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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 53, de 21/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 53

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 51

celebrada el jueves, 21 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 16-1, de 30 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000016.) . . .
(Página 2537)

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 17-1, de 13 de octubre de 2000 (Corrección de error en BOCG, serie A, núm. 17-2, de 16 de octubre de 2000). (Número de expediente 121/000017.) . . .
(Página 2549)

- Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 3-1, de 23 de junio de 2000. (Número de expediente 121/000003.) . . . (Página 2562)

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 13-1, de 11 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000013.) . . .
(Página 2571)

Página 2536


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 17275.) . . . (Página 2574)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado . . . (Página 2537)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 . . . (Página 2537)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y los señores Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que son aprobadas.


Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social . . . (Página 2549)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Padrol i Munté y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa Campi, Del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora Costa Campi, en virtud del artículo 72.2 del Reglamento, solicita de la Presidencia que se dé lectura al artículo 59 bis nuevo de la ley de acompañamiento, procediendo el señor secretario (Mato Adrover) a dicha lectura.


Se suspende la sesión cinco minutos al objeto de manifestarse por el asesinato de ETA en el día de ayer.


Se reanuda la sesión.


Antes de pasar a las votaciones, el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, pone de relieve tres correcciones de estilo que solicita que se introduzcan sin necesidad de votación en el texto del proyecto de ley.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2001.


Proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial . . . (Página 2562)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, son aprobadas.


Sometida a votación final de conjunto por tratarse de un proyecto de ley orgánica, se aprueba por 196 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.


Página 2537


Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal . . . (Página 2571)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; La señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se aprueban por 284 votos a favor, ocho en contra y siete abstenciones.


Continúa la sesión con carácter secreto.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . .
(Página 2574)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señoras y señores diputados . . .
(Página 2574)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


La señora presidenta, en nombre de los miembros de la Mesa y en el suyo propio, desea a la Cámara unas felices fiestas de Navidad y no solamente un muy feliz año 2001, sino todo el milenio, así como que el año 2001 sea el año en el cual todos los españoles, incluidos los que viven en el País Vasco, puedan vivir en libertad y expresar sus ideas.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


Anuncio a SS.SS. que en torno a las 12 del mediodía se suspenderá brevemente la sesión al objeto de guardar un minuto de silencio en protesta por el asesinato de ETA en el día de ayer.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 121/000016)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado, en primer lugar, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde Chunta Aragonesista vamos a votar en contra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2001 porque no se ha variado ni en su trámite del Congreso ni en el Senado ninguno de los planteamientos generales por los que pedimos su devolución. No se ha querido asumir ni una sola enmienda de las presentadas (un total de 180), aunque en algunos casos, con esas iniciativas, se hacía referencia a cuestiones que habían sido votadas incluso por los representantes de su partidoen las diferentes instituciones aragonesas (el ferrocarril del Canfranc, el aeropuerto de Zaragoza, el plan de la minería turolense) Son unos presupuestos que han supuesto la primera huelga general de toda una provincia como Teruel, convocada por la plataforma Teruel existe, porque el Gobierno ha impuesto su rodillo paraignorar las

incluso modestas peticiones de la ciudadanía, a pesar de haber estado refrendadas por el 99 por ciento de los habitantes de este territorio.
Son unos presupuestos que como partido de ámbito territorial, al referirnos a las inversiones proyectadas en Aragón, no podemos aprobar, ya que las partidas previstas las calificamos de engañosas al no contemplar inversiones nuevas para la comunidad, incluir, por el contrario, pequeñas y simbólicas partidas en los grandes proyectos y abusar de la repetición de muchas partidas de inversiones que estaban ya aprobadas en el presupuesto de 2000 y que simplemente, al no ejecutarse, se suman a los presupuestos de 2001. Además, no podemos pasar por alto que el Ministerio de Medio Ambiente, en pleno proceso de debate del Plan hidrológico nacional, apueste en estos presupuestos por la construcción de pantanos en Aragón que suponen un grave deterioro para el territorio y provocan un enorme impacto e incluso tienen informes técnicos negativos de diferentes expertos en materia hidráulica, destinando para su construcción enormes cantidades de inversión en un ejemplo de despilfarro público, donde se actúa sin tener un mínimo de objetivos fijados. Sin embargo, aquellos pantanos que gozan de acuerdo unánime

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en Aragón siguen siendo ignorados. Si finalmente cambiasen los criterios que ahora fija el plan hidrológico ¿habría que modificar otra vez los presupuestos o, por el contrario, es que no existe ninguna voluntad negociadora y se aprobará sin ninguna posibilidad de aportación de los diferentes partidos que componen la Cámara? En ambos casos existe una grave irresponsabilidad por parte de quienes están al frente del Gobierno de España. Por todas estas razones vamos a seguir votando en contra y pidiendo la devolución de estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Como cuestión previa, quiero señalar que el señor Puigcercós no ha podido estar en este debate ni tampoco el día anterior por razones familiares muy graves. Quiero que quede constancia en acta de estas circunstancias.
En nombre de Eusko Alkartasuna, en este debate de las enmiendas del Senado que constituye el último trámite de presupuestos, quiero fijar la posición final de mi grupo en lo que ha sido la negociación y el debate. En relación con las enmiendas del Senado, sin perjuicio de que en algunos casos tengan un apoyo positivo por nuestra parte, como no puede ser de otra manera en relación con la adecuación del valor de las pensiones al índice de precios al consumo -cuestión que también nos hubiera gustado que se aplicara a otras retribuciones que se incluyen en la ley de presupuestos-, creemos que, como señalaba mi compañero Labordeta, se mantiene la filosofía que fue criticada en nuestro caso por tres razones, en primer lugar, porque no compartíamos ni compartimos la filosofía que entraña esa cuestión mágica que ha querido señalarse por el Partido Popular del déficit cero, donde se centró toda la argumentación de estos presupuestos, o el equilibrio presupuestario. No es cuestión de señalar si el equilibrio presupuestario es bueno o no, sino que se trata de las condiciones y circunstancias en las que este se produce para esta economía. Como decíamos anteriormente, los factores actuales, especialmente en el tema de inversiones en tecnología, en investigación científica o en desarrollo tecnológico, y las consideraciones que existen por ahora sobre la sociedad de información no entendemos que hayan sido tratados de forma positiva y, a la larga, no será una cuestión fructífera.
La segunda razón que planteábamos se refería al denominado gasto social. Apesar de las explicaciones que nos dio el señor ministro relativas a las cantidades que habían destinado al mismo en estos presupuestos, seguimos creyendo que estas no son suficientes y que se podía haber hecho mucho más. Argumentábamos con cifras que con esas 55 pesetas de cada 100 que se dedicaban al gasto social se podía haber hecho algo más. ¿Por qué? Porque entendemos que es el momento, y lo ha sido a lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios, para poder acercar la diferencia que existe estadísticamente en prestaciones en cuanto a vejez, invalidez y familia con relación a la media europea; además porque en nuestra comunidad, con economías más o menos paralelas, se están destinando mayores esfuerzos presupuestarios.
Finalmente, una tercera consideración que en ningún caso ha sido modificada a lo largo de esta tramitación hace referencia a la traducción en el presupuesto de lo que es un complemento de la Ley Orgánica del Estatuto de Gernika. Nuestras enmiendas venían motivadas porque no entendíamos cómo una defensa tan formal y tan acérrima como la que se dice que hace el Gobierno tenía tan poca traducción en las leyes y en el cumplimiento de las transferencias de competencias pendientes y, desde luego, en lo que se refiere a cuestiones claves como la Seguridad Social, la investigación o la formación continua.
Planteábamos temas relativos al cumplimiento, por ejemplo, de la transferencia del dinero que le corresponda al Hobetuz, cuestiones que nos evitarían múltiples problemas que venimos observando en los últimos ejercicios y discrepancias que afectan a los ciudadanos directamente y que no les benefician. Creemos, en definitiva, que el Estatuto de Gernika, para que sea defendido, tiene que ser cumplido como primera medida y, por lo que respecta a las competencias que el Parlamento vasco ha determinado que tienen que cumplirse en cantidad y calidad, no están siendo cumplimentadas. No les voy a citar cuáles son, las conocen ustedes perfectamente. Su traducción en los presupuestos es la nula voluntad de defender una ley orgánica y un pacto que fue realmente importante y que no se está cumpliendo.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Los andalucistas hemos hecho un análisis de los presupuestos desde la óptica de la corrección de los desequilibrios. Asumimos lo que el Gobierno dice en la memoria europea de solicitud de fondos para las regiones de Objetivo 1, que es que nuestro país está fuertemente desequilibrado, que hay comunidades que tienen doble índice de paro que la media de España y triple que Europa y que durante estos años, a pesar del desarrollo económico y del funcionamiento de las variables macro de la convergencia, estos desequilibrios han continuado.
Nosotros pensamos que estos presupuestos deberían estar impregnados de intencionalidad política para corregir de forma contundente esta inercia de separación cada vez mayor entre los que van a la cabeza y los que están en la cola. Independientemente de la bondad de los indicadores macro, que demuestran que hay una convergencia con Europa, hay otros que muestran que

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la convergencia de estos indicadores básicos no es real sino nominal y que no se produce en la sociedad. No hemos visto que en estos presupuestos se hayan recogido muchas de las obras imprescindibles de desarrollo de infraestructuras para precisamente dar ese salto y propiciar un desarrollo socioeconómico que suba esas medias. Vemos que se siguen dando fenómenos importantes de exclusión social que no son suficientemente atendidos, con una mentalidad rabiosamente economicista que impera en nuestro entorno, no sólo en España sino en Europa, donde sólo se discuten quiénes son los fuertes y cómo se reparte la economía y no cómo solucionar los graves problemas de descompensación. No vemos en concreto que se recoja la deuda constitucional histórica que se refleja en el estatuto de la Comunidad Autónoma andaluza refrendada en este Parlamento. Hay una cantidad absolutamente ridícula dedicada al Fondo de Compensación Interterritorial y no se han gastado y tienen asignadas cantidades testimoniales los fondos para la nivelación de servicios básicos, cuyos estándares ni siquiera se han definido ni se han cuantificado para ver cuál es el reto que tenemos delante.
En definitiva, vemos un presupuesto correcto desde la óptica de la técnica presupuestaria, en un escenario que posiblemente todos tengamos que reconocer que tiene indicadores macro positivos, pero cuando vamos de la media a la cruda realidad de unos y otros, nos damos cuenta de que no son unos presupuestos para la corrección de los desequilibrios y por eso nos ratificamos en nuestra negativa manifestada antes de su remisión al Senado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad para expresar la opinión del Bloque Nacionalista Galego acerca de las enmiendas del Senado en este último trámite de la discusión de los presupuestos para el año 2001.
Señora presidenta, quiero decir que tal como se viene planteando este debate presupuestario en los últimos años, la posición y la opinión del Ejecutivo es tan dominante o preponderante que realmente lo convierte en un trámite, eso sí, largo, pero poco más que formal. Las Cámaras, en estas circunstancias, se vienen a convertir casi en convidadas de piedra, sin que del debate se pueda esperar más que modificaciones del presupuesto de carácter anecdótico o aquellas que puedan interesar al grupo mayoritario; un grupo que impone su mayoría sin tener desde luego la menor consideración por las propuestas que desde la oposición se puedan hacer. Yo, francamente, no sé si esta es la mejor forma de dar vitalidad a las instituciones democráticas; más bien me temo que no. Por tanto, en este trámite, a nosotros poco más nos queda que reafirmarnos en lo expuesto en debates anteriores, con la defensa de las enmiendas de totalidad y parciales, porque, como es evidente, después de su paso por el Senado, el presupuesto para 2001 permanece inmutable en objetivos, en filosofía y en sus actuaciones concretas. Son unos presupuestos dominados por el nuevo objetivo fetiche del déficit cero, que naturalmente se va a obtener a base de no atender o atender mal necesidades sociales o de mantener, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios y, de paso, de las rentas salariales más bajas. Son unos presupuestos con una previsión de inversiones reales para Galicia en un porcentaje muy inferior a su nivel de población, algo que hasta el momento nadie cuestionó. Son unos presupuestos que, en nuestro criterio, un año más, van a contribuir a que Galicia siga ocupando uno de los puestos más bajos en cuanto a su nivel de renta y desarrollo en relación con la media estatal y, por tanto, no van a contribuir en nada a conseguir la convergencia real en el conjunto de la Unión Europea.
Señoras y señores diputados, en nuestra comunidad autónoma además se está produciendo una situación económica de destrucción masiva de sectores básicos de la economía, como es el sector lácteo, que ustedes tan bien conocen, o de crisis importantes, como la pesquera o la del sector cárnico. Por tanto, en este contexto desde nuestro punto de vista, resultan aún más rechazables estos presupuestos. En definitiva, señoras y señores diputados, ni después de su paso por el Congreso ni tampoco con las enmiendas del Senado encontramos motivos para apoyar estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Antes de continuar con la intervención de los grupos, quiero comunicar a la Cámara que la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no se producirá antes de las 11 de la mañana.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Intervengo con gran brevedad, porque Coalición Canaria -ya lo anuncio- va a votar favorablemente dándole su apoyo a las enmiendas que nos remite el Senado respecto a esta proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Se han recogido en los trámites del Senado las observaciones que había hecho el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y, coincidiendo con la tramitación efectuada en esta Cámara tanto en ponencia y Comisión

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como en Pleno en la primera lectura del proyecto de ley, anunciamos aquí que además de votar favorablemente las enmiendas del Senado, que introducen correcciones, algunas técnicas y otras de orden más sustantivo y detallado, en lo que también coincidimos, votaremos favorablemente estos presupuestos al entenderse que están recogidas, tanto en el trámite del Congreso de los Diputados como en el del Senado, las demandas que había hecho mi grupo parlamentario respecto a capítulos de inversiones en nuestro archipiélago.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, dos meses después del debate a la totalidad vuelve a esta Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 para recibir el beneplácito y el apoyo de los diputados del Grupo Popular, de los de Convergència i Unió y de los de Coalición Canaria; dos meses de trabajo intenso y -por qué no decirlo- prácticamente improductivo de los grupos de la oposición, que veíamos cómo nuestras propuestas y enmiendas eran ignoradas sistemáticamente. Estamos convencidos de que la incorporación de muchas de ellas al proyecto lo hubieran mejorado sustancialmente para beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Desde el Grupo Vasco no vamos a reabrir un debate económico del que tenemos un desagradable recuerdo; habrá otros momentos para poner de nuevo de manifiesto nuestros planteamientos. Me imagino, no obstante, que el Gobierno habrá tenido la oportunidad de releer el discurso de nuestro grupo y su respuesta al mismo. Estoy convencido de que, aunque no lo confiese aquí, se ha dado cuenta de que nuestras propuestas y reflexiones eran absolutamente sólidas y coherentes, diferentes por supuesto a las suyas, y que su respuesta fuera de lugar y tono obedecía a la política de desprestigiar al Partido Nacionalista Vasco y no a rebatir las ideas económicas.


Tengo que decir al Gobierno, concretamente al señor Montoro, que más de un miembro de esta Cámara ha considerado que la posición del Grupo Vasco en materia económica es plenamente actual, lo que es de agradecer. Me decía el señor ministro, entre otras perlas, que yo había ido con la brocha realmente negra y enturbiada para crear las peores expectativas y hacer daño a la sociedad española y a la sociedad vasca y que lo que yo estaba haciendo era un ejercicio político cargado de enseñas negativas, que viene a reflejar la situación política que está viviendo el Partido Nacionalista Vasco.
Insisto en que no quiero repetir la discusión económica que mantuvimos en esta Cámara, pero permítame que me refiera tan sólo a algunos aspectos que son y van a ser de enorme relevancia para la marcha de estos presupuestos a lo largo del próximo ejercicio.
Quisiera traer a colación unos párrafos de un artículo del presidente de la Caja General de Granada, don Julio Rodríguez López, a quien el ministro de Hacienda conoce perfectamente, publicado el pasado lunes en el diario El País. El señor Rodríguez señala, entre otras cosas, que la previsión de crecimiento del PIB para el año 2001 del 3,6 por ciento se apoya en gran medida en una nueva aceleración de la inversión en bienes de equipo hasta el 8 por ciento -5,5 en el año 2000-, comportamiento este que no es objeto de justificación rigurosa en los documentos divulgados. En cuanto a los precios se prevé -continúa el señor Rodríguez- una desaceleración del crecimiento medio de 0,5 puntos: el aumento medio anual de los precios del consumo bajaría desde el 3,2 hasta el 2,7, lo que implica una desaceleración poco creíble de los precios de consumo desde el 3,7 de 2000 hasta el 2 por ciento de 2001, expresado en términos de variación diciembre sobre diciembre. Continúa también diciendo que en las presentes circunstancias conseguir un crecimiento real del PIB del 3 por ciento en el año 2001 resulta un objetivo bastante realista. Ante este panorama económico - señala el señor Rodríguez- parece necesario un nuevo mix de política económica apoyado más en aspectos tales como el empleo selectivo y las inversiones públicas, la generación de condiciones físicas más proclives a la inversión empresarial y a fomentar la exportación, en lugar de mirar para otro lado ante la descomunal sobreinversión inmobiliaria que domina la actual coyuntura. Estas cosas las dice el presidente de la Caja General de Granada y es lo que, modestamente, también le decía, entre otras muchas cosas, el Grupo Vasco en el debate de totalidad. A nuestro grupo y al Partido Nacionalista Vasco se le acusaba por parte del señor Montoro, como antes les decía, de querer hacer daño a la sociedad española y a la sociedad vasca y que nuestro discurso era reflejo de la situación política que estaba viviendo el PNV. Me imagino que no se atrevería a descalificar al señor Rodríguez de la misma manera.
Estoy plenamente convencido de que el Gobierno del Partido Popular mira para otro lado cuando alguien con toda razón les plantea algo diferente. Sean más humildes, tengan la elegancia de aceptar las buenas ideas de los demás, por el bien del conjunto de los ciudadanos. El fracaso del Gobierno en la lucha contra la inflación es patente, y es igualmente preocupante la baja productividad del sistema económico español de cara al futuro crecimiento y al empleo.
Pero ustedes miran para otra parte. Tendremos la oportunidad el próximo año de analizar lo ocurrido. La realidad nos dará la razón, pero estoy seguro de que no darán su brazo a torcer.
Señores del Gobierno, tener la mayoría absoluta no quiere decir tener la razón absoluta; no hay que confundir deseos con realidad. Se equivocan cuando sitúan

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un instrumento como es la consecución del déficit cero como el objetivo central de la política económica y es más grave todavía que, no conformes con esta confusión, pretendan elevar a la categoría de ley un instrumento económico por muy importante que este sea. El profesor Estapé señaló hace poco tiempo que lo del déficit cero es una estupidez. Aprobar una ley que consagre este principio como inamovible me parece, desde el punto de vista económico, incluso una negligencia.
La adecuación del presupuesto a los problemas de la gente y a la coyuntura económica es algo obvio y que hace incomprensible que el Gobierno esté tratando de elaborar un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. Este anunciado proyecto sólo es comprensible, desde la lógica del Partido Popular, como un intento de recuperar y absorber el poder que está en manos de las corporaciones locales y comunidades autónomas. Sólo se entiende como una redistribución del poder político de la periferia hacia el centro, como un ataque frontal a lo avanzado hasta el momento en el desarrollo del Estado autonómico. Se pueden conseguir idénticos resultados desde la colaboración y desde la complicidad de los distintos gobiernos y administraciones públicas del Estado, como se ha venido haciendo desde hace años, pero a ustedes, señores del Gobierno, no les gusta el diálogo y el consenso; les gusta sólo la imposición.
No me quiero meter ahora en la discusión de este supuesto proyecto, porque dada su importancia y las repercusiones políticas que puede tener, me he permitido avanzar algunas ideas de nuestro grupo en el Congreso a este respecto. Lo dicho anteriormente no tendría importancia alguna si el desenfoque de su política no tuviera repercusiones sobre todos los colectivos, empresarios, trabajadores, funcionarios, pensionistas, etcétera. Denunciamos en el debate de totalidad el aumento salarial del 2 por ciento previsto para los funcionarios y pensionistas, al igual que entendíamos que dicho incremento era ridículo para los perceptores de las prestaciones no contributivas, lo que nos permitía calificar estos presupuestos como regresivos desde el punto de vista social. Los trabajadores de la Función pública han empezado ya a movilizarse y ustedes tienen que abonar 350.000 millones de pesetas adicionales a los pensionistas.
Los van a abonar el año que viene, pero el compromiso, el devengo, corresponde a este ejercicio. ¿Cómo va a afectar este incremento -según ustedes imprevisto- al déficit público de este ejercicio y del siguiente? ¿No les obliga a modificar considerablemente las partidas presupuestarias para el próximo año? Algo nos tendrán que explicar a este respecto.


Para concluir, quisiera plantear un tema que, desde el punto de vista político, es preocupante y refleja la actitud del Partido Popular.
Como sabrán SS.SS., hace ocho días la Diputación Foral de Vizcaya presentó en las Juntas Generales del territorio histórico un proyecto de norma foral denominado medidas fiscales de fomento de ahorro y de la inversión y otras medidas, para incorporar a la normativa foral el acuerdo del órgano de coordinación tributaria, con el fin de que las medidas aprobadas en esta Cámara y en este sentido fueran también aplicables en territorio vizcaíno. Pues bien, -¡oh sorpresa!- el Partido Popular votó en contra e impidió que prosperase la norma, a pesar de que participara en el citado órgano de coordinación. Su partido, el Popular, se niega a que se apliquen en Vizcaya las medidas que ustedes han presentado y aprobado en esta Cámara. Pues bien, han tenido que ser el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y el Partido Socialista de Euskadi los que hayan permitido que la mayoría de las medidas pueda ser aprobada. Si se trata de ir en contra del Partido Nacionalista Vasco, son ustedes capaces de ir contra su propio partido y de sus propias ideas. Es realmente sorprendente. Yo les recomendaría que no mezclasen las cosas y que fueran capaces de discutir y defender las ideas en cada tema o en cada ámbito concreto. Que el espíritu navideño que tiene que reinar estos días les permita esta reflexión. Por mi parte y en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, no me queda sino felicitar las fiestas a SS.SS. y a los miembros del Gobierno y desearnos un futuro en paz.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, en uno de los clásicos de García Márquez al final se decía que la estirpe condenada a cien años de soledad nunca tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo no sé qué Dios les protege a ustedes porque les da segundas oportunidades, en una utilización torticera y torcida del Senado. Mientras que el Senado aparece como la Cámara de representación territorial, ustedes lo utilizan para corregir los errores no sólo de carácter técnico o de redacción sino incluso los errores de los despistes sobre las previsiones de inflación. Es curioso cómo los chicos y las chicas del señor Montoro han utilizado el Senado, con la modificación de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, para -miren qué vulgaridad- introducir los ajustes derivados del incremento del índice de precios al consumo. Repito, qué vulgaridad. Es una vulgaridad como para haber tenido una previsión, se supone, y haberla realizado en el proyecto de presupuestos o por lo menos mediante las enmiendas que iban a venir al Congreso de los Diputados. Y ya que usted ha introducido los ajustes derivados del incremento de precios al consumo, ¿por qué, aplicando eseespíritu navideño al que se ha referido el portavoz del

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Partido Nacionalista Vasco y ha hecho extensible solamente al banco azul no lo ha hecho también al resto de la oposición? (Risas.) Podía también, señor Montoro, haber extendido esos ajustes al salario mínimo, a los funcionarios y funcionarias, es decir, puestos a resbalarse en distintas adecuaciones en los distintos artículos se podía haber introducido. Usted podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho; es que es muy estrecho. (Risas.) Señor Montoro, es curioso, cómo usted, que aumentó el santoral con el san déficit cero, sin embargo, cuando en un momento determinado aumentan los gastos, usted aumenta los ingresos por aquello de, no aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sino aprovechando que el Guadalquivir, pasa por su provincia, Jaén, entre otras, usted dice: ¿Que necesita 17.000 millones de pesetas más? ¡Hala! ¿Qué tengo 17.000 millones de pesetas más en gastos? Pues por aquello de que tengo el déficit cero, pues aumento 17.000 millones en previsión de ingresos del Estado y punto. No importa, me sigue cuadrando en un momento determinado, porque el papel es muy sufrido. Por cierto, ya que usted se ponía a modificar el déficit cero, por lo menos podía haber seguido con el engaño y no haber bajado, cuando los presupuestos que salieron de aquí del Congreso de los Diputados han crecido 17.000 millones de pesetas, usted podía -aunque hubiera sido de mentirijillas- no haber bajado Infraestructuras e Industria, que ha disminuido usted sobre las previsiones presupuestarias.
Alguien esperaba que al pasar por el Senado, por aquello del artículo 69 de la Constitución relativo a la Cámara de representación territorial, ustedes hubieran introducido una enmienda de calado, de tipo de financiación, sobre reequilibrios territoriales y, yo he dado muchas vueltas a las enmiendas y las de mayor peso que he encontrado relativas a la territorialidad son 20 millones para actividades musicales del Ayuntamiento de Arafo en Tenerife; un aumento de 10 millones para la coral de Bilbao, que no ha sido saludada desde los bancos del PNV, y 10 millones en Cadaqués para la rehabilitación del corral de Gala, la compañera sentimental de Dalí. Eso es todo lo que he encontrado relativo a territorialidad. Eso sí, he notado un detalle de reconocimiento del plurilingüismo del Estado español y es que en un momento determinado, cuando ustedes hablan de una fundación catalana, hacen una corrección técnica y le quitan un «de la» para introducir la lengua catalana, lo cual debe ser por aquello del apoyo de Convergència i Unió a los presupuestos.
Por lo demás, como no ha habido ninguna mejora, sino una utilización torticera del Senado a efectos de estos presupuestos, nosotros seguimos manteniendo el rechazo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar todas las enmiendas que ha introducido el Senado en este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo y va a hacerlo en base a los siguientes argumentos.
En primer lugar -ya lo han dicho otros portavoces- porque el conjunto de las enmiendas no representa una variación sustantiva respecto de la orientación que el documento presupuestario mereció por parte del Congreso de los Diputados en su tramitación y aprobación por este Pleno. Quiero decir que las modificaciones introducidas por la Cámara Alta no varían la orientación macroeconómica; tampoco la consolidación fiscal, que es algo que se viene impulsando desde 1996; el propio impulso inversor en materia de infraestructuras, que es bueno para la competitividad global del país; o la mejora de la protección social; o el crecimiento de ocupación, y un largo etcétera, que incluye todo aquello que de nuclear se aprobó en esta Cámara en la tramitación del proyecto enviado por el Gobierno y enmendado por los distintos grupos parlamentarios.
En segundo lugar, nuestro grupo va a apoyar las enmiendas porque éstas no hacen otra cosa, como es lógico por lo que he dicho anteriormente, que corregir algunas deficiencias técnicas, ajustar algunas previsiones, o introducir algunas mejoras como son, por ejemplo, las que se hallan en el anexo VII, que se refieren a la protección fiscal mediante desgravaciones de inversiones en proyectos científicos y tecnológicos y, por tanto, también aquí nosotros nos encontramos absolutamente cómodos porque forma parte de cuanto dijo nuestro portavoz en el debate de totalidad del proyecto, es decir, que es necesario que las inversiones en materia de I+D+I tengan un apoyo, en este caso de desgravación fiscal, por parte de la Administración Pública del Estado.
En tercer lugar, señor presidente, señorías, porque se va a aprobar una ley presupuestaria que estamos convencidos de que va a ser útil para el crecimiento económico del país; que sitúa el aumento del gasto público por debajo del PIB nominal de la economía, cosa que para nosotros es buena; que pensiones, sanidad, deuda pública, financiación de entes territoriales y lucha contra el paro concentran ni más ni menos que el 67 por ciento de ese gasto; que las inversiones en infraestructuras, y ya lo he señalado, representan un crecimiento notable, el 9,1 exactamente, respecto del vigente ejercicio del año 2000, lo que viene a apoyar desde la Administración central del Estado la competitividad del país (si nosotros pedimos competitividad a las empresas es preciso que el primer ejemplo lo demos desde estas Cortes.) Por tanto, se apuesta por la contención del ritmo de expansión del gasto y por favorecer, en la medida de lo posible porque los números hay que

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cuadrarlos, el ámbito social de los presupuestos, que también presentan en su conjunto un incremento más que notable.
Finalmente, para nuestro grupo es importante que el endeudamiento en el conjunto de las administraciones públicas caiga por debajo del 60 por ciento del PIB y, si mi memoria no me falla, en el caso de la Administración central del Estado se sitúa alrededor del 50 por ciento del producto interior bruto, y que por primera vez en la historia reciente el proyecto que debatimos represente en la práctica un ligero superávit en términos de caja y referido al saldo no financiero, lo que encontramos francamente positivo, y nos ayuda a que en el año 2001, es decir, avanzándonos en un ejercicio en las previsiones que teníamos hace un par de años, se produzca un equilibrio presupuestario que nosotros encontramos absolutamente saludable para el conjunto de la economía del país. Podemos decir que es la culminación del proceso de consolidación fiscal iniciado en el año 1996 bajo el impulso del acuerdo de investidura y de legislatura suscrito entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Celebramos, pues, que nuestra incidencia de entonces en la gobernación del Estado, absolutamente imprescindible para que hubiera Gobierno y un buen trabajo por parte del Gobierno y de las Cámaras, que aquella incidencia, que siempre hemos valorado como positiva y como lógica viniendo de nuestro grupo parlamentario, hoy pueda arrojar un saldo de mantenimiento del crecimiento económico para el conjunto del país; que haya una apuesta decidida para el esfuerzo inversor por parte de la Administración central del Estado; que se mantenga el horizonte de creación de empleo; que haya una pervivencia del modelo de bienestar social y que haya un equilibrio de las cuentas del Estado, que es absolutamente saludable desde todas las vertientes.
No quiero terminar mi intervención sin decir que celebramos que el Gobierno, a pesar de tener una mayoría absoluta en los bancos del Grupo Parlamentario Popular, haya creído interesante, yo diría que importante, convenir con nuestro grupo parlamentario este proyecto de presupuestos. Las conversaciones iniciadas en la primavera pasada y mantenidas a lo largo del verano y post-verano, fueron fructíferas para determinar un proyecto en el que nuestro grupo parlamentario se sintiera cómodo. Presentamos algunas enmiendas, sobre todo en el ámbito de las inversiones referidas a Cataluña, para mejorar algo que no estaba recogido. De aquellas conversaciones mantenidas con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular salió un documento presupuestario en el que, repito, nos sentimos cómodos entonces y nos sentimos hoy con mayor comodidad, si cabe, después de las enmiendas presentadas por el Senado que mejoran técnicamente el proyecto.


Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Senado ha introducido 57 enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, 27 de ellas referidas a las secciones y, como consecuencia de las mismas, se ha incrementado el gasto público en 17.025 millones de pesetas, cantidad que aparece reflejada en los artículos 2 y 4 de este proyecto de ley y que no podemos señalar que sea extraordinariamente importante, a la vista del volumen total de gastos que nosotros autorizamos en este proyecto de ley. Hay 30 enmiendas más referidas al articulado del proyecto de ley, de las cuales 15 tienen, en el mensaje motivado que remite el Senado, la misma leyenda a la que ha hecho alusión el señor Rejón. En esas 15 enmiendas se modifican cuantías por la necesidad de introducir los ajustes derivados del incremento del IPC. Afectan a todos los artículos del título de pensiones públicas que arrancan en el artículo 38 hasta el 47 y a las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigésimo cuarta. En total se modifican 14 preceptos que hacen referencia a normas reguladoras de los regímenes de pensiones, de clases pasivas del Estado, de la Seguridad Social, de pensiones no contributivas y de pensiones de guerra, y el elemento significativo de los mismos: el señalamiento inicial, los límites al señalamiento y las revalorizaciones. ¿Cuánto supone presupuestariamente este conjunto de modificaciones introducidas en el Senado? Es relativamente sencillo de averiguar. Uno debería coger el anexo I de distribución de los créditos por programas autorizados por el Senado y comparar el anexo I autorizado por el Congreso.
Cuando uno trata de averiguar la diferencia que hay entre los programas de pensiones públicas autorizadas entre ambas Cámaras, se llega a la conclusión de que el conjunto de modificaciones introducidas en la Cámara Alta suponen financieramente cero pesetas.
Ni una peseta se modifican los créditos autorizados en los programas del Senado respecto de los créditos autorizados en los programas del Congreso. Por lo tanto, ni en el artículo 2 ni en el artículo 4 figuran las modificaciones que se derivan de esas 15 modificaciones que atañen a los regímenes de pensiones. Uno se pregunta: ¿el que no esté recogida esa repercusión económica significa que no va a haber efectos presupuestarios? La respuesta tiene que ser que no, porque a lo largo de los últimos días nos hemos enterado con bastante profusión de algunas consecuencias que se derivan de ese enorme fallo cometido en la previsión de inflación por parte del Gobierno. La desviación de la inflación del 2 al 4,1 por ciento va a suponer 355.000 millones más de gasto a la Seguridad Social. No sabemos lo que va a suponer en clases pasivas. No sabemos lo que va a suponer en los otros regímenes,

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ni tampoco sabemos a cuánto alcanzan otra serie de prestaciones, pocas, que se ven afectadas por la desviación de inflación. En cualquier caso, podemos decir que entre el Congreso y el Senado el gasto público se va a elevar en España al menos en 400.000 millones de pesetas, y que esos 400.000 millones de pesetas son aproximadamente 0,4 puntos de PIB, y ese es un elemento que para mi grupo tiene una gran importancia, porque afecta a la credibilidad del sistema presupuestario español, y afectaría en cualquier año, pero afecta más en éste, que se ha dicho que éste era un presupuesto histórico donde estaban recogidas todas las obligaciones y todos los derechos y que por ser un presupuesto histórico era un presupuesto equilibrado con déficit cero. De verdad que con una compensación dentro de las administraciones públicas había déficit en el Estado y había superávit en la Seguridad Social.
Mi grupo se opuso a este planteamiento. Nosotros creemos que el equilibrio presupuestario y el déficit cero se tenía y se podía alcanzar cuando se presupuestara con rigor, con realismo, se ejecutara con disciplina y se respetara el principio de universalidad. Nosotros planteamos dudas sobre la sostenibilidad de este tipo de decisiones en tanto en cuanto 84 de cada 100 pesetas que compromete el Estado están vinculadas a créditos de difícil maniobrabilidad. Desde luego mi grupo puso en tela de juicio la composición adoptada y la pertinencia de la misma. No nos parece bien que hubiera déficit en el Estado y superávit en la Seguridad Social, entre otras cosas porque el superávit en la Seguridad Social es el resultado de un bajo nivel de prestaciones públicas y de un bajo nivel de prestaciones en el mundo de las pensiones. No quisiera dejar de señalar que el 70 por ciento de las pensiones públicas españolas tienen un nivel inferior a 80.000 pesetas al mes. Por tanto, el superávit de la Seguridad Social y el déficit del Estado son el resultado de una suficiencia de cotizaciones sociales y de una insuficiencia de la fiscalidad general, que está originando una jerarquía regresiva en la financiación de las administraciones públicas. El primer componente son las prestaciones sociales, le sigue en segundo lugar la imposición indirecta, luego la imposición directa y, por último, la imposición patrimonial.
Pero si teníamos dudas respecto de la sostenibilidad de este proyecto, el pretendido equilibrio se ha volatilizado como consecuencia de la gran desviación que se ha producido en la previsión de inflación, y lo que quiso ser un presupuesto histórico es un presupuesto más, un presupuesto declarativo más, y no escaso.
No se ha dicho quizá suficientemente en esta tribuna que este es un presupuesto a través del cual se levantan cargas públicas en una cuantía próxima a 40 billones de pesetas, el más alto de todos los presupuestos que se han aprobado para el conjunto de las administraciones, y en el que no se hacen constar, insisto, las desviaciones ocasionadas por el alza del nivel general de precios y que superan los 400.000 millones de pesetas.
Mi grupo ha centrado la intervención fundamentalmente en las pensiones públicas, pero podíamos haberla centrado en otros renglones del gasto, que son ciertos y que tampoco aparecen correctamente determinados en los créditos que vamos a autorizar: las pérdidas de Radiotelevisión y de Renfe, los gastos de las tropas españolas destinadas en Yugoslavia, la colza, o la desviación que, en la financiación de Televisión Española, se va a derivar, por poner un ejemplo, como consecuencia de las alzas de los tipos de interés, que alcanza la cifra de 40.000 millones de pesetas. Creemos que no vale decir, como se ha dicho, que todas y cada una de estas desviaciones estaban previstas porque, si estaban previstas, hacemos un ejercicio presupuestario que resulta profundamente inadecuado. Esta Cámara no debería decir que autoriza recursos en materia de ingresos en función de lo que se quiera aflorar a lo largo del ejercicio, tanto para el Estado como para la Seguridad Social; tampoco que debamos reconocer gastos públicos en una cuantía o en una serie de elementos que no están adecuadamente presupuestados. Hurtar la actividad del presupuesto es un error, un craso error, y hacer huir del presupuesto gastos que se comprometen en agencias, en empresas, en organismos, es un planteamiento muy frecuente, que resulta profundamente errático.
Si se actúa con esta práctica, hay tantos equilibrios como se quiera, según el nivel de ingresos o de gasto que se pretenda reconocer.
Situarnos donde queremos situarnos, en el conjunto de naciones que integran la Unión Europea, requiere algo más que un proceso de fijación de objetivos numéricos; requiere un mecanismo de presupuestación que no aparece a lo largo de ninguna de las fases del ciclo presupuestario español; requiere que haya un diseño institucional adecuado. Un buen presupuesto debe disponer de objetivos, de indicadores y de técnicas de gestión eficiente, que no aparecen en este presupuesto; un buen presupuesto debe establecer comparaciones relevantes, que nos permitan elegir entre opciones alternativas; un buen presupuesto debe disponer de un mecanismo de resolución de conflictos capaz de tener una dirección estratégica poderosa. Nada de eso está en el documento presupuestario que hoy se somete a la definitiva aprobación de esta Cámara. Abundan las no decisiones y afectan esas no decisiones a áreas tan importantes como la Seguridad Social. Nosotros reclamamos que esta Cámara no fuera una institución de refrendo, nosotros dijimos que no podíamos, en áreas como la política social, limitarnos a recoger el conjunto de modificaciones que fueran objeto de aprobación en el diálogo social.
Este es, señorías, un presupuesto declarativo más cuya ejecución va a determinar el grado de cumplimiento de unos objetivos que, en el Congreso y en el Senado, hemos visto que han experimentado un alza considerable superior a 400.000 millones de pesetas.


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Termino ya dirigiéndome al señor Montoro. Mire usted, señor Montoro, estos presupuestos han traído a mi memoria un personaje de El halcón maltés, pero no me voy a referir a ese personaje. Usted tiene una característica que no han tenido otros ministros de Economía de los sucesivos gobiernos de España, usted es catedrático de Hacienda pública. Siendo catedrático de Hacienda pública, tengo que reconocerle que quizá sea una de las personas más inteligentes, menos torpes, que han dirigido la Casa de la Aduana. Pues bien, tengo que decirle que estos presupuestos tienen un arranque pésimo, que son los presupuestos más irreales que se han presentado en esta Cámara.
Ninguno de los ministros de Hacienda con quienes he tenido el privilegio de tratar habrían presentado unos presupuestos tan falsos como éstos, carentes de factores de legitimidad social y, desde luego, unos presupuestos que ignoran una parte importante de los problemas de las familias trabajadoras españolas. Con frecuencia hacen apelaciones a los valores familiares, pero sus políticas son profundamente beligerantes con importantes segmentos de la sociedad española. En España hay un millón y medio de trabajadores cuyo salario es inferior a 100.000 pesetas mensuales; en España hay 1.300.000 temporales; hay 3.200.000 pensionistas cuyas pensiones están situadas entre 40.000 y 70.000 pesetas mensuales y no hay una política social. Y cuando en las familias españolas se carece de instrumentos de protección en el ámbito de los servicios sociales, suele haber algunas personas que soportan esa situación, y suelen ser las mujeres españolas. Ninguno de esos elementos se recogen en estos presupuestos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Fernández Marugán, le ruego vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señor presidente.
En estos presupuestos continúan sin incorporarse las grandes cifras que vinculan los flujos financieros entre el Estado y la Seguridad Social. Cae el gasto total y cae el gasto social. Desde que llegaron ustedes al Gobierno el gasto total ha caído 3,5 puntos del PIB; el gasto social ha caído 3 puntos y el gasto de pensiones ha caído 1,7 puntos. Se lo recuerdo porque cuando vayan diciendo por ahí que han reducido el peso del sector público tienen que saber que eso ha dejado un rastro, y ese rastro no permite aprovechar este buen momento de crecimiento y hace que el peso de la Seguridad Social y el peso de las medidas de protección social haya disminuido. Por eso mi grupo se ha opuesto a estos presupuestos y por eso mi grupo va a votar ese conjunto de medidas que contribuyen a crear más igualdad social en un excelente momento de la economía española, a ese conjunto de enmiendas que han sido introducidas, a pesar de sus deseos, en el Senado, y que nosotros queremos apoyar porque contribuirán a mejorar las condiciones de vida de algunos millones de pensionistas españoles.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández Marugán. (Aplausos.) Señor Martínez Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías. En primer lugar permítanme referirme a los servicios de la Cámara. Creo que a lo largo de la tramitación de los presupuestos han ayudado a que consigamos tener un presupuesto aprobado en su momento y con una buena calidad técnica. Quiero agradecérselo, así como manifestar que mi grupo podría incorporar la nota que sugiere una corrección técnica sobre las enmiendas aprobadas por el Senado en relación con la ley de presupuestos.
Dicho esto, señorías, quiero hacer referencia a que hoy estamos en el último trámite para aprobar el presupuesto del año 2001, un presupuesto al que se han incorporado 121 enmiendas a lo largo de su tramitación en esta Cámara y en el Senado. Se trata de un grupo grande de enmiendas y, además, de distintos grupos. Se han incorporado enmiendas del Grupo Popular, pero también se ha incorporado un considerable grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Socialista, y se va aprobar un presupuesto con equilibrio. Por primera vez en la etapa de la democracia, esta Cámara va a aprobar un presupuesto con equilibrio. Eso es importante para garantizar el crecimiento y el empleo. En esta Cámara, durante esta mañana y a lo largo del debate en los meses anteriores, hemos visto grupos que pensaban que lo del equilibrio presupuestario no era un buen elemento para garantizar crecimiento y empleo. Incluso hoy el portavoz socialista ha sembrado algunas dudas. En el debate no he sabido si el Grupo Socialista mantenía que sí o que no al equilibrio presupuestario. Cuando se presentó el presupuesto por el Gobierno hicieron unas declaraciones diciendo que el equilibrio presupuestario era una manía contable, que no era un elemento de política económica. Más tarde presentaron enmiendas diciendo que sí al equilibrio, pero luego manifestaron que tampoco era un elemento esencial.
Para mi grupo, el mejor camino para garantizar crecimiento y empleo y solidaridad intergeneracional es construir un presupuesto con equilibrio. Eso es lo que vamos a aprobar en esta Cámara y por lo que mi grupo se siente muy satisfecho. El equilibrio presupuestario es bueno en sí mismo y, además, lo es para garantizar una senda de crecimiento y empleo.
Ha habido un debate difícil a lo largo de este tiempo porque no hemos sabido cuál era la opinión del Grupo Socialista en muchos temas, no hemos sabido, por ejemplo, cuál era la opinión del Grupo Socialista en

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torno al equilibrio presupuestario. Durante este tiempo he conocido opiniones distintas y parece que estamos en un debate que es muy difícil de mantener porque algunos portavoces del Grupo Socialista dicen que sí al equilibrio presupuestario y otros dicen que no. En unos lugares de España se dice que sí y en otros que no. Esto que nos pasa con el equilibrio presupuestario y también con la política económica. Hay portavoces del Grupo Socialista que se manifiestan a favor de una política económica keynesiana; otros, a favor de una política económica de la escuela de Chicago; unos dicen que son liberales; otros que son libertarios; otros dicen que están a favor del gasto público. E igual pasa con otros temas. Lo mismo sucede con nuestro grupo cuando hablamos del Plan hidrológico. Unos dicen que sí a los trasvases; otros que no; en Valencia se dice que sí; en Aragón se dice que no. Y lo mismo nos está pasando con el Grupo Socialista en casi todos los temas.
La primera vez que el Grupo Socialista ha mantenido una posición común ha sido porque el Gobierno ha aprobado un indulto. (Protestas.) Parece que sólo cuando un tema afecta a un medio de comunicación es cuando el Grupo Socialista se pone de acuerdo. (Aplausos.) Se pone de acuerdo cuando afecta a un grupo de comunicación o en el tema de los libros de texto. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, les ruego mantengan el silencio que nos permita escuchar al orador.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LÓPEZ: En resto de los temas es muy difícil. Mi grupo mantiene que el equilibrio presupuestario es un bien en sí mismo. Señorías, si cogemos una fotografía de España y vemos lo que era la España socialista del déficit público, observamos que era la España del paro. Si vemos lo que es la España del equilibrio con el Grupo Popular, observamos que es la España del empleo ¿Será bueno el equilibrio presupuestario? A la vez que vamos caminando hacia el equilibrio, vamos caminando hacia el empleo ¿Habrá mejor política social que el empleo? El señor Fernández Marugán se ha referido a las familias de los trabajadores. Señorías, familias de los trabajadores hay con el Partido Popular, que es cuando se está creando empleo. (Aplausos.) Lo que había con el Partido Socialista eran familias en paro, millones de familias españolas en paro. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Qué exagerado!.-Varios señores diputados: ¡Hala!) La política presupuestaria del Partido Popular, la política presupuestaria del equilibrio, tiene un objetivo, y ese objetivo es crecimiento, empleo y bienestar. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero aquí cuando se debatía la totalidad del presupuesto, algún portavoz socialista decía que estábamos entrando en una crisis tremenda. Tienen mala suerte, porque ayer conocimos el dato de crecimiento del último trimestre: el 4,1. Estamos creciendo de forma muy importante, estamos creciendo por encima de la media europea. Este presupuesto, señorías, garantiza que sigamos creciendo y que sigamos creando empleo. Es el quinto presupuesto que trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Señorías, 1997, crecimiento del 3,8 por ciento; 1998, crecimiento del 4 por ciento; 1999, un crecimiento casi del 4 por ciento. El año 2000 vamos a seguir creciendo por encima del 3,5 por ciento. Seguro que nos situamos en el 4 por ciento, ya después de conocer el dato del último trimestre. El paro se ha reducido en ocho puntos. Hay un dato relevante: con el PSOE alcanzamos un récord histórico en el número de parados, 3.540.000. Con el Partido Popular hemos conseguido otro récord histórico de distinta naturaleza, pero otro récord histórico -y aquí tenemos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social-, que es el número de cotizantes a la Seguridad Social: 15.364.000, casi 3 millones más que en 1996. (El señor Madero Jarabo: ¡Qué barbaridad!) ¿Qué es lo que ha sucedido para cambiar el peor dato de empleo que teníamos con el Grupo Socialista a tener el mejor dato de política social con el Grupo Popular? Una política económica adecuada.
Desde el Grupo Socialista decían que esto pasa porque el viento nos es favorable. Nos decía el Grupo Socialista que cuando viene bien el viento a nosostros nos va bien las cosas, que si el viento viene del norte de Europa, en buena posición, nosotros llevamos el barco bien.
Señorías, nos iba mejor cuando el viento era favorable, pero cuando el viento del norte ha venido menos favorable también nos ha ido mejor, porque hemos crecido más que la media europea. (Aplausos.) Eso no pasa porque el viento venga favorable, pasa porque teníamos -empleando un argot de mi tierra, un argot marino- las velas del barco bien aparejadas, las velas bien trimadas, en su justo punto para coger el viento favorable y no favorable en la mejor posición. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, una política económica adecuada, que ha dado mejor respuesta y ha roto una tradición de la política económica española, que es que, cuando venían bien las cosas, España crecía más, pero que, cuando venían mal dadas, España sufría peores crisis. No, señorías, el Grupo Popular, el Gobierno del Partido Popular con su política ha conseguido que cuando van bien las cosas nos vaya mejor, pero también, cuando hemos tenido problemas, como el grave problema de los precios del petróleo, o el grave problema que tuvimos en el noventa y ocho con la situación internacional de Rusia o de los mercados asiáticos, España ha dado una mejor respuesta.


Señorías, nos encontramos con un presupuesto que da buenas perspectivas para el crecimiento y el empleo. Se ha hablado aquí de inflación. Es cierto que hay que seguir trabajando para corregir el incremento de los

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precios, pero es verdad también que estamos con una inflación del 4 por ciento. En 1989 y 1990, teníamos inflaciones del 8 por ciento.
¿Por qué tuvimos una crisis enorme en 1992 y 1993? Porque no se hicieron entonces bien los deberes. (Rumores.) ¿Y qué son los deberes? Equilibrio presupuestario, reformas estructurales, reformas en los mercados de bienes y servicios y apoyo a la oferta productiva.
¿Qué encontramos en el PSOE? Propuestas incoherentes. ¿Qué encontramos en el PSOE? Respuestas simplemente a la demagogia popular. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Hala!) Señorías, en los últimos meses, cuando el precio del petróleo subió a 30 dólares, ustedes nos pedían que bajáramos los impuestos. ¿Se imaginan lo que estaríamos haciendo ahora si los hubiéramos bajado, con el precio del petróleo ayer a 23 dólares? ¿Se imaginan traer a esta Cámara una propuesta para subir los impuestos? ¿Ustedes consideran que los ciudadanos de la calle entenderían que cuando se está bajando el precio del petróleo nosotros les subamos los impuestos?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le ruego vaya concluyendo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Ustedes que defienden las políticas verdes, ¿creen que se puede fomentar el uso de los hidrocarburos y, a la vez, votar que no al plan de energía renovable, como hicieron ustedes el martes en este Parlamento? Es que sólo traen incoherencias a esta Cámara. Es que votaron que no a que bajáramos los libros de texto a las familias españolas. Es que votaron que no a que bajáramos los impuestos a agricultores y transportistas. Es que ustedes sólo querrían traer a esta Cámara propuestas demagógicas en vez de colaborar para que España siga creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar, que es lo que hace el presupuesto para el 2001. Hoy tenemos un presupuesto aprobado de 34,5 billones de pesetas que va a impulsar, como nunca, las políticas sociales. Señor Fernández Marugán, no diga nunca más que con el partido Popular ha bajado el gasto social. Ha aumentado. (Rumores.) De cada 100 pesetas, 54 se destinan a gastos social. (Aplausos.-Protestas.) Le voy a dar un dato, señor Fernández Marugán. ¿Sabe usted qué componente de gasto social ha bajado? Se lo voy a decir: han bajado las prestaciones por desempleo porque hay empleo. (El señor Fernández Marugán: ¡Bajada de los impuestos!-La señora Cunillera i Mestres: ¡Házselo llegar al ministro!-Aplausos.- Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le ruego vaya concluyendo.
Señor Fernández Marugán, ya ha tenido su oportunidad como orador para exponer sus ideas y criterios esta mañana.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, ¿en qué nos vamos a gastar los 34,5 billones? Esa es la pregunta. Fundamentalmente, en políticas sociales (Varios señores diputados: ¡Muy bien!), en políticas de apoyo a las familias, en políticas de apoyo a los que más lo necesitan, en políticas de integración, en políticas de fomento a la igualdad y en políticas de modernización y competitividad, infraestructura, medio ambiente, I+D+I. En eso nos vamos a gastar el dinero. (Aplausos.-Protestas.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Señorías, hoy en esta Cámara se va a aprobar por primera vez un presupuesto en equilibrio y un presupuesto que va a hacer que España siga creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar de todos los ciudadanos (Rumores.) Por eso mi grupo va a apoyar todas las enmiendas.
Bon Nadal, zorionak, buenas fiestas de Navidad. (Aplausos.)

El señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. En primer lugar, las enmiendas referidas a la sección 12, traspaso de créditos a la Agencia de Cooperación Internacional; sección 12, dotación de financiación de actividades a la Fundación Carolina; sección 12, concepto 12.103.134 A.487; sección 17, corrección técnica en el concepto 17.240.551D.130.00; sección 19 y sección 22.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 173; en contra, 13; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas. (Rumores.) Señorías, la votación de estas enmiendas tiene su complejidad en la ordenación, con lo cual les ruego que, al objeto de que pueda transcurrir la votación de manera ordenada, exista en la Cámara el murmullo más bajo posible, porque pedir que no lo haya creo que es ya un esfuerzo inútil. (Aplausos.) Enmiendas a los artículos 38 a 47 y a las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigesimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 294; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 174; en contra, 118; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 13.4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 174; en contra, 17¸ abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 13.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 173; en contra, tres; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 277; en contra, nueve; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 87.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 280; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 172; en contra, 110; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al anexo VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 284; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.


Enmiendas a la sección 17, baja en concepto 17.01.511D.832 y alta en concepto 17.01.521C.851. Sección 17, disminuye el programa 511.D y se incrementa el programa 521.C. Sección 18, programa 453.A, museos: alta en concepto 782 (nuevo), Consorcio de Altamira. Sección 20, bajas en programas 722.C y 722.D y altas en 542.E. Sección 23, presa de Melonares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 175; en contra, 118; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la sección 12, incremento de dotación a fundaciones dependientes de partidos políticos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 296; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la sección 23, alta en concepto 23.101.533A.781.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 285; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Sección 23, alta en concepto 05, programas 441.A y 512.A Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 173; en contra, 120; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la sección 21, referidas al Fondo de regulación y organización del mercado de productos de la pesca y cultivos marinos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, aprobadas las enmiendas de referencia.
Resto de enmiendas referidas a la sección 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 175; abstenciones, 124.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Por último, resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 282; en contra, nueve; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el resto de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de presupuestos. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) ¿Qué desea, señor Martínez- Pujalte? (Rumores.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, sin meterme con la oposición, simplemente...


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los servicios de la Cámara me indican... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los servicios de la Cámara me indican que haga constar, aunque ya lo he hecho en la tribuna, que se modifique la disposición adicional vigesimoséptima al tenor del documento que nos han pasado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra. (Rumores.) Señorías, les recuerdo que tenemos que continuar con el Pleno y que es imposible en tanto en cuanto estén obstruyendo los pasillos y en conversaciones en el hemiciclo. (Pausa.) Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Será una intervención muy breve, aunque sí quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» que en este último trámite del procedimiento de debate y aprobación del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social resulta difícil... (Rumores.) Perdone, señora presidenta, pero es imposible continuar.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, espere un momento.
Señorías, es imposible que la señora Lasagabaster pueda realizar su intervención para fijar posición con respecto a las enmiendas del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos. Ruego a las señorías que quieran estar de conversación que abandonen el hemiciclo y nos permitan a los demás seguir con el debate. (Pausa.) Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
No serán más que breves minutos, pero sí quiero dejar constancia de una reflexión que debe ser de interés para modificar la manera y el procedimiento con que se viene realizando el debate y la aprobación del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Si uno acierta a ver cuáles han sido las enmiendas del Senado, y sin poder entrar en el conocimiento exhaustivo del contenido de las modificaciones, observará que se han introducido nada más y nada menos que 21 nuevas disposiciones adicionales que afectan y modifican otras tantas normas de contenido sustantivo. Eso añadido al contenido del proyecto de ley, que modificaba 37 leyes, 7 reales decretos-leyes y otros tantos reales decretos, nos da una idea de que no puede ser admitido en el futuro, en un ejercicio posterior, un sistema como el que venimos realizando. En apenas dos o tres días que hemos recibido estas enmiendas es imposible saber a qué afectan las modificaciones y no es admisible este tipo de procedimiento, este tipo de debate y negociación de tantas leyes que se están modificando a través de este sistema. Quiero dejar en el «Diario de Sesiones» esta reflexión, para que en ejercicios posteriores, independientemente del Gobierno que tenga la responsabilidad de realizar un proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, llamada ley de acompañamiento, se rijan respecto a lo que debe ser realmente este proyecto de ley y al final no nos encontremos con que además de las que ya teníamos modificadas, ahora de repente hay 21 nuevas disposiciones adicionales que modifican otras tantas normas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


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El Partido del Gobierno introdujo en el Senado un total de 71 enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Entre ellas destaca el nuevo artículo 59 bis, relativo a la exclusión de accidentes de circulación derivados de la utilización de vehículos empleados para cometer delitos dolosos.
Aunque se trata de una reforma sugerida desde altas instancias -aparecía en un informe del Consejo de Estado-, entendemos que únicamente va a favorecer a las aseguradoras, que no tendrán que satisfacer las indemnizaciones causadas en aquellos casos en que el vehículo sea empleado para cometer actos delictivos dolosos. Esto puede dar lugar a situaciones injustas, puesto que las compañías aseguradoras se negarán a satisfacer indemnizaciones hasta que se determine si existió la comisión de delito doloso, retardando el pago de las mismas hasta el pronunciamiento de una resolución judicial firme, que puede retrasarse varios años, en detrimento de las víctimas o de los familiares de los perjudicados.
También se vuelve a enmendar el artículo 49, relativo a la creación de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, que fue incluido a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el proyecto a través de una enmienda en el Congreso. Se demuestra así la falta de rigor en la regulación de una materia tan importante como es la transformación del organismo autónomo Correos en sociedad anónima estatal. Una de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego fue transaccionada e incluida en el apartado 16 de ese artículo 49 para que quede expresamente reflejada la conservación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de Correos.
Pero, aun así, la regulación es muy perjudicial para los mismos ya que se sigue considerando al cuerpo de funcionarios de Correos y Telégrafos a extinguir, con lo que los funcionarios que venían prestando sus servicios en el organismo autónomo y que pasen a la nueva entidad pública empresarial se verán abocados a no poder mejorar su carrera profesional en Correos.
El último de los aspectos novedosos para nosotros es la regularización de la actualización de peajes en las autopistas, revistiendo un carácter positivo. En primer lugar, se atiende al equilibrio económico financiero de la concesión en la revisión de tarifas de peaje, lo que puede permitir al Gobierno supervisar el aumento de las mismas evitando que las concesionarias obtengan unos rendimientos extraordinarios derivados del aumento de tráfico. Hay que recordar que en los últimos años algunas concesionarias repartieron cuantiosos dividendos, a costa de los peajes sufragados por los usuarios de las autopistas, que son a todas luces injustos.
Por tanto, esta nueva regulación permitirá al Gobierno rebajar o suprimir tarifas de peajes e incluso acortar períodos de concesiones cuando los resultados económicos sean equilibrados.


Las restantes enmiendas son de carácter técnico, meras correcciones de errores o que introducen algunas modificaciones en el texto del proyecto que no varían sustancialmente el texto inicial, ante el cual nosotros mantuvimos una posición claramente en contra.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Respecto a todas las enmiendas que llegan del Senado a esta denominada familiarmente ley de acompañamiento, señalaré que mi grupo va a votarlas favorablemente, excepto un apartado que hace referencia a los vehículos tipo jeep y todoterreno, apartado que figura en la enmienda al artículo 7.º, y también la enmienda que desde la Cámara Alta va dirigida al artículo 65 bis. Como digo, todas las demás van a ser votadas favorablemente. Dentro de ellas muchas son a cuestiones puramente técnicas y gramaticales, otras que han traído un perfeccionamiento técnico y jurídico y otras que contribuyen a una aclaración para que no haya un principio de inseguridad en su interpretación.
Las enmiendas al artículo 8.º tienen una especial significación para mi grupo parlamentario porque hacen referencia al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Entendemos que estas enmiendas, que se dirigen a modificar artículos de la Ley 20/1991 y la Ley 19/1994, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, vienen a introducir unas adaptaciones hechas unas por cuestiones meramente fiscales y técnicas y otras, las fundamentales, por imperativo de la legislación comunitaria que obliga a la desaparición de impuestos especiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente el denominado IGIC, el impuesto general indirecto canario, y también las dirigidas al impuesto o arbitrio a la producción e importación de bienes en el archipiélago canario. Las enmiendas que se han introducido por el Senado al artículo 8.º de este proyecto de ley, que como he dicho se refieren al régimen económico y fiscal de Canarias, nos parecen muy necesarias, nos parecen muy acertadas y vienen a situar una serie de valores, por ejemplo, los que en el texto que salió de esta Cámara estaban expresados en pesetas, como moneda oficial española, pero de los que se han hecho adaptaciones con la traslación a su equivalencia en euros. Esta es una enmienda que parece superflua pero no lo es en cuanto empezamos a introducir los aspectos fiscales para el 2001 expresados en euros. Se han hecho otras modificaciones, por ejemplo, en el impuesto sobre las labores de cigarros puros, en que se viene a reconocer un hecho en la industria, sobre todo en la isla de La Palma; es muy conveniente

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que se haya introducido un valor fiscal exento desde las 100 a las 200 pesetas por unidad. Pero la enmienda del Senado más destacada, a juicio de este portavoz y de su grupo, es la que introduce una disposición adicional decimocuarta nueva, que abarca desde el 1 de enero del próximo año hasta la desaparición del arbitrio sobre la producción e importación de las islas Canarias, y dice que el que denominamos allí el APIM, por imperativo de la legislación comunitaria de la Unión Europea, ya en su día, cuando se aplicó dicho arbitrio, tenía una fecha de caducidad. Pues bien, con esta enmienda y una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se viene a decir que será aplicable en este tributo el tipo cero en la importación de los bienes que en el impuesto general indirecto de Canarias están gravados en su importación y entrega al tipo impositivo incrementado del 9 por ciento.
Todas estas enmiendas, señora presidenta, también han podido cumplir el imperativo legal que señala la Constitución española en su disposición adicional tercera, así como el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que hace preceptiva la norma de consulta y pronunciamiento del Parlamento autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se han cubierto estos trámites de exigencia normativa constitucional y estatutaria orgánica y, por tanto, con plena viabilidad irá nuestro voto de apoyo a las restantes enmiendas y a ésta significativamente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.


¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me van a permitir ustedes, aunque este trámite es muy serio -para nuestro grupo de manera excepcional-, que lo tratemos con un poco de ironía, porque si no sería difícilmente asumible seguir manteniéndonos en esta Cámara sin levantarnos de nuestros escaños y marcharnos.
En este trámite, señorías, además de las leyes que ya se modifican cuando se presenta la ley de medidas fiscales al Congreso de los Diputados, en el Senado se modifican alrededor de diez leyes más.
Pero no solamente se modifican diez leyes más con lo que ello conlleva, señorías, sino que con esa actitud se vulnera, a través de una enmienda presentada por el Partido Popular, el derecho constitucional que tenemos los diputados y diputadas como representantes del pueblo español a participar en las iniciativas y modificaciones legislativas que se traen a esta Cámara. Con las enmiendas que presenta al Grupo Parlamentario Popular en el Senado hay una falta de respeto a la participación de los grupos, a que los grupos podamos dialogar y enmendar un texto legislativo que pueda ser aprobado por mayoría absoluta o por mayoría relativa, pero con la participación y el debate riguroso que una modificación legislativa conlleva. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno a través del Grupo Popular en el Senado? Se constata una vez más la improvisación total y absoluta de este Gobierno a la hora de plantear su política y su modificación legal. Además, hay otro hecho grave, que es la inseguridad jurídica que de por sí tiene la ley de acompañamiento; y no lo dice esta diputada sino juristas expertos en esta materia que sabrán muchísimo más a este respecto que yo misma.
Se podría decir que es una ley de acomodamiento legal al interés coyuntural del Gobierno y, desde luego, ese tan cacareado diálogo del Gobierno para poder llegar a consensos con las fuerzas políticas debe ser sólo y exclusivamente entre el Gobierno y el Partido Popular, entre ellos mismos, y la excepción confirma la regla.
Voy a hablar de cuál ha sido esa reforma sin entrar a analizar los contenidos, porque en cuarenta y ocho horas difícilmente se puede hablar de los contenidos de las leyes que se modifican, y creo que hay algunas que puede ser interesante que esta Cámara conozca y comparta. Es una reforma muy amplia, tan amplia como que en el artículo 7 se modifican los impuestos especiales en las exenciones en la matriculación de vehículos, en una extensa gama que va desde los vehículos de transporte hasta las embarcaciones y buques de recreo, ligado además -aunque sean para alquiler- a las familias numerosas.
La verdad es que a esta diputada le produce un poco de risa, por no decir sonrojo, porque puede haber una familia numerosa con grandes ingresos que compre un buque de recreo (ustedes saben que hay mecanismos legales para que sea de alquiler y después sea para uso particular- que se vea beneficiada de la exención en la matriculación y una familia normal de dos personas no pueda acceder a dicha exención en la matriculación al comprar un vehículo o tal vez una furgoneta para trabajar y poder alimentar y hacer vivir a su familia en buenas condiciones.
Tenemos otra joya, la reforma de la Ley de Haciendas Locales, artículos 64, 65, 73, 74 y 75. Señorías, no sé si el Gobierno ha hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero una vez más vuelve a introducir mecanismos que pueden ver reducidos los ingresos de las haciendas locales, y si no los quieren reducir serán los propios ayuntamientos quienes tendrán que subirlos para tener como mínimo los ingresos que tenían. El Gobierno baja los impuestos y los malos son los ayuntamientos y las corporaciones locales que los van a tener que subir si quieren mantener su nivel de ingresos; vuelven a reducir el catastro dejando un margen para que los ayuntamientos lo vuelvan a aumentar y así percibir las mismas cantidades. Señorías,estamos hablando de los ayuntamientos, de aquellas

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entidades locales que tienen que prestar la mayoría de los servicios a la ciudadanía. El Gobierno, en lugar de aumentar los recursos públicos para que los ayuntamientos presten mejor los servicios que tienen que dar a la ciudadanía, vuelve otra vez a reducirlos y que los ayuntamientos suban los impuestos. ¿Por qué no se puede aprovechar de paso esta ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores sobre la comunicación de los contratos de empleo a las oficinas del Inem? ¿Por qué no podemos aprovechar la ley? En algún momento el Gobierno me tendrá que explicar qué tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado la modificación del Estatuto de los Trabajadores y la presentación de los contratos en la oficina de empleo. Señorías, la modificación es bastante grave. Se podrá presentar ante el representante legal de los trabajadores, es decir, ante una empresa de trabajo temporal sin necesidad de que pase por la oficina de empleo. La verdad es que la modificación tiene enjundia y a lo mejor el Gobierno o el Grupo Popular, que es el que presentó la enmienda, en algún momento nos explica qué tiene que ver esto con los presupuestos para ir en la ley de acompañamiento.
Aprovechan también, ya que estaban en ello, para crear plazas y modificar las escalas de los organismos públicos de investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿No ha habido tiempo para hacerlo y traerlo a esta Cámara en un proyecto de ley en condiciones para que los grupos parlamentarios podamos discutir y enmendar, con independencia de cuál sea el resultado final, en definitiva participar nosotros, que somos los representantes del pueblo español en esta Cámara? No. Se hace a través de una enmienda que después no se puede enmendar y te tienes que limitar a decir si la aceptas o no.
Señorías, volvemos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y creamos el cuerpo único de notarios, artículo 37 bis. El artículo 37, que es el anterior, habla de la Ley de Bases del Régimen Local, y la verdad es que no sabemos qué relación tiene una cosa con la otra, pero el artículo 37 bis crea el cuerpo único de notarios integrando a los corredores de comercio. A mí no me ha dado tiempo de preguntar a los notarios y a los corredores de comercio si están de acuerdo, pero lo que no me parece correcto es que una modificación de estas características, que regula el funcionamiento, las sanciones, etcétera, se traiga en una ley de acompañamiento a través de una enmienda que presenta el Partido Popular en el Senado. La verdad es que no quedan muchos adjetivos que poner, a no ser que nos saliéramos de la cortesía parlamentaria.
Hoy nos vienen del Senado dos proyectos de ley para la agilización de la justicia, pero parece ser que el Gobierno no se acordó en aquel momento de que tendría que haber incluido la asistencia jurídica al Estado y a las administraciones públicas y regulado el asesoramiento a las administraciones locales, incluyendo las tasas, etcétera. También se hace a través de una enmienda en el Senado a la ley de medidas fiscales que se supone que tiene que complementar los Presupuestos Generales del Estado para aquellas leyes que tengan incidencia en ellos. Seguimos pensando, señorías, que esto no es lo correcto.
Paso a otra modificación, la Ley de telecomunicaciones. Como no ha habido modificaciones y se ha discutido en esta Cámara sobre telecomunicaciones, el Gobierno modifica la ley y sólo lo hace para decir que a través de un real decreto puede aprobar la composición del consejo asesor de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Si se hubiera tomado en consideración la iniciativa de Izquierda Unida, esto no lo hubiera tenido que hacer el Gobierno.
Pero siguen ustedes improvisando. Cada día nos tienen más maravillados con su forma de gobernar.
Otra perla es la garantía para asegurar el cumplimiento de la distribución de las monedas y billetes de euro. Cada vez nos resulta más gracioso. ¡Llevan dos años dándonos el machaconeo constante, a través de los medios de comunicación, de que el euro viene, de que el euro esta aquí, y a ustedes se les olvida que tienen que asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la distribución de las monedas y billetes de euro! ¡Será posible! ¡Habrá mayor improvisación! Parece que no saben muy bien cómo tienen que hacer las cosas.
Llegamos a otra joya: la modificación del trámite de las autopistas en la revisión de tarifas y peajes. ¿Han recibido ustedes algún tipo de presión por parte de las empresas que explotan las autopistas, porque cada año les van abriendo las puertas a mayores beneficios? ¿Era necesario hacer esto en la ley de medidas fiscales? ¿No se podía haber hecho meses antes en un proyecto de ley o en el próximo período de sesiones? Señorías, es una improvisación total para impedir que los grupos parlamentarios podamos opinar, debatir y participar en el debate político.
Como diputada portavoz en los temas de medio ambiente hay algo que me parece una tomadura de pelo total. Modifican la Ley de envases y residuos de envase. No permiten que esta Cámara, que consiguió consensuar dicha ley, pueda participar en si es necesario excluir algún tipo de los envases incluidos. Además, establecen que a través del reglamento se puedan excluir aquellos envases que no se ajusten a la ley y que tengan que ser industriales. Señorías, esto clama demasiado alto.
La máxima improvisación es lo que han hecho con la creación de la sociedad anónima estatal de Correos; improvisación total y absoluta.
No han sabido qué hacer con el personal hasta que no se ha llegado al Senado. Se dieron cuenta aquí pero no lo pudieron modificar. Siguen ustedes empeñados en crear una sociedad anónima estatal, lo que mi grupo parlamentario no comparte y rechaza porque crea una inseguridad

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total en el servicio postal de correos. Nos parece que es un paso hacia la privatización y que a pesar de que sea un servicio postal universal puede ser perfectamente privatizado y no se dan las condiciones para que ustedes no lo hagan, sino todos lo contrario, además con graves riesgos para el personal, aunque en esta ley se les haya intentado blindar un poco más, por decirlo de alguna manera, y asegurar sus puestos de trabajo. Pero una vez que las empresas se privatizan -tenemos miles de ejemplos- los compromisos adquiridos por el Gobierno se dejan sin cumplir. Esta claro que esta Cámara cada vez puede controlar menos el cumplimiento de esos compromisos.
Para terminar, este es el trámite escoba del año. Aquí cabe todo; cabe todo desde el Senado y cabe todo a través de enmiendas. Y siendo el trámite escoba como es, mi grupo parlamentario se va a oponer a la mayoría de las enmiendas que se han introducido, entre otras cosas porque somos muy dignos y nos gusta que se respete la dignidad de esta Cámara, que se respete la dignidad que tienen los diputados para poder participar en la elaboración de la legislación y para poder participar en la realización de las enmiendas a los proyectos de ley y a las modificaciones legislativas que plantea el Gobierno. A través de enmiendas en el trámite del Senado esa participación se le niega a esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Padrol tiene la palabra.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario valora positivamente, en términos generales, las enmiendas presentadas y aprobadas en la tramitación en el Senado del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Voy a comentar diversos puntos de las modificaciones introducidas en el Senado, en la Cámara Alta, a efectos de manifestar la posición de grupo específicamente en algunas cuestiones.


En primer lugar, voy a hacer referencia a un cambio introducido en la deducción por producciones cinematográficas para las series audiovisuales. La verdad es que es una enmienda que mi grupo parlamentario presentó en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que no se aprobó, pero finalmente nos congratulamos de que haya sido restituida la redacción hoy en día vigente para este incentivo fiscal en el proyecto de ley, de tal manera que los cortometrajes, las series audiovisuales, no pierdan el incentivo fiscal del 20 por ciento sobre los costes de producción. Ya dije en el debate del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, tanto en Comisión como en el Pleno, que si el argumento para retirar este incentivo fiscal para la producción de cortometrajes y series audiovisuales es que el sector no estaba en crisis, posiblemente, y habida cuenta de la situación general de la economía española, deberían retirarse la mayor parte, el 80 ó 90 por ciento, de incentivos fiscales hoy vigentes en la Ley del impuesto sobre sociedades, de 27 de diciembre de 1995. Por tanto, celebramos el que se haya mantenido la redacción hoy vigente para este incentivo fiscal.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, se incorporan en el trámite del Senado una serie de mejoras técnicas que valoramos positivamente.
Por ejemplo, se pone un límite al plazo para comunicar la opción por el régimen especial de fusiones o escisiones, que en la actualidad estaba, a juicio de mi grupo parlamentario, demasiado abierto, se pone un término temporal para poder optar por este régimen de diferimiento. También entendemos acertada la modificación introducida en el artículo 110 de la Ley del impuesto para prevenir el abuso, por razones de fraude fiscal, del régimen de diferimiento contenido en este capítulo VIII del títuloVIII.
Una modificación de la que estamos en contra es la producida en el artículo 78.2.3 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido respecto de la configuración de la base imponible de esta figura tributaria. Pero sobre este tema posteriormente se extenderá mi compañero de grupo parlamentario Ramón Companys. También valoramos de manera positiva el establecimiento del IVA en el 7 por ciento para servicios funerarios y, de manera evidente, la regulación de las exenciones en el impuesto de matriculación; digo de manera evidente porque la actual configuración del apartado 4 del artículo 66 que se ha introducido en el Senado es fruto de una iniciativa conjunta y de una transacción entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Así, recordemos que mi grupo había presentado una enmienda que proponía la exención del impuesto especial de matriculación para aquellos automóviles con más de cinco plazas y que fueran comprados por familias numerosas.
Finalmente, el texto legal ha quedado configurado de tal forma que no existe exención, sino que existe una reducción del 50 por ciento de la base imponible para este impuesto especial para las familias numerosas que compren estos vehículos. Por tanto, hemos pasado de una exención a una reducción de base, pero que afecta a un número de familias mucho más amplio, pues son las que compran vehículos de cinco plazas y no de seis plazas. Valoramos positivamente, por tanto, este cambio introducido.
También vemos de manera positiva las modificaciones a la Ley de haciendas locales, fundamentalmente la introducción de bonificaciones en el artículo 74 para aquellos municipios con más de 750.000 unidades urbanas, la creación de las escalas de organismos públicos de investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las modificaciones de la Ley de asistenciajurídica al Estado e instituciones públicas.


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Existe un precepto sobre el que querría hacer una reflexión, aunque es fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que ha sido introducida en el trámite del Senado al artículo 65 bis de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Querría hacer una matización por el siguiente motivo. Este precepto, en la redacción que fue aprobada por el Senado, intenta una conciliación entre los legítimos intereses empresariales y la salvaguarda del patrimonio histórico español.
Todos sabemos que existe un derecho de tanteo y retracto cuando se produce la transmisión de un elemento del patrimonio histórico español; en este caso, el Estado puede ejercer este derecho de tanteo y retracto para adquirir este elemento del patrimonio histórico español del que se desprende un particular. Esta voluntad de exposición, específica e individualizada, no se produce en los procesos de fusión, de reorganización empresarial. Vienen interpretando ya muchos juristas que este derecho de tanteo y retracto no debe aplicarse cuando no hay una disposición específica sino una reordenación empresarial, que afecta por tanto al concepto de subvención universal. Ahora bien, entendemos que el espíritu de esta enmienda no cuadra perfectamente con la letra recogida en el artículo 65 bis, porque entendemos que, tal como está redactada la enmienda, de no interpretarse adecuadamente, podría suponer un riesgo para aquellos elementos del patrimonio histórico español que son fácilmente deslocalizables, como cuadros, etcétera. Por ello, entendemos que el espíritu de la enmienda es perfectamente válido, pero debe establecerse una corrección técnica al concreto redactado de este artículo 65 bis.
Pasando a otro punto, también vemos positivamente la garantía establecida en el artículo 69 bis para el mantenimiento de los requisitos accionariales de las compañías aéreas españolas titulares de una licencia de explotación. Lógicamente, también valoramos de manera positiva la mejora introducida en la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Es positivo establecer el procedimiento que debe seguirse cuando, en virtud de sentencia judicial, se reconoce una indemnización a una víctima del terrorismo superior a la que resulta de una resolución que se adopta al amparo de esta ley. Por tanto, celebramos esta innovación producida en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Asimismo, como no puede ser de otra manera porque nosotros presentamos una iniciativa específica en este sentido, entendemos que es bueno para el clima social y también para una adecuada toma de decisiones que se haya ampliado en casi dos años, concretamente hasta el 16 de noviembre del año 2002, el plazo para exteriorizar los compromisos por pensiones para las empresas españolas. El tema arranca, como todos sabemos, de la Ley 30/1995, de ordenación del seguro privado, norma en la que se toma una decisión muy acertada para los intereses de los trabajadores españoles, a juicio de mi grupo parlamentario, como es que las obligaciones, los compromisos por pensiones, por tanto los pagos futuros que deben recibir los trabajadores españoles a cargo de las empresas en las que han venido prestando sus servicios, estén exteriorizados, por cuanto esto supone una garantía de solvencia en el cumplimiento de estas obligaciones de pago cuando se devenguen las oportunas pensiones. Lo cierto es que en esa ley se estableció un plazo de tres años, aunque finalmente ha sido positivo y bueno ampliarlo por cuanto el desarrollo reglamentario no se produjo hasta diciembre de 1999, por lo que el plazo de tres años existió en la letra de la ley, pero no fue efectivo dado que el desarrollo reglamentario no se produjo hasta el año pasado.En lógica relación con este cambio producido, también vemos positiva la disposición adicional trigesimoquinta, por cuanto entiende que, por el hecho de exteriorizar un fondo interno, no debe perderse la antigüedad que supone reducciones en la tributación del IRPF por parte del trabajador que en un futuro percibirá la oportuna pensión. Valoramos también positivamente la prórroga del programa de fomento del empleo, iniciativa que nosotros presentamos en el Senado.
Con relación a las modificaciones producidas respecto de las tarifas de autopistas, tenemos que señalar que, a juicio de nuestros servicios técnicos, la formulación que se establece en los artículos 63 bis y ter no garantiza que esto suponga una rebaja de las tarifas para los usuarios de las autopistas. Por este motivo, mi grupo parlamentario va a abstenerse respecto de estos preceptos, en el bien entendido de que, si fuese indudable que el efecto de esta modificación es una rebaja en las tarifas que deben satisfacer los usuarios de las autopistas, mi grupo parlamentario votaría a favor de estas modificaciones.


La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, le ruego que concluya, por cuanto me indican que hay otro diputado de su grupo que quiere intervenir, y el tiempo está ya prácticamente agotado.


El señor PADROL I MUNTÉ: Acabo brevísimamente.


También entendemos positiva la deducción de 120.000 pesetas para la sustitución de vehículos que utilizan todavía gasolina con plomo por otros que utilicen gasolina sin plomo, y por tanto con catalizador.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra consciente de que reglamentariamentedispongo de muy poco tiempo, pero no quiero

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dejar pasar la ocasión para poner en conocimiento de SS.SS. que dentro de pocos momentos, con toda seguridad, se aprobarán en este Pleno algunas modificaciones de la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que van en contra una vez más de los intereses de los agricultores y de los ganaderos del Estado español. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 5.1 Uno bis de las modificaciones que se han hecho en el Senado. No voy a hacer una defensa de nuestro posicionamiento por lo que hace referencia a la necesidad de que las ayudas del Feoga, las ayudas a la renta que da la Unión Europea a los diferentes sectores, lleguen a los mismos en toda su integridad, porque eso es obvio. No es de recibo que la política fiscal española esté en absoluta contradicción con la política agraria comunitaria, y especialmente con la Agenda 2000.
Sobre todo es inconcebible que en un país normalizado, como ha denunciado en repetidas ocasiones la Asociación europea de deshidratadores de forrajes, el Gobierno de facto disminuya en un 16 por ciento la ayuda comunitaria a unos sectores absolutamente necesitados, en contra de la filosofía de la propia política agraria comunitaria. Para que quede constancia, el único país europeo que aplica el IVA a los forrajes deshidratados es Francia, pero coherente con el espíritu de la PAC, neutraliza sus efectos negativos con aportación de fondos propios por un montante equivalente, a fin de que al receptor final le llegue el cien por cien de la ayuda. En el Estado español eso no va a suceder, y el gran regalo de esta Navidad es que el año que viene las ayudas al sector se verán disminuidas en un 16 por ciento, que se embolsará el Estado. Por lo que se refiere a los conceptos sobre sistemas de tributación de forrajes, no voy a profundizar, porque sería la enésima vez que lo hago en esta Cámara.
De hecho, España volverá a marcar la diferencia -eso sí, en negativo- con los otros países productores de dichas ayudas.
Como no hay posibilidad de réplica, quiero dejar claro que nunca ha habido en el Estado español una voluntad de encontrar una solución al respecto. Si la hubiese habido, hubiera aprovechado la enmienda que estamos debatiendo y hubiera añadido un segundo párrafo en el que obligase, al igual que Francia, a presupuestar una cantidad tal de fondos propios que neutralizara los efectos negativos del IVA y a que no se usara esa estrategia como método de rebajar los ingresos del sector. De hecho, esa modificación que estamos debatiendo anula la enmienda que defendí en la Ley de acompañamiento a los presupuestos del año 1997, que obtuvo aquí, en el Congreso, el voto favorable del conjunto de la Cámara. Si era buena en aquel momento, no entiendo que no lo sea ahora, si la normativa comunitaria no ha cambiado.
Señoras y señores diputados, ustedes saben que siempre llueve sobre mojado. La Asociación nacional de productores de carne se manifestó hace unos días por la situación en la que se encuentran, exigiendo que se pongan en marcha ayudas para salvar la actual situación. El sector vacuno está soportando en este momento una caída de precios que ronda el 50 por ciento. Una de las medidas que ha tomado el Gobierno es la supresión de las harinas de origen animal en la alimentación del ganado vacuno. Una de las líneas de prioridad del ministro de Agricultura es el fomento de las leguminosas como elemento sustitutivo de las harinas animales. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿cuál es la reacción del Gobierno? Presentar una enmienda en el Senado en la que se logra encarecer un 16 por ciento los costes de las leguminosas forrajeras, que han de convertirse en la base de la alimentación de los rumiantes. No hay que ser docto en la materia para observar que una situación de desplome de los precios, el incremento de costos que conlleva la situación de que las harinas de origen animal se sustituyan por otras de origen vegetal y encima el encarecimiento de las que produce España es una mala política que va a favorecer la entrada de soja, que seguramente será transgénica y nos llegará de Estados Unidos. Por tanto, estamos frente a una grave incongruencia, máxime teniendo en cuenta que el texto que se va a producir hoy se apoya sobre una enmienda que presentó nuestro grupo parlamentario a la Ley de acompañamiento de 1997, como dije antes, que defendí personalmente y que, en su momento, logró el apoyo de todas las fuerzas de esta Cámara. Repito, es una mala noticia, pero la peor noticia es la constatación de que sea el Ministerio de Hacienda quien dirija las políticas sectoriales en el Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, los argumentos de crítica que desde esta tribuna expuse el pasado 16 de noviembre, con objeto de la discusión en esta Cámara de la Ley de acompañamiento, adquieren hoy mayor fuerza, ya que los fundamentos sobre los que se apoyaba entonces su justificación son hoy, tras el debate en el Senado, mucho más rotundos.
Nuestro grupo viene denunciando desde 1996 el uso inadecuado que hace el Gobierno del Partido Popular de la Ley de acompañamiento, y si esta afirmación ya estaba ampliamente corroborada con las leyes sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social precedentes, la actual sobrepasa con mucho las ambiciones reguladoras de las ya discutidas anteriormente, alejándose el Gobierno de forma progresiva de lo que nuestro ordenamiento prevé con relación a esta ley. Nosólo nos vemos sometidos a una discusión precipitada

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de un amplio abanico de medidas dispares que, como ya denunciábamos en la anterior sesión, vulneran el principio de seguridad jurídica, sino que, además, por iniciativa propia o porque el Grupo Popular se transforma en un simple apéndice de la Administración, ha introducido en ambas Cámaras tantas modificaciones a través de sus enmiendas como cambios normativos incorporaba originalmente el proyecto de ley, de tal modo que la ley de acompañamiento se ha transformado en una ley de contenido indeterminado, impredecible, que opera sobre la totalidad del ordenamiento jurídico. No quiero poner en duda que todos compartimos los mismos sentimientos y conducta democrática, pero a nuestro grupo le produce una cierta intranquilidad que la forma de trabajar en política del Grupo Popular y del Gobierno acabe constituyendo una degradación progresiva de la función de este Parlamento. Nos preocupa enormemente volver a tener que decir desde esta tribuna que la Ley de acompañamiento es una ley que infringe el sistema de nuestro ordenamiento por vulneración de los principios democráticos de pluralismo político y de separación de poderes.
Señorías, el Senado nos remite el proyecto de ley con más de 60 nuevas enmiendas que afectan a 45 normas de rango legal, no siendo, además, una gran parte de ellas complementarias y, por tanto, justificadas por la ley de presupuestos de 2001. Esta ley omnibus, ya que todo cabe en ella, modifica tributos, algunos en un sentido muy desfavorable para determinados colectivos. Me voy a referir a dos situaciones. En primer lugar, a la situación incomprensible que respecto al IVA da en su enmienda en el Senado a las subvenciones al Feoga. Ya en la pasada legislatura, y por la vía también de la Ley de acompañamiento, el Grupo Popular intentó que las ayudas al Feoga pagaran IVA. Al no contar en la pasada legislatura con mayoría absoluta, ustedes no pudieron introducir esta enmienda. Ahora la vuelven a presentar enmascarada en ayudas a empresas funerarias.
Además, ustedes están tratando respecto a este tema de forma desigual situaciones iguales en cuanto a los orígenes de los fondos que reciben. En la Ley de acompañamiento, aquí en el Congreso, se aprobó que las subvenciones a determinadas instituciones no contabilizaran en el prorrateo para el pago del IVA. ¿Por qué sí a esas instituciones, y por qué, en cambio, las ayudas del Feoga tienen que tributar por el IVA? Además, los afectados se han dirigido al Ministerio de Agricultura, que les ha enviado al Ministerio de Hacienda, y en el Ministerio de Hacienda han contestado que no saben cómo va a aplicarse ni qué efectos va a tener. (La señora Cunillera i Mestres: Sí que lo saben, pero no lo dicen.)

La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, le ruego que no intervenga en el debate.
La señora COSTACAMPI: Nadie, al menos oficialmente, ha sido capaz de dar una explicación verbal o escrita sobre las repercusiones de esta enmienda, que afecta de forma destacada a Cataluña y Aragón, y el Partido Socialista quiere defender los intereses legítimos de estos colectivos y denuncia al Gobierno en su política, que presiona más todavía hacia la baja las rentas agrarias. Además, aprovechando que está el señor ministro en el hemiciclo, usted sabe, señor ministro, tan bien como yo, que recurrir al IVA para las subvenciones al Feoga es inflacionista porque además afecta al grupo de productos más sensibles al incremento de precios al consumo. Es una arbitrariedad.
Otra arbitrariedad en el tema tributario es la del caso canario, porque no existe ninguna explicación que justifique el aumento en la fiscalidad de los productos de primera necesidad, la única, señorías, es incrementar la recaudación de los ingresos financieros propios.
¿Por qué?, para acometer la mala gestión, el déficit creado por el Gobierno de dicha comunidad autónoma.
Las enmiendas presentadas en el Senado siguen la filosofía de la Ley de acompañamiento, van cambiando todo nuestro ordenamiento en todos sus campos, porque también cambia el Estatuto de los Trabajadores, sin que haya habido ningún debate previo con las partes afectadas ni ningún debate aquí en este hemiciclo. Y, para abundar en la dispersión, se crean nuevas escalas en la carrera investigadora sin ningún debate real sobre la carrera científica, las enmiendas presentadas y aprobadas en el Senado alteran los programas de investigación, suprimiendo en la práctica los programas sectoriales de I+D, lo que supone reducir el ya escaso marco de posibilidades para acogerse a ayudas a la investigación. Señores del Partido Popular -lo sé bien por mi vida profesional anterior-, integrar los programas sectoriales de I+D en los programas nacionales implica marginar la investigación más especializada. Quien ha decidido esto no ha estado nunca acogido a un programa de la Cicyt, a un programa de I+D. Además, según las enmiendas, la incorporación de miembros procedentes de empresas privadas en la gestión de los programas de investigación, sin ninguna regulación de mínimos en su nivel de calidad científica, crea incertidumbres y, por tanto, un riesgo que no puede permitirse el mundo de la ciencia.
Para participar en la gestión de los programas nacionales de I+D desde el mundo de la investigación, los catedráticos de universidad o los miembros del Consejo de Investigaciones Científicas hemos de reunir, lo digo porque me encuentro en ese colectivo, una serie de requisitos, de reconocimiento de capacidad investigadora, está exigido, reglado y nunca ha habido nadie que no cumpliera esos requisitos. ¿Cómo se va a regular a partir de ahora?, ¿cómo se va aplicar esta enmienda en la que cabe todo? La actual enmienda abre la puerta a la aleatoriedad, debilita el rigor en el control de los proyectos y facilita que personas poco capaces

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puedan juzgar proyectos dirigidos por científicos de alto nivel.El Grupo Popular ha introducido también enmiendas en el Senado en este campo, contabilizando los fondos europeos como recursos para la investigación. Esto no cambia nada, sólo les va a permitir decir en el próximo año presupuestario que han aumentado los recursos a la investigación, cuando simplemente lo que se ha hecho es cambiar una partida.
Las enmiendas que hoy discutimos dan pasos de gigante hacia la privatización de los servicios públicos básicos, como es el caso de Correos y Telégrafos y, si no, al tiempo, y el «Diario de Sesiones» de hoy nos servirá para recordarles en el futuro esta denuncia que hoy hacemos. El servicio público de Correos y Telégrafos constituye un bien esencial para la sociedad española, facilita el desarrollo de la cohesión social y, sin ningún tipo de discriminación, permite acceder a la comunicación a toda la población y a todas las empresas y, por tanto, contribuye a la vertebración del territorio del Estado español. La Ley 24/1998, de 13 de julio, sólo lleva dos años en funcionamiento, pero han sido dos años positivos. Ha permitido una mejor prestación de los servicios en régimen de competencia, de ahí que las modificaciones que se introducen a través de las enmiendas del Senado, y que también proceden del proyecto de ley, nos parezcan inoportunas y rechazables. Señorías, se está afectando, a través del contenido del proyecto de ley y de las enmiendas, el principio del servicio universal. Esta diputada, que acostumbra a documentarse bastante antes de una intervención, les aconseja a los señores diputados del Grupo Popular que lean la Reda, la revista de derecho administrativo, y otras publicaciones próximas en esta área temática, porque juristas eminentes, que tienen mi máximo respeto y que son personas muy próximas al Grupo Popular, están publicando artículos en los que se preguntan hacia dónde va el servicio público, hacia dónde va el servicio universal, y muestran su enorme inquietud.
Me pesa, por mis profundas convicciones en nuestras obligaciones representativas y democráticas -que estoy segura que todos los que ocupamos aquí un escaño compartimos-, tener que denunciar que se da satisfacción en algunas enmiendas a intereses privados muy concretos, como es el caso de las compañías de seguros, ante las cuales ustedes se han doblegado y modifican la legislación vigente, a fin de excluir de su cobertura los daños que pueden ocasionar delitos dolosos contra las personas y los bienes. En otras palabras y para que nos entendamos todos: si un ciudadano tiene la desgracia de sufrir un percance por un piloto suicida, con su enmienda, señores del Grupo Popular, queda totalmente desprotegido. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad, qué escándalo!-El señor Griñán Martínez: ¡Qué vergüenza!) Y como el deber de la oposición es controlar al Gobierno, nos preguntamos si ustedes están apoyando indirectamente una nueva prima por estos nuevos servicios que pueden empezar a ofrecer a partir de ahora las compañías de seguros. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Lamentablemente, no es esta la única enmienda con dedicatoria particular. Nuestra perplejidad ha sido mayúscula con la enmienda que da lugar al artículo 65.bis nuevo. Señores del Grupo Popular, han votado, como figura en el «Diario de Sesiones» del Senado, en contra de los intereses del Estado español, en contra de los intereses del patrimonio histórico español. (Aplausos.) ¿Por qué ofrecen a las empresas que realizan una fusión que puedan deslocalizar su patrimonio pictórico? (El señor Griñán Martínez: ¡Qué barbaridad!) Si Telefónica se fusiona con British Telecom, ¿puede llevarse todo su patrimonio pictórico a otro país? (Protestas.-El señor Griñán Martínez: Así lo habéis votado.) Ustedes no saben lo que han votado.
(Rumores.) Nuestra oposición a sus enmiendas o a buena parte de ellas...


La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio y permitan que continúe la intervención.


La señora COSTACAMPI: Nuestra oposición a sus enmiendas o a buena parte de ellas, podría alargarse haciendo referencia a su pertinaz interés por restar protagonismo a las agencias independientes en beneficio del Gobierno. Si no es así, ya nos dirán por qué una enmienda del Senado hace que el Gobierno decida a quién se conceden las redes de servicios de telecomunicaciones sin dejar ningún margen de maniobra ni de presentación de informe o dictamen a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. (El señor Bel i Queralt: ¡Para intervenir más!)

La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor. Ha sobrepasado con exceso el tiempo, como usted bien sabe.


La señora COSTA CAMPI: Señorías, no es creíble su defensa verbal de la competencia en los mercados, o al menos debo decirles que su pensamiento queda secuestrado cuando aparece en versión escrita. Si la anterior enmienda a que he hecho referencia ya apuntaba hacia su tendencia a reducir el papel de las agencias independientes, la denominada acción administrativa en materia de navegación aérea, artículo 69 bis (nuevo), resulta una vez más sorprendente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha venido demandando de forma reiterada la necesidad de una nueva ley de aviación civil que regule todos los aspectos relativos al transporte aéreo, navegación aérea, gestión aeroportuaria y espacio aéreo, habida cuenta que la normativa actual se opone a la comunitaria. Señorías, a pesar de la irregular situación de nuestro marco legal en relación con esta cuestión, el Gobierno no sólo no ha abordado

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su puesta al día, sino que a través de la enmienda que hoy discutimos, ha sido aprobada una norma que está en contra del marco jurídico comunitario, y limita los derechos societarios a los accionistas de las sociedades mercantiles titulares de las compañías aéreas. Pretende diferenciar a los accionistas -vayan al texto- según su nacionalidad, e invoca de forma desacertada a contenidos del articulado de los convenios bilaterales del Reino de España con terceros países, sin tener en cuenta el principio de múltiple designación o de la quinta libertad, violentando además el último acuerdo de la cumbre de Niza, en la que el Gobierno levantó su veto respecto al estatuto de la sociedad europea.


La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor.


La señora COSTA CAMPI: Voy concluyendo.


La señora PRESIDENTA: No que vaya concluyendo; le ruego que concluya en un minuto, señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: En suma, el concepto y el contenido del artículo que se pretende aprobar son una maraña jurídica para justificar la intervención gubernamental en compañías aéreas sin tener que disponer de una acción de oro. No obstante, señorías, a diferencia de épocas pasadas y a pesar también de las críticas expuestas a una gran parte de sus enmiendas, por responsabilidad política esta oposición acepta algunas enmiendas -las menos- de las que ustedes han presentado. A diferencia de lo que ocurría con la oposición durante el Gobierno del Partido Socialista, la oposición en el Parlamento entiende que hay que aceptar enmiendas cuando las mismas mejoran la gestión de la Administración del Estado.
Nada más. (Prolongados aplausos.-Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué barbaridad! Otro señor diputado: Qué bien aplaudimos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, vamos a aprobar esta mañana la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, una ley a la que se han incorporado 140 enmiendas en el trámite parlamentario, 140 enmiendas que han sido 140 aportaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado.
Evidentemente, se han incorporado enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, pero también se han incorporado muchas enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), del Grupo de Coalición Canaria; se ha aprobado una enmienda del Grupo Vasco (PNV); se ha aprobado alguna enmienda del Bloque Nacionalista Gallego; se han aprobado enmiendas del Grupo Socialista, de Entesa Catalana de Progrés y se han aprobado enmiendas de Izquierda Unida. Es decir, se han aprobado enmiendas de casi todos los grupos, cuando se trae una norma a esta Cámara, mi grupo parlamentario quiere estudiarla en profundidad y buscar el mayor consenso posible, aceptando aquellas propuestas que nos parecen positivas.
Esta mañana se ha puesto de manifiesto por parte de dos portavoces que se han modificado muchas leyes. Señorías, estamos ante el primer presupuesto después de unas elecciones generales; este presupuesto es el primero que gestiona el nuevo Gobierno del Partido Popular. Alo largo de la legislatura pasada hicimos el esfuerzo de transformación de España para convertirla en un país moderno, en un país competitivo, en un país más justo, en un país más solidario, y los ciudadanos nos dieron su apoyo en las últimas elecciones. (Aplausos.) Ahora tenemos nuevas ambiciones para este país. Tenemos ambiciones de convertir a España en un país con pleno empleo, tenemos ambiciones de convertir este país en un país más moderno, en un país que sea líder en la Europa del siglo XXI; tenemos ambiciones de seguir transformando España porque el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular está comprometido con una España moderna, competitiva, de progreso y de pleno empleo; con una España más justa.
(Aplausos.- Rumores.) Por eso traemos una ley que produce modificaciones para dar ese nuevo impulso después de las elecciones.
Lo que hace esta ley es plasmar algunos de los puntos que contenía nuestro programa electoral para la transformación de España, como hicimos en los Reales Decretos-leyes de junio.
La oposición nos dice por una parte que no tenemos impulso político, y por otra señalan que estamos transformando mucho España. Aclárense, señorías, porque esas afirmaciones son contradictorias. Estamos dando un impulso para la transformación de España, estamos dando un impulso para que España siga creciendo con esta ley, para que España siga creando empleo, para que haya más políticas de oferta, para que haya más políticas de solidaridad. (Una señora diputada: ¡Hala!) Permítanme les diga que esta ley tiene algunos ejes esenciales. En primer lugar, continuar avanzando en la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías porque queremos ganar el futuro y hay nuevas medidas fiscales para la adquisición de bienes intensivos en nuevas tecnologías; fomenta la renovación del parque automovilístico. Otro eje importante de esta ley es la mejora del bienestar de todos los españoles. Hay muchas medidas para dar nuevo impulso al bienestar de los españoles. Por ejemplo hay medidas para ampliar la exención por modificaciones y subrogaciones de hipoteca, para mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita y para apoyar la utilización de energías alternativas. Otros ejes importantes son el incremento de la eficiencia de la Administración; la creación de

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empleo y mejora de las condiciones laborales y la mejora de la competencia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que hay que seguir en el proceso de transformación de España; el Grupo Parlamentario Popular piensa que esta ley, que desde luego no fue un invento de mi grupo parlamentario sino un invento del Grupo Socialista, es un buen instrumento. Es un buen instrumento para cuando un Gobierno asume la responsabilidad, dar el empujón porque se tienen nuevas ambiciones.
No conozco la posición del Grupo Socialista. Estamos finalizando un período de sesiones y sinceramente les pediría que en el siguiente vinieran con una única voz y habláramos siempre de lo mismo (Rumores.), porque unas veces nos dicen unas cosas y otras todo lo contrario, dependiendo del portavoz que suba a esta tribuna o del lugar geográfico en que hable. A nosotros nos gustaría tener un único interlocutor por el bien de España. El Grupo Parlamentario Popular desde luego tiene una única voz en todos los temas y opinamos lo mismo sobre el Plan hidrológico en cualquier sitio, opinamos lo mismo sobre financiación autonómica, opinamos lo mismo sobre lo que debe ser la cohesión de España, no encontrándonos con esa misma receptividad en el Partido Socialista. (Aplausos.) Ustedes se transforman en un blanco móvil y diverso, con lo cual es muy difícil avanzar, señorías.
Aquí se ha hablado de algunas cosas que a mí me gustaría matizar, porque si no parece que uno se sube a la tribuna, dice cualquier cosa y todo está bien. (Rumores.) La portavoz de Izquierda Unida ha dicho como gran argumento para criticar esta ley que nosotros vamos a fusionar a los notarios y a los corredores. Señoría, por la ley del año pasado los notarios y los corredores ya son un cuerpo fusionado; en esta ley no se habla para nada de una fusión que ya se ha producido, señoría. La portavoz del Grupo Socialista nos dice que hemos cambiado la Ley del Seguro y que estamos protegiendo los intereses de alguien. (Un señor diputado: ¡Lee el artículo!) Señoría, el Consejo de Estado, en el que están representados todos los agentes sociales, nos pidió esa modificación en su informe. Lo que usted ha dicho en la tribuna lo ha recogido de algún medio de comunicación y yo le pediría que se leyera las leyes y no los periódicos, porque así avanzaríamos en los debates parlamentarios. (Aplausos.-Rumores.) Si usted nos dice aquí lo que ha leído en un medio de comunicación, equivoca a los ciudadanos. Con esa modificación, señoría, simplemente se dice que el seguro no ofrece cobertura cuando el automóvil, el vehículo se utiliza como instrumento del delito, cuando un señor coge su vehículo y rompe un escaparate. ¿Qué sentido tiene que lo cubra el seguro cuando lo rompe con el Land Rover y no cuando lo hace a mazazos? (Laseñora Fernández de la Vega Sanz pronuncia palabras que no se perciben.) La modificación que hemos hecho se refiere claramente a cualquier acción de conducción que vaya contra el Código de seguridad vial, aunque sean acciones como las de los conductores suicidas, llamados entre comillas kamikazes. En cualquier acción, aunque sea contra el Código de seguridad vial, el seguro cubre; únicamente deja de cubrir cuando se utiliza el vehículo como instrumento delictivo, como si fuera un martillo para romper el escaparate. Señorías, no confundan a los ciudadanos; yo les pediría que leyeran las leyes con profundidad.
Aquí se ha hablado de las subvenciones a los agricultores y también se ha querido establecer alguna confusión en la opinión pública. En este Parlamento establecimos una modificación para sacar las subvenciones del Feoga de la base imponible e inmediatamente las subvenciones fueron a la prorrata del IVA, y perdonen el tecnicismo.
Posteriormente, en este Parlamento se aprobó otra modificación sacando la prorrata del IVA. Eso ha hecho que no estén en la prorrata ni en la base, con lo cual señorías -y apréndanlo, porque si no es muy difícil tener debates serios-, lo que ha sucedido es que Bruselas nos ha abierto un expediente (Rumores.). Lo que hacemos con esta modificación es darle solución. Señorías, esas subvenciones van a entrar en la base del IVA, pero no van a suponer un menor ingreso para los agricultores ni un recorte de las subvenciones; simplemente va a repercutir el IVA sobre mayor cantidad, pero ni para los agricultores ni para los que compran el forraje va a suponer ningún efecto negativo, es neutro, señorías, no hay ningún problema, y así hay que entenderlo si uno lee bien el artículo.
Señorías, nosotros vamos a apoyar esta ley, pero vamos a votar en contra de dos modificaciones, la primera la del artículo 65 bis, a la que ya se ha referido el portavoz de Convergència i Unió. Esa enmienda, que procede de otra de Convergència i Unió en el Senado y que nosotros entendemos que en su espíritu es positiva (se refiere a cuando se produce una fusión, una escisión, algo de lo que está en el título del impuesto sobre sociedades no produzca derecho de tanteo y de retracto para las administraciones públicas, y así lo entienden ya algunos juristas), hemos entendido que era bueno, pero produce una distorsión que nos gustaría corregir en el futuro, y es que puede provocar una deslocalización de bienes del patrimonio histórico- artístico, sobre todo cuando son bienes muebles (Rumores.). Por eso lo vamos a corregir, porque queremos el bien de los españoles.
(Rumores.-Aplausos.) Aquí no estamos para ganar votaciones, sino para construir España, señorías (Continúan los aplausos.), y cuando una cosa no nos parece bien lo decimos.
Vamos a votar que no a un inciso que también se le ha pasado...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez- Pujalte.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan continuarcon el debate, al objeto de que a las doce menos

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cinco se pueda suspender la sesión para celebrar la concentración en la puerta, tal como esta Presidencia ha anunciado a las nueve de la mañana.
Le ruego que concluya brevemente, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: También vamos a votar en contra de un inciso que hay en el artículo 7.3, que modifica el artículo 66.4 de la ley, donde decimos que tengan derecho a la exención del 50 por ciento del impuesto sobre matriculación aquellas familias numerosas que se compren un todoterreno. En el Congreso aprobamos una medida para las familias numerosas, dentro de la política de apoyo a las familias que tiene mi grupo parlamentario. En el Senado se modificó introduciendo un 50 por ciento para todos los coches de cinco y seis plazas y hoy vamos a eliminar la exceptuación que tenían los todoterreno, porque nos parece que también puede ser un elemento de uso por las familias.
Señorías, concluyo diciendo que aprobamos una ley que va en el camino de dar cumplimiento a las ambiciones que tenía el Grupo Parlamentario Popular y dar cumplimiento a nuestro programa electoral. Aprobamos una ley que profundiza en el pleno empleo, profundiza en la modernización de España (Rumores.), profundiza en la competitividad de nuestro país y va a contribuir a lograr una España más justa, más solidaria y más líder en el siglo XXI. Por eso la vamos a aprobar.
(Aplausos.-Rumores y protestas.-Una señora diputada: Una España grande y libre.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La señora Costa Campi pide la palabra.) Señora Costa, ¿a efectos de qué artículo pide la palabra?

La señora COSTA CAMPI: Artículo 72.2.


La señora PRESIDENTA: ¿Quiere acercar a la Presidencia el documento que quiere que se lea? Mejor dicho, a la Secretaría, pero en cualquier caso a la Mesa.


La señora COSTACAMPI: Artículo 59 bis (nuevo), de la Ley de acompañamiento que estamos discutiendo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


El señor SECRETARIO (Mato Adrover): Señora presidenta. «Artículo 59 bis (Nuevo). Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, y modificado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. »Se modifica el apartado 4, del artículo 1, del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, en los siguientes términos: »4.
Reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación a los efectos de la presente Ley. En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes.» (Rumores y protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: Instrumento.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato. ¡Señor Martínez- Pujalte! Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará inmediatamente después de la concentración a las doce, e iniciaremos inmediatamente la votación de las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, es por una cuestión de la que hemos hablado los portavoces. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MARDONES SEVILLA: Los servicios de la Cámara, que han hecho un extraordinario trabajo de adecuación, han observado que en el texto de las enmiendas que vienen del Senado, hay tres cuestiones de corrección de estilo o de adecuación de nombres. Entre ellas, el texto del Senado habla del Instituto Tecnológico Geominero de España, institución que ya no existe con esta terminología, sino que la denominación actual es Instituto Geológico y Minero de España.
Igualmente, se hace referencia a un artículo 37 bis (nuevo), desde el cuarto párrafo, que establece las infracciones graves con multa.
Parece que faltan algunas palabras que anulan la sintaxis castellana y los servicios de la Cámara pretenden adecuar este texto con la siguiente frase: Las infracciones graves se sancionarán con multa.
Finalmente, y este diputado lo dice con pleno respeto para no merecer el dardo en la palabra del académico señor Lázaro Carreter, se emplea en el preámbulo la frase: Asimismo se habilita a la potestad reglamentaria.Es metafísicamente imposible dar potestades reglamentarias

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a las facultades; potestades reglamentarias y habilitaciones, en el derecho español, solamente se pueden conceder a las personas físicas o jurídicas, en este caso se reclama para una institución como el Gobierno. Quiero agradecer a los servicios de la Cámara que nos hayan permitido con esta frase pulir la sintaxis castellana. Esta era la cuestión que queríamos plantear aquí para que se introduzca sin necesidad de votación en el texto del proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2001.
En primer lugar, enmiendas al artículo 20 bis (nuevo) a la disposición adicional trigesimosexta (nueva) y disposición transitoria novena (nueva) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 202; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Votamos, a continuación, las enmiendas a la exposición de motivos; artículos 2 (apartados seis, nueve, diez y once) 30 bis (nuevo); 47 bis (nuevo); disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera (nueva), vigesimoseptima (nueva), vigesimoctava (nueva), trigesimoséptima (nueva), trigesimonovena (nueva) y disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 196; en contra, 111; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas y al artículo 59 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 190; en contra, 124.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas al artículo 63 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 283; en contra, 15; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 63 ter (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 177; en contra, 121; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 65 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, dos; en contra, 300; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda al artículo 7.tres, modificación del artículo 66.4, de la Ley 38/1992, inciso que dice lo siguiente: distintos de los vehículos tipo jeep o todoterreno.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 110; en contra, 188; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmiendas al resto del artículo 7. tres.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 292; en contra, siete; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 8, apartado 18, 21 bis y 23 a) b) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 189; en contra, 123; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Resto de enmiendas al artículo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 195; en contra, 112; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.


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Enmiendas a los artículos 29 bis, 29 ter, 37 bis, 49 apartado uno.1 y 69 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 189; en contra, 120; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Resto de enmiendas al artículo 49.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 196; en contra, 113; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 38.5; 46 bis, 67 bis y 68 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 189; en contra, 13; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 21. 2 (nuevo), 43 bis (nuevo), 49 bis (nuevo) y disposiciones adicionales tercera, quinta y trigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 295; en contra, siete; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 41 y 66 y disposiciones adicionales vigesimonovena, trigesimoprimera y trigesimocuarta (nuevas) y disposición transitoria octava (nueva) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 189; en contra, 119; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas al artículo 5 (nuevo) apartado uno bis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, a favor, 177; en contra, 135; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas a la disposición transitoria sexta (nueva) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 177; en contra, 125; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Por último, resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000003)

La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el grupo Mixto, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el último trámite y en la fijación de posición respecto de las enmiendas del Senado en el proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia. Me gustaría señalar como reflexión general lo que dijimos en su momento, que en principio este proyecto de ley, que se nos presentó como un plan de choque, desde nuestro punto de vista no solventaba ni mucho menos los graves problemas que tiene la Administración de justicia, entre los cuales se encuentra como elemento clave la lentitud de la misma. Seguimos creyéndolo así y lo que nos ha sorprendido a lo largo de estos meses que ha durado la tramitación de este proyecto de ley es que no se haya presentado por parte del Gobierno ningún elemento o aspecto sustantivo en relación a ese pacto de Estado de la justicia.
Esta es una de las cuestiones más

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importantes para esta legislatura, uno de los temas en los cuales esta Cámara, en muchas ocasiones pero singularmente en una resolución, ha señalado claramente cuáles eran los elementos sobre los que teníamos que avanzar para llegar a ese pacto de Estado.
Asimismo, las comunidades autónomas, al menos las que tienen transferida la gestión de la Administración de justicia, también se han puesto de acuerdo sobre cuáles deben ser los elementos clave para avanzar en ese pacto de Estado. Por eso, si era importante lo que decíamos en un primer momento de la tramitación de este proyecto, creemos que ahora lo es todavía más. Seguimos esperando que el Gobierno, en el ámbito de su responsabilidad, presente un documento inicial que permita que negocien todos los agentes intervinientes, todas las administraciones responsables y esta Cámara sobre ese gran pacto de Estado de la justicia, pero al día de hoy no hay ningún documento que establezca las bases, las prioridades, los tiempos, los calendarios ni las dotaciones presupuestarias suficientes para llevarlo a cabo.
En relación con las enmiendas del Senado propiamente dichas, en su momento presentamos tres, dos de las cuales fueron admitidas en el trámite del Congreso, y aunque no tengamos representación en el Senado, nos congratulamos de que se nos haya admitido allí la última que habíamos defendido en esta Cámara. Ya se nos dijo que quedaba para el Senado la posible admisión de esta cuestión, que creíamos importante y seguimos manteniendo esa perspectiva. Por tanto, votaremos a favor de estas enmiendas. No voy a señalar por qué pedíamos que no hubiera ese cuerpo, llamado nacional, de psicólogos y educadores, trabajadores sociales forenses, en relación a los menores, pero creemos que es un avance sustancial; de no ser así, se habrían vulnerado los decretos de traspaso de competencias a las comunidades autónomas y en definitiva no habría sido acorde con la normativa existente.
Quiero explicar nuestra posición sobre otra enmienda del Senado en relación con dilatar la aplicación de la Ley del menor 5/2000 en lo que se refiere a la franja de las personas de dieciocho a veintiún años. En la Comisión votamos en contra porque entendíamos que la Ley del menor, que entrará en vigor el próximo 13 de enero si no recuerdo mal, tenía que hacerlo en todos sus aspectos. En este caso y a lo largo de toda esta tramitación, hemos sido coherentes con la posición que ha mantenido el consejero de Justicia del Gobierno vasco, miembro de Eusko Alkartasuna, de solidaridad hacia aquellas comunidades autónomas que como consecuencia de la falta de transferencia de recursos y de financiación por el Gobierno central, se encuentran con problemas para poner en marcha la ley en esta franja de personas de dieciocho a veintiún años. La apoyaremos en ese sentido, no como posición política que nos guste, sino en coherencia con la planteada en este caso por el consejero de Justicia, que a su vez lo hizo por solidaridad con otras comunidades autónomas que sí encontraban este problema. En definitiva, apoyaremos las enmiendas del Senado porque en algunos casos responden a cuestiones que hemos defendido. Como veo que está el ministro de Justicia, a quien agradezco su presencia, le pediría que avancemos en ese pacto de Estado, que va a ser muy difícil, pero que desde luego es muy necesario.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Brevemente voy a reiterar la posición, manifestada por este diputado, que el Bloque Nacionalista Galego mantiene respecto de esta ley orgánica, llamada de medidas urgentes de agilización de la Administración de justicia. Decíamos entonces que nos parecía una ley poco ambiciosa y que no se correspondía en absoluto con toda la literatura y la propaganda de la que estuvo precedida; que las medidas que se recogen, aunque no son desde nuestro punto de vista especialmente negativas o perjudiciales, tampoco son positivas ni van a contribuir a mejorar la Administración de justicia ni la percepción social que la ciudadanía tiene de este servicio público fundamental.
Incluso, había alguna medida, como la ampliación de la edad de jubilación de los jueces a los 72 años, que nos parecía peligrosa y que incluso se adecuaba al perfil de ciertos magistrados y jueces, a los que por otra parte se les debe reconocer su trabajo, pero no nos parece acertada esta medida. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) También tenemos que reconocer que en el trámite del Senado se introdujeron algunas enmiendas que van en la línea de otras que presentó el Bloque Nacionalista Galego y que fueron rechazadas. Me refiero a descentralizar la Administración de justicia y reconocer, en la línea establecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la plena efectividad de las competencias autonómicas en esta materia. Me refiero a la nueva disposición adicional cuarta introducida en el Senado, que va a merecer el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego. La cruz de este voto favorable será el voto en contra que daremos a la disposición transitoria única de este proyecto de ley orgánica, que suspende la aplicación de la Ley orgánica reguladora de responsabilidad penal de los menores durante un plazo de dos años para los infractores de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Aunque podemos comprender que esta sea una medida introducida para responder a las carencias y a la falta de financiación, incluso a la falta de previsión, que han tenido el Gobierno central y algunas comunidades autónomas en relación con la entrada

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en vigor el 1 de enero de la ya modificada Ley del menor, nos oponemos porque nos parece que supone avanzar por un camino que ya mereció nuestro más enérgico rechazo y nuestra más enérgica oposición cuando se modificó la Ley del menor y la Ley orgánica reguladora del Código Penal.
En el resto nos abstendremos, igual que hicimos en el trámite anterior, hace escasamente un mes.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sobre las enmiendas que vienen del Senado -después me referiré al conjunto de la Ley con carácter de orgánica- mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de ellas. Se ha hecho una labor de perfeccionamiento, se ha aumentado la seguridad jurídica y la claridad expositiva, y esto es merecedor de nuestro voto afirmativo.
Quiero destacar la enmienda del Senado al artículo 3, que viene a establecer un principio de seguridad jurídica en cuanto a las convocatorias y la repercusión que tienen que tener en la reducción de los cursos teóricos y prácticos de selección de jueces. También creemos que es oportuna la poda que se ha hecho del inciso que había salido de esta Cámara, porque representaba -y así lo ha sabido ver bien la Cámara Alta- una quiebra del principio general de voluntariedad por la asistencia a los cursos de referencia.
La enmienda número 4 que llega del Senado es merecedora de un distingo especial, porque nos había pasado desapercibido que los miembros de la carrera judicial que se jubilan por edad pueden tener dos procedencias: los que son de carrera o los que están por méritos propios, pero que no vienen de la carrera judicial, es decir abogados de reconocido prestigio. Se introduce el tratamiento de magistrados eméritos y no de suplentes, como había salido en nuestro texto. Esto significa un reconocimiento a quienes por vocación y por estudios han ejercido desde sus orígenes la carrera judicial y accedieron a la misma por las correspondientes oposiciones a jueces, sin ningún demérito, por supuesto, para los de cuarto turno u otros, que proceden de otros estamentos del derecho de reconocido prestigio.
Esta diferencia es importante.
La enmienda al artículo 5, señora presidenta, también viene a hacer una corrección para que la provisión de los juzgados de menores previstos no siguieran - porque aquí no se había especificado- el mismo régimen que los juzgados de lo Contencioso-administrativo o de lo Social. Esta enmienda del Senado viene a normalizar la igualdad entre las salas.
Quiero destacar, señora presidenta, la disposición transitoria nueva.
Fue objeto de una enmienda de mi grupo, Coalición Canaria, que tuve el honor de defender en los trámites de ponencia, Comisión y Pleno en esta Cámara, y que por una serie de cuestiones políticas no mereció el apoyo de la Cámara. El proceso de reflexión en el Senado ha llevado a una maduración que se explicita hoy aquí con la enmienda del Senado. Hemos mantenido la enmienda en la Cámara Alta y queremos agradecer al Grupo Parlamentario Popular el apoyo que le ha dado, aceptando mi grupo una enmienda transaccional para situar en dos años el plazo de moratoria de la Ley penal del menor en el tramo comprendido entre los 18 y los 21 años. Ya en Comisión le agradecí al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el apoyo que dio a nuestra enmienda al reconocer su portavoz, el señor Silva, que si bien la Comunidad Autónoma de Cataluña había podido disponer de tiempo y presupuesto y no tenía problemas con la entrada en vigor a partir del 13 de enero, había comunidades autónomas -algunas del sur del Estado español y también la de Canarias- que se encontraban con problemas muy graves por la falta de instalaciones e infraestructuras, una vez que los jueces entregaran a la comunidad autónoma los penados entre 18 y 21 años que dejaban de serlo, ya que se podía haber producido incluso en una sociedad de ámbito territorial discontinuo o fragmentado como la canaria, una auténtica alarma social.Quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Justicia que lo hayan comprendido. Mi grupo lo agradece al Grupo Popular y a los que nos han apoyado, igual que lo decía la señora Lasagabaster, ella por un principio de solidaridad con comunidades autónomas, y quiero dejarlo reconocido aquí porque creemos que hacemos bien tanto a este grupo de personas como a la sociedad y a las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación.
Dicho esto, mi grupo va a votar favorablemente, sin ningún resquicio de duda, el carácter de ley orgánica y esta ley en su totalidad. Nos comprometimos con el ministro de Justicia, señor Acebes, cuando hizo la presentación en esta Cámara. Entendimos que aumentaba el proceso de agilización. Si hay un mal en la justicia española es la lentitud y una justicia lenta no es justicia. Este proyecto de ley responde a estos principios. Lo hemos perfeccionado en los trámites de Comisión, en el Pleno del Congreso de los Diputados y en el Senado y ahora vuelve a esta Cámara. Sea esto en beneficio de la justicia, de una exigencia también a jueces y magistrados, ya que esta Cámara les da a muchos de ellos dos y más años de vida profesional después de su jubilación a los 70 años. Es mantener un prestigio de un servicio profesional a la sociedad en jueces y magistrados y ellos sabrán responder a este reto que les pide la sociedad española y que estas Cámaras han sabido entender así.


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Estamos satisfechos de haber mantenido este principio de congruencia y haber aceptado la oferta de concurso y colaboración que nos pidió el señor Acebes. Hoy, sabiendo que estamos haciendo un bien a la justicia, al derecho de justicia que controla esta Cámara y que exige nuestra Constitución española, votaremos este proyecto de ley a favor de su carácter de ley orgánica.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, señorías, señor ministro. Llegamos hoy al último trámite del pase por esta Cámara de las dos primeras leyes presentadas por el Gobierno dentro de lo que se ha dado en llamar pacto de Estado por la justicia que conforme anunció el señor ministro en su primera comparecencia, de 18 de octubre, se iba a hacer en tres bloques. Es éste el primer bloque que, dicho sea de paso, al margen de lo prometido, ha tenido alguna incidencia o se ha visto atravesado por la tramitación de un proyecto de ley que no ha vuelto a esta Cámara por no haber recibido enmienda ninguna en el Senado y que se ha tramitado -repito- al margen de lo que eran los proyectos iniciales del Ministerio de Justicia. Me estoy refiriendo, como habrán adivinado SS.SS., a las llamadas medidas de choque o modificaciones de la legislación para luchar contra el terrorismo, que todo el mundo conoce que merecieron el juicio negativo de la formación a la que pertenezco, y que se hicieron de manera atropellada, improvisada, puesto que no estaban en el esquema inicial de lo propuesto y prometido como plan de gobierno por el señor ministro en esta su primera comparecencia de 18 de octubre. A este primer bloque de medidas -lo dijimos desde el principio- nuestro grupo le iba a dar su aceptación y también daremos hoy la aceptación a la totalidad de las enmiendas introducidas en el Senado.
Le hemos criticado no lo que contiene, sino lo que creemos que el texto no contiene. Es corto en sus propósitos y en alguna ocasión le hemos manifestado la cierta comodidad en la selección de los objetivos a la hora de adentrarse en regulaciones. Nos hubiera gustado -y se lo hemos dicho en todos y cada uno de los trámites- que se viera la idea de Estado autonómico de una forma más clara en la tramitación de la ley en lo que hace referencia al funcionamiento de la Oficina Judicial que, dicho sea entre paréntesis, todo el mundo reconoce que en las comunidades autónomas con competencias asumidas, donde se hace uso de ciertas potestades, se ha logrado una agilización importante en materia de tramitación de procedimientos y en la mejora del funcionamiento de este servicio público. Sin embargo, cada vez son mayores las cortapisas que se van poniendo a la asunción de competencias y no terminan de trasladarse de una vez al texto de la Ley orgánica las posibilidades en lo que hace a organización de la Oficina Judicial o a gestión del personal al servicio de la Administración de justicia, que puede ser asumido por las comunidades autónomas. Repito, se considera modélico lo que se va haciendo pero no se manifiesta ninguna confianza para dar pasos hacia adelante en esta materia de trasladar la idea de Estado autonómico a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que se ha modificado en el Senado? En una parte importante son cuestiones técnicas o de estilo, como todo lo que hace referencia a la introducción de distintos incisos en la exposición de motivos para que así se cohoneste el contenido de la exposición con lo que luego ha resultado ser el articulado aprobado.En otras cuestiones hay correcciones técnicas que resultan extraordinariamente estimables u oportunas sin que añadan nada salvo una mejor expresión en algunos supuestos. Sí nos parecen más interesantes determinadas modificaciones que se han hecho como, por ejemplo, cuando se recoge en el artículo 5 la posibilidad de acceso a la condición de magistrados de menores, fruto de una enmienda socialista, entendiendo que procedería el que se cubran por magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria en esta misma jurisdicción de menores, lo cual nos parece una previsión interesante.
Ciertamente, ha quedado mejor redactado el artículo 6 en lo que se refiere a las atribuciones de las audiencias provinciales en las que ya se había residenciado en esta misma Cámara el recurso de apelación en materia de los juzgados de menores e igualmente nos parece mucho mejor la redacción que se les ha dado a los preceptos referidos a otros apartados de la Ley orgánica del Poder Judicial con unas mejores citas, técnicamente más correctas.
Singularmente interesante nos parece lo que ya se hizo promesa por parte grupo mayoritario de reconsideración en el Senado de introducir la disposición adicional cuarta, que aquí había sido objeto de enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y dentro del Grupo Mixto por la señora Lasagabaster, que después en el Senado ha vuelto a ser enmendado tanto por Convergència i Unió como por el Grupo Vasco.
La enmienda número 25 del Grupo de Senadores Vascos ha tenido acogida, de tal forma que se suprime el apartado 5 de la disposición final tercera de la Ley orgánica 5/2000, con lo que el Estado no está obligado a la creación de cuerpos nacionales respecto del personal técnico que existe en los juzgados de menores, pudiendo tener cuerpos propios o pudiendo seguir manteniendo el personal que hasta la fecha efectúa estas funciones a entera satisfacción en comunidades

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autónomas que ya vienen teniendo asumidas estas competencias.
Bien está la disposición adicional quinta que se añade en cuanto al apoyo técnico, la corrección que se hace en la estructura del propio Tribunal Supremo para que funcione un gabinete técnico de información y documentación e igualmente respecto de la organización de los servicios de letrados al servicio del Tribunal Supremo, fruto de enmiendas del Grupo Popular. Únicamente haré una referencia a la previsión de la disposición transitoria respecto de la que el Grupo Vasco había manifestado reticencias en el mismo sentido que lo explicado por la señora Lasagabaster, cuando no nos parecía aceptable introducir una moratoria para la entrada en vigor de esta ley en el tramo de edad de los 18 a los 21, puesto que había comunidades autónomas, como la vasca o la catalana, que habían tenido especial previsión y estaban en condiciones de poder asumir este tramo. Se dan dos circunstancias que nos permiten decir que vamos a votar ahora que sí a esta enmienda. La primera es que este tramo ha quedado prácticamente desierto dado el propio tenor de la Ley 5/2000 y la modificación que respecto de ella se hace con las medidas antiterroristas; mucha de esta delincuencia no va a poder ser juzgada por los juzgados de menores. Igualmente ocurre que la totalidad de los consejeros que tienen competencias asumidas en esta materia en las distintas comunidades autónomas se mostraban favorables a la moratoria. Además, como no hay mal que por bien no venga -como dicen que decía, que no citaré, en esta Cámara-, ocurre que el plazo de dos años que ha introducido la enmienda canaria, siendo aprobado por la totalidad del Senado, nos da plazo a que se pueda corregir lo que creemos que es una anomalía que ha estado presente en todo el proceso de asunción de competencias en materia de protección de menores por las comunidades autónomas. Cuando en el año 1987 se cambia todo el régimen de la adopción, ocurre que se desjudicializan montones de procedimientos y de repente se ve que las comunidades autónomas tienen que asumir esas competencias sin que hubiera habido un proceso paralelo de traspaso de medios personales y materiales que debiera ser lo constitucionalmente querido, es decir, absorbieron esta competencia ya en precario.
Las distintas modificaciones que se han hecho en la regulación de menores en la década de los noventa han tenido parecida suerte y se podría considerar que lo asumido en materia de menores por las comunidades autónomas lo era hasta los 18 años. Si asumiéramos el cumplimiento de las medidas, como prevé el artículo 45 de la Ley 5/ 2000 que entrará en vigor, ocurriría que las comunidades autónomas se verían obligadas a aplicar las medidas de un tramo de edad de jóvenes, 18-21, respecto del cual no tienen asumidas competencias.
Por tanto, este período de dos años nos da tiempo, señor ministro, para que las comunidades que son de régimen común le pidan que se haga el real decreto de transferencia a costo efectivo en relación con el tramo que asuman dentro de dos años, y las que somos comunidades concertadas para que se haga el correspondiente cálculo a la hora de valorar los cupos o las aportaciones que al Estado hacemos las respectivas comunidades autónomas.
Repito, por solidaridad con las comunidades autónomas que no están en disposición de asumir esta competencia, porque creemos que va a afectar a un número muy pequeño de delitos y porque así nos da tiempo a las comunidades autónomas, que sí estábamos en disposición de asumirlas, a prever una financiación más acertada con el sistema de distribución competencial, constitucional y estatutariamente previsto, mi grupo no tiene inconveniente en votar que sí a la totalidad de las enmiendas introducidas por el Senado.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, presidenta.
En el discurso de investidura, el entonces candidato, señor Aznar, presidente en funciones, planteó algo así como que ésta iba a ser la legislatura o el año de la justicia. Yo quiero unirme a gran parte de la intervención, por no decir toda, de la señora Lasagabaster, acerca de que el pretendido pacto por la justicia, que luego tomó cuerpo a través de la primera comparecencia del ministro Acebes, a nuestro entender -no ponemos en duda la seriedad y el rigor del ministro- sin duda en algún cajón de su despacho debe tener estructuradas, pergeñadas las fases y los contenidos; pero, salvo que se haya tocado con otros grupos parlamentarios, témome que con una inmensa mayoría de grupos -eso no significa que seamos desde luego los mayoritarios- ese tema no ha sido puesto sobre la mesa y lo desconocemos Y sería conveniente, señor ministro, si va a haber un pacto, a fin de evitar alguna finta o algún filibusterismo parlamentario, y se lo he pedido varias veces, que se pusiera sobre la mesa.
Bien, estamos ya, como se ha repetido por distintos portavoces, en el último tramo. Ya están aquí las enmiendas del Senado y al entender de mi grupo es verdad que el Senado ha cumplido su papel en la disposición adicional cuarta, que vamos a votar favorablemente, pero en lo otro sólo ha habido una mejora técnica que podía haberse hecho en otras fases distintas. Seguimos considerando que la medida del plan de choque era un choque escaso, corto, que no era la medida que la justicia necesitaba en esa especie de bloqueo, que entendemos que se ha oído más a algunos grupos gremialistas dentro del mundo judicial y, vuelvo a insistir, nosotros hubiéramos actuado totalmente al

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contrario de cómo ha actuado en la medida que propone aquí el señor ministro. Aunque es distinta la guerra de la Administración de justicia, decía un clásico como Clausewitz que la señal del caos era que los mariscales o generales sacaban primero a la vieja guardia y luego disminuían el período de formación de la nueva incorporación.
Es justo lo que usted ha hecho que, a lo mejor, le sale bien porque administrar justicia y la guerra son cosas totalmente distintas. Pero cuando ya desde distintos sectores de la judicatura, independientemente de la posición político-ideológica, están advirtiendo del caos que se puede originar a primeros de enero con la puesta en marcha de la Ley de enjuiciamiento, con advertencias casi de nulidad de sentencias e incluso con incapacidad para poner al día los casi 80 modelos que tendrían que ponerse de documentación, ese caos -y el Gobierno no ha tomado ninguna medida, y cuando lo veamos en enero o febrero será tiempo de reflexionar, aunque tarde-, ese caos -repito- vendrá a mostrar que este plan de choque del Gobierno se ha quedado, a nuestro entender, no solamente muy corto sino, además, en la dirección contraria.
Nada más. Muchas Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Se indicaba anteriormente que el Senado ha cumplido su función en esta tramitación parlamentaria, y si por cumplir la función se entiende la de mejorar realmente el proyecto e introducir modificaciones relevantes, teniendo en cuenta también cuál era el marco y cuál el contenido del proyecto que le remitimos, hay que decir que es cierto. Mi grupo parlamentario no puede sino mostrar su satisfacción por la incorporación de dos enmiendas que ya había pretendido en el Congreso de los Diputados, las números 36 y 41, que ya han sido citadas por otros grupos, una referente a la supresión de aquella quizá desgraciada disposición final tercera, apartado 5, de la Ley de responsabilidad penal del menor que pretendía la creación del cuerpo de psicólogos, educadores y trabajadores sociales.
Ciertamente, hemos de mostrar nuestra satisfacción por su supresión en virtud de la disposición adicional cuarta de este proyecto, de la misma manera que entendemos que es un acierto recoger el concepto y tratamiento de magistrado emérito, tal y como establece el Libro Blanco de la justicia, respecto de aquellos magistrados jubilados por edad pero que no llegan a los 75 años y que se incorporan como magistrados suplentes. Eran cuestiones en las que teníamos interés y hemos visto satisfechas nuestras expectativas, tal y como se nos ha ido anunciando a través de la tramitación parlamentaria.
Entendemos que el Senado ha incorporado a través de sus enmiendas mejoras sustanciales en el proyecto. Por un lado, se acaba de hacer referencia a las modificaciones en el gabinete técnico de información y documentación del Tribunal Supremo. Mi grupo parlamentario había presentado en la Ley de acompañamiento una enmienda que respondía a esta filosofía, y por lo tanto entendemos que son importantes las modificaciones que se introducen ahora en la Ley, tanto al artículo 163 de la Ley orgánica del Poder Judicial como, sobre todo, al artículo 23 de la Ley de demarcación y planta. La Ley de demarcación y planta, en su artículo 23, congelaba el número de letrados que debían estar en el gabinete técnico de información y documentación en 35, que ciertamente era un exceso porque ese número no debiera estar contenido ni siquiera en un reglamento. Por lo tanto, en la medida en que se produce a través de la modificación del artículo 23 la descongelación de ese rango y la deslegalización y se atribuye finalmente a un procedimiento a propuesta de la Sala de Gobierno, informe del Consejo General del Poder Judicial y resolución por el Ministerio de Justicia, es una incorporación con la que estamos de acuerdo.
La modificación que se produce respecto a la escuela judicial, en la medida en que ha sido promovida e impulsada por la propia escuela judicial y por los vocales que en el Consejo General del Poder Judicial son responsables de la escuela, también merece nuestra aprobación y merecerá nuestro voto.
Creemos que también ha sido muy positiva la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la provisión de los juzgados de menores. Saben SS.SS. que era preocupación de mi grupo que estuviesen al frente de los juzgados de menores jueces o magistrados con la correspondiente especialización. Por tanto, en la medida en que se garantiza en primer lugar que al frente de esos juzgados de menores se encuentren magistrados especialistas y que en el caso de que no existan estos magistrados especialistas al menos deban estar ocupados por magistrados que en los últimos cinco años hayan estado durante tres al frente de juzgados de menores, entendemos que es positivo y conveniente.
No quiero hablar demasiado ya sobre la prórroga de la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal de los menores para la franja de edad de 18 a 21 años, porque saben SS.SS. cuál ha sido tanto en Comisión como en Pleno el planteamiento de mi grupo y del Gobierno de la Generalitat, tal y como lo ha puesto de manifiesto don Luis Mardones.
Por todo ello no nos queda sino valorar muy positivamente las enmiendas que se han introducido en el Senado y anunciar nuestro voto favorable a las mismas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Silva.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, mi grupo va a mantener, como no puede ser de otra manera, la posición que tuvo en la tramitación en el Congreso de esta ley, que globalmente era de rechazo. Es decir, nosotros seguiremos votando de manera negativa una ley orgánica, que tiene una votación final de carácter global, por considerarla fundamentalmente insuficiente.
Este proyecto de ley, como ha tenido ocasión de decir más de un interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra, nació lleno de esperanza, esperanza que se le dio al Ministerio por todos los colectivos que realmente están preocupados por que la justicia tenga solución y su administración se agilice, se modernice y sea eficaz; y no menos esperanza que el resto de los colectivos tenía el primer grupo de la oposición y futuro gobierno sin duda, cuyos portavoces aplaudieron la comparecencia del señor ministro en Comisión cuando usted advirtió de la importancia que para el Gobierno tenía el pacto de la justicia. Nosotros creemos sus palabras pero, por la vía de los hechos, la primera acción política de importancia, señor ministro, es una acción política frustrante.
Nosotros entendemos que esta ley es insuficiente y por ello votaremos en contra, no sin antes decir, porque no nos duelen prendas y además solemos hacerlo en aquello que sea positivo, que algunas enmiendas de carácter concreto de los grupos, que han llevado al consenso de ambos grupos, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular en el Senado, van a significar una aprobación por nuestra parte también en el trámite parlamentario en el Congreso. Son tres muy claras: el perfeccionamiento del régimen de incompatibilidades de magistrados del Tribunal Supremo, que sin avanzar de manera excesiva sí configura una nueva vía que puede resultar de interés y que por hacer de la oposición nuestra una oposición útil, una oposición positiva, aprobaremos; la composición de órganos técnicos de los magistrados del Tribunal Supremo, que significa una aportación técnica a su trabajo, que me imagino que dará eficacia -confiemos en ello- y en todo caso agilidad a sus resoluciones; y por último algo que sin duda ayudará al Gobierno, y es la posibilidad de que, a través de nuestra aportación, puedan salir de una dificultad que tienen con la ley que todavía no ha entrado en vigor, que es la Ley de responsabilidad penal de los menores, ley que, por cierto, yo creo que entrará en el Guinness como la ley más modificada sin haber entrado en vigor todavía, pero que les significaba a ustedes un problema.
Vamos a aceptar la moratoria de carácter parcial que durante dos años va a tener el tramo de 18 a 21 años de edad, de manera que sobre este tramo de edad no tenga vigor la ley de responsabilidad penal del menor, a la espera de que la ponencia mixta y la comisión mixta de transferencias dé luz verde a los recursos suficientes para que las distintas comunidades autónomas que tienen competencia sobre ello puedan hacer una buena labor en el tema de menores.
Por lo demás, señor ministro, a la espera de que recupere la iniciativa -y se lo decimos en el lugar que hay que decirlo, no en los pasillos ni ante los medios sino aquí, con la solemnidad que tiene el Congreso de los Diputados- en este tipo de temas del pacto de la justicia; en la confianza de que el próximo año será un año mejor, en el que pensemos más en el pueblo, del que depende la justicia, que en sus administradores, que son los magistrados, a los que al parecer ustedes se deben con más sensibilidad que al pueblo, titular de la justicia; en la confianza, de verdad, de que este próximo año sea más brillante; en la seguridad, señor ministro, de que nosotros apoyaremos todo lo que sea positivo para que el pacto se alcance; en la seguridad, no le quepa duda, de que nunca lo ha tenido mejor un Gobierno para conseguir ese pacto porque nunca una oposición fue más útil para conseguirlo; en esa confianza, señor ministro, esperemos que el Gobierno, a partir de enero o febrero, tome la iniciativa en este tema, si no lo haremos nosotros con iniciativas parlamentarias de este tenor, buscando el apoyo de los grupos y de los colectivos correspondientes. Háganlo ustedes porque esta ley es insuficiente. Creemos que puede ayudar algo en los temas de eficacia y agilización de la justicia, pero desde luego no en su modernización. No es la ley que esperábamos todos. Confiemos en que sus nuevas iniciativas tengan un valor y una solidez mayor. Señor ministro, le deseamos, sobre todo por los últimos, a nuestro entender, traspiés políticos por los que su Ministerio y S.S. han pasado, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque el suyo será el de todos también.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me corresponde expresar nuestro sentido del voto y nuestra opinión con respecto a las enmiendas que se han aprobado y remitido desde el Senado al proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Este proyecto de ley que hoy termina su ciclo legislativo en esta Cámara forma parte del conjunto de medidas inaplazables que anteceden a las que han de constituir el anunciado pacto de Estado sobre la

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reforma de la justicia. El presidente del Gobierno ofreció en el debate de investidura la posibilidad de llegar a un pacto con todas las formaciones políticas en relación con la organización de la Administración de justicia. También el ministro de Justicia asumió, en su comparecencia ante la Comisión de esta Cámara el pasado 24 de mayo, el compromiso de impulsar con todos los agentes políticos y operadores jurídicos una reforma integral de la justicia a través de este pacto de Estado para conseguir un modelo ágil, rápido y eficaz, que dé una respuesta adecuada a las necesidades de una sociedad avanzada.
La exposición de motivos de este proyecto de ley señala que la reforma que ello precisa debe ser objeto de cuidadoso estudio y reflexión. No obstante, hay algunas medidas que por su carácter urgente deben ser acometidas con prontitud. En consecuencia, estamos buscando el logro de unos resultados prácticos y estamosconvencidos de que este proyecto de ley se enmarca dentro de una pretensión globalizadora de reforma, puesto que, efectivamente, somos nosotros los primeros que hemos señalado que esta primera fase del plan -y así lo indicó el señor ministro- tiene el objetivo de adoptar medidas urgentes que beneficien el inicio de esta necesaria carrera de agilización y modernización, para lo cual lo primero que necesitamos imperiosamente es contar con suficientes jueces profesionales, cubrir vacantes con titulares preparados que administren la justicia y dotar de más plazas de jueces titulares a nuestra Administración de justicia. Señorías, la reforma se debe entender como el primer paso, la primera fase o la entresala de las reformas estructurales encaminadas a una mejora profunda de nuestra Administración de justicia. Respecto a las modificaciones que han venido del Senado, en primer lugar, hay que decir que se ha aprobado una enmienda de modificación del artículo 3, que trata de la adaptación transitoria del curso teórico-práctico en la Escuela Judicial, cuya modificación pretende, por un lado, una mejor expresión de las convocatorias que se ven afectadas por la reducción del plazo del curso teórico- práctico y, por otro, evitar al mismo tiempo posibles interpretaciones erróneas sobre la duración del curso, que finalizaría en febrero del año 2004.
Respecto al segundo inciso, es decir, la obligatoriedad de los cursos de formación durante el año siguiente al ingreso en la carrera judicial, se ha acordado su supresión dado que representaba una quiebra del principio general de voluntariedad de asistencia a los mismos y, por otra parte, resultaban prácticamente irrealizables por ser incompatibles con el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales.
El artículo 4 del proyecto sufre una modificación de matiz al introducir un nuevo apartado 4 al artículo 200 de la Ley Orgánica 6/ 1985, del Poder Judicial, que recoge que los miembros de la carrera judicial que al jubilarse por edad sean nombrados para ejercer dicha función tendrán la consideración y tratamiento de magistrados eméritos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Entendemos que el tratamiento y consideración de los magistrados que al jubilarse por edad sean nombrados para continuar desempeñando funciones jurisdiccionales, bien sea en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de Justicia o en las Audiencias Provinciales, debe ser el de magistrados eméritos y no suplentes, con objeto de diferenciarlos de quienes tengan otra procedencia. Creemos que ese tratamiento es más adecuado y respetuoso para aquellas personas que han dedicado largos años de su vida al servicio público y al interés general.
El artículo 5 introduce una modificación al texto contenido en el proyecto de ley, modificación que afecta al artículo 329.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de equiparar el régimen para cubrir las plazas de magistrados de menores al que ya se prevé en otras especialidades, como puede ser la contencioso- administrativa o la social. Respecto al artículo 6, se suprimen las referencias a las secciones de Menores, tanto en su rúbrica como en su contenido. A nosotros nos parece adecuada esta supresión, dado que el principio de especialización que informa el tratamiento penal del menor está adecuadamente garantizado mediante la atribución de la instrucción al ministerio fiscal a través de las secciones de Menores de las fiscalías y del conocimiento de los hechos realizados por menores de edad en Primera Instancia a los juzgados de Menores. Desde esta premisa, las atribuciones propias del conocimiento del recurso de apelación no exigen el mismo grado de especialización. Basta el que tiene el órgano de naturaleza penal, que tradicionalmente ha sido la Audiencia Provincial.
En el artículo 7.3 se establece una modificación que consiste en la incorporación de un nuevo apartado número 5, que mejora técnicamente su redactado. Trata de que cuando existan las secretarías de las secciones de Menores de las fiscalías se cubrirán con funcionarios de la segunda categoría. En caso contrario, serán asistidas por secretarios de los juzgados de Menores. Creemos que es útil dejar claro esta cuestión. También nos parece correcta la modificación que se hace en el apartado segundo de este artículo, en tanto en cuanto los fiscales jefes tienen atribuidas las potestades de organización de todo el personal de la Fiscalía. En este mismo sentido, viene recogido en el artículo 71 de la Ley 50/81 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Se introducen después cuatro disposiciones adicionales nuevas. La primera de ellas permite que el Tribunal Supremo disponga de un gabinete técnico cuya composición y plantilla será determinada por el Ministerio de Justicia, oída naturalmente la Sala de Gobierno de dicho Tribunal. Creemos que es necesario incorporar este texto. En la práctica, la determinación del número de miembros que componen el gabinete del Tribunal Supremo está reservada a la ley, cuando debe ser un instrumento normativo diferente que permita su adecuación

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a las cambiantes necesidades de dicho Tribunal.


La experiencia pone de relieve que cualquier reforma procesal, por menor que pueda parecer, es susceptible de incrementar o reducir el número de recursos que ingresan en el tribunal. Ello aconseja que la previsión del número de magistrados y letrados y su distribución interna puedan adaptarse con agilidad a estas necesidades cambiantes.
La segunda disposición adicional nueva delimita las funciones que podrán ejercer los magistrados del Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, permite que puedan mantener su condición de tales cuando desempeñen funciones relacionadas con la mejora del funcionamiento de la justicia, siempre que medie acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de introducir criterios de flexibilidad...


La señora PRESIDENTA: Señora Martín, le ruego vaya concluyendo.


La señora MARTÍN VIVAS: Decía que se trata de introducir criterios de flexibilidad que permitan a los magistrados del Tribunal Supremo asumir responsabilidades en las estructuras o actividades para la reforma de la justicia que en el futuro se pudieran crear o realizar respectivamente, sin pérdida de condición.
La tercera de las disposiciones adicionales que incorpora el texto del proyecto introduce dos incisos que tienen por objeto regular, de acuerdo con la nueva ley, la situación de los menores responsables de delitos cometidos durante la vigencia de la legislación anterior. La cuarta y última de las disposiciones adicionales se introduce para suprimir la disposición final tercera de la Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que contempla la creación de cuerpos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales y forenses.
Entendemos que en este supuesto se justifica su supresión dado que en el territorio del Estado, sea competencia del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias transferidas, se cuenta ya con estos cuerpos. En cuanto a la disposición transitoria única que contiene el proyecto de ley, se aprueba la supresión de la misma, dado que, como consecuencia de las modificaciones introducidas, la presente disposición transitoria deja de tener sentido. Se incorpora al proyecto una nueva disposición transitoria que contempla la repetidamente aludida aplicación de una moratoria a la previsión de la Ley del menor, en lo relativo al tramo de 18 a 21 años. Quiero recordar a SS.SS. que la posición de nuestro grupo ha sido siempre muy clara en cuanto que estábamos dispuestos a aceptar una transaccional respecto de la enmienda presentada por Coalición Canaria, que se hacía eco de peticiones de varias comunidades autónomas, en su mayoría del Gobierno socialista, tal y como se puede leer en el «Diario de Sesiones» de la correspondiente Comisión de Justicia del 18 de octubre, transaccional que -dicho sea de paso-, ante las reticencias del Grupo Socialista, nos llevó a no presentarla. No obstante, ha sido a través de la relectura en el Senado como finalmente se ha llegado a un acuerdo, tanto por parte del Grupo Socialista como de los restantes cuerpos parlamentarios de la Cámara, que nos lleva a apoyar la moratoria aludida. Finalmente, se modifica la disposición derogatoria, la disposición final y la exposición de motivos del proyecto, con el fin de adoptar las modificaciones propuestas.
Señorías, con este proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular, que ha tenido un alto grado de consenso contando con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal, así como de las comunidades autónomas, se pone en marcha la reforma de la justicia. Dicho de otra manera, es lo que en términos coloquiales se conoce como dar el pistoletazo de salida. Es un proyecto de ley absolutamente necesario en esta primera etapa; es un proyecto de ley que adopta unas medidas de choque que han de reflejarse en una agilización de la Administración de justicia y unas medidas necesarias para la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de responsabilidad penal del menor. Es importante resaltar el talante negociador, abierto y dialogante y la actitud de escucha del grupo que sostiene el Gobierno y del propio Gobierno.
Sabiendo que tenemos mayoría absoluta en la Cámara y que podían salir adelante nuestras pretensiones, hemos preferido manifestar nuestro compromiso de diálogo y lo hemos demostrado. Hemos admitido enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, Coalición Canaria, Grupo Vasco, Grupo Mixto, Convergència i Unió y Grupo Socialista, que hemos incorporado al texto y hemos pactado diversas transaccionales.


Antes de acabar, quiero agradecer en nombre de mi grupo a todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios el debate, la participación, la aportación que han venido realizando y el trabajo hecho conjuntamente con nosotros. Lamentamos el voto en contra del Grupo Socialista que, a pesar de estar de acuerdo con algunas enmiendas, decidió en su día votar en contra y lo ha mantenido.
Estamos convencidos de que este es el camino que debemos seguir para ir avanzando en el proceso iniciado y para conseguir una auténtica reforma y modernización de la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial.


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En primer lugar, enmiendas del Senado al artículo 1.º.4.2 y al artículo 5.º, así como a la disposición adicional quinta y a la disposición transitoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 298; en contra, 10; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a la disposición adicional cuarta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 195; en contra, nueve; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto por tratarse de un proyecto de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 196; en contra, 110; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Al haber sido aprobado por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, queda definitivamente aprobado en sus términos. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 121/000013)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
(Rumores.) Señorías, es preciso que podamos continuar con el debate, para lo cual les ruego que desalojen el hemiciclo, si lo van a hacer, de la manera más breve posible y también en silencio.
Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. Se ha recibido una enmienda del Senado con relación a este proyecto de ley. Quiero señalar que, aunque a algunos les pueda parecer una mera referencia de introducción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a nuestro grupo le parece que tiene un sentido y un contenido político importante. Responde a la aprobación de un proyecto de ley de medidas sobre el terrorismo, que no ha venido a esta Cámara porque no ha habido enmiendas en el Senado. Ya dimos nuestra opinión respecto a aquel proyecto. No estábamos, en absoluto, de acuerdo, especialmente en lo que se refería a la modificación de la Ley de menores. Una de las razones que esgrimíamos era que se creaba un juzgado central de Menores en la Audiencia Nacional y a nosotros eso nos parecía que iba en contra de una mayor eficacia, de un mejor sentido de la Administración de justicia e incluso de los objetivos que pretendía. Creemos que el juez tiene que ser el ordinario y predeterminado por la ley. Aquel proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de menores excluía de su aplicación a un sector importante de población y, además, estimábamos que no iba a tener ninguno de los méritos que pretendía el proyecto de ley y, como consecuencia, se ha realizado esta modificación en lo que se refiere al Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Como no estamos de acuerdo en que haya un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional, no podemos tampoco estar de acuerdo en esta introducción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de menores y, por tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias, señora presidenta, y zorionak, felices fiestas a todo el mundo, aunque algunos tengamos que venir a trabajar la semana que viene a esta casa.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere manifestarse sobre la enmienda que viene del Senado a este proyecto de ley mi grupo. Vamos a votar favorablemente la enmienda porque introduce nuestra propuesta de que en cada Fiscalía de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias

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provinciales exista una sección de Menores, y se circunscribía a esos dos órganos del ministerio fiscal: tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales. En la enmienda del Senado se da paso también a esta Fiscalía en la Audiencia Nacional. Nos parece una correlación en elevación de la Sala que debe existir en esta sección de Menores y, por tanto, apoyaremos esta iniciativa con nuestro voto porque es consecuente y congruente con las teorías que hemos mantenido.
Dicho esto, quiero volver a dejar constancia aquí, estando presente el señor ministro de Justicia, que mi grupo apoyará, en cualquier lectura positiva, política y jurídica, esta ley que viene dentro de un contexto de medidas de lucha contra el terrorismo callejero hecho por menores de edad. Apoyamos que haya unos órganos jurisdiccionales, y en este caso también el ministerio fiscal, a estos tres niveles que he mencionado: Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y audiencias provinciales para marcar un apoyo, un criterio y una idea política que nosotros plenamente compartimos en esta unidad de los demócratas, no solamente contra cualquier lacra, sino que también queremos que esta unidad esté escenificada en las leyes y en este Parlamento.
Quiero hacer una invocación al señor ministro respecto a la enmienda que no pudo sacar adelante mi grupo, en el sentido de que algún día se pueda redactar y aprobar un reglamento del ministerio fiscal dado que el existente es anterior a la Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Grupo Vasco dio también su apoyo a esta iniciativa de modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y hasta tal punto lo dio que ni siquiera presentó enmiendas en su paso por esta Cámara. Hubo, eso sí, la queja de lo corto de la pretensión, puesto que existen acuerdos de la legislatura pasada en relación con las posibilidades de introducir mejoras sustanciales en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que hora es ya de que se hubieran abordado. No obstante, le dábamos el voto de confianza porque teníamos la seguridad de que en esta legislatura algo se nos presentaría al respecto.
Sin embargo, en el paso de la ley por el Senado se ha introducido una referencia a la que mi grupo no puede dar su visto bueno en coherencia con la postura sostenida en relación con las llamadas medidas para la lucha contra el terrorismo. En el sentido de lo manifestado por la representante del Grupo Mixto, la referencia que se hace en lo añadido por el Senado a la existencia de una Fiscalía de Menores en la Audiencia Nacional es contrario al discurso por nosotros sostenido en relación con estas medidas.
Estando de acuerdo con el tenor de la ley y no habiendo presentado enmiendas a la misma, sostenemos esta misma postura, pues no creemos que deban existir esos órganos especializados de menores en la Audiencia Nacional y votaremos que no a la enmienda introducida por el Senado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Y con una gran brevedad.
Mi grupo parlamentario en el debate sobre la Ley orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores puso también de manifiesto la necesidad de concretar la organización de las fiscalías de Menores a efectos de la aplicación de dicha ley. Efectivamente, en el Senado se ha aprobado una enmienda que establece la creación de una Fiscalía de Menores en la Audiencia Nacional que no hace sino ajustar esta organización de la Fiscalía, sobre la base de la especialización de los menores, a lo dispuesto en aquella Ley orgánica del Código Penal y de responsabilidad penal de los menores. Por tanto, anunciamos ya en este momento nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, anuncio que el Grupo Socialista votará favorablemente a la enmienda que ha sido remitida desde el Senado, pero antes nos gustaría hacer dos reflexiones.
No sé si es por la interpretación de este grupo o por la lectura de la enmienda que viene desde el Senado, pero nuestra impresión es que hay un defecto técnico, puesto que en esa ley se han residido todas las competencias tanto en la Audiencia Nacional como en las audiencias provinciales. En la redacción aparece una sección de los tribunales superiores de Justicia. Si es por la redacción, hay un defecto técnico que debe ser subsanado en este momento. Este grupo estima que ha hecho una interpretación amplia al creer que la residencia de esas competencias estaban en los dos órganos a los que hemos hecho referencia.
Hay una segunda reflexión que le quería hacer al señor ministro -le agradecemos su presencia aquí esta mañana-, y es que hace cinco años que el Partido

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Popular nos anunció una reforma del Estatuto de la Fiscalía y aún no hemos visto ese proyecto ni hemos tenido la oportunidad de discutirlo en esta Cámara. Lo que hoy nos ha traído aquí es una parca y pequeña modificación que viene fundamentalmente decidida por la reforma normativa de una ley que nos está obligando a hacer esa modificación en el Estatuto del ministerio fiscal.
Hemos anunciado nuestro voto favorable y nos congratulamos de que se creen las secciones de especialización de los fiscales, porque ese es el espíritu y el objetivo principal con que se hizo la Ley 5/2000, que llevaba implícita que todos aquellos agentes que intervinieran en los procedimientos de menores fuesen especializados para entender no sólo los procedimientos penales sino el contexto en donde se producen los delitos y las características de los menores, que son los que estarían implicados en ese tipo de procedimientos. De ahí que nos sintamos satisfechos por la modificación y que vayamos a votar a favor de la enmienda que viene del Senado, no sin antes manifestar al señor ministro que esa misma redacción es la que tenía la especialización de la Fiscalía y la creación de las secciones para la violencia doméstica. No nos congratulamos de que el Gobierno y el Partido Popular hayan sido insensibles, ya que se presenta la misma redacción sin incluir esa modificación sobre un problema social que nos parece lo suficientemente importante y una lacra que hay que erradicar de esta sociedad lo antes posible; repito que no hemos encontrado esa sensibilidad en el Gobierno ni en el Partido Popular que lo apoya. No obstante, manifestamos nuestro apoyo a esa enmienda y nos congratulamos de que se creen esas secciones para entender mejor el proceso de los menores en ese tipo de procedimientos.
(Aplausos.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN VIVAS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, con la finalidad de adecuarlo a la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor que entrará en vigor en enero de 2001.
El Estatuto orgánico del ministerio fiscal, desde su entrada en vigor en 1981, ha sufrido dos modificaciones. La primera en 1988, cuando se creó la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, y la segunda en 1995, cuando se crea la Fiscalía para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. La reforma que hoy estamos debatiendo para su aprobación definitiva por esta Cámara es, sin duda, la más novedosa y la de mayor singularidad de todas las que ha experimentado dicho estatuto desde su entrada en vigor. Como SS.SS. saben, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/ 2000, del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, atribuye a los miembros del ministerio fiscal nuevas funciones que hacen necesaria la modificación del actual estatuto por el que se rigen. En concreto, el artículo 16 de esta ley atribuye la instrucción de dichos procedimientos al ministerio fiscal con la intención de dotar a estos procesos de una mayor celeridad y eficacia en el interés del menor. La instrucción por parte del fiscal de los procesos ante juzgados y tribunales de menores obliga a la reforma de los artículos 3 y 5 del actual Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Pero, además, este proyecto de ley, que hoy espero sea aprobado por esta Cámara con un alto grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios, impone la creación en las fiscalías de las secciones de menores y la formación de fiscales especialistas en menores. Durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley en el Senado se ha introducido una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que establece una sección de menores en la fiscalía de la Audiencia Nacional, en coherencia con la modificación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, que tal y como fue definitivamente aprobada en el Senado la semana pasada atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los procedimientos contra los menores que hubiesen cometido delitos calificados de terrorismo. Se trata de que el enjuiciamiento de las conductas de los menores responsables de delitos terroristas se realice de forma coherente con el supuesto que se enjuicia, manteniendo todas las garantías procesales que para estos menores se establece en la Ley 5/2000.
En cuanto a la creación en las fiscalías de secciones de violencia familiar, a las que alude el Grupo Parlamentario Socialista, mientras que las secciones de menores de la Fiscalía están justificadas porque, como muy bien sabemos, en la Ley del menor el fiscal cambia su función habitual y pasa a tener una función instructora que lógicamente hay que atender, en los delitos de violencia familiar el ministerio fiscal tiene el mismo papel que en cualquier otro tipo de delito y, por tanto, no acabamos de entender desde el punto de vista técnico la creación de una fiscalía ad hoc. Por otra parte, introducir criterios de especialización o de preferencia tampoco nos parece oportuno cuando hay amplio consenso en la carrera fiscal respecto a que se sigan los criterios que hasta ahora se han mantenido. La Circular 1/1998, de 24 de octubre, de la Fiscalía General contempla perfectamente el funcionamiento de los fiscales en el servicio de la violencia familiar y de su registro. Por otra parte, lo que no nos podrán negar, señorías, es que el Grupo Parlamentario Popular ha demostrado en repetidas ocasiones su máxima preocupación por la violencia doméstica. Debemos recordarles que ha sido el Gobierno del Partido Popular

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el principal impulsor del plan de acción contra la violencia doméstica, que adoptó, entre otras, las siguientes medidas: alejar al agresor de la víctima como medida cautelar, perseguir de oficio las faltas por malos tratos, adecuar las penas para que no redunden en perjuicio de la víctima, incrementar las unidades de atención a las mujeres. Además, se han aprobado modificaciones legales para proteger a las víctimas de malos tratos, se han creado oficinas de atención a las víctimas de violencia doméstica y, con la colaboración de los colegios de abogados, se ha creado un turno de abogados que atiende cualquier caso que se pueda producir de ese tipo durante las veinticuatro horas del día. Creo sinceramente que no nos pueden acusar de no tomarnos interés en este tema. Otra cosa distinta es que estemos o no de acuerdo en la creación de secciones específicas sobre violencia familiar en las fiscalías. En breve el Gobierno actualizará un plan de choque contra la violencia doméstica y ese será el momento de entrar a debatir cuál es la forma más adecuada para luchar contra este problema.
Finalmente, señorías, con este proyecto de ley el Gobierno del Partido Popular da un paso más para la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal del menor y para que esta ley goce de las condiciones idóneas para su máxima eficacia en interés tanto del menor como de la sociedad española y del Estado de derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, enmiendas que se votan en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 284; en contra, ocho; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas porque vamos a iniciar la sesión secreta. (Pausa.) Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 17275)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


La señora PRESIDENTA: Antes de levantar la sesión, permítanme que tanto en nombre de todos los miembros de la Mesa como de esta Presidencia le desee a todas SS.SS. unas felices fiestas de Navidad y no solamente un muy feliz año 2001 sino todo el milenio. (Aplausos.) Estoy segura de que expreso la voluntad de todos los miembros de esta Cámara si manifiesto el deseo de que el 2001 sea el año en el cual todos los españoles, incluidos los que viven en el País Vasco, podamos vivir en libertad y expresar nuestras ideas. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 52, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 20 de diciembre de 2000, en la pregunta formulada por la señora Pleguezuelos Aguilar (páginas 2483 y 2523), figura como número de expediente el 180/000393, cuando el que corresponde realmente es el 180/000399.

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