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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 26/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 81

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 77

celebrada el jueves, 26 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 24-1, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000024.) . . . (Página 4048)

- Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 31-1, de 23 de febrero de 2001.
(Número de expediente 121/000031.) . . . (Página 4060)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales de enero de 2001 en las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León. («BOE» núm. 84, de 7 de abril de 2001.) (Número de expediente 130/000015.) . . . (Página 4078)

- Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los días 21 al 26 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia. («BOE» núm. 84, de 7 de abril de 2001.) (Número de expediente 130/000016.) . . . (Página 4086)

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- Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles. («BOE» núm. 84, de 7 de abril de 2001.) (Número de expediente 130/000017.) . . . (Página 4093)

- Real Decreto-ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles. («BOE» núm. 84, de 7 de abril de 2001.) (Número de expediente 130/000018.) . . . (Página 4093)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 4048)

Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria . . . (Página 4048)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Saura Laporta, Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas defendidas y mantenidas por los distintos grupos parlamentarios, que son rechazadas.


Se someten a votación los diferentes artículos del texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional . . . (Página 4060)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain, Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista, solicita, al amparo del artículo 104 del Reglamento, que la Presidencia inste al ministro de Medio Ambiente a retirar, a los efectos de constancia en el «Diario de Sesiones», las graves imputaciones que se hicieron al diputado Alberto Moragues en la tarde de ayer.


La señora presidenta, conforme al artículo 71.2 del Reglamento, en el que se dice que, en el caso de que se entienda que hay alusiones, éstas podrán ser contestadas en la misma sesión o en la siguiente, acuerda que el señor Moragues intervenga, si así lo desea, en la sesión plenaria posterior, una vez que, tal y como pidieron los grupos firmantes de la Junta de Portavoces, este asunto haya sido sustanciado en la misma y tras escuchar a todos los portavoces.


A continuación se someten a votación las enmiendas defendidas y mantenidas, que son rechazadas.


Igualmente se someten a votación los distintos artículos del dictamen de la Comisión, que son aprobados.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 4078)

Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales de enero de 2001 en las Comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León . . . (Página 4078)

Presenta, en nombre del Gobierno, el Real Decretoley 6/2001, de 6 abril, el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior (Rajoy Brey). Recuerda los hechos que han motivado la adopción de las medidas que hoy trae a la Cámara sustanciadas en el Real Decreto-ley, para el que pide la convalidación basándose en el principio constitucional de solidaridad.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales de enero de 2001 en las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, se aprueba su convalidación por 179 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones.


A continuación se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que es rechazada por 108 votos a favor, 159 en contra y 13 abstenciones.


Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los días 21 al 26 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia . . . (Página 4086)

Presenta, en nombre del Gobierno, el Real Decretoley 7/2001, de 6 de abril, el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey). Explica el fenómeno atmosférico denominado gota fría, que afectó a gran parte del litoral mediterráneo los días 21 a 26 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia, y los daños producidos en aquellas zonas, así como las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley para el que pide la convalidación de la Cámara.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pla Durá, Del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los días 21 a 23 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia, se aprueba su convalidación por 159 votos a favor, 90 en contra y 13 abstenciones.


A continuación se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que es rechazada por 107 votos a favor y 154 en contra.


Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles . . . (Página 4093)

Real Decreto-ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles . . . (Página 4093)

Presenta los dos reales decretos-leyes, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
Explica que el primero de los reales decretos tiene como objetivo establecer el sistema de infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria nacional para la prevención de estas enfermedades transmisibles, tanto las que afectan a los rumiantes como las

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relativas a alimentación e identificación de los animales de producción, obligaciones plasmadas en tres disposiciones de carácter nacional, que son: el Real Decreto 1911, de 24 de noviembre de 2000; el Real Decreto 3453, de 22 de diciembre de 2000, y el Real Decreto 221, de 2 de marzo de 2001. Por otra parte, el régimen de infracciones y sanciones actualmente vigente para garantizar la protección de consumidores y salud de las personas se contiene en la Ley 26, de 19 de julio de 1984, en el Real Decreto 1945, de 22 de julio de 1983, y básicamente en la Ley 14/1996, de 25 de abril.
Consciente el Gobierno de que esta legislación resulta muy genérica y de difícil encaje en una materia nueva como es la encefalopatía espongiforme bovina, ha considerado necesario aprobar una norma de carácter básico y específico que tipifique los ilícitos administrativos en materia de prevención y lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles, al amparo del título competencial contenido en el artículo 149, apartado 1. 1.a y 16.a de la Constitución, eligiendo la figura del real decreto-ley por la extraordinaria y urgente necesidad de disponer de un marco sancionador uniforme y adecuado.


El segundo Real Decreto-ley que presenta ante la Cámara y para el que solicita su convalidación contiene medidas adicionales en el marco de la erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles y tiene como objetivo establecer una serie de ayudas para el sector ganadero y la industria agroalimentaria que alivien la crisis financiera por la que atraviesan e impulse la necesaria reestructuración del mismo.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 2/2001, de 6 de abril, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, se aprueba su convalidación por 213 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.


A continuación se procede a la votación de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que es aprobada por 215 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, se aprueba su convalidación por 145 votos a favor, 73 en contra y una abstención.


A continuación se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que es rechazada por 78 votos a favor, 135 en contra y siete abstenciones.


Se levanta la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000024.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Para defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Simplemente para dar por defendidas las enmiendas de Iniciativa per Catalunya-Verds.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Esta ley, aunque sin duda ha mejorado parcialmente a partir de un pacto entre las dos fuerzas políticas de ámbito estatal, nos deja insatisfechos por varias razones. La primera de ellas es que pensamos que siguen sin cumplirse los requisitos que establece la Unión Europea en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. Concretamente nos parece que es un organismo que sigue sin gozar de las condiciones de independencia

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respecto del Gobierno, respecto del poder político.


En segundo lugar, el proyecto de ley también nos suscita varias dudas e interrogantes desde el punto de vista competencial, que es lo más importante para nosotros. Nada tenemos que objetar a que la Administración del Estado cree un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que integre las competencias que corresponden a la Administración del Estado en materia de seguridad alimentaria, y que actúe también integrando las competencias que pueden estar dispersas entre diferentes órganos como órganos de coordinación entre esas competencias estatales y las que estatutariamente corresponden a las comunidades autónomas. Sin embargo se optó por otra vía, la vía de utilizar esta ley, tomando como excusa ciertas crisis alimentarias en las que el Gobierno no es inocente, para recuperar competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las comunidades autónomas. El Bloque Nacionalista Galego cree que desde este punto de vista estamos ante una ley que, si no es de dudosa constitucionalidad, hace una interpretación restrictiva de las competencias autonómicas. Pretendimos con una de nuestras enmiendas, la que consideramos fundamental, limitar el objeto y el contenido de esta ley precisamente a que la Agencia de Seguridad Alimentaria fuese un organismo que integrase las diferentes funciones de la Administración del Estado, y que ésta, a partir de este organismo, se coordinase y colaborase con los órganos competentes de las comunidades autónomas, pero en ningún caso que se utilizase este organismo para recuperar competencias, tanto ejecutivas como normativas, que ya están ejerciendo hoy las comunidades autónomas.


Por tanto, como desde nuestro punto de vista este proyecto de ley no ha mejorado sustancialmente a través del debate en Comisión, seguimos sin ser favorables al mismo. Nuestras enmiendas van en el sentido de dar la independencia a este órgano, precisar sus funciones y, sobre todo, hacer que esta ley y el órgano que por ella se crea sean respetuosos con el marco constitucional y estatutario de distribución de competencias.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
En primer lugar, antes de defender las enmiendas que hemos dejado vivas para este debate, quisiera comentar que, afortunadamente, a lo largo de los trabajos de la ponencia y de la Comisión de Sanidad respecto a este proyecto de ley, todos los grupos que las componen, unos más y otros menos, han hecho un esfuerzo importante, aparte de las aportaciones que todos han realizado. Ha sido un esfuerzo de consenso y de diálogo, tratando de llegar a un punto de encuentro en un tema tan trascendente como es el que hoy estamos debatiendo.
Desde nuestro punto de vista, es importante que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria nazca con el máximo consenso y apoyo posibles de esta Cámara, porque en estos momentos, ante las crisis que se han producido recientemente, es importante recobrar la confianza del ciudadano ante el consumo, dándole la seguridad de que se está actuando ante los riesgos a la luz de los conocimientos científicos y técnicos que existen en este momento y priorizando por encima de todos el principio de precaución. En este sentido es importante que se limen al máximo las aristas que todavía existen en las enmiendas que quedan vivas, porque es fundamental -repito- que la Agencia nazca con el máximo consenso, entre otras cosas porque es la mejor forma de garantizar una continuidad y una estabilidad que son fundamentales en las políticas de seguridad alimentaria. Además, entre otras cosas, garantizar la estabilidad y la continuidad en las políticas de salud pública y de seguridad alimentaria es una recomendación de la Unión Europea.
A lo largo de todo el proceso, gran parte de las enmiendas que mi grupo presentaba han quedado recogidas en el texto que hoy se trae a la Cámara, de forma que entre el texto que trajo el Gobierno y sobre el que se empezó a debatir y el texto que vamos a votar hoy existe una importante diferencia. El texto se ha ido enriqueciendo a lo largo del debate, se han recogido ciertas recomendaciones del Libro Blanco y de la Unión Europea y también se han recogido muchos de los aspectos que nosotros planteábamos acerca de que se tuviera en cuenta la repercusión de la Agencia como mecanismo de protección de la salud pública. Se ha recogido la cadena alimentaria en su integridad, incluyendo además de los aspectos de seguridad los que se refieren a la calidad nutricional y a la promoción de la salud. Se ha tenido en cuenta, y es relevante porque al principio no figuraba en el proyecto, que además de la participación del Ministerio de Sanidad y el de Agricultura se involucre al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al de Medio Ambiente en todo su proceso, inclusive en la elaboración de los estatutos. En definitiva, se ha hecho énfasis en que el papel de la Agencia debe respetar las competencias que sobre esta materia ya están asumidas por las comunidades autónomas. En este sentido es muy importante el papel de la Agencia de coordinar las administraciones, tanto en el ámbito de la Administración central como de ésta con las comunidades autónomas. Se han introducido otros aspectos que no se contemplaban al principio con relación a la coordinación de la red de alerta alimentaria de las diferentes comunidades autónomas y del territorio del Estado español con Europa.
Se da mayor importancia

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a los riesgos emergentes ante la situación que estamos viviendo con enfermedades emergentes. Además, se van a crear varios comités científicos en el ámbito de la Agencia que han adquirido más peso a lo largo del debate de este proyecto de ley y aunque su función no es la de legislar, están en mejores condiciones de proponer nuevos desarrollos normativos para que el legislador que tiene la competencia tenga una influencia directa del mundo académico y del científico.
En lo que se refiere a los órganos de dirección de la Agencia, se han producido también puntos de encuentro, de tal forma que las comunidades autónomas están más presentes que lo estaban en la comisión de dirección, quizá no con la suficiencia que hubiéramos querido. También van a estar presentes los consumidores, los usuarios. Se ha creado una comisión que en el texto de la ponencia se denominó como comisión institucional. Es una comisión de coordinación de todas las administraciones y por supuesto de las comunidades autónomas y pienso que se ha producido un avance importante a lo largo del debate.
Hemos agrupado las enmiendas que han quedado vivas. En una de ellas planteamos que una de las funciones de la Agencia sea que elabore planes anuales de actuación en los que se especifiquen los objetivos que debe desarrollar en sus diferentes áreas de competencia, los mecanismos de coordinación, los indicadores de evaluación y que se tengan en cuenta tanto las recomendaciones que hace la Unión Europea como las necesidades específicas en materia de riesgo y seguridad alimentaria de los diferentes territorios del Estado español.
El texto ya incorpora que es función de la Agencia elaborar una memoria anual. Hay que resaltar que una memoria que describe lo que se ha hecho es diferente a la elaboración de un plan cada año, es decir, serían planes anuales, que especifiquen, de forma ordenada y agrupando las diferentes competencias que tiene la Agencia, cuáles son las prioridades en función de que estamos ante un área en constante evolución. El esfuerzo de planificación debe hacerse anualmente y evaluarse, por tanto, anualmente. Dicho esfuerzo lo resaltamos en el debate de la ponencia. Por supuesto que hay que ir asumiendo todas las recomendaciones de la Unión Europea, pero es también importante que tanto en la comisión de dirección como en la comisión institucional de coordinación se recojan las necesidades específicas que, en materia de riesgo y seguridad alimentaria, se producen en los diferentes territorios del Estado.
En Canarias existen especificidades propias -por supuesto que las habrá también en otras comunidades autónomas- al tener un mercado abierto hacia terceros países, no sólo en lo que se refiere a los riesgos alimentarios como consecuencia de la producción y el consumo del mercado y de Europa, sino de terceros países. En ese sentido entendemos que los recursos y el esfuerzo de la Agencia deben centrarse en reconocer la diversidad existente, así como los riesgos emergentes en los diferentes territorios y poner al servicio de la salud pública de todo el territorio español los recursos que en su momento se vayan desarrollando en la Agencia.
Algunas de las enmiendas que quedan vivas se refieren a los órganos de dirección. Aunque estamos de acuerdo en que en este nuevo texto que se presenta desaparece como órgano unipersonal de dirección la presidencia, quedando como único órgano unipersonal un director con capacidad ejecutiva, sin embargo se nombra un presidente para el consejo de dirección. Nos parece bien que el presidente lo fuera de la comisión de dirección, pero no que asuma funciones como presidente de la Agencia. Creemos que una Agencia tan compleja, en la que se coordinan múltiples y diversas administraciones, no debe compartir dirección. Creemos también que no debe haber dualidad en la dirección de la Agencia entre un presidente con funciones ejecutivas y un director con las mismas funciones. En ese sentido también van algunas enmiendas porque no entendemos que la comisión institucional, en donde se coordinan específicamente todas las administraciones, esté presidida por la figura de un presidente que no está bien estipulada en esta ley y, por el contrario, quede fuera de la comisión institucional el director ejecutivo de la Agencia. Eso no se contempla en el texto actual y, además, va a dificultar, en gran medida, las posibilidades reales de coordinación por parte de la Agencia.


La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego concluya, por favor.


La señora JULIOS REYES: Concluyo, señora presidenta.


Por último, mantenemos una enmienda viva al artículo 10, en la que proponemos que con el mismo talante con el que se ha producido el debate de este proyecto de ley se elaboren los estatutos de la Agencia. Los estatutos de la Agencia han variado, pero todavía conservan importantes puntos que se tienen que desarrollar. Mediante esta enmienda pretendemos que dicho estatuto sea elaborado con participación de las comunidades autónomas y de los agentes implicados y que la Comisión de Sanidad del Parlamento sea informada antes de su aprobación.
Espero que lleguemos al mayor número de acuerdos para resaltar la importancia -como dije al principio- de esta Agencia. Con ella se va a aumentar la seguridad del ciudadano ante el consumo y queremos que nazca en las mejores condiciones posibles que garanticen continuidad y estabilidad en las políticas de seguridad alimentaria.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, quiero comenzar agradeciéndole su presencia en el hemiciclo cuando se debate esta ley. De igual forma que en otras ocasiones he sido crítica, hoy -repito- le agradezco su presencia, porque aunque debiera ser lo habitual, sin embargo no es frecuente la presencia de los ministros durante las tramitaciones y quiero tener el gesto de cortesía de agradecérselo.


Nos encontramos ante el último trámite en esta Cámara, antes de que pase al Senado, de un proyecto de ley que desde la perspectiva del Grupo Vasco es extraordinariamente importante si tenemos en cuenta la transcendencia esencial para la sociedad de la producción y el consumo de alimentos, con evidentes repercusiones en la protección y el fomento de la salud de las personas. Se trata de un proyecto en el que el trámite del Senado va a ser especialmente importante porque, tal y como hice notar en Comisión, ha habido una cierta trampa en la tramitación de la ley, si se me permite manifestarlo. El grueso de lo que es el contenido de la ley no proviene del proyecto sino de las enmiendas presentadas prácticamente al alimón por los dos grupos mayoritarios de la Cámara. Ello supone -aunque es legítimo no es muy correcto desde el punto de vista procesal- que determinadas formaciones políticas, las que somos distintas de las dos con posibilidades de gobernar -en feliz expresión utilizada por el señor Aymerich en Comisión-, nos hemos visto impedidas de enmendar determinadas partes de la ley. Queda esto muy gráficamente representado si digo que el proyecto de ley tiene cuatro páginas, como pueden comprobar ustedes en el propio boletín, y sin embargo el Grupo Popular presentó hasta 10 páginas de enmiendas. El grueso de lo que se ha aprobado proviene por tanto de enmiendas introducidas por los dos grupos mayoritarios respecto de las cuales los grupos pequeños no hemos tenido posibilidad de enmendar, puesto que no cabe enmiendas a las enmiendas. Lo que nos parece incorrecto tendremos que enmendarlo en el Senado. A pesar de todo, a mi grupo le parece que el texto que hoy llega a esta Cámara es notablemente mejor que el inicialmente presentado.
Es importante hacer notar que los dos entornos políticos respecto de los cuales el texto se articulaba eran el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, aprobado a principios del año 2000 por las comisiones de la Comunidad Europea, así como una resolución del Congreso de los Diputados, aprobada con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, en el que se instaba al Gobierno a constituir una Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Cito esta resolución del Congreso de los Diputados porque introducía unas pautas que este proyecto debiera tener y que no se han respetado en su totalidad: respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y participación de las comunidades autónomas articulada no de la forma más feliz que cabría esperar.
Me parece también importante hacer referencia a los títulos competenciales que se utilizan, en concreto el de sanidad. Respecto de este último y para no repetirlo con ocasión del análisis de las enmiendas que mi grupo mantiene, me parece fundamental tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 32/1983, que define, creemos que de manera muy clara, qué es coordinación general en materia sanitaria, que tiene vigencia absoluta y que debe respetarse en todo el contenido del articulado. Se quiera o no existe también el título Defensa de consumidores y usuarios, concepto que tiene tal amplitud y contornos tan imprecisos que le hace estar comprendido en distintas reglas delimitadoras de competencias, como también tiene establecido el propio Tribunal Constitucional. A pesar de que la dicción del articulado habla sólo del 149.1.16.a, son inevitables las referencias al 148.1.7.a de la Constitución, que permite que las comunidades autónomas asuman competencias en agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Después de este preámbulo, me ceñiré a la defensa de las enmiendas de mi grupo. Mantenemos la enmienda número 29 porque nos parece fundamental que se cambie la denominación que se da en el precepto a lo que se constituye. Más que hablar de centro de referencia debiera hablarse de foro de referencia, que creemos que es más acorde con la expresión que utiliza el Libro Blanco de seguridad alimentaria y la propia propuesta de reglamento de la Unión Europea y que además nos aleja de terminologías que hacen alusión a tiempos centralizadores de existencia de centros de referencia en un Insalud entonces único.
Creemos que la expresión «foro» define mejor lo que se pretende articular. También nos parece importante que en el apartado 1 del artículo 2 desapareciese la referencia «especialmente» porque no se trata de competencias que se vayan a establecer en esos casos sino que se trata de cuestiones que corresponden en sí ser efectuadas por las comunidades autónomas y que no podrán ser ejecutadas por la Agencia porque creemos que lo que se establece en esta ley no tiene la virtualidad de alterar la delimitación competencial. Igualmente nos pronunciamos por la desaparición del término «emergencia», que nos parece que hace referencia a Protección Civil, por el de «alarma», que tiene más arraigo en materia sanitaria.
Mantenemos la enmienda número 30, coincidente con la 72 de Convergència i Unió, que nos hubiera gustado poder votar pero que ese grupo ha retirado, en la que se apostaba por la fusión de las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2, entendiendo que debe desaparecer la expresión «programar» porque tiene un contenido gestor pero que también corresponde inseparablemente a la función política que corresponde alGobierno, por lo que no puede ser encomendado a la

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Agencia sin invadir la esfera competencial asignada constitucionalmente a las comunidades autónomas.
De la misma manera, en la enmienda 31, que ahora no haría referencia a la letra b) sino a la letra c) del artículo 2, apartado 2, hubiésemos votado con gusto la enmienda 73, de Convergència i Unió, que era coincidente con la nuestra, pero también ha sido por este grupo retirada. Nos gusta más el término «proponer» que el de «instar», porque el de instar es confuso respecto a la identificación de los límites de la capacidad que puede tener la Agencia respecto del resto de los poderes públicos. Nuestra enmienda 32 daba una mejor redacción al apartado h), pero tal y como ha quedado en Comisión, aún no siendo lo que nosotros pretendíamos, nos parece satisfactorio, y en esta misma intervención, como he anunciado previamente al letrado, procedo a retirarla.
No hemos tenido ocasión de enmendar otros apartados de este artículo, pero sí me gustaría hacer referencia a ellos y en el Senado los enmendaremos. Respecto de la letra o), cuando se dice, hablando de los certificados de control de alimentos, «que sirvan de referencia», ya dijimos en Comisión que creemos que no puede decir otra cosa, valga la repetición de la expresión, que «que puedan servir de referencia». Las comunidades autónomas pueden hacer certificados de control de alimentos -me referí allí al label vasco- y seguirán haciéndolo. Otra cosa es que desde el Estado se puedan hacer actuaciones de este estilo que resulten aceptables por todos y que también sean asumidas por las comunidades autónomas. Pero no le corresponderá hacerlo a la Agencia, repito; la Agencia podrá hacerlo pero no lo hará inexcusablemente, apartando de este cometido a las comunidades autónomas. En la letra p) nos parece que quedaría mejor, y así lo enmendaremos en el Senado, la expresión concreta que se utilizaba en la resolución de esta Cámara con ocasión del debate del estado de la nación. Debiera decirse o nos parece más correcto que se dijese que le correspondería promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia de alimentos. No está ahora enmendado, pero lo haremos en trámites sucesivos.
Nuestra enmienda número 33 ha perdido toda virtualidad, porque hacía referencia al apartado orgánico, a los órganos de la Agencia, que, como he dicho en la exposición preliminar, ha quedado totalmente distinta con ocasión de las enmiendas pactadas entre los dos grupos mayoritarios. Por lo tanto, la pretensión que en ellas se alentaba de que hubiese una separación de órganos, con una junta directiva, ha sido asumida en alguna medida por los dos grupos mayoritarios, pero nos sorprende -como dije en Comisión- el excesivo carácter reglamentista que esta parte tiene. Nos parece que la ley debiera ser más escueta, nos parece que en esto el Partido Popular ha cedido a los requerimientos del Partido Socialista -siempre el partido que gobierna pretende ser escueto y el partido de la oposición pretende dejar al Gobierno el mayor margen posible-, pero ello no es correcto desde la correcta relación, si se me permite utilizar dos veces la expresión, que debe haber entre ley y reglamento en todas las normas.
Además, no nos resulta claro la composición del consejo de dirección cuando se mete a representación de los consumidores y de los ayuntamientos. Nos pronunciamos más a favor de que estuviesen en el consejo consultivo y estábamos de acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida en que entonces debiera también introducirse a los sindicatos.
Nos parece que eso es lo que exige el artículo 5.2 de la Ley general de sanidad, que tiene el carácter de básico. Pero, repito, nos parece que el hecho de que estén en el consejo de dirección no va a resultar en modo alguno operativo, el lugar adecuado para estas entidades debiera ser el consejo consultivo, y así lo enmendaremos en el trámite del Senado.
Nos gustaría también que se nos diga por qué el número de componentes de estos órganos. El grupo al que yo represento había optado por siete, y no lo hacíamos arbitrariamente sino que entendíamos que siete son las comunidades autónomas históricas en esta materia con competencias asumidas en materia de sanidad hace tiempo y con competencias también plenamente ejercidas en materia de agricultura.
Sé que esto no es un hecho diferencial, ahora se les llama hechos diferenciadores, situaciones de hecho auténticamente reales, que podría posibilitar que sean éstas quienes tengan la prioridad o esta cierta preeminencia, al menos en el momento inicial, para estar en el consejo de dirección. Desearíamos que se nos explique, y en Comisión no lo hicieron, por qué esta elección de cuatro y cuatro miembros, por qué no se dice cuál va a ser el número de los vicepresidentes. Si ya los dos grupos mayoritarios tienen algo pactado, estaría bien que nos lo cuenten para que sepamos también a qué estar cuando enmendemos en el Senado.
Una última referencia fuera ya de tiempo en relación con el título competencial usado. En el preámbulo de la ley se habla del artículo 43 y el 51 de la Constitución correctamente, el referido a bienes, valores de protección de la salud y defensa de consumidores y usuarios. Creemos que de manera equivocada, en el preámbulo se cita también como valor o principio el 149.1.16.a, que no es tal sino precepto delimitador de competencias. Lo normal suele ser que el título competencial que se utiliza aparezca en los artículos primeros. En este caso se hace en las disposiciones complementarias de la ley, pero en todo caso la técnica legislativa empleada creo que puede ser adecuada. Lo que pasa es que no sólo se utilizan títulos sanitarios, se diga lo que se diga. Bien es cierto que así desde el Estado o desde el Gobierno se puede decir que tienen carácter de básico las cosas que se incluyen en ella, pero creemos que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucionalla materialidad de la ley será lo que tenga que ser,

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por más que en ella se proclame que es sólo sanidad lo que se ejercita.
El grupo al que represento va a votar favorablemente lo aprobado en Comisión, excepción hecha de los mismos apartados a los que se opuso ya en ese trámite, el 2.1 c) y el 2.2 a), b), c) y o), por las razones que he expuesto. Creemos que indican un déficit de funcionamiento del Estado autonómico, que en los últimos tiempos se pretende resolver a golpe de centralización. Repetimos, con la esperanza de que las enmiendas que nos quedan -que son todas respecto a la óptica a la que me he referido, de defensa o salvaguarda de competencias de las comunidades autónomas- puedan ser enmendadas en el Senado, mi grupo va a dar su voto afirmativo al resto del texto de la ley.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. En efecto, nos ocupamos hoy de un tema importantísimo, que tiene que ver con uno de los grandes retos del futuro institucional, no de nuestro país, sino de la región europea.
Y nos enfrentamos a este reto con la presencia de Celia Villalobos, que yo también celebro y agradezco.
Hemos trabajado en este proyecto de ley de creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria modificando notablemente en el trámite parlamentario en Ponencia el texto, tras varias reuniones en las que se han ido formalizando básicamente negociaciones entre los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, dado que muchas de las variaciones que ha sufrido el texto que debatimos hoy han venido de la mano de ideas y propuestas textuales muy similares, que se han admitido posteriormente en Comisión de una manera un tanto cicatera, diría yo. Finalmente, ha acabado por admitirse una de las enmiendas que Coalición Canaria mantenía vivas al artículo 4.2, añadiendo una nueva letra, la e), sobre la regulación básica de los órganos de la Agencia.
Yo quiero destacar, porque también estamos aquí para decirnos las cosas buenas que somos capaces de hacer entre todos, que tenemos un alto grado de satisfacción con el trabajo que ha desarrollado la Ponencia, con la metodología de trabajo; ha habido un estrecho grado de colaboración entre todos los ponentes y, por supuesto, un buen talante por parte de los responsables del Partido Popular en la Ponencia, que yo deseo destacar y agradecer. Esto tiene poco que ver con el grado de satisfacción política, pero es bueno que nos lo digamos.
Las modificaciones sufridas en Ponencia vienen, entre otras cosas, a ampliar los objetivos y funciones de la Agencia, aunque no en la medida en que lo solicitaba el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al que represento en esta Cámara, con el fin de que la Agencia sea capaz de promover una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas, para que los sectores afectados tengan una mayor y mejor información, aumentando la comunicación con los mismos e introduciendo un procedimiento de actuación ante crisis o emergencias alimentarias coordinando el funcionamiento de las redes de alerta y su integración en las redes internacionales. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) También venía a modificar sustancialmente los órganos de dirección.
De la idea de la Agencia inicial que el Partido Popular nos planteaba hemos llegado a unos órganos de dirección más participativos que los propuestos en el proyecto, aunque tampoco satisfactorios en la medida que mi grupo parlamentario esperaba. Pasamos de unos órganos de dirección formados por un presidente, un vicepresidente, nombrados por real decreto a propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, un director y un comité científico de evaluación de riesgos alimentarios y un órgano de coordinación, en el que tendrían participación las administraciones públicas competentes, las asociaciones de consumidores y los representantes de los interesados, a la creación de un consejo de dirección, una comisión institucional, un consejo consultivo, un comité científico y un director ejecutivo. El consejo de dirección, señorías, estará formado por el presidente; el o los vicepresidentes; 4 miembros nombrados por los Ministerios competentes, Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología; 4, designados por las comunidades autónomas; 2, por las entidades locales; 1, a propuesta del consejo consultivo de consumidores y usuarios y 1 por las organizaciones más representativas de los sectores de producción, transformación, distribución y restauración. También insatisfacción en la respuesta por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La comisión institucional es el órgano encargado de establecer mecanismos eficaces de coordinación entre administraciones. Estará compuesto por un representante del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, de Ciencia y Tecnología, y un representante de cada una de las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, así como 4 representantes de las entidades locales. Nosotros tampoco quedamos satisfechos con el encaje definitivo que se hace en la Agencia de las entidades locales y de las comunidades autónomas, que entendemos que cada día han de tener más competencias en materia de seguridad alimentaria.
Finalmente, el consejo consultivo estará compuesto por representantes de las organizaciones de consumidores y de las organizaciones económicas profesionales y sociales, cuyo ámbito de actividad incida directa o indirectamente en lo que tiene que ver con la seguridad

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alimentaria. Este consejo asesorará al consejo de dirección y al director ejecutivo. Estará presidido por el presidente de la Agencia y se podrán nombrar dos vicepresidentes. El comité científico proporcionará dictámenes científicos a la Agencia, decidirá el ámbito de los trabajos de investigación y coordinará los trabajos de expertos. El consejo de dirección nombrará a los miembros del comité científico por un período determinado y bajo su dependencia se constituirán los grupos de expertos, cuyo número y denominación se determinará por el consejo de dirección, a propuesta del director ejecutivo tras su consulta al comité científico. El director ejecutivo ostentará esta representación y ejercerá todas las funciones de dirección que no correspondan al presidente o al consejo de dirección y será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del consejo de dirección, previo informe preceptivo y por un período de cuatro años.
A estas alturas, ustedes se están creyendo que el PP me ha nombrado algo, porque estoy haciendo el papel del Gobierno explicando a todos ustedes cómo va a funcionar la Agencia, porque me parece que es preciso hacerlo. Ahora me voy a centrar en manifestar nuestro grado de satisfacción política con la respuesta definitiva. En relación con las propuestas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hacía, no se ha admitido ninguna referente a la ampliación de objetivos de la Agencia, teniendo en cuenta que algunas iban destinadas a que la Agencia tuviera como misión garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos y de toda la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases, o el diseño de campañas orientadas a la adquisición de hábitos alimentarios saludables por parte de los consumidores y de información sobre riesgos derivados del consumo alimentario.
Aunque se ha recogido el espíritu de algunas de nuestras enmiendas, la enmienda número 9 concretamente, en la que Izquierda Unida expresa su inquietud por el diseño del consejo de dirección, éste se ha quedado corto, desde nuestro punto de vista, en cuanto a participación de las comunidades autónomas y entidades locales, y raquitiquísimo, por ser generosa, en cuanto a representación de organizaciones ecologistas -no hay que olvidar que tenemos el tema de los transgénicos y otras lindezas que nos pueden ir surgiendo- y sindicatos del sector agroalimentario, que también quedan infrarrepresentados, así como representantes del comité científico y del órgano de coordinación. Se ha perdido una buena oportunidad para haber empezado con ese alto grado de satisfacción de todos los agentes implicados. Hubiera sido bueno, para las expectativas de desarrollo de la Agencia y para la autoridad moral y política que ha de tener, que hubiéramos empezado apostando más por esa necesidad de participación de los agentes sociales, que la sensibilidad de mi grupo parlamentario puso encima de la mesa.
No se ha admitido tampoco un aumento en las funciones de lo que sería el comité científico referentes a una de las preocupaciones que planteaba mi grupo, que es que tuviera la capacidad de emitir pronunciamientos favorables sobre la inocuidad de las tecnologías utilizadas en la producción de alimentos para la comercialización de los mismos, con el fin de ejercer un mayor control sobre el proceso de producción y su resultado final. Yo lamento francamente no haber tenido la capacidad de convencer en este tema, porque entiendo que de alguna manera la Agencia nace antigua si no tenemos en cuenta que, a la velocidad que vamos, estas cuestiones hay que planteárselas ya con veinte años de antelación, para que no nos pille el toro.
Dicho todo esto, Izquierda Unida entiende que estos serían los ejes esenciales o básicos que nuestro grupo ponía encima de la mesa con esa voluntad política de negociar. Tengo que añadir que nuestro grado de satisfacción en esta parte de la historia es moderado. Hemos mejorado el texto inicial y estamos satisfechos, pero, repito, moderadamente satisfechos. Deberíamos haber sido capaces de ir más lejos y de haber salido de este trámite con un grado de consenso más alto del que se va a producir en la Cámara y en el conjunto de la sociedad y particularmente en los sectores afectados. Retiro in voce todas las enmiendas de Izquierda Unida, menos la número 9, la número 12 y la número 18, que pido que se sometan a votación en bloque, según el procedimiento que hemos acordado todos los grupos. No obstante, valoramos como un paso positivo la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Esperamos que el Gobierno del Partido Popular apueste de una manera rigurosa por el consumo como uno de los grandes retos del futuro institucional y permita el desarrollo y funcionamiento de la Agencia en los términos que hemos expuesto todos en la Ponencia en la que hemos venido trabajando. Espero que los ciudadanos españoles tengan al menos el grado de satisfacción que tiene Izquierda Unida con el proyecto y miremos con optimismo el futuro, sin bajar la guardia, porque el consumo puede darnos muchos disgustos. Yo creo que esta es la respuesta al espíritu constitucional y al espíritu europeo que desde el año 1999 nos venía indicando el camino y es también la respuesta -y permitan a esta diputada que exprese el grado de satisfacción personal y política- a una de las exigencias de nuestro programa político de salud con el que nos presentamos a las elecciones desde hace ya varios años: la creación de esta Agencia de Seguridad Alimentaria. Por tanto, anunciamos nuestro voto afirmativo en la Cámara.
Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la señora Pozuelo.


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La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días. Señora ministra, le agradecemos todos, como han expresado los otros grupos, el mío también, que esté presente en este debate, ya que desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que es uno de los más importantes que se van a producir en esta Cámara, porque afecta directamente a la protección de la salud pública, a su promoción y a su garantía, por parte de los distintos poderes públicos. Esto es, además de un derecho constitucional, una exigencia cada vez mayor de los ciudadanos hacia esos poderes públicos. Los ciudadanos están demandándonos la garantía de los alimentos, que estos sean seguros y de calidad, y nos exigen además que la seguridad alimentaria prevalezca por encima de cualquier otro tipo de interés político, económico o mercantil.
Las recientes crisis de seguridad alimentaria han puesto de manifiesto las carencias de política de seguridad alimentaria y han supuesto una pérdida de confianza de la sociedad en la inocuidad de los alimentos que se consumen y en las administraciones públicas que deben garantizarlos. De todo ello se desprende que es necesario un profundo replanteamiento de las políticas de seguridad alimentaria, que permitan afrontar los problemas asociados a la cadena de los alimentos con los mayores márgenes de seguridad.
La Unión Europea ha propuesto, tras un debate de más de un año entre los Estados miembros, la comunidad científica y las instituciones europeas, la creación de una autoridad alimentaria europea, con el objeto no sólo de armonizar las políticas nacionales, sino de proporcionar también el marco básico de los principios y definiciones que han de configurar la futura legislación europea. Esos principios son los contenidos en el libro blanco sobre seguridad alimentaria y se refieren sobre todo a la necesidad de tratar el problema de una manera global e integral, es decir, a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, en todos los sectores de la alimentación. La futura autoridad alimentaria europea exigirá un profundo cambio en la política alimentaria en cuanto a la organización y a la colaboración entre los Estados miembros, puesto que un aspecto esencial de su funcionamiento será la constitución de un auténtico trabajo en red, en el que participen todas las autoridades competentes de dicho Estados.
El Grupo Socialista, consciente de las carencias existentes en nuestro país y consciente de la importancia que tiene la creación de una Agencia alimentaria española, venía solicitando su creación reiteradamente desde el año 1996, pero hasta junio de 1999 el Grupo Parlamentario Popular no apoyó en esta Cámara una resolución pidiendo al Gobierno la creación de la misma. Así y todo, no se presenta este proyecto de ley hasta diciembre del año 2000, cuando había estallado la crisis de la encefalopatía, la mayor crisis de seguridad alimentaria que ha vivido nuestro país desde el envenenamiento del aceite de colza. En ese momento, el Gobierno se vio urgido a adoptar una serie de medidas para garantizar la salud pública de los ciudadanos y para recuperar la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos y en la gestión que el Gobierno de la nación hacía en esta grave crisis.
La falta de previsión y la premura con que fue redactado provocó que el proyecto que se presentó en esta Cámara se formulara sin el suficiente debate previo y sin el conocimiento y consenso entre las distintas fuerzas políticas, las administraciones autonómicas y locales y los sectores afectados, asociaciones de consumidores y sectores económicos de la producción o de la distribución agroalimentaria. El texto elaborado por el Ministerio de Sanidad era un texto escueto, falto de contenido, de objetivos, y que se limitaba básicamente a una reorganización del Ministerio de Sanidad, que de ninguna manera, desde nuestro punto de vista, daba respuesta a las demandas ciudadanas ni podía ser el instrumento que necesitaba nuestro país para abordar un profundo replanteamiento de la política de seguridad alimentaria: un organismo que pudiera aportar un claro valor añadido a la gestión integral de la seguridad de los alimentos en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y consumo.
Era un proyecto de ley carente de esos principios de actuación y de líneas directrices imprescindibles para que la Agencia española fuera equiparable a las agencias ya existentes en el resto de los países de la Unión, al proyecto propio de la Agencia europea y, por lo tanto, incapaz de convertirse en un elemento fundamental de contribución, desde nuestro país, a la seguridad alimentaria en el marco de la Unión Europea.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista elaboró un texto alternativo a este proyecto, que sirvió como base para la discusión y negociación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular y permitió llegar a acuerdos y mejorar sustancialmente el texto original a través de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario. Nuestras enmiendas coinciden en gran medida con las del Grupo Popular, que ha realizado su propio proyecto de ley, y coinciden también en líneas generales con las que han aportado otros grupos parlamentarios. Ello ha permitido, afortunadamente, realizar en los trabajos de Ponencia y Comisión un importante acercamiento de posiciones, llegando a acuerdos y puntos de coincidencia entre todos los grupos políticos sobre los principios, las funciones y las directrices que deben regir la Agencia de seguridad española.
Nuestro grupo ha hecho importantes y novedosas aportaciones al proyecto de ley, con la convicción de que nuestro país y sobre todo sus ciudadanos no pueden perder esta oportunidad, la de la creación de un organismo que, basado en los principios de independencia, autonomía funcional, transparencia y excelenciacientífica, tenga la capacidad de gestionar tanto las

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situaciones de normalidad como las de crisis y emergencia y capaz de coordinar suficientemente a las administraciones del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, etcétera. Estos principios deben impregnar tal organismo, desde nuestro punto de vista, y son irrenunciables dentro del modelo socialista de Agencia de Seguridad Alimentaria.
En este sentido, lógicamente, es en el que han ido las enmiendas del Grupo Socialista, que han mejorado, como decía, el texto de la ley que estamos debatiendo. Algunas de ellas, las referidas a la exposición de motivos, por ejemplo, ya las he mencionado al hablar de los principios que debe contener el proyecto de ley; otras se refieren a la necesidad de mantener el máximo respeto competencial establecido en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas en un ámbito como el de la salud pública y la seguridad alimentaria, en el que existe un amplio reparto competencial entre las distintas administraciones del Estado; y por fin, se ha previsto también en nuestras enmiendas que, transcurrido un tiempo suficiente desde la entrada en vigor de esta Agencia, se procederá a un análisis de sus actividades por si fuera conveniente dotarla de un mayor nivel de autonomía de funcionamiento.
En la enmienda al artículo 2, sobre objetivos y funciones de la Agencia, hemos querido resaltar que la Agencia se crea con el objetivo general de promover la seguridad alimentaria como un aspecto fundamental de la salud pública y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y a los agentes económicos del sector agroalimentario. Por otra parte, hemos ampliado y definido las funciones y ámbito de actuación de la Agencia, como la seguridad de los alimentos para las personas, incluidos los aspectos de nutrición y de calidad con incidencia sobre la salud de las personas. En cuanto a las funciones, hemos añadido algunas, entre las que cabe resaltar la coordinación suficiente entre las distintas administraciones en materia de seguridad alimentaria y la de asesorar a las administraciones públicas y a los sectores económicos y sociales afectados en el planteamiento y desarrollo de sus políticas alimentarias, estableciendo cauces de comunicación permanente con ellos. Hemos propuesto asimismo la simplificación y la unificación de normas en el ámbito de la seguridad de los alimentos e informar las autorizaciones que corresponden a la Administración del Estado.
Las enmiendas a los artículos 3 y 4 son las que configuran los órganos de funcionamiento de la Agencia, la naturaleza y la composición de los mismos. Se constituye el consejo de dirección, la comisión institucional, el consejo consultivo, el comité científico y la dirección ejecutiva como órganos de la misma. Hemos propuesto que el consejo de dirección esté formado por personas de reconocida solvencia profesional, con un mandato de cuatro años. Serán nombrados en igual número por el Gobierno de la nación y por las comunidades autónomas; también por las corporaciones locales, por el consejo de consumidores y usuarios y por los operadores económicos pertenecientes al sector de producción, transformación y distribución. Es éste uno de los aspectos más novedosos de este proyecto de ley, desde mi punto de vista, y uno de los artículos en los que mantenemos clara diferencia con las propuestas del Grupo Popular. No podemos estar de acuerdo en que se incluya el o los vicepresidentes como miembros del consejo de dirección, ya que nuestra propuesta era que fueran elegidos de entre los miembros de dicho consejo. Proponemos además que se amplíe de uno a dos los miembros propuestos por el consejo de consumidores y usuarios y por los operadores económicos. Desde luego, no podemos estar de acuerdo en que si todos los miembros del consejo de dirección tienen un mandato de cuatro años, concedido por esta ley, los propuestos por el Gobierno excepcionalmente no tengan un límite de mandato. No hay ninguna razón de ser para esa excepcionalidad discriminatoria que sólo tiene como objetivo reforzar y hacer dominante la posición del Gobierno sobre el resto de las administraciones públicas y de los sectores representativos de la sociedad. Además de otras cuestiones de fondo, creo que es también una cuestión de estética de no poco calado. Es un grave error, en primer lugar, porque rompe el equilibrio necesario para el buen funcionamiento del consejo de dirección sin ninguna razón objetiva y, en segundo lugar, porque hace a la Agencia más vulnerable al condicionar la necesaria autonomía de funcionamiento, evitando que esté sometida a las injerencias e interferencias controladoras tan queridas por el Gobierno del Partido Popular y a las que les cuesta tanto sustraerse. Estoy convencida de que si la Agencia se convierte en un apéndice más del Gobierno no conseguirá el reconocimiento ni la autoridad moral suficiente para que sus decisiones y sus propuestas no sean cuestionadas por el resto de las administraciones y por la propia sociedad.
La comisión institucional que hemos propuesto es el órgano encargado de establecer los mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre administraciones a los que anteriormente me he referido.
Estarán presentes en él todas las comunidades autónomas y las entidades locales. El consejo consultivo es el órgano activo de participación de la sociedad, pero me gustaría hacer mención especial al comité científico porque considero que es de una gran importancia, ya que proporcionará a la Agencia dictámenes científicos y definirá el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia, coordinará a los grupos de expertos y su composición tendrá en cuenta la diversidad de disciplinas que se requieren en el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria.


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Hemos definido, asimismo, y relacionado los principios específicos de actuación de la Agencia basados en un aspecto muy importante como el de la transparencia y la comunicación a los ciudadanos que tendrán acceso a los dictámenes científicos y a los acuerdos tomados por el consejo de dirección de la Agencia. Asimismo se ha establecido en nuestra propuesta que la Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante a la población y especialmente en situaciones de crisis, para lo que elaborará un plan general de comunicación de riesgos. Del mismo modo nos parece muy relevante la introducción en nuestra enmienda...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Pozuelo, le ruego que concluya.


La señora POZUELO MEÑO: Voy concluyendo, señora presidenta.
Decía que nos parece muy importante también el hecho de que el consejo de dirección de la Agencia deba presentar ante el Gobierno de la nación, los gobiernos de las comunidades autónomas y ante las mismas Cortes los programas de actividades y las memorias de gestión de la Agencia.
En resumen, señorías, creo que el acuerdo alcanzado por el conjunto de las fuerzas políticas en los debates de la ponencia y la Comisión de Sanidad han sido -sinceramente lo digo- muy importantes, muy eficaces. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un gran esfuerzo de colaboración y de aportaciones a este proyecto de ley, a través del cual creo que nuestro país va a contar con un organismo eficaz, coherente, homologable al resto de los organismos de la Unión Europea y, en definitiva, tiene como objetivo devolver a los ciudadanos la confianza en los poderes públicos que deben garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos que consumimos.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas 60 a 68, del Grupo Mixto.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra de Sanidad y Consumo, estamos ya en el último trámite parlamentario previo a la aprobación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por el Pleno de esta Cámara. El proyecto de ley que presentó el Gobierno fue publicado el 22 de diciembre del pasado año y los miembros de la ponencia hemos invertido cuatro meses para estudiar el proyecto, presentar enmiendas, discutirlas y negociarlas. El pasado día 18, reunidos en Comisión, aprobamos el dictamen sobre el proyecto de ley y, tal como transcurrió la sesión, espero que en este trámite de hoy sea definitivamente aprobado por amplia mayoría. Hago esta breve historia porque creo que es importante subrayar que entre todos hemos sido capaces de reconducir una iniciativa legislativa que en su presentación inicial no contaba con el apoyo de ningún grupo de la Cámara, a excepción hecha, lógicamente, del que sustenta al Gobierno.
La hemos reconducido a una nueva situación en la que domina el acuerdo, a pesar de que, como se ha visto hoy, resten enmiendas vivas que se han defendido en este acto.
Señorías, esta diputada puso mucho empeño en fomentar el clima propicio que permitiera llegar a acuerdos; lo hice en nombre de mi grupo porque estoy profundamente convencida de que cada vez que esta Cámara debe aprobar una ley tenemos la obligación de intentar, por lo menos, hacerla aceptable para una amplia mayoría de los grupos aquí representados, porque una ley que sólo satisfaga al que gobierna, aunque legítima, será siempre valorada más como una imposición que como una garantía. Pero es que la falta de acuerdo hubiese significado, a nuestro entender, que la ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria habría fracasado antes de entrar en vigor. ¿Por qué? Porque su principal objetivo, el de satisfacer la necesidad que sentimos todos de pensar que desde las administraciones se está garantizando la seguridad de lo que comemos y, por consiguiente, que la alimentación no va a presentar riesgo alguno para la salud de las personas, hubiese fracasado. En un contexto de crisis de vacas locas, de declaraciones y contradeclaraciones sobre lo que podemos comer o no, de desconfianza de los consumidores, situación que afortunadamente justo ahora empezamos a remontar, es evidente que haber convertido en noticia las enmiendas a la totalidad o la falta de acuerdo entre los grupos hubiese significado no sólo no colaborar para zanjar la crisis sino una manera de fomentarla. Por este motivo, señorías, quiero subrayar, como decía al principio, la actitud positiva de todos los ponentes de la ley que en representación de sus grupos parlamentarios han posibilitado que el texto de la ponencia sea el reflejo, si no en su totalidad sí en gran parte, de las aportaciones de todos. También creo que es justo reconocer que en esta ley el Gobierno, la señora ministra de Sanidad y Consumo

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estuvo receptiva y entendió que la mayoría absoluta que ostenta el Gobierno no debía ser excusa para no buscar el acuerdo y actuó en consecuencia.
Las enmiendas que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó iban dirigidas, por un lado, a clarificar y definir los objetivos de la Agencia y, por otro, a salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas en la materia. Opinamos que después del trabajo de la ponencia el texto que hoy se presenta para su aprobación recoge nuestras objeciones y, por consiguiente, en ese trámite de ponencia dimos nuestras enmiendas por subsumidas y aceptadas. Deseamos que los objetivos que se marca la Agencia de promover la seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud pública y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español se vean cumplidos. Con esta ley el Parlamento habrá aportado un instrumento más al conjunto de los ciudadanos para garantizarles su seguridad alimentaria. Si hay quien dice que somos lo que comemos, podríamos concluir que hacemos una aportación para ser mejores.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la fijación de posición, tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, la Agencia de Seguridad Alimentaria que creamos hoy en este proyecto de ley es el fruto de un proceso de profunda reflexión, de un profundo y exhaustivo análisis del escenario en el que se inscribe la seguridad alimentaria. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Un escenario en el que se encuentran, de una parte, la necesidad de establecer una tutela lo más eficaz posible de los legítimos intereses de los consumidores, garantizando la protección de la salud y su derecho a recibir una información veraz; de otra parte, la consideración de otras exigencias legítimas en el campo de la industria agroalimentaria y de las legítimas transacciones comerciales. De la conjugación de estos elementos debe obtenerse ese nivel de riesgo mínimo formulado como la tendencia al riesgo cero, que es el único que el ciudadano puede asumir. Para lograr este objetivo imprescindible, sin menoscabo de otros intereses, hemos de situar los derechos del consumidor, muy particularmente el derecho a consumir alimentos inocuos y nutritivos, en un plano de absoluta prioridad. Ni la tutela de otras exigencias imperativas debe ir jamás en detrimento de un elevado nivel de protección de la salud, ni cabe hacer prevalecer ninguna otra consideración sobre esto. Este ha sido y es el planteamiento inequívoco del Gobierno que han asumido todos los grupos parlamentarios.
Para seguir la senda de minimizar los riesgos, nada mejor que evaluar a todos los niveles las crisis de seguridad alimentaria y también las crisis de confianza de los consumidores que se han producido en el panorama parlamentario europeo en los últimos años y a las cuales, lamentablemente, la realidad española no ha podido sustraerse. En modo alguno es posible obviar hoy la dimensión internacional en la gestión de la seguridad alimentaria, pues en mayor o menor medida los problemas y las soluciones se ven cada vez más influidos por ello. Es preciso pues, señorías, conceder a la seguridad alimentaria la trascendencia, en el sentido más literal de la acepción, que precisa.
Se tiende a responder a las crisis con medidas puntuales, con un enfoque coyuntural, cuando la gestión de la seguridad debe tener clara vocación de permanencia, clara vocación de estabilidad.
Señorías, la gestión de la seguridad alimentaria coincide con el proceso de análisis de riesgos alimentarios en sus tres vertientes: evaluación, gestión y comunicación de dichos riesgos alimentarios, siendo los dos primeros elementos, la evaluación y la gestión, los que verdaderamente sustentan las garantías de inocuidad de los productos alimenticios destinados al consumo, estando el último de ellos, la comunicación, al servicio de la transparencia con la que deben actuar las administraciones públicas y que el ciudadano nos exige. De esta consideración se concluye la necesidad de mejorar al máximo la coordinación interterritorial, yendo más allá, dentro del riguroso respeto al marco competencial vigente, de las medidas ejecutivas adoptadas por las administraciones competentes. Por ello, el Gobierno decidió dotar a la Agencia de una cierta capacidad ejecutiva para ubicarla en el plano de gestión de los riesgos alimentarios. Se ha optado, por tanto, por una Agencia que evalúe, que gestione y que comunique. Sobre estas premisas se otorga a la Agencia el carácter de organismo autónomo y se la adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Gobierno, adecuadamente y desde el primer momento, no quiso enviar a estas Cortes un texto extenso ni prolijo. Los intentos de excesiva concreción podrían haber generado la percepción equivocada de que el texto que se sometía a tramitación parlamentaria no estaba abierto a cualquier mejora sustancial que pudiera surgir como resultado del diálogo y del consenso. El resultado es una demostración palmaria de aquel propósito. Las 124 enmiendas al articulado del proyecto presentadas por los distintos grupos parlamentarios han propiciado un ejercicio de diálogo y análisis que ha dado como resultado un texto que mereció la aprobación mayoritaria por la Comisión de Sanidad. Un texto que incorpora muchos elementos que habían sido tenidos en cuenta al redactar el proyecto inicial, si bien en un principio se consideró conveniente relegar a la elaboración del estatuto el desarrollo de determinados aspectos cuya mención en el texto de la ley no parecía imprescindible, aunque tampoco pudiera ser considerada

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extemporánea. El número de enmiendas incorporadas, subsumidas y, como hemos visto en el debate de esta mañana, retiradas es amplísimo y prácticamente mayoritario. La posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas que quedan vivas fue defendida en la Comisión por el señor Castillo y a ella me remito. En todo caso, puede afirmarse que el texto resultante de la incorporación de esas enmiendas es satisfactorio, fruto de esa importante labor de consenso que ya he mencionado.
Señorías, me gustaría resaltar que el modelo organizativo elegido por la Agencia es un modelo de integración extraordinariamente horizontal, compuesto, como se ha dicho esta mañana aquí, por un consejo de dirección, una comisión institucional y un consejo consultivo donde cabe la representación de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales, de los consumidores y de los agentes económicos que entienden en el campo de la representación alimentaria. Contará con un comité científico regido por criterios y por principios de independencia, de excelencia y de transparencia y estará presidido por el director ejecutivo de la Agencia.
Quisiera resaltar algunos aspectos sobre objetivos, funciones y principios de actuación. Esta Agencia tiene una vocación de permanencia; tiene asimismo una estructura análoga a la futura autoridad alimentaria europea, con la que las agencias de los Estados miembros deberán trabajar en red; cubrirá todos aquellos aspectos de la evaluación de los riesgos alimentarios; además, dará soporte técnico a las distintas administraciones competentes para garantizar el manejo de la mejor evidencia científica en la gestión de los riesgos; se le da determinada capacidad ejecutiva, a partir de las propias competencias que radican en la Administración general del Estado, mediante la integración en dicho organismo de unidades preexistentes; se crea con el objetivo de promover los más altos niveles de seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud pública; coordinará las actuaciones de las administraciones con competencias que incidan directa o indirectamente en la seguridad alimentaria; instará a desarrollos normativos; propiciará marcos legales alimentarios, actualizando y marcando la seguridad jurídica, promoviendo la simplificación y unificación normativa y formulando propuestas para nuevos desarrollos normativos en su ámbito de actuación. En definitiva, señorías, estas son las grandes líneas y los objetivos que persigue la Agencia Española de Seguridad Alimentaria que hemos aprobado en Comisión y que ahora lo vamos a hacer en el Pleno. Ha sido un proyecto liderado por el Gobierno que ha sido consultado con gran número de agentes sociales y económicos.
Un proyecto a lo largo de cuya tramitación se han podido aunar numerosos criterios para alcanzar -repito- ese grado de convergencia entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, que presente un texto alcanzado con el mayor consenso posible que nos permite poner en marcha definitivamente la Agencia de Seguridad Alimentaria que España necesita y que los ciudadanos nos demandan.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.
Vamos a iniciar las votaciones del dictamen del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Como es habitual, primero votaremos las enmiendas defendidas y mantenidas por los distintos grupos parlamentarios y a continuación el texto del dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, seis; en contra, 157; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Saura Laporta.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Puigcercós i Boixassa.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, siete; en contra, 156; abstenciones, 127.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Puigcercós.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, cinco; en contra, 158; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Aymerich.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 114; en contra, 162; abstenciones, 18.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, excepto las números 32 y 33, que han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 11; en contra, 155; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las citadas enmiendas.
Enmiendas números 9, 12 y 18, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por cuanto las restantes enmiendas han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 11; en contra, 159; abstenciones, 122.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las citadas enmiendas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 105; en contra, 171; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las citadas enmiendas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, artículo 2.2 q).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor 179; en contra, 111; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Artículo 4.1; 4.2 c); 4.5 a) y b).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 173; en contra, 112; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido artículo.


Artículo 2.2 a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 175; en contra, 115; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el citado artículo.
Votamos, a continuación, el artículo 2.2 b); 2.1 c); 2.2 c); 2.2 o).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 281; en contra, 12; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido artículo.
Votamos el resto del artículo 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 285; en contra, uno; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo de referencia.
Por último, votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
(Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 121/000031.)

La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, a cuyos miembros recuerdo que deberán dividir su tiempo, tiene la palabra el señor Saura. (Rumores.) Señorías, al objeto de que podamos continuar con el debate, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores.)

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El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura.
Señorías, ruego guarden silencio. Hay un diputado en la tribuna esperando a que el nivel de murmullo en la Cámara sea lo suficientemente bajo como para que su intervención sea audible.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


En estos dos minutos que tengo para fijar mi posición he de decir, en primer lugar, que vamos a mantener nuestro rechazo al proyecto del Plan hidrológico por las mismas razones que en síntesis formulamos en el debate a la totalidad: porque es un plan ecológicamente insostenible, porque es un plan socialmente rechazado, socialmente contestado y porque es un plan científicamente suspendido.
La tramitación parlamentaria que se ha efectuado, una tramitación extraordinariamente rápida, creo que producto de los miedos que este plan suscita en la mayoría parlamentaria en el sentido de las movilizaciones que se están produciendo, no ha cambiado nada importante del proyecto inicial. Continúa siendo un plan basado en una idea de un consumo ilimitado de agua; un plan que va en contra de las orientaciones de la nueva directiva europea o un plan que continúa haciendo de las obras hidráulicas, y en concreto del trasvase, el eje central de esa política.
Nosotros hemos presentado más de 50 enmiendas que quiero agrupar en cinco bloques. El primer bloque se refiere a la necesidad de mejorar alguna de las definiciones, por ejemplo, la necesidad de que en el plan se contemple la definición de caudal ambiental. El segundo bloque de enmiendas es de supresión de los trasvases, en concreto de supresión del trasvase del Ebro. El tercer bloque se refiere a la necesidad de hacer un plan integral de defensa del Ebro, pero no como compensación al trasvase, sino como superación de los actuales problemas. El cuarto bloque comprende una serie de enmiendas que van en la dirección de acoplar el Plan hidrológico a la directiva europea. Y, en último lugar, hemos presentado una serie de enmiendas para evitar la superexplotación laboral.
Concluyo mi intervención, señoras y señores diputados, diciendo que la gran novedad es el apoyo que Convergència i Unió da hoy a este plan. CiU ha pasado de un no a un apoyo pasivo y a un apoyo activo, pero no ha conseguido rebajar ni en un solo litro el trasvase del Ebro. Este plan se va a aprobar hoy pero estoy seguro que el trasvase del Ebro, por las razones que he dicho, no se va a realizar nunca.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Vamos a agrupar las 25 enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en cuatro bloques. El primer bloque engloba todo lo que sería acondicionar esta ley a la directiva marco de la Unión Europea, en la que prevalecen tres conceptos que en esta ley son secundarios a los trasvases: ahorro, aprovechamiento y reciclaje del agua. En segundo lugar, un tema fundamental: la definición de caudal ambiental. La definición no admite cifras, admite en definitiva un caudal mínimo que garantice la vida de la fauna y de la flora tradicional. La enmienda define lo que podría ser la trampa de esta ley. Recordemos lo de siempre. Año 1995, trasvase Tajo-Segura, la ley definía seis metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez; año 1995, año de sequía, presión sobre el Gobierno y reducción del caudal a tres metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. Esta misma situación podría producirse en el Ebro, de ahí la importancia de definir en la ley lo que es el caudal ambiental o el caudal ecológico. En tercer lugar, la supresión de los trasvases.
Para Esquerra Republicana de Catalunya los capítulos II y III son la trampa de esta ley y por esta razón proponemos su supresión, defendiendo lo que sería la directiva marco europea. En cuarto lugar, una ley que debería tener un carácter social materializa un modelo de economía sostenida, no sostenible, en algunas provincias del sur mediterráneo. Por esta razón presentamos una enmienda de carácter social que hace referencia a que aquellos regantes que se beneficien del trasvase y utilicen mano de obra irregular (ese es el cóctel: agua desde fuera, mano de obra irregular en condiciones de semiesclavitud, condiciones que garantizan hoy un crecimiento desmesurado, no ecológico y no sostenible) sean suspendidos de por vida del suministro de agua de los regadíos.
Los cuatro bloques de enmiendas tienen un carácter fundamental: respetar la directiva marco. El agua es un bien escaso, las cuencas hidrográficas son cerradas, no se pueden trasvasar, y cuando decimos no al trasvase lo decimos al Ebro, el Ebro que se refiere al sur pero que también se refiere a Barcelona. Creemos que cada cuenca tiene que ser autosuficiente y entendemos que esta ley consagra un modelo sostenido de economía y de agua y no va a tener solución de continuidad.
Por todas estas razones, nuestras enmiendas van en el sentido de cambiar el modelo hidrográfico. El modelo es cada cuenca se autoabastece, cada cuenca ahorra, cada cuenca hidrográfica en definitiva tiene que ser autosuficiente. Esta es la directiva que se está dando en los países occidentales. Aquí, como parece, vamos siempre por detrás.


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Muchas gracias, señora presidenta, señores y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, la negativa al Plan hidrológico de los andalucistas es la negativa a las insuficiencias de este plan para dar respuesta a los problemas del agua en Andalucía, del agua como recurso de vida y por tanto como recurso a proteger como bien ecológico; del agua como recurso económico como otro bien a proteger, generador de empleo y de riqueza, y del agua como agente geodinámico que también hay que regular en el territorio.
Hemos presentado enmiendas en contra de la filosofía del plan (insuficiencias), de las acciones del plan (insuficiencias), de la economía del plan (insuficiencias). Filosofía en el sentido de integralidad frente a linealidad, de incorporar medidas más contundentes de ahorro de agua, de modernización de regadíos, de contemplación de las aguas subterráneas de forma integral con las aguas superficiales, etcétera. Medidas de acciones respecto a las carencias del balance hídrico andaluz, de las demandas de trasvases necesarios, no sólo el contemplado en las cuencas de la zona oriental, sino también de la parte occidental de la Península, el trasvase necesario a la cuenca alta del Guadalquivir. Deficiencias de listado de embalses, de obras de regadío contempladas por los planes de cuencas y no por el Plan hidrológico.
Estamos en contra del planteamiento de falta de compromiso económico del plan, de inventario y listado de obras, que no tienen ni siquiera un compromiso cuatrienal; contra la creación de institutos de estudio y de competencia de cada comunidad autónoma, reclamando las competencias para movimientos internos entre cuencas; en definitiva, contra una parte importante de insuficiencia política, que es la falta de consenso alcanzado entre las comunidades.
Por todas estas insuficiencias, mantenemos nuestras enmiendas y nuestra negativa al Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por último, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intentaré, en el breve tiempo de que disponemos, defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a este proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, y voy a empezar diciendo que nuestra opinión sobre este plan no ha variado porque, a lo largo de los sucesivos trámites, tampoco ha variado su contenido ni filosofía.
Es verdad que se incorporaron algunas enmiendas en el dictamen de la Comisión que mejoran parcialmente los contenidos, entre ellas una del Bloque Nacionalista Galego que, después de ser transaccionada, introduce la promoción por las administraciones central y autonómica de la recuperación de humedales, en muchos casos desecados en su día por actuaciones absolutamente agresivas, como, por ejemplo, aconteció en el caso de la laguna de Antela. Pero lo básico de los contenidos del proyecto se mantiene.
Seguimos considerando una equivocación, un error, poner la política del agua al servicio del resto de las políticas, consideramos también un error que el Gobierno opte por una política hidrológica dirigida a llevar agua a donde existe demanda y posibilidades, en teoría, de pagarla para ponerla al servicio de políticas agrarias productivistas, de desarrollo turístico masivo o de desarrollo industrial, que generarán, sin duda, más demandas que va a ser imposible satisfacer, todo ello a costa de extraerla de cuencas dudosamente excedentarias y también todo hecho a base de un alto coste económico. Por lo tanto, estamos delante de un plan que en definitiva opta por potenciar el desarrollo de determinadas áreas geográficas en nombre del famoso principio de la solidaridad interterritorial, pero en realidad aumentando estos desequilibrios territoriales; en fin, una política que creemos insostenible.
Las enmiendas que mantenemos, todas ellas del Bloque Nacionalista Galego, como ya veo que tengo la luz en rojo, las doy por defendidas, porque están argumentadas en los textos que todas las señoras y señores diputados tienen a su disposición. Voy a hacer referencia simplemente al capítulo de inversiones, donde planteamos una enmienda que nosotros creemos bien modesta, asumible en el contexto multimillonario de las inversiones previstas, para que se incluya la modernización y mejora de los regadíos de Terra Chá, Val de Lemos y A Limia, fundamentales para el desarrollo económico de la comarca, regadíos que nunca se ejecutaron y que además, sorprendentemente, tampoco se incluyen en este plan, a pesar de su ambición en este terreno.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores parlamentarios, tal como se ha llevadoen esta Cámara la tramitación de este proyecto de

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ley del Plan hidrológico nacional, de forma, a jucio del Grupo Parlamentario Vasco, impropia, innecesariamente acelerada, a uña de caballo, esto es, al estilo del anunciado paseo militar, de cuya confianza da muestra la ausencia en esta Cámara del ministro, no voy a aburrir a SS.SS. con una defensa pormenorizada de nuestras enmiendas, cosa que ya tuve ocasión de hacer en Comisión con los menguados resultados que son patentes.
Por ello, voy a proceder a aceptar una recapitulación de la postura que hemos defendido los nacionalistas vascos desde la presentación del anteproyecto al Consejo Nacional del Agua, y aún antes, porque recuerden SS.SS. que ya en la comparecencia que el señor ministro de Medio Ambiente tuvo ante la Comisión correspondiente para explicar las líneas generales de la política de su departamento, celebrada el día 6 de junio de 2000, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco pidió al Gobierno que presentase el Plan nacional de regadíos junto al Plan hidrológico nacional, dado que de otra forma nuestro grupo entendía que quedaba sin estudio ni justificación el 80 por ciento aproximado del consumo del agua en el Estado. El señor ministro argumentó entonces que el Plan de regadíos no tenía vinculación con el Plan hidrológico, ya que, primero, no tenía que pasar el preceptivo informe del Consejo nacional del Agua, por lo que, presentado el segundo con posterioridad, se podía llegar a discutirlos conjuntamente en esta Cámara.
La última semana de marzo comparecieron ante la Comisión de Medio Ambiente 27 expertos para dar opiniones respecto al plan. Todos ellos, sin excepción, hablaron largo y tendido de los regadíos, entendiéndoles como el problema a solucionar. Todo el mundo piensa que el problema del agua en España son los regadíos. Todo el mundo menos el ministro que, pese a todo lo dicho, no ha presentado el Plan de regadíos en esta Cámara.
Posteriormente, en las discusiones y negociaciones habidas antes y durante la celebración del Consejo del Agua, el representante del Gobierno vasco puso en conocimiento del Ministerio cuáles eran sus discrepancias con el proyecto presentado, pactándose una propuesta de acuerdo en la cual, previa renuncia del representante nacionalista a muchos de sus postulados iniciales, quedaban a salvo las competencias territoriales y estatutarias que era nuestra principal preocupación y que permitían un voto de aprobación condicionada al texto presentado.
Pues bien, este documento pactado entre las partes, que se redactó entonces y supuso el voto positivo del representante nacionalista del Gobierno vasco, no fue refrendado posteriormente por el Gobierno. Hay más, señorías, el texto remitido a esta Cámara, presuntamente aprobado por el Consejo del Agua, no es tal, sino que ha sufrido en su anexo II una modificación para nosotros importantísima: en las obras previstas en la cuenca del Ebro ha desaparecido la regulación del alto Bayas y se ha introducido una obra fantasma, un pantano en Andagoya.
Señor ministro, ausente señor ministro, grupo que apoya al Gobierno, a pesar de lo que había ocurrido con anterioridad, en mi intervención ante esta Cámara, previa al debate en Comisión, el Grupo Vasco volvió a solicitar públicamente un cambio de actitud en el ministro y ofreció su disposición a negociar y colaborar, siendo el silencio la contestación al respecto. Muy a nuestro pesar, tenemos que decir que nos han defraudado el ministro y su Gobierno. Los vascos no entendemos cómo se puede faltar a la palabra dada ni nos gusta el tocomocho. Por ello nos veremos obligados a votar en contra de este proyecto de ley si el grupo que apoya al Gobierno no varía su posición, y lo vamos a hacer defendiendo nuestras enmiendas agrupadas en dos bloques. En el primero, las que tienen que ver de alguna forma con aspectos competenciales y legales, y en el segundo, las relativas a inversiones y a las obras comprendidas en el anexo II. Las enmiendas están agrupadas; en el primer bloque van de la 370 a 376, 379, 380, 381, 382, y 383, y en el segundo la 378, 384, 385 y 386.
Como ya hemos dicho anteriormente, las competencias que en materia de ordenación territorial, de medio ambiente y de protección de la naturaleza tienen algunas comunidades autónomas, y en particular la de Euskadi, son sensible y repetidamente afectadas a lo largo del proyecto de ley que hoy discutimos. Por ello el Grupo Vasco presentó enmiendas para que se salvaguardasen dichas competencias con relación al Estatuto vasco, citando al respecto los precedentes que situaciones similares de leyes anteriores obligaron al Gobierno vasco a presentar ante el Tribunal Constitucional varios recursos que, invariablemente, fueron fallados a su favor. Así, las sentencias del Tribunal Constitucional 227/1988, 149/1991, 103/1989 y 198/1991 dan la razón a nuestros argumentos. No sólo lo decimos nosotros, señorías, pueden ustedes releer las páginas 103 y 104 de este librito, que todos ustedes tienen, de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos del grupo español donde se explica claramente cómo esas competencias son invadidas y cómo estatutariamente hay que respetarlas.
Pues bien, pese a ello, el Gobierno no ha modificado su postura, no ha modificado su proyecto y ha elegido, de nuevo, el camino de la confrontación y la judicialización. No sólo eso, sino que la pasada semana sacó adelante un proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1996, de evaluación de impacto ambiental, con las sustanciales modificaciones introducidas a su paso por el Senado, que lo convierten en un traje a medida que, machacando aún más, si cabe, las competencias autonómicas y ampliando las permisividades medioambientales, posibilitarán, con esa preparación del terreno del que solemos hablar en términos castrenses, la materialización del conocido paseo militar. Quizá el Gobierno espera que las obras vayan

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más rápidas que las decisiones de los tribunales y haya elegido el camino del hecho consumado -y me acuerdo de Itoiz en este momento- para llevar adelante su plan. Mal camino, señores del Gobierno y del partido que lo apoya, porque lo toman en contra de muchos derechos y opiniones, cuando esta ley, por su importancia, debiera ser ampliamente consensuada.
Respecto al bloque de inversiones, nuestra enmienda 378 pretende, y leo textualmente, la adición del inciso que se propone viene a asegurar un indicador mínimo de garantía de que la relación de obras del anexo II pueda llegar a alcanzar la categoría de plan de inversiones, atrayendo en cierta forma un compromiso futuro de los presupuestos afectados al período 2001-2008. Y ello es así porque el anexo no va acompañado de ningún dato económico ni acoge el más mínimo compromiso presupuestario que dote de seriedad y fiabilidad al listado de inversiones.
Ya que de maniobras y paseos militares hablamos, les tengo que dar una noticia. No sé si lo saben ustedes, pero el día 13 hay elecciones en Euskadi. Igual no se han enterado porque aquí sólo verán Televisión Española. En esa que alguien ha llamado la batalla del País Vasco se ha comenzado por la preparación del terreno, bombardeándolo con todos los medios, por tierra, mar y aire, con todo tipo de armas y, después del previo establecimiento de cortinas de humo apropiadas, se han lanzado los paracaidistas, a los cuales se les ha dado instrucciones precisas. Según llegan al suelo, se desembarazan del paracaídas, se colocan la txapela y comienzan su campaña de intoxicación, diciendo lo que quieren a esta tierra, a sus gentes, lo que van a hacer, lo que la aman, cuántos esfuerzos van a realizar en su favor, pero se olvidan de que en Euskadi se aplican las viejas teorías de que por sus frutos los conoceréis y que, por ejemplo, en la tramitación de esta ley se han presentado 500 enmiendas, de las cuales excepto la 18, del grupo nacionalista, ninguna -digo ninguna- se ha preocupado de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para los grupos políticos que sustentan a los paracaidistas, la cuenca norte termina en Santa Caballos, no en Irún (Un señor diputado: ¡Mentira!), y el Ebro parece comenzar en Yesa, en lugar de nacer en Reinosa. Pero comprendiendo que no conozcan la realidad de Euskadi, les hemos propuesto modificaciones necesarias que han sido sistemáticamente rechazadas.
Así, no aceptan introducir entre las obras el saneamiento integral de la cuenca del Artibai, el saneamiento del Goyerri o de Tolosaldea, alegando que son cuencas interiores de Euskadi, olvidando lo que se hace con otras correspondientes a otros ámbitos territoriales y competencias similares en ese mismo anexo II. No se acepta incluir el saneamiento integral de la cuenca del Urdaibai, declarada reserva de la biosfera. ¿Dónde está su sensibilidad medioambiental, porque les puedo asegurar que las aves que viven allá, a pesar de tener muchas plumas, no han firmado el pacto de Estella.
Se oponen a la adición de las obras de prevención de inundaciones de Bilbao, donde según el plan integral de previsión de inundaciones, ejecutado a raíz de las inundaciones de 1983, entre 355.000 y 360.000 personas corren riesgo de inundaciones muy graves en períodos de retorno de 200 años, graves en períodos de retorno de 100 años y severas en períodos de retorno de 50, con inundaciones importantes en períodos de retorno inferiores a 25 años. Y es que, señores, hay que castigar a los vascos, que son muy malos. Y hay que castigarlos llevando el agua del Bayas para regar a otra comunidad autónoma, en contra del plan de cuenca y privando del agua prevista -y cada vez más necesaria- a los ayuntamientos y estribaciones del Gorbea, cuenca del Bayas, Iruña y, sobre todo, de Vitoria-Gasteiz; por cierto, con la connivencia sumisa, por silencio y por ausencia, del alcalde de esta localidad, miembro de esta Cámara. Señores, esas aguas se llevan en contra, insisto, del plan de cuenca del río Ebro. Y no se acepta la inclusión del pantano del Bayas, cosa que palmariamente, por ejemplo, acepta la Diputación foral de Álava cuando hace la planificación de su curso y dice claramente que es partidaria de ese pantano, que es la única solución para dar vida al río Bayas, cuyas aguas han sido declaradas como las de mejor calidad de todas las corrientes del País Vasco. Pero, insisto, eso no les preocupa. Aquí, y en esta tribuna, en esta Cámara, por lo visto, no se valoran las razones. Parodiándome a mí mismo, habrá que poner lo que ya he dicho en otra ocasión: habrá que poner alguna granja avícola, porque aquí las cosas no se hacen por razones, sino por huevos.


Nada más, señora presidenta, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante el último trámite en el Congreso de una ley muy importante, el Plan hidrológico nacional, una ley reivindicada y demandada por todos los grupos de la Cámara desde hace muchísimo tiempo, una ley que se suponía que venía a planificar y a regular el agua en nuestro país. Desde nuestro punto de vista, esto no se consigue con la ley que hoy aquí van a aprobar por mayoría. No solamente no se consigue, porque prácticamente todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, exceptuando dos, han sido rechazadas, sino porque el Plan hidrológico nacional nace con grandes carencias, sobre todo con carencia fundamental de consenso en la sociedad y con carencia de consenso en esta Cámara. No es la primera vez que este grupo parlamentario ha solicitado la paralización del debate y la retirada del Gobierno de

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este proyecto, en concreto, del Ministerio de Medio Ambiente. Buena prueba de la importancia que para el Ministerio tiene el Plan hidrológico nacional es que hoy no contamos con la presencia del ministro de Medio Ambiente en esta Cámara ni siquiera para escuchar las argumentaciones de los grupos parlamentarios en la defensa de sus enmiendas.
Dicho esto, me voy a centrar en esta primera parte de la intervención en algunas de las enmiendas que hemos presentado, que a nosotros nos parecen de gran importancia para profundizar en el texto del proyecto de ley. Además de todas las carencias que hemos denunciado reiteradamente, se podía haber aprovechado esta ocasión para subsanar algunas de ellas. En un primer momento, nuestro grupo parlamentario presentó, y mantiene, una enmienda encaminada a definir lo que es caudal ambiental. Es imprescindible que en un texto como el proyecto de ley de Plan hidrológico nacional haya una definición de lo que son los caudales ambientales, porque eso va a garantizar que tengamos unas cuencas y unos ríos con vida, con la vida que de manera natural deberían tener, y para que los trasvases que se vayan a hacer en estas cuencas fluviales no afecten al río en su conjunto ni a su fauna piscícola ni a la vegetación de ribera que han de mantener.
Como todas SS.SS. saben, no puede mantenerse el caudal hídrico de un río si al mismo tiempo no se preserva su ecosistema, porque esto también redunda en perjuicio de los acuíferos y de la calidad de las aguas que tanto dice defender el Plan hidrológico nacional, aunque en realidad, cuando se entra en el análisis pormenorizado del articulado que desarrolla los objetivos del Plan hidrológico nacional vemos, con bastante bochorno, que esos objetivos se obvian, se anulan y que vamos hacia un desarrollo que no tiene nada que ver con la defensa de una planificación hidrológica y de los ecosistemas que esa planificación requiere.
Esa es la primera enmienda que defiendo textualmente. En cuanto a las que no nombre, serán dadas por defendidas. Al mismo tiempo, y como complemento del establecimiento de un caudal ambiental, en otra de las enmiendas al artículo 6 fijamos la tipología de los diferentes caudales ambientales tipo, que se tendrían que contemplar en función de los ríos. Todos sabemos que nuestros ríos no son iguales, que no son iguales las cuencas del norte y las del sur. Por tanto, además de establecer la definición de caudal ambiental, hay que saber cuáles son esas tipologías de río para que, en función de ellas, se puedan establecer también los caudales ambientales. Enmienda que tampoco ha tenido el beneplácito del Grupo Parlamentario Popular para poder ser aceptada o transaccionada. La siguiente enmienda que voy a defender es la que presentamos al artículo 9 del texto. Señorías, en este artículo se plantea la necesidad de mantener la calidad de las aguas y después se hace una excepción en cuanto a que puede haber determinadas aguas que no cumplan los requisitos mínimos establecidos por ley o, incluso, que las comunidades autónomas puedan aumentar esos requisitos para considerarlas aceptables. Lo que propone nuestro grupo parlamentario es que todas las actuaciones precisas para garantizar la calidad de las aguas tiendan a que exista un vertido cero, es decir, que la calidad de las aguas no sea solamente porque haya una ribera adecuada y se respete el ecosistema, sino que además haya un vertido cero que permita que la calidad de las aguas sea la necesaria y la óptima no solamente para su consumo, sino para la propia vida del río.
Señorías, nuestro grupo parlamentario propone algo que es necesario establecer en el Plan hidrológico nacional. En el artículo 17 de la ley se habla de las concesiones de agua y de los requisitos que se precisan. Nuestro grupo parlamentario entiende que uno de los requisitos que se debería exigir sería el que se demostrara que los concesionarios tienen a los trabajadores de sus explotaciones en situación legal respecto a la legislación laboral vigente. Ésta, junto con otras de nuestras enmiendas para que el no cumplimiento de este requisito sea uno de los motivos de retirada inmediata de la concesión, crea una medida completa y concreta que pretende eliminar el que se puedan estar utilizando trabajadores en situación administrativa irregular para el beneficio de los concesionarios o de las explotaciones agrarias o industrias que tienen concesiones de agua. Esto tampoco ha merecido la atención del Grupo Parlamentario Popular. Argumentaban que el Plan hidrológico nacional no era el lugar adecuado, pero lo que nos parece más bien es que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que sustenta lo que pretenden con estos requisitos, al no quererlos incluir en un caso como requisito y en el otro como sanción para la retirada de la concesión, es la esclavitud. Con su forma de actuar en el Plan hidrológico nacional están haciendo algo que en 1871 abolió Amadeo I de Saboya liberando a los 30.000 esclavos que quedaban en Puerto Rico.
Señorías, es imprescindible legislarlo en el Plan hidrológico nacional como requisito para las concesiones de agua y como sanción a la hora de la retirada de esas concesiones. No se puede consentir.
Saben ustedes que la Ley de extranjería o la legislación laboral no son suficientes para evitar que se puedan producir estos atropellos hacia ciudadanos y ciudadanas, hacia personas que tienen determinadas características socioeconómicas en nuestro país y que mayoritariamente se están dando en la agricultura y en condiciones de irregularidad total. Creemos que es necesario que se introduzca, pero ustedes no han tenido a bien hacerlo. Nos parece también muy importante el que a la hora de conceder el agua para las industrias, se les pueda exigir a las nuevas concesiones que utilicen, siempre que ello sea técnicamente posible, circuitos cerrados en sus consumos de agua. Señorías, no estamos pidiendo nada que vaya a arruinar a las empresas,sino, más bien, todo lo contrario, les va favorecer en su

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economía y en sus resultados económicos; y a las que tengan las concesiones ya hechas, se les concede un plazo de cuatro años para que puedan adecuarse técnicamente, si ello es posible. Como verán, no estamos planteando un imposible, sino todo lo contrario, algo posible, con plazos de tiempo que se tienen que llevar a cabo.
Para finalizar la defensa de nuestras enmiendas, dando todas las demás por defendidas, nuestro grupo parlamentario se opone al trasvase del Ebro, y tiene la enmienda correspondiente de supresión de este artículo. En realidad, si suprimiéramos el artículo 13 del texto de la ley haríamos desaparecer la casi totalidad del Plan hidrológico nacional, porque lo único que viene a determinar el resto del articulado y los anexos 1 y 2, que son el catálogo de obras a realizar, es la cobertura del Plan hidrológico nacional, porque un análisis pormenorizado de los anexos de obras sólo nos puede llevar a la conclusión de que muchas de las que están incluidas están terminadas o en proceso de ejecución. Es decir, lo único que han hecho ustedes ha sido vestir de lagarterana las inversiones millonarias del Plan hidrológico nacional, conseguir el trasvase del Ebro y que esto sea, desde nuestro punto de vista, poco factible, poco viable, porque no está clara, en absoluto, la financiación que pueda poner en práctica el Plan hidrológico nacional.
Si a esto le añadimos (haciendo ya una valoración global del texto que ha salido de la Comisión) las enmiendas que se han introducido, tenemos que manifestar que a lo único que vienen es, si cabe, en algunos aspectos, a empeorar o a crear mayores incertidumbres en la aplicación del Plan hidrológico nacional. Una enmienda que han admitido en el trámite de Comisión (que a nosotros nos parece bastante importante y que modifica, en parte, la posición respecto al trasvase del Ebro) es aquella por la que se establece que el trasvase del Ebro sólo se efectuará en los meses de octubre a mayo. Señorías, para poder hacer el trasvase en esos meses se requieren unas obras de infraestructura que no constan en estos momentos en el Plan hidrológico nacional. Por lo tanto, habrá que pensar que lo que ustedes están aprobando es una obra de infraestructura que va a necesitar unas dimensiones mucho más amplias porque se va a tener que trasvasar una mayor cantidad de agua en un momento determinado, aunque sean varios meses, y están creando la propia trampa para que, en su momento, se puedan solicitar más caudales del Ebro por una mayor necesidad en las zonas receptoras.
Ustedes han renunciado a ordenar el territorio en colaboración con las comunidades autónomas a través de convenios, y a presentar también aquí el Plan nacional de regadíos para que pudiéramos hacer una planificación hidrológica sabiendo exactamente hacia dónde se conduce el desarrollo del territorio. No sabemos cuántos regadíos se van a crear con el Plan nacional de regadíos y tampoco sabemos cómo se va a ordenar el territorio, que es competencia de las comunidades autónomas. Les puedo poner un ejemplo.
La semana pasada, en la Comunidad Valenciana se han aprobado cuatro millones de metros cuadrados urbanizables en Denia, La Marina.
Señorías, La Marina no tiene una gota de agua y se prevé un crecimiento de 70.000 habitantes, lo que supone que una ciudad que hoy ya no puede garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos estables que tiene y a la población flotante del verano, va a incrementar en 70.000 su número de habitantes, con lo que va a necesitar más de siete hectómetros cúbicos de agua al año, que todavía no se sabe de dónde se van a detraer.
Señorías, este Plan hidrológico es falso, es ficticio, no tiene base, no sirve realmente para planificar el agua, porque ustedes han renunciado a negociar un Plan hidrológico nacional, a que se hablara de medidas de ahorro, a que se hablara de medidas de reutilización de las aguas para poder regar aquellas zonas que, hoy por hoy, ya son de regadío. Ustedes, sencillamente, han dado cobertura a un trasvase (una vez más se lo tenemos que decir) que no va a satisfacer las necesidades de los agricultores porque no van a poder pagar el precio del metro cúbico de agua que va a costar. Pero esto, señorías, sí que les da a ustedes posibilidades para contentar a las constructoras y, sobre todo, a las hidroeléctricas, que son las que se van a beneficiar, en realidad, de todas estas obras de infraestructura.
Señorías, el Plan hidrológico nacional nace con defectos y esos defectos se mantienen en el debate. Como ya se ha dicho anteriormente desde esta tribuna, al final, el señor Arias Cañete tenía razón cuando decía que la aprobación del Plan hidrológico nacional iba a ser un paseo militar. Así ha sido, señorías. Lo hemos debatido en un plazo de tiempo breve para un proyecto de ley tan importante y, desde luego, la negociación y el consenso han brillado por su ausencia. No es consenso que a nuestro grupo parlamentario se le acepte una enmienda que cambia el nombre del título II y otra que, aun siendo más importante, tampoco va a cambiar el fondo del proyecto de ley; eso es dar alguna migajas mientras aprueban lo que tenían decidido desde el principio, dijera el resto del Congreso y la ciudadanía lo que quisiera. Eso no es consenso; para nuestro grupo parlamentario, no es siquiera participación democrática.


La señora PRESIDENTA: Señora Urán, le ruego concluya.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Por eso, mantenemos nuestra negativa al Plan hidrológico nacional.
Esto no es más que decir que han presentado ustedes el Plan hidrológico, pero no va a servir ni para planificar el agua ni para resolver los problemas

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de agua que tienen determinadas zonas del Estado español.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hay algunos que dicen que la política es una guerra hecha con otras armas. Y cuando eso se dice, todo el mundo piensa en el diálogo, en el respeto o en el acuerdo; pero nadie piensa en los cañetes. Sin embargo, ustedes, señorías, quieren sacar este Plan hidrológico por cañetes y no a través del diálogo.


Cuando el señor ministro de Agricultura puso en vivo y en directo esas conversaciones discretas, todo el Gobierno dijo que su opinión no reflejaba la postura del ministro de Agricultura; que era injusto que se dudara de la voluntad de consenso por las palabras del señor Cañete; el señor Rajoy dijo que las palabras del señor Cañete no respondían a la voluntad del Gobierno... Lo que ha pasado a la hora de la verdad es que, con 10 ó 20 minutos en una reunión de la Ponencia de Medio Ambiente, con cuatro horas de debate en la Comision y con un cuarto de hora o 10 minutos aquí, van a sacar ustedes adelante un proyecto de ley que es una auténtica chapuza.
El diálogo que ustedes dicen, señorías, no ha existido; han sido monólogos, actitudes que únicamente obedecían al paseo militar -tengo que afirmarlo rotundamente, aunque lo hayan recordado otros grupos: paseo militar y paso de la oca, tal como lo han planteado-, que no han hecho más que entorpecer cualquier posibilidad de entendimiento entre ustedes y nosotros. Sin embargo, las enmiendas que hemos presentado mejorarían perfectamente, no un trasvase, sino la gestión del agua. Aquí se ha olvidado todo el mundo de que estamos hablando en este momento de gestionar el agua, y no de ver cómo tiene que ser una infraestructura o a qué comunidades tiene que afectar un trasvase; ustedes lo han olvidado. ¿Saben SS.SS. en cuánto tiempo hemos tramitado el Plan hidrológico? El que va del 23 de febrero a hoy. Miren ustedes los proyectos de ley discutidos en esta Cámara y verán que ninguno ha sido tramitado tan rápidamente como éste. Miren ustedes el plazo de terminación del debate de este proyecto de ley en la Cámara, como yo lo he mirado, y verán que está previsto para el día 4 de junio. Estamos a 26 de abril y había tiempo hasta el 4 de junio para hablar del Plan hidrológico nacional en esta Cámara sin ningún problema, sin que se nos llamara la atención, y ustedes lo han obviado.
¿Por qué lo hacen? Porque entienden que este es un documento que ha salido forzado, un compromiso político que ustedes han adquirido y que lo ponen en marcha sin prever las consecuencias que va a traer consigo. Ustedes dicen que cumple con la directiva marco. De los informes famosos que nos han hecho llegar del Ministerio hay de muchos tipos, los que dicen que sí y los que dicen que no al plan. De entre los que dicen sí al plan voy a destacar lo que dice en sus resoluciones un profesor de Cantabria: A diferencia de lo que ocurre en los asuntos hidrológicos, los temas ambientales y de gestión requieren mucha más atención que la que figura en el plan. Esto es lo más suave. Si ustedes se van a otros informes que hacen referencia a las condiciones ambientales de este plan, se nos dice, pongo por ejemplo, que el PHN no introduce los aspectos de uso eficiente como prioridad, contemplando los trasvases como la única solución; que la directiva obliga a que todo el movimiento de aguas esté correctamente justificado y acompañado de estudios, cosa que aquí no ocurre; que el Gobierno español sólo ha realizado una valoración global del coste de la aplicación de la directiva marco, pero que no ha entrado a fondo en el desarrollo y aplicación de esa directiva; que el PHN no contempla el seguimiento del estado de las aguas, que es obligatorio según el artículo 8 de la directiva... Hay una cosa que sí que me preocupa, señora De Lara y señores del Grupo Popular, en las excepciones que plantea la directiva marco ustedes se están acogiendo a una que es peligrosa: con la finalidad de obtener fondos europeos, están intentando anticipar la elaboración de este documento con la finalidad de que las zonas que tenían que estar en la red Natura 2000, como no están registradas todavía ustedes van a sacar este plan antes de que ese registro se produzca, con lo cual nos vamos a encontrar con que van a hacer un trasvase sobre zonas LIC, sobre zonas incluidas en la red Natura que ustedes tenían que haber previsto pero que no les interesa prever, se ponen una venda en los ojos porque no quieren que esa decisión pueda afectar a la obtención de fondos comunitarios. Señora De Lara, lo dicen informes técnicos, tan técnicos los que están a favor como los que están en contra, lo que pasa es que en este caso concreto todos dicen lo mismo: este plan no plantea una formulación medioambiental de acuerdo con las pautas europeas; todos lo dicen, pero ustedes se siguen poniendo la venda en los ojos.
Ustedes nos dicen que se contemplan medidas ambientales. Las únicas que se contemplan en este momento se refieren a un aspecto genérico sobre los humedales, un aspecto genérico sobre los caudales ambientales y recuperación de costes, lo que pasa es que ustedes aquí juegan a otra cosa, ustedes están diciendo que a la recuperación de costes no es cuestión de ponerle ningún plazo, porque les dejan así las manos libres para hacer lo que estimen oportuno. Pues miren, como antes del 2010, bastante antes, los ciudadanos de

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este país no sepan cuánto van a tener que pagar por el agua, ustedes van a condenar a los agricultores valencianos y murcianos a tener que abandonar explotaciones; lo van a tener que hacer, señorías.
En nuestras enmiendas hemos intentado por todos los medios que ustedes aceptaran que hay condiciones ambientales previstas en la directiva marco de política de agua que tienen que estar incorporadas porque, si no -y se lo he dicho en varias ocasiones y no me cansaré de repetírselo-, dentro de muy poco tiempo, tres o cuatro años, tendrán que revisar no sólo los planes de cuenca sino este plan. La guerra que ustedes han propiciado ahora la van a seguir propiciando dentro de cuatro años y nos encontraremos otra vez con la pelea de trasvases sí, trasvases no, y no nos encontraremos con lo necesario, que es ver cómo se gestiona el agua en España, que es un elemento absolutamente distinto al que ustedes están defendiendo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Nosotros les planteamos la supresión del artículo 61, que es el famoso artículo que ustedes introdujeron en la reforma del año 1999 sobre la Ley de Aguas, que introduce, a pesar de que ustedes digan que no, el mercado del agua. Si ustedes unen el artículo 61 con la fórmula para llevar a cabo la construcción de esas hipotéticas infraestructuras de trasvase, nos encontramos con que el mercado está asegurado y que la empresa privada va a ser la que va a tener la llave para obtener unos pingües beneficios en función del peaje que van a tener que pagar y ese peaje va a ir a los usuarios. Ese peaje va a ir a los usuarios, no a la Administración. Ustedes debieran corregir eso. Por eso seguimos planteando que es bueno que el agua, que es un bien público, tenga controles administrativos en su gestión. Proponemos la fórmula de bancos públicos de agua porque entendemos que la adquisición de esa agua para incorporarla al banco público y la oferta de esos derechos concesionales se tiene que hacer bajo la tutela de la Administración y no como ustedes dicen sin la tutela de la Administración pública.
Señorías, les solicitamos que revisen el régimen concesional, entre otras cosas porque en unos momentos en que se plantea una gestión del agua sustentada sobre la demanda de agua y no sobre la oferta, lo que es bueno es saber qué agua tenemos y quién la tiene. Les estamos diciendo: revisen el régimen concesional, rescaten las concesiones que están caducadas, que están mal utilizadas, que no están usadas, deposítenlas en un banco público, en un registro de aguas en la propia Confederación Hidrográfica y después sáquenlas a los concesionarios para que las puedan usar en beneficio de sus propios cultivos, de sus abastecimientos o actividades industriales. Tampoco aceptan eso. Va a ser muy complicado gestionar el agua en España si no sabemos de qué agua disponemos. Ustedes están empeñados en que no.
Es curioso, ustedes indican que hay problemas de conocimiento, que no se conoce de quiénes son tres cuartas partes de los aprovechamientos en España y quieren poner remedio a esa dificultad. Les pediría que entendieran que son enmiendas positivas para mejorar la gestión del agua en España.
En cuanto a los trasvases, les hemos dicho que no nos oponemos. Les hemos dicho que para actuar en ámbitos deficitarios, hace falta llevar a cabo una actuación urgente e inmediata, a través de fórmulas de gestión alternativa del agua que ustedes ya conocen y que han criticado de muchas formas, a pesar de que luego las ponen en los anexos. Les hemos dicho que, una vez que esos ámbitos deficitarios tengan atendidas sus necesidades, lo que hay que hacer, si sigue existiendo déficit, es acudir a transferencias externas. Les hemos dicho -y se lo estamos planteando en nuestra enmienda- que en aquellas cuencas como la del Segura -por cierto, saben ustedes que están sancionados por la Unión Europea por la contaminación que existe en el río, y es de ahora no de hace unos años-, que es deficitaria, en la que hay auténticos problemas y a la que el agua le llegará dentro de quince años, si le llega, actúen mientras tanto con rotundidad. Eso lo queremos hacer nosotros y queremos resolverlo en cinco años. Pero mientras eso se resuelve, lo que les estamos diciendo es que preparemos los estudios para que esas transferencias externas se lleven a cabo al concluir los cinco años. Ustedes no, ustedes están empecinados en que es bueno hacer el trasvase. Para actuar en esos ámbitos deficitarios me dicen que van a hacerlo con arreglo al desarrollo y ejecución del anexo 2 de inversiones.
Señorías, a 31 de diciembre del año 2000 el Ministerio de Medio Ambiente había gastado, globalmente, el 87 por ciento de su presupuesto; de un presupuesto de 300.000 millones había gastado 262.000 millones. A este ritmo, señorías, no se cuándo van a gastar ustedes los cuatro billones de pesetas que han puesto encima de la mesa. Si el Estado solamente va a poner 300.000 millones al año, que cubriría lo que nosotros planteamos en los cinco años para actuaciones urgentes en los ámbitos deficitarios, no sé de dónde van a sacar ustedes el dinero. Si van a ser las empresas privadas díganlo, porque indudablemente es un beneficio añadido que ustedes están incorporando a la gestión privada del agua.
Estamos hablando de trasvases. Ustedes proponen una fórmula que es curiosa y que se ha modificado respecto al planteamiento inicial.
Están diciendo: trasvase del Ebro hacia las cuencas internas de Cataluña y hacia el sur. En el primer texto decían: embalses que van a ser utilizados en ese trasvase: Mequinenza, Ribarroja y Flix. En el segundo texto dicen, a raíz de la enmienda de Convergència i Unió...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Morlán, le ruego que vaya concluyendo.


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El señor MORLÁN GRACIA: Seguimos con el rodillo. (Rumores.) Estoy diciendo, señorías, lo que estoy diciendo.
Ustedes están planteando tres embalses que después los quieren destinar para trasvase y para mantenimiento del delta del Ebro. Es imposible hacer eso, y ustedes están dando unas cifras que son falsas. De la misma manera que ustedes están dando cifras falsas para aportaciones, yo les puedo decir las otras cifras, y es que si ustedes analizan todas las necesidades futuras de la cuenca del Ebro indudablemente no hay dinero suficiente para hacer frente al trasvase que plantean, ni mucho menos. Por tanto, están haciendo un ejercicio ciertamente curioso de falseamiento de datos y de engaño, porque están engañando a los ciudadanos de Murcia y de Valencia diciéndoles que el trasvase va a ser inmediato, y a los ciudadanos de Aragón diciéndoles que el trasvase se hará cuando estén hechas las obras del pacto del agua. Y no digan que eso no es cierto, porque eso se desprende del propio contenido de los textos que ustedes están planteando en este proyecto de ley.
Brevemente, señor presidente, me voy a referir al delta. Convergència i Unió y el Partido Popular han llegado a un acuerdo ciertamente curioso. Convergència i Unió hace muy poco tiempo decía, por boca del señor Pujol, que ellos denunciarían el Plan hidrológico nacional si contemplaba los 1.050 hectómetros cúbicos. Al cabo de unos días desapareció, y ahora son necesarios los 1.050 hectómetros cúbicos; más tarde apareció: Plan hidrológico nacional por 500.000 millones de pesetas. Ustedes llegan a un acuerdo para plantear una enmienda alternativa relacionada con la defensa del delta del Ebro, y yo les digo lo siguiente: nosotros estamos dispuestos a apoyar esa enmienda, pero para eso me tendrán que explicar cuáles son las medidas preventivas y correctoras necesarias por parte de las administraciones competentes que se adoptarán cuando no se cumplan las condiciones que se establecen en este artículo. ¿Por qué no dicen ustedes: antes de adoptar cualquier tipo de decisión sobre el trasvase del Ebro vamos a ver si está solucionado el delta? No hagan al revés, porque cuando ustedes quieran adoptar estas medidas no habrá tiempo, el trasvase estará hecho, las medidas no serán correctoras y, desde luego, el delta seguirá en peor situación que la que hay en este momento.
Señorías, por el tiempo no me puedo detener más en la explicación, pero doy por defendidas mis enmiendas relacionadas con las confederaciones hidrográficas, su fomento, desarrollo y su implicación más directa en la gestión del agua, con una conferencia sectorial de política de agua que sea el marco donde se debatan todos los planes de infraestructuras que afectan al conjunto del territorio; asimismo, doy por defendidas todas las enmiendas relacionadas con una gestión del agua más eficaz y de acuerdo con la directiva marco europea.


Señorías, este plan para mí es una aventura que ustedes han puesto en marcha.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Morlán, le ruego vaya concluyendo.


El señor MORLÁN GRACIA: Concluyo, señor presidente.
La aventura puede ser loca, pero el aventurero puede estar cuerdo. Me gustaría saber si ustedes están como la aventura o como el aventurero, porque para solucionar los problemas de gestión del agua en España no tienen ningún recurso suficiente ni oportuno. Seguirá manteniéndose la confrontación social entre territorios y seguirá habiendo unas determinadas posiciones que lucharán para que este Plan hidrológico nacional, tal y como está configurado, no se lleve a cabo. Espero, señorías, que este Plan hidrológico nacional, cuando nosotros ganemos, sea dejado otra vez en el ostracismo porque no vale para solucionar el problema del agua en España.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, señorías, desde hace bastantes años, varias legislaturas, cuatro como mínimo, venimos debatiendo en esta Cámara sobre un plan hidrológico, por tanto, todos aquellos que intervenimos tenemos una base bastante amplia que nos permite ir con rapidez en los últimos pasos del debate del Plan hidrológico.
En casi todas las iniciativas parlamentarias, interpelaciones, mociones, comparecencias, en Comisión, en Pleno y en otros foros externos a esta Cámara, los distintos grupos llegábamos a la conclusión de la necesidad de un pacto de Estado de amplio consenso, de debate abierto, de diálogo fluido y de discusión sosegada. Una fecha adecuada era entre el 2000 y el 2001; estamos en ello.
Verdaderamente, si un tema necesita de un pacto de Estado, si un debate necesita sosiego, es evidente que la problemática del agua lo necesita. Desde hace años, nuestro grupo estaba y está convencido de ello. Nuestra actitud siempre ha sido una consecuencia de este convencimiento, antes y ahora, con gobiernos socialistas antes y con el Gobierno Popular actualmente.
El Plan hidrológico nacional fue presentado al Consejo Nacional del Agua en septiembre pasado. Nuestro grupo celebraba su presentación, pero no dábamos nuestra aceptación, aunque así no se entendiese, puesto que no conocíamos el detalle del plan presentado. Estudiado el plan por quien correspondía, en pronta conclusión fijamos que dicho plan, tal como podía resultar, no merecía ser aceptado por nuestro grupo.


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¿Cómo podríamos ser coherentes con nuestra actitud de pacto, de consenso? Simplemente ofreciendo y aceptando diálogo y diálogo. Y basamos ese diálogo en la consideración de que las mayorías las tienen quienes las tienen y que, por tanto, el Plan hidrológico nacional resultante podría ser aprobado sin posibilidad de introducir modificaciones que lo hiciesen aceptable, pero ello iría en contra del amplio consenso.
En sus alegaciones al Consejo del Agua, la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya presentó una serie de argumentaciones que, si se incorporasen o se tuviesen en cuenta, cambiarían fundamental y conceptualmente el Plan hidrológico presentado, y así ha sido.
Las alegaciones presentadas, como segunda función fundamental para el diálogo, nos han llevado a las enmiendas parciales que han sido motivo de debate estos días. En febrero entró en esta Cámara el proyecto de ley y para nuestro grupo estaba claro que tal proyecto de ley no podía ser aceptado y que debía modificarse. Nuevamente el diálogo y la mutua comprensión en el debate preparatorio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya -diálogo y mutua comprensión que celebramos- nos llevaron a la redacción de 26 enmiendas parciales, basadas, repito, en las alegaciones presentadas por la Generalitat. Con ello, el proyecto inicial del Plan hidrológico pasaba conceptualmente a ser distinto; todas nuestras enmiendas, las 26, tuvieron un trámite favorable en ponencia y Comisión como resultado del consenso inicial que habíamos establecido.


Hemos conseguido introducir diferencias con el proyecto inicial sumamente notables, vitales para la existencia y el desarrollo del delta del Ebro. Se quiera o no reconocer, quienes conozcan con sosiego el resultado final del texto del Plan hidrológico, como saldrá de esta Cámara y como quedará finalmente aprobado, y quieran analizarlo con sosiego, repito, se darán cuenta de que Convergència i Unió ha trabajado en aras de la defensa y protección del delta, aunque por ahora, a corto plazo, no se reconozca.
Para el rechazo del plan hidrológico otros intereses se mueven, entre ellos los electorales. Así, sorpresivamente, nos encontramos con que entre quienes más critican nuestra actitud están aquellos que en su trabajo de presentar enmiendas se han olvidado totalmente no sólo del delta sino también del Ebro y del resto de Cataluña. El Grupo Socialista ha presentado 263 enmiendas y ninguna en defensa del delta del Ebro, ninguna en defensa de su protección ecológica y medioambiental, ninguna pensando en sus habitantes, nada de sentimientos hacia las personas; lo único que ha interesado al Partido Socialista de Cataluña ha sido, y es, el desgaste electoral de CIU, nada le importa el delta y sus gentes. Patéticas, pues, sus actitudes de crítica. Además, el portavoz del Grupo Socialista se permite decir que hemos sido humillados.
Señorías del Grupo Socialista, necesitan un espejo, mírense, vean y reflexionen. Las organizaciones medioambientales aún están alucinadas con el plan alternativo que defienden porque es un despropósito total. Así, Ecologistas en Acción considera que las enmiendas menos ambientalistas son las del Partido Socialista -Europa Press, fecha 17-; Asimismo, Efe dice: Ecologistas acusan de que el PSOE presenta enmiendas contra el medio ambiente. Mírense en el espejo y, si logran verse, se verán sonrojados por sus incoherencias; los socialistas catalanes más que el resto de los socialistas, porque se demuestra clara y evidentemente que el delta del Ebro no les importa y, en general, que el pacto de Gobierno en Aragón con el PAR es el que realmente ha marcado su política del agua, que en tan poco tiempo ha dado un giro de 180 grados. Hace pocos días hemos leído que el presidente de Aragón dice: No compartimos que en el Ebro sobra agua.
Esto quiere decir que él cree que no hay agua en el Ebro. Veamos la enmienda 177 del Grupo Socialista, en cuyo punto 3 se declara excedente la cuenca del Ebro.
Hoy nuestro grupo, al igual que en Comisión, se abstendrá en las votaciones de las enmiendas de los distintos grupos. Discrepamos de las líneas generales de sus enmiendas, pero reconocemos su trabajo; cortesía incluso abierta a dialogar sobre estos temas en un futuro.
Así lo hicimos en Comisión y lo haremos hoy, pero con la excepción de que no podemos aceptar la continua descortesía del Grupo Socialista y votaremos negativamente sus enmiendas.
Termino ya. El Plan hidrológico nacional que entró en el Congreso no era nuestro plan hidrológico. Se iba a aprobar por mayoría absoluta, nos gustara o no, y teníamos la obligación de cambiar este plan por uno que fuera sustancialmente diferente en asuntos básicos. Esto se consiguió a través de las 26 enmiendas presentadas por nuestro grupo y consensuadas. Nos congratulamos por ello. El Plan hidrológico nacional que se aprueba es conceptualmente diferente al inicial.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, se inicia hoy la recta final del trámite parlamentario que culminará con la aprobación del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional. El texto que se someterá hoy a la votación de esta Cámara se ajusta al mandato establecido en el artículo 43 de la Ley deaguas, en el que se indica cuál debe ser su contenido:

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de un lado, establecer las medidas necesarias para coordinar los planes hidrológicos de cuenca y, de otro, indicar las previsiones y las condiciones de las transferencias de recursos entre distintas cuencas.
Me consta, señorías, que todos los portavoces que han intervenido conocen el contenido de ese artículo. Por ello, no se entiende lo que pretendían algunos grupos parlamentarios de la oposición que se han manifestado contrarios a los trasvases, cuando en la pasada legislatura presentaron hasta catorce iniciativas legislativas solicitando la presentación del Plan hidrológico nacional, porque, señorías, como he dicho, el Plan hidrológico nacional debe regular los trasvases.
El texto que se somete hoy a la votación de esta Cámara tiene unas características que conviene resaltar. En primer lugar, el proyecto de ley es fruto del diálogo y del consenso. En este sentido, debemos agradecer al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el esfuerzo de escuchar a todos, de dialogar con todos y de asumir lo válido allá de donde viniese, y debemos felicitarle por ello. El texto se ha enriquecido con numerosas aportaciones. El 55 por ciento de las alegaciones presentadas al Consejo Nacional del Agua se han incorporado. Ha contado con el apoyo de casi todas las comunidades autónomas, incluidas Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por el Partido Socialista, y la propia representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Consejo Nacional del Agua mostró en su intervención su opinión favorable al plan, aunque, no sin sorpresa, su voto resultase al final desfavorable. Efectivamente, votaron en contra las Comunidades Autónomas de Asturias y Baleares -que, por cierto, no presentaron alegación alguna al plan- y la Comunidad Autónoma de Aragón. Se ha enriquecido el texto con aportaciones de los grupos ecologistas y con las 62 enmiendas incorporadas en ponencia y en Comisión. Se ha dialogado, señorías, con quien ha querido hacerlo. Desgraciadamente, no ha sido posible el diálogo con el presidente de Aragón, que se negó a reunirse con el ministro de Medio Ambiente, ni ha sido posible el diálogo con el Partido Socialista, que en palabras de uno de sus representantes dijo textualmente: Exigimos para iniciar el diálogo que se elimine el trasvase del Ebro y que desaparezca el mercado del agua de la Ley de aguas. Esas demagógicas declaraciones muestran claramente la falta de voluntad de diálogo del Partido Socialista, ya que ni la Ley de aguas crea un mercado de aguas, sino una flexibilización del régimen concesional, ni el punto de partida para el diálogo puede ser condenar a los territorios del arco mediterráneo a no solucionar sus déficit. (Una señora diputada: A Aragón, sí.) Es lamentable, señorías socialistas, que hayan permitido que prevalezcan los criterios poco rigurosos sobre posturas dialogantes y objetivas, que las hay en su partido.
En segundo lugar, el proyecto de ley que hoy se debate beneficia a todas las comunidades autónomas, a todas, señorías, a todas sin excepción. Por más que se haya intentado falsear la realidad, el proyecto de ley contempla, de un lado, un plan de inversiones de más de 3 billones de pesetas para solucionar los problemas hídricos de todas las comunidades autónomas, y, de otro lado, el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos hacia las zonas deficitarias del arco mediterráneo. Las mayores inversiones se destinan, señorías, a Andalucía y Aragón, y es precisamente en Aragón en donde con las obras del pacto del agua, justamente reivindicadas por los aragoneses, se van a solucionar los problemas hídricos de esta comunidad autónoma. Tal vez sea conveniente recordarles, señorías, que es desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente, en el año 1996, cuando se da un impulso definitivo a esas obras. En la actualidad, el 60 por ciento de las obras del pacto del agua se hayan en fase de licitación o en fase de ejecución.


En tercer lugar, el proyecto de ley que hoy debatimos reordena los recursos hídricos con una nueva filosofía de la gestión del agua, desde un riguroso enfoque medioambiental y de acuerdo con la directiva marco de aguas de la Unión Europea. El 84 por ciento de las inversiones se destinan a actuaciones de carácter medioambiental, entre las que cabe destacar la modernización de infraestructuras, actuaciones de saneamiento, depuración, reutilización, abastecimiento, restauración hidrológico-forestal, medidas que en definitiva suponen gestión eficaz, suponen ahorro, suponen uso racional y sostenible de los recursos hídricos. Asimismo, el proyecto de ley hace suyos los principios de la directiva marco, y por ello quiero denunciar, señorías, la falsedad de las declaraciones del primer partido de la oposición, uno de cuyos miembros destacados, el presidente de Aragón, en un acto insolidario sin precedentes, acudió a Bruselas a solicitar la no cofinanciación de las inversiones, porque, según él, el Plan hidrológico nacional atentaba contra la directiva marco. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!) En cuarto lugar, el proyecto de ley es un proyecto solidario y que busca el equilibrio territorial. En la cuenca del Ebro, señorías, se consideran disponibles como sobrantes unos caudales medios de 5.200 hectómetros cúbicos/año. Es decir, con las necesidades actuales y previsibles de futuro aseguradas en toda la comunidad de Aragón, 1.050 hectómetros cúbicos de los que actualmente vierten al mar servirían para cubrir las demandas inatendidas del arco mediterráneo que están poniendo en peligro la economía y el desarrollo de la zona.
Por ello, señorías, hablamos de solidaridad.
El Grupo Parlamentario Popular considera inadmisibles los intentos del Partido Socialista de promover una confrontación territorial cuando se dice a los aragoneses que el Plan hidrológico nacional le va a quitar agua a Aragón, que el Plan hidrológico nacional va a beneficiar a unas comunidades en perjuicio de Aragón y que todo ello es un castigo del Gobierno de José María

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Aznar a los ciudadanos aragoneses por haber perdido el Gobierno de esa comunidad autónoma. (Rumores.) Señorías, seamos serios, seamos veraces. No queramos construir adhesiones fáciles desde el engaño. Ni se quita agua a Aragón ni se perjudica a Aragón ni mucho menos ningún Gobierno y, desde luego, no un Gobierno del Partido Popular, cometería la vileza de castigar a una comunidad autónoma por haber perdido allí las elecciones. No obstante, señorías socialistas, no se equivoquen: el Partido Popular no perdió las elecciones en Aragón. Lo que se produjo fue un cambio de socios políticos que, legítimamente, optaron por otros pactos, pero no olviden ustedes que el Partido Popular fue el partido más votado en Aragón. (Aplausos.) No es serio, señorías, cómo se ha manipulado la lógica carga sentimental de los aragoneses desde el propio Gobierno de Aragón, y les anuncio, señorías socialistas, que, por encima de los coyunturales compromisos políticos para la supervivencia de una fórmula que posibilite el Gobierno aragonés, un día tendrán que dar cuenta de estas falsedades y manipulaciones. Como bien saben, los políticos pagamos estas cuentas en las urnas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) En quinto lugar, el proyecto de ley considera el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos/año como la única solución posible para paliar el déficit del arco mediterráneo.
Señorías, el déficit en el Levante y en el sureste español es de 2.200 hectómetros cúbicos/año. Después de establecer las máximas medidas de ahorro, de reutilizar la mayor cantidad de agua posible, de optar por la desalación para abastecimiento en determinadas poblaciones costeras y de utilizar en la medida de lo posible las aguas subterráneas, el déficit sigue siendo de 1.050 hectómetros cúbicos, que son los que el proyecto de ley propone trasvasar desde el bajo Ebro, estableciendo a su vez las condiciones ambientales y todas las garantías necesarias para las cuencas cedentes y receptoras. Esto es, señorías socialistas, lo que dijo José María Aznar en 1993 y esto es lo que dice el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el año 2001. Decimos lo mismo, señores socialistas.
(Aplausos.) En el Grupo Parlamentario Popular tenemos convicciones firmes y, por ello, no tenemos que ir diciendo cosas distintas en momentos distintos ni cosas distintas en distintas autonomías. No ocurre así, por ejemplo, con el Partido Socialista, que cambia la idea según la dirección del viento. Y no me refiero sólo al paso de los trece trasvases del non nato plan Borrell a manifestarse radicalmente en contra de un trasvase riguroso, sino a algunas declaraciones de significados dirigentes socialistas aparecidas en la prensa. Valgan algunos ejemplos, señorías. Febrero de 1996, Manuel Chaves, ABC: El déficit de Andalucía sólo lo podremos cubrir a través de una política de trasvases desde las cuencas con superávit de agua a las cuencas con déficit. (Rumores.) Abril de 2001, El Periódico de Aragón: Iglesias anima a seguir luchando contra el Plan hidrológico nacional aun después de su aprobación, aunque se haya convertido en ley. Abril de 2001, Diario de Andalucía: La Junta de Andalucía expresa su temor de que se retrase aún más la llegada del trasvase del Ebro. Abril de 2001, La Verdad, de Murcia: El secretario general de los socialistas murcianos instruye a los diputados socialistas para que no voten contra el trasvase del Ebro, artículo 13 del proyecto de ley. Pueden comprobar, señorías, que quien tiene contradicciones, múltiples contradicciones, son ustedes, el Partido Socialista. (Aplausos.) Paso a continuación a referirme brevemente a las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, quería indicar a SS.SS. que hemos hecho llegar a los portavoces y a la Mesa de la Cámara unas enmiendas técnicas del proyecto de ley que esperemos que puedan incorporar, si cuentan con su aprobación, los servicios de la Cámara. Votaremos en contra de las enmiendas que han mantenido los representantes del Grupo Mixto, del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque consideramos que esas enmiendas, en unos casos, plantean propuestas ajenas al ámbito del proyecto de ley, en otros casos, propuestas propias de resoluciones administrativas o tratan de trasponer determinados aspectos de la directiva marco que consideramos que no es el proyecto de ley el lugar apropiado para ello.
En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, creo sinceramente, señorías, que han enriquecido el texto del proyecto de ley. Confío en que el plan de protección del delta del Ebro contribuya no solo a proteger el delta, sino a mejorar su situación actual, profundamente dañada por la cuña salina y los problemas de regresión. La postura de Convergència i Unió es una prueba evidente de diálogo constructivo.
Cuando de verdad se quiere enriquecer un proyecto de ley de la trascendencia del Plan hidrológico nacional, de nada sirven las posturas maximalistas y demagógicas, porque la única vía válida es la del diálogo positivo y la voluntad real de consenso, que es lo que realmente ha beneficiado al texto que estamos debatiendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora de Lara, le ruego vaya concluyendo.


La señora DE LARA CARBÓ: Voy concluyendo, señor presidente.
Por otra parte, la postura del Grupo de Coalición Canaria ha sido igualmente constructiva, realista y rigurosa, por lo que es justo manifestarlo aquí esta mañana.
Mención especial merecen ya, y en último lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, emanadas como una hoja caída de un árbol de su texto alternativo, que en su día recibió únicamente el respaldo del Grupo Socialista. Sus enmiendas, señorías socialistas, adolecen de improvisación, de apresuramiento. Se tratabaen primera instancia de elaborar, de traer a esta

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Cámara un texto, cualquier texto; un texto que apaciguara los enfrentamientos territoriales que el Partido Socialista padece. El resultado de esta difícil tarea fue su propuesta alternativa, en la que dicen ustedes no a los trasvases, no ahora, pero sí dentro de cinco años. A continuación transformaron su texto en enmiendas, lo han enmendado todo, señores socialista, todo, incluso han presentado enmiendas a los artículos 28.1 y 36.2, artículos en los que se recogía una parte de las aportaciones de los grupos ecologistas al proyecto de ley. También han enmendado ustedes las aportaciones de los ecologistas, eso que estas enmiendas eran lo que ustedes pregonan: enmiendas de carácter medioambiental. Tampoco les han gustado a ustedes, señorías.
Para resumir, la mayoría de sus enmiendas se refieren a aspectos que intentan modificar la Ley de aguas: pues modifiquen ustedes la Ley de aguas, señorías. Traigan ustedes una propuesta y podremos hablar de la reforma de la Ley de aguas, pero no es este el lugar. Sus novedades: proponen la creación de bancos de agua. Ya están creados, señorías. Proponen la creación de la Conferencia sectorial de medio ambiente del agua. Ya está creada, señorías. La política de aguas está incluida en el Ministerio de Medio Ambiente, y en el Ministerio de Medio Ambiente existe la Conferencia sectorial, que se reúne periódicamente para tratar de los distintos temas del Ministerio.
Proponen la desalación por ósmosis inversa, a ser posible con energías renovables. Señorías, desde principios de los años noventa la desalación se efectúa por ósmosis inversa; no han descubierto nada. Y no existe en todo el mundo ni una planta desalinizadora que funcione con energías renovables. Yo creo que esta es una propuesta demagógica, que con ella quieren ustedes a lo mejor contrarrestar sus enmiendas poco ambientales...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora de Lara, le ruego vaya terminando.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.


Se niegan ustedes al trasvase del Ebro, y lo que no entendemos, señorías, es que ustedes consideraran en el año 1993 que la solución a los problemas hídricos de España eran trece trasvases, 4.000 hectómetros cúbicos trasvasados, 1.800 de ellos del Ebro; entonces era la panacea, y ahora consideran innecesarios los 1.050 hectómetros cúbicos/año que proponemos. Hemos cambiado de idea, decía un representante de su partido en un rasgo lamentable de inmadurez.
(Rumores.) Señorías, no se puede cambiar de idea en un proyecto como el Plan hidrológico nacional. Finalmente en sus enmiendas proponen ustedes que, cuando haya trasvases, esos trasvases puedan plantearse a través de un real decreto-ley, porque lo que ustedes no quieren, señorías, es el debate que está teniendo lugar en estos momentos.
Termino, señor presidente.
Señorías socialistas, les ha faltado a ustedes la grandeza y el rigor necesarios para reconocer que la aprobación del Plan hidrológico nacional es un reto histórico, es la solución a los problemas de Estado. Se han equivocado ustedes al propiciar desde la ocultación de la verdad una tensión territorial que perjudica gravemente los intereses reales de los ciudadanos españoles; se han equivocado ustedes al anteponer los intereses de partido a los intereses de Estado.
Los gobiernos, señorías, deben afrontar las realidades, por muy incómodas que las hayan hecho las manipulaciones y las falsedades.
Aparcar los problemas no es política ni es gobierno es, sencillamente, una postura cómoda. Durante 14 años ustedes prefirieron la comodidad. Permítannos, desde la objetividad, aunque sea mucho pedirles, que el Gobierno del Partido Popular resuelva el problema del agua en España.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora De Lara, le ruego concluya.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.


Señores socialistas, tienen ustedes aún la posibilidad, votando a favor del proyecto de ley, de evitar a sus diputados de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Almería el bochorno de explicar en sus territorios mañana que el Partido Socialista resume así sus propuestas: Ahorren ustedes, ciudadanos, y dentro de cinco años volveremos a hablar.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz) Gracias, señora De Lara. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-La señora Fernández de la Vega Sanz pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, habida cuenta que está presente en esta sesión el ministro de Medio Ambiente y que mi grupo junto con otros grupos solicitaron la reunión de la Junta de Portavoces antes de que el Pleno acabase, y ha sido convocada ésta para la finalización del Pleno, rogamos, al amparo del artículo 104 del Reglamento, que la Presidencia inste al ministro a que retire, a los efectos de constancia en el «Diario de Sesiones», las graves imputaciones que se hicieron al diputado Alberto Moragues, que constituyen la falsa imputación de un delito.
Muchas gracias. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora Fernández de la Vega, como usted bien ha dicho, la Junta de Portavoces, que su grupo, entre otros grupos de la Cámara, solicitó, está convocada para las cuatro de la tarde o, en su defecto, si el Pleno se alargara más, para después de finalizado el mismo, al objeto de analizar lo que usted plantea de nuevo esta mañana. Desde la Presidencia se le quiere indicar que el que la Junta de Portavoces se reúna esta tarde al finalizar el Pleno en ningún caso menoscaba el posible derecho del señor Moragues que usted reclama en este momento porque, como usted bien sabe, el artículo 71.2 del Reglamento dice que, en el caso de que se entienda que hay alusiones, esas alusiones podrán ser contestadas en la misma sesión o en la siguiente.
(Rumores.-Protestas.)

Señora Fernández de la Vega, la sesión termina esta mañana, o esta tarde, cuando finalice el Pleno, y la sesión siguiente será la próxima sesión plenaria. Por tanto, el señor Moragues, si así se entendiera, tendría derecho en la siguiente sesión plenaria, de acuerdo con el contenido del artículo... (Fuertes protestas.) ..., una vez que, tal y como pidieron los grupos firmantes de la Junta de Portavoces, este asunto haya sido sustanciado en la misma y tras escuchar a todos los portavoces.


Muchas gracias.
Vamos a iniciar, señorías, las votaciones de las enmiendas y del dictamen de Comisión al proyecto del ley del Plan hidrológico nacional.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por el señor Saura Laporta. En primer lugar, las que llevan los números 424, 425, 455 y 457.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 10; en contra, 268; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 420, 423, 429, 430, 437, 451 y 456 del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 15, en contra 166; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas dichas enmiendas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 118; en contra, 163; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas dichas enmiendas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós. En primer lugar, la número 61.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 299; a favor, 11; en contra, 267; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida enmienda.
Sometemos a votación la número 87 del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, cuatro; en contra, 166; abstenciones, 127.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 67, 68, 83, 84, 85 y 86, asimismo del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, nueve; en contra, 268, abstenciones 22.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas sometidas a votación.
Iniciamos ahora la votación de las enmiendas números 62, 66, 69, 70 y 81, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 15; en contra, 167; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 110; en contra, 165; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar las números 91, 92, 93 y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, tres; en contra, 270; abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 88, 95 y 97, asimismo del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, tres; en contra, 175; abstenciones, 118.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 101, 103 y 105, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 119; en contra, 165; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 89 y 104 del mismo señor diputado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 108; en contra, 165; abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Por último, resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 108; en contra, 168; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas firmadas por el señor Vázquez.
En primer lugar, la número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 12; en contra, 170; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 43, 44, 46 y 55, del señor Vázquez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 15; en contra, 266; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Enmiendas números 48, 52 y 57 del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 15; en contra, 164; abstenciones, 118.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 50 y 51.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 113; en contra, 165; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 117, en contra, 165; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 380 y 381.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 15; en contra, 266; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 382.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, nueve; en contra, 165; abstenciones, 124.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 383.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 114; en contra, 165; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 384.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 15; en contra, 269; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 385.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 121; en contra, 166; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 386.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 121; en contra, 165; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 378.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 116; en contra, 170; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 379.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor 114; en contra, 170; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco que no han sido votadas hasta el momento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, las números 391, 392, 398, 399, 403, 404 y 417.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 122; en contra, 165; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 387, 388, 394, 400, 401, 405, 406 y 408.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 17; en contra, 164; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que no han sido votadas hasta el momento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, nueve; en contra, 269; abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmiendas 148 a 154; enmiendas 158, 174 a), 176, 178, 179, 187, 287, 328, 347, 348, 350, 357, 361, 365 y 367.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 107; en contra, 188; abstenciones, siete.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 107, 108, 110 a 130, 146, 147, 159, 177, 190, 191, 193, 209, 212, 213, 217, 222, 224, 226, 284, 290, 292, 297 a 300, 304 y 311.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 107; en contra, 182; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista que no han sido votadas hasta el momento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 116; en contra, 180; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen.
En primer lugar, artículo 2, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 294; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Artículo 2, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 181; en contra, 110; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo.
Sometemos a votación el artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 179; en contra, 116; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo de referencia.
Sometemos a votación los artículos 5, 7, 8, 14 y 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 291; en contra, dos; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados dichos artículos.
Sometemos a votación los artículos 11, 13, 17, 19, con la corrección técnica repartida, y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 178; en contra, 122.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados dichos artículos.
Sometemos a votación el artículo 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 185; en contra, 112; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación el artículo 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado dicho artículo.
Sometemos a votación los artículos 23 y 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 184; en contra, 108; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados estos artículos.
Sometemos a votación los artículos 25, 26 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 287; en contra, 13; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación el artículo 27.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 181; en contra, uno; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Sometemos a votación el artículo 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 287; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido artículo.
Votamos a continuación el artículo 35.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 182; en contra, 104; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el artículo 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 179; en contra, 117; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación los artículos 6, 10, 21.2, 28, 29, 31, 34, disposición transitoria segunda y disposiciones adicionales segunda, punto 2, octava y novena, éstas últimas con la corrección técnica repartida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 181; en contra, cinco; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 1, 16, 21.1, 22, disposición transitoria tercera y anexo II, cuenca del Tajo, y siguientes inversiones: regulación del Alberche; reparación de los caminos generales números 1 y 2 de la zona regable de Rosarito; modernización de la zona regable de Castrejón, margen izquierda; rehabilitación y refuerzo del revestimiento de la red de acequias de la zona regable del canal del Henares; abastecimiento a poblaciones del alto Tietar desde el Alberche; ampliación del abastecimiento a Mancomunidad Cabeza del Torcón, La Milagra, San Martín de Montalbán, Polán y Guadamur; ampliación de la ETAP del Sorbe; depósito regulador de Colmenar y refuerzo del sifón de El Pardo (margen izquierda) y arteria de Fuencarral.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 179; en contra, 107; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Sometemos a votación la disposición adicional décima, con la corrección técnica repartida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 180; en contra, cinco; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida disposición adicional.
Votamos el Anexo I y el resto del Anexo II, salvo lo ya votado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 284; en contra, 12; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los anexos.
Votamos a continuación la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 180; en contra, 110; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la exposición de motivos.
Por último, votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 284; en contra, ocho; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen. (Fuertes y prolongados aplausos.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 6/2001, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS

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URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS Y TEMPORALES ACAECIDOS DESDE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE OCTUBRE DE 2000 HASTA FINALES DE ENERO DE 2001 EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA Y CASTILLA Y LEÓN. (Número de expediente 130/000015.)

La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día, convalidación o derogación de reales decretosleyes.


Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales de enero de 2001 en las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor vicepresidente primero y ministro del Interior. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco hoy para someter al trámite de convalidación por esta Cámara el Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales que se sucedieron desde los últimos días de octubre del año 2000 hasta finales de enero del año 2001 en las comunidades autónomas de Galicia y de Castilla y León.
Ustedes recordarán sin duda los hechos que han motivado la adopción de estas medidas. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta mediados de enero del presente año, una serie de borrascas procedentes del Atlántico y que entraban por la zona noroeste de la Península dejaron continuos episodios de fuertes vientos y lluvias torrenciales, que causaron importantes daños en infraestructuras y bienes, tanto públicos como privados, y también, lamentablemente, fueron causa de distintos accidentes, con víctimas mortales.
Concretamente en la Comunidad Autónoma de Galicia, los episodios más graves se sucedieron entre los días 3 al 10 de diciembre pasado y los días 3, 4 y 5 de enero del presente año, aunque el temporal ya se había iniciado a finales de octubre, con fuertes vientos e intensas precipitaciones. Esta situación continuó durante el mes de noviembre, lo que dio lugar a inundaciones, desprendimientos y a una elevada saturación del terreno por exceso de agua. En este mes, el momento más dramático y grave fue el del fallecimiento por accidente de cuatro personas en diferentes localidades. En diciembre, los embalses del río Miño tuvieron que desalojar una gran cantidad de agua sobrante y más de 25 ríos sufrieron desbordamientos que produjeron inundaciones. En la primera semana del presente año, con nuevas e intensas precipitaciones, hubo más inundaciones y cortes en la red viaria por desprendimientos y anegaciones. En estos días hubo que lamentar de nuevo tres víctimas mortales en diversos accidentes.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León sufrió también las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos de forma que, en los períodos del 7 al 10 de diciembre del año 2000 y del 28 de diciembre al 17 de enero del año 2001, se produjeron intensas precipitaciones, causando el desbordamiento de numerosos ríos, como el Esla, el Cea, el Tera, el Eria, el Órbigo o el Tormes. Además se produjeron daños en la agricultura, en viviendas y enseres de particulares, en la red viaria y en diversas infraestructuras de titularidad local. Las provincias más afectadas fueron Zamora, León y Salamanca. En Zamora, las precipitaciones aumentaron de tal forma el caudal de los ríos que hubo frecuentes obturaciones de puentes y drenajes, con las consiguientes inundaciones en viviendas y cortes en las vías de comunicación. En Salamanca, el municipio más afectado fue el de Ciudad Rodrigo, a causa del desbordamiento del río Águeda.
Con ello, señorías, quiero destacar que la magnitud y la gravedad de los daños ocasionados han requerido la actuación de los poderes públicos, con el fin de contribuir a restablecer la normalidad en las zonas afectadas e intentar paliar y reparar en lo posible los efectos de estos temporales. Estas circunstancias y la institución del principio de solidaridad como fundamento que emana de nuestra Constitución han sido los motivos por los que se aprobó este real decreto-ley que ahora sometemos a la consideración de esta Cámara.
Esta normativa contiene una serie de medidas que sin duda contribuirán a cumplir la finalidad pretendida y que, de forma sintética, paso a exponer a continuación. En primer lugar, medidas administrativas relacionadas con la declaración de zonas de actuación especial, de forma que los departamentos competentes puedan reparar los daños causados. Otras afectan al régimen de contratación de esas obras de reparación, declarando en su caso la emergencia de las obras, servicios y suministros, tanto para el arreglo de infraestructuras como para la reposición de los bienes de titularidad estatal, o bien para declarar en su caso la urgente ocupación de los bienes, amén de otras medidas de similar índole. En segundo lugar, medidas fiscales que contemplan diversos tipos de beneficios, exenciones en la cuota del impuesto de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, reducciones proporcionales al período de cese de la actividad en la cuota delimpuesto sobre actividades económicas y reducciones

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fiscales especiales para las actividades agrarias y pesqueras.


En tercer lugar, medidas laborales en relación con posibles expedientes de regulación de empleo como consecuencia de los daños producidos por las inundaciones, además de una serie de medidas que afectan a exenciones y moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Así, se contempla la bonificación del 50 por ciento de dichas cuotas para los trabajadores por cuenta propia y una moratoria de un año sin intereses en el pago de sus cotizaciones. Estas medidas se aplican también a los trabajadores, ya sean por cuenta propia o ajena, incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar.
En el caso de los mariscadores de a pie, la bonificación asciende a un 75 por ciento, siendo la moratoria de seis meses. En cuarto lugar, medidas de ayuda de emergencia para particulares por daños personales y en viviendas y enseres de primera necesidad, que comprenden ayudas a particulares que acrediten escasez de recursos por fallecimiento y por destrucción total o daños graves en sus viviendas y/o enseres de primera necesidad. Ayudas a corporaciones locales con escasez de recursos, en función de los gastos que hayan tenido que realizar ante la situación de emergencia; concretamente, si esos gastos superan el 3 por ciento de los presupuestos destinados a gastos corrientes.
Ayudas para resarcir de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios, a las personas físicas o jurídicas que, ante la situación de emergencia producida, hubiesen efectuado una prestación personal o de bienes.
Para la puesta en marcha de todas estas medidas, el presente real decreto-ley prevé la concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.000 millones de pesetas, que se financiará con deuda pública, destinado a subvencionar hasta un 50 por ciento de los gastos de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios esenciales de las entidades locales afectadas, así como los gastos de reparación de la red viaria que corresponden a las diputaciones provinciales. Se regula asimismo una línea preferencial de crédito por un importe de 3.000 millones de pesetas, ampliable por el Ministerio de Economía, destinado a la reparación o reposición de instalaciones industriales, mercantiles, agrarias, ganaderas y pesqueras, que hubieran sido destruidas o afectadas por los temporales. Todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas a las que se refiere esta normativa. En estas líneas de crédito, el interés aplicable será de un 3,75 por ciento, con un plazo máximo de amortización de cinco años y un período de carencia de intereses de un año.
En definitiva, señoras y señores diputados, asistimos a una materialización de lo que significa el ya mencionado principio constitucional de solidaridad, en la que el Gobierno ha tomado la iniciativa con la finalidad de paliar y reparar los efectos tan intensos a los que al principio de mi intervención he hecho referencia. Y la aprobación y la convalidación de estas medidas significan la aportación de importantes recursos económicos tan necesarios en estos momentos para las zonas afectadas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Con la prudencia y la cautela que muchas veces caracteriza a los gallegos, el Bloque Nacionalista Galego esperó más de dos meses a ver cuál era la actuación del Gobierno después de haberse iniciado los temporales que tuvieron lugar entre octubre y enero y con ciertas prolongaciones hasta marzo. A partir del mes de noviembre, cuando vimos que el Gobierno no actuaba, presentamos iniciativas en forma de preguntas escritas, preguntas orales en Pleno, proposiciones no de ley e interpelación con moción consecuente, en relación con nuestro cupo que, desde luego, es mínimo.
El día 21 de febrero tuvo lugar un debate en este Pleno, donde el entonces ministro del Interior, el señor Mayor Oreja, justificó la tardanza en actuar -prácticamente llevábamos siete meses- para tener -son palabras textuales- una idea global de lo que necesitamos invertir, aportar, para resolver unos problemas de la comunidad autónoma. Dijo él: Se trata de un caso de excepcional particularidad, debido a la magnitud de la catástrofe. Por si fuese poco, también habló de que la valoración de daños desde el Gobierno ascendía a 57.000 millones de pesetas, con lo cual se explicaba la singularidad y especificidad del caso y por qué tenían que actuar con mucha cautela y esperar tiempo a hacerlo, porque, sin duda, se trataba de una magnitud excesiva que había que ponderar suficientemente. Y la portavoz en aquel momento del Partido Popular dijo que irían mucho más lejos de lo que nosotros solicitábamos en nuestra interpelación y consecuente moción.
Nos encontramos ahora con un real decreto-ley que efectivamente es singular y específico, es particular y excepcional, pero por todo lo contrario de lo que nosotros esperábamos. En primer lugar, porque se abordan conjuntamente los temporales de Castilla y León y los de Galicia. Y no es por afán de hacer comparaciones, pero realmente hay grandes diferencias cuantitativas y cualitativas entre los dos casos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de las infraestructuras, de las consecuencias sociales y del deterioro del sistema, especialmente -y es lo que nos importa a nosotros recalcar- desde el punto de vista de las consecuencias sociales.
En aquel momento, el Partido Popular presentó una proposición no de ley que pedía medidas urgentes en el

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caso de Castilla y León. Curiosamente, no se acordaba de la urgencia de Galicia. Y ahora nos mezcla, en un totum revolutum, con un crédito extraordinario de 4.000 millones de pesetas, del cual no sabemos cuánto corresponde a la Comunidad de Galicia y cuánto a la Comunidad de Castilla y León. Tendremos que repartir una limosna. Primera especificidad. Segunda especificidad. Se trata de un real decreto-ley lleno de insuficiencias e inadecuado a lo que está necesariamente documentado y que además es discriminatorio con los precedentes, no ya en casos similares sino en casos remotamente parecidos e incluso respecto de los decretos que lo acompañan. De los 57.000 millones, sin contabilizar el lucro cesante, ni siquiera se llega al 10 por ciento; vuelvo a repetir, 4.000 millones de pesetas para todos, para Castilla y León y para Galicia. Solamente en infraestructuras públicas, según la Administración autonómica, están gravemente dañadas y deterioradas por valor de 20.000 millones. Y, en el sector pesquero -al que después aludiré de una forma especial-, son 18.663 millones, sin contar el lucro cesante.
Comparemos, no por afán de comparar, sino para que quede claro, la especificidad discriminatoria en este caso. El Real Decreto-ley 7/ 2001, de lluvias e inundaciones, de siete días, del 21 al 26 de octubre, en seis provincias, seguramente escaso también, es un crédito de 2.000 millones de pesetas. 400 millones por día. Hagan la suma respecto de un país que vivió bajo un vendaval de agua y viento de violencia inusitada, con consecuencias económico-sociales brutales, durante prácticamente seis meses. Pero también podemos hablar de los precedente. Tenemos el Real Decreto-ley 8/2000, por la seca y otras actividades climáticas, financiado, sin carácter limitativo, por dotaciones del Ministerio de Agricultura y por el organismo autónomo Entidad Estatal de Seguros Agrarios. O el Real Decreto-ley 3/2001, con una dotación de 500 millones de pesetas, complementario al Real Decreto-ley 8/2000, por una noche, la del 10 de junio de 2000. Seguramente también escaso, pero comparen ustedes la cantidad, para que se den cuenta de la especificidad con la que nos tratan.
La tercera especificidad, para nosotros sin duda la más importante y sobre la que queremos hacer más hincapié, es el contraste entre lo necesario y reivindicado socialmente y lo que ahora se acuerda, que demuestra una alarmante insensibilidad ante la grave situación social del sector de la pesca de bajura. Efectivamente, son migallas o, si ustedes quieren, limosnas muy pequeñas en materia de Seguridad Social. Por ejemplo, se faculta a la autoridad laboral para que, en el caso de suspensión de contratos o de reducción de jornadas, se puedan establecer prestaciones por desempleo, aunque no se haya cotizado lo necesario, aunque no se tengan cubiertos los períodos suficientes de cotización.
Además, cuando se habla de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario, o por cuenta propia o ajena en el régimen especial de los trabajadores del mar, nos reducimos al 50 por ciento durante dos meses, después de seis meses sin poder trabajar - y expondré algunas anécdotas ilustrativas a este respecto- o a una moratoria por un año y sin subvención de ningún tipo a las cuotas de seis meses del año 2001. Comparen, por ejemplo, con el Real Decreto-ley 8/2000, donde se estableció, para la seca, una moratoria de dos años a los trabajadores agrícolas afectados. Para los mariscadores a pie, especialmente mariscadoras, el 75 por ciento de enero a julio del 2001, pero están incluidos en el RETA y se trata de un tipo de trabajador que tiene muy pocos ingresos y al que tampoco se compensa suficientemente. Para nosotros la alarma es evidente. Sabe perfectamente el Partido Popular que muchas de las cofradías han tenido que cerrar -no estoy hablando de tener dificultades, estoy hablando de cerrar-, las cofradías de Barbanza y parte de las de Arousa; una situación insostenible en la costa de A Morte, mariscadores que han ingresado por mes 1.500 pesetas y que no tienen simiente prácticamente hasta la perspectiva de más allá de un año, por tanto que no van a poder recuperar el trabajo y la explotación.
En otros casos similares se actúa dando salarios de carácter social; aquí, no solamente no se hace esto sino que ni siquiera se cubre, en materia de Seguridad Social, al cien por cien ni por todo el período que duraron las catástrofes y las consecuencias temporales que conllevan. Ya se sabe que en Galicia, cuando hay problemas, estamos habituados coger la maleta e irnos aunque sea a Canarias. Esta situación se está dando en este momento en comarcas enteras de la costa de nuestro país. Son miles de personas, señorías, no cientos de personas. Solamente del marisqueo a pie viven 10.000 personas legalmente; habría que establecer todas las que viven ilegalmente.
Por darles otro dato, si vamos a villas importantes de la costa, la población ocupada en Camariñas en el sector del mar es el 27,9 por ciento; en Fisterra, el 47,2; en Ribeira, donde cerraron las cofradías, es casi el 40 por ciento. ¿Piensan ustedes que esto puede paliar una situación tan sumamente catastrófica desde el punto de vista social? Vayamos a otro elemento donde también se nos trata de forma específica. La desgravación fiscal es totalmente parcial, por tanto con cierto tipo de condicionantes, en concreto sobre el IBI y el IAE; se excluye el impuesto sobre sociedades y se hace un tratamiento parcial del IRPF o del IVA. Cabría recordar la Ley de acompañamiento para el año 2000 a favor de Biescas y Badajoz, donde se actuó con corrección en materia de desgravación fiscal. Como ustedes saben, las sociedades pesqueras no tienen los seguros que tienen las actividades agrarias y se ven prácticamente desprotegidas a no ser por una serie de tratamientos de desgravación fiscal limitada, a lo que antes aludí. Nada de ayudas directas, son préstamos con tipos de interés subsidiado limitadamente por valor de 3.000 millones de pesetas, cantidad a la que no va a ser posible acceder desde las

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cofradías o desde las pequeñas explotaciones agrarias o familiares incluso. Piénsese que para el caso de La Seca, en el sector de la fresa en Huelva, Cádiz y Sevilla, se dio un crédito de 10.000 millones de pesetas con subsidios de los intereses de hasta el 50 por ciento y con aval del Estado, que en este caso no se contempla. Los sectores pesquero y marisquero, como dije antes, no tienen un sistema público de seguros, por lo que ni siquiera pueden hacer un uso de seguros agrarios, que en otros casos se actualizó de forma distinta a la de este real decreto-ley, incluso para la agricultura.
Señorías, tenemos la convicción de que no se está atendiendo a una especificidad de Galicia y, como recordaba nuestro Castelao, por lo regular, nunca Galicia entra dentro de las preocupaciones generales del Estado. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego concluye diciendo, primero, que el real decreto-ley es insuficiente y es poco dinero, muy poco dinero para esta situación; además, son insuficientes las medidas teniendo en cuenta la incidencia social de todo este período catastrófico. Segundo, es discriminatorio comparativamente, actitud a la que ya estamos habituados. Tercero, es excesivamente excepcional incluso en su aplicación y sigue la táctica de ser naturalmente indiferente para Galicia. En este caso ustedes sí nos homologan para mal, poniéndonos en el totum revolutum al que aludí al principio.
Ante esto, nosotros pedimos que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley para poder mejorarlo sensiblemente. En todo caso, en este momento manifestamos nuestro total rechazo, y créanme que lo hacemos desde la prudencia y la cautela de haber comprobado in situ la cantidad de personas que están en una situación alarmante, sin solución no sólo a corto plazo sino incluso a largo plazo.
Comprenderán que para esto no hacía falta esperar siete meses.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que cuando vemos el Real Decreto 6/2001, de 6 de abril, nos produce sonrojo no solamente el contenido de su texto sino las cantidades que se asignan. Nos produce sonrojo porque estamos hablando de las inundaciones causadas por las lluvias que se produjeron desde los últimos días de octubre hasta finales de enero de 2001 en las comunidades de Castilla y León y Galicia.
Señorías, en lo que afecta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, fuera de este real decreto-ley quedan las inundaciones más importantes y que más daños causaron en esa comunidad autónoma, que son las que se produjeron en el mes de marzo. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Hay muchas infraestructuras dañadas y una valoración hecha por los ayuntamientos, de alrededor de unos 10.000 millones de pesetas, que quedan fuera de este real decreto-ley, cuando además, señorías, parte de estos daños, alrededor de un 60 por ciento, son ocasionados precisamente porque la Confederación Hidrográfica del Duero tiene abandonados los cauces, abandono que produce las inundaciones referidas.
Señorías, este real decreto llega tarde, y no vale la excusa de que se han querido hacer valoraciones correctas, porque si hubiera sido así, si la intención hubiera sido esa, primero se hubieran tenido que incluir las valoraciones de las últimas inundaciones del mes de marzo en Castilla y León y, segundo, la cantidad no sería tan irrisoria.
Porque, señorías, solamente los daños que valora la comunidad de Galicia están alrededor de 55.000 millones de pesetas, a los que habría que sumar la valoración de los daños ocasionados en Castilla y León. De ahí, señorías, que mi grupo parlamentario no vaya a oponerse, porque menos que 4.000 millones de pesetas sería nada, pero desde luego sí solicita el trámite como proyecto de ley, entre otras cosas para subsanar las graves deficiencias que contiene este real decreto.
Además de la tardanza y las cantidades nos produce sonrojo el tratamiento que se da en los diferentes artículos a los regímenes de contratación, a los regímenes preferenciales de crédito o a las medidas laborales, que nos parece claramente insuficiente. Ha habido reales decretos con mucha menos valoración de los daños ocasionados que han recibido un mejor tratamiento por parte del Gobierno. Pero además, señorías, en este real decreto-ley desaparecen las posibles ayudas a las comunidades autónomas. Además de los daños que corresponden a los ayuntamientos, hay otras infraestructuras que corresponden a las comunidades autónomas y cuya reparación, conociendo la situación económica de las mismas, difícilmente van a poder acometer si no reciben una ayuda de los poderes del Estado, en este caso del Gobierno central. Por tanto, señorías, aunque votemos a favor de este real decreto, solicitamos su tramitación como proyecto de ley por las críticas que ya hemos enumerado.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, intervendré muy brevemente desde el escaño. Prácticamente cada mes tenemos encima de la mesa una serie de reales decretos que están pensados para reparar los

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daños producidos básicamente por elementos de carácter meteorológico que afectan a zonas del territorio español. Unos años dominan los problemas de la sequía, otros son las fuertes lluvias o los vientos huracanados los responsables y en otras ocasiones la problemática se asocia a las nevadas tardías o al granizo. Eso ocurre prácticamente todos los años en el territorio español. Por tanto, los que ya llevamos algunos años en esta Cámara hemos visto que de forma paulatina se presentan estos reales decretos. Luego, entre todos intentamos presionar al Ministerio de Hacienda para que cumpla con su obligación, que es la de adaptar la tributación del IRPF a los beneficios -en el caso de los módulos la propia ley ya lo tiene previsto-, entramos en negociaciones con la Seguridad Social o con los ayuntamientos en relación con el IBI, y acabamos con la financiación de algunos puntos de algún crédito a los que siempre cuesta llegar.
Resumiendo, nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el real decreto que tenemos encima de la mesa y con el que posteriormente vendrá. Como la excepcionalidad no es tanta -es excepcional lo que ha pasado en Galicia pero a cada momento tenemos excepcionalidades de este tipo- sería bueno que hubiese una regulación que de forma automática solucionara estos problemas y así evitaríamos, señor ministro, esperar seis meses para solucionar un problema que seguramente se podría haber resuelto de forma más automática. Por tanto, partiendo de la base de que estamos de acuerdo, quizá sería bueno regular este tipo de sucesos que no son tan excepcionales -son excepcionales en una zona pero no en el conjunto del Estado español- y le daríamos más rapidez y un tratamiento más homogéneo.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender la posición del Grupo Socialista respecto al decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales que afectaron a Galicia y a Castilla y León. Los ciudadanos de Galicia y Castilla y León teníamos cierta esperanza en este decreto-ley, pues ustedes crearon expectativas y pensábamos que iban a ser generosos. Además los gallegos, con unas elecciones en puertas y un vicepresidente primero, podíamos pensar que eso nos beneficiaria y los castellano-leoneses, por el estreno de su ex presidente como ministro, también. Pero ya ven cómo son las cosas: ni con recomendación, como suele decirse en estos casos; con amigos de este tipo no nos hacen falta enemigos.
El tema no es para ironizar y por eso vamos a ser serios y rigurosos en nuestra exposición. Con este real decreto que traen al Pleno tratan de quitarse el problema de en medio, tratan de finalizar el debate público, pero los problemas con mayúscula, los problemas de los ciudadanos quedan sin resolver. Es un decreto totalmente insuficiente, restrictivo e impreciso y, además, al corresponder a dos comunidades autónomas, el reparto y la gestión quedan totalmente diluidos y, en todo caso, sujetos a posteriores órdenes ministeriales. Señor vicepresidente, es un mal decreto y lamento que usted haya tenido que presentarlo y no haya pasado como el ministro generoso con su tierra y con Castilla y León, tierra vecina. Decía el anterior ministro de Presidencia, en el debate de una interpelación en esta Cámara sobre el tema, que nos quedaríamos cortos en las expectativas, que cubriría hasta los caminos rurales y por eso tardaba. Ustedes se han quedado cortos, y las ayudas llegan tarde y mal, como trataré de explicar con algunas reflexiones.


Primero, desgraciadamente el temporal no terminó el 31 de enero, siguió en febrero y marzo; tuvo efectos devastadores nuevamente los días 21 y 22 con muertos, carreteras destrozadas, inundaciones en muchas ciudades y pueblos y grandes daños en la agricultura y la pesca. Por tanto, señor vicepresidente, ¿qué pasa con los daños posteriores al 31 de enero? Marzo no entra en los planes del Gobierno. ¿Y para eso esperamos hasta el 6 de abril? Segundo, los daños causados en Galicia por el temporal, según el consejero de Presidencia, señor Pita -tengo aquí el «Diario de Sesiones» del Parlamento gallego de 3 de abril-, se han evaluado por el Gobierno gallego en 59.050 millones de pesetas, que podemos desglosar según datos facilitados por dicho consejero: pesca y marisqueo, 15.000 millones; acuicultura, 6.928 millones; infraestructuras agrarias, 5.948 millones; infraestructuras municipales, 20.000 millones; infraestructuras de diputaciones, 1.800 millones de pesetas. La patronal de la construcción valora las pérdidas del sector en 38.000 millones y el sindicato Uniones Agrarias cita los daños en agricultura en 20.000 millones de pesetas.
Quedamos, por tanto, en Galicia muy lejos de las cifras de las que ustedes presentan hoy aquí.
Tercero, los mismos problemas podemos decir de Castilla y León, donde también siguieron los temporales en marzo y los daños agrarios, sólo en Toro, Benavente y Ciudad Rodrigo, están evaluados en unos 4.000 millones de pesetas, afectando fundamentalmente al maíz, remolacha y cereales. Eso ya no tiene vuelta atrás, pero afectan a toda la comunidad. Como afectan los daños en infraestructuras, algunas tan importantes como el derrumbamiento del puente de Veguellina de Órbigo, Nogarejas, por citar alguno, pero con más de veinte puentes dañados en sus estructuras. Es de lamentar

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también la falta de previsión de la Confederación Hidrográfica del Duero por no advertir a tiempo de desbordamientos como el del Pisuerga en Valladolid, causando por ello daños de consideración. En esta confederación, al parecer, priman más los intereses de las eléctricas que el interés ciudadano.
Hemos hablado de la evaluación de daños en Galicia, reconocidos por la Junta, por importe de 59.000 millones y en Castilla y León, a falta de valoraciones oficiales, se pueden estimar en 7.000 millones, y este decreto contempla sólo un crédito extraordinario de 4.000 millones para subvencionar el 50 por ciento de las obras que realicen los municipios. Son también poco generosos con las medidas fiscales que contempla el decreto-ley. Yo diría, si me lo permite, señor vicepresidente, que son casi cicateros, puesto que comparándolas con anteriores decretos, no sólo de la etapa socialista sino del Gobierno popular, este decreto es mucho más restrictivo.
Voy a referirme a alguno de sus artículos. No se contempla moratoria alguna para el pago de créditos hipotecarios y, en general, cualquier clase de créditos. ¿Qué van a hacer tantas familias que no han tenido actividad económica? En materia de exención de las cuotas sobre el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sólo se extiende al ejercicio del año 200. ¿Por qué no al año 2000 si los hechos catastróficos vienen desde octubre? El impuesto de actividades económicas sólo prevé una reducción proporcional para el ejercicio del año 2001; tal minoración no procede en el año 2000. Y hay antecedentes de exención, no proporcional sino total, en otros decretos. No contempla ninguna ampliación en el plazo del ingreso de deudas tributarias; no incluye ninguna reducción de la cuota tributaria correspondiente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte, es decir, sustitución de vehículos siniestrados. Todos los decretos anteriores establecieron una reducción de 165.000 pesetas por este concepto. ¿Acaso no hubo vehículos siniestrados en todas estas inundaciones? Respecto a las medidas laborales, no hay exención de cuotas del régimen especial agrario, sólo dos meses de bonificación, el resto una moratoria. ¿Para qué sirve una moratoria sino para acumular más deudas? En definitiva, son claramente inútiles también las ayudas de emergencia que contempla el artículo 7, regulado por Orden Ministerial del año 1993, modificado en julio de 1996, al que sólo pueden acceder personas que perciben ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional y que también se podía haber ampliado, como se ha hecho, por ejemplo, en el decreto para Extremadura.
Es, señorías, un mal decreto. Es una solución de trámite que no ayudará en absoluto a recuperar las mermadas economías de miles de ciudadanos de Galicia y Castilla y León, que han sido duramente castigados durante este larguísimo invierno. Sectores productivos como el agrario y el pesquero han sufrido infinidad de daños, así como las infraestructuras particulares, comercios, industrias, etcétera, y no verán ni un solo rayo de esperanza con la anunciada ayuda del Gobierno Aznar. En fin, señorías, tanta expectativa, tanta publicidad para tan poco contenido. Si me lo permiten, sólo me queda pensar que no pisan el terreno; que desconocen la realidad y que gobiernan con un mando a distancia, a lo que salga, máxime si se trata de comunidades donde gobierna el Partido Popular, que saben que son gobiernos que no van a ser reivindicativos y que se van a plegar a lo que diga el Gobierno. El objetivo es el déficit cero y las necesidades de los ciudadanos no entran en sus planes prioritarios.
Finalmente, señor vicepresidente, es doblemente malo por la cuantía y la falta de previsión. Y aunque aquí ahora no hablemos de nuevas inversiones, si fueran más previsores y ejecutaran obras de gran urgencia, no lamentaríamos ahora situaciones como las vividas este invierno. Y cito un caso muy próximo, el río Mero, en Cambre; cito Caldas de Reis, Sarria; cito pueblos que por el abandono en la limpieza de cauces de la Confederación Hidrográfica del Norte, en el caso de Galicia, y de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el caso de Castilla y León, sufren continuos daños. El principio de prevención sería deseable que se aplicara siempre. No hablo en este caso de inversiones futuras que pedimos en la moción debatida y que el decreto no contempla. Hablamos ahora de reparar daños causados por un temporal, por tanto sobrevenidos, pero insisto en que hay que ser previsores e invertir para prevenir lo que podemos hacer los humanos.
Ahora se trata, como decía, de reparar, de aliviar economías que han carecido de ingresos o han sufrido daños en sus hogares, comercios, vehículos, ganadería, agricultura, pesca e infraestructuras, que no ven resuelto nada en absoluto con este decreto ley. Yo le pregunto, señor vicepresidente. ¿Qué van a hacer para prever estas situaciones en el futuro? ¿Qué inversiones se van a ejecutar para prever riesgos que siguen amenazando? Hoy mismo la prensa gallega cita el riesgo de nuevas inundaciones en seis cuencas. ¿Cómo se compensa ese lucro cesante de tantas familias que han dejado de percibir ingresos? ¿Qué piensan hacer con febrero y marzo, que no han sido precisamente de bonanza climática? Por todo ello, el Grupo Socialista no puede asumir el contenido de este decreto, en el que el Estado sólo aporta, si sumamos lo cuantificado por la Xunta de Galicia más las previsiones de Castilla y León, un escaso siete por ciento. Conocemos muy bien la situación que han vivido miles de ciudadanos y no queremos ser cómplices de su dejación, por lo que votaremos en contra. No obstante, solicitamos que si se convalida el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley, para así poder enmendar desde mi grupo todas las carencias a que nos hemos referido y ayudar a paliar la grave situación vivida por los ciudadanos de Galicia y de Castilla y León. (Aplausos.) Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Marón.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular sí va a apoyar este real decreto porque en él se adoptan importantes medidas para reparar los daños causados por fuertes lluvias y fuertes temporales acaecidos desde finales de octubre del año 2000 hasta enero de 2001 en Galicia de forma muy general y en determinadas zonas de Castilla y León, extremo éste que a nuestro grupo, en modo alguno, le hace calificarlo de discriminatorio sino, muy al contrario, de solidario con cualquier español, viva en cualquier comunidad autónoma, que sufra problemas parecidos.
Las medidas han sido ya perfectamente detalladas por el señor vicepresidente y ministro del Interior. Medidas que afectan a varios ministerios y que abarcan aspectos desde luego muy diferentes y que nuestro grupo considera que son las adecuadas para atender con la máxima inmediatez posible unos daños que han sido lamentablemente mucho más elevados en Galicia, en donde los temporales se sucedieron uno tras otro durante cerca de tres durísimos meses. La diferencia de la aplicación de las medidas viene marcada por las especificidades de los daños. A nadie se le ocurre pensar que por el hecho de que en este real decreto aparezcan unas ayudas destinadas a mariscadores esto tenga que ver y vaya a afectar a los damnificados de Castilla y León. Por tanto, es la especificidad de los daños causados en cada una de las comunidades autónomas y lo relativo a cada uno de los sectores lo que hará que puedan utilizar los importantes beneficios que aparecen en ese decreto. Y además, sin poner límite, porque si son 1.000, 5.000 ó 10.000 mariscadores, el decreto no dice en modo alguno que sea para 1.000 ó para 5.000; los beneficios se establecen para cada uno de los pobres mariscadores que han sufrido estos graves problemas.
Por ello, señorías, no podemos compartir las posiciones negativas aquí claramente escuchadas. Muy al contrario, nuestro grupo cree, primero, que la actuación ha sido eficaz; segundo, que ha habido diligencia también en las medidas tomadas. Como las cosas hay que hacerlas con rigor y con responsabilidad -la valoración de daños no es algo que se haga de la noche a la mañana- en primer lugar por la persistencia de esos temporales, esto lleva sin duda un proceso y ese proceso requiere también lógicamente unos tiempos que en ningún caso han sido dilatados por la Administración central sino, muy al contrario, de forma coordinada han sido reducidos por esa coordinación eficaz que se ha llevado a cabo entre la Administración central y la Administración autonómica para imprimir la máxima celeridad posible. Por tanto, cuando apenas ha transcurrido algo más de dos meses, que es el marco temporal de este decreto, porque los hechos son a finales de enero, febrero, marzo y abril, por lo que no pueden hablar de ocho meses, la realidad es el marco temporal en el que este decreto actúa y ha sido de poco más de dos meses. Por tanto, hablar de un exceso en el tiempo me parece que claramente se descalifica por sí solo. También demuestran muy poca memoria quienes se han subido a esta tribuna y que, habiendo tenido responsabilidades de Gobierno durante más de trece años, hoy hablan también de retrasos y de escasas ayudas. Yo les pregunto desde aquí: ¿cuánto tardaban en aquellos años las ayudas -cuando las había, porque no siempre las dieron por los temporales- y cuál era el alcance y la cuantía de esas ayudas? Veamos los «Diarios de Sesiones» porque ellos son testigo de excepción y de veracidad de la cicatería de aquel gobierno pasado.
Nuestro grupo quiere también dejar constancia de que, desde el primer momento, tanto la Administración central como las autonómicas han colaborado directamente y en perfecta sintonía con las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones. Y todo ello, señorías, resultó ser un buen marco de acción para una respuesta idónea mediante medidas que son varias y flexibles por parte del Gobierno, como hoy se recoge en este real decreto. Pero no olvidemos que a las diferentes medidas y esos 4.000 millones de pesetas que han sido criticados, que son para la subvención por el Estado de hasta el 50 por ciento para reparación de daños en infraestructuras de las corporaciones locales, de ayuntamientos y diputaciones, hay que sumar también la participación que tienen que hacer esas entidades locales, porque son infraestructuras que les competen. Pero, además, varios grupos han considerado que son claramente insuficientes. A mí me gustaría, señorías, que dentro de un año podamos valorar si ha sido o no suficiente esa partida para hacer frente a esos gastos; vamos a ver dentro de un año si ha sido o no suficiente.


Decía que ante esa cantidad también es necesario recordar que la Administración central ha asumido de forma inmediata la reparación de todos los daños causados en infraestructuras que afectan a distintos ministerios, los ha reparado todos de forma inmediata por un importe de 1.400 millones, como recordaba perfectamente el señor vicepresidente hace unos días aquí, en el Parlamento. No podemos olvidar que en el marco de la corresponsabilidad de las administraciones implicadas a estas cuantías hay que sumar otras. De manera especial me gustaría responder y recordar al señor Rodríguez que la Xunta ha dispuesto de forma inmediata también ayudas importantes por un importe de unos 15.000 millones de pesetas, entre los que se encontraban 3.000 millones de pesetas que usted hace poco en esta Cámara no quería ni recordar, en concepto de anticipo a los ayuntamientos, como de forma similartambién ha actuado la Comunidad Autónoma de Castilla

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y León. Esto demuestra que los gobiernos del Partido Popular dan respuesta a los problemas que pueden surgir en la sociedad y, además, lo han hecho con el mejor de los estilos, movidos por el espíritu de la solidaridad con todos y por la voluntad de acuerdo también con todos, con las distintas administraciones. ¿Quiénes se beneficiarán de esto? Unos ciudadanos que, sin duda, lo han pasado muy mal y que hoy sentirán, cuando se apruebe este real decreto, que sus problemas están encauzados, por eso nosotros no lo vamos a dilatar con posibles tramitaciones ulteriores. Además, conviene recordar que una votación no debe nunca condicionar otra; problemas que estarán encauzados, porque se da respuesta a unos daños desde el rigor y desde la solidaridad, objetivos éstos que siempre están presentes en la acción del Gobierno del Partido Popular. Así lo viene haciendo claramente el Gobierno, así lo ha demostrado hoy el señor vicepresidente con este decreto, y afortunadamente tengo que decirle que también lo vienen valorando el pueblo gallego y el pueblo castellano- leonés, con el apoyo que reiteradamente le dan al Partido Popular. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Sainz.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación el punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales de enero de 2001 en las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 179; en contra, 98; abstenciones dos.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Sometemos seguidamente a votación la petición que ha sido formulada para que este real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 108; en contra, 159; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 7/2001, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS E INUNDACIONES ACAECIDAS DURANTE LOS DÍAS 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2000 EN LAS PROVINCIAS DE TARRAGONA, ZARAGOZA, TERUEL, CASTELLÓN, VALENCIA Y MURCIA. (Número de expediente 130/000016.)

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los días 21 al 26 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor vicepresidente. (Rumores.) Señorías,ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo con diligencia.
Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me dirijo a ustedes para dar cumplimiento al trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidos durante los días 21 a 26 de octubre del año pasado en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia.
En esta ocasión, el desarrollo de una fuerte borrasca en capas medias y altas de la atmósfera dio lugar al desencadenamiento del proceso atmosférico denominado gota fría, que afectó a gran parte del litoral mediterráneo en las fechas antes mencionadas. La intensidad del temporal produjo daños en la red nacional y regional de carreteras, en vías férreas, instalaciones de titularidad municipal, autonómica y estatal, viviendas particulares, producciones agrícolas, industrias, comercios, instalaciones costeras, infraestructuras hidráulicas e infraestructuras agrarias y rurales de aprovechamiento y uso colectivo.
En la Comunidad Valenciana los efectos más perjudiciales se dejaron sentir en la provincia de Castellón, y más concretamente en la mitad norte de ésta. En la provincia de Valencia la zona más dañada fue la situada entre los ríos Turia y Júcar. En esta comunidad autónoma hubo inundaciones en núcleos urbanos y urbanizaciones cercanas a la costa, en polígonos industriales y explotaciones agrícolas y se produjeron además fuertes arrastres de tierras y daños en infraestructuras productivas y en cosechas. La provincia de Alicante tuvo precipitaciones

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de menor importancia, aunque destacaron las producidas en la localidad de La Marina.
La Región de Murcia sufrió los episodios de lluvia más intensos durante los días 22 y 23 de octubre, que provocaron crecidas en la cuenca del Segura causando daños en la correspondiente red de drenaje de la infraestructura hidráulica. Aunque el plan de defensa contra avenidas de la cuenca del Segura permitió evitar inundaciones masivas, hubo riadas muy intensas y rápidas en las ramblas costeras de municipios y pedanías de Lorca, Cartagena y Torre Pacheco.
En la Comunidad Autónoma de Aragón las precipitaciones afectaron a las provincias de Zaragoza y Teruel. En esta última el desbordamiento del río Matarraña afectó a 33 municipios, siendo la fuerza del agua tan intensa que rompió un puente en Peñarroya de Tastavíns y destruyó parcialmente otro en Mazaleón, además de arrancar varias torres de suministro de electricidad. En otros municipios hubo necesidad de evacuar a numerosos vecinos y la potabilidad del agua se vio afectada.
En la provincia de Zaragoza las lluvias se dejaron sentir muy intensamente en la zona norte, en la que hubo 23 municipios afectados, especialmente los que forman parte de la comarca de las Cinco Villas. Hubo una importante alteración de los servicios esenciales, con cortes en carreteras y vías urbanas, cortes de suministro eléctrico, pérdidas en cosechas y explotaciones agrarias y destrucción de caminos y daños en diversas infraestructuras.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña las tormentas afectaron a la provincia de Tarragona, produciéndose inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes de carreteras y de suministro eléctrico. En la noche del 22 de octubre hubo que lamentar cuatro fallecimientos y una desaparición debido a que un coche con cinco ocupantes fue repentinamente arrastrado por las aguas. Al día siguiente hubo que lamentar la muerte de una anciana que falleció ahogada en su vivienda por el desbordamiento de las aguas. El día 24 la Guardia Civil tuvo que realizar evacuaciones preventivas ante la posibilidad de más inundaciones.
Como en el caso anterior, el Gobierno ha tenido que realizar un esfuerzo con el fin de dar una adecuada respuesta a todos estos acontecimientos, siendo esta la finalidad del real decreto-ley que nos ocupa. El texto de esa norma, igual que en el caso anterior, contiene una serie de medidas dirigidas a paliar y reparar en lo posible los daños producidos. Estas medidas son las siguientes.
Medidas administrativas relacionadas con la declaración de zonas de actuación especial en las áreas afectadas por las lluvias e inundaciones producidas entre los días 21 y 26 de octubre de 2000, con la finalidad de que los departamentos competentes puedan reparar esos daños, además de adecuar, como ya es habitual en este tipo de normativas, los regímenes de contratación a las circunstancias de emergencia y urgencia de las obras.
Medidas fiscales consistentes en exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos; reducción del impuesto sobre actividades económicas de modo proporcional al período de tiempo por el que tuvo que cesar la actividad, y reducciones fiscales especiales para actividades agrarias.
Medidas laborales similares a las contenidas en el real decreto-ley antes visto. Es decir, medidas relacionadas con eventuales expedientes de regulación de empleo considerados como producidos por situación de fuerza mayor, y medidas relacionadas con exenciones y moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Ayudas de emergencia para particulares por daños personales y en viviendas y enseres de primera necesidad, concretándose las siguientes medidas: ayudas a particulares que acrediten escasez de recursos; ayudas a corporaciones locales con escasez de recursos y que hayan tenido que incurrir en gastos ante la situación de emergencia en los mismos términos que hemos visto para el real decreto-ley anterior; resarcimiento del total de gastos, daños y perjuicios para las personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes ante las circunstancias de emergencia producidas. Para el desarrollo efectivo de todas estas medidas en este caso se establece la concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.000 millones de pesetas, cuyo fin es la subvención por parte del Estado de hasta el 50 por ciento de los gastos de reparación o restitución de todas aquellas infraestructuras, equipamientos o instalaciones de las entidades locales, así como los gastos de reparación de la red de carreteras correspondiente a las diputaciones provinciales.
Por otra parte, se establece una línea preferencial de crédito por un total de 3.000 millones de pesetas, ampliable por el Ministerio de Economía, con el fin de reparar o reponer cualquier tipo de instalaciones o explotaciones industriales, mercantiles, agrarias o ganaderas que hubieran resultado afectadas por el temporal.


Se trata, en fin, como en el caso anterior, de ayudar y de contribuir a normalizar una situación que ha afectado en algunos casos con gran intensidad y dureza a muchos de nuestros conciudadanos. Creo, señorías, que estas medidas cumplirán adecuadamente la finalidad para la que van a ser destinadas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, estamos discutiendo el Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes -y aquí viene la primera, por decirlo de una forma coloquial, tomadura de pelo- para reparar los daños causados por unos temporales que ocurrieron en el mes de octubre del año 2000. Aquí no cabe la excusa, señorías, como hacían en el debate del decreto anterior, de que se está hablando de hasta el mes de enero del año 2001 y que, por tanto, no hay nada más que dos meses de demora. Aquí estamos hablando del mes de octubre del año 2000. Por tanto, son medidas urgentes que desde luego, si en algún momento no se hubieran tomado por alguna otra Administración, no solamente llegarían tarde, sino que serían inservibles. Pero además de que este decreto sea urgente, hay diferencias sustanciales no solamente con decretos anteriores para paliar las catástrofes producidas por lluvias, sino también diferencias sustanciales incluso con el decreto que se ha ratificado en el punto anterior. Si quieren ustedes, vamos a ir artículo por artículo.
Empezamos por el artículo 1, que es el ámbito de aplicación. Este Decreto 7 solamente se aplicará a la reparación de los daños de consideración, cuando en el decreto anterior se hablaba simplemente de daños ocasionados o de daños causados por el temporal. Señorías, cuando se habla solamente de daños de consideración habría que establecer en todo momento cuáles son considerados como importantes y cuáles son considerados más normales y que no estarían dentro de la aplicación de este real decreto.
Siguiendo con el análisis del real decreto-ley, tampoco podemos entender por qué, en el artículo 4, al aplicar las reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias que establece este real decreto-ley, se excluyen las explotaciones agrarias de los territorios de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia que estén regidas en sus estimaciones por módulos, cuando en el decreto anterior estaban incluidas.
Tampoco entendemos por qué, en el artículo 5, se excluye a los trabajadores del régimen especial agrario o a los trabajadores del régimen especial de la Seguridad Social por cuenta propia o autónomos. En mi comunidad, en la Comunidad Autónoma Valenciana, la mayoría de las explotaciones agrarias que han sido dañadas por estos temporales están regidas por personas acogidas o al régimen especial agrario o al régimen de autónomos. Por lo tanto, estas explotaciones agrarias se verían desfavorecidas al ser excluidas de la aplicación de este real decreto-ley.
Como les decía, señorías, más bien parece una tomadura de pelo que, en el artículo 7, hablemos de ayudas de emergencia a las familias y unidades de convivencia económica por los daños en sus viviendas o en los enseres de primera necesidad, cuando en el presente mes de abril se está aplicando un decreto relativo a los daños ocasionados en el mes de octubre del año 2000. Y hay otras diferencias que no nos parecen entendibles; por ejemplo, que los préstamos que se puedan haber concedido en función de lo que en este real decreto-ley se recoge no se puedan sustraer del acuerdo que se ha suscrito con el Consorcio de compensación de seguros.
Además de estas grandes diferencias, que discriminan de una manera radical a Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia, este real decreto es escaso económicamente y sin posibilidades de que vaya realmente a paliar los graves daños sufridos por las inundaciones. Solamente en la provincia de Murcia, los daños se han valorado en alrededor de 4.000 millones de pesetas y en la de Valencia, en alrededor de 2.000 millones; y es una valoración aprobada en un decreto de la propia Consellería valenciana. Por lo tanto, señorías, ya serían 6.000 millones de pesetas, que nada tienen que ver con la cantidad aprobada en este real decreto-ley, que son 2.000 millones de pesetas. Es más, señorías, se han concedido créditos ampliables para poder subsanar aquellas deficiencias económicas que no se hubieran incluido en la valoración a la hora de establecer la cuantía económica, y estos decretos, tanto éste como el anterior (a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, y con decretos de la misma naturaleza), tienen una cuantía económica cerrada, que no es ampliable y que a todas luces se demuestra que es escasa; y además de tener cuantías escasas, señorías, no se sabe qué cantidades económicas son las que van a dedicarse a cada una de las zonas afectadas. Concretamente, en este real decreto estamos hablando de seis provincias, pero no sabemos cómo se va a repartir el dinero ni cuáles van a ser las prioridades que se van a establecer para repartir los recursos.
Señorías, con independencia de cuál sea el voto de nuestro grupo parlamentario, lo que queremos es que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley, y en este momento así lo demandamos, para subsanar las deficiencias y las discriminaciones que se producen en el texto que ha presentado el Gobierno y para que, además, se pueda recoger la mayoría de las propuestas de los grupos parlamentarios, con el fin de mejorarlo sustancialmente. No sirve que se nos diga lo bien que se está haciendo por parte del Gobierno (porque se hace tarde y, por lo tanto, ya no se hace bien) y que la tramitación como proyecto de ley puede suponer una dilatación en la aplicación de las medidas. Las medidas están aprobadas y se están aplicando ya (porque los reales decretos se aplican una vez que han sido aprobados por el Gobierno y publicados); la tramitación como proyecto de ley no supone ninguna dilación en su aplicación. En todo caso, señorías, supondría una garantía de mejora para las personas y para las empresas que se han visto afectadas por las inundaciones, pero en ningún caso un retraso; supondría mejorar lo que el Gobierno empeora una vez tras otra, que son los decretos para reparar los daños producidos por catástrofes meteorológicas.


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Por otra parte, puesto que estas catástrofes meteorológicas ocurren por desgracia con bastante frecuencia en nuestro país, sería conveniente que tuviéramos una ley de aplicación inmediata que marcara unos mínimos. De ese modo, no nos veríamos, como ahora, hablando ocho meses después de medidas urgentes que poco van a paliar ya si no se han tomado antes.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos debatiendo el Real Decreto ley 7/2002, destinado a reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones que tuvieron lugar entre los días 21 al 26 de octubre de 2000. Estas inundaciones se produjeron en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia.
Este real decreto viene a sumarse al Real Decreto 3/2001, de 9 de febrero, destinado a reparar los daños producidos en Cataluña por las inundaciones que tuvieron lugar el 1 de julio. En aquel momento dije que el real decreto llegaba tarde y mal; tarde, porque se aprobó ocho meses después de los hechos, y mal porque tenía muy poca dotación: 500 millones, que no eran ni mucho menos los 1.500 que requería la reparación de los daños producidos; los mismos que había aportado ya la Generalitat de Catalunya. No obstante, al acabar mi intervención, dejaba una puerta abierta a la esperanza, y esa puerta se ha cerrado hoy de un portazo, señor ministro. Para verlo, vayamos al real decreto que estamos debatiendo hoy.
Este real decreto adolece de los mismos defectos que el mencionado anteriormente: llega tarde y mal. No son ocho los meses, pero son alrededor de siete; por tanto, llega tarde. Llega mal porque, al igual que el otro, está mal dotado; tiene una dotación económica insuficiente. En la exposición de motivos del real decreto ley leemos textualmente: la magnitud de los hechos y sus consecuencias perjudiciales exigen -repito: exigen-, desde el principio constitucional de la solidaridad, una acción de los poderes públicos tendente a la adopción de medidas paliativas y reparadoras adecuadas a la situación creada. Es decir, que el mismo real decreto reconoce la gravedad de los hechos y la necesidad de medidas paliativas.
Insisto en que llega tarde porque llega con retraso, igual que el otro, y mal porque está mal dotado.
Señor ministro, los muchos municipios afectados y sus cientos de miles de habitantes esperaban más; esperaban, sobre todo, un real decreto bien dotado, bien conjuntado y suficiente para reparar los daños de las zonas afectadas. Ante el drama humano y la destrucción de infraestructuras, el Gobierno debe responder; debe y puede.
Los que no pueden son los pequeños municipios sin capacidad económica que, aparte de hipotecar sus arcas, dejan de ejecutar obras básicas previstas en sus presupuestos para dedicar dinero a reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones. Además, señor ministro, el Gobierno del Estado debe preparar un marco legislativo que prevea estas catástrofes climatológicas. Así evitaremos, en primer lugar, retrasos angustiosos y, a la vez, aportaciones injustas. Debe estar previsto cuánto se tiene que aportar, cuándo y cómo. Así se evitarán aportaciones al libre albedrío de alguien, como ahora ocurre, dependiendo de la voluntad del ministro de turno.
Señorías, la Generalitat de Cataluña, en los hechos acaecidos en junio de 2000, aportó 1.000 millones más que el Gobierno del Estado y ahora con este nuevo real decreto-ley se produce un hecho igual, dado que el Estado sólo aporta unas cantidades mínimas de alrededor de 2.000 millones de pesetas a repartir entre todas las comunidades autónomas afectadas, cuando sólo en Tarragona los daños valorados ascienden a más de 3.500 millones.
Señor ministro, una vez más, le pedimos que recapacite. El Gobierno catalán ya ha aportado en las dos inundaciones más de 3.500 millones y esperamos que el Gobierno del Estado haga lo mismo. Con acciones como éstas se obliga a las administraciones autonómicas a aportar lo que les corresponde y más, y después oímos en boca de políticos y de medios de comunicación que las autonomías se endeudan demasiado. Qué remedio les queda a las autonomías cuando el Gobierno del Estado no responde ante hechos como éstos.
Voy a acabar como acabé el pasado día 22 de febrero, con relación al decreto-ley que en aquel momento estábamos debatiendo. Le ofrezco, señor ministro, nuevamente dos puertas, dos salidas, dos posibilidades de enmendar un problema que afectará a muchos municipios, que ya está afectando por lo pírrico del anterior real decreto y que afectará si se aprueba tal y como está. Estas dos puertas, señor ministro -ya lo ha pedido algún grupo que ha intervenido anteriormente-, son las siguientes: la primera, que, una vez convalidado el real decreto-ley, se tramite como proyecto de ley para enmendar así aspectos como el artículo 10 para poder llegar hasta los 4.500 millones en lugar de los pírricos y pobres 2.000 millones. La segunda puerta sería incrementar la aportación del Estado en el Pla de serveis de Catalunya en 1.000 millones más.
¡Fíjese qué fácil! Aportaríamos aquello que en el anterior real decreto, por lo que creíamos que era un lapsus -que después vimos que no era tal-, no se aportó. Esperamos que esta sea una respuesta positiva; señorías, sería una respuesta institucionalmente solidaria, tal y como dice la exposición de motivos, que se exige desde el principio constitucional de solidaridad. Este paso que

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ahora se podría dar, su tramitación como proyecto de ley, podría enmendar la situación actual.
Anuncio que en caso de no ser aceptadas ninguna de las dos peticiones nos abstendremos en la votación. No votaremos a favor por la pobreza del decreto y porque no sirve para aquello que debería de servir, para reparar los daños, para subsanar catástrofes y para dar un instrumento a los municipios afectados para que económicamente puedan seguir adelante con las reparaciones de sus infraestructuras, apoyando a las personas y empresas afectadas. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) No votaremos en contra para que no sea mal entendida la votación y para que no se pueda entender que nos oponemos a unas aportaciones económicas mínimas y pírricas. Repito el anuncio de que en caso de no ser atendida esta petición, nos abstendremos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pla.


El señor PLA DURÁ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición respecto al Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril.
En primer lugar, tenemos que afirmar claramente que es una norma muy deficiente. En su anodina presentación, el ministro ha dicho que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Tratándose de una norma cuya finalidad era ayudar a miles de personas afectadas por las lluvias e inundaciones ocurridas en octubre, el esfuerzo francamente ha sido muy escaso. Tenemos que afirmar también que este real decreto no resuelve prácticamente ninguno de los problemas causados a la mayor parte de los afectados y representa claramente una continuidad en una política cicatera, en una política antifuncional de los gobiernos del Partido Popular a la hora de hacer frente a estos fenómenos naturales, fenómenos que, lejos de ser extraordinarios, aparecen de manera habitual todos los años en determinadas comunidades autónomas, entre ellas, la Valenciana. El propio Gobierno reconoce la frecuencia cada vez mayor de estos fenómenos meteorológicos, sobre todo desde 1996; no sé si eso también es casual. Sin embargo, parece que el Gobierno no aprende nada. Incorpora medidas cuyo objetivo no difiere de las adoptadas con anterioridad en situaciones semejantes, pero cada vez asistimos a un mayor nivel de resignación ante estas situaciones, a tenor de la abulia que se observa tanto en el trámite, que se alarga más allá de los plazos razonables, como en el fondo del propio real decreto-ley.
La eficacia y eficiencia de este Gobierno para afrontar de manera urgente estos temas es cada vez menor. Desde que asistimos, como decía antes, desgraciadamente a una sucesión de decretos promulgados para paliar efectos devastadores de la climatología, se observa que el tiempo de reacción del Gobierno del Partido Popular empeora. Antes se ha hablado aquí de ocho meses para tramitar un real decreto-ley, en éste estamos hablando de siete meses. La Administración periférica del Estado es cada vez más lenta y más torpe a la hora de afrontar algo que tendría que efectuarse con una cierta rapidez, dada esa experiencia que hemos ido acumulando. Esos seis meses devienen, claro está, de la ineficacia de esa Administración periférica del Estado a la hora de recabar datos e información. En el caso de la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, puedo decir que transcurridos casi dos meses de los hechos, la Delegación del Gobierno ni siquiera había entrado en contacto con muchos de los ayuntamientos afectados. Si las medidas se vienen repitiendo, si los trámites y secuencias son los mismos tanto a la hora de recabar información para cuantificar los daños como de concretar las medidas de tipo administrativo, fiscal financiero o laboral, ¿por qué tenemos que discutir ahora aquí, siete meses después, la convalidación de un real decreto? Señorías, uno puede sacar la conclusión de que ha habido ineficacia e ineficiencia, eso está claro. Un Gobierno tiene que responder ante este tipo de hechos inmediatamente, con eficacia, de otra forma; si no estamos hablando claramente de causar graves perjuicios, además de los que ya sufrieron, a las personas y bienes de las comunidades autónomas afectadas.
Seguramente pueda ser una de las razones el famoso déficit cero, y piensen que la mejor forma de minimizar los efectos sobre el Presupuesto General del Estado es dilatar estas medidas, dilatar la convalidación de estos reales decretos para que la gente se aburra, desista y no reclame ante la clara insuficiencia financiera, ante la insuficiencia de créditos que ustedes han asignado mediante este real decreto-ley. Es una cantidad no sólo insuficiente, sino francamente ridícula. 2.000 millones de pesetas para cinco provincias me parece, como decía, ridícula para hacer frente a la cantidad de obras que muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales tienen que hacer.
Como también se ha dicho en esta tribuna, en algunos casos se trata de ayuntamientos pequeños que tienen que renunciar a sus actuaciones ordinarias para hacer frente a estas extraordinarias. Sólo en las provincias de Castellón y Valencia, las estimaciones de daños que ha hecho la Federación Valenciana de Municipios y Provincias -no sabemos cuáles ha hecho la Delegación del Gobierno- ascendía a 14.000 millones, además -como también se ha señalado aquí- de los 3.500 millones que la Generalitat catalana había calculado en daños en la provincia de Tarragona, sin tener en cuenta las de Zaragoza, Teruel y Murcia. A diferencia de otros decretos anteriores que asignaban un porcentaje más próximo al 15 por ciento de las estimaciones que se habían hecho en las correspondientes zonasterritoriales, aquí no llegamos ni al 10 por ciento. Como

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se ha mencionado aquí, este decreto no asigna un crédito extraordinario ampliable sino cerrado. Nos parece que ustedes no tenían mucho interés en que las comunidades pudiesen ver resarcidos sus perjuicios.
Además de la tardanza y la clara insuficiencia presupuestaria que debe ser corregida para hacer creíble - como también usted ha dicho en la presentación- el principio de solidaridad, el presente real decreto tiene graves carencias de fondo que en algún caso empeoran lo establecido en anteriores decretos y que brevemente voy a resumir. En primer lugar, no contempla moratoria alguna para el pago de créditos hipotecarios, pignoraticios y, en general, cualquier clase de créditos vencidos o que vencen en períodos posteriores a los hechos y hasta los límites que se hubiese considerado oportuno para aminorar determinadas situaciones personales, familiares o empresariales producidas por estas inundaciones. En segundo lugar, tampoco contempla la indemnización de los daños directos causados por las lluvias e inundaciones sobre producciones agrarias con pólizas de seguro en vigor, cuando dichos riesgos no estuviesen cubiertos por dichas pólizas. En tercer lugar, no se autoriza la minoración de la cuota tributaria del impuesto especial sobre determinados medios de transporte para la adquisición de vehículos que sustituyan a los que hubieran tenido siniestro total. Eso era habitual en todos los anteriores decretos y en éste ha desaparecido. Pero lo más grave, señor ministro -aquí se ha discutido anteriormente otro real decreto- ley-, es que en el presente discriminan claramente a las cinco provincias que están afectadas porque eliminan una de las medidas laborales que afecta a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, así como a los titulares de explotaciones agrarias incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social o autónomos, como si la Comunidad Valenciana no tuviese una gran cantidad de agricultores en estos dos regímenes especiales. Me parece una decisión equivocada que afecta gravemente a los intereses de muchas personas, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
En otro orden de cosas, pero no menos importante, ¿cómo es posible que al día de hoy no haya un plan de actuación para estas situaciones que facilite claramente el control de los daños por parte de la Administración, sin necesidad de establecer cláusulas de casi imposible cumplimiento para los afectados que por este motivo terminan muchas veces renunciando a solicitar las ayudas? La experiencia acumulada en estas ayudas evidencia que la gestión de las mismas la deba hacer directamente la Administración, facilitando al máximo lo que son las tramitaciones, la valoración y la certificación de daños.
Señorías, creemos que no es posible que se centre fundamentalmente en los préstamos subsidiados la esperanza de paliar los daños de unas inundaciones cuando un buen número de afectados son agricultores que al perder previsiblemente sus cosechas han perdido con ellas la capacidad de endeudarse, aunque sea a bajo interés. Como consecuencia de la lentitud y la desidia del Gobierno, los ayuntamientos afectados tienen que soportar otro gravamen, que es el tener que devolver impuestos ya girados en los municipios, como son el IBI de naturaleza rústica, el IBI de naturaleza urbana y el impuesto sobre actividades económicas. Se grava de forma innecesaria a los municipios porque, como SS.SS. conocen, esta actuación administrativa acarrea costes económicos de personal y de tiempo ciertamente gravosos, especialmente en ayuntamientos con menor capacidad de gestión, que en el caso de estas inundaciones son muchísimos, señor ministro.
Señorías, si no somos capaces de establecer con carácter general unos criterios claros, eficaces y eficientes, que sirvan para afrontar tales hechos cuando se producen, estaremos situando a nuestro país en la cola de los países avanzados en cuanto a políticas a implementar en caso de catástrofes naturales. Lo peor es que en algunas comunidades, como la mía, ya llueve sobre mojado. Detrás de este real decreto-ley y de las medidas de reparación de los daños está el tema de fondo, la prevención de los mismos, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras ad hoc, que han de posibilitar el encauzamiento de las aguas. En mi comunidad existe desde hace algunos años un plan contra las avenidas, contra inundaciones, que prevé toda una serie de actuaciones que han sido reiteradamente incumplidas por el Gobierno del Partido Popular. En concreto y para mayor desfachatez, alguna de ellas después de llevar cinco años en el anexo de inversiones del Plan hidrológico nacional, cuya votación se ha celebrado esta misma mañana. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Si estas obras se hubiesen llevado a cabo cuando había que hacerlo, si se hubiesen ejecutado los presupuestos que ustedes mismos hicieron, seguramente ahora no estaríamos hablando de estos daños, sino que estaríamos hablando de una cuantía menor, porque se trata de obras que han sido consideradas urgentes, que no deberían estar todavía pendientes de ejecutar y que no deberían figurar, como he dicho antes, en el anexo del Plan hidrológico nacional. Me refiero, en concreto, a un conjunto de medidas y de obras de la ribera del Júcar.
Es hora de que desde el Gobierno se tome en serio la política contra catástrofes naturales, que en el caso de las lluvias torrenciales e inundaciones, aunque no sólo ellas porque también están los incendios forestales, ya no son fenómenos naturales extraordinarios sino recurrentes, año tras año, y en esa medida tienen casi el carácter de ordinarios.


La señora PRESIDENTA: Señor Pla, le ruego concluya, por favor.


El señor PLA DURÁ: Voy acabando, señora presidenta.


Por esa razón, aun manifestando que vamos a votar en contra y a sabiendas de que el grupo mayoritario

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impondrá su voluntad sin atender a las argumentadas razones que he dado, nuestro grupo solicita la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley, con carácter de urgencia, para subsanar esas carencias, esas deficiencias mencionadas y colmar las aspiraciones de cientos de ciudadanos de cuatro comunidades autónomas, que sólo solicitan justicia en las cantidades y equidad en el reparto de las ayudas.
Sin todas estas medidas, decretos-leyes como éste sólo son parches.
Les pido, por tanto, señores del Grupo Popular -a ustedes que cada día son menos creíbles en esto del agua y que después del Plan hidrológico, aprobado hoy como un paseo militar, lo más previsible es que, transcurrido cierto tiempo, lo serán menos todavía- que no caigan en la prepotencia, que reconsideren su actitud y hagan posible que se tramite como proyecto de ley para mejorar claramente estas ayudas, porque al final ganarán los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular sí va a apoyar este real decreto-ley, porque consideramos que, tal y como dice la exposición de motivos, la magnitud de los hechos y sus consecuencias perjudiciales exigen una acción de los poderes públicos tendente a la adopción de medidas paliativas y reparadoras adecuadas a la situación creada, estableciéndose los procedimientos que garanticen de manera rápida y flexible la financiación de los gastos que se deriven de la reparación de los daños producidos y de la rehabilitación de los servicios públicos afectados.
A este respecto, quiero señalar que en esta tribuna alguno de los intervinientes ha hecho unas afirmaciones que no se ajustan, en absoluto, a la realidad. En cuanto a las diferencias sustanciales con otros reales decretos, o no se han leído bien el real decreto o no han hecho la interpretación adecuada. Las medidas establecidas se aplicarán a la reparación de los daños de consideración ocasionados, pero no hay que entender que los daños de consideración tienen que ser cuantiosos, no es ésa la interpretación, sino que son los que tienen una consideración adecuada y normal. Por otro lado, se dice que los términos municipales y núcleos de población afectados se determinarán por orden del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, a propuesta de las delegaciones del Gobierno en las respectivas comunidades y se entenderán también incluidos aquellos términos municipales o núcleos de población en los que sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes. A los proyectos que ejecuten las entidades locales se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste. El crédito extraordinario de 2.000 millones de pesetas se destinará exclusivamente a la reparación de daños en infraestructuras locales, cuyo fin es la subvención del Estado de hasta el 50 por ciento de los gastos de reparación o restitución de todas aquellas infraestructuras, equipamientos e instalaciones de las entidades locales que tengan escasez de recursos si superan el 3 por ciento de sus partidas presupuestarias para gastos corrientes.
El real decreto-ley recoge con toda clase de detalles, en sus diez artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales, el ámbito de aplicación, los daños en las restantes infraestructuras públicas, los beneficios fiscales, las reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y las medidas laborales, entre las que se destaca todo lo referente a los expedientes de regulación de empleo, las cuotas de la Seguridad Social -que afectan a todos, no hay ninguna exclusión-, la extinción de los contratos cuando existan, las prestaciones por desempleo y las subvenciones del Inem y trabajos de colaboración social; así como el régimen de contratación, todo lo referente a las obras, infraestructuras y urgente ocupación; las ayudas de emergencia, con arreglo a las órdenes del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 y 30 de julio de 1996 y las líneas referenciales de crédito mediante la instrucción al ICO para instrumentar una línea de préstamos por importe total de 1.000 millones de pesetas -algún portavoz que acaba de intervenir ha silenciado la cantidad de 3.000 millones de pesetas-, que podrá ser ampliado -no es un crédito cerrado, como se ha dicho en esta tribuna- por el Ministerio de Economía en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las comunidades autónomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboración para financiar la reparación o reposición de instalaciones industriales y mercantiles, vehículos comerciales, explotaciones agrarias y ganaderas de todo tipo y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto dañados como consecuencia de las lluvias e inundaciones, y la cooperación de con las administraciones locales. También hay un crédito extraordinario, dotado con 2.000 millones de pesetas, para la reparación de daños en infraestructuras de carácter local. Hay que tener en cuenta que lo establecido en este real decreto se entiende sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las comunidades autónomas, al amparo de los estatutos de autonomía.
Por tanto, no existen esas diferencias a las que se ha hecho referencia por algún portavoz y, desde luego, ninguna comunidad autónoma queda excluida de lo que se prevé en otros reales decretos.
Ha habido muchas

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ayudas de emergencia con cargo al Ministerio del Interior en meses anteriores. En estos meses, no solamente se han obtenido los datos correspondientes y se ha preparado este real decreto sino que se han adoptado medidas y ha habido coordinación con el resto de administraciones públicas, a nivel autonómico y provincial, con la Administración central del Estado.
Hay que tener en cuenta, a efecto de la reparación de los daños causados, que en el caso de bienes de titularidad estatal estos gastos se atenderán con los créditos consignados en los distintos departamentos ministeriales afectados. En cuanto a los daños de infraestructuras de uso colectivo, hay que tener en cuenta que estas infraestructuras son de titularidad de comunidades autónomas.
Respecto a los daños en cultivos, actualmente la mayor parte de los riesgos se encuentra ya asegurada, por lo que no se considera necesario la concesión de un crédito extraordinario para esta finalidad en los que estén asegurados. En el caso de las ayudas del Ministerio del Interior, se les dará cobertura mediante las correspondientes ampliaciones de crédito, en las aplicaciones presupuestarias previstas para atender este tipo de actuaciones.
Dentro de los daños producidos a otros bienes, se solicitarán ayudas para Renfe, por importe de más de 1.000 millones de pesetas, y para el aeropuerto de Valencia, por importe de más de 37 millones, ayudas que deben atenderse desde las dotaciones de las respectivas entidades públicas empresariales. En el caso de los daños producidos en cuarteles de la Guardia Civil, dado que no comportan gastos muy elevados en estas comunidades autónomas, habrán de atenderse desde los créditos del Ministerio del Interior. Por último, para atender los daños en infraestructuras municipales y en viales de las diputaciones provinciales, de los que al Estado le corresponde la cobertura del 50 por ciento, se considera que, con destino a la cobertura de las necesidades más urgentes, procede la concesión de ese crédito extraordinario del Ministerio de Administraciones Públicas por un importe de 2.000 millones, al que antes he hecho referencia.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular considera que este real decreto-ley está suficientemente estudiado y dotado. El crédito no es cerrado, sino ampliable, como dice el propio texto en el artículo correspondiente, lo que pasa es que hay que leerse todos los artículos, desde el principio hasta el final. A la vuelta de poco tiempo, veremos quién tenía razón, veremos si es una norma deficiente -como ha dicho algún interviniente-, si es ineficaz y si es una cantidad ridícula o adecuada, teniendo en cuenta que es un crédito que no está cerrado y que no se pretende crear problemas a las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, resolverlos en todas y cada una de ellas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los días 21 al 26 de octubre de 2000 en las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 159; en contra, 90; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, convalidado el referido real decreto-ley. Puesto que ha sido solicitada su tramitación como proyecto de ley, sometemos a votación en este momento dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 107; en contra, 154.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación del referido decreto-ley como proyecto de ley.


- REAL DECRETO-LEY 8/2001, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES. (Número de expediente 130/000017.)

- REAL DECRETO-LEY 9/2001, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS ADICIONALES EN EL MARCO DE ERRADICACIÓN DE LAS ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES. (Número de expediente 130/000018.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos, por último, el debate conjunto del Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, y el Real Decreto-ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Para la presentación de ambos decretos, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura. (Rumores.) Señorías, al objeto de que podamos continuar con diligencia el debate de los dos puntos del orden del día que quedan, les ruego abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, de la manera más diligente posible y en silencio.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, señorías. El Real Decreto-ley 8/2001, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, aprobado por el Consejo de Ministros de 6 de abril, que tengo el honor de presentar, en primer lugar, ante esta Cámara hoy, y del que espero obtener el respaldo para su convalidación, tiene como objetivo establecer el sistema de infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos de las obligaciones establecidas... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños, a ser posible.
Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias presidenta.


Como decía, este real decreto tiene como objetivo establecer el sistema de infracciones y sanciones y aplicables a los incumplimientos de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria nacional para la prevención de estas enfermedades transmisibles, tanto las que afectan a los rumiantes como las relativas a alimentación e identificación de los animales de producción.


Como saben SS.SS., el cumplimiento de todas estas obligaciones acordadas por las instituciones europeas se ha plasmado en tres disposiciones de carácter nacional: el Real Decreto 1911, de 24 de noviembre de 2000, el Real Decreto 3454, de 22 de diciembre de 2000 y el Real Decreto 221, de 2 de marzo de 2001. El régimen de infracciones y sanciones actualmente vigente para garantizar la protección de consumidores y salud de las personas se contiene en la Ley 26, de 19 de julio de 1984, para la defensa de consumidores y usuarios y en el Real Decreto 1945, de 22 de julio de 1983 y, básicamente, en la Ley 14/1996, de 25 de abril, general de Sanidad.
En el ámbito de sanidad animal, se contienen en un decreto de 4 de febrero de 1955, sobre reglamento de epizootías, norma cuyo texto, como SS.SS. pueden observar, es preconstitucional y, por tanto, es necesario y aconsejable su adaptación.
Ante esta situación, conscientes de que la regulación que realizan las leyes 26/1984 y 14/1986 y el Real Decreto 1945, de 1983, resulta muy genérica y de difícil encaje en una materia novedosa, como es la encefalopatía espongiforme bovina, el Gobierno ha considerado necesario aprobar una norma de carácter básico y específico que tipifique los tipos de ilícitos administrativos en materia de prevención y lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles, al amparo del título competencial contenido en el artículo 149.1, 1.a y 16.a de la Constitución. Las razones que han aconsejado al Gobierno elegir la figura del real decreto-ley, al amparo de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, con relación a estas medidas, son la extraordinaria y urgente necesidad de disponer de un marco sancionador uniforme y adecuado que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en toda la normativa vigente hasta el momento en materia de encefalopatía espongiforme bovina.
Corresponde a esta Cámara pronunciarse hoy sobre la convalidación de este real decreto y sobre su posterior tramitación con carácter de urgencia como proyecto de ley, como es deseo del Gobierno, para que todos los grupos políticos tengan la posibilidad de pronunciarse sobre las medidas que contempla y su texto pueda ser mejorado con las aportaciones y enmiendas que sean aprobadas en ambas Cámaras.
Con esta norma el Gobierno ha tratado de definir con toda precisión la tipificación de las conductas sancionables y acomodar la cuantía de las multas. Además, ha tratado de asegurar el cumplimiento de obligaciones tan importantes, en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles, como son la obligación de comunicar la sospecha de la enfermedad a los órganos competentes, la obligación de realizar todas las pruebas de detección de la misma, la obligación de identificar adecuadamente todos los animales de producción, a través de marcajes y de documentos identificativos, la obligación de extraer, con todas las precauciones exigibles, los materiales de riesgo de bovinos, ovinos y caprinos, o la obligación de retirar de las granjas todos los cadáveres de animales de producción.
Asimismo, el real decreto contempla el agravamiento de las multas para garantizar el cumplimiento de obligaciones relativas a la prohibición de fabricación y uso de piensos que contengan proteínas cárnicas destinados a animales de producción, así como las infracciones en materia de etiquetado de productos y transporte de animales por el territorio nacional sin los requisitos legalmente establecidos. El proyecto ha sido presentado a las comunidades autónomas y enviado también a los sectores afectados para su conocimiento y para que efectuaran las aportaciones pertinentes.
En definitiva, señorías, este real decreto que acabo de presentar, a juicio del Gobierno, contempla una oportunidad de colmar el vacío legal que existe en la legislación vigente para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en relación con la encefalopatía espongiforme bovina, tipificando las conductas lícitas y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las mismas.
Por eso me permito solicitar a SS.SS. el voto afirmativo para la convalidación del real decreto por esta Cámara y su tramitación con carácter de urgencia como proyecto de ley.
El segundo real decreto que presento a esta Cámara para solicitar su convalidación, aprobado igualmente

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en el Consejo de Ministros del día 6 de abril, es el Real Decreto-ley 9/2001, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de la erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles. El objetivo de este real decreto es establecer una serie de ayudas para el sector ganadero y la industria agroalimentaria que alivien la crisis financiera que atraviesa el sector al día de hoy e impulse la necesaria reestructuración del mismo.
La figura del real decreto está amparada en el artículo 149 de la Constitución y las ayudas que regula son compatibles con las que en su caso establezcan las propias comunidades autónomas para la misma finalidad. Son ayudas que tienen un respeto absoluto a los límites establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
Como saben SS.SS., la Administración del Estado ha coordinado un paquete de medidas de apoyo al sector, ejecutado junto con las comunidades autónomas, con las que ha suscrito un plan coordinado de actuación para luchar y erradicar la encefalopatía espongiforme bovina. A través de este plan se han puesto en marcba una serie de actuaciones encaminadas a apoyar transitoriamente al sector ganadero y a la industria agroaliemtnaria para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.
Hasta ahora, el apoyo financiero realizado por la Unión Europea, la Administración general del Estado y las comunidades autónomas se ha dirigido fundamentalmente a la implantación y mantenimiento de los tres priones a los bovinos de más de 30 meses, a la compra por el FEGA de bovinos de más de 30 meses para su destrucción (hasta la fecha 36.500 animales, por un importe de 4.259 millones de pesetas), a la retirada de animales muertos en granja, a campañas de información al consumidor y a la retirada y eliminación de sus productos cárnicos de matadero y retirada y eliminación de piensos que contienen proteínas de animales elaboradas. Igualmente, para regular los mercados, se han intervenido hasta la fecha más de 53.000 toneladas, con un coste presupuestario de 21.000 millones de pesetas.
Dentro del apoyo financiero de la Administración general del Estado, y a diferencia del apoyo a las medidas que han de tender a la retirada de animales muertos en granja o tratamiento de MER y eliminación de despojos en matadero, las ayudas que se prevén en este decreto ley tienen carácter coyuntural porque atienden a una situación de crisis temporal y transitoria.
Uno de los objetivos que ha llevado al Gobierno a adoptar este real decreto-ley ha sido la necesidad de garantizar el pleno y eficaz funcionamiento del plan de compras de bovinos de más de 30 meses para conseguir un saneamiento y rejuvenecimiento de la cabaña de vacuno nacional. Otro objetivo ha sido poner a disposición del sector medios necesarios para modernizarlo y adecuarlo a las necesidades y expectativas actuales y futuras. Por eso, además, en el decreto se establecen medidas para paliar la negativa incidencia de la encefalopatía en la renta de los ganaderos, especialmente para los productores de novillas y vacas nodrizas, y una serie de mejoras fiscales para el sector ganadero con la moratoria del pago sin interés en las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y para los titulares de explotaciones agrarias del régimen especial de trabajadores autónomos.
En el capítulo I del real decreto se contemplan medidas para apoyar el programa de compra de bovinos de más de 30 meses. En primer lugar, el aumento del precio de compra de todos los bovinos de más de 30 meses, aumentando los precios medios de un 102 a un 105 por ciento, lo cual afectará a más de 100.000 cabezas, a razón de 2.000 pesetas por animal, con un coste de 200 millones de pesetas.
La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 28 de diciembre de 2000, que estableció este programa en nuestro país, fijó en principio un precio medio de compra para las distintas categorías de animales. En dos ocasiones estos niveles han sido revisados. Pero, en esta ocasión, este real decreto entiende que para conseguir la renovación de la cabaña lechera, principal foco hasta ahora de la aparición de la encefalopatía, hay que poner en marcha mayores precios para la compra de vacas de leche de más de 30 meses.
Por ello, los animales menos valorados, los situados en la categoría denominada P, se van a equiparar a los de la categoría denominada O, es decir, se va a elevar el precio medio de las vacas lecheras en 22.484 pesetas. Esto va afectar a un número de 30.000 cabezas, lo cual va a suponer un coste de 674 millones de pesetas. Igualmente, se va a colaborar en la compensación al ganadero de los gastos de transporte con una ayuda al transporte animal desde la explotación al matadero de 3 pesetas por kilo de peso.
En el capítulo II del real decreto se contempla el establecimiento de líneas de préstamos con interés bonificado para reestructurar el sector de ganado vacuno, medidas vinculadas al plan de reconversión que el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, cooperativas y organizaciones agrarias va a presentar en el primer semestre del año. Desde este plan se va a abordar, en primer lugar, la compensación, mediante la concesión de préstamos a cinco años, con intereses bonificados de 3,75 puntos porcentuales, del quebranto económico que se derive en explotaciones con el compromiso de no reponer en el plazo de cuatro años las vacas mayores de 30 meses que se entreguen al FEGA no incluidas en los derechos de producción, es decir, las que no tienen derecho a la percepción de la prima de vaca nodriza. El quebranto económico ha sido estimado en un importe medio de 30.000 pesetas por vaca y año, más una diferencia media de 80.000 pesetas de valor animal en condiciones normales de mercado, y por ello se propone financiar un importe

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de 200.000 pesetas por cada vaca que se acoja a este compromiso de no reposición durante cuatro años.
El plan de reestructuración del sector vacuno va a contemplar también préstamos en iguales condiciones de financiación para la reposición acelerada de vacuno de leche en las explotaciones, pretendiendo conseguir la renovación de las vacas de ordeño en tres años con la adquisición de animales en las zonas no afectadas. Con estas ayudas se pretende recuperar también la viabilidad de las empresas del sector cárnico que tienen que afrontar procesos de reestructuración, y para esto se van a instrumentar líneas de préstamo con cinco años de período de amortización e intereses bonificados en 1,5 puntos porcentuales.
Por otra parte, también se contemplan ayudas para realizar inversiones en las explotaciones destinadas a diversificar actividades productivas como alternativa a la actividad ganadera de vacuno de carne o de leche. El Gobierno se propone en la norma básica estatal de adaptación del reglamento comunitario alcanzar el interés cero para la concesión de préstamos bonificados. Para financiar este plan de reestructuración se va a suscribir con el Instituto de Crédito Oficial un convenio por el Ministerio de Agricultura para una línea de préstamos bonificados hasta un importe máximo de 50.000 millones de pesetas.
Además de estas líneas de préstamos, el Gobierno ha considerado necesario contemplar medidas adicionales de apoyo para las vacas nodrizas y para las novillas. Se quiere apoyar a los mantenedores de vacas nodrizas para la producción de ternero en explotaciones de ganadería de carne y por eso el real decreto propone ampliar la prima nacional complementaria, establecida en 24,15 euros, hasta el máximo permitido en la reglamentación comunitaria de 50 euros. De esta forma, se destinaría una cantidad adicional importante para apoyar a las vacas nodrizas, cantidad prevista en la normativa comunitaria y compatible por tanto con el mercado común.
Para ayudar a la producción de carne novilla, que representa en España el 30 por ciento de la carne de vacuno y que no tiene apoyos comunitarios, el real decreto establece una medida de apoyo para equiparar el valor de esta carne al precio de intervención de la carne de vacuno macho. Se trata de una ayuda directa para la que se ha estimado un valor de 13.000 pesetas por novilla sacrificada. Para el período contemplado para esta medida, de abril a junio de 2001, se estima que se van a beneficiar 264.000 novillas, con un importe estimado de 3.432 millones de pesetas. Para la vaca nodriza se van a destinar 9.481 millones de pesetas.
Además, el real decreto-ley contempla la financiación por parte de la Administración general del Estado, por un importe máximo de 50 millones de pesetas, de un plan de información a los ganaderos sobre las obligaciones establecidas en la normativa de la declaración de las encefalopatías espongiformes.
Por último, el real decreto-ley para el que pido la convalidación en esta Cámara permite la modificación en el rendimiento neto de la actividad ganadera de vacuno a efectos de su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y para ello el Ministerio de Hacienda aprobará para el año 2001, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto. Se establecen igualmente moratorias para el pago de cuotas a la Seguridad Social, contemplándose su devolución.
Creo innecesario recalcar a SS.SS. las razones que han obligado al Gobierno a aprobar este real decreto con carácter de urgencia. Con esta intervención, he intentado exponer a SS.SS. tanto el contenido del real decreto-ley como la necesidad de urgencia de las medidas que contempla, que demuestran la sensibilidad del Gobierno ante la crisis que está padeciendo el sector vacuno y las industrias vinculadas a él. La urgencia en la aplicación de las mismas para conseguir la reestructuración y recuperación del sector ganadero, así como la confianza del consumidor en los productos derivados son razones que considero suficientes para solicitar a SS. SS. el voto afirmativo para la convalidación de este real decreto-ley hoy por esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intentar expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de estos dos reales decretos-ley.
El primero de ellos, el 8/2001, establece el régimen sancionador aplicable a las actuaciones que incumplan la normativa comunitaria estatal para la prevención y erradicación de las encefalopatías espongiformes, especialmente en lo relativo a alimentación, identificación de animales, producción, fabricación y etiquetado de harinas destinadas a la alimentación animal y a la omisión u obstrucción de la reacción de pruebas para detectar las ETT.
Quiero decir, en primer lugar, que compartimos la necesidad de establecer un régimen sancionador para ayudar a cumplir las normas necesarias que hagan frenar o impedir la extensión de una enfermedad que tantos problemas crearon al sector productor de carne de vacuno.
Por tanto, compartimos la necesidad de establecer sanciones a los incumplidores de las normas, sanciones que nosotros hemos demandado en más de una ocasión. Por tanto, desde ese punto de vista estaríamos de acuerdo, en principio, con lo que plantea este real decreto-ley.


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Dicho esto nos parece que, quizá, ha sido elaborado con cierta precipitación y sin aquilatar bien la concreción de las sanciones que en él se proponen. Por eso, para no caer en un régimen sancionador que pueda ser confuso, poco matizado a la hora de aplicar las sanciones a la mayor o menor gravedad de los hechos, creemos que debería revisarse pausadamente y debatirse con algo más de calma esta cuestión para poder realizar los grupos las aportaciones que consideren necesarias y, por tanto, evitar que la necesidad de sancionar y de hacerlo severamente a los que incumplan las normas pueda derivar, a lo mejor, en sanciones injustas o desproporcionadas.
Por ello pedimos su tramitación como proyecto de ley.
En lo referido al real decreto-ley 9/2001, por el que se adoptan medias adicionales destinadas a los productores en el marco de la erradicación de estas encefalopatías, creemos, en primer lugar, que este real decreto es tardío, ya que se pone en marcha cuando han pasado cinco meses desde la aparición en noviembre de los primeros casos de vacas locas, y con un retraso evidente en la adopción de medidas, me refiero a los plazos en que otros Estados miembros de la Unión Europea las pusieran en marcha, y también en lo que se refiere a la concesión de las primeras ayudas a otros afectados por la crisis.
En cuanto a las medidas concretas que se proponen, tenemos que decir que las incluidas en el capítulo I, de apoyos adicionales a la compra de bovino de más de 30 meses para destrucción, creemos que son insuficientes aunque positivas, en el sentido de mejorar las cantidades que, hasta ahora, estaban percibiendo los ganaderos e incluir una ayuda adicional por los gastos de transporte hasta ahora no contemplada. También se iguala el precio de compra de los canales, a lo que acaba de hacer referencia el señor ministro, aumentando así el precio de compra de vacuno de leche.
Frente a ello echamos de menos algunas cuestiones. Por ejemplo, no se incorpora ninguna medida que permita mejorar la gestión del sistema que se viene aplicando en este campo y creemos que de una manera bastante lamentable. Tengo que decirle al señor ministro, aquí presente, que, por ejemplo, a 20 de abril de este año existían 5.800 solicitudes de sacrificio desde Galicia, de las cuales incluso 1.200 están pendientes de señalamiento de fecha de sacrificio y ninguna de ellas se ha abonado a los ganaderos. Nosotros creemos que esta falta de pago es claramente achacable al Ministerio, y es especialmente grave esa demora si tenemos en cuenta que se trata de un sector en una situación de merma de ingresos considerable y que el retraso de los sacrificios, en buena medida, se debe en parte a que se han señalado pocos mataderos autorizados y, dentro de esto, ni siquiera se han autorizado los sacrificios todos los días de la semana.
En el capítulo II, al que también hizo referencia el señor ministro, se regulan medidas de apoyo adicionales a la reestructuración del sector vacuno. Y, sin entrar en el contenido concreto de este capítulo, quisiera hacer referencia a una cuestión más de fondo. A nosotros nos preocupa cuáles son los objetivos fundamentales que pretende el Gobierno con este plan de reestructuración.
En principio, no podemos ver con buenos ojos este tipo de medidas, porque al final es más que probable que el objetivo fundamental, bajo el subterfugio de las ayudas a la modernización, sea perseguir -en parte se contempla en lo que recoge este capítulo II-, disminuir las explotaciones de vacuno de carne. Nosotros creemos que bastante disminuidas ya están en este momento por las legislaciones comunitarias y del Gobierno puestas en marcha en los últimos años, por la aparición de la crisis de las vacas locas o incluso por las consecuencias indirectas que sin duda está teniendo la aparición en Europa de focos de fiebre aftosa. La pregunta es: ¿más reestructuración para qué? Si es para disminuir más las explotaciones familiares en beneficio de las explotaciones industriales o para disminuir aún más la base productiva de algunas comunidades autónomas tan dependientes de esta actividad, como en el caso de Galicia, a nosotros, francamente, nos parecen intenciones preocupantes y que no vamos a apoyar en principio, naturalmente. También nos preocupa que una cuestión como ésta se incluya dentro de este real decreto- ley que parece atender a otras cuestiones. Yo creo que merecería más bien un debate específico. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Por otro lado, las únicas ayudas directas aparecen en el capítulo III. Nosotros creemos que son francamente raquíticas. Es verdad que la prima adicional por vaca nodriza, para la que se fija una cuantía global de 9.481 millones, estaría al final entre 4.000 y 5.000 pesetas por vaca, que son, como todos sabemos, bastante inferiores a las aportadas por otros Estados europeos -en concreto, Francia asignaba 12.000 pesetas por vaca- y que desde luego suponen una ayuda muy inferior a las pérdidas sufridas por el sector, que se cifran en torno a las 54.000 pesetas por vaca.
También se regula una prima adicional de apoyo a la carne novilla, destinada a novillas de hasta 20 meses, que en principio tendría una parte positiva si se aprovechase con la finalidad de sanear la cabaña ganadera y no como medida de reducción de la misma y por tanto de esa capacidad productiva de la que hablaba. A nosotros nos parece que, en todo caso, estas ayudas deberían destinarse exclusivamente a retirar novillas existentes que puedan estar infectadas por el prion, por haber ingerido piensos contaminados durante años, y pasar a ser repuestas por reses jóvenes nacidas después de la prohibición de la fabricación de las harinas cárnicas, que no padezcan por tanto la EEB, garantizando en todo caso la continuidad del numero de reses. En ningún caso, insisto, debería servir para hacer descenderaún más la cabaña ganadera.


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Por otro lado, nos parece que son absolutamente insuficientes los beneficios concedidos en el apartado de cotizaciones a la Seguridad Social. Se contempla únicamente una moratoria en el pago de las cuotas satisfechas por los ganaderos, cuando nosotros creemos que lo realmente justo hubiera sido conceder la exención, el pago de las cuotas satisfechas por los mismos durante estos meses de grave crisis, financiando esa medida a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En definitiva, este real decreto-ley implica la concesión de 14.000 millones de pesetas en ayudas directas a los explotadores de vacuno que, insistimos, son claramente insuficientes, al no alcanzar ni siquiera el 25 por ciento de las pérdidas acumuladas desde el inicio de la crisis, que todas las organizaciones profesionales agrarias cifran en más de 60.000 millones de pesetas.
Nosotros creemos, por tanto, que estamos delante de un real decreto- ley por el que el Gobierno no pone en marcha una serie de medidas de fondo, serias, en definitiva, para afrontar la crisis; creemos también que el Gobierno aprovecha la coyuntura para avanzar en planes de reestructuración que -ya digo- merecerían una discusión pormenorizada y aparte; que en el fondo estos planes de reestructuración mucho nos tememos, insisto, que pretendan una reducción mayor de la cabaña bovina y que, por tanto, se contribuya desde el Gobierno a mermar la ya mermada capacidad productiva del sector vacuno de carne. Tengo que decir que esta insuficiencia en las ayudas sucede en esa España que crece por encima de la media europea, en esa España que va bien, que va viento en popa, lo cual resulta aún más incomprensible. Si este tipo de ayudas las plantea el Gobierno en este momento dulce de la economía española, ¿qué pasaría en momentos en los que esa economía fuese peor? Con estas ayudas, señor ministro, nosotros decimos aquello de ¡aviados vamos! El Bloque Nacionalista Galego no va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y va a pedir que sea tramitado como proyecto de ley. A la luz de la discusión de la petición de tramitación como proyecto de ley de otros decretos anteriores hizo referencia a que esa tramitación demoraría la puesta en marcha de las medidas. La tramitación como proyecto de ley no va a demorar la aplicación de los contenidos de este real decreto. En todo caso permitiría una discusión más pausada, podríamos conocer todos qué propuestas presentan los distintos grupos de la Cámara y de esa discusión sosegada podríamos llegar a un real decreto cuyo contenido fuera mucho más favorable que el actual para los ganaderos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de estos dos reales decretos-leyes porque entiende que son favorables por las siguientes razones. En primer lugar, en cuanto a la urgencia, sería una obviedad explicar que ante una epizootia, como la que nos ocupa con la encefalopatía espongiforme bovina, no se adoptaran técnicas de máxima urgencia y emergencia. Por tanto, está sobradamente justificada la utilización de la fórmula parlamentaria administrativa y gubernamental del real decreto-ley a estos efectos de urgencia en las medidas.
En segundo lugar, los dos reales decretos contemplan una serie de actuaciones y medidas necesarias e imprescindibles para atajar el mal. Se trata de un mal, señorías, que ha sido calificado en los medios informativos de verdadero cataclismo del sector ganadero, no solamente español sino europeo, afectado por esta grave patología, o bien sea la cabaña ganadera británica, donde a la Administración no le salen ni los números ni las cuentas para las indemnizaciones y los gastos colaterales derivados de su comercio cárnico interior o exterior, de importación o de exportación de todos sus productos, de los cuales se deriva una riqueza ganadera en el patrimonio de cualquier Estado.
Nosotros vamos a analizar por partes los dos reales decretos. El primero que analizamos en el orden cronológico es el que ha seguido el señor ministro, cuyo planteamiento compartimos. Vamos a ser receptivos a su petición de apoyo en la convalidación. El Real decretoley 9/2001 contempla las medidas coyunturales para el sector ganadero. Nosotros creemos que las dos partes satisfacen plenamente lo que sería una exigencia del sector ganadero y de la sociedad española para atender estas medidas adicionales de apoyo a la compra de bovinos de más de 30 meses para su destrucción. El sector ganadero se encuentra con una dilación de los sacrificios, con una entrada en edades y en pesos del ganado vacuno, donde las medidas cautelares impuestas, la restricción y la retracción en el mercado del consumo de carne vacuno lleva a las explotaciones a unas edades y pesos de los animales incompatibles con la rentabilidad económica que caracteriza todo el sistema de empresa financiera y productiva en el sector económico y comercial. Que se hayan adoptado medidas de precio de compra de bovino de la categoría B viene a instruir una serie de medidas de apoyo al sector.
En el segundo gran bloque de medidas destacamos las de apoyo adicional a la reestructuración del sector de vacuno. Dichos planes han de hacerse en una actuación de trinomio entre la Administración general del Estado, el Ministerio de Agricultura fundamentalmente, las comunidades autónomas y el sector ganadero afectado. Si esos tres ángulos de esta figura, de gestión y de correlación, funcionan se podrá encontrar una solución en plazos acordes con la economía de empresa

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ganadera que se señalan aquí. Creemos que el Gobierno ha sabido responder eficazmente, y queremos aquí apoyar esta línea, consecuente con las medidas de apoyo que hay. Ya hemos tenido ocasión de señalar en esta Cámara, en pasados debates, las medidas de apoyo, por ejemplo, a las vacas nodriza, las cuotas a la Seguridad Social, la modificación de las medidas de apoyo a la producción de carne de novilla, uno de los sectores más importantes de la economía ganadera de España, la compatibilidad de las ofertas, que creo que es una medida muy inteligente para no producir circuitos oscuros, internos o sumergidos del sector, y las garantías de financiación de los mismos.
El sector tiene por delante un reto. El sector cárnico vacuno español será o no será lo que ha sido hasta ahora o lo que tiene que ser en el futuro; pactos venideros tendremos que ofertar. Ya decía yo que una producción intensiva ganadera fuera de la alimentación forzada es imposible. La alimentación puramente forrajera, de pastos o hierba es inviable. Retrotraernos a un pasado que la empresa no podría hacer sería como volver al automóvil de pedales, olvidándonos de los combustibles que tienen que entrar. Regulemos la contaminación, regulemos los peligros con una medida eficaz. Y éstas son las que trae el segundo de los decretos que nos ocupan, fundamentalmente la apelación que hace al Decreto de 1955, del reglamento de epizootias, con la aportación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque se trata de una medida coercitiva y que, por tanto, va a disuadir a los infractores de la ley. Tenemos que proteger lo que se quiere hacer ahora con las medidas de apoyo al sector y de reestructuración, que necesita de unas medidas disuasorias frente a los infractores y de protección del mismo. Creemos que aquí tiene que darse cabida a unas corporaciones, como son las derivadas de las comunidades autónomas.
Mi grupo apoya que se tramite como proyecto de ley este decreto en razón de las competencias que tienen las comunidades autónomas y porque precisamente la disposición adicional única de este real decreto-ley invoca el carácter básico de la disposición. Si tenemos que hablar, por tanto, de una ley de carácter básico, mi grupo cree que es necesario -y va a apoyar al Gobierno- que ese carácter básico de la legislación sea compartido por las comunidades autónomas y por todas las fuerzas políticas aquí representadas. Se trata de sumar voluntades políticas que permitan que estas medidas del Gobierno, que son onerosas presupuestariamente para la Administración y para los ganaderos, tengan ahora el efecto disuasorio punitivo de la ley, con las sanciones oportunas que es necesario reglamentar. Es necesario no solamente una participación de la Administración general del Estado en la aplicación de las sanciones o en su vigilancia y supervisión de las posibles infracciones, sino que las comunidades autónomas con competencias en ganadería, que están también obligadas por el estatuto a defender su patrimonio ganadero, deben estar también implicadas en la defensa de los consumidores para que las medidas coercitivas y punitivas tengan la máxima eficacia de ejecución, de cumplimiento y que cualquier otra actuación administrativa permita hacer bueno lo que nosotros consideramos que hoy día, sobre el texto del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno ha sabido, acertada y oportunamente, llevar a cabo.
Por tanto, señor ministro de Agricultura, tiene el apoyo de mi grupo, que va a votar favorablemente la convalidación de estos dos importantes instrumentos de lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina, y el apoyo al sector ganadero, que merece toda la dedicación del Gobierno, de las leyes y de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, siendo consciente de que las medidas que hoy vienen a convalidación son necesarias en su adopción, mi grupo no puede prescindir de hacer algunas consideraciones en cuanto a la corrección política y técnica de las normas, sobre todo de la primera de las dos normas que se nos traen hoy a la Cámara.
Estamos en un tiempo en el que se ha hablado, se oferta constantemente la idea de que la cooperación es la gran cláusula de cierre del desarrollo del Estado autonómico. Pues las dos normas que se nos traen contemplan desarrollos de títulos competenciales asumidos por las comunidades autónomas, en parte como la sanidad, o totalmente como la ganadería, sin perjuicio de la ordenación general de la economía, y sin embargo no ha habido el ánimo de ejercitar este principio de cooperación ni con las comunidades autónomas ni con las formaciones políticas, al menos que tenga noticia la formación y el Gobierno del que esta diputada tiene conocimiento. El otro día, en unas jornadas organizadas por el propio INAP sobre esta materia, se hablaba de que la cooperación no requiere en realidad de leyes, sino que requiere de voluntad, cultura y praxis. Creo que el grupo mayoritario y este Gobierno están francamente necesitados o pocos dotados para cualquiera de estas tres cuestiones.
En cuanto a la corrección técnica, esta diputada lamenta que se tenga tan poco cuidado al hacer las disposiciones -existen cuerpos técnicos magníficos dentro de la organización del Estado y, como funcionaria que soy, los respeto y creo que tienen capacidad suficiente; el propio señor ministro que ha presentado las iniciativas es abogado del Estado- y lamenta que se sea tan poco escrupuloso en la utilización de los títulos

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competenciales, sobre todo en el ejercicio de la potestad sancionadora. La eficacia de la potestad sancionadora va directamente vinculada a que ésta esté bien ejercitada y bien plasmada en las normas que la contemplan. Una y otra vez, nos encontramos con que todos los ciudadanos conocen que la norma adolece de algún defecto y, una vez que se utiliza desde las administraciones, es sistemáticamente llevada a los correspondientes pleitos, no haciendo caso de su ejercicio, lo cual es un viaje absurdo que ocupa el tiempo de los funcionarios, que ha ocupado el tiempo de los legisladores y que, finalmente, no disciplina absolutamente nada.
Se dice -en el primer decreto-ley, por lo menos- que se ejercitan medidas normativas y ejecutivas, y se utilizan los títulos competenciales del 149.1.16.a, que va bien para las normativas pero no para las ejecutivas, y después el 149.1.1.a. Este permitiría atraer al Estado competencias ejecutivas en la materia de sanidad o en la de agricultura, en la que no tiene ninguna, pero requeriría para su ejercicio, según dice el Tribunal Constitucional, el examen del caso por caso y alguna concreción de qué motivos concretos existían para que la igualdad que predica el 149.1.1.a en el ejercicio de los derechos de todos los españoles puedan llevar a que competencias respecto de las que el Estado está ya desapoderado vayan a parar nuevamente a sus potestades. Se dice también que se está utilizando el artículo 25 de la Constitución en relación con la reserva de ley, pero en relación con el 86 se tiene un nulo respeto al mismo, porque el señor ministro ha intentado explicar desde la tribuna la extraordinaria urgencia y la necesidad pero, aunque se intuye, no aparece en la exposición de motivos y es requisito constitucional para la utilización del decreto-ley.
No entraré en el examen de cada uno de los tipos infractores puesto que, según se nos ha avanzado por representantes del grupo mayoritario, parece que este primer decreto-ley sí va a tener la fortuna de poder ser tramitado como proyecto de ley y, por tanto, podremos efectuar enmiendas. Pero me quería detener en el artículo 6, que es paradigma de la falta de respeto al principio de lex certa que debe regir en materia sancionadora. Se dice que sancionará aquella autoridad a quien le corresponda. Parece que esto es poco claro y que nadie puede saber exactamente a lo que está con una explicación tan clara en el texto que es la garantía de la reserva de ley en esta materia. Es, además, un precepto que hace referencia a ejecución, y se nos dice que cuando le corresponda a la Administración general del Estado, que no se sabe cuándo será, lo hará el Ministerio de Agricultura. ¿No habíamos quedado en que el título competencial era Sanidad, 149.1.16.a? Es también, por tanto, un precepto tramposo.
En cuanto al artículo 7, que habla de la adopción de medidas provisionales, creemos que rompe todos los principios por los que este instituto se rige. La presunción de inocencia rige en materia sancionadora y las medidas provisionales son quiebra de este principio. Por tanto, cada vez que se establecen, es exigencia del Tribunal Constitucional que se diga el cuándo, el porqué y el para qué, y nada de esto aparece en la norma. No se hace referencia al periculum in mora, la finalidad no punitiva que se busca, que tiene que ser garantizar algún interés general o garantizar, cuando menos, el buen fin del proceso. Nos parece que podían tomar buen ejemplo de una ley -parece que el Parlamento vasco no ha hecho nada en los últimos tiempos, pero sí ha legislado-, la ley vasca de sanciones, que es unánimemente alabada por la doctrina y contiene varios preceptos en los que se explicitan de modo claro cuáles deben ser los presupuestos del ejercicio de la adopción de medidas provisionales en cualquier ámbito de la actividad punitiva. Además, el ejercicio de la actividad cautelar exige que las medidas provisionales se aparten de lo que es la sanción, que sean lo más distintas posible de lo que es la sanción, para que no se confundan con una anticipación de la pena sin haber sido oído el denunciado. En este caso concreto las medidas que se pretenden como provisionales son idénticas a las sanciones, excepción hecha del precinto de los aparatos, equipos o vehículos. Para que no sea inconstitucional, esta parte requiere mucha mejora.
En cuanto al artículo 8, referido a la concurrencia de sanciones, no hace sino repetir lo que ya está comprendido en la Ley 30/1992 sobre este mismo capítulo y sobre el bis in idem. No entendemos por qué, si existe ya una ley que regula con carácter general estos institutos, se repiten estos en cada una de las normas sectoriales. Ello no hace más que introducir confusión entre los operadores jurídicos y se debería ser serio a la hora de respetar que ya existe una norma que regula con carácter básico esta materia; dicha norma establece claramente qué es el bis in idem y cómo funciona en cualquier ámbito sancionador.
Por otra parte, ya que se quieren dar normas específicas, ¿por qué se dice que el tanto de culpa, si hay materia penal, se va a mandar al ministerio fiscal? Suponemos que, como en cualquier caso, podrá mandarse también a los juzgados, puesto que así está establecido en nuestra normativa procesal penal.
La utilización de títulos competenciales referida al 149.1 y al 149.1.16.a encierra trampa -ya lo he dicho-. Sobre todo no se entiende desde el punto de vista técnico por qué se excepciona precisamente el artículo 6. Si este artículo es el que contiene una asunción de competencias por parte del Estado de las que ya está desapoderado, tal artículo debería ser básico explicándolo sobradamente, que es lo que no se hace en el texto que examinamos.
Concluyo, señorías, para no hacer más larga mi intervención. Entiendo que, siendo necesarias estas normas, se ha sido tramposo en la utilización de lostítulos competenciales y chapucero en la técnica legislativa.


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Deben tramitarse, por tanto, como proyectos de ley. En esa tramitación mi grupo prestará la leal colaboración que acostumbra a prestar.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta, buenas tardes.
Señorías, una vez más subo a esta tribuna para expresar la opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto a la convalidación de estos dos reales decretos que nos trae esta tarde el Gobierno.
Empezaré señalando que nos llama poderosamente la atención que en el primero de ellos aparece un excesivo interés del Gobierno del Partido Popular por señalar con el dedo a los ganaderos casi como únicos o principales infractores. Es evidente que no es así; en muchos casos, además, los ganaderos son víctimas como el resto de la sociedad. No entendemos que no se recrimine el comportamiento de los fabricantes de piensos y que no haya reflexión sobre el modelo de ganadería intensiva. Igualmente aparece blanco sobre negro, señor ministro, que se trata de ocultar la clara responsabilidad de la Administración, responsabilidad que viene acompañada de ocultación de datos y no realización de las actuaciones preventivas necesarias.
Respecto a las infracciones, no se puede ser tan abstracto, señor ministro. Si queremos de verdad que esto sirva para algo, hay que ser concreto en las infracciones; éstas deben ser claras, concretas y concisas. En cuanto a los enterramientos de los animales, por ejemplo, no se aclara en absoluto quién tiene la responsabilidad si se detecta un enterramiento ilegal. Por cierto, éstos se producen no porque a nadie le guste jugar a cometer actos ilegales, sino porque hay una clara falta de medidas de apoyo y de recursos de la Administración para llevar a cabo sacrificios y destrucción de animales de acuerdo con la normativa vigente. Pues bien, no queda claro en el real decreto de quién es la responsabilidad.


Por último, señor ministro, hay que seguir insistiendo en la necesidad de mejorar el etiquetado de los piensos animales y además hay que poner en marcha un mayor control sobre la composición de los mismos.
Respecto al segundo real decreto, las ayudas que se contienen en el mismo son, desde nuestro punto de vista, absolutamente insuficientes, tal y como está el sector después de la crisis que ha padecido con una grave caída de precios y de ventas importante. Estas ayudas vienen a representar un cierto alivio que no deja de ser más allá de un granito de arena en el desierto. La propia Administración tenía reconocidas en el sector ganadero pérdidas de alrededor de 60.000 millones de pesetas. La COAG eleva esta cifra, señor ministro, a 75.000 millones.
La Administración, sin embargo, sólo concede como ayudas directas alrededor de 14.000 millones. Ante una situación, diría yo, absolutamente extraordinaria que está originando un gran número de cierres de explotaciones agrarias, éstas no pueden conformarse, señor ministro, con 14.000 millones de pesetas, porque aunque la Administración haya optado por no parar la cadena de producción del sector -también usted podrá argumentar que han puesto dinero previamente y podrá decirme que ha habido 20.000 millones aproximadamente de apoyo a medidas- la gran mayoría de este dinero, aproximadamente unos 17.000 millones de pesetas, han ido, señor ministro, a manos de las harineras por decomiso de harinas en los almacenes y por las reses de más de 30 meses recicladas como harinas y trasladadas a cementeras para su uso en esta industria, no beneficiándose, por tanto, apenas los productores.


Concretando un poco más en el tema de las ayudas directas, además de ser escasas no se ha optado por la ayuda a las explotaciones familiares agrarias ya que las ayudas curiosamente no están moduladas y además no tienen tope alguno. Reclamamos, por tanto, desde Izquierda Unida que se realice una cierta modulación de estas ayudas puesto que existe una absoluta necesidad de fijar topes de ayudas por explotación, que es la forma de favorecer más claramente a las pequeñas explotaciones, ya que, como usted sabe muy bien, explotación que cierra, explotación que vuela, esa no vuelve a abrir. En este real decreto no se contemplan estas situaciones ni tan siquiera han salido primadas, destilando sin embargo un cierto tufo pretendiendo de alguna manera que las EFA desaparezcan, porque si no no se puede explicar, y se consoliden, por el contrario, las grandes explotaciones en detrimento de las pequeñas, justo lo contrario de lo que venimos defendiendo no sólo el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sino también ustedes en su filosofía de la defensa de apuntalar, promover y promocionar el mundo rural y, francamente, con estas medidas, señor ministro, el mundo rural va a retroceder y ya ha retrocedido lo suficiente.
En relación con esta cuestión de las vacas nodriza, las ayudas ascienden a una cantidad cercana a los 9.000 millones de pesetas. La primera intención es repartir este dinero entre la cabaña existente, alrededor de 1.830.000 reses, aunque las ayudas europeas que recibe esta cabaña por la OCM de las vacas nodriza están en función de 1.440.000 reses. Izquierda Unida, señor ministro, apoya que se den subvenciones tanto a las reses que tienen derechos de vaca nodriza como a las que no lo tienen, pero estableciendo topes de ayuda por explotación de forma que así, señor ministro, puedan verse beneficiadas las pequeñas explotaciones, las EFA, y no las que ya están en manos de terratenientes o de grandes capitales, que evidentemente han tenido que

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sufrir la crisis pero con consecuencias más leves para su salud económica.
Si contrastáramos por dónde va la línea de debate referente a la política agraria de los distintos gobiernos europeos, veríamos, señor ministro, que éstos están hablando ya y apostando por un cambio profundo en el modelo de vacuno de carne. Pues bien, sorprendentemente, este real decreto no marca en absoluto este cambio de modelo en nuestro país. Después de esta crisis, ¿qué sector de vacuno cree usted que nos va a quedar? No vale que nos digan que se va a ver en el plan de reestructuración enunciado en el texto.
Entendemos que dependerá en grado sumo de cómo y cuándo se otorguen estas ayudas al sector y de a qué tipo de explotaciones irán dirigidas en su mayoría.
Por último, desde Izquierda Unida exigimos o volvemos a exigir esta necesaria modulación de ayudas; en esta estrategia de modulación de ayudas deberían estar presentes las organizaciones agrarias para que la aplicación de esta norma se realizara de forma aceptable por todos los componentes del sector. Una vez más ustedes pierden la oportunidad de permitir que mediante la participación los ciudadanos les ayuden a resolver problemas que hay que resolver con carácter de urgencia, porque además no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos en la solución y en la respuesta.
Por tanto, señor ministro, dado el alto grado de insatisfacción que ambos reales decretos merecen al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, le anuncio que vamos a votar en contra de la convalidación.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, dada la hora que es intentaré ser lo más breve posible, a pesar de que los dos reales decretos que tenemos encima de la mesa permiten un debate en profundidad sobre unos temas tan importantes como son la ganadería y los efectos de la EEB.
El señor ministro ha presentado un real decreto -iniciaré mi intervención con el 8/2000- en el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles y se ha presentado en forma de real decreto y no como proyecto de ley, como nos hubiese gustado, aunque parece ser que al final, según la intervención del ministro, esto se pueda convertir en su trámite como un proyecto de ley.
Entendemos por la lectura de ese proyecto de ley, por tanto de lo que tenemos encima de la mesa, que se está produciendo una laminación de competencias de las comunidades autónomas a favor del Estado y por tanto una cierta laminación de la propia Constitución. Efectivamente nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con la actual redacción y si eso se hace a través de un proyecto de ley podemos preparar las enmiendas, por cuatro razones básicamente. La primera es la de urgencia; los reales decretos se hacen por la urgencia. La segunda sería porque entendemos nosotros que tiene lagunas importantes. La tercera es porque hay unas contradicciones importantes dentro de sus planteamientos y en cuarto lugar por el tema competencial.


Se presenta en forma de real decreto, pero si no se hubiese convalidado lo que hubiese ocurrido en ese momento es que se hubiera hurtado a la Cámara la posibilidad de hacer aportaciones alegando cuestiones tan peregrinas como la urgencia. De hecho, señor ministro, la prohibición de utilizar harinas de origen animal, si no recuerdo mal fue en el año 1996 y de eso hace cinco años. El Reino Unido ya las había prohibido con anterioridad como consecuencia de la aparición de múltiples focos de la EEB. Por tanto, se sabía de la peligrosidad de esa enfermedad y por eso se prohibió también en España. Lo lógico hubiera sido que en el momento de la prohibición se hubiesen publicado también las sanciones adecuadas y seguramente no hubiéramos tenido parte de los problemas que tenemos encima de la mesa. Por tanto, me felicito del tipo de tratamiento que vamos a dar al proyecto de ley y presentaremos enmiendas al respecto.
Efectivamente las sanciones, señor ministro, son muy elevadas, me parece correcto y que quede claro eso, no me voy a quejar, son muy importantes pero me parece correcto. Pero en esta situación la Administración debe ser transparente al máximo y lógica y sobre todo evitar las dobles interpretaciones de un mismo artículo. Le voy a poner dos ejemplos donde se demuestra de forma clara que para convertirse en ley es necesaria la aportación de los diputados de esta Cámara. ¿Qué criterios tendría que utilizar el Ministerio para calificar una infracción en el etiquetaje como grave o leve? Eso no es peregrino, estamos hablando en este momento de una multa que podría estar sobre las 100.000 pesetas a una multa de 10 millones. Es muy difícil entender esa diferenciación, y no estoy dispuesto a que sea el inspector de turno quien por su cuenta decida si se tipifica sin más como leve o grave. El valor de las multas es verdaderamente impactante, por tanto hay que afinar. Por ejemplo, en este momento y de la lectura pormenorizada nos damos cuenta de que por una pequeña irregularidad en el etiquetaje se puede poner una multa de casi 10 millones de pesetas, y en cambio por la fabricación de piensos para animales en condiciones no permitidas por la legislación vigente, que no pueda calificarse como grave o muy grave, las multas estarían entre 99.000 y medio millón de pesetas. Como consecuencia, la multa es mucho mayor para una pequeña irregularidad en el

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etiquetaje que para la fabricación de piensos no autorizados. Son temas con los que hay que tener cuidado.
El real decreto, señor ministro, también entra en contradicción consigo mismo. En la exposición de motivos afirma que regula solamente los incumplimientos en cuanto a la EEB. Dice el real decreto: hace meses se aprobó una norma de carácter básico que tipifica los tipos ilícitos administrativos en materia de prevención y lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina. Es más, en el artículo 1º cuando habla del objeto el real decreto, dice: El presente Real Decreto-ley tiene por objeto establecer las infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos de determinadas obligaciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional para la prevención y erradicación de la encefalopatía espongiforme transmisible. En el artículo 2 se introduce toda una serie de conceptos que nada tienen que ver con dicha enfermedad, y cuando habla del contenido de los piensos dice: así como cualquier otro producto o sustancia prohibida expresamente en la alimentación de dichos animales.
El problema aparece rápidamente, y le pongo un caso porque así las cosas se ven más claras. Si en un pienso se detecta la existencia de un aditivo no permitido, no estamos hablando en este momento de proteínas vegetales ¿qué aplicamos, el artículo 2.2 h) del actual proyecto de ley o aplicamos el artículo 4 del Real decreto 1945/1983, que está en vigor porque el actual real decreto no lo ha derogado? Si aplicamos el actual real decreto una vez aprobado, estaríamos hablando de una falta muy grave con multas que oscilan entre los 9,9 millones de pesetas y los 200 millones; por el contrario, si aplicamos la normativa vigente en ese momento, artículo 4 del Real decreto 1945/1983, las sanciones quedarían entre las 100.000 y los 10,5 millones de pesetas. Efectivamente abrimos toda una serie de posibilidades que hará que los más débiles se encuentren con multas importantes y la gente que está más preparada, los más potentes, a través de sus gabinetes de abogados y de sus recursos, van a crear serias dificultades.
Señor ministro, hay que perfilar algunos temas. He dejado para el último punto el tema competencial. El real decreto en cuestión afecta al ámbito de residuos, de defensa de los consumidores y usuarios, sanidad humana, y algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, dispone de normativa propia sancionadora; para evitar duplicidades, sería bueno incorporar alguna disposición que dejase clara esta situación. Nosotros creemos que no existe ninguna justificación competencial para que el real decreto sea declarado básico en su conjunto. Creo que eso no se aguanta, se puede declarar básico algún artículo del real decreto, pero no en su conjunto. Una vez más se usa el artículo 149.1.1.a y 149.1.16.a de la Constitución, la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles, y en base a este mismo artículo de la Constitución, aplicado como se aplica en este momento, prácticamente pondríamos patas arriba el Estado de las autonomías, porque con ese aumento en el conjunto del real decreto no cabría regular las condiciones básicas que defienden la igualdad de los españoles.
En base a este artículo milagroso que utiliza el MAPA en este momento se dedican a regular competencias propias de las comunidades autónomas, apropiándose de ellas en un momento que efectivamente existe una clara sensibilidad hacia esos problemas. Nuestro grupo parlamentario entiende que incluso no sería necesaria la aprobación de este real decreto sino que con modificar las multas, las sanciones de otra normativa que existe, quizá fuera suficiente.
Por tanto, señor ministro, y termino con este primer decreto, nosotros vemos con buenos ojos su predisposición para que ese real decreto tenga tratamiento a través de un proyecto de ley que permitirá a todos los grupos de la Cámara hacer observaciones y presentar enmiendas que permitan que realmente tenga una aplicación más rápida y más efectiva.
Paso, señor ministro, al Real Decreto 9/20001, que efectivamente nada tiene que ver con el anterior.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le quiero advertir que ha consumido casi la totalidad del tiempo, y como anuncia que va a pasar a referirse al segundo real decreto se lo recuerdo a efectos de que lo tenga presente S.S.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, nosotros hemos aceptado la agrupación de los dos reales decretos buscando evitar que el debate se alargase demasiado, pero no estamos dispuestos a que en un solo turno podamos debatir los dos; en ese caso no habríamos estado de acuerdo. Por tanto, intentaré ser muy rápido pero le pido cierta magnanimidad al respecto.
Señor ministro, por lo que hace referencia al Real Decreto 9/2001, en el que se adoptan medidas adicionales en el marco de la erradicación de la encefalopatía espongiforme transmisible, tengo que reconocer que si bien es cierto que durante estos primeros meses del año, desde el mes de diciembre de 2000 hasta este momento, ha habido cierta voluntad de cooperación y colaboración con las comunidades autónomas, hecho que ha dado unos resultados positivos y que yo he reconocido desde esta tribuna en diferentes ocasiones, entiendo que con la presentación de este real decreto se rompe esa línea de actuación, porque se presenta un real decreto que sí se ha comunicado pero en cuyo debate no se ha entrado. Hubiera sido importante ese debate porque el real decreto marca una línea clara para actuar de cara al futuro e incluso deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas se sumen también, financiando en parte el propio real decreto. Por tanto, creo que hubiese sido bueno que ese real

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decreto, en la mesa de negociación o a través de los contactos bilaterales que usted está llevando a cabo con las diferentes consejerías, se hubiese puesto encima de la mesa.
Voy a hacer un análisis del mismo, muy por encima. Por ejemplo, artículo 2. Precio de compra de bovinos de más de 30 meses de la categoría P igualándola con la categoría O. Nos parece un paso muy positivo al respecto, lo que pasa es que en esa excelente medida, que tiene efectos retroactivos desde el día 1º de enero, lo que nos parece muy bien, entendemos que teníamos que haber buscado un mecanismo para que se hubiese aplicado antes, porque va a producir dos efectos: primero, desde el punto de vista burocrático la dificultad de aplicar con efecto retroactivo esa diferencia importante de precios, y por otro lado que en aquel momento, en los meses de enero y febrero, seguramente algunos ganaderos hubiesen podido optar por la venta con otro precio y en este momento ya no lo pueden hacer. Por tanto, nos parece bien, sobre todo si el ganadero hubiese sabido en el mes de enero lo de estas 83 pesetas por kilo, porque seguramente hubiera seguido otro tipo de política y los resultados hubiesen sido diferentes a los actuales.
El capítulo II habla de medidas de apoyo adicionales a la reestructuración del sector vacuno, y nos parece adecuado, pero también aquí hay un tema que consideramos muy importante. Nos parece correcta la propuesta, no obstante en ese proceso de elaboración de medidas de reestructuración del sector vacuno, hay que tener presente que la cabaña del sector vacuno no es uniforme en todo el Estado español y que esas medidas tienen que prever los diferentes tipos de producción que hay en el Estado español, porque si no podemos caer en una situación donde terminemos favoreciendo un solo modelo y eso no sería positivo.
Hay un tercer capítulo sobre medidas adicionales de apoyo al sector vacuno que en general son interesantes, pero tendremos que ver cómo se van concretando en el futuro. En el artículo 3 se habla de los gastos de transporte para las explotaciones. Estamos hablando de 3 pesetas por kilo, que efectivamente es muy poco, bastante menos de la mitad de lo que cuesta, por tanto tendremos que ver qué pasa con la diferencia. En el artículo 5 se habla del apoyo a las vacas nodrizas.
Según el cálculo que estamos haciendo, sería del orden de 4.000-4.500 pesetas por cabeza, que también nos parece insuficiente y habrá que buscar algún mecanismo de cofinanciación. Por tanto, hubiera sido bueno que esas normas se hubiesen pactado con anterioridad. Me cuesta entender el artículo 6, medidas de apoyo a la producción de carne de novilla, importe máximo 13.000 pesetas por animal -la cantidad es correcta en ese aspecto-, pero sacrificadas entre el 1º de abril y el 30 de junio. ¿Qué pasa del 1º de enero al 31 de marzo, es decir los tres primeros meses? Estamos dividiendo el año, el segundo trimestre sí y el primer trimestre no. El primer trimestre es cuando se sufrió más porque la problemática era más grave, los precios habían caído más y se había realizado la mayor cantidad de sacrificios. Señor ministro, tendríamos que ser capaces de poner en marcha esas medidas estando todo el mundo de acuerdo.
El artículo 7 se refiere a temas de Hacienda, los módulos y el sistema. Eso ya lo prevé la propia ley, por lo que se puede llevar adelante con una orden ministerial. En estas situaciones no se puede pedir beneficios a la gente que va por módulos. Lo mismo pasa en lo relativo a la Seguridad Social y las moratorias.
De todas formas, señor ministro, entendemos que es un paso adelante, lo vemos positivo, pero nos hubiera gustado haberlo conocido con anterioridad, haberlo discutido y hacer aportaciones de carácter constructivo que redundarían en una mejor aplicación del mismo.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, son dos los reales decretos cuya convalidación se nos solicita. Le veo bastante cansado, supongo que no solamente por la hora; ayer tuvo usted un día muy ajetreado, lástima que tanto esfuerzo haya dado el resultado que ha dado. En aras a ese estado que le supongo, voy a intentar ser lo más esquemático posible respecto a los dos reales decretos.
Empezaré por aquel al que quiero dedicar más esfuerzo, puesto que usted propone que el que se refiere a infracciones y sanciones sea tramitado como proyecto de ley, y supongo que es lo que va a ocurrir, pero no le he oído decir lo mismo respecto al real decreto de ayudas, de medidas adicionales, y creo que sería por lo menos tan necesario como en el caso anterior, si no más, y le diré por qué. Voy a intentar argumentarlo a ver si puedo convencer a usted y a SS. SS.
En primer lugar, la propia elaboración de este real decreto, señor ministro, tiene una marca que desgraciadamente le va caracterizando: la marca de la falta de diálogo, la marca de la falta de transparencia. Le recordaré que este Real Decreto se aprueba el viernes de Dolores y durante esa semana ocurrieron algunas cosas que demuestran hasta qué punto tengo razón en lo que estoy diciendo, señor ministro. El martes, para hablar del contenido de este real decreto, se reúnen en el ministerio con parte de los sectores de las organizaciones ganaderas, a otra parte la dejan fuera sin una razón que uno pueda entender; desde luego prefiero no recordar las que dieron para no tenerles en la mesa supuestamente negociando el contenido de este real decreto.Les convocan para el jueves, y después desconvocan la

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reunión, de tal manera que ustedes establecen un real decreto con un conjunto de medidas supuestamente pensadas para el sector al que ellos representaban, pero desconvocan la reunión y no hablan con ellos. Que yo sepa tampoco han hablado de este real decreto con los consejeros de las comunidades autónomas. Fíjese hasta qué punto estamos hablando de un real decreto que se hace por la autoridad competente y sin el diálogo que uno debería esperar sobre un conjunto de medidas dirigidas a lo que están dirigidas o a lo que deberían estar dirigidas.
El resultado no le debe extrañar, señor ministro, y aunque esté cansado espero que me preste alguna atención. No le debería extrañar que haya sido descalificado por todas las organizaciones agrarias, a través de sus comités, es decir por la COAG, por UPA, por Asaja, por las organizaciones estatales de cooperativas y por todo el mundo, al menos por todo el mundo que tiene que ver directamente con este sector. Le voy a recordar solamente una de las descalificaciones contundentes y sin paliativos de estas organizaciones. Voy a elegir al azar la de Asaja. Asaja, en su comunicado del día 9 valorando este real decreto, dice textualmente que este plan de medidas no tiene nada que ver con las ayudas directas reclamadas por ellos mismos, por Asaja. Ellos hubieran querido que se aprobase un paquete de medidas similar por lo menos al de Francia, y por supuesto descalifican las medidas de carácter fiscal. Dan un argumento que me parece bien recordar. Vienen a decir: Si con este plan de medidas queremos salvar a explotaciones que están al borde de la quiebra porque tienen una actividad no rentable, es decir gastan más de lo que ingresan, ¿qué tipo de medidas fiscales les pueden ayudar y en qué dirección, precisamente a ellos, en la situación que están? Por supuesto, también descalifican ellos y las demás organizaciones, y no es la primera vez que lo hacen, una medida de moratoria en el pago de los gastos sociales durante varios meses, que en definitiva no significa nada; así lo dicen ellos en este comunicado del día 9. No voy a hablar de los otros comunicados, porque van en la misma dirección.
Empezaré precisamente por hablar de algo que me parece fundamental en un real decreto, que -vuelvo a insistir- sería bueno que fuera tramitado como proyecto de ley, porque es un real decreto que no hay por donde coger. No es posible contrastarlo con ningún tipo de medidas coherentes con el sector. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Tiene toda la razón del mundo el consejero Grau, del Gobierno catalán, cuando dice lo que dice respecto a la aportación del Estado a los costes, empezando por los laboratorios, y a la falta de participación de las propias comunidades autónomas. En un plan de esta naturaleza, cuando se exhibe tanto la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en esta materia, sólo eso sería razón más que suficiente, señor ministro.
Me centraré en algunos aspectos que sirvieron para descalificar una propuesta del Grupo Socialista la semana pasada y seguro que van a servir de argumentos -alguno de ellos ya se ha adelantado- para hablar de las bondades de este real decreto. Se dice, por ejemplo, que no podemos poner en riesgo un proceso de renacionalización de la PAC, se habla de la Unión Europea, de las comunidades autónomas, de la financiación, del Reglamento comunitario. No se puede decir esto después del día 19 de marzo, en el que se reunió el Consejo, con el argumento aprobado en el propio Consejo y expuesto por la propia Comisión, del artículo 38 de la norma 1254/1999, el Reglamento comunitario 1254 que permite las iniciativas de carácter nacional con el acuerdo de la propia Comisión Europea, porque estamos ante una crisis de gran calado, una crisis amplia y duradera. No se puede venir con ese argumento aquí a estas alturas, después del 19 de marzo, cuando todos los Estados miembros, no sólo Francia, tienen planes de ayudas nacionales acogidos a ese acuerdo, porque no hubo otro. Ojalá hubiera sido la Unión Europea la que hubiera financiado todo esto, pero los que supuestamente podían pelear allí parece que no pelearon lo suficiente, no pelearon nada, o desde luego no consiguieron que hubiera una modificación del cuadro financiero para hacer frente a una situación de quiebra en el sector. Por tanto, artículo 38, volveremos a oír ese argumento, pero ese argumento está perfectamente descalificado el día 19 de marzo en el Consejo.
El real decreto dice hasta donde quieran llegar las comunidades autónomas. De las comunidades autónomas me preocupa algo en lo que SS.SS. habrán caído.Se trata de establecer un plan llamado pomposamente plan de reestructuración en el que lo que hace el Gobierno es poner créditos, es decir que lo financien otros. Pongo créditos en el acuerdo con el ICO para el cese anticipado, se le dice a una comunidad autónoma cualquiera y no me importa, las que tengan muchas vacas o las que tengan pocas. Cese anticipado, si las comunidades autónomas no tienen recursos para aplicarlo al margen de esta crisis específica ¿es una broma? Exactamente igual el recurso al crédito para la diversificación, y, además, qué se va a negociar, qué se va a hacer. Creo que sobra. Habrán querido adornarlo para que hablemos aquí de reestructuración, pero en el este real decreto no hay ningún plan de reestructuración. Servirá para adornar mediáticamente por esa cantidad de cifras como la semana pasada, en la que se mezclan cifras de la Unión Europea, cifras de intervención, cifras de financiación a las medidas, cifras de las comunidades autónomas, se mezclan con créditos y salen 50.000 millones.
En serio, este real decreto tiene exactamente poco más de 13.000 millones de pesetas de aportación del Gobierno -luego aclararé de qué presupuesto- poco más de 13.300 millones de pesetas, de los cuales

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más del 60 por ciento son ayuda complementaria a la vaca nodriza permitida por la OCM del vacuno de carne. Ya me dirán que gran milagro si lo comparamos con aquellos países que ya tienen los 50 euros de máximo al margen de la crisis de la AEB. Antes de que se hablara de la crisis ya tenían ese dinero y subvencionaban con ese recurso exactamente a sus ganaderos. Eso es el 65 por ciento de este real decreto. Se habla de otras cantidades que sirven también para adornar el contenido del real decreto; se habla de 60 millones para todo el territorio nacional y podemos estar aquí hablando de la intervención todo lo que queramos, pero son 60 millones cuando estamos hablando de pérdidas de más de 70.000 millones de pesetas; se habla de 170 millones para la ayuda al transporte y no sé cuántas explicaciones he oído sobre lo bueno que es eso, pero 170 millones para todo el territorio nacional.
Por último, hay 202 millones para equiparar la ayuda del ganado de ordeño y del ganado de carne para todo el territorio nacional y podemos hablar de lo importante, lo bonito y lo interesante que es.
Esto es lo que hay. Respecto a las novillas, voy a hablar de la evaluación más moderada de los muchos estudios que hay en este momento en circulación. En este momento la pérdida de vaca nodriza, la más moderada es de 30.000 pesetas por vaca. Sobre esa realidad, compárese la luz que aporta este real decreto.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego concluya, por favor.


El señor CUADRADO BAUSELA: Concluyo, señora presidenta.
Es necesaria la modulación. Cualquier plan francés, pero no sólo el francés, recoge la modulación. El otro día se decía ¿qué es eso de ayudas directas y moduladas? Pues lo que dicen las organizaciones agrarias, lo mismo. Es decir, si tengo una explotación en la ruina de 13 vacas, de 15 vacas, de 20 vacas que suponen más del 70 por ciento de las explotaciones, y son las explotaciones que están al borde de la quiebra, ¿cómo puedo ayudar igual, equipararlo con ayudas a la vaca, sin modulación que a aquellos que están en una situación radicalmente diferente? ¿Queremos salvar a miles de explotaciones españolas al borde de la quiebra o no? Si queremos salvarlas tendremos que hablar de modulación. No es necesario volver a la Edad Media, pero no creo que sea volver a la Edad Media hablar de alfalfa, hablar de leguminosas, hablar de oleaginosas, de proteaginosas, de eso es de lo que hablaba la propuesta del Grupo Socialista, y de eso es de lo que está hablando toda Europa en este momento, exactamente de eso y no de otra cosa.
Muy rápidamente, si me lo permite la señora presidenta, me referiré al otro real decreto.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, un minuto, por favor.


El señor CUADRADO BAUSELA: El otro real decreto, señor ministro -y termino-, tiene mucho que ver con el pienso. Es un real decreto que usted ha dicho se va a tramitar como proyecto de ley, pero es un real decreto que tiene mucho que ver con el pienso, pero no olvide señor ministro y usted debe saber mucho de eso, tiene que ver sobre todo con las fábricas de piensos, y yo creo que usted sabe mucho de eso de fábricas de piensos, y no de convertir a los ganaderos en culpables por no hablar de las fábricas de piensos. Así que vamos a dejarnos de bromas, señor ministro, y vamos a hablar en serio de esto, sin intentar convertir en culpables a los ganaderos que ha sido la estrategia de este Gobierno, desgraciada estrategia durante todos estos meses.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Por último, por parte del Grupo Popular, señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en esta hora tardía y al final de este Pleno, para anunciar el voto afirmativo del Grupo Popular a los dos reales decretos que el señor ministro de Agricultura ha tenido a bien presentar en la mañana de hoy, el 8 y el 9 de 2001, ambos del 6 de abril. Como premisa de mi intervención quisiera acusar recibo de los dos amables recados que nos ha enviado al Gobierno y al grupo parlamentario el portavoz del Grupo Socialista.
Cuando habla de que desde nuestro grupo se acusa inadecuadamente de que quiere renacionalizar las ayudas a la agricultura española, lo dije la semana pasada que era después del 19 de marzo, y lo mantengo en ésta que también es después del 19 de marzo. No sé qué tienen que ver esas fechas y qué cacao mental tiene S.S., señor Cuadrado, pero lo cierto es que cuando se pide en una iniciativa parlamentaria como la que sé hizo S.S. la semana pasada en nombre de su grupo, un plan nacional para producir proteínas vegetales, producir proteaginosas -no nos vamos a extender más en la materia-, eso es estar renunciando estar implícitamente diciendo que no se está de acuerdo con el billón 100.000 millones de pesetas que el agricultor y la ganadería española reciben de la Unión Europea cada año, y acuso también recibo, señor Cuadrado, cuando dice que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, pero en este caso el Gobierno, saca reales decretos sin diálogo.


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En este caso, ha habido diálogo largo, profundo y extenso y el Gobierno dialogó con quién ha querido, ha dialogado con los representantes de las comunidades autónomas y ha dialogado con las organizaciones profesionales agrarias. Si alguno en esa mesa de diálogo se ha levantado y se ha marchado, S.S. sabrá quién es pero es que esos no quieren diálogo, y aprovecho para contestar a la señora Uría cuando dice que se hacen las cosas a espaldas de las comunidades autónomas. Si a la conferencia sectorial que convoca el ministro de Agricultura nunca acude un representante del Gobierno vasco, no acude ningún responsable agrario del Gobierno vasco, ¿cómo pueden luego acusar de que no existe diálogo si ellos son los que no acuden? En definitiva, señorías, el Real Decreto 8/2001, en donde se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, a mi grupo le parece una norma oportuna y necesaria porque ante la crisis de la EEB hay una nueva normativa y unas nuevas ayudas y por tanto es imprescindible una nueva norma -repito- que garantice el cumplimiento de las leyes que defiendan a los ganaderos, a los industriales y a los consumidores. No se puede decir que es estrategia del Gobierno estar acusando como defraudadores a los ganaderos, porque los ganaderos para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Popular son todos unos profesionales honrados y responsables, también todos los industriales, y ni la señora Castro ni el señor Cuadrado creo que han estado muy finos cuando dudan de la honorabilidad de ganaderos o de industriales. Todos para nosotros son honrados y son medidas que precisamente defienden la honradez frente a algún presunto desaprensivo que quiera vulnerar la ley.
Tengo que decir que es una norma que defiende al consumidor, y este Gobierno y este grupo parlamentario, en contra de lo que siempre ha mantenido el Grupo Socialista, está recuperando la confianza de los consumidores, que saben que los productos derivados del vacuno se ofrecen en el mercado con total garantía sanitaria. Por otro lado, nos parece un real decreto técnicamente bueno y nos parece adecuada la tipificación de las infracciones, así como su cuantía. Ahora bien, como el Gobierno había detectado dudas -también nuestro grupo parlamentario- en algunos grupos de que esto pudiera ser así, nos parece correcto y apoyaremos la iniciativa del señor ministro de que este real decreto se tramite como proyecto de ley.
Por último, señora presidenta, tampoco hay que jugar con las cifras, porque aquí cada portavoz de la oposición dice una cantidad de pérdidas superior a la anterior; yo no sé cómo las han cuantificado.
Desde luego, lo que sí está claro es que no se pueden minimizar los muchos miles de millones de pesetas que el Gobierno, las comunidades autónomas, los poderes públicos llevan invertidos en la lucha contra la importante crisis de la EEB y tampoco se pueden ocultar los casi 20.000 millones de pesetas para ayudas que supone este decreto 9/2001. Son casi 20.000 millones de pesetas el coste para la Administración general del Estado, de los cuales alrededor de 15.000 millones de pesetas corresponden a pagos en el presente ejercicio.
Además, hay unas cantidades importantes derivadas de los ahorros fiscales y de la Seguridad Social de las que se beneficiará el sector, porque, evidentemente, estas ayudas, señorías, no solamente son para mejorar el precio de compra sino también para compensar los gastos de transporte, para subvencionar la vaca nodriza, como aquí se ha dicho; determinadas ayudas que, dada la hora que es, no vamos a repasar. Lo que no es ninguna broma -y así lo ha definido el Grupo Socialista y, en su nombre, su portavoz- es el plan de reestructuración del sector ganadero que se contiene en este real decreto que el Gobierno nos propone convalidar. Es un plan de reestructuración que está hecho en colaboración con las comunidades autónomas, cooperativas agrarias y organizaciones agrarias, en donde -por eso no es una broma- se contemplan importantes ayudas para el cese de la producción, ayudas compatibles con el derecho comunitario para mejorar las industrias agroalimentarias, ayudas para la reducción de la cabaña bovina cuando proceda. Y no es ninguna broma poner el dinero necesario para que los ganaderos se puedan beneficiar de créditos a interés cero por un montante de 50.000 millones de pesetas; esta cifra no es ninguna broma. Además, repito, se han aprobado sustanciales rebajas fiscales y moratorias en el pago de la Seguridad Social.
Entendemos que el Gobierno, con las directrices del Consejo de Ministros de la Unión Europea y en colaboración con las comunidades autónomas, está haciendo frente de manera eficaz y seria a este importante problema de la encefalopatía espongiforme bovina. Se tomaron en su momento medidas adecuadas, se está controlando la crisis y, sobre todo, se está preservando la salud del consumidor.
Desde el punto de vista económico, que es fundamentalmente lo que hoy nos interesa, se está evitando la caída de la producción, retirando del mercado canales que son almacenadas para darles salida en su momento. De hecho, ya se está recuperando el mercado, puesto que, como dije la semana pasada -con datos de Mercamadrid-, las ventas en el mes de marzo ya son equiparables a las ventas del mes de marzo del año 2000. Asimismo, desde la fecha de aprobación de los dos reales decretos, el Gobierno ha dispuesto medidas que no solucionarán totalmente la crisis, pero desde luego la paliarán de manera importante y suavizarán el grave daño y quebranto económico sufrido por los ganaderos.
En estos momentos, señorías, el Gobierno ha demostrado una vez más su sensibilidad por los problemas del campo y entendemos que esta es una forma correcta y eficaz de actuar que está dando resultados positivos. Señor ministro, animamos al Gobierno, y a S.S. en particular, a seguir en esa línea de eficacia y realismo.


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Por si acaso hay alguna duda, a los pocos portavoces que han intervenido con anterioridad que todavía están presentes, este portavoz, en preparación de la comisión subsiguiente para debatir uno de estos reales decretos, les invita a un suculento solomillo de ternera.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Convalidación o derogación del Real Decretoley 8/2001, de 6 de abril, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 213; en contra, tres; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, convalidado el citado real decreto.
Se somete a continuación a votación la tramitación como proyecto de ley del referido real decreto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 215; en contra, dos; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la tramitación como proyecto de ley.
Convalidación o derogación del Real Decretoley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 145; en contra, 73; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por lo tanto, aprobada la convalidación del real decreto-ley.
Se somete a continuación a votación la tramitación del citado decreto-ley como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 78; en contra, 135; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la tramitación como proyecto de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.

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