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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 70, de 20/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 70

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 66

celebrada el martes, 20 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Estatuto del usuario de las telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 105-1, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 122/000091.) . . . (Página 3427)

Declaración Institucional . . . (Página 3437)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 95-1, de 11 de diciembre de 2000. (Número de expediente 122/000082.) . . . (Página 3437)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre disponibilidad de la propia vida (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 94-1, de 11 de diciembre de 2000. (Número de expediente 122/000081.) . . . (Página 3437)

Página 3422


Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

- Del Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. (Número de expediente 121/000024.) . . .
(Página 3449)

Proposiciones no de Ley

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o próximas a la jubilación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000184.) . . .
(Página 3449)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del Salario Mínimo Interprofesional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/ 000206.) . . . (Página 3455)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2001. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000190.) . . . (Página 3455)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota.
(Número de expediente 173/000050.) . . . (Página 3462)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (Número de expediente 173/000051.) . . . (Página 3469)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar. (Número de expediente 173/ 000052.) . . . (Página 3477)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 3427)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Estatuto del usuario de las telecomunicaciones . . . (Página 3427)

Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el señor Pérez Rubalcaba, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Antes de comenzar con la defensa de la proposición de ley manifiesta que es una cruel paradoja que se vaya a discutir esta tarde sobre los derechos de los ciudadanos españoles en relación con las telecomunicaciones momentos después de que otra vez se haya violado el derecho más elemental que tiene todo ciudadano español, que es el derecho a la vida. Pero ante momentos como éste, añade, es necesaria la mayor prueba de firmeza por parte de los demócratas y la mejor manera de hacerlo considera que es cumplir con las obligaciones de la democracia, siendo la primera que el Parlamento funcione. A continuación resalta la importancia de esta proposición de ley y formula una serie de preguntas sobre el mal funcionamiento de las telecomunicaciones en España, poniendo una serie de ejemplos que le llevan a dos relevantes conclusiones: primera, que en España existen muchos lugares en los que prácticamente los ciudadanos sólo disponen de los servicios de telecomunicación de que disponían hace bastantes años; y segunda, que en España los usuarios están hoy indefensos frente a las operadoras. Justamente de los derechos de los ciudadanos ante unos servicios tan importantes como son las telecomunicaciones, derechos que van desde la confidencialidad de sus datos o el secreto de sus conversaciones telefónicas hasta otros como reclamar a una operadora por serviciosque se han pagado y no se han llegado a recibir, es de

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lo que trata la proposición de ley para la que su grupo solicita su toma en consideración.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de creación del Estatuto del usuario de las telecomunicaciones, se rechaza por 130 votos a favor, 158 en contra y 14 abstenciones.


Declaración institucional . . . (Página 3437)

La señora presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, da lectura a una declaración institucional en la que se manifiesta la más contundente repulsa por el asesinato del teniente alcalde del Ayuntamiento de Lasarte, don Froilán Elespe Inciarte, al tiempo que traslada a su familia la expresión más sincera de condolencia y solidaridad y recuerda el despreciable crimen que acabó con la vida del mosso d?esquadra don Santos Santamaría, a cuyos allegados envía asimismo el más sentido testimonio de afecto y respeto, declaración que se aprueba por aclamación de la Cámara.


Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) . . .
(Página 3437)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia (orgánica) . . . (Página 3437)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre disponibilidad de la propia vida (orgánica) . . . (Página 3437)

En primer lugar interviene la señora Castro Fonseca para presentar y defender la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar manifiesta su pesar al Grupo Parlamentario Socialista por la muerte de su compañero y pasa a plantear de nuevo ante la Cámara la despenalización de la eutanasia, despenalización que, recuerda, no fue considerada cuando fue objeto de aprobación el vigente Código Penal ni tampoco superó el trámite parlamentario en las tres ocasiones anteriores que vino a este hemiciclo. Se trata, en suma, de reiniciar el debate parlamentario sobre el reconocimiento del derecho a la disposición sobre la propia vida y de que este Parlamento dé respuesta a una expectativa social acorde con los avances científico-técnicos que garanticen un tránsito dulce en el que se sitúe al ser humano y su dignidad. Explica el contenido de su proposición de ley y añade que su grupo es consciente de la seriedad del tema y de las múltiples reservas que puede originar, pero considera que no hay excusas para que esta iniciativa no supere la tramitación parlamentaria, mostrando la disposición de su grupo a consensuar la pluralidad de reservas de la Cámara, que se han de corresponder con la pluralidad de reservas que hay en la sociedad, para garantizar a cualquier paciente que en ningún caso se va a actuar en contra de su voluntad.


En segundo lugar, presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre la disponibilidad de la propia vida, el señor Saura Laporta. Manifiesta en primer lugar su solidaridad con los miembros del Grupo Parlamentario Socialista y asegura que ETA no va a ganar y que la normalidad democrática se va a imponer definitivamente. Dicho esto, pasa a explicar su iniciativa que se conoce popularmente como la despenalización de la eutanasia y que ya ha sido debatida en diversas ocasiones en la Cámara, siendo rechazada sistemáticamente. Iniciativa per Catalunya-Verds la vuelve a presentar para su toma en consideración porque están convencidos de que es necesario iniciar un proceso de legalización de la eutanasia activa, aunque también son conscientes de que es un tema que afecta a la conciencia de las personas, por lo que será necesario asimismo tomar todas las garantías que sean precisas para asegurar que no se produzcan riesgos. Fundamenta su proposición de ley basándose en el derecho a una vida digna y en el derecho a la libertad y aclara que no se impone la eutanasia, sino que, ante situaciones irreversibles, se pueda decidir si se quiere seguir viviendo o morir. Considera que las iniciativas que hoy se traen a la Cámara sobre la despenalización de la eutanasia responden al deseo de la mayoría de la población de que exista una legislación que impida los efectos negativos ante enfermedades irreversibles, y ofrece su disposición a ponerse de acuerdo con todos los grupos en todas las garantías que se consideren necesarias para evitar los riesgos. Finalmente, manifiesta que está convencido de que esta vez las

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iniciativas presentadas van a recibir el apoyo de la Cámara y de que, tarde o temprano, se va a iniciar un proceso legislativo que haga posible que todas las personas por sí mismas, y no por valores, religiones o códigos morales externos a ellas, puedan decidir qué entienden por vida digna ante enfermedades irreversibles que pueden producir un gran sufrimiento.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia, se rechaza por 15 votos a favor, 175 en contra y 110 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 14 votos a favor, 175 en contra y 112 abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 3449)

Proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria . . . (Página 3449)

La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, lo que se aprueba por asentimiento.


Proposiciones no de ley . . . (Página 3449)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o próximas a la jubilación . . . (Página 3449)

Presenta la proposición no de ley el señor De Juan i Casadevall, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El motivo de la presentación de esta proposición no de ley no es otro que instar al Gobierno a crear un foro de debate y estudio sobre las diversas formas de ahorro que se adapten a las necesidades de las personas jubiladas o próximas a la jubilación y, al mismo tiempo, potenciar la información a este segmento de la población para facilitar su comprensión sobre los nuevos productos financieros en el mercado. Se refiere a la política económica del Gobierno del Partido Popular orientada a conseguir la convergencia nominal con Europa y a la progresiva reducción de los tipos de interés, que ha llevado a un descenso de los rendimientos de los instrumentos financieros cuya rentabilidad está asociada o indiciada a los tipos de interés en el mercado. Concluye su intervención haciendo una sucinta referencia a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Belt i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor De Juan i Casadevall.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o próximas a la jubilación, en los términos derivados del debate, se aprueba por 165 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional... 3455)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), relativa a la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2001 . . .
(Página 3455)

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Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor Jáuregui Atondo. Considera que pretender mejorar un poco el salario mínimo interprofesional no necesita de ninguna literatura ni retórica y, además, confiesa no tener el ánimo muy alto después de conocer el asesinato de su compañero y amigo Froilán Elespe. Se trata de defender algo que tiene su soporte fundamental en la justicia y en la razón, porque en España quienes cobran el salario mínimo interprofesional vienen siendo perjudicados en los últimos años por unos incrementos relativamente inferiores, en general, al índice del coste de la vida. Explica que los parámetros que le llevan a establecer que el salario mínimo interprofesional en España es bajo son el IPC anual, la relación de éste con el de los trabajadores manufactureros del sector industrial y la relación con el salario mínimo interprofesional de los países europeos, que es con quienes compite nuestra economía. Desarrolla estos razonamientos y concluye afirmando que hay que ser conscientes de que la actual coyuntura económica permite hacer un pequeño esfuerzo para mejorar en tres mil y pico pesetas el salario mínimo interprofesional.


Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), relativa a la cuantía del salario mínimo interprofesional para el año 2001, el señor Txueka Isasti. Afirma que en nuestra sociedad occidental y a pesar de la creación de la riqueza, de las políticas distributivas, de la atención universal, de la educación y de la sanidad, de las políticas de empleo, y aún en las épocas de crecimiento espectacular, existen personas y colectivos que se hallan precisamente en la pobreza y en la exclusión social. Dichas personas y colectivos, añade, carecen de los recursos básicos para sobrevivir, por lo que difícilmente pueden ejercer sus derechos básicos de ciudadanía. Por lo tanto, a juicio de su grupo, es necesario introducir en el ordenamiento jurídico criterios reguladores que permitan corregir los desajustes sociales producidos en este sistema de economía libre de mercado. Expone la postura mantenida históricamente por el Partido Nacionalista Vasco tanto en la práctica del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus planteamientos y posicionamientos en todos los foros en los que participa, y explica el contenido concreto de la proposición no de ley en la que instan al Gobierno a que, tras la oportuna concertación con los interlocutores económicos y sociales y teniendo en cuenta la media de las cuantías establecidas en los países de la Unión Europea en concepto de salario mínimo interprofesional, establezca una cantidad no inferior a 1.190.000 pesetas anuales o el equivalente a 85.000 pesetas mensuales de 14 pagas como salario mínimo interprofesional para el ejercicio 2001.
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos proposiciones no de ley intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen los señores Jáuregui Atondo y Txueka Isasti.


El señor Campuzano i Canadès solicita votación separada de los dos puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.


Sometido a votación el punto primero de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 117 votos a favor, 155 en contra y 13 abstenciones.


Sometido a votación, a continuación, el punto segundo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 129 votos a favor, 155 en contra y una abstención.


Sometida finalmente a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la cuantía del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 24 votos a favor, 257 en contra y cuatro abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 3462)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota .
. . (Página 3462)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Adelanta que no accederán a la petición de modificación efectuada por el señor Guardans la semana pasada porque la defensa de una relación internacional basada en el diálogo, en la cooperación y en la resolución de conflictos no por la vía armada es para ellos una cuestión de principios a la que no están dispuestos a renunciar. Su moción plantea lisa

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y llanamente la denuncia del actual convenio y la reconversión de la base de Rota en una base de gestión y de ayuda humanitaria. Critica duramente la consolidación de un modelo de relaciones internacionales en donde el uso de la fuerza está exclusivamente en función de los intereses de los Estados Unidos, revistiéndolo a veces de cínicas justificaciones, y las intervenciones de la OTAN descaradamente parciales, siguiendo únicamente los intereses económicos de las potencias que la dirigen. Explica los tres puntos de la moción y anuncia que no aceptarán las enmiendas presentadas porque rebajan incluso los planteamientos del propio referéndum.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Marsal Muntalá, del grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de rechazar la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota, en los términos derivados del debate, se rechaza por cinco votos a favor y 270 en contra.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores . . . (Página 3469)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista la señora Del Campo Casasús. No pretende repetir hoy los reproches que su compañero el señor Barrero hizo la semana pasada al Gobierno por su pasividad a la hora de poner en marcha la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores, pero sí le gustaría abrir una puerta a la esperanza y retomar una de las primeras frases que dijo en aquella intervención el portavoz socialista sobre que todavía se estaba a tiempo. Está de acuerdo en que todavía se está a tiempo de que el Gobierno supere su desidia y se pueda aplicar esta ley de forma que responda a aquellos objetivos de reeducación y de defensa de los derechos del menor, objetivos que todos comparten. Pero, añade, para llegar a tiempo es necesario acometer inmediatamente una serie de tareas que son las que se proponen en su moción y que pasa a explicar.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Del Campo Casasús.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en los términos derivados del debate, se rechaza por 111 votos a favor, 154 en contra y 12 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar . . . (Página 3477)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto el señor Vázquez Vázquez. Como consecuencia de la interpelación de la semana pasada, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta moción destinada a que el Gobierno impulse una serie de medidas que contribuyan a prevenir y disminuir los siniestros en el mar y, por lo tanto, la alta tasa de accidentes en el sector que, como quedó de manifiesto en ese debate, es el sector de mayor riesgo de los existentes. Del debate de la semana pasada extrae como conclusión que el número de accidentes en el mar y, por tanto, de muertos y heridos es inaceptable por excesiva; que existen diagnósticos precisos sobre las causas de los accidentes en el mar y, por tanto, están estudiados los factores principales de riesgo en ésta más que sacrificada profesión, y que es necesario actuar rápidamente sobre las causas. Explica los diez puntos de la moción que agrupan una serie de medidas que el Bloque Nacionalista Galego plantea para abordar la disminución de esa tasa de accidentes y prevenirlos, y confía en que del debate salga una resolución que cuando menos dé alguna esperanza a

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los trabajadores del mar de que tanto la Administración como el Congreso de los Diputados se preocupan por sus necesidades básicas.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Vázquez Vázquez.


El señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, acepta la propuesta del grupo proponente.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar, en los términos del texto transaccional alcanzado, se aprueba por 245 votos a favor y uno en contra.


Se suspende la sesión a las once y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Antes de entrar en el orden del día, quiero comunicar a la Cámara que, tras la votación del primer punto, se dará lectura, por parte de la Presidencia, a la declaración institucional de condena con motivo del asesinato ocurrido hace unos minutos en la persona del teniente alcalde del Ayuntamiento de Lasarte, don Froilán Elespe Inciarte.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL ESTATUTO DEL USUARIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 122/000091.)

La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del estatuto del usuario de las telecomunicaciones.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la proposición de ley por la que se establece el estatuto del usuario de las telecomunicaciones.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, es una cruel paradoja que vayamos a discutir esta tarde aquí sobre los derechos de los ciudadanos españoles en relación con las telecomunicaciones, con la sociedad de la información, momentos después de que un ciudadano haya perdido el derecho más elemental que tiene todo ciudadano español, que es el derecho a la vida; días después de que otro ciudadano hubiera perdido, a manos de los mismos asesinos, el derecho a la vida. Pero nuestra tarea es la que es y creo que este tipo de momentos exigen firmeza por parte de los demócratas. La mayor prueba de firmeza que podemos dar ante aquellos que quieren alterar la agenda de la democracia es cumplir con las obligaciones de la democracia, y la primera de ellas es que el Parlamento funcione.
Por eso, señora presidenta, paso a defender, en nombre de mi grupo, el estatuto del usuario de las telecomunicaciones. Para dejar sentada la importancia de este estatuto quiero plantear a SS.SS. algunas preguntas que hoy se hacen muchos ciudadanos en España. La primera se refiere al uso del teléfono. ¿Han intentado SS.SS. poner un fax desde algún lugar, por ejemplo, de la sierra de los Ancares, en León? Pues, si lo han intentado, no les arriendo la ganancia. Habrán necesitado diez minutos para pasar cada página, y eso en el supuesto de que no haya interrupciones permanentes que les obliguen a estar prácticamente todo el día para pasar un simple fax. Lo mismo se podría decir si alguna de SS.SS. pretende descargar una página de Internet en cualquier urbanización del interior de la provincia de Granada, de la provincia de Málaga, de la provincia de Gerona o de la provincia de Alicante, representativas todas ellas de nuestro litoral costero. No les aconsejo que lo hagan, salvo que milagrosamente hayan conseguido una línea fija de teléfono que les permita descargar esa página con una velocidad razonable; si no, lo tendrán que hacer con el teléfono móvil o, si tienen suerte, con el GSM, y eso les llevará también muchísimo tiempo. Tómenselo, pues, con calma.
No sé si SS.SS. se han planteado en alguna ocasión por qué, cuando llamamos por teléfono, las cabinas no nos devuelven el cambio, cuando es algo que estamos acostumbrados a recibir, por ejemplo, cuando compramos una cajetilla de tabaco o si accedemos a una estación de Metro a por un billete.
Me pregunto si alguna de SS.SS. ha intentado conectarse a Internet después de las seis de la tarde, aprovechando la tarifa ondulada que el Gobierno tuvo a bien aprobar hace algunos meses, y si han conseguido

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conectar con su servidor. En muchas ocasiones no lo habrán logrado, aunque seguramente alguno de ustedes ha tenido la ingenuidad de intentar reclamar. Craso error. No es sino una pérdida de tiempo.
Me pregunto también si alguna de SS.SS. ha intentado reclamar a Telefónica por las llamadas efectuadas sin éxito. Me refiero, naturalmente, a las conexiones fallidas de Internet. No se lo recomiendo. No van a conseguir absolutamente nada y van a seguir pagando por esas llamadas.
Un conocido escritor, Juanjo Millás, relataba hace algunas semanas en un periódico su aventura cuando intentó reclamar justamente porque trató de mandar un correo electrónico y no lo consiguió en varias ocasiones. Nos hablaba de una aventura complemente kafkiana a través de los servicios de información de Telefónica. Hoy nos hemos enterado, por cierto, de que algunos de ellos ya no funcionan en nuestro país y que se han ido a Marruecos, lo cual tengo que decirles que teniendo en cuenta que el 1003 es un monopolio me parece sencillamente algo injustificable. Pero, en fin, la conclusión es que pagó por la conexión no efectuada y decía en una metáfora, que me parece muy afortunada, que sucede con esto de la conexión a Internet, de las conexiones fallidas, lo que ocurre cuando uno entra en una tienda de ultramarinos, pide un kilo de harina, el tendero le dice que no tiene y a continuación le dice que pague por pisar su establecimiento. Algo parecido está sucediendo.
No sé si alguno de ustedes habrá intentado conseguir un teléfono en el extrarradio de una de las grandes ciudades españolas. También le recomiendo que se siente a esperar. Son varios meses los que se necesitan para conseguir que le instalen un teléfono. No sé si alguien conoce a algún afortunado ciudadano que haya conseguido una indemnización de una operadora de telefonía. Ya le digo yo que no. No existe ninguna indemnización, jamás se ha pagado ninguna.
Y, permítanme un último ejemplo. No sé si ustedes se han suscrito recientemente a algún operador de cable. Si lo han hecho tendrán una experiencia que algunos ciudadanos han tenido ya, que no deja de ser significativa. Uno conecta con el operador de cable para suscribir un contrato y al cabo de muy pocas horas empieza a recibir llamadas de un operador telefónico fijo que le hace fantásticas ofertas, sustanciosas rebajas, de tal manera que uno tiene la percepción, por otra parte completamente real, de que alguien más que el operador de cable conoce la intención del ciudadano de suscribirse a un servicio nuevo. En última instancia, de lo que estoy hablando es de la utilización de los datos para aquellas cosas que en principio los ciudadanos no tenemos en la cabeza cuando los suministramos a nuestros operadores de telefonía.
Es frecuente -no diría que diario porque sería una exageración, pero sí cada poco tiempo- enterarnos de que han desaparecido ficheros personales un día de una compañía aérea, otro día de un portal de Internet, y la pregunta que los ciudadanos se hacen es quién es el responsable de la desaparición. O, de otra manera, ante quién reclama el ciudadano por esa violación que a todas luces se produce de su intimidad personal cuando sus ficheros desaparecen y aparecen en manos de aquellos que se supone que no se los han pedido. Problemas reales que tienen hoy nuestros servicios de las telecomunicaciones.


Hasta aquí algunos ejemplos. Podría seguir poniendo muchos más.
Déjenme que saque ahora dos conclusiones relevantes para el debate que los socialistas traemos a esta Cámara. La primera. En España existen muchos lugares en los cuales prácticamente los ciudadanos sólo disponen de los servicios de telecomunicación que disponían hace bastantes años: seis, siete, ocho; los mismos. Es verdad, por tanto, que estamos hablando de Internet -en esta Cámara lo hemos hecho en distintas ocasiones- y no hemos caído en el pequeño detalle de que hay millones de ciudadanos en España que no pueden acceder a Internet a una velocidad razonable, que más les vale coger un coche y acercarse a la biblioteca pública más cercana para conseguir la información que precisan, porque desde luego con Internet, como les decía, no lo van a conseguir.
La segunda conclusión. En España los usuarios están hoy indefensos frente a las operadoras. No tienen claras fórmulas para defender sus derechos, cuando estos derechos están establecidos, lo que desgraciadamente no sucede en la generalidad de los casos. Justamente de esto habla nuestra proposición de ley: de los derechos de los ciudadanos ante unos servicios tan importantes para ellos como son los servicios de telecomunicaciones, derechos que van desde algunos tan elementales como el derecho a la confidencialidad de sus datos o al secreto de sus conversaciones telefónicas hasta otros tan esenciales para la vida cotidiana como el derecho a reclamar a una operadora por servicios que se han pagado, pero que no se han llegado a percibir; derechos que van desde la posibilidad de acceder a Internet a precio asequible y velocidad razonable, se viva donde se viva dentro del territorio español, hasta otros tan importantes como que en las escuelas donde van los hijos de los ciudadanos españoles haya Internet gratuito. De ese tipo de cosas hablamos en esta proposición de ley: del Internet como servicio universal y, por tanto, disfrutable por todos los españoles, vivan donde vivan; del acceso gratuito a Internet de escuelas y hospitales y, por tanto, de la mejora de nuestro sistema hospitalario y de nuestro sistema educativo. Hablamos de derechos para todos, que hoy no lo son; son, como mucho, concesiones administrativas para algunos. Hablamos de garantizar esos derechos, del ejercicio de unos derechos, de las fórmulas para reclamar esos derechos y de que el Estado se convierta en el garante de que esos derechos de los españoles se ejercen realmente. Ese es el contenido de la proposición de ley que hoy presentamos.


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Me gustaría apuntar que se trata de una ley necesaria, porque es verdad que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España se está desarrollando a trancas y barrancas y ese proceso, como he dicho en distintas ocasiones en esta Cámara, se está desarrollando a espaldas de los ciudadanos, olvidando los derechos de los ciudadanos en muchas ocasiones y con importantes desequilibrios territoriales.
Ya tuvimos ocasión de hablar de este tema aquí. Recordarán SS.SS.
que, cuando hablábamos de la Ley General de Telecomunicaciones en esta Cámara, los socialistas dijimos que se trataba de una ley que se preocupaba mucho de regular los entresijos de las empresas, las relaciones entre las empresas, las relaciones de las empresas con la Administración, pero que, por el contrario, se olvidaba justamente de regular los derechos de los ciudadanos. Entonces, les dijimos que a los socialistas nos gustaría una ley que se preocupara menos de lo que pase en las empresas -más competencia y más libertad para las empresas- y mucho más de garantizar determinados servicios y derechos de los ciudadanos. No tuvimos éxito en nuestras propuestas y seguramente de aquellos polvos vienen los lodos de los que estamos discutiendo, porque, señorías, en materia de derechos nuestro sistema de telecomunicaciones no funciona bien; al contrario, tiene lagunas que, a nuestro juicio, es imprescindible colmar.
Incidentalmente les diré que ya hemos discutido aquí de este asunto.
Por ejemplo, a raíz de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se habló de Internet como servicio universal. Recuerdo que en aquel momento se argumentó en esta Cámara por parte de algunos grupos parlamentarios sobre la incompatibilidad que existía entre la legislación europea y la pretensión que tenemos la mayoría de los grupos de esta Cámara de considerar Internet como servicio universal. Debo decirles que esa incompatibilidad no existe, al menos en los términos formulados en esta Cámara. La única incompatibilidad que existe es en lo que se refiere a la financiación. Cualquier país de la Unión Europea puede declarar servicio universal todo aquello que considere oportuno, siempre y cuando establezca los apropiados sistemas de financiación, al margen de la financiación del servicio universal; por ejemplo, siempre y cuando se preocupe de que las tasas que se pagan por el espacio radioeléctrico sean aplicables al servicio universal. Esa es justamente la solución que damos en la proposición de ley. Por tanto, que no se diga aquí esta tarde que Europa impide que se amplíe el servicio universal en España porque eso no es verdad. Europa exige un sistema adecuado de financiación, precisamente en los términos que figuran en la proposición de ley que traemos los socialistas.
Se dirá también que en España está regulado el servicio universal. La respuesta, una vez más, es que está mal regulado. Es verdad que este proyecto de ley ha tenido un efecto casi milagroso sobre los servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es cierto que en las últimas semanas han corrido de aquí para allá proyectos de órdenes ministeriales que dormían el sueño de los justos en los cajones de los correspondientes directivos del Ministerio -algo hemos conseguido ya- y que el Consejo Asesor de Telecomunicaciones ha visto ya algunos de estos proyectos de órdenes ministeriales. El problema es que son proyectos insuficientes, que regulan aspectos parciales porque falta una regulación global lógica, coherente del sistema de derechos que los españoles tenemos en relación con las telecomunicaciones. Por tanto, tampoco nos vale que nos digan que lo están haciendo ya, porque lo que se está haciendo es escaso y, en todo caso, a destiempo.
Igual sucede con los derechos más importantes. Ciertamente, algunos pertenecen a la legislación europea. El problema es que en la legislación española están mal regulados y la prueba más evidente de ello es que las preguntas con las que iniciaba mi intervención, todas, tienen respuestas negativas para los ciudadanos. Es verdad que los ciudadanos no saben qué hacer para reclamar algunas de las cosas que las operadoras de telecomunicación les hacen en el día a día de nuestra España.
Regresemos por un momento al asunto de la distribución territorial al que hacía referencia hace un minuto. ¿Saben ustedes que, según un estudio reciente de Telefónica sobre la sociedad de la información en España, hay cuatro comunidades autónomas que están por encima de la media del uso de Internet en España, por cierto, una cifra ridículamente baja -el 12,5 por ciento de los ciudadanos españoles acceden regularmente a Internet-, y 13 que están por debajo? ¿Y saben ustedes que de esas 13 hay algunas, que no mencionaré aquí, que están por debajo de la mitad de la media, por debajo del 6 por ciento de uso de Internet en el conjunto de su población? Señorías, estamos desarrollando la sociedad de la información, pero estamos generando desequilibrios significativos entre nuestras comunidades autónomas en algo tan importante para el desarrollo económico de nuestras comunidades y para el desarrollo de sus individuos como es justamente el acceso a la información; desigualdades entre las comunidades dentro de España, es decir, desigualdades de los individuos dentro de España, y desigualdades de los españoles frente a los europeos, porque, según el estudio de Telefónica al que me vengo refiriendo, publicado hace pocos días, los españoles estamos a la cola de Europa en lo que se refiere al uso de Internet, pero muy a la cola: sólo Portugal está detrás de nosotros; el resto de los países europeos utilizan Internet entre dos y cinco veces más a menudo de lo que lo hacen los españoles. El problema sería grave si no fuera porque además hay datos que agudizan todavía más nuestra situación. Estamos a la cola en la penetración de ordenadores personales en nuestros hogares -tenemos 14 por cada 100 habitantes, 23 tiene Europa y 46 Estados Unidos-; estamos a

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la cola en lo que se refiere al desarrollo del comercio electrónico y estamos a la cola en el uso de las distintas prestaciones comerciales que se pueden obtener a través de Internet. Estamos infomarginalizados en materia de sociedad de la información en relación con Europa. Por eso también es importante esta ley. Es importante porque al establecer el derecho de todos los españoles a acceder a Internet, vivan donde vivan, estamos dando un impulso formidable al desarrollo de la sociedad de la información; un impulso que tiene la ventaja añadida a la que me acabo de referir de ser homogéneo entre todas las comunidades autónomas. Estamos desarrollando la sociedad de la información, la estamos impulsando, y lo estamos haciendo con carácter homogéneo entre todas las comunidades autónomas, evitando discriminaciones que hoy ya se están produciendo en algo tan importante como es el acceso a la sociedad de la información.
La ley -ya lo he apuntado- trata, pues, de regular una serie de derechos fundamentales que o no están regulados o tienen una regulación de un nivel inadecuado o tienen, sencillamente, una regulación inadecuada, sin más. Así, se recogen en el proyecto de ley, en el principio del servicio universal, aquellas prestaciones que tendrán todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan, prestaciones que deben cumplir unos mínimos de calidad y unos requisitos de objetividad que sean, por tanto, contrastables.
Así, se recoge en el proyecto de ley el derecho de los españoles a pagar exclusivamente por los servicios que reciben de las operadoras de telecomunicación; el derecho a recibir las indemnizaciones cuando estos servicios no se prestan eficazmente o se hace con una calidad deficiente; el derecho al uso indefinido del número telefónico, lo que se llama la portabilidad, que todavía no es un derecho en España; el derecho a preservar la intimidad en el establecimiento, en el uso y en la recepción de las comunicaciones, a la restricción de la utilización de las líneas telefónicas personales; el derecho a la no discriminación en materia de telecomunicaciones y el derecho a una serie de servicios como, por ejemplo, el acceso a la información pública a través de Internet, que configuran, a nuestro juicio, los derechos de un ciudadano en un Estado moderno, en este caso, en un Estado preocupado por la extensión de la sociedad de la información.
La ley, como les decía, establece también el contenido del servicio universal, los mecanismos para su puesta en marcha, es decir, la designación de aquellos operadores dominantes que tienen la obligación de atender ese servicio universal, la financiación, las fórmulas de control y, finalmente, las fórmulas de extensión de este servicio universal, que ciertamente habrá que ampliar a medida que se desarrollen nuevas prestaciones en el sistema de las telecomunicaciones.


La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Rubalcaba, le ruego concluya.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Voy acabando, muchas gracias, señora presidenta.
Entre las prestaciones incluidas en este servicio, algunas se refieren, lógicamente, a la telefonía vocal y tratan justamente de salir al paso de las deficiencias que mencionaba al principio de mi intervención de acabar con la telefonía rural analógica que hoy todavía tienen 250.000-300.000 españoles que sencillamente no pueden mandar un fax desde sus domicilios. Se establece, por tanto, una mínima calidad y una mínima velocidad, exigible para todas las ciudades y todos los lugares de España, en lo que se refiere a la telefonía vocal. Se establece la gratuidad de los servicios de urgencia. Se establece la existencia de cabinas telefónicas con una proximidad razonable así como la devolución del cambio en éstas. Se establece la imposibilidad de que a los ciudadanos se les deje sin teléfono y por tanto el derecho de los ciudadanos a recibir siempre llamadas telefónicas, así como a tener siempre los servicios de urgencia. Naturalmente, se establece Internet como servicio universal, con velocidad razonable y con precio asequible, así como algunos servicios de Internet: la navegación, la transferencia de ficheros y el correo electrónico con tarifa plana asequible y con carácter gratuito para escuelas y centros hospitalarios.
Termino ya. Suena a tópico -y en esta Cámara mucho más porque lo hemos repetido todos los grupos parlamentarios- afirmar que estamos inmersos en una nueva revolución de la mano de las telecomunicaciones, que es seguramente el sector más dinámico de nuestra economía en este momento. Saben SS.SS. que es una revolución que está cambiando nuestras formas de producir, nuestras formas de relacionarnos; está afectando a la escuela, a la universidad, a las administraciones públicas, a los gobiernos. En definitiva, al conjunto de la sociedad. Se ha comparado esta revolución de las telecomunicaciones, probablemente con toda la razón, a la revolución industrial que cambió la sociedad, y es verdad y conviene recordarlo que esa revolución construyó una sociedad nueva sobre la exclusión de millones de personas en todo el mundo. Tenemos la experiencia para que la historia no se vuelva a repetir. Tenemos los recursos para que la historia no se vuelva a repetir y para que esta revolución de la información llegue a todos, sea una revolución que incluya y no que excluya. Ese es finalmente, señorías, el objetivo de la proposición de ley que acabo de defender.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. ¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.


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El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


También para manifestar el más enérgico rechazo por parte del Bloque Nacionalista Galego a los atentados y a la violencia, que no tienen sentido en un Estado democrático.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque comparte que es necesario fijar, y hacerlo además legalmente, un estatuto, es decir, un conjunto más de derechos que de deberes de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para evitar que esta revolución tecnológica, esta que se da en llamar sociedad de la información, se edifique sobre la exclusión de capas importantes de ciudadanos. En este momento hay que reconocer que ya hay ciudadanos excluidos de muchos de estos servicios, sea porque son servicios no asequibles para todas las economías o porque tienen la mala suerte de vivir en zonas en las que el acceso telefónico se realiza a través de sistemas celulares, a través de teléfonos tracks, sin que hasta el momento -y hablo de más de 80.000 teléfonos de este tipo en Galicia- se haya dado una solución razonable por parte de Telefónica que permita el acceso de estos usuarios también a Internet y a otros servicios avanzados de telecomunicaciones. Y vamos a apoyarla porque tras la privatización y tras la liberalización de los servicios de telecomunicaciones es necesario aclarar la posición jurídica del usuario. Esta dejó de ser una relación de derecho público para convertirse en una relación privada cliente/usuario de un servicio privado únicamente con matizaciones en el ámbito del servicio universal, es decir, una posición protegida genéricamente a través de la legislación estatal y autonómica -aunque con problemas, como también se ha dicho en la defensa de la proposición de ley- de protección de consumidores y usuarios.
Si se toma en consideración esta proposición de ley nos gustaría clarificar ciertas cuestiones durante su tramitación parlamentaria.
Por ejemplo, desde nuestro punto de vista es necesario clarificar a qué jurisdicción, si a la civil o a la contencioso-administrativa, dependiendo de los casos, debe acudir el usuario para proteger sus derechos. También aprovecharíamos esta tramitación parlamentaria para complementar la proposición de ley con algo que para nosotros resulta esencial. Se trata de que el estatuto del usuario de las telecomunicaciones contemple la protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La privatización de los servicios conlleva en muchos casos la centralización de los servicios de atención al cliente -antes se dijo en Madrid y ahora incluso en Marruecos- sin que los usuarios tengan derecho a que se les atienda en la lengua oficial que ellos escojan. Así pues, ésta debería ser también una obligación para los operadores de telecomunicaciones que esta ley, en caso de avanzar, les debería imponer. En cualquier caso, el Bloque Nacionalista Galego no va a renunciar a que legalmente se atienda este derecho que, por otra parte, aunque de una forma imperfecta, ya está reconocido constitucionalmente.
Por estas razones, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, sin renunciar, como ya he dicho, a mejorarla en el trámite de enmiendas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista presenta una proposición de ley actual, oportuna y bien estructurada, que responde en nuestra opinión a las necesidades del sector de las telecomunicaciones, poniendo en el centro de la propuesta al usuario de las mismas. Dos años y medio después de la entrada en vigor de la Ley de las telecomunicaciones parece oportuno hincar el diente legislativo a la problemática suscitada tanto en el ámbito de los usuarios como en el ámbito de las compañías prestadoras de servicios. La liberalización del sector de las telecomunicaciones y la generalización del uso de los servicios han puesto en evidencia lagunas legislativas necesitadas de alternativas garantistas. La proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista detecta estas lagunas, las estructura y sistematiza, las define y legisla en consecuencia. Así, se definen los derechos de los ciudadanos en el uso de los servicios de telecomunicaciones, excluidos los de la radiodifusión sonora en televisión; resulta razonable también la definición de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que en la propuesta se realiza; el acceso y uso de las prestaciones básicas a un precio asequible y en niveles de calidad de servicio; pagar exclusivamente por los servicios contratados y recibidos; que se le comunique al usuario las características de los servicios que se le ofrecen; que se preserve su intimidad en el uso y en la recepción de las comunicaciones y que los usuarios no sean discriminados por el secreto de las comunicaciones. En conjunto, la proposición de ley del Grupo Socialista fija las obligaciones de los servicios de telecomunicaciones al público: la confidencialidad, las facturas, la suspensión de la prestación del servicio, el secreto de los datos de tráfico y la comprobación de la influencia del uso de estos servicios en la salud y, asimismo, fija las obligaciones del servicio público universal, reforzándose las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Quiero hacer una objeción, señor portavoz del Grupo Socialista. La redacción del conjunto de la proposición de ley responde una vez más a un Estado unitario, centralizado, sin naciones, ni nacionalidades ni comunidades autónomas, sin más Administración

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omnicomprensiva que la del Estado. No hay administraciones competentes, ni siquiera alrededor del tema de las telecomunicaciones y en nuestra opinión, ya lo manifestamos con motivo de otra iniciativa del Grupo Socialista hace un par de semanas, desde esa perspectiva, este es un planteamiento preconstitucional. Y esta nota se hace más relevante con la lectura de lo dispuesto en el artículo 4 de la proposición de ley. ¿Si están transferidas las competencias de educación y cultura y las de sanidad, no cabrían, señor Pérez Rubalcaba, redacciones más plurales y más respetuosas con las instituciones del país? Uno, señor Pérez Rubalcaba, no termina de reconocer en estas redacciones al ex ministro de Educación y Universidades.
En conclusión, señora presidenta, se trata de una proposición de ley oportuna, actual, bien estructurada y que responde a las necesidades de los usuarios de las telecomunicaciones y a las obligaciones de las operadoras del sector, debiendo corregirse en nuestra opinión el apartado competencial con una lectura singular realizada desde esta perspectiva. En caso de ser tomada en consideración esta proposición de ley, circunstancia que el Grupo Parlamentario Vasco aplaudiría, presentaríamos distintas enmiendas al articulado desde este punto de vista competencial, pluricultural y plurilingüe.
No quisiera terminar, señora presidenta, sin condenar rotundamente el atentado que ha costado la vida a un teniente de alcalde en el municipio de Lasarte-Oria en la tarde de hoy. Ha comenzado el portavoz socialista manifestando que es difícil hablar de los derechos de los usuarios cuando el derecho primigenio a la vida es puesto en duda, hoy sí y mañana también. Desde el Grupo Parlamentario Vasco, además de manifestar nuestra condena, nuestra solidaridad al Grupo Socialista y al conjunto de la Cámara, quisiéramos indicar que una vez más estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena en el tema de la pacificación y normalización del País Vasco que es también un tema de pacificación y normalización en el conjunto del Estado. No queremos decir nada más: que nosotros estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena, que abrimos nuestra mano al conjunto de fuerzas políticas para que, al margen de sectarismos y partidismos, seamos capaces de asumir el primer derecho que asiste a los ciudadanos. Es obligación del Estado garantizar la seguridad y nosotros aquí representamos al conjunto de fuerzas sociales y políticas de este Estado y somos nosotros, señora presidenta, los que debemos garantizar la seguridad a nuestros ciudadanos. En unas circunstancias como las actuales queremos manifestar a SS.SS. que extendemos nuestras manos, que queremos encontrarnos con todos los demás para que seamos capaces de cumplir con nuestras obligaciones.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere condenar de manera rotunda el atentado que acaba de ocurrir, siendo asesinado un compañero socialista por la fuerza de siempre, por la fuerza oscura de siempre. Trasladamos nuestra condolencia y solidaridad más profunda tanto al Grupo Socialista como a la familia del teniente alcalde asesinado.
Señora presidenta, cuando ocurre un asesinato o cualquier atentado de este tipo inmediatamente todos nos sentimos absolutamente empequeñecidos, diminutos, pero poco después cuando seguimos con nuestra tarea, que representa a la soberanía popular, que representa a la gente, empezamos a crecer poco a poco, empujados, además, por la idea de que no podrán con todos nosotros, con nosotras y nosotros, los demócratas. Por tanto, queremos condenar de manera rotunda y participar en esa declaración institucional que se va a leer de inmediato.
El Grupo Parlamentario Socialista, a través del señor Pérez Rubalcaba, presenta una proposición de ley bien meditada, no hablo ahora tanto del contenido concreto, sino en cuanto a la concepción de esta iniciativa. Es una iniciativa apropiada, cuya toma en consideración vamos a votar favorablemente, con independencia de las enmiendas que después interpondremos. Es una propuesta absolutamente adecuada. Los que tuvimos ocasión de defender enmiendas de totalidad al texto de la que después sería la Ley 11/1998, general de telecomunicaciones, sabemos que tiene tanto o más sentido cuanto más se conoce en su estructura los contenidos de la misma. Y no sólo tiene sentido por los contenidos, a los que después aludiré de manera muy sucinta, sino porque la defensa de los derechos cívicos no se contienen en esta ley. Si uno lee los artículos 54 y siguientes ve que son anémicos, anoréxicos, con respecto a la defensa de los derechos ciudadanos, no los toca de lleno, sino que hace referencia y no aterriza en la concreción de la defensa de estos derechos. Estos derechos, en la concepción del Partido Popular, que figuran en la ley, sí aparecen en el Decreto 1736/1998, es decir, en el reglamento que la desarrolla. Pero desde el principio hay que decir que estos derechos ciudadanos nunca deben tener su residencia en un decreto sino en una ley, máxime conociendo la doctrina constitucional -que todos conocemos- en el sentido de que no se deben deslegalizar los derechos cívicos, cosa que ocurre debido a una ley abstracta, generalizante, corta, que nosotros denunciamos y con respecto a la cual defendimos una enmienda realmente alternativa, que después se desarrolló a lo largo de una serie de enmiendas parciales y concretas.


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Es más, en estos momentos habría que señalar -ya se ha hecho anteriormente- la profunda indefensión que sufren los ciudadanos ante este hecho, el de las actuales telecomunicaciones, que está caracterizando de manera renovadora toda la vida cotidiana. Este desamparo es comprensible si se tiene en cuenta que los cauces a los que se refiere el artículo 54.1 de la ley son absolutamente inadecuados y profundizan en el desamparo y en la indefensión constante de los ciudadanos. Es decir, las juntas arbitrales, los órganos del Ministerio o la jurisdicción contencioso-administrativa, que son los tres mecanismos contenidos en el artículo citado, el 54.1, en absoluto sirven para el caos organizado que están practicando las empresas del sector, fundamentalmente las dominantes.
Por tanto, es absolutamente necesario en este país un estatuto del usuario de los servicios de telecomunicaciones y, desde ese punto de vista, nos parece adecuado el estatuto como tal, salvando de la deslegalización los derechos cívicos.
En cuanto al contenido responde a orientaciones absolutamente adecuadas. Nosotros, como conoce el señor Pérez Rubalcaba, hemos profundizado mucho más en ellas, por ejemplo en lo que compete a lo que denominamos, uniendo dos conceptos que suelen funcionar por separado, el servicio público universal o el servicio universal público. Nos parece que esto se contiene ahí, que es un camino que nosotros recorreríamos de manera mucho más profunda, pero que, por lo menos, aparece una regulación mucho más detallada que la que se contiene en el decreto que acabo de citar, por el cual se aprobó el reglamento que desarrollaba esta ley.
Se recogen asuntos tarifarios, las garantías de acceso e incluso el tema de la defensa de colectivos ante una serie de circunstancias, ante una serie de incidencias que sin duda se están dando en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, se salvaguarda que la Administración general del Estado garantice el disfrute efectivo de muchos de los servicios que se consideran universales y que no se desarrollan, como ya tuvimos ocasión de contradecir a la hora de anunciar en el debate de totalidad del proyecto de ley nuestro voto negativo, aunque finalmente éste fue aprobado por la mayoría, complementada, del Partido Popular.
Con respecto a Internet nuestra posición iba incluso más allá que la del Grupo Socialista, porque nos parece un tema de primerísima necesidad, lo mismo que el acceso a sectores fundamentales como la salud, la sanidad y la enseñanza.
Por todo ello, señora presidenta, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley. Nos parece adecuado el terreno de juego y que empiecen a denunciarse casos concretísimos que ya figuran en el «Diario de Sesiones» desde hace dos años y medio o tres años a esta parte, y con independencia de las enmiendas concretas que registraríamos, repito, vamos a votar favorablemente porque resulta una iniciativa adecuada y bien pensada.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como ha hecho ya el resto de los grupos parlamentarios, quiero empezar esta intervención de mi grupo condenando expresamente los últimos atentados terroristas, concretamente los dos últimos, el de la noche del sábado pasado que costó la vida a un mosso d?esquadra, don Santos Santamaría, y el que esta misma tarde ha costado la vida al teniente alcalde de Lasarte don Froilán Elespe.
Quisiera expresar esta condena y ofrecer una vez más nuestra colaboración para todo lo que pueda favorecer el diálogo y la paz.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

Señora presidenta, señorías, hoy el Grupo Socialista trae una proposición de ley que, para nosotros, supone un esfuerzo de intentar clasificar, catalogar, inventariar en un texto normativo todo un conjunto de derechos de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones. Valoramos ese esfuerzo y compartimos algunos de los aspectos concretos del contenido de la proposición de ley que hoy ha defendido de forma muy brillante el portavoz del Grupo Socialista señor Pérez Rubalcaba.
Coincidimos, y él también ha hecho referencia a ello, en la necesidad de extender lo que entendemos que debe ser el servicio universal, extender esa definición de servicio universal a nuevas prestaciones.
Ello va en concordancia, señorías, con el Estado social de derecho que nuestra Constitución proclama, un Estado social que, a través del mecanismo del servicio universal, debe extender servicios de telecomunicación, servicios de la sociedad de la información, a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan y a un precio similar. Ese es el concepto que nosotros compartimos. Tan es así que esta Cámara ha tomado en consideración una proposición de ley de nuestro grupo de modificación de la Ley general de telecomunicaciones, con la finalidad de otorgar a Internet esa consideración de servicio universal. Por tanto, coincidimos en ello.
También coincidimos en el aspecto relativo a la financiación de este servicio universal. ¿Cómo vamos a exigir al operador dominante que preste un servicio si paralelamente no se está regulando el fondo de financiación del servicio universal que establece la Ley general de telecomunicaciones? Quiero recordar que nuestro grupo parlamentario tiene pendiente de tramitación ante la Comisión de Ciencia y Tecnología una proposición no de ley que tiene dos puntos. Un primer punto propone instar a la sustitución progresiva del sistema de telefonía rural de acceso celular, los TRAC, que no funcionan, por un sistema que permita el acceso a Internet. En un segundo punto, instamos al Gobierno

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a poner en marcha ese fondo del servicio universal. Por tanto, existe esa coincidencia genérica en la necesidad de hacer más extensivo este servicio universal, pero discrepamos de la proposición de ley en dos aspectos, lo que provocará que nuestro grupo se abstenga hoy en la votación. ¿En qué dos aspectos no coincidimos? Señor Pérez Rubalcaba, creemos que es loable el intento de catalogar los derechos del usuario, que se hace mediante la forma de un estatuto en la proposición de ley que ha presentado. Consideramos que ese estatuto, que si se analiza afecta básicamente a los servicios de telefonía y a la regulación de Internet, excluye el resto de servicios de la sociedad de la información y también excluye todo lo referido a las nuevas tecnologías aplicadas a la informática. Por tanto, no sería un estatuto global del usuario ante la sociedad de la información; si me lo permiten, sería una norma más que engrosaría un aspecto que la propia proposición de ley pone de relieve que debemos superar: la enorme dispersión normativa que existe. Creemos que es en la ley que regula el servicio universal donde debemos ampliar los derechos del servicio universal, ampliar los servicios a los que se otorga el servicio universal. Por tanto, no consideramos adecuado crear ahora un estatuto del usuario para este tema concreto pues, al iniciar este tipo de regulación, tendríamos al final diversos estatutos del usuario en cada uno de los ámbitos. Señor Pérez Rubalcaba, creemos que necesitaría una reflexión más pausada, que quizá... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jané, ¿me permite un segundo? Señorías, el ritmo de las conversaciones está siendo casi inaudible para el orador, que tiene que levantar la voz cada vez más.
Rogaría guardasen silencio o conversaran en un tono más bajo.
Gracias. (Pausa.) Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Comentaba que quizá cuando tengamos más completo el conjunto de leyes que regulen la sociedad de la información -se ha anunciado ya por el Gobierno que en este período de sesiones se va a presentar el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico- será el momento de intentar expresar claramente cuál es el conjunto de derechos y obligaciones que ampara a cada ciudadano en este ámbito. De todas formas, con relación al contenido, en cuanto a extensión del servicio universal, como he aludido anteriormente, nosotros tenemos iniciativas, y en esta legislatura, señor Pérez Rubalcaba, deberemos compartir camino en el ámbito de regulación de los derechos en el campo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información general.
Por último, también provoca nuestra abstención algo que comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, y es el hecho de que este texto normativo que hoy se nos presenta ignora la distribución territorial del Estado, porque el Grupo Socialista sabe que en materia de protección de los consumidores y usuarios existen competencias exclusivas de las comunidades autónomas que el texto no ha sabido integrar.
Por todo ello valoramos la finalidad y el contenido, pero quiero hacer un inciso porque debemos abordar ya esa reforma de la Ley general de telecomunicaciones para considerar a Internet servicio universal. Hoy la Mesa ha aplazado una vez más las enmiendas hasta el 3 de abril, aunque lo considera ya inaplazable, y espero que con prontitud podamos legislar, en cada ámbito y en cada uno de los servicios, sobre estos aspectos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención expresando mi solidaridad y la de mi grupo parlamentario, en primer lugar, con la familia del teniente alcalde de Lasarte y con todo el Grupo Socialista.
Vuelvo a reiterar que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para defender los derechos de los ciudadanos, derrotar al terrorismo y que triunfe la libertad. Como decía el portavoz del Grupo Socialista, señor Pérez Rubalcaba, a pesar del dolor de la tarde de hoy, tenemos que seguir adelante cumpliendo con nuestra obligación y con la tarea que nos han encomendado los ciudadanos. Por eso, vamos a seguir trabajando en la proposición de ley que ha presentado el Grupo parlamentario Socialista en la tarde hoy para su debate en esta Cámara y a la que titulan: Creación del estatuto del usuario de las telecomunicaciones. De quedarnos con el título y con la intervención del señor Pérez Rubalcaba, podría parecer una propuesta interesante, toda vez que habla de los usuarios de las telecomunicaciones -como SS.SS. saben, la sociedad de la información es para nuestro grupo parlamentario la sociedad de las oportunidades para todos, sin exclusiones, sin tener en cuenta su lugar de residencia ni su situación económica- y depende en buena medida de eso, de las telecomunicaciones y de los servicios que se presten a los mismos.
Señorías, estamos hablando de un fenómeno nuevo que es fundamentalmente social y cultural. Se trata de una realidad que está transformando nuestra vida cotidiana, laboral y social, y en la que nuestro Gobierno y nuestro grupo parlamentario reafirman día a día su compromiso de apoyar y de seguir muy de cerca su evolución y desarrollo. Por este motivo, sin perjuicio de la conveniencia o no de que existan estatutos

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para los distintos sectores, como es el del consumidor, del contribuyente, para funcionarios, de telespectadores, sin perjuicio de la necesidad de que existan tantos estatutos, teníamos y tenemos mucho interés en valorar las propuestas que nos ofrecían. Sin embargo, una vez que una empieza a leer la exposición de motivos, una vez que una escucha con atención la intervención del señor Pérez Rubalcaba, ¿qué se observa? De nuevo, oposición por oposición, es decir, falta de rigor. Continuamos leyendo el texto y nos encontramos con propuestas de partido de oposición y cuando acabamos la lectura del texto no queda nada novedoso, nada que ya no esté regulado o propuesto previamente por el Gobierno o por mayoría de esta Cámara.
Por tanto, señorías, al finalizar la intervención y la lectura del texto, nuestro gozo en un pozo.
En primer lugar, este texto parte de una premisa falsa. Dice: la liberalización del sector de las telecomunicaciones se ha caracterizado por el desarrollo de una competencia limitada a determinados tipos de servicios, principalmente la telefonía de larga distancia, y a determinado tipo de clientes, los empresariales. Pues bien, la liberalización, y lo saben bien todos ustedes y los ciudadanos que lo notan, ha sido completa y ha beneficiado a todos los españoles, especialmente a las familias, pero como esto además es fácilmente demostrable, con el permiso del señor presidente, les voy a dar unos datos. A comienzos de 1996 España contaba con uno de los mercados de telecomunicaciones más cerrados y monopolísticos de toda la Unión Europea, uno de los precios de servicios de telecomunicaciones más caros y un enorme déficit en infraestructuras y servicios. Es más, en marzo de 1996 España tenía recurridas todas las directivas de liberalización y había pedido una moratoria -fíjense, señorías- para que la liberalización del sector no se produjese, junto con Grecia e Irlanda, hasta el año 2003. Voy a contestar a las preguntas del señor Pérez Rubalcaba, pero en esta ocasión hago una pregunta que es la siguiente: ¿Qué le hubiera pasado al ciudadano de León si hubiera querido conectarse a Internet en el año 2001 y siguiera gobernando el Grupo Socialista? ¿Qué le hubiera ocurrido al señor de Granada que quisiera utilizar un teléfono móvil si todavía estuviera gobernando el Partido Socialista? Tendríamos un monopolio de telefonía porque estaríamos acogidos a una moratoria que finalizaba en el año 2003.
La política de telecomunicaciones del Gobierno del Partido Popular ha permitido transformar radicalmente el sector de tal manera que, como saben, en noviembre de 1999 la Comisión Europea elevó al Consejo de Ministros europeos de Telecomunicaciones un informe según el cual España se encuentra en marco competitivo y de apertura del mercado en el primer lugar de Europa, junto con Alemania y Suecia. Es verdad que no vamos a venir a esta Cámara, porque no sería justo ni honrado ni riguroso, a decir que todo va muy bien pero mi grupo tiene que venir a esta Cámara a decir que en estos años se ha avanzado mucho en la liberalización, que esa liberalización ha beneficiado mucho a los ciudadanos y que en ese camino y por esa vía podemos seguir beneficiando mucho más a los ciudadanos para conseguir todas aquellas cosas, y más aún, sobre las que el portavoz del Grupo Socialista se lamentaba hoy aquí respecto a que todavía no llegan en la calidad que nos gustaría. En eso nuestro grupo va a trabajar en la próxima década con ahínco, con el apoyo de toda la Cámara si es posible, para conseguir que esos servicios de calidad lleguen a todos los ciudadanos con independencia del rincón de España en el que vivan y de su situación económica Señorías, desde el año 1996 la factura de la telefonía móvil ha bajado en un 42 por ciento. El móvil que era considerado un bien de lujo con unos 900.000 usuarios -el señor Pérez Rubalcaba hablaba de los teléfonos móviles y es verdad que a través de los móviles mucha gente de los pueblos rurales se va a conectar a Internet- ha pasado en España a más de cinco millones. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Mato, por favor. La intervención de la oradora es prácticamente inaudible igual que ha ocurrido con la intervención anterior. Les rogaría, señorías, que bajaran el tono de sus conversaciones porque se hace prácticamente imposible escuchar a la oradora. (Pausa.) Señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.


Como decía, hemos conseguido que el teléfono móvil en estos momentos sea usado por la mayoría de los ciudadanos en España, lo que es una buena noticia puesto que así se va a conseguir -y va a pasar en todos los países de Europa- que a través del teléfono móvil y sin necesidad de tener ordenadores en las casas, se pueda uno conectar a Internet y acceder a la sociedad de la información como es el deseo de todos.
Por cierto, es verdad que al usuario de León, al de Granada y al de cualquier urbanización de muchos sitios de España le cuesta mucho trabajo y mucho tiempo conectarse a Internet, pero también es cierto que hace muy poco tiempo había 400.000 usuarios de Internet y hoy ya estamos por los cinco millones y medio. Por tanto, el avance ha sido muy significativo en cuatro años y es bueno tenerlo en cuenta.
En todo caso, el punto de partida no es acorde con la realidad de nuestro país , además, la proposición no se limita a recoger derechos de los usuarios, sino que trata de regular un régimen jurídico para las telecomunicaciones y eso ya lo tenemos regulado por la Ley general de telecomunicaciones. Además las propuestas que en ella se hacen ya están recogidas en buena medida en la legislación vigente, en muchos casos de forma más

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pormenorizada y más precisa desde el punto de vista técnico o jurídico.
Sigo dándoles datos. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores frente a la sociedad de la información. En este texto no se protege adecuadamente a los menores al modo de ver del Grupo Parlamentario Popular; todos estamos de acuerdo en que hay que proteger los datos de las personas, y es verdad que hay que seguir avanzando en esa materia porque las tecnologías cada vez hacen más difícil proteger los datos, pero en ese camino también está avanzando la legislación y los reglamentos que está dictando el Gobierno del Partido Popular. Acceso de los ciudadanos a la Administración, un punto clave que el señor Pérez Rubalcaba ha tocado en parte su intervención y está contenido en todo el texto de la proposición. Sin ninguna duda hay que hacerlo, ustedes saben que en el programa Info XXI se ha propuesto un portal único de Administración para que los ciudadanos puedan entrar en él. Hablaría un rato de Info XXI que saben ustedes que desarrollan más de trescientas acciones entre el 2001 y el 2003 con más de 800.000 millones de pesetas, y lo más importante, señorías, es que todas las acciones previstas tienen objetivos perfectamente definidos y están dotadas con sus correspondientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Porque muchas veces se corre el riesgo cuando se hace una oposición de partido de oposición, no de partido que aspira al Gobierno o pensando que no se va a llegar con esas propuestas, de ofrecer algunas cuestiones que son absolutamente inviables o, por lo menos, no se proponen soluciones económicas para llevarlas adelante.
Proponen ustedes, señorías, educación e información en nuevas tecnologías. Hablan de derecho a conexiones y se olvidan por supuesto del esfuerzo que se ha realizado por parte del Gobierno para que institutos y colegios públicos estén conectados a Internet. En la pasada legislatura estuvieron conectados a Internet el 75 por ciento de los centros públicos de educación primaria y el 93 por ciento de los de secundaria; la red Iris, que es la que gestiona el CSIC al servicio de universidades, tiene más de 200.000 usuarios entre profesores e investigadores.Eso sí, como digo, hacen ustedes propuestas y vienen a decir que todos los estudiantes tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones y de información en su propia casa de forma gratuita proporcionado por sus centros educativos y universitarios. Yo también me apunto, señorías, lo que pasa es que ahí falta un detalle. ¿Quién paga eso, cómo se paga? Al final, es muy bonito decir: queremos que todo el mundo tenga un ordenador en su casa, ¿pero quien se lo va a comprar? A esto ustedes nunca responden, por lo tanto es una oposición de grupo de oposición y no de grupo de Gobierno.
Señorías, hablan ustedes de servicio universal, de la ampliación del concepto de servicio universal. Solamente voy a recordar, porque además el señor Pérez Rubalcaba me parece que fue ponente de esa ley, que cuando debatimos la ley de las telecomunicaciones se habló del servicio universal, y por primera vez en la historia de España se reconoce por ley el servicio universal de telecomunicaciones, lo cual ya es importante. En segundo lugar, ya se dijo en el debate de esa ley que tenía que ser un concepto dinámico para incorporar más cuestiones, porque la tecnología avanza deprisa, y es importante que vayamos incorporando a su servicio todos los avances para que los ciudadanos puedan disponer de ellos.En tercer lugar, fue el Gobierno del Partido Popular el que ha propuesto a la Unión Europea, y así se está debatiendo en la modificación de la directiva, que Internet forme parte del concepto de servicio universal. Volvemos a lo mismo, señor Pérez Rubalcaba: puede no ser incompatible, pero no podemos estar en situación de desventaja con otras empresas de telecomunicaciones en Europa; estamos en un mercado global, en un mercado y en una Europa en los que tenemos que hacer una política concertada, una política en la que todos estemos de acuerdo. Por eso el Gobierno planteó, y así se está debatiendo, que Internet forme parte del servicio universal en igualdad de condiciones para todos los Estados europeos. Por cierto, en esta misma Cámara ya aprobamos una proposición de ley, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la que se solicitaba que Internet fuera parte del servicio universal, que está pendiente de la aprobación de la directiva para ser aprobado por esta Cámara.
Señorías, servicio universal, por supuesto, servicio universal para todos, servicio universal que queremos que sea armonizado con Europa, pero además en la Ley de telecomunicaciones hablábamos de obligaciones de servicio público y de otros servicios de interés general, figuras nunca contempladas en ninguna ley que también nos permiten avanzar mucho más en lo que significa el progreso, una política rigurosa de verdad, nuevos servicios y mejor calidad para los ciudadanos. Señorías -voy finalizando-, presentan una propuesta que también tiene en cierta medida la inseguridad jurídica que puede existir debido a que no se regula exhaustivamente todo lo que son tecnologías. Esta proposición que ustedes presentan ya nace obsoleta.
Si ustedes quieren recoger con detalle las tecnologías que están hoy en uso, siempre nos quedaremos cortos, porque ustedes saben que en materia de telecomunicaciones fundamentalmente la ciencia y la tecnología va mucho más por delante que los legisladores. Por tanto, si aprobáramos una ley en la que hablásemos con todo detalle, y no lo dejáramos a los reglamentos o decretos, de lo que significa la tecnología para las telecomunicaciones, tendríamos que modificar la ley prácticamente cada seis meses. Señorías, recojamos en la legislación derechos básicos, servicios básicos, líneas generales, modelo de liberalización, funcionamiento, mayor calidad, mayor calidad de servicios y mayor acceso de todos los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta y eso es lo que vamos a tratar de conseguir para los próximos años.


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Finalizo agradeciendo su interés al Grupo Socialista, instándole a seguir trabajando en esta vía y recordándole que el Gobierno está dando pasos importantes que necesitan el apoyo de todos, también el del Grupo Socialista. Los ciudadanos seguro que respaldaremos a un partido que avanza, partiendo de lo ya realizado, con propuestas positivas, con los pies en el suelo, sabiendo a dónde queremos llegar y en dónde queremos estar en la próxima década, como lo sabe el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias.(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mato. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del estatuto del usuario de las telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 130; en contra, 158; abstenciones 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: Señorías, tal y como anuncié al principio del Pleno, por acuerdo de la Junta de Portavoces se propone a la Cámara la siguiente declaración institucional. El Congreso de los Diputados, desde la representación del pueblo español que constitucionalmente tiene confiada, realiza la siguiente declaración institucional: Manifiesta la más contundente repulsa por el asesinato del teniente alcalde de Lasarte, don Froilán Elespe Inciarte, al tiempo que traslada a su familia la expresión más sincera de condolencia y solidaridad. Recuerda hoy también el despreciable crimen que acabó con la vida del mosso d?esquadra don Santos Santamaría, a cuyos allegados envía asimismo el más sentido testimonio de afecto y respeto.
El Congreso de los Diputados reitera su convicción de que los valores de la paz y libertad, así como la firme defensa del Estado de derecho que nuestra Constitución consagra, deben fundamentar la unidad de todos los demócratas frente a quienes pretenden imponer sus propósitos totalitarios a través del terror y la violencia. La violencia, cualquier forma de violencia, es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante daños, coacciones, amenazas, chantajes o asesinatos. Quienes realizan esas prácticas merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos. Por eso, todos los grupos parlamentarios manifestamos una vez más nuestra convicción de que la violencia no dará ningún tipo de ventaja política a quienes la practican.
Durante más de veinte años el pueblo español ha disfrutado de una Constitución que ha consagrado un marco de derechos y libertades en el que todos los grupos políticos hemos podido defender y debatir libremente nuestros respectivos proyectos y aspiraciones. Ese marco ha permitido desarrollar asimismo los diferentes estatutos de autonomía que han plasmado la capacidad de autogobierno de las distintas comunidades autónomas. Así ha sucedido en el País Vasco desde la aprobación del Estatuto de Guernica en 1979.El diálogo y la discusión política deben producirse por parte de los legítimos representantes de los ciudadanos en ese marco constitucional y estatutario. Es en el respeto a ese marco en el que cabe defender las propuestas que unos y otros queremos trasladar a nuestros conciudadanos, una discusión democrática que nunca debe producirse bajo la presión de la violencia, un debate que parte del principio irrenunciable de que la paz y el respeto a los derechos humanos son valores que no son negociables. Combatir el terrorismo es un compromiso de toda la sociedad, también de todos los partidos políticos democráticos que hoy queremos hacer pública ante todos los ciudadanos españoles nuestra convicción de que nunca somos tan fuertes ante los terroristas como cuando estamos unidos en torno a los principios anteriormente mencionados, que son la base de la convivencia democrática. Sobre esta base los españoles podemos y debemos alimentar nuestra esperanza de un futuro en libertad. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Fuertes y prolongados aplausos.)

TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000082.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000081.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de despenalización de la eutanasia, que será debatida conjuntamente, en función de lo acordado en la Junta de Portavoces, con la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo ParlamentarioMixto, sobre disponibilidad de la propia vida.


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En primer lugar, y para presentar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, hay una diputada en el uso de la palabra intentando que su nivel de voz sea audible por encima del murmullo de la Cámara.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta. Es una tarde aciaga para empezar con un tema tan complejo como el que vamos a tratar, y quiero comenzar mi intervención diciendo a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que siento una profunda tristeza por la muerte de su compañero. Espero y deseo, como todos los que estamos en la Cámara, que esta sea la última muerte. Dicho esto, voy a tratar de presentar el proyecto de ley de eutanasia, que volvemos a plantear desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en esta Cámara, para debatir... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Castro, por favor. Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo quienes tengan intención de permanecer hablando. Adelante, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Decía que volvemos a plantear en esta Cámara, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la despenalización de la eutanasia, despenalización que no fue considerada cuando fue objeto de aprobación el vigente Código Penal ni tampoco superó el trámite parlamentario en las tres anteriores ocasiones que ha venido a este hemiciclo. Se trata, en suma, señorías, de reiniciar el debate parlamentario sobre el reconocimiento del derecho a la disposición sobre la propia vida. El hecho cultural de la eutanasia se ha impuesto en nuestra sociedad como consecuencia lógica de una nueva cultura de la vida, con mayúsculas, en la que parámetros como dignidad y libertad se han revelado como inherentes y se han incorporado como tales al propio concepto de vida, superando de este modo el debate biologicista más primario y sin duda, señorías, más inhumano. Tratamos, pues, de que este Parlamento dé respuesta a una expectativa social acorde con los avances científico-técnicos que garanticen un tránsito dulce y que en su centro sitúe al ser humano y su dignidad, tal y como recoge, por otra parte, nuestra propia Constitución, que al hablar de una vida digna y de la integridad física y moral añade que nadie puede estar sometido a ninguna clase de torturas, ni siquiera a las que se derivan del hecho de padecer o estar en una situación de enfermedad incurable, en situaciones de dependencia absoluta, incompatibles con el concepto de vida humana, en el que la autonomía personal y la consciencia son imprescindibles.
(Rumores.) Presidenta...


La señora PRESIDENTA: Sí, señora Castro.
Señorías, cuando se pide silencio no es para que estén quince segundos en silencio y a continuación se eleve otra vez el murmullo, sino para que, por favor, permanezcan en silencio o por lo menos con un nivel de conversaciones que permita que sea oída la diputada que está hablando.


La señora CASTRO FONSECA: Hablamos, pues, señorías, de procesos irreversibles en los que las personas hemos de tener la libertad de decidir consciente y voluntariamente si queremos seguir afrontando el sufrimiento, entendiendo como tal no sólo el dolor físico, que también, sino la pérdida de la autonomía personal, de la autoestima y, en definitiva, de la propia dignidad, o si, por el contrario, en el ejercicio legítimo de nuestra propia libertad decidimos ser sujetos de nuestra propia vida hasta el final; final, señorías, que comprende también ese trocito de vida que indebidamente llamamos muerte, porque la muerte es sólo un segundo del proceso vital.
Estamos hablando de un largo proceso. Señorías, una mala muerte es un mal resumen vital. Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos parece que este mal resumen vital es impropio de las posibilidades que la ciencia nos brinda gozosamente a los seres humanos en el siglo XXI.
La eutanasia significa la terminación de vida por un médico como respuesta al deseo expreso de un paciente. La demanda de asistimiento al médico por el paciente debe ser voluntaria, explícita, repetida y cuidadosamente considerada en situación de sufrimiento y sin ninguna perspectiva de mejora. Para garantizar la autonomía de la demanda el paciente ha de estar además debidamente informado y ser competente.
En caso de ausencia de competencia, serán los familiares en primer grado o los tutores legales en su defecto, quienes hagan esta demanda de asistimiento al médico correspondiente. Serán, pues, los familiares, como digo, los que pedirán los actos necesarios y directos para que sea posible cumplir con la voluntad del paciente, teniendo siempre carácter revocable la voluntad de consentir por parte de la persona o personas que hubieran adoptado dicha decisión.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida somos plenamente conscientes de la seriedad del tema que nos ocupa -que estamos planteando en esta tribuna- y de las múltiples reservas que puede originar. Dada la condición humana es preciso regular con absoluta pulcritud las garantías éticas y jurídicas que impidan actuar en ningún caso contra la voluntad de ningún paciente, de ningún ser humano. Por eso, más allá de que mi optimismo vital no me impide ver la realidad(sé que esta proposición de ley no va a superar la

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tramitación parlamentaria), quiero dejar bien claro que no hay excusas para que esta proposición no supere la tramitación parlamentaria. Este Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que trae a esta Cámara este debate está abierto a la posibilidad de consensuar todas las reservas, la pluralidad de reservas de esta Cámara, que se han de corresponder con la pluralidad de reservas que hay en la sociedad, para garantizar a cualquier paciente que en ningún caso se va a actuar contra su voluntad. Para eso existe la posibilidad de votar a favor de la toma en consideración, sin hurtarle el debate político a la Cámara y, luego, presentar enmiendas para amarrar todas las cuestiones que nos puedan preocupar, particularmente al grupo mayoritario, que con 183 votos puede aprobar todas las enmiendas del mundo.
Señorías, esta proposición de ley, en caso de ser aprobada, no obliga a nadie a morir por eutanasia; las leyes no obligan. En este caso, lo único que haría sería proteger el derecho de aquellas y de aquellos españoles que legítimamente, en el ejercicio de su plena libertad, quisieran acogerse a los beneficios de la ley. Digo esto porque con debates anteriores que tienen que ver con cuestiones de libertades parece que se transmite una cierta confusión. El hecho de que haya un proyecto de ley de eutanasia no significa que nadie esté obligado a morir mediante ese método. Este, señorías, es un debate de libertades. La libertad, una vez más, es reivindicada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como inherente a la propia dignidad de la vida humana. Pido, por tanto, desde esta tribuna y en nombre de la libertad (palabra muy gastada, como tantas otras, por repetida cuando viene bien y que, por suerte, conceptualmente puede concretarse), que se concrete hoy aquí la despenalización de la eutanasia con el voto a favor de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Izquierda Unida por parte de todos los grupos parlamentarios. Apelo a la conciencia de SS.SS. y pido el voto en conciencia, porque estamos hablando de un problema cuya solución supera los propios considerandos partidistas, porque estamos hablando, nada más y nada menos, señorías, de un derecho humano, que es el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente, que es parte de nuestra vida.
Señoras y señores del Grupo Popular, señores del Gobierno, no pierdan ustedes una vez más la oportunidad histórica de acercar este Parlamento, que va diez años por detrás de la sociedad, a los problemas reales que tienen los ciudadanos; no frustren una vez más, ahora con su mayoría absoluta, la esperanza de todas y de todos los españoles que apostamos por la vida -con mayúscula-, que formamos parte de esta nueva cultura de la vida en la que parámetros como libertad y dignidad no pueden ser excluidos y apostamos por esta nueva cultura, porque queremos morir igual que vivimos: afrontando tanto la vida como la muerte con serenidad y confianza, porque nos ampara el supremo derecho de la libertad a decidir.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds, voy a defender la proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida. El señor Pérez Rubalcaba en el anterior punto del orden del día decía que era una paradoja salir hoy a defender derechos de los ciudadanos después del asesinato que, otra vez, los terroristas de ETA han producido hace pocas horas. Es mucho más paradójico salir a defender esta proposición de ley ante el asesinato de ETA. Quiero decir simplemente que ETA no va a ganar, que la violencia no va a ganar, que hoy la continuidad y la normalidad democrática se va a imponer definitivamente. Y quiero expresar también nuestra solidaridad y dolor a los componentes del Grupo Parlamentario Socialista.
Dicho esto, quiero afirmar que a la iniciativa que presentamos popularmente se la conoce como despenalización de la eutanasia, que ha sido debatida en diversas ocasiones ya en esta Cámara y que en la legislatura pasada, con ocasión del caso de Ramón Sampedro, se produjo un debate interesante en el Congreso, a pesar de que la iniciativa fue rechazada, y en el Senado se creó una Comisión especial que trabajó durante un año y medio, que llamó a más de 40 personas a comparecer, a pesar de que finalmente no realizó ningún informe definitivo. Esta legislatura se inicia como la anterior, sin ningún avance significativo en esta cuestión. Nosotros, como Iniciativa per Catalunya Verds, volvemos a traer hoy esta iniciativa a esta Cámara porque estamos absolutamente convencidos de que este es un tema muy sensible, que puede afectar y afecta a la conciencia de las personas, aunque también lo estamos de que es necesario iniciar un proceso de legalización de la eutanasia activa. Estamos convencidos de que es necesario iniciar este proceso, siendo conscientes de que se trata de tomar todas las garantías que sean precisas para asegurar que no se produzcan riesgos. Si no se inicia un proceso de legalización de la eutanasia activa, estaremos dilatando el sufrimiento humano y aceptando de forma hipócrita que determinadas prácticas que ya hoy se producen en el sistema sanitario se efectúen en la clandestinidad.
Creo que hoy no va a prosperar ni la iniciativa de Izquierda Unida ni la nuestra, puesto que el Partido Popular ya ha anunciado -ayer tuvimos un debate en un medio radiofónico con el señor Ollero- que va a votar en contra. Tengo la sensación de que los apoyos que van a recibir estas dos iniciativas van a ser importantes en esta Cámara y no hacen sino reflejar un estado mayoritario en la opinión pública.


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Salgo a defender esta iniciativa sabiendo que la vamos a perder, con la convicción de que tarde o temprano una iniciativa como ésta o parecida se va a aprobar en esta Cámara; que el futuro marca una dirección, que es la necesidad de legislar en este campo. Quiero aclarar, en primer lugar, qué es lo que votamos hoy. Hoy lo único que votamos -insisto, porque es muy importante- es iniciar un procedimiento legislativo que les permita actuar a las personas que libremente quieran prescindir de su vida ante enfermedades graves, ante enfermedades que irreversiblemente les van a conducir a la muerte, ante enfermedades que no permiten que las personas se valgan por sí mismas, ante enfermedades que someten a las personas a una situación de vida vegetativa. Por tanto, de lo que se trata hoy es simplemente de iniciar un proceso legislativo, que a mi entender ha de ser de consenso, que tenga este horizonte. ¿Sobre qué bases o elementos creemos que se fundamenta nuestra iniciativa? Quiero destacar dos. En primer lugar, sobre el derecho de una vida digna y, en segundo lugar, sobre el derecho a la libertad. Hay personas que dicen que el derecho a la eutanasia es un derecho a una muerte digna.
Posiblemente es un derecho a una muerte digna, pero yo creo que es más que un derecho a una vida digna, un derecho a tener una vida consciente, una vida no vegetal, una vida autónoma, una vida en la que las personas se puedan valer por sí mismas, una vida sin grandes sufrimientos irreversibles; en definitiva, una vida digna. Este es uno de los elementos fundamentales de esta iniciativa. Sé que alguien puede preguntar: ¿Y quién decide lo que es una vida digna, como ayer dijo el señor Ollero en un debate? Para lo que para unos puede ser una vida digna, para otros puede no serlo.
Nuestra iniciativa se basa, como segundo elemento, en la libertad de cada persona para decidir qué es para el una vida digna. La dignidad es un valor espiritual, moral, ético e inherente a cada persona. Por lo tanto, lo que para mí es una vida digna posiblemente no lo sea para todo el mundo. Queremos iniciar un proceso legislativo en el que cada persona tenga la libertad de decidir qué es una vida digna.
Nuestra iniciativa no impone la eutanasia, sino que es una iniciativa de regulación que le permita a una persona, ante situaciones irreversibles, decidir si quiere seguir viviendo a pesar de estar en una situación irreversible, de vida vegetativa o, por el contrario, no vivir más. Hay personas -yo soy una de ellas- que pensamos que la vida no es un valor absoluto, que la vida no es un deber, que la vida es un derecho y que no se puede pedir a nadie, en virtud de no se sabe qué, que siga sufriendo o viviendo no dignamente. Detrás de nuestra iniciativa hay un canto a la libertad de las personas para que, ante situaciones límite, puedan decidir si consideran que hay que vivir dignamente o que esa vida es vegetativa, no consciente, no autónoma, ante la cual es mejor dejar de vivir. Señoras y señores diputados, es una iniciativa por el derecho a la vida y basado en un concepto que, en última instancia, coloca la dignidad de las personas en un valor espiritual, interno y ético de las personas.
Sé que hay muchas razones para decir que no; muchas. Pero me interesa destacar que se pueden agrupar en tres bloques: razones en relación con los riesgos de esta iniciativa -vayan con cuidado porque si se legisla esto hay riesgos-; razones que hacen referencia a los efectos prácticos negativos de una legislación como ésta y razones con relación a los contenidos propios de las iniciativas. No quiero ocultar que hay riesgos, fundamentalmente de dos tipos: existe la posibilidad de que familiares o médicos influyan sobre los enfermos para que tomen decisiones no libres -ése es un riesgo cuando se legisla sobre la eutanasia- y existe incluso la posibilidad de que en determinados espacios de los sistemas sanitarios, ante enfermedades irreversibles, los propios sistemas sanitarios puedan inducir a que el enfermo, sin libertad, tome la decisión de practicarse la eutanasia activa. Son dos riesgos que cualquier iniciativa legislativa ha de contemplar. Quiero decir que hay suficientes estudios e informes en las experiencias de Holanda -con todo lo problemático que es este país, que conozco-, de Australia o de Estados Unidos para disminuir los riesgos. En la vida hay riesgos en todo, el ejercicio de la libertad comporta riesgos, ir en coche comporta riesgos. ¿De qué se trata? De disminuir los riesgos; de limitar la velocidad, de ponerse los cinturones de seguridad, de limitar los riesgos, y creo que es fundamental que la ley que pueda salir de una iniciativa como ésta contemple todas las garantías que minimicen los riesgos.
En cuanto a los efectos prácticos que están ligados a los riesgos, quiero, en primer lugar, decir cuáles son los efectos prácticos actuales, qué ocurre con el no reconocimiento legislativo del derecho a la eutanasia activa. Ocurren dos cosas: una, que en muchos casos se está alargando - a mi entender de forma injusta- el sufrimiento de personas. Yo -y estoy seguro de que prácticamente todos ustedes- he presenciado situaciones de personas que quería mucho que he decidido que se murieran, de las personas que más he querido en mi vida y he decidido que se murieran, porque se iban a morir y porque sufrían mucho. Ésos no son efectos prácticos hipotéticos, hoy está pasando en este país. Además, hay otros efectos prácticos que hoy se están produciendo en nuestro sistema sanitario; hay gente que habla del 2 por ciento; otros, del 4 por ciento. Yo no sé qué tanto por ciento es, pero hoy se están produciendo prácticas de eutanasia activa de forma oscura, en el sentido de clandestina, en el propio sistema sanitario. Se trata de dar respuesta positiva a lo que hoy ya son efectos prácticos.
El tercer bloque de razones, aparte de los riesgos y los efectos prácticos, es que los contenidos de las dos iniciativas tienen insuficiencias o dicen cosas que no

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compartimos. El señor Ollero, hace ya tres años, en relación con el derecho de objeción de conciencia de los médicos o de otros sectores, intentó justificar su negativa sobre la base de las insuficiencias o las no coincidencias en las iniciativas que planteábamos. Esto hoy no puede ser en ningún caso motivo de rechazo de la iniciativa. ¿Por qué razón? Porque en el caso de que votáramos favorablemente, iniciaríamos un proceso en el que el Partido Popular, por la mayoría que tiene, podría modificar con enmiendas todo aquello que es insuficiente. Hoy no se puede decir que no, basándose en insuficiencias o en no pensar lo mismo, a una iniciativa si se estuviera de acuerdo en el horizonte, y el horizonte es posibilitar una legislación para que la gente pueda morir dignamente en los términos que he mencionado anteriormente.
Por lo anteriormente dicho, señoras y señores diputados, creo que estas iniciativas responden hoy a la mayoría de la opinión que se refleja en las encuestas que han aparecido, es decir, hay una mayoría de la población española, según el CIS y según las encuestas, que estaría de acuerdo en que hubiera una legislación que impidiera los efectos negativos ante enfermedades como las que he indicado. Hoy se trata de iniciar este proceso, en el bien entendido de que nos hemos de poner de acuerdo en todas las garantías, sin dejar ninguna de lado, que posibiliten que no existan riesgos y al mismo tiempo con todas las mejoras que el Partido Popular puede introducir. A veces salimos a debatir iniciativas que se sabe que se van a rechazar y que el paso del tiempo va a colocar en la marginalidad, pero hoy estoy convencido de que éste no es el caso. Creo que el apoyo que hoy van a recibir estas iniciativas en esta Cámara va a ser significativo, como nunca lo había sido desde la recuperación de la democracia, e insisto en que estoy convencido de que tarde o temprano esta Cámara va a iniciar un proceso legislativo que haga posible que todas las personas por sí mismas, y no por valores, religiones o códigos morales externos a ellas, puedan decidir qué entienden por vida digna ante enfermedades irreversibles y que pueden producir un gran sufrimiento.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Turno en contra. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.- El señor Labordeta Subías pide la palabra.) Señor Labordeta, el tiempo del Grupo Mixto ha sido prácticamente consumido por el señor Saura, pero en cualquier caso tiene tres minutos.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros entendemos que las iniciativas que se debaten hoy aquí son más que convincentes y convenientes porque, no por tratarse de un asunto espinoso, debe dejar de ser tratado por los Parlamentos. Y debe ser afrontado de forma valiente, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la sociedad va bastante más por delante de lo que a veces nos parece y siempre, en todo caso, por delante de las actuaciones políticas que hay que llevar a cabo.
En una cuestión como ésta creemos que hay que volver a hablar de dignidad, porque es un valor socialmente reconocido. Sólo la persona misma puede determinar si su existencia tiene o deja de tener dignidad, y el verdadero respeto a la dignidad humana implica, en consecuencia, el respeto a la voluntad humana, incluida la voluntad de alcanzar la muerte cuando ya nada se puede hacer por devolver a la vida la calidad a la que todo ser humano tiene derecho. Para ello, conscientes de las diversas caras del problema, desde Chunta Aragonesista ya hemos presentado a la Mesa del Congreso una proposición no de ley, que será debatida en su momento, sobre la necesidad de que exista a disposición de la ciudadanía, a través de la administración sanitaria, un documento de voluntades anticipadas, conocido como testamento vital, en el que una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de manera libre expresa las instrucciones que deben ser tenidas en cuenta en la hipótesis de que se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. Hoy se debate la reforma del Código Penal en su artículo 143.4, que, por supuesto, apoyamos.
Se hace referencia a la eutanasia activa, entendida ésta, tal y como dice el comité científico de la Sociedad Internacional de Bioética, como una intervención activa y directa para provocar a un enfermo con grandes padecimientos y en fase terminal la muerte que pide libre, reiterada y razonadamente.
El debate sobre la eutanasia activa y voluntaria no debe abordarse desde ortodoxias de credos religiosos o desde planteamientos morales, sino que tiene que plantearse desde una perspectiva filosófica. Si tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a una muerte digna.
No sé si es, como refleja el término griego eutanasia, buena muerte.
No sé si es una buena muerte o no lo es, en todo caso es una muerte digna como final de esa existencia.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Vasco -y creo que para los ciudadanos en general- el debate de la despenalización de la eutanasia o el derecho de disposiciónsobre la propia vida se inserta en el amplio capítulo

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de la dignidad de la persona humana, enlazando la idea del derecho a una vida digna con igual derecho a la dignidad en la muerte. Esto, evidentemente, para el caso de aquellos que pueden llegar a disponer de ella sin que se les arrebate previamente, como ha sido hoy el caso del ciudadano vasco Froilán Elespe o, en días pasados, del miembro de los Mossos d´Esquadra Santos Santamaría. Se mezclan en este asunto principios tales como la intangibilidad de la vida, entendida ésta como absoluta; la calidad de esa vida humana; la idea de libertad y, desde luego, principios morales. Es un asunto lleno de presuposiciones ideológicas y tensiones emocionales que, sin embargo, debe ser sometido a la crítica que supere los contrastes originales. Estaríamos, señorías, en el cogollo de lo que el profesor Hernández Gil, presidente que fue de las Cortes, insistía tanto en manifestar: que el hombre, la persona, debía ser el centro y el eje del ordenamiento jurídico.
Ya tuvimos este mismo debate en la pasada legislatura a propósito de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En aquel entonces, la proximidad de la muerte de Ramón Sampedro nos llevaba a pensar que estaba demasiado cercano el suceso, que ciertamente había conmocionado a la sociedad, respecto del cual no dudábamos de su deseo de poner fin a su existencia, con el añadido de si había existido o no una mano amiga que le ayudase a morir.
Decíamos entonces que nuestro grupo no tenía bastantes elementos de juicio para sostener una postura distinta a la que defendíamos cuando la tramitación del Código Penal. Nos parecía adecuado, y por eso nos absteníamos de la toma en consideración, que en el Senado se fuese a constituir un grupo de estudio -y el portavoz de los senadores vascos lo hubiese aceptado- que permitiese avanzar una comisión de estudio para dilucidar esta problemática desde los distintos aspectos que presenta. Quizás sea el Senado -puesto que todavía está por ver que sea la sede del debate territorial- el lugar más adecuado para que puedan tener coexistencia el pensamiento teórico y el científico en la construcción legislativa. Como se ha manifestado, esta Comisión trabajó mucho, abundantemente; pero de momento no hay ningún resultado de sus trabajos más que su mera acumulación. Sería bueno que continuase, que concluyesen estos trabajos y que hubiese, por lo tanto, unos materiales que pudiesen servir para poner en marcha la maquinaria legislativa.
De las iniciativas que hoy se presentan, la de Izquierda Unida es idéntica a la de la legislatura pasada, con dos matices que no son irrelevantes: un artículo 2 que hace referencia a la voluntad expresa de consentir y una nueva disposición adicional que hace referencia a la necesidad de existencia de comisiones de ética en los hospitales, con presencia de médicos e incluso de juristas. Respecto de la del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por Joan Saura, contiene una pequeña duda en su parte penal puesto que dice que quedará exento de pena, lo cual nos lleva a pensar si la conducta se considera o no delictiva, si estamos hablando de una conducta ilícita pero no reprochable, de una abstención de punibilidad parecida al encubrimiento que antes existía entre parientes, o si en realidad se está despenalizando. Si leemos la exposición de motivos, la pretensión es despenalizar. Pero lo que nos parece más interesante de esta iniciativa es la referencia que en ella se hace a los números 6 y 9 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad en su idea de elección previa de tratamiento por el enfermo, es decir, negarse a consentir un tratamiento, lo que no determinará necesariamente como ahora su alta médica; o la regulación completa del consentimiento previo. ¿Cuál es la situación en este momento? Si examinamos el Código Penal, vemos que el artículo 143 sólo castiga la participación en el suicidio, existiendo importantes modificaciones en el año 1995 con respecto al código anterior. Ha desaparecido el delito de auxilio al suicidio, apareciendo, por el contrario -la cuestión de las palabras no es lo fundamental, sino los contenidos-, una participación activa en el suicidio de otros. Desde el punto de vista del intérprete, debemos entender que la participación pasiva en el suicidio de otro no resulta hoy punible. Incluso en el apartado número 4 del artículo 143 hay también una novedad que, traducida al tema que nos ocupa, significa que la eutanasia directa puede ser castigada por el juez ateniéndose a la ley, pero con una pena que el sujeto cumple exclusivamente en libertad y aplicándosele normalmente la condena condicional. El código español no llega a la exención de responsabilidad, pero se atiene al principio de humanidad; no llega a la exclusión de responsabilidad, pero se abre a los que intervienen con un horizonte penal sumamente mitigado. La situación de la legislación penal española no es, por supuesto, comparable a la de Oregón, a la holandesa o a la de países que recientemente se han incorporado, como Colombia o Uruguay, pero es de vanguardia, es una situación avanzada y no retrógrada a la que pudiéramos acusar de no estar a la altura de los tiempos. Cierto que esta situación puede mejorarse, pero, desde nuestra perspectiva, puede mejorarse en lo sanitario. Desde el punto de vista penal, hace ya tiempo que grupos como, por ejemplo, el de estudios de política criminal han propugnado avances en el tenor del Código Penal. Desde nuestra perspectiva, lo importante es el mayor respeto a la voluntad del otro, que debe quedar traducida en las normas sanitarias. Desde luego, debe modificarse el tenor del artículo 10 de la Ley General de Sanidad y debe abundarse en la idea del llamado testamento vital para que la voluntad constante manifestada por el sujeto sea eficaz en sus momentos postreros. Deben respetarse de manera distinta a como se hace en la actualidad los derechos del enfermo, libertad que en nuestro ordenamiento tiene ahora excepciones, como es el interés público, la negativa a la vacunación obligatoria, por ejemplo, la incapacidad del sujeto o la urgencia.


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Con respecto a la idea del binomio libertad o derecho a la vida, en nuestro sistema el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en determinadas ocasiones -véase el caso de los testigos de Jehová o la huelga de hambre de los miembros del Grapo- entendiendo que hay un interés público en el mantenimiento de la vida frente al deseo personal a ultranza. Creemos que por ahí deben ir las cosas y que debe ser analizado en sus justos términos, pero fundamentalmente en el campo del derecho sanitario, lo que es más importante para el ordenamiento jurídico: si esta idea del derecho a la vida o del derecho a la libertad. En cuanto a la segmentación entre derecho penal y derecho administrativo, tal y como hoy existe en la realidad en que no llegan a casar del todo, creemos que debe ser ulteriormente coordinada para ofrecer imágenes globales de un sistema jurídico más unitario. La reforma en el ámbito penal nos parece de momento precipitada y creemos que debe ir precedida de reformas en lo sanitario. Lo que sí nos parece fundamental y urgente regular es un mayor respeto a la libertad de la voluntad, que debe traducirse en dos cosas: reconocimiento del testamento vital y reconocimiento de la oposición al tratamiento por parte del paciente. Así se ha entendido en determinados ámbitos en ciertas comunidades autónomas dentro del Estado. La propia Comunidad Autónoma vasca elaboró en el año 1998, a iniciativa de su Parlamento, un informe sobre la implantación del testamento vital en dicha comunidad. El informe es ciertamente exhaustivo e interesante, pero se sostenía que lo que se regulase tenía que respetar de manera escrupulosa lo que son determinaciones que en materia sanitaria corresponden al Estado y el contenido del artículo 149.1.16 de la Constitución, que desarrolla el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, que creemos debe ser reformada. Sin embargo, en el Parlament de Cataluña, con un criterio distinto y sin urgir la reforma de la ley estatal, se ha procedido en fechas muy recientes a la aprobación de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y la documentación clínica. Creemos que es por esta vía por la que debe avanzarse.
No podemos decir que no a las iniciativas, pero tampoco podemos aceptarlas sin más como objeto de lo que vaya a ser el tronco de la futura reforma. Creemos que deben estudiarse otros aspectos y que sería bueno que se resucitase la Comisión de estudio del Senado o que volviera a constituirse para poder llevar a buen fin los trabajos. En el momento presente, al Grupo Vasco, siendo consciente de la importancia del asunto que se regula, incluso de la necesidad de regularlo, le parece que todavía se requiere un mayor sosiego, un mayor estudio y un mayor poso científico y técnico. Por lo tanto, al día de hoy y de momento nuestra postura será la abstención.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán entiende que el debate que deben abordar las Cámaras no puede ser objeto de un planteamiento reduccionista de eutanasia activa sí o eutanasia activa no, sino que lo que constituye una prioridad social, el objeto de preocupación de nuestra sociedad, es lo que algunos autores vienen en llamar la ética del fin de la vida; esto es, cómo garantizar la calidad de vida a los ciudadanos hasta el último momento. SS.SS. son muy conscientes de que para bien nacer las administraciones públicas o la Administración sanitaria destinan una cantidad de recursos importante, mientras que la cantidad que destinan esas mismas administraciones públicas, las administraciones sanitarias (y tengo que decirlo que con enormes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, y por lo que hace referencia a la situación positiva de Cataluña me siento muy orgulloso), para ese bien morir, para esos tratamientos paliativos, para mantener esa calidad de vida de los ciudadanos y de los enfermos, es bastante menor.
Como decía antes, el planteamiento no es eutanasia activa sí, eutanasia activa no, sino que lo que hay que abordar es ese aspecto final de la vida en su conjunto. Vaya por anticipado que en estos momentos parece que nadie discute la licitud de la eutanasia pasiva, que nadie discute el respeto a la autonomía del paciente a negarse a ser sometido o a padecer determinados tratamientos, de la misma manera que parece que nadie en estos momentos discute lo que se conoce con el doble efecto, esto es, la utilización de sedantes o de calmantes o la práctica de determinados tratamientos que, teniendo por finalidad fundamental aliviar el dolor, ocasionan en algunos casos un acortamiento de la vida.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán votará en contra de la toma en consideración de estas proposiciones de ley porque las objeciones no son pura y exclusivamente coyunturales. No debiéramos discutir unas proposiciones de ley sin contemplar también cuál es la experiencia heredada de los supuestos legislativos de otros países.
Podemos decir -sería nuestro argumento fundamental- que en un país -y así se declaró ante la Comisión sobre la eutanasia constituida en el Senado- en el que los cuidados paliativos pura y exclusivamente tienen una cobertura de un 20 por ciento de la población, en esos momentos y ante esas circunstancias proceder a una despenalización de la eutanasia activa supone prácticamente la configuración de ésta como un tratamiento médico, pero ni siquiera excepcional, que obliga a configurar esa eutanasia activa como un tratamiento médico absolutamente usual.


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Señorías, apliquémonos -ese es nuestro motivo fundamental- a mejorar la calidad de vida de los enfermos, a obtener una cobertura como la que en estos momentos puede existir en Cataluña en materia de cuidados paliativos de un 60 por ciento y cuando realmente exista esa alternativa y cuando la eutanasia activa aparezca como el último remedio para el que no ha tenido otros remedios, a los que tiene derecho en base a la Constitución, esperemos que se produzca esa circunstancia. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que ocurre, señorías? Todos hemos abordado este debate -tengo que felicitar por ello a los proponentes- con una prudencia y una humildad importantes. ¿Cuál es el ejemplo holandés, al que anteriormente ha aludido muy de pasada el señor Saura, y pretende eludir? Una despenalización de la eutanasia con un desarrollo ínfimo, absolutamente ínfimo de los cuidados paliativos. ¿Cuál es el efecto? Basta acudir a un informe oficial de la Fiscalía holandesa, el conocido como informe Remmelink, que viene a poner de manifiesto el número altísimo de eutanasias activas, por ejemplo para el año 1990 de aproximadamente 5.000 en una población de 15 millones, que sería como entender que en España se produjesen anualmente unas 12.000 ó 13.000 eutanasias activas. Pero hay algo mucho más delicado todavía y es que ese informe reconoce que aproximadamente un 20 por ciento de estas 5.000 eutanasias activas se produjeron sin conocimiento y sin consentimiento del paciente.
Señorías, si bien la autonomía y la libertad son valores absolutamente fundamentales, tenemos también la obligación de establecer un sistema o de implementar una norma en el momento en el que seamos capaces de garantizar la libertad y la autonomía de ese 20 por ciento, por ejemplo, de enfermos holandeses que no tuvieron ocasión de pronunciarse sobre si de verdad querían o no ver acortada su vida, si de verdad entendían que la vida que estaban viviendo era o no una vida digna. Y quiero señalar, señorías, que el segundo informe Remmelink, de 1995, mantenía aproximadamente ese 15 por ciento de eutanasias no consentidas, en virtud de la aplicación de la ley holandesa.
También tengo que decir que es un debate, no lo niego, que puede estar situado en algunos casos en el centro de la sociedad, aunque ahora muchísimo menos que hace dos años, eso lo tendrán que reconocer los proponentes. Sin embargo, no deja de resultar no digo curioso pero sí motivo de reflexión que cuando el CIS, hace aproximadamente cinco años, efectuó una encuesta sobre qué era lo que opinaban los ciudadanos españoles sobre la autorización de la eutanasia -y tengo mis dudas respecto a si en aquellos momentos se expresaba suficientemente bien la distinción entre la eutanasia activa, la pasiva o el doble efecto-, un 62 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de la autorización. Pero lo que nos debe llevar a reflexión, señorías, es que así como entre los 18 y los 34 años se manifestaba a favor de la autorización un 70 por ciento, los mayores de 65 años sólo lo hacían en un 35 por ciento, y constituían una minoría. Por tanto, efectivamente, esto puede considerarse un debate social, pero también hay muchos ciudadanos -y vamos camino de una población adulta en España y en una relativamente buena calidad de vida- a los que esa despenalización o esa legalización les produciría posiblemente no una enorme satisfacción sino, por el contrario, un grave motivo de preocupación.
En cualquier caso, señorías, si examinamos qué es lo que se ha producido en el mundo en esta materia en los últimos dos años, veríamos cómo las grandes corrientes, las líneas directrices, abonan el planteamiento que he hecho a SS.SS. de que debemos abordar estos procesos desde la perspectiva de la calidad de vida, desde la perspectiva de la atención a los enfermos y a la gente mayor, y sólo muy en segundo lugar desde la perspectiva de la eutanasia activa.
Sólo tengo que recordarles, señorías, la recomendación aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de junio de 1999, anteayer, por decirlo de alguna manera -en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como saben SS.SS., se encuentran representados 41 Estados, y no precisamente aquellos en los que impera un principio confesional-, que va dirigida a los Estados miembros para que respeten y protejan la dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los aspectos. Esta recomendación tiene tres puntos fundamentales, luego desarrollados: en primer lugar, afirmar y proteger el derecho de los enfermos terminales o moribundos a los cuidados paliativos integrales; en segundo lugar, proteger el derecho de las personas en fase terminal o moribundas a la autodeterminación, y finalmente, señorías, y es lo que nos podría incumbir más que las otras cosas, o al menos tanto, tal y como han planteado los proponentes en sus proposiciones de ley, respaldar la prohibición de poner fin a la vida, intencionadamente, de los enfermos terminales o las personas moribundas.
Debo decirles que las conclusiones de los comités de ética de Francia o de Dinamarca, por ejemplo, no discrepan de estos planteamientos.
Por tanto, en estos momentos lo que está imperando, a través, repito, del Consejo de Europa pero en otros ámbito, es esta preocupación fundamental, el aspecto prioritario de aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida, curar y, en última instancia, en aquellos casos en que no se pueda ya curar, proceder a consolar. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. En este momento se está tramitando en el Congreso de los Estados Unidos, la Pain Relive Remission Act, que tiene también por objeto el intentar atender o proteger estos cuidados o estas curas paliativas. Además, en los últimos cuatro referendos que se han producido en Estados Unidos, en Maine, Michigan, California y Washington, la respuesta de la población ha sido contraria a esa autorización. También tengo quedecir -y lo dije el otro día desde la tribuna- que precisamente

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la falta o el déficit del sistema sanitario que impera en esos países hacen al pobre, al débil, al enfermo y al mayor mucho más vulnerables y les hacen sentirse mucho más desprotegidos ante una ley de esas características. No quiero decir que aquí ese resultado se produjese en las mismas circunstancias.
Señorías, el planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán no se limita a decirles que en estos momentos, no; tengamos cuidado con esa pendiente deslizante que existe -creo que el informe Remmelink lo pone absolutamente de manifiesto-, tengamos cuidado con el cambio del rol del médico ante el paciente, tengamos cuidado porque la eutanasia activa no debe configurarse como un tratamiento médico porque sinceramente es otra cosa. No nos limitamos a decir que no. Mañana, precisamente, se debate en el Senado una proposición de ley, suscrita por el Grupo Parlamentario Catalán pero también por el resto de grupos que están en esta Cámara y que tienen representación en el Senado, sobre los derechos de información concernientes a la salud y autonomía del paciente y a la documentación clínica. Desde luego, estamos avanzando en el consentimiento informado y en la protección de los derechos de los pacientes. Si algo se puso de manifiesto en las comparecencias que se produjeron en el Senado es que tenemos que ser no digo más valientes sino más justos e inteligentes en la dispensación médica o farmacéutica del cannabis y sus derivados porque estamos en un país en el que la morfina tiene muy mala prensa.
Por motivos de seguridad pública, que también entendemos, los médicos se resisten muchas veces a recetar morfina, cannabis y otros productos derivados. De ahí que yo quiera recordar aquí una proposición no de ley, aprobada muy recientemente, el día 21 de febrero, en el Parlament de Catalunya, instando al Gobierno de la Generalitat a hacer las gestiones necesarias ante las diferentes administraciones para que se autorice el uso terapéutico del cannabis. Tengo que decir, señorías, que eso es lo que hace muy pocos días, no hace un mes, se ha acordado también en el Senado italiano.


La señora PRESIDENTA: Señor Silva, le ruego concluya, por favor.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Ya concluyo, señora presidenta.
Por tanto, señorías -y con esto sí que acabo-, entiendo que el debate no debe ser eutanasia activa sí o eutanasia activa no, debe ser cómo mejorar la atención, cómo podemos promocionar la autonomía, cómo debemos y podemos dar la información no sólo a los enfermos terminales, cómo podemos mejorar la ética clínica, cómo podemos atender y paliar mejor el dolor, mejorar el confort, cómo podemos respetar las voluntades anticipadas para no ser sometidos a tratamientos. Éste es realmente el debate prioritario que interesa a la sociedad.
Por lo demás, debiendo realizar nuestra función de composición de intereses sociales, permítanme que diga, como manifestaron algunos de los comparecientes en la Comisión, que no sé si estamos autorizados a legitimar algo que puede tener como consecuencia que mil o dos mil pacientes mueran porque así lo desean, pero que también suponga la pérdida de la vida de 500, 400, 200 personas, hasta llegar a una sola persona que no lo desea.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo considera que el debate que hoy nos ocupa es importante, adecuado, seguramente necesario, pero que va a tener el fin previsible de una mayoría absoluta que lo rechaza y va a limitarse a un debate de una hora o tres cuartos de hora, que es el tiempo durante el que cada uno de los portavoces podemos mostrar nuestra posición y hacerla pública.
En primer lugar, quiero agradecer a los titulares de la iniciativa la oportunidad que dan para recuperar un debate que se ha producido ya en alguna ocasión en esta Cámara. Nosotros, como grupo parlamentario, no vamos a rechazar esta iniciativa, no vamos a decir no a esta iniciativa y, a la vista del rechazo que va a tener por parte de algunos grupos, vamos a anunciar desde este momento que, a través de una iniciativa parlamentaria, promoveremos la posibilidad de la creación de una comisión que, de manera singular y en esta sede parlamentaria, pueda hacer un trabajo sereno, tranquilo, profundo, y debatir los problemas no sólo acerca de la despenalización de la eutanasia activa, sino también acerca de otras condiciones colaterales a las que me referiré.
Señorías, mi grupo no va a hurtar el debate ni lo va a eludir con un voto de rechazo a estas iniciativas. Es un debate parlamentario que tuvo lugar en esta Cámara hace ya tiempo y gracias al cual, gracias al impulso fundamentalmente socialista, hoy se acepta con normalidad -lo han dicho también otros portavoces de grupos que me han precedido en el uso de la palabra- la descripción penal del código de 1995. Por tanto, gracias a ese debate tranquilo y sereno, se han despejado dudas que existían acerca de la eutanasia pasiva, es decir, la no prolongación de la agonía de una persona en fase terminal. Gracias a ese debate, el Código Penal de 1995 despenalizó la ortotanasia, es decir, y se ha dicho aquí también, la posibilidad de suministrar medicamentos para evitar el dolor cuando su suministro signifique acelerar el fallecimiento del paciente. Se despenalizó también en 1995 una de las formas de auxilio al suicidio, es decir, la colaboración no necesaria. Y hoy queda reducido el asunto de la eutanasia, como bien saben SS.SS., a ese auxilio que lleva una cooperación

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necesaria, precisa para dar como resultado el fallecimiento de la persona sometida a un proceso degradante, pero con unas penas bastante inferiores a las anteriores a 1995.
Es de agradecer la iniciativa, señorías, porque no hace mucho el Parlamento catalán planteó el debate sobre el testamento vital que, aunque no es eutanasia, como todo el mundo sabe, no deja de ser una ampliación de recorrido, que todos buscamos con tranquilidad y con serenidad, para dar solución a un problema que la sociedad nos demanda, al menos su debate y su reflexión. No vamos a eludir el debate, ni queremos hacerlo, porque lo contrario significa promover en gran medida lo que existe en este momento, que es la clandestinidad y la arbitrariedad en alguna de las actitudes de determinadas personas, incluso de asistentes sanitarios. El debate, por tanto -y estamos por ese debate-, elimina elementos de confusión, y ningún sitio mejor que este Parlamento para residenciar la claridad y la transparencia.
Señorías, este grupo parlamentario fue quien propuso en el Senado y consiguió, con la aportación de la voluntad de todos los grupos parlamentarios, que en 1998 se creara una comisión especial para debatir este asunto; comisión, insisto, de la que nosotros, mediante iniciativa parlamentaria, pediremos su recuperación en este Congreso.
De esos estudios se han deducido aportaciones importantes, necesidades que tenemos que cubrir como parlamentarios y como legisladores, así como vacíos que debe cubrir la Administración general del Estado, y de manera muy singular el Gobierno. Es preciso que se consolide y se subraye el derecho a recibir cuidados paliativos; es necesaria la formación sobre cuidados paliativos, es decir, lo que se llama medicina paliativa en las facultades de medicina, que no existe en este momento; es preciso la creación de unidades de cuidados paliativos, con el acuerdo de la Administración general del Estado, del Gobierno y de las comunidades autónomas; son precisos equipos paliativos de asistencia domiciliaria, que no existen todavía y precisan de una voluntad política por parte del Gobierno de la nación; es necesario ampliar la cobertura de las medidas paliativas no sólo a los enfermos oncológicos sino a otros que también tienen en el sufrimiento su angustia y su ansiedad; es necesaria una mejor asistencia geriátrica; es precisa una formación de profesionales en unidades de dolor -se decía en el debate consecuencia de la iniciativa de todos los grupos a instancia de los socialistas en el Senado-, y es necesaria -y aprovecho para solicitar el apoyo de todos los grupos- una regulación legal en esta materia que permita el permiso laboral o la excedencia laboral para aquellas personas que se deciden al cuidado de familiares terminales. Esta legislación, como saben SS.SS., se da en Dinamarca, en Bélgica o en Francia. Son medidas destinadas también a favorecer la autonomía del paciente -de eso teníamos que hablar- para poder rechazar el tratamiento o para el reconocimiento legal del documento de voluntad anticipada, el testamento vital aprobado hace poco en el Parlamento catalán. Junto con esto, es verdad que hay que debatir sobre la eutanasia desde principios constitucionales, desde principios políticos y jurídicos, a nuestro entender, respetando todas y cada una de las concepciones que se tengan por los distintos grupos en este Parlamento.
Ya nos ha ayudado el Tribunal Constitucional en esta materia, enseñándonos el camino a recorrer y advirtiendo que la protección de la vida no tiene carácter absoluto. Dice el Tribunal Constitucional: como sucede con todos los demás bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y debe estar sujeta a limitaciones la protección de la vida. Estamos de acuerdo. Este es un buen elemento para el debate si se rechaza la iniciativa que debe tener su sede en esta Cámara y su lugar en una comisión especial. Sin embargo, queremos canalizar un poco este debate desde nuestra posición con respeto a todas las que aquí se definan desde esta tribuna, conscientes de que es un tema delicado, sensible, complejo, sin dogmas desde aquí y sin dogmas que recibir desde otros sitios. La vida, sin duda, es un soporte indispensable para el disfrute de los derechos, es una obviedad, pero es la dignidad humana el soporte constitucional de estos derechos fundamentales, y de dignidad y de libertad estamos hablando, señorías. El derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución debe interpretarse desde la luz de la libertad, artículo 1.1 de la Constitución, que nos advierte de que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y a la luz también de la dignidad. El artículo 10 nos advierte que la dignidad es el fundamento del orden político y de la paz social.
Nos parece muy adecuado, señorías, entrar en el camino del debate que abre la aportación de Tomás y Valiente, cuando en un voto particular al recurso de inconstitucionalidad de la Ley de despenalización del aborto decía -y cito porque merece la pena-: no encuentro fundamento jurídico-constitucional, único pertinente, para afirmar que la vida humana es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional o un valor fundamental o un valor central. Que el concepto de persona es el soporte y el prius lógico de todo derecho, me parece evidente -decía Tomás y Valiente-, pero esta afirmación no autoriza peligrosas jerarquizaciones axiológicas ajenas, por lo demás, al texto constitucional, donde en su artículo 1.1 se dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; esos y sólo esos -decía Tomás y Valiente-. En esto es en lo que creemos nosotros como buena medida, como buen prólogo para el debate que debemos tener en esta Cámara sin prejuicios de nadie.
Por tanto, y termino, sólo la vida compatible con la libertad es objeto de reconocimiento constitucional. Las garantías del artículo 15 de la Constitución, las

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garantías de la vida, no deben llevar, con respeto a todos, a mantener la vida en condiciones inhumanas o degradantes en contra de la voluntad del titular. La vida, cuando está sometida a degradación, cuando no se espera nada de la ciencia de manera racional, no puede imponerse a la persona contra su voluntad. La vida impuesta contra la voluntad del titular puede ser amparada por valores o decisiones religiosas muy aceptables y muy respetables, pero no constitucionales. Por lo tanto,a nuestro entender, no se puede configurar como un bien jurídico sometido a tutela penal. Pero de esto es de lo que hay que hablar con tranquilidad, sin complejos, sin prejuicios en esta sede parlamentaria que es la voz del pueblo, la voz que habla de dignidad, de libertad y también de vida.
Señorías, termino. Conscientes de la complejidad, creemos, con agradecimiento a los titulares de la iniciativa, que es preciso regular las garantías que eviten abusos, es preciso un debate abierto, insisto, reposado, que favorezca el estudio profundo y serio en estas cuestiones. Por eso, ante el previsible rechazo de las iniciativas, promoveremos una iniciativa en esta Cámara que permita un debate de estas características a través de una comisión especial que, lejos de disminuir los valores de este Parlamento, cuando habla de estas cosas difíciles lo engrandece.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barrero.
Por parte del Grupo Popular, señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos toca hablar hoy aquí del dolor y de la muerte en un día marcado por el dolor y por la muerte, y por eso quiero reiterar, en nombre de mi grupo, nuestra condolencia al Grupo Socialista, que ha sido hoy distinguido por la barbarie que lucha contra nuestras libertades.
Es la quinta vez en los últimos siete años que debatimos sobre la eutanasia en esta Cámara, ninguna de ellas a propuesta del Grupo Socialista; todas ellas con el voto en contra del Grupo Socialista.
Las iniciativas que hoy vamos a debatir son reproducción exacta de las planteadas por los mismos grupos en la legislatura anterior.
Respetamos la convicción que mueve en ambos casos, como ya se ha insinuado desde esta misma tribuna con trasfondos personales, muy dignos de respeto a ambas iniciativas, una de ellas llena de rigor, como ha sido la defensa que ha hecho el diputado Joan Saura, que conoce muy bien el respeto que por él siento porque, al margen de discrepancias ideológicas, cuando dos diputados coinciden a las once de la noche un día que no hay pleno saliendo de trabajar es muy fácil respetarse, piense uno lo que piense, y él sabe que eso ha ocurrido más de una vez.
Vamos a hablar de algo muy heterogéneo, muy abigarrado porque con la etiqueta de eutanasia con frecuencia se está hablando de problemas muy distintos, muy dispares, a los que no cabe la solución simplista de una reforma penal, de una despenalización. Eso explica, entre otras cosas, que haya determinados resultados en determinadas encuestas. Si a mí me pregunta si estoy a favor de que alguien sufra sin necesidad, diré que no con gran facilidad. El problema está en si ante una muerte dolorosa, que es algo que conmueve y lleva la compasión a cualquier persona normal, se puede voluntaristamente confiar en que un problema tan grave para el ser humano como ese lo puede resolver el derecho, esa es la cuestión. Yo, que modestamente me dedico a la filosofía del derecho, algo de eso he estudiado y no creo en los voluntarismos que entienden que cuando se han agotado todos los medios humanos para resolver un problema nos queda siempre el derecho para resolverlo. El derecho no sirve para eso y, con frecuencia, cuando se utiliza indebidamente, con poca madurez técnica, como en algún caso ocurre hoy, más bien es un peligro que una ayuda. Yo respeto mucho la esperanza y la dosis de utopía que hay detrás de estas proposiciones, pero el derecho es lo que es y utilizarlo imprudentemente es una irresponsabilidad.
En el título de la proposición del señor Saura se ha hablado de la disponibilidad sobre la propia vida, se ha hablado de la existencia de un derecho a morir. No es lo mismo, señor Saura. No es lo mismo una cosa que otra. Y sobre todo no se ha hablado, sorprendentemente, aunque sí de modo implícito, del posible derecho a exigir que otro nos mate. De eso no se ha hablado y de eso se trata, no de otra cosa, y lo plantean ustedes en su proposición cuando dicen que es inevitable afectar a terceros, y lo dicen continuamente cuando en la proposición de Izquierda Unida se habla de objeción de conciencia.
Sólo caben objeciones para los deberes. Por tanto, se les ha olvidado a ustedes hablar del deber de matar a alguien, a petición de ese alguien, que cae sobre los médicos después de esta despenalización, prueba de ello es que hay objeción de conciencia, si no, no la habría.
Quiero recordarle que sobre esto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya de una manera explícita. Disponibilidad sobre la propia vida quiere decir que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, libertad como autodeterminación. Eso lleva consigo problemas, que no son fáciles, como es el problema al que nadie ha aludido de si el derecho a la vida es renunciable. Hay autores, por ejemplo, mi colega, al que suelo citar en estos casos, Peces-Barba, que entienden que el derecho a la vida no es renunciable. Nuestro grupo no entra en ese debate doctrinal ni suscribe esa postura, pero que se sepa que existe; que se sepa con John Stuart Mill dice que el derecho a la libertad no incluye el derecho a venderse como esclavo y el propio John Stuart Mill entiende que el derecho a la vida tampoco es

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renunciable. Es discutible; ahí está; pero no seamos simplistas.
Estamos hablando de la mera disponibilidad. Admitamos la disponibilidad. El Tribunal Constitucional dice que esa disponibilidad sobre la propia vida no implica un derecho a la muerte. Lo dice a propósito de, nada menos, tres sentencias, 120 y 137 de 1990 y 11 de 1991, provocadas por huelgas de hambre de miembros de los Grapo que esgrimen su derecho a morir para negarse, cuando pierdan la conciencia, a ser alimentados. El Tribunal Constitucional les dice que la disponibilidad sobre la propia vida implica un ámbito de acción lícita, por tanto, un ámbito de uso de la libertad no antijurídica, pero nunca un derecho. No todo lo no prohibido es un derecho, señor Saura. Eso lo sabemos los juristas. No es así. Para tener un derecho, aparte de que algo no esté prohibido, hace falta un título legítimo que nos permita exigir a otro un deber, que es de lo que ninguno de ustedes ha hablado, y es la clave de esta proposición, si se toma en serio, y nuestro grupo a ustedes les toma en serio. No los utilizamos para propuestas oportunistas y para cambiar el voto diciendo que queremos que haya debate, que no decaiga. Esta Cámara está para debatir, y lo estamos haciendo hoy, y está para hacer leyes. Lo que mi grupo no va a hacer nunca es convertir en proyecto de ley una proposición de ley para que haya debate y, al final, votar en contra. Porque, si se va a votar a favor, que se diga claramente que se está a favor de despenalizar la eutanasia y que el famoso Código Penal de la democracia estaba mal hecho -y está hecho hace seis años-; que se diga. Cada cual está en su derecho de defender lo que quiera. Lo que no es bueno es montar oportunismos a costa de iniciativas bien intencionadas como las de ustedes.
No estamos, ni siquiera, en el ámbito del debate típico de la filosofía del derecho del paternalismo, del debate del cinturón de seguridad. En nuestro ordenamiento no hay cinturón de seguridad en este tema. El que quiere disponer de su propia vida, dispone. El suicidio frustrado no es un delito en nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, a nadie se le obliga a ponerse el cinturón de seguridad.
No se incurre, siquiera, en paternalismo. Lo que sí se hace es negar que la no prohibición suponga un derecho. No hay, por tanto, un derecho a morir ni, en consecuencia, un deber de matar a nadie, por mucho que lo pida. Ésa es la realidad de nuestro ordenamiento constitucional.
Se dice en la proposición del Grupo de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que es, sin duda, la más rigurosa, que no cabe una vida impuesta contra la voluntad de su titular. Mire, señor Saura, la vida la llevamos puesta, nos guste o no; casi siempre la llevamos y no a nuestra medida. Es así. Qué le vamos a hacer. Anadie se le impone, la lleva puesta. Podríamos citar a Heidegger a Sartre y a todos los existencialistas para que nos hablen de lo dura que es la vida, pero es así. El derecho no tiene respuesta ni para el señor Sartre ni para el señor Heidegger. Ellos lo sabían muy bien y lo decían muy claro.
Ustedes creen que tienen respuesta. Muy bien. Su capacidad utópica llega a ese extremo, pero las cosas son como son.
Lo que si habrá que hacer, y estamos de acuerdo en esto con la intervención del Grupo Socialista, es mejorar la medicina paliativa, las unidades del dolor; acabar, como decía el señor Silva, con el tabú de la morfina, con todo eso que en las comparecencias del Senado ha tenido muy poca publicidad y tiene un contenido enormemente interesante. Ojalá nos leyéramos todos esas comparecencias. Yo me las he leído y les puedo asegurar que he aprendido mucho. Y, desde luego, el porcentaje de los que pedían la despenalización de la eutanasia era mínimo, sencillamente mínimo, porque no en vano eran médicos casi todos los que comparecían.
Se dice en la proposición que la vida es un derecho y no un deber. El problema, como acabamos de ver, es si hay un deber de un tercero de quitar la vida a otro. Esa es la cuestión. Porque, si no, rozamos la paradoja. Se nos dice que un síntoma de cultura de la vida es la eutanasia. Yo jamás lo hubiera pensado. Se nos dice que, en aras de la autodeterminación, debemos permitir, como se ha señalado muy adecuadamente, que mil personas mueran sin su consentimiento.
¡Caramba con la autodeterminación! Eso es lo que se nos está diciendo. Porque el derecho funciona como funciona, no como queremos que funcione, y el problema es que en ambas proposiciones hay una visión que es una caricatura del derecho penal. Ustedes tienen la idea de que el derecho penal es sólo represivo y de que quitar derecho penal es dar libertad. El derecho penal, ante todo, mucho más que represivo, es normalizador, es promotor de conductas. Lo que hace es tejer modos de comportarse en la sociedad, en los diversos ámbitos de la sociedad, también en el sanitario, y despenalizar no se puede hacer como se dice aquí: despenalicemos y luego nos ocupamos de los riesgos. Si es que despenalizar es un riesgo. Ese es el problema.
Las relaciones médico-enfermo se perturban absolutamente, y los ancianos en Holanda, que saben lo de los mil, van en tropel a Alemania a los hospitales, porque no quieren bromas. Esa es la realidad. Y a un médico que hoy día está resolviendo, con arreglo a la buena práctica médica, situaciones muy comprometidas ustedes le montan ahora un galimatías en el que sabe que se va a pasar la vida en el juzgado en cuanto empecemos a importar la figura norteamericana del abogado picapleitos que fabrica pleitos sanitarios. Es un lío el que han montado ustedes, de triples consentimientos, que se va a pasar la criatura en el juzgado toda la vida, en vez de estar curando a la gente, que es para lo que él se ha preparado profesionalmente.
Porque el derecho es como es, no como ustedes quieren que sea.
Al final, al que maneja el derecho irresponsablemente le sale siempre el tiro por la culata y acabará diciendo que él no quería hacer eso.
Pero es que el derecho no hace lo que quiere el que lo hizo, sino que hay que conocer la realidad social y cómo se comporta con arreglo

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al derecho y no lanzarse de una manera irresponsable a determinadas posturas, muy bonitas, muy testimoniales, pero que, a la hora de la verdad, llevan a estas consecuencias.
Se ha hablado de que no es buena la clandestinidad. Mucho peor es judicializar la asistencia sanitaria y convertir al médico en un asiduo de los juzgados, teniendo que dar todos los santos días explicaciones sobre las cosas más variadas.


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Sí, voy a terminar.
Por otra parte, hay aspectos técnicos que implican falta de madurez en la redacción de estas proposiciones. Y la verdad es que sin excusas, porque es la misma de hace una legislatura. Han tenido ustedes tiempo de revisarla un poco. Cuando he leído que ustedes proponen que al día siguiente de la entrada en vigor de la ley, al día siguiente, se deben constituir comités de ética en todos los hospitales de España, he dicho: Esto será como la Ley de enjuiciamiento civil o la Ley del menor; tendrá una vacatio legis de un año. Pues no. La misma proposición dice que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. En dos días van a poner ustedes comités de ética en todos los hospitales de España. Sí señor, lo que ustedes quieran. Si esa es la garantía que nos ofrecen, aviados vamos.
Además, ustedes desconocen que el desarrollo de los derechos fundamentales, a los que apelan aquí, exigen reserva de ley y dicen que las garantías de la voluntad del afectado, las medidas médicas y la objeción de conciencia -tres derechos fundamentales- se harán por reglamento. Desde luego que Dios nos ampare, porque, si esto es la cultura de la vida, yo espero que aún estemos a tiempo de que nos salve el derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Toma en consideración de proposiciones de ley.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 15; en contra, 175; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 14; en contra, 175; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición de ley.


AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY.


- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000024.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL AHORRO DE LAS PERSONAS JUBILADAS O PRÓXIMAS A LA JUBILACIÓN. (Número de expediente 162/000184.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o próximas a la jubilación.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor De Juan. (Pausa.-Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, con diligencia y en silencio. (Pausa.) Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Adelante, señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la iniciativa no legislativa que nos convoca esta tarde, promovida por mi grupo, el Grupo Popular, pretende instar al Gobierno a crear un foro de debate y estudio sobre las diversas formas de ahorro que se adapten a las necesidades de las personas jubiladas o próximas a la jubilación. Al

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mismo tiempo pretende potenciar la información a este segmento de la población para facilitar su comprensión sobre los nuevos productos financieros en el mercado. En definitiva, se trata, señorías, de institucionalizar, a través de ese foro de debate y de estudio, un foro de debate, de diálogo permanente y de información que permita analizar las diversas fórmulas de ahorro que afectan a esas personas jubiladas o próximas a la jubilación, para su mejor adaptación a sus necesidades singulares y concretas. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El Gobierno del Partido Popular ha desarrollado desde el año 1996 una política económica orientada a conseguir la convergencia nominal con Europa, que convirtió a España en un socio fundador del euro. Causa y también efecto de esa política económica seria, responsable y rigurosa, fue la progresiva reducción de los tipos de interés, cuyo efecto fue, en su conjunto, muy favorable para la economía. Los sectores productivos y las economías domésticas tuvieron, y tienen, posibilidades de acceder a una mejor financiación, pudiendo abordar proyectos más ambiciosos que redundan en beneficio de la generación de empleo y en beneficio de la generación de riqueza para el país.
En esta coyuntura económica, es normal que se haya producido un descenso de los rendimientos de los instrumentos financieros cuya rentabilidad está asociada o indiciada a los tipos de interés en el mercado. De ahí que los mecanismos tradicionales de ahorro, como las libretas de ahorro, hayan quedado, como razonamos en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley, en gran medida obsoletos; y de ahí también la oportunidad de la iniciativa que hoy traemos a esta Cámara, sin perjuicio de reconocer que esa caída de los tipos de interés se ha visto acompañada en los últimos años de una moderación de la inflación, lo que ha contribuido a que la pérdida de los intereses nominales de las cuentas de ahorro sea mucho menor en términos reales y sea en gran parte compensada por la mayor rentabilidad de otros activos financieros en los que se hubiera colocado el ahorro. Pensamos en activos financieros con tipos de interés fijo, cuyas rentabilidades no sólo se han mantenido, sino que se han revalorizado en la negociación de los títulos representativos correspondientes en el mercado; pensamos en los inversores en Bolsa, que en los últimos años han visto cómo se registraba un importante crecimiento en la cotización de los distintos títulos, o pensamos también en los inversores en fondos y sociedades de inversión, que se han beneficiado no sólo del fuerte incremento de la valoración de sus participaciones y acciones en los susodichos fondos o sociedades, sino también, y fundamentalmente, del mejor tratamiento fiscal de que disfrutan. En definitiva, y como razonamos en el texto debatido, entendemos, señorías, que existe un cierto desconocimiento en un segmento de la población sobre productos financieros alternativos que podrían llegar a desincentivar el ahorro en un sector social que depende, en gran medida, del mismo.
No se nos escapa, señorías, que el fondo del debate sobre el ahorro, cuyo establecimiento interesa hoy mi grupo parlamentario al Gobierno de la nación, constituirá también un marco adecuado para la reflexión de las fórmulas de ahorro de personas próximas a la jubilación. Tengo que traer a colación en ese sentido la recomendación 14ª del Pacto de Toledo, que emplaza a los poderes públicos a desarrollar los sistemas de previsión social complementarios de los sistemas públicos de la Seguridad Social. La citada recomendación también se refiere a la racionalización de los incentivos fiscales de promoción y apoyo a estos instrumentos y, en particular, a los sistemas colectivos de previsión.
La creación de un marco fiscal atractivo es, por tanto, uno de los elementos esenciales sobre el que descansa, entendemos, una política de promoción del llamado ahorro previsión. Y en ese sentido ha actuado ya el Gobierno de la nación con la presentación del Real Decreto-ley 3/2000, sobre medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, que, acordada su tramitación como proyecto de ley por esta Cámara, fue aprobado ya el año pasado. El citado proyecto de ley contemplaba, básicamente, la elevación de los límites generales de reducción en la base imponible por aportaciones a fondos y planes de pensiones, que, con carácter general, se situaba en 1.200.000 pesetas o, alternativamente, en el 25 por ciento de los rendimientos netos del trabajo o actividades económicas. Y para personas mayores (y entiéndase por personas mayores los mayores de 52 años) se elevaba el límite a 2.500.000 pesetas o, alternativamente, al 40 por ciento de los citados rendimientos. Además, la norma legal prevé una extensión del régimen fiscal sobre planes de pensiones a aquellos cónyuges que no trabajan fuera del hogar familiar.
Se trata, por tanto, de una medida que favorece el ahorro familiar y que responde a una amplia demanda social existente, cuestiones todas ellas que, a juicio de nuestro grupo, podrían abordarse en el marco del citado foro de debate, donde puede encauzarse la diversa problemática que suscita el llamado ahorro previsión y que como tal fue planteado ya en la pasada legislatura en una proposición no de ley que, suscrita por nuestro grupo y por otros grupos de la Cámara, contó con el respaldo de la misma. Una proposición no de ley en la que se abordaron los diversos aspectos del ahorro previsión, como el modelo de previsión social complementaria, los fines y requisitos de los sistemas complementarios, el régimen fiscal, el régimen jurídico en términos de iliquidez, movilidad de los fondos, homogeneización de los requisitos técnicos, estrategia retributiva, etcétera.
Ante la perspectiva, señorías, de una ley financiera que habrá de acometer decididamente la racionalización y modernización de nuestro sistema financiero y supuesta la importancia del ahorro en la financiación de nuestra economía y en la formación de la renta

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nacional, mi grupo considera conveniente impulsar este foro de debate, permeable a los intereses y necesidades de las personas jubiladas o próximas a la jubilación, que a su vez facilite la información sobre los productos financieros existentes en el mercado y en ese sentido solicitaremos el voto favorable de los demás grupos.
Concluyo ya, señora presidenta, haciendo una sucinta referencia a las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley. Son dos enmiendas. Una, del Grupo Mixto, BNG, y otra, del Grupo Socialista.
La enmienda del Grupo Mixto, BNG, la vamos a rechazar, no porque no compartamos el planteamiento que late en la misma, sino porque entendemos que la pretensión que contiene, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, está ya incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente, hay una garantía legal de la integridad de las pensiones frente a la disminución del poder adquisitivo, que, como SS.SS. saben, está establecida en la Ley 24/ 1997, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
La enmienda del Grupo Socialista -y concluyo ya- también la vamos a rechazar. Me refiero a los dos puntos que contiene. El primero pretende de alguna forma que se difunda la información sobre los instrumentos de deuda pública. Eso es precisamente lo que nosotros queremos, que se difunda la información, no sólo sobre los instrumentos de deuda pública del Estado, sino también sobre otros instrumentos y activos financieros alternativos. Y, el segundo, por cuanto postula una reducción de la presión fiscal en la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Es una reducción que entendemos, señorías, con todo el respeto, que obedece a un cierto oportunismo político en el que incurre el Partido Socialista y que de alguna forma lo que hace es poner de relieve sus contradicciones. Un oportunismo político que debemos recordar que no se compadece con la oposición que mantuvo el Partido Socialista en la tramitación de la reforma de la Ley del IRPF, reforma del IRPF que debemos recordar que supuso una rebaja impositiva importante para pensionistas y para personas con niveles de renta más bajos. También supuso -y lo digo sencillamente a título de ejemplo- una reducción media de las retenciones de los pensionistas del 31,7 por ciento, frente a la reducción media de las demás rentas del trabajo del 13,8 por ciento.
En definitiva, señorías, no sabemos si bajar impuestos es o no es de izquierdas, digan lo que digan algunas comunidades autónomas, en las que, por cierto, el Partido Socialista viene gobernando tradicionalmente y que parece que pugna con esa decisión o ese planteamiento de que bajar impuestos sea de izquierdas. Lo que sí sabemos es que el Partido Socialista tendría que ser más coherente con sus planteamientos. O, dicho en otros términos, yo les diría, señorías, que no denuncien en la oposición lo que no hicieron en el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De Juan.
Para la defensa de las enmiendas que se presentaron, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.


Quiero hacer primero una aclaración. Lo que nosotros decimos en nuestra enmienda no es obvio ni está como tal recogido en ninguna ley. Cuando hablamos de poder adquisitivo, no hablamos de mantener el poder adquisitivo actual de las pensiones, sino que referimos el poder adquisitivo a las personas jubiladas o próximas a la jubilación. Y, cuando hablamos de las pensiones, hablamos de pensiones públicas suficientes y dignas.
Creemos que la enmienda tiene sentido, porque lo que es cierto que de una forma vergonzante pretende esta proposición no de ley del Grupo Popular es abrir el camino, abrir el campo, bajo la capa de incentivar otras formas de ahorro, a los planes privados de pensiones, a formas de previsión social privadas, que, desde nuestro punto de vista, en ningún caso deberían sustituir o presentarse como fórmulas sustitutivas -aquí se habló de que ésa sería la fórmula para las amas de casa; desde luego, nosotros tenemos otro tipo de planteamientos- de lo que debe ser un sistema público de pensiones sostenible y capaz de garantizar a los ciudadanos unas pensiones justas, dignas y suficientes.
Extraña que el Grupo Popular utilice el cupo que tiene para formular proposiciones no de ley con iniciativas que, la verdad, no sabemos qué sustancia tienen. Incentivar fórmulas de ahorro. Estamos hablando de ayudas públicas a entidades financieras privadas. Estudiaremos en un foro la fórmula de incentivar estas fórmulas. Tampoco entendemos muy bien a qué viene este tipo de iniciativas. Desde luego, la posición del Bloque Nacionalista Galego está clara: si algo hay que fomentar es el sistema público de pensiones. Hay que garantizar que las pensiones, para los que ya las reciben, sean dignas y suficientes para, en ese tramo final de la vida, garantizarles una existencia sin necesidades. Y lo que habría que hacer, para sectores aún no cubiertos por el sistema público, es establecer sistemas que les permitan esa cobertura. Estoy hablando de las amas de casa o incluso de otros sectores que en este momento carecen de cualquier cobertura social.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Gracias, señor presidente.


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Señoras y señores diputados, modificar los impuestos es una política instrumental. Cuando se modifican los impuestos y se pone el énfasis en las rebajas en las rentas bajas y medias es una política con sesgo de izquierda. Y cuando se pone el énfasis en la rebaja en rentas altas, es una política con sesgo de derecha. Después intentaré demostrarlo. (Un señor diputado: Si ya lo saben.) En algunos aspectos partimos de un diagnóstico similar. Los tipos de interés en España, que han estado bajando desde el año 1993, han provocado una situación razonablemente buena para la economía en general, para la financiación de las empresas y de las familias, pero, como nada es perfecto en la vida, esto ha provocado que las familias tengan una pérdida de ingresos por intereses muy superior a la reducción del coste financiero de las familias. Para 1998, la reducción de ingresos por intereses de las familias fue de 2.528 millones de euros; en cambio, la reducción de coste por intereses pagados fue de 518 millones de euros. Esto afecta sobre todo a las familias de jubilados y a la gente cercana a la jubilación, que, como decía el proponente, son familias que hacen uso de los instrumentos más tradicionales de ahorro. Pero han pasado otras cosas.
En 1996, el Gobierno de la entonces nueva mayoría del Partido Popular aprobó una modificación de la tributación por plusvalías por ganancias patrimoniales. En suma, la medida, aprobada por decreto-ley en junio de 1996, establecía un cambio a una tributación de un tipo fijo del 20 por ciento para las ganancias de capital, mientras que anteriormente la tributación era por tipo medio. Con datos fiscales de 1996, el 15 por ciento de contribuyentes salieron beneficiados y el 85 por ciento salieron perjudicados porque eran el 85 por ciento los contribuyentes cuyo tipo medio era inferior al 20 por ciento. Si uno tiene en cuenta cuál es la dimensión de las pensiones, concluirá rápidamente que casi la totalidad de los jubilados y pensionistas que conmueven el interés de la Cámara en este momento se movían en tipos medios inferiores al 20 por ciento. Por lo tanto, además de que les bajaron los tipos de interés, además de que eso se notó en los fondos de inversión, cuando los jubilados realizan plusvalías, sacando su dinero de un fondo de inversión, pagan tipos fijos, tanto antes el 20 como ahora el 18 por ciento, que son superiores a su tipo medio de impuesto sobre la renta. En suma, por vía de tributación de plusvalías, a muchas familias españolas, particularmente a la mayoría de jubilados, se les aumentó la presión fiscal al pasar del tipo medio al tipo fijo, tanto el 20, cuando era el 20, como el 18, cuando se cambió en el último año.
Se argumenta que a ello sucedió una reforma del impuesto sobre la renta, y en esta reforma los efectos taumatúrgicos sobre las rentas de jubilados, asalariados y resto del personal fueron impresionantes.
Señor proponente, para la gran mayoría de jubilados, la modificación del impuesto sobre la renta supuso un ahorro fiscal cero. Me explicaré. Con el anterior sistema, los contribuyentes individuales jubilados, hasta 930.000 pesetas de renta anual, tenían una cuota líquida cero; los contribuyentes en declaración conjunta jubilados, en el anterior sistema -estoy hablando de datos de 1995 y 1996 porque nos tienen ustedes escasos de datos-, con una renta de pensión de 1.180.000 pesetas, tenían una cuota líquida cero. Tome usted las pensiones medias de los jubilados en España y verá que sólo en el régimen de la minería del carbón la pensión media supera estos umbrales. Por tanto, no diré para todas, pero sí para la mayoría de las rentas de jubilación la reforma del IRPF, evaluable en otros muchos aspectos, supuso un ahorro fiscal cero, porque no deben confundir retención con ahorro y no deben confundir no obligación de declaración con rebaja de impuestos. En efecto, es bueno hacer algo por aquellos que se han beneficiado menos del crecimiento de la economía española, y a estos se dirigen nuestras enmiendas. Porque ustedes nos hacen una declaración de intenciones que en su explicación ha quedado más clara.
La exposición de motivos de su proposición no de ley y a la vez la intervención aludían a los instrumentos tradicionales, las libretas, los depósitos, es decir, las cartillas, pero luego hablaba usted de la necesidad de estudiar estímulos fiscales para algún tipo de instrumentos que, créame, no son los que usan aquellos que tienen libretas, depósitos o cartillas, como quiera llamarles. Si ese es el instrumento que han buscado para remediar la preocupación que hay en su exposición de motivos, o se equivocaron en la preocupación o se equivoca en lo que nos avanza respecto al instrumento. De todos modos, la proposición no de ley del grupo de la mayoría parece un brindis al sol y por eso hemos presentado dos propuestas concretas, para contrastar la voluntad política de la mayoría. Expondré a continuación la primera. Aunque nosotros hemos defendido tradicionalmente el tipo medio para tributación de plusvalía, lo que hoy estamos proponiendo es que el tipo que ustedes han aprobado -sin nuestro voto- tenga carácter de máximo y que a todos aquellos contribuyentes cuyo tipo medio sea inferior al 18 por ciento -donde encontrará a casi todos los jubilados- se les permita tributar en plusvalías por tipo medio. Usted podrá encontrar diversas razones para oponerse a esto, pero no razones que se anclen, que estén enraizadas en la equidad tributaria y en la mejora del trato a quienes menos se han beneficiado financieramente del crecimiento.
La segunda es que a mí particularmente no me gustaría que el foro de estudio, cuya creación se va a instar después de la votación, para informar a los jubilados sobre nuevas fórmulas financieras y el establecimiento de mecanismos públicos, acabara siendo una esponsorización financiada con dinero público de ofertas privadas de ahorro. No nos gustaría por dos motivos: primero,porque las entidades financieras tienen muy buenos

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departamentos de marketing y comercialización y suficientes fondos financieros como para emprender sus propias campañas de publicidad, y segundo porque consideramos que el Estado tiene instrumentos financieros, que son especialmente indicados para ese español o esa española que busca un ahorro con escaso riesgo y escasa repercusión fiscal, motivo por el que les proponíamos los activos de deuda pública y particularmente del Tesoro. Porque ahora la gran mayoría de jubilados están exentos de declaración, pero si invierten en un activo (libreta o fondo de inversión) les efectúan una retención y no lo dude, muchos de ellos no la recuperan porque como están exentos de presentación de declaración no la presentan y no recuperan su retención. ¿Por qué no les informamos, entre todos, de que existen unos activos, las letras del Tesoro, sensatos, con un interés razonable en términos de mercado, de seguridad, que sirven para financiar la deuda pública y que están exentos de retención, con lo cual, aunque no presenten declaración, podrán beneficiarse de su situación de bajo nivel de renta y, por tanto, escasa obligación fiscal? Nuestras propuestas son concretas y pensadas, y nada contradictorias para el grupo que las propone. Si las aprobaran, darían muestras reales de que lo que han traído hoy a esta Cámara no es una puesta de largo de un debate que no sabemos cuando se producirá y no parece gustarnos demasiado la orientación que puede tomar, sino la adopción de medidas que por vía fiscal y de rentabilidad financiera beneficiarían efectivamente a aquellas personas que en su exposición de motivos y en mi intervención nos preocupan, los jubilados y los prejubilados.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular porque está de acuerdo en el fondo y en la pretensión de la misma. En primer lugar, es una pretensión sensata, lógica, que trata de armonizar una cultura del ahorro en las personas ya jubiladas o próximas a la jubilación si no han tenido la oportunidad, bien económica o laboral, de haber conseguido un ahorro complementario a sus pensiones para atender las demandas de la tercera edad. En el bien entendido -yo participo de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- de que hay una serie de incentivos (letras del Tesoro, fondos públicos) que suponen una financiación para la deuda pública, que son oportunos; pero eso cabe en la propia pretensión.
Si el Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda, por nuestra parte no habría ningún reparo, sino todo lo contrario, a la hora de aprobar esta segunda parte de la misma. Se da también la circunstancia de que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular trata de instar al Gobierno para que cree un foro de debate en el que se estudien las distintas fórmulas de financiación, siendo ésa una de ellas. Qué duda cabe que en un foro de debate, cuando se estudien los distintos instrumentos financieros, aparte de la tradicional y obsoleta cartilla de ahorro, que no está retribuida, aparecerán desde fondos de pensiones hasta la suscripción de deuda pública o letras del Tesoro, instrumentos financieros que pueden contribuir al ahorro.
Mi grupo apoya esta iniciativa, ya que piensa que toda forma de ahorro relacionada con estas personas no es incompatible con unas pensiones dignas. A esto mismo se ha referido el portavoz del Bloque Nacionalista Galego cuando ha dicho que se deben garantizar unas pensiones públicas dignas y suficientes. Pero aparte de unas pensiones públicas dignas y suficientes, puede haber una capacidad de ahorro familiar, que es un bien público, como he dicho antes, de una especie de cultura del ahorro que beneficia a toda economía, ya sea nacional, pública o estatal, y que permite tener recursos suficientes a través de las instituciones financieras para la financiación de todos los proyectos económicos y sociales que hay en el país. Todo es perfectamente compatible. Nosotros siempre defenderemos la compatibilidad entre pensiones dignas y suficientes y los instrumentos de ahorro de los que se puedan beneficiar las personas jubiladas o próximas a jubilarse.
En ese foro que se pretende crear en la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular queremos que se elabore toda una lista de nuevos instrumentos financieros que pueden ser suscritos: fondos de pensiones, fondos de inversión mobiliaria o inmobiliaria, tributaciones, adquisición de forma subvencionada de cualquier otro valor público, letras del Tesoro o deuda pública, instrumentos que no están exentos precisamente de ninguna reciprocidad con otras pensiones que se puedan percibir. Como además son instrumentos que no tienen deducción fiscal si no se está obligado a hacer una declaración de la renta pública de pensiones o una declaración de la renta de trabajo personal, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, puesto que tiene una bondad de fondo que no rechazamos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, señorías, no me negarán que esta es una preocupación solvente. Las personas mayores no le sacan al

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mercado todo el beneficio posible porque siguen amarrados a las viejas cartillas de ahorro. ¿Y qué hacemos? Pues crear programas de aprendizaje para el uso de nuevos productos financieros, animarles a que se apunten a la cuenta naranja o elaborar en los centros de día programas de acceso a la Bolsa. Su propuesta, señorías, desde luego parece una broma. Las mejores percepciones de mercado y la mayor innovación de productos se produce precisamente en el mercado financiero. ¿No les parece sorprendente, señorías, que la banca no haya caído en ofrecer un nuevo producto a las personas mayores? ¿No se han parado un minuto a pensar que esta ausencia revela que en este sector social los problemas más acuciantes no se encuentran en las rentabilidades, sino en el modelo de renta? Esta propuesta ofrecería un jugoso debate sobre finanzas y mayores, una discusión sobre productos financieros y rentabilidades o alguna reflexión sobre el ahorro en España; lo que ocurre es que dicha propuesta, señorías, es un sarcasmo. Les animo a acercarse el día 30 de cada mes a cualquier oficina bancaria de mi circunscripción para que observen la cara y el agobio de los usuarios de estas libretas de ahorro, mal remuneradas y con poco rendimiento. Fíjense en la paradoja. Nosotros creyendo que esas caras reflejaban la dificultad para llegar a final de mes y resulta que en realidad, según el Partido Popular, el problema es que reflexionan sobre las diferencias entre intereses activos y pasivos en la economía.
No insistiré en datos conocidos sobre el valor medio de la pensión, alrededor de las 78.000 pesetas, o sobre el número de pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Si se mantienen los parámetros del sistema resulta que en el año 2030 el número de pensionistas crecerá un 40 por ciento y la pensión mínima será de 128.000 pesetas. Reflexionar en este contexto sobre la rentabilidad del ahorro es de mal gusto. No creo que nuestra preocupación o la de los actuales o futuros pensionistas sea analizar la rentabilidad de los depósitos de los pensionistas, la cuestión está en cómo construir carreras profesionales y sistemas de pensiones que faciliten calidad de vida y seguridad en el futuro del sistema y en las rentas que generan. Si su voluntad es animar a los futuros jubilados a invertir sus actuales rentas en fondos privados, ¿por qué no esperan ni pretenden que el sistema público de pensiones les garantice una pensión que asegure calidad de vida? Dígalo con claridad y sin más retórica, tan incomprensible como de mal gusto.
La cuestión central del debate es la paulatina generación en un modelo de renta dual donde niveles de subempleo y elevado número de pensionistas van a construir en las próximas décadas un modelo social de escasa capacidad de consumo o de creación de riqueza. En esta dirección sugiero estudios más útiles que los que ustedes proponen, como niveles de pensiones mínimas que permitan capacidad de consumo, modificaciones contractuales para construir una carrera de pensiones, aportaciones a nivel de cotizaciones para el correcto funcionamiento del sistema y cosas así. No nos oponemos -¡faltaría más!- a que los pensionistas que puedan ahorrar reciban rendimientos adecuados a sus modelos o no capitales, pero esta es una demanda que formulo a la imaginación del sector financiero, a los responsables políticos debemos formularles otra: la garantía de un sistema de pensiones digno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Intervengo con mucha brevedad. Hoy el Grupo Popular nos plantea una iniciativa que por el contenido literal de la misma difícilmente no puede encontrar el apoyo del conjunto de la Cámara. Es más, seguramente es una proposición no de ley con un contenido material extremadamente inocente y quizás eso sea lo que puede ser objeto de consideración por parte de los grupos parlamentarios que no formamos parte del Gobierno. Dicho esto, es evidente que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de la misma. La creación de espacios de reflexión sobre el incentivo del ahorro de las personas jubiladas nos parece interesante y positivo.
Todos los grupos coincidimos en la necesidad de buscar fórmulas que estimulen ese ahorro y que den respuesta a los nuevos escenarios económicos que en los últimos años se han ido configurando y que afectan negativamente a ese sector de la sociedad.
En esta lógica, sería bueno que el Gobierno, en el ámbito del propio Parlamento, pudiese formular las propuestas que responden al planteamiento de esta iniciativa para dar también pie a que los grupos políticos podamos formular nuestras propias reflexiones. En el debate que se ha planteado a raíz de esta iniciativa los diversos grupos han hecho ya sus planteamientos. Sería bueno que, en esta reflexión que pretende liderar el Gobierno con la creación de este foro, el papel del Parlamento fuese sustancial. En este sentido, nuestro grupo parlamentario desde hace tiempo viene insistiendo en la necesidad de articular fórmulas que permitan que, por ejemplo, las primeras 250.000 pesetas de ahorro de una persona pensionista estén exentas de cualquier tipo de tributación.
Nosotros lanzamos hoy también con una cierta inocencia, como lo hace el Grupo Popular, propuestas en este sentido. Esperemos que esta iniciativa que la Cámara impulsará sirva para formular iniciativas que tiendan a esa mejora de las tributaciones, de los ahorros de las personas mayores.
Tampoco hay que olvidar que esta iniciativa se produceen un momento en el que en la Cámara continúa

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funcionando, desde hace ya unos cuantos meses, una comisión que está analizando el futuro del sistema público de pensiones, en la que esta reflexión también debe encajar.
Nos preocupa que todos los grupos, mientras en la Comisión del Pacto de Toledo estamos intentando formular propuestas serias a medio y largo plazo en este ámbito, se decidan a presentar iniciativas como la que hoy nos plantea el Grupo Popular. Nos parece que el marco parlamentario idóneo de discusión de estas cuestiones es el de la Comisión no permanente sobre el Pacto de Toledo.
Dicho todo esto y desde nuestra convicción de la inocencia de la propuesta del Grupo Popular, votaremos favorablemente a la misma.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor De Juan, a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas, tiene la palabra.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, rechazamos la enmienda del BNG, por los razonamientos que ya he dicho. Rechazamos la enmienda del Grupo Socialista, entre otras razones, porque no compartimos su planteamiento respecto a si la política de reducción de impuestos es de izquierdas o no. Hubo una reforma fiscal en el año 1991 y cargó la tributación sobre las rentas más bajas.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor De Juan, debe manifestarse sólo a los efectos de si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, rechazamos la enmienda. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De Juan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o próximas a la jubilación, sometida a votación en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 165; en contra, 116; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000206.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVAA LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 162/000190.)

La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional, y del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa a la cuantía del salario mínimo interprofesional, que serán debatidas conjuntamente.


En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora presidenta.
La proposición que voy a defender, que pretende, como se ha dicho, mejorar un poco el salario mínimo interprofesional de nuestro país, no necesita ninguna literatura, ninguna retórica. Por otra parte, señorías, no les oculto que no tengo el espíritu para tal después de conocer el asesinato de nuestro compañero y, por cierto, buen amigo, Froilán Elespe. Digo que no hace falta retórica ni literatura porque esta defensa tiene su soporte fundamental en la justicia y en la razón de una mejora del salario mínimo que es obligada en nuestro país, ya que, como luego demostraré, en España quienes cobran el salario mínimo interprofesional vienen siendo perjudicados en los últimos años por unos incrementos relativamente inferiores en general al índice de coste de la vida y, por tanto, van perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo. Forma parte de la tradición laboral de nueve países europeos que se regule mediante ley el salario mínimo, lo que establece un límite a la negociación colectiva y una intervención pública en las relaciones laborales fijando el salario mínimo por el cual se puede contratar a un trabajador en su respectivo país, y lo hacen como consecuencia de una cultura proteccionista hacia los trabajadores más desprotegidos, hacia los menos cualificados. Entre estos nueve países se encuentra naturalmente el nuestro, donde afecta -la verdad es que esto no se sabe muy bien- a unos 400.000 trabajadores, en torno al 3 por ciento de nuestra población laboral asalariada. ¿Por qué podemos decir, como he indicado al principio, que el salario mínimo en España es bajo? ¿Con relación a qué parámetros podemos establecer esa afirmación? Primero, sobre el IPC anual; segundo, en relación con el salario medio de los trabajadores, se considera la referencia de los trabajadores manufactureros

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del sector industrial -esta es la referencia clásica en la estadística, en Eurostat, en Europa- y, por último, en relación con los países europeos, que es con quienes compite nuestra economía. Si tomamos como referencia el salario mínimo español con el IPC, tengo que decirles, señorías, que en los últimos 15 ó 20 años el salario mínimo en España ha perdido peso en relación con el coste de la vida.
Ya verán que no estoy haciendo una afirmación partidista en relación con determinados períodos de Gobierno de unos u otros, tengo que reconocer que especialmente en los períodos de crisis, en el período 1982-86 o en el 1992-95, períodos de una gravísima crisis sobre el empleo en nuestro país, el salario mínimo no creció con relación al IPC. De esto y de lo que ha ocurrido en los últimos años se deriva lo que acabo de afirmar, y es que en los últimos 15 ó 20 años el salario mínimo ha perdido peso en relación con el crecimiento del coste de la vida en España. Sin embargo, fíjense que en un período de expansión económica como el que estamos viviendo ahora, el período 1994-95 hasta el año 2001, período de crecimiento económico sostenido, curiosamente el IPC ha sido mucho más alto que el crecimiento del salario mínimo. Esta es la parte que traigo a su consideración porque, en concreto, en los dos últimos años, entre 1999-2000, el salario mínimo ha perdido en relación con el IPC tres puntos, el 2,9 por ciento. Recuerden que el IPC subió el 2,9 en 1999 y el 4 en el 2000, mientras que el salario mínimo subió el 2 por ciento en ambos años y esto ha representado directamente una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional en los últimos dos años de casi tres puntos. Pues bien, me parece que el Gobierno perdió una extraordinaria oportunidad en el debate presupuestario para el 2001 al no hacer un pequeño esfuerzo que mejorara un salario mínimo que ya había perdido tres puntos en los últimos dos años y al no haber calculado un crecimiento un poco más alto sobre una inflación prevista para el año 2001 del 2 por ciento. Por esto, el Grupo Socialista les plantea ahora la conveniencia de incrementar el salario mínimo interprofesional aproximadamente el 5 por ciento. He reconocido ya que, al margen de los gobiernos que llevamos desde 1980, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo, sin embargo quiero recordarles que el Grupo Socialista aprovechó los períodos de crecimiento económico para mejorar el salario mínimo sobre el IPC. El salario mínimo ganó 0,5 puntos entre 1988 y 1992 y entre 1996 y el 2000 ha perdido 3,4 puntos. Por eso hemos propuesto la compensación de tres puntos sobre la previsión de este año 2001.
La segunda referencia que podíamos tomar es cómo es el salario mínimo en España sobre los salarios medios industriales. Sepan ustedes que nuestra evolución respecto a lo que era el salario mínimo, por ejemplo, en 1982 respecto a la encuesta de salarios medios de los manufactureros -para que nos entendamos, hablamos del salario medio de los obreros en el sector industrial en España- representaba el 52 por ciento de ese salario medio manufacturero, pero en el año 2000 representa el 43 por ciento, es decir, se ha ido produciendo un crecimiento mayor de los salarios de convenio, los salarios medios de los obreros en la industria, mientras que el salario mínimo sigue cada vez más bajo y representando todavía una menor cantidad respecto a esa media, hoy, concretamente, el 43 por ciento. Sepan que la media del salario mínimo en Europa respecto a su salario medio respectivo, por ejemplo, en Francia, es el 50 por ciento y en Portugal, el 60 por ciento. La media europea ronda el 46-48 por ciento, es decir, que el salario mínimo interprofesional ronda el 50 por ciento del salario medio manufacturero industrial y en España es el 43 por ciento.
Por último, tienen que recordar también la cifra de lo que es nuestro salario mínimo en relación con el salario mínimo europeo, en términos absolutos. Pues bien, la media del salario mínimo en Europa es de 890 euros, aproximadamente, 125.000 pesetas y, en España, tenemos 510 euros, unas 70.000 pesetas, lo cual representa que el salario mínimo en España es el 56 por ciento del salario mínimo en Europa, que es la otra cifra comparativa que les proponía plantearnos como referencia para nuestro debate.
Este conjunto de razonamientos, soportados en estadísticas incuestionables, nos obliga a considerar la conveniencia de mejorar un poco el salario mínimo interprofesional. Soy consciente de que no se pueden hacer grandes excesos, lo digo respecto de algunas enmiendas que se han presentado por otros grupos, porque no podemos olvidar, compañeros de la oposición, permítanme la expresión, que salario mínimo y empleo es una ecuación incuestionable. No podemos olvidar que un incremento espectacular del salario mínimo en una sola vez, por ejemplo, ahora, mediante un proposición que aumente el 9 ó el 10 por ciento, o que le aumente 15.000 pesetas, como se ha planteado, puede conllevar que muchos empleos temporales a salario mínimo desaparezcan. Hay que ser un tanto pragmáticos, hay que ser conscientes de que hay un camino que recorrer, yo diría que hay que ir despacio pero sin pausa, y añadiría que hay una oportunidad económica de coyuntura, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores, que permite hacer ese esfuerzo. Hay una razón de justicia, señorías, para que si hemos perdido poder adquisitivo en el salario mínimo en cinco años de bonanza, hoy, que hay una previsión de crecimiento para el 2001 y previsiblemente para el 2002, podemos hacer este esfuerzo tal como establece la ley, y yo creo que además, teniendo en cuenta las razones de productividad y las razones de participación del trabajo en la renta nacional y lo que es nuestro derecho comparado en términos europeos a efectos de productividad y competitividad, España puede hacer ese esfuerzo, ese pequeño esfuerzo que mejora el salario mínimo no en mil y pico pesetas, como ha planteado el Gobierno en su Ley de

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presupuestos, sino en tres mil y pico pesetas que es lo que propone el Grupo Socialista. Así de sencillo, señorías, pero también así de justo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
En esta nuestra sociedad occidental y a pesar de la creación de la riqueza, de las políticas distributivas de la atención universal de la educación y de la sanidad, de las políticas de empleo, es indudable que aun independientemente del ciclo económico y aun en épocas de crecimiento espectacular, en este sistema existen personas y colectivos que se hallan precisamente autoexcluidos, se hallan en la pobreza y se hallan en la exclusión social. Dichas personas y colectivos carecen de los recursos básicos para sobrevivir, por lo que difícilmente pueden ejercer sus derechos básicos de ciudadanía al haber sido excluidas del mercado laboral. Por lo tanto, es necesario, a juicio del Grupo Nacionalista Vasco, introducir en nuestro ordenamiento jurídico criterios reguladores que nos permitan corregir los desajustes sociales causados por este sistema de economía libre de mercado. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El Partido Nacionalista Vasco mantiene una línea histórica continua y coherente en esta materia, tanto en la práctica de nuestro Gobierno en la Comunidad Autónoma de Euskadi como en nuestros planteamientos y posiciones en todos los foros en los que participamos. Recientemente, como algunas de SS.SS. conocerán, se aprobó en el Parlamento vasco la Carta de los derechos sociales, que trata de garantizar básicamente dos cuestiones, una, el acceso al trabajo de todos los ciudadanos, y, dos, la garantía de una renta básica para que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos de ciudadanía, con el objetivo asimismo marcado de reintegrarlos en procesos de inserción, tanto sociales como laborales. Siempre hemos defendido una renta básica vinculada a los estados de necesidad, en situaciones de falta de empleo y como un reto imprescindible dentro de nuestras políticas sociales. También firmamos que no compartimos la tesis de algunos grupos sobre un salario universal garantizado, tanto a los que no deseen trabajar, así como a los que no se integren en los programas diseñados de reinserción laboral. Otra de nuestras posiciones claras es que desde nuestro grupo apostamos por mantener un diferencial, en todo caso debatible en su porcentaje, pero que sustente siempre un plus incentivador entre los perceptores de la renta básica ligada a los estados de exclusión y los perceptores del salario mínimo interprofesional, definida ésta como la cuantía mínima de suficiencia a cobrar por los trabajadores que son remunerados por su actividad laboral por cuenta ajena.
En la Carta de los derechos sociales antes mencionada, en su título III, artículo 7, se determina la aprobación de la renta básica de inserción en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con un mínimo del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional; esta carta fue aprobada con los votos del Partido Socialista y también del Partido Popular. A este 75 por ciento del salario mínimo interprofesional habría que añadir, en su caso, un 25 por ciento para la segunda persona de la unidad familiar, más el 10 por ciento por cada una de las siguientes, hasta un máximo del conjunto de la unidad familiar del 125 por ciento del salario mínimo interprofesional. Un salario mínimo interprofesional que el Gobierno del Estado fija anualmente previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales y que, como saben ustedes, se establece de acuerdo a determinados parámetros, tales como la productividad media alcanzada, el incremento de la renta estatal, la coyuntura económica en general en catorce pagas de 72.120 pesetas cada uno.
Tras esta exposición, somos conscientes de que el salario mínimo interprofesional, además de determinar indudablemente otras políticas laborales y sociales, está directamente conectado a las políticas sociales de las rentas básicas de inserción que he mencionado. A nuestro juicio, el salario mínimo interprofesional determinado para el año 2000 es claramente insuficiente y, en línea con lo manifestado anteriormente por el señor Jáuregui, viene perdiendo cada año poder adquisitivo real. Esto es evidente, con lo que, tras la exposición que ha realizado, es indudable que todas las políticas sobre el mismo, referenciadas y conectadas como la renta básica de inserción, se manifiestan también con esa insuficiencia. Coincidiendo con esta perspectiva, tanto la Carta Social Europea, como las recomendaciones del Consejo de Europa van en el sentido de que el salario mínimo interprofesional alcance en los países de la Unión Europea un porcentaje no inferior al 70 por ciento del salario medio europeo.
Por esta razón el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado esta proposición no de ley por la que instamos al Gobierno español a que, tras la oportuna concertación con los interlocutores económicos y sociales y teniendo en cuenta la media de las cuantías establecidas en los países de la Unión Europea en concepto del salario mínimo interprofesional, establezca una cantidad no inferior a 1.190.000 pesetas anuales o el equivalente a catorce pagas de 85.000 pesetas mensuales como salario mínimo interprofesional para el ejercicio 2001. Coincido, y con esto termino, con el señor Jáuregui en que las políticas no se pueden hacer de golpe, pero sinceramente no coincido en que la cuantía de 85.000 pesetas como salario mínimo interprofesional

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sea exagerada, porque conozco muy pocas personas que puedan llevar una vida digna con estas cantidades.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, señorías, debo expresar, en primer lugar, nuestra satisfacción por que dos grupos de esta Cámara, especialmente el Grupo Socialista, se sumen a una reflexión que Izquierda Unida ha mantenido con cierta soledad en la misma. Aceptamos, faltaría más, los datos que la proposición no de ley socialista señala para los años 1999 y 2000. Espero, no obstante, que algunas de nuestras referencias amplíen este período para constatar que la deuda con los perceptores del salario mínimo es larga en el tiempo y amplia en cantidades.
El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado fue la última ocasión en que Izquierda Unida planteó ante esta Cámara tanto los problemas de cuantía como de regulación del salario mínimo. Lo hicimos en el contexto de una reflexión de contenido social, para evitar que el desarrollo de nuestra economía permanezca ajeno a los sectores más débiles de la sociedad. Señorías, los problemas que nos plantea el salario mínimo interprofesional son de distinto tipo: el respeto a la ley y al espíritu del Estatuto de los Trabajadores; la designación al salario mínimo interprofesional de aquellos aspectos presupuestarios que no guardan relación con el fin último del salario mínimo; los necesarios mecanismos de revisión automática y de negociación, y su cuantía para este ejercicio. El Estatuto de los Trabajadores no definió el salario mínimo como una renta más, sino que pretendía y pretende establecer, siguiendo el criterio de la OIT, una garantía allí donde no existe un régimen para la fijación de salarios; un criterio que no se ha cumplido y que ha empobrecido la reflexión sobre el salario mínimo y la negociación con los sindicatos, reducida desde siempre a un remedio insolvente de consulta.
Los resultados son evidentes: en 1981 el salario mínimo interprofesional alcanzaba el 45,6 por ciento del salario medio, y en el 2000 era el 35,8; esto es, en un período de casi veinte años estos salarios han perdido diez puntos con referencia al salario medio, expresión clara de la falta de voluntad política de una negociación real, eficaz y rigurosa del salario mínimo durante este tiempo que abarca casi todo el período democrático español. Si el análisis de este comportamiento se refiere al repunte de la economía española a partir de 1994 hasta hoy, la pérdida acumulada sobre el salario medio es del 5 por ciento; en otras palabras, las actitudes públicas han condenado a los sectores peor remunerados de la economía española a no recibir ninguno de los beneficios de la mejora de la misma. Para resituar esta tendencia el comportamiento debe ser claro, construir la revisión del salario mínimo sobre los cuatro indicadores del Estatuto de los Trabajadores: inflación, productividad media, participación en la renta nacional y situación económica.
Encontramos este espíritu en estas proposiciones, y esto nos lleva a apoyarlas, aunque reclamamos cierta atención sobre un aspecto que nos parece sustancial y que justifica una de nuestras enmiendas: la medida de la inflación. En este punto parece evidente que la tasa de inflación que garantiza la capacidad de compra de estos salarios no es la previsión de diciembre sobre diciembre, sino la tasa media interanual que para el año 2001 se prevé en un 2,7 por ciento. Tiene razón esta proposición no de ley socialista cuando advierte que la conversión del salario mínimo en un valor de referencia para políticas y rentas no salariales convierte la reflexión sobre el salario mínimo en un debate presupuestario y respecto a las repercusiones sobre el gasto público ajenas a la lógica deseada para este tipo de salario.
Igualmente, debemos referirnos a la revisión automática semestral prevista en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que impone al Gobierno la fijación de una revisión semestral si no se cumple la previsión de inflación. Pocos preceptos legales han sido tan sistemáticamente incumplidos como éste en la política española.
Si bien el estatuto no señala cuál debe ser el mecanismo específico para llevar a cabo esta revisión, el objetivo del mandato es indudable. El estatuto nos obliga a preservar el salario mínimo de pérdidas de capacidad adquisitiva derivadas de desviaciones no previstas de la inflación, algo imprevisible dado el carácter de renta mínima del mismo, por lo que, en definitiva, se trata de garantizar la supervivencia digna del preceptor. La esencia de este precepto legal es doble: la medida de la capacidad de compra ya explicada de acuerdo con una medida de la tasa de inflación aceptable y que no se admita cualquier revisión que no sea semestral. Es una defensa racional de la paridad de compra para evitar que la pérdida de la misma erosione la posición de estas rentas.
Por último, debemos referirnos al alcance de la actualización del salario mínimo interprofesional para este ejercicio. Según los criterios que hemos ido desgranando, esta revisión debería contemplar inicialmente tres elementos: pérdida de poder de compra en el 2000, el 1,2 por ciento; inflación media intermensual, el 2,7 por ciento; revisión debida, productividad prevista, el 1,1 por ciento. Estos criterios determinan el aumento del 5 por ciento que propone el Grupo Parlamentario Socialista, pero no contemplan un cuarto elemento que la propia resolución comenta, como es la necesaria recuperación del salario mínimo hasta el 60

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por ciento del salario medio comprometido por la Carta Social Europea.
Como hemos señalado al principio de esta intervención, el salario mínimo supone el 35,8 del salario medio. Para recuperar esta distancia, los sindicatos han propuesto un aumento adicional de cuatro puntos. La aceptación del criterio de equiparación paulatina es la que nos lleva a proponer un aumento del 9 por ciento. No obstante, en este sentido estamos más próximos a la reflexión de equiparación explícita en la propuesta del grupo nacionalista que a la contenida en la proposición del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruíz. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Si observamos los datos más recientemente publicados sobre salarios mínimos en Europa, en concreto las informaciones de Eurostat para enero del año 2001, nos encontramos con la siguiente realidad.
Bélgica tiene como salario mínimo interprofesional 1.118 euros; Grecia, 458; España, 506; Francia, 1.083; Irlanda, 983; Luxemburgo, 1.259; Portugal, 390; Reino Unido, 1.062 y Holanda, 1.154. No es difícil observar que el promedio europeo se encuentra en 902 euros, es decir, 150.130 pesetas, contabilizando las tasas y los seguros sociales. También es significativa la diferencia entre los salarios mínimos interprofesionales de los Estados de la cola, que son España, Grecia y Portugal, y los de cabeza. En concreto el octavo país, Irlanda, fija su salario mínimo interprofesional en 983 euros, es decir, 166.537 pesetas. Si observan, al mismo tiempo, los datos referidos al porcentaje que representa el salario mínimo interprofesional en las percepciones salariales medias en los trabajadores de la industria, se encuentran con que el Estado español está a la cola, ya que nuestro salario mínimo interprofesional supone sólo el 34 por ciento de los salarios medios de la industria, frente al 57 por ciento, por ejemplo, de Portugal. Únicamente están parejos los Estados donde el salario mínimo interprofesional es muy superior al del Estado español y ronda las 190.000 ó 200.000 pesetas.
Señorías, pensamos que es deber de todos los grupos parlamentarios, y particularmente responsabilidad del Gobierno, ya que hace tanta propaganda sobre la convergencia con la Unión Europea, lograr una convergencia real y no sólo nominal y que ésta se demuestre en el terreno de los salarios. Sería muy grave, es muy grave ya, que se esté produciendo una convergencia de los precios, por lo tanto de la capacidad de compra en el Estado español, y no haya una convergencia en salarios. Por tanto, en nuestra enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista le damos cinco años para que la acción de Gobierno pueda llevar a esta convergencia real y no nominal. Advertimos además que se está produciendo en el Estado español una precarización salarial y en los contratos laborales, en concreto en la última reforma, que lleva a que incluso el salario mínimo interprofesional no se respete, y no precisamente porque se hagan contratos de formación para sectores sociales, que podría justificarse, sino porque se aplican estos contratos de formación a colectivos como parados de larga duración o emigrantes, que no tienen por qué estar situados en este tipo de contrato precarizado, excepcional y en absoluto justificado. También queremos recordar que sería muy importante establecer, por lo menos progresivamente, un aumento del salario mínimo interprofesional hasta homologarse con la media europea, porque afecta de forma fundamental a colectivos muy importantes, como pueden ser los de mujeres.
Señorías, quiero acabar indicando que vamos a votar a favor de las dos proposiciones no de ley, tanto a la del Grupo Parlamentario Vasco como a la del Grupo Parlamentario Socialista, y desearíamos que en todo caso se crease una tensión positiva para que en cinco años el Estado español no fuera una excepción, no fuera de los la cola, sino por lo menos de los estados intermedios, cuestión a la que, desde el punto de vista social y económico, debemos aspirar todos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Las intervenciones de los portavoces de los grupos proponentes, el señor Txueka y el señor Jáuregui, han situado perfectamente cuál es la cuestión central del debate. De entrada, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió coincide en el fondo de lo que se ha planteado.
Es evidente que el salario mínimo, que en el caso del Estado español está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, se configura como un elemento de garantía de las rentas de determinados trabajadores, de los trabajadores menos favorecidos; además se ha convertido en un instrumento para el mantenimiento de niveles dignos en determinadas actividades económicas y juega un papel sustancial en al fijación de otras rentas, como muy bien ha apuntado el señor Txueka en su intervención. Pero no existe esa referencia sólo en nuestro ordenamiento jurídico, en el Estatuto de los Trabajadores, sino que en la normativa internacional -creo recordar que en el Convenio 131 y en la Recomendación 135 de la OIT- existe también ese reconocimiento normativo. Asimismo -y el conjunto de los portavoces así lo han manifestado-, en los últimos

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años se ha producido una pérdida de poder adquisitivo, un crecimiento por debajo de los salarios medios. Nos hemos alejado de las recomendaciones de la Carta Social Europea y hemos configurado un salario mínimo interprofesional de los más bajos de la Unión Europea.
Por tanto, todos ellos son argumentos que redundan favorablemente en el planteamiento que se hace por parte de estas iniciativas. Se ha dicho, y también es cierto, que es precisamente en momentos como los que vivimos actualmente, de crecimiento económico, cuando es posible plantear políticas de redistribución de rentas. Por tanto, este es seguramente un momento para plantear esa subida superior del salario mínimo interprofesional. También es cierto que la necesaria convergencia hacia la que el Estado español debe avanzar con el conjunto de miembros de la Unión Europea no debe afectar tan solo a aspectos macroeconómicos o de orden fiscal o de orden inmigratorio, etcétera, sino también de orden social. Por tanto, todos ellos son argumentos que lo que indican es que es evidente que más tarde o más temprano esta Cámara deberá pronunciarse en una línea muy clara de incentivar al Gobierno a un aumento de este salario mínimo interprofesional.
La enmienda que plantea nuestro grupo parlamentario responde precisamente a dos criterios, por un lado, que este sea un proceso gradual y, por otro, que el horizonte que nos marquemos sea precisamente esa convergencia salarial con el resto de socios de la Unión. Marcamos un plazo de tres años para ese objetivo, que nos parece que sería hoy perfectamente posible. Hemos de decir -debemos esperar lógicamente la intervención del portavoz del Grupo Popular- que en el fondo existe coincidencia de todos los grupos en esta línea. Por tanto, si hoy, por los motivos que fuese, finalmente no pudiésemos aprobar esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Catalán intentará activar en los próximos meses iniciativas que puedan permitir asumir este compromiso, por justicia social y porque hoy nuestra situación económica permite avanzar en una cuestión tan modesta como incrementar el salario mínimo interprofesional.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, una primera coincidencia con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista está en que efectivamente ninguno de nosotros tiene el ánimo en las condiciones necesarias para hacer retórica sobre la materia y sobre las proposiciones no de ley que han presentado el Grupo Socialista y el Grupo Vasco, después del terrible asesinato de esta tarde en Lasarte.
Señorías, debatimos nuevamente en la Cámara la oportunidad de incrementar el salario mínimo interprofesional. Digo nuevamente porque ya en octubre del año pasado una interpelación y consecuente moción del Grupo de Izquierda Unida nos dio la oportunidad de hablar sobre el tema. Pero también en el debate de presupuestos pudimos hablar de ello. La política del Gobierno en esta materia, señorías, no responde a ningún capricho. Las circunstancias actuales obligan al Gobierno a adoptar las medidas oportunas y, en consecuencia, a fijar el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta los criterios que establece el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores, ponderando no solamente los factores susceptibles de cuantificación económica, sino también aquellos otros que sirven de base o de instrumento para la fijación de la política económica del Gobierno a corto plazo. El IPC y la productividad media sí son susceptibles de cuantificación. No lo son, sin embargo, la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Hoy hemos asistido a la introducción de un nuevo elemento en el debate.
Se ha hablado hoy de la necesaria desindiciación del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en Europa no opera exclusivamente como renta salarial, sino que tiene también importante trascendencia en lo que se refiere a servir de referencia para determinados beneficios o prestaciones sociales: becas, acceso a viviendas de protección oficial, el beneficio de la justicia gratuita, etcétera. Son materias que están referenciadas al salario mínimo interprofesional o a un porcentaje del mismo. Tenemos que tener en cuenta también que no sólo afecta a la Administración general del Estado la fijación de un salario mínimo interprofesional; afecta también, y de manera muy importante, a prestaciones que son competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es dudoso que desde la perspectiva única y exclusiva de la Administración del Estado pueda abordarse, sin un previo diálogo con el resto de las administraciones públicas, una modificación del salario mínimo interprofesional.
El Gobierno (como no podía ser de otra manera, y tal y como está obligado) ha consultado previamente a los agentes sociales, a las organizaciones sindicales y a las asociaciones profesionales más representativas para fijar el salario mínimo interprofesional que se ha considerado oportuno, que es de 2.404 pesetas diarias o 72.120 pesetas mensuales. Además una de las funciones que viene desempeñando en nuestro país el salario mínimo interprofesional es la de servir de marco de referencia a la negociación colectiva en cuanto a establecer un criterio de moderación salarial. Hay que tener en cuenta -se ha dicho por otros portavoces- que lo importante no es la cuantía monetaria que representa este salario de referencia, lo importante es que más del 80 por ciento de la población asalariada española no percibe el salario mínimo interprofesional, sino un salario

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superior. Queda un 20 por ciento, pero de él, el 17 por ciento está por encima del salario mínimo interprofesional. Efectivamente, estaríamos hablando de un 3 por ciento, en torno a 165.000 personas.
También tenemos que decir que, en momentos de crecimiento económico, de un crecimiento económico que está costando muchos esfuerzos, el elevar de manera significativa -el Grupo Parlamentario Vasco nos propone un 17,85 por ciento- el salario mínimo interprofesional podría llevar a la condena a determinados trabajadores a desaparecer del mercado laboral, quizá a volver a la economía sumergida. Ese es uno de los graves riesgos que tiene la alteración traumática, importante del salario mínimo interprofesional.


Señorías, tendremos muchas más ocasiones de debatir la cuantía del salario mínimo interprofesional a lo largo de esta legislatura. El Grupo Parlamentario Popular saluda con interés, cómo no, estas iniciativas y, sobre todo, la introducción de nuevos elementos, tal y como han hecho el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero en este momento no tenemos capacidad para asumir una reforma del salario mínimo interprofesional, tal y como se nos está pidiendo. De todas maneras, señorías, querría recordarles que con el Gobierno del Partido Popular ha habido ejercicios económicos en los que el salario mínimo interprofesional ha subido por encima del IPC y que no podemos perder de vista la importancia, más que cuantitativa, social y económica que tiene el salario mínimo interprofesional.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las proposiciones no de ley que hoy se nos han presentado, sin perjuicio de que, como les decía, en otro momento tengamos ocasión de debatir más en profundidad esta materia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Para la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Diré a los grupos que han presentado enmiendas que yo las agradezco todas; en particular, la de Convergència o la del Bloque podrían discutirse e incluso incorporarse, pero la nuestra es un todo y tiene que ser votada como tal. Sin perjuicio de que se puedan votar los puntos separadamente, como ha expresado el representante de Convergència i Unió, la proposición queda íntegra, tal como la hemos definido.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: El Grupo Vasco aceptará la enmienda de Convergència porque lo que pedimos lo divide en tres años y aceptamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Solicitamos votación separada de los dos puntos de la proposición no de ley del Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): De acuerdo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre incremento del salario mínimo interprofesional, de la que votaremos separadamente los puntos primero y segundo.
Sometemos a votación el punto primero de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 117; en contra, 155; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto de referencia de la proposición no de ley.
Sometemos a continuación a votación el punto segundo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 129; en contra, 155; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el segundo punto de la proposición no de ley.
A continuación, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) relativa a la cuantía del salario mínimo interprofesional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 24; en contra, 257; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley de referencia.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE NAVAL DE ROTA.
(Número de expediente 173/000050.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota. Para la defensa y presentación de la misma, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la semana pasada debatimos una interpelación sobre las consecuencias para nuestro país de la ampliación de la base de Rota y hoy viene al Pleno... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella. (Pausa.) Adelante.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que hoy viene al Pleno la moción consecuencia de esa interpelación. Tengo que empezar manifestando que lamentamos no poder acceder a la petición de modificación de nuestro planteamiento que el señor Guardans nos hizo la semana pasada. Señoría, hay cuestiones de principio en relación con las cuales Izquierda Unida no puede ni quiere modificar su planteamiento. La defensa de una relación internacional basada en el diálogo, en la cooperación y en la resolución de conflictos no por la vía armada es para nosotros una cuestión de principios con respecto a la cual, repito, no vamos a modificar nuestro planteamiento. Nuestra moción denuncia lisa y llanamente el actual convenio y la reconversión de la base de Rota en una base de gestión y de ayuda humanitaria. Señorías, como ya dijimos al señor ministro la semana pasada, en los últimos años estamos asistiendo a la consolidación de un modelo de relaciones internacionales en el que el uso de la fuerza está exclusivamente en función de los intereses de los Estados Unidos, revistiéndolo a veces de cínicas justificaciones. Pero luego pasan los años y vemos cómo a Kuwait no ha llegado la democracia; cómo los talibanes no eran unos luchadores por la libertad, sino unos verdaderos desalmados, como se ha demostrado; cómo la guerra de los Balcanes continúa, a pesar de haber desaparecido el señor Milosevic; o cómo África se desangra sin que las grandes potencias le presten la menor atención. Así pues, la ampliación de la base de Rota se enmarca en esa relación internacional, así como también lo hace la postura de nuestro país al permitir el atraque de buques nucleares en Tarragona, en Palma de Mallorca y en Rota, algo que indica claramente la sumisión del Gobierno español a una estrategia francamente militarista, destructora y genocida planteada en estos momentos por los Estados Unidos, siendo acompañados, como fiel seguidor, por nuestro Gobierno en un papel de querer ganar méritos muy por encima de lo que hacen otros gobiernos de otros países. Ya lo dijimos la semana pasada y lo repetimos ahora.
Ampliar la base de Rota supone la negociación definitiva de Andalucía y también un avance importante en la conflictividad en el Mediterráneo. Por supuesto, también supone la violación de los resultados del referéndum de la OTAN, referéndum que respetamos los que lo perdimos, pero no así los que lo ganaron.
Señorías, muchas de las intervenciones a las que hemos asistido durante los últimos años han sido fácilmente justificables cara a la opinión pública. Era verdad que en Kosovo la población estaba siendo masacrada de forma injusta y así lo denunciamos nosotros; lo que pasa es que las motivaciones reales para la intervención no eran las que se decían, porque, si eso hubiese sido así, en estos momentos estaríamos viendo a la OTAN intervenir en Turquía para defender a los kurdos o en Marruecos para defender al pueblo saharaui; en definitiva, veríamos a la OTAN intervenir en todos aquellos lugares en los que hace falta defender a los pueblos que son masacrados. Pero esto no es así, sino que la OTAN interviene de una forma descaradamente parcial. Escoge de una forma descaradamente parcial sus intervenciones, siguiendo únicamente, como ya he dicho, los intereses económicos de las potencias que la dirigen. Se ha dejado morir a miles y miles de personas en el Congo, en Chechenia, en Eritrea y en Nigeria, y la OTAN ha mirado hacia otro lado. Por tanto, que no se nos diga aquí que la ampliación de la base de Rota es una contribución a la paz, porque eso -repito- no es ni más ni menos que aumentar el cinismo. La ampliación de la base de Rota es una contribución a la guerra, al militarismo y a que determinados problemas del mundo sigan resolviéndose unos en contra de otros y no en función de la negociación. Eso es lo que significa ampliar la base de Rota y lo que hay detrás del acuerdo de Estados Unidos con España y en la mente del Gobierno del Partido Popular. Desde Izquierda Unida queremos reiterar la necesidad de que hay que denunciar el actual tratado bilateral con Estados Unidos para proceder a la retirada definitiva de la presencia militar norteamericana en España, porque eso lo que votaron los españoles en el referéndum. Izquierda Unida entiende que el actual despliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es producto de una continuación de la guerra fría, porque una vez terminada ésta, había que seguir buscando enemigos no para defender la paz, sino para que el entramado militar americano siguiera haciendo negocio, que es lo

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que hay detrás de las intervenciones militares en la mayor parte de los casos. Es totalmente inaceptable para nosotros este despliegue, es totalmente inaceptable para nosotros unas relaciones que se basan en un sistema de seguridad militarizado y deshumanizado. Las bases militares norteamericanas tienen una doble función: son una zona de proyección de la fuerza militar estadounidense, incluida la fuerza nuclear, porque bien se guardan ustedes de no preguntarle a los Estados Unidos qué viene en sus submarinos nucleares. Esa es la dejación que ustedes hacen de nuestra soberanía. Pero también son centro de comunicación, de control electrónico y de espionaje. En definitiva -lo repito una vez más-, son una amenaza para la paz. Es por ello por lo que Izquierda Unida, recogiendo la condición número 3, aprobada por 15 millones de españoles y de españolas, pide que se proceda a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España hasta su definitiva desaparición. Izquierda Unida denuncia que la autorización concedida por el Gobierno del Partido Popular para transformar la base de Rota en una base del puente aéreo estratégico, supone no solamente una violación de este referéndum, sino que supone un paso más para la pérdida de soberanía y de independencia de nuestro país. No basta con que la bandera española ondee en Rota, como nos decía el ministro. ¿Quién se cree en esta Cámara, en este país o fuera de él, que en Rota mandan los españoles? Eso no se lo creen ni ustedes, porque, en realidad, quien manda es el que paga y el que paga son los Estados Unidos.
Bien lo decía el general jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando manifestaba que la ampliación de la base de Rota es clave en nuestra estrategia de ubicación de abastecimiento del puente aéreo. Nuestra, de los Estados Unidos, no de nuestro país, señores del Partido Popular. Lo ocurrido en Kosovo -añadía- nos indica que no podemos predecir cuándo y dónde ocurrirá una situación que requiera una respuesta de emergencia. La ampliación es fundamental para la estrategia de los Estados Unidos. Esto se dice en papeles oficiales del Gobierno de los Estados Unidos. Que no se nos diga que responden a los intereses españoles, sino que es claro -los propios Estados Unidos lo dicen- que responden a sus propios intereses. Con esta ampliación, la base de Rota convertirá a España en la principal plataforma europea de lanzamiento de los bombarderos B-52 y los aviones de transporte C-5. Nos convertiremos en un fiel aliado de Estados Unidos, pero ¿a costa de qué, señorías? A costa de perder la posibilidad de jugar un papel importante en la defensa de verdad de los valores de la paz.
Izquierda Unida, tal y como defendió en su programa electoral, tal y como defendió en su compromiso con los electores, entiende que las bases norteamericanas de Rota y de Morón deben transformarse en dos bases desmilitarizadas bajo mando de las Naciones Unidas, para formar una red internacional de alerta temprana, para canalizar ayuda humanitaria, esa que tarda siempre en llegar. Curiosamente, todos vemos cómo los aviones militares llegan enseguida y, sin embargo, los aviones de ayuda humanitaria tardan en llegar, cuando llegan, porque la mayor parte de las veces ni siquiera llegan. Por eso solicitamos la transformación de estas dos bases en bases de gestión de ayuda humanitaria mediante convenios con las Naciones Unidas.
Señorías, nuestro grupo nunca ha visto como en esta ocasión compensada su soledad parlamentaria con el apoyo solidario de miles y miles de españolas y españoles que, junto con nosotros, siguen pensando que la lucha por los principios de solidaridad en el mundo es un valor que todavía hay que seguir defendiendo no con las armas en la mano. No creemos que la paz se defienda con las armas, la paz se defiende con la paz, señorías. Por eso hemos presentado esta moción con tres puntos muy claros. Estamos dispuestos a votarlos por separado si algún grupo estuviese dispuesto a aceptar alguno. En nuestro primer punto planteamos que no se autorice la petición de Estados Unidos para la ampliación de la base de Rota. En el segundo, instamos al Gobierno a que denuncie el actual tratado de España con los Estados Unidos a efectos de proceder a la definitiva retirada de las tropas USA del territorio español. En el tercero, solicitamos transformar las bases de Morón y Rota en bases desmilitarizadas de gestión y ayuda humanitaria. Estos son los planteamientos que Izquierda Unida -como decía la semana pasada- defiende aquí y ahora y seguirá defendiendo. Señorías, no reducimos nuestros principios porque no renunciamos a ellos.
Para terminar, señora presidenta, a nuestra moción se ha presentado una enmienda respecto de la cual voy a manifestar nuestra postura, que es la de no poder aceptarla, porque rebaja, incluso, los contenidos del propio referéndum, ya que hace referencia a no incrementar el nivel del personal americano autorizado; es decir, habla de no incrementar el personal, lo cual no es lo mismo que reducir. Por otra parte, en cuanto al resto de los planteamientos, sigue defendiendo una postura que es coherente con la mantenida históricamente por el Partido Socialista Obrero Español, pero que también lo es con nuestro desencuentro y constituye uno de los elementos que nos han hecho divergir de ellos durante años y años; ahí estuvo nuestra divergencia en el referéndum sobre la OTAN y, posteriormente, en la política de paz. No podemos admitir que no se pida la no ampliación. Por tanto, si el Grupo Socialista estuviese dispuesto a votar a favor del primer punto lo votaríamos por separado, incluso lo reduciríamos a no autorizar la petición de Estados Unidos. Esa sería nuestra postura si estuviese dispuesto, repito, a aceptar ese ofrecimiento que desde aquí hacemos al Grupo Socialista para que al menos apoye el primer punto, que sería la no ampliación de la base de Rota.


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En cuanto al resto de los puntos sabemos que es muy difícil alcanzar un acuerdo, igual que ellos tienen que saber que es imposible que nosotros admitamos mantener las condiciones de desnuclearización aprobadas en el referéndum, porque son unas condiciones en las que no se le pregunta a Estados Unidos qué es lo que llevan en esos buques y tampoco garantizan la total desnuclearización de nuestras aguas ni de nuestras bases. Repito que no podemos admitir esta enmienda, pero les hacemos el ofrecimiento de que, al menos en el primer punto, podamos ir unidos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos hoy en uno de aquellos trámites en el que volvemos a repetir el debate de la semana anterior, por lo que podríamos pasar horas y horas repitiendo posiciones y argumentos sin llegar a unos puntos de mínima coincidencia entre los grupos. En la defensa de nuestra enmienda no voy a esforzarme en repetir el debate sino, únicamente, en hacer una somera presentación de cuál es nuestra posición en esta enmienda de sustitución.
Decía un pensador que la mejor manera de no cambiar la realidad es ignorarla. Ignorando cuál es la realidad nunca se llegará a cambiarla, por mucho que se repita que se quiere cambiar. España forma parte de un sistema de seguridad compartida que ha garantizado el período de paz más largo que Europa y su entorno han tenido en toda su historia. Un sistema que se basa en una relación trasatlántica entre socios y aliados que comparten unos valores fundamentales, los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, en suma, el valor de la paz democrática. En este contexto hay que situar la política de seguridad que España ha seguido desde que recuperamos la democracia. En este ámbito el actual convenio, tal como se reconoció por parte de varios de los grupos intervinientes, significó un cambio radical -y repito el adjetivo, un cambio radical- de las relaciones de España con Estados Unidos. ¿Ha dejado de ser válido hoy este tipo de relación? Nosotros creemos que en lo fundamental sigue siendo válido. Si no fuese válido tendríamos que proceder a una posición extrema, como la que representa Izquierda Unida de forma legítima, que es romper el convenio y hacer un cambio radical, que sigue un esquema que Izquierda Unida siempre ha defendido y que no coincide con el de la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara en esta legislatura y en legislaturas anteriores, como muy bien señalaba el señor Centella. Si no fuese válido hacer cambios en profundidad, tendríamos que proceder a una renegociación del convenio. Hoy estamos ante una revisión técnica, una revisión consecuencia de los cambios que se han producido en los últimos años; hay una serie de aspectos en este convenio que ya no corresponden a la realidad, desde bases que no existen, desde condiciones que no existen, por lo que es necesaria una revisión técnica. Decíamos el otro día que, como es sólo una revisión técnica, hay que mantener los principios fundamentales en los que se basa el actual convenio. Por tanto, en nuestra enmienda instamos al Gobierno a que se mantengan estos principios. Si no se mantuvieran estos principios, evidentemente se produciría una situación de desencuentro entre lo que el Gobierno pretende y lo que este grupo estaría dispuesto a defender. ¿Cuáles son estos principios? Los relataba la semana pasada y los repito hoy rápidamente. Un primer punto, mantener el principio de soberanía y control por parte de España; un segundo aspecto, conservar el actual régimen respecto al uso de instalaciones y, sobre todo, a las autorizaciones de uso caso por caso, no incrementar el nivel del personal norteamericano autorizado y mantener las condiciones de desnuclearización aprobadas en el referéndum. Estos son elementos fundamentales, pero tenemos que reconocer que, a lo largo del periodo de vigencia de este convenio, se han producido algunos desajustes pequeños y sería un buen momento para poder solucionarlos. Nosotros creemos que la negociación del convenio es competencia de gobiernos, por tanto del Gobierno de España y del Gobierno de Estados Unidos, pero esto no impide de ninguna manera que el Gobierno mantenga debidamente informados tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos de los municipios afectados por la presencia de las bases de Rota y Morón. Por tanto, instamos al Gobierno a que se mantenga de forma adecuada esta información.
Finalmente, en los últimos dos o tres años se han producido algunos desencuentros en la zona por aspectos laborales e impositivos; por aspectos laborales con los trabajadores de ambas bases. Señor ministro -que está hoy aquí-, aprovechen la ocasión para solucionar estos dos problemas. No estamos hablando de cuestiones de principio ni de grandes cantidades. Solucionemos el problema económico-laboral planteado, hay maneras de solucionarlo y el significado económico no va a desequilibrar ningún presupuesto. Lleguemos a un acuerdo entre Estados Unidos, entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno español. Existen también pequeños problemas -porque son pequeños, aunque no haya manera de solucionarlos- con las autoridades locales en aspectos impositivos. Creemos que los planteamientos de los ayuntamientos son razonables, que no significan filosofías extrañas ni costes económicos importantes. Aprovechen la ocasión y solucionemos los problemas técnicos que existen en la actualización

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del convenio, y solucionemos también los problemas que hay con los trabajadores y con las autoridades locales.
Ha avanzado el proponente de la moción que no las va a aceptar, por lo tanto estas propuestas no van a seguir adelante, pero su contenido está sobre la mesa. Señor ministro, Gobierno, den solución a este tema y todos habremos contribuido a solucionar pequeños problemas que tienen su importancia y a veces pueden llegar a convertirse en grandes problemas.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marsal.
Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el punto de vista andaluz, no voy a hacer una intervención de filosofía sobre si deseamos que haya ejércitos o no, que haya guerras o no, que tengamos base o no, ni voy a hablar de aire y agua ni de las bases aéreas y navales, sino que voy a hablar de la tierra ocupada. Y voy a hablar de los problemas reales que está provocando la situación de estas bases en Andalucía, que han sido esbozados por el portavoz socialista. Son problemas laborales que el señor ministro conoce perfectamente, son problemas de desajustes, de aplicación de criterios fiscales al personal de la base que no puede hacer uso de su representatividad, tal como manda el Estatuto de los Trabajadores, por las relaciones entre los dos gobiernos, que han supuesto una merma importante en sus ingresos, y nos consta que el señor ministro está trabajando a favor de su solución.
El segundo problema es de ámbito impositivo por las consecuencias de la existencia de comercio dentro de las bases, de exención de licencias de obra, de exención de determinadas tasas. Todos sabemos que estas bases existen, como se ha dicho en la exposición, por razón de Estado de occidente. Parece más que razonable que la razón de Estado compense de forma concreta a los municipios afectados, tanto por el detrimento de los ingresos que tienen por la existencia de estas bases, como por otra serie de problemas funcionales que el Gobierno conoce.
No estamos ante la revisión por denuncia de un convenio, estamos casi ante la renovación de un convenio. Apoyamos la situación actual de mantenimiento de la soberanía española y del resto de los principios deducibles del propio referéndum, como la desnuclearización, pero nos gustaría pisar el suelo y que el Gobierno fuera capaz de resolver estos problemas de relaciones, tanto con el personal como con las corporaciones locales aledañas a las bases.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Todavía ignoro cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, si se puede encajar -aunque creo que es un imposible- en la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Mi grupo no la puede apoyar, por lo que va a votar en contra. No sé si hay alguna posibilidad de arreglo con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista pero, incluso con ella, no vemos necesidad alguna de que el Parlamento se pronuncie sobre mantener el principio de soberanía y control por parte de España. Mi grupo no lo duda -y está aquí el ministro de Defensa- porque sería dudar de toda racionalidad política y del principio constitucional de la soberanía del Estado español, a que está obligado cualquier Gobierno democrático: en primer lugar, a defender España. Por tanto, en una base militar de uso conjunto hispano-norteamericana, como la de Rota o la de Morón, hay que mantener el principio de soberanía y control por parte de España.
Volviendo a la moción que motiva este debate, creo que falta un cuarto punto, que es una especie de declaración de beligerancia contra los Estados Unidos. Respecto al punto primero de no autorizar la petición de Estados Unidos para la ampliación de la base de Rota, los portavoces ya tuvimos ocasión de intervenir recientemente en la Comisión de Asuntos Exteriores cuando el ministro Piqué presentó el documento firmado el 11 de enero, entre nuestro ministro de Asuntos Exteriores y la todavía entonces secretaria de Estado Madelaine Allbright, de la anterior administración del presidente norteamericano, señor Clinton. Dicho documento en uno de sus puntos hace referencia a los acuerdos de cooperación militar respecto a la base de Rota. Allí tuvimos ocasión de manifestarnos sobre la cooperación y el ámbito de la defensa. En este documento se dice, y leo literalmente: Ambas partes se proponen cooperar estrechamente para facilitar la modernización de las instalaciones militares, incluyendo las bases de Rota y de Morón. Es una modernización que entra en el ámbito de los acuerdos entre dos países soberanos que cumplen los principios de legalidad porque están soportados por la legitimidad del gobierno democrático.
En cuanto a denunciar el actual tratado de España con los Estados Unidos a los efectos de proceder a la definitiva retirada de las tropas USA del territorio español, dicho así, cada uno tiene a su clientela para que crean lo que dice o a los que dirigir sus planteamientos, pero esto tampoco estaba en el referéndum. Hacer aquí una invocación al referéndum celebrado en 1986 sobre

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la pertenencia de España a la OTAN, me parece que está fuera de lugar. Ahora bien, el punto tres, convertir las bases de Rota y Morón en bases desmilitarizadas de gestión y ayuda humanitaria mediante la realización de un convenio con las Naciones Unidas, es prácticamente un imposible metafísico. Voy a decir por qué y es una de las razones lógicas por las que le damos nuestro voto negativo. En primer lugar, ¿están las Naciones Unidas en disposición de hacerse cargo de bases de este tipo? No conozco que las Naciones Unidas puedan administrar bases militares con los costes que eso conlleva.
Pasemos al segundo análisis. Se habla de bases desmilitarizadas de gestión y ayuda humanitaria. Señorías, ¿con qué instrumentos se están haciendo en estos momentos los planes de ayuda de paz de gestión de ayuda humanitaria sobre determinados países? Con fuerzas militares.
Lo que mandamos en misiones de paz a resolver conflictos étnicos, enfrentamientos raciales, etcétera, son efectivos militares que llevan un principio de orden, de pacificación, de alimentación, de garantía de suministros, de sanidad, de hospitales, etcétera. Si desmilitarizamos este sistema es imposible, salvo que se quiera entregar las bases de Rota y de Morón a una ONG o a la Cruz Roja, porque no tienen ni capacidad de gestión. Vamos a racionalizar todos estos principios para no caer en un planteamiento que fluctúa entre la demagogia y la utopía. España debe mantenerse en la línea del principio de soberanía que viene manteniendo con otras naciones, entre ellas los Estados Unidos de Norteamérica. Además, la administración norteamericana entrante ha quedado en respetar lo firmado entre el ministro español de Asuntos Exteriores y la anterior secretaria de Estado.
En esta línea de racionalidad, mi grupo tiene que votar que no a esta iniciativa que viene hoy aquí y dar el mínimo voto de confianza al Gobierno, porque mi grupo parlamentario ha apoyado el discurso de investidura del presidente del Gobierno y tiene una plena cooperación y lealtad con el señor ministro de Defensa en todos estos asuntos que son de pleno servicio a la dignidad y a la soberanía constitucional del Gobierno español con el Estado español, que es su primer principio de congruencia, en el cual la política de defensa, como un instrumento de la política exterior, se imbrica en el respeto a unos compromisos internacionales.
No quiero hacer ningún otro juicio de valor sobre esta iniciativa, pero mi grupo la rechaza frontalmente porque no tiene arreglo ni por vía de enmiendas, pese a la buena voluntad expresada aquí por el portavoz del Partido Socialista que trata de darle un encauzamiento en el Estado de derecho. Repito que no es ocasión para que tengamos que poner aquí en duda el principio de soberanía que defiende el Gobierno español con el apoyo de este Parlamento.
Señora presidenta, no quiero utilizar más argumentos sobre lo que es ya una obviedad. Por tanto, nos vamos a oponer a esta moción sobre las bases de Rota y Morón. Aprovecho la presencia del señor ministro de Defensa para decirle que siga en la línea de mantenimiento de lo que son unas relaciones bilaterales ajustadas a derecho y al principio de responsabilidad de ambos Estados soberanos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo interviene para precisar nuestra posición contraria a la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida, tal y como ya manifestamos en el debate de interpelación de la semana pasada.
De acuerdo con la introducción del señor Centella en su intervención, nos hubiera gustado oír una reducción en los planteamientos de la propuesta, que tiene una difícil justificación. Aunque ya la tenía hace treinta años, ahora prácticamente no tiene ninguna. Como mi compañero Guardans expuso la semana pasada, nos habría gustado, como ha expuesto la enmienda del Grupo Socialista, que se hubieran exigido más inversiones o más condiciones laborales favorables para precisar el acuerdo entre España y Estados Unidos.
Los tres puntos que contempla la moción se inician, en primer lugar, con la denuncia, en su segundo apartado, de los acuerdos entre Madrid y Washington, que deben ser los de una alianza y no los de supeditación de un Estado a otro. Ya manifestó nuestro grupo la discrepancia con la interpelación que se debatió la semana pasada.
Defendíamos entonces y mantenemos ahora no sólo el refuerzo de las relaciones entre España y Estados Unidos, sino también el refuerzo de la presencia española en el seno de la Alianza Atlántica y el papel de España en la construcción de una iniciativa europea de defensa de forma inseparable. Todo ello desde nuestra discrepancia con el grupo proponente que presenta esta moción como rechazo a una estrategia intervencionista de Washington en el Estado español, opinión que no compartimos porque entendemos que la situación real no es ésa.
Podemos estar de acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida en la discrepancia y, en muchos casos, con algunas decisiones concretas que toman Estados Unidos. También estamos de acuerdo en que actúan de forma unilateral en determinadas situaciones, es decir, en defensa exclusiva de sus propios intereses fuera de las organizaciones multinacionales como son la ONU o la OTAN, lo cual no es correcto y, además, es un posible riesgo de la actual administración Bush.
Nuestra condición de aliados no se desmerece con la necesidad de autorización de atraque, caso por caso, de buques en la base naval, y la prohibición expresa de entrada de buques de propulsión nuclear, y

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preservar los derechos de la zona y de los beneficios que se deriven del acuerdo de posible de creación de empleo en la zona indicada.En caso de conflicto, tampoco nuestro grupo es contrario a colaborar como aliado en temas como los servicios lógísticos de transporte, de tropas, etcétera.
Señor Centella, somos los demócratas europeos los que hemos pedido a los Estados Unidos que no se desvinculen de Europa ni de sus conflictos regionales, somos y queremos ser sus aliados, y además queremos hacer esto compatible con una mayor iniciativa y capacidad europea en seguridad y defensa, que no estará nunca en oposición a los Estados Unidos.
Finalmente, debo reconocer que todos deseamos sustituir a los ejércitos por ONG y asociaciones humanitarias, que sólo será posible el día que desaparezcan definitivamente del mundo y de nuestro entorno europeo y mediterráneo las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Entonces, será cuando daremos soporte a la conversión de estas bases en áreas de gestión y de ayuda humanitaria. Ahora precisamos mantener un ejército democrático y bien organizado con el soporte de los aliados y coordinados con ello. Por ello, nuestro voto será contrario a la moción.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tal y como ha transcurrido el debate, como decía el señor Marsal, es una repetición del de la semana pasada, pero falta un elemento, que es la brillante intervención del señor ministro, que creo que dejó las cosas suficientemente claras en lo que significa la exposición por parte del Gobierno de la nación y también la exposición correspondiente al posicionamiento de un partido que gobierna, que es el Partido Popular. (Rumores.) Por eso, señorías, he subido a la tribuna fundamentalmente por respeto a esta Cámara y al tipo de iniciativa que estamos debatiendo.
Señor Centella, creo que las cosas quedaron suficientemente claras.
Yo tenía en mi fuero interno una esperanza, y es que, después del varapalo del pasado miércoles, S.S. renunciara a presentar esta iniciativa. Sin duda ustedes, en el erre que erre que yo respeto, pero allá ustedes, como decía el otro día, han presentado una iniciativa. En lo que no tenía ninguna esperanza es en que ustedes presentaran una iniciativa, como algún portavoz bienintencionado planteó, en la que propusieran puntos de encuentro con los demás grupos. En eso no tenía ninguna duda, porque ya le dije la pasada semana que no era cuestión de coherencia -y creo que también se lo dijo el señor ministro- sino fundamentalmente de que ustedes han decidido estar en la antigüedad, y yo lo respeto. En cualquier caso, ustedes podían haber aprendido de algún muro que se cayó, porque, como decía un compañero, algunos a los que se les cayó el muro ahora quieren entrar corriendo en la OTAN. A ustedes no les voy a pedir que ahora quieran entrar corriendo en la OTAN, pero sí que, de vez en cuando, reflexionen y traten de mirar al futuro desde una posición más posibilista.
Señorías, la cuestión que nos ocupa quedó suficientemente centrada la semana pasada. Estamos ante la revisión técnica de un convenio, el que une las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la cooperación defensiva. El ministro de Defensa la semana pasada dejó perfectamente claro, como ya lo había hecho el ministro de Exteriores en su comparecencia ante la Comisión correspondiente, cuáles son los principios inspiradores de la revisión técnica, que fundamentalmente parten de la realidad -y coincido con usted, señor Marsal- del convenio del año 1989, que es un buen convenio que, además, equilibra las relaciones de un país democrático y aliado como España con los Estados Unidos. Creo que los principios inspiradores del convenio están completamente vigentes y en la propia declaración del 11 de enero así se manifiesta. Por tanto, creo que hay una mayoría clara en esta Cámara, y se deduce de las intervenciones anteriores, en cuanto a avanzar en esa línea de amplio respaldo parlamentario. Nosotros no vamos a pretender a estas alturas que Izquierda Unida lo respalde, porque tiene su posicionamiento. Algunos compañeros portavoces han tenido oportunidad de fijar su posición en relación con la iniciativa, y yo solamente quisiera remarcar algunos criterios.


Señor Centella, ustedes se empeñan en seguir diciendo, y así figura en el texto de su moción, que se va a producir una ampliación de la base naval de Rota. Pues, mire usted, no es así. La semana pasada se lo dejó suficientemente claro el señor ministro. Además, tienen ustedes información por escrito a preguntas del señor Alcaraz o de otros diputados de otros grupos donde queda claro que en ningún momento se va a ampliar la base naval de Rota, ninguna de las dos bases que hay en España. No se amplía ni el número de bases que hay en España ni el límite territorial de las mismas ni el concepto de su utilización ni el número de tropas americanas autorizadas en nuestro país. Lo que sí se van a realizar son determinadas actuaciones de modernización que corresponden a criterios que han planteado tanto las Fuerzas Armadas españolas como, en su caso, las Fuerzas Armadas americanas. En este sentido, en cuanto a la tan traída y llevada ampliación de los aparcamientos en la base naval de Rota, me remito a lo que dijo el señor ministro la semana pasada.
Respecto al tipo de naves que van a utilizarse, en ningún momento van a ser aviones de combate, señor Centella, sino aviones de alta capacidad. Eso es más

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propio, señor Centella, de épocas pasadas en España, afortunadamente superadas. Son situaciones que se mantienen en otros países democráticos y aliados nuestros, pero que en España, que tiene una situación privilegiada, no se dan. Por tanto, señor Centella, desde la discrepancia, debería reconocer y no hacer el discurso manido y fijado previamente que se empeñan ustedes en hacer porque pierden absolutamente su credibilidad.
Yo insisto en que el Grupo Parlamentario Popular cree que la construcción de los aparcamientos en la base naval de Rota es beneficiosa no sólo para las relaciones bilaterales entre nuestro país y los Estados Unidos de América, sino también para las Fuerzas Armadas españolas, para España y para nuestra proyección internacional. El aumento de los aparcamientos no implica el aumento de la presencia de los Estados Unidos en España. Estamos hablando, además, de una base con mando español, una base donde ondea la bandera española, que es la base naval de Rota, igual que ocurre con la base de Morón. Ambas cuentan con un sistema de autorización para su uso, caso a caso, que ya se estableció en el convenio del año 1982, alcanzado por el Gobierno de la Unión de Centro Democrático y ratificado por el Gobierno del Partido Socialista, y que se refuerza en el convenio actualmente en vigor, alcanzado en la época del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
Señor Centella, aquí hay una continuidad histórica coherente, ya que la inmensa mayoría de esta Cámara ha respaldado nuestra posición internacional, nuestra política bilateral con los Estados Unidos de América. Por eso, la declaración conjunta del día 11 de enero del presente año insiste, en lo que se refiere al ámbito de cooperación en la defensa, en las políticas de Estado llevadas a cabo por los distintos Gobiernos de España en los últimos años, poniendo el acento en la nueva realidad y en el papel privilegiado y preeminente de relaciones que a partir de este momento se establece. En ese sentido, como decía el señor Mardones, se establece la cooperación estrecha entre los dos Gobiernos para la modernización de las instalaciones militares, incluyendo las bases de Rota y Morón y, como bien ha dicho el señor Marsal, es necesario revisar este convenio por la nueva situación en que nos encontramos. Por eso, señores de Izquierda Unida, no podemos respaldar en ningún momento su iniciativa en lo que significa la mal llamada ampliación de la base de Rota.
Tampoco, señor Centella -y la semana pasada, aunque fuera brevemente, tuvimos la oportunidad de hablar de ello-, podemos respaldar el resto de puntos de su iniciativa ni vamos a denunciar el tratado de España con los Estados Unidos, porque el Grupo Popular es partidario de seguir en la línea que fue alcanzando nuestro país desde que conquistó las libertades en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en este momento equilibradas. Por tanto, en esa línea seguiremos avanzando. Además, las propias bases de Rota y Morón también son de uso de las Fuerzas Armadas españolas, cuando las necesitan.
Y el tercer punto que usted plantea en cuanto a la conversión de las bases de Rota y Morón en bases desmilitarizadas de gestión y ayuda humanitaria ya no hay quien lo entienda, y ustedes ofrecen un convenio curioso con las Naciones Unidas. Señor Centella, en eso sí le pediría un poquito de seriedad. Ustedes dicen: bases fuera. ¿Los trabajadores también a la calle o ahora los recolocamos en las Naciones Unidas? Ustedes defienden en Rota que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo, y ahora ofrecen una fórmula curiosísima de desmilitarizar las bases de gestión y ayuda humanitaria. Creo que el señor Mardones ya le ha contestado suficientemente a ello.
Señoras y señores diputados, me parece que estamos ante un asunto de más importancia, estamos ante un asunto donde el papel de España en los últimos años ha ido ganando claramente en su proyección, y no sólo en los ámbitos multilaterales sino especialmente en las relaciones con los Estados Unidos de América. Creo, y así se concluirá sin duda de este debate, que hay un respaldo claro de la Cámara a la posición del Gobierno de la nación en cuanto a la revisión técnica del acuerdo de cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos de América. Los principios que inspiran la declaración conjunta del pasado mes de enero, así como el convenio alcanzado en el año 1989, son los que van a inspirar la revisión.
Señores del Grupo Socialista, puedo decirles en nombre del Grupo Popular que, desgraciadamente, no hemos tenido oportunidad de fijar nuestra posición respecto a su enmienda, porque fue rechazada por el Grupo de Izquierda Unida. Evidentemente, iba en una línea radicalmente distinta del origen de la iniciativa. Los principios inspiradores, que son absolutamente asumidos por este grupo, fueron los que inspiraron el convenio del año 1989. Incluso las cuestiones que ustedes plantean, ya dijo el ministro en la interpelación que eran preocupaciones del Gobierno, y así se ha dicho reiteradamente en los pronunciamientos del Gobierno, y también en las resoluciones que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en comisión relativas a las reivindicaciones que plantean los trabajadores de Rota respecto al mantenimiento de su poder adquisitivo, así como en la voluntad de resolver otro tipo de cuestiones que se plantean.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular, por pura coherencia con la política realizada como grupo, antes en la oposición y ahora en el Gobierno, no puede respaldar la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Señor Centella, en su intervención ha puesto de manifiesto, y creo que esta Presidencia ha entendido

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bien, que rechazaba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así?

El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente, señora presidenta. Ni el señor Chaves ni yo podríamos aceptar nunca esta enmienda.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, cinco; en contra, 270.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ADOPCIÓN URGENTE DE LAS MEDIDAS QUE PERMITAN LA PLENA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA5/ 2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. (Número de expediente 173/000051.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Del Campo.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias.
Señora presidenta, señorías, la semana pasada, mi compañero, el señor Barrero, expuso en la interpelación que precedía a esta moción los reproches del Grupo Socialista hacia la pasividad del Gobierno a la hora de poner en marcha la Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. Yo no pretendo hoy repetir aquí sus argumentos, fueron suficientemente claros. Me gustaría, en cambio, abrir una puerta a la esperanza y retomar una de las primeras frases que dijo en aquella intervención. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Del Campo, por favor.
Señorías, la señora Del Campo no ha podido continuar con su intervención debido al murmullo que hay en la Cámara.
Adelante, señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias.
Aquella frase fue: estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que el Gobierno supere su desidia y que podamos aplicar esa ley de forma que responda a aquellos objetivos de reeducación y de defensa de los derechos del menor que todos pretendimos en esta Cámara. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Pero para estar a tiempo de verdad es necesario acometer inmediatamente una serie de tareas, y esas tareas son las que se proponen en los objetivos de esta moción. La primera de ellas, señorías, es dar una salida a la dificilísima situación en la que se encuentran las comunidades autónomas que deben aplicar las medidas previstas en la ley. Es cierto que las competencias sobre protección y tutela de menores han sido asumidas por las comunidades, pero también es cierto que esta ley ha ampliado extraordinariamente el contenido de esas competencias. Ahora se les atribuye no sólo la aplicación de la reforma a los niños menores de 16 años, sino también a los jóvenes que están entre 16 y 18 años y a jóvenes incluso, en un futuro próximo, entre 18 y 21 años. Así, la dependencia de las comunidades autónomas puede llegar hasta los 23 años en caso de internamiento y hasta bastante más tarde en el caso de otras medidas. No es una cuestión alarmista, pero sí basta para dar un indicio de lo que supone este proceso que entre el 14 de enero y el 13 de marzo, en los dos primeros meses de puesta en práctica de la ley, 375 jóvenes mayores de 18 años han sido excarcelados, y en su mayoría estos jóvenes han sido sometidos a internamiento o a otras medidas que deben ejecutar y financiar las comunidades autónomas. Y esto, señorías, no es más que el principio de un largo proceso.
Las autonomías se ven, por tanto, obligadas a sostener una carga que supera con mucho sus recursos, y este es un clamor unánime que no conoce diferencias de tintes políticos. Madrid, Andalucía, Valencia, Extremadura o el País Vasco pueden diferir en el tono del discurso que emplean, pero no en su contenido. Todas ellas deben afrontar no sólo la construcción de centros y la formación y pago del personal necesario, sino también las complicaciones y el costo de la diversificación y aumento de gasto que supone aplicar las medidas a personas de edad tan diferente, muchas de ellas, por cierto, bien entradas en la mayoría de edad.
Por eso, señorías, al Grupo Socialista le parece razonable y moderada la cantidad de 45.000 millones que las comunidades autónomas consideran necesaria para ponerla en práctica. Es justo reconocer, porque no se reconoció aquí la semana pasada por parte del Gobierno, que han venido desarrollando un trabajo muy intenso de adaptación de sus estructuras para poder aplicar

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la ley durante el período de vacatio legis. Por eso, señorías, también es urgente la colaboración que solicitan para ello. Por desgracia, a pesar de múltiples conversaciones y solicitudes, hasta el día de hoy la única respuesta formal del Gobierno ha sido un informe del Ministerio de Administraciones Públicas en el que se niega cualquier obligación de cooperación con las autonomías, aunque vagamente no excluye que puedan arbitrarse cauces que, en vía de colaboración, coadyuven a dicho ejercicio. Aeste informe y a esta enigmática declaración le ha seguido el envío de un cuestionario de necesidades que todavía no sabemos si tiene algún objeto práctico o ha sido hecho con fines meramente informativos, puesto que tampoco han recibido las comunidades autónomas noticia alguna sobre su finalidad.
En fin, señorías, para el Grupo Socialista la cuestión es demasiado seria y demasiado urgente para andar en vaguedades y contradicciones.
El Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el coste de aplicación individual de cada una de las medidas de esta ley y transferirle los recursos adicionales que hagan falta. Esta es la primera y más urgente propuesta de la moción. Pero hay también otras acciones imprescindibles que se contemplan en ella.
En efecto, los recursos para la ejecución de las medidas, señorías, son imprescindibles, pero también lo es que se creen las plazas de fiscales necesarias para aplicar correctamente la ley; que se dote a las fiscalías y a los juzgados de menores de los medios materiales y de personal que necesitan para funcionar normalmente; que el Gobierno proceda de inmediato a formar a los nuevos miembros de los equipos técnicos y que asegure allí donde sea competencia del Consejo General del Poder Judicial, con su colaboración, que todos aquellos que tienen competencia en la aplicación de la ley sean especialistas en justicia de menores.
Repito que no quiero reiterar el debate de la semana pasada sobre insuficiencia de personal y dotaciones en las fiscalías y juzgados de menores, pero sí recordar sus conclusiones: 31 plazas de jueces o 129 de fiscales de menores recién creadas, aparte de no estar todavía cubiertas en muchos casos, son insuficientes. Baste como ejemplo señalar que el fiscal general del Estado, en su memoria del año pasado, consideraba que necesitaba como mínimo un incremento de plantilla de 193 fiscales para poner en marcha con dignidad la ley.
Todavía más insuficientes son las 123 plazas de personal auxiliar que se han creado frente a las 486 que la Fiscalía estimaba necesarias.
Una simple gota de agua en el mar de insuficiencias que el Gobierno tiene que cubrir son los 79 cursos de formación y especialización de personal, muchos de ellos de tres o cuatro días, que se han hecho hasta ahora. Señorías, es evidente que sin personal formado y suficiente para cubrir las necesidades más elementales, como hacer guardias, o sin locales adecuados para que los fiscales realicen su trabajo será difícil garantizar los derechos que la ley pretende proteger.
Por ello, exigimos que se cubran cuanto antes estas deficiencias y que se remedie cuanto antes una grave imprevisión: la que tuvo el Gobierno al no haber procedido durante el período de vacatio legis al desarrollo reglamentario de los preceptos sobre ejecución de medidas.
Estos preceptos se refieren a permisos, derecho de las madres a tener consigo a los hijos menores de tres años, vigilancia y seguridad interior en los centros y régimen disciplinario, cuestiones todas que inciden claramente en los derechos fundamentales del menor, y la más mínima exigencia de seguridad jurídica y la menor garantía de interpretación uniforme de las restricciones de derechos exigen que su desarrollo reglamentario hubiera estado hecho. Ésta no es sólo una opinión del Grupo Socialista, sino que el fiscal general del Estado, en la circular del pasado 18 de diciembre, ya advertía: no debe desdeñarse la posibilidad de que estas normas, que integran lo que podríamos llamar el derecho penitenciario de menores, entren en vigor sin que haya tenido lugar su desarrollo reglamentario, lo cual generaría no pocos problemas. Los problemas ya los tenemos aquí y lo menos que podemos exigir ahora es que se dé la máxima urgencia al proceso de elaboración de ese reglamento, que, desgraciadamente, por lo que señaló el miércoles pasado el ministro de Justicia, todavía está en fase muy embrionaria y sometido a una especie de proceso de cata y prueba de la ley, que es original, pero no el más adecuado para garantizar los derechos.
Por último, y ya brevemente, señora presidenta, exigimos que el Gobierno asuma las competencias que le corresponden en vigilancia y seguridad exterior de centros y en traslado de internos. No es, en absoluto, una cuestión menor. No olvidemos que ésta es una ley que tiene aspectos formalmente penales y que conlleva cuestiones de seguridad que desbordan las competencias y la capacidad de la mayoría de las comunidades autónomas. Hasta hoy hemos visto ejemplos de pasividad de la Administración central y, si el Gobierno no cumple plenamente sus obligaciones en este campo, seguiremos teniendo problemas, como los relativos a la vigilancia de los centros de Madrid que planteábamos la semana pasada o como los que se están dando día a día en aquellas localidades donde las fuerzas del orden no tienen órdenes o carecen de efectivos para trasladar a los internos. Éste es el conjunto de exigencias que plantea el Grupo Socialista; exigencias imprescindibles, pero que pueden suponer una buena aplicación de esta ley. Por ello, quiero terminar como empecé: estamos a tiempo; a tiempo de convertir una buena ley en una buena realidad; a tiempo de no tener tan solo un buen texto que, a la hora de la práctica, caiga en la vieja tradición ibérica de la chapuza y no garantice de manera adecuada los derechos de los menores. Y para que ese estar a tiempo

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se cumpla sólo hace falta que hoy los grupos de la Cámara, empezando por el mayoritario, acepten estas razonables pretensiones y que el Gobierno dé respuesta rápida a las exigencias de esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Del Campo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la larga exposición del martes pasado no tenía otra pretensión que servir para explicar la trayectoria normativa y el reparto de competencias errático que ha habido en materia de menores, que no se ha atenido en ningún momento a los parámetros de competencias asumidas ni al traspaso de medios personales y materiales, y ello por la mezcla entre acción social y justicia que se ha producido según estas materias han ido siendo asumidas, cada vez más, por las comunidades autónomas, sin que en ningún caso haya ido unido el correspondiente decreto de traspasos en el que se plasmasen los medios personales y materiales. Nada de esto ha quedado recogido en la moción que se nos presenta, que es menor en su empeño; es una iniciativa corta, pero mi grupo la valora positivamente. Hemos enmendado algunos aspectos en clave autonómica por considerar que en esta materia concreta -precisamente por eso se está reclamando financiación por las comunidades autónomas- se han asumido importantes transferencias y debe tenerse en cuenta qué es lo que hacen las comunidades autónomas en cada área. Así, en el punto 1, donde se habla de la fijación de un módulo coste, pretendíamos que se utilizase como parámetro o medida lo que viene costando en las comunidades autónomas que ya ejercitan estas competencias a plena satisfacción en su totalidad. No se trataba de poner ejemplos o de resaltar unas ejemplares conductas en relación con las otras, sino simplemente nos parecía que no puede servir de baremo quien todavía no hace determinadas cosas porque, según se manifiesta constantemente, no se tiene medios para ello.
Se habla en este mismo punto 1 de transferir a las comunidades autónomas los recursos adicionales; no se habla del costo efectivo de la competencia que se asume, sino de recursos adicionales que no se sabe qué son, pero que, en todo caso, en relación con las comunidades autónomas que tenemos un sistema de financiación distinta -léase la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco-, si existe un cálculo económico y repercute en la financiación de las comunidades autónomas, deberá tenerse en cuenta en ese 6,24 que desde la comunidad vasca veníamos pagando al Estado por los cargos no asumidos.
El siguiente apartado de la enmienda hace referencia al punto 4. Se menciona en él la adición de la moción socialista respecto a los equipos técnicos, pidiendo que se proceda a su necesaria formación como si fuesen cuerpos estatales y teniendo en cuenta la modificación de que fue objeto la Ley penal juvenil. Al final del pasado período de sesiones, con las medidas de choque para la reforma de la justicia, quedaba claro que los equipos técnicos podían ser los propios de las comunidades autónomas y pretendíamos que se hiciese excepción de aquellos supuestos de comunidades autónomas donde ya existen equipos técnicos consolidados, que están funcionando como personal propio.
En el punto 5, nos parecía que respecto del desarrollo reglamentario debería hacerse igual salvedad. No toda la regulación de lo que está incluido en la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor es competencia estatal. Creemos que el régimen de cumplimiento de las medidas impuestas es competencia de las comunidades autónomas y ciertamente es urgente que se lleve a cabo porque, si no, se estaría violando el principio de legalidad penitenciaria. Pero, repito, nos parece que parte del desarrollo reglamentario no es competencia estatal, sino propia de las comunidades autónomas.
En el punto 6, y al hablar de la custodia de los centros, pretendemos introducir una obviedad, que es que se salven aquellas comunidades autónomas que tienen competencias asumidas en materia de seguridad pública, como es el caso de la vasca o de la catalana, en las que la seguridad de estos centros y establecimientos propios de la comunidad dependerá de sus policías propias. Y de la misma manera introducíamos también la mención a las comunidades autónomas cuando se habla de la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, en aquellos ámbitos en los que sea competente, para la formación no solamente del personal judicial, sino también de todo el personal -así se dice, no se matiza que sea sólo el judicial-, y en el que nos parece que también tendrán que tener cabida los correspondientes departamentos que hayan asumido las competencias en esta materia en las comunidades autónomas.
La iniciativa, repito, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se ha quedado corta, pero algo es. Está bien, además, por la llamada de atención que contiene y, sobre todo, por solidaridad con otras comunidades autónomas en situación peor que la autonomía vasca o con menor previsión de hacer frente a los costes que esta ley conlleva. Aunque desde el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca se ha hecho todo lo posible por poner en marcha los equipos personales y los medios materiales, estamos en condiciones de entender la situación en que se encuentran otras comunidades y por tanto vamos a dar nuestro voto favorable a la moción que se presenta a poco que haya algún guiño de aceptación del giro autonómico que pretendemos introducir en algunos apartados.


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Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición con respecto a la moción que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado como consecuencia de la interpelación que realizó la pasada semana y también, principalmente, para defender la enmienda de sustitución que hemos presentado a la misma.
Como creo que a todos ustedes les consta, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tuvo una intervención muy activa para que la Ley de responsabilidad penal del menor fuera lo que la ley es, y la tuvo tanto antes del trámite parlamentario como durante el mismo, porque, siendo Cataluña la comunidad pionera en el tratamiento de menores y jóvenes infractores, quisimos enriquecer el texto inicialmente elaborado por el Gobierno con la experiencia que sobre este tema nos daba haber asumido ya desde el año 1981 la competencia en materia de protección y tutela de menores.
Pues bien, para Convergència i Unió -y aquí coincidimos con lo manifestado el miércoles pasado por el grupo interpelante-, el resultado de la tramitación parlamentaria, la Ley de responsabilidad penal del menor que se aprobó es una ley progresista, moderna, actual, que protege el interés superior del menor y que en definitiva es, y así nos lo parece, una buena ley. También coincidimos con lo expresado por el Grupo Parlamentario Socialista en que, para poder aplicarse de manera correcta y eficaz, la ley necesita medios humanos, materiales, en definitiva, medios económicos suficientes y que, en consecuencia, es necesario establecer mecanismos de financiación que permitan a las comunidades autónomas la aplicación de la ley con las suficientes garantías.Pero, aun siendo evidentemente necesario establecer estos mecanismos de financiación, no coincidimos con el grupo proponente -ni en su día ni ahora- en que debía supeditarse la entrada en vigor de la ley a la transferencia de recursos económicos a las comunidades autónomas, tal como se propuso por el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda 158, presentada al proyecto de ley. Y no coincidimos porque, creyendo realmente, como ya he dicho que creemos, en la bondad de la ley, entendimos que era positivo que la ley entrara en vigor cuanto antes, sin perjuicio, evidentemente, de concretar los recursos que deben transferirse a las comunidades autónomas para la financiación de su correcta aplicación.
Y justamente por creer en la bondad de la ley, la Generalitat de Cataluña hizo durante la vacatio legis un gran esfuerzo económico para que, a la entrada en vigor de la misma, se hubieran adoptado todas las medidas necesarias para su correcta aplicación. Amodo de ejemplo, Barcelona fue la única ciudad del Estado que el día de entrada en vigor de la ley contó con una Fiscalía de Menores de guardia las 24 horas, Fiscalía que tenía además las dependencias necesarias. Se adoptaron también por parte de la Generalitat de Cataluña, en el marco de sus competencias en materia de ejecución de medidas judiciales y de las relaciones con la Administración de justicia, numerosas actuaciones para adecuar los diferentes proyectos técnicos de intervención, los equipos técnicos de asesoramiento y mediación, el incremento del número de plazas de internamiento en los centros educativos y el incremento de la plantilla de educadores, la formación de profesionales, las obras de ampliación y reforma en los edificios judiciales para la ubicación de los juzgados de menores y el desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas.
No voy a cansarles, señorías, con una exposición exhaustiva de todas las medidas que se han llevado a cabo desde el Gobierno de Cataluña, porque no es ni el momento ni el lugar adecuados para ello. Pero he querido hacer esta breve enunciación de las mismas para que quedara claramente especificado que la Comunidad Autónoma de Cataluña había hecho, entre comillas, los deberes. Porque, desde la legitimidad que entendemos nos da que para el Gobierno de Cataluña haya sido una prioridad que esta ley entrara en vigor con las suficientes garantías, haciendo para ello un importante esfuerzo presupuestario, desde esta legitimidad, queremos manifestar que, en nuestra opinión, el Gobierno ha hecho un mínimo esfuerzo presupuestario en la creación y dotación de las plazas de los juzgados y fiscalías de menores y ha hecho una lectura muy restrictiva del ámbito competencial, lo que ha supuesto no aprobar ninguna partida presupuestaria para la creación de nuevas infraestructuras y necesidades de nuevos profesionales para la ejecución de las medidas contempladas en la ley, medidas cuyo costo se ha calculado para Cataluña en 4.200 millones de pesetas. Y también desde la legitimidad que nos da haber hecho este esfuerzo presupuestario, vamos a abordar la defensa de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, moción cuyo contenido se nos propone como solución para paliar el déficit presupuestario que supone a las comunidades autónomas la aplicación de esta ley.
La lectura del texto de la moción puede, a nuestro modo de ver, dar una doble impresión errónea. La primera sería la de que ninguna comunidad autónoma ha realizado un esfuerzo presupuestario que permitiera, a su entrada en vigor, la aplicación de la ley con suficientes garantías, lo que supondría que la aplicación de la ley ha devenido prácticamente imposible. Y esto, como ya he expuesto, no es cierto. Hay comunidades que lo

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han realizado, como por ejemplo Cataluña, y lo ha hecho porque tenía voluntad política de hacerlo aun con gran esfuerzo económico, y otras comunidades no lo han realizado, y constato simplemente un hecho.
Esto, como digo, es una primera impresión errónea que puede desprenderse del texto de la moción. Y la segunda es que el proceso de acuerdo entre los Ministerios de Justicia y de Administraciones Públicas, con la participación de las comunidades autónomas competentes, para determinar los costes adicionales que supone a éstas la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, contrariamente a lo que parece desprenderse del texto de la moción, ya ha empezado, se están haciendo ya reuniones. Y por ello proponemos una enmienda de sustitución cuyo primer punto insta al Gobierno a que culmine con la mayor brevedad este proceso, que, como digo, ya está iniciado, y que, una vez finalizado y previa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, transfiera a las comunidades autónomas los recursos necesarios, puesto que, como ya hemos dicho, es de justicia hacerlo.
Además, y a ello obedece el segundo punto de nuestra enmienda, hemos de ser conscientes de que la problemática económica y presupuestaria que plantea para las comunidades autónomas la entrada en vigor de la Ley 5/2000 no será la única problemática de este tipo que tendremos que abordar. Entendemos que actualmente no está resuelto en un marco general el problema que supone a las comunidades autónomas la financiación derivada de la ejecución de las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Y esto se puede abordar de dos maneras. Ley por ley, que es como parece quererlo hacer el grupo proponente -ahora la Ley del menor y después podemos abordar el tema que puede suponer en estos mismos términos la LEC-, o resolverlo de manera general en la próxima negociación del acuerdo de financiación autonómica, en el que deberían establecerse con carácter general los mecanismos y procedimientos de financiación que supone la ejecución por las comunidades autónomas competentes de las leyes aprobadas por las Cortes Generales. De esta última manera es como el Grupo Parlamentario Catalán entiende que debe abordarse la solución al problema presupuestario que plantea entre otras la aplicación de esta ley del menor. Y a ello obedece, como he dicho, el punto segundo de la enmienda de sustitución que hemos presentado. Si el grupo proponente nos acepta la enmienda, naturalmente votaremos que sí, y, si no, no vamos a apoyar esta moción y vamos a abstenernos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, voy fijar la posición del grupo al que represento, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en relación con la moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista. El voto de Izquierda Unida va a ser favorable a la aprobación de esta moción, ya que, en términos generales, consideramos que realiza un análisis certero de la situación actual, de la problemática de la responsabilidad penal del menor, a los pocos meses de la entrada en vigor, después de las vacaciones legales, de la Ley Orgánica 5/2000, y también, señorías, porque propone una serie de medidas que, en general, compartimos.
Hemos renunciado a presentar enmiendas, que iban a ser meramente de matiz o técnicas, en pos del mayor apoyo posible al texto ya existente, y nos limitaremos a votar a favor del que se nos propone.
No obstante, quiero hacer algunas matizaciones y algunas sugerencias de apoyo -ustedes son soberanos- relacionadas con algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios.
A continuación, paso a exponer los motivos por los cuales mi grupo parlamentario considera oportuna y ajustada la moción del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, es lamentable que el Gobierno no haya realizado todas las gestiones que son esenciales para la puesta en marcha de una ley como la que hoy nos ocupa. Es evidente que no basta con aprobar una ley para que sea efectiva. Es necesario, además de pronunciar bellas palabras, que, sin duda, se pronunciaron, que están en el preámbulo de la propia ley y que van a ser pronunciadas, poner medios materiales, humanos y financieros para que esas palabras se conviertan en realidad. Y es ahí donde el Grupo Parlamentario Popular, a nuestro entender, ha fallado estrepitosamente. Uno tiene la impresión de que a los miembros del Gobierno y del Partido Popular en general se les ha olvidado además de predicar dar trigo. Un escritor cercano a lo que podría ser considerada la generación perdida de los Estados Unidos de América, Norman Mailer, solía decir que los políticos debían acostumbrarse a poner los huevos en el mismo cesto donde ponían las palabras. Por tanto, en este caso, una cosa es predicar y otra, dar trigo.
No es posible, a nuestro entender, crear unas obligaciones adicionales a las autoridades competentes en materia de menores. No se les pueden exigir en estos momentos a una serie de comunidades autónomas, sin haber pactado previamente con ellas, esas obligaciones. Y, lo que es más importante, sin haber acordado previamente un esquema de financiación de esas nuevas obligaciones autonómicas. En este punto hay que acusar al Gobierno y al Partido Popular de una cierta falta de previsión, pero también de una cierta soberbia estatal y de una clara falta de comprensión cooperativa del Estado español de las autonomías. No solamente de comprensión del Estado de las autonomías. El otro día, en la interpelación, el señor Acebes, ministro del ramo,

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contestó al portavoz socialista: No tiene usted ni idea de lo que es una técnica presupuestaria. Si no ha habido dinero para las autonomías, la culpa no es del Gobierno, sino de este Parlamento, que aprobó la ley de presupuestos. Las supuestas evidencias muchas veces son las mayores mentiras.
Está claro que este Parlamento podía haber aprobado una enmienda, está clarísimo, pero, cuando todo un Gobierno, que es el que en su momento trajo el proyecto, lo avaló y lo respaldó, que es el que por derecho constitucional y por toda la interpretación es el único capaz de presentar un proyecto de presupuestos, como comprenderán, difícilmente un grupo parlamentario, con el actual Reglamento del Parlamento, puede introducir una enmienda de 40.000, 45.000 ó 50.000 millones de pesetas, que a su vez tiene que detraer del mismo Ministerio. Como no fuera quitándolo del sueldo de los jueces, o del sueldo de las telefonistas, o del pago de la electricidad, de la calefacción o de los teléfonos del Ministerio de Justicia, ¿díganme ustedes de dónde podía haber salido? Es verdad que este Parlamento es quien aprueba el proyecto de ley de presupuestos, pero al decir que, si no se recogieron las cantidades que les hacía falta a las comunidades autónomas para poner en marcha toda la ley del menor en sus respectivos ámbitos, es por culpa de este Parlamento, me parece que el señor ministro de Justicia, salvo que lo hubiera utilizado como un ardid de oratoria, que es legítimo, en técnica presupuestaria, cortito.
Tampoco parece posible llevar a la práctica una Ley como la 5/2000 sin contar con una Fiscalía preparada para ello, sin fiscales especializados en menores. En este punto, el problema no solamente es de falta de cooperación interadministrativa. La creación de plazas de fiscales especialistas en menores depende del propio Ministerio de Justicia y, por tanto, no se puede achacar a la falta de cooperación interadministrativa, sino a la mera improvisación de la que sólo es responsable el Gobierno del Partido Popular. En este caso, el problema es de falta de cooperación intraadministrativa, lo que, a juicio de este parlamentario, es mucho más grave que la falta de cooperación interadministrativa. Por otra parte, no es posible que el texto de la ley de responsabilidad penal del menor sea llevado a la práctica de forma eficaz sin equipos multidisciplinares, que estén formados en materia de responsabilidad penal menor y especializados en ello. De nuevo le ha faltado cintura administrativa al Gobierno y no ha colaborado de forma suficiente con el Consejo General del Poder Judicial ni con las comunidades autónomas.
De todo lo anterior, señorías, podemos deducir que el Gobierno del Partido Popular, en materia de responsabilidad penal del menor, se ha limitado a asistir a la entrada en vigor de una ley, sin arrimar el hombro de forma suficiente para lograr su éxito. Y una actuación de este tipo sólo tiene explicaciones poco favorables para el Ejecutivo y el partido que le soporta. O bien son ustedes unos chapuzas improvisadores, posibilidad A, o bien son ustedes unos descarados que echan toda la carga en las espaldas de las comunidades autónomas y del Consejo General del Poder Judicial, posibilidad B, o son ustedes unos fariseos, permítaseme la expresión bíblica, que de hecho niegan medios a esta ley porque, en el fondo, en la intimidad de sus conciencias y creencias políticas, no comparten el espíritu de la Ley 5/2000, posibilidad C.
Esperando que no sea la buena la tercera explicación, sino cualquiera de las otras dos, que no se trate de un problema fariseo, les pido que aclaren cuál es el origen de su monumental falta de previsión y de su actuación en este caso, porque, como consecuencia de no haber arrimado el hombro en todos los sentidos -de coordinación, de creación de plazas fiscales, de coordinación con las administraciones autónomas, del cuerpo de especialistas, de medios y de soportes-, se están produciendo una serie de casos, tales como, en los últimos días, la salida a la calle de unas presuntas asesinas de una compañera en San Fernando, o la de unos ciudadanos, también presuntos autores de una violación y de un asesinato en Jaén, que, como ya han pasado seis meses con privación de libertad y no se les ha juzgado, como no se ha actuado sobre ellos, se han ido a la calle.
Inmediatamente se ha producido un rechazo. Ha habido recursos sentimentales, comprensiblemente sentimentales, de la familia, ha habido declaraciones, ha habido programas, que nada dicen ni ayudan a favor de una ley, que, con todas las limitaciones y muchas veces hasta desde el otro lado de la orilla, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida votó en su momento. Repito que actuaciones como éstas, que son producto de la improvisación y de la falta de rigor por parte del Gobierno, dicen poco de esta ley, poco ayudan. Y podemos entrar otra vez en el camino del desprestigio de la Logse, por la que hoy nadie da dos duros por ella.
El otro día estuvimos en un debate organizado por una fundación, en Sevilla, y asistieron diversos parlamentarios, de distintas fuerzas políticas, en el que se decía que en esta ley, al final, a quien se castigaba era a la víctima o a los representantes de la víctima, porque no se les prestaba el suficiente apoyo. Y se preguntaba cómo se producía esto. Y la salida del ministro de Justicia -como no podía ser menos-, en lugar de solucionar los problemas o de reconocer su parte de culpa, fue decir: No voy a permitir que esto quede impune.
¿Impune de qué? ¿Qué es lo que no va a permitir que quede impune, su total falta de previsión o que unas presuntas asesinas salgan a la calle por la aplicación de la ley? No entiendo lo que en ese momento determinado estaba diciendo el señor ministro. Sin embargo, sea cual sea la génesis de lo ocioso y de la ineficacia del Gobierno y del partido que le soporta, les exijo, en nombre de mi grupo parlamentario -con humildad, eso sí- que pongan manos a la obra y que realicen las

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tareas necesarias para la buena aplicación de la Ley de la responsabilidad penal del menor.
En cuanto al grupo parlamentario que propone esta moción, quiero felicitarle por la misma, pues es oportuna y ajustada, pero a la vez quiero llamarles la atención sobre determinados hechos, si se me permite. El Partido Popular lo está haciendo bastante mal en este tema -puedo coincidir plenamente con la intervención del señor Barrero o con la de la señora Del Campo-, pero ellos, al menos, han sido capaces de impulsar la existencia de un texto legal sobre responsabilidad penal del menor. Hoy, tenemos problemas de deficiente aplicación por falta de medios, pero no por falta de texto. Ustedes ni siquiera fueron capaces, en más de una década de Gobierno -si se me permite la licencia expresiva-, de alcanzar el grado de ineficacia que está demostrando el PP en esta materia, dado que ustedes ni llegaron a propiciar la aprobación de una ley en esta materia, a pesar de que el asunto lleva coleando al menos desde la mitad de la pasada década, no solamente por mandato de leyes que ustedes hacían, sino por mandato del Tribunal Constitucional, que ustedes desoyeron bastante.
Por eso, me llamaba muchísimo la atención que, después de todas estas vacaciones, todavía el señor Barrero, cogiendo por los pelos el ejemplo de los cuatro años de vacaciones legales (odio la vacatio legis; me recuerda el colegio de curas, con perdón, y espero que no me llamen machista por eso) de la ley de procedimiento civil alemana, planteaba unas nuevas vacaciones legales del propio texto. Coincido plenamente con Jueces para la Democracia, que, en determinadas circulares, exigían la entrada en vigor de esta ley, porque no podían permitir más dilaciones. Otra cosa es que se vaya corrigiendo.
Voy terminando, señor presidente. Gracias por su benevolencia. Su falta de actuación en esta materia no tiene como origen la ausencia del impulso exógeno, pues creo recordar que fue el Grupo Parlamentario del PNV el que, en la V legislatura, les ofertó no solamente uno sino dos textos legales sobre la responsabilidad jurídica del menor. Por tanto, felicito al Grupo Parlamentario Socialista por la moción que hoy es objeto de debate, pero le recuerdo sus errores y omisiones del pasado. En términos musicales, recomendaría a las compañeras y a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista un allegro ma non troppo y, sobre todo, que aceptaran esa especie de guiño hacia lo autonómico que les pide la portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
Finalizo recordando al Gobierno del PP sus múltiples carencias, retrasos y omisiones, en cuanto a la puesta en marcha efectiva de la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor así como exigiéndoles rápida y eficaz respuesta a la situación actual. Si al PSOE le acabamos de hacer la recomendación de un allegro ma non troppo, a ustedes, señores del Gobierno o, en este caso, del partido que soporta al Gobierno, en tanto que partido que lo soporta, les sugerimos un allegro molto vivace para conseguir que la Ley de responsabilidad del menor pase de ser sólo un texto a una realidad auténtica y efectiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la posición del mismo respecto a la moción que hace breves minutos se acaba de defender por la señora Del Campo, en nombre del Grupo Socialista, resultado de la interpelación que se debatió la semana pasada.
El Grupo Popular no va a votar a favor de esta moción porque lo que se ha expuesto, el contenido de la interpelación y los siete puntos de la moción, no es creíble, no responde a la realidad de la elaboración de esta ley y no responde a la realidad de lo que el Gobierno está llevando a cabo en este momento para el desarrollo de la misma. No es creíble porque, señora Del Campo, llama la atención que en estos momentos se defienda la ley por ustedes, se diga que es una ley avanzada, progresista, buena, que la han hecho suya, que quieren que se aplique -también lo decía el señor Barrero- y sin embargo no votaron a favor de ella en su momento. No es creíble, señorías, que nos encontremos con que, cuando se va a debatir aquí el proyecto de ley de responsabilidad penal del menor, se presente por el Grupo Socialista una enmienda a la totalidad; aun teniendo registrada una proposición de ley, que se denominaba de responsabilidad penal de los menores, el Grupo Socialista, en dos folios, presentó esa enmienda a la totalidad para devolver el proyecto, no importándole que se estuviera aplicando en España una ley de tribunales tutelares de menores que tenía de antigüedad cincuenta años, con una única modificación, la del artículo 15.
No es creíble que en este momento el Grupo Socialista defienda la aplicación de una ley, de un contenido, de una filosofía, de unos principios, cuando durante 14 años no fue capaz de elaborar una norma que tanto necesitaban nuestros jóvenes infractores. Sólo en el año 1992 elabora, de forma breve y urgente, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 36/91, un texto que modificaba el artículo 15 de la Ley de tribunales tutelares de menores y en la propia exposición de motivos se recogía que era una incorporación urgente y que estaban a la espera de un texto completo.
El Grupo Popular, en el año 1994, estando el Grupo Socialista en el Gobierno, presentó una interpelación, cuya moción fue aprobada por todos los grupos de la

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Cámara, incluido el Grupo Socialista que apoyaba al Gobierno, en la cual se instaba a fijar en el Código Penal la mayoría de edad penal a los 18 años, una ley de derechos del menor y una ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, denominada en esta moción Ley de justicia juvenil, que tuviera como horizonte la recuperación del menor por medio de medidas educativas y recuperadoras. Sólo se cumplió una de esas tres peticiones por el Gobierno Socialista: la mayoría de edad penal a los 18 años. Y es que no es creíble, como dijo el señor Barrero el miércoles pasado, que esta es una ley buena porque recoge los principios y los valores socialistas. El Gobierno del Partido Popular elaboró este proyecto de ley en su primer mandato, estando de ministra la señora Mariscal de Gante, y, sin embargo, no se ha oído por el Partido Popular que esta ley represente unos principios de un determinado partido. Este proyecto de ley vino al Congreso de los Diputados, se mejoró ostensiblemente por las diferentes aportaciones de los grupos de la Cámara, igual que sucedió en el Senado. Si se dice que una ley es buena porque recoge unos determinados principios y valores socialistas, yo me pregunto qué principios y valores socialistas se recogen en este caso cuando todos conocemos que llegados a la oposición, cuando empezó a gobernar el Partido Popular, es cuando por primera vez el Grupo Socialista presenta, en junio de 1996, una proposición de ley represora, que recogía una vacatio legis de seis meses para entrar en vigor, la vacatio legis de seis meses, y no recogía ni una sola disposición para fijar las medidas económicas y de personal que requería la aplicación de esa proposición de ley. Pero no sólo eso, dos años después, en 1998, se vuelve a presentar la misma proposición de ley y, sorprendentemente, cuando llega el proyecto de ley del Gobierno, ustedes no la presentan como texto alternativo, sólo presentan una enmienda de devolución. Por eso es por lo que aquí se ha estado aplicando en España a nuestros jóvenes infractores una regulación que procede de 1918, la ley de bases de Montero Ríos, que es la que recoge como copia la Ley de tribunales tutelares de menores y que posteriormente se modificó en un solo artículo.
No es creíble, señoras y señores, que en este momento nos encontremos con que el Grupo Socialista, una vez que pasa a la oposición, presenta estas proposiciones no de ley, que nunca se debaten -por tanto, las tenían como adorno parlamentario-, y en este año de vacatio legis del proyecto de ley de responsabilidad penal del menor han presentado una iniciativa por mes, preguntas orales, preguntas con respuesta escrita, moción en la Comisión general de comunidades autónomas del Senado, y ahora esta interpelación, con su correspondiente moción posterior, en la cual se exige la aplicación, que según ustedes no se está llevando a cabo, de esta ley, una ley buena, avanzada y progresista.
La semana pasada el ministro de Justicia en su intervención explicó claramente cómo se estaba aplicando esta ley en todos los sentidos, tanto los medios materiales, los humanos, en formación, en infraestructura y en desarrollo legislativo. Explicó claramente cómo esta ley ha requerido la existencia de 69 juzgados de menores, 31 nuevos, 13 en comunidades autónomas que ya tenían competencia, cómo se han constituido 51 secciones de fiscales con 165 fiscales, cómo se ha creado el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, cómo existe en este momento 149 miembros entre secretarios, oficiales, auxiliares y agentes, y cómo se han aprobado en las comunidades autónomas que no tienen competencia la creación de miembros de los equipos técnicos, como son 47 educadores y 103 psicólogos.
Esta inversión en personal ha requerido más de 2.200 millones de pesetas, pero no sólo eso, es que también se está invirtiendo más de 50 millones en formación. Se han dado alrededor de 179 cursos que han podido formar a más de 1.247 funcionarios y ya hay preparados para este primer semestre más de tres cursos para fiscales. Se han aplicado más de 1.200 millones de pesetas en lo que es infraestructuras, obras, remodelación y arrendamiento en 27 provincias españolas y se ha llevado a cabo un desarrollo reglamentario y un desarrollo legislativo de esta ley. Se ha modificado el Estatuto del ministerio fiscal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este momento está pendiente del informe del Consejo de Estado para el registro de las sentencias firmes de menores y está funcionando una comisión para elaborar el reglamento general de esta ley.
Consideramos que no sólo es una buena ley, una ley progresista, una ley que cree en dar la segunda oportunidad a nuestros jóvenes infractores, una ley que considera que hay que conocer la realidad del menor infractor para poderle ayudar y que salga de lo que puede ser la rueda de la prisión que en este momento era el horizonte que existía en España. Cuando el Partido Popular se incorporó al Gobierno se encontró con niños institucionalizados, con jóvenes presidiarios sin futuro. En estos momentos, con la aplicación y la inversión que se va a llevar a cabo de más de 4.000 millones de pesetas, y casi 5.000, y un seguimiento de la aplicación de la misma, podemos conseguir modificar esta estructura, este sistema que habíamos recibido.
Se habla de que se han transferido nuevas competencias a las comunidades autónomas. Me alegro señora del Campo haberle escuchado que no. El artículo 45 de la ley recoge que las competencias se transfirieron con la disposición adicional número 22 de la Ley de protección jurídica del menor del año 1996. Lo que ha sucedido es que el Grupo Socialista, además de oponerse en su momento, se ha pasado todo este año exigiendo una moratoria, igual que ha sucedido con las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular, el Grupo Popular ha creído en esta ley y en su aplicación y no han aceptado ampliar la moratoria. Uno

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de los comparecientes en el debate del proyecto de ley nos decía a los ponentes que era partidario incluso de reducir la moratoria de un año. También nos decía: cuando uno se muda a una casa no lleva toda la casa vestida de muebles, cortinas y nos animaba a fijar sólo seis meses. Sin embargo, los ponentes considerábamos que era necesario un año, pero no más, porque es necesario modificar el sistema e incorporar una ley que crea en nuestros jóvenes, que modifique lo que es su situación como menores infractores. Es una ley que aplica unas medidas para recuperarlos, para reeducarlos y, en ese sentido, el Gobierno del Partido Popular ha creído en ella y se ha mantenido y por eso se están aplicando esta serie de medidas económicas y de todo tipo, de personal, de formación, de desarrollo reglamentario, de infraestructuras. ¿Qué sucede entonces? Que lleva sólo dos meses de aplicación y que lógicamente cambiar de un sistema a otro requiere una adaptación, requiere ir paso a paso estudiando qué está sucediendo y eso lo está haciendo el Gobierno del Partido Popular.
Nos alegramos mucho de que el Grupo Socialista haya entendido la necesidad de presentar iniciativas en relación con los menores infractores en España, justo cuando está en la oposición. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un seguimeinto de esta ley. Sin embargo, no vamos a votar favorablemente a esta moción porque la inversión se está llevando a cabo, la ley se está aplicando y vamos a hacer un seguimiento día a día respecto al desarrollo de la misma. En eso podremos ir juntos en este itinerario, porque es necesario en España, en estos momentos, dar esa segunda oportunidad a nuestros jóvenes.
Sabemos que la mejor medida penal es una buena medida social y creemos que es posible recuperar a estos jóvenes.
Por ello, vamos a seguir defendiendo la aplicación de medios de esta buena ley. Estamos de acuerdo en que todos los grupos de la Cámara debemos hacer un seguimiento de la misma, pero en estos momentos el Gobierno del Partido Popular, igual que fue lo suficientemente valiente para elaborarla, va a ser lo suficientemente valiente como para aplicarla, porque sólo el Partido Popular, sólo el Gobierno de José María Aznar ha creído en una norma recuperadora, lo que nunca sucedió durante los catorce años de Gobierno socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Barrios.
Señora Del Campo, a los efectos de aceptación o de rechazo de las enmiendas planteadas.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
No podemos aceptar la enmienda de Convergència i Unió porque, aparte de reducir el contenido de la moción, sustancialmente aplaza en el tiempo un problema de financiación urgente, que es el de esta ley concreta.
Sí aceptaremos, en cambio, los puntos 4 y 6 de la enmienda del Grupo Vasco porque, como decía la señora Uría acertadamente, precisa mejor algunas competencias autonómicas que el texto original de la moción.
En cuanto a las enmiendas musicales y no formuladas del señor Rejón, sólo quiero recordarle que la edad penal se fijó en 18 años en 1995 con el Gobierno socialista.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Del Campo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 111; en contra, 154; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A MEDIDAS PREVISTAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL MAR. (Número de expediente 173/ 000052.)

La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego, como consecuencia de la interpelación de la semana pasada, presenta esta moción destinada a que el Gobierno impulse una serie de medidas que contribuyan a prevenir y disminuir los siniestros en el mar y, por tanto, la alta tasa de accidentes en el sector que, como quedó de manifiesto en ese debate, es el sector de mayor riesgo de los existentes. También de ese debate podemos extraer algunas conclusiones: en primer lugar, que el número de accidentes y, por tanto, demuertos y heridos es inaceptable por excesiva; en

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segundo lugar, que existen diagnósticos precisos sobre las causas de los accidentes en el mar y, por tanto, están estudiados los factores principales de riesgo en esta más que sacrificada profesión; y en tercer lugar, que es necesario actuar rápidamente sobre las causas.
Es la única forma realista de afrontar un problema, sobre el que parece que coincidimos todos los grupos de la Cámara, y es que es preciso actuar mediante un plan global. Creemos, como decíamos la semana pasada, que el Gobierno no puede permanecer indiferente como si nada pasara y tampoco puede permanecer indiferente este Congreso de los Diputados. Creo que este Congreso debería colocarse del lado de los intereses de los trabajadores del mar, olvidando, quizá, los intereses políticos a más corto plazo o los intereses de partido.
El Bloque Nacionalista Galego presenta en su moción una serie de medidas que nosotros creemos elementales, básicas y necesarias, agrupadas en 10 puntos para abordar la disminución de esa tasa de accidentes y para prevenirlos. El punto primero de nuestra moción hace referencia al impulso de las mejoras de las condiciones laborales, salariales y de vida a bordo de los trabajadores del mar, el impulso de los convenios colectivos en el sector y la actualización de la normativa sobre las tripulaciones mínimas. Lo hacemos porque es necesario adoptar medidas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores no sólo porque esto siempre es necesario y deseable, sino también porque está demostrado que existe una relación directa entre las malas condiciones laborales y los accidentes que se producen. El mayor número de accidentes, les vuelvo a recordar, como reflejan los informes técnicos, se debe a la fatiga, al estrés, a la falta de descanso, etcétera. Como también es necesario, a pesar de las dificultades y las características del sector o de las tradiciones existentes, el impulso de los convenios colectivos que garanticen condiciones salariales y laborales, algo que hasta el momento brilla casi por su ausencia. Parecería normal llevar a este sector lo que ya es normal en otros sectores de trabajo. Adecuar la normativa sobre tripulaciones mínimas a las necesidades y realidades actuales parece también evidente.
Hacemos hincapié también en este punto primero en la necesidad de mejorar e incrementar la seguridad a bordo, perfeccionando la normativa existente, y está claro que es necesario mejorar aún mucho en este campo, en lo referido a los equipos de seguridad, en el diseño y obligatoriedad de las prendas, precisamente relacionadas algunas con esa seguridad del trabajador en caso de accidente y, por tanto, también relacionadas con la propia posibilidad de salvar la vida.
También proponíamos, en consonancia con lo afirmado por el propio señor ministro en la interpelación, que se impulsase la figura del delegado de seguridad e higiene, como existe en otras empresas.
El punto segundo de nuestra moción demanda un impulso a la formación de los trabajadores del mar.
Creemos que esto es algo elemental que también recomiendan todos los informes como necesario para prevenir los accidentes. También incluimos que esta formación debe ser gratuita, porque de no serlo, como acontece ahora en algunos casos, como ustedes comprenderán hará inviable que la formación pueda ser la adecuada a las necesidades, porque es evidente que no se puede pedir a estos trabajadores, dado su nivel salarial, que asuman el coste de estos cursos.
El punto tercero incide en una cuestión muy importante que hoy está siendo denunciada por activa y por pasiva: la necesidad de incrementar las inspecciones de seguridad del barco o las condiciones laborales y de seguridad a bordo, porque es absolutamente insuficiente. También creemos necesario que estas inspecciones funcionen y sean eficaces. Habrá que incrementar el número de inspectores, y también clarificar los criterios de inspección que deben llevar a cabo.
En este capítulo también nos parece de interés promover la existencia de una inspección homologada a nivel de la Unión Europea, no sólo en el puerto sino también en alta mar, y avanzar en la limitación de la casi impunidad de la que hoy gozan los barcos con banderas de conveniencia, cada vez más extendidos por la internacionalización económica.
En el punto cuarto proponemos algo tan elemental como que se incremente la renovación y modernización de la flota, y que se haga con criterios que tengan en cuenta las necesarias mejoras en la seguridad del buque en sí mismo y también otros, como por ejemplo que en esa modernización uno de los criterios a los que se debe prestar atención es a las condiciones de habitabilidad del buque, lo que no siempre se tiene en cuenta; condiciones de habitabilidad que, como decía, tanto influyen precisamente en las buenas condiciones de los trabajadores y, por tanto, en la seguridad.
Hay que prestar más atención a que las reformas que se efectúen no afecten a la seguridad del buque; o que se impulse el acceso a las ayudas a la renovación y modernización de la flota de menos de veinticuatro metros; o corregir la situación actual por la que en la práctica los barcos de capital español pero abanderados en otros Estados miembros por necesidad, no por deseo, no pueden acceder a este tipo de ayuda. Yo creo que estos debían de ser objetivos del Gobierno en este terreno.
En el punto quinto demandamos el impulso de las medidas de salvamento marítimo, la mejora de los medios y de su coordinación. Es evidente que existen medidas de salvamento marítimo, pero también es evidente que el Gobierno no puede darse por satisfecho con las que hay, tendrá que impulsar nuevas medidas. A mí me parece absolutamente razonable este punto, que es una demanda del propio sector explicitada una y otra vez.
En el punto sexto pedimos cosas tan básicas como que se impulsen las mejoras en las ayudas a la navegación,

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las mejoras en las medidas de control del tránsito marítimo, la mejora en la información meteorológica destinada a la actividad pesquera y que se incremente el personal y los medios técnicos destinados a estas funciones. Sería un punto perfectamente asumible por parte del Gobierno y sería también necesario abordar.
En el punto séptimo demandamos el impulso de la mejora de la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar, la ubicación de buques hospitales en determinados caladeros, la mejora del sistema de redes de asistencia y el embarque de personal sanitario en algún buque que cubra la asistencia de los ubicados en su entorno. Quiero hacer referencia a que en otras flotas de otros Estados extranjeros esto ya se está haciendo. En todo caso, quiero incidir en un tema, y es que el Esperanza del Mar jugó un papel de primer orden en la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar. Se trata de extender esa experiencia. No les voy a insistir en las condiciones, desde el punto de vista sanitario, en que se pueden encontrar nuestros trabajadores del mar en un entorno hostil y aislado.
El punto octavo hace referencia a que es necesario mejorar la protección social por parte del Gobierno. Nadie dudará que para los trabajadores del mar es necesario incrementar esta protección social.
Por lo tanto, estamos proponiendo la firma en esa línea de convenios en los casos que no exista Seguridad Social y protección sanitaria con los Estados con los que la Unión Europea tiene firmados acuerdos de pesca o que cuentan con empresas mixtas con participación de capital español. En definitiva, mejora de las prestaciones sociales.
Proponemos la firma de estos convenios en consonancia con los que ya realizó el Estado español con algunos Estados que citamos. Se trataría de extender esta cuestión a otros Estados.
El punto noveno propone el impulso de la actuación activa del Gobierno, algo que nos parece básico en las condiciones actuales. El impulso de esta actuación ante los organismos supraestatales encaminada a la elaboración efectiva de normas de protección de los trabajadores del mar y el control y reducción de los efectos negativos que la internacionalización de la flota está teniendo sobre los mismos. Efectos negativos, señoras y señores diputados, que hoy claman al cielo. Las condiciones en las que trabajan muchos de nuestros marineros en algunos de estos barcos son simplemente inaceptables. Creemos que tendrá que esforzarse el Gobierno en limitar, en la medida en que sea posible, los efectos negativos de esta internacionalización, no apoyarla y decir después que no se puede hacer nada.
Por último, el punto décimo hace referencia a una cuestión básica en cualquier plan de actuación sobre cualquier cuestión. En este caso es a la dotación presupuestaria suficiente para el impulso y efectivización de este plan que proponemos.
Esperamos que pueda ser aprobado por esta Cámara lo básico de este plan. También tenemos que decir que, a tenor de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, nos parece incomprensible que la voluntad expresada por el ministro de Trabajo durante el debate de la interpelación de alcanzar un acuerdo entre los grupos se vea contradicha en gran medida por la posición que hoy mantiene el Grupo Parlamentario Popular en lo que se refiere a las enmiendas que presenta a nuestra moción. Lo digo con toda sinceridad, a mí me sigue resultando incomprensible y difícil de sostener políticamente que se traten de eliminar con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular los puntos 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de nuestra moción sobre cuestiones tan importantes como salvamento marítimo, renovación de la flota, ayudas a la navegación, mejora de la protección social, etcétera. Son demandas básicas, y me refiero al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, expresadas reiteradamente por el sector. En todo caso, voy a escuchar las razones de los grupos que presentan las enmiendas a nuestra moción, y con especial atención, porque es el grupo mayoritario, las razones del Grupo Parlamentario Popular. Espero que sea posible aún que a lo largo de este debate podamos sacar de este Congreso una resolución que cuando menos dé esperanza o alguna esperanza a los trabajadores del mar de que tanto la Administración como este Congreso se preocupan por sus necesidades básicas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, en el último informe de la FAO se reconoce que la pesca es la actividad laboral más peligrosa, en la que se pierden más vidas humanas y también en la que hay más accidentes. ¿Cuáles son las causas? Para nosotros la principal es que la pesca es en las sociedades desarrolladas, a nivel global, un sector secundario dentro del conjunto de la actividad económica, donde la organización interna del trabajo evolucionó poco.
Es un sector al margen de las regulaciones laborales generales, inclusive al margen de las normativas internacionales. Debido a ello, aunque la literatura primero y después el cine nos dieron una visión épica de la gente del mar, no ha habido realmente una asunción social y política clara de los factores de riesgo que afectan a los pescadores, no sólo desde el punto de vista de su integridad física, sino también de las secuelas psíquicas que ocasionan las largas jornadas de trabajo y también las largas ausencias. De esta realidad se habla muy poco. Se habla muy poco de las condiciones de vida de los hombres del mar. El conflicto, la noticia está normalmente en otros temas, como cuotas, caladeros, acuerdos,

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ayudas, etcétera. Sólo se habla de las condiciones de vida y de los problemas de seguridad de los hombres del mar cuando hay una tragedia, cuando el mar se cobra su tributo en vidas humanas. Fuera de estos elementos puntuales, las noticias, las conversaciones, las negociaciones en temas pesqueros no se dirigen a corregir estos problemas. Los hombres del mar y sus problemas no están en el centro de la discusión ni de la negociación, sino que son los intereses económicos de la actividad el eje de la noticia y de la noción en el sector. Hay que tener en cuenta, señorías, las especiales condiciones en que se realiza el trabajo en el mar, distintas de cualquier otra actividad económica, con horarios de trabajo en muchos casos inexistentes, con un sistema de remuneración que convierte a los trabajadores en destajistas forzados y forzosos, un sistema de relaciones laborales no equitativo que favorece los abusos. Si a esto unimos deficientes inspecciones sobre las condiciones de los buques y sobre las condiciones de trabajo en los mismos, tendremos otra parte de la explicación.


El buen funcionamiento de la inspección se hace más necesario si tenemos en cuenta que otro de los factores de riesgo es la situación social de los trabajadores, intimidados por una inercia laboral que provoca su automarginación y un cierto desprecio por su propia integridad física. Por ello ni los mismos tripulantes denuncian las irregularidades de los circuitos de seguridad. El bajo nivel de afiliación sindical y la procedencia social de la mayoría de los pescadores son datos que ayudan a comprender en cierta medida por qué se callan ante tan gran grave riesgo para sus vidas.
Los poderes públicos, señorías, han huido casi siempre del problema, amparándose en las peculiaridades del sector cuando no en la autonomía de las partes. El resultado es una insuficiente protección de los derechos laborales de los pescadores, incluidos los aspectos relativos a la seguridad y condiciones de trabajo. La solución pasa por una mayor regulación, por profundizar en el diálogo social entre armadores y pescadores y por fomentar un mayor número de convenios colectivos que desarrollen la cultura de la seguridad. Los programas públicos se han centrado prioritariamente en dotarse de medios y dispositivos de rescate, sin duda necesarios, pero descuidando lo que debía ser fundamental en seguridad: la prevención. Tan sólo el binomio prevención-más formación es igual a seguridad. Intentar equiparar seguridad a salvamento supone condenar a nuestros tripulantes a seguir siendo víctimas de los riesgos que provocan la mayoría de los accidentes marítimos.
La semana pasada, en el debate de la interpelación, el representante del BNG y el diputado que les habla utilizamos como fuente de referencia, sin citarla, el informe de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, informe Miguelez, por ser una diputada socialista, Rosa Miguelez, la ponente del mismo. El señor ministro se apoyó en los resultados de la ponencia que dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estudió el problema.
En el debate de la semana pasada constatamos que no había diferencias en el diagnóstico y sí algunas en las recomendaciones. Por ello hoy no debería ser difícil llegar a un acuerdo para una resolución conjunta.
La moción que se nos propone recoge casi todas las reivindicaciones que existen sobre el tema. Es un buen punto de partida, aunque a nosotros nos gustaría concretar más algunos aspectos. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular va en la misma línea, pero es una enmienda de alcance más corto. De la enmienda popular se deduce que todo se está haciendo, que sólo es un problema de impulso. Señorías, sin pasarnos, el tema es grave ahora y desde hace mucho tiempo. Fuera de aquí no nos van a creer si la conclusión es que todo va por buen camino, que es un problema de impulso. Los muertos están ahí, las tragedias se repiten y no sirve decir que ya lo estamos haciendo.
Algo nuevo tendremos que hacer para corregir la situación, algo que no suene a compromiso para aplazar el problema. Hoy aquí interesan soluciones y sobre todo el compromiso de cumplirlas. Señorías, aunque sea tarde, no podemos defraudar expectativas.
A nosotros nos parece positivo que haya consenso si el consenso supone un avance de la situación actual y sobre todo si hay voluntad de cumplir lo que aquí se apruebe. Nos interesa menos o no nos interesa si se trata de llegar a un acuerdo para indicar que a todos nos preocupa el problema. Señorías, es el momento de avanzar, de asumir responsabilidades y de arriesgar más en las soluciones. Como decíamos, sabemos que en los accidentes hay fallos humanos, fallos técnicos, de manejo, de fatiga, de medios, fallos que pueden y deben evitarse. Las administraciones tienen que revisar las normativas de seguridad y hacer que se cumplan con una rigurosa inspección in situ.
Las administraciones tienen que mejorar aún más los medios de auxilio, comunicación y rescate y su funcionamiento, y sobre todo tienen que forzar unas relaciones laborales equitativas que rijan el trabajo en el mar. El sector tiene también que asumir su responsabilidad de forma activa, garantizando en primer lugar la seguridad y la idoneidad de los barcos para las pesquerías a las que se dirigen, mejorando los medios técnicos de comunicación y salvamento a bordo, formando al personal, regulando la actividad laboral, mejorando las condiciones de trabajo y evitando imprudencias a bordo, no siempre voluntarias, que terminan matando. Los armadores deben tener una mayor conciencia de que el negocio marítimo comporta asumir costes de garantía y de seguridad para los tripulantes, ya que un barco en buenas condiciones, bien equipado, con una tripulación bien preparada y bien retribuida es un barco rentable.
En esta línea van nuestras propuestas, coherentestambién con el informe que está ultimando la Comisión

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de Pesca de la Unión Europea. Nuestras enmiendas son de adición y pretenden dar una mayor concreción a algunos temas. Nuestra enmienda tiene diez puntos que, en aras del consenso que nos gustaría alcanzar en este tema, quisiera resumir en cinco para incorporarlos a la resolución final, porque no figuran en los textos y pensamos que son un avance necesario. Los cinco restantes los consideraríamos subsumidos, tanto en el texto del BNG como en la propuesta de enmienda del Grupo Popular.
Quisiéramos ver incorporado el punto que figura en la enmienda con número 13, que propone crear una inspección técnica de buques de carácter multidisciplinar que garantice el perfecto estado de las embarcaciones en todos sus aspectos estructurales y técnicos: casco, propulsión, electricidad, comunicaciones, medidas contra incendios, medidas de seguridad activas y pasivas, condiciones de trabajo y habitabilidad, simulacros de salvamento, subsistencia, etcétera. Otra medida sería el punto 15, que plantea demandar del Gobierno que en el seno de la Unión Europea impulse propuestas sobre seguridad y causas de los accidentes de pesca, con la finalidad de garantizar la seguridad de los trabajadores españoles embarcados en buques con banderas de países miembros, ajenos a la Unión o de banderas de conveniencia -entre comillas-.
El punto siguiente sería el 16: Demandar del Gobierno que en las negociaciones para una nueva política común de pesca, la seguridad y la salud a bordo de los buques europeos sea uno de los elementos fundamentales de la nueva política.
El punto 18 dice: Demandar del Gobierno del Estado, en el marco de una cultura de la seguridad, la extensión de la protección social a todos los pescadores, independientemente de su nacionalidad. Tenemos casos concretos de pescadores de otras nacionalidades accidentados en barcos españoles y cuyas familias hoy tienen problemas de protección social porque ellos ya no existen.
Por último, el punto número 20 sería promulgar una normativa básica de seguridad para el ejercicio de la pesca que complemente los vacíos y lagunas del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, porque este decreto deja fuera a las embarcaciones de menos de 15 metros de eslora.
Finalmente, como prueba de que nos gustaría conseguir una transacción, aportamos algunas correcciones técnicas, para demostrar que nos leemos las enmiendas de los otros grupos.


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, le ruego que concluya, por favor.


El señor DÍAZ DÍAZ: Voy terminando, señora presidenta.


En el punto 1 se dice: mejora de la seguridad de las artes. Nosotros diríamos: mejora de la formación para un uso más seguro de las artes de pesca. Nos parece más correcto.
En el punto 2, el BNG habla de que el sector público costee la formación. EL Grupo Popular defiende que una parte de la formación debería ser asumida por los poderes públicos. Nosotros defendemos también que los poderes públicos financien la formación.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a estas horas de la noche estamos debatiendo una moción presentada por el Grupo Mixto en nombre del Bloque Nacionalista Galego referente a las medidas en relación con la accidentalidad y siniestralidad de la flota pesquera. Esta moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto-Bloque Nacionalista Galego es un totum revolutum. Tiene diez puntos en los cuales mezcla la accidentalidad y la siniestralidad, que son temas totalmente distintos.
El Grupo Popular ha presentado una transaccional a su moción, por la que de alguna manera modificamos algunos de sus puntos y otros los rechazamos por una razón sencillísima, porque todo lo que pide el Bloque Nacionalista Galego se está haciendo en estos momentos y muy bien. Usted sabe que la Unión Europea considera que España es uno de los países que mejor cumple con la normativa de seguridad y salvamento en el mar.
Es cierto que estamos asistiendo con determinada frecuencia a accidentes y siniestros en el mar y esto tiene su razón de ser. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego decía el miércoles pasado, en el momento de la interpelación, que la pesca tiene unos índices de accidentalidad y siniestralidad mucho más altos que cualquier otro sector. Entre otras cosas, en la pesca hay una atomización de las empresas pesqueras; más del 72 por ciento de las empresas pesqueras tiene menos de cinco tripulantes, por lo cual es muy difícil asistir a cursos de formación o llevar equipos de salvamento o utilizar una serie de técnicas que sí se utilizan en los grandes barcos. Como saben SS.SS., hay que tener en cuenta que hay zonas, por ejemplo en Galicia, en que es numerosa la flota artesanal, las -podíamos llamar- pateras que van a los pulpos casi todos los días y no hablemos de los percebeiros, que, por desgracia, también tienen muchos accidentes al año. Por tanto, ese es un tema difícil de solventar, ya que es difícil llegar a esas pequeñas empresas.
Otro problema gravísimo que tenemos, y lo hemos denunciado -yo lo vengo denunciando siempre que subo a esta tribuna-, es el envejecimiento de la población pesquera. En estos momentos, la gran mayoría de

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nuestros tripulantes está por encima de los 50 ó 55 años, lo que ocasiona que nuestra flota pesquera recurra a marineros de otras nacionalidades. En la flota pesquera ya están faenando más de 2.000 extranjeros, especialmente marroquíes.
También decíamos -y así lo ve la Administración- que una de las fórmulas para conseguir que nuestros jóvenes vayan al mar es hacerles más atractivo el trabajo, mejor remunerado y mucho más seguro. De ahí que siempre hayamos apoyado la renovación y modernización de nuestra flota, como más adelante diremos. Hay un escaso nivel de formación, por la misma razón que dábamos anteriormente, y de ahí que nosotros sigamos apostando por los cursos de formación, parte de los cuales vienen también reflejados en la moción que propone el Bloque Nacionalista Galego y que nosotros seguimos apoyando.
Es cierto también que hay un envejecimiento de la flota; un porcentaje elevadísimo supera los 30 años de antigüedad. Hay que tener en cuenta que los grandes siniestros que está teniendo la flota están sucediendo precisamente en los barcos de más de 25 años, aunque también es cierto que ha habido barcos que con un solo año de antigüedad han tenido siniestros. Pero hay que recordar que los grandes siniestros acaecidos últimamente en los cuales muchos marineros eran gallegos han sido de flotas con pabellón extranjero, como el Hansa, de pabellón alemán, o el Arosa, de pabellón británico.
Insisto en que de los grandes siniestros últimamente acaecidos, a causa de los cuales ya en el 2001 llevamos 24 fallecidos, no gallegos, señor Vázquez, sino de diferentes nacionalidades, aunque especialmente gallegos, para mayor desgracia de nuestra región, en gran parte han ocurrido en flotas con pabellón extranjero.
Hay otros aspectos que son también difíciles de soslayar. Uno de ellos es la larga jornada de trabajo que tienen nuestros tripulantes.
Quisiera decir a SS.SS., que, por ejemplo, en Namibia, cuando un barco va a la merluza, cuando sube el copo, o sea cuando sube la red puede traer 10 ó 15 toneladas y hay que tener en cuenta que podemos estar a 40 ó 50 grados. Si trabajásemos una jornada, pongamos por caso, de 9 a 5 de la tarde, y si el copo, la pesca queda encima del parque de pesca a 40 grados, está claro que se estropearía. Es muy difícil pensar que nosotros podamos tener una jornada laboral rígida.
También hay que tener en cuenta que muchas veces los marineros no pueden faenar. Por ejemplo, en el Gran Sol, en Terranova o en Svalbard, con grandes temporales, cuando el barco está a la capa, cuando hay que estar frente al viento y el barco se sumerge bajo la ola, la gente lo que intenta es descansar y rezar para que después de cada ola pueda surgir nuevamente el barco a la superficie. Por tanto, como decíamos, la jornada laboral es un problema durísimo, y es cierto que la fatiga incide de una forma notoria en los accidentes del mar, pero repito que es muy difícil encontrar una solución.
Otro de los problemas que tiene la pesca es la retribución salarial.
Ya saben SS.SS. que así como en tierra o en cualquier otro sector el trabajador va a final de mes a caja y cobra su nómina, en la pesca gran parte de ellos va a lo que se llama la parte, que significa que el armador, después de retirar los gastos necesarios, de lo que queda, del monto mayor una parte se queda el patrón y otra se queda el marinero. Sin duda, el marinero, en estas condiciones, está incentivado y trabaja con más energía y fuerza, lo cual puede dar lugar a accidentes en el mar. Hay que tener en cuenta que el barco en el mar con grandes temporales es un gran peligro. Tenemos aparejos, tenemos pesca a bordo, etcétera, y por tanto hay situaciones que inciden en que el índice de accidentalidad sea muy elevado.
Yo quisiera llevar al ánimo de SS.SS. que los distintos ministerios que inciden en las cuestiones de accidentalidad y siniestralidad, como pueden ser el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con el Instituto Social de la Marina, el Ministerio de Fomento y la Secretaría General de Pesca están intentando mejorar las condiciones del mar. Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud ha hecho un estudio de las condiciones del mar, de la pesca, y es curioso que el señor Vázquez haya recogido en sus puntos prácticamente la resolución de lo que dice dicha Comisión. Estamos, por tanto, totalmente de acuerdo en que hay que seguir incidiendo en paliar los accidentes. Repetimos que las circunstancias no son las más adecuadas. Pero estamos totalmente convencidos de que con la ayuda de todos y colaborando como lo hace la Administración en estos temas -nadie ha puesto en duda que esto sea así-, los accidentes en el mar sin duda podrán ser notoriamente mejorados.
Hay que tener en cuenta que gran parte de la accidentalidad se deriva de errores humanos. Según los últimos informes de la OIT, el 40 por ciento de los accidentes son precisamente por errores humanos. Y hay que tener en cuenta también que por muchas ayudas o muchos apoyos que tengan nuestros marineros a bordo, en gran parte de las ocasiones no los utilizan o no los quieren utilizar. Por ejemplo, prácticamente todos los barcos llevan chalecos salvavidas, pero como es incomodísimo trabajar con ellos, nadie se los pone. Se está estudiando un chaleco con el que se pueda faenar; pero mucho menos con ese traje isotérmico que estamos comentando. Quiero recordar a SS.SS. que en el Hansa han muerto 11 personas y que las 11 tenían los chalecos isotérmicos a bordo y no fueron capaces de ponérselos, o se pusieron muy nerviosos o algo por el estilo o se fueron a las lanchas, en definitiva, se han muerto pese a tener el chaleco con el que otras personas se han salvado. Por tanto, por muchas ayudas que pongamos en el mar lo que hay que hacer es concienciar a los marineros para que las utilicen, y eso es muy difícil lograrlo.
Recuerdo cuando en mi época tenía responsabilidades de personal en un gran astillero en Vigo y

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tenía grandes problemas porque nadie quería ponerse el casco; era una obligación y cuando se sancionaba a alguna persona -y teníamos comités de seguridad e higiene y permanentemente cursos de formación de seguridad- que no se ponía el caso, automáticamente toda la factoría se me ponía sin casco. Hablamos de casco, pero podríamos hacerlo de cinturones de seguridad; por ejemplo, en los astilleros hay muchísimos andamios, hay que trabajar a grandes alturas, pero nadie se pone el cinturón. Es difícil, pero estoy totalmente convencido de que si desde las administraciones respectivas fuéramos capaces de concienciar a la gente de que las medidas de seguridad son imprescindibles y que pueden salvar su vida en un determinado momento, posiblemente consiguiéramos, si tuviéramos los medios adecuados, que las practicaran.


La señora PRESIDENTA: Señor Mantilla, le ruego concluya, por favor.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Concluyo, señora presidenta.
Remato mi intervención. Después de las intervenciones que han tenido el señor Vázquez y el señor Díez, podríamos ampliar la propuesta de nuestra enmienda transaccional en el siguiente sentido. El punto 4, que habla de la modernización y renovación de la flota pesquera, diría: Impulso de las medidas de renovación y modernización de la flota, introducción de nuevos criterios de mejora de la habitabilidad y seguridad de los buques. Y además, de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista estaríamos dispuestos a aceptar el punto número 16 de su enmienda, que dice: Demandar del Gobierno a que en las negociaciones para la nueva política común de pesca la seguridad y la salud a bordo de los buques europeos sean un de los elementos fundamentales de la misma.
Si los portavoces y los proponentes de la moción están de acuerdo con la transaccional del Grupo Parlamentario Popular, estaríamos encantados porque en definitiva estamos defendiendo al sector pesquero, que es lo que nos importa a todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar diciendo que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), más por su fondo que por su forma, no puede votar en contra de esta moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, y no puede votar en contra por la finalidad que se busca en la misma, que es reducir los accidentes pesqueros en alta mar. Podríamos votar que no o podríamos abstenernos por la indefinición en sí de la moción o quizá porque el Gobierno, lo ha dicho el portavoz del Partido Popular y nos consta, ya está trabajando en algunos de los aspectos que aquí se han mencionado, pero el objetivo que se busca, que es el de reducir los accidentes pesqueros en alta mar, nos lleva a votar afirmativamente.
Sabemos que la actividad pesquera es una actividad que conlleva riesgos y por eso cualquier iniciativa dirigida a reducirlos y a prevenirlos es positiva y así la valoramos. Estos riesgos se podrían dividir en dos: riesgos objetivables y riesgos laborales. Los primeros, los objetivables, se podrían prevenir con más medios técnicos, con dotaciones materiales, con formación de las plantillas, etcétera, y los laborales con aspectos como los que hoy aquí debatimos, esperando que esta moción sirva precisamente para esto, para reducir los riesgos laborales.
En honor a la verdad, lo decíamos al principio, se trata de una moción ambigua y yo diría que de impulso. En todos sus apartados, desde el primero hasta el décimo, se habla del impulso a la mejora, del impulso a la formación, del impulso a las medidas de inspección, del impulso a las medidas de renovación y del impulso a las medidas de salvamento marítimo. Todo lo basa en el impulso. A nosotros nos parece que no sólo habría que hablar de impulso, sino que habría que definir cómo llevarlo a cabo. Quizá el grupo proponente lo ha hecho esperando que los demás grupos aportaran sus enmiendas por ser una moción abierta a la que se puedan coger los anzuelos y alcanzar un consenso, como parece ser que así será. Si es así, bienvenida sea esta propuesta y esta falta de definición de algunos aspectos, no así en el apartado 7, donde se habla del impulso de la mejora de la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Maldonado. (Pausa.) Adelante.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
En el apartado 7 se define la ubicación del buquehospital en determinados caladeros, la mejora del sistema de radio asistencia, el embarque de personal sanitario en algún buque que cubra la asistencia sanitaria, la mejora en la agilidad y rigurosidad en los reconocimientos médicos y la actualización del cuadro de enfermedades. Se trata de un apartado que nos parece modélico con respecto a los diez restantes. Quizá, una vez aprobado por la máxima autoridad posible, si es así, y elevado el ruego al Gobierno, se le dé forma a esta moción que el Ministerio deberá llevar hacia delante.
También queremos dejar constancia de que nosanima a votar favorablemente el hecho de que el Bloque

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Nacionalista Galego ha dejado la puerta abierta a un consenso con respecto a los otros dos grupos enmendantes. Escuchando a esos otros dos grupos, al Socialista y al Popular, nos parece que esta es una moción que puede ser mejorada respecto de su propuesta inicial y por tanto convertirse en algo muy favorable para el sector pesquero. Es cierto que esta no es una moción que afecte al sector pesquero catalán, puesto que va dirigida al sector pesquero que faena en alta mar. Es cierto que nuestro sector pesquero es de litoral, pero también lo es que somos un grupo que solemos ser sensibles con todos los sectores sociales del Estado y, por tanto, no nos parecía correcto quedar al margen y votar en un sentido u otro. Hemos querido aportar nuestra valoración, hemos querido dar nuestra explicación de voto y, como avanzamos inicialmente, si tal y como parece es una moción consensuada, la votaremos favorablemente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Señor Vázquez, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
A pesar de que nos sigue resultando incomprensible la posición del Grupo Popular respecto a la no aceptación de algunos puntos de nuestra moción y que va a impedir que la resolución que aprobemos sea de la importancia que los accidentes en el mar merecen, vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Popular a los puntos 1, 2, 3 y 7 de la moción del BNG, que mantienen lo sustancial de nuestras propuestas y son importantes para el sector si se aplican. En función de lo expresado por el portavoz del Grupo Popular en la resolución resultante se incluirá el primer párrafo del punto 4 de la moción del Bloque Nacionalista Galego, que dice: Impulso de las medidas de renovación y modernización de la flota. Introducción de nuevos criterios de mejora de la habitabilidad y seguridad de los buques.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, quiero recordar al señor Mantilla que las enmiendas las acepta el grupo autor de la moción y no el grupo mayoritario. En fin, el Congreso aún es así, señor Mantilla. En todo caso, vamos a aceptar el punto 16 de la enmienda de Grupo Socialista que aporta un aspecto novedoso a nuestra moción. Con todo respeto para el señor Díaz, nosotros no vamos a aceptar el resto de las enmiendas porque su sustancia está incluida en los diez puntos de la moción del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Díaz del Grupo Parlamentario Socialista, el grupo proponente plantea la posibilidad de aceptar un punto de su enmienda; para ello hace falta la conformidad del grupo proponente.


El señor DÍAZ DÍAZ: Nos parece claramente insuficiente, pero nosotros no vamos a romper la unanimidad.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz.
Señorías, vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar, con el texto transaccional al que se ha llegado. Si la información que se ha facilitado a la Presidencia es correcta, consistiría en el texto de la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con la incorporación de parte del punto 4 del texto de la moción original del Grupo Mixto, que diría: Impulso de las medidas de renovación y modernización de la flota. Introducción de nuevos criterios de mejora de la habitabilidad y seguridad de los buques, y con la incorporación también del punto 16 de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
En estos términos, se somete a votación el texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 245; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las once y cinco minutos de la noche.

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