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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 22/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 72

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 68

celebrada el jueves, 22 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie A, número 31-1, de 23 de febrero de 2001.
(Número de expediente 121/000031.) . . . (Página 3534)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):

- Proyecto de Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audiovisual. «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie A, número 27-1, de 3 de enero de 2001. (Número de expediente 121/ 000027.) . . . (Página 3578)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie A, número 34-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000034.) ... (Página 3591)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 3534)

Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional . . . (Página 3534)

El señor ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou) presenta ante la Cámara, en nombre del Gobierno, el Plan hidrológico nacional, acontecimiento que califica de histórico, al margen del juicio positivo o negativo que pueda merecer la iniciativa del Gobierno. Se trata de resolver el déficit hídrico importante que tiene un conjunto de territorios del Mediterráneo español y de abordar las obras necesarias de una serie de cuencas que tienen agua pero no pueden convertirla en útil, explica, cuestión secular que, de una forma u otra, lleva pendiente casi cien años. Manifiesta que el eje esencial en torno al cual se vertebra todo el Plan hidrológico que hoy se presenta se resume en que hay una España húmeda que tiene excedentes de agua y una España seca que puede recibir como una bendición ese agua que a otros sobra, y la obligación del Estado, a través del Gobierno, es armonizar estas dos realidades, corrigiendo las disfunciones sin perjudicar ni a unos ni a otros sino beneficiando a ambos. El Gobierno ha sido consciente, explica el señor ministro, del peso de los factores emocionales que conlleva todo lo relacionado con el agua, y ha asumido que, por muy plausibles que fueran los objetivos inspiradores del Plan hidrológico, su consecución sería imposible si el método para alcanzarlos no se basara en dos requisitos fundamentales: solvencia científica y técnica del proyecto y, muy especialmente, integración participativa de todos los afectados; requisitos que considera cumplidos ampliamente. Explica el itinerario seguido para la consecución del plan y los principios que presiden la normativa que hoy presenta ante la Cámara para iniciar su debate, que son los de solidaridad, equidad y participación, y se refiere en especial a la cuenca del Ebro, eje vertebrador de toda la zona, donde las emociones se manifiestan con mayor intensidad y donde reconoce que es justa, histórica y razonable la irritación de gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, añade, Aragón y las tierras del Ebro van a ser una de las principales beneficiarias del plan, tanto en el orden infraestructural como en el de mejor y mayor uso y disponibilidad del agua, necesaria para su desarrollo económico presente y futuro. Finalmente solicita que se aparquen los celos políticos y las emociones apasionadas y se ponga manos a la obra legislativa que dé paso a la gran realización que el Gobierno quiere llevar a cabo.


En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley, intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y Saura Laporta, Labordeta Subías, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Replica el señor ministro de Medio Ambiente, duplicando el señor Caldera Sánchez-Capitán.


En turno por alusiones intervienen los señores Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta da por cerrado el turno de alusiones, continuando el turno de dúplica en el que intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Saura Laporta, Labordeta Subías, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, contestando a todos el señor ministro de Medio Ambiente.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Trías i Vidal de Llobatera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Grandes Pascual, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Medio Ambiente con un turno de agradecimiento a los grupos que no han presentado enmiendas de totalidad de devolución ni de texto alternativo.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, se rechazan por 129 votos a favor, 193 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 114 votos a favor, 195 en contra y 16 abstenciones.


Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.) . . . (Página 3578)

Proyecto de Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audiovisual . . . (Página 3578)

Presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación y Cultura (Del Castillo Vera). Empieza su intervención subrayando que las políticas de ayudas públicas para la promoción de la cinematografía han sido reafirmadas tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros Cultural y Audiovisual de la Unión Europea, lo que, según su opinión, es importante para conservar la diversidad cultural de la que España es un buen ejemplo. El proyecto de la nueva ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual establece un marco jurídico que, afirma, facilitará el desarrollo de la producción y de la creatividad, y su borrador ha sido producto del diálogo con todas las asociaciones profesionales, conteniendo básicamente todos aquellos aspectos en los que se ha encontrado un punto de convergencia con dichas asociaciones. No obstante ha habido que encontrar un equilibrio entre producción, distribución y exhibición, así como entre creadores, técnicos y actores, con el fin de que todos los sectores apuesten y encuentren de alguna manera promovidas adecuadamente sus expectativas e intereses. Reconoce que la Ley de 8 de junio de 1994 supuso un paso adelante en el sector y tuvo una indudable importancia, pero considera que de alguna manera el paso del tiempo y una serie de hechos acaecidos la han vaciado de contenido, como por ejemplo la desaparición de las licencias de doblaje, la trasposición de las directivas europeas y la desaparición en Europa de las cuotas, unido todo ello a la necesidad de regular con rango de ley un sistema de ayudas que ha demostrado su utilidad al contribuir a la mejora del cine español. A continuación explica los motivos que justifican este proyecto de ley, entre los que destaca la necesidad de otorgar rango de ley a las ayudas a la amortización, basadas en criterios objetivos de aceptación del público. En definitiva, resume, la importancia cultural del cine y su significativa aportación a la economía en la creación de empleo justifican muy sobradamente la existencia de una ley -y así fue entendido por todos los sectores que participaron en el diálogo en los momentos en los que este proyecto de ley se estaba elaborando-que responda y garantice el apoyo al fomento y a la promoción de la producción cinematográfica y audiovisual.


En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, se rechaza por tres votos a favor, 178 en contra y 84 abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas . . . (Página 3591)

Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril . . .
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El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta ante la Cámara para su aprobación el proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado. Manifiesta que el objeto de la nueva ley es facilitar y agilizar la ordenación y gestión del conjunto de las empresas públicas del Estado para aprovechar mejor las capacidades específicas de la SEPI y del Grupo Patrimonio. Este proyecto de ley, añade, facilitará la adscripción de empresas del Grupo Patrimonio a la SEPI, sociedad altamente especializada en el saneamiento, en la administración y también en la privatización de empresas, lo que supondrá un avance en la modernización del sector público empresarial del Estado. Explica los fines del proyecto de ley y el procedimiento que se propone en el artículo único que, en definitiva, lo que pretende es autorizar al Gobierno a redistribuir las participaciones empresariales de acuerdo con los principios de eficiencia y de economía. Asimismo explica que el proyecto de ley que hoy presenta a la Cámara no es una iniciativa aislada, sino que

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se inscribe en la política general de optimización y racionalización del sector público que comenzó en la legislatura anterior, a partir del programa de modernización acordado en el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, siendo uno de sus principales instrumentos la liberalización de los sectores productivos, para facilitar la participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos a la competencia, y ocupando la reestructuración del sector público empresarial un lugar decisivo dentro de esa política de liberalización. Van a continuar, en una segunda fase, el proceso de reestructuración de las empresas que aún permanecen en el sector público y van a ocuparse también de seguir mejorando los métodos de gestión de las empresas públicas y de introducir en ellas el estímulo de la competencia a favor del crecimiento y del empleo.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Aymerich Cano.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución y de las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Cuevas Delgado.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 82 votos a favor, 170 en contra y una abstención.


Sometidas a votación las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 81 votos a favor y 171 en contra.


Por último, sometido a votación de conjunto el proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, se aprueba por 170 votos a favor y 82 en contra.


Se levanta la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 121/000031.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, debate de totalidad del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, creo que no es una hipérbole calificar de acontecimiento histórico el mero hecho de que hoy aquí, ahora, tenga lugar esta sesión parlamentaria para presentar y debatir el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Es histórica tal circunstancia, al margen del juicio positivo o negativo que a SS.SS.
les pueda merecer esta iniciativa de Gobierno, porque no estamos hablando de un plan o de una ley cualquiera, de una respuesta legislativa, puntual, a los problemas puntuales que justifican y ocupan buena parte de la labor de anteriores Cámaras, de la presente y de las futuras. No. Estamos hablando, señoras y señores diputados, de una cuestión secular, yo diría -si el término no se hubiera banalizado por su excesivo e impropio uso- que estamos hablando de una cuestión de Estado. Una cuestión secular porque lleva, de una forma u otra, casi cien años pendiente de ser abordada.
Concretamente, con la formulación actual llevamos más de quince años de estudios sin que nadie hasta este momento se haya atrevido a coger el toro por los cuernos; el último, un gobierno socialista que, tras presentar en 1993 un plan hidrológico, tuvo que desistir de lidiar tan incómodo y, todo hay que decirlo, complicado toro. Una cuestión de Estado porque el Plan hidrológico nacional que hoy sometemos a consideración de la Cámara trasciende su específica función hidráulica de atender las necesidades de la España sedienta para incidir en la materialización de los grandes principios de solidaridad interregional, redistribución de recursos y vertebración del Estado; todos ellos principios que constituyen el telos de nuestra Constitución. ¿Por qué el Plan hidrológico nacional y todos los planes hidrológicos que le han precedido y que han muerto en el intento? ¿Por megalomanía de un Gobierno que desea pasar a la posteridad a través de obras faraónicas; por voluntad de castigo, como mendaz y frívolamente se ha insinuado desde distintas instancias políticas y mediáticas a una autonomía secularmente

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maltratada y ninguneada como es Aragón por el nefando pecado de haber desplazado del poder autonómico al Partido Popular? (Un señor diputado: ¡Sí!-El señor Núñez Pérez: ¡No!) Lógicamente, nada de esto tiene el menor viso de realidad ni de seriedad. Aquí, señorías, hay un conjunto de territorios en el Mediterráneo español que tienen un déficit hídrico importante, que tiene que ser resuelto. Hay unas cuencas que tienen agua, pero que carecen de las obras necesarias para abordar el problema de hacer que esa agua se convierta en útil.
Señorías, el eje esencial, el principio toral en torno al cual se nuclea todo el Plan hidrológico que hoy se presenta, se resume en algo tan sencillo, tan lógico y tan fácil de comprender como que hay una España húmeda que tiene exedentes de agua y una España seca que puede recibir como una bendición esta agua que a unos sobra y que a otros falta. Nada más y nada menos que eso. Lógicamente, tan lineal y sencillo enunciado se irá complicando, sin duda, a medida que se desarrolle y de ello trataremos hoy aquí, pero el norte, el principio inspirador, el objetivo es éste: en unos sitios sobra agua y en otros falta. La función y obligación del Estado a través del Gobierno es armonizar estas dos realidades, corrigiendo las disfunciones sin perjudicar ni a unos ni a otros, sino beneficiando a ambos.
No se nos oculta a los miembros de la Cámara que todo lo relacionado con el agua tiene un componente emocional y pasional que no es de ahora, sino que casi forma parte de la naturaleza humana, pero sólo desde el pesimismo antropológico puede negarse que la naturaleza humana, el hombre, ha construido auténticos monumentos de racionalidad para neutralizar, regulándolas desde el derecho positivo, las pulsiones y las emociones que suscitan la propiedad, el uso o el reparto del agua. En España, desde las leyes de agua hasta el prodigio que es el Tribunal de Aguas valenciano, pasando por el Código Civil y los usos ancestrales locales que rigen por doquier, tenemos también una larga tradición de racionalidad y civilidad que nos advierte de nuestra capacidad para el acuerdo, el compromiso, el arbitraje y la solidaridad en cuestiones conflictivas y complejas, y la del agua sin duda lo es.
Consciente del peso de todos estos factores emocionales, noblemente sentidos y apasionadamente expresados, el Gobierno desde el primer momento ha asumido que, por muy plausibles que fueran los objetivos inspiradores del Plan hidrológico, su consecución sería imposible si el método, es decir el itinerario, para alcanzarlos no se basaba en dos requisitos fundamentales: solvencia científica y técnica del proyecto y, muy especialmente, integración participativa de todos los afectados. Lo primero, la problemática a la que da respuesta el Plan hidrológico, está sobradamente cumplido, y ahí están los voluminosos estudios que radiografían la situación y arbitran las oportunas soluciones. Lo segundo, sinceramente pienso que ha constituido un ejemplo histórico -y tampoco hay hipérbole en el calificativo- de cómo debe ser abordada desde el diálogo y compromiso una cuestión tan importante y compleja como la que contempla el Plan hidrológico.
No estamos, señoras y señores diputados, ante el trágala de un Gobierno que goza de mayoría absoluta y que la hace valer para imponer sin concesiones su proyecto, precisamente porque este no es el proyecto sólo del Gobierno, sino que es el proyecto del Estado y de Estado. El itinerario diseñado ha pasado por convocar a todo el que tenía algo que decir y aportar en el debate previo a la confección definitiva del proyecto de ley. En el Consejo Nacional del Agua han estado presentes las autonomías, los colectivos ecologistas, los regantes y usuarios, los empresarios y los sindicatos, los científicos, las confederaciones, quienes han planteado sugerencias, correcciones, aportaciones y críticas al texto inicial del Gobierno.
El resultado, prueba patente del diálogo y de la voluntad integradora, es un proyecto de Plan hidrológico nacional sustancialmente diferente al que inicialmente había elaborado el Gobierno, tal como reconocieron la mayoría de miembros de ese Consejo Nacional del Agua, como será diferente, con toda seguridad, el plan que surja tras ser debatido por esta Cámara.
Que un Plan hidrológico aplazado durante décadas alcance en el Consejo Nacional del Agua un consenso del 82 por ciento de sus miembros, además de un hito, es la mejor sanción a la que podíamos aspirar quienes nos habíamos planteado la cuestión desde el diálogo y desde la integración participativa. Trasvasar el agua de donde sobra a donde hace falta, diagnóstico solvente de la situación, entidad científica y técnica de las actuaciones propuestas, diálogo, participación en la tramitación del plan, todo esto está muy bien, pero hace falta incardinarlo en un contexto de ejes conductores que desde el primer momento fijen el campo y las reglas del juego.
Señorías, no estamos ante un acto arbitrario, irracional, con raíces diferentes a las puramente técnicas. Por esto, desde el primer momento y muy especialmente en este acto de presentación de este proyecto del Gobierno, hay que salir al paso y neutralizar cualquier hipótesis que apunte en direcciones ajenas a la del simple y sencillo equilibrio hidrológico español, entre otras razones, porque no se ajusta a la verdad ni a los ejes nucleares que presiden la normativa que vamos a debatir. ¿Cuáles son estos ejes o principios? Primero, un principio de solidaridad de todos los españoles para con aquellas regiones y comunidades que hasta hoy han tenido el agua y no han podido disfrutarla. Me refiero a esta solidaridad estructural de unas tierras que son interdependientes, formando un conjunto unitario que es España y que se refleja en actitudes morales, jurídicas y económicas de personas e individuos. El Ebro tiene una disponibilidad media anual de 12.000 hectómetros cúbicos, trasvasar una parte de estos excedentes en la forma que se dirá es unacto de solidaridad de la España que tiene agua excedentaria

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hacia la España que precisa de ella: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería.
Segundo, un principio de equidad. Que no es sólo dar a cada uno lo que necesita o se merece, sino que nadie sea perjudicado en una distribución equitativa del agua. Es el eje fundamental del Plan hidrológico nacional, que es bastante más que simple ingeniería trasvasadora en la medida en que contempla integralmente toda la problemática, la de los que necesitan agua y la de los que la tienen y se benefician insuficientemente por deficientes planteamientos infraestructurales. Una filosofía completa de gestión del agua, que abarca desde algo más de un billón de pesetas de forma prioritaria como medida fundamental de ahorro para modernizar los regadíos en alta en toda España, ahorrando así naturalmente muchísima agua, a medio billón de pesetas en depuración de aguas para su reutilización, a otro medio billón en abastecimiento a ciudades, porque, aunque pueda parecer paradójico y no se pueda creer, hoy hasta existen capitales en la comunidad autónoma de Galicia, por ejemplo, que tienen problemas de abastecimiento y no precisamente porque en esa comunidad falte agua. Esa visión completa del agua implica que el Gobierno va a aportar algo más de 3 billones de pesetas para actuar en el conjunto del Estado resolviendo los grandes problemas. Al mismo tiempo, el Plan hidrológico actúa con equidad cuando del Ebro, donde hoy grosso modo alrededor de 5.500 hectómetros cúbicos se van al mar -como he dicho anteriormente-, a los cuales hay que añadir casi 12.000 hectómetros de media anual, aportamos 1.050 al Levante. ¿Y por qué aportamos sólo 1.050 hectómetros cúbicos? Porque 3.500 hectómetros se aplicarán para el desarrollo de los futuros regadíos y otros usos de la cuenca del Ebro, hectómetros que en la actualidad no se pueden utilizar por falta de las inversiones necesarias para hacer posible dicho uso. El Plan hidrológico nacional no es sólo un plan trasvasador, sino un plan que contempla la optimización en la misma cuenca cedente y de forma prioritaria, y naturalmente también en las demás, de unos recursos que actualmente están disponibles, pero que sólo se pueden ver pasar y no se pueden aprovechar.
Como caudal ecológico se reservan 3.150 hectómetros para garantizar el mínimo equilibrio ecológico del río, que exigen todos los análisis existentes al respecto. Y de los 5.000 hectómetros excedentarios se trasvasarán a otras cuencas 1.050, siempre y cuando el caudal sea excedentario, alcance los anteriores niveles y supere en su desembocadura el caudal ecológico establecido para la preservación medioambiental del río en su desembocadura. Así pues, ¿qué significa este principio de equidad para la cuenca del Ebro y para Aragón? Significa resolver el problema que ha conducido a la situación que hoy se vive en aquellas tierras; hacer la regulación para que puedan tener el agua que han querido siempre, al que siempre han tenido derecho y que no han podido utilizar.
En tercer y último lugar, un principio de participación, al que ya he aludido antes y que obedece al deseo de consensuar al máximo un plan que, insisto, señoras y señores diputados, debe ser el plan de todos y no sólo el plan del Gobierno. En el Consejo Nacional del Agua tuvieron puertas abiertas las instancias políticas y sociales afectadas por el Plan hidrológico. Se ha negociado bilateralmente con infinidad de autonomías y colectivos, llegando a acuerdos que, con toda seguridad, esta Cámara enriquecerá tras los debates del proyecto que hoy sometemos a su consideración. El resultado de esta participación ha sido importante. Por primera vez en España, por primera vez en este país, todos los regantes y todos los usuarios de agua han apoyado unánimemente este proyecto. Y en el ámbito territorial ha habido la oposición única de cuatro autonomías: Asturias y Baleares; Andalucía, que en varias ocasiones indicó su cercanía al acuerdo; y Aragón, la única autonomía interior que manifestó su rechazo al plan.
Estamos, pues, ante un Plan hidrológico muy meditado, mejorado por aportaciones múltiples, con participación pluralista, consensuado y admitido por el 82 por ciento de los integrantes del Consejo Nacional del Agua, que aborda un problema secular de España, que redistribuye este bien preciado que es el agua y que lo hace beneficiando a los principales protagonistas: los cedentes y los receptores. No es fácil -créanme, señorías- que en un asunto tan controvertido como el que nos ocupa se puedan alcanzar tantos atributos de idoneidad y de excelencia.
Es justo y necesario hablar en este debate de la cuenca del Ebro, especialmente de Aragón y Tarragona, aunque no quiero olvidar las otras comunidades autónomas de la cuenca. En primer lugar, porque la vida de esta zona se ha concebido alrededor del río Ebro, eje vertebrador. En segundo lugar, porque por allí es donde las emociones se manifiestan con mayor intensidad, alcanzando el valor de mito catalizador de amplias capas de su población, especialmente urbanas.
Y en tercer lugar, y sobre todo, porque tras las emociones y el mito hay una parte de justa, histórica y razonable irritación de gran parte de estos ciudadanos.
Llegado a este punto de mi intervención, como español quiero decirles que pertenezco al Reino de Mallorca, integrado histórica y fraternalmente en la corona de Aragón. Podría fácilmente deslizarme por la retórica sentimental y panegírica tan habitual que nos habla de los bravos aragoneses, de los nobles baturros y de la condición de piedra central en la fundación y consolidación de España, apelando a su fibra de solidaridad y responsabilidad, en un momento histórico como es el de decidir una cuestión tan importante y de tanta trascendencia como la que hoy nos ocupa. Pero quiero hablar de hechos y los hechos nos dicen lo siguiente. Una parte de estos territorios son paradigma de sistemáticas e históricas promesas incumplidas, de inversiones anunciadas

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y no realizadas, de políticos y gobernantes que han ignorado los compromisos contraídos. La irritación, por tanto, es, en buena medida, justa. El río Ebro es el río menos regulado de España, es el río que hasta hoy se ha beneficiado de una menor aportación de estas infraestructuras en toda España, pese a la notable demanda hidrológica existente en este territorio. Señorías, la desconfianza de estos ciudadanos es, pues, comprensible; las emociones, lógicas.
Si yo fuera aragonés probablemente estaría en guardia ante cualquier política que afectara al territorio. La historia y la experiencia conocida abonan esta cautela y esta desconfianza.
La Comunidad Autónoma de Aragón, por ejemplo, no se beneficia del Ebro; para ser más exactos, no se beneficia lo que sería justo que se beneficiara del paso del Ebro por sus tierras. Aragón ve pasar el agua de la que sólo puede usar una parte. No se han hecho las inversiones necesarias para embalsarla y aplicarla a nuevos regadíos y a consumo urbano. Desde hace treinta años no se ha hecho en Aragón una sola obra hidráulica significativa, con concesiones de regadíos no operativas por falta de infraestructuras, con problemas de suministro de agua potable a la ciudad de Zaragoza y, a veces, con utilización de camiones para captar el agua que sirva para abastecer núcleos urbanos. Las tierras del Ebro, por una serie compleja de razones, tienen también una problemática vinculada al río, que se traduce en una alta sensibilidad por todos los temas que afectan a un futuro trasvase y especialmente por el delta del Ebro, un ecosistema medioambiental muy sensible.
No quiero dejar de mencionar el resto de la cuenca, desde Cantabria a La Rioja, desde Navarra al País Vasco, que también han visto en muchas ocasiones problemáticas específicas respecto del río, si bien no tan intensas o apasionadas como en Aragón o en las tierras del Ebro. El Plan hidrológico nacional va a acabar con este estado de cosas. Por esta razón, Aragón y las tierras del Ebro van a ser unas de las principales beneficiarias de dicho plan, tanto en el orden infraestructural como en el de mejor y mayor uso y disponibilidad del agua necesaria para su desarrollo económico presente y futuro. Y así lo han comprendido los aragoneses más implicados y dependientes del agua, que han hecho importantes aportaciones al Plan hidrológico nacional y que han votado a su favor en el Consejo Nacional del Agua.
No estamos, señorías, ante una cuestión menor. Los únicos en España que se juegan su futuro y el de sus hijos con el agua, los únicos que tienen puesto todo su futuro en este recurso y en el de sus hijos, son los usuarios y los regantes del agua, que han votado unánimemente a favor de este proyecto; y esos amigos sí que se han leído la letra pequeña de este proyecto, la han cribado y le han dado todas las vueltas posibles, porque se juegan su propio futuro, y han apostado, unánimemente en toda España y por primera vez, por este proyecto.
Aragón no va a perder, sino que va a ganar con este plan. El problema de Aragón no es el trasvase. Su problema es que no puede usar el agua que ve pasar. Hasta hoy no ha existido el trasvase del Ebro y Aragón ha tenido y tiene problemas.
Hasta hoy no ha existido el trasvase del Ebro y el delta del Ebro ha tenido y tiene problemas medioambientales. Lo que realmente afecta a estas tierras, lo que realmente afecta a Aragón es la falta de inversiones, y eso es lo que se aborda en este plan de forma inequívoca. El trasvase a otras cuencas sólo se hace desde aguas excedentarias, una vez que se han garantizado los mínimos ecológicos y de caudal de la cuenca cedente. Nadie quiere quitar agua a nadie.
Sencillamente, se van a utilizar unos recursos que en la actualidad se pierden, en base a ese proyecto de solidaridad nacional y en base a ese proyecto de vertebración nacional de España. El delta, las tierras del Ebro, gracias a un proceso negociador con los agentes políticos y sociales más responsables, tendrá que contar con un proyecto, con un plan de inversiones que le permitirá recuperar su equilibrio ambiental y, como balance de toda la operación, que le mejore en lugar de empeorar y que garantice a sus ciudadanos su propio futuro y su forma de vida actual.
Señorías, es por todas estas razones que, más allá de las justas irritaciones y de los agravios históricos, sea legítimo pedir a los reticentes ante el plan hidrológico un ejercicio de objetivación y de racionalidad crítica a la hora de contemplar el plan, dando un voto de confianza a este Gobierno y a los gobiernos que le sucedan, que ésta no es una obra de un solo Gobierno, por este serio y responsable intento de abordar los problemas, no sólo los problemas de las cuencas sedientas, sino los problemas de la propia cuenca cedente, de la cuenca del Ebro. Ni siquiera hay que apelar a la solidaridad y a los grandes principios. Me conformaría con que estas tierras repensaran el plan hidrológico estrictamente en términos de egoísmo y que sus políticos entendieran que hay otros territorios que ceden agua, y lo hacen desde la cabecera de sus ríos, no desde la desembocadura, ya fuera de su territorio.
Poco más tengo que añadir en esta presentación de un Plan hidrológico nacional que, repito, pone fin a cien años de intentos fallidos de llevarlo a la práctica. Sobra agua en unos sitios y hace falta en otros. Buena parte de esta agua se pierde; los poseedores de agua la tienen mal gestionada e infrautilizada. Estos son los datos y estos son los hechos incontrovertibles. Aparquemos celos políticos y emociones apasionadas y pongámonos con seriedad manos a la obra; a la obra legislativa que da paso a la gran obra de verdad.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabrael señor Caldera.


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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, agua y civilización han solido ir juntas a lo largo de la historia, de modo especial en un país como España. Nos jugamos, pues, el futuro no sólo los regantes de Aragón sino todos los españoles.
Javier de Burgos, en 1833, afirmaba que el agua es la sangre de la tierra y los canales de riego la vida de los campos. Joaquín Costa, señorías, vinculó el agua con la riqueza, el desarrollo nacional, la democracia y el avance social, creyendo que en las obras hidráulicas estaba la posible redención económica y social de España.
Hoy, señorías, por suerte, en España ya no tenemos un problema de democracia, tampoco de desarrollo nacional, al menos en los términos formulados por Costa, ni cabe hablar de redención económica y social, pero seguimos teniendo un problema con el agua, cuya subsistencia es la mejor prueba de las dificultades y el enconamiento que plantea. Y para este tipo de problemas enconados y difíciles, señorías, la democracia tiene un método para su resolución: el diálogo. El diálogo para alcanzar un consenso; el consenso, en este caso, para que la solución una los distintos territorios, no para dividir ni para fracturar. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Para vertebrar, para cohesionar. Esa es la oferta que desde aquí hace hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Se la hacemos porque nuestra convicción es que un tema de esta naturaleza necesita un gran acuerdo político y social, pero también, señor Aznar ausente, señor ministro, porque estamos convencidos de que el plan hidrológico o es consensuado o sencillamente no lo será. ¿Cómo hacerlo? El 31 de mayo de 1933, en esta Cámara, Indalecio Prieto presentaba un plan de obras hidráulicas y expresaba su aspiración de que el magno problema del agua atrajera la atención de la opinión pública, la convergencia de juicios del mayor número posible de órganos directores de la economía y ciencia españolas porque, como decía Prieto, nada más lamentablemente estéril que atalayarlo desde el mezquino montículo que puede levantar la bandería política. Estamos ante una obra nacional para cuyo ordenado acometimiento se necesita la patriótica cooperación de todos.
Señor Matas, no parece entenderlo así el Gobierno, que, frente a aquellas hondas preocupaciones de nuestros antepasados, ve el asunto no con perspectiva militar, sino cuartelaria. Ésa parece ser la aportación al problema del agua en España del señor Aznar, interpretada por su compañero de gabinete señor Cañete. Claro que hay alguien que mendaz y frívolamente ha afirmado que este plan está hecho contra una comunidad autónoma -lo detectó una televisión-, fue su compañero de gabinete (Aplausos), que, le recuerdo, afirmó lo siguiente -claro que es mendaz y frívola la expresión-: el Plan hidrológico sale por... lo que ustedes saben. Porque pasan dos cosas -dijo su compañero de gabinete, registrado en una televisión-: que tenemos mayoría y que hemos perdido en Aragón. Y siguió: En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad de que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros, estando yo, que esto salía por... Ya saben. (Rumores.)

Nuestro país, señorías, merece otro trato más respetuoso. ¿De qué se trata? ¿Se trata de aprobar un plan o de castigar a una comunidad autónoma que no le ha votado? Mucho me temo, porque tampoco es la primera vez que sucede, que el plan que usted nos trae aquí hoy refleja un cierto y particular ajuste de cuentas con una comunidad autónoma. (Protestas.) Y eso, señorías, es preocupante. Parafraseando a Prieto, les diré que no conviene, señoras y señores del Grupo Popular, atalayarse en la soberbia y en la altanería. Ustedes tienen mayoría parlamentaria, es cierto, pero van a superar una marca, señor ministro: siete enmiendas de totalidad y la ausencia de mayoría social. Se lo demostraré, señorías.
Ustedes no pueden sacar adelante un plan hidrológico contra un número significativo de comunidades autónomas. No distorsione el lenguaje, señor ministro. Ha dicho que sólo una comunidad autónoma del interior, Aragón, se ha opuesto al plan. Se han opuesto muchas más: el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Navarra, Baleares, Asturias, Andalucía y Aragón. Muchos ciudadanos, señor Matas, con sus representantes. (Aplausos.) Es más, al margen de lo que decida votar esta mañana aquí Convergència i Unió, le haré otra cuenta: los grupos parlamentarios que vamos a rechazar el Plan hidrológico nacional del Gobierno si no aceptan la vía del diálogo que proponemos, ¿sabe que sumamos más votos populares que quienes lo van a aprobar? (Aplausos.) ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que los votos de los ciudadanos que están detrás de quienes rechazamos este plan son superiores a los suyos? Señor ministro, claro que las organizaciones sociales han estado en el Consejo del Agua; han estado, pero no han sido escuchadas. Miren, no pueden hacer un plan contra la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, contra Comisiones Obreras, contra la Unión General de Trabajadores, contra la Confederación de Consumidores y Usuarios, contra la Plataforma Rural, contra los Amigos de la Tierra, contra Ecologistas en Acción, contra Greenpeace, contra Adena. ¿Quiere que continúe hasta cuatrocientas y pico organizaciones que rechazan este plan? No; no pueden aprobarlo contra tanta gente. Por ello, le digo que nuestro texto, el del Grupo Socialista, merece respeto y no la despectiva respuesta de que la alternativa socialista es de risa, expresada sin tan siquiera haberla leído.
No queremos que el plan, y me dirijo a los ciudadanos españoles, nazca muerto, sino vivo y para ello sólo hay un camino: el consenso que nosotros ofrecemos. De no ser así, no resolveremos los problemas hídricos;

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no resolveremos los más graves ni los de Levante ni los del resto de España, que son problemas de cantidad de agua disponible, pero también, y cada vez más, de calidad de aguas -superficiales y subterráneas-, aunque, señor ministro, a ello casi no le dedica atención el plan que hoy presentan; no dedica a esto prácticamente ninguna atención, si no, indíqueme en qué puntos del articulado se reflejan estas preocupaciones. Consenso, señorías. El documento más antiguo sobre el agua que se conserva en lo que fue el antiguo Reino de Valencia, de 1223 -fíjense ustedes-, trata de un pleito que finalizó, ¿sabe usted cómo? Haciendo concordia entre dos alquerías que disputaban agua. El corazón del plan de su Gobierno, señor ministro, al que usted ha dedicado más de la mitad de su presentación, traicionándole su subconsciente, la obra hidráulica de un trasvase del Ebro al arco mediterráneo no se puede hacer, señoría, sin consenso. No se puede hacer sin consenso. (Aplausos.) Además, ha demostrado usted en su presentación que su plan tiene un enfoque meramente hidráulico. ¿Sabe usted lo que es la hidráulica, señor ministro? El arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas. Pero necesitamos otro enfoque más moderno y amplio, hidrológico. Le recuerdo que la hidrología es una parte de las ciencias naturales que trata de las aguas. Porque este es el fondo de la cuestión: España necesita un plan hidrológico, y ustedes han presentado ante esta Cámara nada más que un plan hidráulico, señor ministro. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!) Porque el agua no sólo se transporta; se ahorra, se recicla, se desaliniza, se depura, se reutiliza, señor ministro. Necesitamos poner más el acento en el conocimiento del territorio que en la capacidad de construir infraestructuras, en la calidad de los recursos hídricos que en la cantidad, en el mejor uso de los existentes que en la captación de nuevos recursos, en suma, una nueva cultura del agua, que no se refleja en el plan del Gobierno. La alternativa que presenta el Grupo Socialista contiene un enfoque dinámico, no estático, vinculado a los avances y nuevas posibilidades tecnológicas, en dirección hacia las mayores preocupaciones ambientales, con una mayor atención a los equilibrios de desarrollo territorial, aprendiendo, señor ministro, de experiencias fracasadas, claro que sí, aquí y fuera de aquí, lo que no hacen ustedes, y atendiendo también a las políticas de la Unión Europea. Este mal llamado plan hidrológico considera el agua sólo como un mero bien al servicio de la producción, minusvalorando las connotaciones sociales, culturales, emocionales, ambientales y hasta estéticas de nuestros ríos, a los cuales no se dedica ni una sola línea de su Plan hidrológico nacional. (Aplausos.) Presentan, señorías, un llamado Plan hidrológico nacional -por cierto, para ser un momento histórico, señor ministro, poco cañamazo ha tenido, en expresión de un miembro de su grupo, su presentación, muy poco-, y vamos a ver por qué no es un plan, por qué no es hidrológico y por qué no es nacional. Para que fuera con propiedad un plan, debería incluir una objetivación de los fines perseguidos en política territorial. Dígame dónde está en su texto la objetivación de los fines perseguidos en política territorial; dígame dónde está la objetivación en política agrícola; en política energética, dígame dónde está; en turística, dígame dónde está, y en gestión del agua. El que ustedes presentan ni expone objetivos ni hace un diagnóstico integrado de la realidad hidrológica, que no hidráulica, española; fíjese, ni siquiera analiza cuál ha sido el grado de aplicación y cumplimiento de la actual legislación en materia de aguas. Ni siquiera lo analiza.
Este llamado plan no es fiel al principio de la planificación que se incorpora a nuestro derecho positivo en la Ley de Aguas de 1985. A partir de ella, como usted sabe, toda la actuación sobre el dominio público hidráulico está sometida a la planificación hidrológica. Su plan sólo incorpora planificación hidráulica para justificar un trasvase del agua desde el Ebro hasta Almería. Para poder ser calificado con propiedad como un plan, deberemos definir antes qué modelo de ordenación territorial queremos. ¿Cuál es el suyo, señor Rato, señor Aznar? Ni una sola palabra en el texto, ni una. ¿Es compatible este plan con el de infraestructuras, por ejemplo? ¿Cuál es su política forestal? ¿Y la de regadíos? ¿No inciden acaso todas ellas sobre el territorio? ¿Cómo se puede justificar un debate sobre el Plan hidrológico nacional, y no sobre el plan de infraestructuras, que se niegan a traer a la Cámara ustedes, que movilizará 17 billones de pesetas? (Aplausos.) O sobre regadíos, que ustedes exigieron que se presentaran simultáneamente en esta Cámara. Señor ministro, 29 de febrero de 1995, moción del Grupo Popular aprobada por la Cámara: remita al Congreso de los Diputados, junto al Plan hidrológico nacional, un plan agrario de regadíos. O moción del 22 de marzo de 1994: incorpore el plan de regadíos y contemple de manera específica y diferenciada los problemas medioambientales. Eso no lo traen ustedes hoy aquí.
Nosotros sí lo abordamos. Nuestro texto alternativo, señorías, plantea un debate en el Senado sobre la ordenación del territorio en España. No podemos seguir concentrando población -tres de cada cuatro ciudadanos viven en el 3 por ciento del territorio- con procesos de desertización y envejecimiento en la mayoría de la España interior.
El artículo 6 del texto alternativo que defiendo establece una comunicación en el Senado sobre políticas de ordenación territorial, a fin de acordar medidas para reducir los actuales desequilibrios regionales. Su texto, le repito una vez más, ni una sola palabra. De igual forma, queremos que el Gobierno presente el plan de regadíos, un plan forestal, el de infraestructuras para que podamos debatirlo aquí, y una estrategia de lucha contra el cambio climático. Nada de ello en su Plan hidrológico nacional. La planificación hidrológica deberá tener en consideración los contenidos

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de las conclusiones sobre política territorial que resulte de dicho debate.
Este plan ignora en su totalidad el proceso de revisión en curso de las políticas comunitarias, incluyendo la agrícola. ¿Cómo es posible, señorías? De hecho, la política agrícola sólo aparece como objetivo en lo que se refiere a consolidación de regadíos existentes. Deberían ustedes atender las recomendaciones del profesor Barea -en otro tiempo lo hacían, señor Rato-, que dice: esto me presenta una terrible duda; ¿se han tenido en cuenta los cambios que en política agrícola común se van a producir? No, ¿verdad? Atiendan al señor Barea.
Los problemas hidrológicos de nuestro país no se resuelven sólo con obras hidráulicas, señorías. Hace falta una apuesta decidida por mejorar la gestión del agua, lastrada hoy por un funcionamiento inadecuado de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, este plan no prevé la reforma de las mismas. ¿Creen ustedes que se puede hacer algo serio en esta materia sin superar el caos administrativo actual, gracias al cual sólo está legalizada la cuarta parte del medio millón de aprovechamientos de agua existentes? ¿O sin integrar a las comunidades autónomas en un marco de corresponsabilidad en la gestión del agua? Mejorar la gestión del agua, señorías, supone situar como objetivo principal una gestión integral en la que la eficiencia, el ahorro, el uso de tecnologías avanzadas y la preservación de nuestros ecosistemas permitan obtener un agua de mejor calidad y suficiente para atender las necesidades existentes. ¿Dónde están estos objetivos en su plan? ¿Cómo se puede llamar plan hidrológico, señorías -y esta pregunta es relevante-, a uno que no establece ningún plan de eliminación de vertidos? La contaminación de las aguas es el factor de mayor influencia en lo que a pérdida del recurso agua se refiere.
Fíjense, un medio no sospechoso de adicción filosocialista, el ABC, publicaba estos días que España se sitúa a la cola de la Unión Europea en el tratamiento de aguas residuales. Con su plan, señor ministro, lo seguirá estando durante muchos años y no resolveremos la situación. La lucha contra la contaminación ofrece otras disponibilidades mayores para aumentar el agua que la construcción de nuevas infraestructuras; y usted, señor Matas, no se da por enterado.
Ha hablado aquí de los inmigrantes; quizá S.S. esté más atento a tramitar sus votos de forma poco clara que a desarrollar políticas de gestión del agua. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Igualmente, debería prestarse atención a la restauración integral del dominio público hidráulico y a la política de reforestación de riveras fluviales. Nosotros, señorías, apostamos con contundencia por poner orden en el caos de la Administración hidráulica; por establecer actuaciones que faciliten la reordenación de los derechos del agua. El objetivo principal es fomentar un uso más eficiente del agua, para lo cual hay que conocer con rigor cuánta agua se utiliza, cuánta es necesaria para cada uso y cuáles son los requerimientos de caudal ambiental de cada río. ¿Sabe que el Instituto Nacional de Estadística y su propio compañero de gabinete, el ministro de Agricultura, estiman que en España sólo el 10 por ciento de los regadíos pueden considerarse eficientes y que, además, se desaprovechan casi 5.000 hectómetros cúbicos exclusivamente por pérdidas en las infraestructuras agrarias? Por cierto, nos complace, señoría, que a última hora hayan descubierto -no sé si para satisfacer a CiU e intentar obtener su voto- que se pueden reasignar los usos del agua en el delta del Ebro; es decir, que la hipotética previsión de una transferencia de 1.000 hectómetros cúbicos se va a ver reducida en 500 por cesión de derechos de regantes. Esto, si se ha conseguido en una sola tarde, fíjese lo que podríamos hacer en tres meses de tramitación parlamentaria. Esto sólo puede interpretarse de dos maneras: o el plan -hasta que ustedes hablaron con Convergència i Unió- era un ejercicio arbitrista -y le pregunto que dónde está la solvencia científica y técnica que usted invocó aquí en la presentación del plan- o que da igual 500 que 1.000, o, alternativamente, que tenemos un margen de negociación muy superior al que el Gobierno, señorías, quiere reconocer.


Fíjese que la Ley que ustedes hicieron en 1999 y este plan consagran los viejos derechos adquiridos sobre el dominio público hidráulico pretendiendo crear un mercado del agua. Por cierto, contradicen ustedes incluso, señor Rato, los postulados liberales clásicos y decimonónicos que a usted le encantan. Antes de crear un mercado del agua convendría desamortizar viejos derechos arcaicos y en ocasiones perpetuos. Pero para que este mercado del agua funcione con justicia y equidad ha de tener intervención pública. Por ello proponemos la creación de bancos públicos de agua para aflorar las operaciones potenciales de reasignación de usos en toda España, que contribuirían a reducir los déficit existentes sin la conflictividad y los impactos ambientales negativos que genera un trasvase. Este mecanismo permitiría fomentar además trasvases voluntarios entre usuarios próximos, lo que exige flexibilizar el régimen concesional sin atentar contra el principio de equidad.
El plan de ustedes no aborda ninguna reforma de la legislación vigente ni de los organismos de cuenca, tenemos que hacer ambas cosas. Quince años después de la Ley de 1985 no se puede hacer un plan que no contemple la evolución de los problemas del agua en España. Debemos incorporar los principios de las directivas, en particular aquella sobre política del agua que se aprobó el año pasado. El texto del Gobierno, señoría, se limita a mencionarla, pero eso no basta. Proponemos iniciar de inmediato la revisión de los planes hidrológicos de cuenca para irlos adaptando de inmediato a las necesidades del futuro, a los estudios de incidencia que tendría en cada cultivo, en cada región,

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la repercusión de todos los costes del agua en su precio, a la que nos veremos obligados desde el año 2010.
Para describir de modo práctico las posibilidades de una mejor gestión del agua usemos la cuenca del Júcar. Por cierto, ¿desde cuando, señor ministro, la cuenca del Júcar, como dicen ustedes en el plan, tiene déficit estructural? Si lo tiene, ¿cómo puede plantearse un trasvase desde el Júcar al Vinalopó, como si el Júcar fuera excedentario? Esto es como si a un anémico que necesita una transfusión de sangre se la sacamos y esto es lo que parece que usted pretende con su plan. Errores como estos, señor ministro, hay muchos en el escaso espacio que dedica el proyecto de ley a regular los problemas hidrológicos del país.
Pero volvamos al tema de la gestión del agua y usaré los datos de una autoridad competente, la Consejería de Obras Públicas valenciana, que fíjense que demuestra cómo se puede conseguir más agua a partir del ahorro y la reutilización de aguas residuales con menos dinero. Es un informe de la Consejería de Obras Públicas, estudio de modernización de red de distribución de la acequia real del Júcar. ¿Sabe lo que dice? Que la demanda de agua en el año 1988 en la Comunidad Valenciana se estimó en unos 3.000 hectómetros cúbicos, de ellos 2.800 en la cuenca del Júcar. Según el Plan hidrológico nacional, 350 llegarán desde el Ebro a la Comunidad Valenciana, es decir, el 11 por ciento de su demanda, de sus necesidades, eso sí, como mínimo a partir del año 2008. Por cierto, siendo esto así, señorías, ¿no les suena a ridícula la campaña del señor Zaplana, que ha empapelado toda la Comunidad Valenciana diciendo que con su plan se acabó el problema milenario del agua en la Comunidad Valenciana, un plan que aporta el 11 por ciento de sus necesidades dentro de diez años? ¿Eso resuelve sus problemas milenarios? Me parece que es un verdadero escándalo.
(Aplausos.) Esa Consejería -y voy acabando, señorías- estimaba que la acequia real del Júcar puede ahorrar un mínimo de 200 hectómetros cúbicos anuales con una inversión de 7.600 millones de pesetas en su mejora -a 2 pesetas, señor ministro, el metro cúbico-, cuando el trasvase la sitúa en 52. (Rumores.) Es decir, que esta inversión podría ahorrar el 60 por ciento del agua a trasvasar. En resumen, la propia Consejería de la Generalitat valenciana nos dice que más de la mitad del agua que ustedes quieren trasvasar desde el Ebro se podría obtener con esta modesta inversión.
Por último, hay otras alternativas factibles: reutilización y desalación. Las plantas desaladoras...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo.
Las plantas desaladoras que proponemos no emiten, señorías, ni un solo gramo más de CO2 que el trasvase previsto del Ebro a Almería. (Rumores.-Aplausos.) Ni un gramo más, porque la energía necesaria -si ustedes me permiten expresarme- (Rumores.) para transportar 1.050 hectómetros cúbicos a lo largo de ese trasvase es exactamente la misma que la que se requiere para desalar los 400 hectómetros cúbicos que planteamos como una de nuestras medidas urgentes. Y no es el único ejemplo, señorías. Se podrían proponer muchos más.
Este plan no es nacional, señor Matas. Es un plan hidráulico que contiene un gran trasvase. Así lo reconoce la exposición de motivos de su proyecto de ley, que dice: Sin duda, el eje central lo constituye la regulación de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca. Dedica a esa transferencia 12 de los 36 artículos del proyecto de ley. Por tanto, es un plan que sólo contempla un trasvase, el del Ebro. Y, para proponer ese trasvase, ustedes ni tan siquiera se han molestado, señorías, en analizar las experiencias del propio Ministerio, ni se han dignado utilizar los estudios científicos, que los tenían, sobre los efectos del cambio climático.
Antecedentes que tiene su Ministerio demuestran que en el año 1973 se planteó un trasvase Ebro-Barcelona con unas previsiones de 1.400 hectómetros cúbicos, previendo un caos en caso contrario en los años ochenta. No se hizo, no llegó el caos. El anteproyecto del plan de 1993 lo rebajaba a 475 y el actual suyo sólo a 193. De igual modo, los datos del propio libro blanco del agua, señor ministro, demuestran que la aportación anual media, en la década de los sesenta, en el Ebro, fue de 16.000 hectómetros cúbicos; en la de los setenta, 14.000; en la de los ochenta, 9.500; en la de los noventa, 8.200; una reducción del 50 por ciento en 40 años. ¿No le parece un dato relevante si se quiere hacer depender todo un plan de un solo trasvase? El plan del Gobierno, señorías, tampoco tiene en cuenta la evolución futura del recurso agua en función del cambio climático. El libro del agua lo reconoce en la página 193. El análisis realizado -dice- permite concluir que el sureste peninsular, la cuenca del Guadiana, el valle del Ebro y la España peninsular, son las áreas donde el impacto sobre los recursos hídricos se manifestará más severamente.
Francisco Ayala, del Instituto Tecnológico Geominero de España, en un informe que ustedes no han publicado, con los métodos utilizados en el libro blanco del agua, ha concluido que en el año 2040, debido al aumento de la evaporación, a la disminución de las lluvias, las cuencas del Ebro, Tajo y Duero perderán 4.000, 3.000 y 4.500 hectómetros cúbicos/ año. Es decir, antes, señorías, del plazo de amortización de las obras, 40 años, no sólo será imposible el trasvase del Ebro sino que necesitaría aportaciones de agua para cubrir sus necesidades...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego concluya. Sabe que ha consumido su tiempo.


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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta.
Salvo que realizáramos una política muy severa de ahorro. Sin embargo, el plan del Gobierno ni siquiera lo contempla.
A pesar de ello, no descartamos los trasvases, señorías, pero deben plantearse como última solución, una vez constatada la insuficiencia de todas las demás posibilidades de obtención de agua dentro de la propia cuenca; por cierto, era su posición, la del PP, no hace muchos años. En este país, señorías, no se pueden plantear ya trasvases entre cuencas sin acuerdo satisfactorio para los territorios de las cuencas cedentes. Y ustedes han despreciado la opinión de esos territorios. Nosotros promovemos la necesidad del consenso entre Gobierno y comunidades autónomas en un foro adecuado al Estado de las autonomías, como es la conferencia sectorial de la política del agua.
En nuestro texto alternativo se apuesta por la mejor gestión de los recursos hídricos en las cuencas mediterráneas, acotando la necesidad de un eventual trasvase a la única cuenca que el libro blanco del agua consideraba como estructuralmente deficitaria: la cuenca del Segura.
Para ello y para los ámbitos deficitarios de otras cuencas proponemos un plan especial de gestión en un año, a partir de la aprobación de esta ley, creando un banco público de agua, suspendiendo el otorgamiento de concesiones en precario y la posibilidad de suspender también el resto de concesiones, procediendo a su control, revisión y caducidad, en las circunstancias que establece nuestro texto.
Queda un solo punto, señor ministro, la viabilidad financiera del plan. El profesor Barea también la pone en duda, por cierto. ¿Cómo dar crédito al compromiso del Gobierno cuando el esfuerzo inversor del sector público estatal cada vez es menor y este año se queda en el 3 por ciento del PIB? ¿Cómo esperar una rápida ejecución de las obras aquí contenidas -y esto lo dicen los documentos del propio Gobierno- si el capítulo VI ha pasado de 1 billón 100.000 millones, en el año 1990, hace diez años, a 1 billón 14.000 millones, es decir el 60 por ciento en pesetas constantes?

La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que concluya definitivamente. Usted sabe que ha consumido sobradamente el tiempo pactado en la Junta de Portavoces.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señorías.
Para salvar las carencias del plan que ustedes presentan, mi grupo ha elaborado un texto alternativo, porque el plan del Gobierno no puede ser considerado un plan, ya que ignora las políticas territoriales.
Nosotros pretendemos que la política hidrológica se incardine en la ordenación del territorio de España. El plan del Gobierno no es hidrológico, es hidráulico. Nosotros ponemos el acento en una moderna gestión del aguaahorro, reutilización y desalación. El plan del Gobierno no es nacional, se limita a regular un trasvase del Ebro. Nosotros abordamos necesidades urgentes que se derivan de los déficit hídricos que existen en todas las cuencas españolas a través de la reforma de las confederaciones, de la revisión de planes de cuenca y de la actualización del régimen concesional. Han olvidado los efectos del cambio climático sobre el caudal de nuestros ríos y la legislación comunitaria sobre la gestión del agua. Además, su plan -700.000 millones para el trasvase- es bastante más caro que nuestras propuestas alternativas, que lo financiarían con 400.000 millones. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Caldera. Señorías, guarden silencio.
Señor Caldera, le ruego que abandone la tribuna en un minuto.
(Rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (Continúan los rumores.)

¡Señorías, ruego guarden silencio!

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señorías, para llevar adelante el plan que necesita España es preciso, como dijera Prieto -y veo que ustedes no atienden a ello-, conquistar la voluntad de todos, ganar el espíritu de todos, lograr la convicción de todos, porque este género de empresas no puede constituir, señorías, una bandería política, una oriflama política, un gallardete político, sino un empeño común. En el Museo del Louvre se guarda una antigua ancla persa, muy antigua, de hace miles de años, que dice lo siguiente: No apartes el agua ni la jurisdicción de un hombre de calidad de la tierra de tus antepasados. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, concluya por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Como decía: No apartes el agua ni la jurisdicción de un hombre de calidad de la tierra de tus antepasados; una ha hecho los canales, el otro ha nutrido las almas.
Agua y jurisdicción de hombres y mujeres de calidad, es decir jurisdicción ejercida con espíritu de justicia, se asocian directamente. El agua debe ser objeto de jurisdicción y requiere, señor ministro, ser regulada con justicia. Aquí ni hay adecuada regulación -la jurisdicción- ni se reparte la justicia.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caldera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.


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El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, plan histórico, hecho secular, en que el Partido Popular, después de cien años de dudas e indecisiones, coge el toro por los cuernos a la política hidráulica de este país. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Llamazares, por favor.
Señorías, ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio o, si van a abandonar el hemiciclo, que lo hagan de manera diligente. No es posible, con el murmullo que hay, escuchar al señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Decía, señorías, señor ministro, que, a pesar de las ampulosas palabras con las que ha iniciado su intervención, a pesar de haber puesto al Partido Popular al frente de un toro que no había sido, parece ser, cogido por los cuernos a lo largo de la última centuria, ha hecho usted lo que se podría denominar en términos taurinos, no una faena, sino una faena de aliño. Su intervención ha estado preñada de prejuicios y de posiciones a priori, señor ministro, de falacias filosóficas, pero en ningún caso hemos visto una intervención como se esperaba de la presentación del Plan hidrológico nacional para las próximas décadas.
Sí hemos visto los tópicos y los prejuicios habituales en el Partido Popular. Frente a la importancia del hecho relevante de la presentación de un Plan hidrológico nacional, nos hemos encontrado con la tentación habitual de la derecha de convertir esta presentación en lo que podríamos denominar milenarismo o filosofía de Adán, que es aquella por la que todos los demás no han sido capaces de hacerlo. Y en este caso quien ha sido capaz, quien es capaz de presentar un plan hidrológico, no como otros, es, como no podría ser de otra manera, el Partido Popular.
En su presentación, señor ministro, le ha traicionado el subconsciente. Lo fundamental ha estado lleno, como decía antes, de prejuicios y de posiciones a priori. Ha dicho usted ante esta Cámara, inmediatamente después de la presentación histórica del plan, que este plan era importante por su método de elaboración. Ha llegado a decir, y en ese sentido hablo de prejuicios, que había que apartar la política de la presentación de este plan y que las virtudes de este plan estaban no solamente en el hecho histórico de su presentación, sino en el método participativo y científico de la elaboración del mismo por parte del Partido Popular. Dejo al margen el prejuicio antipolítico, habitual en la derecha, pero habitual para ocultar los intereses que se encuentran detrás del Plan hidrológico nacional, y me centro en lo que significa este plan desde el punto de vista de su solvencia técnica y de su participación, del método participativo de elaboración. Porque, señorías, un plan que está hecho al cabo de una centuria, como ustedes han dicho, y que se prevé para las próximas décadas realmente es un escándalo que se presente ante esta Cámara como una faena de aliño, como un trámite parlamentario sin más, y, sobre todo, que se presente ante esta Cámara con tan escaso bagaje de participación social y política. ¿Cómo es posible que un gobierno, sea éste el que sea, asuma la exclusiva responsabilidad de presentar un plan para las próximas décadas y de vincularlo a futuros gobiernos sin un procedimiento previo de participación social y política? Señor ministro, se le olvidó en la relación de las organizaciones que apoyan este plan decir, por mucho que sea el populismo y la demagogia del Partido Popular, que no es el plan de los regantes. Los regantes no representan a los verdaderos interesados por este plan. Este plan le interesa al conjunto de la ciudadanía. Detrás de los regantes están los olvidados en este plan, que son los agricultores de las pequeñas explotaciones familiares, que son los ciudadanos y ciudadanas, que son la generalidad de los españoles, sus pueblos y sus comunidades autónomas. Pero más atrás de este plan, entre bambalinas, los que usted no presenta como verdaderos interesados en este plan, están los grandes constructores de obras hidráulicas, grandes constructores que tienen un interés determinante en este plan, que son los que no aparecen en un primer plano de este plan.
Las grandes compañías eléctricas y energéticas, los interesados en los modelos de explotación urbana en nuestro país, esos son los interesados en su Plan hidrológico nacional, una minoría de este país. Y la gran mayoría de España, la gran mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, los agricultores, los industriales, los que van a percibir el agua de boca, todos esos están al margen de la solidaridad que proclama, también de forma ampulosa, este Plan hidrológico nacional.
Por tanto, señor ministro, yo le invito a que reflexione sobre el bagaje de apoyos que tiene este plan en su presentación ante esta Cámara. Desde luego, si los apoyos son los que usted presenta como los apoyos de los regantes, de sus comunidades autónomas y de su fuerza política, realmente son muy escasos, pero sobre todo son absolutamente insuficientes para aprobar un plan de esta magnitud.
Porque, señor ministro, usted hoy aquí presenta un plan que es rechazado por una parte de las comunidades autónomas y de forma más relevante por parte de la comunidad autónoma cedente de la mayor parte del agua que se va a trasvasar en este plan. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Nos parece absolutamente inaceptable que, sin la aprobación de todas las comunidades autónomas y en particular de las comunidades autónomas cedentes, se pretenda imponer el Plan hidrológico nacional. Sólo desde la perspectiva, no de Joaquín Costa, señor ministro, sino de Ramiro de Maeztu se puede aceptar que un plan que va a corresponsabilizar al conjunto de los pueblos de España se imponga desde unas comunidades autónomas frente a otras, desde el Gobierno español frente a los gobiernos de las comunidades autónomas.


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Es realmente una concepción centralista, una concepción ilustrada, despótica, del Estado, que no tiene nada que ver con la concepción constitucional del modelo del Estado de las autonomías. Además, señor ministro, lo que usted ha ocultado aquí es que no cuenta en esta Cámara con ningún apoyo adicional a su Plan hidrológico nacional, que un plan que se elabora al cabo de una centuria y que se elabora para las próximas décadas se presenta ante el Parlamento español como un trámite y también con el único respaldo político del Partido Popular, el respaldo político de la mayoría absoluta de esta Cámara, es verdad, pero el respaldo político de una minoría del conjunto del pueblo español, de una minoría del conjunto de los ciudadanos de España. Hubiera sido un requisito indispensable y sigue siendo un requisito indispensable que planes de estas características sean previamente consensuados con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias.
Señor ministro, usted no puede venir aquí para enfrentar a unas comunidades autónomas contra otras. Usted no puede venir aquí a enfrentar a fuerzas políticas parlamentarias que representan a una buena parte de la ciudadanía. Usted tiene que venir con otro plan, con un plan que consiga el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias y un plan ampliamente apoyado por las comunidades autónomas y por el conjunto de las organizaciones implicadas en el Plan hidrológico nacional. Ha excluido usted de sus apoyos a las organizaciones conservacionistas, a las organizaciones agrarias, a organizaciones vecinales, a organizaciones muy importantes que representan una parte de los interesados en este plan. No es cierto que los interesados sean únicamente los que a usted le conviene, no es cierto que los interesados sean los regantes y no es cierto que los interesados sean la minoría que va a ser beneficiada de las grandes obras de infraestructuras de este plan, como son -repito- los constructores de grandes obras hidráulicas, las compañías energéticas y los que realizan suculentos negocios de la explotación urbana y de la explotación del agua y del medio ambiente. Son los grandes olvidados en la presentación de este plan, son los grandes insolidarios de este plan, pero realmente es la política que no quiere reconocer el Partido Popular. Cuando dice: Apartémonos de la política, quiere decir dejemos a un lado y entre bambalinas los intereses que están detrás de este Plan hidrológico nacional, que no son los intereses solidarios de los ciudadanos españoles, sino que son los intereses minoritarios de unos cuantos desaprensivos que, en el Plan hidrológico nacional, aparecen ocultos y que crean una gran incertidumbre sobre el mismo.
Los que han elaborado el plan en su Ministerio y en el Ministerio anterior, gobernado por el Partido Popular, señoría, tienen una colisión de intereses claros entre sus intereses públicos y sus intereses privados. Este plan es, por esos intereses que están entre bambalinas, un plan bajo sospecha. No solamente es un plan escasamente dialogado y negociado, sin consenso político y social, sino que es un plan, en sus intereses, en los intereses que no se muestran de forma explícita, un plan hidrológico bajo sospecha, bajo sospecha en los tribunales, bajo sospecha política, también en la sociedad española y en esta Cámara. Señor ministro, usted, como principal argumento filosófico, como principal falacia filosófica, ha presentado este plan como el plan que equilibra y vertebra, como el plan solidario de las cuencas que tienen exceso de agua con las que no tienen suficiente agua. En definitiva, el plan que evita que el agua excedente de los ríos se vaya al mar. Resulta inaceptable, señorías, en términos técnicos y en términos de una política de desarrollo sostenible, tal tipo de argumentaciones, hablando en términos técnicos y en términos de desarrollo sostenible, que son los términos del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
No es cierto, señor ministro, que este plan vaya en el sentido de equilibrar el recurso agua en el conjunto del territorio. Se basa en un mito, el mito regeneracionista y liberal, mezcla de regeneracionismo y de liberalismo, de que es posible al final que todo el territorio del Estado disfrute de una oferta de agua ilimitada para abordar cualesquiera obras, cualesquiera cultivos y cualquier tipo de uso del agua. Es un mito que no se sostiene. Pero es que es, además, un engaño, señor ministro. Es un engaño. Ese agua aparece en los grandes embalses y en los grandes trasvases de este plan. Incluso es un engaño también en el caso de que la alternativa sea la desalación, porque finalmente la evolución ecológica de este país, la evolución desgraciadamente negativa del cambio climático va a hacer imposible esos objetivos de este plan, que se trasvasen 1.000 hectómetros cúbicos desde el Ebro hacia la cuenca mediterránea.
Señor ministro, es un mito inaceptable que los ríos tienen un excedente que se va al mar. Porque los ríos juegan un papel ecológico, social, cultural, que ustedes desprecian, al valorarlos únicamente como un bien económico. Porque los ríos, con ese caudal, no con el caudal ecológico a que ustedes se refieren, con su caudal, tienen una serie de cometidos naturales, sociales y culturales, que ustedes desprecian. Y, si ustedes reducen ese caudal, ustedes están poniendo en peligro esas finalidades de los ríos, desde el punto de vista de un desarrollo sostenible, de la regeneración de los propios ríos, de la regeneración de las playas, de la evolución de sus ecosistemas.
Además, señor ministro, en su trasvase, ustedes desconocen algo fundamental que convierte el mito en un engaño y es la implicación que tiene el cambio climático en las posibilidades del trasvase. Y, según los cálculos de su propio Ministerio, en los próximos años se producirá un calentamiento global que va a influir sobre el agua de nuestros ríos y que va a influir también sobre los regadíos, también sobre nuestros cultivos. Y ese calentamiento global, en torno a 2 ó 2,5 grados,va a provocar que todo el excedente que ustedes

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piensan que puede derivarse hacia la cuenca mediterránea, finalmente sea sólo un engaño. Ese excedente no va a ir a la cuenca mediterránea, porque no va a haber excedente de agua, debido al cambio climático en nuestro país. En definitiva, señor ministro, un plan hidroilógico nacional, un plan que no se basa en el consenso y en el diálogo, sino en la imposición, un plan que crea mayor división social y territorial, un plan que no está orientado a dar respuesta a las demandas sociales, no es un plan solidario, es un plan de intereses y un plan engañoso y mítico, porque finalmente no va a poder hacer lo que dice: derivar una parte del agua, según ustedes excedente, según nosotros no excedente, desde las cuencas, en este caso desde la cuenca del Ebro, hacia el Mediterráneo.
La posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida apuesta por otro modelo y por otra cultura del agua. Algo hemos visto en la exposición del Grupo Parlamentario Socialista. Lo único que no nos suena en esa exposición son las medidas que se proponen. Nosotros pensamos que es contradictorio plantear en esta Cámara una nueva cultura del agua y dejar abierta la puerta a grandes trasvases o embalses, o bien abrir una nueva puerta con una desalación generalizada. Es verdad que probablemente la desalación provocará un impacto similar al trasvase del Ebro, pero ¿por qué tenemos que igualar impactos ecológicos negativos? ¿Por qué no reducir esos impactos? Sí es verdad que finalmente la elevación del agua, la superación de los desequilibrios en el trasvase y las nuevas desaladoras producirán no solamente un impacto territorial, sino un impacto ambiental que acentuará aún más el cambio climático, pero ¿por qué igualar en lo negativo y por qué no proponer un modelo con una nueva cultura del agua que impida un desarrollo insostenible? Nosotros proponemos, por el contrario, un modelo sostenible, alternativo al Plan hidrológico nacional presentado por el Gobierno, y un modelo sostenible diferenciado del plan presentado por el Partido Socialista Obrero Español ante esta Cámara. A nosotros nos parece que existen suficientes medios en una gestión alternativa del agua, en una gestión de la oferta actual, en una gestión de lo que hoy hacemos mal, existen recursos suficientes para que no sean necesarias nuevas ofertas de agua que creen el mito de un recurso ilimitado, que den lugar a una explotación urbanística, agraria y de todo tipo, intensiva, que finalmente aboque a nuevos consumos de agua y a una situación insostenible. Nosotros pensamos que, en estos momentos, en el control y la mejora de los regadíos -el 80 por ciento del consumo del agua-, en las canalizaciones urbanas y, de otra parte, en el control y la erradicación de los vertidos y en la reutilización del agua están los mecanismos que en un modelo sostenible de Plan hidrológico nacional -hidrológico, no hidroilógico, como el que presenta el Gobierno- pueden dar respuesta a las demandas presentes y futuras de nuestro país, hacerlo con solidaridad y vertebrando el conjunto de nuestro Estado, de nuestra España plural.
Esas son las medidas que propone el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en las que coincidimos, en esa nueva cultura del agua, con las organizaciones a las que ustedes han despreciado en el trámite participativo, con las organizaciones ecologistas, con las fuerzas políticas y sociales de un ecologismo político que existe en nuestro país y que tiene una alternativa a su Plan hidrológico nacional. Estos mecanismos que proponemos de gestión de la demanda pueden aportar en nuestro país, y lo reconocen sus propios documentos, tres veces más de recurso de agua adicional de lo que aporta de alguna forma el trasvase del Ebro. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) De 2.000 hectómetros cúbicos nosotros estamos convencidos de que entre 3.000 hectómetros cúbicos y 5.000 hectómetros cúbicos adicionales pueden salir perfectamente de un modelo alternativo, de una cultura diferente, de una nueva cultura del agua. Nuestro proyecto es alternativo, sostenible y realista, es el proyecto para el presente, para el futuro del país, es el proyecto solidario y es el proyecto sostenible.
En definitiva, señor ministro, termino mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pidiéndole que no haga faenas de aliño en esta Cámara, que no se tome el debate parlamentario y el acuerdo entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales como un trámite, que no haga balances falsos de equilibrios entre las comunidades autónomas, que retire este plan hidroilógico nacional, que lo retire para negociar de nuevo en el marco del Consejo del Agua, para negociar por primera vez con las fuerzas políticas parlamentarias, de tal manera que, al final, el plan pueda ser vertebrador social y políticamente de España, pueda ser verdaderamente solidario y no insolidario y pueda ser ecológicamente sostenible, cosa que no es el plan que ha presentado usted en una faena de aliño ante esta Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, como tengo muy poco tiempo, voy a justificar en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds en tres grandes razones nuestra enmienda a la totalidad. Pedimos la retirada de este plan, en primer lugar, porque es ecológicamente insostenible, en segundo lugar, porque es socialmente rechazado y, en tercer lugar, porque es un plan quecientíficamente ha sido suspendido. Ecológicamente

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insostenible, socialmente rechazado y científicamente suspendido.
Quiero también aprovechar la ocasión para decir que no vamos a votar a favor el texto alternativo del Grupo Socialista, no por la intervención del señor Caldera, sino por el contenido del texto. El contenido del texto del Grupo Socialista parte de déficit de cuencas, parte de una propuesta de más agua y en relación con el proyecto del Gobierno propone que en lugar de trasvases haya desaladoras y otros trasvases. El debate hoy en este país no debe ser en relación con los instrumentos para ofrecer más agua, sino para avanzar -como se ha dicho en la intervención del Grupo Socialista- en una nueva cultura del agua.
Señor Matas, primera razón: este es un plan insostenible. Su plan hidrológico sigue anclado y basado en un incremento ilimitado del consumo de agua y esa es una política caduca, antigua, desarrollista, sobre todo es una política que está basada -como usted ha dicho hoy aquí-, como dice el plan hidrológico, en el concepto de cuencas deficitarias y cuencas excedentarias. Señor ministro, eso hoy desde el paradigma del desarrollo sostenible es un concepto erróneo. ¿A usted se le ocurriría decir que Madrid tiene un déficit estructural de playas? ¿Se le ocurriría decir que Barcelona tiene un déficit estructural de sierras? ¿Se le ocurriría decir que los Pirineos son excedentarios en montañas? ¿Verdad que no se le ocurriría? Por tanto, hacer hoy una política sostenible de aguas pasa por dejar al lado, por apartar estos conceptos de política antigua hidráulica, de cuencas excedentarias estructuralmente y de cuencas deficitarias estructuralmente.
Su plan tiene una virtud, que no esconden lo que quieren. No es que ustedes no se sitúen en la orientación de la directiva de la Unión Europea, no es que ustedes no consideren en el plan hidrológico las incidencias del cambio climático, como antes se ha dicho, o que ni siquiera consideren qué hacer con los más de 5.000 hectómetros cúbicos que, según ha dicho el Instituto Nacional de Estadística hace quince días, se pierden en las redes de distribución. El 20 por ciento del agua se pierde en las redes de distribución, cuando en Alemania se pierde el 5 por ciento. El 20 por ciento representa más de 5.000 hectómetros cúbicos y su trasvase es de 1.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, repito, no es que no consideren esto sino que, en su intervención y en su proyecto de ley, ustedes dicen claramente que el eje central del plan hidrológico es el trasvase del Ebro. Eso sí, en la exposición de motivos dan una justificación. Dicen ustedes literalmente que el trasvase del Ebro está justificado por poderosos motivos de interés nacional. Señor ministro, por poderosos motivos de interés nacional en este país se han hecho muchas barbaridades, no hagan ustedes una más. El plan hidrológico no puede justificarse por poderosos intereses nacionales.
La segunda razón que he dado es que este es un plan social y ampliamente rechazado. Con este proyecto de ley el Gobierno del PP ha conseguido producir la mayor movilización en contra desde 1996. Ha producido, como también se ha citado, el rechazo de prácticamente todas las organizaciones ecologistas y ha provocado que centenares de miles de personas, que no es que estén mal informados, como usted dice, lo están perfectamente, hayan rechazado este plan.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento al trabajo que han llevado a cabo todas las organizaciones no gubernamentales, especialmente la Plataforma de defensa de la tierra.
La tercera y última razón es que este es un plan en el que usted ha omitido una información. Ha destacado los votos a favor del Consejo Nacional del Agua, pero, señor Matas, ¿por qué no dice usted que los cinco expertos y científicos del Consejo Nacional del Agua han hecho un voto particular en siete puntos, que es un varapalo impresionante al Plan hidrológico nacional? Con ese informe de los expertos y científicos no sólo deberían retirar el plan sino que se deberían sonrojar.
Pedimos la retirada de este plan porque va en contra de una orientación política, de un consumo y de una política de aguas sostenible, porque tiene un rechazo frontal social y porque no tiene base científica. Ustedes van a aprobarlo, estoy seguro de que van a hacerlo, pero un plan que no tiene base científica, que tiene rechazo social y que va en contra de las nuevas orientaciones de la política hidráulica es un plan que no se va a ejecutar. Ustedes no van a ejecutar ese plan y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se ejecute.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Continuando con la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, señorías, para empezar quiero leer un texto de una declaración que hizo el señor ministro el otro día a un periódico, exactamente El País. Le preguntaban si hay agua suficiente en el Ebro como para repartir y él contestaba: El señor Labordeta quiso demostrar que el Ebro no llevaba agua y citó en septiembre a los periodistas y se fue a cruzar el río andando, en Zaragoza. Eso es engañar a los ciudadanos porque el agua no se coge en Zaragoza sino en la desembocadura. Señor ministro, ha mentido usted. Nunca he pasado el Ebro andando, no hay una foto,

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quiero que me lo demuestre. A mí no se me ocurre una chiquillada como esa de pasar el Ebro. Empieza usted mintiendo cuando piden agua y miente metiéndome a mí en el barco. Si usted ha mentido en una cosa tan sencilla de saber que era si yo había pasado el Ebro andando, imagínese usted los nobles baturros -muchas gracias por llamarnos así- lo que vamos a sospechar que hay detrás de este proyecto, que ha sido manipulado por muchos medios de comunicación en un intento de convencernos a los aragoneses de que estábamos equivocados.
Posiblemente estamos equivocados, pero vamos a votar en contra de este proyecto por muchas razones. Es una solución despótica y poco ilustrada. Se basa, fundamentalmente, en proyectos de los años veinte y treinta. Ustedes los han encontrado en el Ministerio y los han sacado. La única razón que tiene este proyecto es que hay cuencas excedentarias y otras deficitarias. Como decía El Roto en un chiste magnífico, llevemos agua a los desiertos y deserticemos las zonas donde hay agua.
Dice usted que lo ha defendido el Consejo del Agua. ¿Pero quiénes forman el Consejo del Agua? Usuarios activos, empresas hidroeléctricas, comunidades de regantes, presidentes de las confederaciones hidrográficas nombrados por ustedes. Naturalmente, el testimonio de los cuatro científicos que estuvieron en contra, se ha ocultado rotundamente y el manifiesto de los 250 también. Este proyecto no cuenta con la política territorial. No se ha contado, y lo han dicho ya otros diputados, con las comunidades autónomas. No se hace un estudio del impacto ambiental. Se hará, dicen, un estudio del impacto ambiental. Refuerza un modelo de desarrollo territorial desequilibrado e insolidario. Y, curiosamente, ustedes y su presidente están todo el día pidiendo solidaridad a los aragoneses.
No entiendo por qué se pide siempre solidaridad a los pobres. ¿Por qué no pedimos solidaridad a los ricos? ¿Por qué no nos mandan gratis las naranjas y las frutas a cambio del agua? Estamos siempre diciendo: los aragoneses son insolidarios. Nosotros hemos perdido 600.000 habitantes porque, como usted ha dicho, ningún gobierno desde hace muchos años ha cumplido con los pactos que había para regar las tierras de Aragón. Gobiernos de todas las tendencias han pasado de largo. Los aragoneses ya no nos fiamos de nadie.
Curiosamente el plan hidrológico es un trasvase del Ebro, no se buscan trasvases alternativos. Se dice que hay agua suficiente. En un artículo de Narcis Prats, catedrático de Ecología, dice exactamente que el delta necesita 11.000 hectómetros cúbicos para sobrevivir y que con los cinco mil se va a morir. La estimación de la demanda se hace trucándola. Hay agresiones irreversibles al medio ambiente.
Usted ha dicho que está regulado muy poco el Ebro, pero la cuenca del Ebro sí lo está. Está regulado el Aragón, el Gállego, el Cinca, el Segre, el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorzana. Algunos de estos ríos ni existen de tanta regulación como tienen. En cuanto a la agresión al medio ambiente, en el proyecto plantean hacer cien embalses, muchos de los cuales se van a hacer en el pirineo aragonés. En el pirineo aragonés estamos ya hartos de ver cómo se nos ha degradado el territorio, cómo se han destrozado pueblos con intención de hacer pantanos y las compañías hidroeléctricas, después de haberlos destrozado y dinamitado, han decidido que no les interesaba. Y yo pregunto a los gobiernos ¿quién va a pagar los platos rotos de Jánovas? Nadie. El pueblo está destrozado. Le invito a que recorra conmigo el río Ara, que es uno de los ríos más puros que hay en España, y vea el destrozo impresionante que se hizo en la época del franquismo porque, a pesar de que quisimos defenderlo, no pudimos hacerlo.


La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, le ruego concluya.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Voy a concluir con un manifiesto que usted hace. Dice: señor Labordeta, podría ir a cruzar ahora el río por Tortosa. Conozco muy bien el delta del Ebro porque lo he recorrido, y le voy a decir una cosa curiosa y graciosa para terminar. En mi pueblo, una vez se planteó un problema, y es que un curica joven tuvo que explicar cómo andó por encima de las aguas nuestro Señor Jesucristo. Y el cura viejo que estaba detrás le dijo: anduvo, odido, anduvo. Y el curica joven dijo: anduvo odido pero andó.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, este plan se basa en la calificación de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Es lo mismo que decir que hay déficit de playas en Madrid o déficit solar en Galicia, y no por esto nadie se va a plantear un trasvase de estas características.
Ayer se citaba aquí a Costa Llobera, hoy también se ha hecho, pero la verdad es que los tiempos han cambiado y el tiempo ha cambiado.
Estamos ya en un ciclo de cambio climático y el modelo regeneracionista es obsoleto. El Plan hidrológico nacional es básicamente un negocio. Ustedes han pasado del regeneracionismo al modelo de negocio sobre el agua. ¿Quién va a hacer negocio con el Plan hidrológico nacional? Algunas grandes empresas de la construcción, de las grandes infraestructuras, casi multinacionales, que al mismo tiempo van a subcontratar a otras empresas y éstas van a subcontratar a otras empresas. Es un modelo ya conocido, con grandes comisiones, o lo que podríamos decir el modelo estraperlista puesto en el siglo XXI. También van a ganar un modelo de agricultura insostenible, de abuso de los abonos y los de los fitosanitarios, de

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salinización de los acuíferos, como es el modelo en Murcia, que en definitiva ha provocado el cultivo itinerante porque las tierras no aguantan tanta rotación. Es más, hoy Murcia consume más agua que antes del trasvase del Tajo-Segura. En definitiva, es un modelo de agricultura insostenible que se va a mantener, a acrecentar y que seguramente no va a aguantar la previsión de que un día se liberalice el comercio de agricultura con el tercer mundo. También es un modelo que alimenta un crecimiento turístico obsoleto. Hoy en el País ValenÁia, en la provincia de Alicante, se han diseñado dos campos de golf, dos nuevas propuestas de campos de golf, y hay que ver con qué impotencia la oposición en las Cortes valencianas plantea modelos de aprovechamiento y de ahorro de agua y con qué ignorancia el Gobierno valenciano no los oye. Por último, consolida definitivamente un modelo perverso de que todo el mundo tiene que vivir forzosamente en el litoral, donde los servicios, los recursos se esfuerzan en esta zona y no que los servicios se esfuercen en el interior, donde hay agua.
Además, el plan adolece de fallos: no someter previamente el plan hidrológico a una evaluación ambiental, ni haber previsto, con un mínimo de seriedad y sentido común, el impacto de este plan. No se contabilizan bien los costos en aras de la pretendida bondad del proyecto: grandes presas, regulación de infraestructuras de transporte, distribución, transformación de numerosos regadíos o costes de bombeo. Se alcanzan cifras que desbordan en mucho el pretendido modelo de contención y equilibrio que defiende tanto el señor Montoro.
Los tiempos han cambiado, pues, señor ministro, el tiempo ha cambiado. Ustedes saben perfectamente que existe el cambio climático y hablar hoy del Plan hidrológico nacional tendría que servir para preparar y acometer el cambio climático. Pero en las previsiones su mismo Ministerio da cifras elocuentes. El aumento de un grado centígrado la temperatura, señor Matas, y la reducción del cinco por ciento de lluvias, de precipitaciones, implica un descenso del 20 por ciento de los recursos hídricos. Esto tendría que afrontar el Plan hidrológico nacional. Aquí está la trampa del Plan hidrológico nacional. En el año 1995, con una sequía fuerte que afectó a los frutales de Murcia, el Ministerio -en aquel momento del Partido Socialista- redujo el caudal mínimo del Tajo-Segura de 6 metros cúbicos/segundo a 3 metros cúbicos/segundo a su paso por Aranjuez. Es así de claro y para que me entienda todo el mundo. Hecho el trasvase, hecho el canal, hecho el tubo, darle vuelta a la manivela, darle vuelta a la válvula no cuesta nada. ¿Quién nos va a decir que con la sed y con la necesidad que tienen los regantes de una zona muy importante del litoral mediterráneo no se va a dar la vuelta a la manivela en situaciones de sequía? Díganoslo. Comprométase aquí, en la Cámara, a decir que no va a alterar los caudales mínimos.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Esta sería una situación del todo insostenible para las comarcas del río Ebro y para el delta del Ebro. Ya existe hoy una reducción neta de los recursos hídricos en el río Ebro, a su paso por Tortosa, de 3.000 hectómetros cúbicos. Con el trasvase se pone en peligro la estabilidad ecológica y ambiental del delta, acelerando el proceso de salinización y de retroceso del delta, afectando a las actividades marisqueras y pesqueras.
Hoy ustedes van a aplicar el rodillo, legítimo, democrático, pero en un momento u otro, en los próximos años de aplicación del plan, esto se va a parar; lo va a parar la Unión Europea, que tiene más sentido común que ustedes en este ámbito, o un gobierno más responsable y realista, o lo va a parar en definitiva el crecimiento de los costos del proyecto.
Retiren el plan, sean conscientes de que esto afecta al sostenimiento ecológico de una parte importante de la cuenca mediterránea. Sean conscientes de que lo que hay que afrontar en realidad es el cambio climático. Aprovechen el agua, hagan esfuerzos de racionalización, creen modelos turísticos y agrícolas sostenibles, compatibles con la liberalización de mercados que habrá en los próximos años con el fin de proteccionismo.


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Sean realistas, sean conscientes y no condenen al delta del Ebro a una muerte o a una desertización segura.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor ministro, yo suelo decir mucho a mis alumnos en planeamiento que lo primero que hay que cuestionar de un problema es el enunciado, que no conviene tener una mentalidad donde a uno le dan unos datos e inmediatamente da una respuesta.
A mí me parece que, desde el punto de vista andalucista, lo primero que hemos hecho con el Plan hidrológico nacional es cuestionar el enunciado, no considerarlo un mero problema de ingeniería, con una entrada de datos (cuánta oferta y cuánta demanda hay, qué necesidades hay) y con una salida de respuesta (cuánto mide el tubo, cuántos hectómetros cúbicos hace falta trasladar o de qué manera se resuelve ese problema) A nosotros nos parece que en el enunciado del plan hay variables que harían cambiar sustancialmente los

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datos y que, por tanto, la respuesta no sería la misma. Hay muchas variables que ya se han dicho en esta tribuna de consideraciones sobre los factores, tanto técnicos desde el punto de vista científico como de otro calibre, que condicionan esos datos de oferta y demanda, que son los que condicionan la respuesta. Por citarle uno, ahí está el tema de las aguas subterráneas tratado por el plan casi como una reserva de emergencia de los acuíferos cuando hay sequía y no de un tema enfocado desde un punto de vista más moderno como auténtica segunda red que permite embalses, que permite trasvases, que permite acumulación y que permite tratarlo de forma integrada con las aguas superficiales.
Para Andalucía, naturalmente, el agua es un recurso básico, pero también es un soporte de vida y un agente de modificación geomorfológica. Por tanto, tenemos que hacer compatibles principios filosóficos, casi ecológicos de defensa de esa vida que da el agua con los principios funcionales de la demanda que tiene nuestra tierra.
Se podrán cuestionar muchos números, y yo cuestiono los nuestros propios que dice el plan, que habla para el año 2012 de un déficit de 450 hectómetros cúbicos en Andalucía. Estaría dispuesto hasta a discutir esos números. No voy a resolver de dónde saco esos 450 hectómetros cúbicos porque hay que cuestionar cosas. En primer lugar, la propia autonomía. Reivindicar desde Andalucía, gobernar nuestras aguas y, por tanto, el Guadalquivir, que nace, se desarrolla y muere en Andalucía. En segundo lugar, optimizar nuestros propios recursos internos en Andalucía, que permiten operaciones de optimización; modernizar nuestro regadío, que se puede modernizar más y ahorrar determinadas demandas; reutilizar las aguas recicladas, que no están reutilizadas convenientemente, sobre todo en el litoral. Todavía hay documentos que hablan de emisario submarino y no de absoluta depuración de todo el ciclo del agua. Naturalmente, la inclusión de desaladora, ¿por qué no?, cuando así se requiera, sobre todo para agua urbana que permita esos costos o para determinados cultivos de regadío de primor.
Andalucía necesita el trasvase; necesita el trasvase. Es imposible que todas esas cuentas cuadren diciendo que no hace falta. No hay una ley que diga que todo aquello que existe, por el mero hecho de existir, debe ser conservado. Andalucía es seca y ese trasvase está contemplado, en parte y discutible en cifras, por el Ebro, pero hay otros trasvases que el plan descalifica: desde el Tajo y a la cuenca superior del Guadalquivir. En relación con ese trasvase hay una frase que dice que el sistema no tiene capacidad para gestionarlo. Yo no sé quién es el sistema, si somos los andaluces, si es el Gobierno, si se trata de aspectos técnicos, pero los trasvases posibles, desde el Tajo medio o desde la cuenca superior del Guadalquivir están desechados por el plan, no se consideran. Y hay trasvases internos de Andalucía que no se consideran. También Andalucía tiene cuencas excedentarias. Desde Huelva, desde el Guadiana Segundo se pueden llevar trasvases a la cuenca del Guadalquivir o al Guadalete, o el trasvase del Guadiaro, u otras operaciones internas de la red andaluza que no están contempladas por el plan. No digamos el estudio económico financiero; no digamos la relación de costo/beneficio del agua, muy deficitaria en el plan; no digamos las inversiones seriamente desagregadas, para que sepamos qué prioridades hay, porque sólo figura una cifra global y ocho años, no hay cuatrienios, ni prioridades, sino olvidos y determinadas cuestiones que están en los planes de cuenca y que no figuran en el plan. Pero, si quiere, señor ministro, que le resuma la posición andalucista, le diré que, a más de no estar de acuerdo con la filosofía del plan, con los objetivos del plan o con determinadas cuantificaciones, el plan necesita consenso; necesita un período de reflexión y consenso y no mezclar aspectos técnicos, que se resuelven en mesas técnicas, con aspectos políticos, que se resuelven en mesas políticas.
Desde Andalucía buscamos y pedimos al Gobierno la retirada del plan no porque desechemos todo lo que hay dentro, que algunas cosas son correctas, sino porque no estamos de acuerdo con una aplicación lineal, ingenieril, cientificista, sectorial a un problema que afecta a todo el territorio español y al que se da un golletazo con el trasvase del Ebro y con alguna lista de obras que están en los planes de cuenca.


La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.


Insisto en que desde Andalucía queremos, primero, nuestra autonomía para gobernar nuestras aguas; segundo, redimensionamiento de las necesidades de agua que tenemos para generación de riqueza y empleo y, tercero, respeto al medio ambiente, a los impactos y a todas esas cuestiones que hacen que el agua sea considerada como recurso de vida.
Muchas gracias. (El señor PUCHE RODRÍGUEZACOSTA: Núñez, desde Andalucía no; hay andaluces que estamos a favor del plan hidrológico.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señorías, guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, trataré de resumir, en la medida de lo posible y por el tiempo de que dispongo, las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de totalidad al proyecto de ley del plan hidrológico presentado por el Gobierno, un plan hidrológico que, más allá de

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sus concreciones, plasma una concepción y una orientación política del Gobierno sobre la planificación hidrológica, el modelo de desarrollo económico o el equilibrio territorial y que, desde luego, tiene como antecedentes la reforma de la Ley de Aguas, con la instauración del mercado del agua, y la vinculación entre planificación hídrica y rentabilidad. Esa reforma ha sido precedida por el Libro Blanco del agua, donde ya se optaba con claridad por poner la política del agua al servicio del resto de las políticas sectoriales; una política basada, desde nuestro punto de vista, en criterios económicos discutibles y que deja en segundo plano los aspectos ecológicos y ambientales, los impactos sociales, los desequilibrios territoriales que esa política pueda causar.
Nosotros creemos que no es lo mismo integrar políticas horizontales que poner una política al servicio de las demás, como sucede en este plan, donde la planificación hidrológica es un mero instrumento al servicio de una determinada política agraria discutible o del incremento de la oferta al sector turístico y de servicios del área mediterránea, sin que se tengan en cuenta otras variables de vertebración territorial y social. La política del Gobierno opta por llevar agua a un elevado coste a algunos de aquellos lugares donde la industria o el sector agrario la necesitan, cuando cabe sin duda la alternativa de potenciar el sector agrario y la industria donde existe agua. Dicho esto, no quisiéramos pasar por alto que, desde nuestro punto de vista, la forma elegida por el Gobierno para la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de las líneas maestras del plan hidrológico no nos parece la más adecuada.
Esta participación se articuló a través del Consejo del Agua, en lugar de hacerlo a través de un mecanismo que permitiese el análisis más amplio y bilateral sobre las repercusiones del plan en aquellas políticas que son competencia de las comunidades autónomas.
Si hablamos de política agraria, este plan presenta unos perfiles que evidencian la subordinación de la planificación hidrológica a un modelo de agricultura intensiva basada en la productividad extrema, a costa de altos consumos de agua, el empleo masivo de productos fitosanitarios o los abonos químicos y además de futuro incierto. Las repercusiones medioambientales y ecológicas que este modelo ultraproductivista ocasiona por sobreexplotación de los acuíferos se olvidan, justificándose el aporte de agua que se va a realizar de otras cuencas calificadas de excedentarias en la alta eficiencia de esta actividad productiva en esa zona o en una importante capacidad de pago del agua por el sector agrícola del levante y del sureste.
Existen otras posibilidades, desde luego, como es centrar la política de regadíos en la mejora y modernización de los existentes, destinando recursos a perfeccionar los sistemas y técnicas de riego, incorporando métodos que permiten el ahorro de agua, formando a los regantes o estudiando la introducción de cultivos con menor consumo de agua en aquellas zonas donde es escasa, y nada de esto se tiene en cuenta en el plan. Y, por cierto, la política de llevar agua a lugares de acuerdo con la demanda, en lugar de adaptar esa demanda a las posibilidades de utilización del agua existente, es simplemente insostenible y conducirá a un callejón sin salida porque es evidente que la demanda seguirá aumentando en el futuro cada vez más y más, y el problema es hasta qué limite, por lo tanto, se va a trasvasar agua.
Por otro lado, este plan destina una cantidad elevadísima de dinero que probablemente podría ser bastante menor con otra orientación de la política hídrica y del modelo de desarrollo, y por tanto sería posible destinar parte de estos fondos a otras necesidades de desarrollo económico y social y a políticas, por consiguiente, de equilibrio territorial, tan necesarias en este momento ante los evidentes desequilibrios existentes en el conjunto del Estado español. En todo caso, resulta llamativo -y quiero hacer hincapié en esto porque nos parece a nosotros incomprensible- que, destinando este plan aproximadamente un billón de pesetas a modernización de regadíos, no se dedique ni una peseta a los regadíos de tres importantes comarcas agrícolas de Galicia, como son A Terra Cha, Valdelemos y Alimia, donde estos regadíos son fundamentales para su desarrollo económico, basado en la agricultura porque otras alternativas productivas no existen. Simplemente llamativo, señorías, como lo es que Galicia recibirá el 3,14 por ciento del total de las inversiones previstas en este plan. Y, por favor, no nos digan que llueve.
Para finalizar, señora presidenta, también nos preocupan los aspectos medioambientales, o la ausencia de los mismos. Incluyen, por ejemplo, pero retrasan, las obras de saneamiento y depuración, y digo retrasan en relación con las previsiones de directivas europeas; no contemplan la reducción de consumos urbanos o industriales, la reutilización de las aguas residuales para usos agrarios o, ¿no es una prioridad del plan preservar la calidad de las aguas? También resulta poco comprensible el aplazamiento de las declaraciones de impacto ambiental, que probablemente se transformarán en algo formal.
Resumidamente, por estas razones y por otras que el tiempo de que dispongo no me permite desarrollar, el Bloque Nacionalista Galego propone que este proyecto sea devuelto al Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Señor Caldera, muchísimas gracias por su intervención, pero permítame que empiece la mía recordándole,

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con todo respeto, que es a usted a quien parece haberle traicionado el subconsciente cuando viene a esta Cámara a presentar un proyecto alternativo del Partido Socialista y apenas los tres últimos minutos de su intervención hacen alusión al mismo. Muy poca fe debe de tener usted en ese proyecto que han improvisado y que no merece el calificativo de alternativa, al que yo le voy a exigir que haga referencia, si usted me lo permite. Me parece que el objeto de su intervención hoy debe ser la presentación de este proyecto alternativo, si es que existe y cree en él, para que podamos conocerlo de una vez por todas. (Aplausos.) En 1985, hace ahora dieciséis años, el Partido Socialista Obrero Español aprobó durante su primer mandato la Ley de Aguas. Esta ley define la necesidad de crear un marco jurídico para el agua; y el marco jurídico está configurado por el conjunto de planes de cuenca de los ríos y, después, por un Plan hidrológico nacional. Tal como establece la Ley de Aguas, el Plan hidrológico nacional tiene preceptivamente que coordinar las relaciones existentes entre los diferentes planes de cuenca y aprobar por ley, en su caso, las transferencias entre estas cuencas. Esta ley fue su ley, la que aprobaron ustedes, y a ella tenemos que someternos porque es la que está vigente. Dicho en palabras más sencillas: una vez ordenado cada río, una vez planificada su regulación, el Plan hidrológico nacional tiene que equilibrar el sistema dando lo que sobra en las cuencas excedentarias a las deficitarias; esto es lo que establece la Ley de Aguas. Le recuerdo también que todos los planes hidrológicos de cuenca los aprobó el Partido Socialista Obrero Español, menos los tres últimos que fueron aprobados durante el mandato de la ministra Tocino: el del Tajo, el del Júcar y el del Segura, como usted sabe.
Después de dieciséis años de estudios, porque los estudios no los hemos iniciado nosotros sino que se vienen haciendo desde 1985, tras un intento fallido del Partido Socialista Obrero Español en 1993, después de hacer un Libro Blanco del agua, hoy tenemos un plan hidrológico que ha elaborado durante casi cinco años el Partido Popular por medio de un equipo de expertos y científicos que es el mismo básicamente que ayudó a preparar el proyecto del Partido Socialista en 1993. Lo primero que quiero hacer hoy aquí es agradecer y reconocer, tanto a los que trabajaron en la época de los anteriores gobiernos socialistas como a los que lo han hecho durante la del Gobierno del Partido Popular, el trabajo que han realizado para poder presentar este proyecto. (Aplausos.) Hoy aquí se presenta una alternativa; no una enmienda de rechazo del Partido Socialista, no: una alternativa al proyecto que ha presentado el Gobierno. Hace cuatro fines de semana, después de que los distintos barones territoriales del Partido Socialista se manifestaran cada uno de forma diferente en el tema hidrológico, el principal partido de la oposición decide encerrar a un equipo de sus responsables que, naturalmente con nuestro respeto, elaboran en un mes un proyecto al que ellos llaman una verdadera alternativa. Al trabajo continuado de centenares y centenares de personas durante casi quince años, el Partido Socialista nos presenta hoy un proyecto elaborado en apenas un par de semanas. Esto, con ser meritorio -desde luego no es una minucia al lado de lo que consigue este proyecto alternativo- permite, presumiblemente, poner de acuerdo, al menos en la Ejecutiva Federal del partido, a los representantes del Partido Socialista de Murcia y de Aragón, que curiosamente en sus propios territorios defienden en Aragón que la alternativa del Partido Socialista no tiene trasvases, y se van a Murcia y defienden que la alternativa del Partido Socialista sí tiene trasvases. (Aplausos.- Rumores.) Algo que en términos que me atrevo a adjetivar casi de científicos el presidente de la Junta de Castilla- La Mancha, don José Bono, calificó, y está escrito, de milagro. Hemos conseguido que una cosa sea a la vez blanca y negra, hemos conseguido que sea de día y de noche a la vez. En definitiva, señorías, un milagro sin ningún tipo de matiz. (Aplausos.) El Partido Socialista en unos días, en quince días, pone sobre la mesa un documento que aporta 1.129 hectómetros adicionales, pero que no ofrece ningún estudio de fondo ni ningún otro dato. Ese estudio no dice ni qué necesidades tenemos, ni qué disponibilidades tenemos, ni qué déficit de agua tenemos. A partir de ahí tampoco sabemos muy bien lo que vamos a resolver, pero se aporta, eso sí, una cifra que sale de la nada, también por milagro, y que, ¡oh casualidad!, son 1.129 hectómetros cúbicos. Entonces, nos preguntamos, ¿es que han descubierto nuevas medidas que nosotros no contemplábamos? Si ustedes me permiten y si la señora presidenta me permite, voy a intentar desvelar lo que es realmente este proyecto alternativo, que quiero insistir en que creo que no merece el calificativo de tal. Vamos paso a paso.
El Partido Socialista Obrero Español propone en su proyecto un ahorro de 310 hectómetros cúbicos. Es un ahorro problemático porque plantea que estos 310 hectómetros cúbicos, que es de donde van a salir los 1.129 hectómetros milagrosos, se consigan con medidas de ahorro.
Doscientos sesenta de estos 310 van a salir del Júcar y 50 de Cataluña. Pregunta, señor Caldera, ¿se pueden ahorrar del Júcar 260 hectómetros cúbicos? Se lo explico, un segundo. (El señor Martínez- Pujalte López: Jesús, que necesitas un profesor.) Existe efectivamente un canal, señor Caldera, que conecta el río con la acequia real y que tiene importantes pérdidas; tiene usted razón, existe. Es decir, hay un problema en el Júcar porque hay un canal que conecta el río con la acequia y efectivamente este canal tiene importantes pérdidas; es verdad y tienen ustedes razón. Nosotros pretendemos arreglarlo y hemos comprometido la inversión para solucionar este problema. Efectivamente,el plan del Júcar establece la necesidad de solucionar

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lo de este canal. Es que la cifra coincide, por eso lo digo. Si se soluciona lo de este canal efectivamente se ahorran 240 hectómetros. Esta era la primera propuesta que hizo el Partido Socialista: ahorrar esos 260 hectómetros de esa acequia. Pero después, y supongo que por motivo de la improvisación, alguien debió reparar en que el propio plan de cuenca del Júcar establece a dónde se van a destinar esos 240 hectómetros que se ahorran. El plan del Júcar dice que es verdad, que se tiene que arreglar este canal y que se van a ahorrar 240 hectómetros, pero resulta que el propio plan del Júcar dice: ¡Oiga!, cuando se solucione este problema y se ahorren 240 hectómetros, estos 240 hectómetros se tienen que destinar a los regadíos de Albacete y de Alacantí- Vinalopó. Efectivamente, el Partido Socialista lo reconsidera y en el plan que introduce el lunes en el Parlamento rectifica y ve que no podía incumplir el mandato de destinar ese ahorro a Albacete y a AlacantíVinalopó.


¿Cuál es la otra posibilidad? Resulta que ustedes no pueden quitar los regadíos de Albacete porque supongo que el señor Bono puso el grito en el cielo, naturalmente, pero ustedes siguen planteando su ahorro porque si no la cifra no les cuadra. Si usted propone este ahorro del regadío que baja de la acequia real, esos 240 hectómetros, ¿sabe usted para qué se usan esos excedentes hipotéticos de 240 hectómetros si no los van a usar los de Albacete y los de Vinalopó? Estos 240 hectómetros, señorías, se usan para nutrir los ecosistemas húmedos de la costa de la Comunidad Autónoma Valenciana, me refiero concretamente a La Albufera y a otros entornos de la Comunidad Autónoma Valenciana. Si ustedes quitan de La Albufera esos 240 hectómetros que pretenden ahorrar van a desecar La Albufera y los ecosistemas húmedos de la Comunidad Autónoma Valenciana. (Aplausos.) Tenga usted en cuenta que de los 300 ya se nos caen 250 hectómetros.
En cambio, el plan del Gobierno sí presenta ahorros. El plan del Gobierno presenta en toda España un proyecto de más de un billón de pesetas para modernizar regadíos y fomentar esas medidas de ahorro.
Pero es igual, voy a entrar concretamente en la zona afectada. En la zona afectada, que es la zona deficitaria, el plan del Gobierno contempla, primero, las aguas subterráneas, que usted me ha dicho que no las contemplamos, ha sido usted el que ha dicho que no contemplábamos las aguas subterráneas. Señor Caldera, las aguas subterráneas en el texto articulado, que usted ha dicho que no se contemplan, se contemplan en siete artículos de un total de 36; en los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 17, 29, disposición transitoria segunda y disposición adicional cuarta. (Aplausos. El señor Núñez Pérez. ¡Así se dice!) Además, no en el texto articulado, pero sí en el proyecto, del déficit global estudiamos no sólo las aguas subterráneas sino las medidas de ahorro, y efectivamente sacamos 100 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas en la cuenca del Júcar y 100 hectómetros cúbicos en Cataluña. Porque el déficit hídrico de todo el arco mediterráneo -y esta es la clave de la cuestión- no es de 1.050 hectómetros cúbicos. El señor Borrell, en el año 1993, dijo que el déficit de toda la cuenca era de 2.400 hectómetros, y planteaba en su proyecto las soluciones para resolverlos. Nosotros jamás hemos planteado que el déficit fuera de 1.050 hectómetros cúbicos; no.
Nosotros hemos cifrado el déficit total en 2.100 hectómetros aproximadamente de toda la cuenca deficitaria. A partir de ahí proponemos, primero, aguas subterráneas: 200 hectómetros cúbicos, y después, medidas de fomento de ahorro, medidas de reutilización de aguas depuradas, medidas de gestiónde la demanda y medidas de desalación. Y sólo cuando hemos apurado todas estas alternativas es cuando llegamos a la conclusión de que tenemos además un déficit de 1.050 hectómetros cúbicos. La diferencia entre su proyecto y el nuestro es que nosotros sí tenemos hoy la valentía -la misma que tuvieron ustedes en el año 1993, quiero reconocérselo- de afrontar el problema y de decir a los ciudadanos españoles de dónde vamos a sacar esos 1.050 hectómetros cúbicos. (Aplausos.) Respecto a esa política de ahorro del agua, señoría, usted me contestará -espero- que su política de ahorro del agua se incardina en el artículo que prohibe nuevas concesiones de agua. Para usted la prohibición de nuevas concesiones de agua es un artículo fundamental.
El plan del Partido Socialista presenta una propuesta que dice que a partir de ahora quedan prohibidas las nuevas concesiones de agua, como un elemento fundamental en la política de ahorro de este plan.
Pero permítame que le diga que vuelven a improvisar, porque les faltan los estudios y les faltan las horas de análisis. ¿Sabe usted, señoría, que desde el año 1985 no se dan nuevas concesiones en el Segura? ¿Sabe que sólo se han producido dos excepciones menores, ambas de dos regadíos sociales en el Segura alto y en Castilla-La Mancha? ¿Cree usted que esto puede producir ahorro alguno cuando llevamos dieciséis años sin dar ninguna concesión de este tipo? ¿Cree usted que esta es una medida de ahorro, señor Caldera? Todavía más grave -y permítame que le vuelva a expresar mi voluntad de intentar esclarecer el proyecto que ustedes presentan desde todo el respeto, pero desde la máxima seriedad-, ustedes proponen una reutilización de aguas procedentes de depuradoras. Yo creo que ustedes no se han estudiado seriamente el proyecto del Gobierno.
Ustedes plantean reutilizar 265 hectómetros procedentes de aguas depuradas: 1.129, 300 de ahorro -ya hemos visto lo del ahorro-, ahora 265 de reutilización de aguas depuradas. Nuestro plan, señorías, propone reutilizar en la cuenca deficitaria 364 hectómetros cúbicos.
Ustedes cuentan 20 hectómetros en el Segura y nosotros 100 hectómetros, porque incorporamos todas las depuradoras existentes.
¿Pero saben cuál es el problema exactamente? El problema es que nuestra propuesta de reutilización de agua reutiliza en la cuenca

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deficitaria toda el agua posible. Aquí hay muchas diputadas y diputados del Partido Socialista y del Partido Popular de Murcia.
¿Hay alguien en Murcia que no sepa que toda el agua depurada se reutiliza? ¿Hay alguien en Murcia que no sepa que la gente se pega por la concesión del agua depurada? ¿Hay alguien que no se haya leído detenidamente este plan que no sepa que nosotros en la cuenca deficitaria utilizamos toda el agua depurada para reutilizarla, absolutamente toda? Ahora bien, volvemos a estar ante un nuevo milagro, porque lo que sí puede suceder es que el Partido Socialista haya encontrado una fórmula según la cual en una depuradora entren 100 hectómetros cúbicos y salgan 150. (Risas.-Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué gracioso!) Hemos construido una depuradora en Murcia, hemos construido una depuradora que en estos momentos ya está dando una parte importante de agua reutilizada, y su demanda del uso hoy nadie puede cuestionarla, nadie que conozca la realidad.
Otra medida es la creación de bancos de agua. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué suspense!) Esto es fantástico, porque ustedes proponen crear un banco, un banco que va a aportar 150 hectómetros cúbicos de agua a la cuenca del Segura. Yo supongo que esto parte del concepto tradicional que nosotros tenemos de un banco normal, un banco banco, no un banco de sentarse, un banco financiero (Rumores.), un banco que capta ahorros y los multiplica, porque sólo mantiene en la caja una parte del volumen de los activos que tiene. Pues bien, esto aplicado al agua, con todo el respeto, no tiene ningún sentido. En cuanto al agua, si usted capta un hectómetro de agua, sólo puede prestar un hectómetro de agua. Usted, por mucho banco del agua que cree, no va a multiplicar los hectómetros del agua. ¿ Señor Caldera, me quiere explicar, por favor, cómo va a conseguir ahorrar con un banco de agua público 150 hectómetros de agua en la cuenca del Segura, cuando la aportación total -cuidado, de toda la cuenca del Segura- el año pasado fue de 180 hectómetros cúbicos? Es decir, el señor Caldera propone que en Murcia, donde todas las aportaciones del río han sido 180 hectómetros -y ustedes comprenderán que esos 180 hectómetros se están utilizando en Murcia, pero es igual aunque no se utilizaran-, ellos con un banco van a conseguir cambiar de manos 150 hectómetros y van a resolver el problema. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad! -La señora Cunillera i Mestres: Tocan risas.) Esos 180 hectómetros sonla totalidad del banco, la totalidad de la aportación y usted pretende que van a emerger 150 hectómetros sólo porque cambien de manos. La solución probablemente de un lugar donde no hay agua es crear un banco y así el agua se multiplicará también como un milagro y podremos resolver el problema del Segura. El banco, señor Caldera, sirve para el cambio de manos del agua y en ese sentido es bueno, yo se lo quiero reconocer. Cuando no hay agua, no hay nada que tengamos que cambiar de manos. La medida es positiva, no es mala. Si, en general, muchas de sus medidas son positivas y yo se las aplaudo, lo que sucede es que no resuelven el problema. Crear el banco del agua es una buena idea, señor Caldera, pero no nos soluciona el problema, porque el banco cambiará de manos el agua, pero no la multiplica. Es lo que intento explicarle.
Finalmente la desalación. Ustedes proponen 404 hectómetros cúbicos procedentes de la desalación, nosotros proponemos 386 hectómetros cúbicos. Desconozco si sus desaladoras son además de la nuestras o son a cambio de las nuestras, me gustaría que me lo aclarara porque este es el punto de partida donde fallamos. El señor Borrell y nosotros partimos de un déficit de más de 2.000 hectómetros cúbicos.
La desalación nos resuelve un problema de 386 hectómetros cúbicos, pero al final seguimos teniendo un problema de 1.050 hectómetros cúbicos que no se han podido resolver con la desalación. Pero déjeme que le diga algo más sobre la desalación y también en relación con los otros portavoces que han tenido la amabilidad de intervenir en esta Cámara.La desalación es un complemento bueno, también positivo y hay lugares, por ejemplo, Baleares o las islas Canarias (a pesar de que ustedes allí no las quieran) donde no hay alternativas desgraciadamente -en los territorios insulares es donde no hay alternativas-, pero la desalación tiene un límite para solucionar el problema del agua. Por eso nosotros desalamos casi 400 hectómetros cúbicos, por eso nosotros hemos puesto la primera piedra de lo que va a ser la desaladora más grande de Europa que es la de Carboneras. En primer lugar abordaré el precio. El Plan hidrológico nacional contiene un análisis económico muy interesante de lo que es la evolución de la elasticidad del precio y la demanda del agua en toda España, viene muy bien para conocer la realidad del consumo del agua en España. Hay determinados consumos que no se pueden satisfacer a determinados precios. Yo sólo le pido que cuando hable de precios de la desalación lo haga seria y rigurosamente. A los precios de la desalación hay que incorporar los costes de la infraestructura y su plazo de amortización, porque usted sabe perfectamente que la desalación tiene un plazo de vida de 10, 12 años, con lo cual la amortización que usted tiene que hacer es de 10-12 años; no sucede así para un trasvase que tiene una amortización mucho más larga, como usted sabe perfectamente. Pues bien, si usted incorpora el precio de la amortización de esa infraestructura, verá perfectamente que estamos ante una horquilla de precio de la desalación que va desde un mínimo de 109 pesetas a un máximo de 134 pesetas con tecnología moderna, porque actualmente hay desaladoras que cuestan 300 pesetas.
Yo le pongo a su disposición un estudio que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente en el que analiza perfectamente este tipo de costes.
En segundo lugar la ubicación. No toda el agua quenecesitan las cuencas deficitarias la necesitamos en la

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costa; mucha de la que necesitamos además de para usos de regadíos es para tierras adentro, con lo cual usted tendrá que costear y hacer la inversión para trasladar el agua que se transforma en la costa hasta el interior donde se va a necesitar. Eso tiene un coste, incluso de bombeo, porque estamos hablando de cota cero a cota interior y gran parte de trasvases o de circuitos de encauzamiento tendrían que construirse.
En último lugar, aunque no menos importante, abordaré un extremo que han manifestado todos los que han intervenido. Es falso, señor Caldera, que el coste de la desalación es el mismo que el de trasvase. Si se desala la misma cantidad de agua que se trasvasa, por ejemplo 1.000 hectómetros cúbicos, se va a producir en el mejor de los casos entre dos y tres veces más contaminación atmosférica que la que hoy existe en España. Me extraña que desde el Partido Socialista se haga una apuesta por la desalación cuando los propios ecologistas han reconocido que repercutiría muy negativamente en nuestra estrategia de lucha frente al cambio climático y en nuestra lucha contra la contaminación atmosférica. Su propuesta, señor Caldera, motivaría un incremento de entre dos y tres toneladas más de CO2 al año en nuestra atmósfera y, por tanto, un alejamiento de nuestras condiciones de Kioto entre un 8 y un 12 por ciento anual de nuestra atmósfera. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.) Sumando todo esto, es decir, con ahorro, con depuración, con desalación, ustedes consiguen 1.129 hectómetros y ¿qué hacemos con el resto, con los 1.070 hectómetros cúbicos que quedan de déficit y no se van a atender? El plan, por llamarlo de alguna manera, que su partido ha concebido es tan poco sólido que ustedes mismos acaban reconociendo al final que esa agua no bastará para atender los déficit porque ustedes sólo aportan 1.129 hectómetros cúbicos. Para cuadrar el milagro terminan al final por hablar de trasvase aunque sea tímidamente, porque tienen que poder ir a Aragón y decir que no habrá trasvase. En su artículo 55 dicen, textualmente: Constatada la imposibilidad técnica, económica y ambiental de atender los déficit existentes con recursos propios, convencionales o no de una cuenca, el Gobierno considerará la posibilidad de la realización de transferencias entre cuencas. (Aplausos.) Añaden: En todo caso, dada la gravedad de la situación de las cuencas deficitarias, se iniciarán de forma inmediata los estudios de detalle para adoptar dicha decisión.( Rumores.) Ustedes que se han hartado en la prensa -he leído los titulares- de decir que no harían un trasvase, ustedes que han presentado estos informes en contra del trasvase, nos dejan 1.000 hectómetros cúbicos que no tienen salida y que al final se tendrán que abordar como un trasvase. Lo dicen así, sin más, en este artículo. Lo realmente mágico es haber conseguido hacer creer a los ciudadanos de Aragón que realmente presentaban un proyecto que no incluían los trasvases. Lo milagroso, como decía el presidente manchego, es que por poco se suben incluso a las movilizaciones en contra de estos trasvases. No es que propongan un trasvase, es que ellos proponen que se hagan trasvases de forma masiva, porque no limitan ni definen ninguno. Para más irresponsabilidad, a mi juicio, en el artículo 55.3 se afirma: La aprobación de transferencias entre cuencas podrá realizarse mediante la norma legal que corresponda (Un señor diputado del Grupo Popular: Bien.), en función en su caso de la ausencia justificada previa declaración favorable de impacto ambiental de la transferencia. (Rumores.) Señor Caldera, ¿dejan ustedes la puerta abierta a aprobar los trasvases por decreto-ley? ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Popular: Sí.-Aplausos.) ¿Todo el mecanismo de consulta que se ha creado, las comisiones y demás organismos de deliberación quedan a merced de algo tan etéreo como la norma que corresponda?Permítame que le refresque la memoria acerca de lo que se hizo por decreto-ley en Castilla-La Mancha -allí se recuerda perfectamente- respecto al Tajo-Segura en 1995 -estoy seguro que usted no lo comparte-.
Ahora bien, ustedes dicen algo que también es sorprendente. Afirma que se han de iniciar los estudios para saber más del trasvase. Es decir, después de quince años estudiando el problema, después de que ustedes mismos hubieran llegado a la conclusión de hacer trece trasvases distintos, después de que nosotros rehiciéramos los trabajos durante cuatro años, para concluir con este plan, ustedes ahora dicen: como a pesar de toda la magia que hacemos esto no se arregla porque al final seguirá faltando agua, vamos a seguir estudiando todo de nuevo; vamos a seguir estudiándolo para ver si conseguimos aplazarlo. Lo más grave es que hoy de esta Cámara saliéramos con su proyecto alternativo, señor Caldera, y les dijéramos a los ciudadanos de Almería, de Murcia, de Alicante, de Valencia, de Castellón o de Barcelona que vamos a volver a empezar a estudiarlo todo. Señor Caldera, yo comprendo que ustedes, por motivos que no vienen al caso, (Un señor diputado: Sí, si vienen.) tengan la necesidad de salir de aquí lo más airosos que puedan, y a otra cosa.
Pero, por respeto a los ciudadanos, permítame que le diga que no estamos ante una verdadera alternativa, esto es un trabajo, como alguien ha dicho aquí, de aliño hecho de una forma urgente simplemente para intentar mantener la unidad de su partido.
(Aplausos.) Quiero concluir mi referencia a su intervención, señor Caldera, con dos cosas, porque no quiero extenderme mucho más. Me refiero a una frase del plan que reduce la participación de los usuarios en las decisiones, la reduce no la aumenta. Admite el decreto-ley para llevar a cabo las transferencias y deja cabida a todo el plan de trasvases del señor Borrell, no prohíbe los nuevos regadíos en las zonas receptoras, que es una buena aportación que hacemos nosotros y usted debería reconsiderar. No incluye estudio alguno que sustente estos datos; en contra de lo que dice el presidente de

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Aragón, ustedes afirman en su propuesta que el Ebro es excedentario, afirmación en la que yo estoy de acuerdo con usted, señor Caldera.
(Un señor diputado: Muy bien.) Antes de concluir, señor Caldera, quisiera, es mi deber, pedirle ciertas aclaraciones, y espero, por favor, que usted me conteste, porque es el que presenta el plan alternativo y creo que tengo derecho a que usted me aclare estas alternativas. (Aplausos.) Primera pregunta, señor Caldera. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) En 1993 el plan Borrell decía que el déficit de todo el arco mediterráneo era de 2.425 hectómetros; hoy nosotros decimos que es de 2.190. Ustedes en el plan ¿qué déficit estiman para todo el arco mediterráneo? (Varios señores diputados: No lo saben.) Segunda pregunta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Nosotros reutilizamos toda el agua de todos los núcleos urbanos de todo el Mediterráneo. Disponemos de toda esa agua para depurar y lógicamente la vamos a depurar. Señor Caldera, ¿de dónde van a sacar ustedes más agua para depurar y reutilizar si no hay más ciudades ni más núcleos urbanos. (Rumores.-Un señor diputado: De Aragón.) Tercera pregunta: ¿Han olvidado las aguas subterráneas o, si se han acordado, por qué no aparece en su proyecto su contabilización? Cuarta pregunta: ¿De dónde van a sacar 260 hectómetros cúbicos para ahorrar en el Júcar? (Rumores.) Digan, por favor, si lo harán de Albacete, del Alacantí o del Vinalopó o, si por el contrario, van a desecar La Albufera y los demás ecosistemas de la costa. (Rumores.-Aplausos.) Quinta pregunta, ¿cómo es posible, señor Caldera, que, por ejemplo, cuando en el año pasado toda la cuenca del Segura tuvo sólo una aportación de 180 hectómetros de agua, un banco pueda lograr 150 hectómetros? ¿Es efectivamente un error o es algo que nosotros desconocemos, señor Caldera? Sexta pregunta, ¿qué demonios hemos de estudiar... (Rumores y protestas.) La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señor Caldera, ¿qué más tenemos que estudiar para tomar una decisión definitiva que resuelva el problema del agua en España? ¿Qué más tenemos que estudiar para tomar una decisión de cómo resolver los problemas del agua en España? ¿Cuántos estudios más se han de hacer? ¿Por qué los estudios de la época del señor Borrell y del Gobierno socialista no sirven? ¿Por qué los estudios que nosotros hemos hecho no sirven? ¿Por qué los estudios de la propia Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos de agua tampoco sirven? ¿Por qué los que hace la Comunidad Valenciana o los de la propia Generalidad de Cataluña tampoco sirven? Ni siquiera sirve un estudio que a ustedes les ha permitido calificar al Ebro de excedentario. ¿Cómo deberíamos acabar estos estudios para resolver de una vez por todas el problema del agua? Sinceramente, ustedes deben explicar esta alternativa, pero además sigo creyendo -y espero que en el turno de contrarréplica tenga ocasión de decírselo- que este es un proyecto de Estado y que como tal merece el más amplio consenso posible.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Ah!) Señor Caldera -y así siempre se lo he dicho a los representantes de su partido con los que me he reunido-, este es un proyecto que se debe hacer sin buscar enfrentamientos territoriales, superando cualquier tipo de enfrentamiento y con el más amplio acuerdo posible.
Quiero contestar también, aunque sea con mucha más brevedad, a los otros portavoces parlamentarios que han intervenido. Señor Llamazares, le respondo muy brevemente. Sinceramente, creo en las palabras que he dicho cuando me he referido a que este era un plan de todos y que no tiene que ser un plan del Partido Popular; tiene que ser un plan de todos y con el consenso más amplio posible. La fórmula de participación, de consenso, de asesoramiento, que establece la ley para un proyecto de estas características, no la hemos hecho nosotros, está establecida en la ley, que aprobaron estas Cámaras en su día, que explica cuáles son los mecanismos de consulta que un proyecto de estas características tiene que poner encima de la mesa.
Nosotros no hemos modificado estos mecanismos de consulta, sino que los hemos aceptado y hemos conseguido un resultado histórico según el cual más del 80 por ciento de los miembros del Consejo Nacional del Agua han aprobado este proyecto. Usted me acusa de falta de diálogo y de falta de sensibilidad de las propuestas de los diferentes grupos ecologistas. Permítame, señor Llamazares, que le lea públicamente el acta del Consejo Nacional del Agua del día 30 de enero de 2001, votación en relación con el informe de la comisión permanente del Consejo Nacional del Agua sobre el anteproyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Voto particular de Ecologistas en acción -leo textualmente-: Por otra parte, el anteproyecto de ley del Plan hidrológico nacional también incorpora algunos aspectos medioambientales positivos. Este es el caso de los numerosos proyectos previstos de modernización de regadíos y de la construcción de un buen número de depuradoras de aguas residuales. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Asimismo, el anteproyecto de ley presentado el 5 de septiembre ante el consejo ha mejorado mucho. Ha mejorado en lo que a los aspectos medioambientales se refiere después de su análisis y modificación en el seno de la comisión permanentedel consejo. En concreto, se han incorporado

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algunos artículos a propuesta de Ecologistas en Acción, que pueden ser muy positivos para el medio ambiente. Por último, en el nuevo anteproyecto de ley presentado el día 30 de enero desaparecieron del programa del anexo de inversiones 14 embalses cuya construcción hubiera producido un grave daño sobre el medio ambiente. Palabras textuales de Ecologistas en Acción, señor Llamazares. No es el plan de los regantes, es el plan que ha aprobado el 80 por ciento del Consejo Nacional del Agua, es el plan que ha aprobado una parte muy importante de agricultores de España, es el plan que han aprobado por unanimidad efectivamente los usuarios y los regantes y, sobre todo, es el plan que ha apoyado mayoritariamente el 82 por ciento de los representantes del Consejo Nacional del Agua, incluidas las comunidades autónomas. No es cierto que sólo nos han apoyado nuestras comunidades autónomas. Sólo votaron en contra Baleares, Asturias, Aragón y Andalucía, ninguna otra comunidad autónoma votó en contra.
De las comunidades autónomas del interior, sólo Aragón votó en contra; Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Navarra, Rioja han votado a favor de este proyecto. El Plan hidrológico nacional contará con los apoyos del Consejo Nacional del Agua y con los que se desprendan al final del debate de esta Cámara y del Senado. Por ello, vamos a tener paciencia, vamos a intentar conseguir el máximo número posible de apoyos, vamos a demostrar nuestra voluntad de diálogo y cuando acabemos hablaremos de los apoyos que tiene el Plan hidrológico nacional. Créame, no tengo intención alguna de enfrentar a ninguna comunidad autónoma, todo lo contrario, tengo la intención de resolver los problemas del agua en todas las comunidades autónomas.
Quiero entrar en el tema de las constructoras y, sobre todo, en los anexos de las inversiones. Quiero pedirle al señor Caldera que, por favor, en su turno de réplica me diga por qué han desaparecido de la propuesta socialista los embalses y el anexo de inversiones, excepto determinadas obras que supongo que tendrán un interés partidista. A usted también le quiero preguntar, señor Llamares -a todos, también al señor Caldera-, si están a favor de todas las obras que se contemplan en el anexo de inversiones del Plan hidrológico nacional, sí o no. (Aplausos.) ¿Quiere el Partido Socialista Obrero Español que se construyen los embalses de Yesa, Biscarrués, Santa Liestra y Montearagón, sí o no? Los embalses, las obras de regulación no se hacen por capricho, se hacen para resolver un problema que tienen los ciudadanos de España, y yo, como ministro de Medio Ambiente, tengo que tener una sensibilidad especial con respecto a esos proyectos, porque son proyectos que impactan el medio ambiente y provocan un impacto ambiental. Tenemos que conseguir, en primer lugar, que sólo se lleven a cabo estos proyectos cuando sean compatibles con el respeto al medio ambiente. Por eso todos estos proyectos tienen que tener una declaración de impacto ambiental. Por eso Jánovas y Úbeda la Vieja se han caído. Por eso hemos retirado 14 embalses del proyecto a propuesta de los ecologistas, porque tenían razón. Pero hay que resolver el problema.
Los ciudadanos que necesitan ese abastecimiento de agua, los ciudadanos de Aragón que necesitan ese regadío, necesitan saber si les vamos a construir esos embalses para que puedan tener el agua a la que tienen derecho. No puede ser que luego, cuando lleguen los meses de septiembre u octubre, usted mismo, o usted, señor Caldera, vengan aquí y, porque hay una riada, me digan que por qué no hemos construido los embalses para regular el río. Cuando se gobierna hay que tomar decisiones y hay que ser consecuente con las mismas. Yo soy el primer sensibilizado en que son obras que tienen impacto ambiental, y me preocupa, pero hay que solucionar los problemas de una forma u otra.
Quiero, señor Llamazares, alabar su sensibilidad con respecto al cambio climático, sensibilidad que no tienen otros grupos. Porque usted sí ha sido coherente con el cambio climático. Usted dice que no a la desalación y ha defendido el mismo discurso cuando ha hablado de contaminación atmosférica. Estamos en lo mismo, tenemos que hacer compatible la solución de ambos problemas, o al menos tenemos que intentarlo. Su modelo de control y mejora de regadíos, de mejora de las canalizaciones de las ciudades, es el nuestro; permítame que se lo diga. ¿Qué sucede? Es muy fácil quedarse con la copla del agua que se pierde en las ciudades. Es cierto, como creo ha dicho el señor Puigcercós, que se pierde agua en las ciudades. Es cierto, y esta no es una competencia que nosotros podamos en estos momentos atribuirnos, y usted lo sabe perfectamente, porque es una competencia municipal. Pero el problema radica en que donde es más importante actuar, o más rentable -si usted me lo permite-, sin abandonar la política de las canalizaciones de agua en las ciudades, es en los regadíos. De ahí que nosotros actuemos con un billón de pesetas para modernizar estos regadíos. Puede ser, señor Llamazares, que nos hayamos olvidado proyectos, con lo cual le invito a que nos haga estas propuestas. Me puedo equivocar, pero la intención era la de priorizar estas inversiones, priorizar la modernización de regadíos porque el ahorro en medidas de modernización del regadío tiene un efecto impresionante. Eso lo hemos contemplado en nuestro proyecto de plan hidrológico.
Respecto a los otros grupos que han intervenido, al señor Saura quiero decirle que no puedo estar de acuerdo en que no hay cuencas excedentarias y deficitarias. No es verdad. Tenemos un año hídrico excelente en España en el que la mayoría de nuestros embalses están casi al cien por cien de sus posibilidades, excepto en Almería, en el Segura y en el Júcar. En un año en el que está lloviendo tanto, estas cuencas siguen sin tener agua, nos sigue faltando agua. Y el río Ebro, sólo endos meses, ha vertido al mar más de 4.000 hectómetros

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cúbicos de agua. (Aplausos.-El señor Bel i Queralt: ¡No se puede regalar!) No me parece una comparación para tomar en serio el que Madrid tiene déficit de playas o que Aragón tiene déficit de costas.
Es igual que si usted no quisiera llevar la electricidad o el gas a Madrid o a Cataluña. Es un recurso público al que tienen derecho todos los ciudadanos de España. Desgraciadamente, no podemos tener playas en todo nuestro territorio, pero sí podemos facilitar que haya gas, sí podemos facilitar que haya electricidad y sí tenemos la obligación de facilitar que haya agua, siempre que no perjudique a nadie. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!-Aplausos.) No le voy a negar que la comunidad científica esté dividida, pero sí le niego que esté en contra totalmente. La mayoría está a favor y los que están en contra lo están por planteamientos de incertidumbre, que yo respeto, ligados a la capacidad de agua que pueda llevar el río Ebro o al daño que pueda producir un trasvase de estas características en los ecosistemas. Y me atrevería a decirle algo más. Estoy convencido de que la mayoría de los ecologistas y científicos a los que hace referencia están más en contra de las grandes obras de regulación, de las presas, que al propio trasvase.
En definitiva, el trasvase es una obra que merece y exige una declaración de impacto ambiental, pero es una obra que también va a solucionar problemas medioambientales. En la cuenca del Mediterráneo existen hoy problemas de acuíferos sobreexplotados que tienen graves riesgos de salinización, problemas que con una ordenación adecuada del agua son también problemas medioambientales que se pueden solucionar.
Señor Labordeta, le pido públicamente disculpas y le ruego que las acepte si he dicho que usted cruzó el río. Quise decir su partido, la CHA. Permítame que explique la realidad. Seguramente usted no estaba, pero su partido hizo un acto -creo que en el mes de septiembre-, intentando atravesar a pie el río Ebro y convocó a todos los medios de comunicación para demostrar que el río Ebro no llevaba agua. Sólo le pido que explique toda la verdad a los ciudadanos y no sólo una parte. La primera, el agua no se coge de Zaragoza, sino de Cataluña.
La segunda, el agua -el plan lo prohíbe- no se puede coger en los meses de verano, está prohibido. El agua se tiene que coger en los meses restantes, y de ahí que yo -permítame, si no es a usted, a su partido- le recomendara que ahora que el río en Tortosa lleva casi seis metros de profundidad, se vaya a Tortosa e intente cruzarlo.
(Aplausos.) Forman parte del Consejo Nacional del Agua todos los que en su día el propio ordenamiento legal dictaminó. Insisto en que no es un ordenamiento nuestro. Por otro lado, no utilicé el término nobles baturros como un términos peyorativo, no era esa mi intención. Si usted o alguien lo puede haber interpretado así, lo siento porque no era mi intención, al contrario, quería ser un elogio de una comunidad que ha sido siempre el eje vertebrador de España. Esta era mi intención y no otra. (Aplausos.) Usted dice como aragonés que el PHN sólo es el trasvase del agua. No es verdad. ¿Y el pacto del agua? ¿O no significa nada el pacto del agua para Aragón? El pacto del agua es prioritario y esencial en este proyecto. Es este Plan hidrológico nacional el que tiene que acabar con tantos años de promesas incumplidas, señor Labordeta. Es este el proyecto que pretende, de una vez por todas, acabar con estas promesas incumplidas que los aragoneses han venido sufriendo en su piel excesivamente y durante demasiado tiempo.
El Ebro no está regulado, y esta es la paradoja. Ya sé que usted no quiere los embalses, pero el presidente de Aragón sí que los quiere, porque él me ha dicho a mí personalmente que sí quiere los embalses, y espero que el señor Caldera lo rectifique en su intervención. Es usted el que no quiere los embalses. Cuatro... (El señor Labordeta Subías hace gestos.) Tiene S.S. razón, tres, perdón. Usted no quiere que se hagan Yesa, Biscarrués y Santa Liestra. Tiene usted toda la razón. Nos tendremos que poner de acuerdo, señor Labordeta. Tendremos que ponernos de acuerdo en si los aragoneses quieren que se hagan estas obras o no, porque en el año 1992 los aragoneses se pusieron de acuerdo y dijeron que se hicieran estas obras, y si los aragoneses quieren que se hagan estas obras, este Plan hidrológico nacional las va a hacer. (Aplausos.) Señor Labordeta, tiene usted razón en lo de esos destrozos que se han provocado. Tenemos la obligación de intentar buscar las soluciones a esos problemas, a los que se han provocado y a los que desgraciadamente se van a tener que provocar por la construcción de algún que otro embalse. Efectivamente, no se puede pisotear el derecho del ciudadano ni la propiedad privada.
Estoy totalmente de acuerdo en que es una reivindicación en la que usted tiene toda la razón.
Al señor Puigcercós me gustaría hacerle sólo un ruego. Aquí creo que nadie ha citado a Costa Llobera, pero sí a Joaquín Costa, que es otra cosa. Costa Llobera es mallorquín. En cuanto a lo de modelo insostenible, el modelo tiene que ser sostenible porque reduce los trasvases a la última posibilidad. Le pondré un ejemplo: Almería -y estoy seguro de que el señor Núñez compartirá este criterio conmigo- tiene un déficit de más de 300 hectómetros. Sólo se proponen 95 de trasvase, porque la solución del resto del déficit de Almería se hace con desalación, con reutilización, con medidas de ahorro y con otro trasvase interno. Intenta ser un modelo sostenible porque lo que hace es priorizar la modernización de los regadíos, priorizar la depuración y la reutilización de agua, la restauración hidrológica forestal; priorizar, en definitiva, todas las medidas alternativas hasta llegar a la última medida, el trasvase. Y quiero darle garantías. Si no hay agua excedentaria, no hay trasvase. Si no hay agua de sobra no hay trasvase porque esta ley no lo permite.
(Aplausos.- El señor Lanzuela Marina: ¡Muy bien!) Esta

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ley, entre otras muchas cosas, exige un caudal ecológico de 3.150 hectómetros cúbicos, que es el caudal regular hoy inexistente que tiene que garantizar la preservación medioambiental de la desembocadura, un caudal ecológico que tiene que ser prioritario. La ley exige que si no hay agua por encima de los 3.150 hectómetros cúbicos en la desembocadura no se puede coger agua porque, tal como indica el plan hidrológico de la cuenca, es el agua que se necesita para evitar la intrusión de la cuña salina y para garantizar la vida del ecosistema natural del delta del Ebro.
Quiero decirle al señor Núñez que la comunidad autónoma que se lleva mayor parte de inversiones de este Plan hidrológico nacional es Andalucía. Andalucía se lleva 680.000 millones de pesetas de inversión en este Plan hidrológico nacional. Y a mí me gustaría saber, señor Núñez, si, tal como usted defiende, los andaluces están de acuerdo en que Almería necesita un trasvase. (El señor Lanzuela Marina: ¡Que lo digan!) Que lo digan. Dice usted que Andalucía necesita un trasvase. Almería necesita el trasvase del Ebro, ¿sí o no? El del Tajo se ha estudiado y nosotros creemos que es imposible.
En cambio, en el Consejo Nacional del Agua se establece la recomendación de estudiar otro trasvase, que es el del Guadiana internacional. Hay un compromiso porque hay una recomendación del Consejo. Yo le invito a que usted analice esta otra opción, que es a la que las propias comunidades de regantes y la asociación de usuarios del agua de Andalucía llegó, porque eran mucho más partidarios de ese otro trasvase que del que usted propone. Nosotros siempre hemos dicho que no descartábamos esta posibilidad de cara al futuro.
Al Bloque Nacionalista Galego he de decirle que este plan pretende resolver el problema del agua en España. Las obras que se incluyen en este proyecto son obras de regadío en alta; no me puede usted pedir obras de regadío en baja. Las obras de regadío en baja tienen que ver con el Plan nacional de regadíos. No es competencia de este plan, es otra competencia que discutiremos en su momento. Las inversiones de Galicia tienen que ser deflactadas, igual que las de otras comunidades autónomas. ¿Por qué tienen que ser deflactadas? Las inversiones de Galicia tienen que ser deflactadas porque Galicia tiene cuencas internas y estamos hablando de unas inversiones que se complementan o apoyan en las de las cuencas internas. No es lo mismo un territorio en el cual todo el territorio, como sucede en Andalucía, son cuencas del Estado, que un territorio donde hay cuencas compartidas internas con las del Estado.
Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
(Rumores.) Un poquito de calma, señorías.
Señor ministro, desde luego ha hecho un adecuado ejercicio de oposición. Ya sabía yo que lo único discutible aquí era el texto alternativo del Grupo Socialista, porque éste, que es el suyo, no hay por dónde cogerlo. (Aplausos.) ¿Olvida usted, señoría, que este trámite, de acuerdo con el Reglamento, es de presentación de un proyecto de ley y, en consecuencia, también éste debe discutirse, o es que ni siquiera tiene usted confianza en los 35 artículos -en los que cabe poco- de su proyecto de ley sobre el Plan hidrológico nacional? Es la primera vez en mi vida parlamentaria que veo cómo se trae redactada de antemano la réplica. (Aplausos.) Y, señor ministro, hasta ha sido más brillante que la mortecina presentación del texto, se lo reconozco; un poquito más brillante, no es que mucho, pero sí un poquito más.
Su problema, señor ministro, ya que habla de congruencia y de contradicciones -no me extraña que no esté aquí el señor Aznar-, está en el salto espectacular que dieron desde el año 1993 a hoy. Leo: Aznar dice ante toda España que el PP se opondrá a los trasvases.
Aznar dice ante toda España que el Partido Popular se opondrá a los trasvases. Y dijo algo más en una conocida revista de naturaleza científica: Que la España húmeda y seca, así la hizo Dios y había que dejarla. (Aplausos.) Ese fue el pensamiento, avanzadísimo, que ustedes, cuando estaban en la oposición, tenían de la política del agua en España. Le agradezco su oferta de consenso, que hasta ahora no ha brillado con luz propia, porque sólo hemos conocido la indecorosa expresión que en Consejo de Ministros se utilizó para calificar este plan (Aplausos.-Protestas), un plan que, por narices -por decirlo de algún modo-, se iba a imponer a un territorio. ¿Sabe usted qué diferencia hay entre los populares del año 1993 y nosotros hoy? Ahora tienen ustedes una oportunidad, una ventaja adicional, señor ministro. ¿Sabe S.S. cuál es? Si ustedes me permiten decirlo, verán que es la expresión de una honda preocupación democrática: ustedes ahora disfrutan de una posibilidad y es que nosotros no tenemos posiciones destructivas; no las tenemos. (Aplausos.) Queremos solucionar un problema estratégico para la sociedad española y no multiplicarlo poniendo en dificultades al Gobierno; queremos solucionar un problema que afecta a este país y no multiplicarlo para poner en dificultades al Gobierno. Esa es la filosofía de nuestro texto, que, por cierto, debe haber seguido S.S. con muy poca atención, porque desde la primera a la última línea de una intervención de casi 40 minutos expliqué, en ocasiones contraviniendo el texto de su Gobierno, nuestra filosofía: desde la política territorial que nos anima hasta la política ambiental, pasando por la administración del recurso agua y acabando en la sostenibilidad económica y

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financiera del mismo y, por supuesto, también política y social, porque para ello se precisa un gran acuerdo. Pero es que ustedes dan marcha atrás; van para atrás, como los cangrejos. ¿Le digo, señor ministro, lo que ha ocurrido, tanto que criticaba el anteproyecto de plan del año 1993, en estos años? ¿Le digo lo que ha ocurrido en esta década? Se lo voy a decir. En esta década, por ejemplo, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos publicó un informe en el año 1996 sobre el futuro del regadío, donde apuntaba que la competencia por el recurso y las restricciones ambientales imponen la necesaria e imprescindible reducción del uso del agua en el conjunto de los recursos superficiales y en la agricultura del futuro. Ha ocurrido que el Foro internacional de política del agua, celebrado en San Francisco, en 1997, sobre resolución de conflictos hídricos, concluyó que las políticas de reutilización, ahorro y uso conjunto de recursos superficiales tienen que ser la base para solucionar la escasez de agua. Ha ocurrido que el Pacto del agua, en California, en el año 1999, está basado enteramente en la política de reutilización y ahorro. Ha ocurrido que todos estos cambios culminaron en la reunión del Foro Mundial del Agua, en La Haya, en marzo de 2000, en la que la visión del agua a nivel mundial pone el énfasis en una mejor y más eficiente gestión del recurso, el ahorro, la reutilización y el uso conjunto. Ha ocurrido que ha habido una directiva de la Unión Europea, que ustedes sólo citan en su texto, que va a pender sobre el futuro desarrollo de nuestro Plan hidrológico en los próximos años. Y ha ocurrido, señor Matas, una evidencia que no necesita más postulados científicos: ha ocurrido sencillamente que la década de los noventa ha sido la más cálida desde que existen registros fidedignos -1850-, con la creciente evidencia de un cambio climático que añade tensión sobre el recurso hídrico. Y ustedes no le dan ninguna importancia, no hacen previsiones de futuro, no valoran el impacto de estas impresionantes evoluciones que ponen en riesgo nuestra garantía de futuro en su Plan hidrológico nacional. No lo hacen, señor ministro, y eso sí está en la filosofía del texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Si ustedes hubieran tenido el mismo comportamiento receptivo a las evoluciones y a los cambios que sufrió el anteproyecto del Plan hidrológico nacional del año 1993, hoy podríamos estar muy cerca del consenso. Por cierto, señor ministro, ¿cómo me habla usted de valentía cuando en el año 1993 lo único que se atrevieron a decir del anteproyecto del Plan hidrológico del señor Borrell ante toda España es que se oponían a los trasvases?. ¿Dónde estuvo su texto alternativo, como hoy está aquí el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista? (Aplausos.) ¿Dónde? Ustedes paralizaron aquel proyecto, lo hicieron imposible con una política de impedimentos y de agitación que impidió poder continuar con aquel texto.
He dicho, señor ministro, que nuestro texto alternativo se basa en las políticas territoriales, en la administración moderna del recurso del agua, con una adecuada solución que, en términos sociales y políticos, permita repartir el mismo. Por cierto, yo no he hablado de las aguas subterráneas. No sé si sus asesores que le han pasado el texto por escrito no me entendieron bien. No he dicho que no estuvieran las aguas subterráneas en su texto; dije que no había ni una palabra de política territorial, no había prácticamente políticas de ahorro y no había ni una sola línea sobre vertidos y depuración.
¿Cómo me dice usted que en la cuenca del Segura ya se reutilizan todas las aguas depuradas? Démoslo por cierto, pero esa es la pregunta relevante, señor ministro. La pregunta relevante será cuántas aguas se depuran, no si la ínfima cantidad de aguas depuradas, que es muy pequeña, se reutiliza. Demos por cierto que se reutiliza, pero es que, señor ministro, faltan muchas aguas y por tanto hay muchas oportunidades para las políticas de ahorro y reutilización. Por cierto, no es válido el dato que usted aporta aquí de que la cuenca del Segura sólo tuvo una aportación de 180 hectómetros cúbicos el año pasado. Señor ministro, esa es una aportación endógama, propia de su cuenca; ha tenido 300 y pico hectómetros de un trasvase, el Tajo-Segura, y tiene oportunidades de explotación racionales de aguas subterráneas que permitirían al banco del agua tener una importante posibilidad de desarrollo.
Señor ministro, no me hable usted así de las desaladoras. Las desaladoras que nosotros proponemos ciertamente son adicionales a las de su texto. Proponemos 400 hectómetros cúbicos más de desalación que los de ustedes y le demostramos en el texto que el impacto energético de ese incremento es inferior a la propuesta de trasvase desde el Ebro hasta Almería. ¿Usted cree que los almerienses y los murcianos pueden tener confianza en su palabra (Varios señores diputados: ¡Sí!; en el PSOE no.-Una señora diputada: ¡Estáis nerviosos!) cuando usted les propone que el agua llegará a Murcia y a Almería, como mínimo, dentro de diez años? ¿Saben ustedes que en los últimos cinco años, de acuerdo con este documento de evolución de inversión pública 1990- 1999 (El señor Caldera Sánchez-Capitán muestra un documento a la Cámara), su inversión en política hidráulica no llegó, en los cinco años, a los 138.000 millones de pesetas por año, cuando en 1995, por gestión de aquel denostado señor Borrell, según usted, se alcanzaron casi 300.000? (Aplausos.) A este ritmo de tortuga, señor ministro, no llegaremos nunca.
En cuanto a la desalación, me guío por las alternativas que presentan en este caso miembros del Consejo Nacional del Agua, científicos y expertos, con un voto particular al proyecto de plan hidrológico nacional, como usted bien sabe, que dicen: parece muy probable que el coste final del agua trasvasada sea superior al de potabilizar agua de mar. Lo dicen los científicos en un

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voto particular que se presenta en el Consejo Nacional del Agua.
¿Habremos de dar más crédito a los científicos que a S.S.? Supongo que en esta materia, sí. Además, se acumula este dato a evidencias prácticas como que el Club Español de Residuos, en octubre de 2000, indicaba que mediante la evaporación al vacío, modificando el sistema energético de plantas de incineración, se puede obtener agua desalada a un precio de 50-55 pesetas/metro cúbico. ¿O no sabe usted que somos la segunda potencia mundial en agua desalada por ósmosis inversa, después de Israel? ¿No sabe usted que en Canarias, de acuerdo con un informe que me pasan acerca del funcionamiento de las desaladoras, en algunos casos se está obteniendo agua a 67 pesetas el metro cúbico y que la media no supera las 117 pesetas el metro cúbico? Es decir, un precio competitivo e inferior en términos económicos al del trasvase Ebro-Segura para los usuarios de Murcia y Almería. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Señor ministro, nuestra filosofía tiene mucho que ver en este caso -y fíjese qué paradoja- con la de alguien a quien usted concederá cierta credibilidad. En 1996, el Círculo de Empresarios publicó un libro sobre política y economía del agua en España, en el que decía: el debate actual pone de relieve los crecientes costes de la política tradicional -que es la suya- y ofrece argumentos a favor de objetivos e instrumentos alternativos. El libro explicaba cuál debía ser el nuevo paradigma, indicando que, para resolver el problema del agua, había que abordar decisiones eficientes económicamente -le he demostrado que las suyas no lo son-, razonables medioambientalmente -tampoco lo son-, factibles políticamente -mucho menos- y equitativas territorialemente; en su plan no se cumple ninguna de las condiciones. Hace cuatro años -supongo que también será válido para hoy-, el Círculo de Empresarios acababa diciendo -fíjese qué ironía, señor ministro-: en términos generales, y por motivos económicos, ambientales y políticos, las transferencias entre cuencas deberían considerarse únicamente como un último recurso. Justamente es lo que aquí le estamos proponiendo.
Acabo, señor presidente, con dos consideraciones finales. La primera de ellas tiene que ver con los datos que he aportado sobre la cuenca del Júcar. Mire, señor ministro, me referí única y exclusivamente a datos de la Consejería de la Comunidad Autónoma Valenciana para demostrarle que, sólo con la modernización de la acequia real del Júcar, se puede obtener un ahorro de 200 hectómetros cúbicos al año; pero se puede hacer mucho más, y usted lo sabe. ¿Cómo que no tenemos estudios? Le ofrezco este completísimo estudio de mis compañeros en la Comunidad Autónoma Valenciana... (Protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: En este estudio se demuestra que el ahorro agrícola puede deparar en la cuenca del Júcar, en una hipótesis minimalista, ahorros de 260 hectómetros/año; el urbano industrial, de 34; la reutilización de aguas depuradoras, extendiendo su reutilización, que ahora es muy inferior a la necesaria, 59 hectómetros cúbicos -total de ahorro y reutilización, 353-; manejo hídrico de humedales, 20; captaciones de aguas subterráneas, 140; desalación y desalobración, 32. Es decir, que por estas vías iríamos a una utilización de prácticamente 600 hectómetros cúbicos al año, como mínimo.Esto es lo que hay que discutir a lo largo de la tramitación del proyecto, señor ministro.
Nosotros le proponemos alternativas acordes con la sostenibilidad ambiental, social, económica y financiera del Plan hidrológico nacional.
Por favor, señor ministro -y con esto termino-, no haga usted referencias a la hipotética falta de apoyo de todos los socialistas al Plan hidrológico nacional, porque debe usted tomar en consideración la posición que expongo aquí hoy, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista; y debe usted fijarse en esa posición común, porque nosotros somos una organización democrática y el Plan hidrológico nacional sí ha tenido una víctima en su partido, el señor Lanzuela, en Aragón, a quien ni siquiera dejan hablar. Procuren evitar esos comportamientos autoritarios y comprender mejor la riqueza de aportaciones que le hace mi grupo porque España necesita un acuerdo en política de agua... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Caldera, ruego termine.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo. ... que despeje adecuadamente nuestro futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Lanzuela Marina pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, ¿a qué artículo hace referencia?

El señor LANZUELA MARINA: Al 71.


La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, tiene la palabra por dos minutos. (Fuertes rumores y protestas.) Un momento, señor Lanzuela.
Señorías, a pesar de las muestras de aprobación o rechazo que SS.SS.
puedan emitir, les recuerdo que es a juicio de la Presidencia la utilización de estos artículos, y estoy haciendo uso de ese artículo.
(Rumores y protestas.) Señorías, estoy haciendo uso de ese artículo porque un diputado de esta Cámara ha sido aludido sin tener parte en este debate. (Rumores y protestas.) Señor Rodríguez Bolaños, señora López, les ruego guarden silencio y permitan que continúe el debate.
Señor Rodríguez Bolaños, le llamo al orden.
Señor Lanzuela, dos minutos.


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El señor LANZUELA MARINA: Señora presidenta, muchas gracias.
En primer lugar, quiero manifestar el honor que me produce poder hablar por primera vez en esta Cámara.
Como ex presidente de la comunidad, como miembro de dos gobiernos anteriores en la comunidad, pero sobre todo hoy como aragonés me siento especialmente orgulloso del ministro de Medio Ambiente que ha hecho una exposición... (Rumores.) Me siento orgulloso de pertenecer a un partido que se está ocupando de toda España y, en primer lugar, de mi propia comunidad. (Rumores.) Algunas de SS.SS. saben que haré lo imposible para que en la tramitación parlamentaria haya puntos de acercamiento.
El señor Borrell, amigo desde que él era secretario de Estado de Hacienda y después ministro, sabe que hemos hablado muchas horas y estos días le he dicho que estaba dispuesto a tender los puentes que sean necesarios para el diálogo. El martes tendí un puente invitando a almorzar al presidente de mi comunidad, al presidente de la comunidad castellano-manchega, y el presidente de Aragón se negó a venir. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor LANZUELA MARINA: Señorías, mi salida de la presidencia regional del partido, después de siete años en los que me he sentido muy honrado, obedece a un pacto que tenía con la dirección nacional de mi partido de que a principios de este año la dejaba para dedicarme íntegramente a la presidencia de la Comisión de Economía y Hacienda -que tengo en honor en este momento de presidir-, y no tiene nada que ver con lo que ha dicho la señora Narbona en la Radio Nacional estos días. (Rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, ha consumido los dos minutos.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, ¿puede decir a qué artículo se refiere?

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Al mismo artículo, en atención a que el señor Borrell y el señor Morlán...


La señora PRESIDENTA: Le voy a dar la palabra, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ...han sido insistentemente citados por el señor ministro, para que puedan usar la palabra. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Morlán. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


El señor ministro, no sé si porque le ha traicionado el subconsciente y pensaba que hoy iba a ser quien me enfrentara a él en este debate, ha utilizado mi nombre para hacer unas críticas a nuestro texto alternativo. Creo que el señor ministro debiera leerse perfectamente el texto, línea por línea.


La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, le recuerdo que está en un turno de alusiones. Conteste a las alusiones.


El señor MORLÁN GRACIA: Es que me han aludido a mí. (Fuertes rumores.) Señora presidenta, las alusiones del señor ministro se han referido a mi persona en cuanto que era uno de los que entendía él que debía haber hablado en este discurso. Señora presidenta, lo que tengo que decirle al señor ministro es que cuando hable sepa de quién habla, con quién habla y qué es lo que dice, porque creo que hoy ha demostrado que no tiene ni idea de lo que lleva entre manos.
(Aplausos.-Rumores.-El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, señor Caldera, desde esta Presidencia se entiende que las alusiones han sido contestadas por el señor Morlán (Fuertes rumores.) y que lo del señor Borrell ha sido una mención a su nombre. Entiendo que el turno de alusiones se da por cerrado. (Fuertes protestas.)

Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi Grupo Parlamentario entiende que en un debate del agua sea más atractiva una interrupción de carácter culinario que el que en un debate sobre el terrorismo sea atractiva la interrupción conveniente en relación a las alusiones parlamentarias. De todas maneras, mi Grupo Parlamentario toma nota de este tipo de actitudes.
Señor ministro, hoy ha estado más afortunado en la réplica, quizá porque ustedes sigan todavía con la querencia de la oposición parlamentaria, quizá porque usted siga con la querencia de la oposición parlamentaria en el Parlamento balear, donde está en dificultades, o quizá, señor ministro, porque es consciente, en la presentación de este plan, de que nace muerto. En las condiciones en las que ustedes han presentado el Plan hidrológico nacional, nace muerto y nosotros no estamos satisfechos de ello.
Señor ministro, usted no puede decir ante esta Cámara que le basta el trámite legal de audiencia o de consulta para llegar a un acuerdo en el Plan hidrológico nacional. Cuando se trata de una cuestión que va a vincular a los españoles, a las comunidades autónomas, a las organizaciones sociales y a las fuerzas políticas a lo largo de decenios, usted no puede sentirse satisfecho

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presentando un plan unilateral y que, si sale así, va a ser un plan impuesto. No se puede decir que hay consulta y que los grupos ecologistas están de acuerdo, leyendo una parte de su dictamen, porque no es verdad, ya que los grupos ecologistas, en concreto Ecologistas en Acción, votaron negativamente el Plan hidrológico nacional. No se puede decir que se presenta un plan ante esta Cámara con el acuerdo de la mayoría de las comunidades autónomas, cuando las comunidades cedentes y el conjunto de las comunidades autónomas no están de acuerdo con el Plan hidrológico nacional. En el concepto de la España de las autonomías, no se puede presentar un plan hidrológico nacional en el que estén unas contra otras o unas frente a otras. Un plan hidrológico nacional, señorías, no se puede presentar ante esta Cámara sin un previo proceso de negociación con las fuerzas políticas. Ustedes no han llamado a ningún grupo parlamentario de esta Cámara, no han llamado a la mayoría de la representación popular de este país antes de presentar el Plan hidrológico nacional. En ese sentido, este plan nace política y socialmente muerto.
Pero hay otra cuestión, este plan es ecológica y económicamente inviable, señor ministro. Usted no ha respondido a nuestros argumentos. Económicamente, ha establecido usted un debate en torno al precio del agua en relación con el proceso de trasvases o con el proceso de desalación. Yo le digo, señor ministro, que en ambos casos, en el caso de los trasvases y en el caso de la alternativa de desalación, es incierto el precio que ustedes reflejan en sus documentos. No hay tal; 52 pesetas el metro cúbico no es el precio real del agua después de estos procesos de trasvase y de desalación.
Mediante medias ponderadas ustedes ocultan costes añadidos, costes sociales y costes ambientales. Nuestro cálculo, que es bastante realista y hace inviable para el medio agrario el coste del agua, es que finalmente el coste del trasvase que ustedes pretenden triplicará esas 52 pesetas/ metro cúbico. Por tanto, no es un trasvase para los agricultores, no es un trasvase para el agua de boca en el Mediterráneo, es un trasvase para otras finalidades: explotaciones urbanísticas y grandes explotaciones agrarias de carácter intensivo que hoy están en cuestión en la Unión Europea. Tampoco es viable desde el punto de vista climático. Señoría, yo le pregunto: ¿Considera usted viable el trasvase, desde el punto de vista climático, teniendo en cuenta el incremento de 2 a 2,5 grados y la pérdida del 20 por ciento del caudal? Si hace caso de su artículo 17, usted no puede trasvasar nada, porque para el momento de eficacia del trasvase, usted no tendrá agua excedente que trasvasar debido al cambio climático. Luego el plan, además de nacer muerto, es inviable económica y ecológicamente.
Pero además, señor ministro, no me ha respondido a una cuestión que para mi grupo es muy importante: la credibilidad del plan. Este plan está bajo sospecha, señor ministro. Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha tenido que subsanar una irregularidad en su Ministerio, la irregularidad de la firma de un trasvase por una persona que no estaba capacitada para ello. Respecto a los ex altos cargos que han tenido algo que ver en esta materia, le pregunto, señor ministro: ¿Ha abierto usted un expediente informativo por incumplimiento de la Ley de incompatibilidades y por incumplimiento de la Ley de contratos del Estado en su Ministerio? ¿Ha abierto usted el expediente informativo correspondiente? Porque eso es lo que da credibilidad al plan y da credibilidad a los intereses públicos frente a los intereses privados. Yo le sigo diciendo, señor ministro, que los intereses privados entran en colusión con los intereses públicos en el plan que usted presenta ante esta Cámara. Me tendrá que responder a esas preguntas de una vez, porque se las he hecho en la primera intervención, y ya que usted me hace preguntas a mí, yo me permito también hacérselas a usted.
Señor ministro, en relación al déficit y a la oferta, usted ha preguntado a mi grupo parlamentario sobre los embalses. Resulta que no se han leído la enmienda alternativa. Nosotros no somos tan ambiciosos como para presentar un plan alternativo. Sabemos que tiene que haber un proceso de diálogo, de negociación y una elaboración técnica. Nosotros no queremos pecar de falta de modestia y en este caso hemos presentado unos criterios alternativos. Usted tiene en nuestros criterios alternativos los embalses que no queremos.
Supresión de grandes embalses innecesarios, aparece en el capítulo.
Se dice en concreto: Irueña, Castrovido, Melonares, Monteagudo, entre otros grandes embalses que nosotros hemos considerado que no son necesarios en este Plan hidrológico nacional. Ya que usted me pregunta, yo le respondo, pero le requiero que responda también a mis preguntas.
En cuanto al déficit y al exceso de oferta de que usted habla, nosotros nos apoyamos en un modeloalternativo, la gestión de la demanda. En ese sentido, le decimos ya claramente que su propuesta de aumentar la oferta de agua al Mediterráneo ha supuesto ya nuevas demandas, en concreto en contra de criterios de su propio proyecto de ley. Ya hay nuevas demandas y han provocado ustedes nuevos regadíos ilegales, se lo digo claramente. Desde que ustedes han anunciado que aumentan la oferta de agua, han provocado nuevos regadíos ilegales, han aumentado la demanda en contra de su propia ley, han provocado la expectativa de una nueva expansión urbanística, un millón más de viviendas en el Mediterráneo, y han provocado también el espejismo de que se va a mantener el actual modelo agrario, cuando la Unión Europea está cuestionando un modelo agrario intensivo y está proponiendo que se cambie ese modelo agrario y va a ser beligerante con él. Están engañando a los ciudadanos del Mediterráneo, están engañando a los agricultores y están engañando al conjunto de los españoles.
Termino repitiéndole lo que he dicho: usted es consciente de que su plan, en estas condiciones, nace muerto;

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usted es consciente de que económica, social y ecológicamente este plan es inviable; usted tiene que aclarar que este plan no tiene nada sospechoso, señor ministro, y usted, en definitiva, debe retirar el plan y dar una nueva oportunidad al diálogo y al desarrollo sostenido.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de nada, creo que usted ha inducido en su intervención a que se pudiera creer que Ecologistas en Acción está de acuerdo con este proyecto. Le agradecería que rectificara, porque la posición de Ecologistas en Acción ha sido una posición absolutamente en contra del proyecto, reconociendo que ha habido ligeras mejoras. Solamente quiero decir una cosa, señor ministro, y es que yo creo que a usted el texto alternativo del PSOE le ha ido muy bien. En mi intervención inicial he dicho que nosotros no votaríamos el texto alternativo del PSOE. ¿Por qué? Porque el modelo que usted propone y el suyo es el mismo. Discuten sobre los instrumentos, pero aceptan dos cosas: los déficit estructurales y la necesidad de dar más agua. Entonces, discutimos aquí sobre si son mejor las desaladoras, los trasvases o los medios trasvases. El problema es que hay que cambiar este modelo.
Señor ministro, usted dice que no está de acuerdo conmigo cuando planteo que no se puede aceptar el concepto de cuencas deficitarias o excedentarias, pero no es que lo diga yo, sino que la directiva europea ha desechado hablar de cuencas deficitarias y de cuencas excedentarias, porque, señor ministro, si hoy hay cuencas deficitarias es fundamentalmente por la sobreexplotación de los acuíferos y llevando más agua allí dentro de muy poco van a volver a tener más déficit de agua. Por lo tanto, hay que discutir de acuerdo con la directiva europea, que ya no habla de cuencas deficitarias, y por eso le decía yo que no se puede decir que Madrid tiene déficit de playa o Barcelona déficit de sierra. Su proyecto incrementa los desequilibrios territoriales, es insostenible ecológicamente y degrada determinadas zonas territoriales. Por consiguiente, retire su plan, relea la directiva europea, que no está hecha por ecologistas pero que sí que plantea un cambio de 180 grados en relación con lo que hasta ahora han sido las políticas de agua en España y en la Unión Europea. Por lo tanto, retire el texto y asuma usted que también en España es necesario un modelo sostenible en cuanto a la política del agua.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor ministro, tomo en consideración que el que usted se equivocara conmigo y con el partido me parece muy bien porque que no tiene nada que ver lo que hace el alcalde de El Ejido con el señor Aznar, es decir, los dos están en la misma historia, pero cada uno tiene una actitud.
En segundo lugar, yo querría aclarar una cosa importante, porque siempre nos hemos quedado a medias cuando yo le he preguntado y usted me ha contestado sobre el pacto del agua. Usted está siempre preguntando si estamos o no estamos de acuerdo con el pacto del agua.
En Aragón, previendo que iba a venir un trasvase el día menos pensado, se reunieron las fuerzas políticas e hicieron un pacto del agua diciendo que hasta que no se acaben las obras prometidas y que nunca se han hecho, hasta entonces, no habrá trasvase. Ese es un planteamiento importante. Entonces no estaba la Chunta Aragonesista allí, pero no estamos en contra del pacto del agua. Estamos en contra de algunos grandes pantanos: primero, el de Yesa, que sigue existiendo, con un gran peligro para las localidades navarras.
Segundo, el de Biscarrués, que va a destrozar uno de los paisajes más emblemáticos de Aragón. Es como si en Cataluña les dijeran que les iban a poner un embalse al pie de Montserrat. Seguro que los catalanes se levantarían y darían un grito diciendo que no. Porque el paisaje queda muy bonito con agua, pero cuando llega el verano y baja el agua, lo que queda es un enorme barrizal. Tercero, estamos en contra del pantano de Santaliestra, que también está peligrando. Sin embargo, estamos a favor de muchas presas y muchos pantanos que el Ministerio de Fomento y ustedes, sobre todo el Ministerio de Fomento, siempre los van retrasando; pantanos con los que nadie está en contra y que serían muy satisfactorios para todo Aragón.
Usted dice que el agua del Ebro no se toma en la zona de Aragón -efectivamente, se va a tomar abajo- y siempre hablan del embalse de Mequinenza. Usted sabe precisamente que el embalse de Mequinenza es un embalse hidroeléctrico y que no se puede tocar. Para que el embalse hidroeléctrico de Mequinenza no baje de caudal, hay que hacer esos 100 embalses que se vaticinan en el plan hidrológico, y la mayoría de esos 100 embalses se van a hacer en la provincia de Huesca, porque, a pesar de que usted diga que el Ebro está poco regulado, lo que sí están muy regulados son sus afluentes de la izquierda -el Aragón, el Gállego, el Cinca, el Segre, el Noguera Ribagorzana y el Noguera Pallaresa-, algunos de los cuales están tan regulados que han desaparecido bajo la urbanización, es decir, hay algún río, como el Noguera Pallaresa, que ya casi no existe.
Entonces, no diga usted que el agua no se coge. El agua se coge en Aragón, lo que pasa es que no se va a coger en Zaragoza, se cogerá más abajo, se tomará más abajo, pero qué va a pasar cuando venga la bajada del Ebro.


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Porque usted dice que este año hay mucha agua. Usted sabe que este año hay agua en todos los lados. Yo vi el otro día la vuelta ciclista a Murcia y me preguntaba: ¿pero por qué piden agua en Murcia si los ríos van llenos de agua? Le digo lo mismo a usted. No me diga que el delta del Ebro lleva agua. Yo he estado en la ZUR de Xerta y he visto cómo estaba justísima repartiendo agua a los dos canales de la extrema derecha y la extrema izquierda. Si ahora va usted allí, hay agua por encima de toda la ZUR de Xerta y si se descuidan, va a llegar otra vez a aquella cota, hasta la iglesia de Xerta. Es que estas cosas hay que verlas a lo largo de años y no ahora. Porque, como le digo, en la vuelta ciclista a Murcia se veía muchísima agua por el canal y, entonces, podríamos decir eso. Pero eso es una falsedad, como usted ha dicho muchas falsedades a lo largo de su intervención.
Nada más. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, ha dejado muy claro usted en su intervención que, si el caudal ecológico o caudal mínimo -seamos más correctos- bajase, en el caso del Ebro, de los 3.150 hectómetros cúbicos, no habría trasvase. Hay una conclusión que podemos extraer de este debate de hoy y es que el efecto de cambio climático es un efecto real, que va a reducir progresivamente las precipitaciones. Es evidente que los ciclos de cambio climático son largos, son muy largos, pero estaremos de acuerdo en que habrá un cambio climático y que con el cambio climático las precipitaciones y las lluvias van a reducirse y va a subir la temperatura; mínimamente, pero va a subir. Esto está demostrado, está comprobado, y todos estaremos de acuerdo.
Dígame usted, si el Ebro baja de este caudal, ¿qué va a pasar con Murcia, con los regadíos de Murcia y qué va a pasar en Almería? Lo que hay que hacer es adelantarse a los tiempos. Y le decía yo en la exposición inicial que hay que preparar un plan hidrológico para el cambio climático. Ustedes están haciendo un parche y nosotros estamos convencidos de que no se va a llegar a su consecución total. No hacen ninguna prevención de lo que puede pasar. Contésteme, señor ministro, qué va a pasar cuando el Ebro baje de su cauce.
Segunda cuestión. Dice: la ley garantiza que no habrá extracciones, que no habrá trasvases -meses de verano- cuando el caudal mínimo baje de la cifra acordada ¿Qué Parlamento, qué Gobierno, qué Ministerio es capaz de aguantar la presión social de las regiones, de las provincias, de los territorios, cuando el agua escasee? Dígamelo usted. ¿Qué Gobierno, qué Ministerio, qué partido aguanta la presión social de los regantes de una zona que tienen sus cosechas, que tienen su planteamiento, cuando la sequía aceche? No va a cambiar la ley, no va a cambiar la normativa. Lo que va a hacer es bajar el caudal. Así de fácil. Si son 3.150 hectómetros cúbicos, los bajarán a 2.100, o a los que sean. Esta es la trampa, esta es la trampa del Plan hidrológico nacional, señor ministro. Usted lo sabe.
Así se hizo en la sequía de 1995 y así lo van a hacer ustedes. Ningún Gobierno va a aguantar la presión social. Prepárense para el cambio climático. Adapten el plan para cuando escasee el agua y no hagan un parche irrealizable, que -ustedes lo saben muy bien-, por costos y por contradicciones, no se va a llevar a cabo.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, cuando en su intervención se ha dirigido a mí, me ha hecho, deduzco, dos preguntas, muy simples: que Andalucía coge muchísimo dinero, no sé cuánto ha dicho usted, 700.000 millones, y que si queremos trasvase en Almería o no. Y a mí me parece que o usted no me ha entendido o yo no me he sabido explicar. No estamos ante un lo toma o lo deja. El plan hidrológico tiene tantas cuestiones dentro que no es un problema de decir sí o no. Sí o no a una primera cuestión, al dinero, por ejemplo. En Andalucía, estamos muy acostumbrados a decir que lo seguro es lo comido. Si Andalucía hubiera recibido el dinero que dicen los muchos proyectos y los muchos planes que existen en este país, a lo mejor no estábamos hablando de lo que estamos hablando. Que si quiere 700.000 millones o no. Primero, yo no sé si es esa cifra o no, posiblemente sea esa cifra la del anexo cuantificado, pero lo que hemos preguntado es cómo se divide eso, qué compromisos hay, cuáles son las prioridades, qué costos tiene. No estamos buscando cantidad de obras. Estamos planificando hidrológicamente este país.
Lo mismo le digo del trasvase. Naturalmente que son necesarios los trasvases, desde nuestro punto de vista. Hay una España seca y una España húmeda, pero, dentro de Andalucía, hay también una Andalucía seca y una Andalucía húmeda. Nosotros también apostamos, por solidaridad interna, por trasvases internos, como le he dicho.
Asumiendo los costos que hay que asumir: que siempre que hay un trasvase, hay un costo; que siempre que hay un flujo entre cuencas, hay un desarraigo. Y que, por tanto, hay que guisarlo, hay que consensuarlo, hay que negociarlo.


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Usted me dice que, en vez del trasvase del Tajo, se va a negociar el del Guadiana internacional. Mesas técnicas habrá, para decir de dónde es más rentable traer el agua, si del Guadiana, de donde está usted diciéndome, o más para la izquierda o más para la derecha. Le decía que desde los estudios parece que, mientras más alta llega, mejor. Y si el agua llega a la altura más superior de la cuenca del Guadalquivir, mejor. Porque, como ya he dicho, el agua tiene una puñetera manía, que es ir siempre cuesta abajo. Por tanto, cuanto más arriba la captemos, más barata será luego la distribución.


Señor ministro, la posición andalucista que le quiero transmitir es clara, es cuestionar una serie de principios que usted ha dicho que cumple todo el plan -nosotros así no lo entendemos pero dialogaremos- y un método, un método que es el consenso. No me hable usted de un plan donde todas las aguas residuales están aprovechadas, porque yo miro a Andalucía, miro a la Costa del Sol, y todavía ahí queda muchísimo por hacer, no sólo de plantas de reciclaje, sino, además, de aprovechamiento de esas aguas, que no están, señor ministro, que no están, hoy por hoy. Y, si quiere usted, hablamos de cosas concretas, de qué pasa con la Costa del Sol o qué pasa con los impactos en las aguas de algunos emisarios submarinos que hay todavía.
Por tanto, simple y llanamente, este plan no está guisado. Esto requiere reflexionar sobre los principios, reflexionar sobre la filosofía y reflexionar sobre el método de consenso. No se trate de simplificar a trasvase, sí, trasvase, no, y de qué cantidad; o a dinero, sí, dinero, no, y cuánta cantidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta. Muy brevemente.
Quiero agradecer al señor ministro la mención de alguna de las cuestiones que yo he expuesto en mi intervención, pero siento decirle que no entendí bien sus argumentos.
El señor ministro hace referencia, para justificar la no inclusión en el plan de los regadíos de Lemos, de Terra Cha y de Alimia, a que hablamos de regadíos en alta o en baja, que se acogerían al parecer a planes distintos. Según el criterio del señor ministro, estos regadíos no entrarían en este plan, sino en otro. Para nosotros, el problema es que ni en un plan ni en otro. Esos regadíos nunca se abordan. Y esa es la única realidad. También justifica la escasísima inversión que contempla este plan en Galicia en función de las competencias sobre las cuencas. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿No es la cuenca básica, fundamental, en Galicia, la del Miño-Sil? Y, sobre esa cuenca, ¿quién ejerce las competencias? Por tanto, no me diga que eso es lo que justifica que las inversiones en Galicia estén deflactadas o que haya que contemplarlas así. Aprovecho para decirle, señor ministro, que, en inversiones de este tipo, en inversiones de infraestructuras, etcétera, desgraciadamente, en Galicia, siempre estamos deflactados.
No nos deflacte más de lo necesario.
En todo caso, a pesar de sus amables explicaciones, nosotros creemos que este plan incide en llevar adelante una determinada orientación política, que prioriza el desarrollo económico y social en determinadas zonas del Estado. Ello hace que sus explicaciones no nos hagan variar nuestro criterio de que estamos ante un plan que va a incrementar los desequilibrios territoriales, un plan que probablemente les dé votos -yo supongo que sí que se los dará-, pero un plan que es poco adecuado, desde el punto de vista medioambiental y de desarrollo, sobre todo racional y sostenible.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a responder brevemente a las cuestiones que se han planteado. Y quiero, una vez más, reiterar la oferta de consenso que hemos hecho históricamente a todos los partidos de esta Cámara y, en concreto, al Partido Socialista.
Desgraciadamente, el señor Caldera no ha contestado prácticamente a ninguna de las preguntas que le he hecho, excepto a la pregunta del ahorro. El señor Caldera me dice que el ahorro que va a obtener de la cuenca del Segura es el arreglo de la conducción de la acequia. Eso quiere decir que o el señor Caldera no ha entendido absolutamente nada de lo que yo le he dicho o no ha podido interpretar los papeles que le han pasado. Insisto, el plan hidrológico prevé la solución del problema del conducto de la acequia, que permite ahorrar 240 hectómetros. Lo que sucede es que los que hicieron este proyecto del Partido Socialista no contaban con que el plan hidrológico exige que ese agua se destine a Albacete, Alicante y Vinalopó. El señor Bono debió leer este texto y llamó inmediatamente poniendo el grito en el cielo y diciendo que este ahorro de agua tenía que ir destinado a regadíos en Albacete. Por tanto, este ahorro, si no se hace a costa de los regadíos de Albacete, sólo se puede hacer a costa de secar la Albufera de Valencia, con lo cual no hay ahorro posible y ya nos hemos cargado el principio básico del plan hidrológico alternativo del PSOE. Ya pueden ustedes empezar a construir el trasvase y a decir dónde lo construirán. Es así de sencillo. ¿Aguas depuradas en el Segura? Naturalmente que faltan aguas depuradas. Faltan, porque los ayuntamientos,

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que son los competentes, y las comunidades autónomas, como responsables subsidiarios, en España no han llevado a cabo este tipo de obras. Por eso, el plan hidrológico nacional prevé 500.000 millones de pesetas en obras, en materia de depuración y de reutilización de aguas, para ayudar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a hacer esas obras. Y nuestro plan hidrológico contempla toda la reutilización de estas depuradoras, las construidas y las que se van a construir. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de sacar más agua que la que entra en la depuradora, con lo cual la otra fórmula, que es la de la depuración, también queda invalidada.
Si ustedes dicen que necesitan 1.000 hectómetros y ya hemos invalidado el ahorro y la reutilización, sólo nos queda acudir a la desalación. Y sigo insistiendo en que desalar 1.000 hectómetros cúbicos de agua consume el doble de energía y produce el doble de contaminación, 2,5 por ciento, que lo que pueda consumir el trasvase.
Producen ustedes más de dos millones y medio de toneladas de CO2 en la atmósfera, con la implicación que tiene esto en el cambio climático.


No confundamos la decisión de California con el banco de ahorro de Murcia. ¡Hasta aquí podíamos llegar! La solución de California se trata de un ahorro que se produce con una regulación que es del 60 por ciento, cuando en España es del 45 por ciento y cuando en California existen trasvases por más de 900 kilómetros de longitud y que trasvasan al año más de 13.000 hectómetros cúbicos. Los ahorros en California, con base a un banco hipotético de agua, podemos establecerlos, siendo muy optimistas, en un 5 por ciento del total.
Ustedes están hablando de 150 sobre 180. A no ser, como me ha dicho el señor Caldera, que dice que el agua aportada del Segura no es de 180, sino de trescientos y pico. ¿Dónde están los diputados y diputadas de Castilla-La Mancha? Resulta que la diferencia que va de la aportación propia de los 180 a los trescientos y pico es el Tajo- Segura, con lo cual quizás el Partido Socialista esté proponiendo que el banco de agua compre y venda agua del trasvase Tajo-Segura. Me gustaría conocer la opinión del señor Bono y de los diputados de Castilla-La Mancha sobre que ese banco de agua actúe sobre los 300 hectómetros, que son los 180 de aportación propia más la aportación del Tajo-Segura. Quisiera conocer esa opinión, sinceramente.
Yo no he dicho nunca«el denostado señor Borrell». Nunca. Al contrario, he reconocido -y ahora haré mención a él- que tuvo la valentía de presentar un proyecto que -equivocadamente, desde nuestro punto de vista, porque era un proyecto que contemplaba 13 trasvases y 210 presas- afrontaba la solución de un problema histórico en España.
Huelga, sinceramente, hablar de inversiones antes del año 1995.
Huelga, porque los ciudadanos de Aragón saben cuántas inversiones recibieron antes de dicho año. Antes del año 1995, sólo se adjudicó una obra en Aragón, de una cierta importancia, que es la presa del Val. Nosotros ya hemos adjudicado Yesa, Biscarrués y Santa Liestra. En cualquier caso, no tiene que ser una excusa. Tiene que ser la voluntad de solucionar los problemas.
Quiero dejar claro, una vez más, que el agua sólo se cogerá cuando sobre.
Señor Labordeta, igual que usted me lo pide a mí, yo se lo pido a usted. Usted está diciendo algo que es incierto. Usted está diciendo que nosotros construimos embalses en cabecera para hacer el trasvase.
Usted sabe que esto es falso. Y la ley lo pone. Le ruego también que clarifique esto y diga a los ciudadanos de Aragón que no se hace ni una sola obra de regulación, ni un solo embalse en Aragón, por culpa del trasvase. El trasvase -como usted sabe perfectamente- sólo tiene que estar regulado en la desembocadura y gracias, efectivamente, a Mequinenza. Y es falso que no esté analizada técnicamente y de forma exhaustiva la posibilidad de que este embalse pueda gestionar y garantizar las necesidades medioambientales del río, garantizado el trasvase. No es necesario, porque así lo pone la ley, que se construya ningún otro embalse para hacer este trasvase.
Quiero decir con todo respeto al señor Saura que no es cierto que no haya ninguna referencia en la directiva a los conceptos que él dice de cuenca deficitaria y excedentaria. Me gustaría que, en otra ocasión o, si puede, que me lo haga llegar personalmente, me dijera en qué artículo se hace referencia a esto que él dice, porque no es cierto. Todas estas cuestiones están analizadas exhaustivamente, exhaustivamente, repito, en el libro blanco del agua y yo quiero recomendarle su lectura. Quiero también aclarar que en el Consejo Nacional del Agua, por mandato expreso de la Comisión, se estudió específicamente el tema de los regadíos ilegales en la cuenca cedente, que se concluyó que, en todos los casos, podía rondar el 2 por ciento. En cualquier caso, el Plan hidrológico nacional quiere garantizar su erradicación y bajo ningún concepto fomentar una política basada en el consumo ilimitado del agua, que -coincido con todos ustedes- no puede ser la cultura del agua en España. Sólo garantizamos la atención de demandas hoy existentes inatendidas. Por eso, nosotros trasvasamos 1.050 hectómetros y no proponemos trasvasar 4.000, por eso prohibimos expresamente en la ley la creación de nuevos regadíos.
Señor Llamazares, el Consejo Nacional del Agua no lo hemos hecho nosotros. Es el órgano preceptivo que establece la ley de consulta previa al debate en las Cámaras y en este Congreso. No lo hemos hecho nosotros y hay una amplia representación social. Todo el mundo ha podido exponer lo que ha querido y al final ha habido un amplio apoyo. No he querido decir - quiero decirlo públicamente- que los ecologistas votaron en contra del proyecto. No es menos cierto que estuvieron a punto de abstenerse. Lo único que les he leído es el voto particular que ellos han expresado en su grupo, un voto particular en el cual reconocían que

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se había hecho un trabajo importante y que se había mejorado sustancialmente el proyecto. Yo siempre he reconocido, públicamente, que este proyecto ha sido mejorado de forma sustancial gracias a esa labor; incluso 14 embalses se suprimieron del proyecto inicial.
No sé que relación tiene la desalación con el trasvase, pero es igual, no estoy de acuerdo. Son 52 pesetas. El cálculo está bien hecho. No se puede triplicar este concepto. Si se produjera la catástrofe del cambio climático en este país, si se produjera, tal como los diagnósticos más agoreros aventuran, el menor problema que tendríamos sería el del agua de los ríos. Tendríamos muchos más problemas. Creo que esto nos tiene que preocupar en serio. El mundo nunca se puede permitir llegar a esos escenarios y en esas condiciones. Yo estoy convencido de que así será. Por eso necesitamos el compromiso de todos los países y de todas las administraciones, para evitar que este cambio se produzca.
Me merece total credibilidad la actuación del anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Es un tema que está sub júdice, por lo cual yo le pido respeto, pero, como ministro, le puedo garantizar que nosotros tenemos toda la garantía de que se obró perfectamente. ¿Qué podemos hacer? Además de insistir en esta absoluta convicción de que las cosas se hicieron correctamente en la etapa anterior, dejar que los tribunales actúen y dar todas las facilidades que podamos por nuestra parte, porque estamos seguros de que al final nos darán la razón. Yo no puedo decirle nada más. No es que no quiera contestarle, todo lo contrario.
Uno de los proyectos con los que ha dicho que no estaba de acuerdo es Melonares. Vuélvalo a analizar, porque Melonares lo ha aprobado la Unión Europea. Melonares es un proyecto emblemático y es un ejemplo de muchas de las obras que vamos a tener que llevar a cabo en este país, en muchos de los embalses. ¿Por qué? Porque son obras de más de 7.000 millones de pesetas de inversión, donde la obra civil sólo representa unos 3.000 millones de pesetas y, en cambio, las medidas compensatorias suben más de 4.000 millones de pesetas. Y ha sido un proyecto que ha aprobado la Unión Europea.
He leído el pacto del agua y lo que exige es que se hagan las obras.
La interpretación final del pacto del agua la dejaremos en el aire.
Está claro que usted está en contra de Biscarrués de Santa Liestra y de Yesa, y yo tengo el derecho de preguntar si los ciudadanos que se movilizan en estas manifestaciones, que son muy respetables y que tienen mucha carga de razón en sus demandas, están de acuerdo con usted en que estas tres obras no se hagan o si quieren que se hagan.
Usted comprenderá que yo tenga derecho a saberlo y a preguntarlo.


Que en Murcia no hay agua, señor Labordeta. ¿En Murcia no hay agua? ¿En Almería no hay agua? Dígaselo a todos los murcianos y a todos los andaluces que hay aquí. En Murcia no hay agua. Tenemos los embalses en un 30 por ciento, incluyendo parte del agua del trasvase. Si deflactamos el agua del trasvase, estaremos hablando por debajo de un 20 por ciento. En Murcia no hay agua, en Alicante no hay agua. En Barcelona capital, el señor Clos sabe perfectamente que tiene problemas de agua, lo sabe perfectamente.
La prueba, la experiencia, es la del Tajo-Segura. El Tajo-Segura no siempre ha trasvasado la totalidad de las aguas. Hay una comisión técnica de desembalse, que es la que aprueba la cantidad de trasvases que se tienen que realizar, por mucha sequía que pueda haber en otro lugar. Es la que tiene que garantizar esto. En cuanto a las inversiones en Andalucía y la pregunta que yo le hacía, que era la otra que me parecía muy importante, es que gran parte de sus compañeros lo que proponen es un trasvase, no, como usted dice, del Tajo, sino del Guadiana internacional. Le ruego que recapacite sobre esto, porque nosotros hemos establecido un cierto acuerdo en estudiar este tema. Ellos se inclinan mucho más por esto y son los representantes de las comunidades de agua de Andalucía, incluso la propia Junta de Andalucía. Esa era la tercera pregunta. Y efectivamente, hay inversiones en Galicia, e importantes, y Galicia tiene una cuenca interna. Y en las comunidades donde tiene una cuenca interna, se deflacta esta situación.
No quiero entrar en las distintas declaraciones de representantes políticos, y sería muy fácil, del Partido Socialista, en Murcia, en Valencia, en Almería, poniendo en tela de juicio esta unidad de mensaje que ustedes se atribuyen. No vale la pena, sinceramente. Sí vale la pena intentar buscar puntos de acuerdo e intentar evitar los enfrentamientos.
Para finalizar mis palabras, me tienen que permitir que les lea un párrafo que me parece importante, en el que creo y que suscribo totalmente. Dice: El plan es una gran ocasión para hacer política de Estado. Habrá grupos regionales, sumidos en el regional populismo, que cultiven el ombliguismo, el agravio. Habrá quien se dirigirá a las vísceras de la gente para presentarles el plan como un atentado contra su futuro, cuando realmente es la forma inteligente de construir el futuro de todas las partes del territorio español. A nadie, en ninguna zona, se le va a privar del agua que necesita.
Sobra agua. Lo que falta es responsabilidad para movilizarla de forma que beneficie a todos. Josep Borrell. 3 de enero 1993. Estoy totalmente de acuerdo. (Aplausos.) Totalmente de acuerdo y públicamente quiero reconocerle estas palabras y su esfuerzo, sin querer entrar en ningún tipo de polémica, sino todo lo contrario.
Quiero agradecer también la colaboración del Partido Popular, de sus miembros, diputados y diputadas de esta Cámara, que me han ayudado a elaborar este proyecto. Quiero agradecer al Partido Nacionalista Vasco, independientemente de cuál sea el sentido de su voto, de forma especial su colaboración dentro del ConsejoNacional del Agua, haciendo aportaciones y propuestas

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que pudieran enriquecer y mejorar el proyecto; insisto, independientemente de cuál sea el sentido de su voto. Les ofrezco una vez más nuestra predisposición, a través de las enmiendas parciales de este proyecto, si hoy se rechazan las enmiendas de devolución, a intentar recoger sus propuestas y sus sensibilidades. Quiero agradecer expresamente a Coalición Canaria su colaboración en este proyecto, el acuerdo que hemos alcanzado, no sólo como con muchas otras comunidades autónomas de todos los signos políticos en las cuestiones referentes a sus propias inversiones y a la implicación propia de su comunidad autónoma en este proyecto, sino la consideración y la aportación global a un proyecto nacional como es este proyecto de Plan hidrológico nacional. Naturalmente, al Grupo de Convergència i Unió quiero no sólo agradecerle su predisposición, sino decirle que voy a esperar su turno de intervención para poder contestar adecuadamente. Pero creo que estoy en condiciones de decir que el Partido Popular va a garantizar un principio de acuerdo con Convergència i Unió en este proyecto, que espero que pueda demostrárselo y reiterárselo tanto en mi turno de respuesta a su intervención personalmente, como a lo largo de la tramitación de las enmiendas. Creo que es una buena noticia el que hoy podamos anunciar aquí, y en este sentido yo se lo pueda demostrar, que existe un principio de acuerdo entre Convergència i Unió y el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos hablando, sin duda, en un debate importante de un recurso tan escaso como es el agua, seguramente tan escaso como el tiempo, por eso voy a ser breve en fijar la posición de mi grupo y hacer una pequeña reflexión sobre cómo hemos visto nosotros el debate a lo largo de esta mañana.
Es muy difícil encontrar un nivel de consenso en un tema tan polémico cuando lo que se discute es cómo repartir un recurso sin duda escaso.
Encontrar el consenso es un proceso complejo, y sólo se da en el tema del agua después de un largo proceso y después de que la racionalidad y una visión responsable, rigurosa y solidaria, se imponga sobre intereses particulares por muy legítimos que sean todos ellos. Cómo construir el interés general, en este caso del territorio peninsular, es un proceso, repito, complicado y difícil que necesita actos como el de hoy, votaciones como las de hoy, leyes como la de hoy y la continuidad del diálogo habido. Necesitará un proceso relativamente largo, pero el acto de hoy, la aprobación de esta ley me parece que es un paso que sin plantear que esta ley sea perfecta, avanza en la dirección de irla corrigiendo no sólo en el trámite de enmiendas, sino en el proceso de aplicación de la ley.
Hago esta reflexión porque los canarios, señorías, ya hemos vivido esta experiencia. A pequeña escala los canarios hemos vivido la experiencia del drama del largo conflicto del agua, y lo hemos vivido antes porque nuestra escasez es mayor. Nuestro territorio tiene problemas de agua mucho más graves que los que tiene el territorio peninsular, y lo hemos vivido antes por eso. Los crecimientos de población y los crecimientos de la actividad económica han aumentado la demanda, mientras que las cantidades de producción más o menos se mantenían. Les quiero comentar muy brevemente, porque nuestra pequeña historia puede ser un elemento de reflexión general a los pueblos de España, que nosotros hemos vivido la batalla del canal del trasvase, que llaman del trasvase sur-norte, en una isla, y ha sido una batalla muy dura, porque les quitábamos el agua a una cuenca, a unos agricultores, para entregársela a otra. Ahí lo que se debatía era qué agricultura teníamos posibilidades de desarrollar y si era rentable el precio del agua, porque el gran debate que hay aquí también con respecto a los grandes consumos de agua, que son los agrícolas, es qué futuro tiene la agricultura española en la política agrícola común. Esa reflexión hay que introducirla. No vamos a seguir reduciendo todos de todo. Hay que especializar, especializar territorios, y no es posible pensar que hay territorios que quedan un poco más desiertos porque tienen un clima continental fuerte y las posibilidades agrícolas de ese territorio no son las adecuadas y hay que ir más a la planificación forestal, como aquí se ha planteado esta mañana.
Hemos vivido no sólo ese debate sino que también vivimos lo del dominio público del agua sobre los temas de las aguas subterráneas con la ley anterior. Eso supuso la crisis gravísima de un gobierno en Canarias. Un debate sobre propiedad e interés público, concepción del dominio público, nos llevó a un conflicto complicadísimo. Pero también descubrimos que en un territorio como Canarias, de una alta rentabilidad en el sector turístico, necesitábamos plantas desaladoras y apostamos por ellas. Y las islas, que apostaron antes por plantas desaladoras, tienen en este momento soluciones de ese tipo.
Hace falta trasvases, plantas desaladoras y equilibrios en el conjunto de la producción, de la demanda, de la oferta y de los intereses de unos y de otros, pero todo ese proceso es muy complejo.
Porque en el debate del agua no sólo hay intereses sino que hasta hay subconscientes colectivos acumulados durante siglos. En Canarias ha habido debates hasta sobre el dios Garoé. Los ríos son los dioses. El dios Nilo... Cuando uno tropieza con la divinidad, y la divinidad te protege, difícil es establecer los intereses; o cuando uno saca a la Virgen para que llueva. Cuando uno tiene, por un lado, la divinidad que protege tus intereses y, por otro lado, los

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que quieren quitártelos, la irracionalidad domina el debate. En Canarias lo hemos sufrido. Cuando las ciudades incrementaron el consumo de agua se abrió un debate que aquí también se ha planteado.
Esto se produjo hace años. Repito que no somos adelantados por ser más inteligentes, por supuesto que no, somos adelantados porque los recursos eran escasos. El debate de las ciudades era cuánta agua hay que producir por la desalación, cómo reciclarla y qué contaminación produce eso. Nosotros teníamos y tenemos barrios en la ciudad de Las Palmas donde la desaladora está produciendo problemas muy graves en la ciudad porque el precio de la desaladora, como se ha planteado aquí, tiene mucho que ver con el tipo de combustible que se usa. Un fuel barato, según los precios que ha dado anteriormente el portavoz del Grupo Socialista, es altamente contaminante.
También está el tema de la nueva cultura del agua, que es sobre lo que resulta obligatorio que la sociedad española reflexione. Y es que las aguas hay que reciclarlas, y el agua producida en la desalación, si se utiliza una tecnología un poco más cara, es reciclable y otras no, y la reciclabe puede ir dirigida a consumos agrícolas. No se puede regar el campo a manta sino que hay que aprovechar el agua con tecnologías intensivas, que son distintas a las que se usan en general en España. Uno puede desalar agua si los ciudadanos entienden que el agua le puede costar entre 150 y 200 pesetas el metro cúbico y no se lo regalan los ayuntamientos, como se regala en la mayoría de España. El problema no es sólo el de las pérdidas en la red, que también (cuando el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad vienen las altísimas pérdidas en la red), sino que existe otro problema y es cuánto se cobra al ciudadano y cuánto agua ahorra este último. En Canarias nunca se deja abierto un grifo. En la península se suele dejar abierto. No es que nosotros seamos ahorradores y los ciudadanos peninsulares no, es un problema de los costes y de la escasez.
A los canarios, señoras y señores diputados, ese largo conflicto nos ha llevado a que hoy no lo tengamos. Prácticamente no hay conflicto en Canarias. Y no es que no haya conflicto porque de repente llueva.
En la España peninsular estos meses ha llovido muchísimo y en Canarias tenemos una larguísima sequía, por tanto, lo lógico es que tuviéramos el conflicto allí, pero no lo tenemos porque hemos ido integrando en el diálogo (un diálogo muy difícil, con muchos elementos de interés parcial y particular lógicos) el interés general.
El debate de los políticos tiene que ser cómo ver el interés general de España y cómo crear una política de reparto justo, de justicia en la distribución, pero también un proceso de solidaridad y de rentabilidad. Porque muchas veces los trasvases de agua, como ha sucedido en Canarias, producen también trasvases de población, y no es ningún drama. Y si las ciudades crecen en los centros urbanos de la periferia, pues es así, es el modelo de sociedad y de crecimiento que tenemos hoy. Y si hay que apostar por un turismo de calidad, pues hay que hacer campos de golf, que consumen agua. El debate no es entre la agricultura de baja rentabilidad o un campo de golf, sino la especialización económica de los sectores que son rentables para crear calidad de vida a la población.
Cuando oía este debate esta mañana, me acordaba (porque hoy se ha citado aquí hasta el museo del Louvre y la antigüedad) de un viejo cuento hindú -y con esto termino, señora presidenta- que leí en los cursos de inglés cuando era niño. El cuento trata de un grupo de ciegos que caminan por la India con sus bastones y oyen un ruido ensordecedor. Un ciego se acerca a lo que él creía que era el ruido, lo toca y dice: Es una espada. Estamos hablando de un elefante -les cuento el final del cuento-, pero lo tocaba por el colmillo. Otro grita: No, si es una serpiente. Lo tocaba por la trompa. Hay otro que toca al elefante por un lado y dice: Es una casa. Los ciegos, en el cuento, acaban matándose a bastonazos porque lo particular de lo que tocan no les permite ver lo general; la idea del interés general. La pregunta, amigos, es: ¿tenemos los políticos que ayudar a que los ciegos se maten o explicarles que lo que hay es un elefante? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa de Eribe.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores parlamentarios, señor ministro, como representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), me corresponde fijar posición ante el texto alternativo presentado por el Grupo Socialista y las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos al proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, enmiendas que hoy discutimos.
El señor ministro ha sido muy claro en sus exposiciones y yo quiero corresponder con la misma claridad. No interprete, si mis decibelios son un poco altos -es mi forma de hablar-, que hay agresividad en mis palabras, simplemente quiero que haya claridad.
En primer lugar, quiero recordar que ya en la comparecencia que el señor ministro de Medio Ambiente tuvo ante la Comisión correspondiente para explicar las líneas generales de la política de su departamento, celebrada el 6 de junio de 2000, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco pidió al Gobierno que presentase el Plan nacional de regadíos junto al Plan hidrológico Nacional, dado que, de otra forma, nuestro grupo entendía que quedaba sin estudio ni justificación el 80 por ciento del consumo de agua en el Estado. El señor ministro argumentó entonces que el plan de regadíos

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no tenía vinculación con el Consejo Nacional del Agua, como la tenía el plan hidrológico, y, por tanto, que se podía presentar con posterioridad, llegando a discutirlos conjuntamente en esta Cámara.
Pese a eso que se dijo, el plan de regadíos no se ha presentado, no ha llegado y ha dejado coja, insuficiente e imprecisa la discusión; nos ha dejado sin datos suficientes para establecer la posición al respecto, ya que, en lugar de aceptar como cifra lógica el consumo agrícola actual, que es el preámbulo del plan, había que haber hablado del provenir que se presenta a la agricultura en el Estado con un horizonte a 20 años vista; si vamos a seguir aumentando producciones que en este momento los cupos europeos ponen en cuestión, como puede ser la remolacha; si vamos a seguir teniendo problemas regando los almendros para luego recoger los frutos secos; si vamos a tener problemas de exceso de producción de aceite implantando nuevos olivares y regándolos; si vamos a tener problemas con el exceso de producción de hortalizas, para lo que no tenemos mano de obra suficiente y tenemos que importarla. Quizá habría que plantearse si, dentro de ese horizonte, las expectativas de trabajo para parte de la población española mejoran y, dentro de la globalización de la economía, lo que hay que hacer es que ciertos productos se recojan en otros países y no en el nuestro.
Tampoco se discute -que era lo interesante y lo que creo que había que hacer- sobre la política forestal previamente; no se discute sobre la política turística para el futuro; no se discute sobre la ordenación del territorio, y por tanto creemos que no tenemos los datos exactos para afrontar este debate, que es muy importante. Hay que recordar que si consiguiésemos un ahorro de un 12 por ciento en el consumo agrícola actual, ahorro que a nosotros se nos antoja muy factible dejando de regar por sistemas como riego a manta o riego por aspersión, que no son desde luego los más adecuados para la climatología y el índice de evaporación de este país, tendríamos, con ese 12 por ciento de ahorro, el doble de consumo humano en nuestras existencias actuales. Por tanto, creemos que esto está cojo, repito la expresión.
Por otra parte, tengo que reconocer que en las discusiones y negociaciones habidas antes y durante la celebración del Consejo del Agua, el representante del Ministerio estuvo en contacto con el representante del Gobierno vasco, y quedó patente que las discrepancias en cuanto a obras territoriales eran fácilmente subsanables en lo que corresponde territorialmente al País Vasco, pero que ya había más difícil compostura para ponerse de acuerdo en lo que incide en aspectos competenciales y filosóficos del plan hidrológico. De esta forma, se pactó una propuesta de acuerdo que, si bien no satisfacía plenamente las aspiraciones del Gobierno vasco, permitía una aprobación condicionada del texto. Pues bien, tengo que decir que esta propuesta de acuerdo pactada, que supuso el voto positivo del representante del Gobierno vasco, no ha sido refrendada por el Ministerio.
Pero posteriormente además se ha dado una variable importante, como lo manifestamos la pasada semana en nuestra pregunta a usted, señor ministro, en que el listado de obras que acompaña como anexo al proyecto de ley que hoy se debate no es el mismo que el aprobado en el Consejo Nacional del Agua, con inclusión de alguna obra que afecta territorialmente a Álava, por lo que nos veremos obligados a reservarnos las actuaciones que al respecto podamos ejercer. Las discusiones de tipo técnico, ecológico, económico, que son ampliamente criticadas en las enmiendas presentadas por los grupos que nos han precedido y que han sido desde luego debatidas suficientemente, no han podido ser contrastadas hasta la fecha por no haberse iniciado aún el trámite de comparecencias solicitadas por los grupos.
Con todas estas carencias, vamos a intentar centrar nuestro comentario sobre el texto presentado, incidiendo en el aspecto filosófico y competencial, del que no se ha hablado, porque creo que otros aspectos puramente hidráulicos o puramente cuantitativos, económicos del proyecto sí se han tratado en esta tribuna, y no es cuestión a estas horas de volver a bombardearles a ustedes con los mismos datos que se han manejado. Tengo que decir que coincidimos en bastantes de las cosas que aquí se han dicho y que, sin embargo, entendemos que hay otras bondades en el plan presentado. Le voy a aclarar ciertas cosas. Nosotros no estamos en contra de los trasvases per se. El parlamentario que les habla viene de un territorio, Álava, donde está funcionando el primer trasvase de la historia del Estado español, Ebro-Cantábrico, trasvase que, por cierto, ha sido duramente criticado por prohombres con formas realistas del Partido Popular al Parlamento vasco. Se ha criticado de forma sangrante, pero me alegro de que en este momento tengan distinta opinión al respecto y no les parezca mal que Bilbao se abastezca de agua procedente de Vitoria, concretamente de la cuenca del Ebro.
El proyecto de ley objeto de esta valoración sigue, en cuanto a visión patrimonialista del dominio público hidráulico, la senda marcada de los procesos constitucionales interpretativos del régimen competencial, con resultados que evidentemente no compartimos y sobre los que ya en relación con la ley de modificación de la Ley 29/1985, de Aguas, nos posicionamos suficientemente y que cabe reiterar una vez más en relación con este Plan hidrológico nacional. Queda claro que con la planificación que se hace en el plan -y valga la redundancia- queda un complejo entramado en manos de la Administración del Estado, frente a un mero potencial de competencias autonómicas ciertamente muy difícil de identificar. Si ya es difícil que la naturaleza haya trazado una cuenca intracomunitaria sobre la que desarrollar una planificación propia, después vendrá la proyección intensa de la protección del dominio públicohidráulico que justificará la competencia del Estado, y

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si no, al final de este túnel, quedará el uso del concepto del interés general que, desgraciadamente, se interpreta sin ningún rubor frente a un supuesto interés autonómico.
Centrándonos en la literalidad del proyecto de ley, una visión general del mismo nos permite poner el acento en determinadas cuestiones que pasamos a exponer a continuación. En la exposición de motivos del proyecto se efectúa una expresiva referencia a la directiva marco en materia de aguas, la Directiva 2060 de la Unión Europea, al decir que el Plan hidrológico nacional hace suyos los principios esenciales de la directiva, haciendo patente la voluntad del legislador de incorporar al derecho de aguas la filosofía inspiradora de la misma. Sin embargo, tal vez el Plan hidrológico nacional se ha quedado únicamente con la filosofía del marco europeo, pero no ha sabido incorporar los contenidos reales de la directiva.
Un primer ejemplo de lo que decimos es la ausencia de adaptación al concepto novedoso de demarcación hidrográfica que introduce la directiva. Como es bien sabido, el concepto novedoso introducido por la directiva al que aludo comprende la zona administrativa marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas a la misma.
Interesa recalcar la inclusión dentro de las demarcaciones hidrográficas de las aguas costeras asociadas tal como aparece en la propia directiva. Esta novedad debería haber producido una modificación competencial sobre lo que el ordenamiento jurídico -principalmente la Ley de costas en este momento- considera dominio público marítimo-terrestre. Sería pertinente que el proyecto de ley que ahora vemos contemplara esta adaptación, tanto en relación con las consecuencias de corte competencial que se han de producir como con la introducción entre los contenidos del Plan hidrológico nacional de referencias certeras a este tipo de aguas. Para nosotros esta es una gran ausencia tanto desde el punto de vista sustantivo regulador como desde el competencial de la consideración actual del derecho de aguas.
La exposición de motivos habla también del principio de coordinación, y hace una acertada referencia al aspecto técnico y metodológico de los criterios de coordinación, que va en consonancia con la doctrina sostenida por el Tribunal Constitucional a este respecto al hilo de la construcción del principio de coordinación; viene bien recordar la sentencia 32/1983 del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la parte dispositiva del proyecto se aleja por completo de este planteamiento y, en su artículo 6, al remitir a futuros reglamentos la regulación de los criterios de coordinación, no incorpora la especificación de que estos mismos criterios han de referirse a aspectos técnicos y metodológicos. Entendemos que con ello se da un cheque en blanco al Gobierno para que base el principio de coordinación en criterios de contenido material, que a priori puede ser ilimitado. No debemos olvidar la sentencia 227/1988 del Tribunal Constitucional, en la que se declaró que la facultad del Gobierno de aprobar los planes de cuenca intracomunitarios no podía ser un mecanismo de control y que en tal sentido debe considerarse el artículo 38 de la Ley de aguas, lo que acentúa la necesidad de una coordinación y de integrar la voluntad autonómica en el conjunto de la política hidráulica. En definitiva, la Administración del Estado no puede establecer unilateralmente en un plan hidrológico cualesquiera prescripciones vinculantes para la planificación urbanística u otras actuaciones públicas de competencia autonómica en virtud de una genérica potestad de coordinación, sino tan solo en la medida en que cuente con un título competencial específico para ello.
Todavía podríamos entresacar otras indefiniciones del proyecto en lo que se refiere a adecuación ambiental, porque esta adecuación se puede conseguir mediante el sometimiento de todos los proyectos a la correspondiente declaración de impacto ambiental. Usted sabe que la normativa medioambiental vasca exige una evaluación no sólo de los proyectos de obras e instalaciones, sino también de los planes y programas previos, ya sean sectoriales o territoriales, de los que aquellas traigan causa. Entendemos que no está ni suficientemente recogido ni bien recogido.
En íntima conexión con el área medioambiental, se encuentran determinadas previsiones sobre reservas naturales -en el caso del plan hidrológico son reservas hidrológicas- que es necesario proteger por motivos ambientales. El proyecto vuelve a desconocer las facultades autonómicas en este ámbito.
A este respecto le recordaría nuevamente la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988 en el mismo sentido y, sin embargo, el Plan hidrológico nacional prejuzga la distribución competencial e invade las competencias de las comunidades autónomas claramente en materia tanto de ordenación del territorio como en medio ambiente y en protección de la naturaleza, asignando al Consejo de Ministros la declaración para la reserva de determinados recursos naturales. No estamos de acuerdo. En relación con la obra hidráulica de interés general, el plan hidrológico se olvida de introducir previsiones concretas que hagan factible el principio de coordinación, la actuación autonómica, etcétera.
Pues bien, señores del Gobierno y partido que le apoya, siendo esto importante hay otro aspecto que aún nos preocupa más. A nosotros, que se nos suele acusar de no tener sentido de Estado, nos preocupa más si cabe con qué se está jugando y cómo se está jugando. Estamos tratando de un plan que en menos de una década (nosotros creemos que el horizonte se va a ir a unos veinte años porque la capacidad constructiva en el Estado español es la que es y si esto lo va a mezclar usted con los planes de ferrocarriles, del AVE, de puertos, etcétera, aeropuertos, al final no va a haber capacidad constructiva) propone invertir tres billones, cuya procedencia

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desde luego no se justifica claramente y parece que al final el Gobierno pretende aprobarlo por atributos. No creemos que este sea el camino.
A este respecto permítame que le cuente, con el beneplácito de la Presidencia, una pequeña anécdota muy ilustrativa. A principios del siglo pasado -no voy a citar el parlamentario no sea que alguien invoque el artículo 71 por alusión a su tatarabuelo-, cuando el carbón parecía el motor de toda la economía, un ministro del Gobierno de Madrid, ministro de Fomento, decidió unir por ferrocarril la mina de La Camocha con el puerto del Musel, ambos en Gijón, en contra de la opinión de la oposición. Dicho y hecho, se comenzó la construcción de la infraestructura, incluidos largos tramos en túnel y en contra, insisto, de la opinión constante de la oposición que entendía aquella obra no necesaria. Estando ya casi finalizada la obra, a falta de los raíles y poco más, hubo cambio de gobierno y el proyecto se clausuró dejando enterrados miles de reales del erario público, con el único aprovechamiento de que uno de sus túneles, construido en piedra de sillería, precioso, recientemente ha sido aprovechado por un avispado y emprendedor industrial asturiano para montar en él una preciosa sidrería, que ustedes pueden visitar porque es aleccionador, pero los reales, insisto, de aquel proyecto están enterrados por no haber avenencia entre la oposición y el Gobierno.
Pues bien, señores del Gobierno, señores de la oposición, no hagan ustedes como el ministro de la anécdota, dialoguen con la oposición, dialoguen de nuevo y le reconozco el esfuerzo que se ha hecho en el órgano del agua. Usted lo ha dicho aquí públicamente y se lo tengo que reconocer, ha habido avances importantes, pero nos encontramos con que en esta sesión el partido del Gobierno y el partido mayoritario de la oposición están tirándose los trastos a la cabeza en un plan importantísimo para el devenir de la vida económica en el Estado. Nosotros entendemos que ese no es el camino y en ese sentido, señoras y señores parlamentarios, como entendemos que un plan hidrológico es absolutamente necesario, a nuestro juicio debe ser más trabajado y mejorado aún.
Vamos a votar a favor de la devolución del plan al Gobierno, y entiéndase esta devolución, señor ministro, no como un rechazo completo de ese plan, sino como un método para conseguir más tiempo de discusión. Entiéndalo usted así porque le decimos que hay aspectos positivos en ese plan, pero es sencillamente mejorable. Desde luego, no vamos a apoyar el texto alternativo del PSOE porque en algunos aspectos nos parece regresivo. Aunque tenga algunas declaraciones que podemos entender positivas, no creemos que sea un texto apoyable y en ese sentido va a ser nuestro voto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Trías.


El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, debatimos hoy en esta Cámara las enmiendas de totalidad al proyecto de ley del plan hidrológico. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Desde Convergencia i Unió partimos de la realidad de que existe una mayoría absoluta en esta Cámara y que sólo desde el diálogo y desde la voluntad de consensuar enmiendas podremos conseguir que se modifique el proyecto de ley que se nos presenta, que es el proyecto de ley del PP y que tal y como está redactado hoy no es el proyecto de Convergencia i Unió.
Señores, el debate del plan hidrológico es un debate de Estado.
Decían ayer -con una retórica florida a la que me cuesta acostumbrarme- que era esencial para la vertebración de España. Un tema tan importante como éste precisa tiempo, no puede aplicarse ni en un año ni en dos ni en cinco ni en diez y requiere consenso con los principales grupos parlamentarios, consenso que deberá garantizar su estabilidad y su aceptación.
Desde Convergència i Unió reclamamos un pacto de Estado en este ámbito, pero también reclamamos pedagogía y sensibilidad. Nadie puede acusar a los habitantes del delta del Ebro y de Cataluña de falta de solidaridad. Cataluña ha ejercido durante años esta solidaridad, y en lo que respecta al agua, usted ministro lo conoce bien de cuando era presidente de las Illes Balears. Por tanto, somos conscientes y sabemos bien que la solidaridad es necesaria, pero el Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo apoya deben conocer también que las quejas que hoy formulan los habitantes del delta del Ebro a este proyecto de ley son legítimas. Hay aspectos de este plan que deben ser modificados si queremos preservar el equilibrio territorial, ecológico y ambiental de esta zona, así como su futuro.
Señorías, desde Convergència i Unió decimos un sí al diálogo, un sí a la búsqueda de acuerdos y reclamamos que desde el Gobierno se dé la información suficiente, veraz y pedagógica a todos los afectados. No se puede plantear en las tierras del Ebro un proyecto de plan hidrológico como el presentado por el Gobierno y esperar a que las tierras del Ebro lo acepten sin más, cuando están viendo que desde la construcción de los pantanos de Mequinenza y Ribarroja, el delta, su delta, el delta de todos está en regresión. Cuando los habitantes del delta del Ebro muestran su rechazo a este plan lo hacen también desde el sentimiento legítimo de preservar su identidad. Dice un refrán popular:«Riu amunt i riu avall se?n va el cor i el cor me ve». El Ebro no es sólo un río para ellos, constituye algo más que un tema hidrológico, es también parte de su identidad colectiva, es su historia, es su presente y debe ser su futuro, un futuro que todos nosotros debemos garantizar.


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Por ello, cualquier proyecto de plan hidrológico debe afrontarse desde el respeto a esta identidad y tiene que venir además acompañado no sólo de un plan integral que contribuya a la regeneración de esta zona y que garantice su pleno respeto al equilibrio ecológico, sino que también tenemos la obligación de crear las condiciones que garanticen el futuro de las tierras del Ebro. Esta es precisamente la principal intención de Convergència i Unió al abordar la tramitación parlamentaria de este proyecto: dar las suficientes garantías a las tierras del Ebro y a sus habitantes de que su futuro seguirá estando allí, junto al Ebro. Usted y su Gobierno han hablado de diálogo -me satisface- y han tenido palabras indicando que buscan un acuerdo.
Hemos de ver si a través de este proceso de diálogo se alcanzan mejoras sensibles en este proyecto, mejoras en la línea de las alegaciones propuestas por la Generalitat de Cataluña en su momento y que transformaremos en enmiendas al articulado. Si no se tuvieran en cuenta estas enmiendas, sería difícil -imposible, diría yo- nuestro apoyo al mismo.
Señorías, ¿cuáles son nuestras discrepancias al plan y que van a ser objeto de enmiendas por parte de nuestro grupo parlamentario? En primer lugar, Convèrgencia i Unió considera que la ley debe garantizar los caudales mínimos ecológicos. En el proyecto de ley no hay garantías de la existencia en el tramo final del río Ebro de un caudal suficiente que asegure el equilibrio ecológico y ambiental del mismo. Además la ley tiene que garantizar a las autoridades competentes aquellos mecanismos que posibiliten el cumplimiento de este mandato; algo que no ocurre en estos momentos. El plan hidrológico tiene que garantizar por vez primera el caudal ecológico del río. Esto implica, entre otras cosas, la prohibición de efectuar trasvase alguno entre los meses de mayo y octubre. En segundo lugar, estamos convencidos -y el tiempo nos dará la razón- de que del Ebro no se pueden trasvasar los 1.050 hectómetros cúbicos/año que están previstos en el plan. Nosotros consideramos, con los criterios y datos hidráulicos y ambientales que poseemos, que del tramo final del Ebro solamente pueden extraerse un máximo de 200 hectómetros cúbicos/ año y que se pueden, eso sí, aprovechar unos 400 ó 500 hectómetros cúbicos/año de los canales de regantes. Ante esa situación, hemos de buscar fórmulas alternativas al trasvase del Ebro. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta estas fórmulas alternativas al trasvase del Ebro y estas pueden provenir del ahorro, de la reutilización del agua, de la construcción de plantas desalinizadoras y de las aguas procedentes de otras cuencas, sean estas internas o externas; y cuando hablo de externas hablo del Ródano. Les pido que no tengan miedo a esta palabra, no es tan espantoso hablar del Ródano.
Señorías, es necesario que para solucionar el déficit de agua existente en la cuenca mediterránea se acepten otras fuentes de suministro además del Ebro. Sinceramente, les ruego que lo estudien; estúdienlo y verán que es posible.
En cuarto lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que el plan presentado por el Gobierno debe recoger la aprobación de un plan integral de protección del delta del Ebro y de su zona de influencia. No se podrá ejecutar ningún trasvase sin la aprobación y desarrollo del plan integral de protección del delta.
Además, si el plan integral no demuestra que el trasvase es posible hidráulica y ambientalmente, este no se llevará a cabo. Por tanto, señorías, si se ejecuta el plan será porque la garantía ambiental del delta y del río está asegurada y contemplada en el plan integral.
Este plan integral deberá contener como mínimo los aspectos siguientes: la definición del régimen hídrico del río, la implementación de un programa para evitar la regresión, el plan de lucha contra la intrusión salina, un plan de inversiones para la realización de las obras en las lagunas, los canales y la bocana del río, el cumplimiento del Convenio internacional de Ramsar, que contempla el delta del Ebro como una zona protegida en su ámbito de aplicación, así como el cumplimiento de las directivas europeas de protección de estas zonas. Asimismo tenemos que garantizar que la totalidad de sectores productivos del delta -el cultivo de arroz, la pesca, la agricultura y el turismo- sean objeto de inclusión y estudio en el plan integral. Para financiar parte de estas inversiones, la revisión de las concesiones de los canales no se pagará a las comunidades de regantes, sino que revertirá en inversiones en el delta y en las cuatro comarcas que conforman la región de las tierras del Ebro. En quinto lugar, en opinión de Convergència i Unió, antes de proceder a cualquier trasvase se tiene que crear un órgano de gestión y representación, que bajo la presidencia de la Generalitat garantice la defensa ambiental del delta. En sexto lugar, en el caso de que exista un trasvase de aguas de la cuenca del Ebro hacia otras cuencas, deberá garantizarse que la cuota ambiental del canon del trasvase revierta básicamente en las tierras del delta del Ebro por ser este el único lugar en el que el trasvase puede provocar efectos medioambientales, económicos y sociales negativos. En séptimo lugar, los embalses de Mequinenza y Ribarroja tendrán que tener un nuevo régimen de explotación, régimen de explotación que tenga en cuenta, en primer lugar, que es necesario sacar los sedimentos acumulados para que ayude a que por el río circulen los caudales ecológicos que necesita el ecosistema; en segundo lugar, estamos obligados a buscar un proceso innovador que aporte sedimentos que frenen la regresión y, en tercer lugar, con desembalses de caudales programados e intensivos podríamos frenar y paliar la intrusión salina actual. En último lugar, señorías, se tienen que incorporar al plan hidrológico aquellas inversiones propuestas por el Gobierno de Cataluña en materia de obras hidráulicas, regadíos y actuaciones ambientales.


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He efectuado un breve repaso a las principales enmiendas que mi grupo va a plantear durante la tramitación de este proyecto. Son enmiendas que tienen una única finalidad: garantizar el futuro de las tierras del Ebro. Las inversiones y mejoras planteadas en nuestras enmiendas persiguen dos objetivos: adecuar el equilibrio ecológico y territorial del delta del Ebro y posibilitar un crecimiento armónico que sea capaz de garantizar el futuro para los ciudadanos y ciudadanas de estas cuatro comarcas. Las inversiones y mejoras que nosotros hemos planteado para las comarcas del Ebro pueden transformar y garantizar el pleno desarrollo de estos territorios.
Señorías, quisiera hacer referencia, para finalizar mi intervención, a la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Socialista. Consideramos que es un texto claramente oportunista e ilustra una actitud poco adecuada para un partido con voluntad de Gobierno. Un plan hidrológico no es un proyecto que se redacte de la noche a la mañana, buena experiencia tiene en ello el Grupo Socialista. La confección del actual plan hidrológico es un proyecto que en España ha tardado más de veinte años. El actual proyecto se empezó a gestar bajo un Gobierno socialista y ha sido terminado por un Gobierno del Partido Popular. Y si tenemos memoria histórica, y basta para ello ir a las hemerotecas, se ve con sorpresa cómo lo que ahora critican hasta la saciedad los representantes socialistas antes era defendido con especial ahínco por los mismos. ¿O acaso no se acuerdan de que el plan hidrológico elaborado en 1993 por los socialistas contemplaba unos trasvases de la cuenca del Ebro del orden de 1.800 hectómetros cúbicos? Ahora nada de nada. El Partido Socialista Catalán en julio de 2000 cifraba el déficit de las cuencas internas de Cataluña en 350 hectómetros cúbicos; ahora el PSOE lo cifra en 150 hectómetros cúbicos. El PSC en 1981 se oponía al minitrasvase del Ebro a Tarragona; ahora el PSOE-PSC en el 2001 está de acuerdo en que llegue a Barcelona. Son cambios de opinión constantes que les han llevado hoy a presentar un plan alternativo contradictorio con todo lo que ustedes habían dicho cuando gobernaban. Yo me hago una pregunta: si ustedes hoy tuvieran responsabilidades de gobierno, ¿afirmarían que con la contribución de cuatro elementos -el ahorro, la desalinización, la reutilización y los bancos de agua- se resuelven los déficit hídricos del Estado español? Categóricamente no y, además, ustedes lo saben. Han hecho un plan alternativo que es una escaramuza táctica, pero incluso creo que se han equivocado ustedes en la táctica. Por ello, señorías, no podemos votar favorablemente una enmienda a la totalidad con texto alternativo como la presentada por los socialistas y tampoco votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad de otros grupos.
En un tema tan sensible y tan importante para el equilibrio territorial, medioambiental, económico y social del Estado como es el plan hidrológico lo que tendría que primar por encima de todo es el rigor y la voluntad de consenso para lograr un pacto de Estado. Un proyecto como éste, de fuerte componente estratégico, necesitaría ser aprobado por una amplia mayoría. Sabe usted, señor ministro, que, a pesar de su talante negociador, también en su grupo ha habido declaraciones y actitudes que no le han ayudado, ni a usted, que es una persona dialogante ni al consenso que necesita el plan. Hoy el Grupo Socialista, en palabras del señor Caldera, les ofrece diálogo y usted también ha hecho una oferta clara de colaboración, que yo agradezco sinceramente. Creo, señor ministro, que nunca es tarde y que todos tendríamos que hacer durante el trámite parlamentario los esfuerzos de diálogo, entendimiento, generosidad y responsabilidad que permitieran que el Plan hidrológico nacional fuera un auténtico pacto de Estado. En esta línea, ya saben, nos encontrarán siempre en primera fila.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Trías.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor de Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, nadie debería poner en duda que en los comienzos del siglo XXI se hace inaplazable cerrar definitivamente la planificación hidrológica en España. Tampoco debería cuestionarse que las carencias de agua que sufren determinadas zonas de la España seca son tan profundas que, más allá de coartar el desarrollo de las regiones afectadas, ponen en riesgo permanente la satisfacción de vitales necesidades humanas. No es menos evidente que la política hidráulica, lejos de continuar limitándose a proyectos de infraestructuras, debe orientarse fundamentalmente a la gestión de la demanda, respetando las condiciones medioambientales. Todos admitimos, en fin, que los trasvases sólo pueden tomarse en consideración cuando una cuenca siga siendo deficitaria después de establecer todas las medidas de ahorro posibles y de utilizar todas las técnicas que contribuyan a mejorar la gestión de los recursos hídricos, y si coincidimos en estas premisas -son difícilmente cuestionables-, no debería ser polémica la oportunidad del proyecto de ley que debatimos y tampoco su contenido esencial que aporta al fin la solución más razonable a un problema de Estado, reiteradamente aplazada durante decenios, y lo resuelve mediante un plan vertebrador, solidario, técnicamente riguroso y respetuoso con el medio ambiente.
A los grandes retos ante los que nos enfrenta la responsabilidad de gobernar se puede responder, a mi juicio, de dos maneras opuestas: soslayándolos, para evitar conflictos, o afrontándolos, para satisfacer intereses generales. Los primeros intentos de encontrar soluciones a nuestros problemas hídricos se remontan a los primeros años del siglo pasado, pero nunca se ha respondido

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al reto de la planificación hidrológica en España una y otra vez arrumbada, incluso en ocasiones en que se ha proclamado la urgencia de abordarla. Así ha ocurrido también durante la etapa democrática y ante la dificultad de anteponer el interés general a cualquier otro en torno a problemas cuya complejidad no vamos a negar, siempre se ha optado por el aplazamiento. Sin embargo, señorías, también existe esa otra categoría de aptitudes consistente en afrontar los retos. Es la opción ineludible por muy incómoda que resulte, por muchos sinsabores que ocasiones, por muchas incomprensiones que cause, por muchas manipulaciones, demagogia y engaños a los que sea necesario enfrentarse para mantenerla. El ejercicio responsable del Gobierno de una nación impone esas obligaciones, pero conlleva la satisfacción de resolver, con el objetivo único del interés general, los problemas que por su propia naturaleza y trascendencia deben ser abordados como asuntos de Estado.
Este es el caso del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional que ha presentado el Gobierno y al que se están oponiendo propuestas de nuevas dilaciones, acaso poco responsables que nuestro grupo rechaza.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Como ya ha indicado muy bien el señor ministro, el objetivo del Plan hidrológico nacional es reordenar los recursos hídricos con nuevos planteamientos de la gestión del agua desde un riguroso enfoque medioambiental. El Plan hidrológico nacional pretende, de un lado, solucionar los problemas de infraestructuras que existen en cada una de las cuencas con actuaciones que supondrán una inversión de algo más de tres billones de pesetas y, de otro, fijar las condiciones a las que han de ajustarse las transferencias de recursos a zonas que tienen déficit estructural ¿Será, señorías, necesario decir que tan formidable programa de actuaciones que habrá concluido en el año 2008, no admite parangón con ningún otro que en materia de obras hidráulicas se haya acometido con anterioridad en España? Debo destacar, en cambio, un dato menos difundido pero muy relevante, el 84 por ciento de las inversiones cubren objetivos de carácter medioambiental y, el resto, un 16 por ciento, se destina a actuaciones de regulación especialmente importantes en Aragón y en la cuenca del Guadalquivir.
La prioridad que otorga el Gobierno del Partido Popular a la gestión medioambiental del recurso ya se había manifestado en 1996 al integrar la política de aguas en el Ministerio de Medio Ambiente, de nueva creación. El Plan hidrológico nacional incluye también, aunque nada más falso que considerarlo su objetivo único, un trasvase desde una cuenca, la del Ebro, con excedentes reconocidos a otras deficitarias. Conviene, señorías, que recordemos que el Plan hidrológico nacional solamente considera excedente el agua que sobra después de cubrir los consumos actuales y los potenciales hoy no atendidos, después de reservar agua para crecimientos máximos de consumo y después de preservar y garantizar los caudales ecológicos. Con paralelo rigor sólo se definen como estructuralmente deficitarios aquellos sistemas cuyo déficit persiste después de alcanzar el aprovechamiento y ahorro exhaustivos, la regulación absoluta de todos los recursos y la optimización de la gestión. Respetando tan severas exigencias como las que el plan garantiza, la cuenca del Ebro dispone como sobrantes de unos caudales medios de 5.200 hectómetros cúbicos año, después de asegurar la cobertura de las necesidades actuales y previsibles en todo el territorio de la comunidad de Aragón. Con 1.050 hectómetros cúbicos de ese caudal excedente, en la actualidad recibidos por el mar, se podrán cubrir las demandas desatendidas de las zonas deficitarias si previamente cumplen las condicones igualmente rigurosas que el plan les impone. Por eso hablamos de solidaridad y por eso nos produce estupor la manipulación y la falta de responsabilidad política de quienes afirman que el Gobierno está castigando a Aragón. ¿Cómo es posible tergiversar así datos tan elementales y transparentes como los que sirven de fundamento al plan? Sólo se trasvasará la quinta parte del agua sobrante. Por primera vez se aborda la gestión integral del agua en todas las cuencas. El plan es un instrumento excepcional de vertebración del territorio español y de solidaridad entre sus nacionalidades y regiones. El plan beneficia a todos sin perjudicar a nadie. Como garantía suplementaria condicionante de trasvase, el plan aporta por primera vez soluciones reales para todas las necesidades hídricas presentes y futuras de Aragón. (Aplausos.) Reflexionemos, señorías. Se está negando agua que se tira al mar a ciudadanos españoles que la necesitan perentoriamente, y que seguiría tirándose al mar en el futuro. Se está enarbolando un fantasma, un problema irreal, se están propiciando demagógicamente desde la ocultación de la verdad tensiones territoriales que perjudican gravemente legítimos intereses de ciudadanos españoles, y todo ello desde posiciones tan censurables como la manipulación de los sentimientos con una argumentación sustentada en falsedades.
Señorías, ¿alguien puede creer que un gobierno, cualquier gobierno, haya decidido perjudicar a unas comunidades en beneficio de otras? Cuando a tan graves imputaciones se añaden explicaciones tan viles e infundadas como la pretendida pérdida de Aragón por parte del Partido Popular, se está acumulando torpeza sobre la perversidad, porque es falso que el Partido Popular haya perdido Aragón. Pactos postelectorales al margen, lo cierto es que el Partido Popular superó en el año 2000 con el plan hidrológico en su programa los niveles de votaciones anteriores. Lo cierto es que con independencia de resultados electorales y de pactos, ¡faltaría más!, el Gobierno está potenciando, como jamás se había hecho, las inversiones orientadas a la vertebración del territorio de la comunidad autónoma, prioridad absoluta de Aragón, lo cierto es que el plan hidrológico beneficiará a Aragón como a la comunidad

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que más, porque sólo el plan hará posible al fin atender aspiraciones inveteradamente satisfechas. También es cierto, conviene no olvidarlo, que quienes intentan impedir la satisfacción de esas necesidades y aspiraciones son precisamente algunos de los opositores al plan, como lo han evidenciado tantas reivindicaciones contradictorias.


No albergamos, señorías, ninguna duda de que cuando pase la marejada demagógica, cuando se recupere la luz y la calma, en Aragón no dejará de reconocerse, nobleza aragonesa obliga, que la aprobación del Plan hidrológico nacional es la respuesta cabal a un hecho histórico, es la solución de un problema de Estado y, al propio tiempo, el instrumento equilibrado y eficaz para la gestión racional del agua y para su disfrute sin discriminaciones por todos los ciudadanos españoles. (Aplausos.) Señorías, así lo ha entendido el Gobierno, y por eso ha rehusado ampararse en la legitimidad de su mayoría parlamentaria, eligiendo el camino del diálogo para la elaboración y aprobación del plan. Desde que el día 5 de septiembre del año 2000, en que se presentó al Consejo Nacional del Agua el anteproyecto de ley, hasta el 30 de enero de 2001, fecha de su aprobación por el Pleno del Consejo, el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido 169 reuniones con todos los sectores implicados en la planificación hidrológico: 55, con comunidades autónomas; 36, con usuarios; 31, con ayuntamientos; 8, con asociaciones y sindicatos agrarios; 7, con asociaciones empresariales; 7, con asociaciones profesionales; 7, con grupos ecologistas; 13, con representantes de partidos políticos y 5 con la Comisión Europea.
El Consejo Nacional del Agua incorporó el 55 por ciento de las alegaciones recibidas y en la votación del Pleno se aprobó el texto por una abrumadora mayoría, conformada con los votos afirmativos de todos los usuarios y regantes de España, incluidos los del Ebro y de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, Baleares, Aragón y Andalucía. ¿Cómo se puede decir, señores del Grupo Socialista, que hemos despreciado la búsqueda del consenso? (Aplausos.) Además, el Ministerio de Medio Ambiente ya había encargado con anterioridad informes técnicos sobre el borrador inicial del Plan hidrológico nacional a 130 especialistas. Sin atender a su adscripción política, se consultó a renombrados juristas, economistas, ingenieros, ecologistas. Todas esas consultas se concretaron en 85 dictámenes, un 67 por ciento favorables al Plan hidrológico nacional y el 33 por ciento restante en contra, porque aquí decimos la verdad.
Señorías, ¿quedará alguien que persista en mantener que estamos debatiendo un Plan hidrológico nacional impuesto? Porque no ha sido impuesto, confiamos en su aceptación general en la medida en que se esclarezcan falsedades y errores de la propaganda adversa. No puedo sustraerme a mencionar algunos. Se ha dicho insistentemente que el Plan hidrológico nacional no respeta la directiva marco de aguas de la Unión Europea. Por nuestra parte hemos hecho invitaciones, no respondidas, para que se nos mostraran contradicciones concretas entre la directiva y el Plan, pretensión ya superflua, señorías, porque el martes de la pasada semana, día 13 de marzo, la Comisión Europea informó que el Plan hidrológico nacional presentado por el Gobierno español cumplía con las disposiciones de la directiva marco del agua. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Han leído o escuchado SS.SS. alguna rectificación en boca de algún dirigente socialista? Claro que no, porque sería pedir demasiado. Eso hubiera supuesto el reconocimiento de una improvisación, de una previsión que respondía a sus deseos, solamente a sus deseos, el reconocimiento, en definitiva, señorías, de un error basado en otra afirmación demagógica y hueca para oponerse al Plan hidrológico nacional.Consciente o inconscientemente -error lamentable en todo caso- se ha intentado menospreciar el Plan, no sólo desconociendo su dimensión histórica, sino incluso negando su propia naturaleza y calificándolo como un mero ropaje necesario para justificar la propuesta de un gran trasvase. Se finje ignorar que el Gobierno ha venido desarrollando la planificación hidrológica global desde la pasada legislatura, y aquí me van a permitir el recuerdo reconocido y agradecido a un gran trabajo de una diputada de mi grupo que fue en su día ministra de Medio Ambiente y que lo hizo eficazmente, Isabel Tocino (Aplausos.), porque el Plan hidrológico nacional es sólo el resultado final de políticas hidráulicas anteriores, y como tal es la única pieza jurídica pendiente de aprobar, es la culminación de un proceso planificador, inspirado en la opción de actuar de abajo arriba, desde la base.Si realmente se pretendía diseñar una planificación plural y descentralizada en su origen, ámbito y ejecución, era preferible estudiar, debatir y resolver los problemas diversos planteados en cada caso, fomentando la participación de todos los sectores implicados. Los jalones de este proceso fueron la creación del Consejo del Agua para potenciar y encauzar la participación; el Libro Blanco del agua para detectar y definir necesidades y problemas; la aprobación de los planes de cuenca vinculados a su propio entorno para integrarlos después en una planificación global y, en fin, la importante modificación de la Ley de aguas en noviembre de 1999 para regular nuevas políticas hidráulicas inspiradas en criterios de calidad, ahorro, gestión y tecnología.


Por eso el plan no reproduce en su integridad el contenido de los instrumentos anteriores, cuya vigencia se mantiene. El complemento y la coordinación de los planes de cuenca y la solución coherente de problemas que requieren respuestas homogéneas constituyen los objetivos fundamentales del Plan hidrológico nacional. Aun así, estas funciones integradoras son mucho más

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que un trasvase, como lo es la previsión de una inversión de tres billones de pesetas, de los que ni una sola se destinará a trasvases de actuaciones relacionadas con los trasvases, mientras que se dedicará un billón a modernizar infraestructuras, lo que supone, en la línea de la reforma de la Ley de aguas, ahorro y gestión eficaz del recurso; y medio billón al saneamiento, depuración y reutilización, lo que representa no sólo incremento de la calidad del agua, sino incidir igualmente en el objetivo del ahorro de una forma muy clara.
Al final, señorías, señorías enmendantes, la soledad en la que querían colocar al Gobierno es la de la sinrazón que acompaña a sus grupos, una soledad que cada día se hace más patente. Los medios de comunicación son notarios cada día de las contradicciones internas de la familia socialista, y resultan evidentes las distintas formas de abordarlo en las diferentes instituciones donde los socialistas ostentan mayoría: la favorable postura ante el Plan hidrológico nacional de los gobiernos de Extremadura y Castilla-La Mancha; el Partido Socialista de Almería, que prefiere los trasvases del Partido Popular; la Junta de Andalucía, que mete prisa en Madrid para traer agua del Ebro; 18 alcaldes socialistas de Alicante, que respaldan el Plan hidrológico del Partido Popular; un ilustre diputado del Grupo Socialista, que calificó el supuesto plan alternativo de brindis al sol..., y por eso ya no asombra este titular de los medios de comunicación: El Partido Socialista Obrero Español aparca los trasvases para evitar una guerra del agua entre sus barones.
(Aplausos.) Finalmente, permítame, señor Caldera, en las cuentas del voto popular descuente a Extremadura y descuente a Castilla-La Mancha, que apoyan con entusiasmo el Plan hidrológico nacional. Para muestra un titular de prensa: El Plan hidrológico nacional como agua de mayo. Y no se falte a la verdad, señor Caldera, no es cierto que en la sociedad exista más voto popular en contra que a favor del Plan hidrológico nacional; empiece por descontar en su cómputo -como le he dicho- los votos de Extremadura y de Castilla-La Mancha, si es que cree que el señor Bono y el señor Ibarra representan a sus ciudadanos.
En cualquier caso, nobleza obliga. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a nuestros amigos, a nuestros socios, a la oposición responsable, seria y constructiva de Convergència i Unió y de Coalición Canaria que apoyan este plan con independencia de sus observaciones. (Aplausos.) Quizás, señor Caldera, en sus palabras iba implícito el cómputo de votos que no va a recibir su enmienda. Se lo voy a recordar -y son datos no especulaciones-: si hace la suma de los votos populares referido a las elecciones generales que van a votar a favor del Plan hidrológico nacional y en contra de su enmienda alternativa, suman 11.639.000 contra 10.534.000. Esos son datos, no son especulaciones. (Aplausos.) Señorías, voy terminando. No queda tiempo para entrar en el detalle de otras polémicas, por lo que debo finalizar afirmando que los datos objetivos son tan contundentes y la inconsistencia de las objeciones al plan tan menesterosa que los imponentes navíos de la campaña detractora fletados contra la arrogante prepotencia hacen agua por todas partes. Ante la fuerza de la razón el sentido común se impone, desinflando los globos demagógicos y quebrando la pretendida cohesión de los grupos beligerantes, ya sean usuarios territoriales o de partido. Durante los últimos días vienen menudeando noticias de flagrantes defecciones en todos los ámbitos (nacional, autonómico y municipal), entre las que no ha faltado la de distinguidos consejeros y parlamentarios. Tal vez los más perseverantes sean los que se oponen a las obras de regulación y, en consecuencia, a los usos razonables que, por encima de las discrepancias en el reparto, la mayoría demanda. Buenos augurios, en resumen, para el más pleno y fecundo desarrollo de aplicación del Plan hidrológico nacional, cuya aprobación se inicia con este trámite parlamentario en el que mi grupo votará, por las razones que acabo de exponer, en contra de todas las enmiendas a la totalidad.
Señor ministro, enhorabuena. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señor ministro. (Rumores.)

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Realizaré simplemente un turno de agradecimiento a las intervenciones de los grupos que no han presentado enmienda de devolución ni texto alternativo. A todos ellos, al Grupo Vasco (PNV), a Coalición Canaria, naturalmente, al Grupo Popular, les doy las gracias por sus manifestaciones. Sin embargo, quiero dejar mis últimas palabras para Convergència i Unió para destacar su actitud, el esfuerzo notable que han realizado sus dirigentes soportando fortísimas presiones sociales para mantener una postura responsable que, lógicamente, al final dará sus resultados; una postura que hoy puedo garantizarles que enriquecerá y mejorará este proyecto de Plan hidrológico nacional.
Partiendo de las condiciones que ha puesto este Gobierno y que ellos han conocido desde el primer momento, que son que los 1.050 hectómetros son irrenunciables para atender a las necesidades de la cuenca mediterránea, que el Gobierno no puede pagar ni una sola peseta por el agua y que cualquier solución tiene que garantizar la preservación medioambiental del delta del Ebro, hoy ya puedo garantizar este principio de acuerdo con Convergència i Unió, porque el Grupo Popular va a negociar estas enmiendas con Convergència.
Quiero adelantar la aceptación, hoy y aquí, de una enmienda global presentada por Convergència i Unió, que va a introducir la obligación de la elaboración de ese plan integral de protección del delta del Ebro en las condiciones definidas tanto por el portavoz de Convergència como

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en la recomendación del propio Consejo Nacional del Agua, así como la introducción de otra enmienda que obligue a la realización de un estudio, de un segundo horizonte del agua para España, acudiendo a otras fuentes alternativas, lo que significa una demostración de la voluntad de este Gobierno de lograr el mayor apoyo posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas al proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.
En primer lugar, se van a someter a votación conjuntamente las enmiendas de totalidad de devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 129; en contra, 193; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de devolución.
Sometemos a continuación a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 114; en contra, 195; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo. (Fuertes y prolongados aplausos.-El señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou): Muchas gracias.) Se suspende la sesión que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN)

- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000027.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, quiero empezar por subrayar que las políticas de ayudas públicas han sido reafirmadas -evidentemente, estamos hablando de ayudas públicas a la promoción de la cinematografía- tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de Cultura y Audiovisual de la Unión Europea. A mi modo de ver, el mantenimiento de ayudas a la cinematografía y al sector audiovisual es importante para conservar la diversidad cultural de la que España es un buen ejemplo. Las ayudas tienen razones culturales, pero deben servir también para que exista un tejido industrial que permita trabajar a creadores y profesionales, así como para que el cine español conquiste cada vez más la confianza de los espectadores y el interés de los distribuidores, de los exhibidores y de las televisiones. El proyecto de la nueva ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual establece un marco jurídico que facilitará el desarrollo de la producción y de la creatividad. El borrador del anteproyecto de ley, producto del diálogo con todas las asociaciones profesionales, contiene básicamente todos aquellos aspectos en los que se ha encontrado un punto de convergencia con dichas asociaciones. No obstante, ha habido que encontrar un equilibrio entre producción, distribución y exhibición, así como entre creadores, técnicos y actores, con el fin de que todos los sectores encuentren promovidas adecuadamente sus expectativas e intereses.
Se puede decir que el transcurso del tiempo ha vaciado de alguna manera el contenido de la Ley de 8 de junio de 1994, que en su momento supuso un paso adelante en el sector y tuvo indudable importancia. Y se ha vaciado de contenido porque han ocurrido una serie de hechos y hay una serie de datos nuevos, por ejemplo, la desaparición de las licencias de doblaje, la trasposición de las directivas europeas y la desaparición en Europa de las cuotas. A todo ello se une la necesidad de regular con rango de ley un sistema de ayudas que ha demostrado su utilidad al contribuir a la mejora del cine español.
El pasado año 2000 se confirmó el aumento de producción, 98 largometrajes, cifra que no se alcanzaba desde hacía 17 años, de los cuales se estrenaron 92. También ha aumentado la colaboración internacional, ya que, de estas producciones que he mencionado, 34 han sido coproducciones, una cifra que también es la más alta desde 1983. La inversión en largometrajes se eleva a 29.800 millones de pesetas, habiéndose concedido créditos bonificados a través del ICO por un importe de 5.000 millones, mil millones más que en 1999. El hecho de que desde el año 1996 entre las 25 películas más vistas hayan estado cada año las de más calidad, de éxito en festivales internacionales y aceptación

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de la crítica, demuestra que el sistema de ayudas actual responde a razones culturales y contribuye a la difusión de la imagen del país a la vez que crea empleo y riqueza. El cine español, señorías, a mi modo de ver se distingue claramente en este período por su vitalidad, por su innovación y por su variedad, situación a la que yo entiendo que han contribuido de manera eficaz las ayudas basadas en criterios de aceptación del público, que han resultado menos intervencionistas que un sistema global de subvenciones anticipadas concedidas a través de comités o comisiones.
Entre los motivos que justifican este proyecto de ley, quiero destacar la necesidad de otorgar rango de ley a las ayudas a la amortización, basadas en criterios objetivos de aceptación del público. Debo señalar que la legislación reguladora de las subvenciones no contempla estas ayudas automáticas. La necesidad de que estas ayudas tengan rango de ley fue determinante para incluirlas en la Ley 55/1999, del 29 de diciembre, y en la 14/2000, del 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden Social, que incorporan a la Ley 17/1994, de 8 de junio, la prórroga de los sistemas de ayudas actuales hasta el año 2002.
Por otra parte, resulta necesario contemplar y establecer el conjunto de ayudas que han contribuido a la magnífica renovación del cine español, ayudas sobre proyectos para largometrajes de nuevos realizadores o de decidido carácter cultural, para el desarrollo de guiones y para los cortometrajes. El año pasado se produjeron 107 cortometrajes y muchos de sus autores gozan de un creciente prestigio internacional. Tanto las ayudas que se conceden con carácter automático como las que se otorgan sobre proyecto tienen incentivos que facilitan la incorporación de nuevos profesionales, así como el rodaje de películas en otras lenguas oficiales de las comunidades autónomas distintas al castellano, con lo que se favorece la renovación creativa y el mantenimiento de la diversidad cultural. Por otro lado, la Ley 4 de junio de 1994 establece la obligación de las televisiones a coproducir hasta el 5 por ciento de su presupuesto, una medida que por ausencia de mínimos no tuvo resultados positivos.
Esta obligación debe, a mi entender, desaparecer, ya que está en contradicción con otra obligación: la establecida en la Ley de trasposición de la Directiva de la Televisión sin fronteras, en virtud de la cual las televisiones deben invertir el 5 por ciento de sus cuentas de resultados en la producción de largometrajes y películas para televisión. Quiero subrayar que esta colaboración con las televisiones yo entiendo que está resultando importante para explicar en buena medida el momento que vive el cine español y que es un camino en el que se debería profundizar.
Por lo que se refiere a la cuota de pantalla en favor de películas comunitarias, quisiera dejar muy claro que en el marco de acción de la Unión Europea, como es bien conocido, es una medida que sólo existe en España. Ningún Estado cree que beneficie su producción nacional y, por otra parte, el aumento de salas de cine en España y el aumento del interés en el cine español hace que nuestras películas deban alcanzar una cuota de mercado natural. En realidad, las dos medidas establecidas en 1941 (es decir, que medidas como son las licencias de doblaje y las cuotas de pantalla se deciden hace casi 60 años) han creado tradicionalmente un cierto nivel, como mínimo, de crispación entre los distintos sectores de la industria cinematográfica.
Las licencias de doblaje que se obtenían principalmente distribuyendo películas europeas en vez de españolas, en la proporción de tres a uno, desaparecieron con la entrada en vigor, como es conocido, de la Ley de junio de 1994. Para la cuota de pantalla específicamente, el proyecto de ley que es objeto de este debate de totalidad ha establecido para su desaparición un plazo de cinco años, con la confianza de que se utilizarán otras medidas alternativas para ayuda a la exhibición del cine español y también con la seguridad de que sólo la colaboración de productores, distribuidores y exhibidores harán posible una cuota natural del cine español, que se verá confirmada por una aceptación cada vez mayor por parte de los espectadores.Además, el proyecto de ley tipifica claramente las infracciones al cumplimiento de la cuota, respondiendo las sanciones a criterios claros de legalidad y graduación, por lo que existirá una aplicación eficaz de la cuota durante estos cinco años.
Hay otras medidas también significativas en este proyecto de ley, como el fomento de la distribución y promoción para la producción cinematográfica y audiovisual; el ICAA promueve la participación del cine español en más de 150 festivales internacionales de cine; el proyecto de ley establece nuevos sistemas de ayudas para la promoción en festivales internacionales, para que los productores de las películas seleccionadas puedan utilizar libremente la ayuda con la publicidad que estimen idónea y, asimismo, se han aumentado las ayudas a copias y publicidad en favor del cine europeo en España y del español en el ámbito internacional. El control de taquilla, clave de toda la industria cinematográfica al corresponder las recaudaciones de taquilla a exhibidores, productores, distribuidores y autores, es también un elemento importante en su regulación en la nueva ley. La calificación orientativa de las obras cinematográficas, por otra parte, bien sean realizadas directamente por comisiones asesoras de la Administración o a través de la autorregulación, será también un elemento importante a desarrollar.
En definitiva, señorías, la importancia cultural del cine y su significativa aportación a la economía y la creación de empleo justifican muy sobradamente la existencia de una ley (y así fue entendido por todos los sectores que -insisto- participaron en el diálogo en los momentos en los que este proyecto de ley que está hoy en esta Cámara se estaba debatiendo y elaborando) que responda y garantice el apoyo al fomento

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y la promoción de la producción cinematográfica y audiovisual.
Señorías, quiero terminar haciendo una reflexión final. El cine español no cabe duda de que está viviendo un momento extraordinario.
El seguimiento del cine en términos generales por parte del público español y, específicamente, del cine español ha sido cada vez más alto, pero cuando haya que poner el acento en los problemas y, por tanto, en la búsqueda de soluciones para un mejor desarrollo del cine español, hay que insistir en la necesidad de crear un proceso integrado, que es el que caracteriza a otras industrias cinematográficas potentes, donde la producción, la distribución y la exhibición están todas ellas en un mismo grupo, de tal manera que hay un continuo que permite una potencialidad de desarrollo a la producción cinematográfica muy superior. Por eso, desde los poderes públicos y, sobre todo, desde la industria cinematográfica en todos sus sectores, deberíamos hacer un esfuerzo por orientar la búsqueda de soluciones, de políticas y de iniciativas en torno a este proyecto integral de la industria del cine, poniendo especial énfasis -y creo que eso es lo más importante y lo más débil ahora mismo en el sector cinematográfico- en la distribución, que es la clave más determinante en este momento en relación con las carencias, con las dificultades que puede encontrar todavía nuestra industria cinematográfica.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, para que se entienda la posición del Bloque Nacionalista Galego comenzaré recurriendo a datos que vienen dados por instituciones oficiales, por ejemplo, la información que pertenece al área económica y que acompaña en concreto a este proyecto de ley y las informaciones que el Consejo Económico y Social dio sobre este proyecto de ley del cine. Quiero recordarles que entre 1990 y 1998 hay algunos hechos significativos como, por ejemplo, que sólo el 4 por ciento de la producción cinematográfica y audiovisual del Estado español fue para la exportación, esto equivale a decir que de 914.720 millones de pesetas solamente corresponden a la exportación al exterior 36.879. Si miramos los países adonde se dirige la exportación se puede observar que el 2,3 por ciento del total corresponde a la Unión Europea y un 1,8 por ciento a terceros países. La oferta total de películas extranjeras osciló durante estos ocho años entre el 65 y el 70 por ciento en el mercado del Estado español. El promedio de filmes españoles de producciones y coproducciones se situó en torno a 70, mientras que las películas extranjeras que se vieron en el Estado español oscilaron entre 301 y 438 en este periodo de tiempo, 1990-1998. Hay un año culminante, que es el año 2000, donde los datos resultan especialmente preocupantes. En concreto, solamente el cine español fue capaz de recoger el 10 por ciento de la recaudación en el mercado, el 9 por ciento de los espectadores y el 16,9 por ciento del total de los filmes exhibidos, mientras que el resto del cine recaudó el 81,6 por ciento y el 81,8 por ciento de espectadores fue exclusivamente de cine de Estados Unidos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, hay algo más interesante y que hace alusión a lo que acaba de decir la señora ministra. En concreto, el mercado de la distribución y la promoción de películas es abiertamente oligopólico en el Estado español. En 1999 las distribuidoras de mayor recaudación y aceptación por parte de los espectadores fueron Warner Brothers, UIP, Buenavista, la Fox, la Columbia y Laurent, y en el año 2000 fueron prácticamente las mismas. Por tanto, en el Estado español hay una evidente falta de articulación vertical de producción, distribución y exhibición, y no es casual que el cine americano esté muy bien defendido en el mundo porque existe una interrelación de la que carece el Estado español.
El informe del Consejo Económico y Social reincide en aspectos interesantes para el debate que tenemos en este momento. Dice este informe sobre el proyecto de ley (siguiendo la información de la Comisión Europea, en concreto su informe sobre competitividad de empresas europeas frente a la mundialización, cómo fomentarla, y en particular el apartado: identidad cultural y sector audiovisual, un desafío y una oportunidad) que en 10 años se pasó de una cuota de mercado de filmes yanquis del 56 al 78 por ciento, con una disminución de cuota europea del 19 al 10 por ciento.
Por si fuese poco, el contraste del Estado español con los mercados de otras cinematografías europeas es también interesante, en particular con el caso de Francia, que está situada de forma puntera en el debate y la defensa de lo que es la excepcionalidad cultural francesa. En concreto, en Francia tienen un 32 por ciento de cuota de mercado para su cine, para el resto de los Estados europeos el 11 por ciento y para el de Estados Unidos el 54 por ciento. En España los datos son radicalmente distintos: el 14 por ciento es de cuota de mercado para el cinema español, el 19 por ciento para otros Estados europeos y prácticamente el 64 por ciento, oscilando hasta el 70, para Estados Unidos.
Por tanto, se puede deducir, y así lo hace el informe del Consejo Económico y Social, que estamos ante una situación competitiva prácticamente imposible, en un ámbito de distribución dominado por empresas de Estados Unidos que mantienen una posición dominante, yya dije cuáles eran las cinco empresas que recaudan

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prácticamente el 70 por ciento de lo exhibido en las salas. Además, imponen el criterio de que hay que exhibir películas de rentabilidad económica prácticamente nula o muy pequeña, provocando una dificultad enorme al cine del Estado español y al cine europeo para poder abrirse paso en las pantallas. Por lo demás, el propio informe advierte que el proyecto de ley es muy deficiente en su coordinación con las comunidades autónomas, en materias que son de su competencia y que, en todo caso, no se podría hablar de un proyecto de ley de lo audiovisual sino exclusivamente de la cinematografía.


Sin embargo, para nosotros, a partir de estos datos, la argumentación básica es la siguiente. Pensamos, en contra de lo que dice la señora ministra, que el proyecto de ley es totalmente inservible para enfrentar los problemas de lo audiovisual en general y de la cinematografía en particular, ni en su vertiente industrial, ni en su vertiente cultural, ni en su vertiente artística. Bajo nuestro punto de vista, el único objetivo político de este proyecto de ley es lograr, de forma camuflada, la supresión de la cuota de pantalla, nada menos que en nombre del principio de la libertad de circulación de películas en las pantallas, como se puede ver en una declaración contundente, axiomática, en la exposición de motivos y como, por supuesto, se ejecuta en la disposición adicional única. Para nosotros esto es una paradoja evidente y cuenta, por mucho que se diga lo contrario, por lo menos con la oposición teórica de productores independientes españoles, en particular de productores gallegos, vascos y catalanes, si no hay medidas alternativas de defensa de la competencia y de la excepción cultural, que es lo que la ley no contempla cuando dentro de cinco años se eliminen las cuotas. Por ejemplo, el propio CES dice: Medidas capaces de compensar el efecto de la supresión. Dice también que habría que crear un sector de distribución, promoción y comercialización. También se dice y se aclara que desde 1994, si se consiguió situar la cuota en torno al 14 por ciento, fue porque había la correlación una a tres. El informe del área de estudios económicos dice, no obstante, después de desprestigiar la política de cuotas y de considerarla contraria a la ley del mercado, que la cuota de pantalla sí puede considerarse como una política fomentadora de competencia al ampliar las posibilidades de elección por parte del consumidor y al mejorar el conocimiento más diversificado de actores y directores, que puede influir en futuras elecciones diversificando la demanda, y en consecuencia la oferta, cinematográfica. Señorías, esto quiere decir la libertad, no solamente la libertad de poder competir sino también la libertad de poder acceder a los productos culturales.


Si hacemos un repaso a las comparecencias de aquellos que no están vinculados a la industria de Estados Unidos, la inmensa mayoría declaró de esta manera. El señor González Macho, en la sesión de comparecencia del 7 de marzo, decía: No entiendo en absoluto por qué se nos ha puesto en el corredor de la muerte y se ha marcado ya el día de la ejecución del cine español de una forma tan explícita y tan clara. Es más, defendió la correlación uno/dos y defendió la cuota de doblaje de importación de cine extranjero en función de los rendimientos de la exhibición en el cine español. Para el señor González Macho había que combatir la estrategia definida por el secretario de las majors americanas, el señor Jack Valenti, que decía que es lícito que aspiraran a tener el cien por cien del mercado. El Estado español es el tercer o cuarto mercado a nivel mundial para el cine norteamericano y recuerden la introducción de grandes complejos de exhibición que están creando las transnacionales americanas en el Estado español.
El españolísimo señor Campoy Sanz-Orrio, que no se caracteriza precisamente por sus connivencias nacionalistas, decía: Deberíamos legislar sin ningún tipo de pudor para que la cuota de pantalla fuera de dos a uno. Incluso afirmaba que no se debía de haber permitido la desaparición de las licencias de doblaje y denunció la política de las prácticas de lotes impuestas por parte de las grandes transnacionales americanas.
El señor Méndez-Leite que, que yo sepa, es director de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, decía: Pienso que la cuota de pantalla es imprescindible y me parece muy cutre el tres por uno. El meollo de la cuestión está en la supresión de licencias de doblaje por la Ley de 1994. En todo caso, decía que la supresión de la cuota de mercado, tal como fue consensuada ya en 1994, provocó una caída de la cuota de mercado del Estado español.
Acabando con los personajes españoles, la señora doña Marisa Paredes decía: La automática desaparición de la cuota de pantalla que más o menos refleja la ley nos preocupa. Habrá que encontrar -en esto queremos hacer especial hincapié y es el motivo de nuestra oposición- fuertes medidas correctivas para que el cine europeo y el español no desaparezcan de nuestras pantallas.
Si recurrimos a los productores independientes vascos, catalanes o gallegos, la posición es coincidente. Por ejemplo, la señora Passola Vidal dijo que la supresión de licencias de doblaje había reducido el mercado y la desaparición de la cuota no debe estar formulada de manera tan tajante. Una medida equivalente en caso de que se suprimieran las cuotas en cinco años es la que debe de sustituirla.
Una medida equivalente. En la ley no está, no hay compromiso. El Bloque Nacionalista Galego no se puede comprometer con una ley que deja en desamparo, en total desamparo, el mercado, que es lo determinante. El señor Casal Vidal, presidente de Agapi, de los productores gallegos, decía que había que buscar medidas alternativas, incluso pensando que, en todo caso, se penalizase de alguna forma el doblaje de las películas extranjeras, concretamente de Estados

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Unidos, destinando este dinero al fondo de la promoción del cine del Estado español.
Evidentemente, el Gobierno actuó con la inteligencia de dar el caramelo de las ayudas automáticas a los productores, que están enunciadas en el artículo 5, pero están sometidas a un rendimiento de taquilla que, si no es restrictivo, acabará haciendo que el fondo, tal como está, sea totalmente insuficiente y habrá que exigir su elevación. Tampoco se dice cómo se van a articular las ayudas, si en decretos o en órdenes ministeriales o por qué razón los incentivos complementarios que aquí figuran no pueden ser para muchos productores -y deberían de ser para el cine de calidad- los incentivos fundamentales. Incluso, por qué se posterga, se anula y se olvida el deber de las televisiones públicas y privadas de contribuir a la producción cinematográfica, o por qué no se aclara qué es un productor independiente. En concreto recordaba doña Marisa Paredes que las ayudas de poco sirven si no van acompañadas de otras medidas, decía que había que elevar la cuota de mercado dentro y fuera del Estado español y pedía, en todo caso, imaginación para ampliar el fondo destinado al audiovisual.
Además, a nosotros, como gallegos, nos parece que hay un problema competencial básico y es que la ley, aunque hace alusión, es tremendamente pacata en la defensa práctica de la diversidad cultural, lingüística, artística y filosófica en un Estado plurilingüe y pluricultural como el que nosotros reclamamos. La ley formula los artículos 4, 5 y 6 al amparo de artículos de la Constitución española -del 149.1.13ª y del 149.2-, convirtiéndola en legislación básica del Estado, precisamente a través de la disposición adicional segunda. Pues bien, señorías, esta forma de proceder anula en gran parte la ley gallega sobre el cine y el audiovisual, que se aprobó en el Parlamento gallego en 1999, con una fórmula totalmente raquítica. En concreto se anula la coordinación con las comunidades autónomas, no hay un grado de participación claro de la industria catalana, vasca y gallega para hacer un cine catalán, vasco y gallego originario; por supuesto, no se cuenta con que hay distintos centros de producción en el Estado español y ni siquiera se concede a las comunidades autónomas el control de taquilla, cuando muchos estatutos de autonomía sí tienen este control de taquilla por ley.
Señorías, nosotros pensamos que en esta situación tan difícil en el mercado, la ley tiene amplias indefiniciones y vacíos. Por ejemplo, no hay referencias a los documentales y a las series de animación. Y recuerdo palabras del señor Campoy: Para que los niños de nuestro país puedan aprender en cualquiera de las lenguas oficiales un poco de nuestra cultura, de nuestra literatura y de nuestra historia. La señora Passola, de una manera más precisa, decía: Los imaginarios colectivos que ven los niños no son los propios de las distintas culturas del Estado español. En este aspecto inciden tanto los productores vascos como los catalanes y los gallegos, y estos formatos del documental y de la animación deben ser contemplados en las ayudas. Tampoco ofrece, señorías, una normativa integral a la cinematografía y al audiovisual. Todos los comparecientes estuvieron de acuerdo en frases como ésta: Esta ley se queda un poco corta. Del sector audiovisual, entendido en un sentido amplio, habla poco. Don Ventura Pons dijo: La ley es insuficiente. La señora Passola dijo: Debía de haber ayudas a la distribución y a la exhibición mejor definidas y más amplias, nos parece que son pocas. Y no se hacen referencias al problema de la enseñanza del cine y del audiovisual en la escuela.
Voy acabando, señor presidente, con una frase muy evidente y que solamente tendría la discusión de lo que entendemos cada uno por diversidad cultural en el Estado español. Es una frase muy curiosa de don Francisco Casal Vidal, de la Asociación gallega de productoras independientes, Agapi: Con esta ley, a nivel genérico, nos estamos jugando una parte importante de nuestra identidad cultural y de nuestro modo de vida. Y nosotros diríamos: La de un Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural.
Según nuestro criterio, esta ley no juega a favor, es insuficiente, está muy equivocada porque, en la práctica, solamente es favorable a las tesis del neoliberalismo, en concreto, del mercado puro y duro, y nosotros queremos jugar en un campo a favor nuestro, con voluntad.
Doña Marisa Paredes decía: Un país sin presencia audiovisual no existe. La diversidad cultural exige beligerancia para resistir. Esta ley no está en la onda de la beligerancia, se echa en falta esa beligerancia y una posición consecuente con una resolución del Consejo Europeo del 12 de febrero de 2001, relativa a las ayudas nacionales a los sectores cinematográfico y audiovisual. La resolución del Consejo dice: Estas ayudas están para preservar y desenvolver su capacidad de definir y aplicar las respectivas políticas culturales y audiovisuales, a fin de preservar su diversidad cultural. Lo dice respecto a los debates en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde por cierto el Estado español haría bien en alimentar las posiciones más beligerantes de la Unión Europea. Pero a renglón seguido, el Consejo Europeo dice algo que es curioso -y no son nacionalistas, son más bien antinacionalistas-, dice: Hay una industria cultural por excelencia. Estas constataciones del Consejo son particularmente válidas en lo que respecta al desarrollo de la industria audiovisual en los países y regiones con pequeña capacidad de producción y/o en zonas lingüísticas y/o geográficas minoritarias. Esta es la posición del Consejo, señorías.
Como representantes de un sector de la sociedad gallega no nos queda más remedio que presentar una enmienda a la totalidad, sirviendo en este caso también a los intereses del cine del Estado español en general, del que es propiamente autóctono. Únicamente observaré que sólo las distribuidoras transnacionales y los controladores de la exhibición son los que están manteniendo

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posiciones prácticamente neoliberales, que son las que se ven reflejadas en esta ley. Ese es el motivo de nuestra posición.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez Sánchez. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Podemos compartir con el Bloque Nacionalista Galego que el proyecto de ley sobre el fomento de la cinematografía y el sector audiovisual resulta raquítico e insuficiente para afrontar las condiciones legislativas y fiscales mínimamente necesarias para consolidar el sector cinematográfico y audiovisual en el Estado español.
Participamos también con el Bloque Nacionalista Galego en su defensa de la diversidad cultural y lingüística del Estado y en la necesidad de subrayar la dimensión pluricultural y plurilingüe del Estado, sobre todo y muy especialmente en ámbitos como el cinematográfico y el audiovisual, estrechamente vinculados con el terreno cultural.
Resulta evidente, como ha manifestado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que el proyecto de ley tiene un título rimbombante, pero que del análisis de sus contenidos reales, de los contenidos de su parte dispositiva, no se desprende ni de lejos la posibilidad de encarar con un mínimo de posibilidades de éxito los objetivos que se pretenden, máxime en el sector audiovisual, que se contempla casi exclusivamente en el título de la ley. Se razona la conveniencia de suprimir las cuotas de pantalla, para someterlas a renglón seguido a fecha de caducidad, una fecha de caducidad que marca como referencia un plazo de cinco años. Si no resultan razonables, ni siquiera prácticas para los objetivos para los que se establecieron, suprímanse ya y establézcanse mecanismos de fomento más apropiados, más modernos, más plurales y más abiertos. ¿Se imaginan una propuesta como ésta formulada por el PNVen el Parlamento vasco? ¿Recuerdan la polémica suscitada en el Parlamento catalán ante las propuestas de la Generalitat de establecer cuotas? ¿Recuerdan los ríos de tinta que corrieron? ¿Y ahora, qué? ¿Lo que se dijo allí no sirve ahora? El modelo que se presenta responde con claridad a los postulados de un nacionalismo español cerrado, reduccionista; un nacionalismo que pretende cerrar las puertas al campo. El Gobierno lo plantea con miedo, con recelo, sosteniendo vergonzantemente en la exposición de motivos precisamente la bondad de lo contrario de lo que después ofrece en la parte dispositiva. En opinión del Grupo Vasco, este proyecto de ley, centrado exclusivamente en el sector de la cinematografía, responde a los últimos coletazos de un modelo que no puede menos que calificarse de obsoleto, caduco y, además, transitorio.
El Grupo Vasco entiende que el fomento del sector cinematográfico y audiovisual debe conocer un esquema de trabajo alternativo, un esquema de trabajo que esté en sintonía con los criterios al uso en el sector industrial, en el ámbito de I+D y en el terreno cultural.
Ninguno de estos tres ámbitos trabaja con los esquemas que se plantean en este proyecto de ley. ¿Por qué ha de hacerlo el sector cinematográfico? Es cierto que hay que resolver los problemas financieros del cine que se produce en el Estado español, que hay que aumentar las medidas de promoción de estas producciones en su difusión tanto doméstica como internacional, y todo ello debe hacerse de modo que se garantice al mismo tiempo la libre competencia y los incentivos a la producción propia. No se trata de protestar contra el cine norteamericano; la cuestión radica en producir cine y programas audiovisuales de calidad que conecten con el público, películas y series que sean competitivas.
El Grupo Vasco ha propuesto la supresión de las cuotas de pantalla por entender que esta medida ha dejado de ser eficaz en la práctica y que se pueden plantear medidas alternativas de fomento del sector, tanto de la cinematografía como de lo audiovisual. De hecho, en la actualidad la cuota de pantalla sólo está vigente en España en el ámbito europeo. La expansión de las nuevas tecnologías, la multiplicación de las cadenas y los planteamientos culturales hacen inviable una política de barreras como la que se pretende defender a través de las cuotas de pantalla.
La Conferencia europea del sector audiovisual hizo hincapié en 1998 en la oportunidad de fomentar la solidez y la competitividad de la industria europea audiovisual, tomando en consideración la diversidad cultural de Europa y las condiciones particulares de las regiones lingüísticas minoritarias y minorizadas. La correspondencia de estas ideas con la legislación europea actualmente en elaboración exige que este proyecto de ley acomode sus previsiones de un modo más eficaz al entorno europeo y a sus objetivos, así como que sea más consecuente con la organización territorial del Estado autonómico.
De todos modos, el proyecto de ley no merece, desde la perspectiva del Grupo Vasco, un rechazo frontal que justifique su devolución al Gobierno. Se pueden advertir esfuerzos y líneas de cambio en sus contenidos que apuntan en la que, a nuestro juicio, es la dirección correcta, aunque sea a cinco años vista. El texto posibilita medidas alternativas aunque éstas se formulen demasiado tímidamente. En opinión del Grupo Vasco, el proyecto de ley, a través de los trámites de su desarrollo en esta Cámara, debe admitir retoques tanto desde la perspectiva competencial, porque entendemos que acusa un notable desconcierto en cuanto a los títuloscompetenciales, como desde la pluricultural y plurilingüe

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del Estado, sin olvidar la dimensión industrial y de I+D del sector audiovisual y cinematográfico. La competencia sobre cinematografía y el sector audiovisual no es unívoca, sino compartida, y en ella concurren diversos títulos competenciales.
Algunos de ellos corresponden al Estado, otros están atribuidos a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos y de acuerdo, además, con una dilatada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado reiteradas veces sobre este asunto. Desde la perspectiva cultural, hay que subrayar la dimensión pluricultural y plurilingüe de este sector y, desde el punto de vista industrial, su carácter de I+D. Desde las tres perspectivas citadas, la competencial, la cultural y la industrial, formulará el Grupo Vasco sus enmiendas parciales al articulado de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. El Partido Popular trae a esta Cámara un proyecto que va a cambiar muy poquito las cosas y que no va a servir para resolver los problemas que tienen planteados el cine español y el sector audiovisual.
El número de películas españolas estrenadas el año pasado ascendió a 92, la cifra más alta de los últimos 15 años. La cuota de mercado de cine español, señora ministra, descendió en un 10 por ciento, la importación de películas europeas ha disminuido en un 10 por ciento también y, sin embargo, han aumentado las norteamericanas en un 80 por ciento. En el sector de la producción se observa también el mayor crecimiento, con 98 películas realizadas, 34 de ellas en coproducción y 107 cortometrajes. Entre los datos del ICAA destaca el aumento del número de copias para explotación en salas. En el año 1999 se hicieron 26.407 copias y sólo tres películas se explotaron con más de 300; en el año 2000 sin embargo han sido 29.802 y ocho cintas se han explotado únicamente con más de 300. El vídeo sigue siendo el medio que tiende a una mayor utilización en nuestro país, aunque todavía con una baja repercusión. Del total de 3.859 títulos comercializados en el año 2000, sólo 425, señora ministra, son películas españolas, es decir, el 11 por ciento, de todo, absolutamente todo lo comercializado.
Los incentivos económicos que se destinaron al cine español en el año 2000 ascendieron a un total de 5.310 millones de pesetas; de ellos 4.117 millones correspondieron a ayudas a la amortización de largometrajes. La comercialización de películas en las salas de exhibición, que han visto un aumento en el año 2000, han superado los 100 millones de espectadores, como ocurrió en 1999, aunque todavía un poco por debajo de este año tanto en cifras globales como en resultados obtenidos por las películas españolas.
En la exposición de motivos del hipotético segundo congreso democrático del cine que no se llegó a celebrar, se señalaba, señorías, que de no adoptarse medidas era posible que no tardásemos en tener que levantar acta de defunción de un cine, el europeo, que a lo largo de la historia ha tenido una enorme significación industrial, económica y sobre todo cultural. En el tiempo transcurrido desde entonces -aproximadamente estamos hablando de cinco años-, las disposiciones de la Unión Europea y de las distintas naciones que la componen no han servido más que para aplazar una agonía inevitable. La pasividad gubernamental e institucional ha originado que el cine USA afiance posiciones y conquiste nuevas cuotas de mercado y que sus películas sean de las más taquilleras en casi todos los países, produciendo de esta forma, año tras año, un enorme grado de penetración económica y cultural, con la consiguiente imposición de sus formas de vida y consumo y por tanto de sus propios valores.
España es el país de la Unión Europea que tiene la taquilla más colonizada por USA, con diferencia, pues al ser el décimo mayor consumidor de cine del mundo y el cuarto europeo representa un apetitoso bocado para las grandes distribuidoras. Estas distribuidoras, con el fin de acaparar cuota de mercado, llegan a utilizar medidas de dudosa legalidad, señora ministra, por un lado porque al estar las grandes cadenas de distribución en sus manos sólo se preocupan, en la mayor parte de las ocasiones, de distribuir sus propias películas, imponiendo, por tanto, un sistema de contratación por lotes, difícil de demostrar pero que sin embargo ocurre en la realidad, por el que hacen que los exhibidores que quieran proyectar una película de moda tengan que comprometerse a proyectar otras que no le interesan en absoluto ni a él ni al público; son las llamadas de tipo o serie B, con lo que ocupan buena parte de las sesiones impidiendo de esta forma la proyección de cine comunitario y por tanto de cine español. Por otro lado, acaparan los grandes circuitos de salas y las mejores fechas, además de obstaculizar la entrada de películas foráneas en su país, exigiendo versiones originales en inglés. Esta, señora ministra, es la falacia del mercado libre y sin fronteras que nos han vendido y que además, desgraciadamente, ustedes han comprado.
Ante todos estos hechos al cine no habría que considerarlo como otro producto cualquiera. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida piensa que hay que defenderlo como una forma de expresión de la propia cultura y, por tanto, demandar el establecimiento de un producto de excepción cultural, que es la única justificación para una política proteccionista, no admitiendo filosofías como las explicitadas en esta Cámara por algún compañero de ustedes en anteriores legislaturas-me refiero concretamente al ex secretario de Cultura,

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don Miguel Ángel Cortés- que literalmente decía: La excepción cultural en general es anticultural y antieuropea, pero además para España es contraria a nuestros intereses. Pues bien, señorías, de aquellos polvos vienen estos lodos.
La política seguida hasta ahora en materia de cine no ha podido ser más desastrosa. A la desaparición del canon de doblaje en el año 1994 por la Ley del cine del Gobierno socialista ha seguido una política errática por parte del ICAA basada en casi continuos cambios en la legislación, en medidas coyunturales, más tipo parches -valga la expresión, sin ánimo de faltar al respeto-, que han pretendido disimular, que no arreglar, los auténticos problemas de esta actividad. Por si fuera poco, señora ministra, las últimas medidas adoptadas por el ICAA proponen sólo una mayor liberalización y adaptación a la economía de mercado, ignorando que este mercado es un mercado cautivo en manos de los Estados Unidos.
En la línea de la plena liberalización del sector, en aras de la libre competencia, el Gobierno del Partido Popular se acoge a la necesidad de trasponer las directivas europeas que le vienen bien, olvidando las que no le vienen tan bien. En este sentido, ustedes van a adoptar una serie de medidas que no van a favorecer en absoluto el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro país. Al mismo tiempo, el Gobierno hace caso omiso de otras directivas, de igual o mayor rango, por cierto, como la de Televisión sin fronteras, que prácticamente en todos sus aspectos -porcentaje de películas y productos de ficción de la Unión Europea, cortes y duración de los bloques publicitarios, etcétera, así como protección de la infancia- son claramente incumplidas de forma sistemática por todas las cadenas de televisión, y quiero hacer especial hincapié, sobre todo por las públicas. Pero, claro, en esto parece que hay una manga ancha tremenda y que no se entera ni el Gobierno, ni la ministra ni ninguno de los competentes en la materia. ¿Pensaban ustedes, tal vez, por aquello del efecto Cañete, del ministro Cañete, que esto iba a ser también un paseo fácil? Sin embargo, se han encontrado ustedes con que los profesionales de la industria, después de que pareciera que eran ustedes capaces de consensuar esta ley sin mayores problemas, han comparecido en este Parlamento y lo que parecía ser un aval para el proyecto de ley del PP empezó a dejar de ser un camino de rosas en este Congreso y los distintos pareceres empezaron a chocar entre sí tras las primeras declaraciones. Los productores, directores y distribuidores, incluso hasta la propia Academia de Cine, señora ministra, o la propia Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, hicieron frente común a los representantes de los exhibidores. Los primeros defendieron a capa y espada la necesidad de mantener la cuota de pantalla e incluso aumentarla, ya que de no ser así se pondría al cine español en el corredor de la muerte y con fecha fija para su propia ejecución, aunque también es cierto que algunos reconocieron que tampoco esta era la panacea para el cine español y que se podrían barajar otras medidas para potenciar esta industria. Los primeros no trataban de oponerse al libre mercado adoptando todo tipo de medidas proteccionistas, sino al todo vale en el libre mercado, porque ese mercado libre, señoras y señores diputados, debería tener unos correctivos cuando la mercancía de la que estamos hablando es nada más y nada menos que la cultura. Los segundos, sin embargo, apoyaron el texto del Gobierno que implica la desaparición de la cuota de pantalla en cinco años; defendieron esta posición en aras del libre mercado, aunque he de decir en este punto que don José María Otero, director del ICAA admitió en su intervención la posibilidad de estudiar la anunciada supresión de la cuota de pantalla en cinco años y con este matiz -creo yo- trataban de tranquilizar a creadores y productores que habían reiterado su preocupación ante la caducidad de esta normativa que les protege frente a la avalancha de cine de Hollywood.
Pues bien, señorías, este Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado enmiendas en la línea de corregir todas estas preocupaciones y sobre todo en la línea de proteger al cine como excepción cultural y también a la industria cinematográfica española.
Por eso las enmiendas que hemos presentado van en la línea de proteger al cine como excepción cultural, señora ministra, de eliminar el tema de la cuota de pantalla y de aumentarla ahora mismo a dos por uno en lugar de a tres por uno. Es decir, de cada dos películas que se proyecten, una ha de ser española. Yo creo que este es un clamor que no solamente plantea mi grupo parlamentario sino prácticamente el conjunto de los sectores afectados. También planteamos en nuestras enmiendas, repito que con el ánimo de mejorar este proyecto, la creación de la cuota de distribución, que es un elemento importante, porque si se secuestran las películas y no se distribuyen, difícilmente pueden ser proyectadas. Por lo tanto, ese elemento es un tema que a nosotros nos preocupa y compartimos esa preocupación con amplios sectores de la cinematografía, que queremos que miren ustedes con cariño y que, si es posible, recojan nuestra enmienda.
También hemos planteado en nuestras enmiendas elevar a la Unión Europea la necesidad de alcanzar un acuerdo con terceros países, con el fin de reequilibrar las condiciones de distribución y exhibición de las obras cinematográficas comunitarias para que tengan las mismas posibilidades que las foráneas en el resto del espacio europeo, así como establecer líneas de colaboración con ayuntamientos para que se lleve a cabo un plan de ayudas para poder modernizar y promocionar las salas de cine y las salas alternativas en las propias instalaciones municipales y también adoptar medidas para que la obra del autor cinematográfico sea respetada

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íntegramente, tanto en su formato de imagen como de sonido.
Una preocupación que compartimos con las comunidades autónomas es el establecimiento de un plan de ayudas para las escuelas universitarias del cine homologadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Castro, le ruego que vaya concluyendo.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente, termino inmediatamente.
También creemos necesario un sistema de ayudas a la distribución de cine español o comunitario, con ayudas automáticas a la producción en función de los resultados de taquilla y ayudas a distribuidoras, a los costes de copias en el sector artístico y ayudas automáticas a la exhibición.
Con nuestras modestas aportaciones, con nuestras enmiendas, repito una vez más, pretendemos mejorar este proyecto de ley que trae a esta Cámara el Partido Popular y en función de lo que la señora ministra nos diga cuando conteste, procederemos con nuestro voto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán no votará a favor de esta enmienda de devolución, de esta enmienda de totalidad, pero no porque no comparta alguna de las preocupaciones que ha puesto sobre la mesa el portavoz del Grupo Mixto, sino porque entiende que muchas de esas preocupaciones se pueden corregir por vía de enmienda parcial al texto, y que no sólo se pueden corregir por vía de enmienda parcial al texto sino que este texto que a partir de hoy, superada previsiblemente esta enmienda de totalidad, se va a tramitar en este Congreso no es un mal texto, a juicio de mi grupo. Es un texto mejorable, pero de entrada es mejor que la ausencia de ley. No es malo en su conjunto, en el espíritu que tiene detrás, aunque es perfectible, y es sobre todo una ley marco cuya eficacia sólo podrá medirse en función, en primer lugar, del presupuesto, seamos realistas, y, en segundo lugar, en función de las medidas concretas de aplicación que se dicten en desarrollo de esa norma.
Desde Convergència i Unió partimos de tres premisas muy básicas al afrontar lo que tiene que ser una política de cara a la cinematografía y al fomento de la cinematografía. Una primera, que ha sido comentada por otros portavoces, es entender el cine como un producto a la vez industrial y cultural de forma inseparable. Hay que dejar clara, y de ahí sacar las consecuencias políticas y jurídicas que se derivan, la naturaleza del cine como una industria estrictamente cultural. No estamos hablando de aparatos de aire acondicionado, de calzado o de envases de tetrabrik.
Aquí estamos hablando de nuestra propia identidad cultural y quien pierda de vista a esa premisa no puede llegar a las conclusiones que entendemos que son las correctas. El cine, lo queramos o no -algunos además lo queremos, pero aun en el caso de aquellos que no querrían que fuera así-, es la base de la gran mayoría de nuestros referentes culturales y visuales. Es el medio principal y más importante de transmisión de nuestros valores culturales. En unos casos lo es de supresión o modificación de esos mismos valores y de esos mismos elementos culturales; en otros es una forma de creación artificial de otra serie de referentes que juntos son en buena medida los que acaban construyendo eso que denominamos cultura, que es mucho más que una simple sucesión de libros, canciones o poemas. Es un conjunto de imágenes y de elementos y ahí el cine tiene un papel fundamental que sólo puede crecer. Bien lo sabía la industria y el Gobierno norteamericano cuando empezó a desarrollar el cine. Tenía un elemento político detrás, la conquista, entre comillas y sin comillas, del mercado europeo y mundial, conquista legítima y real. Si tenemos hoy como referente mucho más la situación de la policía en Los Ángeles o lo que ocurre en el oeste norteamericano, en lugar de la realidad de la cultura griega, de la cultura mediterránea, de la conquista de América, de la realidad Iberoamericana, de la realidad presente y pasada de Europa, es a causa del cine casi exclusivamente. Por tanto, no podemos perder de vista al diseñar una política de apoyo a la cinematografía ese elemento cultural, que en el caso español tiene un plus, y ahí de nuevo sintonizamos totalmente con la música de fondo que sonaba en la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, porque esa diversidad cultural no se da sólo en el conjunto de Europa, sino que también la hay en el Estado español, hay un plus de diversidad cultural que tiene que ser protegido y apoyado. Junto a esa diversidad exterior, nos decía una de las comparecientes, hay también una diversidad interior que merece todo el apoyo, no sólo porque así lo impone la Constitución en lo que se refiere a la diversidad lingüística del territorio del Estado español, sino que es ese conjunto de la pluralidad lingüística y cultural que tiene España el que forma parte de su riqueza cultural y el que merece una especial protección y un especial apoyo.
El cine es una industria al mismo tiempo. Mi grupo no está por una política que pretenda sólo apoyar o promocionar una especie de cine para elites culturales, para salas reducidas. No. El cine es y puede ser, y el cine europeo y español han demostrado que pueden serlo, una industria, con todo lo que supone, una industria muy especial; una industria de prototipos, se hacalificado alguna vez, que no hace productos en serie,

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que agota; cada fábrica se termina y se cierra cuando ha terminado una producción y hay que volver a construir la fábrica con la producción siguiente. Es una industria muy especial, pero crea trabajo y riqueza y, por tanto, tiene y merece todo el apoyo que el Estado presta en el conjunto de lo que son las actividades económicas, por ejemplo, también en el ámbito fiscal, fomentando la inversión en ese sector, apoyando el elemento estrictamente industrial y potenciando que esa industria pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado español y europeo con las demás industrias que proceden de otras partes del mundo. Es una industria que además, en la sociedad de la información y de la imagen, que es la de hoy -sepamos en qué momento estamos teniendo este debate-, no es una industria cualquiera; es una industria que en el fondo está detrás y alimenta buena parte de las otras industrias pujantes que tenemos hoy.
En este contexto, ¿cuál ha de ser el papel del Estado y por qué nosotros aceptamos esta ley? Le damos la bienvenida por el hecho de que haya sido traída a esta Cámara y lo que sí haremos es intentar perfeccionarla. No olvidamos nunca, lo recordamos cada día los que somos diputados, que hay mayoría absoluta en este Parlamento, pero a pesar de eso seguimos trabajando y poniendo propuestas sobre la mesa.
¿Cuál es el papel que creemos ha de tener el Estado y el tono que tiene que tener esa ley? En primer lugar, claramente, debe haber protección, con todas sus letras, precisamente por el elemento cultural que tiene, por el riesgo de que esa cultura quede extinguida en un plazo medio o largo, que quede absolutamente superada por otras culturas, probablemente más pobres que la nuestra en algún caso o equiparables en otros -ese sería otro tipo de debate-, pero en todo caso con muchos más medios que los que tienen hoy las industrias culturales europeas. Por lo tanto, debe haber protección, también porque el mercado no es justo, porque el mercado está distorsionado, no sólo por razón de las diferencias de capital, sino porque hay prácticas abusivas. Igual que se reacciona contra las prácticas abusivas en la distribución de software, en la distribución de coches o en la distribución de yogures, hay que reaccionar -y el Estado tiene la obligación de hacerlo- contra las prácticas abusivas en la distribución de productos cinematográficos de películas. Ahí, el doblaje, evidentemente, de raíz claramente franquista, pero hoy no susceptible de ser corregido por vía reglamentaria ni legislativa porque ya ha calado de forma muy honda en la propia sociedad española, es algo que ha influido mucho en lo que es esa distorsión del conjunto del mercado. Por eso, nosotros defendemos el mantenimiento de la cuota de pantalla, damos la bienvenida a que se mantenga durante los próximos cinco años y pediremos al Gobierno que suprima esa desaparición automática de la misma. Tampoco pedimos que se imponga que se prorrogue automáticamente; simplemente que, pasados esos cinco años, quepa la posibilidad, a la luz de lo que haya ocurrido en el mercado, de que esa cuota de pantalla se mantenga.
Ciertamente, la cuota de pantalla no es la única forma de protección, hay otras y la realidad de la industria del cine en Europa nos da ejemplos; los hay en Francia y en el Reino Unido y alguno de ellos han sido muy eficaces. Lo que no se puede es suprimir la cuota de pantalla sin introducir en perfecta simultaneidad otras vías de impulso de fomento y de auténtica protección. Por tanto, nosotros pediremos el mantenimiento de la cuota de pantalla más allá de cinco años, si el mercado lo permite, si el mercado así lo aconseja, e incluso autorizar al Gobierno para que pueda en su caso reforzar esa cuota de pantalla. No pretendemos que se imponga desde ahora, porque realmente la cuota de pantalla como tal ni siquiera en la proporción del 3 por 1 ha sido realmente aplicada. Vamos a ver qué ocurre si se ponen todos los medios de control para que se aplique en realidad.
Hay otras medidas ciertamente que escapan a esta ley, que se han mencionado y que deberán ser objeto de análisis dentro del marco de lo que es una política de apoyo al cine, como puede ser el conflicto entre fútbol y cine y la cantidad de dinero de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los que estamos aquí y de los impuestos de los millones y millones de ciudadanos que representamos, que se va directamente en salarios de futbolistas, a través de lo que se está pagando por la retransmisión televisiva. Yo, personalmente, rechazo ese modelo. Evidentemente, un solo grupo no va a poder cambiar eso, es algo que hay que hacer de forma mucho más amplia, pero es escandalosa la proporción de dinero de los impuestos de los españoles que a través de las empresas públicas de televisión se está gastando en financiar a jugadores de fútbol en lugar de estar generando, en una proporción superior a la que hay ahora, una industria audiovisual. Ese es un debate importante sin duda que va más allá de lo que es esta ley.
Hay que fomentar también una producción de calidad y, por tanto, apoyamos esta ley en lo que tiene de establecimiento de unas ayudas relativamente automáticas a la producción, estimulando también la inversión. Ahí hay otro tema que podría desarrollarse en otros textos y que nos parece bien que no se meta aquí por no mezclar, pero que anunciamos que seguiremos estudiando -ya en su momento lo hicimos-, como es el establecimiento de determinadas medidas fiscales de apoyo, por ejemplo, en el marco de la anunciada reforma del impuesto sobre sociedades. Ahí también habrá que actuar y seguir teniendo en cuenta este tema.
Finalmente, comparto totalmente las palabras de la ministra y en realidad de todos los que van interviniendo en este debate sobre la necesidad de una mayor integración vertical entre producción, distribución y exhibición. El gran problema en este momento de la industria del cine en España es fundamentalmente la

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distribución y la exhibición. De nuevo aquí el problema es mucho más grave para aquellas cinematografías españolas que se producen en lenguas que no son la castellana y que tienen mayores dificultades y, en consecuencia, necesitarán un mayor apoyo.
Queda aquí un poco espigado lo que será el contenido de las enmiendas de mi grupo -enmiendas muy concretas para las cuales esperamos contar en su momento con el apoyo de la mayoría absoluta-, pero creemos que todo eso se puede hacer en el trámite de ponencia y de Comisión.
Termino, señor presidente, diciendo que esta ley no es la única posible. Eso es habitual, pero en este caso lo es clarísimamente porque el derecho comparado nos da otros ejemplos. Por tanto, compartimos la opinión de aquellos que creen que habría otros sistemas tanto o más eficaces de apoyo a la industria del cine, pero creemos que es una ley posible, que es una ley que, si se lleva a la práctica con el espíritu con el que se va a elaborar, puede ser muy eficaz; evidentemente dependerá de su dotación presupuestaria.
Finalmente, del trabajo de todos y de la aplicación que de él haga el Gobierno dependerá que seamos capaces o no, en lo que es el siglo de la cultura de la imagen, de llegar a tener una industria de la imagen, una industria audiovisual y, de entrada, una industria cinematográfica de altura, o si simplemente, puesto que no querremos huir de lo que es esa cultura de la imagen y de esa sociedad de la información que vive de la misma, viviremos de industrias ajenas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Señor Leguina.


El señor LEGUINA HERRÁN: Señor presidente, señorías, venimos aquí a debatir una enmienda de totalidad de devolución al Gobierno de la ley que éste ha presentado a las Cámaras. Creo que el proyecto de ley tiene una virtud que nosotros no vamos a negar: que existe, y esto sinceramente es un avance. También hay que reconocer que el Gobierno antes de traer la ley del cine y del sector audiovisual a la Cámara ha hecho un trabajo, que ha dado un resultado, porque ha movido a la industria, al sector, como ahora se dice, y hoy sabemos bastante más de la situación que hace unos días. Creo que no se puede votar en contra de la admisión de la ley y por eso nosotros no lo vamos a hacer. Es evidente también que la ley, como todo en la vida, es mejorable. Tampoco voy a hacer un discurso en el que forzadamente, como diría Eco, uno tenga que ser apocalíptico o integrado. Yo no voy a ser ni tan integrado como la ministra, ni tan apocalíptico como alguna de las intervenciones. Me niego a admitir semejante dicotomía; pero es indudable que el cine español tiene problemas.
El proyecto de ley que nos ha traído el Gobierno a la Cámara es una ley del cine que tiene cosas positivas, pero no es una ley de defensa del cine español o, por decirlo con más generalidad, no es una ley de defensa de la producción audiovisual española, no llega a serlo. En el trámite de enmiendas, en ponencia y luego en Comisión, si el Gobierno y el grupo que lo apoya lo quieren, creo que se pueden introducir sensibles mejoras para transformar esta ley en una ley de defensa del cine español. Pondré algunos ejemplos, aunque ya se han dicho muchas cosas.
Si vemos la proyección que se hace en las televisiones públicas -y no digo sólo en Televisión Española-, nos encontraremos con algunos datos abracadabrantes. Si sumamos el fútbol, que es mucho sumar, y las películas de terceros países, que se dice eufemísticamente -en realidad películas norteamericanas-, y lo comparamos con las obras de creación europeas o más estrictamente españolas, los datos que arrojan esas estadísticas simplemente son, desde el punto de vista cinematográfico, detestables. ¿Eso se puede corregir desde la ley? Se puede y discutiremos sobre ello en ponencia y en Comisión.
Respecto a las cuotas de pantalla, si uno lee los medios de comunicación escritos, parece que la ley debiera de haberse resumido en un solo artículo: se quitan en cinco años dichas cuotas de pantalla. La ley es más que eso, aunque en esta simplificación y simpleza se ha querido llevar el debate sólo a ese tema. No es así, no debe de ser así, pero en relación a las cuotas de pantalla, sobre las que el Gobierno trajo aquí la ley diciendo que en cinco años desaparecerían, en las comparecencias de los representantes cualificados del sector nos encontramos con que ese acuerdo no era tal y que en general prácticamente todos defienden la permanencia de la cuota de pantalla. Creo que es buena ocasión, siempre que el Gobierno y el Grupo Popular estén abiertos al debate, para que esto se debata.
La siguiente cuestión que se plantea, que es el problema suficientemente conocido de la mala competencia o la competencia desleal de películas de terceros países -es decir, norteamericanas- respecto a la filmografía española y europea, es el doblaje. Si un productor quiere estrenar una película española doblada al inglés en Estados Unidos, no hay ninguna ley norteamericana que lo prohíba, pero es imposible estrenarla. La industria norteamericana respecto a la industria europea en general y a la española en particular juega, diciéndolo científicamente, sucio. En Estados Unidos no se puede estrenar una película doblada. De hecho, no de derecho, el proceso integrado al que se refería la ministra, producción-distribución- exhibición -que tiene sus riesgos, porque yo creo que choca contra varias leyes de la competencia-, en Estados Unidos hace imposible que una película extranjera doblada al inglés sea estrenada, a no ser que sea en un cineclub, y nosotros regalamos la lengua española a todas las películas

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norteamericanas que se quieran estrenar, gratis et amore. Aquí creo que hay que meditar un poco sobre la limpieza de la competencia, y si usted quiere estrenar películas norteamericanas -producidas en lengua inglesa por tanto- en castellano, por lo menos tendrá que pagar algo. ¿Qué decir de la publicidad? Las películas norteamericanas, las de gran éxito y las de ningún éxito en Estados Unidos, reciben un apoyo publicitario en las televisiones públicas y privadas españolas que realmente arrasa con cualquier posibilidad de competir en igualdad de condiciones, porque las producciones españolas y también las europeas son incapaces comercialmente de lanzarse a una publicidad de ese tamaño. Señores, hay que plantearse la competencia en igualdad de condiciones y yo creo que hay que plantearse no el restringir la publicidad, sino simplemente poner coto a tamaña desmesura. He de decir antes de continuar, para que nadie me confunda en mis pensamientos estéticos respecto al cine americano, que estoy más cerca de aquel que, al oír la frase: cine norteamericano, dijo: usted acaba de decir una redundancia; estoy más cerca de ese señor que de los cineclubs y de El acorazado Potemkín.
Yo creo que el cine norteamericano es bastante redundancia, porque forma parte no sólo de la gran industria sino de las grandes obras maestras del cine del pasado y del presente. Por tanto, no estoy en contra del cine norteamericano; estoy a favor de que compita legalmente y sobre todo legítimamente en nuestro país.
Está el asunto de los llamados paquetes de las grandes productoras y distribuidoras. Películas que jamás han pensado estrenar en Nueva York, Washington o Chicago se estrenan en España. ¿Por qué? Porque las televisiones españolas a las que han sido vendidas esas películas exigen que sean estrenadas previamente en pantalla, con lo que hacen una competencia absolutamente desleal al cine europeo y en particular al cine español. Además, las distribuidoras probablemente no tienen mucho interés en estrenar esas películas. Es el propio sistema español de las televisiones el que fuerza, en contra del cine español y del cine europeo, que las majors estrenen esas películas en pantalla. La ley puede y debe regular esto.
En cuanto a algo sobre lo que ha insistido la ministra, la tan traída y llevada industria española, cuando algún político -y no me voy a referir sólo al Parido Popular-, en general, habla de la cultura hace más retórica que política. La cultura es muy importante, el cine español es muy importante. ¿Y ustedes, qué hacen para que eso se convierta en una industria? En esta ley, no diré que nada, porque sería falso, pero muy poco. ¿Alguien desde los poderes públicos se ha planteado seriamente que se cree una industria? Para que se cree una industria se tienen que crear beneficios, se tiene que facilitar que la gente que mete dinero en esa industria pueda ganar algo, que no lo meta gratis et amore o que no se meta en aventuras que dependan básicamente no de las inversiones privadas sino de las ayudas que se consigan acá o acullá. Esta ley debe entrar también en ese tema, teniendo en cuenta que las ayudas al cine, el fondo para el cine, se cobra tarde, mal y nunca. Pero no se trata sólo de resolver ese problema financiero del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, sino de intentar iniciar un proceso industrial que consolide la industria del cine, que es una industria cultural española.
Este trámite parlamentario tiene su importancia. Nosotros nos vamos a abstener en cuanto a la devolución, pero el trámite empieza el día que comencemos a discutir en la ponencia y luego en la Comisión.
Cuando escuchemos ahora a la representante del Partido Popular tomaremos muy buena nota no sólo del tono, que será agradabilísimo, sino de la voluntad de llegar a una ley de defensa y de promoción del cine español. Y, por favor, quitémonos la retórica; la retórica sobre la cultura española en esta Cámara y en todos los ámbitos de la vida política ya está absolutamente desgastada. Pasemos de la retórica a los hechos. Esta es una buena ocasión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Leguina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. No es necesario decirlo, pero quiero hacerlo explícito, nuestro voto va a ser negativo porque creemos que es una muy buena ley la que hoy se nos presenta. ¿Quizá mejorable? Todo es mejorable, sin duda, lo han dicho aquí todos los portavoces y posiblemente lo compartamos todos. ¿Insuficiente? También. En cualquier caso, es una buena ley que, además, yo diría que no sólo es necesaria sino indispensable. La demanda todo el sector, como ha dicho el portavoz socialista. Es una ley indispensable.
También quiero poner por delante que a pesar de los términos utilizados -algunos apocalípticos, otros sencillamente muy pesimistas, otros realistas-, nosotros creemos que el cine español está pasando por un momento muy bueno; y cuando digo el cine español estoy hablando del cine en genérico, porque en España siempre ha habido grandes talentos. Nos lo recordaba el otro día en un artículo Roman Gubern, por supuesto desde Buñuel o Nestor Almendros, pero incluso citaba a Blasco Ibáñez como el autor mejor pagado del cine mudo en Hollywood. Pero esos grandes talentos, como en otros ámbitos de la creación artística, se nos escapaban

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entre las manos porque el cine, como dijo creo que fue Hitchcock, no se hace con un pincel, se hace sobre una industria, y aquí no había industria; la había naturalmente, y se han hecho grandes esfuerzos para ello, pero no la industria necesaria para soportar el cine español con la envergadura que ya está tomando.
Vuelvo a decir que el momento actual del cine es excelente. Ustedes han manejado aquí cifras, cifras que han dado desde el director del ICAA hasta las personas que han venido a comparecer, pasando por el informe de la Academia, por citar una fuente de autoridad, y han omitido que todos han terminado diciendo que esas cifras eran coyunturales, es decir, que una bajada en las de un ejercicio sobre otro no quiere decir que el cine esté peor este año que el anterior.
Sencillamente quiere decir que el que una película de tirón, una película locomotora, como Torrente 2 -que posiblemente se estrenará pronto-, se estrene en un mes de noviembre o en un mes de enero tira de un ejercicio o tira de otro, pero todo el sector ha dicho que las cifras coyunturales no son significativas y que se está pasando por un momento excelente. Dicho esto, permítanme, señorías, que haga un inciso diciendo que más excelente todavía va a ser el próximo domingo, cuando Bardem consiga su Oscar -que para nosotros ya lo ha conseguido-. Le quiero mandar nuestro apoyo, felicitación y decirle que supongo que compartimos la misma situación de nervios.
Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta ley? Yo no me voy a poner a desmenuzarla. La ministra lo ha hecho con muchísima claridad y además punto por punto. Nosotros buscamos precisamente ese término que no es la ayuda, es el fomento y el apoyo a una industria sin la cual la creatividad no sería posible. ¿Se logra con esta ley? Posiblemente se podría hacer mucho más. Lo que es un hecho es que se le da a un sector industrial un tratamiento singular precisamente por su valor cultural. Cuando se dice: no lo trate usted como un producto más, díganme cuántos productos tienen una ley específica de fomento.
Es el valor cultural que se reconoce a lo largo de toda la ley. Es la diversidad cultural española y de las lenguas, la diversidad cultural europea la que se promueve y se apoya a lo largo de toda esta ley.
Voy a entrar en algunos puntos. En cuanto al apoyo económico -que lamento tener que decir aquí que no es desdeñable-, tanto el fondo de ayuda a la cinematografía, como las cuotas de pantalla, como el porcentaje que las cadenas de televisión deben reservar para emisión de cine y que nuestro grupo, por la vía de enmienda -y ya se ha anunciado repetidas veces-, va a proponer que sea hasta del 60 por ciento, son tres instrumentos de una enorme importancia. Repito, de una enorme importancia; estamos llegando a una envergadura muy seria.
Por cierto, el portavoz socialista ha dicho que parece que es la ley de la cuota de pantalla. No tiene nada que ver, la cuota de pantalla se prolonga cinco años y quisiera decirle a algún grupo que ha utilizado ese término que por favor no se frivolice diciendo que el cine español está en el corredor de la muerte. Es demasiado serio el término corredor de la muerte, y mucho más aquí, como para que oigamos ese término respecto de las cuotas de pantalla.
El fomento a la cinematografía se hace sobre dos bases: criterios objetivos (es muy importante que todos los actos de los poderes públicos puedan ser recurribles y eso sólo se consigue si los criterios son objetivos, y esta ley los fija) y determinación de las infracciones y las sanciones, que hasta ahora eran imposibles de cumplir: diez procedimientos sancionadores han quedado desestimados por el Supremo; los diez que ha habido. Si no es importante que haya criterios objetivos y por tanto recurribles, y si no es importante además que la ley se cumpla porque el procedimiento sancionador es real, dígannos si esta ley no tiene la máxima importancia en ese sentido. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) No voy a hablar ahora, porque supongo que no tengo tiempo y además la ministra lo ha hecho muy bien, de la diversidad cultural que a lo largo de todo el texto se promueve (la diversidad de las lenguas o la Filmoteca como conservación de la memoria) pero concluiré con el diálogo. El señor Leguina pedía que no tuviésemos términos eufemísticos. Tenemos los que tenemos y desde luego sabe que estamos muy dispuestos. Esta ley ha sido fruto de años de trabajo con todo el sector y confiamos que no sea cuestión de años sino de días el trabajo y el diálogo entre los grupos de esta Cámara a fin de que hagamos una ley que tenga la máxima aceptación. Sí les quiero decir que fue un compareciente precisamente gallego quien dijo: El gran talón de Aquiles de la cinematografía española está en la confluencia. Si no logramos que todo el sector confluya para trabajar al unísono, estaremos dando ventajas al cine de otros países, entre ellos el de Estados Unidos, pero también por ejemplo el francés, donde confluyen todos los sectores: creación, producción, distribución y exhibición. Hoy somos nosotros, los poderes públicos y concretamente el Legislativo, quienes no podemos fallar. Debemos sacar adelante esta ley, a ser posible acordada entre todos, que haría posible sentar las bases de esta industria.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Sometemos a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Mixto al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, tres; en contra, 178; abstenciones, 84.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de totalidad de referencia.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, TEXTO ARTICULADO APROBADO POR DECRETO 1022/1964, DE 15 DE ABRIL. (Número de expediente 121/000034.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor Montoro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara, para su aprobación en lectura única, el proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por decreto 1.022/ 1964, de 15 de abril, cuya finalidad es mejorar la estructura del sector público empresarial.
Como SS.SS. conocen... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.) Adelante, señor Montoro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Como SS.SS. conocen, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha operado bajo las directrices del Ministerio de Industria y Energía desde 1968 hasta la aprobación del Real decreto 689/2000, de 12 de mayo, mediante el cual se adscribe al Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, dentro del Ministerio de Hacienda ha permanecido históricamente el grupo adscrito a la Dirección General de Patrimonio, compuesto por otro grupo nutrido de empresas públicas.
Así, por primera vez los dos grupos de empresas públicas se han reunido en un mismo departamento ministerial.
El objeto de la nueva ley es facilitar y agilizar la ordenación y gestión del conjunto de las empresas públicas del Estado para aprovechar mejor las capacidades específicas de la SEPI y del grupo Patrimonio.
La Sociedad Española de Participaciones Industriales está altamente especializada en el saneamiento, en la administración y también en la privatización de empresas. Este proyecto de ley facilitará la adscripción a la SEPI de empresas del grupo Patrimonio, lo que supondrá sin duda alguna un avance en la modernización del sector público empresarial del Estado. Por otro lado es necesario mantener la capacidad de la Administración general del Estado a través de la Dirección General del Patrimonio, para aprovechar su experiencia en la gestión de sociedades estatales, sobre todo de carácter instrumental, y en el seguimiento y control de sus actividades, en la gestión del patrimonio inmobiliario y en el desarrollo de la política de compras públicas, especialmente en la provisión de bienes y servicios de mercados liberalizados.
Dada la conveniencia de mantener los dos grupos públicos por razones presupuestarias, económicas y funcionales y a la vez facilitar la movilidad entre ellos para conseguir la adscripción más eficiente, es conveniente agilizar el procedimiento reglamentario, tal y como se propone en este proyecto de ley. De esta manera, el Ministerio de Hacienda podrá someter al Gobierno la adscripción de las diferentes empresas en el grupo empresarial más adecuado en función de sus características y necesidades. Lógicamente, la mayor parte de las sociedades mercantiles que ahora pertenecen al grupo Patrimonio podrán beneficiarse de la autonomía y experiencia de la SEPI en la gestión de empresas.Por otra parte y como ya he dicho antes, la Dirección General de Patrimonio concentrará mejor su capacidad, su actividad en la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y en la política de compras públicas, sin olvidar que todavía será gerente de un amplio número de empresas.
En este proyecto de ley también se contempla la posibilidad de que otras empresas públicas o entes públicos que ahora dependen de otros ministerios, puedan incorporarse en el futuro a la SEPI por acuerdo de Consejo de Ministros. Para cumplir estos fines este proyecto de ley propone en su artículo único el siguiente procedimiento. En primer lugar el Consejo de Ministros, previo conocimiento de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, acuerda la transmisión de las empresas en cuestión del grupo Patrimonio a la SEPI, o al revés incluso si en algún caso conviniera. El propio acuerdo fijará las condiciones en que el nuevo titular se subroga en las relaciones jurídicas preexistentes. Las participaciones recibidas se contabilizarán en el mismo valor que estuvieran contabilizadas en su anterior titular. La reordenación estará exenta de cualquier tributo o gravamen y también la ley contempla una fuerte reducción de los aranceles de fedatarios públicos que intervengan en los actos de ejecución de

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la ley. (La señora vicepresidenta, Becerril, Bustamante, ocupa la Presidencia.) En definitiva, con este proyecto de ley se autoriza al Gobierno a redistribuir las participaciones empresariales de acuerdo con los principios de eficiencia y de economía. Las participaciones empresariales en el sector público se podrán ubicar en el ámbito de gestión más adecuado para garantizar su mejor administración, en su caso para promover su reestructuración, y desde luego para seguir adelante con la política de privatizaciones.


Señorías, el proyecto de ley que hoy presento a la Cámara no es una iniciativa aislada, sino que se inscribe en la política general de optimización y racionalización del sector público que comenzó en la legislatura anterior a partir del programa de modernización acordado en el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996. En efecto, uno de los principales instrumentos de nuestra política económica es la liberalización de los sectores productivos para facilitar la participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos a la competencia. Dentro de esta política de liberalización, la reestructuración del sector público empresarial ocupa un lugar decisivo. No cabe duda de que en este sentido el proceso de racionalización acometido hasta ahora ha sido un éxito. El objetivo es elevar la eficiencia general de estas empresas e introducir en ellas el estímulo de la competencia a favor del crecimiento y el empleo, mejorar su cuenta de resultados y en los casos posibles y en el momento oportuno abordar su privatización. De hecho las empresas públicas están saneando su cuenta de resultados, mejoran su capacidad de competencia, muchas de ellas han logrado y siguen logrando una notable expansión y sobre todo generan empleo abundante y estable, afianzado en las buenas perspectivas de unas sociedades adaptadas a las exigencias del mercado. Ese sentido último del proceso de privatización de empresas públicas se seguirá acometiendo por el Gobierno en esta legislatura.
La experiencia de estos años ha sido útil y sobre todo ha resultado satisfactoria. La racionalización de empresas públicas ha sido útil para las propias empresas, útil para el Estado y útil en último término para los consumidores, para los usuarios ya que han accedido a los bienes y servicios provistos por esas empresas en mejores condiciones, y sobre todo porque este proceso ha servido también para clarificar y delimitar mejor cuál debe ser la función económica de los poderes públicos en nuestra sociedad. En España hemos seguido una política de liberalización y de privatización más decidida que en otros países de la Unión Europea y ello explica en buena medida los mejores resultados económicos de nuestro país y la notable expansión internacional de nuestras empresas.
En una segunda fase vamos a continuar el proceso de reestructuración de las empresas que aún permanecen en el sector público y vamos a ocuparnos también de seguir mejorando los métodos de gestión de las empresas públicas y de introducir en ellas el estímulo de la competencia en favor del crecimiento y del empleo.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor ministro.
Para defender la enmienda a la totalidad, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, presentan ustedes un proyecto de ley, la Mesa califica como proyecto de ley a tramitar en lectura única, pero esta lectura única, con relación a este proyecto de ley, no se compadece con lo establecido en el Reglamento ni por la simplicidad del proyecto -es lo que dice el Reglamento- y tampoco por su importancia. Si pretendían que este proyecto de ley pasase inadvertido al lado del Plan hidrológico nacional, como hacen ustedes con indultos, otros tipos de asuntos y otros proyectos, en este caso no lo consiguieron.


Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, la propia Constitución, a la que ustedes tantas veces aluden, establece cuáles son las finalidades que la intervención pública en la economía debe perseguir. Son funciones del sector público la asignación eficiente de recursos, la redistribución equitativa de la renta y la riqueza y contribuir a estabilizar los ciclos económicos -lo dijo usted también- aportando su granito de arena al desarrollo.
Durante décadas el Estado tejió una amplia red empresarial, es cierto que no siempre bien gestionada, volcada hacia sectores productivos estratégicos e integrada por empresas públicas, en muchos casos sólidas y solventes, construidas y constituidas con el patrimonio y el esfuerzo de todos, que permitieron reforzar el papel del Estado en la planificación estratégica de la economía.
Sin embargo, ya antes del año 1996, desde comienzos de la década de los noventa se inicia una política de desmantelamiento del sector público empresarial, acorde con la estrategia trazada desde ciertas elites financiero- industriales, proceso de privatización que prácticamente está culminado en estos instantes. Le llaman ustedes eufemísticamente modernización, optimización y racionalización del sector público, proceso acelerado intensamente durante su anterior legislatura, a partir de la creación de la SEPI, empresa cuya función primordial es desgajar el sector público empresarial y colocarlo en manos privadas, favoreciendo la titularidad y el control de las antiguas empresas, bien por sus antiguos gestores con información privilegiada, bien a favor de un reducido grupo de bancos e instituciones financieras.


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Cuando ya la práctica totalidad de las empresas públicas ha sido privatizada, ustedes pretenden ahora reducir aún más el papel del Estado en la economía, relegando al Estado a ostentar meras funciones de supervisión y de regulación en algunos sectores estratégicos, pero sin capacidad real de intervención y de influencia decisiva en los mismos, y desde luego no en aras de los intereses generales.
Desde nuestro punto de vista, lo que se pretende con esta modificación legislativa tiene una honda intencionalidad política: aumentar las facultades del Gobierno para incorporar a la SEPI participaciones accionariales de la Administración general del Estado, con el objetivo de ser ofertadas y vendidas al sector privado, constituyendo en suma esta reforma un servicio a la estrategia de adelgazamiento primero, y definitiva desaparición después, de la actividad pública en determinados sectores industriales.
Pero no estamos hoy aquí -también lo podríamos hacer- para juzgar el proceso de privatización de empresas públicas sino, como usted mismo dijo señor Montoro hace algunos días, para defender las competencias de esta Cámara. Es cierto que usted lo dijo con intenciones poco claras, cuando nos invitaba a defender y a votar a favor del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, pero ahora sí podemos decir de verdad que votando en contra de este proyecto de ley defenderemos las competencias de esta Cámara, y de paso defenderemos las competencias autonómicas, porque lo que están haciendo ustedes es deslegalizar una materia, pero no como ha dicho usted para en aras de una gestión más ágil permitir que sea el Gobierno, a través de su potestad reglamentaria, quien regule estas transmisiones, sino que aquí se hace simplemente a través de un acto administrativo, de un acuerdo discrecional adoptado por el Consejo de Ministros, sin transparencia, sin participación de las Cortes Generales y sin participación de las comunidades autónomas, que como la gallega estatutariamente algo tienen que decir en relación a la gestión del sector público empresarial ubicado en su territorio. Después, una vez privatizado, o como dicen ustedes optimizado y racionalizado el sector publico, nos pasará como nos pasa ahora con tantas empresas, como con Telefónica, como con Sintel, casi como con Televisión Española, que siendo ya empresas privadas, por más que presten servicios públicos quedan fuera de nuestro alcance como parlamentarios.
El núcleo de este proyecto de ley consiste, pues, en conceder al Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política económica, despreciar como dije el papel institucional de las Cortes Generales y de las comunidades autónomas en la planificación general de la economía y en lo relativo a adoptar decisiones de importante significación económica. Se simplifica de manera alarmante el mecanismo de transferencia de participaciones accionariales del Estado a la SEPI en vez de articular, como nosotros pretendemos, un proceso transparente y abierto a la participación democrática que conjugue la voluntad de las Cortes Generales, las opciones de política económica de las comunidades autónomas, todo ello para adoptar decisiones relativas a las participaciones societarias del sector público industrial.
Por cierto, no quiero dejar la tribuna sin hacer una referencia a ciertas consideraciones que usted hizo y le invito a que se las haga a los trabajadores de Tabacalera de La Coruña o de Santa Bárbara.
Dígales que las privatizaciones son útiles para las propias empresas, para los trabajadores y para los usuarios; afirmaciones que la propia realidad está desmintiendo día sí y día también.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Aymerich.
Para defensa de la enmienda a la totalidad y de las enmiendas al articulado, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, como todo el mundo ha visto, S.S. ha hecho una presentación suave, mesurada, moderada. Parece que estamos presentando una mera decisión administrativa, parece que es una cosa de trámite que no tiene ninguna importancia, que era algo necesario para el buen funcionamiento de la SEPI o de las empresas adscritas al sector público.
Usted sabe (y por tanto no debería hacer esa presentación porque alguien puede pensar que está intentando camuflar decisiones muy importantes bajo un debate suave) que lo que presentan con esta modificación de un artículo tiene enorme trascendencia y es una decisión de mucho calado. Usted sabe como yo que lo que están haciendo es desmantelar las posibilidades de fiscalización, lo que quieran hacer y cuándo lo quieran hacer, de todo el sector público empresarial, señor Montoro. Lo saben perfectamente, y no me indique lo contrario, porque lo van a hacer y muy pronto lo veremos.
Con este proyecto, cuando sea ley, ustedes pretenden poder adscribir las empresas de una sociedad a otra, sin ningún plan premeditado, sin ninguna consideración previa, a pesar de que usted haya dicho aquí que lo hacen por la naturaleza de las empresas, para adscribirlas mejor a una sociedad o a otra, para que puedan tener mayor viabilidad, para que puedan ser mejor gestionadas en ese proceso de privatización. Sin embargo, si lo hacen con esos criterios, tendrían que saberlo de antemano pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Podrían haber hecho una modificación que contemplara la posibilidad de fiscalización de este Parlamento.
Señor Montoro, usted sabe perfectamente que la SEPI presenta un presupuesto consolidado, con ingresos y con gastos, pero no de cada empresa sobre la que

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actúa. Ahora mismo, en los Presupuestos Generales del Estado, es posible conocer las situaciones de muchas de estas empresas, sus balances contables. Ustedes no dicen cuándo lo van a hacer, pero imaginamos que será poco a poco porque, si hablamos de todo el sector, estamos hablando de más de 320 empresas, estamos hablando de sociedades, de empresas y de otros organismos públicos, estamos hablando de la explotación de puertos, de constructoras inmobiliarias, de desarrollo sectorial, de agroalimentarias, de transporte, de servicios a empresas, de intermediación financiera, estamos hablando de lo que hoy persiste como patrimonio del Estado.
Son empresas tan diversas como la Renfe, los puertos, la televisión, etcétera, cuyos activos en conjunto se acercan a los 17 billones de pesetas. Son empresas que tienen una incidencia en los Presupuestos Generales del Estado y si ustedes lo hicieran (suponiendo que lo hicieran con todas, que no creo que les dé tiempo, además yo creo que no les interesa; lo harán poco a poco, según su conveniencia) dejaría de aparecer más de un billón de pesetas. ¿Es así como quieren llegar al déficit cero? ¿Es así como lo quieren hacer, como hicieron ya y están haciendo ahora mismo con las actividades y las cuentas de la SEPI? Como hoy el día está de preguntas, yo le voy a hacer una. Cuando hagan todo esto, algunas empresas deficitarias podrán cerrarlas, otras no. La SEPI ¿podrá seguir pagando a esas empresas deficitarias como hoy hace, cuando sigue obteniendo beneficios de la venta del patrimonio público? Cuando eso no ocurra, ustedes ya no estarán en el Gobierno, pero habrán esquilmado totalmente el patrimonio público de este país. Esa ha sido su gran apuesta por la mejora de la economía, absolutamente falsa, porque lo que han hecho ha sido vender el patrimonio para en estos años poder decir que han saneado la economía. Usted ha dicho antes (a veces las cosas quedan dichas y parece que son verdad) que todo el sistema de privatizaciones del Estado español ha sido mucho más importante que el de los demás países europeos y, por tanto, la economía ha mejorado en una proporción mayor que en otros países europeos. Francia no ha privatizado, la mayoría de sus empresas siguen siendo públicas, y si miramos los ratios -los que usted quiera- podremos comprobar que son mejores que los del Estado español y no han tenido necesidad de privatizar, aunque seguramente lo harán. Cuando nosotros estuvimos en el Gobierno privatizamos, pero le recuerdo que con un orden y con una intención.
Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y también enmiendas parciales para que, si persisten en su actitud, por lo menos tengamos la posibilidad de poder creer lo nos que dicen. Si ustedes dicen que quieren transparencia, que esto lo presentan para la mejora y la eficiencia del sector público, acepten nuestras enmiendas, presenten en el Parlamento esos planes anuales detallando qué empresas quieren privatizar o cómo las quieren traspasar de una entidad a otra; presenten también un balance de las empresas que han traspasado y a qué organismos lo han hecho. Sean coherentes con lo que dicen; si no, no lo digan; si no, vengan aquí y digan simplemente: Modificamos este artículo porque lo que queremos en realidad es tener las manos libres para seguir gestionando todo este patrimonio y seguir traspasándolo al sector privado, de la misma forma que lo hemos hecho ahora. ¿Y cómo lo han hecho? Les recuerdo quiénes han sido los gestores. En la primera legislatura en la gobernaron ustedes ficharon al señor Piqué y el señor Piqué se trajo al señor Ferreras. Les recuerdo que era el equipo de ingeniería financiera del señor De la Rosa. Siguen haciendo esas operaciones de ingeniería financiera, siguen traspasando al sector privado oligopolios públicos o lo que eran monopolios públicos están hoy en el sector privado, y eso se comprueba día a día. A lo mejor, algún día haremos el listado de las nuevas fortunas de este país, y todas al calor de sus privatizaciones. No crean que por mucha opacidad que estén introduciendo en estas legislaciones al final no se sabrá, porque se sabrá todo, ya se está sabiendo. El otro día tuvimos la oportunidad de debatir un asunto en relación con Sintel y, mira por dónde, ante la machacona insistencia del portavoz del Partido Popular en ese debate nos dimos cuenta de que todo había sido culpa de la venta de esa empresa en la época socialista. Pero ¡oh!, qué gran sorpresa, resulta que la empresa empieza a perder dinero cuatro años después de la venta que se hizo en la época socialista.
(El señor Martínez-Pujalte López: No haberla vendido.) ¿Cuándo empieza a perder dinero? Cuando ustedes empiezan a hacer, en las empresas que antes eran públicas y que ya son privadas, esas operaciones de contratos de compra y venta de empresas en crisis para, según quién las compre o quién las venda, hacer que suban o no suban, con esa información privilegiada que antes decía el señor Aymerich. zEstá muy claro. Cualquiera que está en este ámbito lo está viendo con mucha claridad.
Ustedes, con esa parodia de las subcomisiones, pretenden tener las manos libres y no rendir cuentas a este Parlamento. Señor ministro, ¿cómo es posible que no tengan ni siquiera la necesidad intelectual de proponer en esta modificación algún mecanismo de control sobre todas esas operaciones que van a realizar? Le voy a decir por qué: porque aunque ustedes hablaban mucho del mal llamado programa de modernización del sector público empresarial, la modernización de las empresas públicas de este país se hizo en la época socialista; ustedes se han limitado a venderlas. Las empresas que ganaban dinero en nuestra época son las que han vendido. Endesa, Telefónica y todas esas empresas tenían muchísimos problemas; nosotros las pusimos a punto y ustedes las vendieron. A aquél le llamaron programa de modernización, éste dicen que es para racionalizar la gestión. Ese es el eufemismo bajo el que se escondeesta nueva regulación. Cuando hicieron aquello se preocuparon

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de fijar una serie de normas, la mayoría de las cuales han incumplido. El Consejo Consultivo no sirvió absolutamente para nada; bueno, sí, habrá servido para que algún diputado de esta Cámara haya podido presidirlo, pero no ha servido para clarificar nada ni para que nos enterásemos de ningún proceso de privatización. Pero es más, ustedes han incumplido sistemáticamente una de las pocas medidas de control que existía, que consistía en que a los tres meses de vender o privatizar una empresa la Intervención General de la Administración del Estado mandara a este Parlamento el informe. Se lo hemos pedido por activa y por pasiva, en las subcomisiones, en la Comisión, en el Pleno, por escrito, y no nos han mandado ni uno. Ahora han dicho: Esta vez no vamos a poner ningún mecanismo de maquillaje, lo mejor es poner: artículo 1, las vamos a vender, las vamos a traspasar y punto.
Pero díganlo, no vengan aquí con ese discurso pequeño, con ese discurso amable, como si no pasara nada, diciendo: Vamos a racionalizar la gestión; en voz baja, que no se entere nadie. Hoy, como recordaba el señor Aymerich, en un Pleno largo, a esta hora de la tarde, pocos medios de comunicación se ocupan de esto; se ocupan nada menos que de lo que va a pasar con un sector empresarial que puedo estar de acuerdo con usted en que es necesario racionalizar.
Seguramente es necesario que algunas empresas y organismos, algunos duplicados, estén adscritos a otra parte, pero es necesario hacerlo como proponemos en nuestras enmiendas, con un plan anual, con unas previsiones, con unas razones que permitan a este Parlamento conocer la política que quieren hacer, porque les vuelvo a repetir que afecta a un volumen importante de los Presupuestos Generales del Estado, afecta a un volumen importante de empresas y organismos y afecta también a más de 200.000 trabajadores.
Estoy convencido de que ustedes no van a privatizar Hunosa, ni van a privatizar las empresas deficitarias. En todo caso adscribirán a la SEPI determinados organismos o empresas cuyo patrimonio sea susceptible de venderse en la SEPI, y seguramente -porque esta ley lo va a permitir- después de eso las volverán a adscribir otra vez, como organismos, a la Seppa o a cualquier otra Dirección. Esto no lo va a fiscalizar nadie, mejor dicho, no vamos a poder hacerlo desde una buena base legal. Evidentemente lo vamos a hacer con nuestros medios.
Todo esto es demasiado osado, es un desprecio a la capacidad de este país para enterarse al final de qué es lo que quieren hacer con este importante sector de empresas y organismos públicos.
No creo que vayan a aceptar ninguna enmienda a este proyecto, pero les aconsejaría que lo hicieran, ya que por lo menos podrían salvar la cara como hicieron cuando promovieron aquel documento de modernización del sector público empresarial. Es verdad que aquello no lo cumplieron, pero entonces podían decir por lo menos que querían transparencia. Ahora, ni siquiera se atreven a decirlo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.) La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Cuevas.
En el turno de fijación de posición y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado porque, al igual que otros grupos parlamentarios, rechaza el texto y la filosofía de este proyecto de ley del Gobierno. De forma sucinta explicaré cuáles son las razones que nos llevan a oponernos a la modificación de la Ley de Patrimonio del Estado impulsada por el Gobierno.
No será una sorpresa para nadie que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se oponga a una modificación legal que trata de liberar de ataduras, garantías legales y requisitos procedimentales a las operaciones de modificación de titularidad de las participaciones accionariales en manos de la Administración general del Estado.
Izquierda Unida es partidaria de la existencia de un sector público fuerte, dinámico y con capacidad de generar dinámicas anticíclicas y políticas de provisión de bienes y servicios públicos a la ciudadanía, con especial atención a las capas más necesitadas de protección social. En este punto pediría las señorías del PP que no recurran al manido y extemporáneo recurso dialéctico del fracaso económico de la planificación centralizada soviética, puesto que la existencia de un sector público con capacidad de generar políticas de solidaridad e igualdad de oportunidades es defendida por amplias capas de la plural y democrática izquierda europea, con Lionel Jospin a la cabeza, al que supongo que no tildarán ustedes de peligroso comunista. A mayor abundamiento les diré que una de las principales características de los Estados de la Unión Europea es precisamente ese compromiso de lo público, de la intervención a favor de los ciudadanos con problemas sociales, económicos y de otra índole.
Como decía, Izquierda Unida es partidaria también hoy de un sector público empresarial con capacidad para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la igualdad de los individuos o grupos, tal y como reza el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Ese sector público empresarial es perfectamente congruente con el espíritu y la letra de los artículos 128 -función pública de la riqueza-, 131 -planificación pública de la actividad económica- y 132 -bienes de dominio público- de nuestra Carta Magna. El Gobierno del Partido Popular, como neoliberal y escasamente centrista, pretende precisamente todo lo contrario. Es decir, reducir las dificultades legales a los procesos de enajenación del patrimonio empresarial y accionarial

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público, de tal manera que puedan proceder a las privatizaciones que aún quedan por realizar.
Nosotros no vamos a caer en la ridícula trampa de contemplar esta modificación de la Ley del Patrimonio del Estado como una simple armonización de las respectivas pautas de gestión de las participaciones accionariales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y de las sociedades del grupo Patrimonio del Estado. Lo que pretende el Gobierno del Partido Popular con esta norma no es eso, sino avanzar un paso más, si cabe, en la dirección de la privatización de los servicios y empresas públicas. Ante esa eventualidad, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se opondrá, como no podría ser de otra forma, al sometimiento del sector empresarial público español a un estado no ya de severo adelgazamiento, en el que ya lo pusieron otros gobiernos, sino próximo a la anorexia empresarial, que es en lo que está empeñado el Gobierno del Partido Popular.
Concluyo, señorías, con la reiteración del voto favorable de este grupo parlamentario a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista e insistiendo en la frontal oposición de Izquierda Unida a las reformas legales tendentes a la enajenación de activos empresariales públicos contenidas en este proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Ruiz López.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente al proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado que estamos procediendo a debatir. Nos parece una modificación normativa en fase de proyecto de ley que tiende a agilizar la gestión desde el ámbito del sector público estatal, de las participaciones accionariales detentadas en sus distintos centros o departamentos ministeriales, permitiendo su traslado de la Administración general del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o en sentido inverso, y también desde otros centros u organismos públicos adscritos a otros departamentos ministeriales a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o la Administración general del Estado. La verdad es que una ley que tienda a ofrecer neutralidad en este tipo de gestión de participaciones y a ofrecer mayor flexibilidad y agilidad en su gestión la vemos, qué duda cabe, favorablemente, con lo que ello suponga de no sujeción de estas operaciones a la normativa del mercado de valores ni al régimen de oferta pública de adquisición y a la eliminación de los derechos de tanteo, retracto u otros de adquisición preferente que puedan establecerse a este respecto. También nos parece positiva la neutralidad fiscal, la eliminación de trabas fiscales y la reducción de los pagos ante fedatarios públicos, registradores de la propiedad y mercantiles, con reducción del 90 por ciento ante este tipo de operaciones. Nos parece bien, por tanto, desde la óptica de neutralidad y de la eficiencia, porque qué duda cabe que aprovechar el know how o la experiencia, la infraestructura de medios y los conocimientos prácticos que ha atesorado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en los últimos años nos parece no sólo correcto sino deseable desde el punto de vista de la eficacia en la gestión desde la Administración del Estado.
Mi grupo votará favorablemente a esta iniciativa normativa y en contra de las enmiendas presentadas por distintos motivos. La del Bloque Nacionalista Galego por no compartir el sustrato del análisis económico que subyace en la enmienda presentada, y la enmienda socialista porque si bien compartimos la bondad de que se arbitren mecanismos de fiscalización lógicamente desde las Cámaras, en concreto desde el Congreso, respecto a la acción política del Gobierno que se pueda realizar con relación a esta cuestión, nos parece un modelo el sugerido extraordinariamente rígido y que dificulta la neutralidad y agilidad que se busca con esta modificación legislativa que hoy debatimos.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que a estas horas de la tarde empiece contando un chiste. (Rumores.) Estaba un señor al borde de un precipicio con su mujer, se cae, se engancha en una rama y su mujer que se asoma le dice: Gracias a Dios. Y el buen señor responde: Gracias a rama, que las intenciones de Dios ya se han visto. Exactamente esto es lo que ha pasado hoy aquí. El ministro presenta un proyecto de ley sencillo que va a dotar de mayor racionalidad al sector público empresarial y ustedes presentan unas enmiendas de totalidad que lo que dicen es: Del proyecto de ley no podemos hablar, entonces vamos a hablar de las intencionalidades futuras del mismo. Poco serio parece. Si toda la seriedad se busca en un discurso donde los apoyos del Grupo Socialista son la planificación económica, el impulso al sector público empresarial, incrementar el sector público empresarial, me parece que es un discurso trasnochado.
Yo le aconsejaría al portavoz socialista que para empezar se leyera un artículo magnífico sobre privatizaciones. Se llama La privatización y sus motivaciones

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en España: de instrumento a política, y habla del sector público empresarial. Es un artículo magnífico que le ilustraría, se lo quiero asegurar; además, está escrito por uno de los miembros del Grupo Socialista, por el diputado señor Bel, que lo comparte con el señor Costas. Me parece que es un artículo magnífico que le vendría bien leérselo para entender lo que se está haciendo en España en política de sector público empresarial. Me parece, señorías, que lo que se está haciendo aquí es proseguir con la modernización del sector público empresarial para garantizar un tejido productivo que permita crecer, que permita crear empleo, que permita competir con garantías y que traslade ese crecimiento al bienestar de los ciudadanos. En 1996 se abordó una primera fase de modernización de ese tejido empresarial que pretendía racionalizar el sistema público, mejorar la eficiencia, abrir a la competencia sectores que estaban al abrigo de ella, privatizar las empresas preparadas y mantener las que debían permanecer en el sistema público. Además, se empezó un camino que se ha seguido con absoluta transparencia. A lo largo de toda la legislatura pasada tuvimos abierta en esta Cámara una subcomisión para estudiar el proceso de privatizaciones y en esta legislatura esa subcomisión ya ha empezado a trabajar.
De verdad, no entiendo al portavoz socialista cuando habla de opacidad; no lo entiendo. Ayer tuvimos un debate en la Comisión de Economía sobre una de las empresas privatizadas -vendidas, porque no estaba propiamente en el sector público empresarial-, vendidas por Telefónica en un momento determinado, el 1 de abril de 1996, cuando el Gobierno socialista estaba en situación de interinidad, cuando habían perdido ya las elecciones y todavía no había tomado posesión el nuevo Gobierno. En un consejo de administración de Telefónica decidieron vender una empresa en un momento en que estaban en situación de interinidad; un consejo de administración en el que estaban el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el jefe de gabinete del señor Borrell, el director general de Patrimonio y el director general de Presupuestos. Deciden vender una empresa que luego, como se hizo sin la suficiente transparencia, sin la suficiente claridad, ha dado problemas que mi grupo y el Gobierno están intentando remediar, porque estamos solidarizándonos con los problemas que tienen todos los ciudadanos y también los de esas empresas.
Señorías, lo que se ha hecho desde 1996 ha sido seguir avanzando en la modernización del tejido público empresarial. Por supuesto que se han utilizado las privatizaciones como una política determinada, como una política al servicio del crecimiento económico, al servicio de la creación de empleo, al servicio del bienestar de los ciudadanos, como una política que sirviera de base para que España fuera mejorando su convergencia real. Lo que trae hoy a esta Cámara el Gobierno y que mi grupo va a apoyar, votando en contra de las enmiendas de totalidad presentadas, es un proyecto sencillo que ni habla de privatizaciones ni habla de ninguna otra intencionalidad que no sea dotar de mayor racionalidad a la adscripción de las empresas en el sector público; de eso se trata en este proyecto de ley. Es un proyecto de ley sencillo que permitirá, por supuesto, que el Gobierno decida en el Consejo de Ministros si adscribe una empresa a un lugar o a otro. Por otra parte, no es un procedimiento nada extraño. Ahora mismo privatizar una empresa también lo decide el Consejo de Ministros y hoy podría decidir privatizar una empresa que está en Patrimonio o privatizar una empresa de la SEPI, no tiene nada de peculiar. Lo que queremos es dotar de mayor racionalidad a la Administración pública porque ese es el camino, señorías, para avanzar en el crecimiento y en el empleo. Además, la SEPI, señorías -si se decide trasladar alguna empresa, si el Gobierno decide trasladar alguna empresa a la SEPI-, ha demostrado en estos últimos años su eficiencia en la gestión empresarial de una manera evidente.
Saben SS.SS. que la SEPI en estos últimos años ha reducido la deuda que tenía, ha afrontado un proceso de externalización o, lo que es lo mismo, ha dotado a todos sus trabajadores de un plan de pensiones para su jubilación muy importante. La SEPI ha saneado las empresas y tiene ahora una gestión mucho más eficiente que hace unos años. Por eso nosotros entendemos, señorías, que en la nueva fase que vamos a afrontar es bueno que se apruebe este real decreto-ley que lo que pretende es racionalizar la gestión del sector público empresarial.
Por eso mi grupo votará favorablemente. Y les quiero decir, señorías, que las intencionalidades que ven otros grupos no existen aquí, lo único que existe es una apuesta decidida por lo que tiene que ser un proceso de desarrollo en España.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por el Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Se someten a votación, en primer lugar, las dos enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 82; en contra, 170; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Votamos, a continuación, las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 81; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas, en consecuencia, las enmiendas al articulado.


Por último, votación de conjunto del texto del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 170; en contra, 82.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley de referencia.
Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.

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