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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 48, de 12/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 48

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 46

celebrada el martes, 12 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 30-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 125/000005.) . . . (Página 2303)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 18-1, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000014.) . . .
(Página 2312)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 99, de 24 de noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000146.) . . .
(Página 2320)

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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear «Tireless» atracado en el Puerto de Gibraltar.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 88, de 3 de noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000132.) . . .
(Página 2327)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre el traslado del submarino nuclear «HMS Tireless» para su reparación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 61, de 22 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 162/000110.) . . . (Página 2327)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica. (Número de expediente 173/000032.) . . . (Página 2337)

Ñ Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). (Número de expediente 173/000033.) . . .
(Página 2341)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria (PSS). (Número de expediente 173/ 000034.) . . . (Página 2351)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas . . . (Página 2303)

Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro . . .
(Página 2303)

En turno a favor de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen, en representación del Parlamento de Cataluña, los señores diputados Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, y Ferrer i Gironés, de Esquerra Republicana de Catalunya.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro, se rechaza por 137 votos a favor, 166 en contra y una abstención.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 2312)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje . . . (Página 2312)

El señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la toma en consideración de la proposición de ley porque tienen el convencimiento de que es preciso producir modificacionesen la norma por la que se rigen los mecanismos concesionales

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de las explotaciones de las autopistas de peaje y porque las modificaciones introducidas en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular han originado unas distorsiones que en nada han beneficiado al bien público. Desarrolla el contenido de la proposición de ley y pide a la Cámara que, antes de que llegue al Congreso una ley marco de financiación de las infraestructuras del transporte en España, se dé paso a un debate razonable sobre la utilización del bien público de forma homogénea en todo el Estado español, sin mecanismos de diferenciación en las infraestructuras del transporte viario entre las distintas comunidades autónomas.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ochoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje, se rechaza por 123 votos a favor, 171 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de ley . . . (Página 2320)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias . . .
(Página 2320)

El señor De Juan i Casadevall, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta a la Cámara una iniciativa no legislativa que emplaza al Gobierno de la nación a poner en marcha y desarrollar en el seno de la Agencia estatal de Administración tributaria un sistema de gestión telefónica permanente que, además de suministrar información tributaria al contribuyente, posibilite la realización por vía telefónica de los diversos trámites que constituyen el procedimiento de gestión tributaria.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor De Juan i Casadevall.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias, se aprueba por 168 votos a favor, 105 en contra y 14 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear «Tireless» atracado en el Puerto de Gibraltar . . .
(Página 2327)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre el traslado del submarino nuclear «HMS Tireless» para su reparación . . .
(Página 2327)

Defiende la primera de las dos proposiciones no de ley acerca del submarino nuclear «Tireless», el señor Marín González, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que con su iniciativa pretenden ofrecer al Gobierno la plataforma unánime del Parlamento para que solicite formalmente al Gobierno británico el traslado del submarino «Tireless», al objeto de que sea reparado en una base naval adecuada para estos menesteres, lo que permitiría al Gobierno reconciliarse con la opinión pública española, que no entiende las dudas y contradicciones que se están produciendo en torno a este asunto.


Defiende la segunda proposición no de ley sobre el mismo asunto el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. Critica la situación creada en Andalucía por la permanencia en Gibraltar del submarino nuclear «Tireless», averiado en aguas de Sicilia y rechazado por otros puertos de socios europeos, y hace una serie de preguntas sobre las contradicciones del Gobierno y su negativa a pedir al Gobierno británico que se lleve de una vez el mencionado submarino.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i

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Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Marín González y Núñez Castain.


El señor Caldera Sánchez-Capitán interviene por una cuestión de orden.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear «Tireless», atracado en el Puerto de Gibraltar, en los términos derivados del debate, se rechaza por 119 votos a favor, 157 en contra y 17 abstenciones.


Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear «HMS Tireless», para su reparación, se rechaza por 120 votos a favor, 158 en contra y 16 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2337)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica . . .
(Página 2337)

El señor Rivero Baute defiende, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada en el último Pleno, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, en general y, fundamentalmente, entre España y la República de Venezuela. Reproduce los argumentos dados en la interpelación y se refiere a las manifestaciones del señor ministro de Fomento en el debate a favor de la interpelación. Explica el contenido de la moción que tiene dos partes: una primera orientada a la renegociación de forma urgente del convenio bilateral entre el Reino de España y la República de Venezuela, para permitir la competencia entre compañías aéreas, y una segunda orientada a prohibir el rechazo unitario de una tarifa que haya sido establecida siguiendo los mecanismos que figuran en el convenio, salvo que la otra parte también la rechace. Finalmente insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses presente ante la Cámara una propuesta que consiga el objetivo que persigue la moción.
Defienden las enmiendas presentadas los señores Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista; López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rivero Baute.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, en los términos derivados del debate, se aprueba por 277 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) . . . (Página 2341)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Considera que la grave crisis ocasianada por el llamado mal de las vacas locas es una crisis anunciada que afecta al conjunto de España y al que hay que dar respuesta inmediata, porque se está ante un problema de Estado que requiere una estrategia clara y comprendida por el conjunto de la sociedad. Critica las, a su entender, contradictorias declaraciones de miembros del Gobierno sobre la crisis, que no hacen sino multiplicar la alarma en la población, y pide coordinación y cooperación entre los poderes públicos. A continuación presenta las diez medidas de que consta la moción de su grupo.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Cuadrado Bausela.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme

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bovina, en los términos derivados del debate, se rechaza por 116 votos a favor, 152 en contra y 14 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria . . . (Página 2351)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Recuerda los términos del debate de la interpelación planteada en el último Pleno, resaltando la satisfacción, tanto del ministro de Trabajo como de los portavoces que intervinieron, por la desaparición del servicio militar obligatorio a finales del año que viene, y el balance positivo de lo que ha sido, a lo largo de estos años, la experiencia de la prestación social sustitutoria. Sin embargo, añade, existe cierta inquietud en importantes sectores de la sociedad que se habían venido beneficiando de las actividades desarrolladas por la prestación social sustitutoria. La moción del Grupo Parlamentario Catalán está planteada desde la necesidad de, con la experiencia de la prestación social sustitutoria, fortalecer el tercer sector, dando respuesta a determinadas necesidades sociales que en el actual nivel del Estado del bienestar no se habían desarrollado. Explica los tres puntos de la moción y ofrece una enmienda transaccional a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los efectos de presentar el texto transaccional interviene el señor Campuzano i Canadès.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria, en los términos de la enmienda transaccional puesta de manifiesto por el grupo proponente, se aprueba por 237 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


- DELPARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LA EMISIÓN DE BILLETES Y EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DEL EURO. (Número de expediente 125/000005.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro Corresponde el turno a favor. Por parte de la delegación del Parlamento de Cataluña, en primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora presidenta, señorías, los señores diputados saben muy bien que llegan a esta Cámara proposiciones de ley, con mucha frecuencia, del Parlamento de Cataluña. Estas proposiciones de ley, muchas, no todas, hacen referencia al carácter plurilingüe del Estado español, aspecto que la Constitución recogió y consagró y que hoy ningún grupo político de esta Cámara discute. En este sentido y en otros, la Constitución (vale la pena subrayarlo, aunque sea de pasada) constituyó lo que algunos sabios, en estos menesteres, afirman y consideran que fue un reencuentro con la realidad. Esa realidad plurilingüe estaba ahí, pero durante siglos estuvo marginada, desconocida por parte del aparato del Estado. Pues bien, la Constitución representó un reencuentro con aquella realidad. Este es un recordatorio que vale la pena hacer cuando me propongo exponer esta iniciativa, que incide en este campo en el carácter plurilingüe del Estado español.
Para aplicar lo que reconoció la Constitución en este campo, hubiesen podido seguirse dos caminos: Uno, un acuerdo de algún Gobierno del Estado diciendo que se iba a reconocer y a aplicar el carácter plurilingüe en cualquier acto importante del Estado; y otro, el que estamos siguiendo, que es plantear caso por caso. Esta es la razón por la cual, periódicamente, una representación

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del Parlamento catalán y de otros plantean estas cuestiones referidas al carácter plurilingüe del Estado.
Esta proposición de ley que hoy presentamos ante SS.SS. tiene sus antecedentes en esta misma Cámara en una interpelación del diputado Saura en diciembre de 1997, a la que siguió una moción, que fue aprobada por 308 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Por consiguiente, hemos de reconocer que nos estamos refiriendo a una cuestión que está envuelta en un amplísimo consenso. Nadie discute la necesidad de que en el aspecto de billetes y monedas de curso legal en el Estado español se refleje también, en lo posible, este carácter plurilingüe. Concretamente, la proposición de ley que esta tarde presentamos ante SS.SS. consta de cuatro puntos. En el primero se hace referencia al carácter plurilingüe del Estado y se propone que en los billetes y en las monedas se refleje esa realidad. En el segundo punto se señala la necesidad de que las medallas conmemorativas también reflejen este mismo carácter. En el tercero se hace referencia al euro, que también es conveniente que refleje esa misma realidad, y el cuarto se refiere a la publicidad que deberá acompañar la presentación de cualquiera de estas iniciativas y que debe ir también en las lenguas que son oficiales en el Estado español.
Señorías, debo advertir que esta proposición de ley, para la que solicitamos el voto favorable, no tiene un carácter ni histórico ni indispensable ni fundamental. Lo que sí fue fundamental, histórico e indispensable fue la Constitución. Esta proposición de ley es solamente uno de los muchísimos casos de aplicación de aquella Constitución.
Por esta razón, no puede extrañarles, señorías, que periódicamente se presenten iniciativas de este tipo en el pasado, en el presente y en el futuro, que no son nada más y nada menos que la aplicación práctica, en el día a día, de aquel reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado español.
El Grupo de Convergència i Unió, que forma parte de esta delegación del Parlamento catalán, solicita el voto favorable a la toma en consideración.
Esta iniciativa fue aprobada por el Parlamento catalán, como dato de información, sin ningún voto en contra y esperamos que, como ocurrió en diciembre del año 1997, cuando se someta a votación se consiga también el amplísimo consenso que es deseable y esperable.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Corresponde ahora el turno de intervención al señor Carbonell i Abelló.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carbonell i Abelló): Señora presidenta, señorías, en nombre del Grup Parlamentari SocialistesCiutadans pel Canvi, formando parte de una delegación de diputados que éste ha nombrado, me complace presentar esta proposición de ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de las monedas del euro.
Efectivamente, durante la anterior legislatura se aprobó por 100 votos a favor y 11 abstenciones una proposición de ley que propone el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de nuevas monedas. Llamo la atención de SS.SS. sobre el hecho de los 100 votos a favor en una Cámara de 135 diputados. Es importante que tengan en cuenta esta amplia mayoría en el Parlamento de Cataluña. ¿Por qué se aprobó esta iniciativa parlamentaria? Se aprobó porque España es un Estado plurilingüe, plurinacional y pluricultural y porque nuestra Constitución reconoce y protege esta enorme riqueza. Sin duda alguna, durante estos 22 años hemos avanzado mucho en el desarrollo, en la articulación y en la ordenación del Estado desde la perspectiva que implica el Estado de las autonomías y el reconocimiento claro de las nacionalidades y regiones que lo forman. Si bien hemos avanzado en muchos aspectos, es también cierto que quedan otros ámbitos donde es necesario avanzar en este reconocimiento pluricultural, plurinacional y plurilingüístico del Estado.
Esta es la primera proposición de ley que presentamos en nombre del Parlamento de Cataluña y que abre una serie de proposiciones que hemos aprobado en la línea de avanzar, de manera sólida y lo más unánimemente posible, en el reconocimiento efectivo de esta realidad plural. Porque esta realidad plural es una gran riqueza y una enorme riqueza de todos, porque esta es una realidad compartida por todos, porque forma parte de una historia común de los pueblos de España, porque es desde el reconocimiento de esta pluralidad donde encontraremos muchos elementos de futuro que nos ayuden a avanzar conjuntamente en este cambio de siglo y porque nuestras propuestas se fundamentan en la necesidad de avanzar desde nuestro marco constitucional y profundizando en la confianza constitucional. En esto se basa el hecho de que el Parlamento de Cataluña venga hoy a las Cortes y proponga con esta amplia mayoría de sus diputados esta iniciativa parlamentaria.
Hoy nuestra proposición se refiere a la moneda, pero dentro de unos meses será en el DNI, en los pasaportes, en los sellos, donde es necesario que se refleje esta pluralidad cultural de nuestro Estado.
Repito que es una manera sencilla, pero concreta de avanzar conjuntamente en este reconocimiento plural del Estado. Como ha dicho el diputado Ferrer, esto ya fue aprobado mediante una moción que se presentó en esta Cámara en el año 1997. Nuestra proposición viene a avanzar, a concretar una iniciativa que en su momento se aprobó en el Congreso: que los billetes sean emitidos en las cuatro lenguas oficiales. Y que este mismo criterio se utilice en la puesta en circulación de monedas y medallas

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conmemorativas, que en el momento de emitir la moneda metálica se escriba España en las cuatro lenguas y que, finalmente, se haga lo mismo en la publicidad institucional. Estoy convencido de que esta iniciativa pequeña, pero simbólica, tendrá el reconocimiento que se merece. Es desde esta actitud de confianza constitucional y del respeto debido a una iniciativa del Parlamento de Cataluña por lo que esperamos que esta proposición de ley se tome en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carbonell.
Por último, y en nombre de la delegación del Parlamento catalán, tiene la palabra el señor Ferrer i Gironés.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironés): Señora presidenta, señorías, el día 9 de marzo de 1999, igual que ahora, presentamos en esta Cámara esta misma proposición de ley. Tal como han dicho los intervinientes anteriores, se propone que figuren las lenguas de España en los billetes y en los euros.
Para que ustedes lo sepan, esta proposición fue votada a favor por 286 votos, sólo hubo dos en contra y seis abstenciones. Hoy volvemos aquí a defender el mismo texto, y ésta es nuestra servidumbre. Que yo sepa, ninguna otra lengua europea debe pasar estos trámites y estos exámenes. La realidad política de 1977 hizo que muchos creyéramos que lo que proclamaba la Constitución eran palabras creíbles y obligatorias, nunca se entendió como una constitución semántica.
No obstante esta creencia, aún hoy tenemos que hacer esfuerzos para lograr que el artículo 3.o de la Constitución sea una realidad.
Cuando de una forma inequívoca se proclama que las leguas de España serán objeto de especial respeto y protección, hemos de entender que el Estado, como garante de los derechos constitucionales, debería ser el primero en cumplir y hacer cumplir estos textos redactados, votados y plebiscitados. El respeto y protección de todas las lenguas oficiales es un deber que no se puede soslayar por parte de nadie.
Como firmante que soy de la Constitución de 1978, me encuentro muchas veces en la incertidumbre al comprobar que determinados líderes de ciertas fuerzas políticas se llenan la boca en invocar la Constitución de forma continua y, en cambio, para que se cumpla, nosotros hemos de insistir una y otra vez. Por ello, hoy volvemos aquí a instar para que el respeto y la protección para nuestras lenguas sea realidad en las monedas, en los billetes, en los sellos, en el documento nacional de identidad y en todos los documentos públicos.
En la otra ocasión esbocé ante SS.SS. la historia de la persecución de la lengua catalana, pero hoy no voy a repetirla. En nuestro ánimo está el espíritu de lucha y de reivindicación. No obstante, después de 22 años de reclamar, de solicitar y de exigir, y cuando todo cambia para que no cambie nada, llega un momento en el que consideras cínico tener que observar que los que más proclaman la Constitución son los que menos interés tienen en que sus principios sean escrupulosamente cumplidos. Hoy es la cuarta vez que vengo a instar, a solicitar y a pedir. Todas las veces que he venido todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo, pero lo que se pidió aún no se ha cumplido. ¿Qué dirían SS.SS. ante un caso como éste, sobre todo en casos que no responden a derechos individuales, que no tratan de intereses parciales, ni sectarios, ni partidarios? Son derechos nacionales, son derechos que deberían fluir y emerger como fruto de la visión del Estado, de un Estado de derecho plural y complejo.
Deberían ser la esencia del Estado. Estos derechos deberían plasmarse porque provienen del mismo concepto del Estado, de un Estado plurilingüe, plurinacional y pluricultural.
Ya dije la otra vez ante esta Cámara que un Estado, hoy, no puede ser democrático si no es tolerante ni es plural. Un ejemplo lo podríamos tener en la poca tolerancia de lo ocurrido en Barcelona el domingo pasado durante la entrega de premios de la Copa Davis, donde fue notoriamente silbada la utilización de la lengua catalana, y ahogada con los gritos de: España, España, España. ¿El Estado español no es lo bastante democrático para ser moderno y plural? Una estructura jurídicopolítica que ampara a los ciudadanos sin discriminación de lengua, de origen, de religión o de sexo, no debería tener esencialismos lingüísticos ni fundamentalismos nacionales que puedan coartar o limitar la libre cultura de sus contribuyentes. Digo contribuyentes para que mejor se entienda que la ciudadanía entraña la recepción de unos servicios públicos que con anterioridad ya se han satisfecho, y estos servicios no pueden estar en contradicción con los derechos lingüísticos de las nacionalidades. Por ello, en nombre del Parlamento de Cataluña, solicitamos que vuestro voto sea favorable a nuestra proposición de ley.
Señora presidenta, ojalá sea ésta la última vez que venimos a pedirlo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Saura y, después, señor Rodríguez.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, quiero anunciar el voto favorable de Iniciativa per Catalunya-Verds a esta iniciativa del Parlamento catalán, como no podría ser de otra manera, pero inscribir nuestro voto y nuestra reflexión en reconocer que desde la aprobación de la Constitución, el Estado español ha evolucionado positivamente,

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desde el punto de vista del Estado de las autonomías, en temas como la descentralización de los servicios, la transferencia de competencias y la financiación autonómica, a pesar de que nosotros pensemos que eso es aún insuficiente. Realmente, ahí ha habido una evolución positiva en estos 20 años de democracia pero, desde el punto de vista de la evolución del Estado de las autonomías, pensamos que hay dos grandes asignaturas que aún continúan estando pendientes.
Una es el reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y la segunda es el reconocimiento real y efectivo del plurilingüismo del Estado español. Esta iniciativa que hoy nos viene del Parlamento catalán (yo saludo muy afectuosamente a los tres diputados que la han defendido) hace una aportación a uno de los dos grandes retos. Un reto sigue siendo hoy, insisto, el que el Estado español no es un Estado de una sola lengua; el Estado español es un Estado de cuatro lenguas. El Estado español hoy sólo es un Estado de cuatro lenguas en la Constitución y es necesario que nuestro Estado avance, consolide, como otros países y Estados en la Unión Europea, el que sea un Estado de cuatro lenguas.
Nosotros vamos a votar favorablemente, en primer lugar, insisto, porque esta es una iniciativa concreta, positiva y constructiva en uno de los dos grandes retos que tiene hoy aún el Estado español; en segundo lugar, porque, como se ha dicho aquí, esta iniciativa tiene un antecedente aprobado por unanimidad en esta misma Cámara. El 16 de diciembre de 1997 se aprobó una moción, a propuesta de Iniciativa per Catalunya-Verds, en la que se instaba al Gobierno, entre otras muchas cosas, a que se reflejara la realidad plurilingüe del Estado español en las nuevas emisiones del papel moneda, cosa que no se ha hecho.
Hace tres años que se aprobó en esta Cámara este mandato al Gobierno y no se ha hecho. Por lo tanto, aprobar hoy la iniciativa que nos viene del Parlamento catalán sería también concretar y desarrollar un acuerdo aprobado por unanimidad.
Quiero acabar diciendo, señoras y señores diputados, que las lenguas del Estado español en ningún caso han de ser un problema.
Históricamente, y aún en la actualidad, en diversos momentos, la pluralidad de lenguas aparece como un problema. Iniciativas como las que hoy vienen del Parlamento catalán son un intento de que las lenguas sean una riqueza de todos, que sean un patrimonio de todos.
Por tanto, es necesario pasar de la letra de la Constitución al reconocimiento real y efectivo en cosas concretas como las iniciativas que se nos traen hoy.
Espero que el grupo mayoritario vote favorablemente esta iniciativa.
No alcanzo a entender ninguna razón que pueda impedir que hoy se concrete un antecedente aprobado por unanimidad en esta Cámara, que se eche atrás una propuesta del Parlamento catalán, pero sobre todo, que esta Cámara se niegue a concretar hoy el espíritu y la letra de la Constitución.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que, como siempre, se muestra pionero en la defensa de la pluralidad lingüística y cultural del Estado español.
Lo hacemos por tres motivos. En primer lugar, porque el Estado español tiene plena autonomía política para poder decidir el uso de las cuatro lenguas del Estado que hoy son cooficiales; no tiene ningún problema derivado de la pertenencia a la Unión Europea. En segundo lugar, porque pensamos que solamente una concepción lingüística que abogue por los derechos colectivos de los hablantes, esto es, por considerar el problema lingüístico como una parte estructural fundamental del Estado español y no un problema de derechos individuales, como si las personas fuésemos objetores de conciencia, avala que el Estado debe reconocer, también en el terreno de la moneda, del timbre y de su publicidad, la presencia de estas lenguas. En tercer lugar, porque esta integración simbólica es especialmente importante en el terreno de la economía, un terreno de suma importancia en el mundo actual. Por estos tres motivos vamos a votar a favor de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Aprovecho la ocasión para saludar una vez más a los representantes del Parlamento, que constantes con su empeño vuelven otra vez a la carga con una serie de consideraciones que para nosotros son ciertamente elementales. Nos cuesta entender que esto tan elemental para nosotros, como la dimensión plurilingüe de los ciudadanos del Estado y la propia consideración del Estado en su concepción plurilingüe, cuente con tantas dificultades para ser aceptada en la práctica, tanto en esta Cámara como por las instituciones del Estado.
Son ustedes constantes, señores diputados catalanes, y contarán también con nuestra propia constancia, al insistir desde estos escaños en la naturalidad y en la riqueza que estos planteamientos plurilingües encierran en sus propios contenidos y en sus propios planteamientos.


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Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que la dimensión plurilingüe de un número importante de ciudadanos del Estado -hay estudios sociolingüísticos que hablan del 50 por ciento- que gozan de su condición de bilingües hace ver a todas luces que lo que es normal en la calle debería ser también normal en las instituciones del Estado. Sin embargo, veintitantos años después de la aprobación de la Constitución nos vemos en la necesidad de seguir insistiendo en estos temas. Han dicho ustedes muy bien que es la cuarta vez que vienen a esta Cámara con esta proposición de ley, que se les dan buenas palabras, pero que mueren las legislaturas. Este tipo de cuestiones se toman en consideración, después alguna ponencia recoge los documentos y nunca más se supo nada de estos planteamientos. El Grupo Parlamentario Vasco quiere insistir en la necesidad de que esto se asuma con normalidad, que se asuma la dimensión plurilingüe desde la propia moneda, en una coyuntura histórica como la de ahora, en la que la peseta desaparece y el euro va a nacer en papel y en moneda en menos de trece meses, y que los ciudadanos que somos bilingües podamos contar con todas estas consideraciones inmateriales que el Estado plantea con toda la normalidad del mundo. Sin embargo, es una normalidad que observamos como anormalidad en ámbitos muy extensos de la Administración y de la ciudadanía española. Señores diputados, esto no es un problema. Esta es la realidad de este Estado. Vean ustedes la realidad tal cual es. ¿Por qué se empeñan, señoras y señores diputados de ciertos grupos parlamentarios, en ver la realidad como no es? Véanla como es. Asúmanla como normalidad, asúmanla como una riqueza, y todos nos veremos mucho más integrados, mucho más normales y mucho más ciudadanos de este Estado.
Nosotros intentaremos argumentar a favor de estos planteamientos, intentaremos que democráticamente gocen del favor y de la consideración de todas las señoras y señores diputados y les damos la palabra, señores diputados del Parlament catalán, de que, como son ustedes constantes, constantes seremos nosotros.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la misma línea evidentemente que lo hicieron el señor Saura, en aquellos tiempos inmerso en un grupo parlamentario similar, y el señor Ríos, al final de la legislatura anterior. Mi intervención va en sentido positivo hacia la iniciativa que proviene del Parlamento de Cataluña y que nosotros saludamos. No obstante, me gustaría hacer, desde la agridez, que no desde la acritud, una consideración al señor Saura. En el Estado español hay más de cuatro lenguas y un montón más de cuatro hablas. Era un excurso simplemente, porque es conveniente no jugar al Santiago y cierra España desde ninguna posición.
Releyendo el debate de 1999, he visto que hubo intervenciones magníficas y muy ponderadas de los representantes del Parlamento de Cataluña. Venían a decir, si esto se aprueba como se aprobó por unanimidad, que no va a cambiar la vida de los ciudadanos de este país mañana. Los ciudadanos por la calle no van a notar mañana que hemos aprobado esto, pero sin duda va a ser un elemento simbólico de hacia qué modelo de Estado nos estamos encaminando, hacia donde estamos marcando la proa del barco. El señor Rull, en la intervención que hizo en nombre de Convergència i Unió, grupo mayoritario del Parlamento catalán, decía, utilizando un artículo de la revista El Temps: A partir de los símbolos los Estados intentan transmitir qué tipo de país son, creen ser o quieren hacer creer que son. Eso es verdad, tan tremendamente verdad que lo que es un error es que se vayan a poner en marcha euros en las lenguas de los distintos países europeos, con lo cual, al final, en un momento determinado, va a haber unidad numérica, unidad económica, pero no unidad políticocultural. Por eso habría que corregir la situación. Lo idóneo hubiera sido, señorías, que en los países europeos se hubieran impreso las distintas monedas, los distintos billetes, pero sin utilizar ninguna lengua. Sencillamente con los números. Cuando uno paga, no lee si dice el Banco de España o si lo ha firmado Luis Angel Rojo u otro. Cuando uno paga, mira los números, que forman el sistema arábigo, que nos une a distintos países.
Vuelvo a insistir, una vez que no se ha avanzado en ese proceso cultural, político y no sólo económico de la emisión del euro, en que nosotros, desde este grupo parlamentario, sí estamos de acuerdo en que se pongan en marcha -no solamente que se aprueben-, en caso de aprobarse, las propuestas hechas en esta iniciativa que desde luego saludamos.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, ante todo querría dar la bienvenida a los tres representantes del Parlamento catalán, que, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, por enésima vez, no sabemos si por última vez -nos tememos que no-, vienen a defender a esta Cámara algo que no precisaría defensa externa y que hubiera estado bien que saliera de la propia iniciativa del grupo mayoritario de la Cámara como mero desarrollo constitucional, sin necesidad de que se le recuerde desde el exterior o de que se le tenga que recordar a

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través de la iniciativa de una Cámara como es la Cámara catalana.
Estamos una vez más ante una propuesta sobre símbolos, sobre lo que desde aquí se ve como símbolos, que ya sería bastante. De hecho, es mucho más. De hecho, los símbolos a veces son parte de la propia vida, y como lo eran en el objeto de otro debate que tuvimos en esta Cámara los símbolos que acompañan los vehículos a motor, como lo son tantos otros símbolos, como pueda ser una bandera, también la lengua, además de ser vehículo de comunicación, tiene un clarísimo elemento de símbolo de algo absolutamente entrañable para una gran cantidad de ciudadanos, aunque muchas veces desde el paseo de la Castellana, desde Sevilla o desde Valladolid, con el enorme respeto que nos merecen esas localidades, no se llegue a entender.
España es plural y lo es, entre otras cosas, en sus lenguas. Todavía queda gente en España que cree que cuando las autoridades políticas, determinadas autoridades políticas, aparecen en los medios de comunicación hablando en catalán lo hacen sólo para distanciarse de otras o para fastidiar, por no utilizar otra palabra que preferiría que no constara en el «Diario de Sesiones», sin entender que sencillamente es su medio de comunicación habitual. Y eso es responsabilidad fundamentalmente del Gobierno del Estado, que es el que tiene que generalizar esa cultura del pluralismo lingüístico en España.
Eso hace referencia a muchos ámbitos, algunos ya han pasado por esta Cámara con mayor o menor éxito. Hace muy poco debatíamos en la Comisión de Cultura que el Instituto de la Mujer se negaba a subvencionar las obras publicadas en el ámbito de su convocatoria que no vengan con una traducción al castellano, sabiendo que la traducción al castellano cuesta exactamente lo mismo que el objeto mismo de la ayuda que se solicita del Instituto de la Mujer. Tenemos una iniciativa sobre qué ocurre con Internet y con la página de Internet de la Administración general del Estado, a la cual hoy por hoy sólo se puede acceder en lengua castellana. Hay otras propuestas que pronto entrarán en esta Cámara, también procedentes del Parlamento catalán, en lo que se refiere a documentos públicos, el documento nacional de identidad, los pasaportes, etcétera.
Hoy toca la moneda. En el fondo, lo que late es una sola y misma preocupación: que todos los ciudadanos y ciudadanas de España puedan sentir ese Estado también como propio en todo momento. Y para eso necesitan, entre otras cosas, algunas incluso mucho más profundas, que ese Estado se exprese, en su simbología y en sus idiomas, en los idiomas que son los propios de esos ciudadanos españoles. Porque en caso de que eso no sea así, lo que se está haciendo es facilitar mucho más que unas personas, millones de personas, se sientan excluidas y sientan que no están formando parte de esa colectividad.
Es importante que los que tenemos como propias otras lenguas distintas del castellano podamos llegar a sentir ese Estado también como el nuestro, no como un Estado que tolera esas lenguas, que simplemente las respeta como un folclore local, como una particularidad, como una especie protegida, sino como algo que forma parte de la propia esencia de ese Estado, que es plural, que es plurilingüe y que tiene como propia no sólo la lengua castellana sino la lengua y las lenguas de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Y ese es el contexto en el que se tiene que enmarcar la iniciativa que se debate hoy, la propuesta del Parlamento catalán que pretende reflejar y sacar como corolario normal de este planteamiento el reflejo en el ámbito concreto de la moneda, del papel moneda y de la moneda acuñada. Es cierto que en el ámbito concreto del euro hay matizaciones técnicas en el ámbito del papel moneda que se derivan entre otras cosas de que la iniciativa del Parlamento catalán es del año 1998, anterior a la elaboración por el Banco Central Europeo de la especificación concreta de cómo tienen que ser los billetes de euro. Nada dice el Banco Central Europeo, porque eso ha quedado, en lo que se refiere a la parte española, a la libertad de cada uno de los Estados miembros, de las monedas acuñadas. Y nada impide que en las monedas acuñadas se refleje esa pluralidad lingüística, como tampoco se impide que, en lo que son otro tipo de monedas de tipo conmemorativo en el marco del euro, quede también reflejada esa pluralidad lingüística. Lo importante es que esta proposición de ley entre en el trámite ordinario de esta Cámara, en el trámite legislativo, y que después, entre todos, podamos llegar a perfeccionar su texto, a adaptarlo a lo que es la realidad, en términos estrictamente técnicos, de la fase actual, de donde estamos, en lo que es la elaboración de moneda y de papel moneda, y a matizarlo.
El rechazo a priori que, según se nos anuncia, va a hacer el Grupo mayoritario de la Cámara, entendemos que siguiendo instrucciones del Gobierno, puesto que en nuestro sistema las cosas funcionan así y no al revés, aunque la Constitución diga lo contrario, entendemos que es un ejemplo más de no haber entendido cuáles son las responsabilidades de cada cual. Las responsabilidades del grupo mayoritario de la Cámara son mucho más incluso que las del propio Parlamento catalán, la defensa, el reforzamiento y la pedagogía de lo que es la pluriculturalidad, la plurinacionalidad y el plurilingüismo de todo el Estado español.
Por tanto, si tenemos en cuenta además que en la legislatura anterior esta propuesta ya fue aprobada por unanimidad, que nada, absolutamente nada ha cambiado, más allá del pequeño detalle de las mayorías y minorías de la Cámara, respecto a lo que fue una votación que en ese momento el Grupo Popular aprobó, y aprobó con una intervención muy breve de alguien que hoy ya no es diputado pero que dijo adherirse con absoluta naturalidad y con un discurso que yo hubiera hecho

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mío en su integridad a esta iniciativa, nada parece oponerse más allá que el prurito de preservar no se sabe muy bien qué tipo de identidades o incluso, lo cual ya sería un ejercicio grave de irresponsabilidad, ir a provocar susceptibilidades allí donde es muy sencillo no provocarlas, nada, repito, si no fueran las razones de este estilo, impediría al Grupo mayoritario de la Cámara dar su voto afirmativo a esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, quisiera, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dar la bienvenida a esta Cámara a los comisionados del Parlament de Cataluña que hoy nos acompañan para la defensa de esta importante proposición de ley sobre el uso de las lenguas oficiales españolas en la que es ya nuestra nueva moneda, el euro. Benvingut. A continuación, quiero anunciarles el voto positivo y entusiasta de los socialistas en el trámite que nos ocupa de esta iniciativa, que es el de la simple toma en consideración.
Quiero reiterar la cuestión del momento procesal en que nos encontramos porque, a pesar de que es cierto que pudieran existir, como ya se ha comentado, dificultades técnicas o llamémoslas de aplicación práctica para la total asunción del articulado de esta proposición de ley, el fondo de la misma e iniciar en definitiva el debate sobre su fondo nos parece de tan hondo calado como para que hoy ninguna de las fuerzas políticas aquí presentes pueda excusarse apelando a cuestiones formales para negar al Parlamento de Cataluña, a la ciudadanía catalana que consideremos, que debatamos la existencia o no de voluntad política en este país para asumir el reconocimiento de su condición pluricultural y plurilingüe también en su nueva moneda, el euro. Porque, salvadas a posteriori las dificultades técnicas respecto a la ya inoperancia, por ejemplo, de esta proposición de ley en lo referente a la acuñación en las diferentes lenguas oficiales del Estado de la última emisión de billetes y monedas en pesetas, materialmente ya imposible, estamos tratando de dilucidar, señorías, en suma, si queremos que la nueva moneda europea, en lo que llamaríamos el reverso de la moneda metálica a disposición de los Estados miembros, debe o no ser reflejo de la riqueza lingüística y, por ende, cultural de nuestro país, así como también hacerlo extensivo a la publicidad institucional que se lleve a cabo para dar a conocer los nuevos billetes y monedas.
¿Queremos o no queremos en este país unir dos elementos esenciales de la vida cotidiana, la lengua y los símbolos, y en este caso uno de los más relevantes, su moneda? ¿Y queremos o no queremos hacerlo en consonancia con lo que reconoce nuestra Constitución respecto a la cooficialidad de lenguas y la obligación no sólo de reconocimiento y de respeto sino también de protección de las lenguas minoritarias en relación con el castellano? ¿Es esa, señorías, o no es esa nuestra voluntad? Nos está solicitando que así lo sea hoy la práctica unanimidad de los miembros del Parlament de Cataluña, dato suficientemente relevante por sí sólo para aprobar hoy la toma en consideración de esta proposición de ley. Además, esta es una obligación que ya asumimos, como también se ha dicho, en esta propia Cámara en diciembre de 1997, cuando de forma unánime invocamos la pluralidad lingüística nacional y cultural del Estado español para que, entre otras actuaciones, reflejáramos nuestra realidad plurilingüe en las nuevas emisiones en papel moneda, lo que hoy se traduciría en la obligación de reflejar nuestro plurilingüismo en la nueva moneda europea, el euro. Pero eso sí, de forma aún mucho más importante, pues hablamos de la primera medida de extensión de la cooficialidad lingüística al resto de España, con lo que ello comporta de pedagógico, respeto a los valores del pluralismo cultural y político que nuestra Carta Magna consagra, o respeto a las minorías, la tolerancia o el multiculturalismo, tan imprescindibles como lo son en un momento como este en que la construcción europea dibuja también su ampliación.
Tan importante como ello es que la riqueza cultural y lingüística de nuestro Estado se refleje en un elemento tan importante, tan esencial como el de la moneda, moneda que acuñamos originariamente en el marco de la Constitución de 1978 y que se ha instalado en el terreno de lo simbólico y representativo del Estado, va a ofrecer muestra, va a ser, señorías, la enseña de qué imagen queremos ofrecer de España a los demás. Pero sobre todo vamos a expresar qué imagen tenemos nosotros como Estado de nosotros mismos. ¿Queremos vernos y que nos vean como un Estado plurilingüe y pluricultural, como lo han querido a través de sus monedas Bélgica, Suiza, Noruega o Canadá, o queremos volver a ser, como dispusimos con la inestimable ayuda del Grupo Popular hace poco en esta Cámara, el Estado monocorde de las matrículas uniformizadas? Ante estas preguntas, y por lo ya expuesto, que hoy la ciudadanía catalana nos pida que recorramos un nuevo trecho en el largo camino del pleno reconocimiento de la pluralidad lingüística en España es, votemos lo que votemos, señorías, un avance. Hoy vamos a asistir en esta Cámara, en cualquier caso, a un avance. Ahora bien, hoy también dejaremos claro a los ciudadanos y ciudadanas españoles cuál es la línea de avance, en qué sentido queremos avanzar y cuanto menos, por clarificador, será para todos significativo. Tras esta votación, señorías, avanzaremos en la profundización de nuestro Estado autonómico o lo haremos en sudeconstrucción. Efectivamente, no querer ser ante

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nosotros mismos y ante Europa, a través de un elemento tan emblemático como es la moneda de un país, la España de pluralismo lingüístico y cultural es sin duda alejarnos del espíritu constitucional y adentrarnos en un terreno que, tras veinte años de Estado autonómico, creíamos a extinguir, el de la uniformización estatal. Y, ante la casi unanimidad hasta ahora de esta Cámara sobre qué tipo de avance queremos hacer hoy en este sentido, será el Grupo Popular, el grupo mayoritario, quien nos acabará dando la clave de hacia dónde nos lleva su Gobierno en este sentido. Nos dirá también si al día de hoy siguen vigentes las palabras del presidente del Partido Popular de Cataluña, señor Fernández Díaz, que hace poco más de un año, en el discurso de investidura del presidente de la Generalitat, nos regaló frases que quiero recuperar para ustedes.
Señor Fernández Díaz, presidente del hoy ya Partido Popular Catalán: Hemos de explicar la verdadera realidad de Cataluña más allá de nuestros límites territoriales, hacer pedagogía de aquello que somos y sentimos los catalanes, pero también desde la propia Cataluña debemos impulsar una pedagogía de una España plural y constitucional.
Es indispensable que Cataluña se involucre más abiertamente y más directamente en el futuro de España, en el contexto de una España democrática y plenamente integrada en Europa. Las aportaciones de Cataluña han de ser y pueden ser sustanciales. Esta España plural que consagra la Constitución ha permitido dar luz a un Estado diferente, que es capaz de dar una respuesta tanto a las reivindicaciones históricas como a las que han surgido al amparo de la democracia. Se sustenta en la defensa de la convivencia, del bilingüismo, de la diversidad como elemento agregador y no disgregador. Una Cataluña en la que se reconoce su pluralidad dentro de una España también plural.
Finalmente, la existencia de dos idiomas, además de enriquecernos, nos dota de unos muy poderosos instrumentos de comunicación. Señor Fernández Díaz.
El propio Aznar, meses más tarde, también en su discurso de investidura, nos habla de la España plural y de la protección necesaria de las lenguas oficiales diferentes del castellano en todos los ámbitos; privado, pero también público. Y, hace escasamente dos meses, el Partido Popular catalán abrazó en su congreso el catalanismo político y decidió enfocar su cacareado giro al centro también hacia el pluralismo cultural y lingüístico. La simple defensa de la Constitución, también en esto -esto también es la Constitución-, la celebramos.


Lo que nos demostrará hoy el Grupo Parlamentario Popular, aceptando o no la toma en consideración de esta proposición de ley, que sin duda ya mejoraremos en lo referente a la técnica y a la práctica, si hoy existe voluntad real de aceptar su fondo, en la respectiva Comisión, es si queremos debatir, simplemente debatir -Cataluña les vuelve a pedir hoy diálogo-, sobre nuestra imagen interna y exterior a través de la posible acuñación plurilingüe del euro. Nos demostrarán si piensan acompañar sus frases congresuales e institucionales con los hechos concretos.
Finalmente, nos demostrarán si el giro catalanista del Partido Popular es real o, como nos tememos, es un giro de 360 grados, es decir, que están ustedes donde estaban, bastante lejos del nuevo centro catalanista y muy cerca de la tradicional derecha uniformista y centralizadora. Se escudarán o no en cuestiones técnicas. No es fácil defender numantinamente y a diario la Constitución ante los medios y negarla a la hora de la verdad en el Parlamento. Pero hoy con su mayoría absoluta nos mostrarán su verdadera cara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López- Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, al igual que los anteriores intervinientes, mis primeras palabras han de ser de saludo a los miembros del Parlament de Cataluña que han venido a esta Cámara a defender la iniciativa sobre el uso de diversas lenguas en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro que en el Parlament catalán se aprobó, no por unanimidad, pero sí por mayoría.
Esta iniciativa legislativa, planteada de conformidad con el artículo 87 de la Constitución, consta de cuatro artículos en los que se propone, en primer lugar, que se expresen en las lenguas oficiales del Estado todas las monedas y billetes que se emitan antes de la entrada en vigor del euro. En segundo lugar, las monedas y medallas conmemorativas que emita la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y, en tercer lugar, las monedas del euro cuyo diseño corresponda realizar al Estado español. Al mismo tiempo, se solicita en la proposición de ley que la publicidad institucional haga mención explícita a las diversas lenguas oficiales.
Al fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre esta proposición de ley, quisiera comenzar señalando algo que para nosotros es absolutamente fundamental: el reconocimiento a la realidad plural que es España. Desde la unidad del Estado, el reconocimiento de la diversidad es no sólo aceptar las cosas como son, sino también comprender y valorar lo que las nacionalidades y regiones reflejan en su historia, en su cultura y en su lengua. Esos elementos de identidad no son sólo provechosos para las comunidades respectivas, sino también para el conjunto de España. Desde la Constitución de 1978 los esfuerzos por la convivencia cultural y lingüística han ido dotando del valor de la tolerancia y del respeto hacia las manifestaciones más diversas de los pueblos que integran el Estado, no debiendo olvidarse que uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico es precisamente el del pluralismo.


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Junto a ello también adquiere valor la cohesión y la búsqueda de puntos de unión y convergencia para avanzar en una línea de progreso común. Aun con todos los fallos que se han producido en este tiempo, este ha sido el gran reto y este ha sido al mismo tiempo el gran logro: la coexistencia de los elementos de identidad, más que menos, de las raíces de las nacionalidades y regiones con los elementos también de identidad, y nadie puede negarlo, de lo que es el proyecto de un Estado moderno pero que tiene en sus bases unas claras manifestaciones de lo que es común. Entre estos elementos está sin duda alguna la lengua, en la que, sin perjuicio del reconocimiento explícito del castellano como lengua oficial del Estado y el deber de conocerla y el derecho a usarla que tienen todos los españoles, la Constitución se hace eco de una realidad plural. En ese sentido se atribuye también carácter oficial a las demás lenguas en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.
Por ello, para nosotros, en el marco constitucional, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial protección, respeto e incluso creo, yendo más allá, que no sólo constituye un elemento de identidad de quienes lo hablan, sino que también forma parte del acervo y la riqueza cultural de los habitantes de otras zonas que, desde el respeto y también desde la admiración, valoran lo que ha supuesto la lengua en la historia de esas comunidades autónomas. Así, todo lo que se haga para promocionar el valor de las diversas lenguas españolas más allá del ámbito territorial respectivo ha de ser recibido con nuestro apoyo más sincero y firme, con la única condición de la viabilidad, por lo que procede examinarlo a la hora de configurar el sentido de nuestro voto.
La proposición de ley plantea, en primer lugar, que los billetes y las monedas del Banco de España se emitan o acuñen en las lenguas catalanas, vasca y gallega, además del castellano. Nos encontramos, sin embargo, en esta primera iniciativa con una cuestión cual es la extemporaneidad de la propuesta. Sobre ello el propio artículo primero de la iniciativa se refiere a la decisión plurilingüe en todos los modelos -y leo literalmente- que sean emitidos antes de la entrada en vigor del euro. Sin embargo, es evidente, señorías, que esto no es del todo correcto, pues la entrada en vigor de esa nueva moneda se produjo ya hace casi dos años, concretamente el 1 de enero de 1999, por lo que parece que se produce una confusión entre lo que es la entrada en vigor del euro, que tuvo lugar en esa fecha, y la sustitución por euros de los actuales billetes y monedas emitidos por los respectivos bancos centrales, que tendrá lugar, como bien saben SS.SS., el 1 de enero del año 2002.
En este punto nos encontramos ante una proposición de ley cuyo iter parlamentario comenzaría ahora y con apertura del plazo de enmiendas a partir de enero del año 2001. De manera que, sin existir ningún tipo de dilación, lo normal es que no viera la luz antes del segundo semestre del año 2001, es decir, escasos meses antes de la fecha ya señalada del 1 de enero del año 2002, fecha, repito, de canje de la moneda ya emitida por los bancos centrales de los respectivos países por la nueva moneda del euro. No debe olvidarse en ese sentido que la puesta en marcha de la moneda única, el euro, está muy cercana, y como tal, cuando se inicie ese período de canje el 1 de enero del año 2002, significaría, en el caso de aceptarse la propuesta, que emitir pocos meses antes nuevos billetes y acuñar nuevas monedas con una vida tan efímera, tan escasa, sería algo no sólo especialmente gravoso, sino sobre todo -y dicho sea con el debido respeto- prácticamente inútil.
La segunda pretensión de la proposición es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñe la palabra España en las demás lenguas oficiales en las nuevas emisiones de billetes y monedas de euros.
Sobre ello es conveniente recordar que el Banco de España ya ha procedido a la emisión y acuñación de estos nuevos billetes y monedas con la antelación suficiente para estar a disposición de las entidades de crédito autorizadas a partir de poco más de un año, el 1 de enero del año 2002. La Orden Ministerial de 23 de marzo de 1999, por la que se acordó la emisión, acuñación y puesta en circulación de la primera serie de monedas, describe en el artículo 3.o las leyendas que han de figurar en las monedas. Pues bien, cambiar -como digo- unos meses antes el diseño, supondría necesariamente la destrucción de los billetes y monedas ya acuñados y almacenados, con el consiguiente derroche de gasto público en una tarea que hace ya seis meses estaba realizada prácticamente en su mitad; concretamente, 3.700 millones de monedas acuñadas de un programa total de 7.800 millones; repito: hace seis meses. Peor que ese derroche serían las consecuencias en orden a invalidar esas monedas y comenzar unos meses antes de la fecha de canje a elaborar otras diferentes, eso supondría algo muy grave pues España no podría cumplir los programas y los tiempos de fabricación comprometidos por el Estado español.
Deben recordarse las recomendaciones del Ecofin, del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, en el sentido de que no se realice ninguna modificación en el diseño de la nueva moneda durante los primeros tiempos a fin de que los ciudadanos que han de utilizarlas -les recuerdo que no sólo los españoles, sino también los de los países integrados en esta moneda- se familiaricen con las mismas.
En tercer lugar, y por lo que se refiere a la acuñación y puesta en circulación de monedas y medallas conmemorativas y especiales de todo tipo, hay que tener en cuenta que su finalidad no es la circulación por el territorio nacional ni su uso liberatorio como pago, sino más bien la de carácter artístico, histórico y de coleccionismo. Ello podría hacer eventualmente apropiada

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la realización de determinadas emisiones que conmemoren fechas y acontecimientos propios de una comunidad en la cual exista otra lengua cooficial. A nosotros nos parece muy razonable que, con motivo de una efeméride de una comunidad autónoma con una lengua cooficial, la leyenda pueda venir escrita en su totalidad en la lengua que es oficial junto con el castellano, y lo estamos haciendo ya. Así, en la actualidad, quiero anunciarles que está prácticamente concluida -algunas de SS.SS. lo conocerán bien- la acuñación de una moneda del 700 aniversario de la fundación de la Villa de Bilbao, cuyo reverso viene escrito en euskera en su totalidad -en su totalidad, repito-.
Esto es lo que está haciendo precisamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La última pretensión de la proposición de ley -y voy concluyendo, señora presidenta- se refiere a la publicidad institucional. A este respecto hay que destacar el esfuerzo que en este tiempo viene realizando la Administración general del Estado, al igual que el resto de administraciones públicas y entidades privadas para trasladar el mensaje de la llegada de la nueva moneda en un lenguaje fácilmente comprensible para los ciudadanos de cualquier parte del territorio nacional, lo que incluye la realización de campañas de publicidad institucional escrita y oral también en otras lenguas oficiales en el territorio de las respectivas comunidades autónomas.
La campaña de comunicación del euro que está llevando a cabo el Ministerio de Economía ha tenido siempre presente la realidad plurilingüe del Estado, y la va a seguir teniendo. Se van a seguir imprimiendo folletos y otro tipo de material gráfico en otras lenguas diferentes al castellano y se seguirá emitiendo la publicidad televisiva o radiofónica sobre el euro en otras lenguas. Quiero recordar, a propósito de la comunidad de la cual procede esta iniciativa, la colaboración con el Patronat Catalá pro Europa, que ha sido sin duda alguna muy importante.


La señora PRESIDENTA: Señor López-Medel, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señora presidenta.
Por todo ello, porque algunas de las pretensiones de esta proposición de ley se están desarrollando sin necesidad de que lo diga una norma con rango formal de ley y porque algunas de las cuestiones no son viables técnicamente, nos vemos obligados a no votar favorablemente la iniciativa. Nos gustaría que hubiera sido de otra forma. Nos agradaría mucho haberla podido votar favorablemente, pero, como les he dicho, no es posible por razones técnicas y de tiempo.
Estoy seguro de que en otras iniciativas parlamentarias a propósito de las lenguas que se examinarán en esta Cámara estaremos también abiertos al diálogo.
Desde esta apelación, anuncio el voto en contra de la proposición de ley. (Aplausos.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Medel. (Pausa.) Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 137; en contra, 166; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la iniciativa de referencia.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 122/000014.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición de ley de modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje porque tenemos el convencimiento de que es preciso producir modificaciones en la norma por la que se rigen los mecanismos concesionales de las explotaciones de las autopistas de peaje y porque las modificaciones introducidas en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular han originado unas distorsiones que en nada han beneficiado al bien público.
En España, la Ley de 26 de febrero de 1953, sobre construcción por particulares de carreteras de peaje, constituyó la primera legislación en materia de concesión de autopistas, que se vio continuada en los años sucesivos por normas añadidas, muy variadas, que condujeron a la necesidad de la unificación de las mismas con la promulgación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo,

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de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Esta ley, que se encuentra actualmente en vigor, establecía, entre otros de sus contenidos, el período máximo de concesión de 50 años; especificaba los beneficios fiscales y tributarios que podrían concederse a los concesionarios en los pliegos de cláusulas y decretos de adjudicación; establecía la facultad de armonización de acuerdo con el plan económico financiero de la concesión, y, excepcionalmente, contemplaba subvenciones a fondo perdido en los casos que se indican. La citada ley también mantenía el otorgamiento del aval del Estado y el seguro de cambio para las sociedades concesionarias, beneficios que fueron suprimidos por la Ley posterior 25/1998, de 29 de julio, de carreteras y caminos.
Señorías, la Ley 8/1972 sigue vigente hoy en día y constituye, junto con sus disposiciones de desarrollo posteriores, el régimen jurídico singular que regula el otorgamiento y contenido de las concesiones de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje. Asimismo, dispone que las concesiones administrativas para la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje se rigen por lo dispuesto en la propia ley, con las prescripciones del correspondiente pliego de cláusulas particulares, y en lo que no resulte válidamente modificado por éste, por el pliego de cláusulas generales aprobado por Real Decreto 215/1973. Debemos tener en cuenta que estas concesiones administrativas vienen a ser contratos mixtos de obras y gestión de servicios públicos. Por un lado, la concesión habilita al concesionario para la explotación de un servicio público, cual es la puesta a disposición de los ciudadanos de una infraestructura para el desplazamiento y transporte por carretera y, por otro, el concesionario ocupa y utiliza un bien de dominio público para la explotación de este servicio. El servicio objeto de la concesión -debe quedar muy claro, en consecuencia- constituye una actividad propia del Estado que el concesionario gestiona en su nombre de forma temporal. El concesionario gestiona el servicio objeto de la concesión bajo la vigilancia, inspección y control de la Administración concedente, que será ejercido por la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje y, según normas recientes dictadas por el actual ministro de Fomento, le corresponde tal función al actual subsecretario del Ministerio de Fomento.
La Ley 8/1972 ha sido modificada en los últimos años de Gobierno del Partido Popular mediante las leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, introduciendo una serie de modificaciones sustanciales con las que el Grupo Parlamentario Socialista en estos últimos años ha manifestado de forma reiterada que no se identifica y, como consecuencia de ello, proponemos la desaparición de las normas legales que se han venido incorporando a la Ley 8/1972 y que se han recogido en las sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1996 hasta el año pasado. Concretamente la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 157 modificó sustancialmente los artículos 2, 8.2, 13.
F), 25 y 30.1, posibilitando, en primer lugar, la ampliación del plazo máximo de concesión a 75 años por la posibilidad de que la compensación a la sociedad concesionaria para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión en los supuestos de modificación de la concesión o ampliación de la autopista pudiese consistir en una prórroga del plazo vigente de concesión. En segundo lugar, la ampliación del objeto social de las sociedades concesionarias que podrán realizar las actividades que en relación a infraestructuras de transporte y comunicaciones les sean autorizadas, tanto en España como en cualquier Estado extranjero, debiendo la sociedad concesionaria llevar cuentas separadas para cualquier actividad que desarrolle diferente a la correspondiente a la concesión inicial.
Así pues, señoras y señores diputados, mediante la primera Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el Gobierno del Partido Popular, se ampliaron los derechos de las concesionarias tanto en relación con el objeto social de las mismas como en cuanto a la duración de la concesión, elevándose ésta en la posibilidad de 50 hasta 75 años. El Grupo Parlamentario Socialista en reiteradas ocasiones ha manifestado no entender este trato de favor si no es como consecuencia de una difusa y no materializada política de rebajas de peaje a satisfacción de los usuarios, que entrega un volumen de negocio futuro de dimensiones importantes desde la óptica financiera y de beneficios a las concesionarias a cambio de muy reducidas contraprestaciones a favor de los usuarios. Esa Ley del 31 de diciembre del año 1996 ha sido objeto de debates sucesivos, y voy a ir avanzando en el sentido de manifestar claramente nuestra posición que justifica las razones por las cuales presentamos esta proposición de ley.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista -quiero ponerlo de manifiesto en lo que se refiere al desarrollo temporal de la actividad política del Congreso de los Diputados- fue presentada el 5 de abril del presente año en el registro general del Congreso de los Diputados. Este dato tiene importancia para lo que a continuación les voy a decir. Con esta proposición de ley solicitamos la modificación del artículo 15 del capítulo IV, vinculado al régimen económico financiero con la siguiente redacción. Presentamos un artículo 15 bis nuevo en los términos siguientes: El plan económico financiero, que constituye la base económico financiera de la concesión, contemplará los ajustes necesarios cuando se produzca una evolución favorable de los resultados económicos de la explotación, con el fin de lograr el equilibrio entre la compensacióneconómica a las empresas concesionarias y los

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intereses generales. Dichos ajustes podrán consistir en la reducción de las tarifas a pagar por los usuarios en inversiones, en mejoras viarias a cargo de la concesionaria o en un avance en el período de reversión a la Administración.
En esta proposición de ley proponemos también la modificación del apartado segundo del artículo 24 de la Ley de 1972, que quedaría redactado de la siguiente manera: En este último supuesto se procurará de nuevo el equilibrio económico financiero a la concesionaria, realizando las correcciones necesarias, a fin de que resulten compensados el interés general y el interés de la empresa explotadora. En nuestra proposición de ley propugnamos asimismo la eliminación de los contenidos recogidos en el artículo 157 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y sociales, es decir, de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 1997 en lo que se refiere a los artículos 157.1, por el que se modificaba el artículo 8.2; artículo 157.1 que modificaba el artículo 30.1 de la Ley de 1972 y, por último, el 157.2, por el que se introducía un artículo 25 bis nuevo a la Ley 8/1972. He querido leerlo a efectos de dejar clara constancia de lo que pretendemos con esta proposición de ley. En primer lugar, la modificación de los artículos 15 y 24, a efectos de posibilitar un mejor equilibrio financiero en la explotación de las autopistas de peaje, y, en segundo lugar, la eliminación de una serie de preceptos que de una forma privilegiada se han dado a las empresas concesionarias y que se han recogido en sucesivas leyes de acompañamiento.
Señorías, vuelvo a reiterar que el 5 de abril del año 2000 hemos presentado esta proposición de ley en el registro de la Cámara.
Curiosamente, en la fase en que se encuentra en el Senado la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2001 y la ley de acompañamiento, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, que ya ha sido incorporada al dictamen de la Comisión, al artículo 63 bis nuevo, de modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo. Se modifica el apartado segundo del artículo 24, es decir, lo que estamos pidiendo en nuestra proposición de ley y que hemos venido reiterando en la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Repito que ya está en el dictamen de la ley de acompañamiento con los votos del Partido Popular el siguiente texto: En este último supuesto y mediante las correcciones necesarias, se procurará de nuevo el equilibrio económico financiero de la concesionaria, de modo que, considerando los parámetros objetivos previstos en el plan económico financiero, resulten compensados el interés general y el interés de la empresa explotadora. El Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, en situación de minoría parlamentaria, viene marcando la ruta de la defensa de los intereses generales. Y al grupo mayoritario, con 183 diputados, no le queda más remedio que ir tras la ruta que venimos marcando. Con este precedente el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de esta proposición de ley, habida cuenta de que nos ha hurtado -y nos felicitamos por ello- la modificación del apartado segundo del artículo 24 y lo hace suyo el grupo que ostenta la mayoría de la Cámara. A continuación, introduce otro artículo que a buen seguro será objeto de análisis posterior, que es el de la revisión de tarifas y peajes, pero que no es el objeto de la defensa de esta proposición de ley, sino que se verá lógicamente cuando analicemos las enmiendas procedentes del Senado.
El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho, también en reiteradas ocasiones, que el crecimiento económico que ha habido en los últimos años, el aumento de tráfico por carretera, el incremento del parque de vehículos y el aumento innegable del producto interior bruto han venido garantizando unas cuentas de resultados extraordinariamente elevadas en las circunstancias actuales, a las que el Gobierno aporta unas inyecciones elevadas como consecuencia de las normas de las sucesivas leyes de acompañamiento, a las que he hecho referencia en esta intervención en reiteradas ocasiones. Hay hechos constatables, objetivables, hay concesionarias que han obtenido en los últimos años beneficios superiores al 60 por ciento de su facturación. Justamente a esas concesionarias se les prorrogan los períodos de explotación con unas mínimas rebajas de los peajes.
En la comparecencia del actual ministro de Fomento ante la Comisión de Infraestructuras, el pasado 15 de junio, el portavoz socialista le pidió el anuncio de la anulación de dicha norma por ser auténticamente escandalosa, como vienen demostrando las cuentas de resultados de las concesionarias. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos venimos preguntando a cuánto ha ascendido la compensación pública, vía Presupuestos Generales del Estado, de la última rebaja del 7 por ciento, durante cuántos años y si no hubiera sido mejor rescatar muchos tramos. Saben que el Grupo Parlamentario Socialista ha impugnado ante el Tribunal Supremo -y lo doy a modo de dato- la ampliación por 37 años de la concesión de una determinada autopista de peaje porque nos pareció lesiva y fomentadora de un enriquecimiento injusto. Señorías, estas nuevas políticas gubernamentales favorables al peaje han encontrado sus expresiones básicas en esos dos conceptos: en convenios de prolongación de concesiones en desarrollo de las modificaciones de ley y en la política de un programa de autopista de peaje, que defendió el anterior ministro de Fomento en el año 1997 ante esta Cámara.
Señorías, nosotros creemos que los convenios de prolongación de concesiones constituyen un auténtico peligro para los intereses de los usuarios, que si bien es cierto que han tenido algún que otro precedente en algún que otro momento, no tienen por qué servir de precedentes generales. El acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la concesionaria Aumar ofrece un ejemplo clarísimo. En primer lugar, se ha producido una

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reducción de peaje del 30 por ciento para los vehículos ligeros y del 40 para los pesados. También los años de vida restante para la concesión pasaron de los nueve que le quedaban hasta 22, es decir han experimentado un incremento en número de años del 144 por ciento.
Señorías, ni los 5.000 millones de pesetas de inversiones acordadas ni los efectos financieros de la reducción de los peajes justifican en modo alguno la espectacular dimensión de una prórroga escandalosa.
Nosotros consideramos además que la reducción de peaje va a inducir un aumento de tráfico como se viene produciendo y dado que el coste marginal del tráfico para la concesionaria es muy bajo, ello compensa en gran parte la pérdida de beneficios originada por esas reducciones. Pero señorías, como consecuencia de las nuevas políticas de liberalización de las telecomunicaciones, la prórroga de las concesiones está posibilitando nuevos nichos de mercado para las empresas concesionarias, nuevos ingresos que no se consideraron en los momentos de la concesión y que previsiblemente van a generar nuevos e importantes ingresos en las concesionarias no previstos en el momento de la concesión.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señoría, le ruego vaya concluyendo.


El señor SEGURACLAVELL: Sí, señor presidente.
Por ejemplo, señorías, en la fase que nos encontramos en España en la liberalización de las telecomunicaciones el Gobierno tiene obligación de posibilitar de forma rápida la generación de las infraestructuras precisas para que la liberalización de las telecomunicaciones sea real y efectiva y de hecho no lo está siendo mientras no existan infraestructuras alternativas a la del antiguo monopolio de Telefónica y que permitan la libre opción. Por eso, señorías, las empresas generadoras de infraestructuras en telecomunicaciones se están encontrando con la situación de abuso dominante de las concesionarias que les quieren aplicar unos cánones que repercutirán naturalmente en los usuarios, como consecuencia de la capacidad de que disponen esas concesionarias en función del pliego inicial de condiciones para exigir el bien de dominio público y exigen unos cánones absolutamente inaceptables.
Ese hecho es real, y termino señor presidente. No es posible la auténtica liberalización de las telecomunicaciones sin una auténtica liberalización en la utilización del dominio público generador de infraestructuras que posibiliten que los usuarios de las telecomunicaciones tengan dos o tres posibilidades de anillo a lo largo y ancho de la geografía del Estado español competidoras de quien ha ostentado hasta el momento el monopolio.
En consecuencia -y con ello finalizoo, señor presidente- el Grupo Parlamentario Socialista plantea una serie de modificaciones en la vigente ley reguladora de la explotación de autopistas de peaje y se reitera en los contenidos de los artículos que pretendemos modificar que he explicado, y además en una política liberalizadora del transporte público a lo largo y ancho de la geografía nacional. En la pasada legislatura se aprobó por unanimidad en esta Cámara la creación de una ponencia específica, una ponencia que transcurrido todo el año 1999 no se reunió, porque no existía voluntad por parte del grupo mayoritario de esta Cámara.
Es un tema de escándalo para los ciudadanos. Este tema tiene relevancia capital en el que no podemos dejar que las Cortes Generales no ejerzan el papel directriz, el papel de auténtica dirección en la generación de las infraestructuras. Se nos avecina -porque así nos ha amenazado el Gobierno- una ley marco de financiación de las infraestructuras del transporte en España; no esperemos a los debates de esa ley, generemos el ambiente de debate razonable y creativo de las Cortes Generales para que esa ley posibilite la utilización del bien público, de forma homogénea en todo el Estado español y que no existan mecanismos de diferenciación en las infraestructuras del transporte viario entre las distintas comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre la proposición de ley que somete a debate el Grupo Socialista y que nosotros creemos razonable. Está claro que la inicial configuración de las concesiones para la construcción, gestión y explotación de autopistas de peaje, donde se podía atisbar la asunción de riesgos por parte de la entidad concesionaria de las autopistas, se ha ido transformando a lo largo de los últimos años, salvándose cualquier incertidumbre para estas concesionarias al establecerse compensaciones a través de subvenciones, ayudas, beneficios fiscales e incluso la posibilidad de prórroga de las concesiones hasta los 75 años, garantizándoles con esa medida no sólo el equilibrio económico de la concesión sino la generación de una rentabilidad extraordinaria que compensa de manera importante el riesgo asumido.
Al mismo tiempo, a medida que han ido aumentando las ayudas y garantías de las empresas concesionarias de autopistas, también han concurrido otras circunstancias favorables para las mismas, especialmente el aumento de tráfico debido al incremento de vehículos. Todo ello se traduce en un incremento de los ingresos percibidos, y en consecuencia de la rentabilidad de la explotación.
Frente a esta situación de mejora en la explotación económica de la gestión del servicio público de explotación

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y conservación de las autopistas, no se han tomado medidas paralelas que permitan a los usuarios de estas vías, en todo caso financiadores últimos de las mismas, disfrutar de unas tarifas de peaje más baratas y acordes, de supresiones de peaje en aquellas autopistas o tramos de autopista que transcurren por zonas donde no existen vías de comunicación alternativa e incluso de mejoras en los trazados u otras prestaciones de las autopistas con cargo exclusivo al concesionario, etcétera.
Por ello es razonable pretender -como se deduce de esta proposición de ley- que el futuro equilibrio económico-financiero de las concesiones de autopistas, que tradicionalmente ha operado en beneficio del concesionario, pondere más adecuadamente la rentabilidad de la explotación con el interés de los usuarios, estableciendo para ello en la ley la obligación de realizar los ajustes necesarios para que ese equilibrio sea justo, sin que resulten perjudicados quienes usan esas vías de comunicación con tarifas abusivas, cuando la evolución económica de la concesión sea especialmente favorable.
La Ley 8/1972, de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión, respondía al objetivo de que las obras de las vías de comunicación de alta capacidad y su conservación posterior que son objeto de concesión, fuesen financiadas por los usuarios. Por ello las tarifas de peaje, caso de existir, deben ser ajustadas en cada momento, para que se cumplan las previsiones del plan económico-financiero, evitando en todo caso que este aumento de tarifas, unido al incremento del tráfico, sirva para alcanzar beneficios extraordinarios.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego cree muy positiva esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que de aprobarse permitiría el rescate anticipado de las concesiones cuando el coste de las obras fuera amortizado, por lo que vamos a votar afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Ochoa.


El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista es oportuna, es interesante, creo que merece nuestra consideración, y por tanto la vamos a votar favorablemente. La vamos a votar favorablemente porque si hacemos historia desde la década de los sesenta en que se hace el diseño del programa de autopistas nacionales de peaje, el Gobierno entonces existente en el Estado español crea unas condiciones de blindaje para los explotadores con garantía de retornos, en una época en la que no hace falta decir a SS.SS. en qué niveles se encontraban los intereses, en un momento que a esos futuros explotadores se les dan beneficios fiscales, se permite importación dedicada a estos fines (por lo menos teóricamente) de cupos de maquinaria de obras públicas, se establecen unos seguros de cambio importantísimos, que a mediados de 1997 ya habían superado los 100.000 millones de pesetas netos solamente para dos empresas, y se establecen los 50 años como límite de explotación; en fin, una serie de ventajas. Cualquier cálculo que se hubiera hecho de los retornos de esas inversiones en las infraestructuras en cuestión, estoy seguro de que todos los grupos que optaron a las concesiones tenían muy garantizados esos retornos en el período de 50 años. Pese a ello, nos encontramos con que sucesivamente y a lo largo de los años, por diferentes artículos metidos de rondón en las leyes de acompañamiento, se van consiguiendo ampliaciones de concesión; ampliaciones que curiosamente han quedado todas cerca de la línea de los 50 años, en los 46-47 años, esperando algún otro empujón con la normativa nueva que permite la ampliación hasta los 75 años.
Eso nos parece una situación abusiva, una situación que va en contra del interés de los usuarios, favoreciendo descaradamente a ciertas empresas que están en este momento explotando esas infraestructuras.
No hay que olvidar que, como ha dicho el señor Segura, hay otros negocios que han nacido en paralelo. No hay que olvidar la importancia que tiene el negocio de la hostelería actualmente existente en las autopistas de peaje, el negocio de la expedición de hidrocarburos en régimen de concesión exclusiva dentro de las autopistas; por tanto no están liberadas del régimen de monopolio que antes existía en el Estado. Eso sigue existiendo dentro de las autopistas de peaje y existen, cómo no, las conexiones o las vías para las nuevas comunicaciones. Ahí están construyéndose ya los sistemas de banda ancha a lo largo de esas autopistas, en un terreno que teóricamente es del Estado cuando se revierta, que sin embargo está explotándose por concesionarias sin que nadie evalúe esos resultados en la cuenta de las respectivas explotadoras y que lógicamente deberían retornar a los usuarios. Nos encontramos con que, tristemente, hay ampliaciones de última hora, concedidas por el Gobierno actual, que permite la ampliación de la explotación de algunas autopistas hasta 35 años, con peajes de más de 14 pesetas/ kilómetro, casi 15 pesetas/kilómetro, en autopistas ampliadas, es decir mucho mayores que las del nuevo sistema de autopistas del Estado, que se cifra como tarifa máxima en 10 pesetas/kilómetro. Nos parece absolutamente injusto.
A pesar de lo prolijo de la exposición, creemos que aún habría que hablar de muchas cosas más en la Comisión correspondiente. Abundando en lo que ha dicho el señor Segura, no nos cabe la menor duda que el Partido Popular votará positivamente esta proposición, como no puede ser de otra forma.
Gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ochoa.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro grupo parlamentario cree que es necesario (una vez más vamos a repetir los argumentos que se han esgrimido en la Cámara en estos momentos y en muchas otras ocasiones) que exista no solamente el equilibrio financiero de las compañías que explotan las autopistas, sino que también un equilibrio justo con las prestaciones económicas que los usuarios de las autopistas tienen que pagar por esta prestación.
Señorías, en los últimos años las cuentas de explotación de las compañías concesionarias de las autopistas españolas tienen mucho que ver no sólo con el aumento de los vehículos que circulan por ellas, sino también con el aumento del peaje. Aunque en algunos casos no ha habido exactamente una subida del peaje, sino que incluso ha podido existir alguna disminución, lo cierto es que han aumentado los vehículos que circulan por las autopistas, y eso no ha repercutido en el peaje que hasta el momento están pagando los usuarios. Además de ese aumento de circulación por las autopistas, a las empresas concesionarias se les han dado otros beneficios: se les han aumentado los años de explotación de las autopistas y además se les ha permitido cambiar el objeto social de las mismas para que puedan diversificar sus operaciones como empresas. Por tanto, se les ha beneficiado con el uso que están pudiendo hacer de la ocupación de suelo público. Señorías, es necesario que las empresas tengan beneficios en nuestro país, pero también es necesario -y quizás en esta Cámara tendría que ser prioritario- que el beneficio que puedan tener las empresas tenga una contraprestación para la ciudadanía, y fundamentalmente en este caso para los usuarios de las autopistas de peaje.
Todos ustedes saben, señorías, que nuestro grupo parlamentario defiende el rescate de las concesiones de autopistas y que ha sido contrario al aumento en las concesiones. Si se toma en consideración esta iniciativa, puede ser el inicio para que podamos profundizar en cuáles son los costes que puede producir este rescate al Estado.
Señorías, no tardaremos mucho en discutir en esta Cámara un crédito extraordinario para poder suplementar el crédito que venía los Presupuestos Generales del Estado para 1999 por la compensación del cambio de moneda en los préstamos que tienen las autopistas, y el préstamo no es ninguna tontería, son 13.000 millones de pesetas complementarios. Por tanto, señorías, a través de esta iniciativa podemos iniciar un debate que puede llevar a la conclusión de que podemos rescatar las autopistas, las empresas no se van a hundir por ello sino que vamos a beneficiar a los usuarios, y sobre todo vamos a beneficiar a los Presupuestos Generales del Estado, sin que por ello se va perjudicada la economía del Estado.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Urán.
Señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSALL: Gracias, señor presidente.


Esta proposición de ley, que pretende el equilibrio entre la compensación económica a las empresas concesionarias y los intereses generales, puede ser considerada en dos partes. En ella se recoge un compendio de medidas que permiten justificar toda una serie de actuaciones que han ido realizando los distintos gobiernos a lo largo del tiempo que llevan funcionando las autopistas. En estos momentos hay modificaciones de tarifas de autopistas que buscan la rebaja del coste al usuario, muchas de ellas con ampliación del plazo de concesión. La discusión surge muchas veces al considerar que existe un exceso de beneficios por parte de las concesionarias y un trato de favor por la prórroga de los plazos de concesión. Verdaderamente es justo que el concesionario tenga una buena rentabilidad, pero también son convenientes las revisiones de las tarifas cuando el rendimiento es excesivo, siempre dentro del marco establecido por la institución concesional.
En estos momentos nos encontramos con que la modificación que hace la proposición de ley del artículo 15 bis, punto 2, tiene un carácter interesante. El ponente del Grupo Socialista, señor Segura, decía que el Grupo Parlamentario Popular lo ha recogido prácticamente en una enmienda en la ley acompañamiento en el Senado. Hay una enmienda del Grupo Popular que va a prosperar en el Senado y resuelve este punto.
Él dice que seguramente votarán a favor. A lo mejor el Grupo Socialista le pide que usted retire lo suyo porque ya lo tiene y de esta manera obtendrá un resultado mucho más rápido que a través del trámite de esta proposición de ley. Esto es una cosa más bien anecdótica, pero la solución que usted pide de tener una variación del artículo de la ley, se obtiene a través de una enmienda a la ley de acompañamiento y es mucho más difícil que prospere su proposición de ley. Nosotros no votaremos a favor.
En cuanto a la segunda parte, se refiere más a las modificaciones de la Ley de medidas administrativas, fiscales y sociales, Ley de acompañamiento de 1996. Se habla de las ampliaciones de objeto social de las compañías concesionarias -nos parece lógico- y además de nuevos peajes. Ahí entra básicamente en la derogación incluso muy concreta del artículo 25 bis y de la transitoria décima que quiere anular todas las

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autorizaciones existentes. Me parece que el señor Segura, hombre que conoce a fondo el tema y al que le reconozco su docto proceder en todos los temas de transporte marítimo y aéreo, en este caso no quiere llegar al fondo en alguna cosa, como puede ser que las ampliaciones de plazos en la concesión de autopistas provienen en otras legislaturas de antiguos gobiernos. Algunas concesiones podría encontrar en Cataluña verdaderamente escandalosas. Por ejemplo, podría analizar la prórroga que se dio a muchas autopistas en territorio catalán e incluso hasta Aragón, para obtener unos peajes muy blandos en la autopista A-19 pasando por el interés de los que mandaban en la Administración local que estaban muy interesados y muy ligados con el grupo que usted representa.
Querer anular todo esto es un despropósito. Quisiera hacer mención a que en la defensa de todos estos temas se habla mucho del rescate de las autopistas. Mi grupo, y yo personalmente, no pensamos en ello favorablemente, al menos en nuestro territorio. Si usted pasase por la autopista A-7 desde el tramo de Salou hasta El Vendrell encontraría la justificación de por qué no estamos de acuerdo con el rescate. La nacional 340 iba sumamente saturada y actualmente encontrará también usted la autopista A-7 desde que se estableció la gratuidad de este tramo, como tramo de circulación de ciudad. Algo parecido encontraríamos en la circunvalación de Valencia o en la de Zaragoza, porque no hay peaje. Nosotros no somos partidarios de rescate de autopistas porque desde el momento en que se da el peaje gratis, verá usted los tramos de autopista saturados y sólo faltaría que el resto de la carretera nacional 340 también desapareciese como tal y todo el tráfico pasase por la autopista. Nosotros queremos que el dinero que pueda suponer rescatar las autopistas, que también le costaría al Estado, revierta en el desdoblamiento de las carreteras nacionales de este tipo. He defendido en esta Cámara muchas veces, sobre todo la nacional 340 hasta Barcelona y después la Nacional II, de Barcelona a la frontera, pero también de Zaragoza hacia el norte.
Hay muchas carreteras más o menos paralelas a las autopistas que no tienen desdoblamiento. La ventaja de las autopistas desde hace unos años fue muy favorable para las regiones que las tenían y quizá ha llegado el momento de que lo que son carreteras nacionales en aquellas zonas se conviertan en autovías, el gran tema de automoción por carretera que tuvo el Partido Socialista en su momento, dejando los peajes. Pueden existen los peajes y pueden existir las autovías, posiblemente también tendríamos que hablar que donde existen esas carreteras también hay cierto debate entre autopistas y carretera doblada, porque hay una pugna de intereses, estoy de acuerdo en ello, pero nosotros decimos que no se rescaten las autopistas a poder ser.
Lo que hay que hacer es que el dinero que costaría el rescate de una autopista sirva para convertir a las carreteras cercanas en autovías, que este sería un buen esquema de circulación.
Por tanto, en el tema de hoy, derogar lo que se dice en el artículo 2 e modificar todos estos puntos que destruyen la base legal que pueden tener los convenios habidos y los que hubo entonces, quizás más importantes los de entonces que los de ahora aunque no tanto en valor absoluto, y después lo que ya en una enmienda en la ley de acompañamiento resuelve la problemática de la primera parte de la proposición no de ley, nos ahorran el hecho de que hoy tengamos que votar favorablemente lo que quisiéramos arreglar aquí.
He de reconocerle también, señor Segura, que en la anterior legislatura no se llegó a buen fin con el tema de la subcomisión que había sido acordada, pero no fue desde los grupos que estábamos, ha dicho usted bien, sino porque esta subcomisión que tenía que trabajar para analizar la temática de los peajes de autopista a propuesta entonces del Grupo Mixto, quedó por fuera debido a que el Ministerio de Fomento no llegó a mandar el estudio-informe previo que en la proposición de constitución de la subcomisión se pedía. Llegó el final de la legislatura y la subcomisión quizá podría en un futuro volver a trabajar, pero si hoy resolvemos algún tema algo positivo conseguiremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno tiene el noble propósito de llevar a cabo un plan de infraestructuras valorado en algo así como 18 billones de pesetas; tiene el noble propósito de corregir las discriminaciones negativas de algunas tarifas y situaciones en las que el peaje que se da en el Estado, y para ello, señorías, introdujo modificaciones en la Ley de acompañamiento 6/1996 para poder dar pie a determinadas posibilidades de financiación y de equilibrios de tarifas en el Estado.
El Partido Socialista propone ir en contra de lo que pretende el Gobierno, que es recuperar el desequilibrio histórico que tiene nuestro país en infraestructuras. Por eso, como le vamos a demostrar ahora que va en sentido contrario, vamos a votar negativamente.
Antes de entrar, sí me gustaría hacer con el máximo respeto una reflexión sobre determinadas valoraciones que se han hecho por otros intervinientes, hablando del peligro de tratos de favor, de las explotadoras y de privilegios. Señorías, yo sé que en los debates parlamentarios, por intentar simplificar, se hacen algunos juicios que pueden resultar lejos del rigor. Como saben SS.SS., cualquier concesión de la Administración sale a concurso público con un pliego perfectamente establecido y que es público, que la resolución de la concesión, con su cuadro y plan económico financiero durante toda la vida de la concesión, también es público y tiene el dictamen del Consejo de Estado y de la Intervención del

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Estado, y que cualquier modificación que se haga de ese plan económico-financiero durante la vida de la concesión también tiene los dictámenes del Consejo de Estado y de la Intervención del Estado.
Es decir, tiene todos los rigores técnicos, jurídicos y legales para que no parezca, como está pareciendo, que las concesiones de peaje se dan en una tómbola y se varían al libre albedrío de la Administración. Probablemente ahí es donde se llegaría si aceptáramos la propuesta del partido Socialista. Con esto quiero reafirmar el rigor, que no se le regala nada a nadie, que lo que se ha intentando con la ampliación de plazo es rebajar las tarifas de peaje, como ahora explicaré, y que confundir el saldo contable de un año con el desequilibrio económico financiero es un error al que lleva la simplificación de los argumentos que se han hecho a lo largo de esta tarde.
Paso a explicar por qué el Partido Popular no está de acuerdo con la propuesta socialista. Primero, el Partido Socialista pide modificar el régimen jurídico de las carreteras en régimen de concesión, de tal manera que, teniendo en cuenta el interés económico, se puedan rebajar las tarifas, reducir el plazo de concesión o imponerles determinadas inversiones adicionales. Eso, señorías, hoy se puede hacer aplicando el artículo 24 de la misma ley. No es necesario añadir lo que intenta el Partido Socialista y, además, sería pernicioso, por una razón, porque lo que propone el Partido Socialista en el artículo 25.15 bis es que la Administración, al libre albedrío y por simples razones económicas, modifique el contrato de una concesión, y eso, señorías, a mí sí que me parece peligroso. El artículo 24, en razón del interés público, permite modificar el contrato de una concesión, y eso se ha aplicado. El señor Sedó ha hecho mención de tramos de autopistas donde se ha quitado el peaje. Por razones de interés público, en las recientes catástrofes de Barcelona se eliminó el peaje para camiones en un determinado tramo de la A-7. Eso se aplica y se ha aplicado. Además, se produciría una paradoja, señorías: si la concesionaria tiene muchos beneficios -aparentemente estoy siguiendo el mismo argumento-, el peaje es mayor, pero si no tiene beneficios, no. Entonces, se produciría una discriminación tarifaria. A mucha demanda, menos peaje, y a poca demanda, mucho peaje; es decir, se abundaría en el desequilibrio tarifario. Si lo que se intenta es recuperar los desequilibrios territoriales, tampoco es el camino modificar, por el libre albedrío de la Administración y de los resultados económicos, los contratos de las concesionarias. No olvidemos que estamos hablando de 16 empresas que tienen concesiones de autopistas, que están en cuatro comunidades autónomas y que hay cuatro comunidades autónomas que, a su vez, tienen contratos de concesión, la Comunidad balear, la Comunidad Autónoma de Cataluña, la del País Vasco y la de Galicia. Es decir, que esta modificación que pretende el Partido Socialista no afecta sólo a la Administración del Estado, sino que afecta a más administraciones autonómicas. Tampoco olvidemos que las 16 empresas se gastan 30.000 millones en el mantenimiento de los 2.100 kilómetros de autopista, es decir, no es un problema fácil y no se puede arreglar de un plumazo.
La segunda parte de la proposición del Partido Socialista intenta derogar tres artículos de la Ley de acompañamiento 13/1996. El primero es el que se refiere a la ampliación de plazo de 50 a 75 años. Señorías, yo no sé si sabemos lo que estamos haciendo. Se ha modificado un contrato, está publicado, son empresas, hay seriedad y derechos adquiridos y a todos los que estamos aquí nos gustaría rescatar las autopistas, pero eso vale un billón de pesetas, y el Partido Popular cree que es mejor seguir con su política de rebajar peajes y gastarse ese billón de pesetas en nuevas carreteras para recuperar el desequilibrio histórico. Por tanto, tampoco creemos que el camino que pretende seguir el Partido Socialista con esa propuesta sea coincidente con el del Partido Popular, va también en sentido contrario, no coincidimos en ese camino.
Las otras dos derogaciones que pretende son aquellas que permiten a las empresas concesionarias de hoy, que son 16 y tienen 5000 empleados, concesiones en otro tipo de obras singulares, puentes, viaductos, túneles. Ahí lo que hace la ley de acompañamiento es abundar y lo que abunda no daña, porque hoy eso ya se puede hacer (el túnel del Guadarrama, el túnel de Cadí), hay obras que se han hecho al amparo de la legislación actual. Lo único que hacía la ley entonces era explicitar un hecho que va a permitir que ese Plan de infraestructuras que pretende el Gobierno del Partido Popular cuente con la financiación privada.
Por último, también pretende derogar la posibilidad de ampliar el objeto social de las empresas que se dedican a explotación en concesión de las autopistas. Usted lo ha dicho, son áreas de servicio, en realidad, son objetos sociales cercanos al objeto principal, que es explotar un patrimonio del Estado en concesión durante un tiempo. Le recuerdo que el intento del Partido Popular es estimular la financiación privada y no castigarla, porque aquí se intenta demonizar a las empresas privadas; hay que estimularlas, pues se necesita la inversión privada para ese Plan de infraestructuras tan ambicioso que pretende el Partido Popular para corregir los déficit históricos. Creemos que es necesaria la financiación y la participación privada, y en ese sentido y por esa razón, y usted lo sabe, el ministro en su comparecencia de junio de 2000 anunció una nueva ley de financiación de las infraestructuras viarias. Creemos que será una ley que podrá armonizar y sistematizar lo que ahora mismo se hace con algunas normas que nosotros pensamos que son positivas, que lo seguirán siendo y que en esa nueva ley anunciada por el ministro se podrán consolidar. Por todo ello el Partido Popular no camina en el mismo sentido y votará en contra de la proposición del Partido Socialista.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jiménez. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición de referencia.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA CONFECCIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
(Número de expediente 162/000146.)

La señora PRESIDENTA: Punto III: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo trae a esta Cámara una iniciativa no legislativa que emplaza al Gobierno de la nación a poner en marcha y desarrollar, en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un sistema de gestión telefónica permanente que, además de suministrar información tributaria al contribuyente, posibilite la realización, por vía telefónica, de los diversos trámites que constituyen el procedimiento de gestión tributaria. Como SS.SS. saben, la Constitución impone a la Administración, como organización burocrática instrumental dirigida por el Ejecutivo, el deber de servir con objetividad los intereses generales de acuerdo con el principio de eficacia, e idéntica obligación impone, con rango de ley ordinaria, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Mi grupo entiende que la Administración tributaria debe ser especialmente permeable a ese mandato constitucional de eficacia y a la vocación de servicio público que por ministerio de la ley debe informar su ordinario quehacer administrativo. La complejidad de la gestión tributaria, consustancial e inherente a la complejidad del tributo, consustancial también a la configuración legal de naturaleza técnica del tributo, la multiplicidad de trámites que integran el citado procedimiento de gestión tributaria y la necesidad de introducir un elemento de certeza, cuando no de seguridad jurídica, en las relaciones que se establecen entre la Administración tributaria y los contribuyentes convoca a todos los poderes públicos, y singularmente al Gobierno de la nación, a desarrollar una política no sólo de simplificación de las obligaciones fiscales, sino también una política de servicio público al contribuyente. Servicio público al contribuyente que es tanto como decir prestación de servicios de información tributaria, de asesoramiento técnico y de asistencia, en sentido lato, al contribuyente.
En ese contexto, el Gobierno ha desarrollado, durante la pasada legislatura y en lo que llevamos de ésta, una política encaminada a la simplificación del IRPF, a definir los derechos y garantías de los contribuyentes a través de la presentación... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Juan, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos continuar con el debate.
Adelante, señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que, en este contexto, el Gobierno desarrolló, durante la pasada legislatura y también en lo que llevamos de la actual, una política encaminada a la simplificación del IRPF, a la definición y garantía de los derechos de los contribuyentes a través de la presentación y aprobación en esta Cámara de la Ley 1/1998, conocida como estatuto del contribuyente, y también a una nada despreciable labor de asesoramiento y ayuda técnica al contribuyente para incentivar el siempre encomiable cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Desde el año 1996, la Agencia Tributaria ha realizado multitud de esfuerzos dirigidos a ofrecer a los ciudadanos más y mejores servicios con el objetivo de coadyuvar a ese cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Para ello, se han potenciado los servicios existentes al tiempo que se han introducido otros nuevos basados en las más modernas tecnologías de la información en beneficio del contribuyente. Así, el programa de ayuda para confeccionar la declaración del IRPF, conocido como programa Padre, ha ido paulatinamente introduciendo mejoras. En la actualidad, y desde 1996, ese programa ofrece la posibilidad de realizar declaraciones por vía telefónica y la de realizarlas en oficinas de la Agencia Tributaria, en otras entidades o incluso, desde el año 1999, a través de Internet, superando el reduccionismo que suponía la exclusiva yexcluyente utilización de impresos oficiales que, en

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otras épocas anteriores a 1996, se habían caracterizado por su oscurantismo y complejidad.
Por otro lado, señorías, se ha potenciado la información telefónica para que los ciudadanos puedan resolver consultas tributarias y recibir información tributaria a través del teléfono, obviando así su desplazamiento a las oficinas de la Agencia Tributaria. La consulta del estado de las devoluciones o la petición de etiquetas identificativas pueden solventarse hoy mediante una simple consulta telefónica. Desde 1998, se ha puesto en marcha un servicio de envío de datos fiscales a los ciudadanos que lo soliciten por teléfono, al objeto de facilitar la confección de las declaraciones de IRPF.
Además y por primera vez, desde la campaña del IRPF de 1999, para la gestión de solicitudes de devolución presentadas por los solicitantes que no están obligados a declaración, se ha puesto en funcionamiento una plataforma telefónica de atención personalizada, que es básicamente un centro de la Agencia Tributaria atendido por personal suyo y dotado de tecnología, medios materiales y soportes informáticos de la propia Agencia. Através de esta plataforma, que ha funcionado básicamente desde el 1 de febrero al 30 de junio del ejercicio de 1999, los contribuyentes han podido solicitar información sobre la presentación del modelo 104 y 105; solicitar que se les calculara -aportando los correspondientes datos económicos y mediante la utilización del llamado programa Proder- el resultado de su liquidación y la procedencia o no de la presentación del citado modelo; pedir cita previa para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria; solucionar las incidencias derivadas de la errónea cumplimentación de los citados modelos, bien sea a iniciativa propia o bien sea a iniciativa de esa plataforma telefónica; y, finalmente, obtener información y, en su caso, conocer el estado de las citadas devoluciones tributarias.
El resultado de esta plataforma en el año de su puesta en funcionamiento, y pese a la introducción del nuevo sistema de devolución sin declaración que ha supuesto, en definitiva, la entrada en vigor de la nueva Ley del IRPF, 40/1998, ha sido razonablemente satisfactorio. Se han efectuado más de 1.200.000 llamadas, se han concertado más de 370.000 citas en las oficinas de la Agencia Tributaria. Es más, en la actualidad la Agencia Tributaria está diseñando la estrategia para continuar utilizando esta plataforma telefónica intentando obtener un rendimiento óptimo de los medios materiales de que dispone actualmente y seleccionando de entre los múltiples trámites que configuran el procedimiento de gestión tributaria aquellos que, por no exigir la presencia física del contribuyente, su firma o la aportación de documentos, sean susceptibles de realizarse por vía telefónica.En definitiva, mi grupo considera conveniente y oportuna la utilización de todos los medios técnicos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, también el teléfono, y no sólo como vehículo de información tributaria, sino también como soporte técnico para la realización de los diversos trámites que secuencialmente integran ese procedimiento de gestión tributaria.
Concluyo ya, señora presidenta, sólo quiero decir que entendemos que para incentivar ese cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias tenemos que utilizar todos los medios técnicos y de comunicación a nuestro alcance, on line y off line, desde los medios de comunicación más convencionales como el teléfono a las modernas tecnologías que nos brinda la sociedad de la información. Por ello, desde la convicción de que un moderno sistema tributario se basa no sólo en indeclinables postulados de justicia tributaria, de simplificación de las obligaciones fiscales y de reducción del IRPF para incentivar la actividad económica, entendemos que debe de favorecerse también la eficacia en la gestión, la proximidad de la Administración y la vocación de servicio al contribuyente. Desde esa perspectiva y desde esa sensibilidad, mi grupo solicita el voto favorable de los demás grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señoras y señores diputados, la verdad es que esta es una de las ocasiones que me produce un cierto sonrojo tener que subir a esta tribuna a defender una enmienda a una proposición no de ley que, la verdad, no tiene ninguna entidad para ser tal. Pero es que además tiene menos entidad para debatirse en Pleno, porque, señoras y señores diputados, estamos debatiendo en estos momentos en el Pleno del Congreso si vamos a poner o no un sistema de gestión telefónica, es decir, si vamos a poner un teléfono. ¿Pero de verdad que estamos hablando en serio? Se podrían hacer múltiples chistes: el teléfono de la esperanza, el teléfono de Gila o si va a gestionar este teléfono algún ministro que es precisamente un experto en optimización fiscal, pero la verdad es que no estamos para hacer chistes. A mi grupo esto le preocupa, le parece que es muy poco serio que sean estos los temas que ocupen y preocupen a esta Cámara y que estemos una hora debatiendo sobre este tema.
Además, en primer lugar, es una proposición no de ley presentada por el grupo que apoya al Gobierno. A pesar de la intervención que ha hecho, que ha querido hacer el portavoz del Grupo Popular con muy buena intención, y de querer dar a esto una cierta altura, la verdad es que es una preocupación seria que esto sea una proposición no de ley, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque estamos hartos de oír

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lo bien que funciona la Agencia Tributaria, estamos hartos de ver la publicidad puramente propagandística que hay en televisión de todas las cosas que se ponen en marcha; hemos oído al propio portavoz, oímos al señor Montoro la semana pasada en Comisión, decir que la gestión de la Agencia Tributaria es algo maravilloso. ¿Qué más hay que hacer? Esto debería funcionar.
En segundo lugar, es un problema de puro funcionamiento, es un problema de simple gestión, mejor aún, no de simple gestión, es un problema de gestión simple, que va de suyo, que tiene que funcionar.
¿Cómo no va a funcionar? Señorías, ¿no les da un cierto pudor tener que votar en esta Cámara -ya digo que el portavoz del Grupo Popular lo ha dicho muy bien y de manera muy rimbombante- un texto que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria un sistema de gestión telefónica permanente que además de informar sirva para realizar trámites? Sinceramente, la verdad es que es vergonzoso.
Si esta parte propositiva que acabo de leer resulta un poco ridícula -porque no me diga usted que no resulta un poco ridícula- desde luego, si nos fijamos en la exposición de motivos ya resulta bochornosa. Que a las puertas del siglo XXI estemos diciendo que es algo importantísimo y hagamos gala del uso en la Administración tributaria del teléfono, de los programas informáticos, de Internet...
¡Pero qué menos! ¡Si es así, si es el mundo que nos ha tocado vivir, es la época, es nuestro entorno! Si como ha dicho muy bien, además, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es obligación de la Administración atender los intereses públicos en aras a una mayor eficacia, no sé que sentido tiene hacer gala en este momento del uso de los medios tecnológicos que están a nuestro alcance. Es lo normal, señoría. Qué necesidad hay en esta exposición de motivos de la proposición no de ley de cantar las excelencias de la información facilitada telefónicamente por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los distintos impuestos, cuando lo conocemos todos y los ciudadanos que han hecho uso de ella saben perfectamente que ha habido grandes deficiencias porque ha habido falta de personal cualificado y que ha habido grandes deficiencias técnicas porque los teléfonos se han colapsado. Precisamente lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué soluciones podemos dar a estos problemas que se plantean por el uso simplemente del teléfono, de Internet, de los programas informáticos, para mejorar el servicio a los contribuyentes. Lo que tenemos que preguntarnos es si utilizando medios supuestamente modernos se produce a veces una atención ineficaz al ciudadano, al contribuyente.
Todo esto por lo que se refiere a la gestión tributaria puramente de relación con los contribuyentes, sin que hablemos de todos los demás ámbitos de funcionamiento de la Agencia Tributaria, porque ya nos referimos bastante a ello en la pasada legislatura y tendremos que seguir hablando en el ámbito del control, en el ámbito de la inspección, etcétera. Ahora nos estamos refiriendo simplemente a este tema; si están ustedes tan preocupados por la mejora en la atención al contribuyente para que pueda atender mejor a sus obligaciones tributarias, con mayor agilidad y menos preocupaciones, hagamos que aquellas que han sido preocupaciones durante esta última campaña ya no lo sean. Por eso, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, en cuyo primer punto, efectivamente aceptamos la puesta en marcha, eso sí, dentro de la estructura orgánica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de un sistema de gestión telefónica y de gestión telemática para que facilite las obligaciones tributarias, pero respetando la confidencialidad y la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Quiero hacer una referencia al tema de la confidencialidad. Ha habido ciertos problemas porque en algunos casos no han quedado garantizados los derechos a la confidencialidad, por ejemplo en el sistema de envío de datos, en el caso de las preimputaciones para confeccionar las declaraciones de la renta de los años 1998 y 1999, ya que se ha remitido por correo ordinario y sin acuse de recibo, lo que ha impedido que se tenga constancia de la recepción por parte de los destinatarios.
El segundo punto de nuestra enmienda va dirigido a otra preocupación que tienen los contribuyentes, porque los que utilizan estos medios telefónicos, telemáticos, de Internet, es una mínima proporción de ellos. En muchos casos lo que interesa al contribuyente es el trato directo o personalizado. Por tanto, pedimos que el trato directo y personalizado al contribuyente sea también un sistema permanente, con cita previa, pero sin que se produzcan esos colapsos que se han dado en el IRPF a pesar de la cita previa.
En tercer lugar, otra de las mejoras a introducir es la puesta en marcha de un sistema que permita, de manera efectiva y real, que no presenten la declaración del IRPF aquellos que cobran menos de tres millones y medio, porque ha habido problemas, ya que dichos ciudadanos, después de haber hecho la presentación, si no tenían derecho a devolución, no sabían si realmente tenían que hacer la declaración o no. Este ha sido uno de los grandes problemas en esta campaña de renta. Además, en el caso de que se haya hecho uso del proceso de devolución rápida, otro de los problemas que se ha planteado en la campaña de renta anterior es si, pese a no proceder la devolución, tienen la obligación de presentar la declaración.
Finalmente, si tanto queremos el beneficio del contribuyente y agilizar todas las gestiones, sobre todo en un tema como es el IRPF, que afecta de manera tan directa a cada uno de los contribuyentes, pedimos que se agilice de manera clara el sistema de devolución de dicho impuesto, de tal manera que se establezca un período máximo de un mes para la devolución, en elcaso de que exista; si no se hace la devolución después

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de un mes de presentada la declaración -esto sí es agilizar y beneficiar al contribuyente-, que se generen los intereses de demora correspondientes y el contribuyente sea resarcido por los retrasos de la Administración. Esta es la preocupación del Grupo Socialista, porque en cuanto a la proposición no de ley, vuelvo a insistir en que era un tema tan nimio que estábamos totalmente convencidos de que no tenía que tener la categoría de proposición no de ley. Pensamos que en este caso el grupo del Gobierno se ha pasado. Por eso de esta propuesta banal, trivial y mínima del partido que apoya al Gobierno hemos querido hacer una proposición no de ley que, de alguna manera, genere beneficios a los contribuyentes.
Esperemos que el grupo que apoya al Gobierno, si tiene las mismas preocupaciones, acepte nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Para la defensa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Paso a defender brevemente una enmienda que, por el sentido y la posición que el Grupo Popular ha adoptado en votaciones anteriores, me da la sensación de que esta tarde va a ser rechazada.
Nosotros planteamos que si se establece un sistema de gestión telefónica para realizar no solo informaciones sino también gestiones tributarias, este sistema de gestión telefónica tenga en cuenta que el Estado español es un Estado pluricultural y, en el caso que ahora nos afecta, plurilingüístico, es decir, se trata de que los derechos lingüísticos de los ciudadanos se garanticen también a través del sistema de gestión telefónica que se va a establecer, esperemos, en el seno de la Agencia Tributaria.
Proponemos esta enmienda porque lo que debía ser evidente, vemos cómo cada vez es menos respetado; es decir, empresas antes públicas, ahora privatizadas, centralizan sus servicios de atención al cliente en un teléfono 902, con sede en Madrid (Telefónica y tantas otras), y necesariamente quien empieza a hablar en una lengua distinta del español tiene después que cambiarse porque la señorita o el señor que atiende dice: mire, es que no lo entiendo. Interpelado acerca de la posibilidad de que alguien lo atienda en la lengua que elige -en el caso de estas empresas, el cliente; en el caso de la Agencia Tributaria, el ciudadano, el interesado-, esperamos y no hay solución alguna. Por tanto, si se establece este sistema de gestión telefónica, que se garantice la atención, como mínimo, en las cuatro lenguas oficiales que existen en el Estado español, al margen de otras variedades lingüísticas y de otras lenguas que no tienen aún ese carácter de oficialidad. Porque -supongo que aquí, a pesar de que sea cual sea el sentido de su voto, coincidirán conmigo los diputados y diputadas del Partido Popular- los derechos lingüísticos de los ciudadanos poco sirven, no pueden ser reales y efectivos si no existe por parte de los servicios públicos una actividad administrativa de prestación que garantice la efectividad de este derecho.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y para fijar posición, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo aprovecha este trámite en el Pleno para manifestar aquí que ante una iniciativa de este tenor, la va a apoyar favorablemente, pero quisiera hacer unas reflexiones. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido, a lo largo del tiempo, adoptando una serie de medidas de sentido común, en la línea de facilitar la declaración de la mayoría de la población, sobre todo, de los estratos más básicos en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas: se introduce el programa Padre, aunque ello cause que ante las propias oficinas se formen colas de espera; ya, en el año 1996, hay un avance más en la declaración por disquete y también en 1999 la declaración telefónica, que vienen a facilitar, con los recursos de las telecomunicaciones, las gestiones de la declaración de la renta.
Porque hay un problema de fondo que es, en verdad, uno de los primeros que deberíamos corregir: ¿Por qué se introduce el programa Padre y por qué se va a unas consultas telefónicas o de Internet para la declaración de la renta? Pues bien, partiendo del principio de que se trata de favorecer las obligaciones tributarias, ¿cuál es el escollo? El escollo es que en cada declaración anual del IRPF, el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria ha modificado el formato del impreso. Hay impresos, no digo ya en la declaración simplificada sino en la normal, que son objeto de especialistas, porque el contribuyente tiene que irse a una gestoría o a un despacho de asesoramiento fiscal para que le rellenen los impresos de la declaración de la renta. Esta es, en verdad, la gran barrera o la gran frontera que tiene que saltar el contribuyente que se encuentra cada año con un impreso distinto en la práctica a la hora de su confección y en su declaración. Pues bien, la Agencia Tributaria debe ir en esta línea. Ahora se trata de introducir que al igual ya se venía haciendo la declaración por teléfono, éste se pueda utilizar también para el trámite de la gestión. Nos parece oportuno y lo vamos a apoyar.
Quiero decir al grupo proponente, como grupo que sustenta al Gobierno, que si la Agencia Tributaria va a abrir una línea telefónica para gestión, la gestión parte

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de un principio, a veces, pedagógico por parte de la persona de la Agencia que esté contestando las llamadas telefónicas. Sin embargo, como las llamadas telefónicas tienen distinta tarifa, si esto se implanta por la Agencia Tributaria, las tarifas deben ser gratuitas.
Si las llamadas a los nueves son de pago, se producirá un desabastecimiento de la demanda. Si a un contribuyente se le ocurre levantar el teléfono, llama a la Agencia Tributaria para hacer determinadas gestiones y se tira quince minutos hablando, la factura que tendrá que abonar será similar a la que pagaría si realizara llamadas a esas agencias de contactos reservadas para mayores. Será una tarifa verdaderamente disuasoria de hacer gestiones por teléfono.
Si se le aplica la tarifa correspondiente a los nueves, apaga y vámonos. Espero que la línea tendente a favorecer la declaración del contribuyente no se convierta en un beneficio para la Telefónica o la intermedia que tenga como beneficio el destinatario de las líneas de pago. Por tanto, debe tenerse en cuenta la tarifa telefónica que se va a aplicar. Si se quieren dar facilidades, deben darse también en cuanto a la tarifa.
Por todo lo demás, vamos a apoyar con nuestro voto esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, quisiera desde el Grupo Parlamentario Vasco fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Popular de incorporar al sistema de servicio telefónico de la Agencia Tributaria la realización de trámites.
Señores del Grupo Popular, seamos serios. La magnitud del tema que se propone merece algo más que la incorporación de una mejora puntual, por importante que ésta parezca. La integración de las nuevas tecnologías de la comunicación a los sistemas de atención a los contribuyentes requiere, por su trascendencia y complejidad, de una reflexión estratégica y planificada y no de medidas de mejoras puntuales que, como las que se plantean, se definen sin un contexto de prioridades y sin una visión a corto y medio plazo. De hecho, el contenido de la proposición, que centra la mejora en los servicios telefónicos, denuncia claramente la ausencia de una visión estratégica, ya que la naturaleza de los principales trámites tributarios, como son las presentaciones de declaraciones de los distintos impuestos, se presta más a las posibilidades que ofrece la informática personal (programas de ayuda e Internet) que a las que ofrece el propio teléfono. Además, si bien es mejorable el servicio telefónico actual, sobre todo mediante el establecimiento de sistemas de identificación personal que permitan dar información individualizada, hay que advertir que aunque el futuro esté en Internet, en el presente la atención personal a los contribuyentes en las oficinas tiene una gran relevancia y también debe ser tenida en cuenta en la estrategia global. Plantear un gran desarrollo tecnológico cuando la atención presencial se gestiona mayoritariamente con incomodidades manifiestas, colas, falta de confidencialidad, sin datos, sin indicadores de servicio, como tiempo medio de espera en ser atendido o tiempo medio de atención y consecuentemente sin objetivos respecto a estos indicadores, refleja falta de coherencia, falta de planificación y, en definitiva, falta de estrategia.
Lo que se echa de menos es una reflexión ordenada, un plan específico sobre todo en los procesos de atención al contribuyente que garantice un equilibrio en las políticas puntuales que se adopten. En este sentido, se considera fundamental el enfoque de la atención al contribuyente como un eje estratégico, la incorporación a la atención al contribuyente de los sistemas de calidad total, incorporando indicadores y objetivos, y la incorporación estratégica de las nuevas tecnologías telemáticas y telefónicas a los servicios de atención al contribuyente, dentro de un plan que marque prioridades y un programa de trabajo.
Desde nuestro punto de vista, si queremos beneficiar y facilitar las cosas a los ciudadanos, es mejor que nos planteemos que se aborde un proceso similar al que desde hace años vienen trabajando las haciendas vascas. Concretamente, en Vizcaya, ya en su primer plan de calidad total -actualmente está en el segundo plan- identificó la atención al contribuyente como un proceso y constituyó un equipo de proceso. De hecho, es la primera Administración que incluye en su organización la gestión por procesos para garantizar la gestión de la atención al público bajo los parámetros de calidad total. Incluso ha comprometido sus planes al objetivo de conseguir la certificación de calidad ISO-9.000 para el año 2001 para el proceso de atención al público. En desarrollo de este plan de calidad, se ha definido también por la Hacienda foral un plan telemático cuya implantación se iniciará a primeros del año 2001 y concluirá en la primavera del año 2002. En consecuencia, se solicita sustituir la proposición no de ley por otra que supere el contenido de la misma, solicitando a la Agencia Tributaria el diseño de un plan de calidad para la gestión de los servicios de atención al contribuyente que contenga un apartado estratégico sobre la incorporación de las nuevas tecnologías, dentro de la cual la realización de trámites a través del teléfono puede ser un hito más, pero no el único ni el prioritario.
Señorías del Grupo Popular no planteen proposiciones tan simples para cubrir el expediente y recibir el beneplácito del Gobierno, porque me imagino que el Gobierno estará trabajando en la línea que ustedes ya apuntan. Si quieren aportar algo positivo y facilitarrealmente al ciudadano las relaciones con la Agencia

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Tributaria, nuestro grupo ha dado una receta: copien el modelo aplicado en las haciendas forales de Euskadi. Sus contribuyentes se lo agradecerán.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervengo para unirme al sonrojo de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ante esta proposición no de ley. Y lo hago por dos cuestiones tanto por el fondo como por la forma o, si quieren ustedes, señorías, tanto por el instrumento utilizado como por el contenido. No será este grupo parlamentario, indiscutiblemente, el que enmiende la plana a todo un poderoso grupo parlamentario como es el del Partido Popular y le indique cuál debe ser su técnica o su estrategia parlamentaria. ¡Dios me guarde de tamaña osadía! Desde luego, no suelo ser yo quien utiliza la técnica de salir aquí y decir: ¡Hombre, por Dios! ¿Para esto utilizan ustedes las proposiciones no de ley? Pero, señorías, ésta raya un poco -permítanme la expresión- en el esperpento, en el sentido valleinclanesco de la deformación ante el propio espejo público.
De las dos formas de relación que pueden existir entre un partido o un grupo parlamentario y el Gobierno o el poder institucional, está el más típico en España y perdonen la simplificación. Por ejemplo, en el PNV el que manda no está en el Gobierno y, en todo caso, se puede entender que de vez en cuando con algunas de sus iniciativas el grupo parlamentario le están marcando la pauta al Gobierno. Ese es un modelo. Pero en este caso, en este otro modelo, el del PP, cuando el que manda no solamente está en el Gobierno, sino que además es el presidente del Gobierno, etcétera, lo que ocurre es que el partido y el grupo parlamentario no solamente soportan la acción de Gobierno legítimamente, sino que además -permítanme la expresión- le tiene que hacer, si no el trabajo sucio, el trabajo simple. Una de las dos formas de plantear una iniciativa es que el grupo parlamentario se dirija al Gobierno y le diga: ¿te puedo plantear esta proposición no de ley? La otra forma es que el Gobierno le diga al grupo parlamentario: plantéame esta proposición no de ley para que tú rellenes cupo y a mí de camino me sirve de impulso y de legitimación.
Señorías, creo que en este caso se ha utilizado la segunda opción y que el Gobierno le ha dicho: mira, me quedan aquí estos últimos recortes, estas últimas rebajas, plantea esta iniciativa para rellenar algo y para que me sirva incluso -como ha dicho antes el portavoz del PNV- para tener la legitimidad y el respaldo parlamentario en esto que estoy haciendo. Ustedes tienen todo el derecho, con un montón de votos y el respaldo suficiente, para traer aquí esto, pero por la riqueza de esta Cámara pedimos al Grupo Popular que nos traiga cosas de más enjundia y de más altura.
En cuanto al contenido, la propia exposición de motivos deja desnuda por completo la proposición no de ley. La propia exposición de motivos dice: Con la implantación del nuevo IRPF se ha introducido el sistema de devolución rápida, para lo cual se puso en marcha en la última campaña de renta una plataforma telefónica caracterizada por ser gestora. Esta plataforma evita desplazarse a los contribuyentes porque, además de información y asistencia, permite a los contribuyentes subsanar incoherencias o errores en las comunicaciones de datos, aportar datos olvidados en las comunicaciones, informar sobre las devoluciones y un largo etcétera. La gestión, llevada a cabo por Telefónica... Habla de una capacidad gestora que se ha puesto en marcha. Entonces llega una proposición no de ley que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha, en el seno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (que vamos a ver cuándo se comparte más con las comunidades autónomas), un sistema de gestión telefónica permanente que, además de informar, sirva para realizar trámites. ¿Cuáles, cuántos, cómo? Una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario que soporta al Gobierno ha de tener mayor coherencia y más datos sobre hasta qué punto va a ser la gestión y con qué trámites. En esta cuestión, tan genérica, da igual votar que sí que votar que no.
Plantearé a mi grupo qué hacemos, a lo mejor lo podemos echar a pinto, pinto, gorgorito, porque como no dice nada, da igual, repito, votar que sí o votar que no. Por tanto, rogaría al Grupo Parlamentario Popular que cuando nos traiga una proposición no de ley, aunque votemos en contra, aunque nos peleemos, sepamos que se está peleando por algo con más entidad, con más enjundia.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley, al hilo de la siguiente reflexión. Lo cierto es que en el ámbito de la asistencia a los contribuyentes, a los particulares, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en España se ha avanzado mucho en los últimos años respecto de la situación precedente. Simplemente y a modo de recordatorio, basta con traer a colación el importante esfuerzo de medios humanos y materiales en la campaña de declaración del IRPF, en la asistencia que se da a los contribuyentes, con la comunicación de

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los datos existentes en la base nacional de datos de la Agencia Tributaria a los particulares para que confeccionen sus declaraciones sin incurrir en errores y, por tanto, evitándoles molestias en relaciones ulteriores con la Administración tributaria, lo cual supone, en sí, no sólo un cambio gestor sino también un cambio de mentalidad en cuanto a la apertura de los datos de la Administración Tributaria para los particulares.
También quisiera traer a colación la riqueza de la página web de la Agencia Tributaria y los servicios que ofrece a los particulares, incluso a pequeños gestores, asesores, etcétera, para solucionar el día a día de su problemática tributaria. Sinceramente, en el ámbito de la asistencia tributaria, aunque cabría reflexionar respecto del funcionamiento de algunos ámbitos de la Agencia Tributaria -que los hay y acabarán viniendo a esta Cámara- no es el de la asistencia de los contribuyentes un foco de debate, porque creo que va razonablemente bien y funciona francamente bien en comparación con otros países. A título de ejemplo y en relación con países vecinos nuestros de la Unión Europea, señalaré el caso francés, en el que los datos de los particulares están archivados en razón del domicilio, de la vivienda particular del contribuyente. No existe un NIF, no existe una base de datos informatizada para localizar los datos, y esto dificulta enormemente la comunicación de datos en cuanto a la asistencia a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones. O tenemos el caso norteamericano, con el Internal revenue service, paradigma para muchas administraciones tributarias de funcionamiento eficaz, cuando la verdad es que sus herramientas informáticas están a bastantes años de lo que puedan ser las herramientas informáticas de asistencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por tanto, creo que la asistencia tributaria que presta la Agencia estatal es una asistencia con unos estándares de calidad elevados, importantes, en los que siempre hay que mirar hacia delante, pero que no constituye un núcleo de reflexión en cuanto a posibles temas a mejorar en el funcionamiento de la Administración pública española, en este caso tributaria.
En este ámbito de reflexión quiero significar que vemos con buenos ojos el impulso de esta plataforma telefónica. Es evidente, ¿cómo no va a ser así? Todo lo que sea mejorar la asistencia a los particulares lo vamos a ver con buenos ojos. Esto parte de una experiencia piloto iniciada en la Delegación especial de Madrid, y la verdad es que mi grupo se congratula de que este sistema gestor, a través de comunicación telefónica, funcione. Y si funciona salvaguardando -como no tenemos duda de que así será- la privacidad en el manejo de datos de los contribuyentes, dado que ya se ha conseguido por parte de otras administraciones públicas territoriales españolas, para gestiones rápidas, de importes reducidos, etcétera, lo cierto es que vemos de forma favorable esta medida y la vamos a votar a favor.
Antes de acabar, simplemente quiero decir que mi grupo parlamentario considera importante -creo que es algo obvio y no hemos presentado enmienda en este sentido por entender que está ínsito en el sentido de la proposición no de ley- el hecho de que en aquellos territorios en que existan dos lenguas oficiales, la labor de la Agencia Tributaria, como se ha venido haciendo en muchos de sus servicios, será que se respete el plurilingüismo que enriquece la situación cultural y lingüística de determinados territorios de España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Señor De Juan, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Con esas limitaciones y, por tanto, lamentablemente, sin poder contestar a algunos sabios consejos que sobre doctrina política hemos oído con anterioridad... (Rumores.), que yo no sé si rozan lo valleinclanesco o lo kafkiano...


La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, el Reglamento en este trámite no prevé réplicas.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy bien, señora presidenta. Me ceñiré exclusivamente a las dos enmiendas.
En cuanto a la enmienda del BNG, vamos a rechazarla, no porque no suscribamos el planteamiento que late... (Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías.
Señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Decía que vamos a rechazar la enmienda del BNG, no porque no suscribamos el planteamiento, sino porque consideramos que, en la actualidad, tanto en la cobertura de este sistema de gestión telefónica permanente como en la práctica cotidiana, se está prestando el servicio en lenguas cooficiales.
Según datos de la Agencia Tributaria, un 70 por ciento...


La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, le ruego que no inicie una réplica.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy bien, señora presidenta.
Rechazamos esa enmienda por entender que es innecesaria.


En cuanto a la del Grupo Socialista, la rechazamos también porque, después de vilipendiar nuestra proposición no de ley...(Protestas.)

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La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Bien, señoría.
Pues la rechazamos por la manifiesta carencia de programa político alternativo... (Continúan las protestas.)

La señora PRESIDENTA: Entiendo que es rechazada. Muchas gracias, señor De Juan. (La señora Mendizábal Gorostiaga pide la palabra.) Señora Mendizábal, no hay réplica en este turno. (La señora Mendizábal Gorostiaga insiste en su petición.) Señora Mendizábal, desde esta Presidencia se entiende que el debate está agotado y que no es preciso mayores aclaraciones.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 168; en contra, 105; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES A PROPÓSITO DEL SUBMARINO NUCLEAR TIRELESS ATRACADO EN EL PUERTO DE GIBRALTAR.
(Número de expediente 162/000132.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE EL TRASLADO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TIRELESS PARA SU REPARACIÓN. (Número de expediente 162/000110.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear Tireless atracado en el puerto de Gibraltar, que será debatida conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear HMS Tireless para su reparación.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a debatir sobre una cuestión muy seria, que queremos tratar en sesión plenaria, como lo hemos hecho hasta ahora, fuera de todo alarmismo, fuera de todo catastrofismo: la situación creada por la avería del submarino de propulsión nuclear Tireless. Hemos tenido la oportunidad de plantear nuestros argumentos en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde hemos señalado que, en nuestra opinión, el Gobierno no está gestionando correctamente este asunto. Ya tuve la ocasión de poner de manifiesto en la Comisión la secuencia absurda creada por las distintas posiciones del Gobierno en torno a este episodio. Hoy, lo que pretendemos tiene otra dimensión. Deseamos que el Parlamento ofrezca al Gobierno una plataforma unánime para que solicite formalmente al Gobierno británico el traslado del submarino, al objeto de que sea reparado en una base naval adecuada para estos menesteres.
Pretendemos que el Gobierno se reconcilie con la opinión pública española, que no entiende ni acepta los vaivenes, cambios de opinión, dudas y contradicciones que se están produciendo en torno a este asunto. Ofrecemos que el Gobierno español se sienta plenamente respaldado por todos los partidos políticos presentes en este hemiciclo. Queremos la unanimidad de esta Cámara para que el Gobierno sienta que tiene el respaldo de todos nosotros y, estoy seguro, de la inmensa mayoría de la opinión pública española.
Voy a concentrarme en las razones que motivan esta proposición no de ley. Necesitamos urgentemente una posición clara y precisa sobre el traslado del Tireless ¿Por qué? El ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué -y lamento su ausencia-, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores fue rotundo al rechazar la iniciativa compartida por todos los grupos parlamentarios, al menos en trámite de Comisión, para que el Gobierno español depositara en Londres una petición formal de traslado. Una semana después, el 6 de diciembre, el presidente del Gobierno, señor Aznar, anuncia primero en un periódico británico, The Times -gran cortesía hacia este Parlamento-, que -cito- lo más razonable, lógico y deseable sería que el submarino fuese llevado al Reino Unido.
Al día siguiente confirma, en el acto conmemorativo de la Constitución en esta casa, que -cito- lo que no tiene ningún sentido es decir que se lo lleven cuando no se han tomado la molestia de ver si es posible. Intuyo que se refería a nosotros. Pero cuando dijo el presidente: se tienen terminados todos los análisis y todos los estudios que determinan que sí es posible trasladar un submarino nuclear, entonces, uno puede decir -enfatiza el presidente Aznar- con conocimiento de causa que lo más razonable y deseable es que ese submarino sea trasladado. Estas son las palabras del presidente del Gobierno español. Aquel día nos sentimos todos relajados.
Día 8 de diciembre. Empieza otra vez la secuencia de lo absurdo. El ministro Piqué puntualiza que lo manifestado por el presidente del Gobierno era -cito- una expresión de un deseo, que no es una petición

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formal; sin comentarios. En una cuestión de este calibre, perdónenme, señores del Grupo Popular, no entiendo cómo el ministro de Asuntos Exteriores le enmienda la plana en un tema tan sensible al presidente del Gobierno.
Ayer mismo descubrimos otra nueva posición del Gobierno en la secuencia de lo absurdo, expresada otra vez por el ministro de Asuntos Exteriores. Comprendo por qué no ha querido venir.
Descubrimos con la natural perplejidad que hay otra nueva posición.
Este deseo presidencial -cito- ha sido realizado varias veces al primer ministro británico, señor Blair. En la Comisión de Exteriores -me dirijo a todos los portavoces- dijo con toda rotundidad lo contrario.
El señor Piqué nos dijo ayer que no se puede pedir formalmente el traslado -cito- porque los análisis y estudios no están concluidos.
El presidente Aznar, el 6 de diciembre, dijo con toda rotundidad en esta casa: todos los estudios y análisis están terminados.
Finalmente, el señor Piqué puntualizó ayer que la petición formal se produciría en todo caso en el mes de marzo, que al parecer era la fecha límite, que en cierta manera sugirió también el señor Trillo, que se le daba al Ministerio de Defensa para que concluyera los trabajos. Hoy nos presentan ustedes sus enmiendas y la cita al mes de marzo ha vuelto a desaparecer.
Señorías, tenemos que terminar con esta forma de gestionar y ustedes no pueden seguir mes tras mes, semana tras semana, sumando tales contradicciones en un tema tan serio. Hay que terminar con esta forma de gestionar ¿Cómo? A través de una decisión de este Parlamento que respalde al Gobierno para que pida formalmente al Reino Unido que proceda al traslado del submarino.
No me atrevo a desautorizar ni a puntualizar ni a corregir al presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno, en este caso de todos nosotros, del Gobierno de España, ha dicho que cuando se tienen terminados todos los análisis y todos los estudios que determinan que sí es posible trasladar un submarino, lo más razonable y deseable es que sea trasladado, hágase. En consecuencia, lo que se trata hoy es de poner en marcha el deseo ferviente del presidente del Gobierno español que todos, estoy seguro, compartimos. (Aplausos.) Yo sé, y quiero entrar en el fondo del asunto por primera vez en sesión plenaria, que una petición formal del Reino de España conlleva una respuesta formal del Reino Unido. Eso es lo que necesita el Gobierno español, es lo que necesita el Parlamento y es lo que está pidiendo la opinión pública española. El Gobierno español lo necesita. En el Grupo Popular hay notables miembros de la carrera diplomática. Yo no puedo comprender (trasmítaselo usted al presidente del Gobierno, lo digo con un cierto sentimiento porque sé de lo que hablo, señor ministro de Defensa) que ustedes acepten tranquilamente que cuando el presidente del Gobierno de España manifiesta una posición del Gobierno en un tema tan delicado, la respuesta sea del lado de Londres a través de un portavoz anónimo de Downing Street. En la Unión Europea, a un presidente de Gobierno, sobre una opinión de Gobierno fundada en un tema sensible, le responde otro presidente de Gobierno u otro primer ministro. (Aplausos.) Y ustedes, tranquilamente, parece que esto no les preocupa. Lo necesita el Parlamento porque tenemos, debemos guardar y mantener un consenso básico en un tema tan sensible como es la situación colonial de Gibraltar, y lo pide la opinión pública, que no comprende por qué el Gobierno ha aceptado la carga de la prueba en este asunto, cuando la carga de la prueba está en Londres y no en Madrid. Para nosotros es insólito, y sí que nos ha irritado, naturalmente, lo confieso, que aún ayer el Ministro Piqué interpretara esta proposición no de ley diciendo -cito- que no es responsable pedir al Gobierno que exija una cosa que la oposición, nosotros, sabe que no está en condiciones de exigir. ¿Pero somos un país grande o no somos un país grande? (Aplausos.) ¿Qué teme el Gobierno, si tiene al Parlamento y a toda la opinión pública dispuestos a apoyarle sin reservas? ¿Qué puede ocurrir si hay una demanda formal en Londres y hay una respuesta formal? ¿Qué teme? ¿Un no de Londres es lo que se teme en esta Cámara?Por eso es fundamental tener una respuesta formal, es fundamental porque así sabremos de un vez cuáles son los límites y las posibilidades de nuestras relaciones con el Reino Unido.
En política exterior es fundamental, señorías, saber y conocer dónde está cada uno precisamente en los temas sensibles y difíciles. Es ahí donde se demuestra la profundidad de unas relaciones estables, sinceras y amistosas. Y Londres, lo digo sin ningún complejo, debe valorar qué vale más, profundizar, agrandar las relaciones con el Reino de España o agrandar y profundizar las consecuencias de su eventual negativa ante el traslado y la reacción lógica que tendrá la opinión pública española y este Parlamento. Londres debe elegir, porque la carga de la prueba está en Londres, y Londres debe valorar qué le interesa más. Eso es lo que queremos que hagan ustedes.
Quiero precisar algo. Todos queremos tener las mejores relaciones con un gran país, admirable en muchos sentidos, como es el Reino Unido, pero en este tema, que es muy sensible, necesitamos saber si el Reino Unido piensa lo mismo que nosotros. Es un tema muy serio y me alegro que se haya hecho este silencio. Necesitamos saberlo en un tema difícil y sensible, no a través de pintorescos fines de semana en los montes de Toledo. Si es necesario terminar con este tipo de historias, se termina porque los intereses superiores son otros.
Concluyo, señora presidenta. Si el presidente Aznar consideró con acierto que el traslado es lo más lógico, lo más razonable y deseable, el Grupo Socialista está

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de acuerdo. Esto lo dijo el presidente en esta casa en el aniversario de la Constitución. Espero, esperamos que no se tratara de una broma y sería dramático comprobar hoy que el Grupo Popular vota en contra de los deseos y de la opinión de Gobierno expresada por su propio presidente. Que el señor Piqué le enmiende la plana a su presidente es un problema interno de organización del Gobierno; que el Grupo Popular vote en contra, créanme, no lo entenderá nadie, pero no aquí, porque presumiblemente vamos a ser derrotados, no lo entenderá nadie en la calle.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear Tireless para su reparación, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, los andaluces somos gente pacífica y estamos acostumbrados a pasar situaciones graves, estamos acostumbrados a pasarlas duras, pero para que quede clara la posición nuestra ante este problema y se sepa, ni Andalucía es el estercolero radiactivo del Reino Unido, ni los andaluces, sabiendo un poquito de geografía, estamos en el radio de acción de los posibles problemas que den los arreglos de los submarinos radiactivos con tracción nuclear del Reino Unido. Estamos, por tanto, ante un tema grave que tenemos debajo de la silla, por decirlo en términos finos, desde hace siete meses.
Hemos asistido a una especie de sainete trágico donde hemos pasado por muchas fases desde ese 12 de mayo, donde se averió en aguas de Sicilia, con esa negativa de otros puertos, puertos natos y de socios europeos y a ese tener que tragarnos nosotros el marrón del Tireless.
Hemos pasado por la fase de no pasa nada, minimizamos la cuestión, esto no tiene importancia, va a estar unos días, nada, quítame allá esas pajas, esto es un tema de repostar y salir pitando. Hemos pasado por la fase de una guasa de mal gusto, cogida en un mal momento, en reunión precisamente con el primer ministro del Reino Unido, donde se nos recuerda qué divertido era cantar el submarino amarillo. Hemos pasado por fases de si pasa, es más grave de lo que parecía; pero, qué vamos a hacerle, no se puede hacer otra cosa. No se puede trasladar, y lo hemos escuchado textualmente del ministro, porque se puede romper el cable. Hemos pasado por fases como la que aquí se ha descrito del presidente del Gobierno diciendo que lo lógico y lo deseable es que el submarino se traslade.
En todo este sainete, ¿cuándo va a pedir el Gobierno que se traslade? Qué espera, ¿qué nos averigüen los deseos y entonces los británicos lo trasladen? El último episodio lo hemos visto creo que ayer, en que nos dicen que para marzo, que para San José, que para mi santo, si esto no está arreglado, entonces vamos a pedir que se vaya. Yo no sé lo que pasa en marzo, porque, si no tiene ningún peligro arreglarlo, no sé por qué tiene que ser marzo y no abril, y si tiene mucho peligro arreglarlo, no sé por qué hay que esperar a marzo, que se lo lleven. No entiendo que no se pida la retirada hasta marzo. No sé si es una fecha mágica donde otros también van a dar tope a lo que está pasando con el submarino.
Yo creo que en todo este tiempo este erratismo informativo, conducido por el propio Gobierno, es el que ha provocado la mayor preocupación, es el que ha provocado la alarma social. Nosotros estamos llenos de rabia y de absoluta impotencia ante un colonialismo insoportable en las puertas del siglo XXI, de un gobierno socio en la Unión Europea, que no hace caso a nada y arregla aquí en vez de llevarse el submarino a su base.
El Gobierno nos pide lealtad constitucional, y desde luego hay que garantizarla entre todos. ¿Cómo se puede pedir a las autoridades, a las personas, a los andaluces, lealtad constitucional cuando nos enteramos por los periódicos de que se lo llevan, no se lo llevan, es grave, no es grave, ya veremos, para marzo? Así no se es serio. Ante estos planteamientos no es posible que nosotros estemos esperando un informe razonable. No hay información fiable, hay información continuamente contradictoria.
Nosotros creemos que esto hay que resumirlo y que tiene una solución muy fácil. En la propuesta andalucista se habla de cuatro puntos, se puede hablar de más, pero es muy fácil entenderla. El primer punto es que no lo arreglen aquí, es evidente. ¿Por qué tenemos que soportar el plus de arreglo aquí, el plus del manejo de estos materiales, del manejo de estos arreglos, en un puerto que no cumple las condiciones y que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y es agosto se reclasifica para que aquí se puedan arreglar los submarinos nucleares, y se reclasifica con el silencio del Gobierno? Nosotros nos sentimos desamparados, impotentes, ante un Gobierno que ni protesta ni pide, sino que dice: calma, no es, sí es, ya veremos. Yo creo que la gente no entiende de tanta película; que no se arregle aquí, que se vaya, que se lo lleven. ¿Cuándo? Cuando proceda. ¿Es que ahora hay muchas mareas? Pues que esperen a menos mareas, me da igual, que se lo lleven, pero que no lo arreglen aquí, porque se lo pudieron llevar en buena temporada y no quisieron. Si hay que esperar a que la marea se ponga un poquito más baja, esperamos, todos sabemos cómo se trasladan las cosas en el mar del Norte y en invierno.
Soluciones técnicas hay, que las apliquen, que no nos cuenten que se rompe la cuerda, que esto no se traslada con cuerda.
Tercer punto, que por supuesto no se arreglen más en el futuro. ¿Qué es eso de permitir una reclasificación de un puerto en nuestras puertas diciendo que ya es válido arreglar todo submarino de propulsión nuclear que se estropee? ¿Qué es esto de admitir una cuestión administrativa del Gobierno británico que pasa de equis a zeta y nos acabamos de convertir en un puerto

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donde se reparan estos cacharros, con una población afectada importantísima? Por último, si queremos fiarnos entre socios, si queremos que los informes tengan veracidad, que dejen que nuestros inspectores inspeccionen. ¿Qué estamos inspeccionando, los informes británicos visados por los Estados Unidos? ¿Qué nos vamos a creer, que nos digan que no hay nada y ya está? Si somos socios leales dentro de la Unión Europea, que nuestros técnicos con sus técnicos comprueben in situ qué riesgo y qué peligro tiene esta reparación.
No estamos ante cuestión baladí, que está clavada en el corazón de los andaluces y de los habitantes del Campo de Gibraltar, y que no admiten más juego según se esté en Bruselas, según se esté en Madrid, o según se esté en el Campo de Gibraltar. No vale jugar al trile, no vale en Bruselas silbar, aquí decir que regular y allí encabezar la manifestación de que se vaya. Si se tiene que ir, que se vaya aquí, que se vaya allí y que se vaya en Bruselas. Me temo que la posición de los portavoces del Gobierno es distinta de la que mantienen los que están allí, los que estamos aquí y los que están en Bruselas.
Todos entendemos las reglas del juego, pero aquí ya no hay ningún hueco nada más que exigir la retirada del Tireless.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, pocas veces como esta tarde puede esta Cámara ponerse tan claramente en sintonía con lo que hoy es un clamor ciudadano, cuando discutimos sobre la solicitud al Reino Unido de que se lleve el submarino Tireless de Gibraltar. Pocas veces puede sintonizar esta Cámara tan claramente con la mayoría ciudadana, porque es una realidad que hoy toda Andalucía pide que se dé una solución definitiva a la estancia en Gibraltar del submarino nuclear. Y no puede ser de otra forma que exigiendo al Reino Unido que se lo lleve, que exigiendo al Reino Unido que haga las reparaciones que le hagan falta en una base acorde en Gibraltar.
Cuando leíamos la semana pasada el orden del día del Pleno, pensábamos que podía no ser necesaria esta votación o que este debate parlamentario iba a ser, como le gusta decir a algún ministro, un paseo militar, porque entendíamos que ya iba a estar resuelto después de saber que el presidente del Gobierno hizo las declaraciones a las que luego nos referiremos. Sin embargo, no sólo vamos a estar ante un debate necesario, sino ante un debate tremendamente clarificador.
Porque, señoras y señores diputados del Partido Popular, hoy no pueden hacer ningún juego de palabras, no pueden seguir confundiendo a la opinión pública, hoy tienen que votar y definir claramente cuál es su postura y cuál es el sitio de cada uno.
A los diputados y diputadas de Izquierda Unida nos gustaría que todos estuviésemos en el mismo sitio, que no podía ser otro que el de la exigencia al Reino Unido de que se lleve el submarino y el de sintonizar con lo que pide la opinión pública, con la defensa de los intereses de este país.
Hace dos semanas comparecía el ministro de Asuntos Exteriores en Comisión y ya le dijimos que no estaba defendiendo con dignidad y con fuerza los intereses de nuestro país. Le dijimos que se parecía más a un portavoz del Gobierno del Reino Unido que a un ministro del Gobierno de España. Y se lo dijimos porque parecía tratar de justificar y defender en todo momento la postura británica, en lugar de intentar justificar la postura de nuestro país. La realidad es que estamos aquí porque un submarino nuclear que navegaba por aguas cerca de Sicilia sufrió un importante accidente en su reactor nuclear, accidente que provocó una fuga de agua radiactiva, parte de cuya agua fue vertida al Mediterráneo, tal como han reconocido los propios británicos. Afortunadamente, en este caso, y no como en otros más desgraciados, el reactor se pudo parar y el submarino pudo navegar con el motor diesel, eso sí, hasta el puerto de Gibraltar, según se nos dijo en primer lugar, para una simple parada logística, antes de proseguir su viaje al Reino Unido, donde finalmente sería reparado.
Este fue, señorías, el primer engaño, la primera trágala y también la primera complicidad de nuestro Gobierno. Porque días después se nos empezó a decir que el submarino se pensaba reparar en Gibraltar. Se nos decía que era una reparación corta, rápida y sin importancia.
El Gobierno de España calla, el Gobierno de España otorga, el Gobierno de España está mucho más preocupado por contentar al amigo del presidente, al señor Blair, que por defender los intereses españoles. Aquí empiezan, señorías, una serie de anormalidades que evidencian que o bien el Gobierno de España no se entera de nada o, lo que es peor, y estamos nosotros más seguros, que asume la defensa de los intereses coloniales británicos. Y, señorías, no estamos ni más ni menos que ante eso, ante un acto de colonialismo que el Gobierno español tenía que haber sido el primero en denunciar. El Gobierno tenía que haber sido mucho más exigente con el Gobierno británico. Ustedes sabían, nosotros lo sabemos, que el puerto de Gibraltar no estaba ni está preparado para hacer frente a este tipo de reparaciones, que no está equipado debidamente para hacer reparaciones con alto riesgo y que la Armada británica lo tenía clasificado como un puerto de tipo Z, lo que implicaba que sólo serviría para visitas recreativas u operacionales, pero nunca para el mantenimiento y reparaciones de buques de proporción nuclear. Pero como de una colonia se trata, las autoridades británicas, cuando les ha interesado según las circunstancias, le ha cambiado la clasificación elevándolo de catego-

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ría, para que ya pueda permitirse en su seno la reparación del submarino nuclear. Eso sí, solamente le ha cambiado la clasificación y poco más. ¿Pueden imaginarse lo que hubiese ocurrido si el Gobierno británico hubiese pretendido cambiar sin más la clasificación de algún puerto inglés para permitir en ese puerto la reparación del submarino? Ustedes saben como nosotros que la ciudadanía británica se hubiese tirado a la calle y hubiese impedido esa reparación. Eso es lo que ustedes han querido, que el señor Blair no tenga que asumir esa responsabilidad, y a eso se han prestado.
Quería recordarles sobre todo que terminábamos nuestra intervención diciendo textualmente que si el Gobierno decidía pedir al Reino Unido el traslado del submarino podría contar con el apoyo decidido de nuestro grupo aquí y en cada municipio de Andalucía, porque eso es lo que creíamos que tenía que hacer el Gobierno, exigir, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la retirada del submarino de Gibraltar. Y créame que nos alegramos cuando conocimos en la prensa británica las declaraciones del Gobierno; le perdonamos incluso que las hubiese hecho fuera de nuestro país a la prensa británica. Nos alegramos mucho más cuando el presidente Aznar ratificaba sus declaraciones en sede parlamentaria en un día tan importante como el día de la Constitución, declaraciones que fueron recogidas con extensión por toda la prensa y declaraciones que fueron recogidas con brindis de cava, con ilusión, en muchos pueblos de Andalucía. Todos estábamos convencidos en ese momento de que habíamos entrado en el buen camino, de que habíamos empezado a hacer posible la unidad en torno a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos andaluces. Pero la alegría puede tornarse en frustración e indignación si hoy se evidencia que lo que hizo el señor Aznar fue utilizar al Parlamento, utilizar a esta Cámara, utilizar el día de la Constitución para confundir, para engañar al pueblo andaluz. No tiene otro nombre, señorías, no lo tiene venir a esta Cámara, venir en un día tan significativo a decir que se lleven el submarino y luego presentar ustedes lo que presentan como enmienda a esta proposición no de ley. No tiene otro nombre que engañar y confundir y por ello con ese nombre lo calificamos.
Señorías, esto es grave, y con toda sinceridad, con voluntad de unidad, pediríamos al Partido Popular que calibrase la sensación de frustración que se tiene hoy en Andalucía por haberse sentido utilizados y engañados por el presidente del Gobierno en todo aquello que creyeron que el señor Aznar era sincero, pues creyeron que lo era cuando manifestaba la voluntad de pedir al Gobierno británico la salida del submarino. Porque no nos podemos creer que el presidente haga unas declaraciones a la ligera ni que su ministro de Exteriores lo desautorice. Creemos, con toda sinceridad, que es una maniobra calculada para desmotivar, para desmovilizar a la ciudadanía andaluza, que está radicalmente en contra de la permanencia del submarino. Pensamos que ha sido un juego, pero el juego, como las mentiras, tiene las patas muy cortas, y hoy van a tener que votar y que definirse.
Presentan hoy ustedes una enmienda que si estuviésemos en ese mes de marzo del que han hablado en otras ocasiones, podríamos creernos que se trataba de una chirigota, de una coplilla del carnaval de Cádiz, pero no, estamos en diciembre, más cerca del día de los inocentes, y lo que creemos es que pretenden gastar una inocentada a este Parlamento, una inocentada al pueblo andaluz. Ustedes no pueden pensar que los andaluces somos tontos, no pueden creerse que a los andaluces se nos puede engañar, y van a tener la respuesta que se merecen. Si hoy ustedes votan por la permanencia del submarino en Gibraltar, sepan que lo están haciendo en contra de la mayoría del pueblo andaluz, que lo están haciendo en contra de miles de ciudadanos que hoy exigen que su Gobierno esté a la altura que se merece, que no es otra que la defensa de los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. No sigan defendiendo al Gobierno británico, que ya lo hace bastante bien por sí solo. A ustedes les corresponde defender a España, defender a Andalucía.
Van a desaprovechar ustedes hoy una ocasión, y no puede ser por casualidad. Ustedes tenían muy claro en todo este camino que lo que querían era confundir, que lo que querían era desmotivar. Nosotros vamos a votar afirmativamente las proposiciones que se nos presentan.
Eso sí, hemos querido ampliarlas, porque no es sólo la reparación de submarinos nucleares el problema. Tenemos que ser conscientes de que el problema es mucho más amplio. El problema es la existencia de submarinos nucleares en sí misma. Es una irresponsabilidad que solamente se explica con el intento del mantenimiento de una dinámica de guerra fría fuera de lugar en estos momentos. El reciente incidente ocurrido con motivo del atraque de un submarino nuclear en las Islas Baleares ha evidenciado que la demanda social es que nuestro país se oponga a que ningún submarino nuclear atraque en ninguna base o puerto del territorio español.
En defensa de esta enmienda no voy a traer sólo las condiciones con las que nuestro país ingresó en la OTAN, porque ya sabemos el poco respeto que a ustedes les mereció aquella manifestación de la voluntad popular; también voy a señalar que es una irresponsabilidad, que es un peligro que sigamos permitiendo que submarinos nucleares atraquen en nuestros puertos. Izquierda Unida está en contra de la nuclearización de los mares, está en contra de que sigan existiendo verdaderas bombas atómicas circulando sumergidas por nuestros mares.
Consideramos -y voy concluyendo- que la presión social, que la presión institucional ejercida en el caso del submarino nuclear de Estados Unidos, debería tener hoy respaldo parlamentario. Y por eso hemos querido dejar claro con nuestra enmiendaque se deben adoptar las medidas necesarias para

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que en ninguno de nuestros puertos o aguas territoriales puedan atracar o fondear naves que porten armamentos, combustible o residuos de origen nuclear. Esta es nuestra aportación al debate de hoy. Sobre todo, queremos repetirles que estamos dispuestos al consenso.


La señora PRESIDENTA: Señor Centella, le ruego concluya.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino ya, señora presidenta.
Estamos dispuestos al acuerdo. Hoy sería importante un acuerdo unánime de este Parlamento, pero ustedes tienen la palabra: o se sitúan del lado del Reino Unido o se sitúan del lado del pueblo andaluz y del pueblo español. Esa es su decisión, que ejercerán con su voto. Yo espero que ustedes estén donde deberían estar y no enfrentados al pueblo español. Si se enfrentan, no tengan ninguna duda de que se lo demandaremos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, esta sesión es un capítulo más de un culebrón muy poco serio que empezó ya hace demasiado tiempo, que nos tememos que no terminará hoy y que sería absolutamente anecdótico si no afectara a la salud o a la percepción de riesgo para la salud -que para nosotros ya sería bastante- de miles y miles de personas y si no afectara al respeto y al prestigio que el Reino de España se merece en el seno de la OTAN y en el seno de la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) No por el hecho de proclamar que se está entre los más grandes se pasa a estar entre los más grandes. En política exterior, es de las actuaciones constantes y de las decisiones que se toman de donde se desprende la posición que cada Estado y cada Gobierno tienen en la arena internacional. El respeto no se gana con declaraciones en ruedas de prensa, se gana con medidas de gobierno.
A día de hoy, la situación con la que nos encontramos es la siguiente: un submarino nuclear averiado junto a las costas españolas y en territorio español, en un puerto que sin embargo no está bajo la jurisdicción del Reino de España, que está en un territorio colonial y bajo la jurisdicción de un presunto socio en el ámbito civil pero también en el ámbito militar. Un socio, el Reino Unido, que prima en este momento la supuesta protección de sus secretos nucleares frente a la amistad con el Gobierno de España y frente al ofrecimiento de garantías a la población. Un Gobierno y un ministro -pero en este caso un Gobierno entero, porque también estuvo su portavoz, nombrado en su momento ministro responsable del asunto Tireless- que un día califica de absolutamente irresponsables a todos aquellos que pidan el traslado del submarino; que otro día se permite bromear sobre el asunto y llevar al ridículo a aquellos que consideran que esta es una materia grave; un Gobierno cuyo ministro de Exteriores después reclama por carta formal al ministro de Exteriores del Reino Unido ese mismo traslado y que califica de grave la situación; un Gobierno que después, también de nuevo en este caso a través de su ministro de Asuntos Exteriores, pasa a actuar como portavoz ante la opinión pública española del Gobierno de Su Majestad británica; y desde entonces no se ha movido de ahí hasta el día 6 de diciembre. Todas las actuaciones del ministro de Exteriores pasan a ser la representación en España de la política decidida por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico o por el Gobierno de Tony Blair.
Finalmente, un presidente de Gobierno que sí declara, de la misma forma que ha declarado muchos otros temas que sí se tomaron en serio en declaraciones mucho menos formales, que efectivamente se ha pedido al Reino Unido el traslado, declara que hay elementos suficientes para pedir el traslado, y que, de forma absolutamente sorprendente y sin precedentes, es desmentido por su ministro de Asuntos Exteriores, que después acaba diciendo que eso no es lo que su presidente quería decir. Técnicamente, como consecuencia de todo ello, una situación absolutamente caótica en términos de información a la opinión pública y a esta Cámara. ¿Cuál es el estado real del submarino? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe el Gobierno? ¿Cuál de las distintas explicaciones que se nos han dado es la cierta? ¿Lo sabe el Consejo de Seguridad Nuclear? No, el Consejo de Seguridad Nuclear sabemos que no lo sabe, sabemos que no tiene información disponible para poder pronunciarse con solidez sobre este tema. Lo sabe el Reino Unido, o quizá tampoco.
Lo único que se sabe es que efectivamente en este momento no hay riesgo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Que el riesgo potencial es enorme, que podría existir un enorme riesgo. Hasta ahí también se ha pronunciado el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Que Gibraltar no está preparado para esta reparación; que, en todo caso y quizá, lo estará de forma provisional si de hecho se trasladan a Gibraltar toda una serie de medios que no están previstos en esa base y para los que en todo caso carece de cualquier plan de emergencia. Y sabemos que el traslado del submarino es posible, es caro pero es técnicamente posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán sube a esta tribuna a pedir al Gobierno y a su ministro de Asuntos Exteriores un ejercicio de responsabilidad ante esta Cámara y ante los ciudadanos, ante el conjunto de la opinión pública española y muy particularmente ante los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que son aquellos que se sienten particularmente afectados por este tema y que en algún caso se han llegado a sentir incluso

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despreciados cuando alguien parecía tomarse a broma lo que para ellos, legítimamente según se ha demostrado, era muy serio. Respeto a la población afectada y poca broma.
Desde este ejercicio de responsabilidad que nosotros ya hemos hecho y que pedimos al Ministerio, creímos al presidente del Gobierno cuando informó de que era lógico, razonable y deseable el traslado.
Entendimos que efectivamente existían razones para ese traslado. Y, como decía, en un acto sorprendente -después no desmentido por el propio presidente del Gobierno-, aceptamos que el ministro después lo desmintiera, que corrigiera a su presidente, afirmando que hoy no existe esa información, que esa información no tiene la solvencia suficiente y que quizá hasta marzo no tendremos informes de suficiente entidad para podernos pronunciar sobre si el traslado es o no es en este momento necesario, es o no es en este momento oportuno.
Lo único que desde la posición de mi grupo está claro es que, cuando los informes sean claros y cuando las circunstancias -que ese sí que es un dato objetivo y perfectamente comprobable- meramente climatológicas y marítimas lo permitan, el submarino debe ser trasladado al Reino Unido; cuando los informes lo permitan y cuando los informes acrediten que es necesario su traslado al Reino Unido.
De hecho, el propio Grupo Parlamentario Popular, en el punto 5 de su enmienda -esa sería nuestra queja en este momento a la posición del Grupo Parlamentario Socialista-, dice que el Gobierno de la nación solicita al Reino Unido que traslade el submarino Tireless a una base naval en territorio británico si a la vista de nuevos informes y análisis técnicos se dedujese que, por razones de tiempo y de seguridad, esta opción resultase preferible a su reparación en Gibraltar.
Nosotros no tenemos expertos nucleares propios, no sé si otros grupos parlamentarios los tienen; el Grupo Parlamentario Catalán hoy por hoy carece de asesores nucleares propios o de asesores propios en submarinos, tenemos que confiar en el Gobierno. Desde la confianza en el Gobierno, esperamos no ser engañados cuando esos informes salgan a la luz. Queremos creer que efectivamente esos informes hoy no existen y que por tanto hoy todavía falta información técnica, estrictamente técnica, para poder determinar si es o no es posible la reparación del submarino en Gibraltar. Insisto, el presidente ya dijo que no era posible, el ministro le desmintió y el presidente no le ha cesado.
Luego entendemos que el presidente aceptó que se había equivocado.
A partir de ahí y desde esa posición, la postura del Grupo Parlamentario Catalán va a ser, en primer lugar, pedir al Grupo Parlamentario Socialista que acepte la enmienda del Grupo Popular en la medida en que pide el traslado, pero sometido a unos informes técnicos que en este momento todavía no existen, según el Gobierno, que, insisto, presumimos mejor informado que nosotros. En caso de que finalmente el Grupo Socialista no acepte esa enmienda, la posición de nuestro grupo será abstenernos, porque entendemos perfectamente las razones que llevan al Grupo Socialista y presumiblemente a otros grupos de la Cámara, incluido el Grupo Mixto con su iniciativa, a exigir el traslado del submarino, porque efectivamente la actitud del Gobierno hasta este momento no ha hecho más que dar pábulo a la absoluta inseguridad, ha sembrado el desconocimiento en la opinión pública y justifica que en este momento se pida el traslado sin más.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Guardans.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, señorías, he escuchado con suma atención las palabras del portavoz socialista, naturalmente también las de los demás, las he seguido con toda atención y todo respeto, pero ya no se hace política exterior así en la Unión Europea, señores. (Rumores.) Ya no se hace política exterior en la Unión Europea subiéndose a una tribuna, soltando una soflama, enardeciendo a los unos contra los otros, diciendo que Inglaterra es culpable y luego todos a casa que aquí no ha pasado nada, porque no se puede hacer nada. No se hace consenso en política exterior diciendo: la única posición válida es la mía y como el Gobierno no tiene razón no puede disponer en este asunto, que es complejo, de todos los datos, de todas las hipótesis de trabajo y de todas las alternativas posibles. Así ya no se hace política exterior en Europa y espero que en muchos años ya no se haga así política exterior en España.
Nada hay más importante, claro está, señorías, claro está, señor Marín, que la seguridad de nuestros conciudadanos, que su tranquilidad. (Rumores.) Por eso trabajamos y en eso estamos, no lo duden ustedes. Y para la seguridad y la tranquilidad de nuestros conciudadanos nada es más importante en un debate parlamentario, y también por la propia dignidad de esta Cámara, que es lo mismo que decir que la propia dignidad de la representación nacional que aquí encarnamos, que la seriedad y el rigor, el fundamento técnico, la coherencia política y la perseverancia en la mejor defensa de los intereses nacionales en juego. (Rumores.- El señor Núñez Pérez: Nosotros hemos estado escuchando.) Y permítanme la cita parlamentaria, que como es de Azaña estoy seguro de que la escucharán con atención (Rumores.), para recordarles que no venimos aquí para comportarnos como alcaldes de monterilla, de esos que lo son para pasearse por la calle mayor de su pueblo y darse pisto con sus amigos. Eso es lo que ustedes hanhecho hoy aquí. (Aplausos.- Rumores.)

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Esta es una cuestión compleja, pero toda cuestión compleja, incluso las cuestiones complejísimas sobre los submarinos nucleares, sobre las que algunos de los aquí presentes nos hemos hecho ya expertos de medio pelo, se pueden reducir en términos políticos a dos o tres preguntas muy sencillas, que, eso sí, no deben ser respondidas de cualquier manera, que por su sencillez no pueden dejar de responderse con todo el bagaje y el conocimiento técnico y político que seamos capaces de aportar a este debate. Pocas veces habíamos llegado, en un asunto como este, a un Pleno con tanta información pública y privada, diagramas, esquemas, planos, informes, en Internet, en prensa escrita, en televisión, etcétera. Nunca tantos comités de expertos, comisiones, juntas, organismos varios, habían suministrado información fehaciente y rigurosa sobre un asunto de tal complejidad técnica. Por eso hoy equivocarse es especialmente grave, porque sería la prueba de que la ceguera en este caso no nace del dato sino de intereses políticos que nos llevarían a equivocarnos acerca de un asunto sobre el que, como es el incansable, tenemos abundantes y prolija información.
Señorías, las preguntas que hay que responder, y ninguna de ellas ha sido planteada porque naturalmente en este nivel del debate el debate por parte de la oposición está perdido, son las siguientes: ¿Existe riesgo hoy para la población en la zona de Gibraltar? ¿Existe información adecuada sobre el proceso de reparación del submarino? ¿Existen alternativas más seguras y rápidas para hacer salir el submarino de Gibraltar que su reparación en ese puerto? Estas son las preguntas, y no otras, que deben ser respondidas, y a partir de las cuales tenemos la obligación política de fijar nuestra posición en un asunto de suficiente relevancia como para merecer un debate en el Pleno de esta Cámara.
Los datos son los siguientes, y no pretenderán ustedes discutir el dato, porque dejarían de ser azañistas y también orteguianos, lo cual sería el colmo de su posición política. (Rumores.) Un submarino nuclear británico, el Tireless, el incansable, está amarrado en el puerto de Gibraltar -hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad?- por una avería en el circuito primario de refrigeración de su reactor -espero que no estén en desacuerdo con eso-, reactor que está apagado, cosa que estoy seguro de que ustedes comparten. También comparten, porque se tiraron semanas pidiendo los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, que según este y su homologo británico, no reviste riesgo alguno para la población del entorno de Gibraltar. Es muy cómodo ignorar el mensaje y disparar contra el mensajero, pero no se puede no leer este informe del Consejo de Seguridad Nuclear, señorías, como tampoco se puede decir que este es un organismo de Gobierno. El Consejo de Seguridad Nuclear depende y ha sido nombrado por este Parlamento. Por cierto, su presidente fue nombrado por ustedes. ¿Qué pasa, que era bueno cuando le nombraron y estaban ustedes y ahora ya no? (Aplausos.- Protestas.) Eso es totalmente inaceptable. Permítanme que haga un inciso sobre el manejo que ustedes han hecho, que se hace y que se sigue haciendo hoy, de la palabra riesgo y de la idea misma del riesgo, y que lamente, en nombre de mi grupo y en nombre del sentido común, que ha sido aludido y vejado hoy en numerosas ocasiones, la actuación de los grupos de la oposición, y muy especialmente del Partido Socialista en Andalucía, que no ha hecho sino alimentar la alarma de la ciudadanía con declaraciones y ruedas de prensa insensatas e incendiarias. (Protestas.) Aquí se ha llegado a decir, y lo dijo no el señor Marín sino su portavoz anterior en la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor De la Encina, que existía riesgo de supervivencia nuclear. Nada más y nada menos. Aquí se ha llegado a proponer, por parte del Grupo Socialista, que se bloqueara el puerto de Gibraltar, que se abordara el submarino en alta mar. En fin, cualquier disparate cuyo relato ahorro a SS.SS. por aquello de que a estas horas no están para escuchar tanto disparate.
Cuando hay alarma, que la hay y es lógico que la haya, no sirven los políticos alarmistas, sirven los políticos responsables. Y hablando de elegir, señorías del Grupo Socialista, los primeros que tienen que elegir no son los británicos, son ustedes. ¿De qué lado están ustedes, del alarmismo o de la responsabilidad? (Rumores.- Protestas.) Elijan, ¿quieren hacer política responsable o política alarmista? Dos son las acusaciones principales que se han hecho por parte de esos políticos alarmistas contra el Gobierno: opacidad y complacencia con el Gobierno británico y retraso del debate parlamentario. Nunca tantos informes han sido hechos públicos. Quien habla de complacencia con el Gobierno británico son los mismos -estoy seguro que para muchas señorías del Grupo Socialista será incluso una sorpresa- que pactaron su posición en el Parlamento Europeo con los eurodiputados laboristas del Reino Unido. Señorías, esto es lo que pactaron. (Rumores.) Y quien habla de retraso en los debates parlamentarios son los mismos que votaron a favor del aplazamiento de ese debate en la eurocámara, que al día de hoy todavía no se ha celebrado. El Gobierno de España tiene relaciones fluidas y constantes con el Gobierno británico y eso está mal. Hay que exigirle que elija, que se decida de una vez. Ahora bien, cuando ustedes pactan con los laboristas británicos en el Parlamento Europeo, entonces estamos...(Rumores.- Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor, guarden silencio mientras el orador está en el uso de la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Nuestra posición ha sido siempre clara y transparente y siempre hemos dicho lo que teníamos que decir a la luz pública y no a la oscuridad de un pasillo de una cámara, en Estrasburgo o en Bruselas.


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No hemos buscado el rédito inmediato o electoral, a corto plazo, sino la seguridad y la tranquilidad. Nunca nos hemos inventado soluciones milagreras o milagrosas, nunca hemos tomado este asunto a la ligera, y nuestra principal ocupación ha sido y es garantizar que ese submarino sea reparado de la forma más rápida y segura posible. Y es lo que seguimos reclamando al Gobierno británico, que es un gobierno amigo y aliado, señorías, pero con toda energía y rigor. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Aleluya!) Además, que lo haga pronto y de la forma más rápida posible, entendiendo que ese es su interés, porque la hipótesis de trabajo de la oposición es francamente disparatada.
Querría decir que el Gobierno británico no sólo nos engaña a nosotros, sino que engaña a su prensa, a su Parlamento y que le divierte y tiene a gala tener toda su flota de submarinos de ataque paralizada exclusivamente para fastidiar al Partido Socialista de Andalucía y al señor Chaves. Eso no es de recibo. (Rumores.- Protestas.) Sería bueno que ustedes abandonaran esa actitud, primero, porque no sirve para arreglar el problema sino para elevar el desasosiego y la inquietud de mucha gente de bien, una actitud que, por cierto -permítanme que me meta en sus asuntos internos-, tampoco les acredita como socios fiables y responsables de sus correligionarios británicos, que se verían mucho más animados a escuchar las demandas del Gobierno español si no constataran que a ustedes lo único que les preocupa es meterle bastones a las ruedas del Gobierno de España. Si quieren ustedes pactar algo, páctenlo con nosotros, con los populares españoles, no vayan a pactarlo a Estrasburgo o a Bruselas con los laboristas británicos solamente para fastidiarnos a nosotros.
(Aplausos.) Por eso pedimos que se construya un consenso en esta Cámara, pero manteniendo todas las hipótesis abiertas y teniendo en cuenta los informes técnicos y científicos de los expertos más competentes que tiene este país y que también tiene el Reino Unido.
Porque, si no, estamos en la mera fantasmagoría política. Ypara pasear fantasmas por esta Cámara el Grupo Popular no participa en debate alguno, nuestro grupo viene a solucionar problemas y a resolver las inquietudes de nuestros conciudadanos. (Rumores.) Señorías, nosotros le pedimos que, si repara el submarino, lo haga de la forma más rápida, segura y fiable posible, con todas las garantías técnicas del caso. ¿De qué otras garantías estamos hablando? Austedes eso de las garantías técnicas les importa un pimiento. Pues bien, a mí me importa mucho porque con esas garantías es con lo que se arreglan los submarinos que se estropean y no con palabras, con discursos, con ultimátum, con callejones sin salidas, con soflamas en la calle de Alcalá, etcétera. (Rumores.) Pedimos también al Gobierno británico -y no es poca cosa, ustedes hubieran dado por buena esta teoría si no hubieran estado atados por otros pactos y otras políticas en Andalucía- que traslade el submarino Tireless, el Incansable, a una base naval en territorio del Reino Unido si, a la vista de nuevos informes y análisis técnicos, se dedujese que, por razones de tiempo y de seguridad, esa opción resulta preferible a su reparación en Gibraltar. Ese es el cuándo del presidente del Gobierno y del ministro Piqué, en cuyas palabras no hay contradicción alguna. (Rumores.) Cuando se tienen los informes, cuando corresponde, cuando es necesario y cuando no hay una opción mejor, se pide el traslado. Pero a ustedes eso les da igual. Por supuesto que tienen que elegir hoy. Hablando de elecciones, no es el Gobierno británico el que viene a elegir aquí; son ustedes los que tienen que elegir entre apoyar al Gobierno de su país o seguir alarmando sin sentido a la población. Sólo les pido una cosa: que acepten de este grupo lo que aceptaron de los laboristas británicos; no les pido más, no creo que sea un esfuerzo dificilísimo. Y como estoy seguro de que en el Parlamento Europeo no se hace nada sin que el señor Marín se entere; sin que los socialistas, como el señor Caldera -que me mira con atención- se entere; sin que el señor Rodríguez Zapatero se entere, hagan con nosotros lo que hicieron con los laboristas británicos, pero, eso sí, a la luz pública y con taquígrafos.
El texto que ustedes negociaron con los británicos y que aprobaron dice lo siguiente: Primero... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Robles, le ruego vaya concluyendo y señorías del Grupo Socialista les pido por favor guarden el debido respeto para que el orador pueda terminar su intervención.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente, por su amparo.
Dicen SS.SS. que se ha confirmado que la reparación puede ser realizada con seguridad en Gibraltar. Eso es lo que ustedes pactaron con los laboristas británicos. ¿Qué pasa, que ahora ya no vale? Luego dicen que esperan que se busque la solución óptima de entre las posibles, desde el punto de vista de la seguridad de la población.
Señorías, si es eso, yo firmo donde haya que firmar, pero son ustedes los que no quieren firmar hoy. (Rumores.) Eso es lo que dice nuestra enmienda que ustedes no aceptan.
Señorías, ustedes pueden empecinarse en una sola de las opciones posibles, pero eso no es sino un brindis al sol... (Un señor diputado: ¡Inmersión!) Sí, inmersión, pero si ustedes hacen inmersión recuerden que luego tienen que salir a la superficie y ahora están muy hundidos. Para salir a la superficie les hace falta mucho tiempo.
(Aplausos.) Si quieren hablamos del submarino del PSOE, que sí que está averiado y que sí que está hundido (Rumores.) y si quieren que suba a la superficie tendrán que

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hacer algo más que dar pruebas de irresponsabilidad y de alarmismo, que es lo que han hecho hoy.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Robles, por favor.


El señor ROBLES FRAGA: Termino, señor presidente.


Señorías, su posición es un brindis al sol que no va a mover un milímetro al submarino de donde está ni va a cortar un segundo la permanencia del Incansable en Gibraltar. Si lo que ustedes quieren es consenso constrúyase, pero no sobre la posición de un solo grupo, sino sobre el sentido común de todos los grupos. Eso es lo que hemos presentado hoy y eso es lo que nosotros defendemos aquí, en la calle y donde haga falta, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Robles. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) ¿Ningún grupo desea utilizar el turno de fijación de posiciones? (Pausa.) En turno de aceptación o de rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Marín, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: De las presentadas por el estimado colega Robles, aceptaríamos los dos últimos párrafos que se refieren a la situación colonial de Gibraltar. No sé si son los puntos 5 y 6, o 6 y 7. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.- Pausa.) Señora presidenta, para ser más preciso, querría añadir que no tenemos inconveniente en admitir los párrafos 6 y 7 de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que se refieren a la situación colonial de Gibraltar. El resto, obviamente, no.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Marín.
Señor Núñez, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Sí, señora presidenta.
Aunque se trata de otro debate, no cabe duda de que el debate de la petición de la soberanía en Gibraltar tiene que ver con el relativo a la revolución del Tireless, de modo que se acepta el punto 6 referido a que es inaceptable mantener una colonia en estos tiempos, así como la improcedencia de tener una base militar que pueda seguir siendo utilizada de esta manera.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por cuanto tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Mixto manifiestan su voluntad de aceptar parcialmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, es preciso que dicho grupo indique si a su vez acepta la incorporación de esos dos puntos. (El señor Marcet i Morera: ¿Dónde está eso?)

El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, agradecemos el gesto, pero como nuestra enmienda tiene un carácter de globalidad, no podemos aceptar esa incorporación. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, gracias.
Sí, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Me anima para esta intervención más bien...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Caldera, antes de animarse, le ruego que indique a la Presidencia el artículo del Reglamento que invoca.


El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Quiero citar los artículos que regulan las proposiciones no de ley.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Caldera, un momento. (Pausa.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Son los artículos 193 y ...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, ¿cuál de ellos exactamente?

El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Exactamente el artículo 195.
Si me permite la señora presidenta...


La señora PRESIDENTA: No, no. La señora presidenta está leyendo exactamente el artículo al cual S.S. hace referencia. Señor Caldera, dicho apartado no dice nada respecto al derecho del grupo proponente a que sus enmiendas sean aceptadas parcialmente, que es por lo que entiendo que usted estaba pidiendo la palabra.
Señor Caldera, permítame que le aclare, antes de su intervención, que las iniciativas en esta Cámara son propiedad del grupo proponente. Y de la misma manera que una proposición no de ley, si no quiere el grupo proponente, no es sometida a votación parcialmente, se entiende que las enmiendas son propiedad del grupo proponente y si el grupo enmendante no desea o se niega a que sean votadas parcialmente, no se incorporan.


El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, si le parece discutiremos eso en la Junta de Portavoces. No tengo ningún ánimo de abrir debate pero, créame S.S. si le indico que esto modifica todos los precedentes -y por eso hago esta intervención-

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utilizados en esta Cámara durante muchos años mediante los cuales cuando la enmienda no es de sustitución, sino que puede entenderse de adición, es el grupo proponente justamente quien puede admitir partes o puntos de las enmiendas presentados por otros grupos. Como no está en mi ánimo discutir, verá S.S. cómo le presentaré docenas y docenas de precedentes en Junta de Portavoces, para que esto no vuelva a ocurrir.


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, lógicamente, en Junta de Portavoces S.S., como cualquier otro portavoz, puede presentar aquellas iniciativas que desee. Sí puedo decirle que esta Presidencia, como no podía ser de otra manera, no ha utilizado su criterio personal sino el criterio de los servicios de la Secretaría General de la Cámara, que son los que me acaban de indicar cuál es la práctica habitual en esta casa.
Podremos continuar el debate en Junta de Portavoces, si así lo desea cualquiera de los miembros de la misma. (Rumores.- El señor Marín González pide la palabra.) Señor Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, voy a ser muy breve.
Hay un problema reglamentario que deberá ser aclarado posteriormente, pero al menos se tiene que producir una votación diferenciada, proponente o propuesta, da igual. Quisiera que constara en el «Diario de Sesiones» que si el Grupo Socialista, por razones reglamentarias, debe votar en contra de la contrapropuesta del Partido Popular, al menos... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Para evitar malos entendidos, estamos totalmente de acuerdo con los puntos 6 y 7. Si por razones de Reglamento hay que votar en contra tendremos que hacerlo, pero nuestro espíritu es votar a favor. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Marín, al tratarse de una enmienda a una proposición no de ley, si no se incorpora al texto no es susceptible de ser votada. (Rumores.) En cualquier caso, ha quedado explicitada su voluntad, si es lo que quería su señoría.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear Tireless, atracado en el puerto de Gibraltar, en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 157; abstenciones 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear HMS Tireless, para su reparación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 120; en contra, 158; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LOS VUELOS REGULARES ENTRE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA. (Número de expediente 173/000032.)

La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra el señor Rivero.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rivero, cuando quiera.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que hoy presentamos ante la Cámara es consecuencia de la interpelación presentada en el último Pleno, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, en general. En el debate quedó patente, con la participación de casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, la injusticia de una política de precios en los vuelos regulares entre España y la República de Venezuela, fundamentalmente, que en algunos casos significa que el vuelo entre España y Venezuela cuesta tres veces más que lo que cuesta actualmente volar a destinos similares en distancia, como puede ser Miami, Boston o Nueva York.
Hablamos de la carestía de los precios de los vuelos a países iberoaméricanos, y en este caso a Venezuela, por la importante colonia que en este país tiene España, en general, y Canarias, en particular. Son emigrantes que viven en este momento una situación difícil, complicada; son personas que emigraron a finales de los años cincuenta y sesenta, la mayoría de los cuales

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alcanza hoy una edad avanzada, que tienen una interrelación con la madre patria, y la carestía de los billetes hace prácticamente inviable que esta relación se pueda mantener.
Vamos a apoyar la moción con la intervención del señor ministro de Fomento en el debate de la interpelación. El señor ministro dijo textualmente que hay que volver a negociar ese convenio, que hay que abrirlo a la competencia para designar, si es posible, a más de dos empresas. Esta es la clave, decía el señor ministro. Efectivamente, esa es la clave. En estos momentos, como todas SS.SS. saben, existe un convenio bilateral entre España y la República de Venezuela que restringe las compañías que cubren estos trayectos a dos: Avenza, una compañía venezolana, e Iberia, por parte de España. Esto hace que en este momento no esté garantizada la competencia y, por lo tanto, que los servicios a los ciudadanos sean malos y, lo que es más importante, que sean caros.
La moción tiene una primera parte orientada a que se renegocie de forma urgente el convenio bilateral entre el Reino de España y la República de Venezuela para permitir que las compañías aéreas que lo deseen puedan cubrir el trayecto entre ambos países, al objeto de generar competencia, de mejorar los servicios y, por lo tanto, de mejorar los precios. Un segundo punto de este primer apartado propone que se inicie la renegociación de los convenios bilaterales con aquellos países de Iberoamérica que aún tienen convenios cerrados (es decir, donde en estos momentos no existe competencia), como es el caso de Venezuela y de Méjico.
Apoyamos también el segundo apartado de la moción con las palabras del señor ministro, quien dijo textualmente: Y tenga por cierto que no es posible hoy, en el marco de los convenios internacionales vigentes ni de los convenios bilaterales para la Administración aeronáutica española, rechazar unitariamente una tarifa que haya sido establecida siguiendo los mecanismos que figuran en el convenio, salvo que la otra parte también la rechace. Efectivamente, en estos momentos, en el convenio bilateral la política tarifaria tiene que establecerse de común acuerdo entre los dos países. Por tanto, estamos ante la disyuntiva de tener que renegociar ese convenio para lograr esas fórmulas que permitan competir y mejorar precios, pero hasta que no se consiga renegociar ese convenio en las condiciones que favorezcan la competencia -y aquí dependemos de la voluntad del otro país, en este caso Venezuela-, permitiríamos que Iberia siguiera teniendo unos precios abusivos. Nosotros decimos que, independientemente de que no existan acuerdos para ajustar los precios del trayecto España-Venezuela a los de destinos similares en horas, se busque una fórmula para que el exceso de beneficios que en estos momentos percibe Iberia, por encima de los que percibe en trayectos similares como Nueva York-Boston o Miami, revierta en la bonificación de tarifas a los emigrantes españoles que reúnan unas determinadas condiciones. Eso es posible, si existe voluntad política, hasta tanto se renegocie el convenio bilateral con Venezuela en los términos a los que antes hacía referencia.
Nosotros apuntamos algunas ideas que se podrían barajar, pero dejamos libertad al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, pueda presentar ante la Cámara una propuesta que consiga el objetivo que persigue la moción, que no es otro que intentar que los precios de los billetes entre España y Venezuela se adapten a trayectos equiparables a los que hay en estos momentos entre estos países, y que nuestros emigrantes, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas puedan empezar a beneficiarse de esos descuentos, hasta que se genere la necesaria competencia en el transporte aéreo entre estos dos países y, como todos esperamos, se logre lo que se ha conseguido en Europa y en otras partes del mundo, que es la competencia, la mejora de los servicios y el abaratamiento de los precios.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Han presentado enmiendas los grupos Socialista, Popular y Mixto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda al proyecto de resolución del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para fundamentar nuestra enmienda, queremos reiterar y poner de manifiesto lo que en otras ocasiones hemos dicho: el abaratamiento de las tarifas se vincula esencialmente y solamente va a ser posible si existe libre competencia. La libre competencia en las rutas aéreas para el transporte de pasajeros y de mercancías entre aeropuertos del Reino de España y aeropuertos de terceros países, es decir de países no comunitarios, se consigue si se incorporan los preceptos políticos de la libre circulación que recoge la Comisión Europea, que ha impulsado la Comisión Europea, esto es las políticas de liberalización del transporte aéreo. Ello quiere decir que las rutas a las que estamos haciendo referencia han de ser servidas por dos, tres, cuatro o más compañías. Para ello es necesario modificar los contenidos de los tratados reguladores del transporte de pasajeros y mercancías que son convenios bilaterales que existen entre el Reino de España y la República del Salvador, la República Argentina, la de Uruguay o la República bolivariana de Venezuela.
En ese sentido, señorías, la libre competencia, es decir la múltiple designación y consiguientemente alcanzar, implementar las políticas de la quinta libertad, como así se denomina, pasan por la renegociación

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de esos convenios bilaterales. Por ello, el 23 de diciembre de 1996, el Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y como consecuencia de un debate sobre la implementación de las políticas de liberalización del transporte aéreo en España, aprobó una resolución integrada por seis puntos. El sexto punto decía: Abrir negociaciones bilaterales con los países iberoamericanos para introducir en los nuevos convenios de transporte aéreo derivado de las mismas el criterio de la múltiple designación de empresas transportistas con la intención de intensificar la participación aeronáutica española. En ese sentido, en sucesivas sesiones de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha venido reiterando al Gobierno la necesidad de introducir en los convenios bilaterales la múltiple designación. Así, por ejemplo, en sesión de la Comisión de Exteriores del 5 de noviembre de 1997, cuando se debatía el contenido del convenio bilateral entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Estado de Kuwait sobre transporte aéreo, nosotros -y voy a reproducir uno de los párrafos-, decíamos lo siguiente: señorías, recordarán que en la última sesión de la Comisión de Exteriores en la que analizamos los convenios equivalentes al transporte aéreo entre el Reino de España y la República de El Salvador, la de Uruguay y la de Rumania, este interviniente hizo referencia a la sorpresa que nos producía la diferenciación en el tratamiento en lo que a la múltiple designación se refiere. Fue un único concepto en el que hicimos hincapié. Esta sorpresa no nos impidió votar a favor de los tres convenios, lo cual adelantamos que hoy haremos respecto a los convenios que son objeto de este debate y están recogidos en sucesivos puntos, es decir convenios bilaterales con Cuba, Croacia y con Kuwait. Decíamos que con el de El Salvador se autorizaba a operar una sola compañía; con el de Uruguay, a dos; con Rumania, múltiples compañías. En el día de hoy vamos a ratificar tres convenios. En el de la República de Cuba se contiene la múltiple designación y así ese convenio bilateral recoge la posibilidad de un número no limitado de compañías de titularidad no solamente cubanas o españolas, sino de otros países que puedan prestar esos servicios. Con la República de Croacia también la múltiple designación en lo que se refiere a las autorizaciones administrativas que concede el Reino de España a través de la Administración aeronáutica, con Kuwait una única designación, y así en otras sesiones. De ahí, señorías, que si hemos defendido reiteradamente la obligatoriedad que tiene el Gobierno del Reino de España de la renegociación de los contenidos de esos convenios bilaterales, veamos hoy con agrado que en la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en el punto primero se pide la urgente renegociación del Convenio bilateral entre el Reino de España y la República de Venezuela en materia de transporte aéreo, que permita a todas las compañías aéreas que lo deseen cubrir el trayecto entre ambos países.
Estamos de acuerdo con ello, totalmente de acuerdo, pero además hay una resolución del Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta nuestra a finales del año 1996.
Segundo, que paralelamente se inicia la negociación de los convenios bilaterales con Colombia y Méjico, únicos países de la zona, junto con Venezuela, que no se han abierto a la libre competencia del tráfico aéreo en las relaciones bilaterales con el Reino de España.
También estamos de acuerdo por pura coherencia. Hasta tanto no se llegue a un acuerdo con la República de Venezuela y de acuerdo con la moción aprobada por unanimidad en esta Cámara el 17 de octubre pasado, sobre medidas para la mejora jurídica y económica de los emigrantes, se insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses remita a esta Cámara para su discusión medidas que permitan que las tarifas de los vuelos entre España y Venezuela se reduzcan hasta alcanzar precios equiparables a otros trayectos de similares características y duración.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Nos parece muy importante que dentro de tres meses el Gobierno de España remita a las Cortes Generales una propuesta en ese sentido, es decir una propuesta para la discusión posterior en la que se recojan medidas que permitan que las tarifas se reduzcan hasta alcanzar precios razonables, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado exclusivamente como enmienda una petición al grupo proponente en el sentido de intentar conseguir la unanimidad de la resolución de la Cámara, pues dado que estamos pidiendo que el Gobierno en el plazo de tres meses remita una propuesta al Congreso de los Diputados en esa línea de medidas incentivadoras de disminución de las tarifas, no encorsetemos al Gobierno en la resolución que nos debe traer para conocimiento de esta Cámara y para discusión y aprobación definitiva. Por ello hemos presentado una enmienda de supresión del contenido que se recoge a partir de la última frase de ese párrafo que acabo de leer.
Señorías, esta posición del Grupo Parlamentario Socialista se viene reiterando en todas aquellas ocasiones en las que se producen debates de estas características en las que definimos y defendemos una política de cielos abiertos en el transporte aéreo, una política de libre competencia y una política incentivadora de los derivados descensos tarifarios que surgirán como consecuencia de la libre competencia.
El tema que hemos debatido no es un tema baladí, consiguientemente es un tema que hemos visto con simpatía y estimamos que es un gesto también de simpatía hacia centenares de miles de emigrantes españoles que en cada una de las repúblicas iberoamericanas desarrollan su actividad laboral, encontraron un punto de desarrollo social, familiar y económico, empresarial y laboral, consiguientemente demandan del Reino deEspaña un gesto de simpatía que se mide en pesetas,

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próximamente en euros, que posibilite el abaratamiento de tarifas y la visita a la tierra de donde salieron y donde previsiblemente mantienen lazos familiares que justifican esos desplazamientos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López- Amor García.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Muy brevemente, para decir que hemos analizado con verdadero interés la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria, y doy por reproducidos los argumentos empleados por mi grupo el día en que se debatió la interpelación. Por tanto, únicamente insistir en que el sentido último de esta moción no es otro que facilitar el transporte aéreo entre los diferentes territorios del Estado español e Hispanoamérica, lo cual es una cuestión estratégica como país y como Estado, pero también tiene un aspecto humano y político muy interesante dado el nivel de emigración que ha habido y sobre todo Canarias, de ahí la preocupación del Grupo de Coalición Canaria y la sensibilidad demostrada hacia este tema en países como Venezuela fundamentalmente.
Por ello nuestro grupo, reiterando que el marco en que debe encuadrarse toda esta moción no es otro que el de la renegociación de los convenios bilaterales que hagan posible un incremento de la competencia accediendo a la múltiple designación de compañías operadoras, así como el incremento de las frecuencias de vuelos entre las diferentes zonas del Estado español y de Hispanoamérica y ello redundará en beneficio para los pasajeros en el tema del precio o coste del billete. Todo ello porque entendemos que ir a una política de subvención sería contrario a la política liberalizadora del transporte, y en definitiva iría en contra de las normas impuestas y aceptadas libremente por la Unión Europea.
Es por ello, y en aras del consenso, que nuestro grupo que ha presentado una enmienda en los términos que anteriormente les he comentado, está dispuesto a retirarla si el Grupo de Coalición Canaria retira la última parte de su moción, quedando por tanto los dos primeros puntos, con los que compartimos un total acuerdo, y en aras del consenso estaríamos dispuesto a votar a favor esas dos primeras partes de la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Amor.
Por el Grupo Mixto, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.


Nuestra enmienda puede parecer a priori asistemática, porque el encabezamiento de la moción de Coalición Canaria se refiere al abaratamiento de las tarifas aéreas entre Europa e Iberoamérica, y nuestra enmienda se refiere a las tarifas que la compañía Iberia aplica para sus vuelos entre España y Suiza.
Creo que nuestra enmienda no es asistemática porque en el sentir de Coalición Canaria, y así lo expresó su portavoz Paulino Rivero la semana pasada al defender la interpelación de la que trae causa la moción que hoy estamos debatiendo, respondía a la existencia en Venezuela de un importante colectivo de emigrantes españoles, muchos de ellos canarios, y precisamente ese mismo espíritu anima la enmienda que presenta el Bloque Nacionalista Galego, la existencia de un importante colectivo de emigrantes españoles y gallegos en Suiza que reiteradamente se quejan y han puesto de manifiesto la desproporción que existe entre las tarifas que Iberia cobra para los trayectos entre Suiza y España, en concreto en los aeropuertos gallegos, y las que se aplican por parte de esta compañía para otros vuelos de duración similar, dirigidos también a otras ciudades europeas. En esta línea creo que la enmienda que presentamos, entendiendo implícita en ella una modificación del encabezamiento del título de la propia moción, puede ser perfectamente aceptada y ubicada en la sistemática de la moción que presenta Coalición Canaria a la cual, por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego da un apoyo total, en el sentido de que está de acuerdo con todos y cada uno de sus puntos, también con aquellos que el Partido Popular, según acaba de manifestar ahora su portavoz el señor López-Amor, no concuerda.
Entendemos que sí caben políticas de subvenciones y que son conformes con la normativa comunitaria cuando los beneficiarios de esas subvenciones no son empresas, sino consumidores determinados. En este caso serían emigrantes o ciudadanos españoles residentes en otros Estados, que por razón de su renta o de su economía no puedan sufragarse las tarifas fijadas por estas compañías y que resultan muy gravosas, sobre todo en el estado de las economías de esos países iberoamericanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.


Hace unos días, prácticamente dos semanas, los pocos que estábamos asistíamos al debate de una interpelación de la que podíamos decir que no hacía falta que se resolviese con una moción. El señor Rivero hizo una ordenada presentación de la interpelación, que fue contestada con una respuesta correcta y asimilable por parte del ministro, y daba la impresión que el temapodía resolverse fácilmente porque todos comprendíamos

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la necesidad de adopción de las medidas que se podían aprobar, es decir que lo que se estaba trabajando en el Ministerio podía ser válido. Desde el punto de vista político no siempre es así, y por tanto hoy tenemos esta moción que a nosotros nos parece válida parcialmente.


Para fijar la posición me voy a apoyar en las enmiendas. La enmienda del Grupo Popular es una enmienda con el mismo texto que ha cambiado las líneas de sitio, es decir el mismo texto dicho de otra forma; por tanto es votable la enmienda si fuese aceptada, pero nosotros creemos que se acerca más a nuestra posición la enmienda del Grupo Socialista, y aun cuando nuestro grupo no ha presentado enmienda en este momento lo va a hacer de forma reglamentaria. El Grupo Socialista en su enmienda elimina los tres puntos parciales que hay en la moción, a nosotros nos sobra esta explicación después del punto dos. Nos gustaría haber presentado una enmienda y no lo hemos hecho, pero lo hacemos ahora porque tal y como ha ido el debate nos parece factible algo que va al unísono con lo que ha propuesto el Grupo Popular, de que el Grupo de Coalición Canaria sólo deje los puntos uno y dos y retire el resto. Nuestra propuesta es que si no se acepta ninguna de las enmiendas pediríamos la votación separada de los puntos uno y dos, con lo que quedaría en el mismo sentido de lo que está pidiendo el Grupo Popular en estos momentos.
En manos del señor Rivero está la solución, si acepta las enmiendas o no, o si retira parte de la moción. Nuestro voto dependerá de lo que él decida, pero básicamente con la intención de darle nuestro voto favorable a la solución que de una forma u otra adopte.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señor Rivero, a efecto de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, respecto a la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego tengo que reconocer la sensibilidad del Bloque con los emigrantes en Suiza, lo que sucede es que la moción se refiere a la interpelación sobre el precio de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, y además se concreta en los convenios bilaterales a renegociar entre determinados países de Iberoamérica y de España. Por tanto, para la problemática de los emigrantes en Suiza, que también padecen la carestía de los vuelos regulares, hay que presentar iniciativas en ese sentido de abaratar los costos.
Nosotros estaremos absolutamente de acuerdo y apoyaremos cualquiera que permita que para los emigrantes en determinados países de Europa, como puede ser el caso de Suiza donde tenemos muchos emigrantes, se reduzcan los precios de los billetes, pero entendemos que éste no es el contexto en el que nos movemos en la moción de hoy.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario Popular, voy a ligar las dos a la posición que ha expresado ante la Cámara el portavoz de Convergència i Unió. Creo que en un asunto de esta naturaleza lo importante es conseguir la unanimidad, conseguir darle fortaleza política a la posición del Gobierno de España en la renegociación de estos convenios bilaterales para que se puedan abrir, y por tanto mantenemos los puntos uno y dos y retiramos el segundo apartado en aras de conseguir esa unanimidad. Creo necesaria la posición política de fortaleza en la renegociación de estos convenios, y anuncio a la Cámara que respecto al segundo apartado que hoy retiramos tenemos presentada otra iniciativa parlamentaria encaminada a lograr el abaratamiento inmediato por parte de Iberia de los costos de los billetes con Iberoamérica, porque entendemos que es una situación absolutamente injusta y abusiva, pero hoy, insisto, para intentar conseguir la unanimidad retiramos el segundo párrafo manteniendo los puntos uno y dos, que son los que se someterían a votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, con la incorporación de la enmienda según se deduce del debate que ha tenido lugar.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 277.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB). (Número de expediente 173/000033.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.


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Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Cuadrado. (Rumores.- Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, ruego guarden silencio y si van a abandonar el hemiciclo, permitan que continúe el debate. (Pausa.) Adelante, señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no hay pequeños remedios para grandes males, y al menos en el tema que nos ocupa, el llamado mal de las vacas locas, estamos hablando de un gran mal, de una grave crisis que afecta al conjunto de España y que no tendría peor respuesta que esconder la cabeza bajo el ala, no mirar de frente y no darle las respuestas adecuadas. Es una crisis por otro lado anunciada, yo diría que largamente anunciada, al menos todas las misiones veterinarias de la Unión Europea que se han producido la han anunciado, le han dicho al Gobierno de España qué es lo que pasaba, qué se podía prever y desgraciadamente han acertado. Lo hicieron en 1997 por primera vez mediante propuestas, lo hicieron en 1998, en 1999, y la última ocasión en el mes de julio de este mismo año 2000. Es una crisis anunciada que no ha tenido la respuesta adecuada por parte de quien tenía la responsabilidad de vigilar por una cuestión vital de seguridad alimentaria. En la primavera de este mismo año, el Gobierno decía, por parte de uno de sus miembros, que no tenía ningún problema, ni siquiera necesitaba retirar -y le parecía demasiado caro para una situación como la nuestra, decía- los materiales específicos de riesgo que sabemos son la base de propagación de esta desgraciada enfermedad. Por tanto, es una crisis grave, es una crisis anunciada y una falta de reacción a esa crisis son los componentes que hoy inevitablemente gravitan sobre la necesaria respuesta a esa crisis.
Efectivamente, estamos ante un problema de Estado, y no reconocer ese problema de Estado es el mayor elemento de alarma que podemos introducir en la crisis. Es un problema de Estado, un problema que requiere en primer lugar una estrategia clara, nítida y que sea entendida por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de los consumidores. Si no es así no saldremos de esta crisis, al contrario, se agravará. Tengo la percepción de que la opinión pública está detectando que hay un verdadero caos en la respuesta a la crisis, una sensación que se transmite de no saber qué hacer con la crisis, y eso es lo peor que puede ocurrir en una situación como ésta. No hay mayor multiplicación de la alarma que declaraciones contradictorias de miembros del Gobierno. Como descripción, baste recordar un hecho insólito: un comisario de la Unión Europea tiene que hacer una rueda de prensa en España para recordarle al Gobierno de España cosas tan elementales como que los mataderos ilegales se cierran o que las dudas sobre calidad de la carne no son admisibles planteadas por un miembro del Gobierno. La carne o es comestible, como recordaba no hace mucho tiempo en una Comisión un miembro de esta Cámara, o es basura. Que tenga que venir un comisario de la Unión Europea exclusivamente a decir esto para recordarle cosas elementales a la población española en relación con declaraciones de su Gobierno, es una falta de estrategia y un auténtico caos como respuesta. Una estrategia clara debe ser en este momento la principal respuesta a la demanda de la población del conjunto de España. Hace falta algo más -por supuesto, eso en primer lugar-: hace falta coordinación y cooperación entre los poderes públicos, ¡faltaría más! La moción que presenta el Grupo Socialista parte de ese principio: una estrategia global, basada en nuestro modelo, nuestro Estado de las autonomías, necesita coordinación y cooperación y, sin ese principio previo, nada podrá hacerse tampoco. Es justamente lo que se echa en falta.
Ahora, coordinación y cooperación no puede significar en una crisis de Estado como ésta diecisiete respuestas diferentes a una crisis global que exige una respuesta y una estrategia globales. No lo puede entender nadie; nadie puede entender que se hagan diecisiete convenios para establecer los tests adecuados con sus laboratorios.
No lo puede admitir nadie y eso, señorías, crea alarma. No es posible crear en este momento diecisiete respuestas para la retirada de los materiales específicos de riesgo, no es posible que se puedan pretender diecisiete respuestas diferentes para una cuestión de la envergadura de la retirada de las harinas animales -la retirada, no sólo la prohibición-, nadie podría entenderlo. Hace falta, señorías, financiación. Esta es una crisis cara -lo decía en la interpelación-.
La respuesta a esta crisis es cara, es carísima. No es posible sin financiación dar una respuesta razonable a una crisis grave. No se pueden dar respuestas del tipo de: esta crisis nos cuesta 7.500 millones de pesetas. No se puede dar una respuesta desde el punto de vista competencial como disculpa o como burladero. Es una crisis de Estado y requiere una respuesta de financiación a la altura de esa crisis. No es posible dar tampoco en esta materia diecisiete respuestas de financiación imposibles. ¿Cuál es la propuesta que trae a esta Cámara el Grupo Socialista? Son diez medidas que voy a ir reseñando de la manera más resumida posible. En primer lugar, voy a recordar una cita de un informe que se ha citado aquí con reiteración, el informe Philips; lo ha hecho reiteradamente el Grupo Popular y el ministro, pero nadie ha citado en concreto nada de lo que dice el informe Philips. Dice, efectivamente, cosas muy importantes desde el punto de vista del país que más experiencia tiene en este asunto y en el enfrentamiento a una crisis de esta naturaleza, que es lógicamente el Reino Unido. Dice que es peligroso -y es verdad- alarmar a la población sin motivos; pero dice también que es más peligroso tranquilizar a la opinión pública

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cuando hay motivos para la intranquilidad, cuando hay motivos para la preocupación y para la cautela. Esto es lo que nos puede estar ocurriendo en este momento. No alarma, por ejemplo, el doctor Martí, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando dice: cuando hagamos más análisis, saldrán más casos. No alarma eso, no es verdad; lo que alarma es esa impresión que se transmite a la opinión pública de querer, mediante un objetivo de tranquilidad, ocultar cosas. Lo segundo es lo que provoca realmente la alarma y, al final, los consumidores deciden, con su alarma o con su intranquilidad, lo que quieren hacer. En España lo están decidiendo. Es realmente extraño que con un caso -dos, ahora- se haya producido una caída del consumo como la que se ha producido o se hayan cerrado todos los mercados exteriores a la carne española como ha ocurrido. Lo que está ocurriendo es que tenemos un mal tratamiento de la crisis. Tests, laboratorios... ¿Cómo no va a producir intranquilidad en el país -y en ese sentido hacemos nuestra primera propuesta- saber las condiciones del laboratorio de referencia nacional que tenemos? La historia con el segundo caso de los análisis, contranálisis, viaje al Reino Unido, etcétera, expresan a las claras lo que no debe hacerse, lo que uno no espera que ocurra en su país cuando tiene una crisis como ésta. Eso multiplica la alarma y, por tanto, hay que actuar contundente y rápidamente en esta materia, porque si no, señorías, no podemos transmitirle a la opinión pública cuál es el estado real de nuestra cabaña. Ojalá no hubiera ningún caso más, ojalá no tuviera razón el decano -una autoridad, por cierto, en esta materia- de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero la respuesta no es mirar para otro lado, es tomar medidas y hacerlo de manera inmediata.
Materiales específicos de riesgo. El Gobierno de España viene jugando con este tema alegremente desde el año 1997. Desde ese año, cuando los elementos que se conocen de la enfermedad aconsejan de manera inmediata retirar el agente fundamental de la infección y de la transmisión, España actúa alegremente: no me pasa nada, no tengo ningún problema y no tengo que gastarme dinero en esto. Otros países sí lo hicieron. Incluso cuando era obligatorio el 1 de octubre ya para toda la Unión Europea, el Gobierno de España llama irresponsable al Comité Director Científico por decirle lo que le estaba diciendo: Tome usted estas medidas que su país está en una zona de riesgo; irresponsables fue la respuesta y hoy seguimos sin solucionar el problema.
No puede ocurrir en nuestro país la vergüenza, que se ha dado este fin de semana, de un establo con dos reses muertas, unos ganaderos que llaman a los servicios que supuestamente tienen que retirar las reses muertas, nadie acude a la llamada y al final el ganadero, por su cuenta, hace lo que efectivamente no se debe hacer. Eso no puede ocurrir, necesitamos un plan para todo el territorio nacional que garantice la retirada mediante recursos públicos, que no le cuesten dinero al ganadero y que además sea inmediato y rápido, sólo así garantizamos la retirada.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego concluya.


El señor CUADRADO BAUSELA: Más rápidamente todavía, señora presidenta. En tercer lugar, no retiraremos las harinas de origen animal -retirarlas, no sólo prohibirlas- de manera inmediata sin una financiación adecuada y sin una coordinación basada en la cooperación que afecte a todo el territorio nacional. Señorías, el prión que causa nuestra inquietud no se mueve atendiendo a fronteras entre países ni a límites entre comunidades autónomas; la retirada de las harinas exige una intervención coordinada con cooperación, una estrategia global para todo el territorio nacional, si no no haremos nada.
En cuarto lugar, nuestros ganaderos hoy no saben si les están dando a las vacas harinas cárnicas o no porque no lo dicen los sacos ni las balas de pienso, no lo saben; es necesario que ellos lo sepan, pues además son los principales paganos de esta crisis -permitan que lo diga así-, están indefensos porque no saben si en los piensos las proteínas son de origen vegetal o animal. Por tanto, es necesario que en todo el territorio nacional se establezca con precisión la composición de los piensos para que el ganadero tenga la seguridad de qué es lo que está dando a los animales. Además, es necesario en nuestro país establecer la trazabilidad de la carne. Miren, señorías, ¿qué alarma produce que el Ministerio de Sanidad, mediante un escrito, inste al Ministerio de Agricultura a que le garantice la trazabilidad de la carne? ¿Hay mayor alarma que esto? Es necesario garantizar en todo el territorio nacional la trazabilidad de la carne. Es obligatorio...


La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego que concluya, por favor.


El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo.


La señora PRESIDENTA: Por favor, concluya por cuanto lleva sobrepasado en exceso su tiempo.


El señor CUADRADO BAUSELA: Por tanto, telegráficamente, trazabilidad de la carne, necesitamos tener un comité científico director, necesitamos una agencia alimentaria y necesitamos medidas socioeconómicas que respondan financieramente a la crisis que afecta a muchos sectores, y no quisiera que se olvidara a los sectores de los apicultores y porcicultores, que se ven afectados por un encarecimiento de los piensos como resultado de esta medida. Todo esto debe ser tra-

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tado, señorías, globalmente, con seriedad, con cooperación y con coordinación.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados, diputadas, la pasada semana intervine con suma prudencia por aquello de no alarmar, de tranquilizar, de intentar que los más afectados, en este caso concreto los ganaderos, tuvieran la seguridad de que íbamos a tratar sus problemas económicos de forma adecuada para buscar también las soluciones más adecuadas. Lo que pasa es que los datos que van apareciendo no es que sean más o menos preocupantes, es que empiezan a ser angustiosos.
Cuando un periódico que no se puede calificar de catastrofista o que no es el Bild Zeitung, que normalmente hace titulares fraudulentos para la información veraz de la gente, dice: «El misterio letal de las vacas locas», y explica una serie de datos que han sido extraídos de decenas de entrevistas con expertos y de la lectura de numerosos informes sobre el tema, que conducen a este escalofriante resumen de los temores de los científicos sobre la encefalopatía espongiforme vacuna, es para empezar a preocuparse de verdad.Ayer por la noche en Telemadrid, eso sí, desde la una hasta las dos y cuarto de la madrugada, daban un informe escalofriante basado en datos extraídos de casos que han ocurrido durante todos estos años en Francia.
Periódicos y revistas de todo tipo, los nuestros, Le Monde, etcétera, están dando datos escalofriantes. Ninguno de estos periódicos o revistas tiene una visión, a mi entender, catastrofista de la situación ni intenta alarmar innecesariamente a la ciudadanía; creo que intentan explicar lo que ocurre para que la ciudadanía se haga cargo de lo que suceda y no permita más que políticos venales, científicos venales y técnicos venales la engañen, de la misma manera que la engañó en 1990 el Comité de veterinarios de la Unión Europea, mandatado por la Comisión Europea, que decidió, como expliqué la pasada semana, echar tierra sobre el asunto cuando los datos en 1990 ya empezaban a ser no preocupantes sino extremadamente graves.
Todo esto está contenido en los medios. A pesar de ello, uno se encuentra con una información que le pone un doble nudo en la corbata, sobre todo cuando empieza a pensar en todo lo que puede haber detrás de la escasa información que se está dando. Hay ocultismo sobre lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa y en España, por eso de no alarmar a la población. Continúa habiendo en Francia, como ayer se ponía de relieve en este informe que dio Telemadrid, tráfico de harinas prohibidas y mafias de un lado a otro. En este caso concreto se trataba de mafias de más allá del canal, del Reino Unido, que exportaban, a través de Bélgica, a Francia y al conjunto de Europa; es decir, estas harinas también podrían haber venido a España. El informe de ayer sobre Francia, un país puntero en Europa, más parecía el informe resumen de una república bananera que un informe que se basaba en hechos que están ocurriendo en la Unión Europea, uno de los espacios geopolíticos, culturales y comerciales más importantes del mundo actual. Y me dirán ustedes: es que aquí no ocurre o, como dice un señor que se las da de técnico, que se las da especialista en la materia, la persona más especializada en la materia que hay en este país: como máximo aparecerán 15 casos en España. Es un conocimiento que me asombra, por la capacidad de sabiduría de futuro que tiene este señor considerado técnico, que trabaja desde Zaragoza con escasos medios.
En definitiva, a nuestro entender, es el momento de aprovechar esta situación, momento que ha venido precedido de otras alarmas, sobre los pollos en Bélgica, en Francia, sobre la contaminación de alimentos, etcétera. Es el momento de construir una nueva concepción alimentaria, y desde España podemos contribuir a ello. Es verdad que ahora tenemos que hacer frente a este tema. Aprovecho para decir que desde nuestro grupo votaremos a favor de todas las resoluciones propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, grupo parlamentario que ha aceptado algunas de las enmiendas de Izquierda Unida.
Votaremos a favor todas las propuestas que, a mi entender, van más allá de la propia intervención que el representante del Grupo Socialista hizo la semana pasada, porque seguramente, viendo estos datos que se iban produciendo en los siete días que median desde el miércoles de la semana pasada hasta hoy, se ha dado cuenta de que tenían que apretarse todavía más las medidas. Vamos a votar a favor de estas medidas que deberían ser las medidas básicas o mínimas que votase este Parlamento, debería ser el compromiso de todos los grupos parlamentarios.
El tema de las vacas locas debe conocer infraestructuras suficientes en todo, y esto es dinero, no son 7.500 millones de pesetas, es mucho más dinero, además, con una perspectiva de trabajo hacia el futuro; por tanto, debe haber dinero, debe haber control, debe intentarse hacer una pedagogía a través de una cultura alimentaria diferente de la que hay actualmente. Las medidas que vamos a tomar hoy, si es que realmente se aprueba la resolución del Grupo Socialista en su conjunto, son todavía conservadoras con relación al fenómeno que estamos analizando, si no es así, espero que el tiempo me desmienta, ojalá, y mis temores estén parcialmente infundados, pero pueden ser problemas muy graves.
Nosotros planteamos una serie de enmiendas que son fruto de los análisis que hemos hecho, de las informaciones

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que nos han llegado, de las entrevistas que hemos tenido con científicos, técnicos, representantes de empresas importantes, en este caso concreto con los científicos suizos que elaboraron el test que se está utilizando en estos momentos para la detección de la enfermedad. Estos científicos están trabajando en un test que permita la detección de la enfermedad antes de los 30 meses. Ellos mismos nos informaron de que antes de estos 30 meses es muy difícil detectar la enfermedad, por eso están trabajando en un test que lo permita, pero todavía no lo han encontrado. Es por ello que nosotros propusimos, y proponemos hoy, una enmienda en la cual se plantee que no sea sacrificada ninguna vaca para el consumo humano hasta que no tenga 30 meses; por tanto, que se garantice esto. Nosotros somos conscientes de que esto representa una nueva forma de engorde animal, de producción animal, de comercialización animal, que exige un tiempo más dilatado para el trabajo, pero que es absolutamente necesario para garantizar la seguridad, en este caso concreto, de la carne bovina que se consuma por parte de la sociedad, porque es imposible detectar la enfermedad antes de los 30 meses. Por tanto, se debe garantizar la seguridad, lo cual representa un cambio de costumbres, pero yo les aseguro que después de 30 meses, de dos años y medio, en una carne tratada de otra forma, alimentada de otra forma, nos podemos encontrar al final de este proceso, que será costoso, con una mejor calidad de la carne que se consume. Será una producción más dilatada en el tiempo, por tanto, encarecerá el producto, pero, dentro de un tiempo, vamos a ver los resultados y nadie podrá dejarse engañar por el efecto de utilización de productos absolutamente dañinos para la salud de la gente y para la salud de los animales.
Presentamos una enmienda de modificación al punto 3, en el cual proponemos que se diga: «... con el fin de evitar la contaminación cruzada, apostando por una producción compatible con la seguridad y la calidad de los productos alimentarios, estableciendo líneas de fomento a la producción con base a hierba o productos sustitutivos como el maíz, girasol o nopal», en la línea de este cambio de la alimentación del ganado para producir cambios sustanciales también en la alimentación humana.
Hay una serie de enmiendas que van en esta línea, como son la prohibición total y general con carácter inmediato de la fabricación, comercialización y uso en España de harinas de base animal en todos los consumos animales, incluidos el porcino, aves de corral, etcétera. Para evitar el fraude y la picaresca en torno a este asunto, planteamos lo que se tuvo que hacer en el Reino Unido en 1988, cuando la indemnización a los ganaderos del 50 por ciento de las reses perdidas se transformó al cabo de un año en el cien por cien, porque se consideraba que el 50 por ciento todavía permitía un margen de fraude bastante importante por parte de los ganaderos. En el momento que hay indemnización del cien por cien, este fraude ya no se puede producir. Por tanto, son una serie de enmiendas a la resolución presentada por el Grupo Socialista que yo creo que mejoran algunas partes de este texto, en algunas partes también van un poco más allá, prevén lo que puede ocurrir más allá de lo que estamos analizando en este momento concreto, intentando conocer con más profundidad el problema, que tendrá unas características, a nuestro entender, más graves de las que conocemos ahora y, en consecuencia, pensamos que esto podría mejorar el acuerdo que tomemos hoy.
De todas formas, creemos que sería importante el compromiso del conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, como mínimo, en torno al texto presentado por el Grupo Socialista; como mínimo. Son las medidas mínimas, básicas que se pueden tomar en este momento concreto para hacer frente con una cierta garantía al problema que estamos analizando; medidas...


La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego concluya, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Concluyo, señora presidenta.


Medidas inmediatas que permitirán ir trabajando en soluciones a medio y largo plazo, que hoy no se quieren tomar porque, a mi entender, esta Cámara todavía no es consciente de la gravedad del problema que estamos analizando, pero espero que en el futuro -y repito, me gustaría equivocarme- deberá ser consciente, porque a la fuerza ahorcan.
Muchas gracias, señores diputados; muchas gracias, señoras diputadas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el tiempo de que dispongo voy a intentar defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a la moción del Grupo Socialista, que hace referencia a medidas para que el Gobierno actúe frente a la actual crisis ocasionada por la aparición de nuevos casos de encefalopatía y también medidas destinadas a erradicar el mal de las vacas locas.
Nuestras enmiendas proponen una serie de alternativas para atajar la extensión del mal y procurar erradicarlo. Ya se dijo, pero conviene insistir, que estamos ante una grave crisis y, por tanto, es necesario que el Gobierno y también la Unión Europea en su conjunto, de una manera seria y a fondo, afronten las consecuencias

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económicas que esto comporta. Si esto no se hace así, si seguimos recurriendo a soluciones parciales, a medias tintas que contenten a todos, a minimizar el problema o a ocultarlo, estaremos ante la crónica de un nuevo fracaso anunciado y, más pronto que tarde, ante una nueva crisis, probablemente más profunda. Conviene recordar que cuando algunos, hace ya años, planteábamos nuestra preocupación por la ausencia de medidas para prevenir la extensión a nuestra cabaña de este mal, algunos se rieron en ese momento con estrépito. Hoy, naturalmente, ya no se ríen.
Por tanto, por responsabilidad, es conocida la posición que el BNG viene manteniendo sobre esta cuestión. Decía que es un problema grave porque afecta a la salud de los ciudadanos y porque pone en crisis la producción de carne de bovino y, por tanto, repercute negativamente en la economía de muchas zonas rurales. Somos partidarios de soluciones de fondo para controlar este mal y erradicarlo, somos partidarios también de la transparencia y quiero volver a decir que desde el Bloque Nacionalista Galego rechazamos los intentos de circunscribir el problema de las vacas locas o de la encefalopatía espongiforme bovina a una determinada zona geográfica, como en este momento está aconteciendo con Galicia, sin que previamente se realice a fondo un análisis de toda la cabaña del Estado. Y no sólo porque esto sería injusto, es decir, que el grueso de la crisis se descargara sobre unos pocos, sino porque además esto no va a ayudar a incrementar la credibilidad del consumidor ni a erradicar los malos hábitos existentes en la alimentación del ganado. Si no, véase lo que está aconteciendo, lo que aconteció en otros Estados europeos donde se optó por negar la evidencia hasta que el problema, por decirlo claramente, reventó y se agudizaron las consecuencias. Hoy mismo, los medios de comunicación, que todos podemos leer, hacen referencia al caso francés, del que podemos sacar las experiencias que cada uno considere oportunas.
Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tomar medidas que garanticen la salud de la población, que garanticen la calidad de los alimentos que se consumen, que palien o compensen las pérdidas del sector y que recuperen la confianza de los consumidores. Bajo estos criterios planteamos nuestras enmiendas a la moción del Grupo Socialista, porque creemos que complementan algunas de las medidas y desde luego porque aportan algunas otras que no están contempladas en esa moción y que nosotros creemos necesarias.
Al primer punto planteamos una modificación en el sentido de incluir un texto del siguiente tenor: «Un plan de vigilancia activa de la encefalopatía espongiforme bovina, con la participación de las comunidades autónomas, mediante la implantación de un protocolo común destinado a detectar los posibles focos de la enfermedad. Aplicación de tests rápidos a todas las reses mayores de 20 meses destinadas al sacrificio», porque creemos que mejora la redacción, deja clara la necesaria participación de las comunidades autónomas en esta vigilancia y garantiza que los criterios para esta vigilancia sean comunes.
Al punto 3 hacemos una enmienda de modificación del siguiente tenor literal: «Prohibir la fabricación de piensos con restos cárnicos y desarrollar un sistema de retirada inmediata de los existentes, su almacenamiento y eliminación. A ese fin se destinarán fondos para la compensación de las pérdidas de las industrias fabricantes.
Complementariamente se establecerá un plan de eliminación de los restos cárnicos no destinados a la fabricación de estos piensos.» (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) En el tema de los piensos fabricados con productos cárnicos debe caminarse con claridad hacia la prohibición de su fabricación. Es la única garantía -se lo aseguro, señoras y señores diputados- de excluir el uso en la alimentación del ganado bovino y también del resto de los animales. En ese sentido conviene comentar ahora que las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros de la Unión con una prohibición cautelar durante seis meses nos parecen medidas de ésas que decía antes de media tinta y probablemente inútiles. Si una de las vías de contagio de la res es a través del uso de estos piensos, y todos los estudios coinciden en decir que se establece así, es evidente que hay que intentar acabar con ella y sólo puede hacerse prohibiendo la fabricación de estos piensos. Naturalmente, con compensaciones a los fabricantes y ayudas a la reconversión de usos de las actuales fábricas, etcétera.
Una enmienda al apartado 4 propone, aparte de otras cuestiones que ya plantea el texto original, que se elabore de inmediato un plan que contemple ayudas a la plantación de forrajes vegetales que sustituyan paulatinamente a las proteínas de origen animal dentro de la alimentación del ganado, porque es una medida básica en consonancia con la anterior, que garantiza la alimentación del ganado, evita depender también de las importaciones y, por cierto, también pone en valor tierras con capacidad de producir estos forrajes.
Una enmienda de sustitución al punto 6 es del tenor siguiente: «Destinar los recursos necesarios para impulsar la investigación sobre el origen y los mecanismos de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina entre animales y entre estos y el ser humano.» Es decir, es necesario destinar muchos más fondos a esta cuestión y luego, posteriormente, veremos a qué tipo de centros se destinan.
Otra enmienda al apartado 8 hace referencia a que se contemplen ayudas directas para compensar la pérdida de renta de todos los afectados. Es verdad que trataba esta enmienda de concretar más el texto original, pero en todo caso el propio grupo proponente, en una autoenmienda que acaba de realizar, ya propone algunas medidas de este tenor que en general nosotros compartimos.


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Proponemos un nuevo punto, el noveno, que sería elaborar un plan destinado a controlar que las reses importadas estén libres de encefalopatía espongiforme bovina, así como a prohibir la exportación de reses enfermas. Yo ya hice referencia en otras ocasiones a esta cuestión. Si es una evidencia que no hay islas geográficas que puedan declararse libres de encefalopatía, es una evidencia también que habrá que tomar medidas de este estilo. Hay que controlar las reses que se importan y también evitar la circulación de animales sin garantías sanitarias a otros Estados miembros y a terceros países.
Hoy también en los medios de comunicación -no relacionado estrictamente con esto- se da una noticia en este mismo sentido de cómo en Sudáfrica aparece el primer caso de este mal en humanos como consecuencia probablemente del uso de los piensos que Gran Bretaña exportó durante todos estos años porque este tipo de medidas de control para evitar la exportación de este mal no se estuvieron adoptando en su momento.
En el punto 10 proponemos que el Gobierno realice algo tan elemental como campañas de información veraz dirigidas a recuperar la confianza de los consumidores. Nosotros creemos que el gran público tiene que estar bien informado y en este momento convendrán conmigo SS.SS. en que no está aconteciendo exactamente así, en algunos casos incluso la información que está recibiendo el gran público es simplemente falsa o deformada. Por tanto, cooperar a modificar eso es algo que el Gobierno debería tener en cuenta prioritariamente también.
Hay un último punto, el undécimo, que hace referencia a una cuestión clave, desde nuestro punto de vista, en toda esta materia que tratamos. Me refiero al modelo de alimentación animal que, en este momento, rige mayoritariamente en la Unión Europea y en el Estado español. Este punto propone impulsar políticas dirigidas a fomentar un modelo de producción de carne de bovino basado en la extensividad y, por tanto, en la alimentación natural de las reses. Es necesario y básico cambiar el actual modelo de producción, en este caso de carne de bovino, porque es un modelo que a estas alturas evidencia su fracaso. Por tanto, obviar el debate sobre esta cuestión es no querer afrontar los problemas de fondo. Por cierto, se trata de un modelo extensivo donde probablemente algunos tendríamos mucho que aportar; en este caso, el Estado español tendría mucho que aportar y, desde luego, mucho que ganar.
Concluyo, señora presidenta, señoras y señores diputados, diciendo que nosotros creemos que esta serie de medidas que proponemos, así como otras que figuran en el texto de la moción del grupo proponente, son básicas para afrontar un problema que es grave, pero que precisamente por serlo, debe afrontarse a fondo y con toda seriedad, porque si no se hace así, vuelvo a insistir, más pronto que tarde estaremos ante una crisis alimentaria probablemente sin precedentes.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para la defensa de la enmienda transaccional que hemos planteado al texto de la moción presentada por el Grupo Socialista en el tema de las vacas locas, como consecuencia de la interpelación que se celebró hace dos semanas.
Como cuestión previa, señorías, me gustaría señalar muy brevemente algunas cuestiones que mi grupo no puede aceptar, ni siquiera a nivel dialéctico. Aquí se ha dicho que en esta Cámara no hay conciencia de la gravedad del tema. Mi grupo sí tiene conciencia de la gravedad del asunto. Se ha dicho, con una falta de rigor total y absoluta y con un no sé si ánimo de incitar al alarmismo, que era una crisis anunciada, sin respuesta y con falta de reacción. No es cierto, es faltar a la verdad y es un auténtico desahogo que aquí se diga eso. Se ha dicho la frivolidad de que es un problema de Estado, que no se reconoce por parte del Gobierno, y que esa es la mejor manera de causar alarma.
Pero el Gobierno lo está reconociendo y no se puede incitar, repito, al alarmismo con frases como ésa. Además, se ha dicho que hay una percepción de que hay caos, pero es una percepción absolutamente gratuita por parte de quien la hace. Finalizaré esta puntualización diciendo a quien ha dicho que los ganaderos no saben lo que les dan de comer a las vacas, que él es el que no sabe de qué va el tema, porque los ganaderos son cualquier cosa menos tontos y saben lo que les dan de comer a sus animales.
Hechas estas puntualizaciones, me gustaría señalar, señora presidenta, que el Gobierno ha informado con puntualidad, con rigor y con celeridad. El señor ministro de Agricultura ha estado varias veces en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, en el Pleno y en las comisiones. El Gobierno español ha tomado las medidas oportunas en el Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Se han tomado las medidas oportunas, adecuadas y posibles para hacer más análisis, para la eliminación de los materiales específicos de riesgo, para la prohibición de las harinas, y en todos los debates comunitarios, señorías, la posición española ha sido siempre la de defender todas las medidas que otorguen el mayor nivel posible de seguridad, precisamente para devolver la seguridad y la confianza a los consumidores. Eso es así y ahí están los textos.
Además, el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre aprobó, como medida legislativa, un real decreto por el que se regula la destrucción de los materiales específicos de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes. De eso que se dice que no se

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hace nada ya se ha hecho aquello que había que hacer. Por supuesto, dentro de este real decreto se incluye la autorización por el órgano competente de la comunidad autónoma de las industrias incineradoras de transformación y de eliminación del material de riesgo. Además, este Gobierno ha creado una Comisión interministerial de seguridad alimentaria, encargada de coordinar todas las actuaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Además, con las comunidades autónomas va a acordar el coste y la cofinanciación de las medidas que se aplicarán con carácter de urgencia. Lo ha dicho aquí el señor ministro. Además, la retirada y destrucción de los materiales específicos de riesgo del ganado vacuno van a correr a cargo de esa acción conjunta del Gobierno y las comunidades autónomas, así como la recogida de cadáveres del campo, la actualización de los laboratorios de las distintas comunidades autónomas y la prohibición del uso de harinas de carne en la alimentación animal. Además, ya se han comprado los llamados test rápidos prionic, que serán financiados precisamente por el propio Gobierno central. Para ello, el Consejo de Ministros ya aprobó el viernes, día 1 de diciembre, la partida adecuada. Por cierto, los primeros 10.000 test, que ya han llegado, se aplicarán en la Comunidad Autónoma de Galicia, tal como anunció el Gobierno, no porque esta comunidad autónoma tenga más o menos culpa, sino porque es donde ha aparecido el caso de la vaca con encefalopatía espongiforme.
Señorías, no se puede decir que no se hace nada cuando se está haciendo porque eso es faltar a la verdad, y cuando se presenta aquí una moción que entendemos que casi es extemporánea porque se insta al Gobierno a hacer y a decir lo que ya está haciendo y diciendo, nos parece que lo aconsejable es la retirada de la propia moción. En fin, como no estábamos seguros de que fuera a ser retirada, presentamos una enmienda a dicha moción para evitar que esta iniciativa parlamentaria vaya a remolque de los acontecimientos e inste al Gobierno, repito, a hacer lo que el Gobierno, la Unión Europea y las comunidades autónomas ya han dicho que están haciendo o que van a hacer. En definitiva, nuestra enmienda pretende ser realista y, en todo caso, decir al Gobierno lo que quiere decir el Grupo Socialista, pero bien dicho y en consonancia con la Unión Europea y con las competencias de las comunidades autónomas. (Rumores.) No es de recibo decir que puede haber 17 proyectos en esta materia. No es de recibo que no se reconozca aquí que la sanidad animal es una competencia transferida con carácter exclusivo a las comunidades autónomas. No se puede decir aquí que se tiene sentido de Estado cuando no se tiene en cuenta que somos un Estado miembro de la Unión Europea y que somos un Estado de las autonomías, con 17 comunidades autónomas. Señorías, nos parece que, si no se acepta nuestra enmienda, la moción es un auténtico desprecio, por ignorancia, a las comunidades autónomas y que, cuando se habla de crisis de Estado, se está faltando a la realidad diciendo que se dan 17 respuestas.
Señor portavoz del Grupo Socialista, el ministro de Agricultura leyó en Comisión esta declaración del Ministerio de Agricultura y de los 17 consejeros de las comunidades autónomas ante la aparición del primer caso de encefalopatía espongiforme bovina. Aquí está. El comportamiento de los 17 consejeros de las 17 autonomías, en coordinación y colaboración con el Ministerio de Agricultura y con la Unión Europea, ha sido absolutamente ejemplar. No ha habido la más mínima discrepancia a la hora de redactar los documentos para empezar a actuar. No se puede desautorizar de esta manera la actuación no solamente del Ministerio, sino de las comunidades autónomas.
En definitiva, señora presidenta, señorías, entendemos que el Gobierno y el ministro de Agricultura han informado con prontitud y con veracidad -ya lo he dicho antes- sobre este episodio que, reitero, a mi grupo le parece importante, y no sólo han informado en el Parlamento, sino también en los medios de comunicación, sin ocultar ni un solo dato, sin restar ni un ápice de importancia y, eso sí, sin crear ni una falsa alarma, como aquí a veces se ha intentado; lo que pasa es que no se logra.
Señorías, mi grupo sabe lo que ha pasado en esta crisis, lo que está ocurriendo con el tema de la encefalopatía y hay una previsión razonable y acertada de lo que hay que hacer, a nivel Ministerio, a nivel comunidades autónomas y a nivel Unión Europea. Somos realistas, el problema es importante y nos parece -lamento tener que decirlo- que mientras el Gobierno y las comunidades autónomas están trabajando seriamente y buscando soluciones, el Partido Socialista solamente se dedica a enredar.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Madero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon, buenas tardes.
Llevamos ya algún tiempo debatiendo sobre la EEB, encefalopatía espongiforme bovina. Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos mantenido una posición racional y realista tanto sobre el enfoque como sobre la actuación y coordinación que está llevando el Ministerio en esta materia, aun a pesar de tener la sensación de que la actitud tanto del Ministerio como de la mayoría de las comunidades autónomas -no olvidemos- competentes en esta materia durante todos estos años ha sido, por definirla de alguna manera, la de ir viendo y estar al tanto del problema y de su evolución en otros

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países de la Unión Europea, como si el tema no fuera demasiado con nosotros. Este es un problema que data de 1990 como mínimo. Es cierto, y no lo voy a negar, que tímidamente se han puesto en marcha en los dos últimos años alrededor de 1.000 controles anuales en todo el Estado español, de los cuales, por cierto, la comunidad autónoma de Euskadi ha realizado la mitad, aproximadamente unos 500, cuando el programa le exigía solamente unos 50, pero no por ello decae la sensación de una oportunidad perdida de demostrar y de demostrarnos que contamos con una Administración moderna y previsora. En Euskadi hemos procurado hacerlo -y no lo digo con orgullo sino con preocupación por el problema-, porque esperamos que la extrapolación de las necesidades de los 577.000 controles proyectados se demuestre realista y viable a las capacidades existentes y a desarrollar.
Entendemos que a estas alturas deberíamos tener ya todo el programa, equipamientos y personal a pleno rendimiento operativo, con unas prácticas de control ganadero y equipo humano dimensionadas sobre el campo a la tarea que se nos plantea, con un sistema ya homologado y factible a nivel estatal, que permita y garantice la retirada y destrucción de los materiales específicos de riesgo, así como la incineración de las harinas procedentes de residuos animales. Algo así como que lo que estamos planteando sobre el papel lo podamos llevar a cabo porque los hayamos practicado y experimentado en serio.
En estos momentos, la mayoría de las medidas que se proponen en esta moción están siendo debatidas en lasreuniones que se han mantenido en las comunidades autónomas, y esperamos que poniéndose en marcha.
Cuando el Partido Socialista proponía un plan nacional de vigilancia, un plan nacional de retirada y programar con carácter nacional, entendíamos que estaban subsumidas las competencias que los diversos estatutos de autonomía otorgan a las comunidades autónomas, primero, por legalidad vigente, y segundo, porque sin las comunidades autónomas es imposible llevar a cabo este plan. Por tanto, tengo cierta duda al fijar mi posición respecto a esta moción, cuando leo -extrañamente también, por decirlo de alguna manera- que el Partido Popular habla de colaborar de forma inmediata con las comunidades autónomas, en órganos competentes de las comunidades autónomas, y el Partido Socialista dice que no. Después me lo aclarará usted un poco.
Por otra parte, analizando el conjunto de las medidas y las respuestas que han salido de estas reuniones que antes he mencionado, a nuestro juicio sería necesario que se respondiera a una serie de interrogantes que vuelven a resurgir de ellas. Me estoy refiriendo básicamente a tres. De todos los apartados de los programas que están siendo elaborados -realización de test, destrucción de animales, ayudas al almacenamiento privado, incrementos a la ayuda a la exportación cárnica, a la prohibición de harinas de carne, desaparición de los MER, dotación de laboratorios, test prionic, indemnización al sacrificio de ganado-, sabemos perfectamente cuáles son los aspectos que va a financiar la Unión Europea y también los que deben financiar las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias. Tengo cierta duda, y la comunidad autónoma a la que represento aquí también, sobre comentarios escuchados para saber cuánto va a financiar el MAPA de su bolsillo, no de la Unión Europea que le viene al MAPA y después lo gasta. Me estoy refiriendo al presupuesto del MAPA y en qué porcentaje. Esta es una duda que está surgiendo y esperemos se nos vaya aclarando.
Otra cuestión importante es el etiquetado. Todos sabemos en estos momentos que es la pieza clave a la hora de garantizar y de informar al consumidor. Pues bien, hay una pregunta muy simple en esta materia: ¿Por qué no se pone en marcha cuanto antes? ¿Vamos a esperar al límite del 1 de enero del 2002 porque esa es la exigencia de la Unión Europea? Quiero adelantar que Euskadi pondrá en práctica y con carácter obligatorio en todos los eslabones de la cadena, desde el matadero hasta el consumidor, la exigencia del etiquetado durante el primer trimestre del 2001. Se puede y se debe hacer.
Otro tema muy importante de aspecto práctico es la sustitución de las harinas de carne por las harinas vegetales, que necesita un apoyo sustancial para que los agricultores las siembren. En la Unión Europea se está hablando del fomento de estos cultivos para cambiar el modelo productivo actual. Dicho modelo en estos momentos está limitado por los acuerdos Unión Europea- Estados Unidos y la Unión Europea no puede cultivar más de 5 millones de hectáreas de oleaginosas y proteaginosas y el Estado español tiene un techo de 1.050 hectáreas. Habrá que resolver esta cuestión ¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio? Además, habrá que indicar qué cultivos se tendrán que plantar.
Para finalizar, con la que está cayendo que es mucha y la que también les había caído a los ganaderos anteriormente con la subida de los carburantes, tengo una pregunta que hacer al Grupo Popular: ¿Es cierto, como se ha publicado, que pretenden aplicar el IVA como descuento a las subvenciones que otorga la Unión Europea al sector agrícola y ganadero? Eso sería rizar el rizo.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, por tercera vez en muy pocos días hemos tenido la oportunidad de debatir uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en el sector ganadero. Se trata del mal llamado mal de las vacas locas o encefalopatía espongiforme

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bovina. El Ministerio ha tomado ya una serie de medidas que, a nuestro entender, hasta este momento nos parecen absolutamente adecuadas. Ha puesto en marcha una iniciativa en la línea de buscar el máximo consenso con las comunidades autónomas, hecho que nos parece necesario y positivo para el éxito de las medidas. Por tanto, no voy a entrar a analizar la enfermedad, el sistema de transmisión o los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan nuevos casos, y a partir de la seguridad -y quiero creer al ministro en este aspecto- para que las cosas se hagan suficientemente bien, hay que dar a los consumidores las garantías necesarias para que el consumo vaya incrementándose y se alcancen los niveles adecuados. Voy a dejar durante unos momentos el debate sanitario o el debate de medidas de carácter preventivo y voy a analizar los efectos colaterales que ha producido la aparición de esos dos casos en el sector ganadero.
Señoras y señores diputados, está pasando algo que es insólito, porque el consumo de la carne de ternero ha caído de forma alarmante, entre el 15 y el 25 por ciento, pero el precio que por el ternero se paga al ganadero ha seguido la misma tónica, con unas caídas del entorno al 50 por ciento. No sólo eso, es que prácticamente no existe mercado para el animal vivo. ¿Pero qué pasa en realidad? Que el precio de la carne en las carnicerías y en los supermercados se mantiene a precio similares como si la historia no fuese con ellos.
¿Qué sucede? Que los grandes mataderos sólo sacrifican la carne según la demanda del mercado y, al mantenerse equilibrada la oferta y la demanda, se mantienen los precios finales aumentando los beneficios, ya que compran a mitad de precio y trasladan el problema del stock al ganadero, que es el eslabón más frágil de la cadena productiva. De continuar así, el ganadero, al no poder vender sus reses en el momento óptimo, se verá obligado a continuar alimentándolas produciendo un perfil de canal que no es la propia del mercado con unos costes adicionales que le sitúan en una zona de claras pérdidas o en una zona ya de irreversibilidad. De hecho, partiendo de la base de que el consumo mayoritario de la carne de vacuno en el Estado español se realiza sobre canales procedentes de reses de menos de un año y medio, al retrasar el sacrificio podemos acercarnos poco a poco al umbral de los tres años, que es donde aumentan las probabilidades de la aparición de nuevos casos, algo que debemos evitar.
No obstante, si queremos que el sector no entre en una espiral sin retorno, hay que actuar en diferentes frentes. Primero, los sanitarios. Efectivamente, un mejor control para evitar la aparición de nuevos casos; a nuestro entender, ese tema hasta el momento está bien llevado y espero y deseo que en el futuro ese nivel de cooperación del Ministerio y de las comunidades autónomas continúe para el bien del sector.
Hay que mejorar el tema de la trazabilidad tanto de los animales como de las canales para que podamos tener la seguridad de que una canal pertenece a un animal determinado que ha sido criado y alimentado de una forma concreta. Hay que actuar de manera inmediata, sacrificando aquellos animales que tienen la edad adecuada para ello, retirando las canales del mercado mediante la compra institucional y almacenamiento, de modo que se puedan mantener los precios de los ganaderos y no romper el inestable equilibrio que existe en estos momentos y así aliviaríamos en gran parte la presión que hay sobre el sector productivo. Hay que fomentar la producción de carne de la mayor calidad a través de las políticas claras de soporte en las denominaciones de calidad, las cuales tendrían que certificar la calidad de las mismas.
Otro punto importante sería disponer de medidas claras de ayuda al sector para que pueda hacer frente a la postcrisis. Hay que dejar claro que los ganaderos no son responsables de la aparición de la enfermedad, ya que se ven obligados a alimentar sus animales con los piensos que existen en el mercado, de los que no tienen más información o más posibilidad de información en estos momentos que la de la composición, que no va más allá que la del porcentaje sobre la proteína, los carbohidratos o las grasas, pero nunca, al menos en este momento, tienen ninguna posibilidad de conocer el origen de las mismas.
Habría que trabajar también en la línea de la modificación de la política agraria comunitaria para adaptarla a esa realidad, porque habrá que buscar un nuevo equilibrio en el marco agrario que permita adaptar las producciones agrarias de la Unión Europea a esa nueva realidad, en donde las leguminosas forrajeras y de grano deberán volver a desempeñar un papel muy importante en la alimentación del ganado.
No obstante, no quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer una reflexión al respecto, aunque sin abrir nuevo debate. Durante los últimos años se ha apostado de una forma decisiva, yo diría que excesiva, a mi entender, por la liberalización y por la fórmula teórica de la autorregulación de los mercados, y eso que es cierto en situaciones de asepsia no siempre da los resultados adecuados, sobre todo cuando los poderosos tienen alimentos importantes y capaces de enmascarar la realidad. La pregunta es clara, ¿por qué habiendo caído como lo ha hecho el precio del vacuno a pie de granja más de un 50 por ciento, continúan en el supermercado y de cara al consumidor prácticamente con el mismo precio? Algunas de las cosas no terminan de funcionar suficientemente bien.
Estamos inmersos en un proceso de globalización, todos hablamos de eso y ponemos especial énfasis en la competitividad. Yo estoy absolutamente a favor de la misma, siempre que existan los requisitos suficientes para asegurar que esa capacidad de competir no afecta negativamente a la calidad del producto, que ha de convertirse especialmente en la Unión Europea en un elemento diferenciador de nuestras

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producciones. Los elementos productivos en la Unión Europea tienen que tener un efecto diferenciador que asegure la calidad de los mismos. Tenemos experiencias recientes. Las dioxinas de los pollos en Bélgica no fue más que llevar hasta las últimas consecuencias el problema de la competitividad. Fuimos capaces en un momento determinado de bajar las ganancias de los integradores hasta los mínimos niveles. Rebajamos la calidad de los piensos hasta donde se pudo, y llegamos al colmo en la sustitución de las grasas animales por aceites minerales. Esto no puede continuar en esta línea y, por tanto, habrá que tomar medidas serias para evitar que la competitividad, como he dicho antes, termine afectando de una forma clara a la calidad de los alimentos.
Hemos estudiado las diferentes enmiendas que se han presentado, sobre todo la del Grupo Socialista, que entendemos que está cargada de buenas intenciones, pero a nuestro entender no da el juego que debería dar a las comunidades autónomas dejándolas en un papel absolutamente marginado. Entendemos que en este momento el Ministerio y las comunidades autónomas están trabajando de una forma coordinada y que la capacidad de reacción, aunque esas cosas son mejorables, es la adecuada. La propuesta que ha realizado el Grupo Socialista está en la línea, en muchos casos, de acciones que se están realizando. Yo creo que en este momento, aprovechando la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, sería bueno que se llegase a presentar una propuesta común por parte de todas las fuerzas políticas, ya que eso sí lo entendería el sector. Por tanto, estamos esperando ver si, antes de la votación, se puede producir un entente y puede haber una propuesta que ligue los intereses de todas las fuerzas políticas de esta casa, ya que todos en el fondo queremos lo mismo y es que el tema se solucione y se salga rápidamente de esta situación difícil para el sector ganadero y, sobre todo, que se establezcan medidas para que, como he dicho antes, después de la crisis sean capaces de competir y de hacer lo que siempre han hecho, que es producir carne de gran calidad.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Socialista, para expresar la aceptación o rechazo a las enmiendas, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Aunque se ha citado ya desde la tribuna por parte de los intervinientes, de las enmiendas de Izquierda Unida aceptamos la segunda. De la tercera, aceptamos como añadido el texto que comienza: con el fin de evitar la contaminación cruzada, hasta el final. Y la quinta enmienda en los términos en los que ha sido presentada. Del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, aceptamos la primera enmienda, la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima y la octava. De las del Grupo Popular, y espero expresarme correctamente, la enmienda ha sido presentada como un texto conjunto de sustitución a todo el texto de la moción que presenta el Grupo Socialista y, aunque hay tres que coinciden, no podemos aceptar las otras, lo conoce bien el Grupo Popular, porque ninguna de ellas responsabiliza en la solución de un plan global al propio Gobierno y, por tanto, nos parece que no serían de utilidad alguna en esta crisis.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Cuadrado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.
Señor Frutos, de lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista, de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida hay dos que son aceptadas en su integridad pero hay una, la que afecta al punto 3, que el grupo proponente la acepta parcialmente. Estamos en el mismo caso anterior, hace falta la conformidad del grupo enmendante. ¿La tiene? (Asentimiento.) Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación con la incorporación de las enmiendas, tal y como ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 116; en contra, 152; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PRÓXIMA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS) (Número de expediente 173/ 000034.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación

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social sustitutoria. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Presentamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), resultado de la interpelación que planteamos hace quince días sobre las consecuencias de la desaparición de la prestación social sustitutoria. En el debate de la interpelación existió una cierta coincidencia, tanto por parte del señor ministro de Trabajo, como por parte de los portavoces que intervinieron, al manifestar la satisfacción por lo que suponía el fin del servicio militar obligatorio y por el hecho de que la desaparición de la mili se produzca a finales del año que viene, con independencia de las posiciones de algunos grupos que entendíamos que esa desaparición se hubiera podido producir a finales de este año o a mediados del que viene. Al mismo tiempo, hacíamos, con matices, un balance positivo de lo que ha sido, a lo largo de estos años, la experiencia de la prestación social sustitutoria . Por nuestra parte poníamos especial énfasis en que el ejercicio del derecho en la objeción de conciencia, acompañado de la realización de las prestaciones sociales sustitutorias correspondientes, habían supuesto experiencias positivas de formación para jóvenes de todo el Estado que han optado por ejercer ese derecho. Al mismo tiempo, habían dado respuesta a necesidades sociales que no estaban siendo cubiertas, o no suficientemente, por parte de las administraciones públicas o por la propia sociedad civil. En último término, la experiencia de la prestación social ha servido para reforzar a sectores importantes de nuestro tejido social.
Coincidíamos todos en la inquietud de que sectores que a lo largo de estos años se habían podido beneficiar de las actividades desarrolladas en el ámbito de la prestación social, dejarían de hacerlo en estos próximos meses; servicios, necesidades que de alguna manera habían encontrado una buena solución en la prestación social, y eso está provocando inquietudes en importantes sectores de nuestra sociedad. Tanto en el conjunto del Estado español, como específicamente en Cataluña, se habían provocado sendos debates en relación con estas cuestiones. Incluso, determinadas entidades de carácter social, prestadoras de servicios de carácter personal, habían generado importantes dependencias en este ámbito. Por tanto, inquietud ante la finalización de la prestación social sustitutoria.
También se nos planteaba esta situación como una oportunidad para, desde la experiencia del ejercicio de la prestación social sustitutoria, ser capaces de fortalecer al tercer sector, de dar respuesta a determinadas necesidades sociales que en nuestro nivel del actual Estado del bienestar no se habían desarrollado y, además, enlazar con lo que desde la Unión Europea y en el marco de sus políticas activas de ocupación y ya desde el informe Delors se viene definiendo, que es en el ámbito de la ocupación, de los nuevos yacimientos de ocupación. Nos parecía que la desaparición de la mili, que la desaparición de la prestación social sustitutoria no tan sólo podía ser motivo de inquietud, sino que podía ser también motivo de esperanza y de oportunidad. En ese sentido, la moción que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea hoy en esta sesión consta de tres puntos muy claros.
En un primer punto hacemos referencia a que los informes que el Gobierno ha elaborado, como resultado de un mandato del Senado de hace un par de años, sean remitidos a esta Cámara. Nos parece que en esta fase transitoria hacia el fin de la prestación social es una información importante que el conjunto de la Cámara debe conocer.
En segundo lugar, que en el marco de la colaboración con las comunidades autónomas y con el sector implicado garanticemos que los recursos que hemos destinado al movimiento asociativo, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para el desarrollo de actividades relacionadas con la prestación social, pueda continuar prestándose. En concreto, quiero recordar que estamos hablando de 1.142 millones de pesetas que en los presupuestos de este año se destinan a comunidades autónomas, corporaciones locales y a instituciones sin fines de lucro, precisamente para poder responder a las necesidades de la propia prestación social sustitutoria. Es decir, garantizar que estos recursos estuviesen orientados al fortalecimiento del movimiento asociativo y el reforzamiento del voluntariado, en la perspectiva que anunciaba el propio ministro, de la celebración el año que viene del año internacional del voluntariado.
Finalmente, en un tercer punto de esta moción planteamos la necesidad de que en el marco del diálogo social entre los agentes sociales, los sindicatos, las principales organizaciones sociales afectadas y los propios gobiernos autonómicos, seamos capaces de estudiar la incorporación, en las acciones de fomento del empleo, de medidas orientadas al mantenimiento de aquellos servicios que realizados por objetores de conciencia se consideren necesarios continuar prestando y que tengan un marcado carácter laboral. Buena parte de la experiencia de la prestación social sustitutoria ha ido orientada precisamente en la evidencia que determinadas actividades que realizaban los prestacionistas, de hecho ya a través de la consolidación en el espacio y en el tiempo, se habían convertido en verdaderos puestos de trabajo, y que difícilmente a través de un voluntariado estrictamente seríamos capaces de continuar dando respuesta a aquellas nuevas situaciones que desde la prestación social habíamos podido encontrar una respuesta satisfactoria.
Estas son las tres cuestiones que plantea nuestra moción. Una de ellas seguramente de carácter mucho menor, como es información, pero las otras dos a nuestro

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entender constituyen el eje central de la problemática que supone la desaparición de la prestación social. Por un lado, la articulación de medidas de fomento del voluntariado y de fortalecimiento del tejido asociativo en el marco de una visión global de apoyo al denominado tercer sector; por otro lado, el estudio de la puesta en marcha de medidas que puedan permitir articular políticas de empleo en el tercer sector.
A nuestra moción se han presentado enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Popular y nosotros hemos ofrecido al conjunto de los grupos una enmienda transaccional que pretende recoger esas dos.
Por un lado, incorpora en el segundo punto la referencia que hace la enmienda del Grupo Popular a que estas actuaciones estén orientadas precisamente a primar la solución al problema de la desaparición de la prestación social, al reforzamiento del voluntariado y del movimiento asociativo, procurando vincularlo, en la línea que pretende la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, con una visión global sobre las necesidades del tercer sector en toda su amplitud.
Nos parece que con la enmienda transaccional respondemos a las peticiones del Grupo Popular y del Grupo de Coalición Canaria y que hoy, esta noche, podemos dar una orientación al Gobierno, de una manera que responde a un consenso social muy amplio, sobre las soluciones a dar en esta materia; soluciones que puedan contar, además, con un apoyo parlamentario más que suficiente.
En este sentido, la moción que vamos a aprobar puede permitir al Gobierno resolver de verdad una parte de las inquietudes que ha provocado la desaparición de la prestación social y, al mismo tiempo, puede convertir la desaparición de la PSS en una buena oportunidad para todos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Indudablemente, mi grupo ha valorado positivamente la moción consecuencia de interpelación que ha traído el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La realidad está ahí enfrente y el próximo año y los siguientes se verá la gravedad de la situación que se puede presentar en la atención que venían prestando los objetores de conciencia, a través de la prestación social sustitutoria, a una serie de actividades de organizaciones no gubernamentales -como la Cruz Roja, la primera de ellas en España- o en el ámbito de los ayuntamientos -lucha contra incendios forestales-, todo ello de importancia económica, social y ciudadana.
Este es un problema que de alguna manera habrá que resolver. No es fácil resolverlo; no se trata solamente de volcar a una oferta de trabajo remunerado una serie de actividades que de una manera no gravosa para los Presupuestos Generales del Estado ni de ninguna de las entidades cooperadoras -como las corporaciones locales o las comunidades autónomas- venían realizando estos jóvenes que, al no hacer el servicio militar e ir por la objeción de conciencia, se inscribían en la prestación social sustitutoria. Esto daba unos frutos y facilitaba el funcionamiento de instituciones de amplia aceptación social y política y de trascendencia en todos los terrenos en los que han venido actuando. La profesionalización militar genera este problema. Habrá que atenderlo de alguna manera y hacerle frente.
Nuestra enmienda venía, señora presidenta, a complementar los tres puntos del texto de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por entender que es el momento de empezar a pensar, entre el Gobierno y las comunidades autónomas con competencia en una serie de materias, en lo que los objetores de conciencia realizaban a través de la prestación social sustitutoria; labor que estas comunidades autónomas venían incentivando o tratando de reglamentar.
No puede ocurrir que, a lo largo y ancho de España, cada comunidad autónoma dé un tratamiento diferente al movimiento asociativo, a las organizaciones no gubernamentales o al fenómeno del voluntariado.
Creemos que ha llegado el momento de hacer frente de una manera sensata, responsable y sensible a la demanda de la sociedad tanto del movimiento asociativo, que tiene otro tratamiento y otro marco jurídico, como del problema del voluntariado, que es el que le preocupa a mi grupo. El voluntariado no puede dejarse al albur de las personas. Hay que darle el marco de funcionamiento. Por tanto, nosotros proponemos en nuestra enmienda la creación entre el Gobierno y las comunidades autónomas de un plan general del voluntariado para todo este tipo de actividades humanitarias, sociales, ecológicas, como ha venido haciéndose hasta ahora a través de la prestación social sustitutoria. Porque se va a producir un vacío a través del cual muchas organizaciones como Cruz Roja se queden prácticamente carentes de operatividad, produciéndose un fenómeno de falta de asistencia en algo que demanda fuertemente la sociedad.
En cuanto a la enmienda transaccional que nos ofrece el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tengo que decir que estamos en un plan de colaboración. Creemos que a partir de estos debates se va a ir creando una conciencia sobre la necesidad de elaborar un plan general del voluntariado, que los jóvenes españoles se puedan inscribir en algo que tenga un sentido lógico y queesté materializado en la manera de realizarlo, porque

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no es recomendable basarnos en la improvisación para que la buena voluntad de las organizaciones no gubernamentales o la demanda de una vocación de voluntariado, con las retribuciones compensatorias pertinentes, pueda dar sus frutos.
Prueba de nuestra colaboración plena es que aceptamos la enmienda que nos plantea el Grupo Catalán (Convergència y Unió). Volvemos a insistir en la necesidad de tener un plan general del voluntariado y prestaremos en esta línea al Gobierno todo nuestro apoyo colaborando positivamente. También nos parece plenamente aceptable la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Si el grupo proponente las acepta, por nuestra parte no habrá nada más que plena colaboración. Desde una comunidad autónoma como la nuestra, la mayor de parques nacionales de España, la que tiene un sentido, por el hecho insular, muy fuertemente implicado en la sociedad civil de voluntariado y de cooperación, se las brindamos al Gobierno de la nación para los fines sociales y humanitarios previstos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
A estas horas de la noche, voy a defender las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a la moción que acaba de ser defendida por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió.
Señorías, como se ha destacado con anterioridad por el señor Campuzano, y también fue objeto de amplio debate en la interpelación de la que es consecuencia esta moción, la Ley 17/1999 pone fin, desde el punto de vista real, al servicio militar obligatorio. Formalmente lo que hace es suspender la prestación obligatoria constitucionalmente prevista del servicio militar, y establece en sus disposiciones adicionales y transitorias 13 y 18 que el 31 de diciembre del año 2002 terminaría la obligación del servicio militar obligatorio. Posteriormente, como SS.SS. conocen, en base a la posibilidad que la propia ley confiere al Gobierno de adelantar este plazo, el Gobierno ha manifestado en esta Cámara su voluntad de anticipar la finalización del servicio militar al 31 de diciembre del próximo año 2001.
Por la desaparición de esta obligación constitucional, la consecuencia prevista en nuestro texto fundamental de la prestación social sustitutoria también dejará de tener su sentido. Por tanto, como consecuencia de esta situación viene este debate, que entendemos que es oportuno -ya lo fue la interpelación que planteó el Grupo de Convergència i Unió- y por tanto aparecen nuevas situaciones.
Coincidimos con los anteriores intervinientes no sólo en la satisfacción por la finalización del servicio militar obligatorio -compromiso de investidura del presidente Aznar en el año 1996 y su adelanto como consecuencia del compromiso electoral del año 2000 y del compromiso del debate de investidura de este año-, sino en que el balance global de la prestación social sustitutoria ha sido positiva.
Ha habido experiencias que han abierto posibilidades de formación y sobre todo ha habido necesidades sociales que se han atendido gracias a la prestación social sustitutoria. Pero es evidente que se produce una situación de inquietud en diversos sectores, fundamentalmente del ámbito de la prestación de la atención social que hasta ahora podían complementar sus actividades como consecuencia de la función que prestaban los objetores de conciencia que se acogían a la prestación social sustitutoria. Por tanto, el debate de la interpelación y hoy de la moción viene a tratar de abrir soluciones al nuevo escenario que se presentará a partir del 1 de enero del año 2002.
Señorías, como ustedes recordarán, en el debate de la interpelación quedó bastante claro que frente a las dos alternativas para solucionar, en el ámbito de las políticas de atención social, el hueco que dejaba la prestación social sustitutoria, el propio ministro de Trabajo habló de dos alternativas. La alternativa número 1 era el desarrollo del servicio civil y la alternativa número 2 era la potenciación de todas las fórmulas de voluntariado. Dentro de lo que permite el debate de una interpelación, hubo un amplio consenso respecto a la potenciación de la figura del voluntariado. Como consecuencia de todo ello, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y que me corresponde defender fundamentalmente plantean dos cuestiones: por un lado, que se remita a la Cámara por parte del Gobierno, antes del final del presente período de sesiones, un informe que sobre los trabajos ya realizados por los distintos ministerios, llevados a cabo en su momento como consecuencia de una moción que se aprobó por asentimiento en el Senado en el año 1998, se valore el impacto de la supresión de la prestación social sustitutoria. Me parece básico tener ese estudio para aportar soluciones. Nuestra segunda propuesta es que se inste al Gobierno a que, conjuntamente con comunidades autónomas, con organizaciones no gubernamentales y con las demás organizaciones sociales afectadas, se atiendan, preferentemente a través del voluntariado, las auténticas necesidades, que hasta ahora habían sido atendidas por la prestación social sustitutoria.
Con nuestra enmienda entendemos que, como dice la iniciativa, hay que dar soluciones. En primer lugar, hay que tener un estudio actualizado respecto a la situación que se genera como consecuencia de la supresión de la prestación social sustitutoria y, en segundo lugar,

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hay que hacer una apuesta preferente y fundamental por lo que significa el voluntariado, por el fortalecimiento del voluntariado, a la vista -y quedó claro en el debate de la interpelación- de la pujanza que ha adquirido en los últimos años en nuestro país y las enormes ventajas frente a otras fórmulas, como podría ser el servicio civil, planteado precisamente para abrirse a un mayor ámbito de población, y por la propia pujanza, insisto, que está teniendo en nuestro país. Y les recuerdo un dato que dio el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el debate de la interpelación. Hoy hay 550.000 voluntarios en nuestro país frente a los 295.000 que había sólo hace cinco años. Creo que eso deja claramente en evidencia la importancia de este sector y la necesidad de su potenciación. Probablemente sea el vehículo con el que tengamos que trabajar.
No obstante, señorías, no sé si con esta enmienda damos satisfacción a lo que pide el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En cualquier caso, señor Campuzano, estoy en condiciones de ofrecerle una transaccional, para que el punto tercero del texto original de su moción se modifique, buscando una solución satisfactoria. En todo caso, me parece que lo más razonable es esperar a que en su próximo turno, si tiene posibilidad, ofrezca una solución, que podría ser aceptada por mi grupo.
Señoras y señores diputados -y con esto termino-, el Grupo Parlamentario Popular entiende que hay que dar una solución ante la nueva situación que se plantea, entiende que hay que partir de los estudios necesarios y por eso nuestra iniciativa habla de instar al Gobierno a que, tras los estudios oportunos realizados por los distintos ministerios, antes del final del actual período de sesiones, aporte un análisis de las soluciones que se pudieran adoptar de las consecuencias que representa la desaparición de la prestación social sustitutoria. También nos parece fundamental incidir básicamente en el voluntariado, no sólo porque se le ocurra al Grupo Popular, sino porque entendemos -y ya quedó evidencia de esto- que en esta Cámara hay un amplio respaldo en el sentido de que esa pueda ser la solución fundamental y preferente para el problema con el que hoy nos encontramos.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, el señor Velasco.


El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está en la misma línea que el Grupo de Convergència i Unió y que los grupos enmendantes a esta moción. Estamos más en la línea de no descartar ninguna posibilidad en las vías de solución y de acuerdo que entre todos tenemos que buscar para dar respuesta a una realidad como la que han expuesto los diferentes portavoces. La mili se acaba, por tanto, la prestación social también y los objetores han desarrollado una labor muy importante no solamente en instituciones sino también en ONG, asociaciones, etcétera.
El ministro apuntaba hace una semana dos vías. Por un lado, el servicio civil y, por otro, el voluntariado, pero, como bien decía él, a través del voluntariado se habían creado puestos de trabajo.
Por eso, esa tercera opción, la de conseguir que a través de la desaparición de la prestación social sustitutoria busquemos instrumentos para conseguir que la incorporación al mercado laboral de esas personas no quede descartada. La transaccional que nos propone el Grupo de Convergència i Unió, aceptando las enmiendas de Coalición Canaria y del Grupo Popular, nos parece bastante acertada, incluso la última opción que han acordado estos dos últimos grupos.
Estamos en esa vía de diálogo, esperamos con insistencia que ese informe llegue lo más pronto posible al Congreso de los Diputados y que entre todos busquemos las mejores soluciones para dar respuesta al movimiento asociativo, a las ONG y a esas instituciones donde los objetores han prestado una gran labor.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.
Señor Campuzano, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda o el texto de la transaccional, si la hubiere.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, creemos que la hay.
Nuestro grupo aceptaría los puntos 1 y 2 de la enmienda del Grupo Popular y con relación al tercer punto afirmaríamos lo siguiente, y lo pasaremos lo más rápido posible a los servicios de la Cámara: Estudiar conjuntamente con las comunidades autónomas y con las organizaciones sociales afectadas la incorporación de medidas orientadas al mantenimiento de aquellos servicios que, realizados por objetores de conciencia, continúe siendo necesario seguir prestando.
Entre estas medidas se podrán contemplar acciones de fomento del empleo.
Para nuestro grupo es importante que las soluciones que demos a esta cuestión no afecten tan sólo al ámbito del voluntariado y del movimiento asociativo en sentido estricto sino que además se incorpore claramente la necesidad de nuestras políticas de fomento de empleo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Entiendo que este texto transaccional es aceptado ypor tanto sustituye a la enmienda del Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria y a la del Grupo Parlamentario Popular? (Asentimiento.) De acuerdo.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria en los términos de la enmienda transaccional que ha sido puesta de manifiesto por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 237; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia aprobada la iniciativa de referencia.
Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Corrección de error.- En el «Diario de Sesiones» número 41, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 16 de noviembre pasado, en la página 2004, segunda columna, línea 9, no figura el resultado de la votación del dictamen del presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española y sociedades estatales de radiodifusión y televisión, que es el siguiente: Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 289; a favor, 179; en contra, 106; abstenciones, cuatro.

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