Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 66, de 08/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 66

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 62

celebrada el jueves, 8 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de pesca marítima del Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 2-1, de 16 de junio de 2000. (Número de expediente 121/000002.) . . . (Página 3208)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado. (Número de expediente 121/000034.) . . . (Página 3213)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 26-1, de 3 de enero de 2001.
(Número de expediente 121/000026.) . . . (Página 3213)

- Proyecto de Ley General de estabilidad presupuestaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/000029.) . . . (Página 3227)

Página 3206


- Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 30-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/ 000030.) . . . (Página 3227)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado. . . . (Página 3208)

Proyecto de ley de pesca marítima del Estado . . . (Página 3208)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a los artículos 49 y 50 del proyecto de ley de pesca marítima del Estado, se aprueban por 174 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al artículo 46 del proyecto de ley de pesca marítima del Estado, se aprueban por 172 votos a favor, 10 en contra y 92 abstenciones.


Sometidas a votación el resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de pesca marítima del Estado, se aprueban por 270 votos a favor y cinco abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 3213)

Proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado.
. . . (Página 3213)

La señora presidenta, en nombre de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, somete a la Cámara para su aprobación la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado, texto artículado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, lo que se aprueba por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 3213)

Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2 de marzo. . . .
(Página 3213)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey). Después de más de una década de aplicación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y su correspondiente desarrollo reglamentario, el Gobierno considera necesario introducir una serie de modificaciones que la experiencia ha revelado como imprescindibles y que sin duda redundarán en una mejora de la seguridad vial. Explica los diversos factores que confluyen en la circulación viaria y la tragedia humana, familiar y social que existe detrás de cada accidente, lo que exige una respuesta no sólo del Gobierno sino también de los grupos políticos y de toda la sociedad. A continuación expone las principales modificaciones contenidas en el proyecto de ley que hoy inicia su andadura parlamentaria y con el que se pretende ir avanzando en la reducción de la siniestralidad en las carreteras y atender la demanda social que exige una mayor protección de la seguridad vial.


Defiende la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Mayoral Cortés.


Página 3207


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Interviene en un segundo turno el señor Mayoral Cortés.


El señor Mayoral Cortés, a requerimiento de la Presidencia, retira unas palabras vertidas en su intervención por si pudieran ser consideradas peyorativas para las mujeres.


Asimismo interviene en un segundo turno la señora Torme Pardo.


Los señores Mayoral Cortés y Caldera SánchezCapitán, del Grupo Parlamentario Socialista, invocan el artículo 71.3 del Reglamento para intervenir por alusiones, petición que es denegada por la Presidencia.


Sometida a votación la enmienda de totalidad al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto- legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se aprueba por 122 votos a favor, 119 en contra y 34 abstenciones.


Proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria . . .
(Página 3227)

Proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria . . . (Página 3227)

Presenta los dos proyectos de ley en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Manifiesta que estos dos proyectos de ley aspiran a determinar el marco jurídico-económico básico de la política presupuestaria del sector público en el siglo XXI y proponen un cambio profundo en las reglas de juego de la política presupuestaria española. Gracias a estas leyes de estabilidad, explica, el déficit cero seguirá siendo la palanca del crecimiento sano y duradero que nos acercará al pleno empleo y se podrán volver a bajar los impuestos, a la vez que se incrementará el gasto social y las inversiones, se aumentará la tesorería de la Seguridad Social y se subirán las pensiones. Acusa a los enmendantes a la totalidad de estar en contra del equilibrio presupuestario y de seguir anclados en ideas económicas obsoletas que se resumen en más gasto, más déficit, más impuestos y más paro, lo que está en contra de la voluntad de los ciudadanos de poner un límite razonable al gasto público, mejorar el control y moderar la discrecionalidad de la gestión de todas las administraciones públicas. Explica el contenido concreto de los proyectos de ley e invita a todos los grupos parlamentarios a considerar los beneficios de estos proyectos de ley de estabilidad presupuestaria y a que participen en su mejora durante el trámite parlamentario.


En defensa de las enmiendas de totalidad a los dos proyectos de ley intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Núñez Castain, Rodríguez Sánchez, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Saura Laporta, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replica el señor ministro de Hacienda, duplicando los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Núñez Castain, Rodríguez Sánchez, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Saura Laporta, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene de nuevo el señor ministro de Hacienda.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor ministro de Hacienda agradece el voto favorable anunciado por los grupos de Coalición Canaria y Convergència i Unió.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela.


Sometidas a votación conjunta las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, se rechazan por 264 votos emitidos, 91 a favor y 173 en contra.


Sometida a votación la avocación por el Pleno solicitada en relación con este proyecto de ley, se aprueba por 256 votos a favor y seis en contra.


Página 3208


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria, se rechazan por 90 votos a favor y 174 en contra.


Se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO

- PROYECTO DE LEY DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000002.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de pesca marítima del Estado. ¿Turno a favor de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente en nombre del Bloque Nacionalista Galego, en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de pesca marítima del Estado. Abordamos hoy el último trámite parlamentario antes de que esta ley vea la luz. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Una ley, por cierto, que fue anunciada en su día -hace nada menos que cinco años- como uno de los proyectos estrella del Gobierno y que se basa en un proyecto de ley que es verdad que en algunos aspectos ha sido mejorado en el trámite de enmiendas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor, ha comenzado la sesión y no se oye prácticamente al orador. Les ruego silencio.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Reconocemos -decía- que el proyecto ha sido mejorado en el trámite de enmiendas, pero mucho nos tememos que la ley a que dará lugar resultará un instrumento escasamente útil para dar respuesta a las necesidades de un sector como el pesquero que, como reconoce la exposición de motivos, tiene una gran importancia económica y social, y escasamente útil también para atender los intereses de la flota más importante de la Unión Europea. ¡Ojalá! nos equivoquemos, pero esta ley, tal como se va a promulgar, nos colocará ante la evidencia de que se trata de una oportunidad perdida para dar respuesta a las necesidades del sector respetando, además, las competencias de las comunidades autónomas.
Al Bloque Nacionalista Galego, por ser de una comunidad con tanto peso pesquero como Galicia y con tanta necesidad, por ello, de adaptar las leyes de pesca a sus propias características y a su realidad específica, le parece que, a pesar de la dulcificación del texto inicial tras su paso por el Senado, esta ley sigue manteniendo limitaciones a las competencias de las comunidades autónomas en la materia que regula. Además, el mantenimiento de estas limitaciones es más preocupante aún después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de este año que, por cierto, deja prácticamente incólume la ley vigente de pesca de Galicia del año 1993, en su día recurrida por el Gobierno del Estado en más de veinte artículos. Quiero referirme, por ejemplo, a que esta sentencia mantiene como constitucional el artículo 5 de la Ley de pesca de Galicia que extiende el ámbito de aplicación de lo previsto en ese artículo a las aguas interiores y exteriores en materia de su competencia, como es el marisqueo y la acuicultura. La sentencia del Tribunal Constitucional delimita las competencias según la actividad ejercida y no en razón de en qué parte del mar se ejerce. Seguimos creyendo que la redacción que el proyecto de ley que hoy seguramente se va a aprobar propone en su artículo 2, en lo relativo a actividad pesquera va en contra de la doctrina expresada por este Tribunal Constitucional y lo contemplado en la Ley de pesca de Galicia. Lo mismo podríamos decir en cuanto a la definición que se da al concepto de ordenación del sector pesquero, que nos sigue preocupando ya que puede dar lugar a dudas interpretativas y ser a lo mejor fuente de conflicto en el futuro.
En cuanto a la discusión de otros temas que ya resaltamos durante otros trámites, como por ejemplo la regulación de las cofradías de pescadores, seguimos pensando que no debería ser contemplada en esta ley por ser competencia de las comunidades autónomas y, aparte de esto, desde nuestro punto de vista, aunque sólo fuese porque las realidades distintas también en esta materia aconsejan que sean las comunidades autónomas quienes entren a regular esta cuestión. En general las enmiendas del Senado sobre esta regulación de las cofradías entran a concretar algunas cuestiones más de las que proponía el texto del Congreso que no aportaban mejora alguna.
En líneas generales hay que decir que el proyecto de ley presenta innovaciones más bien escasas respecto a las disposiciones legales previamente existentes y también nos parece que remite excesivamente a un posterior desarrollo reglamentario un gran número de cuestiones.
Por otro lado la inmensa mayoría de estas enmiendas del Senado son de carácter técnico formal. Entre las que tienen algún contenido quisiera destacar que nos parece positiva, desde nuestro punto de vista, la referida al artículo 28.1, que introduce el informe

Página 3209


previo a las comunidades autónomas en cuestiones relativas a la transmisibilidad o la referida al artículo 28.1.a) que también mejora la redacción.
En definitiva -y acabo, señor presidente-, lo que no se modifica es el espíritu de la ley y, por tanto, nuestra opinión sobre la misma no ha variado. Ya digo -y ojalá nos equivoquemos- que mucho nos tememos que estamos ante una oportunidad perdida de poner en marcha una ley acorde con la importancia y las necesidades del sector pesquero.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan del Senado en razón de la siguiente justificación.
En primer lugar, se ha introducido una gran mayoría de enmiendas en el Senado -que son muy abundantes por cierto a este proyecto de ley y no podría ser menos en un texto articulado tan amplio- que son correcciones técnicas, de estilo, gramaticales y otras que mejoran las sintaxis de los textos introduciendo claridad y ahuyentando así cualquier interpretación errónea del texto literal del todavía proyecto de ley. Las mejoras, por tanto, las valoramos positivamente.
Quiero también destacar algunas enmiendas de fondo y con contenido que se han introducido en el trámite en la Cámara Alta y respecto a las que quiero justificar, de alguna manera, nuestro voto positivo porque introducen, a nuestro juicio, mejoras y seguridades jurídicas para la pesca marítima tanto en competencias de algunas entidades, cofradías, como sobre todo en cuanto a la delimitación de los campos de competencias entre la Administración Central del Estado y la administración autonómica.
En primer lugar, la enmienda dirigida al artículo 28.1 en cuanto a la distribución de las posibilidades de pesca que serán transmisibles con la autorización previa del Ministerio de Agricultura y previo informe de la comunidad autónoma del puerto base del buque. Creemos que esto es muy afortunado porque delimita las competencias entre el Ministerio y la comunidad autónoma y hace la referencia al puerto base del buque.
El artículo 28.1 en su apartado a) también lo creemos positivo al aclarar mediante una enmienda introducida en el Senado que se evita la acumulación de posibilidades de pesca en un buque en volúmenes superiores a los que puedan ser utilizados. Faltaba esta aclaración y la consideramos afortunada.
La enmienda introducida al artículo 49, respecto a quiénes integran la junta general, por lo que se refiere al número de trabajadores y armadores en representación de los distintos sectores de la cofradía, y que ejercerá funciones que establezcan los respectivos estatutos cuya aprobación corresponde a las comunidades autónomas. Esto creo que también es positivo y clarificador.


Otra enmienda que vamos a votar positivamente, porque se introduce en forma y contenido por el Senado, es la referente al artículo 59, apartado 3, que propone una nueva redacción en lo relativo a la cédula del buque pesquero y viene a definirla como el documento identificativo del mismo. Este es un aserto que introduce seguridad jurídica, porque ya define el propio texto de la ley qué documento de identidad va a representar para el buque pesquero la denominada cédula del buque. Dice también esta enmienda lo que tiene que constar de forma visible en el texto de la cédula: como mínimo -por tanto puede ser un documento ampliable en competencias de la comunidad autónoma o del Gobierno central, porque el texto del Senado, como digo, es el mínimo- los datos de identificación del buque, el puerto base de establecimiento y las bajas de los buques aportadas para su construcción, las cuales no podrán ser despachadas en lo sucesivo para el ejercicio de la pesca, con lo cual se evitan situaciones ambiguas de fraude que se podrían dar porque no sabíamos quién tenía esa competencia y si eso lo tenía que reflejar o no la cédula del buque.
El artículo 67, en su apartado 3, también es importante porque introduce una seguridad jurídica en cuanto a la razón de la actividad pesquera cuando se prevea utilizar un puerto distinto del puerto base durante períodos superiores a tres meses, para lo cual deberá solicitarse una autorización específica. Esto es oportuno porque ocurre que en comunidades autónomas como la gallega, la vasca, la andaluza y la canaria, sobre todo en la canaria, venían buques, arrastreros, etcétera, cuyas matrículas tenían su base en las comunidades autónomas de Galicia, del País Vasco y de Andalucía, sobre todo Galicia y País Vasco, que estaban operando en el banco canario-sahariano o en el caladero marroquí. Mi grupo siempre hará esta distinción entre caladero marroquí y caladero del banco pesquero canariosahariano por razones políticas, de solidaridad y de congruencia con nuestros planteamientos políticos con el Sahara occidental, el antiguo Sahara español y hoy territorio compartido, ocupado territorialmente por el ejército marroquí y por la República Árabe Saharaui Democrática. Este artículo 67.3, repito, introduce un principio de seguridad jurídica.
El artículo 84.2, señor presidente, es también definitorio de esta claridad entre las competencias del Gobierno y de la comunidad autónoma que aquí se regulan diciendo que en el ámbito de sus respectivas competencias cooperarán en el fomento de la investigación pesquera y oceanográfica, fundamentalmente a través de los ministerios de Exteriores y de Ciencia yTecnología, de las consejerías de las comunidades

Página 3210


autónomas o departamentos competentes en la materia. Para comunidades como la canaria, con unos centros de investigación pesquera y oceanográfica muy importantes, dependientes de la propia comunidad autónoma, entendíamos que era necesaria esta clarificación que ha introducido el Senado y que incluso fue objeto de una enmienda que presentó en el Congreso mi grupo parlamentario, Coalición Canaria.
Finalmente, las enmiendas introducidas a la disposición adicional segunda ordenan que artículos de este todavía proyecto de ley constituyan legislación básica de pesca marítima, y se dictan al amparo de los correspondientes artículos de la Constitución y cualesquiera otros que estén incluidos en las disposiciones adicionales primera y sexta o con la disposición transitoria única, así como lo que afecta al articulado engarce, fundamental con la Constitución española.
Por todas estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar, como he dicho, favorablemente todas estas enmiendas del Senado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Había otros grupos que habían solicitado la palabra.
Tiene la palabra el señor Txueka por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, egunon, buenos días.
En el trámite del Senado sinceramente tampoco ha habido excesivas modificaciones. Reconozco que ha habido alguna pequeña, como es la del artículo 28.1, donde se ha trabajado un poco y se ha trabajado en el sentido que solicitaba el PNV. Indudablemente nosotros seguimos manteniendo la postura inicial, aunque vayamos a votar a favor de las enmiendas, ya que curiosamente casi todas son gramaticales.
Quería aprovechar para repetir los argumentos que ya estimamos en su día sobre la impresión que nos produce esta ley, aparte de que la discusión ha sido muy abierta, hay un espíritu de diálogo y se han guardado las formas, lo que no es poco en estos tiempos. Nosotros apostábamos por que esta ley regulara unas normas básicas sustanciales que facilitaran los mecanismos de consenso y de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Sin embargo creemos que al final se vuelve a articular un sistema de gestión fuertemente centralizado en el Ministerio de Agricultura y Pesca. Por otra parte, en este proyecto se dice poco o casi nada de las condiciones de seguridad de los buques pesqueros. Sí es cierto que se nos remite a un establecimiento de futuros reglamentos del Gobierno, pero tampoco al tratamiento que merecerían políticas estructurales de aseguramiento de riesgos. Permanecen ausentes regulaciones que atiendan a la especificidad de la actividad pesquera sin unos mínimos principios y objetivos legales que ordenen también esta importante faceta. Asimismo, echamos en falta un abordaje mínimo de la estructura sociolaboral y económica de las actividades pesqueras.
Frente a todas estas ausencias, es un proyecto que penetra en muchos ámbitos de la organización del sector, del comercio interior, de la industria transformadora de los productos pesqueros, que hace pensar en una futura y excesiva multiplicación de reglamentos estatales conflictivos y, por ejemplo, recuerdo la última sentencia sobre la Ley de pesca gallega. En suma, es un proyecto que hace pensar que a los redactores del mismo les ha interesado más disponer de un instrumento de intervención ágil por discrecional y centralizado, que de un instrumento eficaz por equilibrado y participado para atender al futuro del sector pesquero.
En el ámbito de colaboración y de trabajo que nos propusimos, votaremos a favor de las enmiendas, pero políticamente no estamos de acuerdo con cómo ha quedado redactado definitivamente esta ley de pesca.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señor presidente.


El Pleno del Congreso de los Diputados está debatiendo el texto definitivo del proyecto de ley de pesca procedente del Senado. Ala vista de las modificaciones introducidas en el Senado, nuestro grupo parlamentario fija posición a favor de las mismas y por tanto votaremos favorablemente. Consideramos que las modificaciones son positivas y contribuyen a pefeccionar el texto, que el trámite en su paso por este Congreso ya dejó muy mejorado respecto a su redacción inicial y con un muy elevado grado de consenso.
El objetivo principal de este proyecto de ley no es otro que el de regular la pesca marítima en aguas exteriores y establecer la normativa básica de ordenación del sector pesquero y de la comercialización de los productos pesqueros. Además, pretende también ordenar competencialmente un sector productivo como el de la pesca, que es especialmente conflictivo dada la gran interrelación de ámbitos que contempla.
Quiero dejar constancia una vez más de que la redacción inicial del proyecto de ley que aprobó el Gobierno era inaceptable para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el hecho de que suponía una clara invasión de las competencias que las comunidades autónomas disponen en el ámbito de pesca en aguas interiores o en el ámbito de la ordenación del sector pesquero, en el que el Estado sólo dispone de competencias para regular la normativa básica. Frente a esta situación de partida, y dada la mayoría absoluta delPartido Popular en las Cortes Generales, la posición de

Página 3211


Convergència i Unió podría haber sido bien de rechazo frontal, con lo que ninguna de las actuales mejoras propuestas por nuestro grupo se hubiera conseguido, o bien de aceptación de la oferta de diálogo que propuso el Ministerio, dado el prácticamente unánime rechazo que suscitó el proyecto de ley.
Desde Convergència i Unió optamos por esta segunda opción, que a la larga se ha demostrado como la más positiva. En efecto, durante la tramitación del proyecto en el Congreso, de las 45 enmiendas que nuestro grupo presentó al proyecto de ley, 35 de ellas han sido incorporadas a la ley de manera literal o transaccionada, y me complace que durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado las negociaciones allí mantenidas hayan posibilitado la aprobación de otras siete enmiendas más de las 18 que al final mantuvimos vivas. No voy a comentarlas una a una, ni voy a entrar en el detalle, pero sí voy a relacionar de manera concreta algunos de los aspectos que han mejorado esta redacción final de la ley; aspectos como el de garantizar el voto secreto en la elección de los órganos rectores de las cofradías de pescadores; permitir de manera explícita a las cofradías que ejerzan aquellas funciones que sean establecidas por la comunidad autónoma competente; regular con mayor precisión la composición de la junta general de la cofradía y del cabildo, tanto en lo que se refiere a sectores como en lo relativo al personal; se crea a la vez la cédula de buques pesqueros, que acreditará el buque para el ejercicio de la pesca marítima; también en los cambios de puerto de base se establece que las condiciones para dicho cambio se determinarán reglamentariamente; a su vez, se deroga de manera explícita el reglamento que regula las infracciones en la actividad de pesca del coral. Al final, señorías, la posición abierta al diálogo del Gobierno y del Partido Popular, así como de la gran mayoría de grupos de esta Cámara ha posibilitado que esta ley cuente con un amplio apoyo parlamentario, a pesar de que algunos de ellos habían presentado inicialmente una enmienda a la totalidad del proyecto de ley.
En último lugar, me gustaría destacar tres de los mayores avances a los que en opinión de mi grupo se ha llegado en la tramitación de esta ley. Primero, separar claramente las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en los ámbitos de pesca exterior y pesca en aguas interiores respectivamente. Segundo, posibilitar en el caso de la pesca en el litoral el establecimiento de un convenio entre el Estado y las comunidades autónomas implicadas que permita la implantación de la administración única en este ámbito, a los efectos de facilitar el ejercicio de la actividad pesquera a las flotas del litoral y el tercero es retornar a las comunidades autónomas la competencia principal normativa en el ámbito de las cofradías de pescadores.
Desde Convergència i Unió confiamos en que a la entrada en vigor de esta nueva ley se cree un marco adecuado que establezca el desarrollo de la actividad pesquera del Estado, hecho que se traducirá, sin duda, en unas mayores perspectivas para el sector y en una mejora en este caso concreto del bienestar de los pescadores catalanes. El proyecto de ley inicial era malo e incluso podíamos tacharlo de involucionista, pero su desarrollo, tanto en el Congreso como en el Senado, lo ha mejorado mucho y si bien -ya lo dije en su día- no es la ley que habría redactado Convergència i Unió, se acerca mucho. Nosotros no la hubiéramos hecho igual, pero sí parecida. Por tanto, nuestra posición será favorable y votaremos a favor hoy de las enmiendas introducidas por el Senado. Creemos que son unas mejoras que ayudan al sector y quiero resaltar la voluntad de diálogo del partido mayoritario, del PP, que debería sentar un precedente. Muchas veces las mayorías no sirven para mejorar, hoy esta ley ha sido debatida, consensuada, mejorada. Me dirijo al grupo parlamentario para que sea si no un precedente, sí un aspecto positivo para otras veces, en las cuales la mayoría no sirve para mejorar y sí sólo para decidir sin mejorar.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, desde que comenzó la andadura de esta ley en esta Cámara, los socialistas manifestamos siempre que queríamos hacer un texto útil, una ley que sirviera para clarificar los ámbitos competenciales y que, al tiempo, simplificara las relaciones del sector con las administraciones. Una ley, en fin, que diera mayor protagonismo en la gestión a las comunidades autónomas que a los agentes económicos y sociales a los que pensábamos que había que corresponsabilizar con el futuro del sector.
Defendíamos también una ley que favoreciera la modernización y el desarrollo del sector pesquero. Esos objetivos se consiguieron en buena medida en la tramitación en el Congreso. A ello contribuyeron, no cabe duda, 57 enmiendas del Grupo Socialista que se incorporaron al dictamen junto con otras de la oposición y del propio Grupo Popular. El resultado final dictaminado en primera instancia por el Congreso era para nosotros aceptable, un texto mejor, respetuoso con las comunidades autónomas, un texto con mayor sensibilidad social y que, al tiempo, da un mayor protagonismo a las organizaciones sindicales.
El texto recoge enmiendas socialistas muy importantes al artículo 63, que permiten enfrentarse a las crisis estructurales con programas locales de desarrollo. El texto favorece, asimismo, la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y se da un paso importante en ese sentido, pensamos que trascendental, al posibilitar que las comunidades autónomas puedan gestionar de forma unificada la pesca del litoral, lo que

Página 3212


se permite a través de una tasación sobre la enmienda socialista. La ley, por otra parte, también clarifica el papel de las empresas mixtas que son importantes hoy y un instrumento imprescindible en el futuro, sobre todo para una potencia pesquera como España que necesita de caladeros ajenos. El texto mantenía, no obstante, algunos aspectos con los que discrepábamos, como eran de manera resumida que en la Federación Nacional de Cofradías participaran federaciones autonómicas y cofradías individuales por entender que se falseaba la representatividad al poner al mismo nivel las federaciones autonómicas y las cofradías individuales. También, que se pudiera extender la transmisibilidad de cuotas de pesca a la bajura y al litoral por entender que pudiera dar lugar a concentraciones indeseadas cuando menos socialmente. También, que en temas de comercialización se pudiera avanzar más. Pensábamos que la ley se quedaba por detrás de la realidad. Había también otras discrepancias menores.
En el paso por el Senado se mantienen los aspectos positivos del texto remitido por el Congreso y se añaden múltiples correcciones técnicas y gramaticales que indican una tramitación apresurada en el Congreso. Valoramos positivamente estas enmiendas técnicas y asumimos la crítica a la tramitación apresurada en ponencia y Comisión. En el Senado no sabemos si hubo consenso, con nosotros no. Por ello, los aspectos en los que discrepábamos se mantienen, aunque en algún caso como en el artículo 28.1 se corrige un poco al obligar a que para la transmisibilidad de cuotas de pesca tenga que haber un informe previo de las comunidades autónomas, que sean dos administraciones las que deban autorizarla nos tranquiliza un poco, máxime por lo que se refiere a la pesca artesanal. Por lo demás, no hay cambios sustanciales para nosotros. Sin embargo, no quisiera dejar esta tribuna sin mencionar el nuevo tratamiento que se da a las cofradías, una entidad que también queremos potenciar, siempre en defensa de los intereses de sus asociados. Las cofradías no son una realidad uniforme ni todas ellas atienden una misma problemática. Por ello, defendíamos que fueran las comunidades autónomas las que desarrollaran el tema de acuerdo con sus diferentes problemáticas y así quedó en el texto del Congreso. En el Senado se abre la puerta a que, por vía de la delegación de funciones de las administraciones, las cofradías se puedan convertir en algunos casos en administraciones paralelas, lo que no sería bueno para nadie. Nos imaginamos que este tema está pactado con la burocracia de las cofradías, pero nosotros, con el ánimo de no entorpecer en ese tema, nos vamos a abstener en la votación.
En lo relativo a las cofradías en el dictamen emitido por el Congreso se contempla una junta general integrada por un mismo número de representantes de los distintos sectores que conviven en una cofradía. En el Senado se vuelve a un viejo esquema que suena un poco a sindicato vertical: el mismo número de trabajadores que de armadores. La realidad social, señorías, es más compleja. Hoy no podemos dividir una cofradía en trabajadores y armadores y, por eso, nosotros dejábamos este tema abierto, con el fin de que fueran las comunidades autónomas las que definieran los distintos sectores representativos en cada caso. Por lo demás, el trabajo del Senado corrige las prisas de la tramitación en el Congreso y mejora técnicamente algunos aspectos de una ley que esperamos que sea útil para el sector. Sin restar importancia a la ley, quiero recordar al señor ministro y al Gobierno que nos estamos jugando que España siga siendo una potencia pesquera a nivel mundial. Y nos los jugamos no en esta ley, nos lo jugamos en la política pesquera comunitaria y en la negociación de los caladeros exteriores. Por ello, hoy como ayer, un buen acuerdo pesquero con Marruecos es esencial para el sector.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
Señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el ultimátum de la aprobación de la ley de pesca del Estado que después de muchos trámites y de muchas aportaciones de los distintos grupos va a llegar a su término. En veinticuatro años de democracia no teníamos en este país una ley pesquera. Como sabemos, es un sector muy importante para muchas de las comunidades autónomas de España. En su tramitación en el Congreso se habían aportado y aprobado numerosas enmiendas de los grupos parlamentarios.
En el trámite en el Senado se han presentado 166 enmiendas y además 26 del Bloque Nacionalista Galego fuera de plazo. Quiero pensar que haya sido debido más a un despiste que al escaso interés que hubieran podido prestar a esta ley. Quiero decir al portavoz del Bloque Nacionalista Galego que está intentando tergiversar la sentencia del Tribunal Constitucional. Sabe S.S. que es cierto que la ley, nuestra ley, que hoy vamos a aprobar definitivamente, en su artículo 2 define la actividad pesquera en aguas exteriores y la acuicultura y el marisqueo con artes de pesca. Y el Tribunal Constitucional dice que el marisqueo y la acuicultura será en aguas interiores y exteriores, siempre y cuando sean utilizados aparejos de marisqueo y acuicultura.
Dicen exactamente lo mismo, señor Vázquez.
Al resto de los grupos, concretamente al portavoz del Grupo Nacionalista Vasco he de decirle que en el Senado se ha intentado llegar a todo tipo de consensos, se ha admitido alguna enmienda transaccional suya, una directamente y otra con corrección de errores. Hay una cuestión en la que parece que no estamos de acuerdo.


Página 3213


El Grupo Parlamentario Vasco indica que las comunidades autónomas no son oídas en muchos aspectos. Es cierto porque el artículo 6 así lo indica, pero lo importante es que en la ley se contemplan dos figuras que antes no existían, y una de ellas es el Consejo nacional pesquero que, como usted sabe, está conformado por representantes de las distintas comunidades autónomas y hay que desarrollar su funcionamiento. En él hay que decir cómo se convoca y cuáles son sus funciones. Yo estoy totalmente convencido de que tanto esa figura como el Comité consultivo de pesca van a ser tremendamente positivos para que esta ley se pueda llevar a la práctica.
Al portavoz del Grupo Socialista le quiero indicar que en el Senado, por mediación de nuestra portavoz, María del Mar Agüero, aquí presente, se ha intentado llegar a un entendimiento con su partido, pero su portavoz nunca se ha puesto al teléfono que, tal como queda recogido en el "Diario de Sesiones" del Senado, se ha negado a tener cualquier entendimiento con el Grupo Popular para intentar consensuar esta ley. Esta ley, señorías, ha intentado recoger todas sus aportaciones y es una ley válida y no de ningún partido. Yo estoy totalmente convencido de que cualquiera que sea el Gobierno que esté al frente del Estado esta ley va a permanecer. Hay otros aspectos en los que lamentamos no haber podido llegar tampoco a un entendimiento con el Grupo Socialista, como es la limitación a la permisividad de los permisos de pesca artesanal. Sabemos que tenemos muchas complicaciones para su definición, tenemos también discrepancias en el propio sector y, por eso, no hemos podido llegar a ese entendimiento.
Termino, señorías, diciendo que nos tenemos que felicitar todos por esta ley de pesca, deseando que la misma sea positiva para el sector.
Y les vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por sus aportaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mantilla. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.) Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Pesca Marítima del Estado.
En primer lugar, enmiendas a los artículos 49 y 50.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 174; en contra, 99; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas del Senado al artículo 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 172; en contra, 10; abstenciones, 92.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Por último, resto de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Pesca Marítima del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 270; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de Pesca Marítima.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000034.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000026.)

La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Por cuanto la enmienda de totalidad presentada al proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria ha sido retirada, iniciamos el

Página 3214


debate de totalidad del proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Para la presentación del referido proyecto de ley, tiene la palabra el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
(Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa.) Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ha transcurrido más de una década desde la aprobación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de 1990, periodo en el que esa norma ha servido de fundamento legal a todo el derecho positivo de la circulación. Al amparo de esa ley se han ido sucediendo los correspondientes desarrollos reglamentarios, promulgándose el reglamento general de circulación, el reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, el reglamento general de conductores y el reglamento general de vehículos. Pues bien, una vez que ha culminado ese desarrollo reglamentario de la ley y tras la práctica derivada de su aplicación, el Gobierno considera necesario introducir una serie de modificaciones que la experiencia ha revelado como imprescindibles y que sin duda redundarán en una mejora de la seguridad vial. En la circulación viaria confluyen múltiples factores, pero sobre todo existe detrás de cada accidente una auténtica tragedia humana, familiar y social que exige y demanda una respuesta y un esfuerzo no sólo del Gobierno sino también de los grupos políticos y de toda la sociedad. En este sentido, hay que reconocer que se percibe un cambio en la sociedad en su conjunto y una mayor concienciación sobre el fenómeno de la seguridad vial como problema grave. Y esto es importante porque nos permite constatar que la gran mayoría de los ciudadanos participa en el tratamiento de este problema y en la reflexión común sobre la forma y manera de afrontarlo. También quiero destacar en este punto que el Parlamento español ha tenido desde hace años una verdadera percepción del problema y una sensibilidad especial para debatir y proponer medidas de seguridad viaria y que en muchos casos esas iniciativas se han traducido en instrumentos jurídicos que incorporan modificaciones importantes para la seguridad en la carretera.
Es de todos sabido que la automoción moderna del siglo XX ha traído como consecuencia muchos aspectos positivos de progreso, de libertad y de creación de puestos de trabajo. Pero también existe un lado negativo que desvela una profunda frustración para los poderes públicos y para la sociedad, y es la pérdida de vidas humanas, de muchas personas que fallecen cada día en nuestras carreteras. Hay un dato especialmente significativo, y es que esta es la principal causa de muerte de personas entre los 18 y 25 años de edad. Son realidades y datos que preocupan de forma especial al Gobierno y no sólo en España, sino a todos los países de la Unión Europea. Las carreteras en la Unión Europea acaban con la vida de 45.000 personas al año y producen 1.600.000 heridos. En España el año pasado se produjeron 4.295 fallecidos en accidentes de tráfico y más de 120.000 heridos. Es además ésta una realidad profundamente cambiante que nos sorprende con cifras espectaculares.
Fíjense que, por ejemplo, en el año 1986 existía un parque automovilístico de 12 millones de vehículos y hemos pasado en el año 2000 a 23 millones de coches en España. Esto es sólo un ejemplo de la variabilidad de datos y factores que manejamos, y siempre con el convencimiento de que las cifras son relativas y que sólo nos marcarán tendencias a largo plazo en la evolución de este fenómeno.
Como decía, es un panorama complejo y concluirán ustedes conmigo en que no hay receta fácil para manejar las cifras de siniestralidad en las carreteras. Esto es así porque como decía anteriormente concurren diversidad de factores, y uno fundamental es el propio comportamiento y actitud de los conductores. No hay que olvidar que un altísimo porcentaje de accidentes de tráfico tiene su origen en el error humano. Por todo ello, las actuaciones en seguridad vial desde la Administración central y desde todas las administraciones deben dirigirse a evitar errores y a reducir sus consecuencias en la medida de lo posible, desde la mejora de las infraestructuras a la seguridad de los vehículos, pasando por la educación y la formación vial, la vigilancia y la asistencia en los accidentes. El Gobierno -como todos ustedes saben- elabora los planes de seguridad vial que desde el año 1988 se aprueban por la Comisión interministerial de seguridad vial creada en la pasada legislatura y que presido en mi condición de vicepresidente primero del Gobierno. En estos planes, en los que participa no sólo la Administración central, sino también las comunidades autónomas y las corporaciones locales, se cuantifican los objetivos y se recogen las estrategias a realizar para la prevención de accidentes. Además se hace un seguimiento de los mismos con unos resultados de cumplimiento cada año superiores al 90 por ciento de su contenido. Todos ellos son aspectos esenciales que permitirán ir avanzando en la reducción de la siniestralidad viaria y, en definitiva, en una mejora de la seguridad de nuestras carreteras, para conductores, para ciclistas y para peatones, porque todos participamos de alguna forma en la circulación y es nuestro deber armonizar esa convivencia.
Pues bien, hoy iniciamos en esta Cámara un debate sobre la reforma de la ley de tráfico y seguridad vial y además el Gobierno está ultimando un real decreto de reforma del reglamento general de circulación y del reglamento general de vehículos que regulará aspectos

Página 3215


importantes sobre la circulación de los ciclistas, las pruebas deportivas o la circulación de vehículos especiales. En ambos casos, y en cuanto a la tramitación de estas normas, quiero destacar la voluntad del Gobierno de dialogar con todos los grupos políticos para acordar estas reformas y alcanzar un consenso lo más amplio posible sobre la reforma de la seguridad vial. A continuación, trataré de exponer las principales modificaciones contenidas en el proyecto de ley que hoy traemos a la Cámara. Una de las reformas más importantes es la que afecta a las infracciones y sanciones, modificación que va encaminada a recompensar al conductor escasamente infractor, a la reeducación en la conducción y a incrementar el efecto disuasor de la sanción en el conductor reincidente. En esa línea se introduce la posibilidad de sustituir parte de la multa por otras medidas también reeducadoras consistentes en cursos formativos o módulos de concienciación. En este ánimo de reorientar la finalidad de la sanción se sitúa también la posibilidad de cumplir fraccionadamente la suspensión del permiso de conducir para adaptarse a las necesidades de algunos conductores. Las infracciones muy graves adquieren sustantividad propia, destacando entre ellas la definición de la conducción temeraria. También se amplían los plazos de prescripción de la infracción para las sanciones leves de tres meses, para las graves de seis meses y para las muy graves de un año. En la actualidad el plazo de prescripción es de tres meses para todas las faltas. Con esta modificación tratamos de aproximar el procedimiento sancionador de tráfico a los límites establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Se introduce, entre las presunciones de pérdida de actitudes o de conocimientos para la conducción, la imposición durante el periodo de dos años de tres sanciones por faltas graves o dos por faltas muy graves. Con la finalidad de insistir en la seguridad vial y en la conducción responsable se prohibe expresamente, calificándolo como falta muy grave, la ocupación excesiva del vehículo con posibilidad de inmovilización del mismo. Se establece la responsabilidad solidaria de los padres por los hechos cometidos por menores de edad. Con esta medida la legislación de tráfico se adapta a la filosofía de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Asimismo, el proyecto determina como causa legal suficiente de notificación de la denuncia que se realice en un momento posterior a la comisión de la infracción. Con ello se pretende evitar riesgos innecesarios para la circulación que se producirían si se notificara la denuncia en el mismo momento de formularse o cuando la infracción sea captada de tal forma que se puede conseguir la identificación del conductor.


En otro orden de cosas, el proyecto también hace referencia a los siguientes aspectos. Con la finalidad de evitar distracciones innecesarias se prohibe expresamente el uso del teléfono manual mientras se conduce y se permite la utilización de auriculares en un solo oído. En la actualidad se considera infracción conducir usando auriculares conectados a equipos de sonido, pero, teniendo en cuenta el enorme incremento de teléfonos móviles y la peligrosidad que representan, se ha considerado indispensable que la norma prohiba su uso manual de forma clara. Se otorga cobertura legal suficiente, por razones de seguridad vial, a la prohibición de utilización de equipos técnicos que pretendan la anulación del control de la velocidad captada por cinemómetro. Por lo que respecta a los ciclistas, se introducen modificaciones que vienen a suavizar la regulación que se contenía en la ley de 1999. A partir de ahora, se va a contemplar la posibilidad de que los ciclistas puedan circular por autovías, en todo caso por el arcén, cuando exista una señalización concreta que lo autorice de modo general por los tramos correspondientes. Se regula también la posibilidad de parar en el arcén cuando resulte absolutamente necesario y no exista una zona próxima para realizar la parada fuera del mismo. Se suprime el régimen de autorización administrativa previa a la publicidad de vehículos de motor o circulación; se autoriza al Gobierno a determinar los elementos materiales y personales mínimos para el funcionamiento de escuelas de conductores y centros de reconocimiento a los fines exclusivos de garantizar la seguridad vial; se establece la cobertura legal para permitir la inmovilización de vehículos por supuestas alteraciones técnicas que desvirtúan su uso o situaciones que atenten a la seguridad vial.
Junto a este bloque, el proyecto también introduce una serie de mejoras de carácter técnico, que paso a resumir a continuación. La composición del Consejo Superior de Tráfico, teniendo en cuenta la cambiante realidad del mundo de la automoción, se determinará por real decreto, con lo que ello supone de flexibilidad y adaptación de este Consejo a la sociedad; la cuantía de las multas que corresponden a las diferentes clases de infracciones se actualizará y expresará en euros, y otras. La supresión de las infracciones relativas al régimen de actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial pasarán a ser infracciones de la Ley de industria de 16 de julio de 1992.
Señoras y señores diputados, este es el conjunto de medidas que se recogen en el proyecto de ley que hoy inicia su andadura parlamentaria. Sabemos que estamos ante un reto difícil para el que no existe ninguna fórmula mágica, y lo que en definitiva pretende el Gobierno es ir avanzando en la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras y atender a la demanda social que exige una mayor protección de la seguridad vial. Como he dicho antes, estamos abiertos al diálogo en el trámite de Comisión. Sólo hay un grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad. En cualquier caso, estamos dispuestos a mejorar el contenido de laley en los debates que se vayan produciendo y, en consecuencia

Página 3216


con lo que acabo de decir, estudiaremos seriamente sus propuestas y sus sugerencias.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Para defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, señor Rajoy, bienvenido al ejercicio de sus nuevas responsabilidades, en este caso en materia de seguridad vial.
De todas maneras, me ha parecido que el estreno ha sido un tanto frío. Me ha dado la impresión de que S. S. ha pronunciado un discurso de circunstancias, preparado obviamente por los equipos técnicos que dependen de S. S., y me ha dado la impresión de que S.S. tampoco ponía una enorme ilusión en la defensa de este proyecto de ley, que evidentemente constituye una herencia -y espero que no sea muy pesada- que empieza con una hipoteca. Eso se lo debía tomar S. S. a beneficio de inventario y tratar de comenzar un nuevo espacio de trabajo, dando una nueva orientación a esta temática, fundamentalmente a partir de la palabra que ha expresado usted ahora en repetidas ocasiones, el término diálogo. Conviene que hablemos, pero no solamente en la perspectiva de buscar determinadas soluciones a los problemas que tiene el tráfico en relación con la limitación que supone su concepción de este proyecto de ley, sino en un debate mucho más amplio. Obviamente, S.S. va a tener mucho trabajo en este nuevo departamento. Solamente para empezar, y no quiero desanimarle, tiene pendientes treinta comparecencias que le ha dejado en herencia su predecesor en el cargo. Procuraremos en los momentos iniciales aliviarle lo más posible la carga, pero queremos que sea consciente de que esto es así.
También nos gustaría mucho, señor Rajoy, que en el ejercicio de sus funciones adquiera usted conciencia de este problema. Creo que el hecho de venir aquí esta mañana, a pesar de que no ha echado las campanas al vuelo, demuestra una actitud de cierto compromiso en relación al tema que estamos tratando, porque, evidentemente, ésta es una cuestión importante de cara al futuro. Su predecesor en el cargo ha dado la impresión de que no se ha enterado de que, en realidad, el tema de la seguridad vial también era una cuestión que dependía del Ministerio del Interior. Nunca le hemos oído hablar de esta cuestión; esperemos que S.S. corrija esta tendencia y considere que el problema más importante de seguridad que tienen los ciudadanos españoles es precisamente la seguridad vial. No voy a dar cifras comparativas, pero simplemente con coger los datos que figuran en el último boletín de la Dirección General de Tráfico se ve que en España tenemos una situación realmente grave, y es la gravedad de esta situación, señor Rajoy, la que nos ha impulsado a presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. No existe la más mínima correlación, señor Rajoy, entre el problema de seguridad vial que hay en nuestro país y las soluciones que aporta el proyecto de ley. En España, y éste es el motivo fundamental de nuestra iniciativa, la inseguridad vial es uno de los grandes problemas de salud pública que padecen los españoles. España es uno de los países más inseguros de la Unión Europea; España padece todos los fines de semana una auténtica escabechina de ciudadanos que fallecen como consecuencia de los accidentes de tráfico, especialmente jóvenes. Es frecuente ver en los periódicos, en nuestra realidad social, autobuses que tienen accidentes graves, con un número importante de víctimas. También es frecuente ver la noticia de la muerte de los ciclistas y no ya en el título de aquella famosa película, La muerte de un ciclista, sino como la triste realidad de la pérdida de dos o tres vidas de ciclistas semanalmente.
La situación es grave y tiene un costo económico que tiene que pagar la sociedad española, coste económico que está evaluado, como mínimo, en 2 billones de pesetas. De esos 2 billones, uno corresponde a los gastos de seguro y 250.000 millones de pesetas corresponden a los gastos sanitarios; es decir, aproximadamente el 25 por ciento del gasto sanitario se nos va en la reparación de las desastrosas consecuencias que para muchas personas se derivan de los accidentes de tráfico.
Además, señor Rajoy, estamos ante un problema que en España sigue una línea ascendente. No podemos decir que esto va a menos; tenemos que decir, porque la realidad y los datos de los últimos años así lo evidencian, que estamos ante un problema que asciende o, por lo menos, que es resistente a la baja. Así como el resto de los países europeos han iniciado, en conjunto -y muchos particularmente, veamos el caso del Reino Unido-, un proceso de descenso en el número de muertos y de accidentes, en España tenemos un proceso sostenido de incremento gradual; un incremento no muy fuerte, pero gradual. Por eso, señor Rajoy, frente a este problema tan importante no se puede traer, como se trae por parte del Gobierno del Partido Popular, un proyecto de ley que en realidad contiene retoques técnicos y procedimentales, modificaciones, algunas erróneas, como trataremos de demostrarle, y otras muy discutibles, e incluso algunos retrocesos en la legislación que tenemos en nuestro país para la prevención y la lucha contra la siniestralidad en el tráfico. Y, por supuesto, lo que más nos ha llamado la atención es que, a la altura del año que vivimos, este proyecto de ley que nos trae el Gobierno no tiene la más mínima referencia a las tendencias, las directrices, los elementos de política comunitaria que ya se están introduciendo aquí.
España, señor Rajoy, se tiene que preparar para estar a nivel de los compromisos comunitarios que sevan a establecer en este terreno en las instituciones

Página 3217


comunitarias a partir del plan que se prepara para los años 2002-2010 y no hay ningún elemento que nos permita hacer alguna previsión al respecto. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) En este sentido, hay que decir que España carece de un elemento fundamental que nos permita homologarnos en este ámbito a lo que será la lucha comunitaria contra la siniestralidad en el ámbito de la carretera y es que carecemos de un auténtico plan de seguridad vial.
Su señoría ha mencionado el Plan de seguridad vial que, desde el año 1988, dictamina no recuerdo qué organismo. Ya sabemos que en nuestro país existen planes de seguridad vial desde el año 1980, pero, por favor, señor Rajoy, cuando me conteste, si me contesta, que espero que lo haga, no me diga que en realidad los planes que nosotros ahora les criticamos están basados en unas metodologías que ya aprobamos los socialistas en no sé qué año. Eso no va a servir para nada, porque aquí lo importante es ver si España, en lo que se refiere a la lucha contra la siniestralidad en el tráfico, aprueba un plan estratégico en el que haya compromisos cuantificados, pero no sólo de inversiones o de kilómetros de carreteras, sino también de reducción de siniestros mortales, de reducción del número de accidentes, que es lo que en este momento está planteando la Unión Europea como auténtico compromiso que debe determinar el conjunto de medidas de carácter preventivo para conseguir el cumplimiento de esos fines.
Yo no sé, señor Rajoy, si abrumarle con la enumeración de algunos de los datos que conforman la realidad de nuestro país en cuanto al tráfico, porque la verdad es que creo que son enormes, y lo que es aún más enorme, señor Rajoy -y espero que lo comparta conmigo-, es la insensibilidad en la que hemos incurrido y de la cual es expresión este mismo proyecto de ley. Hay una insensibilidad social importante ante este hecho que debemos denunciar, y a usted, como responsable de esta área, debe preocuparle todavía más que a quien está haciendo uso de la palabra. Hay una situación que implica que cada día mueren 17 españoles en accidente de tráfico y 390 son heridos, lo que es algo realmente delirante, y de esos heridos, tres, según las estadísticas, por término medio, quedarán definitivamente en una silla de ruedas.
Sabemos el coste que todo esto conlleva, pero lo que es, repito, más preocupante es que España es uno de los países más inseguros de la Unión Europea. Le voy a dar solamente tres datos constatados, extraídos de los instrumentos más rigurosos de medición y de estudio que podamos encontrar en España para estos temas, que, desgraciadamente, no están en la Dirección General de Tráfico, señor Rajoy, sino en otros sitios. Estos datos nos dicen que, en lo que se refiere a la evolución de la siniestralidad de 1994 a 1998, en España ha habido un incremento del 6 por ciento mientras la media de la Unión Europea se ha reducido un 8 por ciento; que por kilómetros recorridos España es el tercer país de todos los de la Unión Europea en siniestralidad; que el número de muertos por millón de habitantes en España es de 143 frente a los 116 de media de la Unión Europea y que en lo que se refiere a fallecidos por millón de automóviles, en España tenemos 301 frente 224 de la Unión Europea. Es decir, somos el segundo país de la Unión Europea en este terreno.
Pues bien, frente a esta realidad, el problema fundamental y lo que nos ha impulsado a pedir la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, señor Rajoy, es que el Gobierno y la reforma que nos remite carecen de ambición y de soluciones para lo que estoy describiendo y que las modificaciones más significativas que se introducen en este proyecto de ley son reductoras de garantías de seguridad para los ciudadanos que van por nuestras carreteras. Fíjese lo que le estoy diciendo, señor Rajoy: reductoras de garantías. Hay algunas que sí las incrementan, pero se introducen elementos de reducción de garantías de la seguridad vial que evidentemente tenemos que denunciar, y lo tenemos que decir muy alto. Efectivamente, se deslegalizan elementos muy importantes, como es que en el futuro las actividades industriales que afectan directamente a la seguridad vial no tendrán ya nada que ver con la Ley de Seguridad Vial. El Consejo Superior de Tráfico lo va a regular el Gobierno de una manera discrecional, a través de un decreto. Ya se deslegaliza; no es la ley la que dice quién compone el Consejo Superior de Tráfico, y esto tendrá indudables consecuencias como falta de compromiso de algunas instituciones, especialmente las autonómicas y locales, que no se vean bien representadas, en unos porcentajes adecuados, para poder colaborar. Porque, al fin y al cabo, sabe S.S. que la política de tráfico depende de la Unión Europea, del Estado español, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y cada cual debe tener su parte y su representación. Hay además elementos de permisividad que nosotros hemos considerado realmente peligrosos. Por ejemplo, en la ley actualmente en vigor, que aprobó el Gobierno socialista, se prohibía el uso de cascos y auriculares mientras se conduce. Ahora se levanta esa prohibición y se permite el uso por un oído. Eso implica distracción y en un mundo en el que las velocidades son cada vez más altas y se conduce a un ritmo cada vez más vibrante, introducirá un factor de peligrosidad en las carreteras.
El uso de teléfonos móviles lo remiten ustedes a una autorización para que se puedan utilizar en los arcenes. ¿Se imagina S.S. en la autovía de La Coruña -supongo que la conocerá bien-, habida cuenta del uso masivo que hacemos de los móviles, a miles de ciudadanos apartándose, dejando la carretera vacía para hablar por los móviles y luego incorporándose permanentemente, sabiendo como saben los expertos que uno de los momentos más peligrosos de la conducción es precisamente cuando se incorpora el coche a la autovía? Eso

Página 3218


hay que tenerlo en cuenta; piénselo bien porque esto va a ser una escabechina brutal.
El tema de los ciclistas. Para los ciclistas cambian ustedes algo que figuraba en nuestra ley; plantean que en el futuro puedan circular también por determinados tramos de las autovías. Esa es una solución coyuntural, es una falta de compromiso respecto a un tema en el que sabe S. S. que hay que profundizar. Hay millones de ciclistas en este país y el problema que tenemos pendiente es cómo conseguir que esa práctica social masiva del ciclismo adquiera carta de naturaleza en nuestras calles y en nuestras carreteras, y eso no solamente consiste en permitir que determinados tramos sean utilizados por los ciclistas, sino que debe implicar una política de infraestructuras específicas para el uso de los ciclistas, como se ha hecho en otros países. Ha dicho S.S. que hay dos millones y medio de ciclistas, pero, según las cifras de que yo dispongo, hay 12 millones de bicicletas en España, lo cual no quiere decir que haya 12 millones de ciclistas, evidentemente, pero está claro que debemos hacer una política orientada a resolver ese problema social, que era uno de los sentidos fundamentales de nuestras enmiendas.
También ha hablado usted -no sé cómo lo ha mencionado- del tema de la supresión de la autorización previa para la publicidad en relación a los vehículos de motor. Suprimir la autorización previa en esta materia es volver a la ley de la selva, significa que se puede utilizar cualquier estímulo sin ningún tipo de penalización. Usted sabe que el juego de la norma implica finalmente que, al remitirse esta cuestión a otras normas, no va a haber ningún tipo de penalización, no va a haber en realidad ningún tipo de control. La publicidad es uno de los estímulos más importantes que hoy padece el ser humano, que le puede inducir a la realización de conductas realmente peligrosas, y obviamente en el tráfico es uno de los elementos fundamentales.
Concluyo, señor Rajoy. Nosotros le pedimos la devolución de este proyecto de ley para que lo ajuste a la situación de inseguridad vial que padece España. Pedimos una nueva política de seguridad vial, una política más contundente que la que se plantea en este proyecto de ley. Yo, señor Rajoy, pienso que este proyecto de ley tiene su origen en que, como en la Dirección General de Tráfico había determinados elementos que, desde el punto de vista de la gestión, no estaban convenientemente ajustados, alguien ha decidido elaborar un proyecto de ley, y usted se ha encontrado con este muerto encima de la mesa el primer día que ha llegado al Ministerio. Pero esta no es la ley que la política de seguridad vial, que usted que tiene ahora ocasión de plantear como ministro, necesitaría. Es más, casi le estamos haciendo un favor pidiendo la devolución de este proyecto de ley; lo que pasa es que usted, obviamente, ya no lo puede devolver. Habría que empezar de nuevo. Usted puede hacerlo porque llega como nuevo ministro del Interior y no debería sentirse atado por compromisos que posiblemente ni siquiera sean de don Jaime Mayor Oreja, sino de algún director general que ha visto la posibilidad de resolver algún problema burocrático que tenía por medio. Por eso le decimos, señor Rajoy: medidas alternativas más contundentes; medidas que den de verdad un giro a una situación gravísima en nuestro país, que es cara, que es costosa en vidas humanas y que carece en este momento de soluciones. Nosotros plantearemos a lo largo de la tramitación del proyecto un montón de soluciones y esperamos encontrarnos en ello; pero la primera y fundamental que queremos pedirle es que en España haya un auténtico plan de seguridad vial, un plan estratégico de seguridad vial realizado desde la perspectiva de crear en España un sistema de seguridad. Repito, un sistema de seguridad integrado con todos los elementos de gestión y con todo el conjunto de medidas de carácter preventivo, de carácter planificador que es conveniente introducir.
Dentro de este ámbito de medidas que nosotros consideramos urgentes, es preciso proceder de manera inmediata, a nuestro juicio, a incrementar la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, que está estancada desde hace un montón de años. Bien es verdad que ha habido un repliegue, porque efectivamente no van a estar en Cataluña, pero no olvide S.S. que en España el crecimiento del número de vehículos, del número de conductores, del número de kilómetros de carreteras ha sido imparable y va a seguir siéndolo. Tendremos cada vez más conductores, más vehículos y más kilómetros de carreteras y, por tanto, necesitamos también más supervisión del tráfico y la plantilla la tenemos estancada.
Por otra parte, creemos que la víctima y sus familiares deben tener un grado de asistencia. Es terrible cuando ocurre un accidente encontrar a la gente totalmente desorientada, sin auxilio, sin apoyo de ningún tipo. Creemos que tienen que crearse -y lo propondremos- equipos multidisciplinares de ayuda sicológica y legal a las víctimas y a los familiares.
También tenemos que proceder a un cambio en lo que se refiere al conocimiento e investigación del accidente. Actualmente tenemos el sistema de atestado, cuyo efecto fundamental es ser instrumento de debate entre las compañías aseguradoras para ver quién paga el muerto, para ver quién paga la cantidad que corresponda, y esto no es luchar contra las causas de los accidentes. Por eso pedimos que existan equipos de investigación, creados por la Dirección General de Tráfico, que dependan de ella, capaces de investigar las causas y de tener un buen conocimiento de la situación.
Finalmente, señor Rajoy, una red de carriles para ciclistas y definir cuáles son los distintos carriles o vías que deben utilizar los ciclistas, en el medio urbano y en el rural, tanto los ciclistas deportistas como también los que quieren ir a su trabajo en bicicleta. Esta es una política que hay que realizar en España y que tendrá efectos beneficiosos en todos los órdenes, en primer lugar,

Página 3219


eliminando o por lo menos reduciendo una de las causas de siniestralidad. Todos recordamos ahora lo que ocurrió no hace muchos días con el fallecimiento de los hermanos Ochoa. Esto debiera ser también un punto de inflexión. Ese acontecimiento nos debiera hacer a todos reflexionar sobre la conveniencia de que busquemos soluciones de fondo y no soluciones provisionales o coyunturales. Investigar y desde luego también abordar el tratamiento de las conductas peligrosas y de los sectores más vulnerables en el tráfico. Hay conductas peligrosas que exigen un tratamiento más profundo: la velocidad excesiva; la conducción bajo los efectos del alcohol; la conducción bajo los efectos de las drogas; la fatiga; el sueño; el uso de móviles, y el uso de aparatos dentro de los coches. Todo esto requiere un tratamiento más profundo y el proyecto de ley del Gobierno -no voy a decir que éste sea su proyecto de ley- no lo aborda.
Luego están los sectores vulnerables. Los padres de nuestros jóvenes, en nuestro país, tienen un miedo cerval todas las noches de los viernes y de los sábados porque hay un desmadre en nuestras carreteras y en nuestras vías urbanas. Eso, señor ministro, hay que atajarlo o, si no, dejar seguir la bola. No sé cómo me va a responder S.S. porque está muy habituado a la utilización de determinados términos -porque hace tiempo que le conozco y sé alguno de los términos en los que basa su discurso-, como la sensatez, el sentido común, etcétera. Creo, señor Rajoy, que usted que es sensato y tiene sentido común, tiene que aterrizar en este problema, porque lo que esta ocurriendo en España en este terreno es insensato y carente del más mínimo sentido común. Creo que entre todos -y aquí le brindamos los socialistas la mano- lo debemos abordar para atajar una situación tan intolerable que nos sitúa, repito, a la cabeza de los países de la Unión Europea en lo que se refiere a la inseguridad vial.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mayoral. ¿Turno en contra de la enmienda? (Pausa.) ¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha leído con atención el texto del proyecto de ley que sobre tráfico y seguridad vial nos ha remitido el Gobierno y hemos hecho de él una valoración global positiva que nos lleva a anunciar en este momento que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad de devolución que ha presentado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Las leyes de tráfico van adaptando gradualmente, a lo largo del tiempo, el rigor legislativo y la casuística a las circunstancias que presente la técnica de los vehículos a motor, a la situación cualitativa y cuantitativa del parque automovilístico y a la de las obras públicas viarias, cuestiones todas ellas que van condicionando la materia que tratan.
Al mismo tiempo que hay una norma, hay unas enseñanzas impartidas fundamentalmente por las escuelas de conductores, reguladas a su vez por Tráfico, por el Ministerio del Interior o por la Administración general, como empresas privadas que son, en cuanto a las conductas sociológicas peculiares de cada momento por cuestiones diversas.
Hemos hablado de la edad y se ha citado aquí la elevada incidencia de accidentes y la alta tasa de mortalidad que hay en la población juvenil, que paga un tributo alto y tremendo en siniestralidad en automoción. De hecho, las compañías privadas de seguros tienen en cuenta esta correlación y asegurar una moto o un vehículo de cuatro ruedas en ciertas condiciones tiene un diferencial en el coste de la póliza. Asimismo, el coste de la póliza de seguros para jóvenes y motoristas es mucho más elevado e incluso muchas compañías se plantean rechazar las solicitudes de cobertura total o parcial de jóvenes y motoristas. Quiero decir con todo esto que las leyes de tráfico deben tener una gradación y una aplicación acomodada al devenir de los tiempos, y creo que el proyecto del Gobierno cumple perfectamente con estos requisitos. El señor ministro ha expuesto en su presentación algunos de los aspectos más significativos de este proyecto de ley.
Por otra parte, una ley de tráfico no puede ser inviable ni para conductores ni para los agentes de tráfico, tiene que ser realista y sensata, acomodada a las circunstancias de los tiempos; lamentando, eso sí, lo que haya que lamentar por tratarse de una actividad con un componente de riesgo, incrementado a veces por una serie de circunstancias, que son precisamente las que este proyecto de ley viene a aminorar.
Esta ley incide en un parque automovilístico mayor cuantitativamente y en un mayor número de conductores, con la consiguiente movilidad en áreas urbanas e interurbanas de una población que utiliza el vehículo de motor para los fines que la sociedad democrática permite, sea en actividades comerciales o de ocio. Pues bien, ahora viene a decirle al conductor: usted no va a ser tratado del mismo modo sea cual sea la gravedad de la infracción -los tres meses actuales, lo mismo para las faltas leves como para las faltas graves-; e introduce un componente de racionalidad diciéndole: ¡ojo!, aquí va a tener usted una gradación de tres meses a un año y, si usted es culpable y responsable comprobado de un accidente de tráfico, no va a gozar de impunidad temporal.
Se nos plantea, además, otra cuestión. En una sociedad democrática e inspirada por principios educadores, el paso por una prisión debe tener un componente reeducador; ya se tuvo en cuenta esto en la sociedad española

Página 3220


con las leyes penales. ¿ O es que no recordamos aquí las palabras que pronunciamos en la legislatura anterior cuando aprobamos la Ley penal del menor? ¿Por qué rebajamos una serie de circunstancias para que algunos menores no fueran a una prisión, sino que fueran a un centro de reeducación? ¿O es que una infracción de tráfico, con accidente grave o mortal, no tiene que ser considerada en su verdadera dimensión en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos y se adapta a las circunstancias del infractor, que no delincuente en este caso? Pues bien, qué menos que una ley obligue al infractor a pasar por un proceso -como bien ha señalado aquí el señor ministro- de reeducación y facultar a esos centros de reeducación. Las enmiendas que presenta Coalición Canaria al texto articulado quieren resaltar el papel de las autoescuelas, que tienen la facultad y la autorización administrativa del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Tráfico, para la expedición de los permisos de conducir, porque el conductor tiene que pasar todo un proceso de educación, de aprendizaje, desde el Código de la circulación hasta conducir el vehículo de motor, eso sí, acompañado del instructor de la autoescuela. Aprovechemos esa infraestructura para potenciar el concepto renovador que trae este proyecto de ley, que es la reeducación de conductores infractores, que éstos tengan que hacer precisamente ese reciclado, esa reeducación, porque presuponemos que no aprendieron bien el Código de la circulación ni las normas de comportamiento y de aplicación del mismo.
Por tanto, tenemos el deber de reorientar la finalidad de la sanción y no hacer una ley meramente punitiva, porque en los atestados que presenta la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como las policías municipales, es evidente la reincidencia en muchas infracciones de tráfico; aquí tendrán que ver también la Federación Española de Municipios, las diputaciones provinciales y los cabildos, su papel con policías locales, para que precisamente no lleguen tantos atestados donde vemos, por ejemplo, la reincidencia de una serie de individuos que siguen conduciendo sin carnet, que les ha sido retirado bien por decisión administrativa bien por decisión judicial, y vemos, al mismo tiempo, que no disponen de los certificados y pólizas de seguros, voluntarios u obligatorios, que tienen que tener. El mundo del seguro tiene que obligar también a que haya una coordinación entre la Jefatura de Tráfico, que es quien tiene el dato de entrada, y la Dirección General de Seguros, del Ministerio de Economía o del de Hacienda en el momento circunstancial administrativo pertinente, para que podamos disponer de todos los datos con el auxilio de la electrónica, porque hoy día, afortunadamente, los centros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tienen acceso por ordenador a saber rápidamente el origen de una matrícula, cómo está condicionada esta matrícula y si su poseedor está en condiciones de responder a las pólizas del seguro. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Cuando hicimos anteriores modificaciones en la Ley del seguro obligatorio, del seguro privado, se introdujo la exigencia de que los conductores de vehículos automóviles lleven el comprobante de que tienen actualizados los pagos, en la entidad bancaria correspondiente, de la póliza del seguro obligatorio del vehículo.
Por tanto, entendemos que esta ley tiene unos aspectos positivos que merecen nuestro apoyo. Ya he dicho aquí que en los trámites de Ponencia y Comisión mi grupo presentará al articulado una serie de enmiendas perfeccionadoras y correctoras que incluirán estos aspectos que hemos señalado.
Entendemos que es un acierto, una oportunidad y un avance sobre la situación de la actual Ley de tráfico, porque viene con estos nuevos aires de racionalidad y de sensatez, sin tener que hacer ningún estropicio ni por vía de sanciones ni de multas ni a través de situaciones cuyo cumplimiento incluso sería más que dudoso. De aquí que nuestro voto va a ser de apoyo al proyecto del Gobierno y de rechazo de la enmienda de totalidad de devolución, porque su alternativa no conduce a nada positivo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones. ¿Fijación de posición? (Pausa.) Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero, reciba, en nombre del Grupo Vasco, el cortés y cordial saludo en esta su primera actuación ante la Cámara en la cualidad, además de vicepresidente, de ministro de Interior.
Si yo perteneciera al Partido Popular y esto fuese una iniciativa del Gobierno Vasco, no tenga usted la menor duda de que, con razón o sin ella, hubiese articulado una enmienda a la totalidad del texto o me hubiese adherido de forma absolutamente entusiasta a la enmienda a la totalidad que el Grupo Socialista ha presentado.
Como el Grupo Vasco ha optado en esta Cámara por actuar de forma razonable y la leal participación en el quehacer normativo, nos hemos ceñido a comprobar lo que debe mirarse en toda enmienda a la totalidad cada vez que se presenta un proyecto en la Cámara, si existen motivos para normar y si lo que se presenta tiene la dignidad técnica bastante para merecer al menos ser el tronco, con todas las enmiendas que luego se puedan ir incorporando en la tramitación, para poder ser una norma necesaria. Y con tales miras hemos estudiado el proyecto que el Gobierno nos presenta. Reproduce un texto que ya se presentó en la legislatura pasada y en la

Página 3221


que no tuvo enmienda de totalidad. Lo que pasa es que la terminación de la legislatura no hizo posible que se completase su tramitación.
Como en aquella ocasión, el proyecto de ley introduce modificaciones al texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial, que ya, con anterioridad a esta reforma, ha sido objeto de distintas reformas parciales en esta misma Cámara, no siempre felices, señor vicepresidente, y de numerosos desarrollos reglamentarios.
Las modificaciones que se presentan vienen básicamente a adaptar el texto a las modificaciones de la Ley 30/1992, introducidas por la Ley 4/1999, reformular ciertas infracciones, ampliar los plazos de prescripción, introducir supuestos de responsabilidad solidaria y reasignar orgánicamente las facultades sancionadoras, en parte motivado por la aprobación de la Lofage, también en la legislatura pasada. De todo ello se deduce que lo que se regula es importante, que hay motivos para normar. No obstante, mi grupo presentará enmiendas que intentaré agrupar en tres bloques.
Conoce el señor vicepresidente, conocen SS.SS., que es inquietud especial del Grupo Vasco lo que hace referencia a lo competencial, la delimitación competencial en las materias. La materia de tráfico y circulación de vehículos a motor es competencia exclusiva del Estado, artículo 149.1.21, pero tienen competencias de ejecución algunas comunidades autónomas; la catalana, en virtud de una ley de transferencia o delegación, y la vasca, en virtud de su propio Estatuto, artículo 17. Fruto de este artículo se ha asumido la ejecución de la legislación en distintas materias y se ha procedido a la transferencia de distintas funciones. Nos quedan, sin embargo, pendientes de transferir lo relativo a permisos de circulación y matriculación de vehículos, títulos competenciales también del 149.1.29 y 17 del propio Estatuto vasco, integrado dentro del área de seguridad pública de cara a gestionar estos aspectos importantísimos de la seguridad vial. Hay que tener en cuenta también las competencias encuadradas en Industria y relacionadas con la seguridad vial, competencias en las que, en la doctrina del Tribunal Constitucional, ha venido a prevalecer la materia tráfico y seguridad vial y, consecuentemente, la competencia exclusiva del Estado sobre la de Industria, al decir que aquella engloba no sólo las condiciones atinentes a la circulación sino también las condiciones que deben llevar los vehículos que circulan, correspondiendo a las comunidades autónomas entonces las funciones de regulación de los procesos de fabricación de los elementos que garantizan la seguridad vial y las actividades ejecutivas de verificación reglada de los requisitos técnicos, lo que llamamos la ITV.
Pese a que el artículo 4 del texto a modificar precisa que las competencias estatales que se recogen, fundamentalmente en el citado artículo y en el siguiente, lo son sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas a través de sus propios estatutos, puede ser conveniente introducir llamadas de atención al respecto en determinados artículos del proyecto de ley y a ello irán una parte de las enmiendas que el Grupo Vasco presenta. Otro bloque de enmiendas que presentaremos hacen referencia al ejercicio de la potestad sancionadora. La eficacia debe ir indisolublemente unida a todo procedimiento sancionador que se establezca, porque debemos tener clara la idea de que todo ejercicio de potestad sancionadora tutela algún bien jurídico protegido y el valor seguridad vial debe llevarnos a ser lo más precisos posible en la delimitación de los tipos infractores y en la respuesta que llevan aparejados, repito, como garantía de la eficacia que la potestad sancionadora en este área debe tener, tanto para sancionar propiamente como para servir de elemento disuasorio en relación con la comisión de determinadas conductas.
Hay todavía un tercer hilo de inquietud en las enmiendas del Gobierno vasco y que tiene que ver con la delimitación competencial a la que me he referido en el primer bloque. Las relaciones entre la Dirección de Tráfico estatal y la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco deben quedar también establecidas de la mejor manera posible. Se plantea así la necesidad de establecer mecanismos de colaboración o de coordinación para solventar los problemas de tramitación que pueden surgir de esta materia de tráfico en el ámbito de una comunidad autónoma que tiene asumida la competencia de ejecución.
Examinada la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Socialista, creemos que puede tener razón o le puede alentar alguna razón cuando se manifiesta que no hay en la exposición de motivos del proyecto de ley ninguna orientación o criterio inspirador de una política de seguridad vial adecuada a la dimensión del problema que en este campo padece la sociedad. No la tiene, sin embargo, cuando se alude a la inexistencia de plan. Planificar, elaborar planes, es para nosotros gestión y creemos que en este momento estamos hablando de elaboración de una norma. Igualmente nos parece inadecuado que se hable de medidas relacionadas con la infraestructura, con las carreteras o con la inadecuación de las plantillas de los agentes encargados de vigilar el tráfico. Corresponden a otros sectores del ordenamiento y no sería una buena técnica legislativa mezclarlo en una norma cuyo objeto es garantizar la seguridad vial. Creemos que ni en el texto de la enmienda a la totalidad ni en la alegación formulada por el portavoz socialista hay nada que no pueda ser abordado por enmiendas parciales, con toda la carga de profundidad con que éstas quieran ser presentadas.
El Grupo Vasco, señor vicepresidente, opta por transitar esta esforzada vía de las enmiendas parciales, esperando -eso sí- encontrar alguna receptividad a las enmiendas que presentamos, como el propio señor vicepresidente ha ofrecido en el inciso final de su intervención.


Página 3222


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre de Convergència i Unió quería dar la bienvenida al vicepresidente primero del Gobierno en sus nuevas responsabilidades como ministro del Interior. Le deseamos los máximos aciertos en su gestión y quiero ofrecerle, señor vicepresidente, como ministro del Interior, como siempre ha sido, la colaboración de mi grupo parlamentario en este ámbito.
Hoy, el Grupo Socialista nos permite, con esta enmienda de totalidad, debatir en el Pleno y contrastar nuestra opinión con quien tiene en el Gobierno la máxima responsabilidad en materia de tráfico y seguridad vial, que es el ministro del Interior. Es un tema que para nosotros merece una especial atención. Para Convergència i Unió, en materia de tráfico, señor vicepresidente, no deberían existir diferencias políticas. Creo que todos podemos compartir el objetivo, que queremos disminuir los accidentes de tráfico. Cualquier llamada en un móvil de los que todos llevamos encima nos puede cambiar la vida. Nadie en esta Cámara quiere recibir estas llamadas. Los ciudadanos quieren una menor siniestralidad, quieren menores accidentes. España está en un ranking muy negativo en materia de accidentes. Por ejemplo, el número de víctimas en las carreteras en España, por cada millón de habitantes, es más del doble que en Suecia. En Suecia, la Administración ha hecho planes específicos de seguridad vial. En un último informe, titulado Cero accidentes, de la Administración sueca, se afirmaba, como el problema más grave relacionado con el sistema de transporte por carretera, que el menor error o decisión equivocada puede poner en peligro la vida de un gran número de personas.
Usted decía, señor vicepresidente, en su intervención que llevábamos ya más de diez años desde la última normativa en materia de seguridad vial. Desde Convergència i Unió creemos que el balance no es positivo. El balance de esa normativa no es positivo. Sólo hay tres países en la Unión Europea que tengan un índice de accidentes mayor que España y 11 países tienen un índice mejor que el del Estado español. Por tanto, no podemos hacer un buen balance de la aplicación de esta Ley en estos primeros 10 años. También es cierto, señorías, que las leyes no tienen una varita mágica y que la solución en materia de tráfico no la va a dar únicamente una buena ley. Debemos cambiar conductas, debemos cambiar hábitos, debemos entre todos hacer un esfuerzo consensuado en este ámbito. Es un aspecto importante y esta ley puede contribuir.
Mi grupo parlamentario, señorías, lo que quiere en este trámite -y el señor ministro lo ha afirmado y se lo agradecemos- es mejorar el texto que ha presentado el Gobierno. Creemos que sí que es necesario, señor Mayoral, debatir este proyecto y no devolverlo al Gobierno. Nos hace falta reformar la Ley sobre Tráfico, no devolverla. Aprovechando que el Gobierno presenta un texto, que tiene, a nuestro entender, graves errores -después comentaremos algunos aspectos técnicos que consideramos erróneos-, sin necesidad de hacer un debate político sino un debate para buscar un texto mejor, tenemos una gran oportunidad.
Por ejemplo, hasta ahora, la Ley de tráfico considera sanción grave el incumplimiento de los tiempos de conducción; ahora, en el proyecto que se nos ha presentado ya no lo es. El Parlamento Europeo ha aprobado un informe el pasado 7 de diciembre en el que pone un especial énfasis en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para incrementar y garantizar la eficacia de los controles de las horas de descanso y conducción de los conductores profesionales. Y nosotros, en este proyecto. dejamos de considerar falta grave el incumplimiento de los tiempos de conducción. Esto se argumenta en la memoria del proyecto diciendo que ya se regula en la normativa de transporte. Pero, señorías, debe también regularse en la normativa de tráfico y seguridad vial. Cuando alguien lea cuáles son las sanciones, la sanción por haber incumplido los tiempos de conducción debe aparecer y por tanto no nos parece en absoluto positivo que desaparezca ahora de la Ley de trafico este aspecto tan sensible para los ciudadanos como es el tema de los tiempos de conducción.
Un segundo aspecto. Creemos que el proyecto debería hacer más énfasis en la prevención. La prevención enlaza con el objetivo que todos tenemos: evitar accidentes. El proyecto tiene un aspecto más sancionador que preventivo. Nosotros consideramos que en Europa están cambiando las leyes de tráfico y que se camina hacia la prevención.
El informe que antes les citaba del Parlamento Europeo, específico en este tema del tráfico, del pasado mes de diciembre, insta al Parlamento de todos los Estados a introducir un sistema de permisos de conducción por puntos. Nuestro grupo considera positivo este aspecto. Nuestro consejero de Interior en Cataluña, el honorable señor Xavier Pomés, el pasado verano ya lanzó la propuesta de la Generalitat de Cataluña de introducir en el Estado español una normativa de puntos.
Yo les adelanto, señorías, que nuestro grupo, en el trámite de enmiendas, va a presentar una propuesta concreta, estudiada y técnicamente posible, para introducir en España un sistema de conducción por puntos. El infractor consumirá puntos y cuando haya consumido los puntos que se le dieron se quedará sin permiso de conducir. Paralelamente, podrá recuperar puntos con un sistema de buena conducta en la conducción a través de un tiempo y también a través de realización de

Página 3223


cursos de reciclaje con aprovechamiento o a través de tareas de sensibilización. Este sistema de puntos creemos que es disuasorio. El ciudadano que vea que tiene un carnet por puntos y que se está quedando sin puntos, se lo va a pensar -y mucho- antes de cometer una nueva infracción. Yo no sé si eso es positivo o no; nos parece que sí y nos parece que evitaría el alto índice siniestralidad. España está, en este aspecto, a la cabeza de Europa. No queremos esto. Y no queremos recibir llamadas, como ya he dicho, para comunicarte que un familiar próximo o un amigo acaba de morir en las carreteras, como murieron el año pasado en España más de 4.000 personas por los accidentes de tráfico.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicitamos a todos los grupos de la Cámara que estudiemos esta propuesta con sosiego en el trámite de enmiendas, que miremos los pros y los contras, pero que de entrada no se considere como una propuesta que deba aparcarse, porque el objetivo que todos tenemos es el mismo, prevenir los accidentes de tráfico.
Hay un tercer aspecto. El proyecto introduce definiciones confusas.
Por ejemplo, no sé, señor vicepresidente, qué entiende usted por conducción temeraria. Si hiciéramos una encuesta a los que estamos aquí y preguntáramos qué es la conducción temeraria, cada uno diría su idea. Sin embargo, para el proyecto, la conducción temeraria es la ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluido el conductor, y que, por su colocación, dificulte o limite la conducción. Esto puede ser un ejemplo de conducción temeraria, llevar más pasajeros de los autorizados en el coche. Estoy de acuerdo en que puede ser un ejemplo de conducción temeraria, pero todos coincidiremos en que no es la definición única de lo que es conducción temeraria. Esto está como novedad en el artículo 65 del nuevo proyecto de ley. Por tanto, debemos perfilar las definiciones, debemos intentar buscar aspectos que contribuyan a mejorar la seguridad.
Otro aspecto interesante es el relativo al uso de los teléfonos móviles. Nos parece que está mal definido en el proyecto, aunque la intención es buena. La intención que se expresa en la exposición de motivos del proyecto es buena, pero la redacción del artículo es confusa. Debemos prohibir la utilización de teléfonos móviles mientras se conduce. Esto está admitido así en la Unión Europea, existe la prohibición de teléfonos móviles mientras se conduce.
Excepto si el teléfono móvil está especialmente adaptado para el automóvil. Tal y como nos pide el Parlamento Europeo, sólo podemos permitir el uso de la telefonía en un automóvil cuando ésta esté en posición fija y pueda ser utilizada sin manos. En ningún caso más.
Sólo cuando el vehículo está adaptado a la telefonía y puedes utilizar el teléfono móvil sin utilizar ni una ni dos manos. Esto es lo que quiere el proyecto, pero está mal definido y por tanto también haremos enmiendas en este aspecto.
Un punto que debemos mejorar también y que quizá ningún grupo se ha planteado es el de que los menores de doce años no pueden ir en el asiento delantero, a no ser que esté especialmente homologado a tal efecto para que un niño menor de doce años pueda estar en el asiento delantero. Pero nada se dice en el proyecto sobre que los menores de doce años nunca deberían ir como acompañantes en ciclomotores o motocicletas. Son muchos los accidentes y un niño menor de doce años no tiene la fuerza suficiente a veces para adherirse al conductor de la motocicleta o ciclomotor. O incluso la exigencia de casco; el casco pesa demasiado para un niño de esa edad. Es un aspecto que creemos de utilidad y vamos a insistir en él, ya que creemos que podrán evitarse accidentes.


La señora PRESIDENTA: Señor Jané, le ruego concluya.


El señor JANÉ I GUASCH: Voy concluyendo ya, señora presidenta.
Y, ya lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), hay una serie de enmiendas que haremos en el orden competencial, en el orden de adaptar la normativa de tráfico a las competencias de la Administración local, de las administraciones autonómicas y para, muy en concreto, evitar duplicidad de expedientes sancionadores en aquellas comunidades autónomas que tienen atribuidas competencias ejecutivas en materia de tráfico.
Señora presidenta, señorías, nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda de devolución que ha presentado el señor Mayoral, en nombre del Grupo Socialista, aunque coincidimos en aspectos de crítica al proyecto que el señor Mayoral hace en ella. No podemos votar a favor de una enmienda de devolución cuando lo que queremos es tramitar en esta Cámara, con sosiego, analizando las propuestas de cada grupo, este proyecto y ver si conseguimos mejorar la legislación sobre tráfico y circulación de vehículos a motor. Necesitamos mejorar esa legislación.
Nuestro grupo se plantea, para algún aspecto importante y técnicamente difícil de resolver, la necesidad de crear en esta Cámara una subcomisión, que nos permita un mayor sosiego, para intentar mejorar las normas de tráfico con el consenso de todos.
Usted ha dicho hace un momento que el reglamento general de circulación también estaba previsto en la modificación. Quizá debamos hacer una pausa serena para analizar de qué forma podemos mejorar estos aspectos y también la seguridad de los ciclistas, las emisiones de ruido, un mayor rigor en determinadas sanciones, tantos y tantos aspectos que a todos nos preocupan y que preocupan a los ciudadanos, que quieren estar tranquilos, como decía otro portavoz, las noches de los viernes y sábados, cuando padecen como padecen por si reciben esa llamada que nadie quiere recibir.


Página 3224


Nada más, señora presidenta, señor vicepresidente, señorías. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Señora presidenta, señorías, el señor vicepresidente y ministro del Interior en su intervención ha dejado patente las razones de fondo que avalan la importancia del proyecto de ley remitido por el Gobierno. Sin duda, de la intervención del ministro se desprende la importancia que el Gobierno concede a una política sectorial de tan amplio alcance como es la que afecta al tráfico y a la seguridad vial.
Cierto es que para avanzar en un objetivo común, que con toda certeza compartimos con el Gobierno los distintos grupos parlamentarios, el objetivo de la mejora de los índices de seguridad vial en nuestro país, hay que atender a un amplio conjunto de actuaciones desde muy diversos ámbitos, dentro de las cuales tiene una dimensión fundamental la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades de presente y de futuro. Precisamente a dar cumplimiento a este objetivo se dirige la reforma que hoy presenta el Gobierno ante esta Cámara. En este contexto sería deseable que por parte de todos los grupos parlamentarios se diera una plena disposición al diálogo y a la búsqueda de puntos de encuentro para, desde el sentido común y el análisis riguroso de la realidad, poder ofrecer a la sociedad española instrumentos adecuados para alcanzar ese objetivo de mejora de los niveles e instrumentos de la seguridad vial. Sin embargo, no parece que el Grupo Parlamentario Socialista haya entendido bien esta filosofía por cuanto que plantear una enmienda de devolución sin argumentos sólidos que justifiquen su presentación es, en todo caso, un mero ejercicio de rancia oposición que no conduce a ningún sitio. Decir a estas alturas que el Gobierno del Partido Popular no ha tomado ninguna medida significativa a lo largo de estos cinco años es sencillamente un despropósito, fruto de la ignorancia o, de lo que aún sería peor, de un interesado deseo de tergiversar y confundir la realidad.
No merece la pena insistir en lo que es sobradamente conocido por esta Cámara, en lo que es sobradamente conocido por los profesionales del sector, en lo que, en definitiva, es de sobra conocido por toda la sociedad española, el esfuerzo que ha venido realizando el Gobierno para impulsar una política moderna, ágil y eficaz en materia de seguridad vial. Por mucho que el Grupo Socialista se empeñe en lo contrario, lo cierto es que la gestión de esa política de seguridad vial es hoy mucho más coherente que en épocas anteriores. Prueba de ello es, por ejemplo, la creación en octubre de 1997 de la Comisión interministerial de Seguridad Vial, como órgano responsable de definir de una manera coordinada una política global de seguridad vial que comprende todas las actuaciones que han de ser desarrolladas desde los distintos organismos implicados.
Que a estas alturas el Grupo Parlamentario Socialista aporte como todo análisis decir que con esta iniciativa legislativa el Gobierno pone de manifiesto su resignación y pasividad frente al fenómeno de la siniestralidad es tan lamentable como inútil. Lo que desearíamos encontrar en las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista es, cuanto menos, el esbozo de alguna ligera alternativa, de la que, a tenor de lo que hemos escuchado, se carece por completo, porque el suma y sigue desordenado de lo que se nos acaba de presentar no es más que un mal parche de aspectos sobre los que el Gobierno viene trabajando y trabajando bien. Y desde luego no parece que sea lo más sensato venir a esta tribuna para hacer un canto al catastrofismo, salvo que se pretenda, irresponsablemente, generar un clima de alarma social con meros y torpes fines partidistas. No estaría de más que el Grupo Parlamentario Socialista entendiera que cuando se habla de estas cosas no se puede recurrir a tópicos ni a frases hechas. Este es un tema muy serio.
Cuando se nos dice que en España se hace una política de seguridad vial ajena a los criterios vigentes en la Unión Europea se está faltando radicalmente a la verdad, porque, como no puede ser de otra forma, el Plan nacional de seguridad vial tiene su base esencial precisamente en las orientaciones de esa política comunitaria. Cuando se nos dice que existe un desfase entre España y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de siniestralidad se está manipulando ese concepto, porque los problemas y las cifras esenciales son comunes a todos los países de la Unión, con el elemento corrector, eso sí, que suponen las diferencias marcadas por la extensión del territorio, las infraestructuras, la configuración y evolución del parque móvil, la población, así como el volumen de población flotante en cada caso. Y cuando, por último, se pretende minimizar el contenido de esta reforma, convendría que no se olvidara que, a tenor de la misma, se van a incorporar a nuestro ordenamiento aportaciones tan importantes para la mejora de la seguridad vial como son la prohibición tajante del uso manual de teléfonos móviles, la adopción de medidas para garantizar al usuario los niveles de calidad y de idoneidad adecuados de los centros de formación y de reconocimiento de conductores, la determinación de un modelo de sanciones de clara vocación reeducadora, consistente precisamente en la participación en cursos formativos y módulos de concienciación, o la posibilidad del cumplimiento fraccionado de la retirada del permiso de conducir. Tiempo habrá de abordar a lo largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley cuestiones como las que hoy se han planteado aquí: las normas

Página 3225


generales de parada y estacionamiento; innovaciones en cuanto a la determinación de responsabilidad por infracciones cometidas, a las que aludía el señor Mardones; aspectos relativos al procedimiento sancionador o incluso una definición más clara, como señalaba el señor Jané, de lo que es la conducción temeraria. Y, naturalmente, también habrá tiempo para reflexionar acerca de una cuestión que tiene una innegable dimensión social en nuestro país, que es aquella que se refiere a todo lo que afecta a la seguridad vial de los ciclistas. Este proyecto, a nuestro juicio, da una buena oportunidad para ello.
Lo que desde luego nos parece profundamente inadecuado es la interpretación que el Grupo Socialista hace de este asunto, a tenor de lo que le hemos podido oír en los últimos días, incluso esta misma mañana. Ahora bien, no nos extraña en absoluto la falta de rigor de la que ha hecho gala el PSOE en la construcción de su discurso, porque su desorientación alcanza verdaderamente niveles preocupantes.
Valga por ejemplo lo que ha dicho el señor Mayoral respecto a las dotaciones actuales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Lo que no dice el Grupo Socialista es que durante el período 1990- 1996 no se varió en lo más mínimo el número de efectivos de esa Agrupación, ya que en 1990 estaba integrada por 6.958 agentes y en 1996, habiendo transcurrido seis años, seguía estando integrada por 6.958 agentes. Sin embargo, durante el período 1996-2001 se ha producido un incremento en la plantilla de 1.383 efectivos y además existe el compromiso, recogido en nuestro programa electoral, de incrementarla en al menos 2.000 efectivos más durante la presente legislatura. ¿Con qué credibilidad se puede decir, como mantiene el Grupo Socialista, que la plantilla actual es la misma que había en 1990? Ciertamente, en esto, la imprudencia o el subconsciente ha traicionado a algún portavoz, porque fue el Gobierno del PSOE y sólo el Gobierno del PSOE el que mantuvo sin incrementar esa plantilla durante el período de esos seis años, con las consecuencias negativas que ello generó y que precisamente el Gobierno del Partido Popular ha tenido que corregir y está corrigiendo.
Otro ejemplo. La alusión a los planes de seguridad vial, que por cierto no elabora el Ministerio del Interior, como se afirma en la motivación tercera de la enmienda, sino el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, en el que, como sin duda sabe el señor Mayoral, está representada no sólo la Administración del Estado, sino también la de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PSOE, además de contar con representantes de todo el sector. En estos planes, como ha señalado el ministro del Interior, se recogen todas las actuaciones previstas por el conjunto de las administraciones públicas y otros agentes implicados en la mejora de la seguridad vial. Esto se hace así desde 1980, fecha del primer Plan nacional de seguridad vial. En estos planes de seguridad se cuantifican objetivos y se recogen las estrategias a realizar. (El señor Mayoral Cortés hace signos negativos.) Sí, señor Mayoral. Me gustaría podérselo leer, pero no es el momento oportuno. De todas formas, no se preocupe, porque le voy a dar un ejemplar. Se titula Plan nacional de seguridad vial para el año 2001. En él se cuantifican objetivos y se recogen las estrategias necesarias. Se lo voy a dar precisamente para que lo estudie y que la próxima vez que venga a esta tribuna pueda hablar con una mayor propiedad. (Rumores.- Aplausos) En este plan se contemplan los mecanismos para hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos, con unos resultados que están siendo cada año superiores al 90 por ciento, lo que parece que también desconoce el Grupo Socialista.
He puesto sólo dos ejemplos de la falta de rigor con que está formulada la enmienda de devolución. Podría poner muchos más, puesto que toda la enmienda de totalidad, si es que se le puede llamar así, es una auténtica falta de rigor. Una enmienda en la que, por cierto, se quedan solos.
En definitiva, señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Socialista, por entender que carece de fundamentación, de sentido y de rigor. Ojalá que el grupo mayoritario de la oposición sea capaz de modificar una actitud que entendemos es meramente obstruccionista y ofrezca en los trámites de ponencia y Comisión alguna alternativa o propuesta seria y asumible. No se trata de hacer discursos partidistas a propósito de la seguridad vial, sino de contribuir entre todos a ofrecer a la sociedad española mejores instrumentos en este campo. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular reitera hoy su disposición al diálogo con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, con todos, para buscar, dentro de lo posible, los mayores niveles de acuerdo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.) Señor Mayoral, es consciente de que no ha sido utilizado el turno en contra de la enmienda, pero tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías... Perdón, señora presidenta, pero este cacharro que tengo aquí delante da unos calambrazos de primera. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, es la primera noticia que esta Presidencia tiene, pero no se preocupe que avisaremos a los servicios de la Cámara para que lo revisen. Le puedo asegurar que no es ninguna trampa en la tribuna. (Risas.)

Página 3226


El señor MAYORAL CORTÉS: Espero que esto no sea un método de reacción de la mayoría frente a mi intervención.
De todas maneras, señor Rajoy, después de oír la intervención de la portavoz del Grupo Popular, me iría mucho más intranquilo de lo que ha llegado S.S. aquí en relación con este proyecto. Desde luego, es una intervención que no tengo calificativo para definir. Hablar de falta de rigor, con la que está cayendo, señora Torme, ¡por favor! Aquí hemos venido a plantear un problema muy serio en este país y S.
S. se ha dedicado a tirar balones fuera, a hacer un canto impresentable al proyecto del Gobierno y a descalificar una enmienda que hemos presentado aquí con absoluta seriedad y rigor, señora Torme. No se puede hacer esa oposición de colegio de monjas.
(Rumores.-Aplausos.) Hay que ir seriamente a la cuestión que se ha planteado. (Continúan los rumores.-El señor González Pérez: ¡Machista!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MAYORAL CORTÉS: Yo les podría dar... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías. (Varios señores diputados: Que lo retire.)

El señor MAYORAL CORTÉS: Le podría dar 10 razones... (Rumores.-Un señor diputado: ¡Impresentable!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MAYORAL CORTÉS: ¿Puedo hablar, señora presidenta? (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mayoral.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que sea la Presidencia quien dirija el debate. (Pausa.) Continúe, señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, podría dar ahora mismo 10 razones por las cuales hemos presentado esta enmienda a la totalidad y todas están fundamentadas en lo que está pasando en las carreteras y las vías urbanas de nuestro país, pero no voy a repetir cuestiones que he dicho anteriormente. Solamente voy a dar un dato, que sí creo que es importante y que eleva nuestra preocupación en relación con esta cuestión. Desgraciadamente, los datos que incluso se manejan oficialmente -y espero que la portavoz del Grupo Popular tome nota-, los estudios realizados por el Instituto Universitario de Valencia sobre seguridad vial demuestran que los datos reales de lo que está ocurriendo en nuestras carreteras implican una situación todavía más grave. En España, señorías, solamente conocemos en realidad en estos momentos el 20 por ciento de lo que ocurre en términos de siniestralidad en nuestras carreteras.
Las cifras del año 1997 demuestran que un 10 por ciento de los datos sobre siniestralidad mortal no se computan como datos oficiales, es decir, que los datos reales arrojan un 10 por ciento más.
En lo que se refiere a acontecimientos graves, a heridos graves, tenemos contabilizado el 40 por ciento de lo que realmente ocurre en nuestras carreteras, y en cuanto a los leves solamente aparece contabilizado el 15 por ciento. Por tanto, señorías, la situación es peor todavía de lo que dicen los datos de la Dirección General de Tráfico. Porque esto es así y porque queremos llamar la atención de esta Cámara y queremos llamar la atención de los españoles en relación con este asunto es por lo que hemos presentado esta enmienda de totalidad con petición de devolución.


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, le ruego concluya.


El señor MAYORAL CORTÉS: Estamos convencidos de que debe ser así.
Sabemos que será derrotada, pero esperamos con la mano tendida, si el trámite continúa -que continuará-, para entrar en el debate, en la corrección y en la mejora de este proyecto de ley. Si esta ocasión se presenta el Grupo Socialista, que está defendiendo -como saben ustedes- el principio de una oposición útil para los españoles, repito que entrará en ese juego.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, un momento. (Continúan las protestas.) Señorías, ruego guarden silencio. Señor González le llamo al orden.
Señor Mayoral, a efectos del "Diario de Sesiones" le rogaría, me gustaría que aclarara su frase, que desde la Presidencia creo entender que no ha pretendido ser peyorativa para las mujeres.
(Rumores.-Varios señores diputados: Sí, sí.) Señorías, ruego guarden silencio. Señor De Luis, ruego guarde silencio.
Y en un día como el de hoy, donde estamos celebrando el Día internacional de la mujer trabajadora. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio a ambos lados del hemiciclo.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, no solamente la clarifico, sino que la retiro, porque puede haber sido, obviamente, un exceso retórico en el debate que implica siempre un cierto acaloramiento.


La frase la retiro con todas las consecuencias y pido disculpas a la señora diputada. (Aplausos.)

Página 3227


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señora Torme. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.


Simplemente, quiero reafirmar, volver a ratificar lo que he mencionado anteriormente: que hay una falta de rigor en todos los argumentos que fundamentan la enmienda de devolución que se ha presentado. (Rumores.- Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora TORME PARDO: Hoy, que precisamente conmemoramos el Día internacional de la mujer, no voy a pasar a calificar algunas otras manifestaciones, aunque dicen mucho de cuál es la postura de fondo de S.S., así como de su grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.) Señor Mayoral, ¿a qué efectos solicita la palabra? Antes de que tome la palabra le quiero indicar una cuestión. El turno de réplica está finalizado y esta Presidencia da por terminado el debate. Si fuera una cuestión de orden, entonces solamente tendría que indicarme el número del artículo al cual se quiere acoger, única y exclusivamente, señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que es el 73. No pretendo hacer ningún turno de réplica, solamente quiero hacer una observación.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Mayoral, sigo insistiendo, si es una cuestión de orden dígame qué artículo quiere usted que se cumpla, única y exclusivamente. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MAYORAL CORTÉS: El que se aplica a las alusiones personales, señoría.


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, la cuestión personal ha sido cerrada ya y no hay turno de alegaciones.


El señor MAYORAL CORTÉS: Pero muy mal cerrada, señoría.


La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra, señor Mayoral, Muchas gracias. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

Señor Caldera, le indico lo mismo que a su compañero de grupo señor Mayoral. Le ruego me indique exclusivamente el artículo que quiere que se aplique.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: El artículo 71.3, cuando se hace alusión al decoro o dignidad de un grupo parlamentario. (Rumores.- Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Caldera, lamento comunicarle que desde la Presidencia no se entiende que se haya atentado contra el decoro de ningún grupo parlamentario.
Lo siento, señor Caldera. (Rumores y protestas.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sólo quiero que conste...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, lo siento. Sigo insistiendo, desde la Presidencia, que es quien dirige el debate, no se entiende que se haya atentado contra el decoro de ningún grupo parlamentario de esta Cámara.
Lo siento, señor Caldera.
Vamos a proceder a la votación.
Enmienda de totalidad al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 122; en contra, 119; abstenciones, 34.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de devolución.
(Fuertes aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000029.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000030.)

La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad. (Fuertes rumores.) Recuerdo a SS. SS. que es necesario continuar con los debates de totalidad.
Debate de totalidad del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y debate de totalidad del proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.


Página 3228


Recuerdo a SS. SS. que, de acuerdo con lo formulado en la Junta de Portavoces, los dos proyectos de ley se van a debatir conjuntamente.
Para la presentación de los dos proyectos de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio los diputados que lo vayan a hacer. (Continúan los rumores.) Señorías, reitero, una vez más, a los diputados que están en los pasillos que ocupen sus escaños.
Adelante, señor Montoro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, tengo el honor y la satisfacción de presentar y defender en este Congreso de los Diputados el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley general, que aspiran a determinar el marco jurídico-económico básico de la política presupuestaria del sector público en España en el siglo XXI.
Soy consciente de que estos proyectos de ley proponen un cambio profundo en las reglas de juego de la política presupuestaria española. Hace pocos meses, SS. SS. aprobaron la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001, que son los primeros presupuestos sin déficit de la democracia española, los presupuestos del déficit cero. Con estas leyes de estabilidad presupuestaria que hoy traigo a las Cortes, el déficit cero seguirá siendo la palanca del crecimiento sano y duradero que nos acerque al pleno empleo. Gracias a estas leyes de estabilidad, volveremos a bajar los impuestos y, a la vez, incrementaremos el gasto social y las inversiones, aumentaremos la hucha de la Seguridad Social y subiremos las pensiones, es decir, ganaremos futuro para nosotros y nuestros hijos.
Quienes firman las enmiendas de totalidad están en contra del equilibrio presupuestario y siguen anclados en ideas económicas obsoletas que se resumen en más gasto, más déficit, más impuestos y más paro. Su política es tener las manos libres para gastar más y sin control alguno. Pero llegar al déficit cero un año no tendría mayor trascendencia política ni económica si éste fuera un ejercicio aislado y luego se volviera a las andadas, lo verdaderamente significativo del déficit cero que vamos a alcanzar este año es que comience una nueva etapa. A partir de ahora, el sector público debe cerrar sus cuentas anuales con equilibrio o superávit. El déficit sólo debe admitirse como algo excepcional, como respuesta a una circunstancia verdaderamente extraordinaria. Lo que en realidad protege a la economía española ante una coyuntura adversa no es el déficit, sino el superávit.
Es comprensible que los ciudadanos impongan a sus propios gobiernos unas reglas, unas normas de moderación que pongan límites al déficit y al endeudamiento.
Más allá de las razones económicas que aconsejan la austeridad y el rigor presupuestario -que más adelante comentaré-, está la sentencia intuitiva y espontánea de la gran mayoría de los ciudadanos, que, en resumen, exigen que el Gobierno no viva por encima de sus posibilidades, que no gaste más de lo que ingresa. Los ciudadanos no están pidiendo nada extraño, simplemente desean que los responsables del dinero público operemos con la misma moderación y prudencia con que tiene que actuar cualquier familia y cualquier empresa. Las familias y las empresas han de atenerse necesariamente en sus gastos ordinarios a los límites que imponen los ingresos. Si no lo hacen así y se endeudan irresponsablemente, luego tendrán que soportar sacrificios extraordinarios o, en el caso extremo, se enfrentarán a la quiebra.
Los gobiernos no siempre perciben de manera tan inmediata y directa los riesgos del gasto excesivo y del déficit porque piensan que pueden apelar al crédito de los particulares y cubrir con deuda esos excesos; es decir, pretenden trasladar hacia el futuro las obligaciones del presente, incluso les puede parecer políticamente atractivo desplazar hacia el futuro los efectos gravosos del déficit si con ello se obtienen beneficios electorales en el corto plazo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Hoy, en una economía mundial en proceso de integración, vemos con mucha frecuencia, casi en el día a día, que también los Estados incurren sistemáticamente en déficit y se ven abocados a la quiebra; por eso, a medida que en las sociedades democráticas va mejorando el conocimiento de los efectos perversos del déficit en la economía, los electores son menos propensos a dejarse seducir por los fuegos artificiales del gasto, que ellos mismos van a terminar pagando y con creces y, en contraste, cada vez aprecian más la gestión rigurosa y austera de los presupuestos públicos. Esta es, sin duda, la gran lección política de nuestro tiempo.
En los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria que el Gobierno trae a las Cortes encuentra expresión y eficacia política esta voluntad de los ciudadanos de poner un límite razonable al gasto público, mejorar el control y moderar la discrecionalidad de la gestión de todas las administraciones públicas. Esta norma que hoy tengo el honor de defender en esta Cámara tiene su genuina raíz política en esta amplia razón o incluso en la intuición social a favor de la disciplina y de la claridad de las cuentas públicas. El Partido Popular ha recogido este deseo de la sociedad en los principios de su política económica y el presidente Aznar anunció desde esta misma tribuna en el debate de investidura la elaboración del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. La promesa hoy está cumplida.
Señorías, estamos ante una iniciativa eminentemente política que aporta soluciones democráticas para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. En efecto,cuando aprobemos estas leyes, las Cortes Generales,

Página 3229


que representan directamente la soberanía de la sociedad, se reservan la decisión de prefijar el marco de equilibrio o de superávit que ha de presidir la elaboración y la ejecución de los presupuestos de las administraciones públicas, e incluso las Cortes determinarán el techo del gasto anual del Estado. Para decirlo con claridad, estas leyes potencian eficazmente el control democrático de las cuentas públicas, puesto que son las Cortes las que determinan los objetivos de equilibrio o superávit y las que marcan al Gobierno la orientación presupuestaria. Gracias a este control democrático, la gestión de las cuentas públicas se hace más transparente y los ciudadanos tendrán un valioso punto de referencia para valorar mejor los costes y los beneficios de las diferentes propuestas políticas.
Estos proyectos de ley de estabilidad presupuestaria traen poder al Parlamento español, el poder democrático que nos confían los ciudadanos para que el Gobierno, para que todos los gobiernos del sector público mantengamos siempre los pies en el suelo de la realidad. Estos proyectos de ley responden también al mandato recogido en el artículo 40 de nuestra Constitución según el cual los poderes públicos han de situar el progreso social en el marco de una política de estabilidad económica orientada al pleno empleo; refuerzan y dan credibilidad adicional a los principios de disciplina presupuestaria asumidos por España al integrarse en la unión económica y monetaria y expresados en el Pacto de estabilidad y crecimiento en el que, como todos saben, nos hemos comprometido a limitar, a eliminar el déficit y la deuda con el conjunto de los demás países miembros de la zona del euro.
España va a ser la primera nación de la zona del euro que refuerce el compromiso europeo con una norma propia. Estamos convencidos de que esto es lo que más nos conviene para estimular el dinamismo económico de nuestro país en todos los ámbitos. Nuestra Constitución atribuye al Estado la facultad de tomar las medidas necesarias para conseguir la estabilidad económica y la creación de empleo. También es obligación del Estado asegurar el cumplimiento de los objetivos convenidos en el Pacto de estabilidad, y una amplísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce al Estado la competencia para adoptar medidas encaminadas a garantizar los objetivos generales de política económica como la estabilidad, la creación de empleo, el cumplimiento de compromisos internacionales y un largo etcétera.
Estas normas de estabilidad presupuestaria vinculan a todo el sector público y, en concreto, al Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De no ser así, dado el elevado grado de nuestra descentralización política y administrativa, el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria por cualquiera de las administraciones o por varias de ellas perjudicaría a toda la economía, con las secuelas de su déficit, pondría en peligro los esfuerzos de consolidación presupuestaria realizados por los demás y dañaría al crecimiento y a la creación de empleo.
Para conciliar esta exigencia de aplicación general del principio de estabilidad presupuestaria con las competencias de las comunidades autónomas en materia presupuestaria, hemos decidido, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, complementar la Ley ordinaria de estabilidad presupuestaria con otra ley orgánica que contiene el nuevo sistema de cooperación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas al servicio de la estabilidad. Ambas leyes tienen el mismo objetivo y los mismos principios: quieren cambiar radicalmente la pauta histórica de nuestras cuentas públicas. Y es que hasta ahora lo habitual en la Hacienda pública de España ha sido el déficit; el equilibrio ha constituido la excepción. Con estas normas, el principio de estabilidad se convierte en un eje fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ahora, las administraciones públicas tendrán el respaldo democrático y legal para que en sus presupuestos la norma sea el equilibrio o el superávit y, en cambio, el déficit sea la excepción.
Al servicio de la estabilidad presupuestaria, la ley define tres principios básicos. El primero es el principio de la plurianualidad, que refuerza la previsión presupuestaria y normaliza el procedimiento de todas las administraciones públicas con los programas de estabilidad y crecimiento. El segundo es el principio de transparencia, que garantiza la verificación contable del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el tercero es el principio de la eficiencia; eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, principio por el que, además de orientar las diversas políticas de gasto por su criterio de eficiencia y calidad, ha de tenerse en cuenta la eficiencia general de la economía que se deriva del cumplimiento estricto de la estabilidad presupuestaria.


Señor presidente, señorías, este paso adelante de los titulares de la soberanía para reforzar la intervención democrática en el sector público es una manifestación más de la creciente iniciativa política y económica de los ciudadanos españoles. En el terreno económico es bien patente que cuando hemos reducido el déficit público es cuando hemos conseguido crear empresa, generar empleo y hacer de España uno de los primeros inversores del mundo, uno de los primeros inversores de ámbito internacional. Prácticamente los tres millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social que hemos conseguido estos últimos años proceden del sector privado y, en un altísimo porcentaje, de la pequeña y mediana empresa. Son, pues, unas muestras elocuentes de la vitalidad económica de nuestra sociedad, que sólo necesitaba el cauce de una política económica favorable para sacar a la luz su potencial oculto.
Despierta la iniciativa económica de nuestra sociedad en este momento decisivo de la integración europea e internacional. El centro de gravedad de la actividad

Página 3230


económica sigue trasladándose año tras año desde las economías nacionales a la economía internacional, que es un ámbito libre de regulaciones, únicamente regido en la práctica por la búsqueda del mutuo beneficio de los agentes que en ella participan, y ese mundo de libertad de movimiento de capitales, ese mundo de libertad de movimiento de empresas, ese mundo de desarrollo rápido de las comunicaciones físicas y de las comunicaciones telemáticas, de la aplicación de las ciencias de la información a todas las actividades humanas y, de un modo destacado, a las ciencias y técnicas de toda índole, ese mundo, cada día más integrado y accesible, exige un cambio de ideas y un cambio de estructuras económicas; un cambio que sea coherente, que apunte y apueste claramente por la libertad y la iniciativa de los emprendedores, que son necesariamente los protagonistas de esta economía nueva.
Al mismo tiempo, los países de la Unión Europea avanzamos por un camino propio de integración en el que la unidad de los mercados va acompañada de un desarrollo político e institucional. En cuanto a la política económica, la fundación de la unión económica y monetaria y la adopción del euro han llevado a concentrar la política monetaria de los países miembros en el Banco Central Europeo, de tal manera que las normas políticas y fiscales de ámbito nacional han adquirido, si se quiere, mayor relevancia precisamente como instrumento esencial de las políticas económicas nacionales. Pero, eso sí, han adquirido esa importancia y ese relieve con una orientación diferente de lo que fue la orientación del pasado. La financiación deficitaria del gasto público es hoy una política desacreditada en las economías de nuestro entorno. Las políticas fiscales, especialmente en países como el nuestro, países de tamaño medio integrados en una economía que es una unión monetaria, deben orientarse especialmente a mejorar las condiciones de la oferta, y esas políticas presupuestarias son bastante menos eficaces como reguladoras de la demanda nacional. Por eso, las políticas presupuestarias modernas, de nuestro tiempo, deben ser previsibles y creíbles y han de configurarse desde planteamientos de medio y largo plazo si queremos que los estabilizadores automáticos incorporados a esas políticas demuestren su auténtica efectividad.
Gracias a estas políticas presupuestarias, las expectativas de los agentes económicos se forjan en un escenario previsible, sin temor a que sus decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, se vean perturbadas por la discrecionalidad o la imprevisión del sector público. La formalización legal del equilibrio presupuestario es una importante ayuda para mantener el crecimiento estable y duradero que nos va acercando año tras año a lo que son los niveles más avanzados del desarrollo en el ámbito europeo y nos va impulsando en la creación de empleo. Además, nuestra pertenencia a la zona del euro exige reforzar la coordinación con los demás países. Por ello se establecieron en un principio unos criterios de entrada, los llamados criterios de convergencia de Maastricht, y posteriormente se acordó un pacto de estabilidad y crecimiento en el consejo de Amsterdam, de julio de 1997, que supone de hecho la aceptación de un límite en el déficit público. Con este pacto los países miembros nos comprometemos a medio plazo con un objetivo de equilibrio o próximo a él. Todos los países miembros presentamos anualmente los programas de estabilidad, sometemos las políticas económicas nacionales a la valoración de las instituciones supranacionales, empezando por las propias instituciones europeas, y aceptamos un exigente compromiso multilateral para estimular el equilibrio de nuestras cuentas públicas, que incluye la supervisión de un plan de corrección en caso de superar el margen de déficit acordado.
El Programa de Estabilidad español 2000-2004, recientemente remitido a la Unión Europea, ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un escenario de estabilidad y ha destacado que realmente el compromiso de España con la estabilidad va a permitir que en los próximos años logremos un crecimiento económico, en todo caso superior al 3 por ciento, que nos permitirá realmente generar 1,3 millones de nuevos empleos, dejando la tasa de paro al final del período por debajo del 10 por ciento. Es decir, ello va a permitir consolidar uno de los períodos de crecimiento más largos de nuestra historia, lo que nos va a llevar a crear casi 4 millones de empleos entre los años 1996 y 2004.
Para los próximos ejercicios estimamos un escenario de superávit de las administraciones públicas en el que el Estado alcanzará el equilibrio a partir del año 2003, que es el año previsto para la aplicación definitiva de estos proyectos de ley. Este escenario nos va a permitir incrementar el fondo de reserva de la Seguridad Social hasta una cifra en torno al 1 por ciento del producto interior bruto en el año 2004 y nos va a permitir reducir la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta el 50 por ciento del producto interior bruto.
En una proyección elaborada desde un crecimiento medio moderado, el Gobierno ha estimado que una reducción de la deuda pública en un período de diez años podría colocar el nivel de deuda pública de España en un orden de magnitud del 30 por ciento del producto interior bruto, lo que nos permitiría ahorrar 700.000 millones de pesetas para fomentar, sin duda alguna, nuevas inversiones y mejorar profundamente nuestro gasto social.
Este es un compromiso asumido por el Gobierno y que coincide expresamente con las recomendaciones del Consejo Europeo de Santa María da Feira, en junio del año 2000, sobre orientaciones generales de política económica. En estas recomendaciones se pide a los Estados miembros un esfuerzo suplementario al comprometido en el Pacto de Estabilidad para acelerar el ritmo de consolidaciónfiscal y así poder afrontar, con unas cuentas

Página 3231


públicas más saneadas, futuros desafíos presupuestarios, entre los que destaca la preocupación por salir al paso del progresivo envejecimiento de la población.
La política económica que hemos seguido estos últimos años tiene en cuenta las exigencias del contexto de integración europea internacional, que sintoniza con las aspiraciones y las posibilidades de nuestra economía. En este contexto se enmarca nuestra política fiscal, tanto por el lado del gasto como por el lado de los impuestos. Las dos manos de la Hacienda pública están trabajando en la misma dirección. Con la mano de la austeridad presupuestaria vamos reduciendo año tras año lo que es la participación del gasto público en el producto interior bruto y lo hacemos sobre la contención del gasto corriente. Este ahorro público va incrementando la financiación de la economía y actúa de motor de impulso, de arranque de un proceso acumulativo en el que se suceden los favorables resultados de crecimiento y de empleo y que impulsan la confianza de los inversores y de las empresas.
Con la mano de reformar los impuestos estamos dibujando un marco tributario más eficiente para nuestra economía, un marco más equitativo y más sencillo también para el contribuyente. Hemos bajado los impuestos empresariales y hemos bajado los impuestos personales con un resultado francamente satisfactorio. También con la reducción de los impuestos hemos transferido ahorro público a la financiación de la economía española, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, y hemos contribuido a sostenerla en una meseta elevada de crecimiento y de creación de empleo, incluso durante estos años pasados en los que el contexto internacional ha tenido realmente aspectos y aristas preocupantes.
Estas dos manos de la Hacienda pública, la que disciplina el gasto y la que baja los impuestos, actúan, como he dicho, en la misma dirección, pero una antes que la otra. El Gobierno no puede proponerse con responsabilidad bajar los impuestos si antes no ha disciplinado el gasto. Y no por la lógica contable de mantener la recaudación suficiente para cubrir las necesidades, sino porque la disciplina en el gasto es un gesto inequívoco de la voluntad del Gobierno a favor de la iniciativa económica de la sociedad y moviliza, de hecho, las expectativas de los agentes, la inversión, el crecimiento y el empleo.
En estas condiciones pueden bajarse los impuestos sin temor, porque la reducción de las tarifas impositivas se compensa, incluso con creces, con el incremento de las bases tributarias. El resultado final es que los contribuyentes pagan menos impuestos, pero se mantiene la recaudación y las administraciones públicas pueden hacer frente a sus gastos de naturaleza social, a sus inversiones y a los servicios públicos mejorando su eficacia, además de contribuir a eliminar el déficit público, sanear la Seguridad Social, dotar su fondo de reserva y reducir el conjunto de la deuda pública del país.
Las leyes de estabilidad presupuestaria que estoy defendiendo hoy en nombre de Gobierno tienen la función de moderar el gasto y eliminar el déficit para proteger el eslabón más decisivo de nuestro modelo de política económica. Gracias a esta garantía en la vertiente del gasto podremos seguir avanzando con seguridad en la vertiente de los ingresos con el diseño del sistema tributario que necesita una sociedad como es la sociedad española de hoy: cada vez más abierta, más dinámica, mas descentralizada y también más solidaria.


Señor presidente, señorías, desde 1995 hasta ahora, período en que el déficit público ha descendido en España desde el 6,6 por ciento del producto interior bruto al déficit cero de 2001, la economía española ha vivido una etapa de expansión, con estabilidad de precios y creación de empleo antes desconocidas. Con esta reducción del déficit público hemos conseguido: crecer a un ritmo superior al 4 por ciento por cuarto año consecutivo -por encima del nivel de precios-, crear 2,6 millones de puestos de trabajo, reducir los tipos de interés del 11 al 5 por ciento, cubrir la inversión pública con el dinero del año, garantizar grandes proyectos de I+D+I a largo plazo, sanear y fortalecer la Seguridad Social y elevar el porcentaje del gasto social en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado.
Señor presidente, como he repetido a lo largo de mi intervención, los ciudadanos desean el equilibrio de todas las cuentas públicas. Todos sabemos que el déficit público, sea del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, hay que pagarlo al final; y hay que pagarlo con impuestos más altos, con más inflación o con tipos de interés más elevados. Sabemos también que, si no hay control, el gasto excesivo de cualquier Gobierno, sea central, autonómico o local, terminarán pagándolo todos los ciudadanos.
Cada Gobierno, en su ámbito de competencia, puede tener la tentación de gastar, de endeudarse más de lo debido, si sabe que, al final, va a ser pagada su factura, sobre todo por el Gobierno central. Sin una norma que discipline a todas las administraciones, estamos ante una dinámica de riesgo e irresponsabilidad financiera que perjudica al conjunto de la política económica del país.
Por fortuna, España no afronta una situación tan grave. En las primeras etapas de desarrollo del modelo autonómico español se puso el acento en el concepto mismo de autonomía y en la descentralización de competencias a favor de esas autonomías. Ahora, una vez avanzada, e incluso consumada, la materialidad de ese proyecto formidable de nuestra democracia que fue el Estado de las autonomías, cada vez apreciamos más las ventajas de la cooperación y de la responsabilidad mutua.
El proceso de traspaso de competencias está ya muy avanzado. Una vez que las comunidades autónomas han podido ejercitarse en su autonomía política, ha llegado el momento de desarrollar también los mecanismos

Página 3232


de cooperación con responsabilidad. La responsabilidad es un valor de la autonomía y, además, debe ser un valor compartido.
Hemos conseguido entre todos participar en la fundación del euro y ahora compartimos también los compromisos derivados del Pacto de Estabilidad y crecimiento. Este horizonte europeo nos está ayudando a aproximar nuestros criterios y a coordinar mejor los objetivos presupuestarios de las diferentes administraciones dentro de España.
Pero, a pesar de los avances, los resultados demuestran que es necesario reforzar este proceso con un claro compromiso interno por la estabilidad presupuestaria. Deseamos seguir acercándonos a los niveles de renta per cápita y de empleo de los grandes países europeos; deseamos que nuestros ciudadanos y nuestras empresas accedan a las oportunidades de la nueva sociedad, de la sociedad del conocimiento, que aprovechen al máximo las ventajas de los cambios tecnológicos y las ventajas de los nuevos mercados. Y, como la experiencia propia y ajena nos enseña, para lograr esos objetivos necesitamos políticas económicas de estabilidad.
Estas leyes de estabilidad presupuestaria que hoy debatimos son un instrumento idóneo para avanzar más deprisa por el camino de la responsabilidad. Sin duda, SS.SS. coincidirán conmigo en que no existe ningún indicio en los estados de opinión pública para concluir que los ciudadanos estén dispuestos a ser más complacientes con unas administraciones que con otras, por eso es razonable que estas leyes impongan a todos por igual los principios ya mencionados de equilibrio presupuestario, plurianualidad, transparencia y eficiencia.
Por eso, estas leyes son expresión de responsabilidad para todos.
Comunidades autónomas y ayuntamientos deben cumplir también ese objetivo de estabilidad y, a medida que cumplen ese objetivo de estabilidad, encuentran más facilidades para acceder al crédito.
Además, si en alguna ocasión el déficit público del conjunto de las administraciones públicas rebasara el límite establecido en el Pacto de Estabilidad y España recibiera la sanción correspondiente, la ley establece que esta sanción se repartirá de modo proporcional entre las administraciones que, de hecho, hayan causado el déficit. Esta firmeza de la ley en los principios y en la responsabilidad es compatible con el respeto a la iniciativa y a las competencias de los diversos niveles de Gobierno. La ley es estricta en la fijación del principio de estabilidad presupuestaria para todos. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos estarán obligados a cumplir el objetivo de equilibrio o superávit que el Parlamento determine.
Las comunidades autónomas deberán atenerse a la asignación individual que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en función de sus propias circunstancias o prioridades podrán decidir si prefieren cumplir ese objetivo de estabilidad disciplinando gasto o procurándose mayores ingresos.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades autónomas, adquiere por estos proyectos de ley nuevas e importantes atribuciones de supervisión multilateral en la coordinación de las políticas presupuestarias, en el estudio y la valoración del coste de los servicios y la distribución de los fondos, en la política de endeudamiento y de inversiones y, en general, en la coordinación entre la Hacienda del Estado y las comunidades autónomas de cualquier actividad financiera que lo requiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera será una importante institución de la corresponsabilidad mutua entre las comunidades autónomas y de éstas con el Estado. En mi opinión, este Consejo de Política Fiscal y Financiera, reforzado con las nuevas posibilidades que se abren en el proyecto de ley orgánica, merece una atención especial en el trámite parlamentario para lograr entre todos un cauce de cooperación equilibrado y eficiente, donde sea fácil el diálogo entre la autonomía y la responsabilidad. También las corporaciones locales tendrán que ajustar sus presupuestos al objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en estos proyectos de ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas a este respecto.
Dentro del procedimiento plurianual de estabilidad para el sector público, que cada año se someterá al Parlamento, el Gobierno determinará el objetivo de estabilidad para las corporaciones locales después de oír a la Comisión nacional de administración local. Esta institución asumirá nuevas funciones de colaboración entre la Administración del Estado y las corporaciones locales para facilitar la estabilidad presupuestaria.
Gracias al equilibrio presupuestario que esta ley nos va a ayudar a alcanzar y mantener en todas las administraciones públicas, vamos a poder afrontar con más seguridad las reformas financieras y fiscales que necesitamos. Mientras debatimos estas normas de estabilidad, continúa el diálogo político para elaborar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y vendrá a continuación un diálogo político para determinar el nuevo modelo de financiación de nuestras corporaciones locales. Pretendemos un modelo duradero, estable, que estimule la corresponsabilidad fiscal y garantice la solidaridad que pueda diseñar mejor aún un escenario fiable de estabilidad presupuestaria.
Algunos críticos de estos proyectos de ley ven las cosas al revés, ponen la financiación por delante de la estabilidad, pretenden que las comunidades autónomas no pueden comprometerse a cuadrar sus cuentas si antes no se les garantiza los ingresos que a ellos les gustaría tener. Esta es una hipótesis sin fundamento. Las comunidades autónomas tendrán las competencias y los recursos necesarios para atender sus obligaciones, como los tienen en el momento presente para atender sus obligaciones actuales. Hay que tener en cuenta que el proceso

Página 3233


de descentralización territorial, y en concreto el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, afecta a todo el sector público porque, en definitiva, supone un nuevo reparto de papeles, un nuevo reparto de recursos; es decir, una reestructuración de ingresos y gastos del Estado. Esta reforma no debe suponer una merma de ingresos para ningún nivel de Gobierno; es, insisto, una reestructuración acorde con el nuevo reparto de competencias. Pero el Parlamento debe velar para que este proceso no implique nunca una nueva carga para los ciudadanos y, además, para que asegure siempre la transparencia administrativa.
Señor presidente, señorías, deseo terminar aludiendo al famoso temor al déficit que nuestro premio Nobel de literatura don José Echegaray acuñó en una intervención como ministro de Hacienda ante este Parlamento. De eso hace ya casi un siglo. Ha tenido que transcurrir prácticamente un siglo. Yo, esta mañana, debo y quiero entender el temor al déficit como una preocupación activa por el equilibrio presupuestario que hoy da fundamento a estos proyectos de ley. Por eso, he hablado del razonable temor del déficit que intuye el sentido común de los ciudadanos, porque ellos conocen bien los límites de sus presupuestos familiares y empresariales. Me he referido al democrático temor del déficit que subyace en estas normas de estabilidad por las que los titulares de la soberanía dan un paso adelante en el control parlamentario del gasto público. He descrito también la experiencia reciente de un consecuente temor del déficit en la aplicación de una política económica de estabilidad adaptada a las exigencias de nuestro contexto europeo e internacional. La lucha contra el déficit público ha sido uno de los principales instrumentos de crecimiento y de creación de empleo.
Me he detenido también unos minutos a la hora de reflexionar, sobre el responsable temor al déficit público de todos los niveles de Gobierno, de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, de las exigencias que estas leyes determinan para todos y de la trascendencia que en un país como hoy es España, tan descentralizado, tiene este compromiso interno a favor de la estabilidad, de la previsión, de la transparencia y de la eficiencia en la administración de las cuentas públicas. Y he aludido, señorías, al pragmático temor al déficit de estas leyes en un doble sentido: pragmático por su directa orientación a los objetivos concretos de crecimiento, de empleo, de estabilidad de precios, de políticas de largo plazo, de inversión y de mejora de la protección social, y pragmático también por flexible, pragmático por no dogmático.
En efecto, la exigencia es compatible con la naturaleza, la situación, las prioridades y las iniciativas de las diversas administraciones e instituciones públicas, y también, en todo caso, la norma del equilibrio presupuestario puede admitir excepciones razonables, aunque reversibles. A partir de este año, a partir de la aprobación de estas leyes, con unas cuentas públicas en equilibrio y contando con estas leyes de estabilidad en vigor, que son una garantía, una verdadera caja fuerte donde guardar el equilibrio presupuestario, más que temer al déficit vamos a preocuparnos de preservar el equilibrio y de administrar el superávit; vamos a afianzar la Seguridad Social y vamos a reducir la deuda pública; vamos a establecer prioridades de gastos sin temor a dejar facturas pendientes a nuestros hijos; vamos a reducir los impuestos personales y empresariales a medida que el crecimiento económico y la generación de empleo nos van proporcionando nuevos puntos de equilibrio entre el dinamismo de la sociedad y las necesidades del gasto público. En resumen, la Hacienda pública equilibrada, que este año con el presupuesto del año 2001 nace y se afianza con estas leyes de estabilidad, seguirá siendo un instrumento de la política económica comprometida con la estabilidad, con la convergencia real de Europa y con el pleno empleo.
No quiero concluir sin invitar a todos los grupos parlamentarios a que consideren los beneficios de estos proyectos de estabilidad presupuestaria y a que participen en su mejora durante el trámite parlamentario. Estas normas no prejuzgan ni los contenidos ni la cuantía de las políticas de ingresos y de gastos. Dentro del equilibrio presupuestario cabe todo, excepto la irresponsabilidad.
Sin duda, una regla que fuerza a mantener equilibradas las cuentas públicas es exigente, porque nos obliga a que expliquemos con claridad a los ciudadanos lo que queremos hacer con su dinero, con el dinero de esos ciudadanos. Pero su valor es capital por dos razones: en primer lugar, porque aumenta la calidad de la democracia al potenciar uno de sus pilares fundamentales, el control de los gobernantes por parte de los gobernados. En segundo lugar, porque brinda a la economía española el bienestar de nuestras familias, la competitividad de nuestras empresas frente a las posibles decisiones irresponsables que, buscando beneficios a corto plazo, comprometan el futuro y la prosperidad de todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Se han presentado nueve enmiendas a la totalidad de devolución a cada uno de los proyectos de ley. La Junta de Portavoces acordó que la defensa tuviese 20 minutos de tiempo de intervención y que las seis enmiendas presentadas por los diputados del Grupo Mixto lo fuesen por un tiempo de cinco minutos. Comenzaremos por la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor vicepresidente, señor ministro, señorías, buenos días a todos.
Ami entender, el debate político de las leyes de estabilidadencierra una triple perspectiva, que va desde la

Página 3234


del análisis económico a los aspectos políticos de la autonomía de los entes territoriales, pasando por el de los conceptos fiscales.
Por ello, voy a estructurar mi intervención en torno a tres apartados: en el primero me referiré al modelo económico en el que están basadas las leyes; en el segundo, a los conceptos fiscales y a las obligaciones que imponen, para cerrar con un tercero que aborde las repercusiones desde el punto de vista de la autonomía política.
Con ocasión del debate presupuestario tuve ya la oportunidad de anticipar algunas de las críticas cuestiones que hoy nos vuelven a plantear estas leyes de estabilidad. Al analizarlas entonces bajo el epígrafe de lo que denominé las bases económicas de la política presupuestaria, recordaba que su apelación al tópico de la traslación de la carga de la deuda a las generaciones futuras y la insistencia en el ahorro como receta económica universal eran las dos falacias que ocupaban un primerísimo lugar en el inventario de las 15 falacias fatales del fundamentalismo financiero. No voy a extenderme otra vez, más allá de un breve recordatorio, en razonar por qué la realidad es completamente opuesta a la sugerida por estos dos argumentos tan queridos por la política del Gobierno. En el primero de ellos, el de la traslación de la carga, porque olvida que la deuda se convierte en bienes de capital que disfrutarán las generaciones futuras y además permite mantener el empleo de hoy, generar rentas y rentabilizar a un tiempo el capital privado. En cuanto al segundo, porque el ahorro no puede ser el motor de crecimiento, papel que corresponde a las decisiones empresariales de gasto, financiadas con crédito, para conseguir pasar a un superior nivel de actividad. Se trata de unas conclusiones ante las que uno no puede ser prekeynesiano, de la misma manera que ante el movimiento del sol y la tierra uno no puede ser precopernicano. Sin embargo Ptolomeo vuelve, una y otra vez, hasta hacer que aquellos polvos del discurso económico se conviertan en este lodazal de la ley de estabilidad presupuestaria.
En la fundamentación de ese piadoso modelo de equilibrios en el que se basa la ley se nos insiste en que es la consolidación fiscal la que empuja el crecimiento económico, cuando todos sabemos que el proceso es justamente el contrario, como bien ilustra, por ejemplo, la experiencia reciente en la que disfrutamos de un crecimiento extraordinario de los ingresos públicos. Bienvenida sea la consolidación fiscal, pero ¡ojo! porque llevada a un extremo puede ser la antesala del desastre, como ilustra el caso del Japón del que parecen haber tomado buena nota en Estados Unidos.
Este modelo económico en el que el virtuoso equilibrio conduce a otro ignora, deliberadamente, aspectos esenciales. Por ejemplo, que la desinflación, y con ella la reducción de los tipos de interés, hizo sus mayores progresos con altos déficit en la primera mitad de los noventa, merced a las importantes desaceleraciones de los costes laborales y de los precios de la energía que tuvieron lugar en aquellos años. El año pasado hemos podido comprobar qué pasa cuando ese escenario cambia aunque se mantenga el ajuste fiscal. Pero lo que es peor, el modelo del Gobierno no solo no interpreta correctamente la realidad, sino que la exposición de motivos -y a ella me remito- fija como objetivo alimentar el denominado efecto riqueza, derivado del alza de las cotizaciones en la Bolsa por sus pretendidos efectos saludables sobre la economía.
Aquí el fundamentalismo financiero hace estupendas migas con el capitalismo especulativo. Ante una deuda pública que declina se despliegan toda clase de medidas que, so pretexto de favorecer el ahorro, favorecen en realidad determinadas formas de riqueza financiera. Solo un lego puede confundir un flujo con un stock. Y como colofón, se reduce el impuesto sobre la renta no de una forma redistributiva, como se ha hecho en el País Vasco, sino favoreciendo la canalización de nuevos y sustanciales ahorros de las rentas altas a los mercados financieros. De todo esto solo hemos disfrutado de la primera entrega, pero no me cabe ninguna duda de que la segunda ya está en marcha.
En este sentido la ley que debatimos es una pieza más del engranaje, dirigida a imponer no un marco de estabilidad, del que ya disfrutábamos, sino una absurda prohibición de la propia existencia de la deuda pública. Proscrita la deuda de los entes locales y las comunidades autónomas y con unas administraciones centrales acuciadas por la amenaza de las consecuencias del envejecimiento de la población en el sistema de pensiones, el modelo económico debe conducir a unos superávit crónicos de las administraciones públicas de significativa cuantía. Además, cuando el cambio demográfico comience a hacerse sentir a lo largo de la próxima década, cuando con una inmigración restringida y con la disminución de las cohortes más jóvenes y el creciente predominio de las más maduras se impongan menos propensiones al consumo y mayores deseos de acumulación de riqueza financiera, el modelo llegaría a su zenit y si el escenario internacional no lo impide antes, asistiríamos al esplendor de una burbuja financiera que no sería sino la antesala de una aguda recesión. Habríamos llegado así al mal japonés, al que la propia economía americana -y también alguna europea- parece empeñada en dirigirse. En suma, quiero alertar acerca del hecho de que, dado el escenario previsible, este modelo económico entraña un riesgo enorme de sacrificar el crecimiento y el empleo en aras a una actitud financiera mal entendida. De la misma manera que ya se hiciera en el pasado con aquella reliquia bárbara del patrón oro.
Quiero recordar también que con ocasión del debate presupuestario se plantea aquí que la aparente solución del fondo de garantía al problema de la Seguridad Social no es más que una quimera, en expresión, como dije y repito, del mismísimo Milton Friedman, porque siendo, a la vez, un activo y un pasivo del Estado, es

Página 3235


irrelevante su tamaño y aunque sea tan grande como se quiera, cuando llegue la hora de hacer efectivos los desembolsos, al Estado no le quedará más remedio que emitir deuda o subir impuestos por el importe que precise, sobre todo si estas leyes no están en vigor.
No sé por qué extraña razón todo el mundo mira para otro lado ante una cuestión tan seria. No sé a qué espera el Gobierno para decirnos en qué va a invertir ese fondo de garantía, a menos que esté pensando en su inversión en acciones, creando así un nuevo capitalismo de Estado en el que éste controlaría el sector privado a través de ese gigantesco y sui generis fondo de pensiones. Eso me sumiría en la más profunda de las preocupaciones y supongo que al ciudadano común no le haría gracia saber que su futura pensión pende del hilo de los valores tecnológicos. Lo dije en el debate presupuestario y lo repito ahora. No nos hagamos trampas en el solitario. Olvidémonos del gadget del fondo y afrontemos con seriedad la dimensión posible de nuestro sistema de reparto. Consolidemos fiscalmente la deuda en la medida en que la coyuntura lo permite, pero no eliminemos la propia posibilidad del déficit ni excluyamos la eventualidad de que en un futuro haya que elevar la presión fiscal que, por cierto, es siete puntos más baja que la europea.
Una vez comentado el modelo económico que subyace en la política del Gobierno, paso a ocuparme del concepto de estabilidad previsto en las leyes. La construcción jurídica que presentan los proyectos pretende apoyarse en una realidad preexistente que no puede ser otra que el llamado Pacto de estabilidad y crecimiento, algo reconocido en la ley y enfatizado en el dictamen del Consejo de Estado. El problema, el enorme problema es que las definiciones de lo que es estabilidad en las leyes no responden en absoluto a lo que por tal se entiende en el mencionado pacto europeo. Como sabemos, la idea del pacto comenzó a labrarse en el Consejo Europeo de Florencia donde se acordó -y cito literalmente- que cada Estado miembro se comprometerá a conseguir a medio plazo una situación cercana al equilibrio o con superávit. Esto permitirá que funcionen los estabilizadores automáticos cuando sea necesario a lo largo de todo el ciclo económico, sin superar el valor de referencia del 3 por ciento, posición que cristalizó definitivamente en el Consejo Europeo de Amsterdam con la aprobación de unos reglamentos que consideran que -y cito también literalmente- el objetivo a medio plazo consistente en conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o de superávit permitirá a los Estados miembros hacer frente a fluctuaciones cíclicas normales, manteniendo, al mismo tiempo, el déficit público dentro del valor de referencia del 3 por ciento. Se trata de la plasmación de la idea, de la adecuación del presupuesto al ciclo en una perspectiva a medio plazo que es lo que se ha llamado también Hacienda funcional. Su objetivo es evitar déficit excesivos promoviendo la consolidación fiscal en momentos de bonanza para afrontar las situaciones de crisis hasta el punto de que admite, incluso, la superación del margen del 3 por ciento cuando la recesión sea severa. Sólo cuando la estabilidad a lo largo del ciclo no se garantiza se proponen medidas correctoras. En lugar de estos conceptos generalmente aceptados en economía, aunque sobre cifras se pueda discutir, ¿qué es lo que la ley Montoro nos propone? En síntesis, sustituir la idea de los tratados europeos de déficit excesivo que precisa corrección por la de déficit que precisa corrección o, más expresiva y sorprendentemente, saneamiento -como se dice- para las comunidades autónomas, que quedan condenadas al equilibrio presupuestario.
Esto es lo que le lleva al señor ministro a afirmar que el déficit es cosa del pasado, cuando lo verdaderamente evidente es que lo que son del pasado son sus ideas sobre el déficit; ideas que no responden en absoluto a los requerimientos del Pacto de estabilidad y crecimiento; ideas que sirven para plantear una ley que no tiene parangón en Europa -por algo será-, con el original argumento de que España es un Estado complejo, como si por ahí no existiesen ayuntamientos o como si fuéramos a descubrir ahora a los alemanes, por ejemplo, lo que es un Estado compuesto; ideas que van contra el bloque de constitucionalidad y la autonomía territorial; ideas, finalmente, que de llevarse a la práctica tendrán funestas consecuencias económicas para todo el Estado, consecuencias económicas que no se detienen en sus efectos sobre el crecimiento y el empleo, sino que van a paralizar la propia dinámica de la provisión de los bienes públicos en todos los ámbitos territoriales. Con la ley Montoro no hay, por ejemplo, metro de Bilbao, a pesar de que su financiación en parte por deuda, no precise de saneamiento de ninguna clase y de que constituya una gigantesca aportación al bienestar de los vizcaínos incluidos los de muchas generaciones futuras.
Señor Montoro, la sola idea de que su Ministerio dicte a cada pequeño municipio de los cuatro rincones del Estado sus ingresos principales, sus gastos de personal y su equilibrio presupuestario, que le impida, por ejemplo, pedir un crédito para construir un polideportivo, es profundamente ridícula, además de un gravísimo ataque a la autonomía local y nos recuerda épocas pasadas de centralismo y subordinación a los gobiernos civiles.
Desde la vertiente política, la aprobación de una norma con rango de ley de carácter básico directamente aplicable a todas las administraciones públicas, en primer lugar, es del todo innecesaria e inoportuna por el instrumento empleado -una norma básica- y porque, a juicio de nuestro grupo, no contempla la especificidad de la bilateralidad que rige las relaciones económico- financieras entre el Estado y Euskadi. Desde 1996 las comunidades autónomas han venido consensuando con el Gobierno del Estado una senda de límitespara su deuda y déficit respectivos, los llamados

Página 3236


escenarios de consolidación presupuestaria. Sin embargo, la ley de estabilidad presupuestaria rompe con la tradición desarrollada durante los años noventa en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una tradición de coordinación voluntaria entre las comunidades autónomas y el Estado, que dio como fruto un sistema de negociación que ahora se ve cuestionado o más bien eliminado. No puede entenderse que si entonces ya existían los mecanismos internos necesarios para ajustar las políticas presupuestarias a los objetivos del programa de convergencia y que si estos han funcionado correctamente, se quieran ahora modificar unilateralmente. Ello es pura y simplemente no creer en el Estado de las autonomías.
En definitiva, el objetivo de estabilidad no responde a la idea europea. La experiencia demuestra que el procedimiento impositivo no es necesario porque ha funcionado el mecanismo de consenso y que por tanto no existen las supuestas razones de fondo que conducen a la fijación de severos límites a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que han sido reconocidos en el propio dictamen del Consejo de Estado.
Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, las decisiones que el Estado puede adoptar sobre la base del artículo 149.1.13.ª de la Constitución deben ceñirse a aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los fines de política económica que aquellas persigan. Por eso ha de interpretarse rigurosamente el principio de coordinación del artículo 2.1,b) de la Lofca, que ahora pretende modificarse, cuando actúa como límite del poder de gasto de las comunidades autónomas.
En conclusión, la vía más adecuada para la coordinación de la actividad financiera de las comunidades autónomas con la del Estado no debe ser una ley de estabilidad presupuestaria, ni tan siquiera, con un carácter más coyuntural, una ley de presupuestos del Estado sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como establece la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
Finalmente, quiero señalar que la ley proyectada contempla de manera insuficiente la especificidad de las relaciones economico-financieras entre el Estado y la comunidad autónoma de Euskadi, especificidad consagrada en el estatuto de autonomía y caracterizada por su bilateralidad. Ello es particularmente importante para la hacienda autónoma de Euskadi, cuyo modelo financiero implica autonomía, responsabilidad y coordinación. Esto es lo contrario de lo que esta ley busca, esto es imposición, unilateralidad, tutela del Estado para con las autonomías y municipios; en suma, un centralismo rígido, insólito en Europa.
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha mantenido en los últimos años una política prudente de endeudamiento y déficit en el marco de los escenarios de consolidación presupuestaria. Asimismo, en su ámbito interno existe un acuerdo interinstitucional de estabilidad y convergencia real entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales, suscrito en el seno del Consejo vasco de finanzas públicas. Las administraciones públicas vascas se han corresponsabilizado tanto o más que la Administración del Estado en la consecución de una política fiscal prudente que asegure unas finanzas públicas saneadas. Por tanto, sería más adecuado que los compromisos y obligaciones a asumir por el País Vasco en relación con la estabilidad presupuestaria o la aplicación en su caso de planes economico-financieros para la corrección de desequilibrios presupuestarios fueran acordados dentro del marco de las relaciones bilaterales en el seno de una comisión mixta País Vasco-Estado. Se evitarían así imposiciones legales que, además, tampoco tienen un encaje adecuado en el sistema de relaciones económico-financieras entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi, especificidad consagrada, como ya se ha dicho, en el estatuto de autonomía y que también ha tenido reflejo en otras normas, como la Ley de haciendas locales o la propia Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. En este orden de cosas, la ley debería reconocer además de forma clara no sólo la especial relación de bilateralidad de la comunidad autónoma, sino también el hecho de que las entidades locales vascas o las diputaciones forales en primerísimo lugar dependen de la Hacienda vasca y, por lo tanto, no están afectadas por la competencia del artículo 149.1,14.ª, relativa a la Hacienda general del Estado, a la que se refiere el Consejo de Estado como principio legitimador.
Concluyo, señor presidente. Señor Montoro, como ha podido comprobar, nuestro grupo no está en contra de la consolidación presupuestaria en la actual coyuntura económica. Le he dicho antes que incluso en el País Vasco tenemos un acuerdo interinstitucional. Lo que no entendemos, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista macroeconómico, es su concepto de estabilidad presupuestaria, radicalmente diferente al definido por el Consejo Europeo de Amsterdam y que supone consagrar por ley la inexistencia de déficit público. Esto, sinceramente, no sólo es un atentado al bloque de constitucionalidad y a la autonomía de los entes territoriales, sino algo muchísimo peor, es un enorme error y un desprecio al sentido común. Señor Montoro, un mundo sin déficit y sin deuda, que es el que usted quiere imponer con sus leyes, no es un mundo real. Señor Montoro, acuerde, pero no imponga. Tan sólo imponen los que carecen de argumentos y me da la impresión que esto es lo que le ocurre al Gobierno. Si desde el punto de vista económico no tiene sentido, el único alcance o fin de sus proyectos es el de erigirse como una auténtica Loapa financiera en toda regla. Ello significa ni más ni menos que desde el Gobierno pretenden arrebatar gratuitamente las competencias financieras que les corresponden a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. A ustedes no les gusta hasta dónde ha llegado el desarrollo

Página 3237


del Estado autonómico y quieren desandar lo caminado a lo largo de los últimos 25 años con mucho esfuerzo y trabajo democrático. Nos proponen una involución en materia autonómica y ello no es constitucional, señores del Gobierno. Por todo ello proponemos desde el Grupo Parlamentario Vasco que estos proyectos sean devueltos al Gobierno y que en el futuro sean tan solo un recuerdo y no una realidad que tenga efectos económicos y políticos difíciles de subsanar. Si este Parlamento no devuelve los proyectos al Gobierno, habrán de ser los tribunales o los ciudadanos los que pongan las cosas donde deben estar. Yo estoy convencido de que la mayoría de los diputados, incluso del Partido Popular, discrepan de esta disparatada concepción de la estabilidad presupuestaria y del procedimiento autoritario previsto para imponerla. Voten en conciencia y devuelvan los proyectos al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, señorías, señor ministro, los andalucistas estamos bastante más preocupados por el modelo que hoy se deduce de su intervención y por los instrumentos que están empleando al articular una política económica con una política autonómica que por el propio fondo de la cuestión, que es la estabilidad presupuestaria. No sé si usted ha reflexionado sobre algunas de las frases que ha dicho en su intervención y que puede que yo saque de contexto: que no se vuelva a las andadas, irresponsabilidad... Es como considerar que la Administración central es el maestro que va a controlar a los niños, que en este caso son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para que no se desmadren. Es asumir una especie de una autoridad sobre todos para que, aunque ahora las cosas van bien, no vaya a ser que se desvíen y vuelvan a ir peor.
En el fondo se está utilizando la estabilidad presupuestaria como un instrumento más de los que aquí tienen que venir -espero que logremos consensuar alguno-: modelo de financiación autonómica, reforma de la ley de haciendas locales o la llamada ley de coordinación autonómica.
En el fondo, lo que hay detrás es una involución en la concepción del modelo centralista. Estaría dispuesto, señorías, señor ministro, a estar muy de acuerdo, porque lo estoy, con el fondo de la cuestión; es decir, que hay que buscar la estabilidad presupuestaria.
¡Naturalmente que sí! Este no puede ser un debate entre los que están de acuerdo con la estabilidad presupuestaria o no lo están. Lo que no pondría nunca es el carro delante de los bueyes.
Usted ha puesto ejemplos y ha dicho que igual que una familia.
Afortunadamente, mi padre no era muy adepto a la religión de la estabilidad presupuestaria porque si no no hubiéramos estudiado ninguno de los hermanos. Pedir a la gente que nunca gaste más de lo que tiene es suponer que todo el mundo tiene garantizados unos mínimos y por lo tanto no conviene pedir más para no arruinarse. Ninguna familia quiere arruinarse. Las familias no se endeudan caprichosamente. Cuando se endeudan es porque tienen un objetivo y son capaces de asumirla con su nómina o con lo que sea. El objetivo no es terminar el año gastando lo mismo que se ha ingresado. El objetivo es vivir bien. Y el objetivo de un Gobierno es que el país funcione y que haya bienestar social. ¿En estabilidad presupuestaria? Preferiblemente. ¿En cero estabilidad presupuestaria como máxima y religión? A veces sí y a veces no; depende del ciclo económico. Y, sobre todo, aunque no es el fondo sobre el que podríamos discutir, aquí lo que se está discutiendo es el mango de la sartén. Aquí lo que se está discutiendo es quién manda; aquí lo que se está debatiendo es que la estabilidad presupuestaria la va a obligar la Administración central al resto de las administraciones, en vez de hacerla por vía de diálogo o de consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hay otras muchas cosas que son necesarias para acabar con la falta de eficacia de la Administración pública, y usted y yo las conocemos: la reforma de las administraciones públicas, ese culto a la ejecución presupuestaria como único instrumento de control del presupuesto, o sea a que hay que gastar. Estamos en un Parlamento -y cualquiera de ellos funciona así- y parece que el Gobierno que no gasta lo que presupuesta es ineficaz, en vez de controlar lo que tiene que hacer con el gasto. Se controla mucho más si se ha gastado la peseta que lo que se ha hecho con ella. No se produce ahorro en las administraciones públicas. Muchas veces hay tal obsesión por gastar, dado el cúmulo de impedimentos, que el objetivo de una Administración se convierte en gastar. ¿Dónde está la bombilla roja del despilfarro, señor ministro? ¿Está en las corporaciones locales? ¿Está en las comunidades autónomas? Andalucía se ha comportado perfectamente en el escenario de la consolidación. Ha tenido hasta superávit, siendo, como usted y yo sabemos, una comunidad con muchísimas necesidades. Y se ha ajustado perfectamente. Las que no se han ajustado han sido determinadas comunidades. A lo mejor ha sido la Comunidad Autónoma Valenciana la que se ha disparado. La que no se ha ajustado ha sido la Administración central, que no ha reinvertido muchos de sus fondos de privatización en saldar deuda. Hay un escenario bastante ajustado.
Estando de acuerdo en la estabilidad, en lo que no podemos estarlo es en dos cuestiones, por resumir: primero, en la rigidez, en decir cero. Aquí habrá un margen de maniobra para actuar en el mercado. La política fiscal, como usted dice, señoría, servirá con un margen de instrumentos para corregir cuestiones que están en el mercado. ¿O vamos a hacer una política fiscal absolutamente neutra y dejamos que sea el mercado el que

Página 3238


marque las condiciones? Con esta neutralidad absoluta, con este buscar sólo estos factores, se logra lo que se consigue en la UVI: morir más sanos. En la UVI se muere uno con la mejor temperatura, la mejor presión arterial y las mejores variables, pero se muere. A ver si vamos a acabar los años con cero déficit y muy buenos indicadores de inflación, pero sin las necesidades cubiertas en los servicios básicos de carreteras, de hospitales, de equipamientos, etcétera.
Nadie está por la ruina, nadie está por la locura, nadie está por el despilfarro, nadie apuesta por el déficit, todos apostamos por la estabilidad, pero hay que ir al fondo, al método. ¿Cómo? Por consenso, por diálogo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se hace, y no por imposición del Gobierno al resto de los escalones administrativos.
El orden en que se están aprobando los instrumentos que anunciaba su Gobierno -modelo de financiación autonómica, ley de estabilidad presupuestaria, reforma de haciendas locales- no es el bueno. No es bueno discutir cómo se hace el pan sin saber con qué trigo vamos a contar. Es bueno discutir, primero, cuál es el modelo de financiación autonómica, si se cumple la suficiencia financiera, si se cumple la equidad, si se cumple la solidaridad y con ese modelo cómo vamos a producir un escenario de ajuste, de estabilidad presupuestaria, en el que todos estemos de acuerdo. Esto es sencillo. Hoy no estamos discutiendo la estabilidad presupuestaria, sino la vuelta de un modelo de involución, centralista, de rescatar, de arrancar, de quitar competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Gobierno va a utilizar el principio fetiche de estabilidad presupuestaria para encubrir una operación que, bajo pretexto económico, tiene unos objetivos claramente políticos. La posición del Bloque Nacionalista Galego es contundentemente negativa respecto de estos dos proyectos de ley por tres motivos fundamentales. El primero de ellos por una cuestión de procedimiento, el segundo, por una cuestión de carácter competencial y, el tercero, por una cuestión que afecta a los principios filosófico-económicos.
En primer lugar, hablemos de la cuestión procedimental. El señor ministro sabe que lanzar dos proyectos de ley de esta enjundia y de estas características, sin que previamente se haya discutido el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no deja de ser una operación unilateral que habla por sí sola de la incapacidad del Gobierno y de la indisponibilidad para dialogar sobre un tema de tanta importancia. Lo lógico sería haber hecho un debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano de coordinación y de debate adecuado para cualquier política de planificación conjunta del Estado, y el Estado no solamente es el Gobierno sino también los gobiernos de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, para nosotros es mucho más importante lo que contiene desde el punto de vista competencial. Hablemos de cómo ustedes convierten un principio, cual es el de la estabilidad no económica sino presupuestaria, en un principio de carácter constitucional. Pero, leyendo la Constitución española de arriba abajo, señor Montoro, no hay manera de ver este principio establecido. Hay un principio de estabilidad económica que va referido a la capacidad del Estado para desarrollarse de forma equilibrada e incluso para hacer planes de pleno empleo. Por tanto, ustedes están subvirtiendo gravísimamente los principios constitucionales cuando convierten el principio de la estabilidad presupuestaria en un principio constitucional sustitutivo u homologado con el principio de estabilidad económica, contenido en el artículo 40, cuyo sentido ya les he referido.


En tercer lugar, ustedes atentan contra la autonomía financiera, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Cabe recordar el artículo 156 de la Constitución que dice: Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, de acuerdo con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Ustedes no establecen un principio de coordinación, sino un principio de sometimiento puro y duro, por no hablarle del principio de equilibrio o de suficiencia financiera para las corporaciones locales. Precisamente, muchas de las pequeñas están gravemente endeudadas y con la ejecución del principio que ustedes establecen en esta ley, tendrán clarísimos problemas para lograr esta suficiencia financiera que cubra sus servicios. Además, señor Montoro, en sus proyectos de ley hay una planificación económica durante una serie de años, un principio de plurianualidad, que habría que ejercitar contando con las comunidades autónomas. Lea usted el artículo 131.2 de la Constitución, que dice que se deben hacer previsiones suministradas con los criterios de las comunidades autónomas. Por último, ustedes suplantan la capacidad de los legislativos autonómicos para aprobar sus presupuestos y establecen una jerarquía en el Estado español, poniendo bajo tutela directa del Gobierno central a los ejecutivos autonómicos. La autorización del Ministerio de Hacienda es obligatoria para operaciones de deuda y de crédito, señor ministro, que van a larvar gravísimamente nuestra capacidad, especialmente la de las comunidades autónomas que debían tener en la política financiera un instrumento para desarrollarse, para desenvolverse y, en definitiva,

Página 3239


para pagar obras, muchas de ellas competencia del Estado, que ustedes no pagan. La Comunidad Autónoma de Galicia muchas veces se tiene que endeudar -mucho menos que otras, por supuesto- para pagar obras de competencia del Estado, por ejemplo, los ferrocarriles.
En definitiva, señorías, como Bloque Nacionalista Galego pensamos que estos dos proyectos de ley representan el mayor asalto realizado por el Partido Popular al edificio del Estado de las autonomías y quieren hacer inoperante la potencialidad del marco para incidir en un desarrollo autocentrado, precisamente para poder equilibrar el Estado español. Las comunidades autónomas no somos gestores administrativos de finanzas, sino entidades políticas con capacidad creativa y política para el desarrollo económico. Por todo esto, pedimos la devolución al Gobierno. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
El señor Puigcercós i Boixassa tiene la palabra.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, en el debate de investidura el presidente Aznar ya avanzó que en esta legislatura habría coordinación, y desde esta misma tribuna este diputado quiso aclarar qué quería decir en boca del presidente Aznar la palabra coordinación. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Apuntan ya tres proyectos de ley, y aquí tenemos hoy el primero, de esta cruzada de coordinación, o lo que podríamos llamar la contrarreforma del Partido Popular al Estado de las autonomías y a la autonomía local.
En este caso se trata de la ley de estabilidad presupuestaria. El ministro, señor Posada, ha avanzado también una ley de coordinación autonómica y el ministro Piqué también nos ha hecho vislumbrar una posible ley de coordinación de la acción exterior de las comunidades autónomas. Esto es la Loapa, o la nueva Loapa, o lo que podríamos denominar la reconquista por parte del Estado central contra las autonomías, y en el paquete hay que incluir a los ayuntamientos y a las entidades locales. Nadie puede estar en contra de la reducción de la deuda; nadie puede estar en contra de la reducción o la eliminación del déficit público, pero este es un instrumento que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y esto se pone más difícil cuando empezamos al revés. Primero habría que discutir el modelo de financiación, habría que llegar a un acuerdo en el modelo de financiación y en cuáles son los recursos de los que disponen en este caso las comunidades autónomas, y luego, a partir del Consejo de Política Fiscal y Financiera, llegar a un acuerdo sobre cómo se coordina el déficit. Pero no ha sido así, ha sido al revés, y todo apunta a que el acuerdo de la ley de financiación de las comunidades autónomas va a ir en este mismo sentido, regresivo para la autonomía y, en definitiva, para el margen de maniobra política y financiera de las comunidades autónomas. Con esta ley lo que ustedes van a pretender es que, a partir de ahora, un instrumento evidente que tenían las comunidades autónomas para sufragar, subsanar en este caso, algunos déficit no lo van a poder tener. Voy a poner un ejemplo. Hace poco ha habido un debate en Cataluña sobre quién pagaba, si hacía falta, que el tren de alta velocidad llegara al aeropuerto. Se ha llegado a un acuerdo, al parecer, con Esquerra Republicana de Cataluña, insatisfactorio; lo va a pagar el Gobierno catalán, la Generalitat. Con esta ley es muy posible que no haya enlace con el aeropuerto; no lo vamos a poder pagar, no hay suficientes recursos, hay otras prioridades en Cataluña (sociales, en materia de educación, en sanidad) para poder hacer llegar el tren de alta velocidad al aeropuerto. Ustedes lo van a impedir. Con su política social, muchos ayuntamientos también están sufragando los déficits del Estado en algunos ámbitos: en el de vivienda, que tendrían que ser sufragados por el Estado; en el de educación, que tendrían que ser sufragados por las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva o, en su defecto, si no la tienen, por el Estado, y lo están aguantando los entes locales. Con esta ley, también impiden este margen presupuestario.
Ustedes, pues, van a la reconquista de lo que creen que nunca tuvieron que ceder y, en este caso, quitan a las comunidades autónomas un margen de maniobra presupuestario muy importante. Esto, en el caso catalán, se une a una situación insostenible. La situación financiera en Cataluña es insostenible, de ahogo, de asfixia absoluta, por un mal sistema de financiación. Como ya hemos dicho muchas veces aquí y lo vamos a repetir, es necesario ante todo que sepamos cuál es la balanza fiscal. Publíquenla, digan cuál es y no nos digan que hay dificultades técnicas para publicar la balanza fiscal. Cojan el modelo alemán, que existe, aplíquenlo y veremos la situación de déficit fiscal de algunas comunidades autónomas con el Estado. A partir de aquí, podremos discutir en situación de igualdad, teniendo todos la misma información para conocer la situación. Los últimos estudios son definitivos. En Cataluña en estos momentos hay una situación de déficit de 1,3 billones, que la perjudican, unas 220.000 pesetas por habitante y año, superando el 8 por ciento del producto interior bruto catalán y con tendencia a incrementarse. Esta es una situación insólita en cualquier Estado de la Unión Europea, donde ninguna región aporta tanto dentro del Estado y en el resto de la Unión Europea. Además la inversión pública del Estado, inversiones reales, en las diferentes comunidades autónomas ha discriminado sistemáticamente a Cataluña. En el periodo 1987- 1996 la media española se situaba en 134.000 pesetas por habitante, mientras que en Cataluña era sólo de 85.000 por habitante. En el periodo inmediatamente posterior, de 1997 al año 2000, la media per cápita española

Página 3240


llegaba a 159.000 pesetas por habitante, casi el doble que la de Cataluña, 88.000 pesetas por habitante. Debido a esta baja inversión permanente, Cataluña se sitúa en la penúltima posición del stock de capital público, el 10,5 por ciento del total estatal, con datos realmente alarmantes, ya que la educación se sitúa en el 14,6 por ciento, la sanidad en el 11 por ciento y las carreteras -eso sí, libres de peaje- en el 10,5 por ciento, cuando en autopistas Cataluña tiene el 30,6 por ciento del stock de capital. Por tanto, la baja inversión estatal comporta una posición relativa de stock de capital público muy mala. Esto exige a la Generalitat un sobreesfuerzo inversor que, sin un buen sistema de financiación y con el expolio que representa el déficit fiscal, implica una necesidad de endeudamiento y a menudo de déficit presupuestario. Por otra parte, no podemos pasar por alto que el Estado continúa siendo la Administración pública más endeudada. A pesar del descenso de endeudamiento del Estado y del intento de control del déficit público por su parte, debe recordarse que el Estado sigue siendo con mucho la Administración más endeudada. Así, del total del endeudamiento público a finales de 2000, más del 80 por ciento corresponde al Estado, mientras que las comunidades autónomas representan el 12 por ciento y las corporaciones locales el 5 por ciento. Si bien es cierto que el déficit público relativo a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales -estas últimas tuvieron superávit en 2000- es elevado con relación al Estado, con 626.000 millones, recordamos el mismo argumento que antes: ¿Cómo se puede exigir un control del déficit sin un sistema de financiación justa? Para acabar, señor ministro, esto es la ley del embudo, no es la ley de estabilidad presupuestaria. Esta ley produce que las comunidades autónomas se conviertan en simples gestores administrativos, simples estructuras de ejecución del presupuesto que va a determinar el Estado. Yo diría que es ilógico discutir, aprobar e intentar aplicarlo antes de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos sobre el modelo de financiación. Han empezado la casa por el tejado y cuando se hace así las casas se acaban hundiendo. Esto va a repercutir en los ciudadanos, va a repercutir, repito, en aquellas inversiones que tienen que hacer ayuntamientos, entes locales y comunidades autónomas a favor de los ciudadanos para suplir los déficits que ustedes producen desde el Estado. Esta es una realidad y no nos digan que es para producir más empleo, para garantizar el crecimiento. Estamos de acuerdo, claro que sí; con un buen modelo de financiación, seguramente podríamos discutir en otros términos de un modelo de estabilidad presupuestaria, pero así no. Esto es la reconquista, es la nueva Loapa; en definitiva, esto va contra la libertad y el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas y los entes locales.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo dos proyectos de ley y, en definitiva, la oposición, que ratifico, en este caso de Eusko Alkartasuna, al proyecto general de estabilidad presupuestaria y al proyecto de ley orgánica complementaria de la ley general de estabilidad presupuestaria. Comparto absolutamente todos y cada uno de los argumentos que han expuesto los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que se pueden resumir en cuatro, contundentes todos ellos, y que desde luego justificarían la oposición por parte de todos los grupos parlamentarios al propio Gobierno.
El primero hace referencia al porqué de la ley, y así se hablaba en la propia exposición de motivos -y lo señala el ministro- que responde al cumplimiento de las normativas y contenidos establecidos en las normas de la Unión Europea. No es así; por el contrario, la manera, la fórmula, los contenidos que aparecen en la normativa de la Unión Europea responden a unas determinadas tendencias a tratar de conseguir unas situaciones de estabilidad, de equilibrio, situaciones cercanas, pero no habla en absoluto del déficit cero ni de las cuestiones planteadas por el ministro en las que no deja ningún margen de maniobra. Por tanto, esa pretendida justificación no responde a la realidad ni, en consecuencia, a tratar de adecuar la normativa del Estado español a la normativa de la Unión Europea. El segundo argumento es que la propia realidad demuestra lo contrario.
Se ha señalado anteriormente en este debate que la realidad nos ha demostrado que precisamente las administraciones territoriales no han sido las mayores causantes del déficit y que, en todo caso, el proceso de consolidación se ha realizado de manera adecuada, sin necesidad de tener que realizar ninguna imposición a través de las vías legales. En cualquier caso, sí puedo señalar que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido un ejemplo, un modelo claro de ese proceso de consolidación y estabilidad presupuestaria.
Tercer argumento. Está claro lo que ustedes pretenden y aquí ya no nos cabe ningún tipo de duda. Lo que pretenden con este tipo de cuestiones es cercenar total y absolutamente la capacidad financiera propia que puedan tener las comunidades autónomas y, en este caso, las corporaciones locales. Lo han intentado y lo siguen intentando en todos los ámbitos de la política del Gobierno. A ustedes no les gusta el Estado autonómico, no les gusta nada, díganlo realmente, y al socaire de defender el Estado autonómico lo que hacen con esta y otras cuestiones es tratar de desmontarlo, de devaluarlo, en definitiva, de anularlo; desde luego, a esto no estamos dispuestos.
Cuarto argumento. Si bien

Página 3241


me puede usted decir que en uno de los proyectos de ley aparece una disposición final, estos dos proyectos de ley van particularmente en contra de la capacidad normativa y soberanía fiscal y financiera que tienen el concierto y el convenio económico que otorgan a la comunidad autónoma vasca y a la Comunidad Foral de Navarra. Estos cuatro argumentos son suficientes para entender que, mucho nos tememos, no tienen ustedes razón. Y, aunque por los votos y por la democracia saquen aquí la mayoría absoluta, será una cuestión que resuelvan los tribunales.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por último, también en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds pero también de la Chunta Aragonesista, las enmiendas de totalidad que hemos planteado a estos proyectos de ley. Y, señor Montoro, como tengo muy poco tiempo, quiero decirle que esta ley puede ser objeto de muchas razones para la enmienda a la totalidad. Fundamentalmente quiero resaltar que en nuestra opinión hay dos grandes perspectivas de rechazo, de petición de devolución de estos dos proyectos de ley: la perspectiva social y la perspectiva autonómica. Estamos convencidos de que esta ley, como luego diré, es socialmente injusta, retrógrada, conservadora, que va a tener consecuencias directas negativas sobre la calidad de vida de las personas del Estado español y estamos convencidos de que es una ley que atenta contra el modelo actual del Estado de las autonomías.
Para justificar esto, me referiré simplemente, porque no tengo tiempo, a cuatro razones que justifican, insisto, que digamos que esta es una ley socialmente conservadora, retrógrada y, desde el punto de vista autonómico, centralista. La primera razón es que ustedes plantean como objetivo presupuestario en los próximos años el déficit cero. ¿Esto es bueno o es malo, señor Montoro? Depende.
¿Sería mejor que hubiera una ley que obligara al superávit presupuestario? Depende. ¿Sería mejor que se mantuviera en los márgenes de la Unión Europea? Depende. ¿De qué depende, señor Montoro? De la situación del país, y el objetivo presupuestario del Gobierno español es hacer la convergencia social con los países de la Unión Europea. Porque hoy el Estado español gasta 7 u 8 puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea en gasto social. Esto dicho así puede parecer que no es nada, pero esto ¿qué supone? Que no hay guarderías, que los ancianos y las ancianas no están tratados, que el nivel de nuestras pensiones es mucho más bajo. Señor Montoro, no nos haga juegos de magia: es imposible, es incompatible una ley de estabilidad como la que ustedes plantean, converger socialmente con Europa, conseguir una buena financiación autonómica y al mismo tiempo hacer una reforma fiscal en una situación económica de ralentización en la que ustedes dicen que van a bajar impuestos. Esto no lo cuadra nadie, ni usted, ni su Gobierno, ni el presidente del Gobierno, ni su mayoría absoluta. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que, desde el punto de vista social, esta es una ley que renuncia a la necesidad de converger socialmente con los países de la Unión Europea, porque sitúa como único objetivo político y fundamental el déficit cero.
Segunda razón. No quiero ser adivino, señor Montoro, pero yo recuerdo que cuando discutimos la modificación de la Ley de extranjería, algunas personas -yo fui una de ellas- dijeron que esta ley acabaría en el Tribunal Constitucional. Y voy a volver a hacer de adivino: si no hay modificaciones importantes en esta ley, estoy seguro de que ella también acabará en el Tribunal Constitucional, porque esta ley vulnera de formaimportantísima la autonomía financiera de las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto de que las comunidades autónomas no puedan endeudarse para invertir? ¿Por qué razón? ¿Qué concepto tienen ustedes de la autonomía financiera? Por lo tanto, esta es una ley que, si sale en los términos en que está planteada, tiene un final cantado: esta ley, igual que la de extranjería, irá al Tribunal Constitucional.
Tercera razón. Esta es una ley que está realizada al margen de la negociación sobre la financiación autonómica y al margen de la necesidad de recursos de los ayuntamientos. Tenemos unos ayuntamientos que hacen un gasto del 13 por ciento sobre el gasto total, cuando en Europa se está en el 20 por ciento, y tenemos en estos momentos un proceso de renegociación de un nuevo sistema de financiación. Y, fíjense ustedes por dónde, nos hemos pasado años diciendo: El sistema de financiación de las autonomías tiene bastante autonomía por el gasto, pero el problema es que no tiene autonomía por los ingresos, y unos cuantos hemos estado años reclamando que hubiera autonomía desde el punto de vista de los ingresos. El actual sistema de financiación pasa de la corresponsabilidad fiscal a la compensación -hoy no existe autonomía o hay muy poca-, y ustedes nos proponen precisamente recortar la autonomía de gasto. Es decir, están diciendo a las comunidades autónomas los límites de su gasto cuando aún las comunidades autónomas no conocen sus ingresos. ¿No le parece más prudente esperar a discutir de los gastos cuando esté cerrado el sistema de financiación autonómica? Cuarta razón: no sé si esta ley significa la añoranza que tienen de una España que sea el conjunto de provincias, no de comunidades autónomas. El tratamiento que dan del modelo del Estado de las autonomías en lugar de avanzar retrocede a esa vieja concepción de un Estado suma de provincias, no un Estado suma de

Página 3242


comunidades, donde las provincias tienen determinados por el Gobierno central tanto los ingresos como los gastos fundamentalmente.
Por estas cuatro razones, señor ministro, porque es una ley socialmente conservadora, porque vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y acabará en el Tribunal Constitucional, porque es una ley que condiciona negativamente el sistema de financiación antes de que se haya negociado y porque es una ley que denota una clara voluntad del Gobierno central de recuperar competencias o de ir hacia atrás en el modelo del Estado de las autonomías, solicitamos a la Cámara que vote la devolución de estos dos proyectos de ley. En síntesis, por tanto, ley socialmente injusta y autonómicamente centralista; sólo con una perspectiva ya habría motivos suficientes para pedir la devolución, pero con las dos perspectivas hay doble motivo para pedirla.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Montoro, señorías, estas dos iniciativas legislativas que nos vemos obligados a debatir en el día de hoy son fruto de lo que podríamos denominar el pensamiento dogmático, un pensamiento lleno de prejuicios, basado más en prejuicios que en ideas y un pensamiento además que pretende valer para cualquier circunstancia, en este caso para la del crecimiento económico o para el momento en que se produzca una baja o un declive en el crecimiento económico. Como cualquier pensamiento dogmático, no responde a la realidad, responde al dogma de quien lo elabora, y en este caso concreto estas leyes no responden a la realidad española por mucho que usted quiera hacerse portavoz de lo que opina la ciudadanía. También me ha parecido ver una parte de pensamiento autoritario porque ha dicho que la ciudadanía quería cuentas saneadas y superávit público. Algunos de los intervinientes ya le han demostrado que la ciudadanía quiere tener cubiertas sus necesidades dentro de lo que es un presupuesto racional, no se plantea si ese presupuesto racional tiene déficit cero, déficit uno o superávit.
Usted, en esta materia, está haciendo de estas iniciativas un dogma y también una interpretación sesgada de lo que opina la ciudadanía.
Pero este dogma, ¿responde a la experiencia reciente del Partido Popular? Pues sí, la experiencia reciente del Partido Popular le ha llevado al dogma. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) ¿Cuál es su experiencia reciente en política económica, sobre todo con relación al déficit público? Su experiencia reciente es que se han encontrado con un ciclo económico de crecimiento inesperado, sin precedentes en los últimos años de la vida económica española.
Ustedes han utilizado al máximo la enajenación de bienes públicos, han obtenido ingresos de casi cinco billones de pesetas de privatizaciones. Y por otra parte, no solamente se han encontrado en un ciclo económico favorable, no sólo han tenido esos bienes públicos inesperados sino que han maquillado, como el mejor maquillador, sucesivos presupuestos generales del Estado. Estas impresiones y estas medidas del Partido Popular, que sirven para un momento de crecimiento económico, no sirven para siempre, señoría. Intenta usted trasladar las recetas del ciclo alto del crecimiento económico a momentos diferentes y en concreto a cambios de ciclo de la economía española en un sentido de declive. ¿Qué ocurriría con estas recetas en un momento de declive?¿Qué ocurriría en un momento de declive con su receta de desfiscalización de las rentas del capital, con su receta de privatizaciones y obtención de ingresos a través de las privatizaciones, también con su receta que se fija fundamentalmente en un estancamiento del gasto social? Pues bien, esta receta en un periodo de decrecimiento económico, en un período no tan feliz de crecimiento económico sólo gravita sobre un lugar: si usted se pone como criterio fijo el déficit público, es decir, si no busca mecanismos estabilizadores de un periodo de decrecimiento económico, la estabilización se va a producir en contra del gasto público y en contra del gasto social. Porque ustedes no van a tener privatizaciones en el tejido económico que realizar, no van a poder volver atrás en la desregulación y en la desfiscalización de las rentas del capital y ustedes sobre lo que van a hacer gravitar su obsesión del déficit cero va a ser sobre la política social, sobre los entes públicos, sobre las comunidades autónomas, sobre los municipios. En definitiva, esta no es una ley de estabilidad, es una ley de estabilización y de ajuste para un momento de decrecimiento económico que gravita sobre el gasto público y en concreto sobre el gasto social.
Señorías, no tienen ninguna justificación para hacer gravitar ese periodo de ajuste sobre el gasto social, sobre todo porque ustedes son los que han hecho que en los últimos años España recaude menos con sus reformas fiscales, han aumentado la diferencia entre la recaudación fiscal española y la recaudación media de la Unión Europea. Somos el país que tiene una menor presión fiscal, 7,2 puntos inferior a la media comunitaria y aumentando. Ustedes también han sido los que han reducido el papel del gasto social en la política económica del Gobierno, un gasto social que es inferior en estos momentos en más de siete puntos a la media comunitaria y viene de seis puntos en el año 1997. Han aumentado la sima de la diferencia en el gasto social entre nuestro país y la media de la Unión Europea.
Por tanto, desde una perspectiva social, desde una perspectiva

Página 3243


de un modelo económico mixto como contempla nuestra Constitución, esta ley de estabilidad es un torpedo en la línea de flotación del modelo social constitucional. Pero además esta ley de estabilidad tiene otro objetivo de fondo, y nos hemos dado cuenta, señor Montoro. Cuando ha dicho, dentro de sus prejuicios, que el problema estaba en la izquierda, en las comunidades y en los municipios nos hemos dado cuenta. Esta ley es un ataque directo a la política social de la izquierda, a la política social presente y futura de la izquierda; intenta ser una férula para que gobiernos municipales y autonómicos de izquierdas, para que futuros gobiernos del Estado de la izquierda no puedan realizar con comodidad su política económica, dentro de la cual entran las políticas fiscales diferentes a la suya, las políticas financieras diferentes a la suya y las políticas sociales felizmente diferentes a la de su Gobierno, a la del Partido Popular. Por tanto, en segundo lugar esta ley de estabilidad presupuestaria es un ataque a la política social no de la Constitución, a la política social de la izquierda e intenta ser una férula para futuras políticas sociales de la izquierda en nuestro país. Pero no solamente es eso, señor Montoro, porque además de los prejuicios se le han ido lo que se denominan actos fallidos en el pensamiento.
Señoría, usted se ha encontrado en determinados momentos justificando frente a este Parlamento que este iba a participar y justificando frente a las comunidades autónomas y los municipios que esta ley no significaba quitarles competencias a las comunidades autónomas y a los municipios. Podríamos decir aquello de excusatio non petita, acusatio manifesta. Y es que usted sabe, señor Montoro, que esta ley de estabilidad presupuestaria supone restarle no sólo a la Constitución y a la izquierda resortes necesarios para una política alternativa, sino que supone restarle a este Parlamento capacidad de control y de iniciativa en materia de política económica. No tenemos ya política monetaria, la hemos cedido a otros ámbitos, pero, en este caso, usted nos usurpa parte de nuestra política presupuestaria por la vía de estas leyes de estabilidad. No estamos dispuestos, señor Montoro, a hacernos el harakiri presupuestario; queremos seguir teniendo competencias plenas en materia presupuestaria, y no vernos ante la dificultad, cuando queramos cambiar su ley de estabilidad, de que los mercados se nos desestabilicen tanto como usted los va a estabilizar con esta ley.
Decía usted, señor Montoro, que esta ley ha contado y cuenta con la participación de las comunidades autónomas y de los municipios; yo le niego la mayor. Usted no ha contado con la participación de las comunidades autónomas ni de los municipios, a tal punto que ha tenido que ser el Consejo de Estado quien le enmiende la plana. Venía usted con una sola ley y he terminado con dos: una ley de estabilidad y una complementaria. ¿Ha sido una casualidad? No, señoría. Lo que ha ocurrido es que usted remitió al Consejo de Estado una ley a todas luces inaceptable, y éste corrigió al Gobierno diciéndole que tenía que hacer dos leyes si quería evitar una ley de armonización de las comunidades autónomas. Y como las loapa, las leyes de armonización, tienen muy mala prensa -sobre todo en fechas próximas al 23 de febrero-, ha intentado zafarse de lo que es su obligación legal -presentar aquí una ley de armonización, porque eso es lo que quieren hacer usted y su Gobierno- presentando dos leyes, una de estabilidad y otra complementaria, que no satisfacen los objetivos ni las formas de una ley de armonización.
Usted sabe que una ley de armonización no tiene buena prensa, pero, además, sabe que para aprobar la ley de armonización necesitaría mayoría cualificada en esta Cámara y en el Senado. Así, ha utilizado el subterfugio de presentar una ley de estabilidad y una complementaria para saltarse la mayoría cualificada en el Congreso y en el Senado. Y no porque no tengan ustedes votos, que los tienen, sino porque saben que ese mecanismo tendría una repercusión pública aún más negativa para el Gobierno.
Esta ley -ley de armonización buscando el camino de la ley complementaria, torticero y equivocado- es inconstitucional y va a provocar recursos. Yo le adelanto uno, señoría: hay una comunidad autónoma que ya ha decidido en su Pleno parlamentario que va a recurrir esta ley si usted no la modifica. Van a ser ustedes los campeones en recursos de inconstitucionalidad contra sus propias leyes.
Vista la forma, le diré que el contenido es infumable, señor Montoro.
El contenido significa que, al socaire de la competencia de armonización y cooperación económica que sin lugar a dudas tiene el Estado, quita usted la competencia en materia económica a las comunidades autónomas y a los municipios. Hace usted una interpretación ejecutiva y extensiva de la competencia que tiene el Estado en materia de coordinación de las políticas económicas y, de alguna manera, resta y quita competencias a las comunidades autónomas y a los municipios en materia financiera y presupuestaria y en relación con aspectos esenciales de su autonomía.
En esta materia también, de acuerdo con los artículos de la Constitución y con sentencias del Tribunal Constitucional, está usted vulnerando la Constitución. El Tribunal Constitucional le ha dicho en más de una ocasión al Gobierno, a través de sus sentencias, que no tiene esa capacidad ejecutiva e hiperextensiva en la competencia de coordinación de las políticas económicas.


En materia de política económica, intenta usted imponer a las comunidades autónomas y a los municipios una serie de compromisos que han adquirido ustedes en el marco de la Unión Europea sin participación de unas ni de otros. Es decir, restan competencias a comunidades y municipios, a través de acuerdos en el marco de la Unión Europea, sin su participación previa. Esto, en nuestra opinión, es también un mecanismo

Página 3244


que resta competencias, si bien más discutible desde el punto de vista constitucional.
En definitiva, señor Montoro, ha presentado usted aquí dos leyes dogmáticas; ha presentado usted aquí dos leyes que son un subterfugio para no reconocer que está presentando una ley de armonización, en las fechas próximas al 23 F; y ha presentado usted también dos leyes que significan la vulneración de preceptos constitucionales.


Terminaría diciéndole que esta ley es una gran mentira, señor Montoro, porque si empieza usted a sumar los compromisos que ha adquirido su Gobierno en el Plan hidrológico nacional, en el Plan de infraestructuras, en el Plan de la alta velocidad y en otros planes, o bien es una gran mentira el déficit cero o bien, que es lo que yo creo y lo que cree mi grupo parlamentario, la mentira son los planes del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, el gran número de escaños vacíos en esta Cámara y nueve enmiendas de devolución creo que son la mejor prueba del escaso interés que aquí y fuera de aquí, incluso en los mercados, suscita su proyecto de ley. Decía el poeta Tagore que cuando un sabio señala la luna sólo el necio se fija en el dedo. Usted quiere hoy que la Cámara se fije en el dedo instrumental del saldo presupuestario, cuando deberíamos centrar el debate en los objetivos sociales y económicos que proponemos al país a medio plazo.
El Grupo Socialista prefiere la estabilidad presupuestaria antes que el déficit, como prefiere una inflación baja antes que el 4 por ciento con el que terminamos el año pasado, un crecimiento más elevado de lo que hoy dicen las previsiones para este año o el pleno empleo antes que la tasa de paro que todavía existe en nuestro país.
Pero no por ello propondremos -y espero que tampoco se les ocurra a ustedes- una ley que obligue a que la inflación no supere el 2 por ciento, el crecimiento no baje del 4 y el pleno empleo sea obligatorio. Hay cosas que, siendo deseables y conformando, por tanto, la orientación de las políticas, no dependen de una ley ni pueden garantizarse por medio de la misma. Tan es así lo que digo, que lo que trae usted hoy aquí, a la Cámara, es humo; humo que deja entrever una gran desconfianza en las instituciones democráticas.
La ley que hoy debatimos no prohíbe el déficit público, como no se puede prohibir que llueva, a pesar de las inundaciones a que a veces da lugar el exceso de lluvia. Con esta ley son posibles los déficit.
Simplemente el proyecto regula cómo actuar en estos casos y cómo hacerlo cuando hay superávit, y lo hace de manera que añade poco a la actuación parlamentaria normal cuando, al menos una vez al año, las Cámaras debaten los proyectos de presupuestos. ¿Qué aporta de nuevo? En mi opinión, nada sustancial que se parezca a esa especie de giro copernicano que usted parece querer darle. Toda la vida todos los gobiernos democráticos se han presentado ante sus parlamentos para dar cuenta de la realidad presupuestaria en cada momento concreto, las razones de la misma y los objetivos perseguidos.
¿Regular esto por ley le parece prioritario al Gobierno? En mi opinión, hay otros asuntos relacionados con la actividad presupuestaria de nuestro país que merecerían, eso sí, una atención mayor antes que el proyecto que hoy nos traen a la Cámara. Por ejemplo, mejorar la información que sobre el conjunto de ingresos y gastos públicos proporciona el Gobierno a los ciudadanos a través del Parlamento. No es admisible, desde un punto de vista democrático, que usted anuncie en rueda de prensa, hace pocos días, unos supuestos resultados presupuestarios de las administraciones públicas que su propia secretaria de Estado de Hacienda tiene que reconocer, en la Comisión de Economía de este Parlamento, que no los tendrán hasta dentro de unos meses, como no lo es que usted monte toda una campaña publicitaria sobre los resultados de la reforma del IRPF a partir de unos datos parciales de la Agencia Tributaria, cuya memoria han recortado ustedes en capítulos esenciales para hacer dicha evaluación.
Usted sabe, señor ministro, que tan importante como el debate sobre las intenciones, compromisos y previsiones del Gobierno en el documento presupuestario es el análisis sobre el cumplimiento de dichas intenciones, el análisis de lo que ha hecho el Gobierno respecto a lo que dijo que iba a hacer, la discusión en torno a la ejecución y grado de realización de los presupuestos. Y para ello, la información pública y a tiempo es esencial, y esa es una asignatura que ustedes suspenden año tras año. Nunca como ahora se ha reducido tanto la cantidad, calidad y homogeneidad en la información presupuestaria que su Gobierno proporciona, y sin información suficiente se reduce la capacidad de control democrático y se incrementa la discrecionalidad en la actuación de los gestores. ¿Cómo es posible que el Parlamento incremente, por ejemplo, las tasas que cobra AENA o las transferencias al gestor de infraestructuras y luego sea una auténtica odisea el conseguir un mínimo de información y control parlamentario sobre lo que se hace con esos dineros públicos? Ustedes han sofisticado tanto el uso y abuso de la llamada contabilidad creativa que cada vez es menor el volumen de ingresos y gastos públicos que se someten al control parlamentario. Ese sí es un problema importante de calidad democrática, de control sobre recursos públicos, al que esta ley no da respuesta y cuya solución me parece urgente.


Página 3245


También me parece urgente una nueva regulación de los mecanismos de presupuestación y de reforma del gasto público, al que tampoco esta ley da respuesta, y que ustedes siguen posponiendo a una reforma futura de la Ley General Presupuestaria, cuya discusión hoy aquí sería más importante que la ley que usted trae; ley o leyes que, además, están basadas en la desconfianza, desconfianza sobre la capacidad de las instituciones democráticas para adoptar en cada momento decisiones sensatas sobre el conjunto de ingresos y gastos públicos, así como desconfianza respecto a un modelo constitucional de Estado autonómico. Eso es lo que subyace en estas leyes, ese es el sustrato ideológico que las alienta, una vieja teoría sobre la incapacidad de la democracia para hacer frente a demandas sociales crecientes que presionan sobre el gasto público con políticos que a la vez ceden ante las mismas y no tienen fuerza para financiarlas con más impuestos y recurren, por tanto, al déficit como solución aparentemente sin coste a corto plazo. En términos académicos, dicho planteamiento se llama la teoría de la sobrecarga, y defiende que, frente a la responsabilidad de los políticos, mejor reduzcamos su margen de decisión por ley, incluso por enmiendas constitucionales, para evitar el recurso fácil al déficit público. A pesar del activismo de sus defensores, dicha teoría siempre ha sido minoritaria, ningún país la ha aceptado y hoy me temo que nadie, salvo usted, la defiende, entre otras razones, porque la propia experiencia ha demostrado que la democracia tiene elementos correctores ante la eventualidad de que se produzcan dichos abusos con cargo a recursos colectivos.
Si la experiencia histórica de los últimos 25 ó 30 años en los países de la OCDE sirve para algo, algunas cosas interesantes para este debate se pueden extraer. En primer lugar, que todo el mundo, menos al parecer usted, acepta el recurso al endeudamiento para financiar inversiones públicas. Las generaciones futuras van a beneficiarse también del mayor stock de capital público que se genera con dichas inversiones y, por tanto, es razonable que contribuyan a su financiación mediante la deuda como, por cierto, esas familias a las que usted tanto cita, se endeudan para comprarse el piso.
Tradicionalmente, dichas inversiones se han circunscrito al ámbito de la obra pública, aunque recientemente se puede defender el mismo criterio para las inversiones en capital humano, es decir, en educación, así como en investigación y desarrollo. En segundo lugar, es razonable admitir que aquellos países con peor situación relativa en cuanto a niveles de capital público, tengan que hacer un esfuerzo mayor para equipararse con los más avanzados. Es decir, la pobreza relativa o el diferencial de renta, como es nuestro caso, en relación con la media de la Unión Europea justificaría un mayor recurso al endeudamiento para financiar inversiones que reducen precisamente dicho diferencial. Mayor debate suscita si la convergencia en niveles de bienestar social justifica o no el recurso a un mayor déficit de transición. Dicho de otra manera, el hecho de que en euros nuestras pensiones sean inferiores a las alemanas o que estemos a la cola de Europa en políticas de apoyo a la familia, ¿no tiene ninguna incidencia respecto a nuestro nivel de equilibrio presupuestario óptimo, por llamarlo de alguna manera? Este problema es especialmente chocante precisamente cuando observamos que aquellos países europeos más ricos que nosotros presentan déficit públicos, aunque siempre reducidos, sin que se quiebre ninguno de sus fundamentos económicos y que sea en España, con una renta per cápita situada en el entorno del 80 por cien de esos países, donde el Gobierno plantee la necesidad del superávit.
La tercera experiencia que se saca del análisis de lo ocurrido en estos años es el elevado componente cíclico que incorporan los déficit públicos. Cuando las economías crecen, los déficit se reducen y cuando hay crisis, el déficit aumenta. En 1990, el promedio del déficit público en la Unión Europea fue del 3,6 por ciento del PIB, tres años más tarde se elevó hasta el 6,2. ¿Alguien defiende que fue por decisiones irresponsables de sus gobiernos, sin que la crisis económica que tuvo lugar entre medias tuviera nada que ver? De manera similar, el mismo déficit de la Unión Europea fue del 5 por ciento en 1995 y hoy es del entorno del 1 por ciento. ¿Alguien piensa que todo se ha debido a una mejor gestión pública, sin que la recuperación económica que ha vivido Europa en estos años haya tenido nada que ver? Esta estrecha relación, obvia por otro lado, entre actividad y resultado presupuestario plantea dos problemas que tienen que ver de manera directa con las leyes que hoy se presentan aquí: la diferencia entre déficit coyuntural y estructural, y la sostenibilidad futura de dicha situación. Su señoría sabe que el déficit público estructural, ese que no depende tan directamente de la coyuntura, está situado en nuestro país en el entorno del 2 por ciento del PIB, a lo que si le añadimos el 3,1 por ciento de la inflación subyacente nos dibuja una realidad alejada de la pretendida estabilidad presupuestaria o de precios. Para reducir nuestro déficit público estructural estas leyes son inútiles y el control del déficit público coyuntural depende de factores que son imposibles de controlar a través de estas mismas leyes.
Señorías, para el Grupo Socialista la estabilidad presupuestaria es un valor positivo y un instrumento adecuado para la gestión pública.
Por eso suscribimos el pacto de estabilidad en el seno de la Unión Europea y nos comprometemos a respetarlo, pero no es un fin en sí mismo, no es un valor absoluto, entre otras cosas, porque no es directamente controlable por éste ni por ningún otro Gobierno. La filosofía del pacto de estabilidad europeo es la correcta. Limitar los márgenes de actuación injustificada del déficit público, pero reconocer la necesidad de dichos márgenes, entre otras cosas, porque con una moneda única hay dos posibilidades de hacer frente a las consecuencias de shocks negativos o

Página 3246


a las políticas de corrección de desigualdades entre la zona: una, la existencia de un gran presupuesto por parte de la Unión; otra, reconocer márgenes discrecionales de actuación a los Estados miembros para que sean ellos los que hagan frente, con sus presupuestos nacionales, a dichas eventualidades y a las políticas de convergencia. Esta última ha sido la opción elegida en Europa y de ahí la coherencia del pacto de estabilidad y sus límites a los déficit nacionales hasta el 3 por ciento del PIB. No quiere ello decir, como es obvio, que deba apurarse dicho límite en situaciones de bonanza económica, con fuertes crecimientos en los ingresos públicos, pero restringir por ley nacional dicha capacidad es un acto presuntuoso, una irresponsabilidad o simplemente un ejercicio de fuegos artificiales, bonito pero inútil.
Señor Montoro, recordará que a la hora de fijar la política monetaria se discutió mucho sobre qué significaba la estabilidad de precios.
¿Quería decir inflación cero? En aquellos momentos la evolución coyuntural de la tasa de inflación en Europa, en parte como consecuencia de un precio del petróleo excesivamente bajo, llegó a desatar polémica sobre si nos acercábamos a una situación de deflación. Pues bien, con buen criterio, se decidió que estabilidad de precios no significaba inflación cero; que un crecimiento anual de los precios, de hasta el 2 por ciento, podía ser compatible con el criterio de estabilidad. De no haberlo hecho así y haber optado por definir la estabilidad monetaria como inflación cero, hoy el Banco Central Europeo tendría que aplicar unos tipos de interés tan elevados para conseguir dicho objetivo, que hubiera sumido a Europa en una crisis de cierta envergadura. Todo fanatismo es malo, el monetario pero también el presupuestario. ¿Por qué definir hoy por ley la estabilidad presupuestaria como déficit cero o incluso superávit? Digo por ley, no en los presupuestos anuales, según vaya la coyuntura económico. Y no se lo planteo como opciones política o ideológicas distintas, se lo planteo desde el sentido común y desde la realidad presente y futura de un país como España.
En el debate político de hace treinta años, la derecha y la izquierda se diferenciaban, entre otras cosas, en que unos eran más renuentes al déficit público y otros más proclives, en que unos eran partidarios de más Estado y otros de menos Estado. Desde entonces algunas cosas han ocurrido. Por ejemplo, que tras más de una década de gobierno conservador en el Reino Unido el peso del Estado en la economía apenas se redujo o que nunca tuvo Estado Unidos un déficit público más grande que cuando tuvo a un conservador como Reagan por presidente o que los gobiernos socialistas europeos privatizaban empresas públicas y apostaban por la competencia, mientras gobiernos conservadores eran más intervencionistas o que todos hemos aceptado los principios de Maastricht en torno a la moneda única, control de la inflación y estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, desde ese punto de vista el debate que usted pretende traer aquí es anticuado, de otros tiempos. El debate hoy se sitúa en otros campos, y le citaré tres: No el tamaño, sino las funciones del Estado; la eficiencia en el uso de los recursos públicos y cómo abordar los efectos sobre ingresos y gastos públicos de fenómenos como el envejecimiento de la población.
Parece usted interesado en dejar a su sucesor o a usted mismo dentro de un año una ley que no se pueda cumplir. Por el contrario, a mí me interesa discutir, por ejemplo, sobre la eficiencia del gasto público. El Estado dedica en España importantes volúmenes de recursos a formación profesional, a subvencionar contratación de trabajadores, a inversiones aeroportuarias o a incentivos fiscales. Pero, ¿lo hace bien? ¿Lo hace de manera eficiente? ¿Sirve ese gasto para los objetivos definidos? ¿Cumple la función que supuestamente se le ha asignado? Nada de eso está en esta ley y creo que esa sí es una de las asignaturas pendientes de nuestra Hacienda, que los ciudadanos exigen conocer cada vez con más insistencia.
Sus preocupaciones en esta ley, lejos de adelantar el futuro como usted ha pretendido presentar en su exposición, son antiguas, alejadas de por dónde debe ir hoy la gestión de una Hacienda moderna, tan antiguas como su obsesión por controlar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Yo creía que sus viejas reticencias frente al Título VIII de la Constitución se les habían pasado ya, pero no. La parte orgánica de esta ley encierra una profunda desconfianza respecto al ejercicio democrático y libre de sus responsabilidades por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales.
Ustedes quieren alterar las reglas del juego. Pasar de los actuales y necesarios sistemas de coordinación y cooperación entre las distintas partes del Estado, a una relación jerárquica de subordinación de comunidades y corporaciones locales frente al Gobierno central. Diga usted lo que diga, la inmensa mayoría de comunidades autónomas y corporaciones locales han hecho en los últimos años un importante esfuerzo para reducir sus déficit y sus niveles de endeudamiento en el marco de los programas de cooperación decididos, entre otras cosas, para cumplir los criterios de convergencia de Maastricht. La voluntad ha sido clara y los mecanismos eficientes, y eso que ustedes han financiado a las comunidades autónomas de acuerdo con la evolución del PIB, mientras que el Gobierno central lo hacía según los ingresos tributarios, que han tenido una evolución más favorable en estos años, produciéndose así la paradoja de que los españoles hemos pagado impuestos al Gobierno central que no han ido destinados a mejorar la prestación y los servicios públicos cuya gestión está en la mayoría de los casos en manos de las comunidades autónomas. No existe, señor Montoro, ningún pretendido desmadre autonómico que deba ser corregido por medidas excepcionales como las de esta

Página 3247


ley; no en mayor medida que el propio Gobierno central, auténtico maestro en el arte de centrifugar déficit para que no aparezca en las cuentas, aunque quede reflejado en un endeudamiento creciente. De hecho, muchas comunidades autónomas han presentado este año presupuestos con déficit cero o cercano a él. No está, pues, justificado el control que usted quiere ejercer sobre los presupuestos de las comunidades, invadiendo sus competencias y, en mi opinión, alterando unilateralmente las reglas del juego establecidas en la Constitución. Todo ello sin haber despejado todavía el futuro de su sistema de financiación, que define no sólo el volumen de los ingresos para los próximos años, sino cuál va a ser su margen de maniobra sobre dichos ingresos, cuál va a ser su autonomía financiera real.
En ese contexto, lo que usted presenta es un trágala. Ésa es seguramente la única parte de sus leyes que tendrá algún resultado práctico, aunque signifique una involución respecto a nuestro Estado de las autonomías actual. El resto de las leyes, nada, innecesarias, no resuelven ninguno de los problemas presupuestarios y crean serios problemas competenciales, como he mencionado. Por eso presentamos esta enmienda de devolución a estas leyes, no a la estabilidad presupuestaria, sino a su versión antigua, ordenancista y centralista de la misma. En su afán por hacer cosas históricas, presentan leyes que en ningún país del mundo ha presentado nadie. El riesgo es que, en lugar de ser pioneros, simplemente hagamos el ridículo y tal vez le toque a usted mismo dentro de unos meses. Entonces comprobaremos la inutilidad de estas leyes, mientras siguen aparcando los debates sustanciales sobre reforma de la gestión y control del gasto público, que es lo importante, aunque a usted tal vez no le interese tanto esa mayor transparencia y capacidad de control de este Parlamento sobre cómo gastan los recursos públicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, señora presidenta, el Gobierno ha traído a la Cámara dos proyectos de ley que, como he indicado en mi intervención inicial, suponen un avance en la definición de la política presupuestaria española. Es un avance hacia la modernidad. Es un avance de definición de política económica que corresponde realmente a la España del siglo XXI. Es un avance donde se determina ese equilibrio presupuestario y se fija una red de seguridad para la economía española en el futuro, basada en la consecución del superávit presupuestario y en la utilización de ese superávit presupuestario. La iniciativa política que plantea el Gobierno a la Cámara ha merecido no sólo el beneplácito sino también la congratulación de la Comisión de la Unión Europea con motivo de la presentación del Programa de Estabilidad del Reino de España para el período 2000-2004; se ha saludado que contemos con una ley de esta naturaleza, con una ley de equilibrio presupuestario incluida entre las reformas estructurales de la economía española, a la que se ha calificado como extremadamente importante en un país con una alta descentralización en algunas categorías de gasto público. Esa es la expresión de saludo y celebración que se ha hecho por parte de la Comisión de la Unión Europea antes de que formalmente sea el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea el que apruebe el Programa de Estabilidad del Reino de España.
Estamos, pues, ante una apuesta por la modernidad; estamos ante una apuesta por una política presupuestaria comprometida con el impulso del crecimiento económico, con la consecución del pleno empleo y con el acercamiento de España a los niveles de máximo desarrollo de los países de la Unión Europea. El camino para conseguirlo es el equilibrio presupuestario; el camino no es el déficit público y no es la deuda pública. De ese camino, del endeudamiento público, tuvimos mucho y aprendimos mucho. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Alguno de los portavoces que han defendido las enmiendas a la totalidad me ha dado la impresión de que añoran ese tiempo, ese tiempo de desequilibrio presupuestario, de endeudamiento público. El tiempo no está nada lejano, señorías. No lo está. En el año 1995, el presupuesto público ascendía al 6,6 por ciento de nuestro producto interior bruto. El 6,6 por ciento. Ese déficit lo registraba un Gobierno que incrementaba la deuda pública al año entre cuatro y cinco billones de pesetas, mientras que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 prevé un incremento máximo de deuda pública de 900.000 millones de pesetas.
Ésa es la diferencia cualitativa de llevar adelante una política de desendeudamiento de nuestro país. Es más, recuerdo que aquel déficit público del 6,6 por ciento fue resultado de un afloramiento extraordinario que hizo el último Gobierno socialista en el año 1993, donde afloró casi cuatro puntos porcentuales de producto interior bruto, debido a que había enmascarado un déficit proveniente de los años de crecimiento económico anteriores. Ésa es la historia de la evolución del déficit público, ésa es la historia del endeudamiento de nuestro país y ésa es la historia que se nos presenta como proyecto. ¿Proyecto de qué? ¿Proyecto de la España que tenía una tasa de paro del 25 por ciento, proyecto de la España que era incapaz de entrar en Maastricht, proyecto de la España realmente alejada de los parámetros actuales de desarrollo, de bienestar y de aspiraciones a convertirse en un país de primera dentro de la Unión Europea? Ahí está la diferencia y esto es lo que realmente, en la defensa de las enmiendas a la totalidad, ha quedado expuesto yo creo que con bastante claridad en esta Cámara.
Estamos hablando, señorías, de enfoques contrapuestos de política económica; de eso estamos hablando.


Página 3248


Estamos hablando de un proyecto de un Gobierno que realmente entiende que el futuro del país está en ese control del gasto, en ese control del déficit, en ese saneamiento de la deuda pública y en ese generar recursos suficientes para financiar servicios públicos básicos, servicios de inversión, con unos incrementos de inversión como los que conoce España en el año 2001, del orden del 20 por ciento de presupuesto del Estado. Ése es el incremento previsto de inversiones públicas para este año, un 20 por ciento sobre el año anterior, con un grado de realización de ejecución de inversión pública cerrado en el año 2000 que ha alcanzado un máximo histórico.
Frente a eso, cuando el Gobierno trae un proyecto de este planteamiento de política económica, escuchamos voces que dicen que esto es volver al pasado. De pasado, en esta Cámara sabemos mucho. De pasado, de deuda, de déficit, de paro y de inflaciones altas saben mucho SS.SS. y sabe mucho S.S., ya que algunos de ustedes han estado apoyando presupuestos que estaban enfocados en ese terreno y hacia ese objetivo de manera sistemática.
Por eso me he hecho intérprete, efectivamente, de una gran mayoría de la población española que, a través de los estudios sociológicos y de las encuestas, declara que su apuesta es por el saneamiento de las finanzas públicas, que su apuesta es por el equilibrio, que su apuesta es por que en la casa del Estado lo que domine sea el orden en las finanzas públicas, igual que en su propia casa, igual que en su propia empresa, señorías. No es ningún argumento retórico hablar de que ciertamente tenemos que fijarnos en el ejemplo que nos da la sociedad a quienes tenemos responsabilidades de Gobierno a la hora de conducir la gestión de esas finanzas públicas.
Los ciudadanos quieren claridad en las cuentas que ellos están financiando con sus impuestos. Los ciudadanos no quieren que se acometan gastos excesivos, que son conscientes que van a pagar en el futuro, no a través, como se viene diciendo, de los rendimientos de las inversiones públicas. No, no. Los van a pagar a través de mayores impuestos, los van a pagar a través de mayores subidas de los tipos de interés, los van a pagar a través de subidas de sus hipotecas, los van a pagar a través de la subida de los tipos de interés de los créditos bancarios que dedican a financiar su actividad, sus negocios, sus pequeñas empresas, sus comercios.
Esa es la realidad que ciertamente ha imperado durante mucho tiempo en España y la que queremos implantar a partir de estas leyes, abrir una puerta hacia la esperanza y hacia un nuevo futuro, un futuro completamente distinto. Señorías, lamento que ninguno de los que han intervenido en defensa de las enmiendas a la totalidad haya remarcado el carácter político de esta ley, cuando se da más fuerza al Parlamento, cuando se refuerza el control del Parlamento nada menos que cambiando el procedimiento presupuestario. ¿O acaso no es dar mayor control al Parlamento componer un proceso presupuestario por el cual el Gobierno tiene que venir a esta Cámara a proponer un techo de gasto a partir del que elabore los presupuestos? ¿No es eso un avance de control parlamentario, señorías? Parece que algunos de ustedes temen al Parlamento, que tenga más poderes y que avancen realmente en su desarrollo y afincamiento las instituciones democráticas. Eso es lo que hace esta ley: avanzar y profundizar en los mecanismos democráticos de control de las finanzas públicas y de control de los gobiernos.
Y, cuando eso se hace en esta ley, insisto, ningún portavoz se ha referido a ello, ningún portavoz se ha referido al cambio de procedimiento relativo a lo que están proponiendo esos proyectos de ley. ¿Será acaso ignorancia? ¿Será acaso una mala lectura de los proyectos de ley? ¿Será acaso otro tipo de interés por obviar lo que significa el desarrollo de los mecanismos democráticos y de los mecanismos parlamentarios? ¿O acaso incomoda a algún grupo parlamentario de esta Cámara que se refuercen los controles parlamentarios sobre lo que van a ser las finanzas públicas del futuro? Ahí tenemos ese cambio de procedimiento, que es un cambio de gran valor y un cambio que va a hacer que, en definitiva, la soberanía popular, la presencia de la representación democrática de nuestro pueblo lleve adelante ese control más efectivo, más eficaz, de las finanzas públicas.
Para ahorrarme ahora responder a los portavoces uno por uno, aunque lo haré a continuación, quiero resaltar el sentido y el significado de la coherencia de los proyectos de ley en relación con nuestras normas básicas, comenzando con la Constitución y el resto de las normas que realmente definen y precisan las relaciones entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La verdad es que este ministro -lo digo sin ningún tipo de ironía- ha quedado muy satisfecho al ver a tanto defensor del Estado de las autonomías subirse a esta tribuna, ya que, en sus discursos políticos fuera de la Cámara, muchos de los que lo han hecho no son precisamente grandes defensores ni de la Constitución española ni del Estado de las autonomías, señorías. (Rumores.-Aplausos.) Permítanme que diga esto con toda franqueza y con toda claridad. Quizá la cercanía de algunas elecciones importantes les haga suavizar su discurso, pero cuando les veo subir a la tribuna a hablar de la Constitución española... Creo que con eso hemos avanzado, que hemos conseguido un gran avance en este debate político y público, señorías. Lo digo con toda franqueza y que nadie vea ironía en mis palabras.
Para insistir en que no trato de entrar en debates estériles, en esta materia de lo que significan las relaciones, el respaldo explícito a la constitucionalidad de los proyectos de ley, debo referirles cuáles son los contenidos del propio dictamen del Consejo de Estado a ese respecto. El dictamen del Consejo de Estado afirmó expresamente: La fijación de estabilidad presupuestaria

Página 3249


para el conjunto de las comunidades autónomas viene exigida por el objetivo de estabilidad presupuestaria que se pretende alcanzar a nivel global en el Estado español. Eso es lo que dice el Consejo de Estado. Es cierto que constituye un condicionamiento a la competencia autonómica en materia presupuestaria, pero no es menos cierto que, a la vista de la jurisprudencia constitucional antes expuesta que en su informe se contiene, deba considerarse este condicionamiento como una medida exigida por la propia e indispensable unidad de la política económica, en cuanto instrumento para contener o reducir el crecimiento del déficit público, medida que, en consecuencia, tiene cabida dentro del marco constitucional de articulación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en tanto que órgano garante de los intereses de éstas en la coordinación de la actividad financiera del Estado con la de las propias comunidades y al que corresponde, entre otras funciones, la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria para cada comunidad autónoma.
Informe del Consejo de Estado, señorías.
Ahora paso a relatar lo que es la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con esta cuestión tan importante para nuestro planteamiento y de la que SS.SS. se han permitido dudar esta mañana. Previamente a la elaboración de estos proyectos de ley, los servicios jurídicos del Gobierno han realizado un intenso análisis de la jurisprudencia constitucional en la materia, parcialmente reproducida en el dictamen del Consejo de Estado al que me he referido, llegando a la conclusión de que el artículo 149.1.13 de la Constitución habilita al Estado, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica interna y externa, al establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia financiera así como el establecimiento de objetivos comunes a todas ellas, máxime si, como sucede en el presente caso, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, notablemente reforzado como consecuencia de estos proyectos de ley, el órgano que pasa a convertirse en auténtico protagonista de los mecanismos de coordinación.
Y es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2 de febrero de 1984, declaró que la coordinación de la actividad financiera de las comunidades autónomas y en concreto de sus respectivas políticas de endeudamiento no se agota en la emisión de informes no vinculantes por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, sino que la integración de la diversidad de partes en un conjunto unitaria, perseguida por la actividad de coordinación, exige la adopción de las medidas necesarias y suficientes para asegurar tal integración. Y ahora paso a citar un ejemplo de la doctrina del Tribunal Constitucional mucho más cercana, y permítanme SS.SS. que suba a esta tribuna citando ejemplos de doctrina, no hablando de referencias de inconstitucionalidad sin ningún fundamento, como han hecho los intervinientes en su defensa (Rumores.) Aquí hay que subir, señores, a leer doctrina y no a emitir prejuicios ideológicos. Sigo con la cita, en este caso de máxima actualidad. Me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 1 de marzo referida al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra distintas disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón y por las que se establecían retribuciones para los empleados públicos de esa comunidad autónoma, al entender que estas normas no respetaban los topes en el incremento de la masa retributiva de los empleados públicos previamente fijada por la legislación del Estado. Y en ese terreno ha vuelto a insistir con la mayor contundencia en la inadmisibilidad de que el legislador estatal adopte medidas de coordinación en el ámbito presupuestario, al objeto de lograr objetivos de política económica general.
Esta sentencia, que debería leerse con gran interés a otros efectos, por cuanto ratifica punto por punto la tesis mantenida por el Gobierno actual, en cuanto a la sentencia relativa al incremento de las retribuciones de los empleados públicos admitida por la Audiencia Nacional, y más concretamente al predominio de la ley, incluida la de Presupuestos, respecto de instrumentos de carácter convencional, dice expresamente: El establecimiento por parte del Estado de topes máximos al incremento del volumen global de las retribuciones de los empleados públicos halla su justificación tanto en el título competencial contenido en el artículo 149.1.13 de la Constitución española como en el principio de la coordinación del artículo 156.1 de la Constitución, que opera como límite de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. De forma que la fijación de tales límites constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público, de tal modo que dicha decisión resulta constitucionalmente justificada, en razón de una política de contención de la inflación a través de la reducción del déficit público. La fijación de techos salariales encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general -dice esa sentencia-, artículo 149.1.13 de la Constitución, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario.
Por todo ello, nada cabe objetar desde el punto de vista competencial a que el Estado adopte esta decisión en la ley de presupuestos, máxime cuando esta -y me interesa destacarlo en el sentido de los fines que antes comentaba- opera como un vehículo de dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno.
Pues bien, señorías, ¿creen ustedes seriamente que el Estado puede limitar por ley la capacidad de las comunidades autónomas para aprobar presupuestosque contengan determinadas partidas de gasto y no

Página 3250


puede fijar un objetivo global de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones, dejando a las comunidades autónomas que, en ejercicio de su autonomía financiera y por los cauces que consideren oportunos, como podría ser la aprobación de sus propias leyes de estabilidad presupuestaria, decidan si el objetivo de estabilidad se alcanza con el incremento de los ingresos o con la limitación de los gastos, que es lo que hace la ley? La ley no invade la autonomía financiera, porque realmente compete a esa autonomía de las comunidades autónomas la definición de sus gastos y la definición de sus ingresos. La ley busca el equilibrio presupuestario conjunto con unos mecanismos de cooperación, potenciando precisamente el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera y dando a los Parlamentos autonómicos el grado de protagonismo que estimen oportuno y, por tanto, no existiendo en modo alguno invasión de competencias autonómicas, tal como establece nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo que se refiere a las competencias de los presupuestos de las corporaciones locales, la verdad es que la lectura de las enmiendas a la totalidad que han presentado algunos grupos políticos me ha causado bastante perplejidad. Si yo dijera a SS.SS., preocupados, lógicamente, por el respeto de las competencias de las corporaciones locales, que cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general de una corporación local deberá aprobarse sin déficit inicial, seguramente SS.SS. se asombrarían, si esas fueran mis palabras. Pero lo que acabo de leerles no son palabras mías, no son unos preceptos de los proyectos de ley que ahora debatimos, sino que es exactamente el artículo 146.4, de la Ley reguladora de las haciendas locales, señorías, que es una ley vigente, conviene recordarlo, aprobada el 28 de diciembre del año 1988. Es decir, las corporaciones locales, por ley, señorías, no pueden hacer esa política fiscal autónoma, a la que alguna de SS.SS. se ha referido con tanta alegría, desconociendo lo que es nuestro ordenamiento jurídico básico.
Existen leyes en España. Y yo me alegro mucho de que SS.SS. muestren tanto respeto a la ley, pero por lo menos deberían mostrar un mínimo respeto al conocimiento de la ley antes de defender determinadas posturas políticas. Insisto en que el artículo 146.4 de la Ley reguladora de las haciendas locales ya establece el equilibrio presupuestario para las haciendas locales y el artículo 54.1 de la misma ley establece que las operaciones de crédito a formalizar con el exterior y las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra apelación al crédito público precisarán en todo caso autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda.
Señorías, ya existe ese planteamiento en nuestro ordenamiento tributario y, por tanto, las leyes actuales no vienen a reforzar ningún tipo de límite a esos endeudamientos.
En definitiva, en materia de entidades locales no se trata de introducir mecanismos jurídicos nuevos, sino de poner los ya existentes al servicio de la estabilidad presupuestaria, con el único matiz de reconocer desde el primer momento las competencias de las comunidades autónomas en la materia y de posibilitar la participación de las propias entidades locales a través de la Comisión Nacional de Administración local en el proceso de adopción de decisiones que lógicamente les afecta. Eso es lo que hacen los proyectos de ley. No lo que SS.SS. han venido a defender como intenciones ocultas de esos proyectos de ley. Debo expresarles, señorías, mi absoluto convencimiento, avalado por los pronunciamientos de las más altas instancias jurídicas del Estado, de que los proyectos de ley actuales son respetuosos al máximo con las competencias de las comunidades autónomas, con las competencias de las corporaciones locales, y de que lo que hacen es potenciar los mecanismos de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Haciendo unos comentarios que no pretendo que sean excesivamente exhaustivos, pero que ya he adelantado en forma genérica, señalaré que el señor Azpiazu, representante del Partido Nacionalista Vasco, ha subido a la tribuna a defender la Constitución. Bienvenido, señor Azpiazu, bienvenido sea el Partido Nacionalista Vasco a esa defensa de la Constitución. Y bienvenido, señor Azpiazu, a la defensa del modelo del Estado de las autonomías en España. Bienvenido. Como decía antes, no sé si será por la proximidad de determinados calendarios electorales, pero había entendido que su partido político sustentaba otro tipo de Estado de las autonomías para España -vamos a llamarlo así- y otro tipo de Constitución. Oyéndole, me ha dejado muy tranquilo S.S. cuando esta mañana ha defendido con tanto ardor el modelo del Estado de las autonomías, el modelo de las haciendas forales, que ustedes pretenden superar, según van declarando públicamente y de manera continua, y ha defendido con tanto ardor, en definitiva, la propia Constitución española, que es la que define el Estado de las autonomías y la que define las haciendas forales.
Sobre la coherencia de su discurso ya hemos tenido ocasión de debatir suficientemente en esta Cámara. No sé si vale la pena insistir en la coherencia entre lo que dice aquí un representante del Partido Nacionalista Vasco, cuando sube a la tribuna, y lo que dice un Gobierno sustentado por el Partido Nacionalista Vasco y por Eusko Alkartasuna en el Parlamento vasco.
Le voy a leer las palabras de la vicelehendakari y consejera de Economía y Hacienda en la presentación de los últimos presupuestos del País Vasco, según queda reflejado en el "Diario de Sesiones" del Parlamento vasco, de 14 de diciembre de 1999. Voy a leer esas palabras. Este papel de no generar elementos de desequilibrio en la economía significa fundamentalmente dos cosas. Primero, que la Administración debe seguir una política de equilibrio -exactamente lo contrario de lo que usted ha defendido aquí, dicho sea eso

Página 3251


entre paréntesis-, rigor y estabilidad presupuestaria, de modo que su actuación no genere déficit presupuestarios y controle sus niveles de endeudamiento, por un lado, y, segundo, que no debe aumentar el peso que representa el sector público en relación a la actividad económica general, pues hoy su papel no es el de intervenir, suplantar o sustituir, sino el de promover, favorecer, generar entornos propicios para el desarrollo de la actividad. Por ello, es necesario elaborar una política presupuestaria sostenible a medio y largo plazo que sea capaz de actuar con contundencia y rapidez en el momento en que el ciclo económico no sea tan favorable como el actual. Cualquier concepción distinta de ésta es, por supuesto, absolutamente legítima, pero, desde nuestra óptica, ésta es, en todo caso, la mejor contribución que desde la Administración pública puede hacerse a la estabilidad macroeconómica general del país. Exactamente lo contrario de lo que usted ha venido a decir en la tribuna, señor mío.
Exactamente lo contrario.
Le voy a citar ahora unas palabras del actual lehendakari. Dice: Hemos tenido que aprender lo que las empresas y las familias han sabido durante mucho tiempo y es que hay que llegar a fin de mes y que por tanto podemos gastar los dineros que tenemos. Ése ha sido y es todavía el gran debate en Europa, el debate de futuro, señoría, no el de pasado. La apuesta de estos presupuestos -los presenta el lehendakari-, como ven, es gastar lo que tenemos, tratar de, con los ingresos no financieros, pagar los gastos financieros.
Cuando usted sube a la tribuna, señor Azpiazu, ¿qué es lo que defiende? ¿Ustedes tienen doctrina o usted defiende una doctrina personal que no es la que representan y la que defienden después sus gobiernos en el Parlamento de Vitoria? ¿Ustedes tienen doctrina económica y van a presentarse a las elecciones generales diciendo las cosas que ha vuelto a decir en la tribuna? ¿Que la presión fiscal en España es baja? ¿Eso me va a decir en las próximas elecciones al Parlamento vasco y al Gobierno del País Vasco? ¿Va a decir que la presión fiscal es baja, como me ha vuelto a decir en la tribuna? ¿Eso va a decir S.S. otra vez? ¿Y va a decir que el crédito y el endeudamiento son el futuro del País Vasco, que el crédito y el endeudamiento son el futuro de España, que el crédito y el endeudamiento son realmente el futuro de la Unión Europea? ¿Eso es lo que me está diciendo S. S.? Y me cita a Friedman para defender ese planteamiento. Me cita a Friedman. Como si estuviéramos hablando de que no fuera el nuevo monetarismo, con todas sus consecuencias, con toda su doctrina, desde Barrow, que recupera todo el teorema de la equivalencia de David Ricardo, enlazando con la hacienda clásica y con toda la preocupación que expresan los economistas clásicos en relación con todo el problema del pago del déficit, de la deuda, entre generaciones. Señoría, esto lo puede hacer usted en otro foro y con otra persona, pero no me lo cite usted porque, si el doctor Friedman le oyera decir lo que acaba de decir, estoy convencido de que saldría espantado en la otra dirección del sentido de sus argumentos.
Yo no sé si pedirle coherencia es mucho pedir, señoría, pero, cuando ustedes están sosteniendo un Gobierno en el País Vasco y hacen un planteamiento de equilibrio presupuestario, supongo que lo harán desde el convencimiento de que es lo mejor para el País Vasco y para toda España. Supongo, lo supongo. No le doy más que el margen de la duda. Cuando sube a esta tribuna y defiende lo contrario, usted me explicará qué es. Coherencia es lo que los ciudadanos nos piden, primero, a los que tenemos responsabilidad de Gobierno y, segundo, a quienes se presentan a las elecciones; coherencia en sus programas electorales, coherencia en sus ofertas y coherencia en sus prácticas de Gobierno. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, aplicando la coherencia y llevando esa coherencia a los compromisos, que, insisto, son los propios del discurso de investidura del presidente del Gobierno. Por tanto, cumpliendo una promesa y una promesa electoral trasladada a esta Cámara como proyecto.
Por lo demás, déjeme que manifieste lo que manifiestan los propios proyectos de ley. El máximo respeto a las haciendas forales, porque están ahí, están contempladas y contenidas, y está manifestado ese respeto por procedimientos contemplados, por procedimientos abiertos en los textos legales. Ciertamente, vamos en el camino de que, a través de ese respeto, podemos llegar a seguir en una estrecha colaboración entre administraciones que garantice que podamos vivir un crecimiento económico realmente derivado de nuestros compromisos de saneamiento presupuestario, de reducción de la deuda. Eso sí es estar en el mundo real, eso es estar en el mundo de hoy, eso sí es hacer la apuesta por la financiación.


Discrepo profundamente de su llamada de viva el crédito para el crecimiento. Le puedo responder que tenemos que fundar nuestra recuperación económica sobre el ahorro, sobre el ahorro de las administraciones públicas, sobre el ahorro de las empresas y sobre el ahorro de las familias, que es donde realmente fundan su crecimiento los países que tienen ciclos económicos largos, fundamentalmente creadores de empleo. Señoría, sobre todo le insisto en la coherencia y, si su coherencia es ahora defender la Constitución española, bienvenida sea, bienvenida sea esa coherencia.
En relación con las intervenciones del Grupo Mixto, tengo que decir que lamento que haya una interpretación común, y es que parece que no les importa nada la disciplina que estas leyes que debatimos hoy suponen para el Estado. Eso no les importa nada; todos ustedes se han ido a fijar en la relación Estado/comunidades autónomas, el resto, lo que supone de disciplina para el Estado, lo que suponen los procedimientos presupuestarios, lo que supone reforzar el papel de esta Cámara,no les importa nada, eso no tiene ninguna importancia,

Página 3252


todos se han centrado en la relación del Estado con las comunidades autónomas y han llegado a utilizar un término que realmente lamento que hayan utilizado: involución autonómica.
Señor Núñez, hablemos en serio; hablemos en serio sobre el desarrollo del Estado de las autonomías. Usted ha sido miembro de un consejo de gobierno de una comunidad autónoma. Hablemos en serio de lo que es la responsabilidad de los gobiernos autonómicos en la construcción del Estado de las autonomías y de finanzas públicas saneadas. Usted, que ha tenido esa experiencia, no puede subir a esta tribuna y hablar de involución autonómica cuando lo que se hace en estos proyectos de ley es potenciar el papel del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera; cuando lo que se está haciendo es superar una relación bilateral que no siempre tiene que dar un resultado eficaz; cuando lo que se está haciendo es comprometer y crear organismos y métodos de supervisión multilateral en el Estado de las autonomías de España.
¿Eso es involución autonómica o es progresar realmente y desarrollar el Estado de las autonomías, completar ese Estado de las autonomías estableciendo unos mecanismos de lealtad, de colaboración y de corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas? Señorías, a esos discursos que ustedes llaman discursos autonomistas yo les llamaría provincianos, si me permiten la expresión, porque son reduccionistas, porque realmente están olvidando lo esencial de la construcción del Estado de las autonomías en ese terreno. Esa es una crítica que tengo que trasladar a algunas opciones, pero con los siguientes matices. Por supuesto, yo puedo comprender que opciones de izquierdas se conviertan en defensoras del déficit público y de la deuda pública; lo puedo comprender por lo que decía antes: aquí estamos en un debate entre quienes apostamos por el déficit cero y quienes apuestan por el déficit, por la deuda de un país. Ese es el debate político de esta mañana; ese es el debate político y el único que realmente divide, y puedo comprender posiciones de izquierdas representadas dentro del Grupo Mixto. Puedo comprender que el BNG, que se considera una opción de izquierda, entre en ese debate, aunque yo considero que está superado por la realidad de nuestro tiempo. Lo que no puedo comprender, y yo creo que lo ha dejado bien claro, es que entienda estas leyes como limitación de capacidad política; es al revés, es una disciplina, insisto, para que los gobernantes utilicemos los recursos que los ciudadanos están dispuestos a prestarnos a través del pago de sus impuestos. Este no es un debate para decir que el desarrollo económico de cualquiera de nuestras comunidades autónomas puede conseguirse sobre un endeudamiento infinito. Si esa fuera la solución, qué fácil sería, señorías, no habría subdesarrollo en el mundo, bastaría que hubiera crédito. El desarrollo económico es algo más complicado que eso. El desarrollo económico supera esa función del Estado, sea Administración del Estado, sean gobiernos autonómicos, sean gobiernos municipales. Ustedes dicen: más deuda. Lo comprendo desde su opción ideológica. Expliquen a los ciudadanos gallegos con toda claridad quién va a pagar esa deuda que ustedes reclaman. Nosotros seguiremos explicando a los ciudadanos gallegos que realmente su desarrollo económico lo estamos consiguiendo bajándoles los impuestos, mejorándoles los tipos de interés, clarificando y mejorando sus contratos y, en definitiva, promoviendo que Galicia sea lo que hoy es, una Galicia pujante y que avanza.


La señora PRESIDENTA: Señor ministro, aunque en la ordenación del debate el Gobierno no tiene límite de tiempo, por la agilidad del mismo le ruego que también agilice usted su intervención.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Lo intentaré, señora presidenta, lo que pasa es que tengo que responder a nueve enmiendas a la totalidad, y ese es el motivo de la extensión de mi intervención.


En lo que se refiere a Esquerra Republicana de Cataluña, mantenemos siempre el mismo debate. Usted lo repetirá cada vez que suba a la tribuna, y yo le voy a contestar de la misma forma, señoría, porque usted sube aquí a dar una muestra de lo que es la insolidaridad de la izquierda catalana. Eso es lo que usted representa aquí, la insolidaridad, reclamando para el resto de los ciudadanos de España una financiación extraordinaria que usted, por lo visto, cree que el Estado español tiene guardada en una caja fuerte en algún lugar del mundo y que de ahí proceden los impuestos que se pagan en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Canarias, en fin, en toda la geografía española. Usted ha afirmado, además, que el tren de alta velocidad no se podrá hacer. Permítame que le diga que es una afirmación gratuita porque la financiación de ese proyecto asciende a 15.000 millones de pesetas, y en un presupuesto como el que maneja la Generalitat, de un billón 200.000 millones de pesetas, es algo que puede tener perfecta cabida. O sea que no sé por qué sube usted aquí a hacer esa afirmación. Supongo que será para hacer algo de propaganda política, que no tiene nada que ver con el proyecto del que hablamos.
Creo que ya he respondido a la señora Lasagabaster en relación con la coherencia del Gobierno que ustedes sostienen y en relación con la defensa del Estado de las autonomías.
Igualmente he contestado al señor Saura, que está muy bien que suba aquí a defender el Estado de las autonomías con el calor y el ardor con que lo hace, cuando pública y políticamente está siempre comprometido con la autodeterminación. Y en ese terreno, ciertamente, tenemos siempre un debate relativamente falseado sobre quiénes defienden el Estado de las autonomías y quienes no lo hacen.


Página 3253


En relación con el señor Llamazares, debo decir que Izquierda Unida está en su legítimo derecho de seguir defendiendo el déficit y la deuda. Ustedes sigan defendiendo el déficit y la deuda, sigan diciendo que España será más justa y más solidaria con déficit y con deuda. Yo le tengo que contestar que ese déficit y esa deuda son mayores impuestos, más altos tipos de interés, mayor inflación y, en definitiva, es el resultado que hemos conocido durante tanto tiempo.
Ustedes sigan asentando su proyecto político en el déficit y en la deuda; están en su legítimo derecho, y no seré yo quien pretenda sacarles en este corto tiempo de que dispongo del planteamiento que muy legítimamente hacen. Lo que sí tengo que decirle es que me ha llamado la atención que Izquierda Unida hable de desestabilización de los mercados. Eso sí está bien; que estén preocupados por la estabilidad de los mercados y de la visión de España en los mercados me parece que significa que estamos avanzando conceptualmente. Por lo demás, ha hecho una serie de juicios de valor, y yo le digo francamente que ustedes tienen una posición política diferente, respetable sin duda alguna, y por tanto, si entienden que estas leyes son inútiles, adelante, sigan subiendo a la tribuna a defender déficit y deuda, que ya nosotros nos encargamos de explicar lo que eso significa, que es lo que ya saben los ciudadanos: más deuda, insisto, más impuestos, más paro y, en definitiva, pérdida de bienestar.
En cuanto a la intervención del portavoz socialista, el señor Sevilla ha venido a dar una muestra de incoherencia. El señor Sevilla es amante de la retórica cuando sube a la tribuna. ¿Dice en serio que es equiparable el control de la inflación por ley y el control del pleno empleo por ley con lo que trae el Gobierno a esta tribuna en términos de control de las finanzas públicas, de equilibrio presupuestario? ¿Me lo está diciendo en serio, o nos lo tenemos que tomar como una chanza retórica parlamentaria? ¿Lo está diciendo en serio? ¿Usted se lo cree? (Rumores.) ¿Usted se lo cree cuando me lo dice así, tan serio, desde la tribuna? ¿Usted cree que eso da crédito a una alternativa de Gobierno? (Rumores.) ¿Estamos hablando de lo mismo? Cuando traemos una ley de equilibrio presupuestario, ¿eso no es regulable por ley? ¿Eso no puede hacerse? ¿Un equilibrio presupuestario no es igualar ingresos a gastos públicos? ¿Y eso es equiparable a una ley que controle la inflación en un país de mercado, un país donde se fija libremente? Pues me lo dice, y también dice que su grupo parlamentario lo que hace es preferir la estabilidad al déficit. Permítame que le diga, señor Sevilla, que la coherencia se demuestra cuando se sube a la tribuna y se hacen planteamientos coherentes de que se está apostando por la estabilidad. Así es como se hace y se consigue esa credibilidad, y no se expresa públicamente que el Partido Socialista está en contra del déficit. No, eso se hace elaborando una alternativa de Gobierno donde encaje el conjunto de los gastos con el conjunto de los impuestos.
Eso se hace apostando por leyes que, insisto, han sido celebradas por la propia Comisión de la Unión Europea. ¿O no ha sido ese el resultado de la presentación e incorporación de esas leyes al programa de estabilidad del Reino de España? Permítame que le diga que S.S. ignora que hay países que tienen leyes de este tipo, como ha demostrado en la tribuna diciendo que España es el único país. No, señoría, Suecia tiene una ley como esta, una ley exactamente como esta donde se establecen hasta los límites al gasto y los márgenes al gasto. Si no la conoce S.S., con mucho gusto pongo a su servicio mis conocimientos técnicos, los conocimientos del Gobierno, para aclarar sus dudas. Pero no suba a la tribuna a afirmar una falsedad porque Estados Unidos tiene leyes similares a esta y Australia también. Luego España será el primer país del euro que cuente con una legislación donde establezcamos ese equilibrio presupuestario.
Cuando usted sube a esta tribuna y empieza a defender que la inversión pública es merecedora del endeudamiento, lo único que hace es conectar con el pasado, además con un pasado que S.S. conoce bien, por eso se lo decía y como me he referido a ello no insistiré más.
Viene también con dogmatismos comparando equilibrio presupuestario con inflación cero. ¿Quién está hablando de inflación cero? ¿Cuándo ha hablado el Gobierno de España de inflación cero? ¿De qué me está usted hablando, señoría? Le voy a decir de qué me está hablando.
Usted está tratando de no hablar de lo que venimos a hablar hoy, señoría; eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Usted no quiere hablar del contenido de estas leyes porque si lo que está presentando fuera una alternativa real, seria y efectiva de Gobierno tendría que estar apostando por esta ley y lo que hace usted con esa enmienda a la totalidad es una crítica política fácil, incoherente con su planteamiento inicial: estamos en contra del déficit público.
Ustedes son incoherentes en su planteamiento y ha tratado de plantear y justificar esa incoherencia con una envoltura, con un papel que ni siquiera es de celofán, es un papel bien burdo con el que viene a hablar aquí de leyes que controlan la inflación, de inflaciones cero y de no sé qué otras historias, por supuesto, sin olvidar el capítulo de la invasión de competencias autonómicas, donde usted ha hecho una afirmación. Yo he leído la doctrina del Tribunal Constitucional y espero que en la réplica esté en condiciones de leer la doctrina constitucional que permita sostener la afirmación que ha hecho en esta tribuna.
Hoy, señor Sevilla, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha perdido usted una magnífica oportunidad, la de demostrar que el Partido Socialista era otra cosa. No es otra cosa el Partido Socialista. El Partido Socialista lo que defiende es más gasto, más deuda, más impuestos (Un señor diputado: ¡Muy bien!), más inflación, tipos de interés más elevados (El señor Fernández Marugán pronuncia palabras que no se perciben.) y pérdida de bienestar a través de ese

Página 3254


equilibrio presupuestario. (Rumores.-Aplausos.) Ese es el Partido Socialista que hemos escuchado esta mañana, señoría. Insisto, ese es el discurso, el envoltorio que nos ha presentado el portavoz socialista para defender una enmienda a la totalidad que ha sido, sobre todo, otra pérdida de oportunidad para demostrar que teníamos algo diferente enfrente.
No tenemos nada diferente enfrente, señoría, tenemos el pasado enfrente y estas leyes son precisamente la garantía de que no es posible volver al pasado sin cambiar los fundamentos de equilibrio presupuestario que las sustentan.
Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.- Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, voy a ser realmente breve en este turno de réplica, puesto que creo que todos los argumentos están ya sobre la mesa y pienso que es muy difícil convencer a quien no quiere. El dicho dice que no hay peor sordo que el que no quiere oir, y el Gobierno está como una tapia.
Me imaginaba, señor Montoro, que usted no compartía nuestras críticas, pero esta vez no sólo es el Grupo Vasco en el Congreso el que manifiesta su rechazo más profundo a estos proyectos, el resto de grupos de la Cámara los rechazan también frontalmente. No es únicamente el Partido Nacionalista Vasco el que ve con honda preocupación la posibilidad de que estos proyectos se conviertan en ley. Yo si fuera usted me preocuparía seriamente y reflexionaría sobre este hecho.
El PNV está en este Congreso desde el año 1917 acatando la Constitución, y no sé si usted lo recordará pero hace menos de un año yo mismo tuve que prometer la Constitución en esta Cámara.
No quiero entrar en el cuerpo a cuerpo porque usted no ha entrado en el debate de fondo, no me ha respondido a ninguna de las cuestiones económicas de fondo que le he planteado. Le he dicho, y usted lo sabe, que en el Gobierno vasco y en las diputaciones forales tenemos un acuerdo interinstitucional y estamos trabjando por la consolidación presupuestaria y que los resultados que se han alcanzado son muy buenos. No estamos en contra de esto, estamos en contra de la insensatez de prohibir para siempre en el futuro el déficit cero. Eso sí que no tiene ninguna consistencia económica.
Luego si no tiene consistencia económica dígame usted qué consistencia tiene más allá de la voluntad del Partido Popular de entrar a usurpar las competencias de comunidades autónomas y corporaciones locales. Dígamelo.
Sabe usted que su objetivo no es la estabilidad presupuestaria. El déficit cero ya es un hecho. Según los datos de su propia Intervención General, las corporaciones locales tienen superávit desde el año 1996 y las comunidades autónomas tienen globalmente, que es lo que interesa desde el punto de vista macroeconómico, un déficit que es perfectamente controlable.
Nosotros en Euskadi tenemos superávit y tienen déficit, por ejemplo, en Valencia donde mandan ustedes.
El sistema de control policial y burocrático que quieren montar entretejido en estos proyectos de ley tiene una única finalidad: entrometerse en el ámbito competencial de comunidades autónomas, diputaciones forales, provinciales, ayuntamientos de todo el Estado para usuparles lo que les corresponde según la Constitución, que es decidir sobre sus presupuestos en el ámbito de sus competencias.
Usted decía antes: ¿Cómo no reconocen que esta ley da poderes adicionales a esta Cámara? Claro, señor Montoro, usted tiene un grupo parlamentario con 183 dedos, con los cuales votan siempre -salvo que se equivoquen como antes- en un mismo sentido y desde aquí van a mandar en las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos de todo el Estado, allí donde no están también, y esa es una intromisión absolutamente innecesaria. Recnozca que la ley no hace falta. Quizá hizo falta en el año 1996, o según su explicación y su coherencia hubiera tenido más sentido en los años 1995, 1996, ahora no tiene ningún sentido.
Sabe que hay un montón de ayuntamientos en el Estado, entre ellos muchos de ellos en Euskadi, que han presentado un montón de mociones en sus respectivos ayuntamientos y por respeto a ellos le voy a decir lo que piden. En el primer punto requieren al Ministerio de Hacienda para renunciar a tramitar el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, dicen que con carácter previo se acometan, negocien y definan los nuevos sistemas de financiación autonómica de las corporaciones locales. Tercero, que cualquier futura ley de estabilidad presupuestaria habrá de respetar los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre las distintas instituciones del Estado en los términos establecidos en la Constitución. Cuarto, que, en todo caso, la eventual ley general de estabilidad presupuestaria tendrá que dar solución a las reducciones de ingresos y a los incrementos de gastos que se produzcan en las corporaciones locales como consecuencia de políticas e iniciativas legislativas de la Administración del Estado, aportando recursos suficientes para equilibrar unos y otros. Quinto, el borrador de ley de estabilidad presupuestaria supone una vulneración de las competencias de los municipios. Sexto, dar traslado de la presente moción al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Estas mociones reflejan la enorme preocupación y la incertidumbre que arrojan estos proyectos sobre el ejercicio de las competencias municipales.
Señora presidenta, señor ministro, señorías, es ya tarde. Para concluir y a modo de resumen o síntesis,quisiera señalar, aunque sé que no le voy a convencer,

Página 3255


que todo el mundo está de acuerdo en que estas leyes constituyen una quiebra de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y corporaciones locales, incluso el Consejo de Estado lo reconoce en su informe; su única justificación para aceptar estos proyectos ha sido el argumento económico.
Pero hete aquí que el concepto de estabilidad que se esgrime no responde en absoluto a la idea europea del pacto de estabilidad; se trata de una interpretación disparatada del mismo, de nefastas consecuencias económicas. Por si esto fuera poco, no se ha tenido en cuenta en toda su extensión la bilateralidad de las relaciones en el País Vasco, que alcanzan a todas sus administraciones, por no hablar del resto de comunidades autónomas y corporaciones locales.
Señor Montoro, no niegue la evidencia. Si quiere que la ley respete la autonomía financiera, adapte la definición de estabilidad al criterio europeo y adopte el acuerdo como criterio de procedimiento.
De lo contrario, me temo que el Tribunal Constitucional tendrá un gran trabajo extra para deshacer este entuerto. (Rumores.- Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor ministro, no me llame usted despectivamente provinciano porque, por ley, aquí todos somos diputados provincianos. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Y no tergiverse el debate. El mensaje que intenta usted trasladarnos es que esta Cámara se divide en dos grupos: los de derechas, que ahorran, y los de izquierdas, que despilfarran. Aquí no estamos discutiendo si somos partidarios del ahorro benéfico que produce el déficit cero o del despilfarro salvaje que produce la ruina; estamos discutiendo sobre la estabilidad presupuestaria, con la que en el fondo y desde mi posición yo estoy de acuerdo, señor ministro, y estamos discutiendo sobre la rigidez de un modelo como el que usted sostiene, que supedita las políticas sociales a las económicas y condiciona toda la política de un gobierno sobre el bienestar a unos números mágicos que tienen que cuadrar.
Cuando usted hace una llamada al ahorro, señor ministro, sepa que también llama a gente que ya lo tiene todo ahorrado; a gente que a lo mejor debe ahorrar algo para los tiempos que vienen y que puede hacerlo y a gente que le es imposible ahorrar porque no tiene nada.
No defina escenarios rígidos, defina una estabilidad con la que todos estamos de acuerdo: según venga la marea, sacaremos más o menos velas. ¡Claro que hemos venido a hablar de competencias, además de estabilidad, señor ministro! Como andalucista, yo creo en el Estado de las autonomías y creo que Andalucía es adulta. Usted parece creer que las comunidades autónomas deben estar tuteladas porque son irresponsables; que los ayuntamientos sólo producen y pueden ir por fueros y desvaríos; que menos mal que nos hemos dotado de un instrumento que se llama ley, que es la que nos va a ahormar a todos para que no volvamos a las andadas. No es ese el argumento, señor ministro.
Estamos de acuerdo con el objetivo genérico de estabilidad, no lo estamos con la rigidez y con la falta de autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En representación del Bloque Nacionalista Galego, sólo quiero aclarar dos cosas muy brevemente.
En primer lugar, señor ministro, que el déficit cero no es garantía de convergencia real, y eso es lo que a nosotros nos preocupa como fuerza política nacionalista y como fuerza política de izquierdas, ambas cosas indisolublemente unidas en el caso de nuestro país.
En segundo lugar, por mucho que ustedes intenten demostrar lo contrario, lo que están haciendo desde el Partido Popular es que muchos de los artículos de la Constitución española sean papel mojado, incluso que haya transferencias o deslizamientos de un tipo de criterio que no se mantiene dentro de la Constitución española, sustituidos por otros que a ustedes les convienen, como es esto de identificar estabilidad económica con estabilidad presupuestaria.
Además, usted sabe que en Estados como el español, por suerte o por desgracia -en este momento por desgracia-, la situación legal es suficientemente híbrida como para permitir lecturas diversificadas, y nosotros lo que afirmamos aquí ahora es que ustedes están haciendo una lectura de la Constitución recentralizadora o, si se quiere, de vaciado de contenido político de las comunidades autónomas. Este es un objetivo claro y muy patente en los dos proyectos de ley que usted acaba de defender.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, no me diga -y es la tercera vez que tenemos este debate y no será la última- que pedir la balanza fiscal es insolidario. ¿Pedir la verdad, pedir un cálculo científicoaceptable, homologable en otros Estados europeos,

Página 3256


de la relación de lo que se paga y lo que se recibe, es insolidario? ¿Pedir un cálculo científico es ser insolidario? Sólo pido esto, de entrada, y a partir de aquí hay que hablar; a ver qué se paga y qué se recibe y a partir de aquí hablemos de un modelo sostenible para todos. De entrada hay que fijar lo que hay. Usted me niega publicar las balanzas fiscales. Esto es pensamiento único. Llaman insolidario al que pide que se apliquen criterios de racionalidad y de transparencia.
Me habla usted de 15.000 millones del tren de alta velocidad. Claro que los puede pagar la Generalitat, tiene un billón más de presupuesto, claro que sí. Pero este no es el debate, el debate es que es una inversión del Estado y que va acabar sufragándola el Gobierno catalán. El Gobierno catalán tiene otras necesidades sociales, como sanidad y educación, tiene competencias exclusivas.
Para recurrir a este gasto habrá que ir al endeudamiento, como lo va a hacer al negarnos ustedes los fondos europeos para hacer llegar la línea de metro al aeropuerto de Barcelona, cosa que no ha pasado en Madrid. Ahí está la deuda, la discriminación va por este lado.
Tampoco sabemos qué van a hacer los ayuntamientos, porque ustedes cacarearon en la campaña electoral que iban a reducir el IAE, el impuesto sobre actividades económicas, cosa que de momento no han hecho; que iban a quitar el IAE, que es un ingreso para los ayuntamientos, porque sin IAE se reducen drásticamente los ingresos de los entes locales. Díganme ustedes, además de esta rigidez que van a imponer, cómo van a financiar parte de las deficiencias que tiene el Estado, y en algún caso algunas comunidades autónomas, los entes locales.
Todo lleva al centralismo, lleva a un proceso de regresión del que ustedes son responsables. Todo se define, repito, en una sola frase: pensamiento único. Cualquiera que discrepe de su modelo, cualquiera que busque alternativas o modelos de gestión descentralizados, de subsidiariedad, son para ustedes insolidarios o van, como ustedes dicen, al agravio comparativo. Una cosa no se compadece con la otra: si hay agravio no se puede ser insolidario.
Creo que ustedes han aplicado, como he dicho en mi exposición inicial, la contrarreforma; ustedes han aplicado un modelo que va a centralizar aún más, que va a convertir, repito, a las comunidades autónomas en simples agencias o gestorías administrativas. No habrá margen de decisión política. Las comunidades son diferentes.
Cataluña, Andalucía, Madrid, Asturias, todas tienen necesidades diferentes de infraestructuras o de inversión social y ustedes van a intentar homologarnos a todos en un mismo patrón. Esta es la defunción del modelo plural -si es que algún día lo entendieron ustedes así- del Estado de las autonomías. Esta es la defunción definitiva.
Ya he dicho que hay tres márgenes de actuación por parte de ustedes, y lo anunció Aznar: coordinación autonómica -da miedo sólo oírlo en palabras de ustedes-; ley de estabilidad presupuestaria y, como decía el señor Piqué, el control de la función de las comunidades autónomas en el exterior, en el ámbito económico y en el ámbito cultural. Da miedo sólo oírlo.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
No sé si de economía usted sabe mucho o sabe poco, unos dicen que sí y otros dicen que no; de política vasca no demasiado, pero desde luego del pensamiento político de Eusko Alkartasuna, cero patatero.
Si usted viene -y va a venir- a una tourné al País Vasco me brindo -en la apertura de mente que usted dice que tiene y nos exige a los demás- a explicarle cómo se puede defender un marco jurídico o un estatuto y también a defender un principio democrático que es el compromiso, que si los ciudadanos deciden que quieren superarlo puedan hacerlo.
Por tanto, no hay ninguna incoherencia. Permítame que le diga que se ocupe de las incoherencias de los que le precedieron al votar que no a la Constitución y no al Estatuto de Autonomía.
En todo caso, por lo que se refiere a la cuestión política financiera, no se preocupe por lo que haya hecho y por lo que haga a las instituciones vascas, se preocuparon ellas mucho antes de la estabilidad presupuestaria que ustedes y, por tanto, los resultados son bastante evidentes. Seguimos bastante bien y no necesitamos ningún tipo de injerencia en esta cuestión.
En tercer lugar, usted ha considerado, sensu contrario de lo que nos ha dicho, que debe ser un hombre muy abierto de mente y muy cosmopolita, pero acostumbra a insultar con demasiada frecuencia. No voy a entrar en esta cuestión porque no me han elegido para ello, pero la próxima vez, además de utilizar con nosotros más educación, le rogaría que aprendiera a decir mi nombre a la formación que represento. Eso suele ser muy importante para la apertura de mente.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señor Montoro, usted hoy sigue una estrategia que el Partido Popular tiene desde las últimas elecciones, que es tergiversar y hacer una cierta perversión de los debates. ¿Cuál ha sido, señor Montoro, su línea de intervención en la réplica? Ha situado a los que quierenla estabilidad presupuestaria y a los derrochadores. La

Página 3257


pregunta es: ¿ese es el debate que se ha producido aquí, señor Montoro? El debate que se ha producido, ¿ha sido entre los que quieren estabilidad y los que quieren derrochar, los que quieren una deuda sin límites, como usted ha dicho? Usted ha hecho de eso una tergiversación, ese no es el debate. El debate que se está produciendo aquí es por qué razón ustedes quieren rebajar el 3 por ciento del límite del déficit público de la Unión Europea. Usted ha dado muchas razones para descalificar a algunos que hemos intervenido en ese sentido. Le pregunto: ¿a quién defiende usted, a la CEOE, señor Montoro? Porque sus posiciones sí son las de la CEOE. Usted argumenta: es que las encuestas dicen que la gente quiere estabilidad presupuestaria. Seguro. Pero ¿sabe usted qué dicen las encuestas? Que los españoles y las españolas prefieren, antes que la estabilidad presupuestaria, más dinero en sanidad, en educación, en servicios sociales o más dinero en inversiones públicas. Usted nos ha dado la inversión pública de los dos últimos años. ¿Por qué no nos la da usted desde 1996 y la compara con la legislatura anterior? Buena parte del ajuste de 1996, de 1997 y de 1998 lo han hecho ustedes disminuyendo la inversión y no ejecutando la inversión que decían que iban a hacer.
Por tanto, señor Montoro, ¿qué les mueve a ustedes a ser más papistas que el Papa en el déficit de la Unión Europea pero a seguir estando en la cola de la convergencia real? Porque usted no me ha contestado.
Si estamos a 8 puntos de diferencial social con la Unión Europea en esta legislatura, ¿cuál es su objetivo? ¿Quieren continuar estando en el 8, en el 4, en el 5? De eso no hablan, hablan de un déficit cero, que es el déficit del que, como he dicho antes, habla la CEOE.
Quiero acabar diciéndole una última cosa con relación a la involución autonómica y a lo que usted nos ha leído de la jurisprudencia. Los demás no podemos leer nada, supongo que si hubiera una ley de estabilidad dialéctica también podríamos limitar su intervención, pero no podemos, hemos de aceptar que en su caso exista un descontrol dialéctico de su intervención y, por tanto, no podemos leer nada.
Ahora, repase usted en estos 20 años la cantidad de ministros que, como usted hoy, han salido aquí a decir que había un informe del Consejo de Estado y a leer jurisprudencia sobre la constitucionalidad de sus leyes, y verá que muchos de ellos finalmente han tenido que modificar la ley. No desprecie usted el hecho de que prácticamente todos los partidos que hemos presentado enmienda a la totalidad, y -estoy seguro- alguno que no la ha presentado, opinamos que esta ley vulnera la autonomía financiera. Usted no puede salir aquí y decir que no pasa nada leyendo dos o tres frases.
Pero además he de decirle, señor Montoro, que queda clarísimo que detrás de la ley de estabilidad existe una idea de control, de dirigismo y de intervencionismo de ustedes en el ámbito autonómico que también se da en el ámbito económico. Ustedes aparecen como liberales pero han sido de los gobiernos más intervencionistas. Y en el ámbito autonómico está ocurriendo lo mismo: vuelven hacia atrás, intentan acabar con la autonomía financiera de las comunidades autónomas bajo un objetivo, insisto, que aún nadie ha sido capaz de explicar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Llamazares tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Montoro, veo que se me habían olvidado algunas características del pensamiento dogmático. Una característica es que es repetitivo y aburrido. En la intervención de réplica ha repetido muchos conceptos, pero no nos ha convencido de ninguno, porque realmente no tiene argumentos. Pero, además de ese carácter aburrido, el pensamiento dogmático a veces tiene la tentación de buscar argumentos de autoridad. Y usted ha dicho hoy aquí como argumento de autoridad que la Comisión Europea ha ensalzado -creo que ha dicho ha alabado- la política de estabilidad del Gobierno o la previsión del Gobierno de presentar una ley de estabilidad. Yo le pregunto, señor ministro, ¿cuántas de las iniciativas de estabilidad presentadas por los Estados miembros han sido alabadas por la Comisión Europea? Creo que todas; hasta para la que hubo críticas, hubo alabanzas. Recuerdo una intervención del comisario diciéndole al Gobierno irlandés que había que reñir a los mejores alumnos, no a los alumnos que no cumplían con las enseñanzas.
Por tanto, me parece que ese argumento de autoridad es bastante débil.
Pero ha conseguido algo prácticamente irrepetible en esta Cámara, y es situar a todos los bancos del centro y de la derecha en la izquierda; ha conseguido usted con su intervención que hasta Milton Friedman sea un hombre de izquierdas, porque ha situado en términos de izquierdistas peligrosos a aquellos que apoyan el déficit público, y como a gente responsable, se supone que de derechas, a aquellos que apoyan mi posición política. Yo quisiera avisar a algunos que pueden tener la pretensión de apoyar esta propuesta del PP de que al final puede ser que el nuevo sistema de financiación tampoco les interese, que se tienten la cartera antes de apoyar esta iniciativa parlamentaria del Partido Popular.
En relación con el déficit, no vayamos a la historia, señoría, porque podríamos hablar mucho de ciclos económicos. Para usted es igual un cliclo regresivo o recesivo que un ciclo de crecimiento, le da igual.
El déficit público se puede comparar en época de regresión y en época de crecimiento. Usted dice que la izquierda y el pasado son regresión y ahora ustedes son sinónimo de crecimiento. Vayamos a lo que son sus responsabilidades. Yo le reto, señor Montoro, a que me diga cuál es el

Página 3258


nivel de responsabilidad de los gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular con ese objetivo de déficit cero, y le puedo asegurar, señor Montoro, que si están, están a la cola del cumplimiento del déficit cero sus municipios y sus comunidades autónomas. No nos den lecciones hacia el pasado, den lecciones en el presente, dígannos cuántos son los municipios y las comunidades autónomas gobernados por el Partido Popular que cumplen el objetivo de déficit cero. A nosotros nos gustaría conocerlo al dedillo, y no lo conocemos al dedillo más que de forma derivada, porque ustedes se han encargado de negar desde el Ministerio de Hacienda la información sobre la deuda de las comunidades autónomas. Y se lo digo claramente, se han encargado de negar esa información a peticiones de mi grupo parlamentario. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Por otra parte, señor Montoro, ha dicho que no entiende que nosotros rechacemos la participación parlamentaria. No es cierto, señor Montoro, que ustedes con esta ley incrementen la participación parlamentaria en materia presupuestaria. No es cierto, porque podían dar pasos antes de esta ley; podían informar cotidianamente de la evolución del presupuesto a los grupos parlamentarios, cosa que no hacen; podían dar una información en tiempo a los grupos parlamentarios; podían no aprovechar las leyes de acompañamiento para meter de matute en un cajón de sastre otro tipo de iniciativas y no lo hacen, y ahora dicen que los grupos parlamentarios vamos a participar en el control presupuestario. No, en lo que vamos a participar es en que usted le dirá a la ministra de Sanidad que la Cámara le ha dicho que tiene que recortar su presupuesto. Para vendettas ministeriales fundamentalmente encárguense ustedes de sus propias responsabilidades. No transfieran ni se escuden en sus responsabilidades con las espaldas del Parlamento de la nación.
Termino haciendo un poco de ironía. Yo he visto en su intervención hoy aquí no solamente la intervención del ministro de Hacienda, sino también la intervención de un catedrático y, además, de un catedrático que no parece ser solamente versado en materias económicas, sino en materias constitucionales. A tal punto, que el señor Montoro se ha permitido extender carnés de constitucionalistas en esta Cámara; extender carnés de quiénes somos leales a la Constitución y quiénes no son leales a la Constitución. Realmente, se han pasado un poco. Ni ustedes ni nadie pueden extender carnés de constitucionalistas en esta Cámara. Para ustedes, que es demasiado la Constitución en el modelo autonómico, y para nosotros, que es escasa la Constitución en el modelo autonómico, para nadie en esta Cámara existe la posibilidad de extender carnés de constitucionalismo.
Con relación a esta materia, usted ha nombrado algunas sentencias del Tribunal Constitucional; yo le podría nombrar las mismas, incluso de las que usted leyó, partes que no leyó. Me refiero a la sentencia 190/2000 del Tribunal Constitucional, que dice claramente: En esta materia el Estado está legitimado para adaptar medidas de ordenación y coordinación económica para el conjunto del territorio nacional, incidiendo, incluso, en sectores atribuidos a competencias de las comunidades autónomas, siempre y cuando no se produzca un vaciamiento de las competencias autonómicas, de modo que quede margen para que las comunidades articulen medidas normativas y para que puedan aplicarlas mediante la gestión administrativa competente. Esa es la sentencia del Tribunal Constitucional, y me refiero al señor Tajadura Tejada, que confronta con ustedes, en cuanto a su interpretación, en la que considera que la cooperación es verdaderamente autonómica y la coordinación que propugnan tiene más que ver con otro modelo de Estado más centralista.
Termino, señor Montoro, más que dirigiéndome a usted, dirigiéndome a los diputados del Partido Popular y a gentes del Partido Popular que no están aquí. Ha hecho usted una intervención aburrida -he dicho antes- pero de meritorio; yo no sé si de meritorio en el Ministerio de Hacienda o quizá de meritorio al delfinato. En todo caso, temblad, diputados del Partido Popular. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, en la réplica lo he entendido todo. He entendido que su interés no era tanto el debate sobre la ley de estabilidad presupuestaria, sino intentar ocupar el espacio de derecha dura en la carrera sucesoria (Rumores.-Aplausos.), por su intolerancia, agresividad, demagogia, cerrazón y el uso sistemático de la descalificación al contrario como sistema que en realidad solo a usted descalifica. (Rumores.) Señor Montoro, el Tribunal de Cuentas detecta casi medio billón sin regularizar en 1998, que se une al casi medio billón del año 1997.
Todo un ejemplo de rigor en la gestión presupuestaria de su Gobierno.
(Rumores.) ¿Quiere usted incrementar el control del Parlamento sobre el gasto público y los presupuestos? Creen la oficina presupuestaria en el Parlamento, incrementen la información y la trasparencia de los datos que envían a la Cámara. No me venga con discusiones metafísicas sobre fijación o no de rupturas de techos, entre otras cosas, porque el sentido común -hasta a ustedes- les obliga, a veces. Ayer, por ejemplo, en esta Cámara tuvimos ocasión de escuchar al ministro de Agricultura cómo nuestro país está demandando en la Unión Europea que, ante una situación excepcional como la de las vacas locas, se rompan los techos marcados en las perspectivas financieras 2000-2006.


Página 3259


Podemos hacer las historias como queramos y contar el pasado ahorrando los elementos esenciales, como que no es lo mismo que haya crisis o que haya recuperación, etcétera. Yo no me voy a ir ahí, en eso usted es un maestro consumado; pero siento curiosidad por un milagro. Desde el año 1996 hasta el 2000 los ingresos públicos, la presión fiscal se han incrementado sensiblemente; han incrementado lo que se recibe por privatizaciones; han rebajado el déficit público y ¡oh, misterio! el nivel de deuda viva en términos Maastricht, según el Banco de España, se ha incrementado en 10 billones de pesetas. Eso sí que tiene mérito. Que el endeudamiento suba cuando hay déficit lo entiende cualquiera, pero que suba cuando el déficit se está reduciendo y los ingresos van como han ido durante estos años, eso sí que tiene mérito y creo que merecería una explicación por su parte, aunque intuyo que no es nada muy alejado de esa contabilidad creativa que convierte en papel mojado la ley que usted trae hoy aquí a la Cámara.
Señor Montoro (es muy tarde y quiero terminar), siempre he sentido una curiosidad con usted, y es que nunca sé si de verdad se cree o no lo que dice (Rumores.), y no sé qué me produce más preocupación, si el pensar que no se lo cree o el pensar que se lo cree.
Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, con el ánimo de acabar este debate, porque los argumentos están ya muy expuestos, en estas últimas réplicas no he tenido la ocasión -y lo lamento- de que el Partido Nacionalista Vasco explicara lo que he llamado incoherencia en su planteamiento básico porque, en primer lugar y aprovecho para aclarar, la ley no prohibe el déficit, sino que lo que hace es limitarlo a situaciones excepcionales.
Otra vez el señor Azpiazu sube a la tribuna y hace una afirmación gratuita que es fruto, seguramente, de una lectura rápida de los proyecto de ley. No se prohíbe el déficit, se limita a situaciones excepcionales. Lo que hubiera tenido valor para el debate público y para el debate político es cómo se compagina que en Euskadi haya un Gobierno sustentado por PNV y EA que, como he leído textualmente, está defendiendo el equilibrio presupuestario como la mejor forma de aportar crecimiento económico para el País Vasco y aquí se mantienen posturas radicalmente distintas, lo que hay que explicar cara a los ciudadanos, porque tenemos por delante un planteamiento electoral que es muy importante para Euskadi y para España. En ese terreno se vuelven a hacer afirmaciones absolutamente gratuitas. He leído en la tribuna, como recordaba el señor Llamazares, sentencias del Tribunal Constitucional y he leído párrafos del informe del Consejo de Estado.
Frente a ello se me han vuelto a hacer afirmación por parte de la mayoría de los portavoces absolutamente gratuitas: se invaden competencias. Se podían haber molestado en buscar realmente qué clase de competencias se invaden, cuando lo que pretende la ley es salvaguardar el equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Cuando se está tan incómodo con esa ley es porque se quiere tener el margen político para gastar mucho más de lo que los ciudadanos están dispuestos a pagar en forma de impuestos. Eso es así de claro y ése es el margen que ustedes están pidiendo cuando suben a esa tribuna. Si ése es su proyecto político, explíquenselo a los ciudadanos. Explíquenles que hacen eso por su bien, que realmente a través de la deuda pública se garantizan mejor las pensiones, que a través de la deuda pública se garantiza mejor el servicio de carreteras y que a través de la deuda pública lo que se hace es favorecer la educación. Si ése es su planteamiento político, explíquenlo; y si ésa es la invasión de competencias que les preocupa, explíquenlo también.
No existe nada de eso en los proyectos de ley. Los proyectos de ley están realmente acomodados al concepto mismo de la inserción de España en la unión económica y monetaria y en el compromiso de que aseguremos el futuro de los ciudadanos, un futuro donde realmente el saneamiento del Estado está comprometido con la mejora de la inversión pública, con la mejora de la dotación de servicios públicos y con la reducción de impuestos como clave del programa político.
¿Que a algunos no les gusta la reducción de impuestos? Es muy legítimo. Ya lo he dicho muchas veces en esta Cámara, y otra vez el señor Llamazares ha vuelto a quejarse. Pues me parece muy bien. Pero dígalo usted alto y claro: al señor Llamazares, de Izquierda Unida, lo que no le gusta es que el Gobierno de España baje los impuestos.
Este ministro va a seguir bajando los impuestos y el Gobierno de España va a seguir bajando los impuestos, porque eso es lo que han votado 10.300.000 españoles, señor Llamazares (Aplausos.), 10.300.000 ciudadanos nos han dicho que sigamos bajando los impuestos, y los vamos a seguir bajando, y desde luego vamos a seguir contando con su apoyo.
Algunos portavoces que han intervenido me preguntaban si yo me creo lo que digo. Eso era lo que yo decía cuando tuve la oportunidad de ser portavoz económico en esta Cámara y eso es lo que dicen ustedes ahora que quieren hacer, cosa que no decían hace cinco años, precisamente, cuando de lo único que hablaban a los españoles era de subir los impuestos, endeudar más, generar más altos tipos de interés, y así nos dejaron, con esa tasa de paro del 25 por ciento sobre la población activa. Este es el auténtico debate que sustenta el planteamiento de las enmiendas a la totalidad.
Cuando se presenta una enmienda a la totalidad se quiere decir que se devuelva una ley al Gobierno, y cuando se presenta ese propósito de devolución de una

Página 3260


ley al Gobierno lo que hay que hacer es afirmar aquí algo más que hechos genéricos. Hay que traer unas bases concretas y decir dónde esta ley invade las competencias autonómicas. Hay que traer precisiones, señorías, y yo esta mañana no he escuchado ni una sola precisión a ese respecto. Y hay que traer también contenidos; contenidos sobre lo que significa autonomía financiera, que, por lo visto, es capacidad y necesidad de endeudar sin ningún límite. Y eso, como yo ya he explicado, está hasta prohibido por el ordenamiento legal en lo relativo a las corporaciones locales. Lo que estamos haciendo, señorías, es avanzar con estos proyectos de ley en el camino de esa estabilidad que tan oportuna es para España.
Mis más rendidas disculpas a la señora Lasagabaster si ha entendido cualquier tipo de ofensa por la duda que haya habido en la pronunciación de su apellido. Ha sido una incorrección por mi parte que por supuesto lamento. No ha habido la más mínima intención y no debe entenderlo así. Estamos en un debate político que no tiene nada que ver con el pronunciamiento de nombres o apellidos.
En relación con la posición del señor Llamazares, insisto en que ha vuelto a la tribuna a defender unas posturas que yo considero muy legítimas. Nadie mejor que este ministro le puede legitimar esa postura como postura política. Está usted en su perfecto derecho de subir a esa tribuna y pedir más déficit y más deuda. Y está usted en su perfecto derecho de quejarse, como ha hecho en su primera intervención, de que el Gobierno baje 800.000 millones a los ciudadanos, que son los trabajadores y pensionistas españoles a los que se les está bajando prioritariamente el impuesto sobre la renta.
Está usted en su perfecto derecho de defender su idea política.
Adelante. ¿Qué le voy a decir? Animarle a que siga usted por esa línea política, aunque no le voy a desear mucho éxito porque estoy convencido de que no lo va a tener. Hasta ahí me dejará usted llegar ¿no? Mantengamos posturas diferentes. Usted defiende su enmienda, que me parece muy bien; yo defiendo unos proyectos de ley que realmente se han demostrado muy positivos para España.
Señorías, España está viviendo un crecimiento económico sustentado en unos tipos de interés como nunca antes habíamos conocido en la historia, y eso tiene mucho que ver con el saneamiento de los presupuestos públicos y con la fundación del euro con ese motivo.
España está viviendo un crecimiento económico sostenido sobre estabilidad de precios y eso tiene mucho que ver otra vez con las políticas liberalizadoras y con las políticas de saneamiento de los presupuestos públicos. Y, finalmente, España está viviendo un crecimiento económico que nunca antes -subraye usted la palabra nunca- se había traducido en semejante creación de empleo como la que ha habido en este período. Nunca, señor Llamazares, se había conseguido eso y nunca antes la pequeña y mediana empresa había sido la protagonista de esa creación de empleo. Cuando eso ocurre es porque hay políticas de gobierno detrás de ello y políticas comprometidas con la preparación de nuestro sistema productivo, con la liberalización económica garante de la estabilidad de precios. Yhay políticas presupuestarias que saben simultanear el compromiso de mantener una alta inversión pública con llevar adelante reformas tributarias.
Ahora los nuevos líderes del Partido Socialista dicen aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas. Lo dicen ellos, no este ministro; es el nuevo lema que han acuñado: bajar los impuestos es de izquierdas. Pues bienvenidos sean los conversos a este planteamiento, a este área. Cada vez sumamos más voluntades, lo que pasa es que hay que demostrar esas voluntades políticas con hechos y, cuando se afirma que se está comprometido con la eliminación del déficit público, hay que saber comprometerse con ocasiones como las que hoy se han planteado. Hoy se le ha planteado a la Cámara esta ocasión y quienes han votado y van a votar a favor de las enmiendas a la totalidad lo que quieren, insisto y repito por última vez, es endeudar más al país, frenar el proceso de defensa de los tipos de interés, desestimular un crecimiento económico intenso en creación de empleo y hacer incompatible un crecimiento económico con estabilidad de precios, que son las grandes características que están definiendo nuestro desarrollo económico y que pueden y deben seguir definiéndolo de cara a los próximos años, en el siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Turno de fijación de posición de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, comprendo que el debate está totalmente agotado; sin embargo, tratándose de una discusión tan importante como esta, tengo la obligación en nombre de mi grupo de fijar posición. Sinceramente, me encantaría hacer la fijación de posición e irme, pero tengo que justificarla aunque sólo sea durante cinco minutos. Ya sé que dispongo de más tiempo, pero sólo voy a emplear cinco minutos, ya que los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra han hecho unas extensísimas intervenciones buscando -esa es mi impresión hasta ahora como espectador del debate de totalidad- más lo que separa que lo que une a los diferentes grupos. Es un tipo de debate al que estamos acostumbrados en esta Cámara y que yo respeto, puesto que es parte del juego parlamentario y político.
Señorías, mi grupo fijó posición sobre esta ley en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, siendo el único que en aquel entonces dijoque estaba de acuerdo con una ley de estabilidad presupuestaria.


Página 3261


Consecuentemente con ello, vengo a decir ahora que mi grupo va a votar a favor y voy a explicar brevemente las razones por las que lo hacemos. Primera. Mi grupo no toma posición sobre un debate de escuelas económicas, de los estabilizadores por un lado y de los gastadores por otro, de los austeros y de los gastadores. Ha habido períodos en la política económica europea en que momentos de recesión han obligado a incrementar el déficit público a gobiernos de derechas y de izquierdas para conseguir incrementar la inversión y no producir efectos dramáticos sobre la sociedad. También es verdad que esas políticas terminaron por sacralizarse y en el momento, como ocurrió en este país hace seis o siete años, en que esa política no era necesaria, sino contraproducente, se mantuvo e incrementamos el déficit público de forma excesiva. Precisamente por eso Europa fijó los criterios de convergencia. Cuando aquí hicimos el primer debate sobre la convergencia europea, sobre los criterios de la Unión Económica y Monetaria, se discutió si era posible, si era conveniente o no era ni posible ni conveniente.
Nuestro grupo fijó posición a favor de la reducción de los déficit públicos, de la necesidad de que la política de crecimiento, en este momento histórico, en este momento de política económica, tenía que estar basada en equilibrio, en saneamiento de las finanzas públicas y que el crecimiento tenía que estar basado en la reducción del déficit y de los tipos de interés, a fin de combatir el paro. En esa posición hemos estado en los últimos cinco años, y hay que decir que ha dado resultado para todos los gobiernos europeos. Después de una política de reducción del déficit, de estabilidad y de equilibrio financiero y presupuestario, hoy se nos presenta una propuesta. Tampoco se trata de sacralizar, señor Montoro, pues no es cuestión de que de forma indefinida y para siempre sean necesarias las políticas de equilibrio presupuestario, que no siempre son inevitables, ya que puede venir un período de recesión que aconseje la necesidad de modificar esta ley.
En este momento, en un escenario económico, que fija muy bien y con el cual mi grupo está de acuerdo, del programa de estabilidad que ha presentado el Gobierno para el período 2000-2004, el escenario previsible para los próximos cuatro años es de crecimiento. Quizás no del 4 por ciento, probablemente del 3, pero en este momento histórico de la sociedad europea, en el que el año que viene circulará el euro en el gasto directo de los ciudadanos,en el momento en que Europa tiene la posibilidad de un crecimiento, cuando Estados Unidos entra en un período de crecimiento mucho más moderado, y no se sabe si de recesión, en este momento creo que es necesaria una política de estabilidad presupuestaria. Esa política de estabilidad presupuestaria empieza por el propio control del Gobierno.
Lo que ha presentado aquí el señor Montoro es un proyecto de ley del ministro de Hacienda que quiere controlar a los ministros gastadores del sector público.
Y a mí me parece muy bien. Hay que ayudar al señor Montoro a que controle el gasto para que se reduzcan los fenómenos de contabilidad creativo-financieros a los que estamos acostumbrados y que en algunos momentos nos han ayudado a mantener un déficit público ficticio.
En cualquier caso, esa política de prolongación del crecimiento sobre la base de la estabilidad presupuestaria es sensata y, como tal, creo que es bueno que los gestores públicos de este país, empezando por los ministros, los consejeros de las comunidades autónomas, los alcaldes y concejales, hagan un cambio de filosofía, en el sentido de que cuando un país llega a 100 billones de pesetas de producto interior bruto no puede tener la misma política, la misma concepción de relación del gestor público con el ciudadano que cuando tenía 50 billones. Las rentas públicas de este país han crecido notablemente y la distribución de la carga fiscal empieza a tener que repartirse de forma diferente. Yo no creo, señor Montoro, que el problema sea sólo la reducción de las cargas fiscales en este país, pues muy poco es lo que vamos a reducir. Otra cosa es que en el impuesto sobre la renta hagamos un nuevo avance, igual que en el impuesto sobre sociedades de cara a incentivos, pero, ¿cree que los ayuntamientos van a reducir la carga fiscal sobre los ciudadanos, que las comunidades autónomas la van a reducir? La cuestión en este momento es que estos dos proyectos de ley entran en un debate de alcance muy importante para el futuro de este país.
Es el problema de financiación autonómica, de financiación sanitaria, de pacto de la justicia, de pacto de las pensiones, etcétera. En ese cuadro, el gran debate va a ser si alguien cree en él, como creen, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, y yo también he recibido mociones de los ayuntamientos contrarios a este proyecto de ley.
Dicen que primero hay que hacer una ley de financiación de las corporaciones locales o una ley de las comunidades autónomas y que luego hablaremos de una ley de estabilidad presupuestaria. Si lo hubiéramos hecho no habría ley de estabilidad presupuestaria. Lo que hay que decir a los ciudadanos de este país -y espero que el ministro de Hacienda se lo diga- es que los márgenes para la negociación de la financiación autonómica, sanitaria y de los demás pactos, incluida la de las pensiones, empiezan a reducirse y que no va a haber el margen que tuvimos en 1996 para los pactos 1996- 2001. Aquí todo el mundo espera que llueva el maná de la Administración central para que tengamos márgenes de negociación muy amplios y no los vamos a tener.
Ese va a ser el gran debate de los próximos tres meses, porque se agota el modelo de financiación en el 2001. Hay que preparar los presupuestos para el año 2002, los primeros presupuestos del euro y, ¿cómo los vamos a preparar, si alguien cree que hay un billón de pesetas -por decir una cifra- para negociar financiación autonómica y sanitaria?

Página 3262


Pongamos los pies en la realidad y digamos a los gestores públicos de este país que, al menos, durante estos cuatro años hay que ir seriamente al déficit cero, que hay que conseguir el equilibrio presupuestario, que España tiene hasta el 2006 un margen muy interesante en la perspectiva financiera de la Unión Europea, porque el margen de recursos que nos transfiere Europa va a ser muy importante para las políticas de infraestructura, pero que después del 2006 va a decrecer de manera tremenda y nadie va a poder tirar con la solución que teníamos los gestores públicos en el siglo pasado, es decir, de un año hacia atrás, que era la fuga hacia delante del déficit público. No va a ser tan sencillo, no va a ser posible y, por tanto, debemos crear una nueva cultura del equilibrio y de la estabilidad presupuestaria. Ese es el debate. No es un debate entre derecha dura e izquierda progresista, sino cómo creamos una relación entre derechos de unas administraciones modernas y eficaces en la gestión de los servicios públicos que dan a los ciudadanos y deberes de los ciudadanos. ¿Es que los ayuntamientos pueden seguir manteniendo los servicios municipales, muy deficitarios, con respecto a las tasas que cobran? ¿Es que el IBI en este país, el impuesto sobre bienes inmuebles, puede ser tan bajo como para que los ayuntamientos puedan dar calidad de vida como tienen que darlo? ¿Es que los ayuntamientos no piden a las comunidades autónomas como nos pasa en Canarias? ¿No sucede que algunos gestores de las comunidades autónomas incrementan el déficit para después hacer ese tipo de nacionalismo, que yo creo que ya no se lleva, y yo soy nacionalista, de decirle al Estado que para su financiación les hacen falta muchos más recursos? ¿Va a ser ese el debate que vamos a tener los próximos meses? Estamos abocados a un gran fracaso y lo anuncio aquí: no va a haber acuerdo de financiación autonómica y sanitaria desde ese debate. Este país no va a lograr los objetivos de modernización económica en un momento clave de la construcción europea. Este país tiene unas posibilidades potenciales enormes, pero ni hay que sacralizar el déficit cero ni hay que decir que lo que hay que conseguir es que las administraciones autonómicas, para que no vean invadidas sus competencias, no deben entrar en una política de austeridad. El debate es otro. Y como este debate no es más que el prolegómeno del gran debate sobre financiación autonómica y sanitaria, a él me refiero. Ya sé que ahora no tengo más tiempo, pero entraremos en ello en el debate sobre el estado de la Nación, en el debate de los presupuestos de este año y recordaremos el debate de hoy. No es una medida aislada, es un instrumento que corresponde al momento de política económica de la Unión Europea. Ese instrumento de déficit cero, de fijación de gastos con un límite y de elementos correctores y, si se traspasa, ese límite va a ser necesario en este período de la política económica europea, española y de las comunidades autónomas. Si alguien hace aquí un debate de escuelas económicas desde Milton Friedman, llegando a David Ricardo, que lo ha citado el señor Montoro, yo desde luego en ese debate no entro. Aquí se está discutiendo una cuestión de gran calado político y en esa línea del gran debate político que tenemos, mi grupo fija posición a favor de esta ley, aunque presentaremos enmiendas para corregir muchas de sus rigideces.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), respecto de los dos proyectos de ley que hoy debatimos en totalidad en esta Cámara. Estamos ante sendos proyectos de ley que, atendiendo al contenido de sus exposiciones de motivos, se configuran como un paso más en el proceso de consolidación fiscal español, que ha sido, qué duda cabe, la piedra angular de la política económica que ha posibilitado el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria.
El rigor en la planificación y ejecución de las políticas presupuestarias constituye un eje clave en la reciente política económica española, máxime si se considera que el diseño y desarrollo de la política monetaria única corresponde, desde enero de 1999, al Banco Central Europeo. Por tanto, ante la desaparición de factores como el tipo de cambio de la moneda y la propia política monetaria, la política fiscal ha adquirido primordial relevancia.
El rigor presupuestario, uno de los principios rectores de la política económica, lo encontramos enunciado, como tal principio, en las conclusiones contenidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento acordado en el Consejo de Amsterdam, en junio de 1997, en el que se afirma que resulta procedente limitar la utilización del déficit público como instrumento de política económica. En él los Estados miembros se comprometieron a perseguir el objetivo a medio plazo de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit, de forma que, cuando el ciclo económico fuere más adverso, el déficit generado como consecuencia de la actuación de los estabilizadores automáticos se mantuviese siempre por debajo del 3 por ciento del producto interior bruto.
También nos comprometimos los países miembros a presentar anualmente programas de estabilidad o convergencia que recogiesen las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo y planes para corregir las situaciones de desequilibrio que, en su caso, pudiesen producirse.
Similar espíritu se contiene en las conclusiones del Consejo Europeo de Santa María de Feira, de

Página 3263


junio del año 2000, al que han aludido distintos portavoces, antes de mi intervención.
Cierto es que España es el primer Estado de la Unión Monetaria que opta por introducir una norma jurídica que tiende a fijar el marco de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la actividad del sector público, afectando a la Administración General del Estado, a los entes públicos dependientes de ella, a la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y entes dependientes de ella y lo mismo para las entidades locales.
También es cierto que dicho rigor fiscal puede perfectamente conseguirse sin la existencia de norma alguna del tenor de la que estamos analizando, y la prueba más directa de que el rigor presupuestario y el rigor fiscal pueden conseguirse sin una norma con el perfil de la que estamos debatiendo en esta Cámara es la experiencia reciente del proceso de ajuste presupuestario vivido en España. La propia entrada de España en la Unión Monetaria Europea ha constituido una prueba de que sin una ley como la que estamos debatiendo hoy puede lograrse este escenario de rigor presupuestario.
La clave es el esfuerzo gestor. Un ejercicio responsable de la gestión y el manejo de las finanzas públicas es el principal argumento para lograr los escenarios presupuestarios en los que nos desenvolvemos hoy en día. Y este esfuerzo gestor, que es la clave del rigor fiscal, se ha producido tanto en la Administración del Estado como en las administraciones de las comunidades autónomas, como en las administraciones locales, aunque con distintas velocidades, pero también es cierto que la configuración de sus estados de ingresos es distinta y, en algunos casos más y en otros menos, sensibles al entorno y a la evolución de la actividad económica.


Ahora bien, dicho esto, tengo que afirmar que mi grupo parlamentario ve de manera positiva que irrumpa en nuestro ordenamiento jurídico una norma que tenga por finalidad establecer el citado marco de estabilidad presupuestaria. Y no lo vemos negativamente, sino positivamente, porque el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está plenamente concienciado -y en esto coincidimos, señor ministro, con el tenor de su exposición- de la capital importancia que tiene para la sociedad española que la política fiscal que se lleve a cabo esté presidida por el rigor. Dicho en términos coloquiales, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es firme partidario del principio general de que las administraciones públicas no gasten más de lo que ingresen.
La responsabilidad que como políticos tenemos ante los ciudadanos nos exige el mayor rigor y la mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas al configurar y ejecutar los programas de gasto que integran los distintos presupuestos de las administraciones públicas.
No podemos, por tanto, sino compartir el fin último de estabilidad presupuestaria que los proyectos de ley sobre los que hoy debatimos persiguen. Compartiendo este objetivo último de estabilidad presupuestaria, tenemos que afirmar que se nos plantean, como grupo parlamentario, ciertas dudas respecto de determinados aspectos concretos que integran el articulado de los dos proyectos de ley a los que estamos haciendo referencia en este debate, que posteriormente procederé a relacionar.
Todo ello nos lleva a pronunciarnos a favor de tomar en consideración un sí a la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley que estamos debatiendo, con la voluntad y el ánimo de que la tramitación parlamentaria de los citados proyectos de ley permita alcanzar un deseado consenso, la amplitud mayor posible en cuanto al sustento de esta Cámara a los citados proyectos de ley, respecto del ya comentado marco de estabilidad presupuestaria. Nos pronunciamos a favor, por tanto, de que exista la ley general de estabilidad presupuestaria, aunque no compartamos la integridad de su contenido. Aceptamos también que dichas leyes se tramiten en este momento para asegurar su efectiva aplicación a partir del 1 de enero del año 2002. Lo aceptamos, y así lo consideramos, porque creemos también que debe ser posible reconducir, insisto por la vía de la tramitación parlamentaria, determinadas cuestiones concretas que posteriormente procederé a desgranar.
La verdad es que hay que convenir en que estamos ante dos proyectos de ley ciertamente complejos. Son complejos y delicados porque su articulado debe lograr el respeto a dos distintos y muy importantes principios constitucionales que afectan al ámbito autonómico y al ámbito de la Administración territorial en su triple manifestación en España, el de autonomía financiera y el de coordinación de las haciendas de las comunidades autónomas con la Hacienda estatal, principio recogido en el artículo 156.1 de la Constitución Española.
La concreción articulada de dicho equilibrio ofrece sombras de duda, a juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); sombras de duda respecto del acomodo al texto constitucional de algunos de los preceptos de los proyectos que estamos debatiendo. Qué duda cabe de que, siendo importantísimo el objetivo de estabilidad presupuestaria que se persigue con las dos citadas normas, no lo es menos el más perfecto y escrupuloso respeto a la Carta Magna, a la Constitución, que rige la política social, económica y la vida en general de la sociedad española en su traducción política. Insisto, se trata de aspectos concretos y puntuales sobre los que existen sombras de duda y, en cualquier caso, tenemos por delante toda una tramitación parlamentaria para tratar de acomodar aquellos aspectos que puedan ofrecer aristas o lo que he calificado como sombras de duda.
Antes de proceder a analizar cuáles son estas cuestiones concretas, estos aspectos puntuales, quisiera hacer una breve referencia al factor temporal. Como Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, consideramosdeseable que esta ley se tramite no antes ni después

Página 3264


sino en paralelo con la reforma de la financiación autonómica, que no haya disparidad temporal en la tramitación parlamentaria de ambos tipos de normas. Nos parece lógico y coherente que las normas que van a fijar el marco de estabilidad presupuestaria sigan un ritmo de elaboración similar al de las normas que deben reformar el sistema de financiación autonómica. Ritmo de tramitación similar, no antes ni después sino en paralelo.
Paso a continuación, como último gran bloque de mi intervención, a relacionar aquellos puntos de las leyes, cuyos proyectos hoy debatimos en totalidad que, a juicio de mi grupo parlamentario, deben ser objeto de una reflexión, de un análisis, de una posible revisión en aras a la consecución de un amplio acuerdo respecto de la bondad del articulado de los citados proyectos de ley.
En primer lugar, una cuestión de carácter formal, de rango normativo pero no por ello menos relevante. Quisiera recordar que el artículo 157.3 de la Constitución española y los respectivos estatutos de autonomía hacen referencia a una ley orgánica que regule las competencias financieras de las comunidades autónomas, no hacen referencia a dos leyes orgánicas y, si una ya existe, la nueva ley orgánica complementaria vendría a sumarse a la ya existente, la 8/ 1980, de 22 de septiembre. Por ello mi grupo parlamentario considera más adecuado una ley orgánica que proceda a modificar la Lofca y que el resto de su contenido se incorpore a la ley de carácter ordinario.
Cierto es que, además, esta era la tesis del Gobierno al elaborar el texto que fue remitido al Consejo de Estado y también es cierto, en aras a la claridad, la transparencia y la construcción del debate, que el propio Consejo de Estado sugirió el desdoblamiento de las dos leyes, pero analizando el citado dictamen, lo cierto es que el Consejo de Estado se limita a considerar -cito textualmente- preferible o conveniente la escisión en dos proyectos. La posición de mi grupo es que esa modificación puntual de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas de 1980 refleja un mejor acomodo al 157 de la Constitución española y a los preceptos correspondientes de los distintos estatutos de autonomía y el posterior desarrollo del resto de contenidos en la ley general de estabilidad presupuestaria de carácter ordinario.
El segundo punto a que quisiera hacer referencia se concreta en el propio concepto de estabilidad presupuestaria. El artículo 3.2 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria la define como aquella situación de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales. Este concepto es más reducido que el previsto en el propio pacto de estabilidad y crecimiento europeo, que permite considerar situaciones de déficit público como consecuencia de evoluciones o cambios en la coyuntura económica, entendiendo en este contexto que también existe estabilidad presupuestaria si el porcentaje de déficit no supera el valor de referencia del 3 por ciento del producto interior bruto. Por ello, si bien es cierto que el propio proyecto de ley del Gobierno admite la posibilidad de situaciones excepcionales de déficit presupuestario, entendemos que, en la medida en que con la introducción del principio de estabilidad presupuestaria en nuestro ordenamiento se pretende adecuar la política presupuestaria global a las prescripciones del citado pacto europeo, la definición del principio de estabilidad presupuestaria debería ajustarse a los mismos parámetros que en él se prevén, considerando que en el concepto mismo de estabilidad presupuestaria se incluyen las tres situaciones ya descritas: equilibrio, superávit o déficit inferior al 3 por ciento del PIB en determinados contextos económicos.


La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, le ruego concluya.


El señor PADROL I MUNTÉ: Voy concluyendo, señora presidenta.


La revisión del concepto de estabilidad nos debe permitir encontrar redacciones que permitan que en determinadas circunstancias, muy tasadas, pueda llegarse a dicho concepto de estabilidad presupuestaria contenido en el pacto.
El tercero de los puntos a que quiero hacer referencia es que la consecución de la estabilidad presupuestaria ha de ser una tarea común y compartida. Es cierto que es una tarea común y compartida en el esfuerzo gestor y también debe serlo en la concreción de los mecanismos de avance en este rigor presupuestario, de control de la información y de control de los planes de corrección de las situaciones temporales de desequilibrio.
Quisiera hacer referencia, por ser muy concreto, a que nos parece un aspecto corregible de la ley el hecho de que los proyectos de corrección de situaciones de desequilibrio en el ámbito de los entes locales sean aprobados por los plenos de las entidades locales y, en el caso de las comunidades autónomas, no se remita a sus parlamentos autonómicos, sino al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, en la propia página 28 del dictamen del Consejo de Estado se realiza la siguiente cita literal: Ala vista de las anteriores previsiones y en aras de garantizar el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, cabría sopesar la posibilidad de atribuir a las comunidades la competencia para aprobar el mencionado plan, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
También entendemos deseable que en las dos normas a las que estamos haciendo referencia se salvaguarden con mayor concreción las competencias de las comunidades autónomas en la tutela y supervisión de la actividad financiera de los entes locales. Cierto es que existe una cláusula general en los proyectos de ley que estamos

Página 3265


analizando, pero entendemos que es deseable una mayor concreción en el ejercicio de esta tutela por parte de las comunidades autónomas, que debe compartirse con las funciones del Estado a este respecto.


La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, le ruego que concluya definitivamente.


El señor PADROL I MUNTÉ: Treinta segundos.


La señora PRESIDENTA: Treinta segundos, señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Estos son los aspectos que queríamos puntualizar. Es decir, damos un sí al objetivo que se persigue, señor ministro, ya que nos parece una ley que puede aportar cosas positivas al devenir de la política presupuestaria española; damos un sí a la tramitación, pero no un sí a todos sus contenidos. Por tanto, es un sí al diálogo para tratar de alcanzar, en la tramitación parlamentaria, la corrección de aquellos aspectos que, a juicio de mi grupo parlamentario, son muy importantes y absolutamente necesaria su corrección para que esta norma pueda alcanzar el mayor sustrato de apoyo parlamentario, tenga una larga estabilidad y sea una aportación positiva a las finanzas españolas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Señor ministro, por supuesto, el Reglamento le ampara para hacer uso de la palabra, pero sea consciente de que reabre el debate y que podrá intervenir cualquier otro grupo que pida la palabra. (Rumores.) Tiene la palabra, señor Montoro, si la quiere.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Intervengo sólo para agradecer el voto favorable de Coalición Canaria y de Convergència i Unió a este proyecto y decir que, como sus portavoces se han encargado de destacar también, obviamente se abre un proceso de tramitación parlamentaria en el que estoy convencido de que sus aportaciones también ayudarán a completar y a dar auténtico sentido al texto.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario era perfectamente consciente de que este era un debate muy incómodo para muchos, pero no podíamos imaginar que eran tan incómodo para algunos en concreto, porque nos hemos dado cuenta de que muchos de los intervinientes en el día de hoy, modificado el centro del debate político, han huido y han escondido deliberadamente sus verdaderas pegas a los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria. Se han escondido deliberadamente. ¿Cuál es el debate hoy, en definitiva, sobre la ley de estabilidad presupuestaria? Pues el debate es si las leyes de estabilidad son necesarias o no lo son en el día de hoy, en los momentos en los que estamos; si son o no son o pueden resultar ser garantía para que se invierta la tendencia de déficit millonarios desde el año 1985 hasta el momento en España y de propuestas de gobiernos del pasado fundamentadas en el despilfarro. Se trata de ver, en definitiva, si estamos en presencia de unos proyectos que blindan a los españoles contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos o no lo hacen. El debate de hoy es si estos proyectos de ley son o no son garantía para poder seguir creando empleo; si son o no proyectos que facilitan que se mejore la renta de los españoles.
El debate hoy era otro, señorías; era si estos proyectos favorecen que se garantice que ningún gobierno viva por encima de sus posibilidades y que se hipoteque el futuro de los que vienen detrás.
El debate era si se garantiza o no con estos proyectos de ley la existencia de márgenes para que la economía española pueda actuar en ciclos desfavorables de forma decidida. Y el debate era si se quiere o no dotar de más poder político a estas Cortes Generales en el control democrático del Gobierno en materia de finanzas públicas.
Este era verdaderamente el debate. Sin embargo, ha habido quienes se han escondido del verdadero debate. Y se preguntarán SS.SS., ¿por qué hay este ánimo de esconderse de la realidad y de lo que verdaderamente importa a los españoles, es decir, si su Gobierno se va a comportar de forma rigurosa y va a controlar su gasto público? Pues muchos recordarán en esta Cámara ahora que en 1995 ya la oposición rechazó la Ley de disciplina presupuestaria. En aquel momento, fue el señor Borrell quien se opuso, y sin embargo se ha pasado del 7,1 por ciento del PIB en aquel momento al equilibrio presupuestario del que estamos hablando en este momento. Y se esconden también porque cuando se presentó el Pacto de estabilidad y crecimiento en el año 1998, el señor Eguiagaray, que defendió su postura en la Comisión de Economía, dijo que el Gobierno español presentaba una quimera que era incumplible, y sin embargo este es el cuarto año consecutivo en que España se cumplen los objetivos que estaban previstos en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Y se preguntarán por qué se esconden. Pues se esconden porque el señor Martínez Noval se opuso a la reforma del impuesto sobre la renta personal de los españoles, y dijo que era una reforma regresiva y que vulneraba no sé qué derechos de los españoles, cuando la realidad es que hoy los españoles pagan menos impuestos y que además,

Página 3266


en un solo año después de la puesta en marcha de la reforma fiscal, hay 900.000 contribuyentes más en España. Y se equivocan al modificar el debate porque se esconden de otra propuesta que hizo el Gobierno del Partido Popular, a la que se opuso reiteradamente la oposición política del Gobierno de España. Se opusieron reiteradamente desde el año 1997 hasta el momento y pidieron la devolución de todos los proyectos de presupuestos y de todos aquellos preceptos que en materia de rigor presupuestario han permitido que hoy el ministro de Hacienda haya presentado un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. Con ocasión del debate de los presupuestos de 2001 el Grupo Parlamentario Socialista rechazó como hipótesis de trabajo incluso el equilibrio presupuestario. Hoy el señor Sevilla, portavoz de dicho grupo, parecía ser prácticamente el inventor del equilibrio presupuestario. Estos son los argumentos que contribuyen a que hoy la oposición política de esta Cámara haya vuelto en sentido estricto al debate que debíamos tener. Este es un debate importante para España.
Se trata de saber qué fuerzas políticas están por garantizar el control presupuestario y por garantizar que los gobiernos vivan y desarrollen su política conforme a sus posibilidades y qué fuerzas políticas están justamente por lo contrario y por reeditar recetas del pasado. Algunos se han escudado en elementos que sinceramente nuestro grupo no acaba de comprender como ciertos. La intervención prácticamente de la mayoría de los grupos políticos aduce como causa fundamental para la devolución del proyecto del Gobierno que se vulneran competencias de las comunidades autónomas. No es cierto, son dos proyectos perfectamente sintonizados con las competencias de las comunidades autónomas. Son proyectos en los que se establece, es cierto, eso sí, un sistema diferente de cooperación entre las comunidades autónomas en materia de control presupuestario del que existía hasta el momento, pero plenamente fundamentado en las posibilidades que a estos efectos tiene el Gobierno. Verdaderamente ha habido avances profundos en materia de control presupuestario desde los escenarios de consolidación aprobados en el año 1992. Pero lo cierto es que algunos no se cumplen, y los españoles entienden difícilmente que unas comunidades autónomas cumplan mejor que otras.
Y los españoles entienden poco y ven con malos ojos que haya algunas administraciones que sean más permisivas que otras respecto a la forma en que se administran sus dineros. Como esto es una realidad incontestable porque el 75 por ciento de los españoles se pronunció así en una reciente encuesta del CIS, es por lo que estos son unos proyectos de leyes que desde luego están en plena sintonía con lo que los españoles están esperando oír de sus gobiernos.
En definitiva, eso es lo que hubiera debido mover a todos los grupos parlamentarios a hacer ver cuáles son nuestros verdaderos miedos y temores, que no es tanto el temor a tener que coordinar políticas en materia presupuestaria con la Administración del Estado, las administraciones locales y la administración autonómica, sino poder seguir teniendo las manos libres para hacer lo que a uno le venga en gana. Eso es algo, señorías, que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no están dispuestos a favorecer, razón por la que, como ya se imaginan, solicitaremos la devolución de las enmiendas de totalidad con nuestro voto en contra. Sin embargo, es significativo que no todo le parezca mal a la oposición de estos dos proyectos de ley, porque ninguno de los intervinientes se ha referido a la cuestión del fondo de contingencia. ¿Les parece bien o les parece mal el fondo de contingencia que aparece en el proyecto del Gobierno? ¿Les parece bien o les parece mal la forma en la que se asignan los superávit por parte de los proyectos de ley presentados por el Gobierno? ¿Les parece bien o les parece mal, en definitiva, cómo se articulan los mecanismos de cooperación entre la comunidad autónoma y la Administración del Estado? Es cierto, y podemos reconocerlo con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que todo proyecto del Gobierno, como toda obra humana, es perfectible y habrá que afinar en los vínculos de multilateralidad entre las administraciones (central, autonómica y municipal). Le puedo asegurar que en ese sentido nuestro grupo parlamentario a partir de este momento, en el minuto posterior a las votaciones, en el caso de que no sean rechazadas como nuestro grupo espera, estará perfectamente abierto a que haya todo el diálogo y colaboración posibles entre los grupos de esta Cámara para llegar al objetivo de esta ley, que es conseguir escenarios consolidados de política presupuestaria de común acuerdo con comunidades autónomas, con entidades locales y con la Administración del Estado, para que haya una verdadera lealtad institucional en la consecución de objetivos que realmente importan a todos los españoles y para que nadie se escude en las necesidades particularísimas que en alguna comunidad autónoma se pueden producir.
Los españoles conocen perfectamente qué situación había y cuál les parece mejor; los españoles saben perfectamente que los platos rotos los pagan siempre los ciudadanos y a lo que no están dispuestos es a que nadie, so capa de elementos de involución, que alguno llamaba de carácter autonómico, se escape al verdadero objetivo de estos proyectos de ley, que es controlar las finanzas públicas de nuestras administraciones territoriales y de la Administración del Estado. Los españoles tienen derecho a confiar en que no va a haber hipotecas que administrar en los gobiernos de España que vengan después del Gobierno del Partido Popular, aunque se me antoja un momento bien lejano en las circunstancias actuales.
Votar en contra de esta ley o presentar enmiendas de totalidad y votarlas a favor significa estar en contra fundamentalmente de la opinión de los ciudadanos, pero es estar en contra de la opinión manifestada por laComisión Europea, es estar en contra de la posibilidad

Página 3267


que tienen los españoles de ver otra vez minorados sus impuestos, es estar en contra de la transparencia en la gestión de los fondos y cuentas de la Administración, es estar en contra de perfeccionar la cohesión entre administrados y la Administración y, en definitiva, y lo que es más lamentable, es estar en contra de reforzar el control político que esta Cámara ejerce sobre el Gobierno. Que lo diga un partido que sustenta al Gobierno es absolutamente especial, por no decir otra cosa.
Voy terminando, señora presidenta. ¿Se han dado ustedes cuenta de que uno de los elementos nucleares de este proyecto de ley es precisamente el reforzamiento y el otorgamiento de mayor poder político a esta Cámara y al Senado para controlar la acción del Gobierno? ¿Se han dado cuenta de que es esta una de las virtualidades fundamentales de este proyecto de ley? ¿Entienden que será esta Cámara la que, no sólo en el debate anual de los presupuestos, sino en otro momento todos los años, tendrá que decidir sobre el techo de gasto al que se someterá la Administración pública española? Esto no puede repugnar a ninguna fuerza política que tenga verdadero interés de control democrático y que crea de verdad en la acción del Parlamento.
El Grupo Popular, señor ministro de Hacienda, se queda con la cita que hizo del ministro don José de Echegaray. Nuestro grupo parlamentario tiene temor al déficit y en nuestro caso le puedo asegurar que es un temor fundado. Hoy con la posición manifestada por los grupos políticos en esta Cámara los españoles saben de nuevo -y han renovado su confianza- a quién pueden confiar la gestión de su esfuerzo y a quién deben, sin ninguna duda, seguir negándosela.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cámara.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación conjuntamente las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 91; en contra, 173.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de devolución.
Rechazadas las enmiendas a la totalidad, se somete al Pleno de la Cámara la avocación solicitada en relación con este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 256; en contra, seis.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
Señorías, a continuación, sometemos a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 90; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal