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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 73, de 03/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 73

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 69

celebrada el martes, 3 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas estables. («BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 81-1, de 19 de julio de 2000. (Número de expediente 125/000010.) . . .
(Página 3604)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 110-1, de 16 de febrero de 2001. (Número de expediente 122/000096.) .
. . (Página 3616)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de prestaciones y derechos para los soldados y marineros profesionales y de reemplazo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 106-1, de 5 de febrero de 2001.
Corrección de error. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 106-2, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 122/000092.) . . . (Página 3616)

Página 3600


Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Gibraltar.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 150, de 16 de marzo de 2001. (Número de expediente 162/000251.) . . . (Página 3627)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Administración consular y de los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 150, de 16 de marzo de 2001. (Número de expediente 162/000246.) . . . (Página 3637)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a la investigación sanitaria y farmacéutica. (Número de expediente 173/ 000053.) . . . (Página 3647)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de gestión ferroviaria. (Número de expediente 173/000054.) . . .
(Página 3654)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas . . . (Página 3604)

Del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas estables . . . (Página 3604)

Presentan la iniciativa del Parlamento de Navarra el señor Lizarbe Baztán y la señora Arboniés Bermejo, ambos parlamentarios forales.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, y Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra para la igualdad jurídica de las parejas estables, se rechaza por 133 votos a favor, 154 en contra y 11 abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 3616)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería . . . (Página 3616)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de prestaciones y derechos para los soldados y marineros profesionales y de reemplazo . . . (Página 3616)

En primer lugar defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, el señor Marsal Muntalá. Comienza su intervención refiriéndose al llamado síndrome de los Balcanes, del que afirma ha decaído su interés debido a causas puramente mediáticas y a una serie de informes en los que se pone de manifiesto que no

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se puede decir que exista una relación causa-efecto entre el uranio empobrecido utilizado en los Balcanes y las muertes debidas a enfermedades cancerosas. Asimismo se refiere a la Guerra del Golfo, donde se produjeron efectos similares. Sin embargo, añade, lo cierto es que existe una serie de personas, civiles y militares, que están afectadas por unos síntomas determinados, por lo que habrá que estar al tanto y hacer un seguimiento de todos los casos para garantizarles el tratamiento adecuado. Explica los cuatro principales elementos de la proposición de ley, pero aclara que no se trata de discutir ahora sobre el contenido de la misma sino de reconocer que existe un problema y que la actual legislación no lo soluciona. Por lo tanto, solicita del grupo mayoritario que apoye la toma en consideración para avanzar todos juntos en la solución de unos problemas que existen y para lo que es necesario cambiar las leyes.


En segundo lugar, defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para su toma en consideración, el señor Alcaraz Masats. Critica la ausencia del señor ministro de Defensa en el debate y el voto probablemente negativo del grupo que apoya al Gobierno, que considera totalmente injustificable por varios motivos que pasa a explicar. Considera que el modelo de ejército profesional llevado a cabo por el Gobierno ha fracasado por una serie de razones como, por ejemplo, ser un ejército sobredimensionado, mal pagado y con operaciones en Yugoslavia, a donde acuden lo soldados sin ningún tipo de información, unido a una desigualdad de trato en la cobertura social, lo que hace poco agradable la posibilidad de inscribirse en el ejército profesional, como vemos en las cifras de incorporación de nuevos soldados. A continuación se refiere al problema del uranio empobrecido y a las palabras del señor ministro de Defensa respondiendo a una pregunta sobre las indemnizaciones, en las que venía a decir que no se podía hablar de indemnizaciones hasta que no se demostrara la relación de causa-efecto justo a las dos semanas de la aprobación de una rectificación de la llamada Ley de acompañamiento que decía que aunque no hubiera relación de causa-efecto sí estaban cubiertos los funcionarios, los oficiales o suboficiales. Considera éste un caso de justicia y aconseja al señor ministro que utilice las palabras con cuidado y mucha ponderación haciéndolas coincidir con los hechos.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería, se rechaza por 128 votos a favor, 153 en contra y 14 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de prestaciones y derechos para los soldados y marineros profesionales y de reemplazo, se rechaza por 125 votos a favor, 152 en contra y 15 abstenciones.


Proposiciones no de ley . . . (Página 3627)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Gibraltar . . .
(Página 3627)

Defiende la proposición no de ley el señor Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que su iniciativa sobre Gibraltar no es una novedad en el fondo, sino que viene a reforzar y a confirmar el parecer de esta Cámara a lo largo de todas las legislaturas, muy especialmente de la anterior, y las proposiciones no de ley de los años 1995, 1996, 1998 y 1999, subrayando el pleno apoyo a la defensa que todos los gobiernos democráticos han hecho de las legítimas reivindicaciones jurídicas, políticas e históricas de España sobre el Peñón y la constante denuncia de ocupación ilegal, ilegítima y sin título que el Reino Unido ha hecho del istmo de Gibraltar. Recuerda las resoluciones de Naciones Unidas que hacen referencia al contencioso de Gibraltar y el informe Kershaw, del Reino Unido, que ponía en duda el título del Reino Unido sobre la soberanía que ellos mantienen sobre Gibraltar, no sólo en cuanto al istmo sino incluso sobre el Peñón. A continuación se refiere a las repercusiones que ha tenido la cuestión de Gibraltar en el ámbito europeo, denunciando ciertas novedades no ciertamente positivas que se han puesto de manifiesto en la negociación reciente de la incorporación parcial del Reino Unido al Tratado de Schengen. Finaliza diciendo que su grupo considera la proposición no de ley equilibrada, coherente y sensata, redactada de acuerdo con la reiterada posición española en la materia y con una profunda vocación institucional de consenso y de Estado, porlo que pide el voto favorable.


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En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Centella Gómez.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Arístegui y San Román.


El señor Centella Gómez anuncia que retira las enmiendas segunda y tercera.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Gibraltar, con la enmienda incorporada y en los términos derivados del debate, se aprueba por 276 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Administración consular y de los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles . .
. (Página 3637)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor Díaz Díaz. Denuncia el hecho de que los consulados españoles en el extranjero, precisamente aquellos que tienen mayor demanda de servicios, no están en condiciones de cumplir con diligencia las funciones que tienen asignadas y explica que los procesos de modernización y desarrollo de España unidos a los procesos de estancamiento, recesión y subdesarrollo que viven otras economías, hace que los consulados españoles tengan en los últimos años un mayor protagonismo, que se traduce en un mayor trabajo. Asimismo explica que la aprobación por la Cámara de la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, que dará respuesta a la demanda justa de los emigrantes y descendientes de poder volver a España con plenos derechos políticos y sociales, va a generar un importante crecimiento de la actividad burocrática y administrativa en embajadas y consulados, considerando que sería intolerable que su efectividad se dilatase en el tiempo por falta de medios administrativos. Por ello, instan al Gobierno a que actúe con previsión, evitando que los acontecimientos le desborden.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Díaz Díaz.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Administración consular y de los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles, en los términos derivados del debate y plasmados en la enmienda transaccional, se aprueba por 282 votos a favor y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 3647)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a la investigación sanitaria y farmacéutica . . . (Página 3647)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martí i Galbis, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Comienza subrayando una vez más el apoyo y el compromiso político de su grupo parlamentario con el sector farmacéutico en su conjunto, para que quede clara su postura a favor de la viabilidad del Sistema Nacional de Salud y al necesario compromiso de la industria farmacéutica con el mismo, especialmente en lo que se refiere a su apoyo a la investigación y a la innovación en los ámbitos cardiovascular y oncológico, por encima de intereses corporativos, profesionales o territoriales. Se refiere a la declaración conjunta firmada entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo el 12 de julio del año pasado, por el que Farmaindustria aportaba al Sistema Nacional de Salud 5.500 millones de pesetas para financiar la investigación que se lleva a cabo en el Instituto Carlos III, y asegura que la interpelación que motiva esta moción nace del interés de su grupo por hacer el seguimiento y control oportuno de dicha declaración conjunta, quegarantice la distribución equitativa y transparente de

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los 5.500 millones de pesetas aportados por Farmaindustria al conjunto de la investigación oncológica y cardiovascular de todo el Estado y no sólo del Instituto Carlos III, lo que no significa, aclara, negar la condición al Carlos III de Instituto Nacional con voluntad de servicio al conjunto del territorio nacional. Explica los puntos de la moción y se lamenta de no haber podido llegar a lo largo de la tarde a un acuerdo con el Grupo Popular sobre lo que debería ser el Instituto de Salud Carlos III, aunque le consta que ésa era la voluntad política de ambos.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y el señor Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, retira todas las enmiendas presentadas por su grupo y apoya la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los términos en que ha sido planteada.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Martí i Galbis.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a la investigación sanitaria y farmacéutica, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 122 votos a favor y 152 en contra.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de gestión ferroviaria . . . (Página 3654)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista el señor Segura Clavell. Explica que ésta tiene su origen esencialmente en la necesidad de implementar en España toda una larga serie de políticas comunitarias, dictadas por las instituciones comunitarias y publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del pasado día 15 de marzo, que en España se deben tener muy presentes de cara a integrar en la red del transporte europeo las políticas de transporte ferroviario. En ese sentido, explica, la moción que presentan plantea, en primer lugar, la elaboración de un contrato-programa del Estado con Renfe; en segundo lugar un contrato- programa del Estado con la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias; en tercer lugar un contrato-programa del Estado con Feve; en cuarto lugar, la necesidad de la elaboración de un libro blanco del transporte ferroviario que recoja las diferentes políticas que al respecto debe posibilitar el Gobierno español a efectos de incrementar la libre competencia del transporte ferroviario español con el transporte ferroviario comunitario; en quinto lugar la necesidad de impulsar el saneamiento financiero de Renfe y de Feve; en sexto lugar una serie de medidas para posibilitar la intermodalidad; en séptimo lugar, la necesidad de un único gestor de infraestructuras ferroviarias; y en octavo lugar, la posibilidad de que una vez que se vaya avanzando en las políticas de liberalización del transporte ferroviario, la empresa Renfe sea de titularidad pública. Finaliza su intervención aconsejando al Gobierno la elaboración de un libro blanco en el que se recojan las propuestas que hayan surgido de entidades sociales, sindicales, de comunidades autónomas, de entidades metropolitanas y del debate público en general.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.


La señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, comunica la aceptación por su grupo de la enmienda transaccional propuesta por el señor Segura.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de gestión ferroviaria, en los términos derivados del debate y de las enmiendas aceptadas por el proponente, se rechaza por 91 votos a favor y 153 en contra.


Se suspende la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


- DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, PARA LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS ESTABLES. (Número de expediente 125/000010.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas estables.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Lizarbe Baztán.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Lizarbe Baztán): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Intervengo desde esta tribuna para defender el contenido de la proposición de ley para la igualdad jurídica de las parejas estables, que aprobó el Parlamento de Navarra para su propuesta ante esta Cámara. Paralelamente, el Legislativo navarro, donde soy portavoz del Grupo Socialista, aprobó también una ley foral, por tanto de ámbito de la Comunidad de Navarra, que ha establecido la igualdad jurídica de las parejas de hecho en todas las materias objeto de competencia autonómica, tanto en el ámbito fiscal, como sucesorio, como en lo relativo a la Función pública, como en materias de derecho civil foral; equiparación para el ámbito regional que ha sido recurrida por diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y que está siendo rebatida por la representación letrada del Parlamento de Navarra por discrepar radicalmente con el contenido de dicho recurso.
El Parlamento de Navarra pudo quedarse en la regulación regional de equiparación, pero sinceramente en este caso, además de que no hay fronteras que valgan, nos pareció aconsejable y de sentido común intentar una regulación nacional, no sólo porque hay aspectos que sólo pueden y deben solventarse desde este nivel dado el límite competencial de Navarra, sino también porque estamos ante una demanda social, un problema real que no tiene especiales características territoriales, siendo razonable atender la dispersión de tratamientos y soluciones que se proponen desde ayuntamientos y comunidades autónomas, unas con competencias en derecho civil foral y otras no.
Por lo demás, estoy convencido de que ha sido precisamente la falta de regulación normativa estatal la que ha provocado esa incipiente y dispersa, por diversa, atención municipal y normativa regional. El ordenamiento jurídico no puede seguir yendo tan detrás de la realidad social como va. Los políticos ni podemos ni debemos seguir mirando para otro lado, esa realidad social simplemente nos lo impide. Como decía Machado, hay una España que bosteza y otra que quiere vivir. ¿Qué pretendemos con esta proposición de ley? Solucionar un problema y atender una demanda social. El asunto es fácilmente planteable. La Constitución, en su artículo 39.1, indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
Este mandato encabeza la relación de principios rectores de la política social y económica que, en virtud del artículo 53.3, deben informar tanto la legislación positiva como la actuación de los poderes públicos. Ciertamente son muchas las cuestiones reguladas en materia fiscal, de acceso a la vivienda, de derecho civil, de becas para el estudio, de prestaciones de la Seguridad Social, de tracto sucesorio, de derecho laboral y tantas otras en las que la legislación de los poderes públicos intenta cumplir este mandato.
Pero el problema se produce al ser objeto de protección exclusivamente aquella familia que es producto del matrimonio, quedando fuera aquellas otras modalidades familiares que no tienen como título el contrato matrimonial sino la unión libre y pública basada en la afectividad y en el compromiso de convivencia y solidaridad económica, aunque el papel y la función que cumplen las diferentes modalidades sea exactamente el mismo. La falta de una regulación que equipare jurídicamente estas situaciones análogas hace que los poderes públicos reduzcan su papel de protección al matrimonio, olvidando que el concepto familia es superior y de un ámbito que se superpone y supera al primero. Nuestro país, señorías, se parece poco al de hace veinticinco años. La consideración de la libertad no sólo como un derecho sino como una situación de un estado irreversible ha hecho cambiar los comportamientos individuales de los ciudadanos. Cada cual organiza su vida y su intimidad como mejor le parece, en uso de su propia libertad. La variedad de comportamientos, de modos y maneras, aumenta la diversidad de formas de vida, y todo ello hace que la multiplicidad de hogares o formas de convivencia sea una tendencia creciente en la sociedad actual.
Al defender esta proposición de ley no lo hacemos desde planteamientos de preferencia personal o de consideraciones grupales, tampoco desde la intención de fomentar más unas modalidades familiares que otras; bien al contrario, lo hacemos desde la consideración de los ciudadanos como seres intrínsecamente libres, que pueden organizarse y vivir la vida como decidan. Lo hacemos también desde la consideración de que la familia forma parte de la red de protección social que, junto con el propio Estado del bienestar, proporciona seguridad frente a la incertidumbre de un futuro frenéticamente cambiante. En esta demanda de equiparación entre las parejas de hecho y las de derecho, estamos ante una demanda social que tiene perfecto y pleno amparo constitucional. ¡Cuántas veces y en cuántos lugares hemos oído y hemos dicho: qué más da si están

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casados o no si en realidad son una familia! El texto definitivo del artículo 39.1, no así los diferentes textos que se sucedieron de este artículo en el debate constitucional, exige protección para la familia más allá de cuál sea el título de su configuración como tal.
A todas se refiere este artículo porque, pudiéndose circunscribirse al matrimonio, no lo hace.
Señorías, la proposición de ley que presentamos a la consideración de esta Cámara propone una serie de modificaciones legislativas concretas. No podemos dejar a ese 10 por ciento o más de familias de hecho fuera de protección. Pero no lo hacemos sólo por esto sino también porque es cuestión de reconocer el estatus social y jurídico de esa otra familia y de sus integrantes. Sabemos de las posibles críticas políticas a la regulación que se propone. En todo caso, están ustedes ante la admisión a trámite o no de un texto que, sin lugar a dudas, es claramente mejorable. Hemos querido proponer una regulación garantizando el principio de seguridad jurídica, una regulación moderna para una sociedad moderna y avanzada que atienda una demanda social concreta, determinante y creciente, que es objeto de un debate social permanente, que pide soluciones y trata de arreglarlo. No se puede ser liberal sólo en lo económico y no en lo personal y en lo social. Nuestra sociedad es diversa, compleja y plural. Si protegemos tan sólo una determinada modalidad de familia estamos discriminando a las demás, y eso en el siglo XXI es una forma moderna, pero forma, de prohibir.
Para finalizar, quiero pedirles el voto positivo para esta proposición de ley del Parlamento de Navarra que, tras los cambios que consideren oportunos, puede evitar la discriminación denunciada, puede dar satisfacción a esa suma necesaria del derecho a ejercer la libertad y la protección a la familia y puede terminar por configurar una ley para una sociedad plural, dinámica y moderna que se organiza personal y convivencialmente en libertad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lizarbe Baztán.
Asimismo, para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Arboniés Bermejo.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Arboniés Bermejo): Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, parto de la exposición que acaba de hacer el compañero socialista de la proposición de ley que hoy debatimos porque me parece interesante remarcar aquellos aspectos que concitaron el consenso mayoritario de la Cámara navarra en la aprobación de esta proposición de ley para su envío al Congreso de Diputados, hecho que fuerza a reabrir un debate político inconcluso a nivel del Estado, que dura ya cuatro años. Diferentes proposiciones de ley en el Congreso han intentado superar la resistencia conservadora que ha impedido hasta ahora la regulación de la convivencia estable de las parejas de hecho con presencia en la sociedad española, fruto del contexto democrático tendencialmente igualitario donde los principios de libertad permiten recorrer una trayectoria vital propia. Las uniones estables son una realidad situada en su día en torno al 16 por ciento de las familias, hecho que requiere que el Congreso aborde definitivamente esta cuestión pendiente que tiene una enorme trascendencia social y que es continuidad de otras reformas precedentes que han afectado al régimen familiar, como el divorcio, la igualdad jurídica entre los sexos, la equiparación de los hijos con independencia de su nacimiento, la despenalización de algunos supuestos del aborto, que tiene base jurídica, como ha dicho el compañero, en la Constitución española y en las numerosas sentencias de los últimos 11 años del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Nos parece necesario abundar en los fundamentos de esta proposición de ley que, en la esfera de lo privado, trata de amparar jurídicamente la legítima búsqueda de la felicidad, de la autonomía personal y de la libre expresión sexual que supere la resistencia a recoger los derechos de las familias conformadas fuera del matrimonio. Se trata de reconocer la madurez de las decisiones que toman los ciudadanos y ciudadanas, así como de otorgar iguales derechos civiles a todos los grupos sociales para acabar con la discriminación explícita o implícita por razón de opción sexual. En la esfera pública se trata de recoger en las normas las realidades de hecho que se producen como resultado de la pluralidad social que se traslada a la institución familiar que goza de un alto valor social, a pesar del descenso notable del matrimonio como opción de convivencia y que, como se ha dicho anteriormente, se ha diversificado con multiplicidad de hogares formados por familias constituidas a través del vínculo matrimonial, familias monoparentales y monomarentales, parejas heterosexuales, parejas homosexuales con o sin hijos y familias reconstituidas después de un divorcio.
Debemos superar el retraso que lleva España en el reconocimiento de la diversidad familiar y en la regulación de esta realidad. Es necesario atender este requerimiento social y cubrir el vacío legal que ha llevado a comunidades autónomas a regular las parejas de hecho en el ámbito de sus competencias: Aragón en 1999, Cataluña en 1998, Navarra el año pasado y, más recientemente, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, que ha dado respuesta a las realidades cercanas ante la demanda social de cobertura legal a las familias conformadas a través de la convivencia estable. En resumen, se trata de equiparar jurídicamente los derechos y deberes de todas las familias, con independencia del modelo por el que hayan optado, y resolver una cuestión de amplia trascendencia social en términos constructivospara el conjunto del Estado

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No me voy a extender en el contenido de la proposición de ley, pero sí quisiera remarcar la cuestión que mayor polémica ha levantado, que es la relativa a la adopción, que ha suscitado vivas reacciones desde sectores ultraconservadores que niegan a las parejas homosexuales el derecho a la adopción en base a argumentos como la homosexualidad y la protección de los menores. Me refiero al capítulo II que modifica la disposición adicional tercera de la Ley 21/1987, que reconoce la capacidad para adoptar simultáneamente a los integrantes de una pareja unida de forma estable, con independencia de su orientación sexual, cuyo precedente es la ley navarra que, acogiéndose al derecho civil foral, ha regulado este aspecto.
Hubiera sido más cómodo no legislar sobre esta cuestión o hacerlo a medias y persistir en una actitud hipócrita que supone vulnerar el principio fundamental de esta proposición de ley, que es el de la no discriminación, vulnerando los derechos civiles de las personas de orientación homosexual, reduciéndolos a seres exclusivamente sexuales, negando la trascendencia de los hecho cotidianos que reflejan sus relaciones afectivas y familiares. También ellos son padres y madres con hijos de anteriores relaciones heterosexuales y con hijos concebidos de mutuo acuerdo, a través de la inseminación artificial en el caso de las lesbianas, que son una parte de nuestra realidad social que asumimos cotidianamente, sin grandes aspavientos y con mayoritaria normalidad, según las encuestas sociológicas nacionales de 1994 y 1997. Si estas familias están criando y educando desde hace años a hijos e hijas propias y de sus parejas, ¿por qué negarles la adopción de niños y niñas que no encuentran padres dispuestos a asumir la responsabilidad sobre sus vidas?.
Objetivamente no existen razones fundadas ni dictámenes jurídicos científicos o sociológicos para el rechazo de estas parejas, más allá de la práctica de la esencia de la discriminación, al juzgar su capacidad para la paternidad y la maternidad en razón de su pertenencia a un grupo social determinado. En este país, donde ya tenemos una generación de abuelos gays y lesbianas, con nombres propios y apellidos, parece ridículo que en pleno siglo XXI estemos debatiendo si están capacitados para asumir responsabilidades en la educación de niños y niñas, cuando ya han superado en muchos casos esta etapa y cuando otros países como Holanda, Finlandia, Noruega, Canadá, Hungría y República Checa, han avanzado en este terreno.
La proposición de ley de la Cámara navarra no descubre nada nuevo que la legislación no posibilite. La legislación española permite la reproducción asistida desde 1998, y más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a estas técnicas son lesbianas. La ley que regula la adopción y el acogimiento familiar permite la adopción a matrimonios y parejas de hecho heterosexuales y permite la adopción individual por hombres y mujeres donde no existe ninguna mención a su orientación sexual, por lo que gays y lesbianas pueden adoptar a menores a título individual. La legislación también permite la acogida de menores por parte de parejas homosexuales, siempre y cuando sean menores de muy difícil colocación y rechazados en adopción por otras parejas. Una última mención a la realidad del entorno europeo al que vamos aproximándonos: Francia tiene un 7 por ciento de padres gays y un 11 por ciento de madres lesbianas; en Alemania, un tercio de las madres son lesbianas y un 10 por ciento de los padres son gays, lo que nos lleva a reflexionar sobre esta realidad social que en España no conoce cifras ni estudios, pero lo cierto es que existe con un incremento que se aproximará a las cifras de ese entorno europeo.
La cuestión de fondo, señorías, es si consideramos la institución familiar como una institución singular o plural; si aceptamos que la nueva familia española es plural y ha evolucionado como el conjunto de la sociedad que no es uniforme y donde no se puede retroceder gratuitamente en las libertades conquistadas. Sometemos a su consideración esta iniciativa del Parlamento de Navarra en clave de integración de personas y grupos para dar cohesión y fuerza a la base de la sociedad y de la política que es el individuo.
Esperamos haber aportado argumentos objetivos que apuntalen las razones de los grupos que ya estaban convencidos y, en todo caso, merezcan siquiera una reflexión profunda sobre el buen hacer político que en esta nueva ocasión tendría que superar la resistencia y hacer un ejercicio de realismo político. La recapacitación de la postura del PP respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley recurrente sería un síntoma inequívoco de reconocimiento de la apuesta igualitaria por el sistema democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arboniés. ¿Turno en contra (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar nuestro voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Navarra.
Deberíamos estar, cuando menos, satisfechos de estar debatiendo en el Pleno sobre una cuestión que, como mínimo, requiere la constatación por parte de los representantes del pueblo de que se está produciendo un cambio social, un cambio ideológico y moral. Cuando en la sociedad se producen acontecimientos o datos que hablan de determinadas transformaciones sociales yo creo que deben de ser objeto de debate.


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Nosotros entendemos que un Parlamento en un Estado laico debe ocuparse de cuestiones como ésta que se sustentan en inquietudes sociales, en inquietudes ciudadanas. Cualquiera de las cuestiones -y también ésta- debe de ser contemplada sobre todo desde la perspectiva de la tolerancia, desde la perspectiva de ese espíritu tolerante que marcó los inicios, por cierto en los albores de la Edad Media, de ese concepto que hoy día llamamos Europa y que estuvo en buena medida marcado por ese espíritu de tolerancia. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Señorías, estamos convencidos de que el auge que se está produciendo en las sociedades occidentales de modos de vida, de cambios en las relaciones y fórmulas de convivencia entre las personas y, en concreto, entre las parejas homosexuales y heterosexuales requiere de un reconocimiento, de una constatación. De ahí que se esté reconociendo en países de legislación avanzada la instauración de estas parejas de hecho y de estos registros municipales. Recordemos que Aragón, Navarra, Cataluña, Baleares, incluso la tímida ley valenciana, demuestran que existe un creciente interés por regular este tipo de situaciones en el Estado. Ahora es el momento adecuado para recordar la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la no discriminación de los homosexuales, especialmente en el tema de las adopciones. Creemos, por tanto, que avanzar en la igualdad de la ciudadanía es un avance para la sociedad en su conjunto, de tal manera que el matrimonio no sea la única manera de constituir una familia impidiendo que dos personas que se quieran sigan estigmatizadas y sin ningún reconocimiento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Quisiera, en nombre de Eusko Alkartasuna, en primer lugar, dar la bienvenida al señor Lizarbe y a la señora Arboniés, que, en representación del Parlamento de Navarra, nos han traído un tema de indudable interés y trascendencia social, independientemente del resultado que obtenga en esta Cámara.
No es la primera vez -espero que no sea la última, ojalá pudiéramos regularlo- que debatimos esta cuestión. Como decían los parlamentarios navarros que han presentado esta iniciativa, este tema tiene una gran demanda social, una gran trascendencia no sólo en nuestra sociedad sino también, como decía mi compañero el señor Labordeta, en las sociedades de nuestro entorno que están regulando asuntos jurídicos. Hablar de la igualdad jurídica de las parejas estables es una cuestión que aparece reconocida en múltiples instrumentos jurídicos de nivel internacional y ya es hora de que procedamos a ello. A la hora de abordar este tema en diversos debates se ha hablado de cuál debe ser la regulación jurídica. Probablemente unos y otros tengamos distintos puntos de vista. Creo que es necesario tomar en consideración esta iniciativa y luego pasaríamos a determinar cuáles son los aspectos jurídicos o las diversas regulaciones, bien sea la adopción o los regímenes económicos. Eusko Alkartasuna ya señaló en su momento en el Parlamento de Navarra, ya que la iniciativa procede de esa Cámara, una serie de aportaciones a la proposición foral de igualdad jurídica de las parejas estables que fueron recogidas y que, junto con las de otros grupos, la modificaron positivamente.
En definitiva, señor presidente, es necesario abordar esta cuestión ya. Es necesario proceder a la regulación de un tema que está en la sociedad, al que responde la necesidad de garantizar los derechos de mucha gente a formar familias y parejas de la manera formal que hoy tenemos, pero también de otras maneras que son perfectamente legítimas. No sé si la disciplina de voto lo permitirá, pero rogaría a todos los parlamentarios, independientemente de su grupo político, que apoyaran esta iniciativa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre la proposición de ley para la igualdad jurídica de las parejas estables que el Parlamento de Navarra presenta a esta Cámara. Agradezco, en primer lugar, a este Parlamento y a las fuerzas políticas que lo integran su trabajo y su esfuerzo para intentar dar solución a un problema que debería estar ya resuelto si en esta Cámara existiese ese mismo trabajo, esa misma sensibilidad y acercamiento a la realidad social que el Parlamento navarro expresa con esta proposición.
Decía uno de los intervinientes que se trataba de dar solución a un problema y atender, al mismo tiempo, a una demanda social. A estas alturas de curso no existe el imprescindible reconocimiento legal y la necesaria igualdad jurídica de las parejas estables, sea cual sea su orientación sexual y, por tanto, se le siguen negando sus derechos a un gran número de personas en un marco que se proclama democrático, que defiende la igualdad y la libertad. Resulta francamente difícil de entender que esto siga siendo así, más aún cuando en otros Estados de esa Europa en la que se afirma quererse integrar plenamente se avanza hacia el reconocimiento legal y a todos los efectos de las llamadas parejas de hecho. Siento decir esto pero creo que el no reconocimiento de los derechos de las personas a organizarsu vida y su convivencia como libremente les

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venga en gana no es más que una manifestación de intolerancia y de integrismo. Sólo desde la intolerancia y desde el integrismo religioso político se pueden seguir negando los derechos básicos de las personas, se puede seguir negando la diferencia y, en el caso que nos ocupa, se siguen negando.
Libertad, señoras y señores diputados, es un término que expresa una aspiración básica de los seres humanos, es una aspiración permanente de la humanidad. Libertad no es un concepto abstracto sino concreto.
No hay libertad sin respeto a los derechos de las personas, no hay libertad sin tolerancia y sin reconocimiento de la diferencia. Como muy bien se afirma en la exposición de motivos de la proposición de ley del Parlamento navarro, libertad significa permitir que los individuos puedan optar por cualquier medio para formar una familia, puedan desarrollar su personalidad y, en definitiva, que se garantice su dignidad personal. El ejercicio de la libertad de las personas podría tener como límite la vulneración de los derechos de los demás.
Pero ¿contra quién o contra qué derechos atenta el que las personas organicen su vida como quieran? ¿Qué derechos de los demás se vulneran porque una pareja de heterosexuales, de homosexuales o lesbianas puedan organizar su convivencia de manera libre y con los mismos derechos legales? ¿A quién perjudica? Sencillamente a nadie.
Es imposible sostener a estas alturas una situación de imposición a toda la sociedad de un único modelo de organización familiar, y eso es lo que está sucediendo. Se impone un modelo y, al mismo tiempo, se excluyen y se marginan todos aquellos, que no son pocos, que por los motivos que sea no están dispuestos a entrar por el aro, y esto no es sostenible. El Bloque Nacionalista Galego cree que es necesario garantizar la igualdad jurídica de las parejas estables, sea cual sea su orientación sexual, y es necesario hacerlo ya, no poner más excusas o trabas a estas garantías, no seguir cerrando los ojos a una realidad que existe, existió y existirá, no seguir causando un sufrimiento innecesario a muchas personas, no seguir empeñados en negar un reconocimiento legal que acabará además imponiéndose tarde o temprano. Tomar, por tanto, en consideración esta proposición de ley supone una nueva oportunidad de que este Congreso siente las bases de una solución justa para muchas personas. El contenido de la proposición en sí mismo es suficientemente importante y además permite las posteriores aportaciones de los grupos políticos; en definitiva, permite avanzar. Impedir la toma en consideración, por muchas excusas dialécticas que se busquen, sólo va a suponer mantenerse en una posición política negadora de la libertad y la igualdad real de las personas.
Señoras y señores diputados, sean felices, disfruten con plenitud y sin miedo de sus relaciones personales y permitan que los demás puedan hacer lo mismo, y no lo duden, la libertad de los demás nos hace más libres a todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, por supuesto también en nombre de mi grupo, Coalición Canaria, quiero reiterar la bienvenida a los representantes del Parlamento navarro.
En cuanto a nuestra posición, reiteramos la mantenida en debates semejantes, como fue por ejemplo la del 19 de septiembre del pasado año, cuando se presentaron en esta Cámara cuatro proposiciones de ley sobre este tema, y en congruencia con la propia iniciativa del proyecto de ley presentado por Coalición Canaria en la legislatura pasada, que en su momento recabó apoyo mayoritario de la Cámara pero que, lamentablemente, quedó bloqueado. No se trata en este punto ni en este momento de valorar por qué en el pasado esta Cámara no ha legislado sobre este tema. Estamos en un punto en el que se trata de no continuar demorando más el inicio de un trámite y de su correspondiente estudio, debate y enriquecimiento a través de un proceso de enmiendas y de discusión como proyecto de ley y, si fuese posible, de su correspondiente consenso. Entendemos que, sobre la base de la necesidad de iniciar ya la regulación de la unión de hecho, son numerosas las manifestaciones de acometer reformas en este sentido, como recoge esta proposición de ley y los proyectos de ley anteriormente referidos, reformas en el campo del Código Civil, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de clases pasivas, etcétera.
No hay que olvidar que la necesidad de reformar la legislación que se refiere a las parejas de hecho no sólo afecta a la convivencia de las personas homosexuales; cada vez es más frecuente en nuestra sociedad el creciente número de parejas de hecho de personas heterosexuales, las cuales necesitan, para que puedan ejecutar con toda plenitud sus derechos, que avancemos en una ley de carácter estatal. Hay que reflexionar en la contradicción en que se puede encontrar la legislación estatal en este país, en donde, por un lado, son cada vez más las diversas legislaciones autonómicas de reciente aprobación en este tema. Ya se ha dicho en esta Cámara: Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra. Estas leyes autonómicas han sido bien recibidas por la opinión pública y por los afectados por este problema en cada momento.
Si bien es cierto que no hay consenso en esta Cámara ni tampoco lo hubo en torno a la adopción por parte de parejas homosexuales, ello no justifica seguir demorando la reforma en éste y en otros ámbitos en relación con las parejas de hecho, con independencia de que los

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diferentes grupos aquí presentes expresen sus posiciones en el debate. Cada vez son más las necesidades que se suscitan, e incluso el Tribunal Supremo se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de cambios legislativos que eviten contradicciones y el quebranto de los derechos fundamentales. El Parlamento Europeo, por su parte, ha recomendado en diversas ocasiones a los Estados miembros que adopten medidas para equiparar los derechos de las personas homosexuales consideradas tanto individualmente como constituyendo pareja.
Por todo ello, reiteramos el voto positivo a la toma en consideración de la proposición que debatimos, de manera que pueda ser mejorada con las aportaciones de todos -en muchas cosas coincidimos y en otras no- en el trámite de enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, habría que decir que la Comunidad Foral de Navarra ha adoptado la técnica legislativa correcta cuando ha dividido en dos las posibilidades de regulación de la igualdad jurídica de las parejas estables. En la medida de las competencias que el texto del amejoramiento tiene asumidas, se estableció la regulación en la propia sede del Parlamento, para después trasladar a este Congreso de los Diputados la parte de derecho civil, derecho que incumbe a estas Cortes Generales regular. En la Ley foral aprobada se aprovecharon al máximo las competencias que tiene el texto del amejoramiento utilizando el criterio del Tribunal Constitucional, que ha interpretado que el derecho foral debe integrarse con sus propios principios sin que, en consecuencia, deba darse prevalencia sobre los principios de la foralidad a aquellos que consagra el orden civil general del 149.1 de la Constitución. Cierto que no han tenido excesivo éxito, puesto que el texto del proyecto aprobado en el Parlamento fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, pero ello ocurrió por razones que tienen que ver más con la moralidad -entre comillas- o las buenas costumbres que con problemas competenciales o estrictamente constitucionales.
Hay un número de comunidades autónomas que ya han regulado esta materia o están en ello. Los parlamentos autonómicos, señorías, han evidenciado mayor dinamismo, mayor acercamiento a la realidad social o mayor sensibilidad. Además de la Comunidad Foral, Cataluña, Aragón y ahora Valencia han regulado; pero, para tener posibilidad de regular, hace falta algún enganche con la salvaguarda de un derecho civil propio o derecho civil foral, a la que hace referencia el 149.1.8 de la Constitución. Hace falta tener alguna competencia en relaciones personales y patrimoniales, aunque más en las primeras.
En Euskadi existía una tramitación avanzada, que la disolución del Parlamento ha hecho decaer, pero en nuestro caso lo foral es sobre todo patrimonial y, además, es discontinuo. La Ley vasca de actualización tiene tres libros de desigual dimensión dedicados a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Yo, por ejemplo, como vecina que soy del infanzonado Tierra Llana, tengo vecindad civil foral; sin embargo, otros de mis compañeros diputados, siendo también vizcaínos, viven en las villas y se rigen por el derecho civil común. Urge -creemos que no sólo respecto de quienes tenemos títulos competenciales- que de una vez se regule en esta Cámara lo que es derecho civil común.
Siempre han existido reticencias a hacerlo a juzgar por las mayorías, si bien recordarán SS.SS. que en la pasada legislatura se produjeron algunas votaciones que nos llevaron al empate.
Son numerosísimos los textos legales aprobados en esta Cámara en los que se habla de relaciones basadas en el afecto. Ya desde 1981, en el ámbito de la Seguridad Social, se permitía que pudiesen percibir pensión quienes hubiesen convivido maritalmente sin contraer matrimonio por impedimento legal, bien es cierto que ello era debido a la inexistencia del divorcio en tiempos anteriores. Pero también el Código Civil, cuando se refiere a la adopción -la Ley 21/1987-, habla de relaciones de afectividad análoga a la conyugal. El Código Penal lo contiene en numerosos tipos, la Ley de Habeas Corpus, que también data de 1984, e incluso en la legislatura pasada, donde hubo esas inercias a no regular nada referido a las relaciones de pareja basadas en la afectividad, éstas eran expresamente mencionadas en la Ley de propiedad horizontal y en la Ley de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, nos encontramos con una muralla para no regular, aunque creemos que la seguridad jurídica lo exige.
Hay comunidades autónomas que ya tienen regulación, como he indicado, pero no pueden desplegar todos sus efectos. Las situaciones sociales, además, no conocen fronteras; las personas se trasladan. Creemos que urge, sobre todo, una reformulación del Código Civil en los aspectos que trata la proposición, no necesariamente en todos sus aspectos ni necesariamente en sus estrictos términos.
No ocultaré que el espinoso tema de la adopción suscitaría problemas en el espectro social que da su voto a la formación política a la que pertenezco, nos moveríamos entre dos muy fuertes inercias: de una parte, la noción tradicional de familia -noción consolidada y arraigada- y, de otro lado, su idea de un humanismo que se proclama en sus principios cristianos de una concepción social avanzada, que podría llevar a considerar a ciertos sectores que frente al desamparo que sufren muchos menores -y no me refiero sólo a los que llegan ahora de la inmigración-, la falta de afectosde un auténtico hogar, de medios de subsistencia,

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de acceso a la educación, quizá fuese mejor la adopción o alguna institución parecida. No nos pronunciamos sobre ello en este momento.
Hoy sí nos pronunciamos sobre la necesidad de regular. El Estado debe retirar los obstáculos que privan de eficacia plena a las normas autonómicas ya dictadas o, como ha dicho en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional, debe facilitar a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias, defendiendo así lo que también a él le incumbe. Luego cada comunidad autónoma hará la actualización de su derecho civil propio -derecho civil foral, caso de que lo tenga- y sobre todo a cada comunidad le corresponderá hacer las políticas propias públicas de igualdad.
Como en ocasiones anteriores ha manifestado mi grupo, como sostuvo también en el Parlamento navarro, apoyaremos esta tramitación considerando que el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la ley hace preceptivo remover los obstáculos que impidan o dificulten que todo hombre y toda mujer puedan, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía personal, construir mediante una unión estable con otra persona una comunidad de vida, cualquiera que sea la estructura de su unión afectiva y al margen o superando efectivamente las normas tradicionales o institucionalizadas que han venido construyendo o representando a la familia tradicional o el matrimonio.
Con la convicción de que dichas uniones estables constituyen una realidad que existe, una realidad emergente, se dice en la actualidad, cuya protección jurídica, social y económica deben asegurar los poderes públicos, contribuyendo asimismo con ello a eliminar toda posible manifestación de discriminación que por razón de la condición o circunstancia personal y social de cada individuo pueda instalarse en dicha sociedad, reitero que el Grupo Vasco va a dar el voto favorable a la toma en consideración que el Parlamento navarro nos trae hoy a la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, bienvenidos compañeros y compañera del Parlamento de Navarra.
Muchas gracias por traer aire fresco a este Parlamento. Gracias al Parlamento de Navarra por haber legislado en esta materia, porque además es bueno que los parlamentos autonómicos, más en contacto con la realidad cotidiana, traigan a esta Cámara leyes que vienen a dar respuesta a una demanda social innegable, que permiten que este proyecto de ley aprobado en el Parlamento navarro sea enmendado por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y que además dará la posibilidad a este hemiciclo de reconciliarse con cientos de hombres y mujeres de este país que todavía no entienden por qué el Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha impedido una reconciliación que es absolutamente necesaria.
Es una doble satisfacción para mi grupo y para esta diputada que el Parlamento navarro haya legislado en esta dirección de devolver la dignidad a los colectivos afectados por el tratamiento de la ley, y particularmente a los gays y a las lesbianas, y es, digo, una doble satisfacción porque ha sido a iniciativa de Izquierda Unida en Navarra por lo que se ha aprobado esta ley en el Parlamento y, por tanto, pueden ustedes comprender perfectamente el alto nivel de satisfacción de esta parlamentaria.


Aquí no vamos a repetir el debate que hemos tenido hace poco, porque realmente creo que todo el mundo conoce perfectamente cuáles son los argumentos que hemos defendido en la Cámara, pero yo quiero preguntar al Partido Popular, directa y particularmente, por qué esta resistencia numantina, por qué esta doble moral entre el discurso y la praxis, por qué ustedes están muy modernos en el discurso (han aprendido o han fagocitado, como prefieran, el discurso de la izquierda, desde luego no niegan la homosexualidad, saben que existe, lo reconocen, incluso dicen que no les molesta), pero luego se niegan a admitir a trámite este proyecto de ley cuando saben que detrás de este no está el no no solamente al derecho de los seres humanos a amarse, independientemente de su opción sexual, sino que está el no o está el sí a la discriminación, a los comportamientos homofóbicos, a la discriminación laboral, al rechazo social. ¿Por qué siguen ustedes empeñados en alimentar el dolor de estos colectivos sociales? ¿En nombre de qué o de quién defienden ustedes en este Parlamento que no tienen derecho a constituir familias los que tienen otra opción sexual? ¿En nombre de qué credo o de qué moral defienden ustedes que no pueden educar a los hijos? Díganlo, quítense la sotana y si no se la quitan póngansela, por favor, pero con absoluta honestidad y valentía.
Francamente, creo que aquí no hay ninguna razón que no sea de moral, incluso no sé si es de moral propia. En todo caso, pienso que el Parlamento no puede seguir, en nombre de ninguna moral ni de ninguna institución, por poderosa que sea, negando derechos y libertades que devuelvan la dignidad a colectivos sociales que llevan muchos años esperando que a ustedes se les caiga la moralina del hombro derecho y se pongan la mano izquierda en el corazón y piensen que ellos y ellas son iguales y tienen que tener los mismos derechos que todas y todos los que nos sentamos aquí.
Desde luego, yo no voy a seguir argumentando cosas, porque aquí la técnica jurídica y los procedimientos se resuelven; lo que se debate en una Cámara política son las cuestiones políticas basadas en la ideología que a cada uno nos ha hecho optar por militancias

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políticas diferentes. Por tanto, en nombre de esos colectivos sociales y en nombre de mi grupo parlamentario, reclamo al Grupo Popular que con su mayoría absoluta, una vez más, no impida hoy en esta Cámara la tramitación parlamentaria de esta ley, repito, en nombre de esos colectivos sociales que se sientan hoy ahí arriba, que tienen nombres y apellidos, que son hombres y mujeres que no tienen derecho a tener una vida digna porque ustedes se han empeñado en estudiar cien años para ver si pueden concederles este derecho o no.
Señorías, el otro día tenía un debate con un diputado del Grupo Parlamentario Popular y le decía: tienen ustedes razones ocultas, y se enfadaba conmigo. Bueno, pues voy a aclararlo. Sus razones ocultas son las que se derivan de que ustedes miran más a instituciones poderosas de este país que sin embargo tienen una conciencia mucho más laxa que ustedes cuando tienen que abordar problemas de moral que afectan al colectivo propio; me refiero concretamente a la Iglesia Católica, no vamos a andar aquí con rodeos. Fíjense ustedes en lo que acaba de pasar en África. ¿Saben la respuesta de la Iglesia Católica, han oído ustedes la que he oído yo? Que son hombres. Pues mire usted, los gays y las lesbianas son hombres y mujeres que tienen derechos, no cometen delitos y además los satanizamos.
Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pido que se repare ya este déficit democrático y esta injusticia histórica. Porque habrá, señorías, muchos hombres y mujeres que nunca podrán sentarse ni aquí a representar a los ciudadanos ni ahí a escuchar este debate porque se han muerto sin esperanza y sin derechos.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al igual que algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero saludar y dar la bienvenida a esta Cámara a los diputados y a la diputada del Parlamento de Navarra que hoy nos visitan para presentarnos esta proposición de ley para la igualdad jurídica de las parejas estables.
Quiero también felicitar la oportunidad de esta iniciativa porque permite que en esta Cámara se constate de nuevo la necesidad de regular las parejas de hecho y que esta regulación se nos sigue reclamando por la sociedad.
Señorías, como ustedes conocen sobradamente, desde Convergència i Unió compartimos la finalidad de su iniciativa, es decir, compartimos la necesidad de dar respuesta jurídica a estas situaciones convivenciales, de dar, en definitiva, carta de normalidad jurídica a lo que es normal en la vida cotidiana, porque es un hecho notorio que existen en nuestra sociedad convivencias basadas en el afecto distintas del matrimonio, convivencias heterosexuales u homosexuales que están perfectamente consolidadas y ampliamente aceptadas por los ciudadanos, situaciones convivenciales que exigen que nuestro ordenamiento jurídico les reconozca y les dé una respuesta adecuada llenando el vacío legal existente, para que de esta manera puedan superar la situación de desigualdad y desprotección en que se encuentran precisamente por la falta de reconocimiento y de regulación.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que es de justicia no demorar más esta respuesta legal que la sociedad nos está solicitando. Creemos que es una imperiosa necesidad hacerlo porque, como ya hemos tenido ocasión de exponer en anteriores debates, la falta de regulación, además de las consecuencias de desigualdad y desprotección que supone, hace que se produzca una extralimitación de la jurisprudencia ya que los tribunales se ven obligados a dar respuesta jurídica a los problemas que en estas parejas de hecho se plantean y, ante el vacío legal existente, se ven obligados a crear derecho y lo hacen de manera dispersa y contradictoria; en definitiva, se ven obligados a ejercer una función legislativa que no les corresponde a ellos sino a nosotros.
Coincidencia total, pues, con la finalidad de su proposición de ley y con la necesidad de abordar sin más dilación la regulación de las parejas de hecho.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó ante esta Cámara, en mayo del año 2000, una proposición de ley sobre uniones estables de pareja que se debatió conjuntamente con las presentadas por otros grupos parlamentarios y que fue rechazada por los votos del Grupo Parlamentario Popular con unos argumentos que en modo alguno podemos compartir. Porque la proposición de ley que nuestro grupo sometió a la consideración de la Cámara era la práctica trasposición de la ley vigente en Cataluña desde julio de 1998, una ley experimentada desde hace casi tres años que está desplegando su eficacia en la regulación de unas realidades sociales plenamente consolidadas y que no ha planteado ninguno de los problemas que el Grupo Parlamentario Popular adujo para no votarla favorablemente.
El contenido de esa proposición de ley, en definitiva de la ley vigente en Cataluña, es el modelo de regulación que nosotros proponemos; modelo que, como ya he señalado, coincide con el que SS.
SS. proponen en la finalidad y en buena parte del contenido, aquel contenido que se refiere al reconocimiento de estas uniones convivenciales y a la equiparación de derechos con respecto a las uniones matrimoniales, sobre todo en lo que al acceso al Estado del bienestar se refiere, pero que discrepa en cuanto a la regulación de los efectos de las

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crisis en las uniones convivenciales que ustedes regulan muy someramente en su propuesta; discrepa también, en cuanto a la equiparación procedimental, en la resolución judicial de estos efectos de la crisis, equiparación no contemplada en su modelo, y discrepa fundamentalmente en cuanto a la equiparación en la adopción por las parejas homosexuales, equiparación que nuestro modelo no propone por considerar que es una cuestión que no está aún suficientemente debatida ni alcanza todavía en el Estado español el consenso social suficiente para ser introducida, sin mayor debate, en una ley de uniones convivenciales.
Por tanto, el modelo que ustedes nos proponen es distinto del que propone el Grupo Parlamentario Catalán, y por ello les anuncio ya que nos vamos a abstener, como ya hicimos con las propuestas de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, cuyo modelo tampoco coincidía con el que nosotros proponíamos. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar, concretamente al Grupo Parlamentario Popular, que esta iniciativa que hoy estamos viendo es una expresión más de la voluntad de los ciudadanos, hecha esta vez a través de sus representantes en el Parlamento de Navarra, iniciativa que se suma, como reiteradamente aquí ya se ha dicho, a las peticiones hechas en el mismo sentido no sólo por el grupo al que represento de Convergència i Unió, sino también, aunque con distinto contenido, por el Grupo Mixto y el Grupo Socialista, que se suma también a la regulación ya realizada por las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra y recientemente Valencia y que se suma incluso a la equiparación que de manera transversal se ha hecho ya en normativas recientemente revisadas como el Código Penal o la Ley de arrendamientos urbanos.
Señorías, con ocasión del debate que con el mismo motivo que hoy nos ocupa tuvo lugar en esta Cámara el pasado mes de septiembre, se nos dijo por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, también quería reconocer las uniones convivenciales, homosexuales y heterosexuales, basadas en la afectividad; se nos dijo que su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, quería también regular las uniones de hecho y que creía que se tenía que abordar ya este tema. Pues bien, háganlo. El resto de grupos parlamentarios y muchos parlamentos autónomos hemos expresado ya nuestra voluntad. Háganlo, porque su mayoría absoluta hace que dependa única y exclusivamente de ustedes seguir demorando el dar esta respuesta a la petición de reconocimiento y regulación de las uniones convivenciales que la sociedad nos está, una vez más, reiteradamente exigiendo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.


Quiero, en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dar la bienvenida a los compañeros del Parlamento de Navarra y también a los ciudadanos y colectivos de gays y lesbianas que han venido a la tribuna a asistir a este debate.
Subo a esta tribuna, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición sobre un tema que hemos traído a esta Cámara en numerosas ocasiones y que ha contado en todas ellas con el voto en contra del Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley hace unos meses en la que reconocía determinados efectos jurídicos de las leyes de parejas de hecho.
Justificamos entonces la regulación aduciendo que la convivencia duradera y estable, con independencia de la orientación sexual de sus miembros, debe considerarse una realidad cotidiana de nuestra sociedad, por lo que no puede permanecer al margen del derecho paritario que como instrumento conformador de la sociedad debe proceder de una adecuada regulación jurídica, sin merma alguna del respeto debido a la naturaleza de dichas uniones.
Es obvio, señorías, que el creciente arraigo social de la unión libre y su incardinación en el ámbito de protección diseñado por las diversas modalidades de familia en el artículo 3 de la Constitución exige la adopción de una serie de medidas que hagan efectiva dicha protección, eliminando la discriminación de que pueden ser objeto dichas uniones y sus miembros. Esta necesidad de protección es a la que se refiere el Tribunal Constitucional cuando afirma que el libre desarrollo de la personalidad podría resultar afectado si los poderes públicos tratasen de impedir o reprimir la convivencia more usorio o de imponer el establecimiento del vínculo matrimonial de una manera que aquel tipo de convivencia no formalizada se viera expuesta a una gravosa y penosa suerte o a soportar sanciones legales de cualquier índole; o cuando tras afirmar que la unión extramatrimonial no es a todos los efectos equivalente. Añade que de lo anterior no se deduce necesariamente que toda medida que tenga como únicos destinatarios los cónyuges, con exclusión de quienes convivan establemente en unión de hecho, sea siempre y en todos los casos compatible con la igualdad jurídica y la prohibición de discriminación que la Constitución garantiza en su artículo 14.
Como han dicho otros portavoces parlamentarios, en España el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en distintas sentencias sobre la posibilidad teórica de extender a las parejas de hecho determinados beneficios, como la pensión de viudedad o de admitir la subrogación del conviviente de hecho en el contrato de arrendamiento en los mismos términos que el cónyuge supérstite. Por tanto, señorías, está claro que la regulación de las interacciones de hecho en las nuevas formas de convivencia que existen en España tiene base constitucional,

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pero lo que es más importante, señorías, además tiene base social. El concepto de familia ha evolucionado y ha configurado alternativas familiares con distintas formas y con distinto alcance social y jurídico. La sociedad contemporánea ha aceptado de forma natural estos cambios y en la evolución de este concepto hoy se acepta cada vez más las relaciones estables de convivencia en parejas formadas por diferentes o iguales sexos.
Ya en 1997 la encuesta nacional del CIS nos decía que el 57 por ciento de la población encuestada consideraba que a las parejas homosexuales que viven juntas de forma estable se les debe reconocer los mismos derechos que a los matrimonios, una opinión que se amplía todavía más en los menores de 40 años. En Europa, señorías, algunos países ya han abordado esta realidad social y han legislado sobre la materia, adelantándose en 1989 Dinamarca y siendo el último país Francia que reguló en octubre de 1999, con la ley denominada Pacto social de solidaridad, los derechos y obligaciones de las parejas de hecho con independencia de su orientación sexual, modificando diversos artículos del Código Civil, Código General Tributario, Código de la Seguridad Social, Código Laboral, Función pública del Estado Territorial y Función pública sanitaria, reconociendo además la convivencia estable de parejas como otro modelo de familia basada en el amor, la libertad, la responsabilidad y la corresponsabilidad.
Existen otros países, como Holanda, que han dado un paso más allá, un paso más valiente aceptando el matrimonio de homosexuales que ya nuestra sociedad comparte y también los grupos progresistas.
Pero, además, para dotar de un reconocimiento legal la existencia de núcleos familiares no matrimoniales, esta Cámara debatió esta materia en dos ocasiones diferentes durante 1997, dos iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida en marzo de 1997, cuyo histórico empate en las dos primeras votaciones necesitó los dos votos en contra de Coalición Canaria para derrotar ambas propuestas.
Se acordó entonces la creación de una subcomisión para estudiar durante tres meses la materia. En mayo de 1997 se volvieron a presentar tres proposiciones del PSOE y Coalición Canaria, siendo derrotadas las dos primeras a favor de la de Coalición Canaria que planteaba esperar las conclusiones de la subcomisión para abrir un plazo de enmiendas. La subcomisión, señorías, sólo sirvió para demorar y diluir la regulación que, según datos de entonces, afectaba a 600.000 unidades familiares en el conjunto de España.
Señorías, esta Cámara volvió a debatir la ley de parejas de hecho en septiembre del año 2000. Hoy en el año 2001 volvemos a traer a la Cámara una proposición de ley de igualdad jurídica de las parejas estables, esta vez a propuesta de la Comunidad Foral de Navarra. Los socialistas creemos que esta proposición de ley es oportuna, necesaria y conveniente, que aborda en términos jurídicos todos los aspectos que hoy no están regulados de las uniones de hecho y que viene a decirnos al Parlamento que no hemos estado a la altura de las demandas sociales y que no hemos hecho el esfuerzo necesario para legislar las uniones de hecho; que la Comunidad Foral de Navarra ha tomado una iniciativa y ha hecho un verdadero esfuerzo legislativo y de consenso pero, sobre todo, ha tenido un debate para conformar la propuesta aprobada, que ha estado mediatizado fundamentalmente por los cambios sociales, por los cambios del concepto de familia y por las demandas sociales de hoy.
Por eso, el Grupo Socialista apoyará su tramitación en esta Cámara.
Creemos que es absolutamente necesario abordar este tema con sinceridad, mirando a la sociedad y dejando las imposiciones y los prejuicios a un lado. Como dicen en su exposición de motivos, la presente ley pretende eliminar las discriminaciones que, por razón de la circunstancia personal o social de los componentes de la familia, entendida en la multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la legislación y perfeccionar el desarrollo normativo del principio constitucional de protección social, económica y jurídica de la familia.
Hoy, señorías, de nuevo en esta Cámara asistiremos a la oposición de un Partido Popular que se vuelve a quedar solo, solo en su miopía de no querer normalizar ni regular una demanda social cada vez más emergente. (Rumores.) Se quedan solos, señorías, en lo más conservador de su ideología. No quieren aceptar una realidad social, un nuevo concepto de familia que la sociedad ya acepta en su seno.
Señorías, de nuevo esta tarde esta Cámara se queda anclada en el pasado mientras la sociedad va por delante de la mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Popular vuelve a impedir el debate en profundidad de dicha demanda social y, lo que es peor, hay una hipocresía de este grupo cuando no es que presente a la Comunidad Valenciana una ley de parejas de hecho sino que sólo da rango de ley a un mero registro de parejas de hecho, que ya existía en 1995, que todavía endurece más las condiciones de ese registro y, lo que es más importante, elimina cualquier referencia de las uniones de hecho como relación de una efectividad análoga a la conyugal. (Rumores.) Es decir, elimina lo que ya los legisladores les hemos reconocido en otras leyes, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, y, además, el artículo 39 de la Constitución elimina cualquier mención explícita, no reconociendo a las parejas de hecho los mismos derechos que otras formas de familia, como recoge nuestra Constitución.
Señorías, hoy han perdido ustedes la oportunidad de volver a demostrar si están del lado de la sociedad, del lado de los ciudadanos, o si siguen anclados en su ideología conservadora. Una vez más nos van a demostrar que simplemente hacen propuestas para aparentar un falso progresismo, pero a la hora de la

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verdad no están ni a la altura de las circunstancias ni a la altura de la ciudadanía.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín.
Señora Estarás.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señor presidente, señorías. En primer lugar quiero dar la bienvenida a los compañeros representantes del Parlamento de Navarra, sean ustedes bienvenidos. (Varias señoras diputadas: ¿Y a las compañeras?) Y a las compañeras, claro, así como a los compañeros y compañeras de distintos colectivos de gays y lesbianas, bienvenidos a todos. (Rumores.) Pediría, por favor, el mismo respeto que les he tenido yo a ustedes.
El texto que hoy debatimos, presentado por el Parlamento de Navarra, coincide exactamente con los presentados por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto, concretamente por Iniciativa per Catalunya- Els Verds, en esta legislatura, el día 19 de septiembre de este año en curso y que también tuvieron un debate bastante acalorado. (Rumores.) Sólo se aprecia una diferencia sustantiva con relación a estos textos que ya debatimos, concretamente en lo que se refiere al artículo 7, que introduce este texto, que habla de la vivienda y del ajuar que hay dentro de la misma, y lo adapta al artículo 36 del Código Civil. Por lo demás, el texto de esta proposición que presenta el Parlamento de Navarra y el texto que presentaban el Grupo Mixto e Izquierda Unida el día 19 de septiembre son prácticamente idénticos, de tal manera que van a entender que mi intervención reproduzca, en cierta manera, los mismos argumentos negativos que ya se enunciaron el pasado mes de septiembre.
Como dijimos en aquel debate, el Grupo Popular parte de la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional, y le sugiero a la representante del Grupo Socialista que se lea a fondo lo que dicen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque partimos de la base de lo que marca nuestra Constitución en tres artículos claves, los artículos 9, 32 y 39. Evidentemente, esta es nuestra postura a la hora de abordar distintas formas de convivencia diferentes al matrimonio y que van en aumento. El Tribunal Constitucional ha descartado, señorías, la equiparación en bloque de parejas de hecho y de matrimonios, sin que por esto haya una lesión del principio de igualdad. Esto no significa, dice el Tribunal Constitucional, que no pueda haber efectos equivalentes. Como saben SS.SS., existen en estos momentos multitud de registros administrativos a lo largo de la geografía española, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, así como legislaciones en vigor de comunidades autónomas como Cataluña, que fue pionera en la materia, Aragón, Navarra -recurrida, por cierto por UPN-, y la Comunidad Valenciana. Le sugiero a la señora representante del Grupo Socialista, casi se lo ruego, que se lea la ley de la Comunidad Valenciana, porque es una ley que para nada conculca las competencias del Estado sino que en el ámbito de sus competencias hace un reconocimiento expreso de lo que son este tipo de uniones y concede todos aquellos derechos que puede dar en el ámbito de sus competencias. Le sugiero, señora Pajín, que se lea la ley, porque o no se la ha leído o se la han contado mal. En todo este mare mágnum de legislaciones, tanto autonómicas como distintas sentencias del Tribunal Constitucional, hay un compromiso del Partido Popular de armonizar las leyes sectoriales, la de la movilidad geográfica, la de indemnizaciones de ayuda a las víctimas del delito, de arrendamientos urbanos, de hábeas corpus, con ese mare mágnum de legislación. Ya anunciábamos en el debate del mes de septiembre nuestra intención de respetar dos principios, el de seguridad jurídica y el de la consistencia sistemática de nuestro ordenamiento jurídico, ya que estos son losverdaderos pilares de lo que tiene que ser una buena regulación y un ordenamiento jurídico -dicen en mi tierra- hecho con seny, con sentido común. Por eso hablamos de legislaciones que afectan a numerosísimas leyes orgánicas y a numerosas leyes ordinarias. Se trata de abordar el ordenamiento jurídico en su aspecto horizontal y transversal, y por lo tanto debemos contar con las debidas dosis de prudencia. (Rumores.) En la propuesta presentada se conculcan tanto el principio de seguridad jurídica como el de consistencia sistemática de nuestro ordenamiento jurídico. Se configura, en definitiva, una institución en la que se conceden todas las ventajas y ninguna obligación a las uniones de hecho, frente al matrimonio. (Rumores.) Prácticamente, no se le exigen requisitos y formalidades para constituirse. No se instruye ningún expediente, no se regula la capacidad legal de los convivientes, a diferencia del matrimonio, algo indispensable cuando se trata de asumir obligaciones jurídicamente exigibles, ni es necesario ir al Registro Civil para acreditar la relación de convivencia, incluso basta inscribirse en un padrón municipal de un ayuntamiento o en los registros específicos de las comunidades autónomas o mediante documento público. No hay ningún deber de ayuda mutua ni hay un deber de fidelidad, tal como se establece para el matrimonio. (Rumores.) Recordemos que el padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un pueblo o de un municipio; son datos que constituyen la prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual, pero difícilmente puede probar un padrón municipal la convivencia entre dos personas con una relación de afectividad análoga a la conyugal, o la voluntad de constituir una pareja de hecho. El propio asesor jurídico del presidente del Gobierno de Navarra, don Manuel Pulido Quevedo, en un artículo de opinión, afirmaba que la ley regula de un modo muy poco exigente la forma de acreditación

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de las uniones de hecho. (Rumores.) La disolución tampoco requiere ningún procedimiento; queda al albur de la autonomía de la voluntad en sus términos más absolutos e ilimitados. El que quiere, lo hace en documento público, el que no quiere, en ningún sitio, puesto que no se establece un régimen sancionador; basta la palabra de uno de sus miembros para dar por terminada la relación y extinguir sus efectos jurídicos, sin que existan garantías de que la otra parte ni tan siquiera ha sido informada. Esto, sin duda, conlleva -convendrán conmigo- a una inminente inseguridad jurídica no sólo para los propios contrayentes o convivientes, sino también para los terceros que, obrando de buena fe, pueden tener alguna relación con esa unión de hecho. (Rumores.) A partir de aquí, son innumerables los problemas que suscita la redacción de esta proposición de ley y que de manera sucinta quisiera analizar. En primer lugar, no entendemos cómo podría un conviviente compeler al otro a prestarle alimentos si en el momento de exigirlos el obligado podría, por su mera voluntad unilateral, destruir esa unión de hecho en el supuesto que configura dicha obligación. No entendemos tampoco el derecho de licencia de 15 días para los trabajadores laborales y no para los funcionarios públicos. Asimismo habría que plantearse la oportunidad, por un criterio de coherencia, de extender a las uniones de hecho otros beneficios, como el permiso de dos días por enfermedad grave o fallecimiento de parientes, puesto que el conviviente no es un pariente. Debería introducirse algún tipo de regulación acerca de la modalidad del régimen económico de las uniones de hecho, y esto porque esta materia ha sido la menos pacífica hasta la fecha por los problemas que se plantean en caso de ruptura. (Rumores.) En relación con la concesión de la nacionalidad a los convivientes en una pareja de hecho, se trata de una redacción desafortunada y es arriesgada su aplicación, pues puede posibilitar la comisión de fraudes al no exigirse ningún tipo de formalidad para constituir o extinguir una unión de hecho. Se discrimina a las personas divorciadas del fallecido, que pierden el derecho a recibir la pensión de viudedad si vuelven a contraer un nuevo matrimonio y, en cambio, no pierde la pensión de viudedad aquella pareja de hecho que se vuelve a juntar después de separarse de otras parejas. (Rumores.)

Con relación a la concepción de las prestaciones no contributivas, debe evitarse también una discriminación hacia el matrimonio, ya que la legislación de prestaciones no contributivas habla de la unidad familiar y, por tanto, sería preciso constatar aquí la existencia de una unidad económica también con relación a las uniones de hecho. No se explica qué pasará con la inscripción simultánea de diferentes convivientes de una misma persona o qué pasará cuándo una pareja cambie de municipio, ¿se tendrá que volver a inscribir o se habrá perdido el paradero de su estado? (Rumores.) No entendemos cómo se acepta que en la pareja de hecho uno de los convivientes tenga un vínculo matrimonial con otra persona si la ruptura del vínculo no dependiera de él. Convendrán conmigo en que también genera inseguridad jurídica que haya matrimonio simultáneamente a unión de hecho. (Rumores.) Tampoco entendemos por qué sólo se exige el segundo grado de consanguinidad y al matrimonio se le exige el tercer grado.
Es discutible también la presunción de paternidad, porque es lógico que se presuma en un matrimonio la presunción de paternidad porque hay un juramento de fidelidad, pero no entendemos la presunción de paternidad en una pareja de hecho si no se exige...(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Estarás, perdone. Hay en la sala un murmullo tremendo y la intervención de la oradora es prácticamente inaudible.
Pediría, por favor, que fueran remitiendo las distintas tertulias que se están sucediendo. Gracias.
Señora Estarás.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señor presidente.
No entendemos, por tanto, esa presunción de paternidad, lo mismo que las causas de desheredación. Si miran ustedes del Código Civil se puede desheredar por incumplir los deberes conyugales, el deber de guardarse fidelidad y contribuir al levantamiento de las cargas conyugales de ayuda y respeto mutuos. Si no hay obligación en la unión de hecho de ningún compromiso, ¿cómo se puede desheredar a una pareja de hecho por los mismos compromisos que no juran? No entiendo muy bien esta equiparación que se ha hecho porque no tiene ningún fundamento jurídico.
Esta propuesta incluye la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. Como SS.SS. saben, no existe ningún tipo de consenso y manifestamos nuestro rechazo. La adopción es un instrumento de protección de menores. No existe ningún derecho a adoptar por parte de nadie, ni de la pareja heterosexual ni de la pareja homosexual. Lo que existe es un derecho del niño a ser adoptado. Como máximo lo que tienen las parejas o las personas individuales es un derecho a hacer la solicitud. Como legisladores, lo que nos asiste es proteger este derecho de interés del menor y son los técnicos y especialistas y el cuerpo científico los que nos dicen cómo se protege. Si vamos al cuerpo científico y leemos el informe que la Universidad Erasmus de Rotterdam encargó a la Comisión Kortman, concretamente a su departamento de psiquiatría infantil y juvenil, vemos que no tienen ningún argumento ni sociológico ni estadístico para decir cómo incidiría en el desarrollo de la personalidad del niño la adopción por parte de homosexuales.
Podríamos ir también a los

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argumentos utilizados por la Asociación Española de Pediatría donde se manifiestan con rotundidad contrarios a la adopción por parte de homosexuales porque piensan que el niño podría entrar en verdaderos conflictos en relación con otros niños. Por no ir a la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 1995 o ir también al artículo de opinión del propio asesor del presidente del Gobierno de Navarra, donde decía que la adopción por parte de homosexuales le parecía una aventura arriesgada y socialmente dudoso el reconocimiento de la adopción por parejas homosexuales. En definitiva, no puede anteponerse el deseo de ser padres de nadie frente al derecho de protección del niño.
Para acabar, cuando la portavoz del Grupo Socialista nos habla de falso progresismo y de hipocresía, le voy a contestar lo mismo que el compañero de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía le contestó a su portavoz con relación a este mismo texto que el señor Chaves votó en contra. La señora Caballero Cubillo, del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, le dijo al señor Chaves y al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz: No comprendemos por qué el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lejos de felicitar esta iniciativa -la misma que hoy debatimos-, entra en una posición frontal contra un proyecto de ley al que curiosamente sus compañeros y compañeras socialistas en el Congreso de los Diputados han dado su apoyo expreso.
Señores del Partido Socialista, ustedes en Navarra, ustedes en Madrid, ustedes en Cataluña han defendido...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Estarás, le ruego que vaya concluyendo.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Acabo, señor presidente.
Decía que han defendido leyes prácticamente idénticas a las que Izquierda Unida defiende en este Parlamento. (Rumores.) ¿Por qué dicen ahora que no es posible? A nuestro juicio -decía la portavoz de Izquierda Unida- es una postura hipócrita la que mantiene el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Lo mismo que el Partido Socialista en Extremadura, donde el señor Ibarra hace muy pocos días, en una cadena radiofónica muy importante, decía que no estaba de acuerdo con la adopción por parte de homosexuales. (Rumores.) Señores del Grupo Socialista, falsos progresismos los de ustedes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Estarás. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Rumores.) Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas: Proposición de ley del Parlamento de Navarra para la igualdad jurídica de las parejas estables.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 133; en contra, 154; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS MILITARES DE COMPLEMENTO Y PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA. (Número de expediente 122/000096.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS PARA LOS SOLDADOS Y MARINEROS PROFESIONALES Y DE REEMPLAZO. (Número de expediente 122/ 000092.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería, que en función de lo acordado en la Junta de Portavoces se debatirá conjuntamente con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de prestaciones y derechos para los soldados y marineros profesionales y de reemplazo.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego que las tertulias las hagan en los pasillos y permitan que el diputado que está en la tribuna pueda hacer uso de la palabra. (Pausa.) Adelante, señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace tres meses las primeras páginas de todos los periódicos de este país y de otros países europeos y todos los medios audiovisuales destacaban como una de las noticias más importantes el llamado

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síndrome de los Balcanes, el tema del uranio empobrecido... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Marsal.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Como decía, se destacaba como noticia importante el problema del uranio empobrecido y la existencia de una cantidad de personas, hombres y mujeres, que padecían cáncer y entre los que se habían producido cierto número de muertes. Durante más de un mes este fue un tema que ocupó los medios de comunicación. Hoy, han pasado tres meses y ya no es noticia de primera página, y en muchos casos ni de décima o undécima página. ¿Qué ha sucedido en este intervalo? Han sucedido distintas cosas, unas puramente mediáticas y otras que han ido surgiendo de una serie de informes que han puesto en evidencia que no se puede decir que existe una relación causa- efecto entre uranio empobrecido y estas enfermedades, aunque tampoco estos informes dicen categóricamente que no pueda llegar a verse algún tipo de relación en algún momento. Estos informes no han sido únicamente de la propia OTAN o de alguno de sus países, sino de foros que podemos considerar más neutrales, como la Unión Europea o la propia ONU. Esta misma mañana -seguramente es pura casualidad- el ministro de Defensa ha presentado el informe en lo que afectaba al caso español. Estos informes no cierran el debate; el debate, los problemas y las preocupaciones aún siguen abiertos. En Estados Unidos, hoy, diez años después de la guerra del Golfo, aún sigue habiendo estudios y comisiones oficiales del Gobierno, del Congreso y del Senado que están estudiando esta situación y sigue habiendo una serie de personas que están afectadas por enfermedades. En algunos casos el Gobierno americano ha admitido la relación causa-efecto, no con uranio empobrecido, sino con algún otro de los materiales que se usó en la guerra del Golfo.
En lo que respecta a las guerras de los Balcanes, especialmente en Kosovo, en los países europeos durante años vamos a tener que seguir estando pendientes de este tema. Sobre todo hay un elemento fundamental que no ha cambiado y es que sigue habiendo una serie de personas, hombres y mujeres, civiles y militares, que están afectados por unos síntomas determinados. No vamos a discutir aquí las cantidades, si son 50, 60 ó 70. El propio informe del Ministerio reconoce casos. Tenemos otros informes, por ejemplo, elaborados por la Oficina del Defensor del Soldado, que sin ningún carácter catastrofista han recogido 55 casos diagnosticados, de los cuales ocho han fallecido, 37 están diagnosticados y 10 están pendientes de diagnóstico. Lo importante, como dijimos desde el primer momento, era que había unos ciudadanos y unas ciudadanas que estaban afectadas por unos síntomas determinados y que el objetivo principal que debíamos tener el Gobierno y este Parlamento era dar garantías a estas personas de que iban a recibir los tratamientos necesarios y una solución a todos los problemas que se les planteasen.
Nosotros ya desde el primer momento formulamos unas iniciativas, dos proposiciones no de ley, que veremos en su momento en la Comisión de Defensa, y una proposición de ley, que es precisamente la que hoy les presentamos y cuya aceptación a trámite debemos someter a votación, al mismo tiempo que una de Izquierda Unida, a favor de la cual ya anuncio que nosotros vamos a votar. No es el momento de entrar a debatir en qué elementos incide la proposición, pero sí querría señalar los cuatro puntos principales que contiene. En primer lugar, se trata de dar una redacción inequívoca a la Ley del personal militar para que no haya dudas de que determinadas medidas afectan a todos los militares, sean militares permanentes o sean profesionales por un tiempo determinado, sean personal de tropa o sean oficiales.
El ministro hizo una interpretación que nosotros compartimos: que afecta a todos. Sin embargo, algunos magistrados nos han comentado que puede recibir interpretaciones distintas. Por tanto, proponemos, ya que estamos de acuerdo en el contenido, que le demos una redacción que no dependa de la interpretación de nadie. En segundo lugar, deseamos cubrir algunos vacíos y contradicciones que se daban en el derecho a pensión o a indemnización en los casos afectados, en esta situación y en otras. En tercer lugar, solicitamos que las medidas que contemplan las leyes tengan efecto, aunque los síntomas, las enfermedades o el fallecimiento puedan producirse después de la relación contractual con las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, pedimos la actualización de los cuadros médicos y los cuadros de indemnizaciones, que tienen muchos años y que no se corresponden con la realidad.
El tema del debate de hoy no es el contenido, sino si admitimos a trámite esta proposición de ley porque reconocemos que existe un problema al que la actual legislación no da una solución adecuada.
Esto lo admitimos todos, y lo veremos porque después comentaremos una iniciativa del Grupo Popular. Por tanto, si estamos de acuerdo en que existe un problema y que el actual redactado de las leyes no da una solución satisfactoria, debemos votar favorablemente la aceptación a trámite de esta proposición.
Se dirá seguramente que se ha hecho una evaluación de costes, que aplicar las medidas que proponemos puede subir a 100.000 millones o más. Yo querría hacerles la reflexión de que no estamos hablando únicamente de dinero, que también, sino que estamos hablando básicamente de personas y derechos. Nosotros les hemos manifestado y lo volvemos a hacer quela proposición de ley que presentamos no tiene un

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carácter cerrado. Aceptarla a trámite únicamente quiere decir que vamos a empezar a discutirla, que se pueden presentar enmiendas, que se puede mejorar, limitar los costes y crear aquellos mecanismos que eviten que se produzcan situaciones injustas como la de que alguien pueda intentar aprovecharse sin tener derecho a la aplicación de la ley. Estamos abiertos a todo ello. Por tanto, permítanme que se lo diga, no puede cuantificarse el coste de una ley que aún es proposición de ley, que necesita enmiendas, y únicamente cuando tuviésemos la ley aprobada sería el momento en que sabríamos realmente cuál es el coste. Estamos abiertos, repito; la que presentamos no es una ley divina. Son una serie de propuestas que están abiertas al dialogo, a las enmiendas y a llegar a acuerdos.
El contenido no es el centro del debate, no es aquello que puede mejorarse en nuestra proposición. En este momento lo primordial es si estamos dispuestos a lanzar un mensaje determinado a los afectados, si estamos dispuestos a decirles que el Gobierno y el Parlamento se preocupan de su situación, de sus dificultades. Se trata también de lanzar un mensaje a todas las Fuerzas Armadas para decirles que el Gobierno y el Parlamento se preocupan de sus problemas actuales y de los que puede haber en el futuro como consecuencia de la intervención en acciones de paz y también se trata de si estamos dispuestos a lanzar a toda la sociedad española un mensaje diciéndole que la profesionalización de las Fuerzas Armadas es un objetivo prioritario y compartido por todos y que estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que todas las españolas y españoles que decidan incorporarse a las Fuerzas Armadas tengan la garantía de que el Gobierno y el Parlamento se preocuparán de su situación. Este mensaje es muy oportuno en este momento, ya que existen importantes dificultades en el proceso de cumplimiento de los objetivos de profesionalización. En consecuencia, lanzar o no un mensaje va a tener también sus consecuencias en este proceso de profesionalización.
Hace tres meses lo fácil para la oposición, lo fácil para nosotros era subirnos al carro de quienes más protestaban, de quienes más gritaban, para intentar desgastar al Gobierno con este tema, pero nosotros no elegimos este camino, sino el que nos pareció correcto con los ciudadanos, el de la actitud constructiva de presentar propuestas para garantizar la salud de los participantes en operaciones y para no incidir más negativamente en el proceso de profesionalización. Ahora lo fácil es no complicarse la vida; como ya no es noticia de primera página, lo fácil es no aprobar hoy la toma en consideración, no hace falta adoptar ciertas medidas. Hace tres meses era responsabilidad del principal grupo de la oposición tomar una postura u otra; hoy es responsabilidad suya, del Gobierno y del Grupo Popular, tomar una actitud responsable o no tomarla, es responsabilidad suya compartir con todos los grupos el camino de dar solución a estos problemas.
Ustedes pueden elegir el camino y pueden elegir el de presentar una proposición no de ley ayer por la noche, el día antes -no una proposición de ley sino una proposición no de ley-, después de dos meses de que nosotros presentásemos la otra, que dice lo mismo que nuestra proposición de ley y que insta al Gobierno a que se aprueben nuevos cuadros médicos -está en nuestra proposición de ley-; en el segundo punto pide adaptar las actuales prestaciones que se reconocen por el régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, teniendo en cuenta las pensiones, las indemnizaciones, etcétera. Están diciendo lo que decimos nosotros.
¿Por qué no presentan enmiendas que concreten estos aspectos? ¿Es que únicamente quieren que la solución a los problemas la dé el Gobierno y nadie más, que esta Cámara ya no haga oposición y que no tenga capacidad de tomar iniciativas? ¿Es esto lo que pretenden ustedes y el Gobierno? Perdone, señor ministro, hoy no presente aquí, perdonen, señores del grupo mayoritario, pero es de muy poca elegancia política elegir precisamente este camino. No es este el camino que nosotros elegimos hace tres meses y por ello, con la autoridad moral que nos puede dar la alternativa que elegimos en el momento en que lo fácil era otra cosa, les exigimos a ustedes que no cojan tampoco el camino fácil. Pueden elegir la vía fácil o la de trabajar todos juntos para avanzar en la solución de unos problemas que ustedes mismos reconocen que existen y para cuya solución ustedes reconocen que hay que cambiar las leyes. Ese es el camino para lanzar este mensaje a las Fuerzas Armadas de preocupación e interés, y a toda la sociedad española de la importancia que damos al proceso de profesionalización. Ustedes tienen la mayoría para decidir, ustedes tienen la mayoría para elegir el campo de juego, pero cada campo de juego tiene sus reglas. Elijan ustedes el campo que quieran y sabremos cuáles son las reglas de juego. Elijan ustedes el campo de juego de aceptar la proposición a trámite, de presentar enmiendas, de discutir y sacar una ley que sea consensuada y, a ser posible, que sea votada por todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marsal.
Para la defensa de la proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
La ausencia del señor ministro nos hace pensar que este debate empieza con muy malos augurios. Es un ministro muy militante, que siempre está aquí aunque sea una iniciativa en la que no tenga que intervenir,

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pero precisamente está ausente en una iniciativa respecto a la cual él se ha pronunciado a través de los medios de comunicación. Dijo que recogerían una parte interesante de las propuestas... (El señor Atencia Robledo: No, no.) Sí, señor Atencia. Su señoría lee poco los medios; viaja mucho y lee poco. Dijo que recogerían una parte interesante de las propuestas que habíamos hecho a través de los medios de comunicación tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida. El señor Trillo, que está en una espiral de imagen, cuando llega el momento de la verdad desaparece y parece que recomienda a su grupo que vote en contra de estas dos proposiciones de ley. Ahora les explicaré que será un voto negativo realmente injustificable por razones de todo tipo, incluidas las razones a las que el señor Trillo se refirió el 16 de enero cuando compareció para el tema del síndrome de los Balcanes. En función de su argumento estrella, el argumento de la causalidad, de que no existe la relación causa-efecto, se produce aquí una situación de injusticia insoportable a la que aludiré seguidamente.
El señor Trillo, con su gracejo habitual -y me va a permitir la presidenta utilizar la alocución popular- ha dicho que se acabó la puta mili, que era el fin de la puta mili. Parece que al decir eso abre las ventanas a una especie de paraíso del ejército profesional, a una situación nueva, absolutamente justa, que supera todos los sufrimientos que hemos tenido en el pasado más o menos próximo los que aquí nos sentamos o, por lo menos, los que hemos hecho la mili -yo la he hecho como soldado-. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que decir que no es así.
Cuando este tema, como una liebre que se levanta, lo puso negro sobre blanco un reputado periodista de El País, nosotros pensamos que el ejército profesional iba por muy mal camino, y se está demostrando sobre las cifras, a las que el señor Trillo no se atreve ni siquiera a referirse de manera rigurosa. Le he oído por la radio últimamente hablando de las cifras de los soldados profesionales y no se remite a las que aprobamos, que eran 120 más 50, aproximadamente -un jefe para 2,5 soldados-, en la Comisión Mixta de este Congreso. Habla de una cifra menor en función del fracaso que está teniendo el modelo. Ni siquiera se atreve a concretar cifras porque no se está llegando a ellas y alude a salidas geniales: el Ejército con inmigrantes.
Primero se ha hablado de un 30, después de un 20 y al final de un tres por ciento, porque se está fracasando respecto al ejército profesional, por una serie de razones, algunas de las cuales se pueden cuantificar y concretar. Por ejemplo, es un ejército sobredimensionado y se está demostrando con los hechos. Está muy mal pagado y está sufriendo operaciones como la de Yugoslavia. Acuden a la antigua Yugoslavia a esa misión, que aquí se votó por unanimidad -nosotros también la votamos- , pero lo hacen sin ningún tipo de información, y a partir de esta cita, en la que hemos gastado -cito esto para ver después la cantidad que supondría aprobar una ley de este tipo- 220.000 millones de pesetas -198.000 hasta el año 2000 y 38.000 están previstos para el 2001; hasta finales de 2001 vamos a gastar en esta misión 220.000 millones de pesetas, retengan SS.SS. esta cantidad-, nos encontramos con que los soldados fueron allí sin ningún tipo de información. Incluso, en una de las encuestas de las que ha presumido el señor Trillo, no explicándola bien -en función de esa vorágine de la política de imagen que lo lleva y lo trae de un lado a otro-, encuesta que él divulgó en un momento oportuno, como siempre, se dice que la mitad de los soldados profesionales tenían problemas con la falta de información de lo que estaba sucediendo allí. A partir de ahí se desarrollan las consecuencias de la situación de la antigua ex Yugoslavia -ya se han citado aquí algunas cifras, más de medio centenar de casos-. Nosotros, efectivamente, no podemos demostrar que haya relación de causa-efecto, pero el señor Trillo no puede demostrar que no exista esa relación, porque en sus últimas intervenciones viene a decir que es incluso menos peligroso que el tabaco, y recuerden SS.SS. que en los paquetes de tabaco viene la advertencia de que es altamente peligroso para la salud, o algo por el estilo. Ni siquiera dice el señor Trillo que habría que poner esto en los proyectiles cubiertos con uranio empobrecido. Viene a decir que es ventajosa prácticamente para la salud pública la utilización del uranio empobrecido, en función de esa política de imagen tan singular que tiene el señor Trillo. Ya discutiremos este tema cuando comparezca motu proprio, parece ser, en la Comisión correspondiente.
Si al mismo tiempo, junto a estos temas, suman ustedes que hay una desigualdad de trato en la cobertura social, en los derechos sociales, no sólo en relación con indemnizaciones sino también respecto a pensiones o a enfermedades, nos encontramos con una situación en que no es nada agradable la posibilidad de estar inserto en el ejército profesional. Eso se está transmitiendo en las cifras que estamos viendo por un lado y por otro.
Vamos al fondo de la cuestión. El martes, 16 de enero, comparece el señor Trillo y respondiendo a una pregunta que hizo este diputado dijo -y se recoge así en la prensa de manera textual- que no se podía comprometer a indemnizaciones para eventuales afectados antes de que se demostrara que sus afecciones fueran causadas por el uranio empobrecido. Dijo: mientras no se demuestre la relación causa-efecto, no podemos hablar de indemnizaciones. Y lo dijo dos semanas después de que se aprobara una rectificación de ley en la llamada Ley de acompañamiento, que decía que aunque no hubiera relación de causa- efecto, sí estaban cubiertos los funcionarios, los oficiales o suboficiales. Aquí radica la gravedad del caso que venimos a defender aquí. Es decir, sin que se demuestre la relación de causa-efecto, desde el 1 de enero los mandos están cubiertos con una indemnización doble en función de

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la crisis de Kosovo y sus consecuencias, se demuestre o no se demuestre, y no sólo esto, sino que hay que darles esa indemnización sin demostrar nada, y solamente el Ministerio de Defensa, demostrando a la contra, puede intentar cuestionar esa indemnización, según la rectificación del artículo 47 de la ley aprobada y que tiene vigencia a partir del 1 de enero del año 2001. Esta es la enorme injusticia, que la relación causa-efecto sirve para los soldados, y lo mismo que en el tema del tabaco no se va a poder demostrar o es muy difícil, en este caso es mucho más difícil, puesto que además se ha proclamado la ley del silencio: aquí ya nadie habla -porque todo el mundo está amenazado, ¿eh?, vía subvenciones y de todo tipo de cosas-; en este caso se va a demostrar mucho menos, pero los funcionarios, aunque no se demuestre, sí tienen la posibilidad de indemnizaciones y cobertura de todo tipo. Estamos ante una situación bananera. Con razón el señor Trillo se ha acordado de los inmigrantes: no tienen derechos, pues metámoslos en esta situación concreta, que parte de la aprobación de esta modificación del artículo 47 de la Ley de clases pasivas del Estado. Ahí está dicho. No tiene vuelta de hoja. Esta es la situación: para los mandos no cuenta la relación causa-efecto; para los soldados sí: si no la demuestran no tendrán los mismos derechos.
El problema es este: un mando y un soldado que sufran la misma lesión o enfermedad en los Balcanes serán tratados de forma muy distinta desde el punto de vista legal. Eso es lo que queremos cambiar.
Aparte de esto, hay otras vulneraciones de la igualdad constitucional que siempre afectan a los mismos. Por ejemplo, en una Ley de acompañamiento de presupuestos que se aprobó en diciembre de 1997, para que entrara en vigor en el año 1998, se dejó a los soldados -a la marinería- sin derecho a pensión, excepto en el caso de que sufrieran una lesión permanente que les incapacitara o dificultara gravemente para el ejercicio de cualquier trabajo. En los demás casos, los soldados enfermos o lesionados podían ser despedidos por pérdida de las mínimas condiciones psicofísicas -y así está ocurriendo- percibiendo en este caso sólo una magra y escuetísima indemnización. El decreto que regula estas indemnizaciones, de 7 de mayo de 1999, no se ha desarrollado a través del reglamento, lo que quiere decir que no existe el cuadro con las cuantías económicas que corresponden a cada lesión. Respecto a enfermedades, no se incluye ningún trastorno psiquiátrico ni ninguna forma de cáncer. Nos encontramos ante una absoluta indefensión en todos los aspectos. ¿Qué declaración hizo el señor Trillo? Nunca les faltará de nada, vino a decir, como aquel cacique de Andalucía ante el que el trabajador reivindicaba que lo diera de alta en la Seguridad Social, y le contestó: Pepe, no te meto en la Seguridad Social, pero, mientras estés conmigo, nunca te faltará de nada. Esa es la respuesta que dio el señor Trillo: mientras yo esté de ministro, a estos señores nunca les faltará de nada, nunca tendrán problemas. Eso dijo. (Rumores.) ¿No me creen ustedes? Yo les presto la hoja de periódico correspondiente.
Hemos partido de una serie de principios constitucionales y legales a la hora de presentar una proposición de ley justa; si se hace por medio de enmiendas a la otra proposición de ley nos parece correcto jurídicamente, pero no es una cuestión jurídica; se trata de un problema de fondo y el fondo es el que acabo de relatar. En consecuencia, vamos a votar a favor de la proposición de ley del Grupo Socialista y espero que ocurra igual a la inversa. Hemos partido fundamentalmente del derecho a la igualdad que, además de principio general del derecho inveterado, es un derecho constitucional. Hemos partido de ahí simplemente porque estamos ante un caso de enorme injusticia, del que ustedes se ríen porque ya no tiene la trascendencia propagandística y publicitaria que tenía el 16 de enero de 2001. Las cosas se van enfriando y aparece la injusticia permanentemente consolidada y eterna. Pues bien, no hay factor que justifique que situaciones idénticas de riesgos laborales asumidos en misiones militares en el extranjero sean tratadas de forma diferente.
Hemos partido también de la necesidad de incentivar el acceso de jóvenes a las Fuerzas Armadas profesionales mediante condiciones sociolaborales atractivas. Nosotros creemos en el ejército profesional, aunque no en este que se ha diseñado, sobredimensionado y con más jefes que soldados -permítanme la exageración, pero cada jefe tiene 2,5 soldados-, pero creemos que hay que generar una situación de seguridad y de justicia sociolaboral y no se está generando en aboluto.
Hemos partido de otro principio, del derecho a la defensa, a la reivindicación. Los soldados no tienen derecho de asociación ni de sindicación, no se pueden defender ni organizar; de modo que no hacemos esto de un modo paternalista, sino porque ellos no tienen posibilidad alguna de hacerlo. Existen instituciones muy interesantes, como la Oficina del Defensor del Soldado, pero al no poder asociarse para la defensa de sus derechos laborales, tenemos que presionar con la máxima fuerza posible intentando un estatus laboral digno para los soldados profesionales, con protección social y posibilidades jurídicas de asociación y defensa de sus condiciones de trabajo.
Termino, señora presidenta. Creemos que este es un caso de justicia.
El señor Atencia nos dirá ahora que hay problemas jurídicos o de oportunidad, o bien nos vendrá a decir que están estudiando la solución. En este último caso generaría alguna esperanza. Espero que por lo menos vaya en esta dirección. Si aquí estuviera el señor Trillo -y como no está lo que le voy a decir ahora se lo diré en la Comisión cuando comparezca- le citaría a Norman Mailer, un escritor norteamericano que dijo que hay que poner las palabras en el mismo cesto que los huevos. No sé exactamente a qué huevos se refería el señor Mailer, pero creo que a algo pequeño y valioso que hay que cuidar porque es también frágil.


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Las palabras son valiosas, pequeñas, frágiles y cuando se utilizan hay que hacerlo con mucha ponderación, sabiendo siempre que hay que hacerlas coincidir con los hechos, y en este caso el señor Trillo tiene cero, suspenso total.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Federal de Izquierda Unida responden a la necesidad de ampliar la protección social y sanitaria de los militares profesionales de tropa y marinería y los de complemento. La característica de temporalidad que une a los militares incluidos en los cuerpos citados no debe servir de excusa para que las coberturas sociales y sanitarias sean sensiblemente inferiores a las del resto de los militares de carrera, sino que tal y como pretenden las proposiciones legislativas deben ser equiparadas de forma inmediata.
La acción protectora de los militares profesionales de tropa y marinería y los de complemento es realmente raquítica puesto que en situaciones de verdadera necesidad, como las derivadas de lesiones o enfermedades determinantes de incapacidad permanente, únicamente perciben una indemnización y no una pensión de carácter periódico que sirva de compensación justa al defecto de ingreso que se produce al tener que abandonar su actividad como militar profesional.
El artículo 41 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos mantener un régimen de seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones ante situaciones de necesidad. La concesión de una indemnización puntual a los militares profesionales de tropa y marinería no se ajusta a esos parámetros constitucionales al tener un mínimo alcance protector, puesto que sólo repara parcial y temporalmente la contingencia protegida y el estado de necesidad que de ello deriva, que en estos casos tienen un carácter permanente. El Bloque Nacionalista Galego cree oportuno, por tanto, dar un mayor alcance a la acción protectora derivada de lesiones o enfermedades acaecidas durante la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas, de manera que se reconozcan los derechos pasivos aun cuando la manifestación de las mismas se produzca una vez terminada la relación. Los recientes casos de soldados pertenecientes a ejércitos europeos e incluso al español, aunque oficialmente se siga negando, que desarrollaron enfermedades después de desplegar acciones militares en los Balcanes aconseja ser flexibles en esas circunstancias, otorgándoles todos los beneficios de la acción protectora social y sanitaria del régimen especial de las Fuerzas Armadas. Ante un importante esfuerzo propagandístico por parte del Gobierno para reclutar militares profesionales con coste económico considerable, pensamos que la mejor oferta a realizar a futuros soldados y marineros profesionales es garantizarles unos derechos sociales y sanitarios suficientes y dignos que comporten la cobertura de los riesgos que la actividad militar entraña incluso en épocas -siguiendo la actual terminología teñida de eufemismos- de misiones de paz.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar estas proposiciones legislativas porque, como muy bien se apunta en la exposición de motivos de una de ellas, la finalidad última es garantizar la igualdad de trato para todos los militares en prestaciones sociales y sanitarias. Es decir, no se otorgan ni reconocen derechos excepcionales, sino los ya establecidos a los militares de carrera; no se solicita la creación de derechos específicos, sino dotar de coherencia y equidad la configuración del sistema de protección social y sanitaria de todos los militares, atribuyéndoles a todos ellos los mismos niveles de garantías sociales y sanitarias materializadas en la concesión de las mismas prestaciones sociales en igualdad de condiciones. Además, contribuye a equiparar la cobertura social de los soldados y marineros profesionales con las restantes personas al servicio de una administración pública, puesto que cuando un ciudadano realiza funciones públicas en cualquier administración, aun por modalidades temporales y con conocimiento previo de que su prestación reviste ese carácter, gozan desde el comienzo de la prestación de idénticas coberturas sociales y con el mismo alcance que aquellos que tienen la condición de funcionarios de carrera o personal fijo de la Administración. Por tanto, cualquier soldado o marinero de tropa debe tener los mismos derechos sociales, debe tener una cobertura social idéntica al resto de los militares que comparten las funciones públicas encomendadas a las Fuerzas Armadas, de forma análoga también al resto de personas que realizan alguna función al servicio de administraciones públicas. Por todo esto, señora presidenta, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta, señorías, nos encontramos ante una proposición de ley del Grupo Socialista que mi grupo juzga oportuna y adecuada en cuanto a su fondo, que compartimos plenamente.


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Qué duda cabe que la Ley 17/1999, de régimen profesional militar, con la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de una tropa y marinería profesional, ha significado un giro copernicano en la política profesional de las Fuerzas Armadas de España, pero va a derivar en una serie de legislaciones complementarias y de desarrollo. No es lo mismo -y ya estamos viendo las consecuencias- ser soldado obligatorio, conscripto, de reemplazo, que ser soldado profesional. Como portavoz de mi grupo siempre he defendido que los militares en España, en la España democrática que ampara nuestra Constitución, nuestras leyes y el sentido democrático de este Parlamento, son ciudadanos de uniforme; y sin son ciudadanos de uniforme tienen que tener todas las características de la ciudadanía de un país democrático. De ahí que cuantas veces he insistido en el asociacionista militar va en este sentido, no en otro. Cuando estamos haciendo leyes laborales y damos una protección social y sanitaria a los trabajadores no estamos distinguiendo si son fijos o temporales, pero hemos extendido la acción social y sanitaria de nuestras leyes precisamente a los contratos de trabajo temporales. En la iniciativa socialista se habla de una condición temporal para los soldados profesionales que firman precisamente por un tiempo, pero el régimen debería ser exactamente igual que el de un ciudadano civil que obtiene un empleo con contrato temporal; nadie le está negando unas prestaciones de la Seguridad Social ni cuestiones de desempleo ni sanitarias. Otra cosa es que veamos los efectos económicos, que es donde está una de las reservas que tiene mi grupo -que yo voy a citar- a algunas cuestiones que se pueden derivar de la aplicación de una proposición de ley o de una ley de estas características.
De los apartados fundamentales que vienen a modificar con esta iniciativa la Ley 17/1999, del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, yo distingo tres porque quiero ver las coincidencias, que es lo que nos motiva a pedir al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno que resuelvan esta cuestión. Me consta la sensibilidad del ministro señor Trillo para resolver este tema, porque si va a tener que resolverse por una vía interna que contempla la Ley 17/1999, que serían los consejos de personal, largo me lo fiáis. Esta sería una materia para los consejos de personal que mi grupo votó y apoyó, aunque tuvo ciertas reticencias al respecto por la falta de encaje armónico en un sistema de cuartel cerrado y que dentro haya algo parecido a una reivindicación laboral o sindical. Pero con la ley en la mano (y mi respeto, por tanto, a la ley que votamos y aprobamos aquí, cualquiera que fueran las enmiendas que mi grupo presentó en su momento) o este tema se resuelve directamente por el Gobierno o por el Parlamento o lo van a tener que resolver esos consejos de personal y veremos qué pasa, si tienen capacidad para, aparte de recibir una reclamación de tropa y marinería, resolver esta situación.


El segundo aspecto es el de las clases pasivas, con el que hay plena concordancia. Se ha dicho y se ha anunciado aquí -lo ha confirmado mi grupo por los servicios de la Cámara- que ayer tuvo entrada una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en forma de proposición no de ley, y ha dicho el portavoz socialista que responde prácticamente a los mismos conceptos.
El tercer concepto que quiero resaltar aquí es para que sea bien percibido por el Grupo Parlamentario Popular, pero sobre todo mediante la lectura del «Diario de Sesiones» por los cargos responsables del Ministerio de Defensa, concretamente la Subsecretaría del mismo. La iniciativa socialista, con la modificación del apartado 1 del artículo 156, quedaría redactada de la siguiente forma: En el régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, corresponde a la sanidad militar la asistencia sanitaria en el ámbito logístico operativo y, consecuentemente, la que tenga su causa en accidentes o enfermedades. Suscribo esto porque es el motivo por el que mi grupo se opuso, en la comparecencia del señor subsecretario de Defensa, a la supresión de determinados hospitales militares. Mi grupo, haciéndose eco de este texto, pediría que se recogiera esto en el proyecto de ley que en su día traiga el Gobierno, porque en una circunscripción como la canaria se debe garantizar que se va a mantener el hospital militar de Canarias, ya que no estamos a un paseo en coche de cualquier hospital militar de la península, estamos en una zona estratégica aislada, a 2.500 kilómetros de distancia. Es necesario que se dé esta garantía a los militares profesionales, no solamente la asistencia que en este hospital se venía prestando a la oficialidad sino a la tropa de carácter obligatorio o de reemplazo de la mili que hacían los mozos llamados a fila.
Me voy a basar en las palabras que ayer en la Comisión de Defensa dijo el señor secretario de Estado, muy acertadamente, cuando hablaba de las condiciones de infraestructura y de equipamiento logístico para los soldados. No es solamente dotar a estos soldados profesionales de una buena alimentación, de un cómodo uniforme, de unas taquillas para el vestuario, de unas habitaciones en condiciones, cumpliendo el principio de respeto a la dignidad humana, sino lo que dijo acertadamente ayer el señor secretario de Estado repitiendo un concepto que yo defiendo aquí del ministro señor Trillo, que no solamente hay que atender al nuevo soldado profesional sino retenerlo. Esta iniciativa, si se aplica bien por el Gobierno en la fórmula que sea, viene a cumplir este principio de retener al soldado. Con una asistencia social correcta, adecuada, digna, decorosa e igual a un trabajador civil y con una asistencia sanitaria hospitalaria sería posible retener al soldado profesional y no se producirán los tremendos vacíos que existen. Sería mucho mejor ofertar a un soldado profesional estas garantías de política social y sanitaria que ofrecerle un millón y medio de pesetas si prolonga su vida tres meses más en el cuartel. Quien ha servido como

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soldado y ha jurado bandera a España lo dice aquí con plena responsabilidad; los que hemos hecho la mili nos sentimos solidarios con la mili de ayer y con el ejército profesional de hoy. Por tanto, esto necesita un tratamiento de máxima seriedad.
Estos son los motivos que queremos que entiendan el Grupo Socialista y el Grupo Popular y por los que nos vamos a abstener. Entendemos que es el Gobierno quien tiene que traer el proyecto, porque no se trata de una proposición no de ley que quedaría exonerada de determinados requisitos que exige el Reglamento del Congreso y la ley, como son el dictamen del Consejo de Estado y la memoria económica. Esta es una ley con cuyos principios sociales coincido plenamente y pediría que el Gobierno los reprodujese literalmente en su momento cuando entre su ley en esta Cámara, aunque en otros podríamos diferir y presentaríamos las enmiendas correspondientes. También tengo que exigir a la oposición que traiga la memoria económica, porque es un proyecto de ley que tiene una repercusión en los costes por las clases pasivas y a fin de cuentas son números. Los que somos funcionarios de carrera civil del Estado sabemos que cotizamos en la Hacienda pública en pesetas a unas clases pasivas que nos devolverán en nuestra jubilación en pesetas. Un proyecto de ley -lo entenderán así los socialistas, sobre todo el portavoz que lo ha defendido correctamente- tiene que venir acompañado de una memoria económica.
¿Quién respalda la memoria económica? El Gobierno, que es quien tiene en su mano el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, porque esta ley no es un reconocimiento como si estuviéramos hablando sólo del color del uniforme o de las instalaciones logísticas, que no tienen repercusión económica. Coincidimos en el fondo de la cuestión, pero hay una carencia de compromiso presupuestario. Sin compromiso presupuestario esta ley no es posible, la que se deriva de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Pero coincidiendo plenamente en esos principios nosotros hacemos este testimonio de abstención. Como ha entrado una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para esta cuestión, cuando se vea en esta Cámara la proposición no de ley, mi grupo la votará favorablemente para que el Gobierno, en el plazo de tiempo más corto posible, resuelva este problema porque me consta por conversaciones con el señor ministro de Defensa, responsable de esta materia, que es en este momento tremendamente sensible a retener a una tropa profesional en las mejores condiciones no solamente de calidad de vida en el cuartel, sino con una asistencia social y sanitaria adecuada. No podía ser menos en esta cuestión. Mi grupo tiene un compromiso de apoyo a esa política de Gobierno y espera que con la proposición no de ley traiga un proyecto con memoria económica que nos permita ofrecer a los soldados de España no solamente un documento de derechos, sino el respaldo económico que hace que los derechos virtuales y los derechos reales sean positivos para su ejercicio.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar con sus votos la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley, tanto la del Grupo Socialista como la del Grupo Federal de Izquierda Unida, porque incluso a los que no hemos hecho la mili nos parece oportuna en el tiempo y razonable en sus contenidos. Si prácticamente todos los grupos parlamentarios -habíamos entendido que todos- habíamos hecho un diagnóstico compartido sobre los puntos que afectan a esta reforma que se plantea en estas proposiciones de ley, parece que ahora es razonable ser coherentes y dar vía libre tomando en consideración los aspectos que se proponen a reforma. Si este diagnóstico compartido dice que existen lagunas en la actual legislación tras la profesionalización de las Fuerzas Armadas y que alguna de las funciones que esta Cámara y el Gobierno les ha encomendado en ámbitos internacionales plantean una serie de lagunas, parece que es razonable ahora abordar y tomar en consideración unas proposiciones de ley que tienden a cubrir estos vacíos y contradicciones, realizar las previsiones oportunas y establecer el nivel de prestaciones que estos ciudadanos deben tener por los servicios que prestan y por las funciones que les han sido encomendadas. Indudablemente tienen un aspecto económico los planteamientos que se hacen en estas proposiciones de ley, pero utilizar ese criterio como argumento denegatorio sería como decir que esta Cámara difícilmente puede adoptar ninguna medida en ninguno de los casos y, ciertamente, a uno como diputado se le empieza a poner la carne de gallina cuando oye argumentos de este tipo porque, señora presidenta, metemos horas en esta casa.
Es razonable entender, mientras se toman en consideración estas proposiciones de ley -tampoco el Grupo Parlamentario Vasco está al cien por cien de acuerdo en todos los aspectos que plantean tanto el Grupo Socialista como el Grupo Federal de Izquierda Unida en sus respectivas iniciativas-, que hay un diagnóstico compartido y que hemos dicho que estamos de acuerdo en que estos puntos tienen una serie de lagunas que hay que abordar en el futuro. Desde este planteamiento, no aceptar iniciativas de la oposición da la sensación de falta de sentido democrático de la Cámara, da la impresión de que las iniciativas que provienen de la oposición deben ser derrotadas.
Si el Grupo Socialista y el Grupo Federal de Izquierda Unida han hecho planteamientos

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correctos, adecuados en el tiempo y razonables en sus contenidos, yo creo que la grandeza de la democracia, señora presidenta, es aceptar que es razonable que así sea y se inicien los trámites oportunos para ir puliendo esos aspectos que distintos portavoces han ido planteando y que merecen nuestra consideración. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en caso de que fuesen tomadas en consideración, presentaría enmiendas a las dos proposiciones de ley.
Ello no es óbice para decir que el Grupo Socialista y el Grupo Federal de Izquierda Unida nos presentan un diagnóstico claro sobre cuestiones que más de una vez hemos comentado entre los grupos parlamentarios que nos preocupan a todos, que básicamente preocupan a los ciudadanos que desarrollan estas funciones en las Fuerzas Armadas. Indudablemente, su nivel de prestaciones sociales y de indemnizaciones, sus cuadros médicos, sus pensiones estarían mucho más ajustados, mucho más actualizados y mucho más en sintonía con el conjunto de los ciudadanos funcionarios que trabajan en otras administraciones si es tomada en consideración esta iniciativa y no se rechazara. Por tanto, nosotros vamos a votarla favorablemente, señora presidenta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mi intervención será muy breve, incluso diferente de la prevista, ya que en las últimas horas se ha producido un cambio en el tema que nos ocupa. No quiero entrar a valorar la explicación del portavoz socialista, señor Marsal, sobre la presentación in extremis y a última hora de una proposición no de ley por parte del Partido Popular, respetando lógicamente sus valoraciones sobre el tema, pero sí quiero decir que esta presentación in extremis y a última hora de una proposición no de ley por parte del Partido Popular nos hace que anunciemos nuestra abstención. Mi grupo se abstendrá por razones de oportunidad, esperando que este tema pueda llegar a buen puerto.
Hay que agradecer al Partido Socialista y a Izquierda Unida haber puesto sobre la mesa un problema real que afecta a mucha gente. Lo valoramos positivamente y agradecemos la oportunidad de traerlo al hemiciclo. Estas iniciativas tratan, entre otras cosas, de adecuar la protección social aplicable a los soldados profesionales, pues actualmente la protección social está muy limitada. Además, dada la profesionalización, cuyo carácter temporal es evidente, se propone la modificación de la misma para marcar otros temas. Así, entre otras cosas se propone actualizar el listado de enfermedades y lesiones a causa de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas; nuevas lesiones y enfermedades que se han producido en los últimos años -de ellas el señor Marsal ha hablado largo y tendido-, así como enfermedades de carácter psíquico. Por la trascendencia del tema creemos que es muy importante un consenso político que pueda permitir esta aprobación. Nosotros visualizamos con la presentación de esta proposición de ley in extremis, con plagio o sin plagio -no lo sabemos-, la posibilidad de que se pueda aprobar. El portavoz de Coalición Canaria ha dado una explicación muy parecida a la que yo hago. Ha dado a entender que el grupo mayoritario presenta una proposición no de ley y si va en la línea que expresan las iniciativas propuestas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida nosotros intentaríamos votarla a favor porque podría ser que se aprobara un nuevo estatus sociolaboral para el personal militar profesional. Esto es lo que interesa, esto es lo que buscamos todos, un nuevo estatus sociolaboral para los soldados y para la tropa de marina. Nosotros queremos aportar positivismo. Enfados aparte, sería bueno un consenso en la proposición no de ley que presente el Partido Popular y desde aquí anunciamos nuestra abstención en las dos proposiciones que hoy debatimos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición en relación con estas dos iniciativas que de manera conjunta se han debatido, dos proposiciones de ley formuladas por los grupos Izquierda Unida y Socialista.
El Grupo Popular entiende que estas iniciativas, que a algunos les pueden parecer oportunas, están hechas al calor de determinados acontecimientos, pero adolecen del necesario rigor y sosiego con el que se deben abordar iniciativas del calado y de la envergadura que estamos hablando, nada más y nada menos que proposiciones de ley, dicho con el mayor de los respetos. Las dos proposiciones de ley persiguen un mismo objetivo. Fundamentalmente se habla de la ampliación de las prestaciones sociales de los militares que no acceden a la condición de permanentes, aunque bien es verdad que desde el punto de vista de la técnica legislativa se buscan fórmulas distintas. El Grupo de Izquierda Unida plantea la concesión de unos derechos concretos a los soldados profesionales y al resto de personal no permanente, mientras la iniciativa del Grupo Socialista plantea una reforma de la legislación vigente fundamentalmenteen relación con las clases pasivas y con los

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soldados profesionales, en concreto la Ley de profesionalización del año 1999. Quiero fijar la posición de nuestro grupo en relación con cada una de las proposiciones para después dar una visión de carácter global sobre lo que aquí se está debatiendo.
La iniciativa del Grupo Socialista, que consta de dos artículos y dos disposiciones finales, pretende la reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del personal de las Fuerzas Armadas, ampliando la protección de los militares que mantienen relaciones de servicio de carácter temporal, de forma que en el caso de unas determinadas lesiones o incapacidades se pueda optar entre una pensión en iguales condiciones que los militares de carrera cuando se produzca una lesión o enfermedad que incapacite totalmente para las exigencias de la profesión militar, o se pueda optar por otra fórmula similar a la que hasta ahora se mantiene. Por otra parte, se establece que a la sanidad militar le corresponde la asistencia sanitaria en el ámbito logístico operativo. Esa es la iniciativa del Grupo Socialista.
Simplemente quiero decirles, señores del Grupo Socialista, señor Marsal, que por lo que se refiere a que la sanidad militar se haga cargo del tratamiento de los accidentes que se produzcan en acto de servicio o de las enfermedades profesionales de nuestra tropa, aun cuando haya finalizado su vinculación con las Fuerzas Armadas, debe recordarse que en la actualidad no existe desamparo alguno, como ustedes dan a entender con esta iniciativa, en la asistencia sanitaria de estos militares. Así, con carácter general me permito recordarles que el artículo 156.1 de esa misma ley que ustedes proponen reformar, la Ley 17/1999, establece -y leo literalmente- que con independencia de la prestación sanitaria a que tiene derecho el personal militar por su pertenencia al régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, corresponde a la sanidad militar la asistencia sanitaria en el ámbito logístico operativo y, consecuentemente, la que tenga su causa en accidentes, en acto de servicio o enfermedad profesional.Más concretamente, en relación con los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería no permanentes, el artículo 157.3 de esta misma ley dispone que si no procediera el retiro y se resolviera el compromiso o su prórroga por insuficiencia de condiciones psicofísicas, el interesado pasará a recibir asistencia por el Sistema Nacional de Salud, salvo que ésta no le correspondiera, en cuyo caso será atendido por la sanidad militar hasta su curación. Es decir, en ningún momento hay ningún tipo de desamparo, desde el punto de vista sanitario, para los soldados o marinos profesionales. Está abierta la sanidad militar, incluso en el caso de terminar su compromiso, hasta su curación, por lo que con la legislación que tenemos en vigor está perfectamente salvada esta situación.
Hay una segunda cuestión que ustedes plantean, la modificación de la Ley de clases pasivas, pretendiendo fundamentalmente que tengan la consideración de funcionarios los soldados y marinos profesionales, así como el resto del personal no permanente. Sobre esta consideración de funcionarios, con el consiguiente derecho a pensión o indemnización, debe recordarse, señores del Grupo Socialista, que la regulación actual del régimen de clases pasivas de estos militares trata de conjugar tanto la profesionalidad de este colectivo como el carácter no permanente de su relación con las Fuerzas Armadas. Por ello, en la regulación actual dicho personal militar profesional sólo causa derecho a pensión de retiro cuando la incapacidad es absoluta para cualquier profesión u oficio, o cuando sin incapacidad para cualquier profesión u oficio se presume dificultad grave para dedicarse a alguna actividad laboral en el futuro, y en el supuesto de lesión o enfermedad que sólo determina una incapacidad para funciones propias del servicio se causa derecho a una indemnización por una sola vez.
Es decir, que nos encontramos en un sistema equilibrado que conjuga la profesionalidad, el carácter no permanente y la finalidad de inserción laboral, que es uno de los objetivos de la ley que ustedes ahora curiosamente proponen modificar.
De estimarse la propuesta del Grupo Socialista, señorías, esto conllevaría graves consecuencias. Si al personal militar de complemento y militar profesional de tropa y marinería se le reconociera una pensión de retiro en todo caso e independientemente de que la lesión o enfermedad le incapacite o no de manera absoluta para cualquier profesión u oficio, o presuponga dificultad grave para dedicarse a alguna actividad laboral en el futuro, esto llevaría a desnaturalizar la razón de ser del régimen de pensiones de clases pasivas, además de conllevar un notable gasto económico. El Grupo Popular puede hacer cálculos, que sin duda ustedes deberían haber valorado en su iniciativa, pero se trata sin duda de un coste económico muy significativo. Además, señorías, el hecho de fijar una pensión al personal que puede acceder a un puesto de trabajo, que es uno de los objetivos -reitero- de la Ley de profesionalización de las Fuerzas Armadas, determinaría la concurrencia de una dualidad de percepciones económicas de difícil justificación.
Por último, señor Marsal, sí tengo que reconocer que su iniciativa plantea un impulso al Gobierno para que se modifiquen o se actualicen los actuales cuadros médicos. Pues muy bien, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Es evidente que en este momento los cuadros médicos para determinar las incapacidades, las indemnizaciones y su aplicación tanto a militares de carrera como a militares de complemento y profesionales de tropa y marinería no son adecuadas, y en ese sentido el propio Ministerio de Defensa, en desarrollo de una ley del año 1999, tiene elaborados dos proyectos de reales decretos para resolver estas situaciones.
Por tanto, señoras y señores diputados, señores del Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular nopuede respaldar la iniciativa que han presentado, que

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con el mayor de los respetos nos parece que se hace de forma oportunista y probablemente con cierta frivolidad al calor de unos determinados acontecimientos, que por cierto han quedado desmontados, y me remito simplemente a las manifestaciones del señor Marsal aquí, ni siquiera hace falta que haga referencia a la rueda de prensa de esta mañana del señor ministro de Defensa; pero en modo alguno podemos compartir que se propongan modificar una ley del año 1999, ley que tuvo un amplio respaldo parlamentario y un amplio consenso, pues lo que hay que hacer entre otras cosas es desarrollarla en cuestiones como a las que ustedes les preocupan. Otra cuestión es que se pueda ver la posibilidad de mejorar y adaptar a las circunstancias de un ejército profesional nuestra regulación normativa sobre clases pasivas.
En cuanto a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, antes de entrar en ella me permitiría hacer al señor Alcaraz algún comentario.
Señor Alcaraz, en su intervención más que defender una iniciativa de carácter legislativo parecía que defendía otro tipo de iniciativa, como una interpelación o la comparecencia en Comisión del ministro.
En cualquier caso, usted es muy libre de plantearlo como quiera, pero me permito darle un consejo: viaje usted y lea, las dos cosas: viajar y leer. Si usted hubiese viajado con el resto de portavoces de la Comisión de Defensa a Bosnia y a Kosovo, habría podido comprobar in situ al final del mes de enero la opinión de nuestras tropas que están destacadas allí, y por tanto podría hablar aquí con conocimiento de causa y no simplemente por la lectura de recortes. Si usted viajara, eso podría ayudarle en su posicionamiento político, pero es su problema y yo se lo digo con el mayor respeto, pues sabe que le conozco hace muchos años. También debería leer entre otras cosas la Ley 17/1999, donde se establece que el contingente de tropa profesional oscilará entre 102.000 y 120.000, no 120.000 como usted dice. Lea usted la ley y llegará a la conclusión de que las cosas son así. Por tanto, viaje y lea. Por cierto, hablando de leer, si usted hubiese estado en Kosovo el día 30 de enero, aunque hubiera tenido la oportunidad de leerlo después en los medios, habría comprobado que el ministro de Defensa, señor Trillo, manifestó su disposición a contemplar iniciativas de la oposición en relación con las prestaciones sanitarias y de otro tipo de los soldados. No se refería a esta iniciativa porque tanto la iniciativa de su grupo como la del Grupo Socialista están presentadas y calificadas posteriormente a esa fecha; las declaraciones son del 30 de enero y usted no estaba allí, aunque sí estaba el señor Marsal, y el señor Trillo manifestó una disposición que sigue manteniendo y la actitud del Gobierno y del Grupo Popular siguen estando en esta línea, pero no tiene nada que ver con una iniciativa que días después presentaron ustedes y el Grupo Socialista. Por tanto no nos confunda, lea bien y recuerde las cosas en su tiempo.
Señora presidenta, con toda brevedad y por hacer alguna referencia a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, los argumentos utilizados respecto al Grupo Socialista se pueden mantener básicamente con relación a esta iniciativa, pero me gustaría hacer tres comentarios.
Primero, con las disposiciones de carácter legislativo y las que desarrollan que tenemos en vigor, no se produce para los militares de tropa y de marinería temporales ningún supuesto de desamparo social, como dan a entender ustedes con su iniciativa, ya que tienen las mismas prestaciones que los permanentes, sin más diferencias, señor Alcaraz, que las debidas a la pertenencia a uno o a otro grupo regulador. Además, encontramos reforzadas las prestaciones económicas con las indemnizaciones que por parte del seguro colectivo de vida y accidentes pudiera corresponder a nuestros soldados profesionales.
Señor Alcaraz, como señalamos con anterioridad haciendo referencia a la iniciativa del Grupo Socialista, la concesión de pensión a quien no padece incapacidad laboral supondría un verdadero enriquecimiento injusto tal y como ustedes proponen.
Segundo comentario. La aplicación de la prestación social y el reconocimiento del derecho a que se refiere el artículo 2º de su proposición de ley se viene haciendo desde la entrada en vigor de la tan repetida ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas y otras disposiciones complementarias anteriores y posteriores.
Tercer comentario. Tampoco podemos compartir esa curiosa propuesta que hacen ustedes desde Izquierda Unida, de crear una comisión de evaluación, porque al parecer de nuestro grupo no es necesaria ni va a contribuir a mejorar la gestión actual, sino que sería introducir un paso más a lo ya existente como esa comisión curiosa en la que hay varios ministerios y nos preguntamos qué tienen que ver algunos con la cuestión que usted plantea. Por tanto, señores de Izquierda Unida, no podremos respaldar su iniciativa porque no hay desamparo social y porque la protección social y el reconocimiento del derecho están perfectamente garantizados con nuestra legislación en vigor.
Por último, señora presidenta, es voluntad del Grupo Parlamentario Popular mejorar los derechos pasivos del personal profesional de nuestras fuerzas militares, de tropa y marinería profesional. Desde el Grupo Popular, somos conscientes de que la puesta en funcionamiento en nuestro país de un nuevo modelo de Fuerzas Armadas completamente profesional, así como la experiencia acumulada desde el año 1998 (que por una modificación legal que se produjo en la Ley de acompañamiento en los presupuestos de ese año se estableció una nueva regulación de los derechos pasivos de los militares profesionales con relación a servicios no permanentes a los que nos estamos refiriendo), han demostrado la existencia de determinadas disfunciones que el desarrollo reglamentario de la ley o alguna reforma de otro tenor pueda permitir.


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En ese sentido, como el objetivo fundamental o uno de los objetivos de la Ley de profesionalización era la reinserción laboral de los soldados profesionales, entendemos que debe trabajarse en esa línea, y precisamente por eso el Grupo Parlamentario Popular, en uso legítimo de las facultades que el Reglamento le confiere, ha presentado una iniciativa en el Registro de está Camara con la finalidad de que una proposición no de ley debatida en su caso en el Pleno del Congreso de los Diputados resuelva esas situaciones de disfunción que se han producido como consecuencia de esa nueva situación y de la experiencia de los últimos años, especialmente...


La señora PRESIDENTA: Señor Atencia, le ruego concluya.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino, señora presidenta.
Decía que especialmente para mejorar los derechos pasivos y dar cumplimiento a los objetivos de reinserción laboral establecidos en la Ley 17/1999, se pretende aprobar y adaptar nuevos cuadros médicos para el reconocimiento de prestaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado y adaptar las prestaciones de clases pasivas a la situación de los soldados y marineros profesionales no permanentes y el resto del personal no permanente de las Fuerzas Armadas.
Por tanto, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de estas dos iniciativas porque entendemos que nuestros soldados y marineros profesionales están cubiertos sanitaria y socialmente por la legislación en vigor, están cubiertas las situaciones y contingentes de lesiones e incapacidades, aunque se pueden mejorar; pero el trámite de la mejora no es mediante la modificación de una ley de amplio consenso, sino mediante iniciativas de otro tenor que el Grupo Popular va a impulsar.
Entendemos que eso no se debe hacer frívolamente ni al calor de los acontecimientos, sino con rigor y con la seriedad que requiere una reforma de carácter profesional. Por eso, señorías, destacando lo que representó el cambio de modelo de Fuerzas Armadas recogido en la ley del año 1999, muy joven puesto que aún no tiene dos años, el Grupo Parlamentario Popular entiende que lo oportuno, lo prudente y lo responsable es rechazar la iniciativa del Grupo Socialista, animándoles a que la iniciativa que nuestro grupo ha presentado y que está a su disposición pueda resolver problemas o mejorías que entre todos compartimos, pero que sin duda hay que hacerlo con la seriedad y el rigor que la cuestión requiere.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia. (Pausa.) Señorías, ruego ocupen sus escaños.


Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 128; en contra, 153; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de prestaciones y derechos para los soldados y marineros profesionales y de reemplazo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 125; en contra, 152; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE GIBRALTAR.
(Número de expediente 162/000251.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Gibraltar.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor De Arístegui. (Rumores.-Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.) Por favor, señorías, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la iniciativa que presenta mi grupo esta tarde pretende confirmar y reiterar lo declarado de forma continuada por esta Cámara en torno al contencioso anacrónico de Gibraltar. No se trata de una novedad en cuanto al fondo y viene a reforzar y a confirmar el parecer de esta Cámara a lo largo de todas las legislaturas.
(Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Arístegui. (Pausa.) Adelante.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Decía que no se trata de una novedad en el fondo y viene a reforzar y a confirmar el parecer de esta Cámara a lo largo de todas las legislaturas, muy especialmente a lo largo de la anterior, y las proposiciones no de ley de los años 1995, 1996, 1998 y 1999. Mi grupo desea subrayar el pleno apoyo a la defensa que todos los gobiernos democráticos han hecho de las legítimas reivindicaciones jurídicas, políticas e históricas de España sobre el Peñón y la constante denuncia de ocupación ilegal, ilegítima y sin título que el Reino Unido ha hecho del istmo de Gibraltar. Además, queremos declarar la independencia de las reclamaciones que hacemos en torno al Peñón y al istmo.
La proposición es plenamente coherente con la doctrina reiterada y constantemente aprobada por Naciones Unidas y esgrimida recurrentemente por nuestro país. Hemos querido recordar, como siempre ha hecho esta Cámara, las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que de forma inequívoca han dado la razón a las pretensiones españolas. Es el único hecho colonial existente en Europa de los quince que aproximadamente aún quedan en el mundo. Señorías, la opinión pública española no puede ni podrá entender nunca este anacronismo, este sinsentido histórico y político. Esto supone que el Reino Unido mantenga una colonia en un país que como el nuestro comparte los mismos valores democráticos y la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales que el Reino Unido y nosotros compartimos plenamente. Somos además socios y aliados. Tenemos una identidad de puntos de vista en infinidad de cuestiones estratégicas como en el ámbito europeo. Hoy ya no caben las excusas y la preocupación británica por la población del Peñón, expresadas reiteradas veces durante la dictadura. España es hoy una democracia plena con uno de los sistemas de garantías de los derechos y libertades más avanzados del mundo que podría además ser un marco perfectamente válido para reconocimiento y la garantía de todas las peculiaridades de la población local gibraltareña.Por tanto, debe restituirse la integridad territorial de España en sus dos vertientes. Por un lado el fin de la situación colonial sobre el Peñón, en cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas, así como la restitución inmediata del istmo ocupado, como decíamos antes, ilegal e ilegítimamente además de no tener título para ello.
Quisiera recordar aquí brevemente las resoluciones de Naciones Unidas que hacen referencia al contencioso de Gibraltar. Se trata de la Resolución 1514/XV, Resolución 2429/XXIII, Resolución 2353/XXII y la Resolución 2429/XXIII.Además, quisiera hacer referencia a un importante informe que hizo el Reino Unido, llamado el informe Kershaw, que ponía en duda el título del Reino Unido para/o sobre la soberanía que ellos mantienen tener sobre Gibraltar, no sólo en cuanto al istmo sino incluso sobre el Peñón.
Señorías, la iniciativa de mi grupo es oportuna, no surge de una oportunidad coyuntural, no surge del capricho. Por desgracia se han producido novedades importantes en este ámbito, como es la clara manifestación de las autoridades gibraltareñas locales, la intención o las maniobras que han venido haciendo para intentar desplegar todos los esfuerzos políticos para arrancar del Reino Unido una modificación de la carta que les había otorgado en el año 1967 cierta autonomía.
A través de este sistema, las autoridades locales gibraltareñas pretenden ir accediendo poco a poco a mayor grado de autodeterminación hasta convertirse prácticamente en un Estado cuasi independiente contraviniendo con ello de forma flagrante y directamente el artículo X del Tratado de Utrech que establece con toda claridad el derecho de retrocesión a favor de la Corona española si se produjese la más mínima modificación del Estatuto de Gibraltar.
Una de las últimas proposiciones no de ley aprobadas por esta Cámara incluía ya una mención constante a la no aceptación de la modificación del Estatuto colonial de Gibraltar y a ninguna modificación de la carta otorgada en el año 1967 por las autoridades británicas. Las maniobras que entonces eran tan sólo sospechadas por nosotros, hoy tenemos constancia clara de las mismas, y por esa razón mi grupo presenta esta iniciativa. Nosotros queremos decir, además, que recientemente se han producido novedades no ciertamente positivas en el ámbito europeo que establecen una necesidad por parte nuestra de decir con toda claridad que las actitudes anteriores o pasadas de las autoridades británicas en torno al contencioso de Gibraltar han sido mucho más positivas y más flexibles que la presente, como de hecho se puso de manifiesto en la negociación reciente de la incorporación parcial del Reino Unido al Tratado de Schengen.
Quisiera hacer una mención muy especial al ámbito europeo y a las repercusiones que en el ámbito europeo ha tenido la cuestión de Gibraltar. El Acta de adhesión del Reino Unido arrancó para la colonia algunas concesiones de la Comisión. El artículo 299.4 del Tratado de la Unión Europea, que extiende la aplicabilidad del Tratado a los territorios cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro, es una de las cuestiones centrales, uno de los pilares esenciales de la doctrina española sobre Gibraltar en base a la que se construye nuestra proposición no de ley. El artículo 28 del Acta de adhesión del Reino Unido excluía a Gibraltar de la política agrícola común, de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido, de la fiscalidad armonizada y del registro portuario en lo que a la Unión Aduanera se refiere.
El Acta de adhesión del Reino Unido a las entonces comunidades europeas firmada en 1976, hacía referencia

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también en su anejo II a las elecciones al Parlamento Europeo, excluyendo de forma expresa a Gibraltar de su aplicación diciendo que tan sólo serían aplicables esas elecciones al territorio de las islas británicas.
Señorías, uno no puede dejar de tener la impresión ciertamente de que el Reino Unido ha utilizado desde nuestra adhesión a las entonces comunidades europeas, hoy Unión Europea, la política europea como un instrumento eficaz para lograr avances en sus posiciones sobre Gibraltar frente a España. Por ello quisiera reiterar en esta ocasión la exigencia, que ya realizó mi grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores con ocasión de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, el pasado 14 de marzo, para que el Reino Unido deje de utilizar la política europea como un medio para abrir resquicios en la postura y en la reivindicación española sobre Gibraltar.
Hay que hacer una especial mención a las cláusulas Gibraltar, lo que en lenguaje técnico europeo ha venido aplicándose de forma reiterada desde el año 1987, cuando España y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre la utilización conjunta del aeropuerto y que fue bloqueado -bloqueo, además, tolerado por las autoridades británicas- para no aplicar estas cláusulas Gibraltar que venían a tratar de engrasar el mecanismo europeo y evitar que Gibraltar se siguiese convirtiendo constantemente en un obstáculo, en un escollo continuo y continuado en las relaciones bilaterales y europeas entre el Reino Unido y España. Estas cláusulas Gibraltar, como se llaman en el lenguaje técnico, han sido refrendadas por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dando la razón a las tesis españolas, aplicadas de forma continua por la Comisión hasta la reciente negativa británica en torno a los cielos abiertos, y por último hasta ahora habían sido también aceptadas sin problemas por el Reino Unido, como de hecho se ha puesto de manifiesto en las recientes negociaciones que ha llevado a cabo el Gobierno español con las autoridades británicas en torno al ingreso parcial del Reino Unido en el Tratado de Schengen y otras cuestiones similares.
Ha habido, sin duda, avances importantes en este terreno, como el acuerdo sobre autoridades competentes y el establecimiento de un buzón, un mail box en Londres, lo cual refuerza las tesis españolas de que las autoridades gibraltareñas no son en absoluto autoridades competentes para el establecimiento de relaciones exteriores. Las autoridades judiciales del Reino Unido tampoco lo son, y así se ha declarado en las constantes y continuas decisiones del Consejo de Ministros de Justicia e Interior en torno a la cooperación judicial en el ámbito europeo.
En cuanto al Tratado Schengen y la cooperación policial las autoridades locales gibraltareñas tampoco han sido declaradas competentes. Se ha intentado romper de alguna manera con ese cierto clima de laxitud fiscal y de opacidad que se respira en el Peñón, luchando con eficacia el Reino Unido y España contra la criminalidad organizada. La libre circulación tampoco está incluida aquí, y eso es además un deseo expreso de las autoridades británicas.
Especial mención merece el documento de identidad de Gibraltar, que fue un intento claramente torticero de las autoridades locales gibraltareñas de presentarse en la escena internacional como una autoridad competente para expedir títulos de viaje válidos. El acuerdo deja muy claro que las autoridades competentes y responsables del documento no son las gibraltareñas sino las británicas.
Para ir concluyendo, quisiera hacer alguna mención expresa al incumplimiento de normativas europeas en materia de medio ambiente, en materia de legislación societaria en el ámbito fiscal o incluso -y quisiera hacer especial mención de esto- en el pago de pensiones a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente españoles, puesto que son obligados a viajar hasta Gibraltar para cobrar sus cheques en flagrante contradicción con la normativa comunitaria establecida al efecto.
Quisiéramos, además, urgir al Gobierno británico para reanudar con carácter inmediato el proceso bilateral iniciado por los acuerdos de Lisboa de 1980 y de Bruselas de 1984, incomprensiblemente interrumpidos sí con alguna excusa de peso como fue la Presidencia británica de 1998, el asunto del pesquero Piraña de 1999, y obviamente las elecciones generales en España del año 2000. Esperemos que después de las inminentes elecciones británicas del próximo mes de junio, podamos reanudar una vez más este proceso bilateral negociador.
En conclusión, hemos intentado ser coherentes con la reivindicación española de Gibraltar; hemos intentado estar de acuerdo con todas las iniciativas que ha venido aprobando esta Cámara. La política exterior es uno de esos ámbitos clásicos del consenso. El contencioso de Gibraltar es un clásico entre los clásicos, por lo que mi grupo está deseando realmente contar con el más amplio respaldo posible a esta proposición no de ley. Ha sido nuestra intención mostrar toda la firmeza de esta Cámara en torno al contencioso y ante los renovados problemas que se han presentado en cuanto a las pretensiones y maniobras para la modificación constitucional y también los que se han producido en el ámbito europeo.Proponemos que, una vez reiniciado el proceso negociador, se produzca una comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores para informar a esta Cámara sobre el contacto bilateral con su homólogo británico cada vez que éstos se produzcan.
Señorías, mi grupo considera la proposición no de ley equilibrada, coherente y sensata, redactada de acuerdo con la reiterada posición española en la materia y con una profunda vocación institucional de consenso y de Estado. Todas estas razones me impulsan a

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pedirles a todos ustedes el voto favorable a la iniciativa de mi grupo.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo muchas veces ha criticado que desde el Partido Popular se presenten proposiciones no de ley planteándole al Gobierno cuestiones que deberían tener otros cauces porque el grupo que sustenta al Gobierno no debería usarlos para determinados asuntos. Sin embargo, esta iniciativa puede ser pertinente en la medida en que puede propiciar un máximo respaldo parlamentario ante cuestiones de interés general.
En este marco puede tener sentido la proposición no de ley del grupo mayoritario. Pero para que este objetivo fuera realmente efectivo tendría que ser completo, no tendría que haber ninguna sombra ni duda. Después de lo que ha ocurrido en los últimos meses, después de todo lo que se ha debatido sobre el submarino que se está reparando en Gibraltar, creemos que esta iniciativa es incompleta. Hemos denunciado repetidas veces que el Gobierno español se había mostrado sumiso frente al Gobierno británico, hasta el punto de que en alguna ocasión le tuvimos que decir al propio ministro de Asuntos Exteriores que parecía más un ministro del Gobierno británico que un defensor de los intereses españoles en el exterior. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Después de que nuestro propio presidente haya hecho dejación de su responsabilidad, no se podía venir a esta Cámara a gritar: Gibraltar español, y luego mirar para otro lado como si nada hubiese pasado. Señorías, las reclamaciones de soberanía hay que defenderlas no solamente en lo genérico sino también, y de forma muy importante y fundamental, en lo concreto. No se puede presentar una proposición contundente y luego olvidarse de que en Gibraltar se está reparando, incluso de forma contraria a la propia legislación, un submarino en base a criterios netamente coloniales.
Es conocida en esta Cámara y fuera de ella la postura clara de Izquierda Unida ante el problema de Gibraltar; ya la hemos manifestado en muchas ocasiones y la queremos reiterar hoy una vez más. Para nosotros es evidente que el Reino Unido incumple el Tratado de Utrecht, que habla de fortaleza marítima a la que los británicos solamente tenían acceso por mar. Lo incumple al incorporar un enclave militar y al crear un aeropuerto en una explanada que territorialmente pertenece a España. También estamos en contra de que, por la vía de los hechos, se cree algo parecido a un microestado en el corazón de Andalucía que no solamente sería ficticio sino contrario al derecho internacional. Es asimismo clara nuestra postura frente a la pasividad de la Unión Europea, que ha hecho que se vaya consolidando cada vez más una situación colonial en un Estado miembro de la Unión Europea. Es algo no sólo contradictorio sino anacrónico el hecho de que un país mantenga una colonia en otro país cuando ambos pertenecen a la Unión Europea. A estas alturas se ha intentado todo tipo de estrategias. Desde la firmeza diplomática hasta la máxima flexibilidad negociadora. Incluso algunos -estoy convencido de que sin creérselo, pero es bueno que lo recordemos- llegaron a decir que con la entrada de España en la OTAN, con el voto favorable en aquel famoso referéndum, se iba a facilitar la recuperación de Gibraltar. Eso esta dicho y escrito, y es evidente que ni ellos mismos se lo creían. Pero se dijo y algún efecto tuvo que causar.
Como decía, hasta la fecha ninguna estrategia ha dado resultado y la situación continúa inamovible. En estos momentos nos enfrentamos a una situación nueva, que lo que único que hace es consolidar la ya existente. Hoy la colonia británica no sólo está consolidada, sino que, además, los propios gibraltareños reclaman abiertamente una ciudadanía propia y privativa dentro de la Unión Europea, y el Reino Unido no puede hacer menos caso a las peticiones de la diplomacia española. Ya se ha denunciado en esta Cámara en reiteradas ocasiones que la colonia de Gibraltar es un centro donde se producen circunstancias anómalas, cuando no ilegales, en lo referente al lavado de dinero o a las empresas que desde Gibraltar hacen su negocio en el litoral andaluz de una forma bastante anómala. Incluso el anterior ministro de Asuntos Exteriores, en un momento de conflicto entre España y Gibraltar, lo denunció aunque al día siguiente se le olvidó y no adoptó ninguna medida para remediar esta situación. Ante este panorama negativo, sería bueno obtener un respaldo unánime de esta Cámara a las reclamaciones contenidas en la proposición no de ley. Nuestro grupo parlamentario no considera negativa esta iniciativa y está en condiciones de apoyarla. Sin embargo, hemos querido presentar unas enmiendas que la podían completar, hacerla más creíble y asumible por los ciudadanos de este país.
En la primera enmienda se solicita que el Reino Unido cumpla las obligaciones que tiene con España y con la Unión Europea en materia de represión de la delincuencia organizada, de las mafias de distintos tráficos ilícitos, así como en las repercusiones que puede tener el lavado de dinero en los bancos gibraltareños y la evolución de la condición de paraíso fiscal de esta colonia. Presentamos otra enmienda que hace referencia a los problemas que han ocurrido -aunque es verdad que en estos momentos no se encuentran en un momento crítico- entre pescadores de las zonas limítrofes con lanchas de Gibraltar. Finalmente, no podíamos

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olvidar el peligro que sigue existiendo en la colonia con la reparación del submarino Tireless, pues hay que seguir reclamando que la puesta en marcha de su reactor se haga fuera de Gibraltar y de nuestras aguas.
Lo fundamental es llegar a un consenso, pero no podíamos desaprovechar la ocasión para que se escuchase nuestra voz en esta Cámara. Por eso hemos presentado estas enmiendas y las hemos mantenido. En la medida en que se puedan conseguir consensos en algunas de ellas, estaríamos plenamente de acuerdo y, sobre todo, en que, al menos la primera, la que hace referencia a las obligaciones del Reino Unido con España, fuese asumida por todos los grupos parlamentarios. Repito que era nuestra obligación subir a esta tribuna no sólo para gritar: Gibraltar español, sino también para sumarnos al grito de miles de andaluces que siguen pidiendo: Tireless fuera, porque de esta manera haríamos mucho más creíble nuestra reclamación de soberanía. Si no es así, nuestro grito queda manifestado en esta tribuna. Termino afirmando una vez más que lo importante es que hoy alcancemos un gran acuerdo que sirva de respaldo a nuestro Gobierno. No obstante, el que exista un respaldo importante de esta Cámara también lleva pareja una obligación del Gobierno. De aquí a cuatro, cinco o seis meses pediremos cuentas al Gobierno de cómo ha utilizado el respaldo parlamentario, porque el compromiso que se adquiere cuando se trae aquí una proposición no de ley no es solamente alcanzar una mayoría parlamentaria, sino también hacer un buen uso de ella. Desde esa responsabilidad, pero también desde esa exigencia, planteamos nuestra propuesta de consenso.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, las ideas son fundamentales en política porque a partir de ellas se sustentan las estrategias de acción. Conviene tenerlas muy claras porque, si no, las acciones serían erráticas. Por tanto, nos parece correcto reafirmar las ideas. Con respecto a las ideas que tenemos de la situación colonial de Gibraltar, no está mal refrescarlas en la Cámara, coincidir con ellas todos y, por tanto, reforzarlas. Ahora bien, las ideas son el soporte de la acción. Las ideas sin acción contundente paralela se quedan muertas, vacías, suenan a caducas, a reiterativas o, en todo caso, a estériles. Nos parece que a esta proposición, en la que coincidimos totalmente con el fondo y por tanto mantenemos estas ideas, le falta mayor rotundidad en la acción que tiene que realizar el Gobierno para llevar a cabo esta filosofía. Sobra un poquito de eufemismo y falta tensión. Es verdad que en asuntos exteriores las cosas hay que decirlas con delicadeza, pero una cosa es con delicadeza y otra cosa es no claras. Eso que la propuesta llama distorsiones del incumplimiento de la normativa comunitaria en materia societaria, hablando en caló se llama blanqueo de dinero, contrabando, evasión fiscal o competitividad desleal con el área. Lo podemos llamar aquí distorsiones del incumplimiento de la normativa comunitaria en materia societaria, pero nos entenderíamos mejor si habláramos de la situación de absoluto escándalo en que se encuentra esa burbuja que se llama Gibraltar.
Señorías, asumiendo de la cruz a la raya estas ideas, nos gustaría que hubiera un mayor vigor en algunas, como por ejemplo en la utilización conjunta del aeropuerto. Llevamos demasiados años de incumplimiento de lo pactado y no parece que haya habido mucho esfuerzo en exigir ese cumplimiento; o en las medidas alternativas, cuando no se puede alcanzar el cumplimiento de un acuerdo, se pone lo sustitutivo, y habría que pensar en un aeropuerto alternativo.
Pensemos, señorías, en este acuerdo dicho en el área, en Gibraltar.
Porque las ideas se sostienen, pero detrás está la situación, y la situación exige mayor contundencia en esta búsqueda de aeropuerto conjunto o de nuevo aeropuerto, mayor contundencia en el plan de acción compensatorio al área de lo que está pasando, de esas distorsiones en materia societaria y financiera, mayor contundencia en ese plan de acción que el señor ministro tuvo a bien en reconocer que era necesario en el Campo de Gibraltar para compensar la situación. Si se es tan contundente en la filosofía, en rechazar el colonialismo, hay que ser igual de contundente en las muestras de ese colonialismo, y una muestra clarita y nítida es la permanencia del submarino Tireless. No entendemos cómo se puede instar al Gobierno a ser firme en el rechazo del colonialismo y cómo se puede tapar una consecuencia clara de esa situación colonial, como es la presencia del submarino y el previsible encendido del reactor, que todos queremos que se haga fuera de estas aguas.
Señorías, los andalucistas apoyamos esta filosofía, pero menos samba y más trabajar, porque además de la idea debe estar la acción contundente sobre esa idea, que sea sentida con calor desde el área.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La correctísima intervención que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Gustavo de Arístegui, está tan ajustada a lo que cualquier norma parlamentaria democrática y diplomática aconsejaría que mi grupo, a través de mi expresión, la suscribe íntegramente.


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No tendríamos que añadir más que, atendiendo a su última petición, la vamos a apoyar con nuestro voto. Lo que ha dicho el señor de Arístegui ha sido tan claro y meridiano, tan de sentido común y acorde con el derecho internacional y los principios de dignidad del Estado, que no cabe más que hacer la exégesis de sus planteamientos y sumarnos a ellos.
Contiene la iniciativa parlamentaria nueve puntos. Quiero destacar algunos, dentro de nuestra coincidencia plena con su elaboración política. En primer lugar, por todos los medios diplomáticos, políticos e institucionales españoles, en todos los foros -y hago un resumen-, tanto en el marco de la Unión Europea como en el de Naciones Unidas o en cualquier otro de carácter supranacional, hay que hacer una labor permanente, una encomienda de Estado contínua a nuestra representación diplomática, a todos los funcionarios, a nuestra representación política, social, económica, sindical y cultural española, de esta permanente reivindicación evidenciando ante el Gobierno británico y ante la opinión pública una situación que, como se ha calificado aquí con palabras suaves, es anacrónica y que, dentro de la convivencia de países aliados, es verdaderamente impresentable.
El punto quinto responde a las inquietudes de la población gibraltareña garantizándoles la negociación del contencioso de los intereses de la actual población del Peñón; que no se sientan ni agredidos ni menoscabados. No podía hacer menos un Gobierno como el español, un Parlamento democrático como el nuestro, que viene ajustándose no solamente al derecho interno sino también al derecho internacional que, si alguien lo incumple, es el Reino Unido.
El señor Arístegui ha sido incluso prudente cuando ha tocado el punto cuarto, sobre el uso conjunto del aeropuerto de la Roca. Un aeropuerto construido en terrenos que están fuera del alcance del Tratado de Utrecht y que España, con tolerancia que la honra, con gobiernos anteriores y con su posición actual, ha llevado a un foro internacional. Quiero destacar precisamente aquí la posición del Gobierno español en Estocolmo en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la pretensión del señor Blair de llevar una política genérica que hubiera amparado a Gibraltar en el espacio único europeo o cielo único; España ha mantenido una posición de firmeza para oponerse a la postura británica. Si España aceptara en el foro de la Unión Europea la pretensión británica del espacio aéreo único o cielo único, estaríamos perdiendo nuestra posición según el acuerdo hispanobritánico de 1987, referido al uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, y conculcándolo.
Creemos que la política acertada es mantenernos frente al Reino Unido y oponernos a su pretensión de extender a una colonia el derecho que tienen todos los ciudadanos de los países de la Unión Europea a disfrutar en sus desplazamientos aéreos por medio de compañías comerciales de un espacio aéreo único o cielo único europeo.
Esta es una posición de firmeza que, pese al tiempo que tenga que transcurrir, tenemos que mantener.
Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que estos nueve puntos contienen y resumen una posición diplomática, democrática y de solidaridad y entendimiento europeos. Veremos que cuando el próximo año toda la Unión Europea, excepto el Reino Unido y su repercusión en Gibraltar, disponga de una moneda única en sus bolsillos y transacciones comerciales, el euro, ellos se encontrarán todavía más distanciados en sus afanes económicos. Desde luego, que la Unión Europea y cualquier organismo o corte internacional que tenga que perseguir delitos financieros o económicos, evasiones de divisas o tráfico penalizado por códigos internacionales, sepa que sobre Gibraltar tiene que ejercer ese principio, en congruencia con su dominio actual y derivado del Tratado de Utrecht, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hay que hacer cumplir esos compromisos internacionales en los cuales España está dando un ejemplo de dignidad y de firmeza. Por esas razones, señor Arístegui, señores que representan al partido del Gobierno, sepan que vamos a apoyarles con nuestro voto, pequeño pero tan significativo de españolidad; les apoyaremos por un principio democrático y de dignidad.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
La exposición de motivos que ilustra esta proposición no de ley que sobre Gibraltar presenta el Grupo Popular y la propia presentación que el señor Arístegui ha realizado está plagada de conceptos que son muy marcados, connotativos para los diputados del Grupo Parlamentario Vasco. Se habla reiteradamente de contencioso sobre soberanía, de reivindicaciones permanentes e irrenunciables sobre disputa internacional de soberanía, la solución del contencioso, actitudes de resistencia, entablar negociaciones bilaterales y multilaterales y la fórmula de resolución es el diálogo, el proceso negociador, conceptos una y otra vez anatematizados cuando se usan en el ámbito vasco, considerados propios de situaciones políticas superadas, pero a los que se recurre sin ningún rubor para usarlos pro domo. Igualmente se recurre a argumentos historicistas, al Tratado de Utrech, de 1713, para sostener históricamente el estatus colonial de Gibraltar.
Por supuesto que no hay ni en la exposición de motivos ni en la presentación del señor Arístegui menciónalguna a las situaciones de Ceuta y Melilla, que no tienen

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nada que ver ni con esta interpretación de la historia, ni son de aplicación los conceptos soberanistas recogidos en la exposición de motivos de esta iniciativa. Está bien, señor Arístegui, verle en esta posición soberanista. El problema es que el anuncio de las autoridades gibraltareñas de poner en marcha un proceso constitucional ha disparado las alarmas del Gobierno que vuelve a tropezar con actitudes autodeterministas. ¿Pero no sostenía el Gobierno, señor Arístegui, que el derecho de autodeterminación era de aplicación exclusivamente en los casos de colonización siguiendo la doctrina de la ONU? ¿No es éste uno de los casos coloniales? Queda claro que tampoco en estos casos.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, el análisis que se realiza sobre Gibraltar está sustentado en dos anacronismos que es necesario superar: el primero, evidentemente -y compartimos en esto la posición del señor Arístegui-, el de la situación colonial. Analizamos una situación tan singular como anacrónica: las colonias pasaron a la historia y no tienen ningún lugar, no tienen lugar tampoco en el contexto de construcción europea que conocemos y, menos aún -hay que subrayar esto-, cuando se trata de una situación colonial en la que participa otro Estado miembro de la Unión Europea; hasta ahí de acuerdo. Pero hay un segundo punto, señor Arístegui, que usted ha obviado en toda su presentación y en la propia iniciativa, que es la negativa a la consulta popular y la negativa a esta consulta popular constituye otro grave anacronismo.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, un cambio de estatus jurídico-político como el que se está proponiendo en cualquiera de las hipótesis exige contar con la opinión de la ciudadanía de Gibraltar, siguiendo procedimientos democráticos garantistas como el referéndum para poder abordar el proceso en claves democráticas propias de una sociedad moderna. Debe primar la voluntad democrática de los ciudadanos gibraltareños sobre posiciones históricas, que sin duda merecen consideración como sustrato políticojurídico- histórico de la cuestión que estamos debatiendo, pero que debe de ser tenida en cuenta a la luz de la premisa mayor: la voluntad democrática de los ciudadanos. ¿No habíamos quedado en que esta era la premisa fundamental en un Estado moderno de derecho? Máxime cuando el Estado español no admite el recurso a estas argumentaciones cuando se abordan los temas de Ceuta y Melilla. No obstante, compartimos más aspectos con la proposición del Grupo Popular. Compartimos algunas líneas argumentales, como, por ejemplo, que este debate debe desarrollarse en el marco de la nueva política de seguridad y defensa europeas y que esto exige coherencia entre socios comunitarios, como compartimos la dimensión de que estas relaciones entre Estados de pleno derecho de la OTAN deben realizarse en sus marcos, desde sus principios y desde sus propias consideraciones. Desde estas dos perspectivas, desde la seguridad y defensa de Europa y en el marco de la OTAN, hay actitudes del Gobierno del Reino Unido que no son de recibo.
En nuestra opinión, señora presidenta, hay que considerar a este contencioso sobre Gibraltar en su dimensión europea, porque, como distintos portavoces han puesto de manifiesto, su falta de resolución sigue siendo un obstáculo para solucionar asuntos sectoriales, desde el pesquero hasta la creación de un cielo único europeo.Señorías, no son tiempos de conquista ni de imposición, son tiempos de diálogo y de persuasión. Tan arcaica es la situación colonial de Gibraltar como la reclamación, desde un concepto añejo de soberanía, de un territorio en contra de la voluntad mayoritaria de sus habitantes. No habrá solución justa, democrática ni duradera que se asiente en contra de los deseos de los gibraltareños.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Reaparece de nuevo Gibraltar en esta Cámara. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya se ha ocupado de recordarnos las sucesivas veces que en esta Cámara se ha debatido este tema. Esa sería, quizá, la primera y principal crítica que podría hacerse al Gobierno y al grupo mayoritario, pero también a gobiernos precedentes, en este tema. Flota en la opinión pública y en la opinión publicada la sensación de que Gibraltar reaparece en la escena política española por espasmos y que, por tanto, falta una auténtica política a largo plazo, una estrategia serena, reflexionada, que no viva del conflicto del día y que piense qué se puede hacer con Gibraltar en el marco de la OTAN y dela Unión Europea, con respeto a la población del lugar, a la población del entorno y con una visión a medio, largo o muy largo plazo; esa política sería la que algún día podría llegar a tener eficacia. En lugar de eso, nos encontramos -así ha sido en el pasado y así está siendo en este mismo momento- con reacciones espasmódicas a conflictos que pueden o no tener fundamento, en este caso, la reacción a la pretendida modificación del marco jurídico constitucional de la actual colonia. No digo que no tenga sentido la reacción, digo que lo triste es comprobar que la única política del Gobierno es una reacción virulenta más o menos ostensible, más o menos chillona -si se me permite la expresión- a esa situación.
Falta algo que trate del problema de Gibraltar desde todas sus dimensiones: de la seguridad europea; la seguridad militar; las comunicaciones; la población, la de Gibraltar, la del entorno; las inversiones; las pensiones, efectivamente; el bienestar de los ciudadanos; la

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delincuencia organizada; el ámbito financiero; el desarrollo de la zona... Hay muchos frentes que van mucho más allá de la retórica más o menos agresiva que podemos estar recibiendo en este momento y que hemos recibido en el pasado de otros ocupantes del Palacio de Viana o del Palacio de la Trinidad, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una política hacia Gibraltar no puede basarse simplemente en periódicas declaraciones de denuncia que no vienen acompañadas de auténticas y efectivas medidas de Gobierno, que impliquen al Gobierno todo él, que impliquen al Estado todo él, y que no sean sólo las declaraciones del canciller, del ministro de Asuntos Exteriores. Porque declaraciones virulentas en el Senado desde el banco azul o en la Comisión de Asuntos Exteriores o por cartas dirigidas al Gobierno británico que no se acompañen de actos de Gobierno, no son creíbles; ni son creíbles para esta Cámara ni son creíbles para el Parlamento británico ni son creíbles para el Gobierno del Reino Unido. Gibraltar está saliendo gratis al Reino Unido, lleva muchos años así, y eso es responsabilidad en positivo del Reino Unido, que ha tenido la enorme habilidad de llegar a esta situación absurda, y es responsabilidad del Reino de España haber permitido que estemos en esa situación absurda, en la que el Reino Unido se lleva todas las ventajas de tener esta colonia sin que le suponga el más mínimo coste, ni en términos de población, ni en términos de seguridad, ni en términos financieros. Desde ninguna perspectiva cuesta nada Gibraltar al Reino Unido; los únicos que sufren Gibraltar y los únicos que tienen algún perjuicio son los españoles y el Gobierno de España, y eso no es falta del Reino Unido, alguien más debería hacerse cierta autocrítica de lo que se ha venido haciendo, de lo que se está haciendo en este momento o de lo que se ha dejado de hacer. Hay mucho que podría hacerse y no se hace, en el ámbito inmobiliario, en el financiero, en el militar, en el legal y en el registral. ¿Qué se hace, más allá de grandes denuncias y grandes proclamaciones de que tenemos allí un centro de corrupción? Las hizo el ministro Matutes. Las ha hecho de nuevo el ministro Piqué. Eso, ¿en qué se traduce, señorías? Porque la retórica no corrige ningún tipo de situación, y lo único que está claro es que no es la población de la zona la que lo tiene que pagar, la que finalmente lo acaba pagando, convirtiéndose, por otro absurdo, en la mejor embajadora y defensora de los derechos -entre comillas- de Gibraltar como tal.
Desde Convergència i Unió compartimos absolutamente la oposición frontal a que alumbremos un nuevo Mónaco en el sur de Europa. No estamos dispuestos -y colaboraremos y prestaremos nuestro pleno apoyo al Gobierno- a que nazca un Mónaco o una isla Caimán pegada a la península Ibérica; no prestaremos nuestro apoyo a eso. El Gobierno sabe que en este tema cuenta con todo nuestro apoyo y nuestro sostén.
No estamos a favor de una entidad jurídica con un estatuto jurídico reforzado, si finalmente lograran el objetivo que en este momento pretenden, que sirva de plataforma a la competencia desleal o de fraude a una Hacienda que es también la nuestra. Esta es la perspectiva fundamental por la cual nosotros damos nuestro más pleno apoyo a las actitudes de firmeza del Gobierno, pero pedimos que esa firmeza no sea labial, sino que sea firmeza en obras y en actitudes de gobierno. Y, si no, que deje de afirmar todo lo que viene afirmando, que simplemente se conforme entusiásticamente con tener lo que allí tiene. Lo que no se puede es decir una cosa y no actuar en el Consejo de Ministros, en la Dirección General de Registros y del Notariado, en la Agencia Tributaria, en el Servicio de Vigilancia Aduanera, en la Dirección General de la Guardia Civil, en el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales del Banco de España, etcétera. Hay un montón de actuaciones que el Gobierno podría realizar y no lo hace, entre otras cosas, porque hay intereses españoles que son los que se verían perjudicados. Evidentemente, si hay alguien que se está beneficiando de Gibraltar no es sólo el Reino Unido, son determinadas fortunas, incluso entidades españolas.
Por tanto, desde esta perspectiva -insisto-, nosotros apoyamos la firmeza del Gobierno ante las reformas constitucionales que Gibraltar pretende, que desnaturalizarían su actual estatus y reforzarían la posibilidad de perjudicar intereses españoles que nosotros compartimos porque nos afectan muy directamente. Gibraltar debe convertirse en una carga grave para el Gobierno británico, en una carga pesada, y eso está en manos del Gobierno español. No puede sólo no ser una carga grave para el Gobierno del Reino Unido, sino que no debe ser una fuente de beneficios a costa nuestra, a costa de la seguridad de la población y a costa de todos nosotros y de nuestros propios impuestos.
La firmeza ahí es perfectamente compatible con la búsqueda de frentes de colaboración y con ser imaginativos en fórmulas de colaboración que en los marcos jurídicos europeos e internacionales, fundamentalmente en el contexto de la OTAN y de la Unión Europea, están a nuestro alcance. El primero de ellos en el aeropuerto, por ejemplo, en el caso del uso conjunto, hoy por hoy rechazado. Y hay otros ámbitos donde ha de ser posible ir a vías de cooperación reales, que en muchos casos han de permitir dejar de lado el debate de fondo sobre las esencias, porque los debates de fondo sobre las esencias pueden dar gran satisfacción al propio electorado pero difícilmente serán nunca fundamento para ninguna solución.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular es, en su texto literal, globalmente equilibrada y positiva y creo que no dice nada que en sí mismo merezca nuestro rechazo. Comparto las palabras -lo digo sin ironía, lo digo sinceramente- del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco porque hay expresiones, hay toda una música en esa proposición no de ley que

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cuando se aplica al Reino de España parece perfectamente legítima y sin embargo cuando otros la aplicamos en otros contextos se nos dice que estamos utilizando conceptos del siglo pasado. Es perfectamente posible aplicarlas a España y a Gibraltar, pero parece que se nos ridiculiza cuando otros las aplicamos en otros ámbitos. Pero, dejando eso aparte, la proposición no de ley, en su tenor literal, merece nuestro apoyo, de acuerdo con el proceso de Bruselas, de acuerdo con impulsar el proceso de Bruselas en el ámbito de las relaciones exteriores, y eso sí que es función del ministro Piqué y del Ministerio que dirige. Insisto -y termino como empezaba-, hay que implicar al Gobierno en su conjunto; si no, la credibilidad del Gobierno, de todo el Estado, es nula, nula ante la sociedad y nula ante el propio Reino Unido, que simplemente lo que está esperando es ver pasar a este ministro, que ya vendrá otro que gritará más, y así llevan muchos años.
Las relaciones con el Reino Unido, y suscribimos muy especialmente ese punto de la proposición no de ley, están tristemente distorsionadas por este tema y nos parece muy oportuno que se le haga ver al Reino Unido la voluntad de esta Cámara y la voluntad del Reino de España de tener unas relaciones exquisitas en el plano bilateral y en el contexto de la Unión Europea, y que si eso no es posible es exclusivamente por la existencia de Gibraltar y que eso está obstaculizando la propia construcción europea. España tiene que saber que eso no podrá seguir siendo así sin un esfuerzo superior por nuestra parte, y ahora sí termino. Las distorsiones -la última de ellas bien conocida de todos y probablemente mañana también objeto de debate en la comparecencia del presidente del Gobierno- que se están provocando a la construcción europea a causa de Gibraltar no serán soportadas pacíficamente y de forma indefinida por nuestros socios, no lo serán sin explicación y probablemente tampoco lo serán aunque intentemos la explicación, pero en todo caso no lo serán sin explicación. Acaba de bloquearse la construcción del espacio único aéreo en Europa por culpa del problema del istmo y del aeropuerto. No criticamos directamente esa decisión, sólo decimos que no basta con dedicarse a bloquear todo aquello en el ámbito europeo que de alguna forma perjudique o distorsione nuestra imagen de cómo han de ser las relaciones con Gibraltar, porque nuestros socios europeos tienen un límite de paciencia y eso es así, nos guste o no, y por tanto nos impone, e impone al Gobierno, un plus de responsabilidad, un plus de imaginación y sin duda también un plus de pedagogía. Por todo ello, apoyaremos esta proposición no de ley, pero esperamos que no se quede en una más que dentro de tres, cuatro o cinco años sea citada en la introducción de otra proposición no de ley de términos idénticos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Estimados colegas, hace unos meses esta Cámara debatió otra proposición no de ley, sostenida por todos los grupos parlamentarios menos por uno, que ponía de relieve el problema de Gibraltar en relación con el desgraciado episodio del submarino Tireless. Con ocasión de aquel debate, que estaba enfocado desde otro punto de vista, al hablar del tema de Gibraltar me permití señalar que era fundamental conocer cuáles eran los límites y las posibilidades de nuestras relaciones con el Reino Unido. En política exterior, dije, es fundamental saber y conocer dónde está cada uno precisamente en los temas sensibles y difíciles. Es ahí donde se demuestra la profundidad de unas relaciones estables, sinceras y amistosas. Y dije: Londres deberá valorar qué vale más: o profundizar y agrandar las relaciones con el Reino de España o agravar las consecuencias de su eventual negativa al traslado del Tireless ante la opinión pública y ante el Parlamento. Concluí e insistí: Londres deberá elegir. Y al mismo tiempo -ustedes lo recordarán- señalé que todos queremos tener las mejores relaciones con un gran país, admirable en muchos sentidos, como es el Reino Unido, pero necesitamos saber y conocer si en el Reino Unido se piensa lo mismo. Esta es exactamente la línea argumental que presentó en aquel debate el Grupo Parlamentario Socialista.
Esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y defendida por el señor Arístegui nos permite vislumbrar, al menos es nuestro análisis, que, finalmente, el Gobierno ha comprendido que nos encontrábamos al borde de lo que un castizo llamaría una auténtica tomadura de pelo, no sólo por el episodio del submarino Tireless, sino, como han señalado otros colegas antes que yo, por el intento británico de enterrar definitivamente el acuerdo de 1984 y además porque en esta lógica se incluía la revisión de la Constitución gibraltareña, prácticamente ultimada entre todos los partidos políticos del Peñón, que supondría de facto la alteración del statu quo que caracterizaba y caracteriza la situación internacional de la colonia. Señores diputados, era demasiado y, además, demasiado evidente. Y naturalmente que se encendieron las alarmas, porque era demasiado y demasiado evidente. Por eso nos complace que ustedes hayan presentado esta proposición no de ley y lógicamente van a tener, sin ningún tipo de reserva, todo nuestro apoyo.
Por su contenido, parece que finalmente se ha comprendido que se trata de un tema muy serio, y lleva usted toda la razón, se trata y se trataba de un tema muy serio. Miren lo acontecido, como han señalado otros

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colegas, en la discusión reciente en la cumbre y en el Consejo de Ministros a propósito del espacio europeo único, lo que se llama la directiva de cielos abiertos. ¡Claro que hay intención de enterrar el acuerdo de 1987 sobre el uso del aeropuerto de Gibraltar, conjunto, claro está! Claro que hay esa intención, señor Arístegui, hoy, como usted de una manera indirecta lo señalaba, pero hace unos meses también. ¿Por qué? Porque en Londres -y vuelvo al argumento que hemos utilizado con mucha contundencia pero creo que con mucho respeto en esta Cámara- existe una lógica muy precisa, mientras que en Madrid, como muy bien señalaba mi colega Guardans, la lógica es que algunos pensaban que se trataba de un tema menor. Y la lógica británica a propósito del cumplimiento del acuerdo de 1984 y la revisión de la Constitución gibraltareña -lamento tener que decírselo- no era una cosita. En un tema de esta envergadura a Londres no se le puede mandar un telegrama diciendo que aquí en Madrid se entiende que es una cosita. Es un tema muy serio; la prueba, esta proposición no de ley.
Recuerden las veces que he insistido en que la carga de la prueba está en Londres y no en Madrid, y quiero ser muy preciso a este respecto. Todos queremos profundizar nuestras relaciones con el Reino Unido, en lo político, en lo económico y en las relaciones entre ciudadanos. Lo hemos dicho y lo diremos siempre. El Reino Unido es un gran país, con una tradición democrática admirable, con valores dignos de consideración, pero esta relación -dijimos y decimos- tiene y tendrá un límite, y ese límite es la situación colonial de Gibraltar. El contencioso sobre Gibraltar no es una cuestión que se pueda encapsular, como se ha pretendido durante los últimos años, y dejar al margen de un pretendido eje Madrid-Londres capaz de generar, según ustedes, grandes orientaciones de futuro. Ustedes hoy lo reconocen, fíjese lo que dice el punto 9: «Subrayar al Reino Unido que el pleno desarrollo de las relaciones bilaterales hispano- británicas se encuentra irremisiblemente supeditado a una satisfactoria solución de este contencioso colonial.» Repito, irremisiblemente supeditado. Y a este respecto estoy de acuerdo con el diagnóstico que hacían otros preopinantes. Ustedes hoy reconocen una realidad que era obvia, es legítimo que se lo digamos con respeto y con simpatía desde esta tribuna, y en las dos comparecencias del ministro en esta Cámara nosotros pedimos al Gobierno que reconociera esos límites, que ese eje famoso tenía un límite, que se estaban entendiendo mal los mensajes en Londres, que venía lo que usted señalaba, un gran problema que se estaba encarrilando, porque detrás de esto había una lógica. Pero cuando le pedimos simplemente que se manifestara que había unos límites objetivos recuerde lo que nos dijo el ministro Piqué, nos tachó de demagogos, de poco serios y de irresponsables. Simplemente le pedíamos el reconocimiento de ese límite y hoy ustedes vienen a la Cámara con el párrafo más duro que se haya puesto jamás en una resolución del Congreso de los Diputados: se supedita irremisiblemente. Lógicamente, yo me hago también la pregunta legítima, apoyando a fondo si no estamos en el ejercicio de la expresión de un mal humor frente a una alarma que se ha creado.
Señor Arístegui, una de las grandes tradiciones del Reino Unido ha sido el respeto a sus compromisos internacionales. Usted conoce bien ese país, es un argumento que a los británicos les agrada repetir, y así se enseña en sus libros de historia. El Reino Unido tiene a gala ser un país honorable en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Pues bien, el acuerdo de 1984 es un acuerdo internacional que debe cumplirse; el acuerdo de 1987 es un acuerdo internacional que debe cumplirse, y el derecho comunitario debe aplicarse también en Gibraltar, ya es tiempo.
Quiero concluir diciendo que esta proposición no de ley no nos crea ningún tipo de problemas, al contrario, en cierta manera nos complace porque esto resitúa de nuevo la posición de este Parlamento en una línea suficientemente clara, para que sea también entendida de forma suficientemente clara en Londres. Ahora bien, señor Arístegui, el señor ministro de Asuntos Exteriores nos ha anunciado ya que se pondrá en marcha la reunión prevista en el acuerdo de 1984 una vez pasadas las elecciones británicas, que se celebrarán en el mes de junio, como usted sabe muy bien, porque se han postergado por los problemas internos que allí tienen. En septiembre volveremos a discutir esta cuestión, ya se lo garantizo, porque le vamos a dar nuestro apoyo más leal, pero, como decía el señor Guardans, queremos actos creíbles. Creemos firmemente que esta proposición no de ley se ha presentado para salir del paso o cubrir el episodio del Tireless.
Por favor, que eso no se le ocurra a nadie, porque sería otro error monumental que no debemos cometer, al menos en esta Cámara. Así pues, les felicito por esta iniciativa, la vamos a apoyar sin reserva y, pasadas las elecciones británicas, nos dirigiremos al Gobierno para que aquí, en sesión en el hemiciclo, porque presentaremos una proposición no de ley -queremos ser leales y ya se lo adelanto-, nos diga exactamente cómo piensa desarrollar lo que ya se nos ha presentado como una realidad. Después de formarse el nuevo Gobierno británico, se pondrán en marcha los mecanismos previstos en el acuerdo de Bruselas. Hasta ese momento tendrán ustedes todo nuestro apoyo y nuestra confianza.
Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Marín.
Por último, para señalar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Arístegui.


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El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo acepta gustoso la primera enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, que además es también coherente con la posición reiteradamente expresada en esta Cámara en otras proposiciones no de ley. Agradezco también el tono de las intervenciones y quisiera pedir aclaración al portavoz de Izquierda Unida, señor Centella, sobre el sentido de las otras dos enmiendas presentadas, puesto que nosotros consideramos que en este momento la situación pesquera en las aguas circunvecinas del Peñón y del istmo es razonablemente pacífica y que, por lo tanto, cualquier mención en este sentido podría incluso enrarecer el clima que actualmente se vive, que es, como digo, razonablemente positivo. Respecto a la tercera, en el registro de esta Cámara se han presentado otras iniciativas parlamentarias sobre el submarino Tireless en las que se podría perfectamente discutir la propuesta presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, y nosotros consideramos que esta proposición no de ley quizá no sea el lugar más adecuado para incluir este punto. En su día también hicimos una diferencia clara en la discusión de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores el 14 de marzo en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Agradezco el tono de la mayoría de los intervinientes y lamento el de alguno, puesto que ha intentado, como siempre, hacer una irresponsable utilización de alguna de las cuestiones planteadas.
Muchas gracias. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Arístegui. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: ¿A qué efectos me pide la palabra, señor Centella?

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, aceptando los planteamientos del portavoz del Grupo Popular, retiramos las dos enmiendas y mantenemos viva la primera en la medida en que la que se refiere al submarino Tireless se podrá discutir en la proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Señor Centella, si no he entendido mal, la que retiran es la que propone añadir un nuevo apartado 11.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, retiramos la segunda enmienda, referida a los problemas pesqueros, y la tercera enmienda, referida al submarino Tireless, y mantenemos la primera.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, gracias.


Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre Gibraltar, con la enmienda incorporada y en los términos que se deducen del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 276; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONSULAR Y DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES.
(Número de expediente 162/000246.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Administración consular y de los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Díaz. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías. Una parte significativa de los consulados españoles en el extranjero, precisamente aquellos que tienen mayor demanda de servicios, no están en condiciones de cumplir con diligencia las funciones que tienen asignadas. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Díaz, por favor.


El señor DÍAZ DÍAZ: Nuestros consulados tienen encomendadas, entre otras, las obligaciones de proteger los intereses de nuestros emigrantes y la asistencia a los mismos, la expedición y renovación de sus documentos, facilitar el ejercicio de sus derechos electorales, realizar labores registrales, etcétera. Son también responsables de tramitar y expedir visados a los ciudadanos no españoles que deseen viajar a España procedentes de países a los que se exige visado previo de entrada.
La realidad es que estas obligaciones de la Administración, muchas de las cuales son a su vez derechos para los españoles residentes en el exterior, se vienen prestando en muchos casos en malas condiciones.
La prestación deficiente de este servicio público a unos ciudadanos que no tienen alternativa a la representación

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consular se justifica, según los casos, por falta de personal para atender las labores consulares, por la escasez de medios materiales, por la insuficiente incorporación a las nuevas tecnologías que permitirían agilizar los trabajos, por los salarios reducidos de atención al público, así como también en muchos casos por unas instalaciones antiguas, deterioradas y en ocasiones con espacios claramente insuficientes para la cantidad de trabajo y de personas a las que hay que atender diariamente.
La globalización que nos afecta a todos y los procesos de modernización y desarrollo que vivió España mucho antes de la llegada del señor Aznar, unido a los procesos de estancamiento, recesión y subdesarrollo que viven otras economías, hacen que los consulados españoles tengan en los últimos años un mayor protagonismo, que se traduce en un mayor trabajo. De una parte, deben tramitar los visados de miles de ciudadanos de otros países que desean venir a España en busca de una mejora económica y social y, de otra parte, deben atender las necesidades y derechos de los españoles que como emigrantes, en su mayor parte, residen en el exterior.
En menos de 30 años, señorías, España ha pasado de ser un país que tradicionalmente generaba emigrantes a ser un país receptor; nos fue mejor que a otros. Por el contrario, países como Argentina, Uruguay, Venezuela o Cuba, que hasta mediados de los años cincuenta fueron el destino de cientos de miles de emigrantes españoles, hoy necesitan de la emigración como salida. Este fenómeno natural y a la vez contradictorio, por no bien asimilado, hizo que en poco tiempo pasásemos de ser un país que expulsa mano de obra como elemento de regulación económica y social, a ser un país que demanda población foránea para corregir fenómenos de desertización poblacional, para rejuvenecer la pirámide de población y, sobre todo, para realizar trabajos que en la década de los años sesenta realizaban los españoles en la Europa desarrollada. Este cambio ha alterado de forma radical el ritmo y la ponderación del trabajo en muchos consulados, como en Ecuador, donde mujeres y hombres, trabajadores todos, hacen colas de días para tramitar un visado que les permita entrar en España. En otros casos, como Argentina, Venezuela, Cuba, Uruguay y otras repúblicas latinoamericanas, los antiguos emigrantes son, en general y mayoritariamente, personas que construyeron un pequeño patrimonio ligado al sector servicios, que se desvalorizó como consecuencia de las crisis económicas que les tocó vivir y ahora se encuentran en una difícil situación personal. Mayoritariamente son personas de edad avanzada, que viven en países en los que la cobertura sociosanitaria pública es mínima o inexistente y con unas pensiones de vejez que no cubren los mínimos vitales. Esta población necesita de consulados y secciones laborales, de Seguridad Social y asistencia social para defender sus intereses y, sobre todo, para tramitar a través de ellos pensiones y ayudas asistenciales que les faciliten la vida, en la mayoría de los casos, o les asesoren y ayuden en el retorno, en otros. Estas son las funciones para las que no estaban preparadas todas nuestras delegaciones en el exterior.
La emigración española, sobre todo a América del sur y central, está generando también por vía familiar una fuerte actividad en los consulados y secciones laborales. La emigración a Europa, que fue más tardía, retornó en su mayoría, y el resto está hoy integrada en sociedades desarrolladas y con alta protección social. Por el contrario, una parte importante de la emigración a América construyó allí su vida. Para ellos Galicia, Asturias, Canarias, Andalucía, en fin las Españas, eran el origen, la nostalgia, las raíces primeras, pero en América estaban las ramas del nuevo árbol familiar. La integración en la tierra de destino hizo que muchos perdieran su nacionalidad o se olvidaran, consciente o inconscientemente, de transmitirla a sus descendientes. Pero ahora las cosas han cambiado, el desarrollo, la prosperidad y el futuro se ven en Europa, y España es la puerta de Europa, la puerta de una casa que se cree común. Por ello, los consulados, sobre todo los de América, deben tramitar miles de demandas de nacionalidad, miles de pasaportes, miles de informaciones que anteriormente no tramitaban, cuando menos con esta intensidad.
Tenemos pues la explicación del incremento de la demanda a muchos de nuestros servicios consulares, a muchos de nuestros servicios laborales y sociales. El problema es que la explosión de la demanda nos cogió desprevenidos y aún ahora, cuando la avalancha se consolida, no somos capaces de reaccionar mejor. Los responsables en España de estos servicios en el exterior tardan en dar respuesta con medios técnicos y humanos a unas necesidades que no van a ser coyunturales.
La Cámara va a abordar próximamente dos proyectos de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Los socialistas nos alegramos de que el Grupo Popular haya respondido a nuestra propuesta con otra. De este modo una demanda justa de los emigrantes y de sus descendientes va a ser centro de debate parlamentario y, como fruto natural, debe dar lugar a una ley que me gustaría consensuada y también avanzada, sobre todo avanzada. De todos modos lo que hoy nos interesa aquí es el acceso a la nacionalidad de los nuevos demandantes a los que la legislación va a conceder ese derecho y va a generar sin duda un importante crecimiento de la actividad burocrática y administrativa en embajadas y consulados. Sería para nosotros intolerable que la efectividad de una reivindicación tan justa se dilatase en el tiempo por falta de medios administrativos.
Por ello instamos ya desde aquí al Gobierno a que actúe con previsión, evitando que los acontecimientos le desborden para que, esperemos que muy pronto, quien tenga derecho a acceder a la nacionalidad española lo hagacon la mayor agilidad.


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Hasta ahora podemos hablar de falta de previsión, que se traduce en falta de medios de parte de nuestros servicios en el exterior. Si a esta carencia de medios unimos ciertas inercias de funcionamiento no inspiradas siempre en la eficacia, tendremos la explicación de que las colas delante de estas oficinas de España en el exterior duren días, como pasa en Ecuador o jornadas enteras a la intemperie, como pasa en Argentina o Venezuela.
Parte de nuestros consulados tienen también instalaciones físicas insuficientes, por ello, un pasillo o una ventanilla en la calle es lugar de contacto con los representantes de España, que se ofrece a una parte importante de los que tienen obligatoriamente que gestionar en un consulado en Ecuador o en La Habana. Si tenemos en cuenta que los que visitan nuestras oficinas consulares son españoles mayores, descendientes que quieren serlo o personas que quieren venir a trabajar a España, por respeto hay que tener tiempo y lugar para hablar, para explicar derechos y obligaciones, y también para explicar la realidad que les espera a los que deseen venir. Invertir tiempo en planificar retornos o informar a los que vienen a España a trabajar buscando un nuevo Eldorado puede ser una inversión interesante y también rentable.
Señorías, casi dos millones de españoles viven fuera de nuestras fronteras, se dice que la mitad gallegos, cientos de miles más intentan acceder a la nacionalidad española, muchos miles más quieren trabajar en España, a todos hay que dar atención y buen servicio y no siempre se da. La realidad es que la situación y el servicio de la mayoría de nuestras oficinas consulares en el exterior es manifiestamente mejorable. Podemos tomar para ilustrarlo el ejemplo de Argentina. Es un ejemplo extremo, como sabemos. En este país hay 250.000 inscripciones consulares de españoles, el Gobierno gallego dice oficialmente que hay en Argentina 600.000 gallegos directos, pensando que también hay españoles de otras autonomías o nacionalidades, ¿cuántos quedan por inscribir? ¿Cuántos por tramitar nacionalidad? De ellos un estudio oficial de la embajada habla de 30.000 indigentes que no se benefician de planes asistenciales; también necesitan de nuestros servicios. Pues bien, Buenos Aires tiene en su consulado colas interminables. Hasta hace unas semanas las cincuenta primeras personas de la fila que tenían todos los papeles conseguían número para poder entrar a tramitar su pasaporte.
Días pasados, solamente cuarenta.
En situación análoga se encuentran las secciones laborales de Seguridad Social y asuntos sociales de los servicios consulares y embajadas, que tienen encomendada una labor fundamental en materia de asesoramiento laboral, seguridad social, prestaciones y pensiones, sobre retornos, etcétera.Esta situación de desprotección institucional de los emigrantes se ve agravada porque los cauces de su participación institucional se están poniendo en peligro por la desatención y la falta de presupuesto a que están sometidos.
En el año 1987 se crearon los consejos de residentes españoles y el Consejo General de la Emigración, que vinieron a complementar los centros, hermandades, casas de Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias y otros, que cumplieron un papel importante aquí como impulsores de culturas (uno conoce docenas de escuelas construidas con dineros de América), y allá como verdaderas hermandades de apoyo y socorro a los emigrantes, así como centros de recreación de la propia cultura.
Estos centros que hoy tienen problemas económicos serios para cumplir la labor asistencial que hicieron en el pasado sobreviven, con suerte dispar, con el apoyo de las comunidades autónomas. Por su parte, los consejos de residentes tienen como misión canalizar la participación de los emigrantes y, al tiempo, ser órgano de consulta obligada en las cuestiones normativas y administrativas que les afectan. Son instituciones democráticas en su elección y funcionamiento. La insuficiencia de medios para el normal funcionamiento de los consejos de residentes es muy grave y, de hecho, estrangula la capacidad de éstos para cumplir el papel que la legislación les reservó. Los consejos de residentes españoles en el exterior sólo pueden financiar, como gastos de funcionamiento con cargo a presupuestos públicos, el pago de desplazamiento de los consejeros y el alquiler de la sala de reunión, el resto no se puede financiar.
En el curso de este mismo año se van a celebrar elecciones en prácticamente los dos tercios de los consejos y, si no hay financiación adecuada, serán unas elecciones en la clandestinidad, lo que no es bueno para la representatividad de los mismos. Las restricciones presupuestarias actuales son una forma de ahogar el funcionamiento de los consejos. Se está a tiempo de rectificar.
Atender a los españoles en el exterior es una obligación y, además, es rentable política y económicamente. Que los españoles que están fuera se sientan amparados y protegidos es un derecho que tienen y, al tiempo, si se hace bien, mejora el prestigio de España en el exterior. El pleno del Consejo General de la Emigración denunció esta situación, la última vez en el pleno de noviembre del año 2000. Con ocasión de la reciente visita a España de los máximos representantes del Consejo, desde la Administración se les han vuelto a reiterar promesas de diferente tipo, entre ellas un incremento presupuestario que el Gobierno no quiso hacer cuando se discutieron los presupuestos.


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, vaya terminando.


El señor DÍAZ DÍAZ: Voy terminando.
La mayoría del Partido Popular tiene hoy la oportunidad de ratificar aquellas promesas y aprobar esta proposición no de ley.


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Señorías, en esta Cámara estamos obligados a recobrar la memoria histórica que, a veces, parece que perdió el país. A veces, se alude a algunas encuestas que sirven al Gobierno para justificar alguna política injusta. Uno cree que el país sufre amnesia deliberada de su reciente pasado como país emisor de mano de obra barata y no cualificada. Una mano de obra similar a la que llega de Ecuador o de África. También hay falta de memoria histórica cuando se ponen obstáculos a la retroemigración, al retorno a los orígenes con plenos derechos políticos y sociales de los que antes, en tiempos más difíciles, se fueron.


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, le ruego concluya definitivamente porque lleva consumido el 50 por ciento en exceso del tiempo que le corresponde.


El señor DÍAZ DÍAZ: De acuerdo.
Nos olvidamos que los que antes emigraron permitieron y ayudaron a los que se quedaban para que pudieran vivir mejor.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que se ha presentado y estamos discutiendo nos parece que es oportuna y bien ajustada. Es una realidad que todos compartimos, y cuando vamos de viaje se nos señala, por todos los responsables, la carencia de medios humanos, materiales y económicos de la Administración consular española. Por tanto, este es un hecho que nadie puede poner en duda. Por otra parte, la Administración consular española tanto en el período democrático como incluso en el anterior se ha caracterizado por un acusado anquilosamiento administrativo y por una calidad de servicios prestados a los españoles en el extranjero muy por debajo de lo que ofrecen otras administraciones públicas situadas en territorio español.
Repito, señorías, que consideramos oportuna esta proposición no de ley, y queremos sumarnos a ella, porque trata de exigir al Gobierno español sus obligaciones en materia de asistencia administrativa a los españoles que residen en el extranjero y que tienen en la Administración consular el único nexo con España y muchas veces en unas condiciones bastante difíciles, con todo lo que supone de respeto a los consulados, a los efectos de disfrutar de los derechos y libertades que les corresponden como ciudadanos españoles. Es verdad que las situaciones a veces son tremendamente difíciles y en muchos casos los consulados no están a la altura de las circunstancias.
Nuestro grupo tiene gran número de denuncias muy concretas sobre casos ocurridos en Marruecos que nos evidencian que es necesario que se tomen cartas en el asunto. El Gobierno debe proveer con la mayor brevedad posible de los medios humanos y materiales para que este servicio público se haga con una calidad y rapidez cuando menos similar a la que se puede disfrutar hoy en el resto de la Administración española. Junto a la importancia que damos a que se modernicen los consulados españoles es importante que dicha modernización vaya ligada a otro hecho, que es el que otorga nuestra propia Constitución a la hora de facilitar la participación institucional de los emigrantes españoles, sin duda una de las columnas vertebrales de nuestra Constitución, en la vida pública española a los españoles que están fuera de nuestra tierra. También en este caso la proposición no de ley es correcta.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas que tratan de poner el dedo en la llaga en una serie de hechos que han evidenciado la necesidad de que el Gobierno no mire hacia otro lado, pero antes de defenderlas queremos dejar constancia de nuestra consideración sobre la timidez de las competencias tanto de los consejos de residentes españoles como del Consejo general, y nuestra inclinación hacia causas de participación que vayan más allá de poder hablar con la Administración consular y así conocer la opinión de los emigrantes.
Deseamos que quede constancia de nuestra apuesta por una participación ciudadana de conjunto no sólo de los emigrantes españoles sino que vaya mucho más allá del dictamen. Por ello, hemos presentado una serie de enmiendas. En la primera de ellas se propone añadir un nuevo apartado, el apartado 8, que diría: El Gobierno debe de garantizar la absoluta limpieza de los procesos electorales en los que participan los españoles residentes en el extranjero, proscribiéndose de forma definitiva cualquier tipo de fraude que se haya podido impulsar en el pasado desde diversas comunidades autónomas. De la misma manera, el Gobierno agilizará y simplificará los trámites necesarios para que los españoles residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al voto, siempre en el marco de la necesaria promoción del ejercicio de los derechos constitucionales, máxime si estos son de carácter público. Es necesario que en el marco de la Administración consular el Gobierno tome todo tipo de medidas para garantizar esta pureza absoluta, que no puede quedar en duda porque estaríamos poniendo en tela de juicio todo el proceso democrático y de participación política que nuestra Constitución no solamente garantiza a los españoles sino que también obliga a los gobiernos a garantizar.
Presentamos otra enmienda, que me gustaría corregir porque evidentemente -y me imagino que SS.SS. se habrán dado cuenta- está mal redactada, que plantea: El Gobierno promoverá las acciones oportunas para

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depurar las responsabilidades penales, civiles, administrativas y sobre todo políticas de los implicados en el reciente caso de compra de votos de españoles residentes en el extranjero, producida en las islas Baleares.
Creemos que, además de mantener en el campo de los principios la necesidad de pureza en los procesos electorales, como ya hemos dicho en el punto anterior, se impone, en lo concreto, depurar de forma inmediata las responsabilidades, sobre todo políticas, de los implicados en Formentera.
Queremos decirlo desde esta tribuna porque entendemos que con esto, no sólo se devalúa un proceso electoral, sino que, como decía antes, se pone en tela de juicio todo un comportamiento y todo un talante de cómo participar en política. No podemos creer que el Gobierno pueda, por activa o por pasiva, avalar estos comportamientos.
En segundo lugar, desde este grupo parlamentario creemos que hay que tomar cartas en el asunto sobre textos educativos que hacen apología del franquismo y que son usados en las escuelas dependientes de los consulados a los que acuden los hijos de españoles residentes en el extranjero. No es para nosotros una anécdota si un libro u otro pueden glosar, como se ha denunciado y evidenciado, la figura del brillante militar o del director de la guerra y del gobernante que fue el dictador fascista Francisco Franco. Repito, eso no es una anécdota, máxime cuando se les está enseñando a hijos de españoles en el extranjero con menos conexión con nuestra tierra. Creemos que es fundamental que los libros de texto sean acordes con los valores de la democracia que nuestra Constitución tiene la obligación de defender. Reclamamos la eficaz actuación del Gobierno a los efectos de que se garantice que se erradique cualquier vestigio de franquismo en la enseñanza impartida en los centros dependientes, directa o indirectamente, de la Administración. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Estas son las propuestas de Izquierda Unida. Votaremos a favor de la proposición no de ley porque la consideramos oportuna y el Gobierno debería no sólo asumirla sino ser muy rápido en su aplicación.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich para la defensa de las enmiendas.


El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Bloque Nacionalista Galego suscribimos uno por uno todos los puntos de esta proposición no de ley. No podía ser de otra manera porque muchos de ellos ya habían sido objeto de otras iniciativas nuestras, sólo parcialmente aprobadas en la comisión correspondiente, y otras objeto de una moción que fue aprobada por unanimidad de este Pleno.
Lo suscribimos uno por uno, pero, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, si hablamos de la participación democrática de los emigrantes, en una proposición no de ley de este tipo no se puede soslayar uno de los problemas más importantes que afectan hoy precisamente esta participación democrática, que es la necesaria dignificación del voto de los españoles y de los gallegos que residen fuera del Estado, del voto de los llamados por la Administración electoral residentes ausentes. En aquella moción, que fue aprobada por la unanimidad de esta Cámara, se instaba al Gobierno a equiparar el procedimiento de votación de los residentes ausentes con el procedimiento de votación de los residentes en el interior del Estado. Se trataba -y esa era la intención de quien, como el Bloque Nacionalista Galego, instó esa moción- de que las garantías, las cautelas que prevé la Ley orgánica del régimen electoral para los electores que residen en el interior del Estado, se pudiesen aplicar también al ejercicio del derecho de sufragio activo por parte de los residentes ausentes. Recientes acontecimientos, como el caso Formentera, vuelven infelizmente a poner de actualidad este problema.
A los gallegos nos llama la atención, y tengo que decir que nos solidarizamos con el señor Matas y con doña Rosa Estarás, que está hoy aquí, porque si a ellos por inscribir mal a 72 personas se les exigen responsabilidades, qué no habría que exigir al señor Fraga Iribarne o a muchos conselleiros que hacen campaña constante en América. Nuestra solidaridad, doña Rosa Estarás, y transmítasela usted al señor Matas. A los gallegos nos parece una broma que esto merezca páginas y páginas en los medios de comunicación cuando el fraude constante y la campaña electoral constante que, pagada con dinero público, realiza el Partido Popular de Galicia en América no merece más que comentarios, a veces jocosos, en estos mismo medios.
Pero como nosotros lo que pretendemos es que la participación de los emigrantes se realice con las mismas cautelas y en condiciones de igualdad con los que residimos en territorio estatal, proponemos dos enmiendas que yo creo que nadie podrá rechazar, salvo que tenga motivos inconfesables en este hemiciclo para hacerlo.
La primera dice que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que los emigrantes puedan ejercer su derecho de sufragio activo con al menos las mismas garantías establecidas para los electores residentes en territorio estatal. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego tiene ya registrado un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que esperamos se pueda debatir en breve en este Pleno, y en el que se plantean cuestiones referidas no sólo al procedimiento de votación, sino también a la campaña electoral o a cuestiones como que, por ejemplo, los residentes ausentes sean tenidos en cuenta a la hora de asignar escaños en las diferentes circunscripciones. En Galicia, el censo de residentes ausentes representa

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el 12 por ciento del número total de electores y no son tenidos en cuenta para distribuir escaños en las circunscripciones gallegas.
Baste decir que Ourense y Lugo tendrían un diputado más cada una y que, como mínimo, el conjunto de Galicia tendría un senador más por designación parlamentaria. Nos parece que es de justicia y es un contrasentido que se siga manteniendo este tipo de prácticas, es decir, que los residentes ausentes voten, pero no cuenten absolutamente para nada para la Administración española. Decimos, porque esto sí que no merece una reforma de la Ley electoral, que en particular se insta al Gobierno a celebrar acuerdos con aquellos Estados en los que residan contingentes importantes de emigrantes españoles, para que los servicios postales de estos países exijan para el voto por correo los mismos requisitos y cautelas que se establezcan para el servicio de Correos del Estado español, es decir, los mismos que la Administración electoral española, a través de la circular que aprueba en cada proceso electoral, exige para los correos y telégrafos españoles. De esta manera se pondría coto a prácticas que no por conocidas dejan de ser frecuentes, elecciones tras elecciones, de que el agente electoral de un partido llegue con muchos sobres para certificar o que directamente el Partido Popular inserte en la prensa argentina o en la prensa uruguaya anuncios del tipo: gallego en Argentina, gallego en Uruguay, ven a votar a la sede del Partido Popular. Venir a votar a la sede del Partido Popular -tenemos la copia si lo quieren- supone dejar allí el voto para que el agente electoral certifique en la oficina de Correos correspondiente.
La segunda enmienda se refiere a otra cuestión que no necesitaría una reforma de la Ley electoral. Se dice: el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que todos los partidos, federaciones o coaliciones electorales puedan disponer de los medios suficientes para desarrollar su campaña electoral en los Estados en que residan contingentes de emigrantes españoles, en los mismos términos previstos para la campaña en territorio estatal. En este momento, los únicos que pueden hacer campaña fuera del territorio estatal son las fuerzas que gobiernan bien el Estado, bien las respectivas comunidades autónomas; en el caso de Galicia, a través de cocidos, laconadas y similares, con que el Partido Popular de Galicia, y el señor Fraga en particular, regala a algunos, que no a todos, de los emigrantes que residen sobre todo en Latinoamérica. Pero es que los demás partidos no disponen de medios para realizar el mailing, es decir, envío de propaganda electoral por correo. No se reservan espacios en los locales oficiales españoles en esos países para la celebración de actos de propaganda electoral, ni tampoco se reservan espacios en los locales oficiales españoles de esos países para la colocación de elementos de propaganda electoral de todos los partidos, es decir, no sólo de algunos o, en el peor caso, de alguno.
Espero que estas enmiendas sean aceptadas por el Grupo Socialista, autor de la iniciativa que hoy estamos debatiendo, y que sean apoyadas por el conjunto de la Cámara, porque si no tenemos que sospechar que existen intenciones inconfesables detrás del rechazo a las mismas.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista que intentan servir de colaboración a lo que nos parece una idea positiva en la intención y en el fondo de gran parte de esta iniciativa que trata de atender a esas comunidades españolas en el extranjero. En Canarias esto se ve con gran sensibilidad, como puede ocurrir en otras comunidades autónomas del Estado español que históricamente han producido corrientes de emigración a países sobre todo del área latinoamericana. Es el caso de Canarias respecto a Venezuela, sin olvidar a otras colectividades de descendientes de emigrantes canarios en Argentina, Cuba, Méjico o en cualquiera de las repúblicas hispanoamericanas.


La primera de nuestras enmiendas trata de complementar, de una manera mucho más concreta, la iniciativa del grupo proponente facilitando el acceso de los emigrantes a la Administración consular en aquellos países de gran extensión y dispersión -los países de Latinoamérica son grandes, sobre todo los de Suramérica- donde el volumen de los mismos lo requiera, con la creación de más de una oficina consular.
Estamos hablando de oficinas consulares de carrera, atendidas por cónsules de carrera y no por cónsules honorarios, en las que se den todas las garantías a los procesos con que atiende a los emigrantes una oficina consular de carrera. No entramos ahora ni en los procesos de la Ley de inmigración ni en el voto por correo de los emigrantes; nos referimos a la infraestructura de oficinas consulares, en este caso de carrera, para atender a estos núcleos de residentes españoles que, en países de gran extensión, se ven obligados a recorrer distancias, centenares de kilómetros -nos olvidamos a veces de la escala de los mapas del atlas- imposibles de cubrir para llegar al consulado correspondiente.
Por la segunda enmienda, a la que también pretendemos darle un sesgo práctico y de racionalidad para tratar el problema que estamos viendo desde el Gobierno de Canarias y desde nuestro grupo parlamentario, pedimos que haya una colaboración o que el Gobierno desarrolle unos cauces de cooperación entre las administraciones

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consulares del Estado español y las oficinas de representación institucional de las comunidades autónomas en el exterior. El Gobierno autónomo de Canarias tiene una Viceconsejería para atender estos asuntos de núcleos de población y de comunidades de canarios en el exterior, que viene haciendo una labor muy positiva, siempre, dicho sea de paso, en gran colaboración con la embajada o con los cónsules españoles. No hay visita en que no haya un contacto a través de la embajada o del consulado de carrera correspondiente; esto lo lleva el viceconsejero de poblaciones y de comunidades canarias en el exterior. Esta línea de cooperación nos parece positiva. Podría hacerse en forma de convenio entre la dirección general correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y la comunidad autónoma respectiva, a través de su Consejería o Viceconsejería, como en el caso de Canarias. Se trata de potenciar entre todos una acción de Estado que tanto desarrolla la embajada como el consulado de carrera o la oficina correspondiente de una comunidad autónoma como la nuestra. Esto es perfectamente insertable en los puntos primero y segundo de la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Socialista.
Se han presentado varias enmiendas y yo me quiero dedicar únicamente a la del Grupo Parlamentario Popular, porque es donde nosotros vemos posibilidades de inserción de las nuestras en sus puntos 1 y 2.
Apoyamos la enmienda que trae el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, porque tiene varios puntos, como el 1 y el 2, que son exactamente iguales que los de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Esto se repite con alguna diferencia sintáctica en los puntos 5 y 7; incluso en el punto 6 la redacción de la enmienda del Grupo Popular es mejor que la de la iniciativa del Grupo Socialista sobre los consejos de residentes españoles para facilitar la participación de los emigrantes en la elecciones. Nos inclinamos por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque a partir del punto 3 mejora el texto separando lo que tiene que ver con la Ley de inmigración. Nosotros creemos que es mejor hablar de la asistencia consular de los cónsules de carrera para la diversidad de problemas que afectan a un ciudadano español en el extranjero, desde petición de certificados, petición de comunicaciones, etcétera, que tendrán o no que ver con la Ley de inmigración, que es un aspecto ya concreto cuando se refiere a la emisión de visados. El visado para entrar en España no es para el que tiene la nacionalidad española; es para el extranjero residente y nacional de esos países que quiere venir a España, y el primer punto de nuestra cooperación es fundamentalmente con el emigrante español que está en ese país y que necesita tener una asistencia de oficinas consulares. Este punto de vista es importante, depende de cómo se esté mirando el texto de esta ley y nosotros la estamos mirando para favorecer, con una infraestructura de instalaciones consulares, al emigrante español o al residente español que está allí. De ahí que se insista -y nos parece afortunado- y que los tres puntos finales -el 5, 6 y 7- hablen de los consejos de residentes españoles, que son los que tienen un derecho, amparado en nuestra Constitución, para que el Estado les ponga, lo más cerca posible de su ubicación geográfica, las oficinas consulares. Otra cosa será que esas oficinas consulares a los nacionales de ese país que quieran emigrar a España les facilite la obtención del visado correspondiente, pero ese es otro libro y nosotros queremos mantenernos aquí y por eso digo que nos parece más oportuna la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Vemos que se han hecho correcciones en el punto 3 de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta al texto socialista, que entendemos que mejoran y racionalizan el proceso, porque hay una invocación al programa Greco, que nos parece muy oportuna, en cuanto a que se fomente, a través del Gobierno, y se adopten medidas tendentes a establecer un nuevo sistema más ágil y adecuado de tramitación y expedición de visados entre ellas, tal y como contempla el programa de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, es decir, el programa Greco. Esto nos parece muy oportuno y por eso consideramos más afortunada y más adaptada a las exigencias formales esta enmienda. Si hay el consenso suficiente para englobar en una enmienda conjunta un nuevo texto, nosotros apoyaremos el texto tanto del Grupo Socialista, puntos 1 y 2, como los puntos finales sobre los consejos de residentes españoles, que vienen también perfectamente explicitados en la enmienda popular, y pediríamos la consideración de al menos una de nuestras enmiendas, la primera, que tiene precisamente una incardinación muy oportuna en el texto. Y digo esto porque mi grupo ha presentado en el registro de la Cámara una proposición no de ley -y se discutirá aquí en su día cuando la presente mi grupo parlamentario- para dotar a un país concreto como es Venezuela de una segunda oficina consular de carrera, ya que allí los ciudadanos españoles -muchas veces de origen canario- están teniendo dificultades, que han trasladado a los representantes del Grupo de Coalición Canaria que los han visitado, concretamente nuestro presidente; presentamos esta iniciativa para que esto tenga una solución bien racionalizada y pensada. De aquí que nuestra primera enmienda venga a complementar todos estos aspectos y esperamos que las conversaciones entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Viceconsejería correspondiente, y el Ministerio de Asuntos Exteriores puedan llegar de una manera muy singularizada y concreta a convenios de cooperación, porque creo que ello está en nuestra mejor línea de transparencia. Vamos a apoyar con nuestro voto, señora presidenta, el texto consensuado que se pueda encontrar entre las dos iniciativas, la del grupo proponente y la del grupo enmendante.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular siempre va a ser un buen momento para debatir sobre emigración. Dicho esto, nos gustaría conocer cuál ha sido el interés que movía al Grupo Parlamentario Socialista para traer una proposición no de ley, a nuestro juicio una buena iniciativa, que, por otro lado, ya está comprometida por el Gobierno. Quiero hacer referencia a una frase del propio presidente del Consejo General de la Emigración, que, como saben, el pasado mes estuvo aquí exponiendo como iban los acuerdos adoptados por el Pleno, que dijo que el balance general de las visitas y entrevistas mantenidas con el Gobierno -en este caso debo decir que con cinco ministros del Gobierno- había sido netamente positivo, ya que se había logrado que la Administración se comprometiera a ampliar el presupuesto de los CRE, a estudiar la reforma de la Loreg y a tramitar la ley de nacionalidad. Creo que aquí queda bien recogido que el compromiso de nuestro Gobierno no solamente se materializa en esas cinco entrevistas mantenidas con los principales ministros que tienen las competencias en materia de emigración, sino porque realmente esos compromisos están ya en la calle, están ya planificados y hoy aquí podemos hacer una relación de todos ellos, por lo cual, diciendo que nos parece un buen momento para el debate, también nos gustaría saber el porqué reiteran en vez de instar al Gobierno peticiones que ya están comprometidas.
Le quiero decir al señor Díaz que cuando se habla de que hay que dotar -por eso hemos hecho la enmienda y hemos aceptado la proposición no de ley que ustedes presentan- a los consulados y a las consejerías laborales de más personal y de más recursos, de más medios materiales, decimos que sí, pero porque además el ministro ya lo ha anunciado en esta misma Cámara; lo dijo claramente el ministro de Asuntos Exteriores al referirse a una planificación de esos sitios donde hay una mayor presión en cuanto a peticiones de nuestros compatriotas. Se dio prioridad a Bahía Blanca, La Habana, Larache, Lima, Méjico, Santiago de Chile, Santo Domingo, Tánger, Nador, Montevideo, Mauritania, Rabat y Rosario para actuar en este año 2001.
Es más, al Grupo Parlamentario Socialista -porque de ahí venía su pregunta- se le dijo que los presupuestos para el año 2001 se verían incrementados de manera muy notable hasta esos más de 250 millones; también se le dijo que iba a haber una apertura de la oficina laboral en Bogotá en el año 2001, así como también se le dio una relación de todas las autorizaciones laborales y de todos los contratos para personal que iban a hacer posible que se reforzaran las oficinas laborales y los consulados.
Nosotros estamos de acuerdo con las propuestas que ustedes hacen porque ya nos hemos comprometido, nos comprometimos ante el Consejo General de la Emigración y también lo hicimos ante esta Cámara. Para nosotros los puntos 1 y 2, incluso el punto 3, están en la misma línea que ha mantenido el Gobierno; en el punto 4 ustedes hablan de modificar esa normativa del Consejo General de la Emigración o del Consejo de Residentes Españoles y quiero decirles algo. Señor Díaz, en el año 1997 el propio Gobierno del Partido Popular ya modificó la normativa del Consejo General de la Emigración y además lo hizo para que tuvieran mucho mayor peso las asociaciones, para que tuviera mayor peso la emigración, para restarle peso a la Administración, algo que está haciendo el Gobierno en todos esos órganos consultivos que tiene adscritos. Precisamente por eso, creo que hacerlo más plural y más representativo nos da hoy la oportunidad de decir que lo que usted pide ya está hecho, además siguiendo las recomendaciones del propio Consejo General de la Emigración. Por eso, en la enmienda que proponemos decimos -y somos mucho más específicos-: vamos a seguir atendiendo las recomendaciones del propio Consejo General de la Emigración. Cuando aquí se hace un balance de cuáles han sido esos acuerdos, para mí es fácil subir a esta tribuna porque efectivamente se ha hecho mucho y de manera importante y han sido muchos los acuerdos adoptados y hechos suyos por el propio Gobierno. Cuando hoy aquí se habla por parte de todos los grupos de que va a haber un debate en profundidad de esa modificación del Código Civil en materia de nacionalidad es porque ya hubo un compromiso por parte del Partido Popular de plantear una iniciativa en ese sentido; ya lo hubo en nuestro programa electoral. Cuando al principio de esta legislatura hablé con algún portavoz que ha participado en el debate de hoy de cómo se iba a llevar a cabo dije que cuando el Partido Popular se compromete en el programa electoral a realizar una actuación es porque piensa realizarla. Decir que queremos que se facilite la recuperación de la nacionalidad, que se facilite a los hijos de los emigrantes esa nacionalidad o evitar la pérdida de la misma al Partido Popular le supone un claro compromiso hacia la emigración.
Ustedes son conscientes de que en el área de la emigración toda asistencia social es poca. Cuando hablamos de auténtica política social nos referimos a lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos años en el área de emigración. Que el Ministerio de Trabajo esté ahora elaborando, para lo que está en fase de consulta con los miembros del Consejo General de la Emigración, un real decreto por el cual se garantice el poder adquisitivo de las pensiones asistenciales en el exterior a los emigrantes que las están percibiendo es una auténtica política social y una auténtica medida de apoyo a la emigración. Nosotros nos reafirmamos en que esa es la

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línea que hay que seguir y somos conscientes de que el Gobierno va en ese sentido, porque lo hizo con los pensionistas de nuestro país garantizándoles por ley su pensión o aumentando las pensiones más bajas y últimamente con las de viudedad y con las de orfandad, y nos congratulamos de que también a esa población que reside en el exterior el Gobierno del Partido Popular le esté brindando una auténtica política social. Que hoy podamos decir aquí que se han aumentado los presupuestos en materia de emigración en más del 40 por ciento en los últimos cinco años; que hoy podamos decir que tenemos un plan de salud que recoge una gran expectativa que tenían abierta muchos de nuestros compatriotas en el exterior; que hoy podamos decir aquí que tenemos un verdadero plan de retorno o que estamos apoyando a esa segunda generación nos parece que son auténticas políticas de emigración.
Apoyamos que se favorezca el voto en todos los procesos consultivos y en todos los procesos de representación de los españoles en el exterior. Como ya hubo un compromiso previo, que también está recogido por todos los medios de comunicación, tanto por el subsecretario de Asuntos Exteriores como por el propio ministro, nos referimos a que dentro de estos presupuestos -y espero que ahí ustedes nos acompañen- haya una partida incrementada para ese concepto, al igual que ha pasado en todas las políticas asistenciales.
Señorías, cuando vimos esta proposición no de ley -de ahí el sentido de esta enmienda-, al igual que siempre que hemos subido a esta tribuna para debatir de emigración, queríamos hablar de consenso, que saliera una propuesta de consenso. Precisamente por esto y porque pensamos que es importante que salga una auténtica proposición no de ley para la emigración, retiraremos del punto tercero la mención específica, dentro de los visados, al plan Greco y a su desarrollo normativo. No quiero dejar de decirles que, al igual que nosotros apoyamos ese consenso, les pedimos una oposición responsable. Cuando se hace una oposición responsable -y seguro que ustedes la van a llevar a cabo en este tema- creemos que es importante que también se reconozca lo que se ha hecho, y en el área de la emigración este Gobierno está cumpliendo de verdad con su objetivo.
Señor Centella, me parece lamentable su intervención porque, teniéndole una gran consideración personal, siento que haya perdido la visión y el rigor por la propuesta que ha hecho. Hacer una intervención como la suya, sin ningún sentido, totalmente oportunista y sin saber de lo que se está hablando en el área de la emigración, me parece poco sensato y poco riguroso con el tema. Espero, señor Centella, que su intervención de hoy haya sido una ocasión puntual y que no pierda el rigor, porque si no se pierde usted.
En cuanto a la intervención del Bloque Nacionalisa Galego, señor Aymerich, me ha parecido muy resentida, y lo comprendo. Entiendo que por parte del Bloque Nacionalista Galego piensen que el señor Fraga hace campaña en el exterior, pero le tengo que decir una cosa, señor Aymerich, el señor Fraga y su Gobierno no hacen campaña en el exterior; hacen política de emigración en el exterior continuamente. No es que ahora el señor Fraga se dedique a hacer campaña porque haya unas elecciones gallegas, no es que ustedes reclamen que el señor Fraga se quede ahora en Galicia porque no quieren que salga porque hay elecciones.
El señor Fraga, y eso lo saben los emigrantes, tiene una auténtica política de emigración y por eso los emigrantes lo apoyan mayoritariamente y por eso, desgraciadamente, no apoyan a su grupo.
Yo entiendo, cuando hacen sus planteamientos o cuando hacen este tipo de enmiendas, que vayan en ese sentido, pero le quiero citar solamente la frase de un emigrante que viene recogida en un medio de comunicación del exterior, que dice lo siguiente: Hablar de pucherazo con los votos de los emigrantes es faltarles al respeto, porque evidentemente -y yo en eso coincido- la emigración sabe muy bien a quién tiene que votar, y por ahora el señor Fraga tiene la inmensa mayoría de los votos. Espero que ustedes recapaciten. Sería bueno que su grupo tuviera una política más seria dentro del área de la emigración y seguro que le va a ser mucho más rentable, aunque mientras el señor Fraga esté apoyando a la emigración como lo está haciendo, tienen poco espacio electoral, eso se lo reconozco.
Coincidimos en otros puntos, pero las enmiendas que hoy usted presenta aquí no pueden ser aprobadas por mi grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Muñoz. ¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, abordamos de nuevo en esta legislatura diversos aspectos de la problemática de los emigrantes españoles y lo hacemos cuando aún está en el recuerdo de muchos parlamentarios la aprobación, en junio del año 1998, de un informe de una subcomisión parlamentaria impulsada por el Grupo Socialista, que afectaba a diversas actuaciones del Gobierno en el campo de la emigración. Hoy buena parte de las recomendaciones de aquel informe de la subcomisión continúan sin desarrollar y van en la línea de lo que apunta el Grupo Socialista en su iniciativa. Por tanto, vaya de entrada nuestro apoyo al planteamiento de fondo de la misma.
Es evidente, señorías, que el proceso de envejecimiento de buena parte de la población emigrante provoca nuevos problemas a estos colectivos y que la situación de muchos de los países donde residen estos ciudadanos españoles, especialmente en América Latina,

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es objeto de preocupación. Los grupos políticos que hemos tenido contacto en estos últimos meses con los representantes de esta colectividad así nos lo han hecho llegar y algunos parlamentarios incluso hemos tenido ocasión de mantener contactos personales, en mi caso con personas de Cataluña que viven en países como Ecuador y que plantean problemas personales de una gravedad absoluta. Por consiguiente, me parece esencial y necesario plantear una mayor eficacia de la actuación exterior del Gobierno de España en este ámbito. No tan sólo existe una coincidencia en las cuestiones de filosofía sino en las concreciones de esa demanda que efectúa esta proposición no de ley de mayor diligencia, de mayor eficacia y eficiencia de la Administración consular española.
En los próximos meses vamos a tener cuestiones importantes que discutir sobre la emigración: la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, donde sería importante que los grupos llegásemos a un amplio acuerdo; la mejora del funcionamiento de los procesos electorales, y es evidente que las polémicas que han salpicado a la opinión pública no favorecen el prestigio de la Administración española en este ámbito -en este aspecto la enmienda que plantea el Bloque Nacionalista Galego nos parece cargada de sentido común-; la mejora de las prestaciones sociales que reciben las personas de origen emigrante; la mejora de los procesos de formación sobre las lenguas que se hablan en España por parte de aquellos ciudadanos que las quieren aprender. La semana pasada en una reunión en la Embajada española en Berlín el mismo embajador nos decía que si alguna cuestión debíamos plantear en esta casa en relación con la situación de los ciudadanos españoles en Alemania, era precisamente la necesidad de mayores posibilidades de conocimiento de las lenguas que se hablan en el Estado español. Ahí no se plantea un problema de carácter social, pero sí de conocimiento de esas lenguas por parte de los hijos de la emigración. En ese sentido, insisto, nos parece un planteamiento positivo.
La enmienda que ha planteado el Grupo de Coalición Canaria para reforzar la participación de las comunidades autónomas en la definición de esas políticas nos parece esencial. Buena parte de los gobiernos autonómicos hoy están desarrollando políticas de apoyo a sus comunidades en el extranjero. Por tanto, cualquier referencia de acción pública del Estado en esta materia debe hacerse desde la coordinación en ese ámbito. Por eso sería bueno que el Grupo Socialista aceptase la enmienda que presenta Coalición Canaria.
Finalmente, la proposición no de ley incide también en un aspecto que ha sido objeto de multitud de discusiones en esta Cámara en lo que llevamos de esta legislatura y también en la pasada, como es el pésimo funcionamiento de la Administración consular en relación con los procesos de obtención de visados para aquellos extranjeros que pretendan emigrar hacia España. Buena parte de por qué la emigración irregular continúa siendo una realidad hoy en nuestro modelo de política inmigratoria es ese pésimo funcionamiento de nuestra Administración consular. Por eso plantear que en aquellos Estados de donde provienen fundamentalmente los flujos migratorios exista un incremento de los medios, de los recursos y de la profesionalidad de la Administración española nos parece absolutamente fundamental. Quizá nos sobra retórica y nos falta mayor eficacia. Son todo ello razones, señorías, que a nuestro grupo le inducen a apoyar la proposición no de ley, que si se aceptan las enmiendas de Coalición Canaria y del BNG nos parece excelente y que el texto que ofrece el Partido Popular como enganche para una posible transacción nos parece razonable. Yo espero que esta noche podamos votar de manera unánime esta cuestión.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra el señor Díaz para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, lo que nosotros planteamos hay que hacerlo y no se está haciendo, y la garantía es que lo apruebe esta Cámara.
Respecto a las enmiendas populares, valoramos positivamente el talante de la señora Muñoz y su enmienda, que pensamos que no mejora nuestra propuesta pero va en el mismo sentido y además viene de la mayoría. Por eso la valoramos y la aceptamos, con alguna matización que ya expuso ella y que afecta a nuestras discrepancias con la Ley de extranjería. Por tanto, aceptamos las enmiendas del punto 3 que ella corrigió. También aceptamos la enmienda número 2, de Coalición Canaria. Con la 4 tiene problemas la mayoría y en consecuencia no la aceptamos. Las enmiendas de Izquierda Unida y del BNG afectan al importante tema electoral, que no es un tema más sino con entidad para tener un debate específico. Coincidimos con los argumentos de los enmendantes, pero creemos que las enmiendas deben dar lugar a otra solución en otro debate y por ello las dejamos hoy fuera.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Administración consular y de los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles, que se somete a votación en los términos derivados del debate y plasmados en la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 282; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley de referencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL PREVISTOS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA. (Número de expediente 173/ 000053.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a la investigación sanitaria y farmacéutica. Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Martí. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.


Adelante, señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender la moción fruto de la interpelación que mi compañera y portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara presentó y defendió en el último Pleno, hace ahora dos semanas. (Rumores.) Empezaré mi intervención reivindicando...


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martí. (Pausa.) Adelante, señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Quisiera empezar mi intervención subrayando una vez más el apoyo y el compromiso político de nuestro grupo parlamentario con el sector farmacéutico en su conjunto; entiéndase profesionales de la Oficina de Farmacia, oficinas de farmacia como empresas al servicio del público, a la industria farmacéutica en su conjunto, a los colegios profesionales y demás agentes relacionados con ese sector, así como con la investigación, el desarrollo y la innovación y, en definitiva, con el Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad. Creo que esta breve referencia a título de preámbulo es necesaria dado que durante el transcurso de la interpelación motivo de la presente moción, por diferentes intervenciones que tuvieron lugar, pudo llegar a desprenderse que desde mi grupo parlamentario se podían anteponer determinados intereses corporativos, profesionales o territoriales al objetivo principal, es decir, a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud y al necesario compromiso de la industria farmacéutica con el mismo, especialmente en lo que se refiere a su apoyo a la investigación y a la innovación en los ámbitos cardiovascular y oncológico.
A título personal, la defensa de esta moción, cuya paternidad -y permítanme la expresión-, más allá del copyright de mi grupo parlamentario debe atribuirse a la diputada y compañera Zoila Riera, me produce una satisfacción especial a pesar de que pueda resultar rechazada en breves minutos. Y ello es así porque a raíz de la firma de la declaración conjunta entre la patronal de la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad y Consumo el 12 de julio del año pasado, por la que Farmaindustria aportaba al Sistema Nacional de Salud 5.500 millones de pesetas para financiar la investigación que se lleva a cabo en el Instituto Carlos III, este diputado que les habla, como miembro de la Comisión de Sanidad y Consumo, presentó en su día una solicitud de comparecencia del subsecretario del Ministerio ante dicha Comisión, comparecencia que tuvo lugar el 19 de septiembre del año pasado, al objeto de conocer los detalles de tal acuerdo. Es cierto que en esa comparecencia obtuvimos un cierto compromiso del subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con la accesibilidad -y utilizo este término porque fue la palabra exacta que usó el subsecretario- a los 5.500 millones de pesetas aportados por Farmaindustria por parte de las diferentes instituciones y entidades de investigación repartidas por todo el territorio del Estado español. La interpelación que motiva esta moción nace, pues, de nuestro interés en hacer el seguimiento y control oportunos de aquella declaración conjunta a la que me he referido, de la información dada por el subsecretario del Ministerio y muy especialmente del convenio de colaboración firmado el pasado 8 de marzo que oficializaba esa declaración conjunta.
Por lo que respecta al texto de la moción que nos ocupa, como no podía ser de otro modo, viene a concretar nuestra ya conocida opinión sobre el procedimiento que debería orientar la gestión de esos 5.500 millones que Farmaindustria aporta al Sistema Nacional de Salud, fruto del convenio firmado el pasado 8 de marzo, al que también me he referido. Se trata de una moción que condensa y simboliza de un modo muy especial una determinada visión política del funcionamiento que debería tener el Estado autonómico, asumiendo no sólo la descentralización desde el punto de vista administrativo sino desde el punto de vista político en todas y cada una de sus vertientes y ámbitos. Pero ese es otro debate en el que el trámite de esta moción no nos permite profundizar. En cualquier caso, teniendo en cuenta que sólo tres días después de la interpelación que motiva la presente moción tuvo lugar una reunión del Consejo interterritorial del Sistema Nacional

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de Salud, nuestro grupo parlamentario, a la vista de lo que allí se dijo y de lo que allí sucedió, se reitera en todos y cada uno de los argumentos que motivaron en su día la solicitud de comparecencia del subsecretario del Ministerio ante la Comisión de Sanidad y la presentación y defensa de la interpelación que motiva la presente moción. En el último Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud fue objeto de discusión el tema que nos ocupa, evidenciándose por parte de algunos consejeros de Sanidad de diferentes colores políticos, representantes de diferentes gobiernos autonómicos, el interés en alcanzar acuerdos y vías de solución que garantizasen la distribución equitativa de esos 5.500 millones de pesetas aportados por Farmaindustria al conjunto de la investigación oncológica y cardiovascular de todo el Estado y no sólo del Instituto Carlos III.
Ello no significa negar al Carlos III la condición de instituto nacional con voluntad de servicio al conjunto del territorio nacional, según palabras textuales utilizadas en esta Cámara por la señora ministra de Sanidad y Consumo en su intervención respondiendo a la interpelación que motivó esta moción que hoy estamos sustanciando. Sobre la base de esta filosofía, que en modo alguno pretende privilegiar a ninguna comunidad autónoma sobre otra en la distribución territorial de esos recursos, sino que lo que persigue es trasladar el esquema del Estado autonómico y de su distribución competencial al ámbito del reparto de los recursos que se destinan a la investigación sanitaria, la presente moción se estructura en tres apartados. El primero de ellos establece unos criterios y unos requisitos -objetivos que están en la línea de lo que se ha venido dictando en estos últimos años en otros países líderes en este ámbito- según los cuales debería procederse a distribuir los recursos procedentes del convenio firmado entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo. En ese sentido nuestro grupo parlamentario se pregunta: ¿Quién puede oponerse a criterios de calidad y productividad científica? ¿Quién puede oponerse a criterios de territorialidad en el reparto, sin perjuicio de la coordinación territorial necesaria? ¿Quién puede oponerse a criterios de concurrencia pública y competencia en calidad mediante convocatorias abiertas de investigación biomédica? Difícilmente se puede oponer a estos criterios el tan traído y llevado, el tan socorrido recurso del interés nacional y de la cohesión nacional, conceptos que, si me permiten SS.SS., después de más de 20 años de democracia ya hemos aprendido lo que con demasiada frecuencia implican para los intereses de la periferia, ya sean intereses políticos o de la sociedad civil.
El segundo punto de la moción persigue la compatibilización de las líneas de investigación biomédica consideradas más relevantes en el Plan de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2000-2003, con los planes de investigación de las comunidades autónomas, desde el punto de vista de la priorización de los fondos procedentes del acuerdo entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El punto tercero de la moción persigue un doble objetivo. Por un lado, potenciar el Instituto de Salud Carlos III, pero evitando que tal potenciación acabe perjudicando a los centros y organismos investigadores cuya sede no está en la capital del Estado, fomentando asimismo la investigación multidisciplinar y la integración de la investigación básica y aplicada.
Señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que los recursos que están en el origen de la interpelación y en la presente moción, así como los recursos que puedan revertir en el futuro por las vías que sean en el Sistema Nacional de Salud -seguramente estos no van a ser los últimos que tengan su origen en la industria farmacéutica-, ya sean procedentes de los presupuestos del Estado o con cargo a beneficios de un sector tan importante para la economía del país como es el sector farmacéutico, deberían ser distribuidos de manera equitativa, transparente y persiguiendo la máxima eficacia y eficiencia. Creemos que la moción que hemos presentado podría contribuir a hacer realidad estos objetivos, así como a poner una piedra más en la construcción del Estado autonómico en su vertiente sanitaria y la investigación biomédica.
Señores del Grupo Parlamentario Popular y señores del Gobierno, si me lo permiten, con este acuerdo firmado voluntariamente por Farmaindustria les ha tocado una buena lotería, no diremos que un premio de Navidad, porque tampoco es eso, pero un primer premio de lotería, un premio de 5.500 millones de pesetas que, según parece y si las cosas no cambian, ustedes se van a limitar a repartir la pedrea; y sigo hablando en términos de lotería. Ustedes conocen nuestra trayectoria y saben que no podemos aceptarlo sin más.
Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo a lo largo de la tarde; me consta que la voluntad política por ambas partes era esa, pero no lo hemos podido lograr. Lo que no es de recibo es que ustedes, más allá de la situación jurídica actual del Instituto de Salud Carlos III, no acepten que ese organismo público de apoyo a la investigación biomédica del Estado no pueda llegar a ser como mínimo en el futuro un organismo público descentralizado. Nos sabe mal no haber llegado a un acuerdo pero al menos lo hemos intentado.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta,señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para constatar nuestraopinión, nuestra preocupación y también el ánimo positivo

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ante la cuestión de fondo que plantea la moción presentada por Convergència i Unió, consecuencia de la interpelación realizada por dicho grupo a la señora ministra de Sanidad y Consumo durante el Pleno celebrado en esta Cámara el día 21 de marzo. Si la investigación es transcendental en una sociedad que quiere avanzar, la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud es, además, imprescindible por la dimensión que para el ser humano alcanza la preocupación por la enfermedad o el riesgo de enfrentarse a ella. Es para una buena parte de nuestros ciudadanos el centro de sus vidas cuando sus allegados o ellos mismos pierden la salud. A la vez, la dinámica de los tiempos exige al hombre plenas facultades y genera en un mundo tecnológico expectativas crecientes ante las dificultades biológicas, pero genera también un inconformismo positivo que se rebela contra el sufrimiento tanto individual como colectivo. Por eso, un sistema de salud avanzado y progresista ha de ser ambicioso y prospectivo, capaz de ofrecer soluciones cotidianas, pero también de buscar aquellas que en un plazo u otro resuelvan lo que hoy no es aún posible u ofrezcan al menos la esperanza de hacerlo. Así lo entiende nuestra Ley general de sanidad, que dedica el capítulo II y los artículos del 106 al 113 a la investigación sanitaria. Le confiere nuestra Ley de sanidad tanta importancia que no sólo fija los mecanismos operativos de coordinación, de financiación, etcétera, sino que en un alarde de compromiso recomienda dedicar hasta el 1 por ciento de los presupuestos sanitarios a la investigación, eso sí, de manera progresiva. Así, a partir de esta ley y durante una década, la investigación sanitaria en nuestro país se multiplicó, pasando a ser un valor clave en el sistema pero también un gran estímulo para los profesionales. La llegada del Partido Popular al Gobierno coincide con un período de gran preocupación global a nivel mundial por las ciencias biomédicas, con publicitación masiva de los avances científicos e incluso una cierta carrera del conocimiento. A este estímulo positivo podríamos añadir una coyuntura económica ideal para dedicar parte de la riqueza generada a las tareas de investigación, que son en realidad tareas de provisión y de previsión de contingencias futuras. Sin embargo, los gobiernos del Partido Popular no sólo no realizaron el esfuerzo inversor necesario sino que malgastaron esa coyuntura en una política equivocada de relumbrón, alejada del tejido investigador que se había ido creando con gran esfuerzo en el Sistema Nacional de Salud. Así, entre los años 1996 y 2001, el FIS sólo experimento un crecimiento del 1,7 por ciento en su presupuesto. Las limitaciones presupuestarias propias del idolatrado déficit cero combinadas con la escasa ambición del Ministerio de Sanidad y Consumo para con la investigación han determinado que en los presupuestos del año 2001 se dedique solamente el 0,4 por ciento a esta prioridad, muy lejos del 1 por ciento que la Ley de sanidad recomienda. Ya anteriormente, el último gabinete sanitario del Partido Popular había intentado obtener fondos adicionales a través de la industria farmacéutica en una pirueta harto difícil: compatibilizar las políticas de contención del gasto farmacéutico con el estímulo indirecto a la investigación; por cierto, todo esto un fiasco. Ahora la señora ministra ha firmado un convenio con la industria farmacéutica por 5.500 millones, que a pesar de ser presentado como de larga gestación es obvio que fue precipitado y poco transparente y a nuestro modo de ver adolece de varios defectos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) En primer lugar, no se ha contado con las comunidades autónomas y su paso por el Consejo interterritorial fue sólo testimonial, tardío y de tipo informativo. No se tuvo en cuenta, pues, que parte del esfuerzo en el control del gasto farmacéutico lo hacen las comunidades autónomas, por lo que deberían haber sido consultadas de alguna manera. En segundo lugar, supedita la continuidad de las líneas de investigación a futuras negociaciones.
Una revista de difusión médica recogía hace pocos días la preocupación del doctor Barbacid por la solidez presupuestaria del CNIO para las sucesivas anualidades, que él estima en 4.000 millones anuales, muy lejos de los 1.800 que este año le dedica el Ministerio.
En tercer lugar, no establece mecanismos que impidan condicionantes externos en la priorización de las líneas de investigación. Esto, que ya es grave por sí, sería aún mucho más grave y más preocupante en ausencia del durmiente Plan estratégico del Instituto Carlos III y de la falta de continuidad en el seguimiento de los proyectos y objetivos al dejar de publicarse, desde el año 1996, las memorias y los anuarios del FIS.
Después de estas consideraciones queremos dejar meridianamente claro que nuestro grupo no se opone a la puesta en marcha de centros monográficos como el Instituto de investigaciones oncológicas o el Instituto cardiovascular, pero se debe exigir y garantizar su vinculación directa con los centros del sistema asistencial sanitario español. Su puesta en marcha no debe detraer recursos de otras áreas investigadoras; recordamos aquí el desvío de 500 millones de pesetas en alguna ocasión al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas provenientes del propio FIS. Además, debería contribuir a descentralizar el sistema científico sanitario español. El Instituto Carlos III tiene que mantener y acrecentar su función de soporte científico-técnico del Sistema Nacional de Salud, pero descentralizando sus instalaciones, como motor de desarrollo científico en todo el territorio español. Los fondos adicionales externos tienen que emplearse para dotar de infraestructura científica tanto a los centros monográficos como a los centros del Sistema Nacional de Salud, para revitalizar las unidades de investigación combinadas por el plan Reuni hasta constituir una auténtica metodología de investigación en red. Los criterios de productividad científica, territorialidad, objetividad y transparencia

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que expone la moción son rotundamente compartidos por nosotros, pero añadiríamos un cuarto criterio más, un cuarto criterio necesario para armonizar en todo el territorio español las posibilidades de investigación científica en este campo.
Sugerimos que esos fondos se distribuyan equitativamente a los centros nacionales, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, al Instituto cardiovascular, pero también a las unidades de investigación de los centros del Sistema Nacional de Salud y a la creación de nuevas unidades e impulso de las ya existentes.
No podemos estar completamente de acuerdo en el apartado 2, puesto que la priorización del Ministerio de Sanidad y Consumo no tiene por qué estar supeditada a coincidir con la del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Sanidad y Consumo debe realizar a nuestro juicio un esfuerzo presupuestario adicional al Plan nacional de I+D+I, y ese esfuerzo debe también dirigirse a objetivos diferentes.
Por todo ello vamos a apoyar la moción del grupo proponente, con el ruego de que admita la modificación relativa al segundo punto y que quedaría como sigue. 2. Priorizar a través de los fondos procedentes del citado acuerdo las líneas de investigación biomédica consideradas más relevantes para el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta los planes de investigación de las comunidades autónomas.
Para concluir y sólo para resaltar la importancia de lo que estamos tratando aquí, quiero retornar al principio en el que hablábamos de enfermedad y de salud, de dolor y de esperanza. Muchos ciudadanos tienen sus ojos puestos en este tipo de decisiones que parecen simples, pero muchos investigadores casi anónimos de este país también esperan ver mejorar sus expectativas de conocimiento y calidad. Está en nuestras manos hacer sus condiciones de trabajo más confortables, su estímulo y la satisfacción de ellos será también la satisfacción de todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fidalgo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a dar nuestro apoyo a la moción que estamos discutiendo presentada por el Grupo Catalán.
Tanto del debate que se produjo el día 21de marzo como del que se está produciendo en el día de hoy, nos parece que ha sido importante la clarificación que en su momento se produjo, a raíz de las propias declaraciones realizadas por la señora ministra, en el sentido de que si bien los acuerdos de Farmaindustria no formaban parte del pacto planteado, como recordarán ustedes por la moción del día 19, la señora ministra aclaró que se mantenía el compromiso de que para finales de junio aproximadamente, el Ministerio, en línea con el plan integral para la contención del gasto y para el uso racional del medicamento, llegaría a un pacto de estabilidad que hiciera sostenible el sistema. En general, este pacto concreto con Farmaindustria nos parece positivo, por la aportación que se ha logrado para la totalidad del Sistema Nacional de Salud.
Quiero aclarar que nos parece importantísimo el valor añadido en todo lo que se refiere al papel de la investigación, el desarrollo y la innovación; valor añadido que se produce por la investigación pública en su conjunto, por el sector farmacéutico y por la industria, con independencia de que de alguna forma esto hay que valorarlo en el contexto global de hacer sostenible el desarrollo del sistema para que se puedan seguir incorporando las nuevas innovaciones que la investigación sanitaria y farmacéutica están aportando al sistema; innovaciones que han de hacerse compatibles con los costes y las posibilidades económicas de desarrollo de este país.
Creemos que este acuerdo concreto con Farmaindustria debe revertir a la globalidad del Sistema Nacional de Salud por dos razones: primera, porque hay que recordar que en el acuerdo del 27 de noviembre de 1997, por el que se aprueba el sistema de financiación de los servicios sanitarios para el cuatrienio 1998-2001, que está aun vigente y ha sido el que ha propiciado los desarrollos de los presupuestos anuales durante estos cuatro años del sistema nacional en su conjunto y de las transferencias realizadas a cada uno de los sistema autonómicos de salud, en el punto 5 de ese acuerdo, cuando habla de suficiencia de recursos dice textualmente: Adicionalmente la capacidad de cobertura financiera del sistema aumentará como consecuencia de las medidas de racionalización del gasto; gasto que se cifraba en unos 65.000 millones de pesetas. Pues bien, todos sabemos que esta adición de 65.000 millones de pesetas anuales al sistema en su conjunto no se ha producido. Nosotros entendemos que se ha producido de forma favorable un acuerdo con Farmaindustria, en línea con el acuerdo de financiación vigente. No estamos hablando de lo que haya podido afectar la no incorporación de estas partidas a las diferentes líneas como formación o actividad asistencial, sino que nos estamos refiriendo en concreto al acuerdo de Farmaindustria a lo que es investigación.
El segundo punto por el cual damos nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Catalán es porque entendemos que las políticas regionales de I+D+I tiene cada vez mayor importancia incluso en el contexto de las políticas desarrolladas por la Unión Europea, debido a que la proximidad de las administraciones autonómicas a los sectores productivos, a las universidades y a los centros de investigación que hay en nuestro territorio deben ir en consonancia con esta distribución territorial que se propone. Creemos que cada vez son

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más las comunidades autónomas que están dotándose de planes regionales y autonómicos de I+D que están financiados por fondos propios, pero creemos que también deben verse complementados con las líneas de investigación y con fondos estatales. En este sentido entendemos que la Administración general del Estado, en este caso el Ministerio, debe hacerse corresponsable en la búsqueda de un reequilibrio territorial en materia de investigación científica, haciéndolo compatible con la promoción de la calidad de las actividades desarrolladas por el sistema sanitario en lo que se refiere a las actividades de investigación sanitaria y farmacéutica en particular, haciéndolo compatible con el desarrollo de centros de investigación en consonancia con las directrices europeas en este sentido.
Incluso estando de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se habla de la potenciación del Instituto de Salud Carlos III, hemos planteado en nuestra enmienda que la distribución sea a través del Consejo Interterritorial, con independencia de que los criterios los debe de poner el Consejo Interterritorial y que ha de ponderarse -y esto no quiere decir que estemos hablando de una distribución matemática a nivel territorial- el papel del Instituto de Salud Carlos III, pero eso no debería entrar en contradicción con que se pudiera realizar una distribución en la cuantía y con los criterios que el propio Consejo Interterritorial considerara pertinente, basándose en los puntos que plantea la propia moción de CiU que son: distribución territorial, calidad y productividad científica y concurrencia pública.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Popular, señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar cierto sentimiento de perplejidad al escuchar a determinados portavoces esta noche en esta moción, porque parecía que la misma la presentaba el Grupo Parlamentario Popular, habida cuenta del rapapolvo, por otra parte habitual, con que algunos portavoces de otros grupos parlamentarios nos obsequian en esta Cámara cuando se debaten temas de sanidad.
Como de lo que se trata aquí es de retomar una oportunidad que a criterio de mi grupo creo que se perdió cuando se presentó la interpelación el día 21 de marzo, que era discutir las políticas sanitarias en materia de investigación biomédica y farmacéutica, como se trata de retomar esa oportunidad que a criterio de mi grupo se perdió, es bueno que vayamos al grano sin perdernos en demasiadas alharacas.
Desde el Grupo Popular creemos que aquella tarde del 21 de marzo se perdió una oportunidad importante porque, como ya dijo la señora ministra y dijo bien, ciertamente no se trataba sólo de hablar de un convenio o de un acuerdo, sino que se trataba de algo más, precisamente se trataba de debatir lo que en ese convenio y en ese acuerdo subyacía y enmarcaba que no era otra cosa -así por lo menos lo entendíamos nosotros, señor presidente- que iniciar un debate que por otra parte el señor portavoz del Grupo Catalán ya lo ha esbozado aquí al hablar de las comparecencias con el subsecretario, y con independencia de símiles de juegos de azar más o menos afortunados de pedreas y de aciertos o de plenos en conjunto, es lo cierto, señor presidente, que ahí era donde estaba la médula del debate, es decir las líneas de prioridad a la investigación biomédica que la población española demandaba en función de una serie de parámetros -permítanme la expresión- que en el Plan nacional de investigación científica estaban recogidos y que todos los portavoces, unos más acertadamente que otros, lo han enunciado aquí: la demanda del Sistema Nacional de Salud y la sociedad; la prospectiva evidente científica y tecnológica a medio y a largo plazo; las áreas de actividad de los grupos de investigación y desarrollo; y la evaluación científica y tecnológica.
Nosotros creemos, señor presidente, que hay que establecer esas prioridades en la investigación, independientemente de cualquier otro criterio, y que debe asegurar la capacidad de impresión, la capacidad de alcanzar resultados válidos, y que deben dirigirse a aquellos centros que sean capaces de garantizar las líneas de investigación del más alto nivel. De ahí que nosotros en la enmienda que presentamos hagamos mención precisamente, y lo hacemos sin ningún tipo de rubor y mucho menos con sentido de complejo de inferioridad, a lo que dijo la ministra el otro día en la interpelación, con centros que nacen y han nacido con vocación de servicio al resto del territorio y a todo el conjunto de España, porque no solamente es una frase retórica sino que es una solución a la problemática que se creó en el debate, que aquí precisamente ha pasado de puntillas porque nos hemos entretenido en otra serie de cuestiones sobre la creación de institutos de investigación biomédica en conexión con el Sistema Nacional de Salud y en el cual el Instituto de Salud Carlos III ha tenido no solamente una tradición sino una realidad. Fruto de esos planteamientos eran, ya lo dijo la ministra y no es cuestión de repetirlo ahora, las fundaciones que se acoplan al Centro Nacional de Salud Carlos III como son el Centro Nacional de Investigación Oncológica y el Centro de Investigación Cadiológica. La creación de estas fundaciones responde a ese plan estratégico al que antes me he referido. Con esto, señor portavoz del Grupo Catalán, nosotros creíamos que se recogía el espíritu de las prioridades de su punto tercero, no sólo en la interpelación sino en la moción que hoy debatimos. El Instituto de Salud Carlos III no tiene sólo como objetivo la previsión de desarrollo a medio y largo

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plazo, sino fomentar la investigación, tanto la básica como la aplicada, pero sobre todo, y de ahí también que no nos opongamos y veamos el sentido de la territorialidad que S.S. ha presentado esta noche y que nosotros lo queremos ver con un sistema menos oblicuo y más amplio, no sólo desde el punto de vista retórico sino de la médula del debate, de trabajar en red con todas las comunidades autónomas.
No me negarán que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no sólo son capaces de dotar al país de una infraestructura competitiva en el concierto internacional de la investigación, sino que además está estrechamente relacionado con la red de bancos de tumores, por ejemplo, que se va a configurar a través de la colaboración con las comunidades autónomas. Si se elabora a través de la relación con las comunidades autónomas, se ve también en el Consejo Interterritorial de Salud y no me negarán que se trata de una línea clara de descentralización. Otra cosa es que se quiera vaciar de contenido al Instituto de Salud Carlos III, que para nosotros sería perjudicial y respondería a criterios provisionales o aleatorios de la forma de ver la gestión sanitaria.
La pregunta que se planteaba el otro día la señora ministra era si el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III deberían ser centros nacionales de referencia. Como no nos consideramos poseedores absolutos de la verdad, respetando cualquier otra opinión, la nuestra es que sí, y de ahí que hayamos presentado la siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar adecuadamente el Instituto de Salud Carlos III como el organismo público de apoyo científico-técnico al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los distintos servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas.
La señora portavoz del Grupo Catalán decía el otro día que su grupo parlamentario tiene por norma poner más empeño en la búsqueda de las soluciones a los problemas que en la recreación de los conflictos.
Pues bien, espero que sean coherentes esta noche con lo que su portavoz dijo hace dos semanas en la interpelación urgente que presentó al Gobierno y que promovió la presencia de la señora ministra de Sanidad y Consumo. En aras a ese consenso y después de oír a los portavoces, el Grupo Parlamentario Popular es capaz de retirar la enmienda y llegar a la transaccional que proponemos precisamente porque estimamos que recoge todas las intervenciones que ha habido y que tanto le preocupaban al portavoz del Grupo Catalán.
Si se acepta esta transaccional estaríamos dispuestos a retirar nuestra enmienda. La transaccional que proponemos es la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar, a través de los recursos procedentes del convenio de colaboración consolidado el pasado 8 de marzo entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo, las líneas de investigación biomédica consideradas más relevantes para el Sistema Nacional de Salud con criterios de calidad, productividad científica, concurrencia pública y territorialidad, con el fin de consolidar los grupos de investigación biomédica existentes. Esta enmienda transaccional además de defender claramente la posición de mi grupo en lo que entendemos el papel que debe desempeñar el Instituto de Salud Carlos III y de por qué se había perdido la oportunidad en aquel momento cuando se debatió la interpelación urgente de abrir un debate en profundidad sobre el sistema sanitario, responde a lo aquí debatido, pero sobre todo hace buena aquella frase feliz de la portavoz del Grupo Catalán cuando decía que su grupo parlamentario tenía por norma poner más empeño en la búsqueda de las soluciones a los problemas que en la recreación de los conflictos. La solución se la da el Grupo Parlamentario Popular; señor portavoz de CiU sea capaz de aprovecharla.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidente.
Anuncio que retiramos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, apoyamos la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en los términos que ha sido planteada, y espero que me aplaudan a mi también por el tiempo que les voy a ahorrar de estar aquí escuchándome.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario del PNV, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Aun no habiendo presentado enmiendas, el Grupo Vasco no quiere dejar pasar la oportunidad de fijar su posición sobre esta iniciativa que considera importantísima en un tema tan trascendental como es el de la financiación de la sanidad y que está llamado a tener un protagonismo notable en los tiempos venideros. Realmente fue un acierto por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la presentación de la interpelación, muy bien presentada y defendida por al señora Riera, que hoy ha defendido también con acierto y precisión el señor Martí. El convenio de colaboración firmado el día 8 de marzo entre la ministra y la representación de la patronal de Farmaindustria, tiene una importancia tremenda. En su preámbulo se hacen las manifestaciones habituales de que se buscan los objetivos de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, lo que supone incrementar los niveles de calidad de la atención actualmente dispensada e incorporar

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a su ámbito de actuación la cobertura de nuevas necesidades emergentes. Se habla evidentemente del mejor aprovechamiento de los recursos existentes, y en particular de una mejor atención a la moderación del gasto farmacéutico público y a la promoción del uso racional de los medicamentos. En fin, señorías, desde la perspectiva de nuestro grupo, palabras. La sustancia de este acuerdo viene cuando se dice que Farmaindustria se compromete a aportar al Sistema Nacional de Salud la cantidad de 5.000 millones de pesetas. Explicado con claridad y en lenguaje llano, llamando a las cosas por su nombre, ocurre que Farmaindustria hace un regalo al Sistema Nacional de Salud por el gasto en farmacia; es decir existe contraprestación, y la expresión regalo se utiliza entre comillas. En lenguaje coloquial, Farmaindustria mete kilos en el sistema, pero ¡ojo!, hay que tener en cuenta que quien ha gastado en farmacia no es sólo el Gobierno del Estado, no se ha hecho sólo desde las instancias centrales, sino que todas las comunidades autónomas y singularmente las que tienen la competencia asumida, han tenido un importante gasto farmacéutico, con incrementos tan notables como el que se hace desde ámbitos centrales.
El regalo, entre comillas, se ha de repartir entre todos. Además, cabría sostener que en el caso de la comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra encima habría que hacer un ajuste bilateral dado los particulares sistemas de financiación de que disponemos, por haber previsión constitucional. Por ello, no puede más que parecernos enormemente justo el planteamiento que recoge la moción que presenta Convergència i Unió: distribuir los recursos procedentes del convenio, puesto que es retribución de un gasto en farmacia que todos hacemos, todas las comunidades autónomas hacen, y que se dedique a centros de investigación de todo el Estado. Los criterios empleados de calidad y productividad, criterios de territorialidad, de concurrencia pública y competencia, nos parecen admirables.
Si nos permite el Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos gustaría sugerirle que modificase la palabra priorizar, pues no creemos que exista en castellano. A quienes sostenemos que hay otras lenguas oficiales además del español o castellano, nos gusta también ser correctos, utilizar con precisión el lenguaje, y dar preferencia, considerar en primer lugar o especialmente, nos parece más adecuado que la expresión priorizar que, insistimos, creemos que en el diccionario de la lengua castellana no existe. Igualmente, en este punto 2 lo que se corrige en cuanto a las líneas de investigación biomédica y dedicación a la investigación y desarrollo e innovación tecnológica en los planes 2000-2003, también tiene nuestro beneplácito.
Nos hubiese gustado que en el punto 3 se hubiese recogido hablar de potenciar el papel de la investigación biomédica en el conjunto del Estado quizá sin referencia específica al Instituto de Salud Carlos III, sin demérito, por supuesto, de su enorme prestigio y el de muchos de sus ilustres investigadores, pero creemos que sería más acorde con la idea de evitar la concentración de dicha actividad en grandes centros que pretende el resto del punto 3. A pesar de ello, apoyaremos la totalidad de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
No sabemos, porque es decisión que corresponde al grupo proponente, cuál será la suerte de las enmiendas. Al Grupo Vasco le parece que todas tienen algo de admirable. Sí nos parecería una pequeña broma que se introdujese la enmienda que propone el grupo mayoritario.
Sustituir el texto por la enmienda propuesta por el Grupo Popular nos parece que es quitarle virtualidad a la interpelación y a la moción; quedaría sin referencia ninguna al convenio. En todo caso, repetimos que el texto que Convergència i Unió propone y lo que acepte será apoyado por el Grupo Vasco.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Martí, tiene la palabra a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señor presidente.


Por nuestra parte, aceptamos muy gustosamente la enmienda in voce de tipo lingüístico para sustituir priorizar por dar preferencia, que proponía el Grupo Parlamentario Vasco.
Agradecemos muy sinceramente a la portavoz de Izquierda Unida la retirada de las enmiendas y el apoyo a la moción. También aceptaríamos, cómo no, la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que mejora el texto inicial de nuestra moción. Asimismo, aceptaríamos la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que creemos va en la misma línea filosófica de lo que propone la moción del Grupo Parlamentario Catalán. Por fin, lamentamos profundamente no poder aceptar la enmienda transaccional que ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Aun entendiendo que demuestra cierta sensibilidad para intentar ponerse de acuerdo con nosotros, creemos que es insuficiente puesto que tenemos una idea muy diferente de la suya sobre lo que debería ser el Instituto Carlos III, pues creemos que debería ser un instituto de investigación que acogiera en su seno a las diferentes instituciones investigadoras del resto del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martí, su intervención era a los efectos de comunicar al hemiciclo las enmiendas que acepta.


El señor MARTÍ GALBIS: Ya he terminado.
Gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a la investigación sanitaria y farmacéutica, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 122; en contra, 152.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN FERROVIARIA. (Número de expediente 173/000054.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de gestión ferroviaria. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura. (Pausa.-Aplausos.) Señorías, les ruego guarden silencio.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción consecuencia de la interpelación formulada por este grupo parlamentario al Gobierno en la pasada sesión plenaria, que titulamos sobre modelo de gestión ferroviaria, tiene su origen esencialmente en la necesidad de implementar en España toda una larga serie de políticas dictadas por las instituciones comunitarias, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del pasado día 15 de marzo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Tres directivas comunitarias han venido marcando una ruta que en España debemos tener muy presente para posibilitar e integrar dentro de la red del transporte europeo las políticas de transporte ferroviario.
La moción que presentamos propone, en primer lugar, la elaboración de un contrato programa del Estado con Renfe; en segundo lugar, un contrato programa del Estado con el GIF; en tercer lugar, un contrato programa del Estado con Feve; y en cuarto lugar, la necesidad de la elaboración de un Libro Blanco del transporte ferroviario que recoja las diferentes políticas que debe posibilitar el Gobierno español a efectos de incrementar la libre competencia del transporte ferroviario español con el transporte ferroviario comunitario. En el punto quinto mostramos la necesidad de impulsar el saneamiento financiero de Renfe y de Feve. No nos olvidemos, señorías, de que hoy en día Renfe tiene una deuda histórica acumulada a lo largo de los años de un billón 200.000 millones de pesetas y tampoco olvidemos que para poder cumplir los mandatos comunitarios es necesario establecer una diferenciación de esa deuda. Es una deuda acumulada a lo largo de decenas de años, una suma integrada por diferentes sumandos, uno de los cuales es imputable a responsabilidades estatales, otro puede ser imputable a déficits consecuencia de operaciones financieras de la propia empresa, y un tercer sumando a la gestión vinculada a la misma. Es menester resolver esta situación a efectos de cumplir el mandato comunitario que implica la liberalización del transporte ferroviario, que pasa inexorablemente por la necesidad de posibilitar que el operador predominante que hoy es Renfe se encuentre en condiciones de poder competir con otros operadores.En el punto sexto proponemos una serie de medidas que el Ministerio de Fomento debería adoptar a efectos de posibilitar la intermodalidad y cumplir las directivas, reglamentos e instrucciones comunitarias publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas que regulan el transporte intermodal de mercancías en el seno de la Unión Europea.
En el punto séptimo defendemos la necesidad de un único gestor de infraestructuras ferroviarias. En el punto octavo planteamos que, una vez que se vaya avanzando en las políticas de liberalización del transporte ferroviario, la empresa Renfe sea de titularidad pública, porque entendemos que tanto Renfe como Feve han jugado un papel básico en el transporte ferroviario español y deben continuar jugándolo, deben estar en condiciones de competir con otros operadores que están tomando posiciones no solamente en el mercado europeo sino también en el mercado español para competir con Renfe y Feve. Renfe y Feve hoy son patrimonio del Estado español y no hay ninguna instrucción comunitaria que implique la enajenación de los bienes de Renfe ni la necesidad de hacer entrar capital privado; en consecuencia, dependerá de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles representados en las Cortes Generales, que serán quienes indiquen la posibilidad o no de que el capital privado entre a formar parte del capital de esta empresa en un futuro, que esperemos, si ello se produjese, que fuera dilatado en el tiempo.
Señorías, la moción que ahora estamos defendiendo, integrada por estos ocho puntos que he descrito someramente y que figuran en el texto presentado en la Cámara, marcan ocho líneas directrices que el Grupo Parlamentario Socialista considera esenciales en ese proceso de modernización de la estructura ferroviaria española. Lo hacemos desde la óptica de los contenidos de las tres directivas comunitarias que constituyen, como coloquialmente se ha denominado, el segundo

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paquete de política ferroviaria, que se publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el pasado día 15 de marzo, y que tienen unos contenidos que no pueden servir de cobertura para políticas que justifica el Gobierno del Partido Popular.
Tenemos muy claro que, por lo que se refiere a la tarifación o tarificación -porque, según la terminología, puede emplearse cualquiera de estos dos términos- por el uso de infraestructuras, las directivas comunitarias sostienen claramente el principio de mantenimiento de la cobertura de los costes de infraestructuras por los operadores. Las directivas comunitarias no obligan a dividir la gestión de las infraestructuras entre gestores diferentes. Como consecuencia del análisis de la situación española, nos parece mucho más positivo para nuestro futuro modelo de desarrollo ferroviario que exista un solo gestor ferroviario con competencia plena en la construcción, mantenimiento y gestión de toda la infraestructura. Hoy existen cuatro entes gestores de la infraestructura. De acuerdo con las directivas comunitarias pueden ser uno o más, pero diferenciados del ente público que autorice el uso de las infraestructuras, que aplique la norma. Desde esa perspectiva, el Gobierno español puede adoptar la decisión de un solo ente gestor de infraestructura o varios. Los miembros del Grupo Parlamentario Popular años atrás hablaban del riesgo que se corría en España en el ámbito del transporte ferroviario porque podíamos propiciar la creación de dos Españas a dos velocidades distintas, con la repercusión económica que ello suponía en aquellas zonas donde llegaba el ferrocarril. Pues bien, uno de los mecanismos de salvaguardia para que no existan esas dos Españas diferenciadas a dos velocidades se puede encontrar en ese primer origen, en esa primera decisión, en la creación de un solo ente gestor de las infraestructuras ferroviarias. Ante las múltiples posibilidades que ofrece la directiva comunitaria, el Grupo Parlamentario Socialista se inclina por esta fórmula.
Señorías, las directivas comunitarias tampoco imponen la externalización en el mantenimiento de las infraestructuras, y nosotros creemos que deberá seguir siendo responsabilidad del administrador. De ahí nuestro criterio de que ese ente gestor tenga naturaleza pública y no ocurra como pasó en el Reino Unido, que el ente gestor de infraestructura ferroviaria se fraccionó en varios de titularidad pública y, pasados los años, salió a Bolsa y se privatizó. La seguridad ferroviaria, la garantía de la calidad en la prestación del servicio, se vincula esencialmente a la calidad del mantenimiento de las infraestructuras. Nosotros no vemos en ninguno de los integrantes ni en las directrices políticas dimanadas de estas directivas comunitarias indicador alguno en contra del planteamiento que estamos haciendo, por eso lo contemplamos como uno de los puntos objeto de la resolución de esta moción. Las directivas no imponen la obligatoriedad en la externalización, en la gestión de los talleres de mantenimiento o en las infraestructuras vinculadas a las telecomunicaciones, dado que se trata de servicios que pueden ser prestados por el ente propio gestor de las infraestructuras. Las directivas tampoco imponen la obligatoriedad de enajenación del patrimonio cuya existencia viene reconocida y especificada claramente en la directiva 12/2001 a la que estamos haciendo referencia. Las directivas no obligan, en modo alguno, ni a la privatización de Renfe o Feve como operadores ferroviarios ni a la entrada de capital privado en las empresas públicas ferroviarias, si bien es cierto que tampoco lo impiden. En consecuencia, con respecto al modelo de gestión ferroviaria que hemos defendido en la interpelación precedente a esta moción, tenemos una posición política claramente distinta de la que viene marcando el Gobierno a través de los responsables del Ministerio de Fomento. Es un imperativo claro y rotundo que a lo largo de los próximos dos años, hasta el 15 de marzo del año 2003, el Gobierno español tiene tiempo, porque así lo indica la directiva, para trasponer al ordenamiento jurídico español los contenidos de la misma. Pero durante este tiempo, que se podrá acortar razonablemente, el Gobierno español debe impulsar mecanismos de aplicación de los contenidos de las directivas: en primer lugar, la separación competencial de la función de creación de infraestructuras, de mantenimiento, de seguridad en lo que se refiere a telecomunicaciones, a suministro de energía eléctrica, es decir, el patrimonio y la tecnología vinculadas al propio transporte ferroviario. Un ente gestor, no varios. Repito, un solo ente gestor.
En segundo lugar, comenzar a posibilitar la liberalización del transporte de mercancías, no el de pasajeros, ya que el de pasajeros surgirá de directivas que previsiblemente en el próximo año impulsarán las instituciones comunitarias. La liberación en el sector del transporte de mercancías implicará, sin duda alguna, una actitud valiente para implementar políticas que posibiliten que empresas transportistas que transportan mercancías por carretera acuerden con empresas ferroviarias la creación de entes mixtos que permitan el trasvase de cierto porcentaje de mercancías de la carretera al ferrocarril. En tercer lugar, tendrá que haber de la Administración pública competente en materia de regulación normativa, de inspección, de exigencia de responsabilidades y de implementación de las políticas de liberalización.
Consiguientemente, señorías -y con ello termino, señora presidenta-, estimamos que se acercan momentos de toma de decisión relevantes...
(Risas.) Aquí hay que poner un espejo retrovisor, señor presidente, porque no sabe uno si preside la señora presidenta o el señor vicepresidente. Señor vicepresidente, termino diciendo que el Gobierno deberá elaborar un libro blanco en el que se recojan propuestas que hayan surgido de entidades sociales, sindicales, de comunidades autónomas, de entidades metropolitanas, de un debate público y que esas propuestas, en un tema tan relevante, se engarcen en un texto que el Gobierno

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español -como han hecho prácticamente todos los gobiernos comunitarios, como hizo en 1996 con el Libro Blanco del transporte ferroviario la Comisión Europea- que sirva de cauce para un conjunto de preocupaciones que se plasmen en decisiones consensuadas por cuanto los temas que estamos debatiendo requieren consenso y entendimiento con las comunidades autónomas, con los operadores y, sobre todo, potenciación de la empresa transportista española en relación con las empresas de los restantes países comunitarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida comparte la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto al modelo de gestión ferroviario.
Con nuestra enmiendas, mi grupo parlamentario intenta mejorar el texto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que en las directivas europeas no sólo hay una aplicación que no nos tenga que llevar a la necesidad de liberalizar el sector, entendiendo como tal la privatización del sector ferroviario, sino que esa liberalización nos tiene que llevar a puntos de inicio distintos de los actuales. El señor ministro, en su comparecencia -según reza el «Diario de Sesiones» número 71, página 3.517-, decía textualmente: Es el último modo de transporte que se liberaliza y precisamente por eso ha estado en riesgo de desaparecer como alternativa de transporte. Gracias a una nueva tecnología, la de alta velocidad, y a un modelo en competencia, hoy el ferrocarril tiene futuro en España y en Europa. No sería justo señalar la importancia del modelo si para que ese modelo se pueda poner en práctica no hiciéramos un esfuerzo para modernizar nuestras infraestructuras ferroviarias.
Señorías, el sector del transporte ferroviario compite con la carretera y con el avión. Si hay una falta de inversión en el transporte ferroviario no es precisamente porque haya habido una política que, en este caso, no haya permitido precisamente esa competitividad. Ha habido un modelo de transporte que ha primado las inversiones en carretera y también, de algún modo, las inversiones en la mejora de las instalaciones de los aeropuertos, en detrimento, durante muchísimos años, de la mejora de las infraestructuras en ferrocarril y en el transporte de mercancías, que se va a liberalizar exactamente en dos años a través de las directivas europeas, que es precisamente lo que el propio Ministerio de Fomento está planteando.
Además de lo que se contiene en la moción del Grupo Parlamentario Socialista, en el contrato programa de Renfe añadimos una enmienda para que se pueda hacer una apuesta decidida por la mejora de la calidad del ferrocarril convencional. Hemos argumentado en muchísimas ocasiones que el ferrocarril convencional es un instrumento vertebrador del territorio y que tiene que quedar fijado en las inversiones que se contengan en ese contrato programa tanto la mejora como el desdoblamiento, la electrificación de los trazados actuales y la modernización tecnológica de instalaciones y del material porque eso supone una apuesta decidida no solamente por tener líneas de altas prestaciones sino tener el mismo nivel de prestaciones para los usuarios.
En lo que se refiere a la segunda enmienda que hemos presentado, no creemos que el Estado español pueda correr tanto como para que en 2003 tenga realizadas todas las inversiones previstas. Es mejor que este tipo de adecuaciones, como la de las tres directivas de las que estamos hablando, se hagan con la suficiente tranquilidad y el consenso necesario entre los diferentes sectores implicados que, por otra parte, no son sólo los sectores empresariales sino también los sectores sociales. Desde nuestro punto de vista, se necesitarían dos años más para que pudiéramos hacer un nuevo diseño de gestión del ferrocarril o un nuevo modelo del ferrocarril.
Por otra parte, es necesario que las actuaciones intermodales que se conecten con el ferrocarril tengan también conexiones directas con los puertos y con los aeropuertos. Los tráficos de mercancías no solamente tienen que llegar a un punto y ahí acabar su conexión, sino que tiene que haber estructura suficiente y actuaciones decididas para que el circuito quede completamente cerrado y que las captaciones que se puedan hacer desde el ferrocarril en el transporte de mercancías puedan ser muchísimo más amplias. El Grupo Socialista recogía este punto en su moción, pero nosotros creemos que es necesario introducir este párrafo para que se concrete más hacia dónde tienen que ir las actuaciones intermodales y cuáles son los tipos de conexiones y las derivaciones que de ello se desprende.
Por último, señorías, presentamos una enmienda de sustitución al punto número 8. Ya se ha dicho en esta tribuna que las directivas aprobadas por la Unión Europea no implican necesariamente la privatización del ente público Renfe, ni siquiera la necesidad de que se tenga que dividir en unidades de negocio separadas de su actual configuración. Tenemos el convencimiento de que es posible que Renfe se mantenga como una estructura global y sus unidades de negocio como empresa de titularidad pública. A lo que nos tiene que llevar esto es a que haya una valoración de un organismo, en este caso el que tiene la necesidad o la obligación de la planificaciónde las estructuras, que tenga una visión no

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sólo economicista, que lleve a las empresas a realizar las inversiones o explotaciones en aquellas líneas que les resulten más rentables y que también tenga una visión social de las infraestructuras y del transporte por ferrocarril, tanto de mercancías como de viajeros. Esa visión sólo se puede tener desde el propio Gobierno, sólo se puede tener desde una empresa con estructura y titularidad públicas, que es la que va a permitir que ese interés general se vea plasmado en las actuaciones que se lleven adelante. Si sólo queda una visión economicista de la privatización de los servicios de transporte del ferrocarril, ya sea en un principio el de las mercancías, como, en un paso siguiente, el de los viajeros, tendremos un desarrollo totalmente desequilibrado de nuestro territorio y habrá zonas del Estado español que no podrán acceder al transporte por ferrocarril y que se quedarán con pocas posibilidades de un mejor desarrollo económico y, por tanto, de un mayor equilibrio en sus estructuras económicas.
Señorías, las iniciativas que se han presentado -y nosotros las compartimos- inician un debate que no acaba hoy aquí sino que seguiremos en él. Mi grupo parlamentario quiere dejar claro en esta Cámara que las directivas europeas no obligan al Estado español a privatizar las infraestructuras de ferrocarril, no le obligan a dividir la gestión de manera que aparezcan sólo en aquellos sectores en los que puede haber un mayor interés o una mayor rentabilidad económica, sino que le obligan a una modernización no sólo en las infraestructuras sino también en la gestión, que conlleve el que no sea necesario el tener que estar hablando de déficit por una mala gestión en algunos casos, y en otros porque realmente tienen que ser deficitarias por el uso social que tienen.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego apoya esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por medio del señor Segura, y la considera un diseño completo, en sus rasgos esenciales, de lo que tiene que ser el futuro del ferrocarril en el Estado español, desde el punto de vista orgánico y funcional, a partir de la aplicación de las directivas europeas que van destinadas a una denominada liberalización.
Nuestras enmiendas pretenden sólo matizar algunas cuestiones que convendría clarificar a tiempo. En primer lugar, tenemos una que nos parece fundamental y que servirá para deshacer la real contradicción de que el Gobierno ande vendiendo itinerarios de alta velocidad por todas las regiones del Estado español sin tener en cuenta el estado real de las infraestructuras y su uso. Me explico.
Si se propone la elaboración de un nuevo contrato programa Renfe- Estado, sería muy importante que se integrasen en él todas aquellas líneas que hoy están excluidas y que no tienen prácticamente circulación de no ser subvencionadas por las respectivas comunidades autónomas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Ferrol- Coruña, supuestamente integrado en un itinerario de alta velocidad, cuando ni siquiera figura en las líneas de interés general para el Estado. Hay otras líneas en Castilla y León, entre Salamanca y Zamora, o en Extremadura, y sin duda alguna habrá en Murcia. Nuestra enmienda intenta que se tenga a tiempo una visión del panorama ferroviario del Estado español que conduzca al equilibrio, a la vertebración y, en todo caso, a un nuevo estudio de las posibilidades del ferrocarril convencional, que hará más creíble que en el año 2010 pueda haber itinerarios de alta velocidad en ciertas zonas con suficiente potencial demográfico, tal como hoy promete el Ministerio de Fomento.
Otra enmienda, también a corto plazo, va destinada a clarificar el futuro de FEVE al margen de las directivas europeas. En concreto, se trata de posibilitar la transferencia a las comunidades autónomas tanto de las infraestructuras como de los servicios, o bien, si no se quiere optar por esta vía, posibilitar la cogestión de esta empresa en los territorios que opten por un modelo híbrido. En todo caso, hay que tener en cuenta que FEVE actúa en comunidades autónomas donde prácticamente la mayoría de los viajeros, en concreto, en la Comunidad Autónoma de Galicia, tienen como punto de origen y de destino pueblos, ciudades o villas que están dentro del territorio de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el caso de Galicia, de 400.000 viajeros al año, había exactamente 329.194 en el año 1999 en las cercanías Ferrol-Ortigueira e incluso, si se mira de Ferrol a Xubia, se comprobará que de estos 329.194, más de 280.000 están en 12 kilómetros de recorrido. No se justifica, por lo tanto, una compañía de competencia estatal; en todo caso, debería garantizarse una mayor integración en sus sociedades sin poner en peligro la unidad de la red de FEVE, por ejemplo, en el Cantábrico, así estaría garantizada también la operatividad conjunta del sistema ferroviario de FEVE en toda la cornisa cantábrica. Después, en un horizonte ya más estratégico, que se posibilitara la instauración de un ente público gestor de infraestructuras en el ámbito autonómico, siempre y cuando la comunidad autónoma invierta en el sistema ferroviario o bien tenga las competencias en gran parte de la red interior. Esto es fundamental para poder mantener un servicio público adecuado para los viajeros y las mercancías. Y sin duda no puede haber ningún impedimento a que las comunidades autónomas puedan también tener operadores de carácter público, caso de los ferrocarriles de la Generalitat, que pueden potenciarse en otras comunidades

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autónomas y, desde luego, teniendo el carácter preferente frente a operadores de carácter privado. Sin duda, ganará el ferrocarril en función de las necesidades y no solamente de las ganancias.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego cree que el modelo debe ser prioritariamente público, y en el horizonte del año 2004-2007 sería importante que se garantizase un servicio combinado de mercancías y viajeros equilibrado en todo el Estado español.
Pensamos que esto se posibilita con nuestras enmiendas y que además sería una contradicción que se permitiese la privatización de las infraestructuras y de los operadores y no se dejasen las mismas competencias antes incluso de forma preferente a las comunidades autónomas que estuviesen dispuestas a mantener competencias en materia ferroviaria y a responsabilizarse o a corresponsabilizarse.
Por todos estos motivos, vamos a votar favorablemente la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que nos parece muy oportuna, y esperamos que cuando menos nuestras enmiendas referidas a las competencias de las comunidades autónomas sean también admitidas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, entiendo que sería una crueldad a estas horas de la noche extenderme más de lo estrictamente necesario para hacer una intervención que va a ser mixta, con la venia de la Presidencia, porque por una parte voy a explicar la enmienda que mi grupo ha formulado, pero por otra, y simultáneamente, aunque invirtiendo el orden, voy a fijar nuestra posición. Por una razón de economía procesal, entiendo que es más lógico fijar la posición, porque de esa posición se desprenden las razones que fundamentan nuestra enmienda.
Quiero referirme a mi propia intervención del pasadodía 21 de marzo, cuando se sustanció la interpelación. Le decía entonces al portavoz del Grupo Socialista, y amigo a pesar de todo, señor Segura, que aparte de su visión doctoral o profesoral a la que nos tiene acostumbrados -sin duda es un protagonismo en el que se complace, repito que no nos ofende, pero sí subrayo su aire en esta línea-, lo que caracterizó su intervención entonces y su moción ahora es la precipitación. Cuando se publican unas directivas comunitarias en el Boletín de las Comunidades Europeas del día 15, cuando se produce el debate de la interpelación el día 21, seis días después, y cuando se formula esta moción diez días después de la fecha anterior, el señor Segura quiere que el Gobierno y el grupo parlamentario que le apoya tengan tomada la decisión sobre el modelo ferroviario del futuro, siendo así que hay dos años para tomar esa posición y siendo así que lo que caracterizó la posición del Gobierno el día de la interpelación fue la apertura al diálogo, al diálogo con los grupos parlamentarios, al diálogo con las comunidades autónomas, al diálogo con el mundo sindical en su caso y en su momento, para que entre todos, desde ese diálogo, construyamos un modelo ferroviario consensuado. Pues bien, no es así para el señor Segura en la interpelación de entonces y en la moción de hoy. Lo que quiere es que hoy tengamos pronunciamientos concretos, específicos y precisos sobre ese delicado tema, cuestión cuasi de Estado, tan sensible a la opinión pública, a la economía nacional y al mundo social como es el diseño del modelo ferroviario.
Este es en síntesis el núcleo básico de nuestra posición de hoy y, a pesar de todo, voy a referirme uno a uno, con la máxima brevedad, con aire telegráfico, a los puntos que plantea el señor Segura en su moción, no sin antes decirle que en la motivación es bueno que diga la verdad, que no diga, por ejemplo, que hubo una serie de cuestiones que no fueron objeto de respuesta por parte del ministro de Fomento.
El ministro de Fomento dijo muchas cosas, señor Segura, y algunas muy concretas. Dijo que no cabe duda que el 15 de marzo de 2003 habrá una trasposición al derecho español de estas directivas comunitarias, la 2012, 2013 y 2014/2001 de la Comunidad Europea. Dijo que el gestor de infraestructuras estará en el Ministerio de Fomento, que el regulador de transportes estará en el Ministerio de Fomento y que la gestión de infraestructuras seguirá siendo de carácter público, señor Segura y señores del resto de los grupos de la oposición. Dijo, además, que era fundamental esta materia porque el ferrocarril se resiente de la falta de liberalización que ha supuesto el sistema ferroviario frente al resto de los modos de transporte.
Paso a referirme a los puntos. En el punto 1 pide un contrato- programa de Renfe, que como explicó el ministro ha sido objeto de prórroga, como sucedió muchas veces en los catorce años de Gobierno del Partido Socialista. No tiene sentido hacer ahora un contrato- programa de Renfe en un contexto de cambio a corto plazo en sus funciones o estructuras financieras y en su mismo ámbito de actuación. Por otra parte, proponer ahora que se haga un contrato- programa con Renfe cuando las directivas comunitarias no están traspuestas, admita, señoría, que no es coherente y no tiene sentido.
El GIF no necesita un contrato-programa porque no recibe subvenciones del Estado. Las actuaciones de Renfe son encomendadas por el acuerdo del Consejo de Ministros, conforme prevé su estatuto. Se puede aceptar, y este es el punto 2 de nuestra enmienda, que se elabore un contrato-programa de FEVE, por la singularidad de su ancho de vías, porque seguirá siendo siempre un sistema aislado de transporte y ya recibe subvenciones del Estado susceptibles de formar partedel contrato-programa.


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En el punto 4 propone un libro blanco -con independencia del color del libro-, pero es claro que no tiene sentido hacer un libro blanco (será para obtener nota en la aprobación de esta asignatura, si el señor Segura se digna a aprobarnos) habiendo tres directivas comunitarias muy claras, muy precisas y muy concretas. Lo que hace falta, señorías, es diálogo y acuerdos, y en este punto el Ministerio, y desde luego el grupo que le apoya, quiere estar abierto a este diálogo. Prueba de ello es el compromiso de mi grupo de constituir la subcomisión que dentro de la Comisión de Infraestructuras solicita el señor Segura. Lo que sucede es que este no es el trámite parlamentario, no estamos en ese momento procesal.
Ese momento procesal se iniciará cuando mi grupo y los demás grupos de la Cámara que lo apoyen formulen la correspondiente solicitud de inicio de ese proceso parlamentario y será este mismo Pleno, a propuesta de la Presidencia, el que tome la decisión oportuna.
El saneamiento financiero, señor portavoz socialista, que es necesario o más necesario, porque la deuda acumulada en sus catorce años de Gobierno creció geométricamente, es uno de los objetivos claros que está previsto para todos los operadores ferroviarios, salientes por así decirlo, en las mismas directivas comunitarias.
En el punto 6, que se puede compartir en lo que tiene de espíritu, no tanto en la letra, en lo que concierne al transporte intermodal, hay que decir que las inversiones ya están previstas en el Plan de infraestructuras y en el plan 2000-2001, con independencia, señoría, de que esto es inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas, que el planteamiento de la moción no respeta las competencias de las comunidades autónomas en materia de transporte ni la libertad de mercado de los operadores existentes y los que surjan en el futuro.
La existencia, y me refiero al punto 7 y al punto 8 simultáneamente, de un único gestor de infraestructuras o de varios, así como la adscripción de Renfe a uno u otro Ministerio es un tema que será objeto de pronunciamiento en el marco de esa comisión, en el diálogo con las comunidades autónomas, en el diálogo con los grupos políticos, que es lo que S.S. -vuelvo al principio- quiere precipitar aquí y ahora.
En definitiva, señor Segura, estaríamos de acuerdo en muchos aspectos de los puntos que plantea en su moción, pero no ahora y no en este momento, porque S.S. ha sucumbido a un ataque de evidente precipitación. Por otra parte, estamos de acuerdo en el espíritu, pero, desde luego, no en la letra ni en los plazos. En este contexto hemos formulado una enmienda en cuyo punto 1, sin mencionar la subcomisión, estamos ciertamente aludiendo a ella, porque decimos que entendemos que es bueno que esta Cámara apruebe que es conveniente, que es adecuado, que los diputados reciban información de las medidas que está adoptando el Gobierno y de las que va a adoptar en el futuro, pero sin precipitar la decisión, sin definir aquí y ahora las líneas básicas de ese modelo ferroviario, en particular en aquellos puntos en los que -como S.S. ha subrayado- hay ámbito para la libre actuación porque las directivas comunitarias no son imperativas. En el punto 2 incorporamos un texto en el que se dice algo que yo he anticipado y es que no habría inconveniente por parte del Grupo Parlamentario Popular, al que represento en este momento, en comprometernos a elaborar un contrato-programa de FEVE con duración hasta finales del año 2003, hasta que llegue el momento oportuno para definir cuál es el objetivo, el cometido y la tarea a desempeñar por los ferrocarriles de vía estrecha.
En definitiva, y vuelvo al principio, se puede estar de acuerdo con el señor Segura, pero no aquí y ahora ni en todo, sobre todo cuando el Gobierno y mi grupo han abierto una vía para el diálogo, ¿o es que a S.S. no le gusta el diálogo? Si es así, lo siento.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.


Intervendré muy brevemente. Al leer el extenso texto de la moción intuí rápidamente que debía acudir al «Diario de Sesiones» de la interpelación de la que trae consecuencia, a la que yo no había podido asistir. Las intervenciones del interpelante y del ministro de Fomento conjuntamente con el texto de la moción justifican sobradamente la conclusión a la que hemos llegado de no votar favorablemente. En el «Diario de Sesiones» vemos que la interpelación está compuesta de preguntas, contrapreguntas, respuestas y contrarrespuestas, muchas de las cuales no hacía falta que figurasen en la moción. Ésta se basa en las directivas recientemente aprobadas el 15 de marzo, como ya se ha dicho, y da la impresión de que su transposición se hace prácticamente en la moción como idea propia. Si se aprobase la moción, daría la impresión de que el Grupo Socialista es el que conduce la política ferroviaria en esta Cámara o el que conduce el modelo de gestión ferroviaria. Esta parece la intención de parte de la moción. No podemos estar de acuerdo con una posición que nos parece equívoca, por cuanto en la Comisión habíamos quedado en que todo lo que se ha expresado en la moción y la interpelación sería motivo de debate dentro de la Comisión a través de una subcomisión o de algunas reuniones especiales para este tema.
De todas maneras, si no hubiese aceptación de enmiendas, daríamos nuestro apoyo al punto 3, porque creemos que FEVE necesita tener su contrato-programa.


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Es difícil, pero en caso de que no hubiese aceptación de enmiendas, pediríamos votación separada del punto 3.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señor Segura, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, me referiré a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Aceptamos la enmienda de adición al punto 1, que propone añadir un nuevo párrafo que dice: « incorporando en este contrato una apuesta decidida por la mejora de la calidad del ferrocarril convencional...» etcétera. Aceptamos también la enmienda de adición añadida al final del punto 2, pero con la siguiente redacción: Tanto en la red de alta velocidad AVE, como en la convencional de pasajeros y de mercancías. Aceptamos la enmienda de adición al punto 4, en el sentido de introducir un texto nuevo después de la frase «mercado único europeo», que diría: «concretando actuaciones intermodales que conecten el ferrocarril con los puertos y aeropuertos españoles y planes concertados para ampliar la captación del transporte de mercancías en todas sus modalidades».
Estas son las enmiendas de Izquierda Unida que acepta nuestro grupo parlamentario.
Respecto a las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, defendidas por el señor Rodríguez, aceptamos la enmienda número 2, de adición al punto 8, y también aceptamos la enmienda de adición de un nuevo punto 9, tal como está redactado en la propuesta.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, mejor que no las hubiesen presentado, porque no quedan bien en los textos en absoluto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario acepta la enmienda transaccional que ha planteado el señor Segura.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente sobre un nuevo modelo de gestión ferroviaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, así como de las enmiendas aceptadas por el proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 91; en contra, 153.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por consiguiente, queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.


Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 72, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 22 de marzo de 2001, en la intervención del señor Otxoa de Eribe Elorza -página 3570, segunda columna, línea 34- donde se dice, por error, «...con formas realistas del Partido Popular», debe decirse «...que forman las listas del Partido Popular».

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