renta media neta, tal y como recomienda la Carta Social Europea, para alcanzar al final de esta legislatura la equiparación total a este 60 por ciento. «3. Dotar la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001» (con lo cual tendrían que hacer una rectificación en el debate en el Senado), «para hacer efectivos los dos puntos anteriores».


Espero que en este caso concreto esta segunda petición, casi súplica de un diputado, sea atendida por el grupo mayoritario en beneficio de esta Cámara y de lo que pueda hacer este Parlamento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Compartiendo la filosofía y el análisis de la realidad que plantea el señor Frutos, queremos hacer referencia a dos cuestiones que aparecen en esta moción y que nosgustaría diferenciar. Por una parte la revisión del sala-

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rio mínimo interprofesional, dada la desviación del IPC en este año, cuestión que compartimos sin ninguna duda y que apoyamos totalmente; pero para ello en la moción se plantea un mecanismo permanente de revisión inmediata que modificaría el Estatuto de los Trabajadores, ya que no se tienen en cuenta otros aspectos como son la productividad y la evolución general de la economía. No podemos apoyar esta modificación del Estatuto de los Trabajadores, pues tendría que venir dada por una negociación previa con agentes sociales y sindicatos. Por ello planteamos esta enmienda, que pretende hacer frente a la actual pérdida de poder adquisitivo de las familias con una medida coyuntural como es la revisión actual del salario mínimo interprofesional, que además es lo que en estos momentos están reclamando los sindicatos.
Nada más, gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario contempla con simpatía la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No en vano, en uno de los apartados del programa electoral planteábamos, en el ámbito de las políticas salariales, pues como muy bien sabe el señor Frutos, que hizo referencia a ello en su interpelación, el salario mínimo interprofesional se ha convertido en un referente mucho más amplio, que dificulta notablemente incidir sobre el mismo, en el ámbito de las políticas salariales, decía, incrementaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional en tanto que retribución del trabajo, avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Europea.
Es obvio que no podemos dar un voto negativo a la moción presentada por Izquierda Unida en el día de hoy. Sin embargo, para incidir en este punto 2 y alcanzar el 60 por ciento del salario medio, hay un elemento previo que es modificar el salario mínimo interprofesional, reducirlo a su ámbito estricto y que deje de ser un índice de referencia para numerosos supuestos, entre otros para la asistencia jurídica gratuita.
En lo que hace referencia al apartado primero, coincidimos con el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista. Una revisión automática que pueda suponer incluso prescindir de los cuatro criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, es algo que sin una previa negociación colectiva y sin la modificación del Estatuto de los Trabajadores no podría lograrse. Por tanto, mi grupo anuncia la abstención ante esta moción de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera iniciar mi intervención manifestando con todo respeto mi agradecimiento al señor Frutos por las energías gastadas en este trámite en defensa de sus legítimas convicciones.
Efectivamente, el día 18 del mes pasado debatíamos la interpelación urgente formulada por el Grupo Federal de Izquierda Unida y en nombre del Gobierno comparecía el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que hizo las referencias necesarias en esta materia.
Entiendo que limitar, como se ha dicho por otros grupos, la modificación del Estatuto de los Trabajadores a uno solo de los cuatro criterios que establece para la revisión del salario mínimo interprofesional, es una interpretación no permitida de la propia Ley orgánica del Estatuto de los Trabajadores. Señorías, la modificación o el incremento del salario mínimo interprofesional depende no sólo de las desviaciones del IPC; la revisión automática, como SS. SS.
comprenderán, conllevaría problemas muy importantes, porque no estamos hablando solamente de una magnitud meramente salarial, estamos hablando de una magnitud que es utilizada como índice de referencia en numerosas materias. Tiene efectos presupuestarios, pero estoy seguro de que también tendría efectos indeseables en el ámbito del empleo. Si por algo se ha destacado la política del Partido Popular y la evolución económica de España a lo largo de estos últimos años ha sido por un intenso ritmo de creación de empleo.
Dudo, señorías, que una modificación al alza del salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta las desviaciones producidas en el IPC a ejercicio pasado, sirviera para que quienes son perceptores de estas rentas pudieran insertarse en el mercado laboral. Creo que incluso estaríamos ante la creación de una barrera para el acceso al mercado de trabajo.
No podemos olvidar, por otra parte, que el salario mínimo interprofesional se utiliza como índice de referencia de otras magnitudes. Se ha aludido al beneficio de justicia gratuita, pero podríamos aludir a las becas o a las tasas en materia de educación, a la revisión de los precios de alquileres de vivienda, al acceso a las viviendas de protección oficial, reintegros a los reservistas en materia de defensa; es decir, son innumerables las causas que hacen desaconsejable la aprobación de esta moción.
En cuanto al acercamiento progresivo del salario mínimo interprofesional al 60 por ciento de la renta media, tenemos que decir que España ha presentado su Plan de empleo en la Unión Europea y dentro de ese Plan de empleo destaca facilitar la accesibilidad al mercado de trabajo y la adaptabilidad de trabajadores y

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empresas. No creo tampoco que esta revisión automática semestral del salario mínimo interprofesional consiguiera ese efecto.
Por lo que respecta al punto 3 de la moción, relativo a la introducción de una partida presupuestaria en la ley de Presupuestos Generales del Estado, entendemos que esto afectaría solamente a empleados del sector público, un sector donde el incremento de salarios está limitado al 2 por ciento. Quizá nos encontraríamos con un incremento superior para los perceptores de estas rentas más bajas, y tampoco es un efecto deseable en este momento.
Por estas razones, señorías, vamos a votar en contra de la moción que hoy ha defendido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
Señor Frutos, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


El señor FRUTOS GRAS: Me permitirá decir algo más, ¿no?

La señora PRESIDENTA: No, señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: A los efectos de...


La señora PRESIDENTA: No, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda.


El señor FRUTOS GRAS: Es que yo, señora presidenta, no quisiera que el Partido Popular cayera en la ilegalidad...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Frutos. Usted sabe, porque es parlamentario antiguo en esta Cámara, lo que dice el Reglamento.


El señor FRUTOS GRAS: Sí, lo sé, lo sé.


La señora PRESIDENTA: Por favor, le ruego que indique si acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor FRUTOS GRAS: Acepto la enmienda del Grupo Socialista por una razón, porque guardamos estrictamente para otra iniciativa legislativa la segunda parte de este primer apartado, es decir toda una serie de mecanismos para la revisión automática similar a la que sucede en el caso de las pensiones. Pero debo decir que hay una ilegalidad en el momento que no se cumple el Estatuto de los Trabajadores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos. (Pausa.) Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de revisión semestral del salario mínimo interprofesional, para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo, en los términos que se derivan del debate y de la incorporación de las enmiendas aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 98; en contra, 132; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará el jueves a las nueve de la mañana.


Eran las diez y veinte minutos de la noche.


Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 41, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 16 de noviembre pasado, en la página 1965, segunda columna, línea 18, se atribuye por error al señor Fernández Marugán la continuación de la intervención realizada por el señor Martínez-Pujalte López, recogida al final de la segunda columna de la página 1964 y a lo largo de toda la página 1965, con la única interrupción de la señora presidenta pidiendo que guardase silencio precisamente al señor Fernández Marugán.

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