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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 19/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 78

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 74

celebrada el jueves, 19 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 29500.) . . . (Página 3910)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 19-1, de 27 de octubre de 2000. (Número de expediente 121/000019.) . . . (Página 3910)

- Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 20-1, de 3 de noviembre de 2000. (Número de expediente 121/000020.) .
. . (Página 3920)

Página 3908


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 37-1, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000037.) . . . (Página 3921)

- Proposición de Ley sobre el derecho a la identidad sexual. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 124-1, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 124/000001.) . . 00000

Avocaciones por el Pleno:

- Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
(Número de expediente 121/000037.) . . . (Página 3939)

- Proyecto de Ley del plan Hidrológico Nacional. (Número de expediente 121/000031.) . . . (Página 3939)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma. (Número de expediente 250/000006.) . . . (Página 3940)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de excelentísimos señores diputados . .
. (Página 3910)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado . . . (Página 3910)

Proyecto de ley de modificación del Real Decreto-legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre) . . . (Página 3910)

Intervienen en el debate los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora GarcíaHierro Caraballo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decretoley 9/ 2000, de 6 de octubre), que son aprobadas.


Proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos . . . (Página 3920)

Se someten a votación las enmiendas del Senado, que son aprobadas por 292 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Página 3909


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 3921)

Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo) . . . (Página 3921)

En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene en el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


Hacen uso de la palabra nuevamente los señores Ruiz López (don Antero) y Sevilla Segura, cerrando el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, se rechaza por 14 votos a favor, 178 en contra y 111 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, se rechaza por 110 votos a favor, 177 en contra y 17 abstenciones.


Avocaciones por el Pleno . . . (Página 3939)

Del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad . . .
(Página 3939)

La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que es aprobada por 303 votos a favor.


Del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional . . . (Página 3939)

Asimismo, la señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, que es aprobada por 302 votos a favor y una abstención.


Informe anual sobre la Cuenta General del Estado . . . (Página 3940)

Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma . .
. (Página 3940)

En turno a favor del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma, interviene el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replica el señor Albendea Pabón, duplicando la señora Costa Campi.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma, se aprueba por 172 votos a favor, 107 en contra y cinco abstenciones.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 29500)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLALTIVO 1302/ 1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/2000, DE 6 DE OCTUBRE). (Número de expediente 121/000019)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado.Proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aymerich. (Rumores.) Señorías, estamos en el inicio del debate de las enmiendas del Senado y hay un diputado esperando para intervenir. Les ruego que guarden silencio y si van a salir del hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible.
Adelante, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Señores diputados, la aprobación y posterior convalidación del Real Decreto-ley 9/2000, de modificación del Real Decreto legislativo del año 1986 de impacto ambiental, supuso un avance significativo por la inclusión de nuevos proyectos sobre las infraestructuras e instalaciones a los que se les va a exigir con carácter preceptivo la declaración previa de impacto ambiental. Las prisas del Gobierno por aprobarlo inicialmente por vía de urgencia respondían -sería una urgencia subjetiva causada por la falta de diligencia gubernamental- a los continuos avisos de la Comisión Europea debido al incumplimiento de las obligaciones de trasposición derivadas de la Directiva 97/11, plazo de trasposición que venció el 14 de marzo de 1999. Esto y otros acontecimientos posteriores demuestran que en esta materia el Gobierno carece de una voluntad clara e inequívoca de aplicar políticas acordes con una gestión sostenible del medio ambiente y cuando actúa lo hace en mora y por imperativo de las instancias comunitarias.
Durante el trámite parlamentario de este proyecto se han corregido algunos de los defectos iniciales del decreto-ley. En concreto, en el trámite de enmiendas en el Senado saludamos que se hayan incluido todas las concentraciones parcelarias en el anexo II, eliminando la referencia a que sólo estaban sujetas a evaluación de impacto ambiental las concentraciones parcelarias superiores a 100 hectáreas, con lo cual se dejaría fuera la mayoría de las operaciones de concentración parcelaria que tienen lugar en Galicia, a pesar de que, como en ciertas comarcas de Ourense, su impacto ambiental es indiscutible, un impacto ambiental además negativo, modificación de cultivos y retirada de especies arbóreas. El resto de enmiendas introducidas en el Senado son en su mayor parte correcciones técnicas, excepto la letra e) del grupo 3 del anexo I, porque sirven para que las instalaciones industriales que producen electricidad con potencia térmica entre 100 y 300 megavatios estén exentas de la obligación de declaración de impacto ambiental, sin que -y esto es criticable- en la Directiva 97/11 exista justificación para que ese límite se aumente. Parece que la Cámara Alta cedió ante las presiones de las empresas eléctricas sin tener en cuenta los intereses ambientales. Por tanto, seguimos manteniendo nuestras reservas concretadas en las enmiendas parciales que hemos presentado al proyecto de ley y que sintéticamente afectarían a los extremos siguientes. Desde un punto de vista competencial, debe recordarse que las competencias de ejecución administrativa de legislación ambiental deben ser autonómicas. Pretendemos corregir un defecto que desde nuestro punto de vista ya estaba recogido en el decreto legislativo del

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año 1986. Es cierto que este proyecto de ley se ampara en una sentencia polémica del Tribunal Constitucional que entendemos que no es respetuosa con el ámbito de competencias autonómicas, ya que, como saben SS.SS., atribuye a la Administración del Estado la competencia para realizar la declaración de impacto ambiental cuando la obra o el proyecto situado en el territorio de una comunidad autónoma con competencias en la materia es de titularidad estatal. En segundo lugar, pretendemos avanzar en la inclusión de proyectos que deben ser sometidos a declaración de impacto ambiental. Pensamos que el avance en este proyecto de ley pudo haber sido mayor, puesto que en el anexo II permanecen muchos proyectos que deberían estar en el anexo I, por ejemplo el grupo 3, industria extractiva, o por ejemplo también todas las obras relacionadas con infraestructura hidráulica. Deberían estar incluidos en el anexo I sujetos obligatoriamente a declaración de impacto ambiental, evitando así la discrecionalidad de la Administración en la evaluación de cada proyecto concreto. Por último, desde el Bloque Nacionalista Galego creemos que se ha desperdiciado una oportunidad para incluir la evaluación ambiental estratégica de planes y programas que establecen el marco de posteriores actuaciones en la realización de proyectos que pueden tener incidencia sobre el medio ambiente y que quedan excluidos al referirse el proyecto de ley únicamente a la evaluación ambiental de los proyectos singularmente considerados. Queremos superar una de las deficiencias más graves que presenta la legislación vigente al realizar la evaluación de impacto ambiental sobre cada proyecto concreto, proponiendo para ello un instrumento de planificación integral que no sólo corrija las deficiencias concretas de cada uno de estos proyectos sino que sirva para recomendar actuaciones más respetuosas con el medio ambiente y descartar, antes de la aprobación del proyecto, aquellas actuaciones que se muestren ambientalmente más perjudiciales. La inclusión de estas evaluaciones estratégicas supondría, además, adelantarnos a las futuras regulaciones que en este sentido vendrán impuestas por la Unión Europea, adelantarnos y no esperar, como en este caso, a los requerimientos reiterados de la Comisión.
En suma, la aprobación de este proyecto de ley supone un avance y amplía los supuestos de aplicación del instrumento preventivo por excelencia en la política ambiental, pero al mismo tiempo sigue pecando de ciertas concepciones desarrollistas que deberían estar ya superadas, primando la competencia material de autorización de proyectos y obras públicas sobre la competencia ambiental, lo que sirve como excusa para sustraer de la competencia autonómica esta declaración de impacto de obras de infraestructura que afectan a su territorio. Esperemos que este avance se traduzca también en una actuación administrativa acorde con el mismo y no ocurra, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en A Coruña, donde la Autoridad Portuaria está construyendo un depósito para 80.000 metros cúbicos de lodos provenientes del dragado del puerto, altamente contaminantes, sin que el Ministerio de Medio Ambiente haya dicho esta boca es mía, sin que haya declarado siquiera la necesidad de una evaluación de impacto ambiental y sin que el Ministerio de Fomento, del que depende el ente público Puertos del Estado, y por tanto la Autoridad Portuaria de A Coruña, haya decretado la paralización de las obras como mínimo para evaluar el efecto que este vertedero puede tener sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente marino; también hay que decir que con la complicidad del Concello de A Coruña y del señor don Francisco Vázquez.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos hace llegar el Senado respecto a esta modificación del Real Decreto legislativo 1302, de 28 de junio de 1986, de evaluación de impacto ambiental. Lo haremos así por congruencia con lo que expresamos el pasado año cuando debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 9/ 2000, de 6 de octubre, de modificación de real decreto legislativo que hoy debatimos como futura ley. En primer lugar, porque se han recogido todas las observaciones y enmiendas que en su día presentó el Grupo de Coalición Canaria, fuertemente sensibilizado por las características de nuestro archipiélago, que si bien no tiene cuencas hidrográficas con posible impacto ambiental, sí tiene gran dependencia de las potabilizadoras de agua de mar y de las estaciones de depuración de aguas residuales para su reutilización.


Las enmiendas que llegan del Senado suponen un avance positivo, además de las puramente técnicas o gramaticales. Quiero destacar, por ejemplo, en el anexo I las dirigidas a su grupo 7, por las que el Senado prácticamente da una redacción nueva. Se ha modificado el apartado correspondiente a la capacidad de tratamiento de aguas residuales incorporando una referencia a las perforaciones profundas para el abastecimiento de aguas. El tratamiento de aguas residuales y la extracción de agua fósil mediante perforaciones profundas, a través de lo que se denomina en nuestro archipiélago galerías de agua, son dos formas de obtención del recurso hidráulico en Canarias para abastecimiento público o riegos agrícolas. También queremos señalar las numerosas enmiendas de corrección introducidas en el mismo anexo II, sobre todo en el grupo 8, que modifica sustancialmente la letra a) al incrementar a un

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millón de metros cúbicos el volumen de agua aportada para que la recarga del acuífero se incluya dentro de los proyectos del anexo citado. Todo ello se ha modificado en una línea de mejora y ampliación, sobre todo los grupos que hemos mencionado.
Por todas estas razones, señora presidenta, puesto que mejoran cualitativamente el texto remitido por esta Cámara y han recogido las observaciones de nuestro grupo, votaremos favorablemente todas y cada una de las enmiendas a este proyecto de ley.
Nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente.
El Grupo Parlamentario Vasco se va a abstener en la votación de estas enmiendas porque, aun cuando entiende que las de corrección gramatical y de poco contenido son aceptables, la mayoría suponen una relajación de las obligaciones que esta ley impone. Entendemos que no se trata precisamente de una mejora sino que, por el contrario, empeoran el contenido del proyecto inicialmente aprobado en esta Cámara. Por lo dicho y por las razones que en su momento expusimos en Comisión, en la que criticamos algunos apartados del proyecto, nos vamos a abstener en la votación de estas modificaciones del Senado.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará en contra de todas las enmiendas del Senado que suponen un cambio cualitativo en este proyecto de ley. Mi grupo parlamentario ya fue crítico con la redacción del real decreto y con la trasposición de la directiva que se hacía en el mismo. Considerábamos que no era ambicioso en absoluto y, además, algunos proyectos muy importantes quedaban en el grupo 2, de modo que no era obligatoria la declaración de evaluación de impacto ambiental. Insisto en que ya en aquel momento mi grupo parlamentario se mostró contrario a la trasposición de la directiva tal como se había hecho en el real decreto-ley. Pero señorías, como ya nos tienen habituados desde el Senado, el proyecto vuelve peor de lo que se fue, y vuelve peor de lo que se fue porque con independencia de que una de las primeras enmiendas que mi grupo va a votar puede tener más bien un carácter anecdótico (no nos parece necesario retirar de la exposición de motivos la razón que realmente ha impulsado a que el Gobierno del Partido Popular presente la trasposición, y es el mero hecho de que la Comisión Europea ha presentado dos demandas contra el Reino de España, una por la no trasposición de la directiva y otra por la no inclusión de determinados proyectos en el grupo que le corresponde), como digo puede resultar anecdótico pero, en realidad, lo que viene a plantear es la voluntad política del Partido Popular a la hora de salvaguardar el medio ambiente, lo que queda plasmado después en las diferentes enmiendas que se han ido introduciendo en el Senado, con independencia de las que proponían una mejor redacción o simplemente se limitaban a corregir errores nacidos del debate en el Congreso. Si quieren ustedes les podemos poner algunos de los muchos ejemplos que tenemos de las enmiendas que se han introducido, dejando para el final una que a nosotros nos parece que ya empieza a resultar bastante grave.
Una de las enmiendas se refiere a las infracciones graves. Ahora solamente es infracción grave el hecho de que se incumpla uno de los condicionantes puestos en el proyecto para salvaguardar el entorno o el medio ambiente. Señorías, el real decreto que salió de esta Cámara no solamente hablaba de incumplimiento sino de transgresión; también se pueden transgredir los condicionantes, no solamente incumplir sino hacer todo lo contrario de lo que se estaba planteando. Creemos que se debe mantener no solamente el incumplimiento sino la transgresión.
Pensamos que esta enmienda dulcifica precisamente la posibilidad de la comisión de faltas graves en el acatamiento de los impactos ambientales.
Señorías, cuando entramos en el grupo de los anexos empezamos ya a no querer entender, porque si quisiéramos hacerlo tendríamos que estar hablando de que al final se están defendiendo determinados intereses que no son precisamente los generales de la sociedad, sino intereses particulares y económicos de determinados sectores muy definidos de la misma. No se puede entender por qué desaparecen de la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental las concentraciones parcelarias de más de 300 hectáreas. No entendemos por qué tienen que desaparecer del grupo 1, de la obligación de presentar evaluación de impacto ambiental, las instalaciones de acuicultura con una producción superior a 500 toneladas al año, que pueden tener graves impactos ambientales. Tampoco podemos entender por qué si en el real decreto-ley que salió del debate de esta Cámara se planteaba que fueran todas las explotaciones que estuvieran ubicadas en terrenos de dominio público hidráulico con una superficie mayor de cinco hectáreas, sin embargo la enmienda que se introduce en el Senado lo reduce sólo y exclusivamente a aquellas instalaciones que estén en dominio público hidráulico o en cauce de policía de las zonas que sean declaradas sensibles y estén afectadas por las directivas europeas o incluidas en la lista del convenio Ramsar. Señorías, si

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son declaradas zonas sensibles y están incluidas en algunas de las directivas europeas que se señalan en la enmienda o en el listado del convenio Ramsar, no es que no puedan tener cinco hectáreas, es que no pueden tener ninguna. Pero es que las de cinco o más hectáreas que estén dentro del dominio público hidráulico y del cauce de policía tienen la obligación, o deberían tenerla, de presentar la evaluación de impacto ambiental, porque sí hay graves impactos ambientales. Y así sucesivamente, señorías, cuando seguimos analizando las enmiendas que se han ido presentando. Tampoco es comprensible que hagan desaparecer -porque además no está así en la directiva europea, es una peor trasposición de la directiva europea de lo que ya había hecho el real decreto- no solamente las extracciones de minerales mediante dragados en las zonas húmedas protegidas, sino la extracción de los lodos de los embalses cuando tengan una determinada cantidad de metros cúbicos, en este caso 100.000 metros cúbicos. Señorías, hay graves impactos ambientales con los lodos de los embalses y ustedes pretenden dejar determinado tipo de embalses fuera de la evaluación de impacto ambiental cuando se tenga que hacer una extracción de los lodos por colmatación del embalse.
Siguiendo con el relato de aquellas enmiendas que se han introducido en el Senado, que siguen dejando cada vez más vacío de contenido este real decreto-ley y esta trasposición de la directiva europea, han hecho desaparecer del grupo l las instalaciones industriales para la producción de electricidad con una potencia térmica superior a 300 megavatios. Señorías, hay un gran impacto ambiental por este tipo de instalaciones y hay que tener mucho cuidado a la hora de las autorizaciones para asegurar no solamente que el entorno está protegido sino también las personas que estén cerca de este tipo de instalaciones. Y también, cómo no, las presas y los embalses de gran capacidad. En el texto del Gobierno, con independencia de que mi grupo parlamentario más o menos lo pudiera compartir, no solamente se tenía en cuenta la capacidad de la presa sino determinadas alturas que debían tener los muros de contención y diferentes situaciones que se planteaban a la hora de declarar la necesidad de evaluación de impacto ambiental o no. Ustedes esto simplemente lo dejan circunscrito a que la capacidad almacenada del agua sea superior a 10 millones de metros cúbicos.
Señorías, el proyecto viene empeorado del Senado, a lo que este grupo parlamentario ya está acostumbrado en temas medioambientales. Pero no solamente es que venga empeorado en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, como queda constancia en las enmiendas que se han introducido, sino que se vuelve a utilizar una vez más el trámite de enmiendas del Senado a un proyecto de ley, real decreto-ley o cualquier otra iniciativa que se tenga que hacer en el Senado después de haber pasado por esta Cámara y que el Gobierno aprovecha para volver a hacer un cajón de sastre. El Ministerio de Medio Ambiente en este caso, a través de una enmienda en el Senado, introduce una modificación de la Ley de Aguas y al final los juristas van a tener que mirarse toda la legislación de un ministerio para poder saber realmente de lo que se está hablando. Ya me explicarán ustedes por qué la necesidad de modificar la disposición final segunda de la Ley de Aguas. Lo que ocurre es que el Gobierno ha incumplido un plazo que se le mandataba en esa ley. Señorías, se vuelve a utilizar otra vez la falta de democracia y de participación de esta Cámara y de respeto a lo que se aprueba en ella por parte del Gobierno para, a través del subterfugio del Senado, darse más plazo del que las leyes le dan. La disposición final segunda de la Ley de Aguas obligaba al Gobierno a presentar en el plazo de un año un texto refundido de lo que tuviera que ver con la materia del agua. Pues bien, como el Gobierno lo ha incumplido y ya han transcurrido seis meses desde que finalizó dicho plazo, aprovecha el trámite del real decreto-ley de evaluación de impacto ambiental para concederse seis meses más, puesto que se amplía el plazo a dos años para elaborar el texto refundido, si ustedes quieren, o una normativa legal en materia de aguas que la refunda y la adapte a la situación actual. Señorías, esto es simplemente una falta de respeto a esta Cámara y al Senado, y sobre todo es una falta de respeto a la legalidad. El Gobierno, después de trasgredir la ley y de no cumplirla, viene aquí para poner una vez más el parche correspondiente y a través del Senado, sin el debate en esta Cámara, seguir haciendo lo que le da la gana.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quiero avanzar en este momento nuestro voto favorable a las enmiendas del Senado incorporadas al proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Nuestro grupo parlamentario en el Senado no presentó enmienda alguna al texto del proyecto de ley tramitado en el Congreso, habida cuenta que con las enmiendas presentadas en su día e incorporadas al informe de la ponencia consideramos que el proyecto de ley mejoraba su contenido y preservaba las atribuciones y competencias de las comunidades autónomas, especialmente al quedar suprimido el punto 2 de su texto articulado a través del cual se pretendía introducir una nueva disposición adicional que, a nuestro entender, podía llegar a laminar claramente las competenciasde las comunidades autónomas que les atribuyen la

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potestad de dictar normas adicionales de protección en lo relativo a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Nuestro grupo parlamentario entiende, al fijar nuestra posición en relación a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, que la mayoría de las mismas suponen una mejora técnica y una mejor adaptación a lo dispuesto por la Directiva 97/11 de la Comunidad Europea, que a su vez modificaba la Directiva 85/337 de la CEE. Se trata de enmiendas que por lo general complementan y concretan aspectos contenidos en los anexos I y II del proyecto de ley y a través de las cuales, desde nuestro punto de vista, se mejora técnicamente el texto. Creemos, además, que la mayor parte de esas enmiendas se orientan hacia la desregulación, es decir, tienden a reducir el número de actividades del anexo I, que son las que están sometidas obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, y teniendo en cuenta que las actividades del anexo II son objeto de actuación de las comunidades autónomas, la reducción del anexo I contribuye, pues, a favorecer el ejercicio de la autonomía política de las mismas.
Mención especial merece una de las enmiendas aprobadas por el Senado, en concreto -y a ella se refería también la anterior portavoz-, la que afecta a la disposición adicional segunda y que modifica la Ley de Aguas de 1985, en el sentido de que el Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley, deberá dictar un real decreto legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas. Creemos que esta enmienda obedece a una necesidad objetiva, consecuencia de las previsiones que incorpora el proyecto de ley que nos ocupa. A esta Cámara le corresponderá, pues, el oportuno control parlamentario de esta futura norma, tanto en lo que respecta al citado plazo como a su contenido, aunque desde nuestro punto de vista el plazo de dos años es quizá excesivo.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència y Unió votará, pues, favorablemente las enmiendas incorporadas por el Senado a este proyecto de ley, confiando en que más allá de las cuestiones estrictamente técnicas, a las que también han aludido los demás grupos parlamentarios, la aplicación de esta ley por parte del Gobierno sea fiel al espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998, que exige la necesaria colaboración entre las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Grupo Parlamentario Socialista, señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Buenos días, señoras y señores diputados, señora presidenta.


Intervengo, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar la posición respecto a las enmiendas y al dictamen del proyecto de ley sobre evaluación de impacto ambiental.
En primer lugar, deseo llamar la atención de esta Cámara sobre cuál fue el procedimiento escogido por el Gobierno para hacer la transposición de la Directiva 97/11 de la Comunidad Europea. Ustedes recordarán que el pasado mes de octubre el Gobierno remitió, por procedimiento de urgencia, un real decreto legislativo. En aquel momento, hace ya seis meses, tuve la ocasión de pronunciarme críticamente al respecto, ya que una vez más este procedimiento, utilizado en excesivas ocasiones por el Gobierno, impedía el debate y que el texto remitido pudiera mejorarse con las aportaciones de todos los grupos. La razón era que se había cumplido el plazo en diciembre de 1999 para la transposición de dicha directiva y teníamos dos expedientes abiertos por la Comisión Europea. No obstante, ante mi sorpresa, el Ministerio de Medio Ambiente y el Grupo Popular que lo sustenta rectificó y aceptó que se tramitara como proyecto de ley.
Podíamos pensar en ese momento que el Grupo Popular mantendría una posición más flexible y receptiva a las enmiendas que pudieran proponerse, pero la realidad, como ha podido constatarse, ha sido muy otra.
A pesar del esfuerzo de mi grupo parlamentario y de los restantes grupos por proponer enmiendas que mejoraran el texto inicial, tales como las que seguían las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado en su dictamen 2934 de 2000 respecto a fijar umbrales o criterios objetivos para determinar cuándo un proyecto estará sujeto o no a la evaluación ambiental; o dotar de medios humanos y económicos suficientes para desarrollar la inspección y la evaluación ambiental; o nuestras enmiendas referidas a incluir la evaluación ambiental en los planes y programas y no sólo en las obras, avanzando así en la línea acordada por el Consejo de la Unión Europea el 20 de marzo de 2000; o concretar los aspectos técnicos y el procedimiento reglamentario de los estudios; o facilitar la participación previa en el procedimiento a las comunidades autónomas y municipios y en el proceso final de aprobación definitiva de las declaraciones de impacto; o potenciar la información y participación pública a través de nuevos canales de comunicación como Internet; o recoger en el anexo I, que sí estarán sometidos a evaluación ambiental, otros proyectos públicos o privados tales como la extracción de minerales, dragados en zonas fluviales, en concordancia con las directivas de aguas o con el convenio de Ramsar; la necesidad de incluir en la evaluación ambiental las instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos, aplicando los principios de prevención y cautela, de

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acuerdo con la facultad que los Estados miembros tienen para establecer normas más estrictas de protección; la necesidad también de someter a evaluación ambiental todas las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de éstos mediante tratamiento químico, así como que las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica con una longitud inferior a 3 kilómetros estuvieran sometidas a impacto ambiental. También queremos referirnos a las obras hidráulicas y de gestión del agua, donde en realidad todos los proyectos de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales deberían estar sometidos a impacto ambiental, independientemente de sus características y finalidades.
Por no extenderme más en enunciar los contenidos de nuestras enmiendas, debatidas en la Comisión de Medio Ambiente y en el Senado, me referiré a la actitud del Grupo Popular y del Gobierno. Han aceptado tan sólo tres enmiendas y de manera parcial, como la relativa a fijar las infracciones y multas por incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en las declaraciones de impacto ambiental. Aún más, se pretende modificar una enmienda que fue transaccionada en la Comisión de Medio Ambiente eliminando, como ya se ha dicho, la posibilidad de sancionar por transgredir la normativa ambiental, lo cual no deja de sorprender de manera absolutamente negativa e insatisfactoria a esta diputada. En realidad, el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido una actitud cicatera y miope, ya que muy pronto se verán en la obligación de asumir nuestras propuestas porque se está redactando una nueva directiva en la Unión Europea en la que vienen recogidos todos estos aspectos. Por tanto, habremos perdido la oportunidad de incorporar de verdad criterios medioambientales o ecologistas a todos los planes, proyectos y obras, preservando así nuestro medio ambiente y la salud y calidad de vida de los seres humanos. Al menos perderemos otros dos años más que ganarán los detractores del medio ambiente. Nuestro país seguirá estando a la cola de Europa en la defensa del medio ambiente. Ganarán los especuladores, los que desean llevar a cabo sus proyectos no pensando en el desarrollo económico y bienestar social sino exclusivamente en sus propios intereses. Todo ello gracias a la política del Partido Popular.
Aquí no sirve escudarse en la creación de un Ministerio de Medio Ambiente si luego vemos cómo año tras año se recortan los presupuestos o no se actúa de manera decidida y beligerante en defensa del mismo. Por el propio Gobierno se aprueban y gestionan infraestructuras u obras que incumplen la actual normativa medioambiental. Pondré dos ejemplos: la ampliación del aeropuerto de Barajas -ha sido reconocido por el propio director general de AENA-, por las graves repercusiones que sobre el medio ambiente va a tener, y el futuro Plan hidrológico, dejando fuera los trasvases, la canalización, las presas.
En definitiva, observamos con preocupación que ustedes no desean corregir, desean seguir por ese camino, y una vez más, para nuestra sorpresa, han utilizado el método de enmendarse a sí mismos, es decir, su propio texto, el texto que inicialmente trajeron a debate al Congreso de los Diputados. Nada más y nada menos que 26 enmiendas ha presentado el Grupo Popular aplicando su rodillo; la mayoría absoluta las ha incorporado al dictamen. Enmiendas que, por lo general, contrariamente a lo que se ha dicho, vienen a reducir y a flexibilizar aún más los requisitos de evaluación ambiental. Si el proyecto era rechazable por su limitación y nimiedad, tal y como se presenta en el dictamen, podemos garantizar que en un período no muy lejano nuestro país se verá inmerso en un nuevo expediente sancionador por la Comisión Europea ya que, a mi juicio, no recoge los requisitos y criterios jurídicos contenidos en la Directiva 97/ 11. Y, lo que es aún más grave, se utiliza este proyecto de ley para dar carta blanca y poder llevar a cabo, sin evaluación ambiental, obras que ya venían contempladas en el proyecto inicial del Gobierno, es decir, se dejan exentas para que sea criterio discrecional del órgano sustantivo si hace o no evaluación de impacto en casos tales como concentraciones parcelarias de más de 300 hectáreas de agricultura intensiva o de 500 toneladas al año; explotaciones de industria extractiva de más de 100.000 metros cúbicos; dragados fluviales con extracción de más de 100.000 metros cúbicos; plantas de aguas residuales y vertidos a cauces en poblaciones de 150.000 habitantes; presas; instalaciones para retener agua almacenada; extracción de aguas subterráneas por un volumen que en principio estaba establecido en 300.000 metros cúbicos y que ustedes suben hasta el millón de metros cúbicos; acueductos de larga distancia o conducciones de agua de más de 40 kilómetros; instalaciones de desalación de agua de volumen superior a los 3.000 metros cúbicos al día, por citar alguna de las que se dejan sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Pero lo más llamativo, como ya se ha dicho, es que esta ley se utilice de percha para proponer una nueva disposición adicional que les permita una vez más, a través de un real decreto-ley, modificar la normativa legal en materia de aguas, cuestión que deberían haber cumplido ya hace un año y que debería tratarse con la mayor participación, el mayor debate en esta Cámara y no seguir hurtando a los representantes de la ciudadanía el derecho a poder debatir sobre una cuestión tan fundamental como es la gestión del agua.
Por tanto, podemos terminar concluyendo que, seis meses después de presentado el proyecto de ley, el Gobierno y el Grupo Popular han hecho un uso improcedente e inapropiado del procedimiento. En lugar de mejorar, ampliar y recoger las recomendaciones del Consejo de Estado, las directrices europeas o las propuestas de los grupos políticos, nos traen una norma con 27 enmiendas que la modifican más restrictivamente

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que la que inicialmente se planteó; por tanto, menos obtenible desde el punto de vista del medio ambiente, menos garantizable desde la preservación del medio ambiente. Una norma hecha a medida de los promotores, de los gestores de las grandes obras y muy coherente con la falsa política de medio ambiente que el Partido Popular viene desarrollando en estos cinco años de Gobierno. Deberíamos tener un Ministerio preocupado en que la trasposición de las directivas de obligado cumplimiento se hiciera en tiempo y con un contenido ajustado a las mismas.
Esto no ha sucedido. Lamentablemente, después de tres años de retraso y dos expedientes abiertos en la Comisión Europea, nos encontramos con un texto que es más restrictivo que el inicialmente presentado, un texto que estarán aplaudiendo quienes consideran que la política de preservación del medio ambiente es una historia romántica de unos cuantos y que el desarrollo es poder seguir especulando a través de políticas desarrollistas, que no tienen en cuenta ni el entorno ni la calidad de vida de la personas.
En consecuencia, nuestra posición va a ser, en principio, votar que no a este texto por todas las razones que he dado, aunque votaremos a favor de algunas enmiendas de carácter estrictamente gramatical porque es lógico que se dé una redacción técnicamente apropiada. No así a las enmiendas de fondo, que suponen un recorte aún mayor de lo que son las medidas cautelares y preventivas de evaluación de impacto ambiental. Creemos que con este proyecto de ley se dan pasos atrás de los cuales nuestro país, en algún momento no muy lejano, tendrá que responder ante la Unión Europea, de la cual formamos parte.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García-Hierro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante los últimos discursos floridos que reiteran debates anteriores, me veo en la obligación de recordar qué es y qué no es el texto que hoy aquí se debate. Señorías, debatimos la modificación del decreto legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, la modificación de un decreto de 1986. ¿Qué tenía ese decreto de 1986? Diez artículos y un anexo con 12 categorías de proyectos. ¿Qué contiene la modificación? Los mismos artículos, más dos de un régimen sancionador y además dos anexos, uno con 115 categorías de proyectos y otro con 80 categorías de proyectos. Las 115 categorías de proyectos -el primer anexo- son las actuaciones que se hacen en la naturaleza, que en todo caso deben ser objeto de evaluación de impacto ambiental, y a los 80 restantes, en su caso, con la valoración del órgano ambiental, se les hará declaración de impacto ambiental.
Señorías, yo me quedo con la calificación que hacía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que es un avance importante en la cultura del medio ambiente y en la conservación del patrimonio. Me quedo con esa valoración, no con otros discursos floridos que intentan hacer descalificaciones gratuitas, probablemente porque les moleste que el Partido Popular les haya pasado con este avance muy por encima en su apreciación, conservación y valoración del impacto ambiental. Y recuerdo por qué se hace esta modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se hace por tres razones: la primera, para trasponer correctamente la directiva 85/337 por una sentencia de la Unión Europea; segunda, para trasponer la directiva 97/11 y, tercera, para adecuarla a una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía valoraciones sobre el régimen competencial del Estado y de las comunidades autónomas.


El decreto que hoy nos viene del Senado fue en su día consensuado con las comunidades autónomas, porque son competencias compartidas, y parte, como aquí también se ha dicho, de una exquisita colaboración y un exquisito compromiso social e institucional con el medio ambiente.
Creemos, señorías, que negarle al proyecto que nos viene del Senado esa calificación de avance sustantivo sobre la cultura del medio ambiente es cerrar los ojos a la evidencia o hacer discursos floridos y gratuitos de cara a la galería.
Señorías, la ley tiene 10 artículos, en los que está lo sustantivo, el espíritu de la ley, y dos anexos. Como he dicho, un anexo de 115 categorías de proyectos que en todo caso deben ser objeto de evaluación ambiental y otro de 80 categorías de proyectos que se evaluarán en su caso. El Senado ha hecho, en 26 enmiendas, un avance importante de esos anexos, el Senado no ha enmendado la parte sustantiva de la ley, que son los 10 artículos. No existen enmiendas de fondo, existen enmiendas gramaticales; no ha enmendado ningún artículo de la ley, ha enmendado los dos anexos, que son complementarios a la ley.
Les recuerdo a SS.SS. que en la ley hay también un artículo, el artículo 1.2, que dice que, en todo caso, las comunidades autónomas podrán poner umbrales a los proyectos o introducir categorías de proyectos. Esto quiere decir que el Senado, además de ampliar el número de proyectos, ha hecho una cosa para nosotros muy importante: no sólo ha definido los umbrales y categorías de proyectos, sino que ha dicho que, en todo caso, cualquier actividad que se haga en dominio público hidráulico, que se haga en zonas definidas como sensibles por las directivas de la Comunidad Económica Europea o que se haga en zonas húmedas del convenio Ramsar, cualquier actividad que se haga en esas zonas debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental. Y le recuerdo a S.S. que todo lo que tiene

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relación con el agua es dominio público. Luego no me diga que se ha quitado nada del agua, porque la ley dice que, en todo caso, todos los proyectos que se hagan en dominio público deben ser objeto de evaluación de impacto ambiental.
Señorías, no hagamos lecturas parciales sobre lo que hoy debatimos.
Creo que todos debemos tener un compromiso con el medio ambiente y el Partido Popular lo ha demostrado, no sólo creando el Ministerio, sino haciendo avances importantes en la legislación y en la cultura del medio ambiente, de conservación y de enriquecimiento de nuestro patrimonio. Creo que ahí es donde debemos valorar el documento que hoy nos viene del Senado y, desde el Partido Popular, entendemos que supone un enriquecimiento del proyecto que salió desde el Gobierno.
Yo intento justificar algunos discursos porque probablemente les moleste la sensibilidad que tiene el Partido Popular con el medio ambiente, que lo demuestra con leyes como ésta.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 octubre.
Les advierto a SS.SS. que va a ser una votación compleja por cuanto se han solicitado votaciones separadas de párrafo a párrafo. Desde la Presidencia vamos a intentar, con la ayuda de los servicios de la Cámara, llevar esta votación de la manera más ordenada posible, pero les ruego una atención especial y silencio. Vamos a ir votando enmienda por enmienda de las aprobadas por el Senado, siguiendo lógicamente el orden de los artículos y de los párrafos a los cuales afectan.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas aprobadas por el Senado que afectan a la exposición de motivos, excepto la enmienda por la cual se suprime el último párrafo de la exposición de motivos; es decir, estaríamos votando los párrafos siguientes: el que comienza «En este sentido» y finaliza con «un desarrollo sostenible.»; el que comienza «La incorporación de la Directiva 85/337/CEE» y finaliza con «para la ejecución del Real Decreto legislativo»; el que comienza «Con posterioridad, la Directiva 97/11/CE» y finaliza con «conteniendo cuatro modificaciones principales.» y el que comienza diciendo «En primer lugar,» y finaliza «y ratificado por España el 1 de septiembre de 1997.» Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 288; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado de referencia.
Sometemos a votación la enmienda del Senado que afecta a la exposición de motivos y por la cual se suprime el último párrafo del texto aprobado por el Congreso de la referida exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 171; en contra, 107; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida enmienda.
Sometemos a votación las enmiendas que afectan al artículo 1 del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 288; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida enmienda.
Sometemos a votación la enmienda aprobada por el Senado que afecta al artículo 2 del referido real decreto legislativo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida enmienda.
Sometemos a votación la enmienda que afecta al artículo 8 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 277; en contra, cinco; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda que afecta al artículo 8 ter.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 289; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda que afecta a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda por la que se crea una nueva disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 173; en contra, 108; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la enmienda de referencia.
Entramos a continuación en la votación de las enmiendas que afectan a los anexos. En primer lugar, la enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 1, letra e).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 176; en contra, 106; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la referida enmienda.
Sometemos a continuación a votación la enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 1, apartado g).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 172; en contra, 108; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la referida enmienda.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan, dentro del anexo I, al grupo 2, apartado a), 8.ª Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 172; en contra, 108; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la referida enmienda.
Continuamos con la votación del anexo I, grupo 2, letra c), apartado 1.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 171; en contra, 109; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la referida enmienda.


Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan, dentro del anexo I, al grupo 3, letra a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 281; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la enmienda de referencia.
Sometemos a continuación a votación la enmienda que afecta al anexo I, grupo 3, letra b), apartado 1.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 283; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la enmienda de referencia.
Sometemos a votación la enmienda que afecta al anexo I, grupo 3, letra e).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 174; en contra, 110; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas que afectan al grupo 6 del anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 174; en contra, 109; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al grupo 7 del anexo I. En primer lugar, la que afecta al apartado a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 172; en contra, 112; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida enmienda.
Votamos a continuación la enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 7, apartado b).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 289; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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Enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 7, apartado d).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 177; en contra, 108; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda que crea un nuevo apartado e) dentro del grupo 7 del anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 181; en contra, 104; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan, dentro del anexo I, al grupo 9. En primer lugar, la que afecta al apartado b) párrafo previo, de encabezamiento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 280; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 9, apartado b), punto 10.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 286; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Votamos a continuación la enmienda que afecta, dentro del anexo I, al grupo 9, letra c), punto 7.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 286; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Votamos seguidamente la enmienda que afecta al anexo I, grupo 9, apartado c), punto 8.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 175; en contra, 108; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Votamos a continuación la enmienda que afecta al anexo I, grupo 9, letra c), punto 9.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 175; en contra, 108; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Votamos a continuación la enmienda que afecta al anexo I, grupo 9, apartado d).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 176; en contra, 106; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al anexo II. En primer lugar, enmienda que afecta al anexo II, grupo 1, letra a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 175; en contra, 107; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Votamos la enmienda que afecta al anexo II, grupo 1, letra c).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 283; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Sometemos a votación a continuación la enmienda que afecta al anexo II, grupo 1, letra e).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 173; en contra, 109; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada dicha enmienda.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al grupo 3 del anexo II. En primer lugar, letra e).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 174; en contra, 112; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda que afecta al apartado f) del anexo II, grupo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 174; en contra, 111; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de la enmienda que afecta al grupo 4, anexo II, letra i).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 174; en contra, 112; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a continuación a votación la enmienda que afecta al apartado f) del anexo II, grupo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al anexo II, grupo 8. En primer lugar, letra a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 177; en contra, 106; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda que afecta al apartado c) del anexo II, grupo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 173; en contra, 109; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda que afecta a la letra d) del anexo II, grupo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 174; en contra, 109; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda que afecta al apartado e) del anexo II, grupo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 173; en contra, 109; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda que afecta a la letra f) del anexo II, grupo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 173; en contra, 107; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la referida enmienda.
Por último, enmienda que afecta al anexo II, grupo 8, apartado g).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 174; en contra, 109; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la referida enmienda.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 4.866.309.925 PESETAS, PARA EL PAGO DE RETRIBUCIONES, ESTABLECIDAS EN DIVERSAS SENTENCIAS FIRMES, FALLADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000020)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Iniciamos, entonces, la votación de las enmiendas del Senado al referido proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, aprobadas las enmiendas al referido proyecto de ley de concesión de un suplemento de crédito.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO). (Número de expediente 121/000037)

La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-ley 5/ 2001, de 2 de marzo.
A este proyecto de ley han sido presentadas dos enmiendas de totalidad con texto alternativo.En primer lugar, para la presentación y defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
(Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo pero, en ambos casos, guarden silencio.


El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, deseamos decirlo claro y desde el principio: Esta reforma no contribuye a resolver los problemas en el mercado de trabajo y es simplemente un favor a los empresarios, que no parecen ser capaces de afrontar proyectos empresariales sin la precariedad laboral y son insaciables a la hora de exprimir los recursos del trabajo, sin que se conozca su contribución solvente al control de la inflación, a la solidaridad o a la creación de unas mejores condiciones económicas.
Una y otra vez se constata la falta de autonomía del Gobierno respecto a la patronal y la entrega del mercado de trabajo a las demandas de la misma. La irrupción en un proceso negociador de agentes sociales no sólo ha supuesto una grave quiebra del modelo de negociación colectiva, que se ha mostrado eficaz en los últimos cinco años, sino que niega la autonomía de los agentes sociales y establece un grave precedente de cara al futuro. Uno tiene la impresión bastante fundada de que el sacrificio de la lucha contra la precariedad y la ruptura de la negociación colectiva ha sido el precio que el Gobierno ha debido pagar para que los empresarios acepten paralizar durante tres años sus irracionales demandas sobre el sistema de la Seguridad Social y acepten su participación en el acuerdo sobre pensiones. La lógica implícita en este comportamiento es evidente: calmar la voracidad de la patronal ofreciendo la precariedad y la falta de calidad en el trabajo como moneda de cambio. La imposición de una reforma laboral sin acuerdo constituye un cambio muy grave respecto a la cultura de diálogo y consenso laboral que se había afirmado en los últimos años y abre un período de incertidumbre que hará ineficaz cualquiera de las medidas impulsadas en el mercado de trabajo.
Con este proyecto de ley el Gobierno ha optado, rompiendo su compromiso de fortalecer el diálogo social, por las posiciones y exigencias de la patronal. El diálogo entre los agentes sociales ha sido torpedeado por el Gobierno desde el principio, avalando las peticiones de la patronal. Una patronal consciente, cómo no, de que el Gobierno de la derecha legislaría a favor de sus propuestas e intereses. La actitud del Gobierno fractura unas relaciones laborales basadas en el acuerdo y el diálogo. Este es el escenario político que nos presenta esta reforma del mercado de trabajo: la afirmación de la precariedad, esto es, un mercado de un modelo dual de rentas y de calidad del empleo; la afirmación de la imposición sobre la negociación; la conversión del Gobierno en imposición sobre la negociación, última trinchera de la patronal, y la opción por la tensión en el mercado de trabajo frente al acuerdo. Esta es la responsabilidad del Gobierno y este es el modelo que se pretende imponer.
Además, las explicaciones del Gobierno que parecen defender esta reforma envían a la sociedad española un mensaje de desánimo sobre la posibilidad de crear empleo de calidad. Señorías, no es cierto que las limitaciones de las políticas de empleo se encuentren en las regulaciones laborales y, menos aún, que no pueda hacerse otra cosa que fomentar la precariedad para crear puestos de trabajo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El empleo sigue siendo el mayor problema de la economía y de la sociedad española. A pesar del período de bonanza económica que hemos vivido, en el año 2000 la relación entre contratos y disminución de empleo es de 90 a uno, es decir, hacen falta 90 contratos para reducir en uno el número de parados. Esto es lo que debe alertarnos, señorías, lo que debe exigir del Gobierno y de los agentes sociales respuestas. Estas respuestas no están en reformas impuestas del mercado de trabajo ni en incentivos que se convierten en regalos, sino en la afirmación de una nueva cultura de la creación de empleo. Mientras el Gobierno explora e impulsa la línea del favor político y laboral a la patronal, se desprecian posibilidades de intervención de la reducción de la jornada de trabajo, control de horas extraordinarias, contratos de relevo, esto es, se renuncia a intervenir con políticas que fomentan empleos de calidad para vivir en el empleo precario y sin derechos.
El Gobierno del Partido Popular ha despreciado a más de un millón 200.000 ciudadanos y ciudadanas que suscribieron las iniciativas legislativas populares, por un lado, para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y, por otro, para el control de la subcontratación en el sector de la construcción y una mayor prevención en los riesgos laborales, esta última

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auspiciada por la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras. Pensamos que los contenidos de ambas iniciativas son necesarios para mejorar las condiciones laborales y potenciar la creación de empleo estable y con derechos. No quiero recordar aquí una vez más, porque ya lo hemos hecho en algunas interpelaciones, cuál fue el trato que el Gobierno del Partido Popular dio a estas dos iniciativas, que ni tan siquiera se tuvieron en consideración.
No es menos importante buscar instrumentos que permitan una reinversión de parte del excedente empresarial con la creación de empleo, de tal forma que un porcentaje de aquél se dirigiese a la formación de capital fijo generador de puestos de trabajo. También hay que explorar, como hemos debatido en la Cámara, las posibilidades de los nuevos yacimientos de empleo. Por el contrario, la reforma del mercado de trabajo que se propone supone una reforma desequilibrada del mercado de trabajo a favor de las demandas patronales que abandonan el objetivo, ampliamente compartido por la sociedad española, de afrontar el problema de la temporalidad, sustituyéndolo por el aumento de la discrecionalidad del empresario. En una palabra, este proyecto camina en la dirección contraria a la creación de empleo; renuncia a introducir medidas de sobrecoste para la contratación temporal, facilitando su desarrollo; desnaturaliza los acuerdos anteriores, ampliando las causas de temporalidad; modifica unilateralmente el contrato indefinido de fomento e introduce la cláusula de despido para trabajadores estructurales de la Administración pública o empresas que contraten con ella; por último, renuncia a establecer un régimen riguroso de control en contratas y subcontratas.
Las medidas contempladas por el Ejecutivo de reforma del mercado de trabajo por el incremento del empleo y la mejora de su calidad, según titula el proyecto de ley, pueden acabar siendo contraproducentes.
Primero, porque como hemos señalado, la creación de empleo no depende de reformas laborales y, en segundo lugar, aunque así pueden actuar sobre la calidad del empleo, los contenidos del proyecto no abordan con garantía el problema de la precariedad. Sabemos, además, que las reformas impuestas y sin contar con la aceptación de las organizaciones sindicales llevan el marchamo del fracaso. No parece posible reducir la temporalidad limitando a doce meses desde los trece meses y medio la duración del contrato eventual, cuando únicamente el 0,2 por ciento del total de contratos eventuales supera el año de duración, o establecer una indemnización de ocho días por año trabajado cuando la duración media del total de contratos temporales supera escasamente los tres meses, dando lugar a potenciales cuantías indemnizatorias ridículas, que para un salario medio sería de 88 pesetas al día. En suma, son medidas insuficientes, casi ornamentales, que no evitarán que los empresarios sigan abusando de los contratos temporales para cubrir puestos de trabajo estables. Por el contrario, la reforma desvirtúa aún más el contrato para la formación, convirtiéndolo en un auténtico cajón de sastre del subempleo al incluir colectivos muy heterogéneos y al margen de la edad.
Un contrato temporal -el formativo- pensado para el aprendizaje de los jóvenes sin titulación y que inician su vida laboral no puede ser utilizado para trabajadores inmigrantes o para desempleados de muy larga duración o en situación de exclusión social. Esto supone marginar sus capacidades y someterlos al mercado laboral como mano de obra barata y vulnerable. Las características de este contrato, que no da derecho a prestaciones por desempleo y con un salario que no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, hacen que sea injustificable su aplicación para estos colectivos; insistimos, al margen de la edad. De la misma forma, es sintomática la actuación del Gobierno en cuanto al trabajo a tiempo parcial. En 1998, los sindicatos y el Gobierno acordaron una regulación del contrato indefinido a tiempo parcial que ahora es reformada de forma regresiva y unilateral por el Gobierno. Eliminar el tope del 77 por ciento de horas máximas con relación a la contratación a tiempo completo, acabar con la consolidación de las horas complementarias y aumentar discrecionalmente el poder del empresario en la distribución de la jornada laboral significa simple y llanamente eliminar garantías para quienes desean trabajar a tiempo parcial. Lo que se propone es precarizar las condiciones laborales de jóvenes y mujeres, que son los principales destinatarios de esta modalidad de contratación.
Desde luego, con esta nueva regulación será muy difícil compaginar el trabajo y el estudio, en el caso de los jóvenes, y la vida laboral y familiar, con carácter general.
Frente al aumento de la temporalidad en el sector publico -el 15 por ciento en 1996 y el 20 por ciento en la actualidad-, proceso ligado a la amortización de empleo público, se crea un contrato de inserción temporal para la Administración sin duración máxima. El objetivo del mismo es demasiado general -realizar una obra o servicio de interés general o social- como para delimitar la causa del contrato, y no está claro el salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados mediante esta modalidad. Pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
Como decimos, medidas improcedentes e ineficaces y algunas regresivas de cara a disminuir la elevada temporalidad que soporta el mercado laboral. Esta reforma laboral no pretende reducir la temporalidad, busca presionar a la baja aún más sobre los costes laborales. Este es el meollo de la reforma: insistir en el trillado y anunciado camino de reducir el precio del trabajo, suprimiendo paulatinamente los denominados costes no salariales del mismo. Los incentivos, cada vez mayores, superan el carácter temporal con el que fueron concebidos en 1997; resulta inaceptable que se bonifiquen

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incluso contratos de carácter temporal, tal y como se hace con el contrato de inserción temporal, de nueva creación. Además, es inadmisible que el coste de estas políticas -transferencia de rentas a las empresas- lo siga sufragando el Inem con recursos que provienen de las prestaciones al desempleo.
Izquierda Unida presenta esta enmienda a la totalidad con texto alternativo porque considera imprescindible la adopción de un conjunto de medidas para crear empleo de mayor calidad y la reducción de la temporalidad a niveles tolerables. El texto que se presenta contiene una serie de medidas alternativas a la propuesta del Gobierno de la derecha que, aplicadas de forma integral, conducirán a la regulación de un mercado de trabajo estable y de calidad.
Señorías, esta reforma es un freno a todas las reflexiones sobre la ausencia de calidad y derechos en el mercado de trabajo, falsea cualquier perspectiva de igualdad de oportunidades y sitúa como única posibilidad y perspectiva del empleo español la temporalidad y la disminución del precio; hoy, de los costes indirectos; mañana, del salario. Este es el mensaje que se lanza a la sociedad española y que Izquierda Unida no compartirá con ustedes.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, tal y como manifestamos cuando votamos en contra de su decretazo sobre la reforma del mercado laboral, el Grupo Socialista presenta hoy a la Cámara una alternativa a lo que el Gobierno, de forma unilateral y rompiendo el diálogo social, hizo entonces. Lo hacemos porque esa es nuestra forma de entender lo que es una oposición útil a la sociedad, una oposición que ejerce su labor de control al Gobierno, aunque el rodillo de la mayoría absoluta pretenda impedirlo; una oposición que manifiesta sus críticas a la acción del Gobierno sin ocultar la voluntad de acuerdo en temas esenciales para el país y una oposición que marca sus diferencias presentando alternativas allí donde los ciudadanos deben conocer lo que nosotros haríamos si fuéramos gobierno o lo que haremos cuando lo seamos en la próxima legislatura. Y lo que haríamos y lo que haremos en materia de relaciones laborales es radicalmente distinto de lo que ha hecho el Gobierno. Tan distinto como sólo puede serlo entre quienes parten de concepciones políticas y sociales tan alejadas como la derecha y la izquierda.
La derecha ha aprobado una reforma laboral de cortas miras, antigua en su concepción, regresiva en sus consecuencias e ineficaz para resolver los problemas existentes. Y lo ha hecho sin tener en cuenta la opinión de los sindicatos, demostrando que su idea del diálogo social es sólo una foto y una firma cuando al Gobierno le interesa en los asuntos que al Gobierno le interesan, es decir, puro oportunismo; una cosa de quita y pon. Compartimos, sin embargo, la necesidad de efectuar reformas si queremos mejorar nuestra ejecutoria en empleo, reducir la excesiva precariedad laboral que tanta influencia tiene sobre la siniestralidad, facilitar la necesaria incorporación de la mujer al mercado laboral, abrir opciones para que los individuos puedan conciliar sus necesidades personales con las sociales, propiciar la entrada de jóvenes en el mercado laboral, favorecer a la familia y cuidar la natalidad, así como proteger los derechos colectivos para no desequilibrar la balanza a favor de quienes tienen más poder en un mercado que es algo más que un mercado de patatas o tomates.
La economía española sigue teniendo importantes problemas de empleo; de cantidad, de calidad y de condiciones. Desde que en 1994 superamos la crisis económica hasta ahora se ha creado una gran cantidad de puestos de trabajo, como ocurre en todas las fases de crecimiento en todos los países. Sin embargo, cumplir los objetivos aprobados en la cumbre de Lisboa de tener una tasa de empleo del 70 por ciento significará incorporar a nuestro mercado laboral antes de 2005 a tres millones de trabajadores nuevos, de los cuales dos deberán ser mujeres. Este esfuerzo no podrá proceder sólo del impulso del crecimiento económico, sobre todo a partir de las perspectivas actuales de ralentización del mismo y con una inflación descontrolada, y debe concentrarse en dos colectivos prioritarios: mujeres y parados de baja cualificación. La incorporación de la mujer al mercado laboral no puede hacerse desde una discriminación de género, como propone el Gobierno, mediante contratos con menor protección, ni puede hacerse sólo desde la política laboral cuando la inmensa mayoría de nuestros hogares tienen cada vez más a personas dependientes que necesitan cuidados que no proporciona nuestra raquítica política social. Por ello, la propuesta socialista incorpora, junto a la igualdad de acceso de la mujer al trabajo en las mismas condiciones que el hombre, un estímulo a su contratación equivalente al cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social durante el primer año y un impulso decisivo a las políticas sociales de apoyo a la familia para que la opción entre trabajar en el hogar o fuera del mismo sea una opción real para miles y miles de mujeres que hoy no la tienen.
Fomentar el empleo de trabajadores poco cualificados sigue siendo una necesidad, no sólo porque cada vez más se constituyen en el núcleo resistente del paro, sino porque la tecnificación creciente de nuestros procesos productivos tiende a expulsarlos del mercado laboral. Por ello, proponemos un plan de choque consistente en una rebaja de cuatro puntos a las cotizaciones

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sociales de los empleos menos cualificados como estímulo a su contratación, asociado a una reforma del contrato de formación.
Quiero resaltar, vinculado a este aspecto de nuestra alternativa, que al parecer sólo la izquierda política plantea hoy en España rebajas en las cotizaciones sociales y sólo ella las rebajó en un punto lineal cuando estuvo en el Gobierno. Cuando estaban ustedes en la oposición se les llenaba la boca de promesas sobre cuantiosas rebajas en las cotizaciones sociales, hasta que descubrieron ya en el Gobierno la posibilidad de utilizar los superávit de la Seguridad Social para financiar gastos del Estado que deberían hacerse mediante impuestos. Es un impuesto al trabajo, como son las cotizaciones sociales, el que acaba financiando los planes de empleo, los déficit del Estado, los complementos a mínimos o las rebajas impositivas; todo un hallazgo de contabilidad creativa y de insolidaridad colectiva. Nuestra alternativa pone fin a esa práctica haciendo que todas las subvenciones establecidas en los planes de empleo o asociadas a la creación de empleo indefinido se financien desde el Estado y no como ahora desde la propia Seguridad Social.
Permitir la capitalización del desempleo para aquellos trabajadores en paro que quieran autoemplearse como autónomos es otra medida eficaz de reducción del paro y de estímulo del espíritu emprendedor que proponemos en nuestra alternativa. Pero no basta con crear empleo en cantidad suficiente si este es precario, mal pagado y con escasa protección social, que es por lo que está apostando la derecha española. Frente a las nulas medidas abordadas por el Gobierno para combatir una temporalidad injustificadamente elevada y frente a la nueva regulación que se hace del contrato a tiempo parcial como una nueva vía de precariedad e indefensión de los trabajadores, la alternativa del Grupo Socialista permite combatir los abusos y los fraudes de ley que se están dando en la contratación temporal y ofrece una regulación del contrato a tiempo parcial que responde de verdad a su enunciado: tiempo parcial y no completo, camuflado y más barato como hace el Gobierno. Reforzar la causalidad en la contratación temporal para que sólo los trabajos de carácter temporal se acojan a los mismos, haciendo uso de la jurisprudencia existente para sancionar las prácticas abusivas y los fraudes de ley, es, junto a una mejor regulación de la subcontratación, la principal apuesta práctica del Grupo Socialista para combatir ese 32 por ciento de temporalidad que tenemos, muy concentrado además en los jóvenes.
Señores del Grupo Popular, contratar de forma reiterada por cinco días para ahorrarse pagar el fin de semana, que es una práctica frecuente cuya denuncia se ha producido estos días, no se corrige con una mayor cotización social como ustedes proponen. Estos casos denunciados son simplemente un fraude que ustedes permiten por no reforzar desde la ley el principio de causalidad en la contratación temporal. Con nuestra alternativa esos abusos pasarían a convertirse automáticamente en contratos indefinidos, que es lo acorde con la jurisprudencia, con el sentido común y lo más eficaz para evitarlos. Junto a ello, la incorporación en los contratos temporales de una indemnización adecuada por extinción es el complemento necesario para mejorar las condiciones de estos trabajadores. Más y mejor empleo, como proponemos los socialistas con las medidas concretas que configuran nuestro texto legal alternativo, siendo necesario no es suficiente en una reforma moderna y avanzada de nuestro marco de relaciones laborales. Hay que atender también a que las condiciones de dicho empleo se correspondan con las necesidades de una sociedad compleja como la actual, una sociedad que pide estabilidad laboral, que tiene problemas de natalidad, de compatibilidad entre la vida laboral y la familiar y con prolongación de las posibilidades de vida activa por parte de cada vez más colectivos y ciudadanos; una sociedad que quiere ver ampliadas sus posibilidades de realización personal y profesional sin que las unas tengan que sacrificarse a las otras. Por ello, proponemos mantener un año los incentivos a la conversión de empleos temporales en fijos, dejando que los interlocutores sociales establezcan durante ese período un balance de los mismos y hagan propuestas pactadas al respecto. Proponemos también un permiso de paternidad de un mes compatible con el de maternidad. Reforzamos las garantías para las mujeres trabajadoras que se queden embarazadas.
Incentivamos la reducción de la jornada laboral asociada a mejoras tecnológicas para combatir la lacra de la baja productividad de la economía española. Permitimos la acumulación de períodos sabáticos en todas las profesiones e introducimos fórmulas flexibles de jubilación que permitan a los trabajadores ajustar la duración de su vida laboral a sus deseos y posibilidades.
Señorías, el texto alternativo que presenta el Grupo Socialista es mejor que el del Gobierno; mejor porque encara de verdad el problema de la temporalidad y de la precariedad de nuestro mercado laboral; mejor porque facilita la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad con el hombre; mejor porque ofrece posibilidades reales de empleo para los parados de baja cualificación y estimula la aparición de trabajadores autónomos; mejor porque presenta respuestas modernas a las preocupaciones reales de millones de trabajadores y trabajadoras que quieren conciliar su vida laboral con la familiar y mejor también porque se basa en unas cuentas públicas más claras, sin hacer uso fraudulento de las cotizaciones sociales para financiar cosas que no les corresponde financiar. Por ello, seguramente al rodillo conservador no le va a gustar y votará en contra, porque frente a su opción de recuperar la competitividad que perdemos por culpa de su ineficiente política antiinflacionista, a través de una mayor precarización laboral, con retrocesos en los derechos colectivos de los trabajadores y su

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promoción de los bajos salarios, los socialistas optamos por fórmulas que permiten crear más y mejor empleo, fortalecer los derechos de los trabajadores y un reparto justo de los frutos del crecimiento económico.
Han amenazado con que la reforma laboral del Gobierno no hacía sino empezar con este decreto. Efectivamente, sus reformas son amenazas para la inmensa mayoría de los trabajadores, porque ustedes y el Gobierno al que apoyan son cada vez más una rémora para el nuevo impulso de convivencia democrática, de modernidad, de avance social y económico que España necesita y los ciudadanos merecen. Su ciclo político se ha agotado y votando en contra de nuestra alternativa darán buena prueba de ello. Sus actos de Gobierno son cada vez más una caricatura teñida de propaganda y complacencia; por fortuna, los ciudadanos tienen alternativas, como la que hoy presenta el Grupo Socialista, para volver a depositar en nosotros sus esperanzas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sevilla.
Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señor presidente, señorías, ciertamente me resulta difícil, a pesar de haber seguido con la máxima atención las dos intervenciones, realizar lo que sería una intervención propiamente en contra de la primera de las enmiendas, que creo -permítanme que lo diga con toda cordialidad- que ha reiterado el debate de la anterior sesión en la que fue convalidado el real decreto-ley del que trae causa este proyecto de ley, pero no ha dedicado ni quince segundos -lo puedo garantizar- a la exposición de lo que serían los contenidos realmente alternativos, los que nos permitirían, al fin y al cabo, saber si estamos ante un documento de trabajo de mayor calidad para acometer lo que constituye la necesidad básica de la sociedad española. Para mí, al menos -supongo que también para el Grupo Popular y para el Gobierno-, la necesidad básica es seguir manteniendo unos ritmos importantes de cantidad y de calidad en el empleo.
Ciertamente se puede decir, como se ha afirmado con toda sinceridad, que aquí se venía a hacer una crítica lo más dura o contundente posible al proyecto del Gobierno. Eso entra en el ejercicio libérrimo de la responsabilidad política. Lo que es difícil, sinceramente, es, a partir de ahí, tomar los elementos que nos permitan saber si estamos ante una mejor base de trabajo. La primera referencia común en las dos intervenciones que he escuchado son las sistemáticas apelaciones al diálogo social. Permítanme que les diga que difícilmente se puede inducir, se puede suscitar, se puede estimular el diálogo social cuando se empieza por una tanda de improperios y de insultos a una de las partes. Les garantizo que ese no es mi estilo. Descalificar global y generalizadamente al conjunto de los empresarios españoles con calificativos como los que usted ha aplicado, me parece que pone muy difícil la consecución de acuerdos o que haría muy difícil incluso la aceptación de posiciones de una de las partes.
Ha dicho bastantes cosas, como que España ha perdido calidad y cantidad de empleo. Realmente lamento que las cifras no se compadezcan con sus afirmaciones. En estos últimos años, tomemos el registro que tomemos, el registro de encuesta de población activa, de paro registrado, el registro de afiliación a la Seguridad Social, nos encontramos con una primera buena noticia, al menos para el conjunto de la sociedad, no sé si para su formación política: hay más empleo.
Si nos vamos a los criterios de calidad del empleo, usted puede abordarlo como prefiera, desde la dimensión del paro de larga duración, si tenemos más o menos paro de larga duración, si tenemos más o menos paro femenino, sobre lo que también ha manifestado mucho su preocupación, si tenemos más o menos paro juvenil, motivo también constante de ambas intervenciones, y lamento darles para ustedes una mala noticia: tenemos unas tasas más favorables de empleo, tenemos un menor paro femenino y tenemos afortunadamente, se lo voy a decir con claridad al representante del Grupo Socialista, menos temporalidad.
También en ambas intervenciones se ha querido hacer cuestión ideológica de la temporalidad y de la precariedad; esfuerzo loable, esfuerzo entendible, pero no es menos cierto que ninguno de los gobiernos socialdemócratas en los cuatro últimos años ha logrado que retroceda la temporalidad en los gobiernos que ostenta. Lamento informarle, supongo que para usted es también una mala noticia, que los únicos gobiernos que han logrado un retroceso de la temporalidad, que a todos se nos antoja insuficiente, han sido gobiernos de distinto signo al suyo.
Señor Sevilla, usted ha sido muy sincero y creo que a la sinceridad hay que corresponder con sinceridad. Ha dicho con toda claridad: venimos a hablar de lo que haremos, de lo que haríamos, condicionante que me ha dejado francamente preocupado, porque a lo mejor hay una clara diferencia entre lo que dicen que van a hacer y lo que finalmente hacen. Ha sido enormemente sincero, ha dicho: No vamos a hablar de lo que hemos hecho. Este es un nuevo ejercicio de amnesia selectiva. Aquí, como ayer tuve ocasión de comprobar, uno recuerda solamente lo que desea recordar. Pues bien, recordemos que cuando se empiezan a hacer mediciones exactas y precisas de la temporalidad, que seguro que usted conoce, que es en el año 1987, España no estaba en modo alguno alejada de lo que son hoy las medias europeas, tenía un 15 por ciento entonces frente a este 13,9 que ahora ostentamos.
¿Usted cree, como persona de honda formación científica, en la casualidad o en la causalidad? Yo creo en la causalidad, y hay causas para

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entender claramente por qué se dispara la temporalidad. Ha lanzado una acusación muy gruesa, nos ha dicho que somos los propulsores de la descausalización del contrato temporal. Me permito recordar que ese invento tiene nombre, y ese invento se llama la reforma del año 1984, por cierto, con la carga de consenso social que usted quiera reconocer en el mismo. Y muchas de las personas que hoy están aquí, y estoy seguro que de buena fe, votaron esa reforma. Muchas de las personas que ocupan sus bancos votaron esa reforma; me cuesta creer que lo hicieran con la perversa intención de deteriorar el mercado de trabajo. Pero no es menos cierto que se alcanzó prácticamente un 35 por ciento de temporalidad. Si me dice si me siento satisfecho con el retroceso de tres puntos le tengo que decir abiertamente que no, por eso estamos buscando nuevas medidas que permitan seguir avanzando en la senda de la mejora de la cantidad y de la calidad. Coincido con usted en que lo que sería suicida es, ante nuevos escenarios que no conciernen sólo España sino ante los nuevos escenarios de crecimiento económico, no hacer nada o, como algunos proponían, dejar caducar o extinguir los acuerdos preexistentes.
Me gustaría hacer referencia a cosas que creo que son interpretaciones, no ya sesgadas sino extravagantes. Se ha dicho que puede resultar abusivo la utilización de los contratos de formación para personas procedentes de otros países. A mí, sinceramente, me gustaría que ya estuviese resuelto, antes del Consejo de Ministros en que se aprobó el real decreto-ley, el acceso de personas de otros países a los mecanismos que los ciudadanos españoles tienen para casos en los que no han podido completar su formación o para casos en los que es evidente alguna de las carencias que no permiten su normal intervención en el mercado de trabajo.
Me encantaría que en todos los países de los que proceden los inmigrantes hubiese sistemas de formación obligatoria educativa hasta edades al menos comparables a las españolas, porque eso justificaría la existencia, como lo ha justificado en España, de los límites de edad. Por cierto, me permito recordar que hasta el año 1997 el contrato de aprendizaje, paradigma del contrato formativo defendido por el Partido Socialista, alcanzaba los 26 años y admitía fórmula de aprendizaje para titulados universitarios. A veces esto de la amnesia selectiva es un ejercicio muy peligroso. Lo que ahora se propone -y va a tener muchas lecturas de interés político, incluso extravagantes- es que personas que estarían condenadas a la marginalidad puedan tener una oportunidad de formación dentro del mercado laboral español. Y le vuelvo a decir: ojalá todas las personas que están acudiendo a España viniesen desde países con sistemas solventes, formativos, escolarización obligatoria hasta los 16 años y titulaciones reconocibles e identificables por el sistema español. Si usted me dice que eso es lo que sucede, me parece que tiene una visión bastante alejada de lo que es la realidad del fenómeno migratorio, cosa que tampoco me sorprende. No me parece que sea un ejercicio de corrección intelectual, tras un amplio elogio a los acuerdos sociales y tras considerar su enorme bondad. Por cierto, yo en esto soy bastante más escéptico y le voy a explicar por qué: porque yo creo que el diálogo social es un método, es un buen instrumento, es una magnífica herramienta, pero no es un fin en sí mismo. Ojalá que cuando se bloquea el diálogo, y eso no es imputable a una de las partes sino normalmente a todas, se detuviesen también los problemas que tiene la sociedad española. Entonces sí que estaríamos en el mejor de los mundos, podríamos dejar que a su ritmo y a su paso avanzase el diálogo social hasta donde fuera posible, sabiendo que los problemas se detienen cuando se detiene el diálogo.
Todos sabemos que esto no es así. Y ese decir me gusta esto de esta central sindical, pero no me gusta lo otro -también lo he oído esta mañana, he oído el canto a las iniciativas legislativas populares, respetabilísimas, dignísimas, que creo bien tratadas en nuestro ordenamiento constitucional- y a continuación denostar el último documento suscrito por esa misma central sindical, demuestran poca consistencia. Vuelvo a lo mismo: aquí los ejercicios de amnesia selectiva o los ejercicios de crítica a la carta me parece que demuestran poca consistencia intelectual y lo digo porque también hay un plano de coherencia que no podemos olvidar, y es qué se hace con los acuerdos sociales. Aquí están sentadas muchas personas que tras este amplio elogio al acuerdo y al diálogo social a continuación han votado en contra cuando han tenido ocasión en su tramitación como proyecto de ley, lo cual no deja de ser una divertida -espero- paradoja.
Quizás lo que más me ha preocupado de alguna de las intervenciones es ver que no sólo se hace abstracción de lo que hoy creo que es evidente. Vivimos en una sociedad interrelacionada, con economías a su vez interrelacionadas, vivimos en una Unión Europea que nos está pidiendo, por cierto, que seamos exigentes y rigurosos en nuestras políticas presupuestarias, que nos está pidiendo que hagamos -con el título a veces críptico de los programas de convergencia y a lo mejor tan críptico de estabilidad- seriedad presupuestaria, pero parece que hay quien no desea situarse ni en ese contexto de una necesaria competencia internacional, presencia internacional, capacidad de proyección pública en nuestra economía, ni menos aún en el ejercicio de la seriedad presupuestaria. Si algo me ha dejado muy preocupado -y más viniendo de una de las personas que me consta que tiene las máximas responsabilidades económicas dentro del Partido Socialista-, se lo digo con franqueza, es su falta de explicación de lo que sería la proyección económica de estas medidas.
Lo primero de usted que me ha dejado muy inquieto es que tras una apuesta -que entiendo ya que reconoce equivocada- por la temporalidad allá por el año1984 -reiterada cuando tuvieron ocasión en el año

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1994, ya que ese fue fundamentalmente el modelo impulsado por el Partido Socialista- hace ahora una apuesta, que me parece igualmente peligrosísima, por los trabajos no cualificados. Supongo que usted quiere una España de alto valor añadido, de alta calidad de vida en sus trabajadores, pero a continuación me dice que donde hay que echar el resto, y sin más, es en el trabajo no cualificado. Ahí es donde usted vuelca todo el esfuerzo. Ese no es el modelo de economía y menos aún de mercado laboral que queremos en España, no es al menos el que quiere el Partido Popular y se lo digo porque también compromete, y usted lo sabe, esa medida que usted sugiere cantidades muy importantes, que a mí me parece que sería una apuesta por la pérdida de calidad en el empleo, compromete, digo, más de 200.000 millones de pesetas. Usted se limita a hacer un esbozo general y decir que vaya con cargo a la imposición general. Me permito recordar que ha sido su secretario general quien le ha dicho que también es progresista bajar los impuestos, con lo cual este es uno de los ejercicios más claros de tirar la piedra y esconder la mano. Que bajen las cotizaciones, que no se recurra a cotizaciones. Por cierto, ¿por qué no se puede recurrir a cotizaciones para evitar que las personas pierdan su empleo? ¿Por qué no se pueden utilizar cotizaciones para mejorar la calidad del empleo de quien lo tiene más precario o de menor calidad? Yo no entiendo la barrera conceptual, yo no entiendo por qué no pueden ser esfuerzos solidarios de otros trabajadores y de otras empresas los que permitan ganar en cantidad y en calidad de empleo. Es una barrera conceptual que, sinceramente, a mí se me escapa.
Usted, que es además un hombre profundo conocedor de la economía y de la Hacienda públicas, me sigue estableciendo un tabique -que, como tantas veces he dicho, nunca he visto poner de manera bienintencionada-, que es el de: Aquí el Estado, aquí la Seguridad Social. Con la Constitución de 1978 -que supongo que usted ha leído-, el Estado es el que ha de sostener a la Seguridad Social, y así será mientras sigamos en el camino que se ha seguido, de saneamiento efectivo, de consolidación efectiva, de limpieza contable y -por qué no decirlo- de poner en superávit a la Seguridad Social. Ya sé que a usted a lo mejor esto no le gusta, y no le gusta por los hechos vividos. Yo recuerdo con auténtica angustia la posición financiera y contable que mantenía la Seguridad Social en el momento en el que tomé posesión como secretario de Estado -por cierto, angustia compartida también por algunos de sus compañeros de grupo, pero parece que ahora ya ha desaparecido-. Aquí se asignan importantes cantidades de gasto, se presumen ingresos sin decir para nada ni cuál es su origen -supongo que porque no es políticamente correcto decir qué impuestos se verían afectados-, y se compromete -se lo digo con franqueza- y se pone en riesgo al propio sistema de Seguridad Social.
Por cierto, se hace un canto al diálogo social pero, a continuación, aquello que está sujeto a acuerdo se omite y se olvida. Yo le sugeriría que tuviera en cuenta esa pieza de seguridad social, si ha sido objeto de un acuerdo, aunque estoy seguro de que a usted estos acuerdos no le satisfacen, porque también ha sido muy sincero, pues ha pretendido decir que nosotros pensamos lo que probablemente sólo piensa usted, que son una buena foto para un Gobierno. Permítame que le diga que, con ese concepto de acuerdo, olvidando que los acuerdos son buenos si acometen y abordan cuestiones importantes de la sociedad, y malo si no lo hacen, con ese concepto de que son favores o desfavores que se hacen a un Gobierno, no avanzará nunca el diálogo social; al contrario, lo comprometen. Si es su opinión, hágala suya. Yo no estoy haciendo, insisto, ese tipo de juicios de valor.
También me ha dejado muy preocupado que usted, en algo tan obvio como son los objetivos globales de empleo para la Unión Europea, los traduzca ya país a país. (El señor Sevilla Segura hace gestos indicando que no oye bien.) (Si es problema de decibelios, aquí haremos caso al señor Jaúregui, que siempre ha considerado más importante el volumen que la cantidad y la calidad, y trataremos de mejorarlo) Le decía que me ha dejado muy preocupado que usted confunda lo que es el objetivo global de la Unión Europea, de elevación de la tasa de actividad hasta el 70 por ciento, con el objetivo español, porque si siguiésemos ese peculiar concepto que usted ha aplicado, habría países que, como ya están por encima del 70 por ciento, tendrían que retraerse, y supongo que nadie lo pretende.
Por favor, le pido que esto también lo utilice con un poquito más de seriedad. España está en mala posición, aunque bastante mejor que hace unos años porque también hemos mejorado nuestra tasa de actividad, pero no sugiera que el objetivo global de la Unión es el objetivo español porque, entonces, para llegar al 70 por ciento, tendríamos que pedir a otros países que redujesen su propia tasa de actividad, cosa que creo que no se tiene de pie, y estoy seguro que no se le escapa a su sensibilidad académica.


Concluyo, porque no se trata en ese sentido de plantear una desproporción en tiempo. Yo no quiero hacer la apuesta, que algunos sugieren, por el trabajo no cualificado ni quiero -se lo digo con toda franqueza- que no puedan utilizarse todos los instrumentos a nuestro alcance, que además están ya incluidos y validados en nuestro propio Plan nacional de acción para el empleo. Aquí de lo que se trataba y de lo que creo que se trata es, fundamentalmente, de saberse adaptar a este nuevo escenario económico, que va a seguir siendo de crecimiento, en el que España ya ha hecho mucho para romper tópicos. Estoy seguro de que usted recuerda que allá por los años ochenta se hablaba de un umbral mínimo de crecimiento económico para que se pudiese generar empleo en España, y se decía entonces quehacía falta un 3, un 3,5 por ciento de crecimiento de la

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riqueza para que pudiese generarse empleo. ¿Qué es lo que ha permitido que, en vez de considerar el mínimo indispensable el 3 ó el 3,5 por ciento, hoy esa sea una cifra incluso deseable para el crecimiento de la economía de cualquier país de la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha hecho que también ese 3 ó ese 3,5 pueda transformarse, de manera eficiente, en empleo? La introducción de esas mejoras que unos llaman flexibilidad y otros llaman eficiencia, a la hora de traducir crecimiento económico a crecimiento del empleo.
Ese es el reto y ese es el empeño común. Creo que eso no se resuelve, lo sabe usted, restaurando elementos de rigidez, introduciendo -y se lo digo a una persona con grandes conocimientos económicos- simples y puros sobrecostes de la mano de obra, porque ahí sí que estaríamos exactamente en la línea contraria a la que, insisto, no solamente el Gobierno español, sino yo creo que toda la Unión Europea entiende como imprescindible. Y no podemos hacer abstracción, para bien o para mal -para mí, desde luego, para bien-, en una sociedad infinitamente más abierta y que tiene, entre otras, la obligación de promover riqueza sabiéndola traducir eficientemente a empleo. A partir de ahí, le aseguro con toda franqueza que me hubiera gustado que su documento fuese mejor base de trabajo, pero desde luego el análisis y, sobre todo, si se me permite aquella vieja frase de que más que por sus palabras, por sus obras les conoceréis, yo creo que la razón en lo que se refiere a creación de empleo y a mejora de su calidad hoy por hoy la sigue teniendo el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Turno de réplica? Señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, no es culpa, me imagino, de los grupos que componen esta Cámara, o quizás sí, o del reglamento que tenemos.
Usted se queja de que este debate ya lo hemos hecho cuando se presentó el decreto-ley; pues nos tocará reiterar el debate y, desde luego, el debate de una enmienda a la totalidad de estas características, como usted comprenderá, tiene que ser un debate político. A mí no me ha parecido prudente ni justo explicar todo este texto que es la enmienda a la totalidad -que me imagino que usted la tendrá ya, y por lo tanto ya sabe los planteamientos que hacemos- y me ha parecido más real hacer un debate político de contenidos, y en ese sentido voy a seguir insistiendo -no sé si a usted le va a satisfacer o no-. No obstante -y usted habla muchas veces de que hay más calidad en el empleo, de que hay más empleo-, nosotros decimos siempre lo mismo: una cosa es hacer contratos y otra generar empleo, es decir, lo que hay son muchos contratos, pero de calidad, poquitos.
Ya lo planteaba en mi anterior intervención: de cada 90 contratos se genera un contrato.
Y seguimos a la cabeza de todos los países europeos en lo que se refiere a la precariedad en el empleo. Por lo tanto, ese es el problema que nos debería preocupar y que deberíamos abordar, que esta reforma laboral no hace. En este sentido simplemente le voy a volver a repetir cuatro cosas que nos preocupan. En primer lugar es injustificable la intervención del Gobierno en la negociación entre agentes sociales. El anuncio de legislar o de amenazar, casi, si no se cerraba el acuerdo, es una evidente intervención política, además a favor de una de las partes. La responsabilidad política en este caso no sólo es evidente, sino que se traducirá -y no es ninguna amenaza, sino que lo vamos a constatar- en tensiones en la negociación colectiva, de las que ustedes serán responsables por haber intervenido de la forma en que lo han hecho.
El segundo tema que nos preocupa es la renuncia a combatir la temporalidad. Ya lo hemos dicho antes, la temporalidad es mayor hoy que hace cinco años y, lo que es más grave, aumentará en el futuro con este tipo de reforma laboral. El mensaje a la sociedad española es evidente: para que haya empleo, la responsabilidad es de los propios trabajadores. Hoy más contratos basura, mañana menos cotizaciones empresariales, pasado mañana, menos salario. Lo que se ignora -porque no es su voluntad política- es qué tipo de compromiso se pide a los empresarios. Esto, desde luego, no queda claro.
Tercero, el contrato de formación se convierte en un escandaloso instrumento de manipulación de los recursos humanos en la empresa y una declaración de la conversión de la inmigración en mano de obra basura a lo largo de toda su vida laboral, señor ministro. Y cuarto, la salida del mercado de trabajo se produce a costes irrisorios, y he dado una prueba antes, pero es cierto, no hay nada más que echar números. Al despido libre se une la gratuidad con un escandaloso coste de indemnización.
Estas son las condiciones políticas de su propuesta y estos son los mensajes que se envían a la sociedad española. En el fondo, se trata de una renuncia a políticas de empleo que generen puestos de trabajo de calidad y con derechos. Ustedes afirman el contrato basura y la ausencia de derechos como piedra clave del mercado de trabajo español. Por tanto, señor ministro, estas son las cosas que nos preocupan y que preocupan a los ciudadanos, a los trabajadores y que creo que debemos abordar y mejorar, si no es en esta enmienda a la totalidad -quiero confesarle que tenemos pocas esperanzas- por lo menos en el proceso de enmiendas parciales. A ver si, efectivamente, somos capaces de mejorar las cosas que, yo creo que todos estamos de acuerdo, no van a mejorar el mercado laboral.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Señor Sevilla.


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El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted, obviamente, no ha leído el texto alternativo del Partido Socialista, sin duda porque ello reduciría sus propias convicciones en la bondad del suyo.
En mi intervención he establecido una diferencia entre lo que haremos cuando seamos gobierno en la próxima legislatura y lo que haríamos si fuéramos gobierno en ésta. Esa es la única diferencia que he introducido.
Por cierto, hablando de amnesias colectivas, usted también tiene una memoria selectiva a la hora de recordar lo que ustedes dijeron cuando estaban en la oposición apoyando huelgas generales y criticando todas las reformas y todas las medidas de flexibilización del mercado laboral que aprobó el Gobierno socialista.
Usted quiere que hablemos de lo que hemos hecho los socialistas en este campo. Cuando quiera. Creo que la Cámara no es el lugar de hacerlo, porque aquí son ustedes los que rinden cuentas, pero cuando quiera tenemos un debate público sobre la política de empleo de los gobiernos socialistas y la comparamos con la de ustedes; cuando quiera. Pero aquí estamos para otra cosa, aquí estamos para valorar su política y nuestra alternativa de hoy. Ya sé que eso no les gusta; que se les controle ya sé que no les gusta, los tics autoritarios les salen por ahí.Mire, lo que ustedes han hecho en estos cinco años es dedicar casi un billón de pesetas de las cotizaciones sociales para reducir dos puntos la temporalidad. ¿Eso es una buena gestión? ¿Eso es una eficaz manera de reducir la temporalidad? Espero que convenga conmigo que, cuando menos, es discutible. ¿Y qué proponen para adelante? Nada. Inventarse dos nuevos contratos temporales es la única forma que se les ha ocurrido para reducir la temporalidad.
Curioso; cuando menos, curioso.
Me habla de las directivas de la Unión Europea. Por cierto, me parece que una de las revelaciones más importantes de las que ha hecho usted aquí esta mañana, y que es bueno que todo el mundo sepa, es que el Gobierno español renuncia al objetivo de la cumbre de Lisboa de obtener el 70 por ciento de empleo en el año 2005. (El señor ministro hace signos negativos.) Eso es lo que usted ha dicho aquí, señor ministro, eso es exactamente lo que usted ha dicho aquí y creo que es bueno que los ciudadanos lo sepan.
Volvemos a las directrices comunitarias. ¿Le digo cuántas no cumplen ustedes? Una de ellas, que tiene mucho que ver con la mejora de la movilidad geográfica, es el desarrollo de un nuevo servicio público de empleo. Ahí no han hecho nada. Es más, en este momento todo su interés es boicotear un traslado de competencias a la Junta de Andalucía que ya tenían pactado desde su propio Ministerio.
Yo no estoy en contra de introducir más flexibilidad en el mercado laboral. Yo he reconocido que hace falta hacer una reforma en el mercado laboral -distinta, obviamente, de la que ustedes están haciendo- y creo que reforzar el principio de causalidad, evitando los fraudes y abusos de ley y utilizando para ello la jurisprudencia existente es más eficaz que lo que ustedes han hecho al respecto, que es nada.
Por último, le sorprende que no haya hecho mención a los impactos económicos de nuestra propuesta. Bueno, tampoco ustedes se caracterizan por eso, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el pacto de pensiones? No lo han hecho público, no parece que eso forme parte de su concepción del diálogo social que, por cierto, en su interpretación de hoy -y lo digo para lo que le pueda afectar en las carreras sucesorias- es distinto de lo que dijo el presidente Aznar en su discurso de investidura. Distinto. Dicen una cosa en un momento, hacen otra en otro momento. Y además lo hacen a la vez que siguen amenazando con que esto no ha hecho más que empezar, a la vez que siguen lanzando globos sonda hoy sobre la ultraactividad de los convenios, mañana sobre la reforma de la negociación colectiva, pasado mañana sobre no se sabe qué, sin duda para facilitar un buen clima de diálogo social y la necesaria colaboración de los agentes sociales. Ese es un estilo de amenaza permanente, es un estilo de un Gobierno que no se quiere someter al control parlamentario, y es un estilo de un Gobierno que, desde mi punto de vista, ha perdido contacto con la realidad y está señalando el canto del cisne.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sevilla.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señor presidente, señoría.


En relación con las primeras intervenciones y con la primera de las enmiendas, siempre he creído que la tenacidad es virtud. La contumacia puede ser un error, pero la tenacidad es virtud, con lo cual a mí no me molesta en absoluto que insista y que nos reitere lo que ya fue objeto de su intervención con motivo de la convalidación del real decreto con lo que ha sido la primera parte de su intervención. Nada que objetar. Nada que objetar, aunque también creo que es bueno que se conozca qué posiciones encajan en lo que puede ser, insisto, no ya una posición del Gobierno español sino también de las tendencias felizmente consensuadas, al margen de las ideologías, como son la cumbre que se ha citado de Lisboa o la cumbre de Luxemburgo. Permítame que le diga también que mis palabras están en el «Diario de Sesiones», lo cual me da una enorme tranquilidad. Le vuelvo a decir que no confunda el error, porque sería un error, de considerar que España tiene que alcanzar sola y aislada el 70 por ciento de tasa de actividad, porque sabe usted que ese es el objetivo global

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de la Unión Europea. Eso es lo que he dicho. ¿Qué usted lo quiere leer de otra manera? Pues perfecto; eso se resume de manera muy sencilla, que es consultando el «Diario de Sesiones». Y desde luego le he dicho y repito que si fuese el objetivo unitario de todos y cada uno de los Estados, alguno debería reducirlo. Pero yo le aconsejo la lectura del documento, acabamos antes -se lo digo con toda franqueza-, y estoy seguro de que logrará entenderlo. Le llevará tiempo, pero logrará entenderlo, no tengo ninguna prisa. (Protestas.) En la primera de las intervenciones he observado también una técnica que es realmente curiosa: tras una decidida apuesta por el diálogo -espero que por la negociación colectiva-, lo que nos dice el texto es que no hay que dejar ningún margen a la negociación colectiva, porque todo lo que es característico de la negociación, régimen de jornada, modalidad de contratación, vacaciones, queda felizmente en su teoría laminado por la propia ley, lo que es una de las más pintorescas apuestas que he visto por la negociación colectiva, una negociación colectiva que carecería de terreno de juego y de márgenes. Es el concepto que unos pueden tener de la negociación colectiva, no es el que tiene este Gobierno ni es el que parece que expresa la Constitución cuando atribuye autonomía a las partes y al Estatuto de los Trabajadores. Pero no deja de ser una teoría.
Ha dicho también en su primera intervención, señor Ruiz, poco menos que hemos atropellado los plazos. Me permito recordar que los plazos los fijaron libremente los agentes sociales y que se ha esperado, naturalmente, a que se consumiese, como ellos han querido administrar el tiempo, para actuar. Sabe de sobra, porque está dicho también ante esta Cámara, que el Gobierno hubiese preferido integrar algunos cambios en la propia Ley de Presupuestos, y especialmente en su Ley de acompañamiento, porque era una oportunidad excepcional de dotar de contenidos normativos y de una mayor claridad contable, requerida por todos, y financiera. Ningún inconveniente había, pero me pareció razonable atender, sin duda ninguna, a esa petición.
El principal defecto -si me permite decirlo el portavoz de Izquierda Unida- de su propuesta es que hacen algo que es muy loable desde el punto de vista voluntarista: decretan la estabilidad en el empleo. Si logran también decretar la estabilidad de las empresas, habremos cerrado ese feliz círculo, pero desgraciadamente no es por decreto ni por voluntad política por lo que las empresas españolas pueden sostener sus puestos de trabajo, pueden mantenerlos y pueden pensar en su crecimiento. Eso no se hace por decreto diciendo: queda decretado o queda abolido todo trabajo temporal. Me parece fantástico desde el punto de vista de la voluntad, pero me parece que es negar la evidencia de que España, como el resto de países de la Unión Europea y como el resto de países del mundo, tiene también áreas de su economía que son estacionales, a las que habrá que dar respuestas.
Nosotros creemos que hay una alternativa a la temporalidad abusiva, introducida causalmente por descausalización -si se me permite el retruécano- en el año 1984, y es el gran déficit que tiene el mercado laboral español: tenemos un exceso de temporalidad, tenemos un defecto de tiempo parcial, que es el que se pretende corregir. Bien me hubiese gustado que estuviésemos ya en mejores cifras o en cifras más equilibradas, pero la posición de partida es la que es, no la que nos hubiese gustado, supongo, a usted y a mí.
En mi opinión, el representante de Izquierda Unida también ha tenido un pequeño problema táctico o estratégico. Frivolizar sobre la importancia o incluso sobre la cuantía de los ocho días asignados como indemnización por despido improcedente a los contratos de carácter temporal tiene un alto riesgo, como es que a partir de que sean intrascendentes ocho días también sea intrascendente pasar desde los 33 contemplados en la reforma de 1997 y la expansión del actual a 25 días. Por esa misma regla de tres -al fin y al cabo, qué importancia tienen ocho días- podríamos entrar en un debate que estoy seguro no es el debate que sostiene S.S. Por cierto, también le voy a dar una mala noticia. En su texto -claro que me lo he leído- hacen varias apelaciones a la Ley 8/1988, y la mala noticia es que está derogada, por lo que le aconsejaría no que aplique ningún despido improcedente ni reconvenga a sus asesores, pero no haga tanta apelación sistemática a un texto que está derogado desde el año pasado, en concreto desde el mes de agosto. (Un señor diputado ¡Muy bien!-Rumores.) Respecto del señor Sevilla, cuando hablamos de algo tan importante para el conjunto de la sociedad como es el empleo no me gustaría tener ningún tipo de exceso ni que la forma nos llevase a una innecesaria confrontación; es un tema de los que entiendo que hay que buscar todos los esfuerzos. No diga que hemos apoyado huelgas generales porque eso no es cierto. (Risas.- Rumores.) Llevo muchos años, a lo mejor para ustedes son excesivos, quizás usted lleva menos años, y no ha habido tal apoyo. Sinceramente, no nos haga responsables de las convocatorias. Las huelgas generales las convocaron algunos compañeros que están sentados con usted, que es una cosa bien distinta. (Aplausos.- Rumores.) No me diga que nosotros las hemos apoyado cuando algunos de los convocantes los tiene usted ahí, se lo recuerdo. (Una señora diputada: ¿Quién estaba en los piquetes?-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Le garantizo que la situación simétrica no la encontrará usted de este lado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): No sé si alguna de

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SS.SS. estaba de piquete o cuál era su nivel de responsabilidad, lo ignoro; pero le puedo garantizar que no hay esa simetría que a usted le encantaría. Desde nuestros propios bancos no se ha instado.
Hablaba usted de reducir la temporalidad. ¿Cuál es el instrumento básico que estamos aplicando? Es uno de los puntos de encuentro, sin duda alguna; usted se aleja muy poco de lo que es extender a otros colectivos en el tiempo y en el espacio el instrumento del año 1997 que todos hemos reconocido como fundamentalmente bueno. Pues bien, eso es lo que se busca y lo que se persigue, no se busca otra cosa, no vea mayor maldad en dicho tema, y no sé si es oportuno, se lo digo con franqueza, porque hay muchos temas que también merecen el diálogo social y político. Yo no digo que sea excluyente o incompatible, antes al contrario creo que sobre un buen acuerdo político debe buscarse el acuerdo social, y el mejor ejemplo es el Pacto de Toledo, en el que hemos sabido respetar una buena base de acuerdo parlamentario y político para construir sobre él ese diálogo social que no condiciona los conceptos pero que sí aborda los métodos, las formas y cómo hacer las cosas; no las ideas básicas, pero sí cómo hacer las cosas.
Me ha hablado de negociación colectiva. Duele que ahora lo plantee como una situación coactiva. No sé quién tuvo ayer (bueno, no me cuesta imaginar quién se dedica mucho más a la creación literaria que a la aportación política) esa idea del matonismo. (Rumores.) Se lo digo con toda franqueza, hay mucha más preocupación por los hallazgos literarios que por las aportaciones conceptuales; y le voy a decir algo que me tiene muy preocupado: usted, que ha hecho una laudatio y una glosa impresionante del diálogo social, ¿sabe quién dijo que teníamos un sistema de negociación obsoleto e inadecuado para las actuales circunstancias? ¿Sabe quién lo firmó el año 1997? ¿Sabe quién se dio de plazo hasta el 28 de abril de este año para acometer mejoras en ese terreno? Nuestros agentes sociales. No invierta usted la situación de una manera tan peculiar, no crea que esto es un capricho del Gobierno y menos aún una amenaza del Gobierno, porque comprenderá que estamos ante una necesidad detectada por los agentes sociales y yo, se lo digo con toda sinceridad, sigo manteniendo mi confianza en ellos, no sé si usted también. Estamos ante una asignatura no resuelta y seguiré intentando que se resuelva por la vía del diálogo porque si era necesaria y urgente esa modificación en el año 1997 entiendo que sigue habiendo tanta o más necesidad a mediados del año 2001, al menos a mi corto saber y entender; pero no sé si su opinión es simplemente la explotación y aprovechamiento político de cualquier oportunidad.
Por respeto a todo eso que usted ha manifestado, seamos corteses por favor con el diálogo social. Sabe usted igual que yo que tanto las cuestiones que afectan al servicio público de empleo como las que afectan a la protección por desempleo están sujetas a la mesa del diálogo social, abierta y activa. Algunos creerán en ello y en su continuidad y otros no, pero si usted apela a ese respeto y a la no interferencia, ejérzalo por favor.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.


Señorías, a lo largo de esta mañana se ha hablado mucho del Consejo Europeo de Lisboa y yo no me voy a resistir a que el Gobierno y el Grupo Popular se confronten con los objetivos que asumió en dicho Consejo, objetivo que supone una ocupación media del 67 por ciento en el año 2005 y del 70 por ciento en el 2010, es decir 10 puntos por encima de la media estatal actual y más de 20 puntos por encima de la presente tasa de ocupación en Galicia, que ya es inferior al 50 por ciento; en el caso de las mujeres estaríamos hablando del 35 por ciento aproximadamente. Señores del Partido Popular y señores del Gobierno, pueden ustedes interpretar los datos como quieran, pero la realidad es terca y no por casualidad el señor Fraga, después de su retiro en el Monasterio de san Clodio, remitió a los gallegos al año 2010 para conseguir el pleno empleo, no sabemos si por creación de empleo o por reducción, en lo que parece está empeñado, del número de gallegos y gallegas.
Sea como fuere, permítanme que les comente brevemente, aunque supongo que ya lo saben, cómo las reformas laborales de los años 1994 y 1997 no ayudaron a resolver ninguno de los problemas del llamado mercado laboral en el conjunto del Estado, ni por supuesto tampoco en Galicia. Desde el año 1994 asistimos a un extraordinario aumento de la eventualidad laboral. En el caso de Galicia, dicha eventualidad entre personas con edad comprendida entre los 20 y los 24 años fue superior al 73 por ciento en el año 2000. Asistimos también a una disminución de la importancia de los salarios dentro del conjunto de los costes de las empresas, así como a un correlativo aumento de los beneficios empresariales, lo cual en sí no es malo siempre que se reinvierta en creación de empleo. Asimismo, asistimos a un incremento de la siniestralidad laboral y además en Galicia a un ritmo menor de creación de empleo que en el conjunto del Estado, un empleo que por cierto no va a resistir en absoluto los vientos que empiezan a soplar desde Estados Unidos, puesto que parece que la coyuntura ha cambiado; la economía capitalista es cíclica y eso a veces se tiende a olvidar.
Por primera vez en Galicia tenemos una tasa de paro

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superior a la media estatal, como digo una tasa de ocupación inferior al 50 por ciento. Meritorio este logro.
Pues bien, si estas fueron las consecuencias de las reformas de los años 1994 y 1997, ¿qué podemos esperar ahora de otra reforma que pretende prorrogar y empeorar algunos aspectos de lo que por ejemplo fue la reforma de 1997? Se trata de una reforma que desregula el contrato a tiempo parcial, que desnaturaliza el contrato de formación y lo convierte en un nuevo contrato basura con salarios cuya cuantía puede llegar hasta el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional y sin ningún tipo de protección social, que abarata el despido, permite que sea la propia Administración la que no dé ejemplo con esos contratos de inserción y discrimina en el acceso a los incentivos previstos en el proyecto de ley a sectores tan importantes para Galicia como la pesca, la acuicultura o la agricultura. En el debate de convalidación del decreto-ley ya dijimos que desde luego el BNG no iba a ir por este camino y tampoco comparte esas soluciones. Nosotros no estamos de acuerdo con reducir los salarios, no estamos de acuerdo en que la reducción de derechos de los trabajadores, tanto en términos de protección social como dentro de poco -parece también- en términos de negociación colectiva, sea el camino para crear empleo, y desde luego tampoco creemos que discriminar a sectores como a los que antes me he referido, que junto con otros relacionados con el bienestar social son los verdaderos yacimientos de empleo en Galicia, sea la mejor forma de solucionar este problema; por cierto, el primer problema para los gallegos según dicen las encuestas.
Yendo a la valoración de los textos alternativos, anuncio el voto del Bloque Nacionalista Galego a favor de estos dos textos alternativos a partir de una ponderación de los elementos positivos y negativos de los mismos, y digo negativos porque también los tienen. Comenzando con aquellos aspectos en que concordamos, estamos de acuerdo con una regulación más precisa de los supuestos en que es posible acudir a la contratación temporal, es decir estamos de acuerdo con reforzar, a través de una regulación adecuada, el principio de causalidad, siempre en el bien entendido de que esto necesita un complemento indispensable, que es una voluntad política, una dirección adecuada en los servicios de inspección laboral, que ahora no existe y que en este momento, incluso con la normativa vigente, sería posible realizar.
Estamos de acuerdo con aumentar la indemnización en los contratos temporales, así como también aumentar las cotizaciones empresariales en estos contratos - penalizar la contratación temporal-, y estamos de acuerdo con una regulación más precisa de los contratos a tiempo parcial, porque con independencia de lo que diga el señor ministro para nosotros está claro que cuando a un contrato se le califica como a tiempo parcial porque tenga en cómputo anual una hora menos de jornada al año que otro contrato que se entiende a tiempo completo, así es imposible conciliar la vida familiar o el estudio con la vida laboral.
Hay aspectos en los textos alternativos con los que, sin embargo, no estamos de acuerdo. No nos gusta, nos parece que va en la línea de un desacertado informe del Consejo Económico y Social, la propuesta que se hace en el texto alternativo del Partido Socialista de centralizar o estatalizar los servicios de empleo. Me parece que va en una línea, que tristemente en esta legislatura estamos siguiendo bastante, de recuperación de competencias por parte del Estado a costa de lo que son competencias ya asumidas por las comunidades autónomas, y desde luego en detrimento de lo que es una aspiración del nacionalismo gallego: la creación de un marco gallego de relaciones laborales.
Tampoco estamos de acuerdo con el silencio que en estos textos se guarda, salvo error u omisión de este diputado, respecto de la discriminación a la que antes me referí en cuanto a determinados sectores productivos. Es un aspecto que no renunciamos a resolver a través de las enmiendas parciales.
Respecto del texto del PSOE, en lo que se refiere a la prórroga durante un año de los incentivos a la contratación fija, estamos de acuerdo siempre que se hagan con cargo a la imposición general, no con cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo o de la Seguridad Social, porque con independencia de lo que acaba de decir el señor ministro de que él no ha conocido a nadie que ponga una barrera entre unos fondos y otros, entre unos presupuestos y otros, lo cierto es que después los déficit que tengan el Inem o la Seguridad Social serán empleados, y dentro de poco en esta Cámara como ya lo están siendo en Europa, para justificar la reforma del sistema de pensiones o que el sistema de pensiones es insostenible, de nuevo también en detrimento de las capas más desfavorecidas, de los no poseedores en esta sociedad.
Reiterando, por tanto, la disposición de nuestro grupo a votar favorablemente estas enmiendas de totalidad y sobre todo a mejorar, por muy difícil que sea, a través de enmiendas parciales el texto que el Gobierno nos somete a consideración, nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez, me pareció que había pedido la palabra. Le quedan escasamente un minuto y 40 segundos para la intervención.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Procuraré llevarme bien a partir de ahora con mi compañero del Bloque, si es que se nos ha pasado y ha consumido el tiempo completo. Ruego a la Presidencia algo de benevolencia,pero voy a ser muy breve.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Núñez, la benevolencia es que se repartan entre ustedes el tiempo. Usted sabe que con un solo portavoz del Grupo Mixto quedaría cumplida la fijación de posición del mismo, pero sepa que su compañero ha consumido más del 80 por ciento del tiempo y le quedan un minuto 30 segundos.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Sí, señor presidente, quizá usted ha visto levantar dos manos. No sé si tendremos que regular en el futuro que la Presidencia reparta esos tiempos. De todas formas, voy a intentar ser muy breve.
El problema más grave que tenemos en Andalucía no es tanto la precariedad en el empleo, como el desempleo. Estamos hablando de un tema en el que quizá haya varios grandes colectivos en este país: los que tienen empleo estable y bueno, que no están escuchando; los que tienen empleo de calidad, pero no estable, que están escuchando; los que tienen empleo inestable y, además, no es de calidad, que supongo están escuchando; y los que no tienen empleo. Me temo que si en Andalucía hay que marcar una prioridad en el balanceo de esos objetivos, la primera es la de los que no tienen empleo. Sé que queremos todo, es decir que todos tengan empleo, que todos sean de calidad y que todo funcione bien. Estamos hablando de balanceo entre la temporalidad, la rotación y la flexibilidad. Creo que en un nuevo escenario todos somos partidarios de flexibilizar y de conseguir que todos tengan empleo. Para cumplir ese tanto por ciento hasta el año 2005 de los objetivos de la cumbre de Estocolmo, que el otro día se señalaban en el debate con el presidente, solamente en Andalucía hacen falta más de un millón de empleo. Este marco que nos presenta el Gobierno por decreto, solamente por eso, por no haber conseguido el consenso y el diálogo social, deja muy poco margen de esperanza en Andalucía. Esta razón es fundamental. Creo que no se visualiza la imposibilidad de diálogo, como el mismo Gobierno ha visto luego en el tema de pensiones, se ve bastante posible el diálogo con agentes sociales y no se comprende ni se comparte políticamente que era necesario actuar en este plazo y en este tiempo por decreto sin conseguir algo que va a desvirtuar este marco. Por tanto, las alternativas que tenemos aquí son más próximas a posiciones progresistas y de sindicatos que a posiciones de empresarios, pero también salían por decreto. Ambas pecarían de lo mismo, no se consensuarían por las partes que son las que por negociación colectiva tienen que sacar el toro adelante.
Desde la posición andalucista esta regulación produce falta de fe, de ilusión y de confianza para que se produzca un crecimiento de empleo espectacular y cumplir esas medias. Por favor -y siempre repito lo mismo en esta Cámara- estamos en el Parlamento español y hay que hablar de España; pero eso no significa hablar de las medias de España. España está fuertemente desequilibrada.
Háblese de territorios españoles que ya tienen pleno empleo y de los que superan el 30 por ciento de paro; háblese, por tanto, cuando se cree empleo, de dónde estamos y para qué; si estos tipos de contrato sirven para todo; si estamos hablando del campo, de la industria, de los servicios, de qué territorio y de qué economía; de todo en general. Cada vez que escucho una intervención hablando de medias se me levanta el estomago. La media es fruto de grandes diferencias entre los que están en una posición y los que están en otra y no reflejan para nada la situación del país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a manifestar la posición de nuestro grupo en la línea de lo ya expuesto en esta Cámara en el debate que se produjo recientemente sobre la convalidación de este real decreto. En aquel entonces expresábamos que nosotros también lamentábamos el hecho de que no estuviéramos debatiendo en esta Cámara un texto que hubiera nacido o sido producto de un previo acuerdo con los interlocutores sociales.
Expresábamos, y lo expresamos nuevamente, que en unos casos en mayor y en otros en menor medida el texto en cuestión aporta algunas mejoras en diversos aspectos, como por ejemplo la lucha contra la precariedad o la creación de empleo femenino. También expresábamos, y lo volvemos a hacer otra vez, que desde nuestro punto de vista lo importante es intentar aportar en estos momentos alternativas y durante el período del debate como proyecto de ley retomar el necesario consenso con los interlocutores sociales.
En esta medida, desde nuestro punto de vista el debate debe centrarse en discutir si las medidas que se exponen en el real decreto son todas las que hoy por hoy se pueden aportar y si son capaces de conseguir, tanto en calidad como en calidad, un ritmo de crecimiento suficientemente acelerado y acorde con lo que permite hoy la situación económica del país, es decir si no podemos optar por adoptar otras medidas más decididas que continúen en la estrategia de que las reformas laborales apuesten por adelantarse a los acontecimientos y actúen activamente en la prevención del desempleo, de forma que el país pueda situarse en una mejor posición ante las estrategias planteadas por Europa, fundamentalmente en la línea del objetivo estratégico de conseguir el pleno empleo en esta década.
En relación con lo expuesto en el debate anterior, a nuestro grupo le parece más congruente la línea de buscar puntos de diálogo, de encuentro y de estabilidad; yya que se ha optado por el trámite como proyecto de

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ley, consideramos más coherente aportar enmiendas parciales que se puedan desarrollar a lo largo del debate, en contraposición con la opción de haber presentado o apoyar las enmiendas a la totalidad.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, egun on, buenos días.
Señor ministro, cuando en un proceso negociador el arbitraje pone fecha de caducidad y existe la sospecha de que una de las partes es conocedora de la orientación del posible arbitraje -o al menos la parte lo interpreta en este sentido-, difícilmente esa negociación puede culminar en un acuerdo. Usted es consciente de que esta sensación es mayoritaria tanto en los protagonistas directos de la negociación como en la mayoría sociopolítica de este país. Por ello, de entrada tenemos la duda de que haya sido acertado -en pleno y total desacuerdo, aunque hubiera fecha de caducidad- irrumpir mediante real decreto-ley en la negociación entre empresarios y sindicatos. Tanto la parte empresarial como la sindical se han manifestado en los términos de que la reforma adolece de los defectos propios de las actuaciones intervencionistas; son palabras textuales.
Hay situaciones y momentos en los que el diálogo es un objetivo en sí mismo y no sólo un instrumento, al contrario de lo manifestado repetidas veces por el presidente del Gobierno y del Partido Popular, señor Aznar. Si me permite la simplificación, por la parte empresarial se planteaba básicamente la reducción de los costes del contrato fijo como forma de creación de empleo, y por la parte sindical el eje básico de la negociación se centraba en limitar la contratación temporal. Pues bien, manifestaciones directas del empresariado han considerado positivo que se haya extendido a nuevos colectivos la indemnización a 33 días y que se haya flexibilizado el contrato a tiempo parcial. Sin embargo, la parte sindical se ha puesto radicalmente en contra, porque la reforma ha avanzado en la senda del fomento de la precariedad laboral y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, con la consiguiente disminución de recursos. Si esta situación es preocupante, a nuestro juicio es más preocupante que se pretenda seguir caminando en el futuro por esta senda de arbitrajes sin acuerdos con el resto de los partidos políticos y con los sindicatos representativos tanto a nivel estatal como autonómico, y sobre todo en materias tanto de reforma laboral estricta, como puede ser la flexibilización de los convenios colectivos o lo que se viene llamando la ultra actividad de los convenios, como en otras que van a afectar a fórmulas de políticas activas de empleo; esto por no citar otros acuerdos con repercusión en la futura financiación de los sistemas de pensiones, como pueden ser los de los salarios diferidos y los que afectan a la financiación y clarificación de las pensiones no contributivas, en los que el Gobierno está lanzando propuestas de acuerdos parciales fuera de los ámbitos políticos y de debate de esta Cámara.
No quiero dejar de citar aspectos positivos de este inicio de la ley de regulaciones laborales -digo inicio porque ustedes mismos están hablando de la profundización de dicha ley- y de las regulaciones, como la influencia del encarecimiento del despido para empleos temporales de ocho días por año y la bonificación de la contratación de las mujeres, que es de justicia destacar.
A la hora de fijar nuestras posición respecto a las enmiendas de totalidad a esta ley en este Pleno, desde el Grupo Vasco hemos optado por creer -espero que no ingenuamente- en las afirmaciones publicitadas por el señor ministro sobre su voluntad de profundizar y acordar aspectos de esta ley en el trámite de enmiendas en la Cámara.
Por ello hemos optado por la presentación para su debate de enmiendas parciales y no de una a la totalidad. Entre las enmiendas parciales quisiera destacar -y ya lo han comentado en este sentido los compañeros de los grupos Mixto y también de Coalición Canaria- la inaceptable exclusión de los sectores agrario, pesquero y del transporte en las medidas de apoyo que se han regulado en esta ley de relaciones laborales.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna en este debate sobre estas dos enmiendas a la totalidad que nos plantean el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, efectuando dos afirmaciones de entrada. Por un lado, obviamente quiero informar a los grupos que presentan estas enmiendas que nuestro grupo votará en contra de sus propuestas. Por otro lado, quiero decir también que respetamos y valoramos estas iniciativas políticas. Nos parece positivo que esta mañana en el Pleno del Congreso estemos debatiendo extensamente sobre lo que continúa siendo seguramente la principal preocupación de un número muy importante de familias del conjunto del Estado español. Creemos especialmente positivo que quien ejerce la responsabilidad de la oposición, en este caso el Grupo Socialista, plantee cuál es su alternativa. Por tanto, el debate en sí mismo es positivo. Obviamente el Grupo Socialista plantea su alternativa desde la libertad de no gobernar hoy en España; desdela responsabilidad de ser la oposición, pero desde la

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libertad de no gobernar hoy en España. Estoy seguro de que el Grupo Socialista entenderá que nuestra oposición se efectúa desde el compromiso en la gobernabilidad, tal como venimos ejerciendo en esta Cámara desde 1989 y de manera especialmente significativa desde 1993, y desde este compromiso en la gobernabilidad nuestro grupo aborda el debate de esta mañana, el debate de hace unas cuantas semanas y el debate que vamos a iniciar en las próximas semanas en el seno de la Comisión.
De las propuestas alternativas que nos plantean el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, entendemos que existen propuestas puntuales y concretas que son positivas. Estamos convencidos de que el Grupo Popular y el Gobierno también lo entienden así. Por tanto, el esfuerzo que el portavoz de Izquierda Unida ha planteado en su segunda intervención, en el sentido de aprovechar el trámite parlamentario de ponencia y Comisión para mejorar la propuesta que el Gobierno en su día aprobó, nos parece positivo. Desde Convergència i Unió vamos a contribuir no tan sólo a defender nuestras enmiendas, a valorar las enmiendas del Grupo Popular, sino a procurar incorporar las propuestas del Partido Socialista y de Izquierda Unida que nos parecen razonables. Hoy además abordamos esta cuestión conociendo el conjunto de los grupos políticos las enmiendas que los diversos grupos parlamentarios hemos planteado a este trámite.
Señorías, señor presidente, si me lo permiten abundaré sobre algunas consideraciones que se han reflejado en las enmiendas de Convergència i Unió y que nos parece deberían ser las que orientasen el debate de esta mañana y el de los próximos días en esta materia. En primer lugar, es necesario que el conjunto de medidas que se incorporan en esta nueva reforma laboral mantengan como un objetivo central de la política de empleo en España facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas. Continúa siendo un gran reto del conjunto de nuestra sociedad, con dos objetivos: como instrumento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y como mecanismo necesario para facilitar la efectiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Las enmiendas que Convergència i Unió ha planteado a esta reforma laboral van en la línea de mejorar la compatibilidad real de la nueva formulación del contrato a tiempo parcial de la propuesta del Gobierno. Ya dijimos en el debate de 1998 que el nuevo contrato a tiempo parcial quizás era excesivamente rígido y que tendríamos dificultades para conseguir su implementación efectiva en nuestro mercado de trabajo. A pesar de que las cifras en Cataluña indican que esta modalidad ha tenido más éxito del que esperábamos, aún continuamos lejos de las cifras a las que deberíamos aspirar. Por tanto, habrá que combinar en el contrato la flexibilidad que exige hoy un modelo organizativo moderno de nuestras empresas con las debidas garantías para que las personas que opten por esta fórmula contractual puedan asumir sus responsabilidades familiares, optar por mejorar su capacidad de formación y compatibilizar diversos contratos a tiempo parcial. En ese objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, nos parece que las bonificaciones que plantea el real decreto podrían ser más ambiciosas. No planteamos más que el compromiso del Gobierno y del Pleno del Congreso de los Diputados, de 3 de octubre de 2000, de introducir una exoneración en las cotizaciones sociales por un período de dos años para las mujeres que se reincorporen al mercado de trabajo; tal compromiso debería introducirse en esta reforma. Al mismo tiempo, deberíamos incorporar la solución para los permisos de maternidad en los supuestos de partos prematuros, tal como dijo mi compañera Mercè Pigem en el debate del martes. Esto constituiría el primer bloque que nuestro grupo considera que debería resolverse en este trámite.
El segundo gran objetivo es aumentar la estabilidad de nuestro mercado de trabajo. En nuestras enmiendas se pueden distinguir dos líneas. En cuanto a la primera, quiero empezar diciéndole al señor Sevilla que no sólo la izquierda política plantea la reducción de las cotizaciones sociales; Convergència i Unió viene haciéndolo desde hace muchos años y en las enmiendas que presentamos hace unos días, y que llevaremos al debate, proponemos la reducción de las cotizaciones sociales para los contratos indefinidos con carácter general. Nos parece una propuesta positiva y razonable. La reducción de un punto en las cotizaciones sociales para los contratos indefinidos -para los nuevos y para los realizados- tendría un coste para el Estado de 170.000 millones de pesetas. Es un coste elevado pero posible. Si enmarcáramos esta propuesta en los supuestos de empresas de menos de 50 trabajadores, el coste se situaría en 72.000 millones de pesetas.
Son propuestas positivas y posibles en el contexto económico en que nos movemos. Sabemos que el acuerdo de pensiones avanza, por primera vez desde hace unos cuantos años, hacia una reducción significativa de las cotizaciones sociales para una determinada categoría de trabajadores, pero nos parece que hoy es el momento de ampliar esta necesidad del mercado de trabajo. Se nos recordaba hace pocos días que las cotizaciones sociales representan hoy el 26,8 por ciento del conjunto de ingresos fiscales del Estado y la media en la OCDE está en el 16,3. Es evidente que España tiene un largo recorrido hasta llegar a las medias europeas. En ese mismo sentido de incrementar la estabilidad, nos parece que la formulación que hace el real decreto de limitación a 16 millones de pesetas de beneficios a las empresas a través de la política de bonificaciones debe desaparecer, porque afecta a sectores económicos concretos y seguramente está provocando ya una cierta preocupación en

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los sectores empresariales, en las empresas, que entienden que la política de bonificaciones ha sido un potente instrumento en la creación de empleo. Por tanto, segundo objetivo, incremento de la estabilidad desde el premio, desde el estímulo a la contratación indefinida, y no tan sólo a la contratación nueva sino sobre todo a la contratación ya realizada, entendiendo que son cifras asumibles por el Gobierno.
El tercer elemento es combatir la precariedad, característica de nuestro mercado de trabajo, con connotaciones negativas por todos conocidas. Para ello nuestro grupo plantea dos instrumentos. Uno, que la negociación colectiva se vea reforzada en su capacidad de facilitar la conversión de los contratos temporales en indefinidos, y dos, establecer que en la indemnización de ocho días para los contratos de duración determinada esa consideración sea una cotización de mínimos y que en la negociación colectiva esa posibilidad pueda aumentarse. Por tanto, tercer eje de nuestras enmiendas: combatir la precariedad.
El cuarto eje es estimular el compromiso de las empresas en relación con la rebaja de los niveles de siniestralidad de nuestro mercado de trabajo. A tal efecto presentamos una enmienda de reducción del 0,25 por ciento de las cotizaciones. Creo que la semana próxima debatiremos de nuevo una moción sobre esta cuestión, pero en la línea de lo que apuntan todos los informes que hoy se conocen en esta Cámara sobre los elevados índices de siniestralidad de nuestro mercado de trabajo hemos de crear un marco que estimule, de verdad, el compromiso de nuestras empresas en esta lucha.
El quinto eje es evitar abusos. Nos parece que en la reforma se introducen algunas fórmulas contractuales que tienen el riesgo objetivo de aumentar la precariedad del mercado de trabajo. En este sentido formulamos de manera expresa que la ampliación de los colectivos que puedan acogerse al contrato de formación venga determinada por objetivos suficientemente potentes, especialmente en el caso de trabajadores extranjeros, de parados de larga duración y de las personas excluidas, que puedan evitar una mala utilización de esta ampliación del contrato de formación y, al mismo tiempo, que la formulación que hace el real decreto del contrato de inserción venga más delimitada también para evitar abusos.
La sexta propuesta es reforzar el tercer sector como elemento generador de empleo. Para ello planteamos dos enmiendas. Una concreta y puntual a la problemática que se abre en relación con las necesidades del tercer sector, que a finales de este año va a ver cómo desaparecen sus prestacionistas, introduciendo la bonificación del 50 por ciento en los supuestos de contratación indefinida por parte de estas entidades y, al mismo tiempo, priorizando la nueva causa objetiva de despido en dos elementos, las administraciones públicas y el tercer sector, como fórmula para dar garantía de estabilidad a la importante actividad social que ese tercer sector hoy está realizando y que entendemos que en el futuro deberá realizar de manera más evidente.


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le ruego concluya.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señora presidenta.
La séptima línea de enmiendas es para reforzar la negociación colectiva. Nos parece que hoy la negociación colectiva en España, tanto a nivel de empresa como a nivel sectorial, se ha constituido de hecho en el principal instrumento de creación de empleo y de creación de empleo estable. Señorías, España aún está lejos de los objetivos de Lisboa. Yo creo que una política ambiciosa de empleo debe enmarcarse en esa tasa del 70 por ciento de ocupación en el caso de los hombres y del 60 por ciento en el caso de las mujeres. Creo que este es un objetivo colectivo suficientemente ambicioso para nuestra sociedad. Desde 1994, la evolución de nuestra economía y de nuestro empleo ha sido positiva; y en el caso específico de Cataluña, de mi país, esa evolución es especialmente significativa. En el período 1994/2000, la ocupación aumentó en Cataluña un 27 por ciento y se crearon 436.000 nuevos puestos de trabajo concretos y reales. La temporalidad descendió 8,5 puntos, quedando aún en el 25,7 por ciento. En el caso del empleo femenino el aumento de los empleos concretos ha sido del 41,67 por ciento, 257.000 puestos nuevos de trabajo entre el año 1994 y 2000. Entendemos que en este período Convergència i Unió ha sido coherente en su apoyo al Gobierno socialista y coherente en su apoyo al Gobierno popular, porque la política económica que en este período se ha desarrollado está muy inspirada por Convergència i Unió; una política laboral que ha contado con nuestro apoyo en estas dos legislaturas y que, además, en los períodos que ha encontrado eco, apoyo y complicidad en el diálogo social aún ha sido más eficaz.


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le ruego concluya definitivamente, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Concluyo, señora presidenta.
Nuestro grupo entiende que el esfuerzo que debemos hacer en lo que nos resta de legislatura, que aún es mucho, es precisamente mantener la coherencia en la política económica, mantener la coherencia en la política laboral y ser capaces de que el diálogo social continúe dando sus frutos. Desde Convergència i Unió pensamos continuar contribuyendo a la estabilidad y al progreso colectivos.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.


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El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señoras y señores diputados, señor ministro. Se me perdonará que me refiera a las enmiendas planteadas, y digo que se me perdonará porque creo que no todas las intervenciones lo han hecho así y, por tanto, se me excusará también que no me refiera a los aspectos propios de la convalidación que fue objeto de debate hace unas semanas en esta misma Cámara.
Empezando por la primera, he de decir que hay una coincidencia en el análisis de Izquierda Unida con el Grupo Socialista en cuanto que imputan al Gobierno ser el causante de una fractura social y carecer de diálogo social. A continuación contestaré a ambos en este terreno.
Izquierda Unida plantea un modelo en el que, con todo respeto, nosotros no sólo no estamos de acuerdo sino que creemos que no es factible; sinceramente le digo que no es realizable. Ustedes nos plantean una reducción de la jornada a 35 horas que ha sido objeto de debate y que lo será específicamente en otras ocasiones a lo largo de la legislatura. Nosotros no entendemos que haya un automatismo en la reducción de la jornada con la creación de empleo. Plantean la ampliación de las vacaciones a 35 días y créditos horarios para estudios por 150 horas al año, con lo cual hay una evidente reducción de la jornada efectiva al año. Establecen la edad de jubilación a los sesenta años en contra de todas las expectativas de crecimiento demográfico, de duración de la vida, de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de todos los expertos que vienen indicando que la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social no va a pasar porque fijemos la edad de jubilación en los sesenta años. Crean un fondo de inversión obligatoria que nos resulta de difícil comprensión y de difícil gestión, y plantean con un carácter genérico recargos de 25 por ciento en las contingencias comunes de cuotas empresariales para los contratos temporales, con lo cual se está obviando, se está desconociendo que hay una porción de contratos temporales que por su naturaleza siempre lo serán y jamás podrán tener la duración de un contrato indefinido, lo cual no es conveniente ni justo.
El Grupo Socialista, por su parte, formula su enmienda en varios aspectos que ahora leeré y en los que no voy a entrar porque ya lo ha hecho en algunas materias con profundidad el ministro y simplemente rellenaré algún hueco que me parece de interés. El primer punto se refiere al mercado de trabajo; el segundo al problema de la temporalidad; el tercero al fortalecimiento del principio de causalidad; el cuarto a la contratación a tiempo parcial; el quinto al tiempo de trabajo; el sexto a la siniestralidad laboral; el séptimo a la discriminación negativa de la mujer; el octavo a la exclusión social y trabajadores con menor cualificación y el noveno a la movilidad geográfica. Comienza el Grupo Socialista, al igual que el Grupo de Izquierda Unida, achacando al Gobierno falta de sensibilidad, falta de voluntad y falta de empuje al diálogo social. Se ha expuesto por el ministro una serie de razones en contra de ello y yo añadiré que desde que se ha dicho esto al día de hoy ha habido dos acuerdos: uno, incompleto porque UGT no lo ha suscrito, el 9 de este mes, relativo a las pensiones, al sistema de la Seguridad Social, y otro sobre la resolución extrajudicial de conflictos laborales, suscrito por todos. He de recordar que a lo largo de los cinco años de este Gobierno ha habido ya dos acuerdos en materia extrajudicial de conflictos laborales, ha habido un acuerdo para el empleo y la protección social de trabajadores agrarios, ha habido un acuerdo sobre política de inversiones y empleo agrario en 1996, ha habido un acuerdo sobre formación profesional en el año 1996, ha habido unos acuerdos tripartitos de formación continua firmados en los años 1996 y 2000, ha habido unos acuerdos sobre trabajo a tiempo parcial suscritos en el año 1998 y recientemente, este mismo año, como acabo de decir, ha habido estos dos acuerdos. No creo que el Gobierno sea culpable de que libremente las partes que intervienen en un debate en el que él no está sentado se den un plazo, lo prorroguen y en el plazo que voluntariamente se han dado no sean capaces de llegar a un acuerdo. Pero si hemos de hablar de respeto al diálogo social y del objetivo primero en la política laboral o social de llegar a un consenso, habrán de convenir que ni la enmienda de Izquierda Unida ni la enmienda del Partido Socialista respetan en absoluto los objetos de negociación, de aproximación, y los temas que se han tratado en la mesa de ese diálogo social. Se hacen incorporaciones ex novo que trascienden con mucho lo allí establecido, a tal punto que aunque hoy algún grupo vaya a votar simultáneamente las dos enmiendas de los dos partidos, éstas en muchos aspectos son contradictorias, lo cual avala aún más que aportan datos diferentes de lo tratado en la mesa de diálogo social y que no son coherentes los modelos que nos plantean, salvo en esta crítica inicial que yo debo combatir porque es injusta y no se adecua a la realidad de las cosas. Como jurista suelo decir aquello de: dame los hechos y te daré el derecho.
Se hablaba también de la necesidad de modificar el marco económico.
Hoy no se ha hablado de ello, no se ha hablado de la productividad, y se hace bien, pero yo me referiré tan sólo a lo respondido a la diputada del Grupo Socialista, señora Costa, por el señor vicepresidente segundo del Gobierno, que manifestó que en el año 1993 tuvimos una buena tasa de productividad, ¿y cuántos cientos de miles de puestos de trabajo se perdieron? ¿Cuántos? De manera que ciertamente hay un elemento a la hora de valorar, pero ese elemento no siempre tiene una relación directa de causalidad entre el mismo y el resultado del empleo.
Los problemas de temporalidad me obligan a recordar que en este país, en nuestro mercado laboral en el año 1984, la tasa de temporalidad era del 6 por ciento; en el año 1996 era casi de un 35 por ciento y en el

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momento actual se ha rebajado -cosa que, por cierto, hasta el Grupo Socialista reconoce en la exposición de motivos de su enmienda-, no de la forma que todos queremos, pero se ha rebajado siendo uno de los tres únicos países de la Unión Europea que ha conseguido reducir esta ratio en los últimos tiempos.
Respecto a la contratación a tiempo parcial, creo que la realidad económica, la realidad del mundo empresarial, lo que se vive, lo que está a pie de calle, todos solemos decir que se compone fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, incluso de autónomos que emplean a trabajadores, microempresarios. Un contrato a tiempo parcial que plantea las rigideces que pretende introducir la reforma en la enmienda del Grupo Socialista consideramos que lo haría impracticable. Ustedes plantean el carácter escrito del contrato; plantean que las horas complementarias sólo sean de aplicación cuando el contrato a tiempo parcial no sea el 77 por ciento de la jornada; plantean una consolidación de la jornada en el 50 por ciento. Creo que por bienintencionado que sea, que no lo dudo, el tratamiento que se pretende dar al contrato a tiempo parcial en la práctica va a resultar de difícil aplicación a estos pequeños y medianos empresarios que son el auténtico cobijo y el auténtico entramado del empleo de nuestro país. Por eso no ha funcionado tampoco hasta el momento en la medida en que todos queríamos, porque la reforma de 1997, que introdujo un contrato a tiempo parcial que creíamos que era suficiente, se ha demostrado encorsetada, rígida y por tanto inaplicable. De aquí que nuestro marco legal haya sido flexibilizar para que en la práctica se dé más empleo vía contrato parcial.
Se habla del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias. Ya lo hemos debatido en la Cámara, no tengo tiempo para reproducir el debate y, por tanto, me remito a lo que en su día dije a este respecto.
Con respecto a la reducción de jornada tampoco entiendo que haya una relación directa reducción-creación de empleo, aunque puede haberla en algún lugar. Nosotros sostenemos la misma tesis siempre y es que la negociación colectiva permita a las partes que al respecto establezcan lo que les parezca conveniente.
En cuanto a la siniestralidad laboral, ayer mismo el ministro en una interpelación en esta Cámara tuvo la oportunidad de recordar el informe del señor Durán, de 5 de abril, que establecía que no había un nexo directo entre contrato temporal y siniestralidad, en contra del tópico, manifestaba la complejidad en el análisis de esta cuestión y se refería a que probablemente había una mayor vinculación entre determinados sectores en los cuales se produce un mayor incremento de la siniestralidad que con relación a otros por ser menos penosos, dificultosos o de menor riesgo. Sin quitar un ápice a la importancia que esta materia tiene y que compartimos, creemos que el Gobierno está actuando bien, que debe seguir actuando bien y abordar algo que debía ser motivo de una modificación legal, y es que del año 1994 hasta ahora se ha verificado cómo desde que los empresarios españoles tienen que hacerse cargo del pago por contingencias comunes en la ILT entonces, en la incapacidad temporal ahora, hasta el día decimosexto, automáticamente hay una traslación de lo que son accidentes leves, que constituyen el 98,3 por ciento del conjunto, de lo que antes era enfermedad común a lo que hoy es accidente de trabajo. Por tanto, esto se deberá rectificar para que cada cuestión tenga el nombre y el tratamiento que merece: la enfermedad común es enfermedad común y el accidente de trabajo es accidente de trabajo.
Respecto a la discriminación negativa de la mujer, no voy a recordar ahora los costes cero, que no se han practicado, y que incluye el proyecto de ley en cuanto a la trabajadora en maternidad, en cuanto a la persona en desempleo que va a ser contratada dentro de los dos años posparto. Antes incluíamos el coste cero a la sustituta, hicimos una ley de conciliación de la vida laboral y familiar que todavía no ha tenido tiempo de demostrar sus frutos porque era de noviembre de 1999 y no ha pasado un año y medio cuando se está planteando una auténtica modificación de lo que constituye un eje vertebral.
Compartimos la filosofía de la imprescindible conciliación de la vida laboral y familiar, de modo que la mujer española se pueda incorporar en situación de igualdad y realidad al mercado laboral, pueda ser madre y tener una familia, no como hoy que tenemos las mayores tasas de no ocupabilidad en la Unión Europea por parte de la mujer y las menores tasas del mundo en tener familia, en contra de los deseos manifestados por nuestras conciudadanas y conciudadanos. Esta cuestión merece una cierta cautela.
Voy a recordar dos cuestiones. La primera es que no he visto en la enmienda del Grupo Socialista una coherencia entre la proposición que presentó el martes pasado aquí mismo, en cuanto a la posibilidad de la suspensión del contrato por causa de maternidad a favor de madres y padres con niños prematuros, con el texto de la enmienda a la totalidad. La segunda contradicción es que nos sorprenden ahora planteando un permiso de paternidad de prácticamente un mes cuando el día 6 de marzo, en la Comisión de Política Social y Empleo de esta Cámara, el entonces portavoz en una proposición no de ley que había planteado el propio Grupo Socialista, don Ramón Jáuregui -proposición 161/356, para dominio de SS.SS.-, pactó una enmienda transaccional, llevada por mi compañera Enriqueta Seller, en la cual nos comprometíamos todos -porque en esos términos fue aprobada- a que el Gobierno, de conformidad con lo tratado con los ministros de Trabajo en Consejo de la Unión Europea celebrado el 29 de junio del año 2000, estudiara la posibilidad de introducir o no en el mercado laboral este tipo de permiso. Ha habido una enmienda transaccional en la cual nos hemos dado seis meses y en septiembre deberá haber un estudio.
Ustedes no han respetado el contenido de las enmiendas que

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pactan aquí, no han respetado el resultado de sus iniciativas y no han respetado lo acordado hace poco más de un mes en esta Cámara en la Comisión de Política Social y Empleo.


La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya.


El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señora presidenta.
Termino con dos cuestiones. La primera de ellas va referida a Convergència i Unió, para que se queden tranquilos porque nosotros hemos formulado también una enmienda al artículo 12 para que el límite de bonificaciones a mínimos, que no es aplicable, permita que haya un amplio elenco de bonificaciones como los que planteamos con carácter selectivo, fundamentalmente en pro de la mujer -también hay otra medida en ese sentido en el pacto sobre Seguridad Social-, para los parados de larga duración y los trabajadores mayores de edad.
Pero no puedo concluir, señora presidenta, sin hacer alusión a una expresión que se ha utilizado hace unos minutos aquí. Se ha hablado de que la política del Gobierno popular, las reformas emprendidas, los diálogos suscritos -o no suscritos, como en este caso, porque los interlocutores no llegaron a buen fin- han supuesto una rémora para el mercado laboral. Pues bien, esa rémora se llama dos millones y medio de nuevos trabajos; se llama una Seguridad Social con más de 15.600.000 cotizantes; se llama una Seguridad Social con superávit y no con déficit y se llama que podamos discutir que en algunos grupos del mercado laboral hay que incrementar la calidad cuando antes simplemente no había empleo y podamos hablar de precariedad de jóvenes cuando antes estaban en la escuela de la desesperanza.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señorías, vamos a someter a votación, de manera separada, las enmiendas con texto alternativo presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 14; en contra, 178; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometemos a continuación a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 110; en contra, 177; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo.


AVOCACIONES POR EL PLENO.


- DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD.
(Número de expediente 121/000037)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la avocación.
(Aplausos.)

- DEL PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 121/000031)

La señora PRESIDENTA: Señorías, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.


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INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1998 Y RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA MISMA. (Número de expediente 250/000006)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Informe anual sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma.
Para la defensa y presentación del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, tiene la palabra el señor Albendea. (Rumores.)

Señorías, ruego guarden silencio y agilicen su salida del hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en un Pleno de hace cuatro meses aprobamos la cuenta general del Estado de 1997. Entonces pusimos de relieve que no era lógico aprobar una cuenta casi 48 meses después de la fecha a que se refiere. Hoy sometemos a debate la cuenta de 1998, transcurridos menos de 28 meses después del fin del año de referencia. De 48 meses hemos pasado a 28. No es totalmente satisfactorio, pero no cabe duda de que seguimos mejorando. Esperemos que la cuenta de 1999 pueda ser sometida al Pleno dentro de este año.
Si se ha avanzado en el plazo de presentación, también se ha mejorado en los aspectos formales y materiales de la cuenta general del Estado. ¿El Grupo Popular cree que se puede seguir mejorando? Sí, la prueba de ello es que ha presentado en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas hasta seis propuestas de resolución, instando al Gobierno y a algunos organismos autónomos a que corrijan determinados desajustes que el Tribunal de Cuentas señala. Pero dicho esto, hemos de señalar que la situación de las finanzas públicas es sensiblemente mejor que la de etapas afortunadamente ya superadas.
Señorías, ¿les suena el Decreto-ley 12/1996, que dotó créditos por gastos de ejercicios anteriores por importe de 721.000 millones de pesetas? ¿Verdad que sí? Pues el esfuerzo de saneamiento continúa y de aquellos 721.000 millones de pesetas de pagos de ejercicios anteriores, si analizamos los pagos pendientes de ejercicios anteriores en el presupuesto vigente del año 2001, veremos que sólo hay 33.000 millones de pesetas en 1997 y 15.000 millones de pesetas en el año 1998. Seguimos mejorando, señorías.
Sobre la mayor parte de las observaciones que el Tribunal hace en el informe de 1998 se han tomado medidas de corrección en el año 1999.
Así ocurre, por ejemplo, con la ausencia de algunas amortizaciones. A tal efecto, la Intervención General de la Administración del Estado dictó en diciembre de 1999 una resolución dando normas y criterios de cuantificación de los importes a dotar.
Otra corrección importante. Para el préstamo del Estado a Rumasa, en 1999 se ha dotado la oportuna provisión, por importe de 584.472 millones. ¿Verdad que lo de Rumasa ya huele a naftalina? Ese es otro regalito heredado de los años ochenta. Ya está resuelto.
Respecto a la Seguridad Social, bastaría recordar cuál era la situación en 1995 y cuál es la actual. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Albendea, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
No podemos olvidar que la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, consecuencia del Pacto de Toledo, fijó como uno de sus objetivos la clarificación de las fuentes financieras y la ley dice que se haría de forma paulatina. En ese proceso de separación de las fuentes de financiación nos encontrábamos en 1998. Quiero recordarles que en 1995 la aportación del Estado a la Seguridad Social, en términos homogéneos, alcanzaba un volumen de dos billones 433.000 millones de pesetas, mientras que en el presupuesto vigente la aportación del Estado se eleva a más del doble, cinco billones 114.000 millones de pesetas. Por otra parte, el déficit de la Seguridad Social del año 1995 se contrapone no sólo al superávit actual, sino también a la existencia de un creciente e importante fondo de reserva. Comparar la Seguridad Social de hoy con la de hace cinco años es como hablar de otra galaxia.
Señorías, el ámbito de la cuenta general del Estado que estamos debatiendo se extiende al de la Administración General del Estado, organismos autónomos de carácter administrativo y organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero y análogos y, analizada con objetividad, es una buena radiografía de la situación del sector público estatal y su contribución al desarrollo económico y social de España.
En 1998 la economía española consolidó la fase expansiva iniciada en 1996. Se cumplieron con creces todos los objetivos que se fijaron en los presupuestos de ese año. Fue precisamente ese año, el 2 de mayo, cuando el Consejo Europeo decidió que España había

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cumplido todos los requisitos de convergencia previstos en el Tratado de Maastricht para integrarse en la unión monetaria, lo que es una venturosa realidad desde el 1 de enero de 1999. Me parece legítimo el recordatorio de que en mayo de 1996 España no cumplía ninguno de los requisitos establecidos. Desde entonces, la economía española viene creciendo, año tras año, por encima de la media de la Unión Europea y esa fase expansiva de la economía española se caracterizó en 1998, y se sigue caracterizando, por un elevado ritmo en la creación de empleo, uno de los mayores de la OCDE.
Quizá, el logro más significativo de las cuentas públicas es el de la evolución del déficit. Frente al 7,3 por ciento del producto interior bruto con que se cerró el año 1995, el ejercicio 1998 que nos ocupa se cerró con un déficit del 2,6 por ciento. La evolución, como S.S.
sabe perfectamente, continuó en fase descendente y hoy podemos constatar con orgullo que el Gobierno del Partido Popular, por primera vez en la historia de nuestra democracia, presentó el presupuesto del año 2001 con equilibrio presupuestario. El Gobierno quiere que esa política de austeridad y de rigor trascienda a todas las administraciones públicas. Ése es el espíritu y el propósito del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que se está tramitando en esta Cámara.
Ese mismo año 1998 es un referente positivo en cuanto a los tipos de interés, lo que sin duda repercutió muy favorablemente en los gastos financieros de las empresas y de las administraciones públicas. Quizá la prueba del ácido de esa brillante evolución estribe en que en 1998 prácticamente desapareció el diferencial de tipos de interés con Alemania, que era históricamente la referencia por excelencia. En 1995, el diferencial se situaba en torno a los 500 puntos básicos y en 1998 no llegaba a 40 puntos básicos. Todos los parámetros anteriores han permitido llevar a cabo una política de inversiones en gasto social sin precedentes, porque realmente la reducción paulatina del déficit, hasta llegar hoy al equilibrio presupuestario, obedece a una importante reducción del gasto corriente como consecuencia de una política rigurosa y austera. Eso se ha traducido en mayor bienestar de los ciudadanos y en una paz social sin precedentes. Como ayer recordaba en esta Cámara el vicepresidente económico del Gobierno, desde que gobierna el Partido Popular no ha habido una sola huelga general y la conflictividad laboral se ha reducido sensiblemente, mientras que cuando el partido del Gobierno era el socialista hubo hasta cuatro huelgas generales.
Concluyo ya diciendo que la cuenta general del año 1998 presenta un perfil mucho mejor que la de 1997 y 1996 y mucho mejor, por supuesto, que la de años anteriores. Pero estoy seguro de que la cuenta de 1999 y siguientes superará la del año 1998. Seguimos mejorando. Por todo ello, pido a la Cámara la aprobación de la declaración definitiva de la cuenta general del Estado del año 1998, y pido ese voto favorable porque mi grupo está convencido de que las finanzas públicas son cada vez más coherentes, más transparentes y, como dice el informe del Tribunal de Cuentas, más consistentes y cumplen cada día mejor con los principios de legalidad, eficiencia y economía.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea. ¿Turno en contra? (Pausa.) Señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hace cuatro meses este Pleno votó el dictamen de la Comisión Mixta sobre la cuenta general del Estado de 1997. El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra, pero no fue un voto en contra de la declaración definitiva de dicha cuenta elaborada por el Tribunal, sino contra la cuenta general del Estado. Algunos diputados del Grupo Popular pudieron sorprenderse entonces de nuestro voto negativo, sin duda llevados de la imagen de aridez de la contabilidad pública que les dificulta la percepción del contenido político de la cuenta general del Estado; les dificulta, pero no les debería impedir, señorías. Hoy tenemos que volver a votar en contra. Y digo tenemos porque votar en contra de la cuenta general del Estado del año 1998 es la valoración política de las cuentas públicas, al ser éstas representativas de la gestión económico-financiera del Gobierno. La transparencia en las cuentas públicas es una manifestación de la transparencia política y, en última instancia, de la confianza que merece o no nos merece un Gobierno. Por ello, porque la cuenta general del Estado de 1998 no es representativa de la auténtica situación económica y financiera del sector público estatal en dicho año, vamos a votar en contra de la cuenta general del Estado correspondiente a la gestión del Gobierno del Partido Popular.
Permítanme que, huyendo de la aridez de la contabilidad pública pero desde el rigor más absoluto, les informe de aquellos aspectos más llamativos que ponen de manifiesto la falta de representatividad de la cuenta general del año 1998 y que justifican, por tanto, que políticamente deba ser rechazada. En primer lugar, el Gobierno no conoce la auténtica situación de los deudores para con el sector público estatal. Dicho en otras palabras, el Gobierno no sabe lo que el Estado tiene pendiente de cobrar por derechos tributarios, impuestos y tasas. Y tampoco conoce el Gobierno el grado de cobrabilidad de los derechos tributarios no cobrados en vía voluntaria, derechos que están en intento de cobro en vía ejecutiva, pero que pueden acabar no cobrándose porque muchos de esos deudores para con el Estadoacabarán siendo insolventes y no pagando. Llegados a

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este primer punto, cabe preguntarse por qué el Gobierno no se preocupa de conocer el estado de cobro de los créditos tributarios, tasas y sobre todo impuestos. Cabe preguntarse si el desconocimiento es voluntario o, por el contrario, si es mera incompetencia. No seré yo, no será el Grupo Parlamentario Socialista, quien haga aquí un juicio de intenciones sobre las motivaciones de las omisiones del Gobierno. Pero lo que sí puedo hacer, señorías, desde la más escrupulosa de las ópticas económico- financieras, es afirmar que ese desconocimiento permite al Gobierno ofrecer una imagen del déficit del sector público ficticia, mejor que la real. Esto es así porque si ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, se hubieran preocupado en conocer la cobrabilidad de sus créditos tributarios sabrían que el porcentaje del volumen total de éstos no son cobrables y tendrían que provisionarlos en la contabilidad pública, lo que aumentaría el porcentaje de déficit que nos ofrecen, que el señor portavoz ha defendido y que nosotros cuestionamos por los argumentos ahora señalados.
Digamos, por tanto, que el desconocimiento de la situación de cobro de los deudores para con el Estado impide a esta Cámara, y a través de ella al pueblo español, tener un conocimiento exacto de la situación real de las cuentas públicas, esto que hoy debatimos, señorías: las cuentas públicas. Los presupuestos, en contra de lo que con frecuencia se escucha en esta casa, no son cuentas públicas, son previsiones de ingresos y autorizaciones de gastos. Pero la auténtica gestión económico- financiera de un Gobierno, en este caso del Gobierno del Partido Popular, en el año 1998 se refleja y se puede juzgar sólo a través de la cuenta general del Estado, que es la que integra todas las cuentas públicas y por ello se califica de general, como cuenta que integra todas las cuentas públicas del sector estatal.
Entro seguidamente en la segunda perla, si me permiten el término estudiantil: la Seguridad Social. Ustedes nos dicen que mejora continuadamente su situación financiera, que la Seguridad Social va bien. Nada más deseable por y para todos que la Seguridad Social pública vaya bien. Pero bien, de verdad, no con maquillaje, que es su técnica de gestión. Pregunto al Gobierno y al partido que lo apoya: ¿puede hacer frente la Seguridad Social, con sus propios recursos, al pago de los préstamos que tiene concedidos por la Administración del Estado por importe de dos billones 775.000 millones de pesetas? Todo parece indicar que no.
Señorías, un somero análisis de las cuentas rendidas al Tribunal por la Tesorería General pone de manifiesto que a 31 de diciembre del año 1998 el sistema de la Seguridad Social presentaba unos fondos propios negativos por valor de 1,6 billones de pesetas. Esto lo dice el informe del propio Tribunal de Cuentas correspondiente al sector público estatal del ejercicio 1998, el cual está a disposición de todos los diputados de esta Cámara. A los incrédulos tengo que decirles que se lean la página 240 de dicho informe.
En estas condiciones, señorías, no nos debe extrañar que la Seguridad Social no haya procedido a la devolución de ninguno de los préstamos concedidos, a pesar de que ha comenzado ya el período de amortización, como indica además el Tribunal en su informe del año 1998. Y a aquellos de ustedes que crean que la Seguridad Social va bien porque no tiene deudas, les invito también a ampliar su ejercicio de lectura en la página241 del informe anual. Van a cambiar de opinión, aunque no estén en condiciones, si son diputados del Grupo Popular, de hacerla pública. Ahora bien, si se quiere, claro está, el problema tiene solución. ¿Quiere solucionarlo el Gobierno, nos preguntamos los diputados del Grupo Socialista? De momento, nosotros les vamos a dar la respuesta: está claro que no, puesto que no utilizan ninguna de las fórmulas que el Tribunal les viene ofreciendo año tras año. Bastaría con que el principal acreedor de la Seguridad Social, que es la Administración general del Estado, procediera a condonar el importe total que actualmente adeuda al sistema de Seguridad Social, tanto por vía de préstamos no devueltos, que ascienden a dos billones 775.000 millones, como por vía de obligaciones no pagadas por el sistema de Seguridad Social a la Administración del Estado, como por las transferencias que la Seguridad Social debía hacer al Estado y que no ha hecho. Esta condonación, que sanearía la situación económica del sistema de Seguridad Social, supondría, por un lado, el cumplimientode los pactos de Toledo recogidos en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, y por otra parte resultaría coherente con la política aplicada por el propio Gobierno a partir del ejercicio del año 2000 respecto de la financiación del sistema de Seguridad Social, ejercicio en el que, tal y como se prevé en el artículo 12 de la Ley 54/1999, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2000, desaparecen los préstamos como sistema de financiación de la Seguridad Social.
También podría optarse por realizar una transferencia del Estado a la Seguridad Social para que, con cargo a ella, ésta pudiera devolver los préstamos concedidos. ¿Por qué, señores del Gobierno, no son ustedes coherentes y resuelven esta situación? Tal vez porque les interesa utilizar las deudas de la Seguridad Social con el Estado para justificar en el futuro un recorte de las pensiones iniciales de los nuevos pensionistas, aumentando el número de años a computar para el cálculo de dichas pensiones iniciales.
Entro en el tercer motivo por el que votamos en contra de la cuenta general del Estado del ejercicio 1998: las fundaciones públicas estatales. En apariencia, aquel que desconoce el tema podría considerar que tiene un calado menor, pero sólo es una apariencia, ya que cualitativamente se trata de todo un test de la falta de coordinación del Gobierno en su gestión. El problema puede ser fácil de comprender. El Gobierno sigue desconociendo cuántas fundaciones públicas estatales

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existen, y no vuelvan a confundir, señores diputados del Grupo Popular, el concepto de lista, muy sencillo de entender, con el de censo. Por tanto, dos términos, dos conceptos. No hay señales de que tenga interés en remediar la situación, ya que parece que el proyecto de ley que el Gobierno está preparando sobre fundaciones va a facilitar el objetivo que subyace en el uso y abuso de este instrumento institucional: huir del control público y desestructurar de forma desordenada la Administración del Estado.
Ya señalamos con información documentada, que presenté en esta tribuna en el anterior Pleno en el que se discutió la cuenta general de 1997, que en la nota de prensa del portavoz del Gobierno del 14 de noviembre de 2000 se afirmaba alegre y frívolamente que el Gobierno había pasado toda la información de las fundaciones públicas y que éstas eran 25. No son 25, ya lo señalé, son 42 de las que se tienen datos, lo que significa que 17 siguen sin rendir sus cuentas al Tribunal y éste no puede reclamar porque no tiene conocimiento o información oficial de su existencia. ¿Y en 1998, que es la cuenta que hoy estamos analizando, cuántas fundaciones públicas había? Juguemos a la ruleta. Lo saben ustedes, razones para saberlo tendrían, porque desde 1996 el Gobierno está haciendo crecer de forma vertiginosa el número de fundaciones públicas, pero en la cuenta general de 1998 y en sus documentos anejos no hace informe de ello.
¿Qué fiabilidad política merece la gestión económico-financiera de un Gobierno cuyos ministerios, cuyo portavoz, el conjunto de organismos públicos y órganos que dan lugar a fundaciones no tienen información o no saben que existen? Se están creando fundaciones de una forma descontrolada, sin ningún tipo de control por parte del Tribunal, porque, repito, no dispone de la información pertinente.
Sintetizando diré a los señores del Gobierno que el proceso de constitución de fundaciones públicas estatales se les ha escapado de las manos. Recondúzcanlo, les digo a los diputados del Grupo Popular, no cometan más errores porque se les va a volver en contra, como ya les está pasando. Contrólenlo, y para ello -por eso decía que no confundan listado con censo; censo no existe- hagan un censo de fundaciones públicas y dicten una norma para evitar la creación compulsiva de fundaciones públicas estatales.
Finalmente, señorías, nos oponemos a esta cuenta general del Estado de 1998 porque en ella no se recogen los resultados económico- financieros nada desdeñables de los consorcios creados por entes del sector público estatal. Los consorcios han de rendir por ley sus cuentas al sector público estatal porque los fondos que reciben son públicos. ¿Lo hacen? No puedo decir ni que sí ni que no, porque tampoco hay información oficial sistemática. Observen ustedes que la vigente redacción del artículo 32 de la Ley General Presupuestaria, promovida por este Gobierno a finales de 1998, no los incluyó expresamente en la cuenta general del Estado, pero en cambio como entes públicos deberían estar incluidos. ¿Dónde están los consorcios?

La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor.


La señora COSTA CAMPI: Voy acabando, señora presidenta. ¿Dónde están los consorcios? ¿Se les pasó por alto su inclusión en la citada ley? Cualquiera que sea la razón, aquí hay importantes responsabilidades políticas que deben ustedes afrontar ante la ciudadanía española.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista denuncia desde esta tribuna la falta de rigor de la cuenta general del Estado. Hay una inexistencia, no sabemos si voluntaria o por desidia, de información de una parte importante de las instituciones que reciben fondos públicos. El Gobierno tiene que solventar esta situación y, entretanto, nuestro grupo, desde la oposición, lo denunciará desde esta tribuna y votará en contra porque creemos que es lo que realmente legitima nuestra opinión política y evidencia los abusos en la legislación en su mayoría absoluta y la mala gestión en su tarea de gobierno. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Costa, estos son temas que ya conocemos y en los que usted es recurrente. Por ejemplo, hay un tema que ni nos va ni nos viene a mi grupo, como es el de la imagen de aridez que dice usted que tiene la contabilidad pública. Eso no es culpa ni de ustedes ni nuestra. La terminología técnica es la que es y necesariamente tiene que ser así. Su señoría querría que hubiera una especie de jerga especial para esta Cámara, pero las cosas son como son.
Ha hecho usted una afirmación gratuita, sin ningún dato que lo justifique, sobre la falta de transparencia de las cuentas públicas.
¿En qué datos, en qué afirmación del Tribunal de Cuentas basa usted esa falta de transparencia? El Tribunal de Cuentas en ningún momento ha dicho eso ni se deduce en absoluto del informe.
Habla usted de que el Gobierno no conoce los derechos económicos que le asisten. Quiero recordarle que el Tribunal de Cuentas dispone de una amplia información sobre este tema y se pronuncia siempre, cada año, sobre cuáles son los derechos del Estado. ¿Es que está usted cuestionando, acaso, la solvencia técnica y moral de los vocales del Tribunal de Cuentas, alguno de los cuales han nombrado ustedes, y le recuerdo que son miembros que tienen un mandato de nueve años? ¿Cómo es posible que diga usted que no dice nada el informe del Tribunal de Cuentas, que no conoce los

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derechos, y pasa usted por alto el respaldo a los miembros del Tribunal de Cuentas, que están elegidos por los distintos grupos parlamentarios? También ha calificado el déficit de ficticio. Ficticio era el déficit de ustedes cuando gobernaban. Ése sí que era ficticio. Me remito al tema de la Seguridad Social, que está mejorando continuadamente, pese a que ustedes no quieran verlo, y que ha alcanzado récords de afiliación que no ha habido en toda la etapa democrática ylos ha adquirido en los últimos cuatro años. Los préstamos a que usted se refiere, señoría, eran todos de la época de ustedes. El Gobierno del Partido Popular no ha concedido ni un solo préstamo nuevo a la Seguridad Social. Y la separación de fuentes, conforme decía el Pacto de Toledo, es una separación paulatina que está prácticamente concluyéndose. Ya he dicho antes que la aportación del Estado casi se ha duplicado. En el año 1995 era de dos billones setecientos y pico mil millones y en el año 2001 es de cinco billones doscientos y pico mil. Luego no sé cómo puede hablar de que la situación de la Seguridad Social no es de sanemamiento; es de absoluto saneamiento.
El Pacto de Toledo lo estamos cumpliendo rigurosamente, como no podía ser de otra manera. Dice usted que es para rebajar las pensiones.
Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Quién está actualizando las pensiones de acuerdo con el IPC, año tras año, con el mandato de una ley que hemos traído nosotros al Parlamento, o es que han traído ustedes esa revisión automática? Otro tema en el que usted es recurrente es el de las fundaciones, sobre el que usted está empeñada en que no hay un censo, que es una lista, pero no ha dicho ni una sola fundación que no esté en esa lista que yo llamo censo y usted llama lista. El censo se elabora y se remite actualmente al Tribunal de Cuentas. Ha sido ya enviado el censo de 1999, dentro de la cuenta general del Estado de ese año, y fue remitida por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre del año 2000.
Respecto al inventario de consorcios tengo que decir lo mismo que de las fundaciones. Es un tema en el que usted está obsesionada, pero a mí me gustaría que me dijera usted el número de fundaciones y nombre de fundaciones y consorcios que no están en ese censo. Eso es lo único que puedo decirle. Señoría, sé que son razones políticas y no razones técnicas ni económicas las que les mueven a votar en contra de la cuenta general del Estado. Yo reitero la petición del voto favorable, porque creo que es evidente que la cuenta general del Estado ha mejorado sensiblemente respecto a los años anteriores, ha mejorado todavía más respecto a los años 1995 y anteriores y va a seguir mejorando en 1999 y en el año 2000.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.


Sólo voy a referirme a dos o tres cuestiones, porque la Cámara puede quedar perpleja ante las pretendidas aclaraciones que ha dado el portavoz del Grupo Popular.
Nuestra oposición a la cuenta general del Estado se justifica, como he señalado, porque la gestión económico- financiera que tiene un Gobierno del Partido Popular, y por tanto responsabilidad política en esta Cámara, no ha sido realizada correctamente, y esta no es una cuestión que esté relacionada con el perfil y con el nivel técnico de los diferentes consejeros del Tribunal de Cuentas, señor Albendea.
Mire, señor Albendea, usted tiene una concepción de la economía sorprendente. La economía es una parte de la política, aunque sea una parte que goza de unos instrumentos pretendídamente más rigurosos, y el debate que hoy nos ocupa trata sobre cuestiones de economía. Esas cuestiones de economía se trasladan a unos instrumentos que constituyen la cuenta general, y en esa cuenta general faltan gastos realizados por la Administración y faltan ingresos que han entrado en la Administración del Estado. Yo siento que usted no se haya leído el anterior «Diario de Sesiones», porque puse a disposición de los diputados de la Cámara la lista dada por el portavoz del Gobierno y la lista que esta diputada había obtenido de la propia Administración del número de fundaciones existentes. Repásese el «Diario de Sesiones», señor Albendea. Les pude presentar 42 fundaciones frente a 25. No recurrí a leer todas las fundaciones porque supongo que la benevolencia de la presidenta tiene un límite, pero evidentemente está documentado con datos. Para no cansar a los señores diputados, tampoco voy a entrar en la diferencia entre censo y listado, de la cual la Real Academia de la Lengua, en su diccionario, nos puede ilustrar a todos.
Señor Albendea, señores del Grupo Popular, esta cuenta general del Estado es incompleta. Las fundaciones públicas son un instrumento institucional usado por el Gobierno del Partido Popular para desarrollar proyectos, fundamentalmente en el sector de la sanidad, que están huyendo del control público. Los consorcios fueron excluidos de la cuenta general del Estado por la Ley de Presupuestos, cuando en realidad la naturaleza de sus fondos les obliga a estar incluidos. Nosotros votamos en contra, señor Albendea, porque no es cierto nada de lo que usted ha defendido.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta declaración definitiva de la cuenta general del Estado, así como la resolución al respecto que hemos aprobado en la Comisión. Razones: En primer lugar, vaya por delante la felicitación de mi grupo a todo el personal del Tribunal de Cuentas, que viene remitiendo a la Comisión Mixta una documentación, con escrupulosidad técnica y legal, que permite a los miembros de la Comisión realizar un trabajo concienzudo. Es un trabajo cuya ordenación está ajustada (y esto motiva nuestro voto de apoyo a todo el informe) al texto refundido de la Ley General Presupuestaria, así como a la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y a la Ley ordinaria 7/1988 del Tribunal, porque se está adoptando la formación, estructura y contenido que debe tener el principio de ley.
Vamos a aprobar con nuestro voto, sumado al de la mayoría que se obtenga en la Cámara, esta declaración definitiva, porque entendemos que se han realizado una serie de mejoras que se vienen produciendo escalonadamente en el tiempo. Hace apenas cuatro meses discutíamos la de 1997. Pero debemos tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado, más los efectos derivados de las leyes de acompañamiento a dichos presupuestos, aportan complejidad y conceptos cada vez más difíciles de estructurar de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Esto obliga a un trabajo del Tribunal de Cuentas para ordenar la estructura de este gasto. Qué duda cabe -lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero es una obviedad- que esto es una previsión de ingresos y una autorización de gastos.
En síntesis puede ser ésa la filosofía: una previsión de ingresos y una autorización de gastos. ¿Por qué? Porque está basado en unas leyes generales presupuestarias, con una recaudación de impuestos, que unas veces es más de lo estimado y otras veces es menos, y una autorización de gastos que, de acuerdo con la ejecución del gasto público, tiene duraciones que pueden ser dentro del año del ejercicio económico o pueden ser plurianuales. Pero esto ha ocurrido siempre.
Esto es, si se quiere, una patología complicada de la estructura de la Ley General Presupuestaria, y esto ocurre con gobiernos del Partido Popular y ocurre con gobiernos del Partido Socialista, y desde la Ley General Presupuestaria y la Ley orgánica 2/1982 prácticamente les había venido ocurriendo, por el efecto reservado, que tuvo que presentar aquí el Gobierno socialista a partir de 1983, a los gobiernos anteriores de la Unión de Centro Democrático. Por tanto, mi grupo no se rasga las vestiduras porque esto teóricamente sea así. Lo que sí se ha puesto ha sido un orden, y mi grupo parlamentario, que apoya al Gobierno del Grupo Popular, hace una interpretación política, para lo que está legitimado, de la reducción del déficit desde 1995, que ha citado el portavoz popular, del 7 y pico por ciento al 2,6 por ciento en 1998. Esa es una cifra evidente que puede tener una interpretación de los que están a favor, de acuerdo con criterios de convergencia, de reducir el déficit público, como puede ser la de un gobierno socialista, que ha defendido a veces saltarse la reducción del déficit público para atender precisamente cuestiones sociales a través de la Seguridad Social. Lo que hay que hacer es un discurso coherente, porque si se quiere imputar aquí para rechazar la cuenta general del Estado y su aprobación definitiva las deudas de la Seguridad Social, ¿quién va a garantizar totalmente el pago de los préstamos de la Seguridad Social, que dice tiene fondos propios negativos? La Seguridad Social dentro de la cuenta general del Estado se ha estado utilizando políticamente, y me parece legítimo, porque eso va de acuerdo con la política de un gobierno.
Eso no tiene por qué tener consenso político. Un gobierno quiere cargar una política social y se endeuda a través de estos instrumentos que tiene y el Tribunal de Cuentas dirá: oiga, está usted endeudado, pero ésa es una responsabilidad de acuerdo con una teoría política. Nosotros apoyamos en estos momentos al Gobierno del señor Aznar porque entiende, y compartimos, que una reducción del déficit público tiene que hacerse así, y si después un instrumento de pagos y cobros, como es la Seguridad Social, tiene como principal acreedor de la misma a la Administración general del Estado, nosotros lo que decimos es: todos los procesos reglamentarios y disciplinarios que tiene que haber entre la Administración general del Estado, el Gobierno de la nación, los aparatos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas y el aparato analizador y crítico final del Parlamento, tienen que estar en esta sintonía política. De ello se deriva precisamente que nosotros del cobro de deudores no hagamos ninguna cuestión de gabinete. El cobro de deudores es una realidad, porque los morosos no solamente existen en la banca privada y en las cajas, los morosos existen en toda entidad que se puede ver con problemas involuntarios de la devolución de créditos, en este caso la Seguridad Social.
Nosotros no cuestionamos que las fundaciones puedan ser morosas o que adolezcan de falta de justificación de las donaciones que reciben de particulares. Tráigase una nueva ley de fundaciones y ordénese la diferencia entre listados, censos o lo que haya.
También creemos que es oportuno que este Parlamento se dirija al Gobierno; este es el fondo de la cuestión y nos parece positivo.
Apoyaremos el dictamen también por esta razón, y no solamente porque cumple el principio de legalidad y coherencia política en cuanto a la responsabilidad que tiene cada gobierno de ordenar su política social, presupuestaria, fiscal, etcétera, a través del resultado de los instrumentos contenidos en la cuenta general del Estado. Al fin y al cabo, El Tribunal de Cuentas se limita sencillamente a dar un dato, como si fuera un hecho meteorológico -hay sol o hay nubes-, pero no entra a enjuiciar el valor político de la cuestión. Esa es la legitimidad democrática de todo

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gobierno. Mi grupo no se lo ha criticado ni a un gobierno, en un momento determinado, ni a otro. Lo que sí hemos querido, sencillamente, ha sido mejorar lo que se viene produciendo aquí. Se trata de que la cuenta general del Estado tenga mayor agilidad. No podemos estar enzarzados en cuestiones como la justificación de cuentas del Estado que vienen de muy atrás, con olor a naftalina -como se ha dicho aquí-, que parecen fósiles.
A ello va precisamente la resolución, señora presidenta, que queremos destacar porque nos parece muy oportuna. En primer lugar, se trata de instar a la Administración general del Estado a que cumpla con los plazos. A veces se producen unas detenciones que no proceden de responsabilidad política sino de gestión administrativa simplemente.
Pues bien, se le dice a la Administración general del Estado que remita su cuenta general aquí para que no reciba una crítica del Tribunal de Cuentas; se trata de ajustarse al calendario y a una cadencia determinada: mande usted la información requerida en el plazo establecido.
En cuanto a la elaboración de inventarios y registros, se lo pedimos también a la Administración general del Estado en la propuesta de resolución que votamos. Por último, hay que instar al Gobierno. Me parece correcto que la Cámara, recibido del diagnóstico del Tribunal de Cuentas, se pronuncie para exigirle al Gobierno que registre adecuadamente el inmovilizado no financiero del Estado y sus correspondientes amortizaciones profundizando en los avances conseguidos en los últimos años, porque se han producido, pero la complejidad de las amortizaciones del inmovilizado no es un problema contable fácil. Estamos hablando de la contabilidad general de un Estado con billones en su presupuesto. Como el presupuesto general del Estado aumenta año tras año, vamos trasladando al Tribunal de Cuentas una carga de trabajo cada vez mayor a la que viene respondiendo eficazmente, con la profesionalidad y el sentido de la responsabilidad que le son propios, para traer a la Cámara el documento que debemos debatir.
También queremos destacar que nos parece positivo que se recomiende al Gobierno la cancelación, en los términos establecidos en la Ley 13/1996, de las operaciones realizadas a través del Instituto de Crédito Oficial, sobre todo las de estas entidades que se han ido reagrupando a través de la política de ordenación y de convergencia que el Gobierno Español viene manteniendo desde 1986 -prácticamente desde la fecha de nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea- para la disciplina del gasto público dentro de los criterios de convergencia del déficit.
Queremos que se recomienden operaciones del Gobierno a muy largo plazo, por ejemplo los programas de financiación del Eurofighter 2000. El Tribunal de Cuentas ha detectado esta situación y le decimos al Gobierno: complétese el registro contable de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios posteriores, incluyendo como tales los derivados del programa del caza de combate europeo Eurofighter 2000. Si no disponemos de tal flexibilidad de interpretación presupuestaria, con la correspondiente lectura política en esta Cámara, hay programas que son prácticamente incumplibles. Y sin son incumplibles, ¿dónde están los compromisos políticos? Queremos ser congruentes y dar nuestro apoyo a la aprobación de la consolidación de la cuenta general del Estado de 1998. Entendemos que se han cumplido los requisitos de legalidad y que el Gobierno ha hecho uso de la legitimidad democrática para llevar a cabo su política cumpliendo los fines que definen el discurso de investidura.
Por todas esas razones, señora presidenta, votaremos favorablemente este punto del orden del día.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, como portavoz de este grupo en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para fijar nuestra posición brevemente en relación con el dictamen de esta Comisión relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del estado correspondiente al ejercicio de 1998 y a la resolución adoptada por la misma.
Creo que me corresponde en primer lugar anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario al dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que nos ocupa. Creemos que se trata de un voto coherente con la posición que ha asumido históricamente en estos últimos ejercicios el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ante declaraciones efectivas sobre cuentas reales del Estado de ejercicios anteriores. Pero creemos que también es especialmente coherente teniendo en cuenta la evolución de las cuentas del Estado y, de un modo singular, si se compara con la que esta Cámara aprobó el 11 de diciembre del año pasado, correspondiente al ejercicio de 1997, cuenta que contó con el voto positivo de este grupo parlamentario.
Nos encontramos, pues, como decía anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ante la segunda cuenta general del Estado cuya responsabilidad recae en el Gobierno del Partido Popular sobre la que este Congreso va a emitir su voto y, en concreto, sobre el dictamen relativo a su declaración definitiva.
Ciertamente, ante este tipo de iniciativas parlamentarias, parece oportuno, como ya dijimos en nuestraanterior intervención respecto a la cuenta de 1997, para

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su correcto análisis, tener una cierta perspectiva de una secuencia histórica determinada. En ese sentido, por lo que respecta a la etapa del Gobierno del Partido Popular, solamente contamos con el antecedente a que me refería hace unos instantes, correspondiente al ejercicio de 1997, teniendo en cuenta que la cuenta del ejercicio de 1996 correspondió a la gestión de dos Gobiernos de color distinto: el Partido Socialista y el Partido Popular.
Esperamos que en los próximos meses, como también decía anteriormente el portavoz del Grupo Popular, dispongamos de la cuenta del ejercicio de 1999 y confío que también la del año 2000, con lo que podremos analizar pormenorizadamente y con mayor perspectiva histórica su evolución, así como el cumplimiento de las diferentes resoluciones que la Comisión Mixta acompaña cada año a cada cuenta general.
Por lo que respecta a la cuenta general del Estado que nos ocupa, nuestro grupo parlamentario valora positivamente las mejoras que contiene, especialmente en lo relativo a la reducción del déficit en un 32,5 por ciento respecto al del ejercicio anterior, y por supuesto se trata de una reducción aún mayor respecto al déficit que presentaba la cuenta general del Estado del ejercicio de 1997 y mucho más reducido en relación con los ejercicios anteriores al año 1996.
De igual modo que en mi anterior intervención en relación con la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado de 1997 debemos reiterar que, aun admitiendo las mejoras de esta cuenta general, tal y como recordaba el presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia ante la Comisión Mixta el pasado 14 de marzo, siguen persistiendo algunas deficiencias señaladas en declaraciones de ejercicios anteriores relativos a diversos aspectos materiales a los que también ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular y por supuesto, cómo no, la portavoz del Grupo Socialista. En nuestra opinión se trata de deficiencias que, aunque no afectan a la estructura y al contenido establecido en las disposiciones que le son de aplicación, exigen (y me dirijo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular) un compromiso renovado que ya ha sido asumido anteriormente por el Gobierno al objeto de seguir adoptando las medidas correctoras necesarias en la línea de la resolución aprobada por la Comisión Mixta y de anteriores resoluciones que acompañan a otras declaraciones definitivas de cuentas generales del Estado de ejercicios anteriores.
En ese sentido, a la espera de que la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio de 1999 llegue a esta Cámara, por fin, con una estructura y una composición que coincidan por primera vez con la de los Presupuestos Generales del Estado, creemos que corresponde al Gobierno y a la Administración general del Estado continuar avanzando por la senda que señalan las resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas al objeto de la correcta adecuación de la cuenta general del Estado a la normativa que le es de aplicación.
Concluyo mi intervención reiterando el voto favorable de mi grupo parlamentario al dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 1998, así como de la resolución adoptada por dicha Comisión, atendiendo, como he dicho anteriormente, a esa evolución que consideramos positiva y que subyace en ella en relación con las cuentas de los últimos ejercicios presupuestarios. Por todo ello, votaremos a favor de esta cuenta general del Estado.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martí.
Sometemos a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 1998 y resolución adoptada por la misma.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 172; en contra, 107; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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